I. DISPOSICIONES GENERALES
BANCO DE ESPAÑA
5524 Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España, por la que se 
modifican la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, 
sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento 
jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 
575/2013; la Circular 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, 
sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012; y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito 
y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
I
La Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes 
exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas 
de conservación del capital (en adelante, «CRD V»), y el Reglamento (UE) 2019/876 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio 
de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el 
riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de 
contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes 
exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 (en adelante, «CRR II»), modifican, respectivamente, la 
Directiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y el 
Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, en lo que constituye 
una importante reforma de las normas básicas de la regulación bancaria europea desde 
su promulgación.
Por lo que respecta a la CRD V, el proceso de transposición al ordenamiento jurídico 
español se ha iniciado con el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición 
de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 
blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, 
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en 
la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de abril de 2021, que modificó, entre otras normas, 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito, y con el Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el 
Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización 
administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento; el Real 
Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en 
establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, y el Real 
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Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esta circular 
desarrollará las habilitaciones del Banco de España contenidas en la Ley 10/2014, de 26 
de junio, y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, modificando la Circular 2/2016, 
de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y 
solvencia, que completaba la adaptación del ordenamiento jurídico español a la 
Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. Finalizará así el proceso de 
transposición de la CRD V en España.
Por su parte, el CRR II, al igual que el texto original que modifica, contiene un 
número de opciones y discrecionalidades nacionales (en adelante, «OND») que es 
preciso ejercer, en la medida en que la Ley 10/2014, de 26 de junio, o el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se lo encomienden al Banco de España. Las OND se 
regulan, actualmente, en la Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las 
entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, cuya modificación 
se abordará también en la presente circular. Las OND son opciones que deben ser 
ejercidas por los Estados miembros o por las autoridades competentes, según se 
especifique en el CRR II. Las OND de autoridad competente son ejercidas por el Banco 
de España, que, al igual que el BCE, cada uno en el ámbito de sus competencias, 
quedan sujetos por un lado a las legislaciones nacionales y disponen, por otro, de 
autonomía respecto a las opciones normativas que solo a ellos corresponde ejercer en 
cuanto autoridades competentes.
Adicionalmente, la presente circular modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, del 
Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre 
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de 
préstamos, al objeto de dar cumplimiento a la habilitación general del Banco de España 
para dictar las normas precisas para el desarrollo y ejecución de la Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios (en adelante, «Orden 2899/2011», según redacción dada por la Orden 
ETD/699/2020, de 24 de julio), contenida en la disposición final tercera, apartado 
primero, de esa Orden 2899/2011, así como a las habilitaciones específicas que tiene 
conferidas en materia de crédito revolvente o  revolving en el apartado 2, letras b) y c), de 
esa disposición final tercera. En concreto, mediante esta modificación se desarrollarán 
determinadas obligaciones de transparencia informativa exigibles, tanto en la fase 
precontractual como durante la vigencia del contrato, para la adecuada comercialización 
por parte de las entidades sujetas a la supervisión del Banco de España de créditos al 
consumo de duración indefinida, o de duración definida prorrogable, con carácter 
revolvente, que se establecen en el Capítulo III bis de la Orden 2899/2011, y que resultan 
necesarias para alcanzar los objetivos de política pública en materia de protección de la 
clientela bancaria perseguidos en dicha orden ministerial. En el desarrollo de esas 
obligaciones de transparencia, se hace uso igualmente de la habilitación prevista en el 
artículo 11 de la Orden 2899/2011, que faculta al Banco de España a exigir a las 
entidades que resalten determinados elementos esenciales de la información 
precontractual y poscontractual (en este caso, de los contratos de crédito al consumo 
que incluyan la modalidad de financiación revolvente o revolving).
Las modificaciones de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, y de la Circular 2/2014, 
de 31 de enero, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», mientras que la modificación de la Circular 5/2012 entrará en vigor a 
los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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II
Esta circular consta de tres normas, una disposición transitoria, dos disposiciones 
finales y tres anejos. La norma primera actualiza la Circular 2/2016; la norma segunda, la 
Circular 2/2014, y la norma tercera, la Circular 5/2012. La disposición final primera 
establece la incorporación de derecho de la Unión Europea, y la disposición final 
segunda establece la entrada en vigor de la presente circular. Por su parte, los anejos 
actualizan los anejos I, IV y VI de la Circular 2/2016.
La actualización de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, se realiza en la norma 
primera, y los cambios persiguen distintas finalidades, que se detallan a continuación.
Por un lado, es necesario ejercer en la Circular 2/2016, de 2 de febrero, las 
habilitaciones que las modificaciones de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, otorgan al Banco de España con el mandato de que 
se desarrollen, específicamente, mediante circular. Este es el caso del artículo 29.7 de la 
Ley 10/2014, que habilita al Banco de España para regular la información que las 
entidades deben documentar y poner a disposición del Banco de España en relación con 
los préstamos otorgados a miembros del consejo de administración y a sus partes 
vinculadas; del artículo 32.6 de la Ley 10/2014, que habilita al Banco de España para 
desarrollar la aplicación de los requisitos de remuneraciones de una manera más amplia 
a la establecida en términos generales, dejando de considerar las excepciones 
contempladas en los apartados 4 y 5 de dicho artículo; del artículo 34.3 de la 
Ley 10/2014, que habilita al Banco de España para reducir el umbral de las entidades a 
las que no se aplicarán determinados requisitos sobre remuneración variable teniendo en 
cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la entidad, su 
organización interna o las características del grupo al que pertenezca; y del artículo 67.1 
del Real Decreto 84/2015, que habilita al Banco de España para definir el método de 
cálculo del colchón de riesgo sistémico.
Por otro lado, se ejercen las habilitaciones conferidas al Banco de España para 
desarrollar determinados preceptos de la Ley 10/2014 o del Real Decreto 84/2015 
cuando en las modificaciones de esas normas no se especifique el instrumento mediante 
el que el Banco de España debe ejercer la habilitación. A esta finalidad obedecen el 
artículo 17.3 del Real Decreto 84/2015, que habilita al Banco de España para incluir, en 
la comunicación anual de información de las sucursales de entidades de crédito con 
sede en Estados no miembros de la Unión Europea, los requisitos de información 
adicionales que considere necesarios; el artículo 62.2 bis del Real Decreto 84/2015, que 
habilita al Banco de España para determinar el método adicional de identificación de las 
EISM, y el artículo 73 bis.2 del Real Decreto 84/2015, que habilita al Banco de España 
para especificar el cálculo del importe máximo distribuible en función de la ratio de 
apalancamiento.
Por último, cabe mencionar que se ha actualizado el contenido para ajustarlo a los 
nuevos textos de la Ley 10/2014 y del Real Decreto 84/2015. A este respecto, no se está 
ejerciendo ninguna habilitación, sino simplemente adaptando normas ya existentes en la 
circular al contenido nuevo de las normas de jerarquía superior, ya que, aun estando 
completamente transpuesta la CRD V en estos textos, pueden requerir ciertos ajustes. 
Entre las modificaciones debidas a esta finalidad destacan las realizadas en el ámbito de 
aplicación y los requisitos de idoneidad que se aplican a las sociedades financieras de 
cartera y a las sociedades financieras mixtas de cartera; en los colchones de capital y 
restricciones a las distribuciones por incumplimiento, es necesaria su actualización 
debido a las diversas modificaciones de la CRD V en este ámbito, así como a la 
necesidad de incorporar el colchón de la ratio de apalancamiento; respecto a las 
remuneraciones, se incorporan diversos ajustes, como el nuevo requisito de la política de 
remuneraciones, que no podrá ser discriminatoria en cuanto al género; en el proceso de 
revisión y evaluación supervisora, se elimina el riesgo sistémico; por último, en el riesgo 
de tipo de interés, aunque las modificaciones de la CRD V se han transpuesto 
completamente en las normas de rango superior, ha sido necesario adaptar la circular 
para considerar el nuevo método normalizado, considerando, además, que su desarrollo 
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técnico vendrá determinado por normas técnicas de regulación y directrices de la 
Autoridad Bancaria Europea.
Finalmente, se ha aprovechado la oportunidad que brinda la transposición de la CRD 
V para introducir modificaciones en la circular en ámbitos no relacionados con la 
directiva, pero que mejoran el marco normativo de las entidades de crédito. Entre estos 
cambios destacan los relacionados con el régimen de delegación de funciones, donde se 
han incorporado algunos preceptos de las directrices sobre externalización emitidas por 
la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02), que fueron adoptadas como propias 
por el Banco de España, en su calidad de autoridad competente de la supervisión directa 
de las entidades de crédito menos significativas, y por el Banco Central Europeo (BCE), 
como supervisor de las entidades significativas. Además, se han aclarado dudas 
surgidas en la industria y se han reflejado cuestiones derivadas de la experiencia 
práctica acumulada por el Banco de España en la supervisión de las entidades 
españolas.
En resumen, las modificaciones de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, afectan a 
normas de sus nueve capítulos, incorporan una disposición adicional, eliminan dos 
disposiciones transitorias, modifican tres anejos y eliminan otro.
En la norma 1, del capítulo 1, sobre definiciones y ámbito de aplicación, se ha 
añadido la definición de delegación, alineada con las directrices sobre externalización de 
la Autoridad Bancaria Europea, y se aclara también la equivalencia del concepto de 
delegación con el de externalización. En la norma 2, sobre ámbito de aplicación, en su 
apartado 1, se introduce una aclaración para tener en cuenta que los requisitos o 
facultades de supervisión se aplican en base consolidada o subconsolidada a las 
sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera aprobadas 
de conformidad con el artículo 15 bis de la Ley 10/2014. En su apartado 4, sobre 
idoneidad, se aclara que la norma es aplicable a todas las sociedades financieras de 
cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera, y no solo a las dominantes. En su 
apartado 5, se modifica el ámbito de aplicación de la sección de remuneraciones para 
tener en cuenta las excepciones establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la 
Ley 10/2014, así como la discrecionalidad para el Banco de España establecida en el 
apartado 6 del mismo artículo. En su apartado 6, sobre delegación de la prestación de 
servicios o del ejercicio de funciones, se ha revisado el ámbito de aplicación para 
ajustarlo a las modificaciones operadas en el artículo 109 de la CRD y en el artículo 43.4 
del Real Decreto 84/2015, que establecen el ámbito de aplicación de los sistemas, 
procedimientos y mecanismos de gobierno interno de las entidades. Y, en su apartado 7, 
se ha modificado el ámbito de aplicación de la autoevaluación de capital para recoger 
algunos casos que no estaban contemplados y que han surgido de la experiencia 
supervisora. En la norma 4, sobre sucursales y prestación de servicios sin sucursal en 
España de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea, 
se ha ejercido la habilitación relativa a información adicional que el Banco de España 
puede solicitar a las sucursales de entidades de crédito con sede en Estados no 
miembros de la Unión Europea, y se ha alineado el contenido y la terminología de la 
norma relativa a la prestación de servicios sin sucursal en España con el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero.
En el capítulo 2, sobre el ejercicio por parte del Banco de España de opciones 
regulatorias permanentes previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, se ha 
modificado la terminología relativa a la clasificación de las exposiciones frente a la 
Administración, con el fin de aclarar que las fundaciones públicas sanitarias pueden 
recibir la misma ponderación de riesgo que las exposiciones frente a la Administración 
General del Estado.
El capítulo 3, sobre colchones de capital, se ha modificado para introducir los 
cambios que se incorporan en la CRD V, entre los que destacan la inclusión de los 
requerimientos de capital que no pueden cubrirse con el capital destinado a cumplir el 
requerimiento combinado de colchones de capital; la introducción de que el 
incumplimiento del requerimiento combinado de colchones por razones distintas a la 
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satisfacción de los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles 
deriva de manera automática en restricciones en materia de distribuciones y la obligación 
de presentar un plan de conservación de capital; o la modificación de la definición de los 
colchones de capital para entidades de importancia sistémica y el colchón contra riesgos 
sistémicos, que son los que se modifican en mayor medida en la nueva directiva. En 
relación con el colchón de capital para entidades de importancia sistémica mundial 
(EISM), se ha decidido mantener en la norma 13.4 de la circular la tabla que contiene las 
subcategorías de EISM y sus porcentajes del colchón asociados, en vez de eliminarla y 
sustituirla por una redacción más general, como la que se incluye en la CRD V. La 
CRD V eliminó la citada tabla por la posibilidad de que se constituya una nueva 
subcategoría de EISM a escala internacional en el caso de que alguna entidad llegue a 
situarse en la subcategoría superior de la tabla, que debe permanecer siempre vacía. No 
obstante, la opción ejercida en la circular de mantener la tabla permite dar claridad y 
certeza a la norma, dotando de seguridad jurídica al proceso de fijación de los 
porcentajes del colchón que son conocidos a priori  por las entidades. Se hace uso de la 
habilitación contenida en el artículo 62.2 bis del Real Decreto 84/2015 para determinar el 
método adicional de identificación de EISM, que excluye del indicador de actividad 
transfronteriza la operativa entre Estados miembros que pertenezcan a la eurozona o 
con los que exista cooperación estrecha, según se define en el artículo 131.2 bis de la 
directiva. En lo relativo al colchón para otras entidades de importancia sistémica (OEIS), 
la modificación del artículo 131.5 de la directiva hace necesario modificar la norma 14 de 
la circular para elevar el porcentaje máximo del colchón del 2 % al 3 %, nivel que puede 
ser rebasado con la autorización de la Comisión Europea. Por otro lado, la CRD V 
introduce, en sus artículos 133 y 134, cambios sustanciales en la definición, 
procedimiento de fijación y reconocimiento del colchón contra riesgos sistémicos. Como 
consecuencia, se modifica la norma 17 de la circular, para, entre otros, eliminar el nivel 
mínimo del colchón del 1 %, introducir la posibilidad de asignar un porcentaje del colchón 
solo a subconjuntos de exposiciones, y hacer uso de la habilitación contenida en el 
artículo 67.1 del Real Decreto 84/2015 para definir la fórmula con la que las entidades 
calcularán su colchón contra riesgos sistémicos. Además, en aras de alinear la redacción 
de la circular con la de la CRD V, el proceso de fijación o modificación del colchón contra 
riesgos sistémicos se redacta en una única norma independientemente de su nivel –la 
norma 18–, eliminándose en consecuencia el contenido de las normas 19 y 20 de la 
circular. Además, se ha optado por esclarecer la intención del legislador de que el Banco 
de España, si bien continúa obligado a evaluar trimestralmente la idoneidad del 
porcentaje del colchón anticíclico, solo necesitará resolver sobre el porcentaje del 
colchón en caso de que decida fijarlo o ajustarlo. Por último, se hace uso de la 
habilitación para determinar las reglas de aplicación conjunta de los colchones del 
artículo 65 del Real Decreto 84/2015, donde el colchón contra riesgos sistémicos será 
acumulativo con el más elevado entre el colchón de EISM y el colchón de OEIS. Por lo 
que respecta a las restricciones a las distribuciones, se introducen ajustes con el objetivo 
de que los resultados generados durante el ejercicio, y no solo desde la última 
distribución, puedan computar en el importe máximo distribuible (IMD), y se introduce 
una nueva norma, para desarrollar las restricciones de distribuciones por el 
incumplimiento del colchón de la ratio de apalancamiento y el cálculo del importe máximo 
distribuible (A-IMD).
El capítulo 4, sobre organización interna, contiene tres secciones. En la segunda 
sección, sobre idoneidad, se especifica que, en las sociedades financieras de cartera y 
sociedades financieras mixtas de cartera, tanto los miembros del consejo de 
administración como los directores generales o asimilados están sujetos a los requisitos 
de idoneidad, y se incluye expresamente a los responsables de las funciones de control 
interno como categoría de empleados a los que se aplican los requisitos de idoneidad, a 
pesar de que ya son considerados como personal clave. Se indica también que la 
composición general del órgano de dirección reflejará de forma adecuada una amplia 
gama de experiencias y se aclara el requisito de independencia de ideas, señalando que 
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ser miembro de sociedades vinculadas o de entes vinculados no constituirá por sí mismo 
un obstáculo para tomar decisiones de forma independiente. Asimismo, en la norma 33, 
sobre evaluación de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, 
directores generales y asimilados por la autoridad competente, se incluyen otras 
aclaraciones necesarias fruto de la experiencia supervisora. Se han introducido tres 
nuevas normas para establecer el procedimiento adicional de documentación, puesta a 
disposición y remisión de información respecto de préstamos a consejeros y partes 
vinculadas a estos, que coexiste con el régimen de autorización actual que contiene la 
circular. No obstante, se ha tratado de unificar y de evitar duplicidades innecesarias entre 
los dos regímenes, en la medida de lo posible. Así, el objeto de las obligaciones serán 
las operaciones de préstamo, entendiendo por tales, los créditos, avales y garantías que 
venían siendo objeto de regulación hasta el momento. Se ha redactado una norma 
específica para consejeros (a los que se aplican los dos regímenes), así como otras para 
directores generales o asimilados y partes vinculadas a consejeros, redactadas por 
remisión a la norma para consejeros. Las obligaciones de comunicación se agrupan, por 
claridad, en una única norma, extendiéndose su ámbito de aplicación a los préstamos a 
las partes vinculadas a los consejeros. En relación con la obligación de mantener la 
documentación y la información relativa a estos préstamos, no se ha considerado 
necesario apartarse del plazo general de conservación de documentación previsto en el 
Código de Comercio. En la tercera sección, sobre remuneraciones, se ejercen dos 
habilitaciones. La primera habilitación se ha ejercido para evitar una aplicación arbitraria 
de las normas de remuneraciones dentro del grupo prudencial, de manera que toda 
persona cuya actividad profesional tenga una incidencia importante directa en el perfil de 
riesgo o el negocio de las entidades del grupo debe entrar en el ámbito de aplicación, en 
base consolidada, de los requisitos de remuneraciones. Con esto se pretende asegurar 
la aplicación de la cláusula antielusión de la directiva, que prescribe la no exención en 
determinadas circunstancias de los requisitos de remuneraciones. Por otro lado, se 
ejerce la habilitación que faculta al Banco de España a reducir el umbral de valor de 
activos de las entidades a las que permite aplicar proporcionalidad en los requisitos de 
remuneraciones cuando la escala, naturaleza y complejidad de sus actividades, su 
organización interna o las características del grupo al que pertenezca así lo justifiquen. 
A efectos de considerar la complejidad de las actividades de una entidad, como se indica 
en la habilitación del artículo 34.3 de la Ley 10/2014, se ha decidido acudir a la definición 
de entidad pequeña y no compleja del CRR, por ser una categoría ya reconocida en la 
regulación, lo que asegura el uso de criterios armonizados al definir la complejidad de la 
actividad de una entidad y facilita la aplicación de la exención y el seguimiento 
supervisor. En esta sección también se ha especificado que entre los aspectos a evaluar 
de la política de remuneraciones se tendrá en cuenta que no sea discriminatoria en 
cuanto al género. En la cuarta sección, sobre delegación de la prestación de servicios o 
del ejercicio de funciones, se han incorporado algunos preceptos de las directrices sobre 
externalización emitidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02), que 
fueron adoptadas por el Banco de España. Por este motivo, a la fecha de entrada en 
vigor de la presente circular, no se espera que las entidades deban realizar ningún 
esfuerzo adicional de adaptación, puesto que, de acuerdo con las mencionadas 
directrices, ya deberían haber revisado y modificado sus acuerdos de delegación. 
Asimismo, el contenido de esta sección se ha ampliado para reflejar cuestiones 
derivadas de la experiencia práctica acumulada por el Banco de España en la 
supervisión de las entidades españolas. Destaca, además, la ampliación de uno a dos 
meses de la antelación con que las entidades deben comunicar a la autoridad 
competente la delegación prevista.
En el capítulo 5, sobre la autoevaluación de capital y el proceso de revisión 
supervisora, se ha suprimido la evaluación del riesgo sistémico debido a que, con el 
nuevo sistema de autoridades macroprudenciales, alertas y normas de vigilancia, ya no 
procede que el supervisor microprudencial evalúe este riesgo, ni que lo tenga en cuenta 
a la hora de cuantificar el requisito de fondos propios adicionales.
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En el capítulo 6, sobre tratamiento de riesgos, se realiza una adaptación de la 
circular al nuevo régimen de riesgo de tipo de interés introducido por la CRD V. La 
norma 50 de la circular se ocupaba de desarrollar la obligación de las entidades de 
contar con sistemas para determinar, evaluar y gestionar este riesgo. El marco se 
completaba con tres plantillas de información periódica reguladas en la norma 63 y el 
anejo III. La CRD V ha actualizado la sección de medición del riesgo de tipo de interés, 
que ha sido transpuesta en la Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015, haciendo que la 
norma 50 de la circular quede desactualizada. Debido a que el contenido de la norma se 
encuentra en las normas de jerarquía superior, se ha decidido eliminarla, excepto el 
apartado que hace referencia a los estados de información, que se traslada a la 
norma 63 hasta que la Autoridad Bancaria Europea publique los nuevos estados de 
información.
En el capítulo 8, sobre obligaciones de información al mercado, se incluye más 
detalle sobre la información de la estructura organizativa que las entidades deben 
divulgar en su sitio web.
En el capítulo 9, sobre obligaciones de información al Banco de España, se incorpora 
el detalle sobre la información periódica que se debe enviar en relación con el riesgo de 
tipo de interés comentado anteriormente. Además, se modifica la norma 64 para 
armonizar la información periódica que hay que rendir sobre remuneraciones con lo 
establecido en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre el ejercicio de 
comparación de remuneraciones (EBA/GL/2014/08) y las directrices sobre el ejercicio de 
recopilación de información relativa a personas con alta remuneración 
(EBA/GL/2014/07). En los estados que se introdujeron en la Circular 2/2016 se añadió 
más información que la especificada en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, 
por lo que estos estados estaban desalineados con la taxonomía que introdujo la 
Autoridad Bancaria Europea el año pasado. En aras de mejorar la eficiencia, se ha 
decidido armonizar la información con las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, 
eliminando la información adicional que se pedía. Dicha modificación se ve reflejada en 
los cambios señalados en los estados del anejo IV de la circular.
Se añade una disposición adicional única que indica que las entidades y sociedades 
deben relacionarse a través de medios electrónicos con el Banco de España para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. La presentación de 
solicitudes, comunicaciones y escritos se realizará a través de la sede electrónica del 
Banco de España, y los modelos específicos serán de uso obligatorio.
En relación con las disposiciones transitorias, se han eliminado la disposición 
transitoria primera, sobre el régimen transitorio de los colchones de capital para otras 
entidades de importancia sistémica, debido a que podía generar confusión si se 
interpretaba que a partir de 2019 no se podía aplicar un nuevo colchón de OEIS de 
forma gradual; y la disposición transitoria sexta, sobre estados de medición del riesgo 
de liquidez, porque la opción nacional del CRR de seguir recabando información a través 
de instrumentos de supervisión a efectos de comprobar el cumplimiento de las normas 
de liquidez existentes ya no está vigente (en línea con la eliminación de la disposición 
transitoria sexta se ha eliminado el anejo VII, sobre los estados que hay que remitir sobre 
riesgo de liquidez).
La actualización de la Circular 2/2014, de 31 de enero, se realiza en la norma 
segunda, que modifica determinados aspectos que se refieren al ejercicio de las OND 
del Banco de España como autoridad competente. El CRR II faculta a las autoridades 
competentes a desarrollar nuevas opciones regulatorias, fundamentalmente relacionadas 
con la liquidez, que el Banco de España ejercerá a través de esta circular. Asimismo, se 
modifican o derogan diversas normas teniendo en cuenta los cambios introducidos por 
el CRR II.
En el capítulo 1, sobre cuestiones generales, se ha modificado la redacción de la 
norma primera en relación con las sucursales en España de entidades de crédito con 
sede en Estados no miembros de la Unión Europea, con el objetivo de aclarar que a las 
sucursales exentas no se les apliquen aquellas normas de la circular que desarrollen las 
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partes del CRR de las que estuvieran exentas, pero que sí se les apliquen aquellas 
normas que desarrollan preceptos del CRR de cuyo cumplimiento no estén exentas. 
Además, se introduce una aclaración para tener en cuenta que los requisitos o 
facultades de supervisión se aplican en base consolidada o subconsolidada a las 
sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera aprobadas 
de conformidad con el artículo 15 bis de la Ley 10/2014.
Se han eliminado dos normas, la norma tercera sobre tratamiento de determinadas 
exposiciones en relación con la cobertura del riesgo de contraparte, porque el artículo 
que ejerce esta OND se ha eliminado en el CRR II, y la norma tercera bis sobre salidas 
de liquidez en productos relacionados con las partidas de fuera de balance de 
financiación comercial, en la que se indicaba que las autoridades competentes asumirán 
un índice de salida del 5 %, para seguir el enfoque del BCE que ha decidido eliminar 
esta discrecionalidad del Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 
de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho 
de la Unión (BCE/2016/4) (en adelante, «Reglamento»), y ejercerla en la Guía del BCE 
sobre las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión (en adelante, «Guía») 
con el fin de introducir un enfoque más flexible y permitir así que las entidades apliquen 
su propia metodología para estimar los índices de salida. Se han incluido cinco nuevas 
normas para ejercer tres nuevas OND incluidas en el CRR II, dos de ellas en materia de 
liquidez y una tercera sobre grandes exposiciones. En otra nueva norma se ha ejercido 
la OND sobre impago de un deudor que ya estaba en el CRR I y, por último, se ha 
creado otra norma para ejercer una OND del Reglamento Delegado 2015/61 de la 
Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito, que todavía no había sido 
ejercida. Por lo que respecta a la OND sobre grandes exposiciones, en el CRR I se 
establecen dos OND en relación con las exposiciones que se pueden eximir de los 
límites a grandes exposiciones, una para la autoridad competente y otra para el Estado 
miembro. En la Circular 2/2014 se ejerció la discrecionalidad de Estado miembro. Sin 
embargo, en la actualización del CRR, la lista de exposiciones que la autoridad 
competente puede eximir de los límites a grandes exposiciones se ha ampliado, a 
diferencia de la lista de la discrecionalidad de Estado miembro, que sigue siendo la 
misma. Por ello, con el objetivo de cubrir todas las nuevas exposiciones añadidas en 
el CRR II se ha ejercido la discrecionalidad de autoridad competente, en la norma tercera 
decies  de la circular, para las exposiciones no cubiertas por la norma de la circular que 
ejerce la discrecionalidad de Estado miembro. Por otro lado, el artículo 178.1.b) 
del CRR I indica que las autoridades competentes podrán considerar, para ciertas 
categorías de exposición, que se produce una situación de impago del deudor cuando 
este mantenga importes vencidos significativos durante más de 180 días, en vez de 
durante más de 90 días. Esta discrecionalidad fue ejercida en el artículo 4 de la 
Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el 
ejercicio por las autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que 
ofrece el Derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas 
(BCE/2017/9) (en adelante, «Orientación»), eliminando la posibilidad de ampliar el plazo 
a 180 días, e implícitamente en España en la Circular 3/2019, de 22 de octubre, del 
Banco de España, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 
575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas. 
No obstante, se ha decidido aportar una mayor claridad, ejerciendo esta discrecionalidad 
en la norma tercera sexies  de la Circular 2/2014, en línea con el criterio que ya aplica el 
BCE. Por otro lado, el artículo 24.4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 establece 
una discrecionalidad que se ejerció en la norma tercera ter de la Circular 2/2014, que 
indica que las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades de crédito a 
aplicar un 3 % al importe de los depósitos minoristas estables cubiertos por un sistema 
de garantía de depósitos. Esta OND se ejerció por el BCE en el artículo 13 del 
Reglamento y en el artículo 7 de la Orientación. Sin embargo, debido a ciertos factores 
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que han impedido su aplicación en la práctica, el BCE ha decido eliminar esta 
discrecionalidad del Reglamento y de la Orientación, e incluir en la Guía una mención a 
la situación actual, hasta que se establezca una metodología homogénea. A pesar de 
ello, la norma tercera ter no se ha eliminado de la circular porque se considera más 
eficiente mantener su redacción para poder aplicarla cuando sea posible. Este sería el 
único caso en el que la actualización de la Circular 2/2014 se separaría del criterio del 
BCE.
En el capítulo 2, sobre las opciones regulatorias transitorias, se eliminan 
determinadas normas o apartados que se han quedado obsoletos, debido a que su plazo 
de vigencia finalizó.
Por último, la norma tercera recoge la modificación de la Circular 5/2012, de 27 de 
junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, 
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de 
préstamos, en la que se ejercen las habilitaciones normativas recogidas en la disposición 
final tercera de la Orden 2899/2011.
En el capítulo 1, sobre objeto y ámbito de aplicación, se modifica la norma primera, 
sobre objeto, para actualizar las referencias regulatorias.
En el capítulo 3, sobre información precontractual, se modifica la norma sexta, sobre 
crédito al consumo, para ampliar la información precontractual que se proporciona al 
cliente.
En el capítulo 4, sobre información contractual e información posterior al contrato, se 
actualizan las referencias regulatorias de la norma octava, sobre casos especiales en 
relación con la información contractual, y se añade un nuevo apartado en la norma 
undécima, sobre comunicaciones al cliente, para establecer los criterios y elementos que 
deberán tenerse en cuenta en la formulación de ejemplos de posibles escenarios de 
ahorro.
En el anejo 3, sobre información precontractual que se debe resaltar ante los 
clientes, se actualizan las referencias regulatorias del apartado 1.3.2 y se añade un 
nuevo apartado sobre información precontractual que se debe resaltar ante los clientes, 
que detalla la información precontractual adicional de los créditos al consumo.
En el anejo 4, sobre comunicaciones a clientes de las liquidaciones de intereses y 
comisiones, se actualizan las referencias regulatorias del apartado 9.
Además, se ha incluido una disposición transitoria sobre delegación de la prestación 
de servicios o del ejercicio de funciones para aclarar que las nuevas obligaciones de 
comunicación en materia de delegación de servicios o funciones no serán de aplicación 
a las comunicaciones ya presentadas antes de la entrada en vigor de las modificaciones 
de la circular.
Finalmente, en la disposición final segunda se establece la entrada en vigor de la 
presente circular. Las modificaciones de la Circular 2/2016 y de la Circular 2/2014 
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
mientras que las modificaciones de la Circular 5/2012 entrarán en vigor a los seis meses 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
III
En esta circular se da cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia regulados en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, en cuanto que con ella se consiguen los fines perseguidos 
sin imponer cargas innecesarias o accesorias, regulando de forma coherente con el resto 
del ordenamiento exclusivamente los aspectos imprescindibles.
Asimismo, en aplicación del principio de transparencia establecido en la misma 
norma, la circular, en la parte correspondiente a la modificación de la Circular 2/2016, la 
Circular 2/2014 y la Circular 5/2012, se ha sometido a los trámites de consulta, audiencia 
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e información públicas regulados en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de 
Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva y de acuerdo con 
el Consejo de Estado, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes
Normas
Norma primera.  Modificación de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de 
España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la 
adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 2/2016, de 2 de febrero1:
1 Texto incorporado en la Circular 2/2016, de 2 de febrero.
Uno.  Se modifican los acrónimos y abreviaturas utilizados en esta circular con la 
siguiente redacción:
«ABE: Autoridad Bancaria Europea.
A-IMD: importe máximo distribuible del colchón de ratio de apalancamiento.
BCE: Banco Central Europeo.
EISM: entidades de importancia sistémica mundial.
IMD: importe máximo distribuible.
JERS: Junta Europea de Riesgo Sistémico.
MUS: Mecanismo Único de Supervisión.
OEIS: otras entidades de importancia sistémica.
p. b.: puntos básicos.
p. p.: puntos porcentuales.
UE: Unión Europea.
* * *
Reglamento (UE) n.º 1092/2010: Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la 
supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el 
que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
Reglamento (UE) n.º 1093/2010: Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se 
crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se 
modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión.
Reglamento (UE) n.º 575/2013: Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Reglamento (UE) n.º 1024/2013: Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, 
de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas 
específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito.
Reglamento Delegado (UE) n.º 342/2014: Reglamento Delegado (UE) 
n.º 342/2014 de la Comisión, de 21 de enero de 2014, que completa la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
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normas técnicas de regulación relativas a la aplicación de los métodos de cálculo 
de los requisitos de adecuación del capital aplicables a los conglomerados 
financieros.
Reglamento Delegado (UE) n.º 1152/2014: Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1152/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las 
normas técnicas de regulación relativas a la determinación de la ubicación 
geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del 
porcentaje del colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
Reglamento Delegado (UE) n.º 1222/2014: Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1222/2014 de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las 
normas técnicas de regulación que determinan el método para la identificación de 
las entidades de importancia sistémica mundial y la definición de las subcategorías 
de entidades de importancia sistémica mundial.
Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/2303: Reglamento Delegado (UE) 
n.º 2015/2303 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a través de normas 
técnicas de regulación en las que se especifican las definiciones de las 
concentraciones de riesgos y las operaciones intragrupo y se coordina su 
supervisión adicional.
Reglamento Delegado (UE) n.º 2021/923: Reglamento Delegado (UE) 
n.º 2021/923 de la Comisión, de 25 de marzo de 2021, por el que se complementa 
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a las normas técnicas de regulación por las que se establecen los criterios de 
definición de las responsabilidades de dirección, las funciones de control, las 
unidades de negocio importantes y la incidencia significativa en el perfil de riesgo 
de una unidad de negocio importante, y se establecen los criterios para determinar 
los miembros del personal o las categorías de personal cuyas actividades 
profesionales tienen una incidencia en el perfil de riesgo de la entidad comparable 
en importancia a la de los miembros del personal o las categorías de personal a 
que se refiere el artículo 92, apartado 3, de dicha directiva.
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/2070: Reglamento (UE) n.º 2016/2070 
de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución en relación con las plantillas, definiciones y soluciones 
informáticas que han de utilizar las entidades al informar a la Autoridad Bancaria 
Europea y a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 78, 
apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2021/451: Reglamento (UE) n.º 2021/451 
de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de 
información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014.
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2021/453: Reglamento (UE) n.º 2021/453 
de la Comisión de 15 de marzo de 2021 por el que se establecen normas técnicas 
de ejecución orientadas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos 
de presentación de información por riesgo de mercado.
Directiva 2013/36/UE: Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas 
de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las 
directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
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Ley 35/2003: Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
Ley 5/2005: Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.
Ley 10/2014: Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito.
Ley 22/2014: Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Ley 11/2015: Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Ley 39/2015: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 1/2010: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Real Decreto 1332/2005: Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los 
conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector 
financiero.
Real Decreto 84/2015: Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito.
Circular del Banco de España 4/2004: Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del 
Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, y modelo de estados financieros.
Circular del Banco de España 3/2008: Circular 3/2008, de 22 de mayo, del 
Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los 
recursos propios mínimos.
Circular del Banco de España 5/2008: Circular 5/2008, de 31 de octubre, del 
Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios 
mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria.
Circular del Banco de España 4/2010: Circular 4/2010, de 30 de julio, del 
Banco de España, a entidades de crédito, sobre agentes de las entidades de 
crédito y acuerdos celebrados para la prestación habitual de los servicios 
financieros.
Circular del Banco de España 2/2014: Circular 2/2014, de 31 de enero, del 
Banco de España, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012.»
Dos. En la norma 1 «Definiciones», se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se modifica la definición 7, por la siguiente redacción:
«7.  “Colectivo identificado” será aquel formado por los consejeros, altos 
directivos o empleados cuyas actividades profesionales tengan una incidencia 
importante en el perfil de riesgo de una entidad, debiendo incluirse al menos los 
que se recogen en el artículo 32.1 de la Ley 10/2014 y los que cumplan los 
criterios establecidos en los artículos 2 a 6 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 2021/923.»
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b) Se añade una nueva definición, con la siguiente redacción:
«8.  “Delegación” será un acuerdo entre una entidad y un proveedor de 
servicios, que podrá pertenecer al mismo grupo de la entidad o a un tercero, por el 
que dicho proveedor de servicios realiza, de forma continuada o recurrente, un 
proceso, un servicio o una actividad que, de otro modo, podría realizar 
razonablemente la propia entidad, incluyendo la prestación de servicios de 
computación en la nube. A los efectos de esta circular, el concepto de “delegación” 
se entenderá equivalente al término “externalización”. La delegación puede 
abarcar la prestación de cualesquiera servicios o funciones, incluso aunque no 
sean necesariamente actividades bancarias. No obstante, las actividades 
reservadas a las entidades de crédito no podrán ser objeto de delegación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en relación con los agentes de las entidades de crédito.»
Tres. En la norma 2 «Ámbito de aplicación», se realizan los siguientes cambios:
a) Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue:
«1.  Con carácter general, lo dispuesto en esta circular será de aplicación, 
con el alcance que en cada caso se establece en esta norma, a:
a) Los grupos y subgrupos consolidables de entidades de crédito, definidos 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, cuya matriz esté establecida en España y 
responda a alguna de las definiciones de los párrafos 28, 30 o 32 del artículo 4.1 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
b) Las entidades de crédito individuales constituidas en España, integradas o 
no en un grupo consolidable de entidades de crédito.
c) Las actividades en España de entidades de crédito con sede en Estados 
no miembros de la Unión Europea (en adelante, UE) que operen mediante 
sucursal o en régimen de prestación de servicios sin sucursal, a las que se 
aplicará lo establecido en la norma 4.
Adicionalmente, a los exclusivos efectos de garantizar que los requisitos o 
facultades de supervisión establecidos en la presente circular se aplican de forma 
adecuada en base consolidada o subconsolidada, se entenderá que los términos 
“entidad”, “entidad matriz de un Estado miembro”, “entidad matriz de la UE” y 
“empresa matriz” también incluirán a las sociedades previstas en las letras a), b) 
y c) del artículo 1 bis de la Ley 10/2014.»
b) Se modifica el apartado 4, que queda redactado como sigue:
«4.  La sección 2.ª del capítulo 4 de esta circular, sobre idoneidad, será 
aplicable a entidades de crédito individuales. A las sociedades financieras de 
cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera les serán de aplicación las 
normas 30 a 34 de la sección 2.ª del capítulo 4 de esta circular.»
c) Se modifica el apartado 5, que queda redactado como sigue:
«5.  La sección 3.ª del capítulo 4 de esta circular, sobre remuneraciones, será 
de aplicación a nivel consolidado e individual, con las excepciones establecidas en 
los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 10/2014, moduladas de acuerdo con 
lo previsto en la norma 36.1.»
d) Se modifica el apartado 6, que queda redactado como sigue:
«6.  La sección 4.ª del capítulo 4 de esta circular, sobre delegación de la 
prestación de servicios o del ejercicio de funciones, será aplicable a los grupos y 
subgrupos consolidables de entidades de crédito con matriz en España y a las 
entidades de crédito individuales constituidas en España, integradas o no en un 
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grupo consolidable de entidades de crédito. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 43.4 del Real Decreto 84/2015, las filiales de entidades de crédito 
españolas situadas en Estados no miembros de la Unión Europea y aquellas 
situadas en centros financieros extraterritoriales deberán contar también con 
sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos equivalentes, salvo que la 
legislación del país donde esté situada la filial lo prohíba.»
e) Se modifica el apartado 7, que queda redactado como sigue:
«7.  Los grupos y subgrupos consolidables de entidades de crédito cuya 
matriz esté establecida en España, las entidades de crédito individuales 
constituidas en España no integradas en grupos o subgrupos consolidables 
sujetos a la supervisión directa del Banco de España o a la supervisión del 
Mecanismo Único de Supervisión cuando dicha competencia le haya sido atribuida 
de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 84/2015, y las 
entidades excluidas del ámbito de aplicación de la consolidación prudencial de 
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 deberán realizar 
el ejercicio de autoevaluación del capital referido en el capítulo 5 de esta circular. 
También deberán realizar dicho ejercicio, a nivel subconsolidado, las entidades de 
crédito filiales autorizadas en España cuando estas entidades o su sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera dominante tengan 
como filiales en Estados no miembros de la UE a entidades de crédito, empresas 
de servicios de inversión o entidades financieras, o posean una participación en 
una sociedad de estas características.
En todo caso, no deberán realizar dicho ejercicio las entidades afiliadas de 
forma permanente a un organismo central de conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.
La norma  45 de esta circular,  sobre  el proceso  de revisión  y evaluación 
supervisora,  será aplicable  de conformidad  con el nivel  de aplicación  de los 
requisitos  del Reglamento  (UE)  n.º 575/2013  previsto  en su parte  primera, 
título II.»
Cuatro. En la norma 4, se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se modifica el título de la norma, que queda redactado como sigue:
«Sucursales y prestación de servicios sin sucursal en España de entidades de 
crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea.»
b) En la sección A, se modifica el apartado 1, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 10/2014 y en el 
artículo 55 del Real Decreto 84/2015, será de aplicación a las sucursales de 
entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la UE la normativa 
aplicable a las entidades de crédito españolas establecida en las partes tercera, 
cuarta, sexta, séptima y séptima bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como 
en los capítulos 2, 3, 4 y 6 y en las normas del capítulo 9 de esta circular que así 
lo establezcan. Esta normativa se aplicará con las especialidades establecidas en 
los apartados 2, 3 y 4 siguientes. Igualmente, el Banco de España podrá autorizar 
exenciones a dichos requerimientos conforme a lo establecido en los apartados 5 
y 6 de esta norma. No obstante lo anterior, no podrá exigírseles un colchón para 
entidades de importancia sistémica mundial.»
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c) En la sección A, se modifica el apartado 5, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«5.  El Banco de España, previa solicitud motivada, podrá eximir a las 
sucursales en España de entidades de crédito con sede en un Estado no miembro 
de la UE del cumplimiento de las partes tercera, cuarta, sexta, séptima y séptima 
bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y del cumplimiento del capítulo 3 y de la 
sección 3.ª del capítulo 4 de esta circular, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) Que la entidad esté sujeta en su país de origen a requerimientos 
equivalentes a los establecidos por la normativa de solvencia aplicable en España.
b) Que la sucursal se integre con el resto de la entidad a efectos del 
cumplimiento de la normativa de solvencia.
c) Que la entidad se comprometa a respaldar en todo momento, y siempre 
que se lo solicite el Banco de España, las obligaciones de su sucursal, 
proporcionándole los medios necesarios para atender esas obligaciones en 
España.
d) Que en caso de concurso, liquidación, resolución o figuras equivalentes de 
la entidad de crédito exista igualdad de tratamiento de los depositantes de la 
sucursal con el del resto de los de la entidad, en particular con los de su país de 
origen, salvo cuando los depósitos sean escasamente significativos a juicio del 
Banco de España.
e) Que la entidad cuente con planes de recuperación y resolución 
equiparables a los exigidos en la normativa de resolución de entidades de crédito.
f) Que exista reciprocidad en los requerimientos de solvencia exigidos en el 
país de origen a las sucursales de entidades de crédito españolas.»
d) En la sección A, se introduce el nuevo párrafo 7 bis, con la siguiente redacción:
«7 bis.  De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 84/2015, 
adicionalmente a la información relacionada en el mencionado artículo, las 
sucursales de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la UE 
comunicarán al Banco de España anualmente el perfil de riesgo supervisor que 
sus autoridades de supervisión de origen han asignado a las entidades a las que 
pertenecen, así como la correspondiente evaluación por el equivalente del proceso 
de revisión y evaluación supervisora de estas entidades y los requerimientos de 
fondos propios adicionales que les hayan podido exigir en sus países de origen.»
e) Se modifica la sección B, que queda redactada con los siguientes términos:
«B.  Prestación de servicios sin sucursal en España por entidades de crédito 
con sede en Estados no miembros de la Unión Europea.
8. A las entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la UE que 
pretendan actuar en régimen de prestación de servicios sin sucursal les resultará 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto 84/2015. En 
particular, solo se les podrá autorizar la captación en España de fondos 
reembolsables del público, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de 
activos financieros u otras análogas, cuando de la evaluación de la naturaleza y 
características de la entidad, según resulte del conjunto de la documentación 
aportada junto a la solicitud de autorización, pueda razonablemente garantizarse, 
a juicio del Banco de España, el respeto de las normas dictadas por razones de 
interés general.
9. La solicitud de autorización para la captación en España de fondos 
reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, 
préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, realizada en 
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régimen de prestación de servicios sin sucursal por entidades de crédito que 
tengan su sede en Estados no miembros de la UE, deberá ir acompañada, al 
menos, de la siguiente información específica en relación con la entidad de crédito 
solicitante:
a) Nombre o razón social, domicilio, fecha de constitución, estatutos de la 
entidad y certificaciones acreditativas de estar inscrita en los registros que 
proceda.
b) Estructura y distribución del capital de la entidad, acompañada de una 
relación detallada de los socios que ostenten, directa o indirectamente, más 
del 5 % del capital.
c) Detalle de la estructura organizativa de la entidad, junto con una relación 
de las personas que constituyen su órgano de administración, así como de los 
directores generales o asimilados y de los responsables de las funciones de 
control interno y otros puestos clave para el desarrollo de la actividad, con 
indicación de sus funciones principales. Adicionalmente, la relación de las 
personas que determinarán de modo efectivo la orientación de la actividad 
realizada en España y hayan de asumir la responsabilidad de su gestión.
d) Relación de entidades de crédito y demás sociedades o empresas en las 
que participe la entidad, directa o indirectamente.
e) Relación de filiales, sucursales, agencias y oficinas de representación de 
la entidad situadas fuera de su país de origen.
f) Programa de actividades de la entidad, con el siguiente contenido mínimo:
i. Detalle de todas y cada una de las actividades que se propone realizar la 
entidad en España.
ii. Relaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo que la entidad 
ha tenido en el pasado y tiene actualmente con empresas o entidades españolas, 
de naturaleza pública o privada, y, en particular, la cuantificación monetaria de sus 
operaciones financieras con los sectores público y privado españoles.
iii. El plan de negocio de la entidad, acompañado de los datos estimativos de 
la viabilidad económica de las actividades que pretende realizar en España con un 
horizonte temporal mínimo de cinco años, y con la indicación de las hipótesis en 
que se funde aquel.
iv. Detalle de las actividades que la entidad realiza en el ámbito internacional.
v. Las unidades y procedimientos internos que tenga establecidos para llevar 
a cabo la selección y evaluación continua de las personas que determinan de 
modo efectivo la orientación de las actividades de la entidad y sean responsables 
de su gestión, al objeto de determinar su idoneidad, conocimientos, experiencia y 
dedicación.
vi. La organización administrativa y contable de la entidad y los 
procedimientos de control interno que tiene implantados.
vii.  Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que 
tenga establecidos para prevenir e impedir la realización de operaciones 
relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, 
junto con la especificación del modo en que se dará cumplimiento a la legislación 
española en relación con las operaciones que vayan a realizarse en España.
viii.  Los procedimientos previstos para atender las quejas y reclamaciones 
que presenten los clientes, con el detalle del modo en que se procederá en el caso 
de los clientes a los que se ofrezcan servicios en España.
g) Informe emitido por la autoridad o autoridades competentes del país en 
que esté autorizada la entidad en el que se describan, con la suficiente claridad, el 
sistema bancario y crediticio de ese país y la posición relativa que ocupa la 
entidad solicitante en función de su tamaño, importancia y volumen de negocios, 
se haga una valoración razonada de la oportunidad del desarrollo de la actividad 
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que se propone realizar en España y se manifieste expresamente la no oposición 
a la actuación de la entidad en nuestro país en régimen de prestación de servicios 
sin sucursal.
h) Certificación expedida por la autoridad o autoridades competentes del país 
en que esté autorizada la entidad, acreditativa de la existencia y el alcance del 
principio de reciprocidad en relación con la actividad de las entidades de crédito 
españolas en ese país.
i) Certificación expedida por la autoridad o autoridades responsables del 
sistema de garantía de depósitos en su país, mediante la que se acredite la 
protección de los depósitos y otros fondos reembolsables captados en España en 
condiciones, al menos, equivalentes a los depósitos captados en su país y con 
sujeción, al mismo tiempo, a las condiciones fijadas para la cobertura de los 
depósitos en España.
10.  El Banco de España, una vez evaluada la documentación recibida, podrá 
pedir una ampliación de la información suministrada, así como denegar el ejercicio 
de las actividades que pretenda realizar en España, o condicionar su autorización 
al cumplimiento de requisitos adicionales, cuando, a su juicio, resulte necesario 
para garantizar el respeto de las normas dictadas por razones de interés general.»
Cinco.  Se modifica la norma 5 «Exposiciones frente a entes del sector público», 
que queda redactada como sigue:
«1. De  conformidad  con el artículo  56.2 del Real Decreto  84/2015,  recibirán  la 
misma  ponderación  de riesgo  que las exposiciones  frente  a la Administración  General 
del Estado las exposiciones frente a los entes del sector público detallados en las letras 
a) a c) del citado artículo 56.2, cuya naturaleza jurídica no sea la de sociedad mercantil 
o fundación,  excepto,  en este último  caso,  las fundaciones  públicas  sanitarias,  y que 
estén  incluidos  en el sector  Administraciones  Públicas,  subsectores  Administración 
Central  y Administraciones  de Seguridad  Social,  del Sistema  Europeo  de Cuentas 
Nacionales y Regionales de la Unión Europea.
También recibirán la misma ponderación de riesgo que las exposiciones frente 
a la Administración General del Estado las exposiciones frente al Instituto de 
Crédito Oficial y frente a los consorcios integrados exclusivamente por 
Administraciones Públicas o entes del sector público y cuya naturaleza jurídica no 
sea la de sociedad mercantil, en la medida en que, por la composición del 
consorcio, la Administración General del Estado soporte la mayoría de sus 
responsabilidades económicas.
2. De  conformidad  con el artículo  56.2 del Real Decreto  84/2015,  recibirán  la 
misma  ponderación  de riesgo  que las exposiciones  frente  a la Administración  de la 
que dependan las exposiciones frente a los entes del sector público detallados en las 
letras  e) y f) del citado  artículo  56.2,  cuya naturaleza  jurídica  no sea la de sociedad 
mercantil  o fundación,  excepto,  en este último  caso,  las fundaciones  públicas 
sanitarias,  y que estén  incluidos  en el sector  Administraciones  Públicas,  subsectores 
Comunidades  Autónomas  y Corporaciones  Locales,  del Sistema  Europeo  de 
Cuentas  Nacionales  y Regionales  de la Unión  Europea,  siempre  que esas 
exposiciones  puedan  encuadrarse  dentro  del ámbito  de los mecanismos  adicionales 
de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales a que se 
refiere  la disposición  adicional  primera  de la Ley Orgánica  2/2012,  de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
También recibirán la misma ponderación de riesgo que las exposiciones frente 
a la Administración de la que dependan las exposiciones frente a los consorcios 
integrados exclusivamente por Administraciones Públicas o entes del sector 
público y cuya naturaleza jurídica no sea la de sociedad mercantil, en la medida en 
que, por la composición del consorcio, la Administración de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales soporte la mayoría de sus 
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responsabilidades económicas y las exposiciones puedan incluirse dentro del 
ámbito de los mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales a que se refiere la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.
3. Lo dispuesto en esta norma se aplicará de acuerdo con el marco de 
distribución de competencias fijado en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013.»
Seis.  Se modifica el primer apartado de la norma 6 «Requerimiento combinado de 
colchones de capital», que queda redactado como sigue:
«1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 10/2014 y en 
el artículo 58 del Real Decreto 84/2015:
a) Las entidades de crédito deberán cumplir en todo momento el 
requerimiento combinado de colchones de capital, entendido como el total del 
capital de nivel 1 ordinario necesario para cumplir con la obligación de disponer de 
un colchón de conservación de capital y –si procede–:
i. Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
ii. Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial.
iii. Un colchón para otras entidades de importancia sistémica.
iv. Un colchón contra riesgos sistémicos.
b) El capital de nivel 1 ordinario utilizado para satisfacer el requerimiento 
combinado de colchones de capital previsto en la letra a) habrá de ser distinto y, 
por tanto, adicional al capital empleado para cumplir con:
i. Los requerimientos de fondos propios previstos en las letras a) a c) del 
artículo 92.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
ii. Los requerimientos de fondos propios adicionales para hacer frente a 
riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo según lo previsto en el 
artículo 69 de la Ley 10/2014.
iii. La orientación sobre fondos propios adicionales según lo previsto en el 
artículo 69 bis de la Ley 10/2014 para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo.
iv. El componente basado en riesgo de los requerimientos de fondos propios 
y pasivos admisibles previstos en los artículos 92 bis y 92 ter del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
v. El componente basado en riesgo del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles previstos en la sección 4.ª bis del Capítulo VI de la 
Ley 11/2015, y su normativa de desarrollo.
c) El capital de nivel 1 ordinario utilizado para cumplir alguno de los 
elementos del requerimiento combinado de colchones de capital habrá de ser 
distinto y, por tanto, adicional al empleado para satisfacer, en su caso, cualquier 
otro de los elementos del requerimiento combinado de colchones de capital.
d) Cuando una entidad o grupo incumpla la obligación establecida en la letra 
a), por razones diferentes a la satisfacción de los números iv) y v) de la letra b), 
quedará sujeta, en los supuestos de la norma 24 de esta circular, a las 
restricciones en materia de distribuciones que se establecen en el artículo 48 de la 
Ley 10/2014, y deberá presentar un plan de conservación de capital conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49 de esa ley y en la norma 25 de esta circular. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del régimen 
sancionador previsto en el título IV de la Ley 10/2014 y de las medidas que 
hubiera podido adoptar la autoridad competente de conformidad con el artículo 68 
de esa ley.»
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Siete.  Se modifica la norma 9 «Porcentaje del colchón anticíclico aplicable a 
exposiciones ubicadas en España», que queda redactada como sigue:
«1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Real 
Decreto 84/2015:
a) El Banco de España calculará cada trimestre una pauta de colchón que 
tomará como referencia para fijar el porcentaje del colchón anticíclico relativo a las 
exposiciones ubicadas en España con arreglo al apartado b) siguiente. La pauta 
de colchón será un porcentaje de referencia y reflejará de manera transparente el 
ciclo crediticio y los riesgos derivados de todo crecimiento excesivo del crédito en 
España, y tendrá debidamente en cuenta las particularidades de la economía. Se 
basará en la desviación de la ratio de crédito sobre el producto interior bruto de su 
tendencia a largo plazo, teniendo en cuenta, entre otras variables:
i. Un indicador del aumento de los niveles crediticios en España y, en 
particular, un indicador que refleje las variaciones de la ratio de créditos 
concedidos en España con relación al producto interior bruto.
ii. Las recomendaciones emitidas por la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(en adelante, JERS), conforme al artículo 135.1.b) de la Directiva 2013/36/UE.
b) El Banco de España evaluará la intensidad del riesgo sistémico y la 
idoneidad del porcentaje del colchón anticíclico para las exposiciones crediticias 
en España con carácter trimestral y fijará o ajustará el porcentaje del colchón 
anticíclico, si fuera necesario. Al hacerlo, tendrá en cuenta lo siguiente:
i. La pauta de colchón calculada de conformidad con el apartado 1.a).
ii. Las recomendaciones emitidas por la JERS, conforme al artículo 135.1.a), 
c) y d) de la Directiva 2013/36/UE.
iii. Cualesquiera otras variables que el Banco de España considere 
pertinentes.
Solo será necesario que el Banco de España resuelva sobre el porcentaje del 
colchón en caso de que decida fijarlo por primera vez o ajustarlo, no siendo 
preciso cuando el porcentaje del colchón permanezca constante.
c) El porcentaje del colchón anticíclico, expresado como tanto por ciento del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que corresponde a las exposiciones 
crediticias en España, se situará entre el 0 % y el 2,5 %, calibrado en escalones o 
múltiplos de 0,25 puntos porcentuales. Cuando las consideraciones a que se 
refiere el apartado 1.b) lo justifiquen, el Banco de España podrá fijar un porcentaje 
del colchón anticíclico superior al 2,5 %.
2. Cuando el Banco de España fije por primera vez un porcentaje del colchón 
anticíclico superior a cero, o cuando, posteriormente, incremente el porcentaje del 
colchón anticíclico vigente, decidirá asimismo la fecha a partir de la cual las 
entidades habrán de aplicar ese colchón incrementado a efectos del cálculo de su 
respectivo colchón de capital anticíclico específico. Dicha fecha será posterior en 
doce meses a la fecha en que se anuncie la fijación de un colchón incrementado 
de conformidad con el apartado 4, salvo circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, en las que podrá ser posterior en menos de doce 
meses.
3. Si el Banco de España reduce el porcentaje del colchón anticíclico vigente, 
con independencia de que pase o no a ser nulo, determinará asimismo un período 
indicativo durante el cual no se prevé ningún aumento del colchón. No obstante, 
ese período indicativo no será vinculante.
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4. El Banco de España publicará trimestralmente en su sitio web al menos la 
siguiente información:
a) El porcentaje del colchón anticíclico aplicable.
b) La ratio de crédito respecto del producto interior bruto pertinente y su 
desviación con respecto a la tendencia a largo plazo.
c) La pauta de colchón calculada de conformidad con el apartado 1.a).
d) Una justificación de ese porcentaje del colchón.
e) En el supuesto de que se incremente el porcentaje del colchón, la fecha a 
partir de la cual las entidades habrán de aplicar ese porcentaje incrementado a 
efectos del cálculo de su respectivo colchón de capital anticíclico específico.
f) Si la fecha a que se refiere la letra e) es posterior en menos de doce 
meses a la fecha de la publicación prevista en el presente apartado, una 
referencia a las circunstancias excepcionales que justifican ese plazo abreviado de 
aplicación.
g) En el supuesto de que se disminuya el porcentaje del colchón, el período 
indicativo durante el cual no se prevé aumento alguno de dicho porcentaje, junto 
con una justificación de ese período.
h) Cualquier otro dato que el Banco de España considere oportuno a la luz 
de las recomendaciones emitidas por la JERS, conforme al artículo 135.1 de la 
Directiva 2013/36/UE.
5. El Banco de España tomará todas las medidas que sean razonables para 
coordinar la fecha de dicha publicación con la de las autoridades designadas por 
otros Estados miembros para la fijación de los colchones anticíclicos 
correspondientes a las exposiciones en dichos Estados.
6. El Banco de España notificará a la JERS cada modificación del colchón 
anticíclico y la información requerida que se especifica en el apartado 4.»
Ocho.  Se modifica la norma 13 «Colchón de capital para entidades de importancia 
sistémica mundial», que queda redactada como sigue:
«1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1.a) de la Ley 10/2014 
y en el artículo 62 del Real Decreto 84/2015, el Banco de España identificará a 
aquellas entidades de crédito que sean, en base consolidada, entidades de 
importancia sistémica mundial (en adelante, EISM). Podrán ser identificadas como 
EISM:
a) Un grupo encabezado por una entidad de crédito matriz de la UE, una 
sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de 
cartera matriz de la UE.
b) Una entidad de crédito que no sea filial de una entidad de crédito matriz de 
la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la UE.
2. El método de identificación de las EISM, y de su clasificación en las 
subcategorías a las que se refiere el artículo 46.2 de la Ley 10/2014 y el 
artículo 62.2 del Real Decreto 84/2015, será el especificado en las normas 
técnicas de regulación a las que se refiere el artículo 131.18 de la 
Directiva 2013/36/UE, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1222/2014.
3. El método adicional de identificación de las EISM a que se refiere el 
artículo 46.2 bis de la Ley 10/2014 y el artículo 62.2 bis del Real Decreto 84/2015 
será el especificado en las normas técnicas de regulación a las que se refiere el 
artículo 131.18 de la Directiva 2013/36/UE, establecidas en el Reglamento 
Delegado n.º 1222/2014.
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4. De  conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  46.4 de la Ley 10/2014,  cada 
EISM  mantendrá,  en base consolidada,  el colchón  de capital  de nivel 1 ordinario 
para EISM que corresponda a la subcategoría en la que se clasifique a la entidad.
5. Las EISM se clasificarán en cinco subcategorías, a las que se les aplicará 
el porcentaje del colchón para EISM que figura en el cuadro siguiente. Dicho 
porcentaje se aplicará sobre el importe total de exposición al riesgo calculado de 
conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
 Porcentaje
Subcategoría 1. 1
Subcategoría 2. 1,5
Subcategoría 3. 2
Subcategoría 4. 2,5
Subcategoría 5. 3,5
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real 
Decreto 84/2015, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 de esta 
norma, el Banco de España podrá –en el ejercicio de una supervisión prudente–:
a) Reclasificar una EISM de una subcategoría inferior en una subcategoría 
superior.
b) Clasificar a una entidad, en el sentido del apartado 1, cuya puntuación 
general sea inferior al límite establecido para la primera subcategoría en dicha 
subcategoría o en otra superior, y así identificarla como EISM.
c) Teniendo en cuenta la existencia del Mecanismo Único de Resolución, a 
partir de la puntuación general adicional a la que se refiere el artículo 62.2 bis del 
Real Decreto 84/2015, reclasificar una EISM de una subcategoría superior en una 
subcategoría inferior.»
Nueve.  En la norma 14 «Identificación de otras entidades de importancia 
sistémica», se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se modifica el primer apartado, que queda redactado como sigue:
«1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1.b) de la Ley 10/2014 
y en el artículo 63 del Real Decreto 84/2015, el Banco de España identificará 
aquellas entidades de crédito que sean otras entidades de importancia sistémica 
(en adelante, OEIS). Las OEIS podrán ser bien una entidad de crédito, bien un 
grupo encabezado por una entidad matriz de la UE o de un Estado miembro, una 
sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro, o una 
sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro.»
b) En la sección A, se modifica el apartado 4, que queda redactado como sigue:
«4.  Cada uno de esos cuatro criterios se valorará con los indicadores 
obligatorios que se presentan en el anejo I. Todos los criterios recibirán la misma 
ponderación y todos los indicadores relativos a un mismo criterio tendrán una 
ponderación idéntica. Si no se dispone de valores para algunos de los indicadores, 
se utilizarán aproximaciones que se consideren adecuadas o, si ello no fuera 
posible, se podrá prescindir del indicador, todo lo cual se justificará 
apropiadamente.»
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c) Se modifica el título de la sección C, que queda redactado como sigue:
«C. Publicación de información.»
d) Se elimina el apartado 13 de la sección C.
Diez.  Se modifica la norma 15 «Fijación del colchón de capital para otras entidades 
de importancia sistémica», que queda redactada como sigue:
«1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 10/2014, el 
Banco de España podrá imponer a cada una de las OEIS la obligación de disponer 
de un colchón de capital de nivel 1 ordinario de hasta un 3 % del importe total de 
exposición al riesgo calculado conforme al artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, atendiendo a los criterios para la identificación de OEIS establecidos en 
la norma 14 y teniendo también en consideración la estructura del sistema 
bancario nacional.
1 bis.  Previa autorización de la Comisión Europea, el Banco de España 
podrá imponer a cada una de las OEIS la obligación de mantener un colchón de 
capital de nivel 1 ordinario superior al 3 % del importe total de exposición al riesgo 
calculado conforme al artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real 
Decreto 84/2015:
a) Cuando el Banco de España exija el mantenimiento de un colchón para 
OEIS, dicho colchón:
i. No supondrá perjuicios desproporcionados para el conjunto o para partes 
del sistema financiero de otros Estados miembros o de la UE en su conjunto, de 
modo que se forme o se cree un obstáculo para el funcionamiento del mercado 
interior.
ii. Será revisado al menos una vez al año.
b) Antes de fijar o modificar un colchón para OEIS, el Banco de España lo 
notificará a la JERS un mes antes de la publicación de la decisión a que se refiere 
el apartado 1, o, en su caso, tres meses antes de la publicación de la decisión a 
que se refiere el apartado 1 bis. En la notificación se describirán 
pormenorizadamente los elementos siguientes:
i. Los motivos por los que se considera que el colchón para OEIS puede ser 
eficaz y proporcionado para reducir el riesgo.
ii. Una evaluación del probable impacto positivo o negativo del colchón para 
OEIS en el mercado único sobre la base de la información de que disponga el 
Estado miembro.
iii. El porcentaje del colchón para OEIS que se desea exigir.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 17 a 22 y en el apartado 1 de 
la presente norma, cuando una OEIS sea una filial de una EISM o de una OEIS 
que sea una entidad o un grupo encabezado por una entidad matriz de la UE, y 
esté obligada a mantener un colchón para OEIS en base consolidada, el colchón 
aplicable en base individual o en base subconsolidada para la OEIS filial no 
sobrepasará el menor de los porcentajes siguientes:
i. la suma del mayor de los porcentajes del colchón para EISM y OEIS 
aplicable al grupo en base consolidada y el 1 % del importe total de exposición al 
riesgo, calculado de acuerdo con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, y
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ii. el 3 % del importe total de exposición al riesgo calculado de acuerdo con el 
artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o el porcentaje cuya aplicación al 
grupo en base consolidada haya autorizado la Comisión Europea con arreglo al 
apartado 1 bis.»
Once.  Se modifica la norma 16 «Obligaciones de notificación del Banco de España 
en relación con las entidades de importancia sistémica mundial y con las otras entidades 
de importancia sistémica», que queda redactada como sigue:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley 10/2014 y en el 
artículo 66 del Real Decreto 84/2015:
a) El Banco de España notificará a la JERS los nombres de las EISM y de las 
OEIS y las correspondientes subcategorías en las que se han clasificado las 
primeras. En la notificación constarán los motivos fundamentados por los que se 
ha ejercido o no el criterio de supervisión con arreglo a las letras a), b) y c) de la 
norma 13.6. El Banco de España hará pública la subcategoría en la que se ha 
clasificado cada EISM.
b) Cada año, el Banco de España revisará la identificación de las EISM y de 
las OEIS y la clasificación por subcategorías de las primeras, e informará de sus 
resultados a las entidades de importancia sistémica afectadas, así como a la 
JERS, haciendo asimismo públicas tanto la lista actualizada de entidades de 
importancia sistémica identificadas como la subcategoría en la que se ha 
clasificado a cada una de las EISM identificadas.»
Doce.  Se modifica la norma 17 «Fijación del colchón contra riesgos sistémicos», 
que queda redactada como sigue:
«1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 10/2014 y en el 
artículo  67 del Real Decreto  84/2015,  el Banco  de España  podrá  exigir  a todas  las 
entidades o a uno o más subconjuntos de ellas, para todas las exposiciones o para un 
subconjunto de ellas, la constitución de un colchón contra riesgos sistémicos de capital 
de nivel 1 ordinario  con el fin de prevenir  y paliar  los riesgos  macroprudenciales  o 
sistémicos  que no estén  cubiertos  por el Reglamento  (UE) n.º 575/2013  ni por los 
colchones  previstos  en las normas  8, 13 y 15. El colchón  no podrá  servir  para afrontar 
los riesgos  cubiertos  por estos.  Estos  riesgos  se entenderán  como  aquellos  que 
podrían  producir  una perturbación  en el sistema  financiero  con consecuencias 
negativas graves en dicho sistema y en la economía real.
Dicho colchón se calculará sobre una base individual, consolidada o 
subconsolidada, con arreglo a la parte primera, título II, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
Podrán establecerse requerimientos diferentes para diferentes subconjuntos 
de entidades y de exposiciones.
2. El colchón contra riesgos sistémicos se fijará por escalones de 0,5 puntos 
porcentuales o múltiplos de estos.
3. Las entidades calcularán el colchón contra riesgos sistémicos de la 
siguiente manera:
𝐵𝑆𝑅=𝑟𝑇·𝐸𝑇+∑𝑟𝑖
𝑖·𝐸𝑖 
donde:
BSR = colchón contra riesgos sistémicos;
rT = porcentaje del colchón aplicable al importe total de la exposición al riesgo 
de una entidad;
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ET = importe total de la exposición al riesgo calculado de conformidad con el 
artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
i = índice que designa el subconjunto de las exposiciones indicadas en el 
apartado 4;
ri = porcentaje del colchón aplicable al importe de la exposición al riesgo de un 
subconjunto de exposiciones  i, y
Ei = importe de la exposición al riesgo de una entidad de un subconjunto de 
exposiciones  i calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
4. El Banco de España podrá fijar un porcentaje del colchón contra riesgos 
sistémicos que se aplique a las siguientes exposiciones:
a) Todas las exposiciones ubicadas en España.
b) Las siguientes exposiciones sectoriales ubicadas en España:
1.º  Todas las exposiciones minoristas frente a personas físicas que estén 
garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales.
2.º  Todas las exposiciones frente a personas jurídicas que estén 
garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales.
3.º  Todas las exposiciones frente a personas jurídicas con exclusión de las 
especificadas en el numeral 2.º
4.º  Todas las exposiciones frente a personas físicas con exclusión de las 
especificadas en el numeral 1.º
c) Todas las exposiciones ubicadas en otros Estados miembros, a reserva de 
lo dispuesto en el apartado c) de la norma 18.4 y en la norma 18.1.
d) Las exposiciones sectoriales, enumeradas en la letra b) del presente 
apartado, ubicadas en otros Estados miembros únicamente para permitir el 
reconocimiento de un porcentaje del colchón establecido por otro Estado miembro 
de conformidad con el artículo 134.
e) Exposiciones ubicadas en terceros países.
f) Subconjuntos de las categorías de exposición indicadas en la letra b).
5. En el caso de fijación de un colchón contra riesgos sistémicos por el 
Banco de España, dicho colchón:
i. No supondrá perjuicios desproporcionados para el conjunto o partes del 
sistema financiero de otros Estados miembros o de la UE en su conjunto, de modo 
que se forme o se cree un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
ii. Será revisado al menos cada dos años.
iii. No deberá utilizarse para afrontar riesgos cubiertos por las normas 8, 13 
y 15.»
Trece. Se modifica la norma 18, que queda redactada como sigue:
«18.  Procedimiento de fijación o modificación del colchón contra riesgos 
sistémicos:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Real 
Decreto 84/2015, el Banco de España notificará a la JERS la decisión de fijar o 
modificar uno o más porcentajes del colchón contra riesgos sistémicos antes de su 
publicación de conformidad con la norma 21. Si el colchón es aplicable a una filial 
cuya empresa matriz esté establecida en otro Estado miembro, lo comunicará 
también a las autoridades de dicho Estado miembro.
Cuando el Banco de España decida aplicar el colchón a exposiciones en otros 
Estados miembros, fijará el mismo nivel para todas las exposiciones ubicadas en 
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la UE, a menos que el colchón se fije para reconocer el porcentaje del colchón 
contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro de conformidad con la 
norma 22.
2. En dicha notificación se describirán pormenorizadamente los elementos 
siguientes:
i. Los riesgos macroprudenciales o sistémicos existentes en España.
ii. Los motivos por los cuales la magnitud de los riesgos sistémicos o 
macroprudenciales suponen una amenaza para la estabilidad del sistema 
financiero a escala nacional que justifica el porcentaje del colchón contra riesgos 
sistémicos.
iii. La razón por la que se considera que el colchón contra riesgos sistémicos 
es eficaz y proporcionado para reducir el riesgo.
iv. Una evaluación de la probable repercusión positiva o negativa del colchón 
contra riesgos sistémicos en el mercado interior sobre la base de la información de 
que se disponga.
v. El porcentaje o porcentajes del colchón contra riesgos sistémicos que se 
desea exigir, las exposiciones a las que se aplican dichos porcentajes y las 
entidades que estarán sujetas a dichos porcentajes.
vi. Cuando el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos se aplique a 
todas las exposiciones, la razón por la que la autoridad considera que el colchón 
contra riesgos sistémicos no duplica el funcionamiento del colchón para OEIS 
previsto en la norma 15.
3. En caso de que la decisión de fijar el porcentaje del colchón contra riesgos 
sistémicos dé lugar a una disminución o a la ausencia de cambio del porcentaje 
fijado previamente, el Banco de España deberá cumplir únicamente lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2.
4. La decisión de fijar uno o más porcentajes del colchón contra riesgos 
sistémicos, en cualquier conjunto o subconjunto de exposiciones sometido a uno o 
varios colchones contra riesgos sistémicos, puede dar lugar a:
a) Un porcentaje combinado de colchón contra riesgos sistémicos no 
superior al 3 % para cualquiera de dichas exposiciones. En este caso, el Banco de 
España notificará la decisión de fijar uno o más porcentajes del colchón contra 
riesgos sistémicos a la JERS con, al menos, un mes de antelación a la publicación 
de la decisión. En cuanto a esta letra, el reconocimiento del porcentaje del colchón 
contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro no se contabilizará a 
efectos del límite del 3 %.
b) Un porcentaje combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior 
al 3 % y de hasta el 5 % para cualquiera de dichas exposiciones. En este caso, el 
Banco de España solicitará, en la notificación presentada a la JERS, el dictamen 
de la Comisión Europea.
c) Un porcentaje combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior 
al 5 % para cualquiera de dichas exposiciones. En este caso, el Banco de España, 
sin perjuicio de la notificación a la JERS, solicitará la autorización de la Comisión 
Europea antes de aplicar la decisión. El Banco de España esperará a que la 
Comisión le autorice a aplicar la medida propuesta antes de adoptar el colchón.
5. Cuando una entidad a la que sea aplicable un porcentaje combinado de 
colchón contra riesgos sistémicos sea filial de una empresa matriz establecida en 
otro Estado miembro, el Banco de España solicitará una recomendación de la 
Comisión Europea y de la JERS en la notificación presentada.
Cuando el Banco de España y la autoridad de la matriz no se pongan de 
acuerdo sobre el porcentaje o los porcentajes del colchón contra riesgos 
sistémicos aplicables a la filial y en el caso de recomendación negativa tanto de la 
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Comisión Europea como de la JERS, el Banco de España podrá remitir el asunto a 
la ABE, debiendo solicitar su asistencia y quedando en suspenso la decisión de 
fijar el colchón contra riesgos sistémicos para esas exposiciones hasta que esta se 
haya pronunciado.»
Catorce.  Se elimina la norma 19 «Procedimiento de fijación del colchón contra 
riesgos sistémicos superior al 3 % y hasta el 5 %».
Quince.  Se elimina la norma 20 «Procedimiento de fijación del colchón contra 
riesgos sistémicos superior al 5 %».
Dieciséis.  Se modifica la norma 21 «Publicidad de los colchones contra riesgos 
sistémicos», que queda redactada como sigue:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 84/2015, 
el Banco de España anunciará la fijación o modificación del colchón contra riesgos 
sistémicos mediante publicación en su sitio web. El anuncio incluirá, al menos, la 
siguiente información:
a) El porcentaje o porcentajes del colchón.
b) Las entidades a las que se aplica el porcentaje o porcentajes del colchón.
c) Las exposiciones a las que se aplica el porcentaje o porcentajes del 
colchón.
d) Una justificación de la fijación o modificación del porcentaje o porcentajes 
del colchón.
e) La fecha a partir de la cual las entidades deben aplicar el colchón que se 
haya fijado o modificado.
f) Los nombres de los países donde estén ubicadas las exposiciones a las 
que se aplica el colchón.
Cuando la publicación de la información a que se refiere la letra d) pudiera 
hacer peligrar la estabilidad del sistema financiero, dicha información no se incluirá 
en la publicación.»
Diecisiete.  Se modifica la norma 22 «Reconocimiento del porcentaje del colchón 
contra riesgos sistémicos», que queda redactada como sigue:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 84/2015:
a) El Banco de España podrá reconocer el porcentaje del colchón contra 
riesgos sistémicos fijado por la autoridad competente o designada de otro Estado 
miembro y aplicar dicho porcentaje del colchón a las entidades autorizadas en 
España para las exposiciones ubicadas en el Estado miembro que fije dicho 
porcentaje del colchón.
b) Cuando el Banco de España reconozca el porcentaje del colchón contra 
riesgos sistémicos fijado por la autoridad competente o designada de otro Estado 
miembro en lo que respecta a las entidades autorizadas en España, lo notificará a 
la JERS.
c) A la hora de decidir si reconoce o no un porcentaje del colchón contra 
riesgos sistémicos, el Banco de España tendrá en cuenta la información 
presentada por el Estado miembro que fije el porcentaje del colchón de 
conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional de transposición de los 
apartados 9 o 13 del artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, según corresponda.
d) Cuando el Banco de España reconozca un porcentaje del colchón contra 
riesgos sistémicos para entidades autorizadas en España, ese colchón contra 
riesgos sistémicos podrá ser cumulativo con el colchón contra riesgos sistémicos 
aplicado con arreglo a la norma 17, siempre que los colchones cubran riesgos 
diferentes. Cuando los colchones cubran el mismo riesgo, solo se aplicará el 
colchón más elevado.
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e) Cuando el Banco de España fije un colchón contra riesgos sistémicos, 
podrá solicitar a la JERS que dirija una recomendación, con arreglo al artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1092/2010, a uno o a varios de los Estados miembros 
que puedan reconocer el porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos.»
Dieciocho.  Se modifica la norma 23 «Aplicación conjunta de los colchones para 
entidades de importancia sistémica mundial, otras entidades de importancia sistémica y 
contra riesgos sistémicos», que queda redactada como sigue:
«En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto 84/2015:
a) Cuando se exija a una entidad o a un grupo:
i. un colchón para EISM y un colchón para OEIS, se aplicará el colchón más 
elevado de los dos;
ii. al menos uno de los colchones referidos en el apartado i) y un colchón 
contra riesgos sistémicos, el colchón contra riesgos sistémicos será cumulativo 
con el colchón para EISM u OEIS que aplique de conformidad con el apartado i).
b) Será necesario solicitar la autorización previa de la Comisión Europea 
cuando la suma del porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos y el 
porcentaje del colchón para EISM o para OEIS al que esté sometida la misma 
entidad pudiera resultar en un porcentaje del colchón superior al 5 %.»
Diecinueve.  Se modifica la norma 24, que queda redactada en los siguientes 
términos:
«Norma 24.  Restricciones a las distribuciones en caso de incumplimiento del 
requerimiento combinado de colchones de capital.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2014 y en 
el artículo 73 del Real Decreto 84/2015, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16 bis de la Ley 11/2015 y en la norma 24 bis:
a) Las entidades de crédito que cumplan el requerimiento combinado de 
colchones de capital podrán realizar distribuciones relativas al capital de nivel 1 
ordinario siempre y cuando:
i. dichas distribuciones no conlleven una disminución del capital de nivel 1 
ordinario hasta un nivel en el que ya no se respete el requerimiento combinado de 
colchones de capital, y
ii. no haya sido adoptada por la autoridad competente ninguna de las 
medidas tendentes a reforzar los fondos propios previstas en el artículo 68.2.h) de 
la Ley 10/2014, o a limitar o a prohibir el pago de dividendos conforme al 
artículo 68.2.i) de la Ley 10/2014.
b) Cuando una entidad de crédito incumpla su requerimiento combinado de 
colchones de capital deberá calcular el importe máximo distribuible (en adelante, 
IMD) de conformidad con lo establecido en el apartado 2.
La entidad no podrá realizar ninguna de las siguientes actuaciones antes de 
haber calculado dicho IMD y de haber informado inmediatamente a la autoridad 
competente de dicho importe:
i. Realizar una distribución en relación con el capital de nivel 1 ordinario.
ii. Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requerimiento 
combinado de colchones de capital.
iii. Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
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c) A efectos de lo dispuesto en esta norma, se entenderán como 
distribuciones en relación con el capital de nivel 1 ordinario:
i. El pago de dividendos en efectivo.
ii. La distribución, total o parcialmente liberada, de acciones u otros 
instrumentos de capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
iii. El rescate o la compra por una entidad de acciones propias u otros 
instrumentos propios de capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del mismo 
reglamento.
iv. El reembolso de importes pagados en relación con los instrumentos de 
capital a que se refiere en el artículo 26.1.a) del mismo reglamento.
v. La distribución de los elementos a que se refieren las letras b) a e) del 
artículo 26.1 del mismo reglamento.
vi. Cualesquiera otras que, a juicio de la autoridad competente, resulten 
equivalentes a cualquiera de las anteriores.
d) Cuando una entidad incumpla su requerimiento combinado de colchones 
de capital no podrá distribuir más del IMD calculado conforme al apartado 2 para 
las finalidades previstas en el apartado 1.b).
1 bis.  A efectos de lo previsto en esta norma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 bis de la Ley 10/2014, se considerará que una entidad 
incumple el requerimiento combinado de colchones de capital cuando no disponga 
de fondos propios cuyo importe y calidad sean los necesarios para satisfacer al 
mismo tiempo el requerimiento combinado de colchones de capital y cada uno de 
los requerimientos establecidos en:
a) El artículo 92.1.a) del Reglamento (UE) n. º 575/2013 y, si ha lugar, el 
requerimiento de fondos propios adicionales exigido por la autoridad competente 
para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, con 
arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014.
b) El artículo 92.1.b) del Reglamento (UE) n. º 575/2013 y, si ha lugar, el 
requerimiento de fondos propios adicionales exigido por la autoridad competente 
para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, con 
arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014.
c) El artículo 92.1.c) del Reglamento (UE) n. º 575/2013 y, si ha lugar, el 
requerimiento de fondos propios adicionales exigido por la autoridad competente 
para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, con 
arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014.
2. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto 84/2015, 
las entidades calcularán el IMD multiplicando la cuantía calculada según lo 
previsto en el apartado a) por el factor determinado de conformidad con el 
apartado b). El IMD se reducirá como consecuencia de cualquiera de las 
actuaciones contempladas en el apartado 1.b).
a) La cuantía que deberá multiplicarse por el factor del apartado b) 
consistirá en:
i. todos los beneficios intermedios del ejercicio no incluidos en el capital de 
nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
deducidos cualquier distribución de beneficios o cualquier pago derivado de las 
actuaciones a que se refiere el apartado 1.b);
ii. más todos los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de 
nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
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deducidos cualquier distribución de beneficios o cualquier pago derivado de las 
actuaciones a que se refiere el apartado 1.b),
iii. menos los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de 
conservarse los elementos especificados en los puntos i) y ii) anteriores.
b) El factor se determinará comparando el requerimiento combinado de 
colchones de capital con el capital de nivel 1 ordinario mantenido por la entidad 
que no se utilice para cumplir los requerimientos de fondos propios establecidos 
en las letras a), b) y c) del artículo 92.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni, si ha 
lugar, el requerimiento de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos 
distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, fijado con arreglo al 
artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014:
i. Cuando dicho capital de nivel 1 ordinario sea inferior o igual al 25 % del 
requerimiento combinado de colchones de capital, el factor será 0.
ii. Cuando dicho capital de nivel 1 ordinario sea superior al 25 % e inferior o 
igual al 50 % del requerimiento combinado de colchones de capital, el factor 
será 0,2.
iii. Cuando dicho capital de nivel 1 ordinario sea superior al 50 % e inferior o 
igual al 75 % del requerimiento combinado de colchones de capital, el factor 
será 0,4.
iv. Cuando dicho capital de nivel 1 ordinario sea superior al 75 % e inferior 
al 100 % del requerimiento combinado de colchones de capital, el factor será 0,6.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2014 y en 
el artículo 73 del Real Decreto 84/2015, las entidades dispondrán de mecanismos 
para garantizar que el importe de beneficios distribuibles y el IMD se calculen con 
exactitud y habrán de poder demostrar esa exactitud a la autoridad competente 
cuando así se les solicite.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2014, las 
restricciones de esta norma se aplicarán únicamente a los pagos que den lugar a 
una reducción del capital de nivel 1 ordinario o a una reducción de los beneficios, y 
siempre que la suspensión o cancelación del pago no constituyan un 
incumplimiento de las obligaciones de pago u otra circunstancia que conduzca a la 
apertura del oportuno procedimiento concursal.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Real 
Decreto 84/2015, cuando una entidad incumpla el requerimiento combinado de 
colchones de capital y se proponga distribuir la totalidad o parte de sus beneficios 
distribuibles o emprender alguna de las actuaciones contempladas en el 
apartado 1.b), lo notificará a la autoridad competente y proporcionará la siguiente 
información:
a) El importe de capital mantenido por la entidad, subdividido como sigue:
i. Capital de nivel 1 ordinario.
ii. Capital de nivel 1 adicional.
iii. Capital de nivel 2.
b) El importe de sus beneficios intermedios y al cierre del ejercicio.
c) El IMD calculado según lo previsto en el apartado 2.
d) El importe de beneficios distribuibles que se propone asignar a lo 
siguiente:
i. Pagos de dividendos.
ii. Compra de acciones propias.
iii. Pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
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iv. Pago de una remuneración variable o beneficios discrecionales de 
pensión, como resultado de la asunción ya sea de una nueva obligación de pago o 
de una obligación de pago asumida en un momento en que la entidad no cumplía 
el requerimiento combinado de colchones de capital.»
Veinte. Se introduce la norma 24 bis con la siguiente redacción:
«Norma 24 bis.  Restricciones a las distribuciones en caso de incumplimiento del 
requerimiento del colchón de ratio de apalancamiento.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 ter de la Ley 10/2014 y 
en el artículo 73 bis del Real Decreto 84/2015, y sin perjuicio de lo establecido en 
la norma 24:
a) Las entidades de crédito que cumplan el requerimiento de colchón de ratio 
de apalancamiento podrán realizar distribuciones relativas al capital de nivel 1 
siempre y cuando:
i. dichas distribuciones no conlleven una disminución del capital de nivel 1 
hasta un nivel en el que ya no se respete el requerimiento de colchón de ratio de 
apalancamiento, y
ii. no haya sido adoptada por la autoridad competente ninguna de las 
medidas tendentes a reforzar los fondos propios previstas en el artículo 68.2.h) de 
la Ley 10/2014, o a limitar o a prohibir el pago de dividendos o de intereses de 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario o de capital de nivel 1 adicional 
conforme al artículo 68.2.i) de la Ley 10/2014.
b) Cuando una entidad de crédito incumpla su requerimiento de colchón de 
ratio de apalancamiento deberá calcular el importe máximo distribuible (en 
adelante, A-IMD) de conformidad con lo establecido en el apartado 2.
La entidad no podrá realizar ninguna de las siguientes actuaciones antes de 
haber calculado dicho A-IMD y de haber informado inmediatamente a la autoridad 
competente de dicho importe:
i. Realizar una distribución en relación con el capital de nivel 1 ordinario.
ii. Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requerimiento de 
colchón de ratio de apalancamiento.
iii. Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
c) A efectos de lo dispuesto en esta norma, se entenderá como distribución 
en relación con el capital de nivel 1 cualquiera de las previstas en el apartado 1.c) 
de la norma 24.
d) Cuando una entidad incumpla su requerimiento de colchón de ratio de 
apalancamiento no podrá distribuir más del A-IMD calculado conforme al 
apartado 2 para las finalidades previstas en el apartado 1.b).
1 bis.  A efectos de lo previsto en esta norma, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 quater de la Ley 10/2014, se considerará que una 
entidad incumple el requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento cuando 
no disponga de capital de nivel 1 en la cantidad necesaria para satisfacer al mismo 
tiempo los requerimientos establecidos en los artículos 92.1.d) y 92.1 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y, si ha lugar, el requerimiento de fondos propios 
adicionales exigido por la autoridad competente para hacer frente a un riesgo de 
apalancamiento excesivo que no esté suficientemente cubierto por el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 con arreglo al artículo 68.2.a) 
de la Ley 10/2014.
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2. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 73 bis del Real 
Decreto 84/2015, las entidades calcularán el A-IMD multiplicando la cuantía 
calculada según lo previsto en el apartado a) por el factor determinado de 
conformidad con el apartado b). El A-IMD se reducirá como consecuencia de 
cualquiera de las actuaciones contempladas en el apartado 1.b).
a) La cuantía que deberá multiplicarse por el factor del apartado b) 
consistirá en:
i. todos los beneficios intermedios del ejercicio no incluidos en el capital de 
nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
deducidos cualquier distribución de beneficios o cualquier pago derivado de las 
actuaciones a que se refiere el apartado 1.b);
ii. más todos los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de 
nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
deducidos cualquier distribución de beneficios o cualquier pago derivado de las 
actuaciones a que se refiere el apartado 1.b),
iii. menos los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de 
conservarse los elementos especificados en los puntos i) y ii) anteriores.
b) El factor se determinará comparando el requerimiento de colchón de ratio 
de apalancamiento con el capital de nivel 1 mantenido por la entidad que no se 
utilice para cumplir el requerimiento de fondos propios establecido en el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni, si ha lugar, el requerimiento 
de fondos propios adicionales para hacer frente a un riesgo de apalancamiento 
excesivo que no esté suficientemente cubierto por el artículo 92.1.d) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, con arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014:
i. Cuando dicho capital de nivel 1 sea inferior o igual al 25 % del 
requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento, el factor será 0.
ii. Cuando dicho capital de nivel 1 sea superior al 25 % e inferior o igual 
al 50 % del requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento, el factor 
será 0,2.
iii. Cuando dicho capital de nivel 1 sea superior al 50 % e inferior o igual 
al 75 % del requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento, el factor 
será 0,4.
iv. Cuando dicho capital de nivel 1 sea superior al 75 % e inferior al 100 % 
del requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento, el factor será 0,6.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 ter de la Ley 10/2014 y 
en el artículo 73 bis del Real Decreto 84/2015, las entidades dispondrán de 
mecanismos para garantizar que el importe de beneficios distribuibles y el A-IMD 
se calculen con exactitud, y habrán de poder demostrar esa exactitud a la 
autoridad competente cuando así se les solicite.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 ter de la Ley 10/2014, 
las restricciones de esta norma se aplicarán únicamente a los pagos que den lugar 
a una reducción del capital de nivel 1 o a una reducción de los beneficios, y 
siempre que la suspensión o cancelación del pago no constituyan un 
incumplimiento de las obligaciones de pago u otra circunstancia que conduzca a la 
apertura del oportuno procedimiento concursal.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 bis del Real 
Decreto 84/2015, cuando una entidad incumpla el requerimiento de colchón de 
ratio de apalancamiento y se proponga distribuir la totalidad o parte de sus 
beneficios distribuibles o emprender alguna de las actuaciones contempladas en el 
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apartado 1.b), lo notificará a la autoridad competente y proporcionará la siguiente 
información:
a) El importe de capital de nivel 1 mantenido por la entidad, subdividido como 
sigue:
i. Capital de nivel 1 ordinario.
ii. Capital de nivel 1 adicional.
b) El importe de sus beneficios intermedios y al cierre del ejercicio.
c) El IMD calculado según lo previsto en el apartado 2 de la norma 24.
d) El importe de beneficios distribuibles que se propone asignar a lo 
siguiente:
i. Pagos de dividendos.
ii. Compra de acciones propias u otros instrumentos de capital de nivel 1 
ordinario.
iii. Pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
iv. Pago de una remuneración variable o beneficios discrecionales de 
pensión, ya sea como resultado de la asunción de una nueva obligación de pago o 
de una obligación de pago asumida en un momento en que la entidad no cumplía 
el requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento.
e) El A-IMD calculado de conformidad con el apartado 2.»
Veintiuno.  Se modifica la norma 25 «Plan de conservación del capital», que queda 
redactada como sigue:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 10/2014 y en el 
artículo 75 del Real Decreto 84/2015:
a) Cuando una entidad de crédito no cumpla el requerimiento combinado 
de colchones de capital, o, en su caso, el requerimiento de colchón de ratio de 
apalancamiento a los que esté sujeta, elaborará un plan de conservación 
del capital y lo presentará a la autoridad competente. El plazo para la presentación 
del plan será de cinco días hábiles, a contar desde la fecha en que la entidad 
compruebe el incumplimiento de dicho requerimiento. No obstante, la autoridad 
competente podrá ampliar ese plazo a diez días hábiles, basándose en la 
situación individual de la entidad de crédito y teniendo en cuenta la escala y la 
complejidad de sus actividades.
b) El plan de conservación del capital deberá tener el contenido siguiente:
i. Estimaciones de ingresos y gastos y una previsión de balance.
ii. Medidas encaminadas a incrementar las ratios de capital de la entidad.
iii. Un plan y un calendario de aumento de los fondos propios, con el objetivo 
de cumplir plenamente el requerimiento combinado de colchones de capital y, si ha 
lugar, el requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento.
iv. Cualquier otra información que la autoridad competente juzgue necesaria 
para llevar a cabo la evaluación prevista en el apartado c). En caso de requerirse 
información adicional, el plazo para la remisión a que alude el apartado a) anterior 
contará desde la fecha en que se reclame dicha información.
c) La autoridad competente evaluará el plan de conservación del capital y lo 
aprobará si considera que, de ejecutarse, resulta razonablemente previsible la 
conservación u obtención de capital suficiente para que la entidad pueda cumplir 
el requerimiento combinado de colchones de capital o, si ha lugar, el requerimiento 
de colchón de ratio de apalancamiento, en el plazo que la autoridad competente 
juzgue adecuado.
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d) En caso de que no apruebe el plan de conservación de capital presentado, 
la autoridad competente, de acuerdo con las facultades que le confiere el 
artículo 68 de la Ley 10/2014, podrá:
i. Exigir a la entidad que aumente sus fondos propios en el plazo que 
determine.
ii. Imponer restricciones sobre las distribuciones más estrictas que las 
previstas en las normas anteriores.»
Veintidós.  Se modifica la norma 30 «Aplicación de los requisitos y procedimientos 
de evaluación de la idoneidad», que queda redactada como sigue:
«De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 10/2014 y el artículo 29 
del Real Decreto 84/2015, los requisitos y procedimientos de evaluación de 
idoneidad se aplicarán por las entidades de crédito, sociedades financieras de 
cartera y sociedades financieras mixtas de cartera, de conformidad con el ámbito 
de aplicación definido en la norma 2 de esta circular, a:
a) Los miembros del consejo de administración, así como a las personas 
físicas que representen a los consejeros que sean personas jurídicas.
b) Los directores generales y asimilados. Serán asimilados a los directores 
generales los que se definen en el artículo 6.6 de la Ley 10/2014.
c) Los responsables de las funciones de control interno y otro personal clave 
para el desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad, que no esté 
incluido en los apartados a) y b) anteriores.»
Veintitrés.  Se modifica la norma 32 «Requisitos de idoneidad», que queda 
redactada como sigue:
«1.  Las entidades y sociedades a que se refiere la norma 30 deberán 
asegurar, en todo momento, que los miembros del colectivo sujeto a evaluación 
descrito en la citada norma poseen reconocida honorabilidad comercial y 
profesional, así como conocimientos, competencias y experiencia adecuados a 
sus funciones. Además, en el caso de los miembros del consejo de administración, 
se asegurarán de que actúan con honestidad, integridad e independencia de 
ideas, de manera que estén en disposición de ejercer un buen gobierno. En 
particular, respecto a la independencia de ideas, ser miembro de sociedades 
vinculadas o de entes vinculados no constituirá en sí mismo un obstáculo para 
tomar decisiones de forma independiente.
2. La valoración de los requisitos de idoneidad de los miembros del consejo 
de administración se llevará a cabo, de conformidad con el artículo 24 de la 
Ley 10/2014 y con los artículos 30, 31 y 32 del Real Decreto 84/2015, tanto a título 
individual como, en la parte aplicable, para el consejo en su conjunto.
Individualmente, se valorará la capacidad de cada consejero para ejercer un 
buen gobierno, para lo que se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones: la 
dedicación de tiempo suficiente, la presencia de potenciales conflictos de interés, y 
su capacidad para evaluar y cuestionar el proceso de toma de decisiones y las 
decisiones tomadas por la alta dirección.
Adicionalmente, se valorará la capacidad del consejo en su conjunto para 
comprender adecuadamente las actividades sobre las que se deben tomar 
decisiones y para tomarlas de forma independiente y autónoma. A estos efectos, 
se tendrán en cuenta los conocimientos, competencias y experiencia que el 
consejo reúne en su conjunto. La composición general del consejo de 
administración u órgano equivalente reflejará de forma adecuada una amplia gama 
de experiencias.
3. Las entidades y sociedades a que se refiere la norma 30 deberán 
proporcionar a los miembros del consejo de administración formación adecuada y 
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continua que les permita entender debidamente los riesgos de las decisiones 
sobre las que deben pronunciarse y participar activamente en las deliberaciones 
del consejo.»
Veinticuatro.  Se modifica la norma 33 «Evaluación de la idoneidad de los miembros 
del consejo de administración, directores generales y asimilados por la autoridad 
competente», que queda redactada como sigue:
«1.  La autoridad competente evaluará, con carácter previo a su inscripción 
en el Registro de Altos Cargos, la concurrencia de los requisitos de idoneidad en 
los miembros del consejo de administración y directores generales o asimilados. 
Dicha evaluación comenzará con la notificación de la propuesta de nombramiento, 
según determina el artículo 33, apartados 3 y 4, del Real Decreto 84/2015, y se 
realizará dentro del plazo de tres meses establecido en el artículo 29.2.c) del Real 
Decreto 84/2015.
La autoridad competente realizará todas las comunicaciones y notificaciones 
que se deriven de procedimientos de evaluación de idoneidad a la entidad o a la 
sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera interesada, 
quien trasladará al candidato propuesto las comunicaciones que se refieran a él.
2. A fin de valorar la idoneidad, la autoridad competente considerará toda la 
información de que disponga y podrá:
a) Consultar a otros supervisores, españoles o extranjeros.
b) Entrevistar al evaluado.
c) Requerir más información o documentación.
d) Utilizar cualquier otro medio que considere conveniente para comprobar 
que el candidato reúne los requisitos de idoneidad y que la información aportada 
es veraz.
3. La autoridad competente emitirá una evaluación negativa, con la debida 
motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si 
durante el proceso de evaluación se aporta información falsa o engañosa, o se 
omite información relevante, o no se subsanan las deficiencias identificadas 
durante el proceso a requerimiento de la autoridad competente.
En esos casos, y con carácter previo a la adopción de la resolución, la 
autoridad competente lo comunicará a la entidad o sociedad y concederá un plazo 
de quince días hábiles para la formulación de alegaciones.
Si el resultado de la evaluación es positivo, la autoridad competente también lo 
comunicará a la entidad o sociedad para que, una vez que el candidato haya sido 
nombrado y en el plazo máximo de quince días hábiles desde su aceptación, 
proceda a solicitar su inscripción en el Registro de Altos Cargos, en su caso, que 
se tramitará en procedimiento separado y posterior al procedimiento de evaluación 
de idoneidad.
El Banco de España procederá entonces a inscribir a la persona nombrada en 
el Registro de Altos Cargos, y notificará este hecho.
4. Las entidades y sociedades a que se refiere la norma 30 deberán 
comunicar a la autoridad competente cualquier circunstancia relevante que, 
durante el ejercicio de la actividad de una persona ya inscrita en el Registro de 
Altos Cargos, afecte al cumplimiento de cualquiera de los requisitos de idoneidad 
establecidos en la norma 32, apartados 1 y 2, así como las incompatibilidades 
establecidas en la norma 34. La comunicación de la circunstancia relevante se 
acompañará de una evaluación de idoneidad en la que las entidades y sociedades 
a que se refiere la norma 30 analicen y justifiquen el cumplimiento específico de 
los requisitos de idoneidad que pudieran verse afectados a la luz de las 
circunstancias comunicadas. La comunicación deberá realizarse en un plazo 
máximo de quince días hábiles desde que se tuviera –o debiera haberse tenido– 
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conocimiento del hecho. La autoridad competente evaluará si dichos cambios 
afectan al resultado de la evaluación realizada previamente.»
Veinticinco.  Se modifica la norma 34 «Régimen de incompatibilidades», que queda 
redactada como sigue:
«1.  En el caso de que el volumen total de activos de una entidad a nivel 
individual sea superior a 10.000 millones de euros a la fecha de cierre de los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores, los miembros del consejo de administración 
y los directores generales o asimilados de dicha entidad no podrán ocupar al 
mismo tiempo más cargos de los previstos en ninguna de las siguientes 
combinaciones:
a) Un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos.
b) Cuatro cargos no ejecutivos.
A estos efectos, en el caso de que, por nueva creación, no se disponga de 
datos sobre el volumen total de activos de dos ejercicios, se considerarán los 
datos de cierre de un ejercicio, y en caso de no existir, los datos de cierre del 
último trimestre.
Se entenderá por cargos ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de 
dirección, cualquiera que sea el vínculo jurídico que les atribuya estas funciones.
No obstante, la autoridad competente podrá autorizar a los miembros del 
consejo de administración y a los directores generales o asimilados a ocupar un 
cargo no ejecutivo adicional, si considera que ello no impide el correcto 
desempeño de sus actividades. Dicha autorización será comunicada a la ABE.
2. La limitación establecida en el apartado 1 resultará también de aplicación 
a los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y los 
directores generales o asimilados de las sociedades financieras de cartera y las 
sociedades financieras mixtas de cartera cuando superen dicho umbral.
3. En cualquier caso, salvo que dichos límites les apliquen por ser miembros 
del consejo de administración, directores generales o asimilados de otra entidad, 
sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera, no estarán 
sujetos a estos límites los miembros del consejo de administración y los directores 
generales o asimilados designados en una medida de sustitución de 
administradores de las previstas en el capítulo V del título III de la Ley 10/2014.
4. A los efectos del apartado anterior:
a) Se computará como un solo cargo el conjunto de los cargos ejecutivos o 
no ejecutivos ocupados dentro de un mismo grupo.
b) Se computará como un solo cargo el conjunto de los cargos ejecutivos o 
no ejecutivos ocupados dentro de entidades que formen parte del mismo sistema 
institucional de protección, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el 
artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
c) Se computará como un solo cargo el conjunto de los cargos ejecutivos o 
no ejecutivos ocupados dentro de sociedades mercantiles en las que la entidad 
posea una participación significativa, según esta se define en el artículo 4.1.(36) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
La existencia de un cargo ejecutivo en el cómputo conjunto de varios cargos 
determinará la calificación del cargo resultante del conjunto como ejecutivo.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 10/2014, 
para la determinación del número máximo de cargos previstos en el apartado 1 no 
se computarán los ostentados en organizaciones o entidades sin ánimo de lucro o 
que no persigan fines comerciales.»
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Veintiséis. Se modifica la norma 35, que queda redactada como sigue:
«Norma 35.  Procedimientos y requisitos relativos a los préstamos a los miembros 
del consejo de administración.
1. Los préstamos, incluyendo a estos efectos cualesquiera operaciones de 
crédito, avales y garantías, otorgados a los miembros del consejo de 
administración de las entidades de crédito se someterán a los requisitos 
establecidos en la presente norma. No tendrán la consideración de créditos, 
avales y garantías las operaciones transitorias, como descubiertos en cuenta o 
saldos deudores en tarjeta de crédito, siempre que el importe dispuesto se halle 
dentro de los límites usuales en este tipo de contratos.
2. De acuerdo con el artículo 29.7 de la Ley 10/2014, las entidades de crédito 
mantendrán actualizada a disposición del Banco de España la siguiente 
documentación e información en relación con las operaciones de préstamo que se 
otorguen a los miembros del consejo de administración:
a) Titular del préstamo y su DNI o NIF.
b) Tipo o naturaleza del préstamo y su importe, así como el importe total de 
las operaciones vivas realizadas con el mismo titular.
c) Información detallada de los términos y condiciones contractuales 
aplicables al préstamo, con expresión del plazo y el tipo de interés de la operación, 
las comisiones aplicables, las eventuales garantías personales y reales de la 
operación y otras condiciones materiales del préstamo.
d) Fecha de aprobación de la operación por el consejo de administración o el 
órgano de la entidad encargado de aprobar dichas operaciones.
e) Nombre del individuo u órgano encargado de aprobar dichas operaciones 
y su composición; en caso de que el órgano aprobador sea el órgano de 
administración, evidencia de que el acuerdo por el que se aprueba el otorgamiento 
del préstamo se ha adoptado sin la participación del consejero interesado.
f) Declaración acerca de si la operación ha sido concedida en condiciones 
similares a las de operaciones de igual naturaleza otorgadas a la clientela o a 
todos los empleados.
g) El tipo de interés medio de las operaciones de igual naturaleza concedidas 
en los últimos dos meses, y declaración de que la política de concesión de riesgos 
permite la aplicación a los miembros del consejo de administración de las 
condiciones otorgadas a los empleados.
Las entidades mantendrán la información y documentación a que se refiere 
este apartado de forma completa y debidamente actualizada.
La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, que se le 
remita la información anterior, así como cualquier otra información o 
documentación que considere necesaria para la adecuada supervisión de la 
entidad.
3. De acuerdo con el artículo 35 del Real Decreto 84/2015, las entidades de 
crédito deberán solicitar al Banco de España autorización para la concesión de 
créditos, avales y garantías a los miembros de su consejo de administración. A 
estos efectos, las solicitudes de autorización deberán formularse de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de la presente norma.
Transcurridos treinta días naturales desde la presentación de la solicitud sin 
que la autoridad competente hubiese adoptado resolución al respecto, podrá 
considerarse concedida la autorización. Cuando se hubiesen requerido datos 
adicionales al solicitante, el plazo se contará a partir del momento en que aquellos 
sean recibidos por la autoridad competente.
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4. La solicitud deberá incluir información detallada sobre:
a) El titular de la operación.
b) El cargo que desempeña en la entidad.
c) El importe de la operación.
d) El importe total de las operaciones vivas realizadas con el titular de la 
operación o con las personas indicadas en el artículo 35.2 del Real 
Decreto 84/2015.
e) El plazo de la operación.
f) El tipo de interés de la operación.
g) Las comisiones aplicables.
h) Las garantías de la operación.
i) Otras condiciones.
5. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a. Certificado del órgano aprobador con el siguiente contenido:
i. Declaración de que se ha analizado expresamente la operación y se ha 
concluido que no está exenta de autorización, al no cumplir con los requisitos de 
exención contemplados en artículo 35.2 del Real Decreto 84/2015.
ii. Términos en los que se haya valorado la operación, con indicación de la 
documentación que se haya revisado y el resultado de la valoración efectuada.
iii. Declaración de que la operación ha sido concedida en condiciones 
similares a las de operaciones de igual naturaleza otorgadas a la clientela o a 
todos los empleados.
iv. Declaración de que el procedimiento de seguimiento que se aplicará a la 
operación aprobada será el establecido con carácter general para operaciones de 
la misma naturaleza.
v. Declaración expresa de que la operación no afecta a la gestión sana y 
prudente de la entidad ni al correcto cumplimiento de la normativa de ordenación y 
disciplina.
En caso de que el órgano aprobador sea el órgano de administración y el 
interesado sea un miembro de dicho consejo, declaración de que el acuerdo se ha 
adoptado sin la participación del interesado.
b. Informe del departamento de cumplimiento normativo o de auditoría 
interna, según proceda, que incluya:
i. Confirmación de que la operación ha sido aprobada por el órgano 
competente siguiendo el procedimiento de análisis y valoración correspondiente 
para operaciones de la misma naturaleza.
ii. Confirmación de que la operación no interfiere en el adecuado reparto de 
responsabilidades dentro de la organización.
iii. Confirmación de que las características de la operación cuya autorización 
se solicita, en particular en cuanto a importe, plazo, tipo de interés y garantías se 
refiere, son coherentes con la política de riesgos aprobada por el consejo de 
administración.
6. La autoridad competente evaluará la solicitud de autorización a la vista de 
la documentación anterior y de los datos de que disponga, en su caso, sobre el 
historial de crédito del interesado.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 del Real 
Decreto 84/2015, las operaciones que no requieran de la autorización a que se 
alude en el apartado 3 de esta norma deberán comunicarse al Banco de España 
inmediatamente después de su concesión. En la comunicación que se remita al 
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Banco de España deberá constar la información señalada en el apartado 4 de la 
presente norma.»
Veintisiete. Se introduce la norma 35 bis con la siguiente redacción:
«Norma 35 bis.  Procedimientos y requisitos relativos a los préstamos a los 
directores generales o asimilados de la entidad de crédito.
De acuerdo con el artículo 35.1 y 35.2 del Real Decreto 84/2015, los 
préstamos otorgados a los directores generales o asimilados de la entidad de 
crédito se someterán a los mismos procedimientos y requisitos establecidos para 
los préstamos a los miembros del consejo de administración previstos en los 
apartados 3 a 7 de la norma 35.
A los efectos de esta norma, las operaciones de préstamo serán las mismas 
que se establecen en el apartado 1 de la norma 35.»
Veintiocho. Se introduce la norma 35 ter con la siguiente redacción:
«Norma 35 ter. Procedimientos y requisitos relativos a los préstamos a las partes 
vinculadas a los miembros del consejo de administración de la entidad de 
crédito.
De acuerdo con el artículo 29.7 de la Ley 10/2014, los préstamos otorgados a 
las partes vinculadas a los miembros del consejo de administración de la entidad 
de crédito se someterán a los mismos procedimientos y requisitos establecidos 
para los préstamos a los miembros del consejo de administración en el apartado 2 
de la norma 35. Asimismo, además de lo establecido en dicho apartado, las 
entidades deberán:
a) indicar la relación personal o societaria que determina su consideración 
como parte vinculada y la identificación del consejero respecto del cual el titular es 
parte vinculada;
b) indicar el importe total de las operaciones vivas realizadas con otras 
partes vinculadas al mismo consejero, y
c) mantener evidencia de que el acuerdo por el que se aprueba el 
otorgamiento del préstamo se ha adoptado sin la participación del consejero 
respecto del cual el acreditado es parte vinculada.
A los efectos de esta norma, las referencias realizadas en el apartado 2 de la 
norma 35 a los miembros del consejo de administración se entenderán hechas a 
las partes vinculadas a ellos, y las operaciones de préstamo serán las mismas que 
se establecen en el apartado 1 de la norma 35.»
Veintinueve. Se introduce la norma 35 quater con la siguiente redacción:
«Norma 35 quater . Otras obligaciones de comunicación a la autoridad 
competente relativas a los préstamos a los miembros del consejo de 
administración y sus partes vinculadas y a los directores generales o 
asimilados de la entidad de crédito.
Las entidades de crédito comunicarán a la autoridad competente, con una 
periodicidad semestral, una relación de los miembros del consejo de 
administración y sus partes vinculadas, directores generales y asimilados a los 
que se les hubieran concedido préstamos, indicando el DNI o NIF del acreditado, 
en su caso, el cargo que desempeñe y, en el caso de ser consejero, si es o no 
ejecutivo, y, en el caso de ser una parte vinculada a un consejero, la relación 
personal o societaria que determine la comunicación. Asimismo, se desglosará 
entre créditos, por un lado, y avales y garantías, por otro.
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La comunicación a que se refiere este apartado indicará los importes 
concedidos en el semestre, en su caso, y los saldos vivos en la fecha de cierre del 
semestre.
A los efectos de esta norma, las operaciones de préstamo serán las mismas 
que se establecen en el apartado 1 de la norma 35.
No se incluirán en la relación las sociedades integradas en el propio grupo 
económico de la entidad declarante, salvo que tengan la consideración de partes 
vinculadas a los consejeros.»
Treinta. Se modifica la norma 36, que queda redactada como sigue:
«Norma 36.  Aplicación y personal sujeto a las normas de remuneraciones.
1. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32.6 de la Ley 10/2014, los 
requisitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 36 de la Ley 10/2014 y su 
normativa de desarrollo serán aplicables en base consolidada al personal de las 
filiales que realice actividades profesionales que tengan una incidencia 
significativa directa en el perfil de riesgo o el negocio de las entidades del grupo, 
ya estén las filiales a las que pertenezcan en la UE o en un tercer país, 
independientemente de si dichas filiales están sujetas, o lo estarían si estuvieran 
establecidas en la Unión Europea, a requisitos de remuneración específicos de 
conformidad con otros actos jurídicos de la Unión Europea.
2. Lo dispuesto en las normas 38 a 42 de esta sección será únicamente 
aplicable al colectivo identificado, según se define en la norma 1, con la salvedad 
de la norma 42.1, que se aplicará a los administradores y directivos de las 
entidades contempladas en ella.»
Treinta y uno.  Se introduce en la norma 37 «Informe anual de evaluación interna 
sobre la política de remuneraciones» una nueva letra con la siguiente redacción:
«g) Aplicación de la política no discriminatoria en cuanto al género.»
Treinta y dos.  Se modifica el segundo apartado de la norma 38 «Personal 
perteneciente al colectivo identificado», que queda redactado como sigue:
«2.  Las entidades deberán contar con procedimientos internos adecuados 
para determinar la composición del colectivo identificado, que incluirán tanto 
criterios internos de selección, complementarios a los indicados en el artículo 32.1 
de la Ley 10/2014 y en el Reglamento Delegado (UE) n.º 2021/923, como criterios 
de exclusión, a partir de la identificación de actividades que se considere que no 
tienen una incidencia importante en su perfil de riesgos, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 6.2 del citado reglamento delegado.
No obstante, las posibles exclusiones del colectivo identificado (sin omitir las 
de personas inicialmente incluidas) requerirán la previa aprobación de la autoridad 
competente, en los términos que se establecen en los apartados 3 y 4 del 
artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2021/923.»
Treinta y tres.  Se añade un nuevo apartado 7 a la norma 39 «Política de 
remuneraciones», con la siguiente redacción:
«7.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 10/2014, el 
umbral al que se refiere la letra a) del artículo 34.2 de la Ley 10/2014 se reducirá a 
cero y los requisitos establecidos en las letras l) y m) y en el segundo párrafo de la 
letra ñ) del artículo 34.1 de la Ley 10/2014 no serán de aplicación a aquellas 
entidades que, no teniendo la consideración de entidad grande de acuerdo con el 
artículo 4.1.146) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, en base consolidada, sean calificadas como 
entidad pequeña y no compleja de conformidad con el artículo 4.1.145) del 
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Reglamento (UE) n.º 575/2013. En ningún caso, la exención aplicará a entidades 
que superen el umbral de 5.000 millones de euros de activo al que se refiere la 
letra a) del artículo 34.2 de la Ley 10/2014 o que pertenezcan a una entidad 
grande.»
Treinta y cuatro. Se modifica la norma 43, que queda redactada como sigue:
«Norma 43.  Requisitos generales aplicables a la delegación de la prestación de 
servicios o del ejercicio de funciones.
1. La delegación de prestación de servicios o del ejercicio de funciones por 
parte de las entidades en un proveedor de servicios tercero, incluyendo 
proveedores pertenecientes al mismo grupo de la entidad, se regirá por lo 
establecido en el artículo 22 del Real Decreto 84/2015 y por lo establecido en la 
presente sección.
2. En la elección de proveedores de servicios o funciones, sean o no 
esenciales, las entidades deberán valorar, entre otros factores que puedan ser 
relevantes en cada caso, la calidad, la experiencia y la estabilidad de los 
proveedores, incluyendo, a estos efectos, sin limitación, su solvencia financiera y 
grado de continuidad en la prestación de los servicios, su reputación en el 
mercado y el grado en que estos cumplen con las leyes y normas más relevantes 
que les son de aplicación. En particular, deberá valorarse el modo en que se 
cumple con las normas de prevención de blanqueo de capitales y de protección a 
la clientela.
3. Las entidades vigilarán que sus propios planes de contingencia incluyan y 
contemplen adecuadamente los servicios o funciones que hayan sido objeto de 
delegación, en particular los que tengan carácter esencial, y establecerán 
alternativas a la delegación contratada.
4. La delegación de la prestación de servicios o de funciones, sean o no 
esenciales, no puede resultar en la obstaculización de las facultades de 
supervisión de la autoridad competente ni en la dependencia excesiva de la 
entidad respecto al proveedor de los servicios.»
Treinta y cinco. Se introduce la norma 43 bis, con la siguiente redacción:
«Norma 43 bis.  Definición de servicios o funciones esenciales.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.5 del Real 
Decreto 84/2015, y a los efectos de lo establecido en esta sección, se entenderá 
que un servicio o función es esencial si una deficiencia o anomalía en su ejecución 
puede, bien afectar de modo considerable a la capacidad de la entidad de crédito 
para cumplir permanentemente las condiciones y obligaciones que se derivan de 
su autorización y del régimen establecido en la Ley 10/2014, bien afectar a sus 
rendimientos financieros, a su solvencia o a la continuidad de su actividad. El 
término función esencial se entenderá equivalente al término funciones esenciales 
o importantes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá, en todo 
caso, que un servicio o función es esencial cuando:
a) esté relacionado con la ejecución de las funciones de control interno de la 
entidad, a menos que la evaluación determine que un fallo en la realización de la 
función delegada o la realización inadecuada de la función delegada no 
repercutiría negativamente en la eficacia de la función de control interno,
b) sean funciones relativas a actividades que requieren autorización de la 
autoridad competente.
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3. A los efectos de evaluar si un acuerdo de delegación afecta a un servicio o 
una función esencial, las entidades deberán considerar, al menos, los siguientes 
factores:
a) Si el acuerdo de delegación está directamente relacionado con la 
prestación de las actividades o servicios para los que las entidades están 
autorizadas o si el servicio o función objeto de delegación afecta a actividades, 
procesos o servicios relativos a ramas de actividad principales de la entidad. A los 
efectos de lo establecido en esta circular, se entenderá por ramas de actividad 
principales aquellas a las que se refieren la Ley 11/2015 y su normativa de 
desarrollo.
b) El impacto potencial de cualquier interrupción o disrupción en la prestación 
del servicio o desarrollo de la función por parte del proveedor, o la incapacidad del 
proveedor para prestar el servicio con los niveles de servicio acordados y de forma 
continuada, especialmente cuando pudiera afectar a su resiliencia y viabilidad 
financieras, a la continuidad de sus actividades, a su riesgo operacional, 
incluyendo el riesgo de conducta y legal, a la reputación de la entidad o, cuando 
proceda, a la continuidad de sus actividades en situación de actuación temprana, 
recuperación o resolución.
c) El impacto potencial del acuerdo de delegación sobre su capacidad para 
identificar, supervisar y gestionar todos los riesgos relacionados con el servicio o la 
función objeto de delegación, cumplir todos los requisitos legales y regulatorios 
que resulten aplicables a la entidad, y llevar a cabo auditorías adecuadas de la 
función delegada.
d) El impacto potencial sobre los servicios prestados a los clientes de la 
entidad.
e) Todos los acuerdos de delegación que haya suscrito la entidad, la 
exposición agregada de la entidad frente a un mismo proveedor de servicios y el 
potencial impacto acumulado de los acuerdos de delegación en la misma área de 
negocio.
f) El tamaño y la complejidad de cualquier área de negocio afectada por el 
servicio o función objeto de delegación.
g) La posibilidad de que pudieran ampliarse las prestaciones del servicio sin 
hacer ninguna novación del contrato subyacente.
h) La capacidad para transferir o ceder el acuerdo de delegación a otro 
proveedor de servicios, si fuera necesario o deseable, tanto desde el punto de 
vista contractual como en la práctica, incluidos los riesgos estimados, los 
impedimentos que afectan a la continuidad de las actividades, los costes y el plazo 
para dicha transferencia.
i) La capacidad para reincorporar la función delegada en la entidad.
j) El impacto de la delegación en la protección de datos y el impacto potencial 
de una vulneración de la confidencialidad o de la incapacidad para garantizar la 
disponibilidad e integridad de los datos personales o confidenciales sobre la 
entidad.»
Treinta y seis. Se introduce la norma 43 ter con la siguiente redacción:
«Norma 43 ter. Política de delegación.
1. Las entidades que tengan acuerdos de delegación o tengan previsto 
celebrar dichos acuerdos deberán contar con una política de delegación aprobada 
por su consejo de administración, sujeta a expresas actualizaciones periódicas, 
que serán realizadas como mínimo cada dos años.
2. La política de delegación deberá especificar, asimismo, una unidad de 
control responsable de la documentación, gestión, seguimiento y control de los 
acuerdos de delegación.
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3. En el desarrollo de esta política, la entidad deberá evaluar el potencial 
impacto de cualquier riesgo en que incurra y especificar la gestión que, en el caso 
de delegación de funciones esenciales, aplicará a estos. Al menos, deberá 
considerarse:
a) El riesgo de incumplimiento de las normas que regulan la actividad de la 
entidad y de las normas más relevantes que son de aplicación al proveedor del 
servicio.
b) El riesgo derivado de la concentración de múltiples acuerdos con un 
mismo proveedor o proveedores vinculados o de múltiples servicios o proveedores 
en una misma región geográfica.
c) El riesgo de dependencia excesiva de la entidad frente a un mismo 
proveedor o proveedores vinculados, aunque no exista concentración de servicios 
en ellos.
d) El riesgo que pueda derivarse de la necesidad de la entidad de 
proporcionar apoyo financiero a un proveedor de servicios en una situación de 
estrés financiero o de asumir sus operaciones de negocio.
e) El riesgo inherente al país en el que esté radicado el proveedor del 
servicio.
f) El riesgo reputacional derivado de las prácticas seguidas por el proveedor 
del servicio que pudieran generar en los clientes, los inversores, el supervisor o el 
mercado en general una opinión negativa sobre la entidad.
g) El riesgo operacional, incluyendo, en su caso, el riesgo de conducta, los 
riesgos ligados a las tecnologías de la información y la comunicación, y el riesgo 
legal, debido a fallos en la prestación del servicio por parte del proveedor, como 
consecuencia, entre otros factores, de la inadecuación de los procesos, los 
sistemas internos o el personal asignado.
h) Los riesgos relacionados con la subcontratación de servicios o funciones 
esenciales y la delegación en cadena.
i) Los riesgos relacionados con la localización en la que se conservarán y 
tratarán los datos pertinentes relacionados con la delegación, incluidos los 
posibles efectos de la legislación aplicable al proveedor y su cadena de 
delegación.»
Treinta y siete. Se introduce la norma 43 quater con la siguiente redacción:
«Norma 43 quater . Delegación de servicios o funciones esenciales.
1. El consejo de administración deberá asegurarse de que se cumplen los 
requisitos establecidos en su política en relación con la delegación de servicios o 
funciones esenciales mediante la recepción de informes de seguimiento, 
elaborados por el departamento interno correspondiente. La función de auditoría 
interna revisará el contenido de estos informes, que podrán variar tanto en su 
frecuencia como en su profundidad, en función de la naturaleza o de la 
esencialidad de los servicios o funciones delegados, pero que habrán de evaluar 
tanto los riesgos como los beneficios obtenidos con la delegación, y deberán ser 
actualizados, como mínimo, anualmente.
2. Los contratos de delegación de funciones esenciales deberán:
a) Incluir una cláusula que contemple el acceso directo y sin restricciones de 
la entidad y de las autoridades competentes, y cualquier otra persona nombrada 
por ellas, a la información de la entidad de crédito en poder de los proveedores, 
así como la posibilidad de verificar, en los propios locales de estos, la idoneidad de 
los sistemas, herramientas o aplicaciones utilizados en la prestación de los 
servicios o funciones delegados. Si se permite la subcontratación de una función 
esencial o importante, o de partes significativas de ella, las entidades exigirán que 
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sus proveedores incluyan esta cláusula en los contratos de todos los 
subcontratistas a lo largo de la cadena de subcontratación que presten servicios 
materiales en relación con la función esencial o importante delegada, de tal 
manera que los subcontratistas garanticen a la entidad y a la autoridad 
competente los mismos derechos contractuales de acceso y auditoría que los 
concedidos por el proveedor de servicios.
b) Permitir el desistimiento y prever que los costes para la entidad de dicho 
desistimiento sean razonables.
c) Establecer si se permite la subcontratación de una función esencial, o de 
partes significativas de ella, y, de ser así, las condiciones a las que está sujeta 
dicha subcontratación.
d) Incluir la exigencia de que el proveedor de los servicios disponga de un 
plan de contingencia actualizado y puesto a prueba de forma regular que permita 
mantener su actividad y limitar las pérdidas de la entidad en caso de incidencias 
graves.
Adicionalmente, deberá incluirse una cláusula que especifique la jurisdicción 
del país a la que estará sujeto el contrato, de forma que la entidad valore los 
potenciales riesgos legales en que pudiera incurrir en caso de conflicto.»
Treinta y ocho. Se introduce la norma 43 quinquies con la siguiente redacción:
«Norma 43 quinquies . Limitaciones a la delegación de servicios o funciones.
En función de la naturaleza o esencialidad de algunas funciones o servicios, o 
de sus efectos en el régimen de gobierno interno de la entidad, la autoridad 
competente podrá establecer limitaciones a la delegación, a cuyo efecto tendrá en 
consideración, entre otros aspectos, la política de delegación que tenga 
establecida la entidad, su estructura organizativa, su entorno de control interno y 
las implicaciones de la delegación en relación con el ejercicio de la función 
supervisora de la autoridad competente.»
Treinta y nueve. Se introduce la norma 43 sexies  con la siguiente redacción:
«Norma 43 sexies . Obligaciones de comunicación a la autoridad competente en 
materia de delegación de servicios o funciones.
1. Las entidades deberán presentar una comunicación previa a la autoridad 
competente, con una antelación mínima de dos meses a la prestación del servicio 
de forma efectiva por parte del proveedor, informando la delegación prevista de 
funciones esenciales. Dicha comunicación previa deberá estar acompañada de la 
siguiente documentación:
a) El correspondiente análisis de riesgos, las medidas de control y 
mitigadoras de los riesgos y el riesgo residual aceptado por la entidad que, en su 
caso, procedan.
b) La política de delegación vigente de la entidad y evidencia de su 
aprobación por el consejo de administración.
c) Análisis de la fórmula o diseño de delegación en el que se examinen los 
beneficios y riesgos involucrados en relación con la delegación de servicios o 
funciones, así como la descripción de la solución adoptada y evidencia de la 
aprobación de la delegación por el órgano correspondiente de la entidad.
d) Contrato de delegación o el borrador de contrato de delegación en su 
versión más definitiva posible y, en su caso, el acuerdo de nivel de servicio 
pactado con el proveedor de servicios en el que la entidad delega o pretende 
delegar la función esencial. En caso de haber facilitado un borrador, tras la firma 
del contrato, la entidad enviará a la autoridad competente el contrato firmado en el 
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plazo de 15 días, sin perjuicio de que la autoridad competente pueda requerir ese 
contrato en cualquier momento.
e) Plan de salida o, en su caso, de reincorporación de la función o servicio 
objeto de delegación.
f) Cualquier otra información o documentación que la autoridad competente 
juzgue necesaria para valorar la delegación.
2. Las entidades deberán comunicar formal e inmediatamente a la autoridad 
competente cada vez que una función no esencial que haya sido objeto de 
delegación hubiese devenido una función esencial.»
Cuarenta. Se introduce la norma 43 septies con la siguiente redacción:
«Norma 43 septies . Registro de acuerdos de delegación.
1. Las entidades deberán mantener un registro actualizado con información 
sobre todos sus acuerdos de delegación y, cuando proceda, a nivel 
subconsolidado y consolidado, diferenciando entre la delegación de servicios o 
funciones esenciales y la de los servicios o funciones no esenciales.
2. El registro al que se refiere el párrafo anterior deberá incluir, al menos, la 
siguiente información para todos los acuerdos de delegación:
a) Un número de referencia o identificación para cada acuerdo.
b) La fecha de entrada en vigor y, en su caso, la próxima fecha de 
renovación del contrato, la fecha de finalización y los plazos de preaviso para el 
proveedor de servicios y para la entidad.
c) Una breve descripción de la función o servicio objeto de la delegación, 
incluidos los datos implicados en la delegación y, en particular, si se han 
transferido o no datos personales o si su tratamiento se ha delegado en un 
proveedor de servicios.
d) Una categoría asignada por la entidad que refleje la naturaleza de la 
función o servicio.
e) El nombre del proveedor de servicios, su número de registro, el 
identificador de entidad jurídica, cuando se disponga de él, el domicilio social, otra 
información de contacto pertinente, y, cuando proceda, el nombre de su entidad 
matriz.
f) El país o los países en los que se desarrollará la delegación, incluidas las 
localizaciones en las que se tratarán o almacenarán los datos.
g) Si el servicio o la función objeto de la delegación se considera esencial o 
no, así como, en su caso, las razones que justifican dicha clasificación.
h) En el caso de delegación a un proveedor de servicios en la nube, el 
modelo de servicio en la nube, el modelo de despliegue y los países o regiones 
utilizados.
i) La fecha de la última evaluación de la esencialidad del servicio o de la 
función objeto de delegación.
3. Además de la información prevista en el párrafo 2 de la presente norma, 
en el caso de los acuerdos de delegación que tengan por objeto servicios o 
funciones esenciales, el registro deberá incluir, como mínimo, la siguiente 
información adicional:
a) Las entidades y otras empresas pertenecientes al grupo consolidable de la 
entidad o que formen parte del sistema institucional de protección, cuando 
proceda, que hacen uso del mismo acuerdo de delegación.
b) Si el proveedor de servicios o subcontratista forma parte del grupo 
consolidable de la entidad de crédito o del mismo sistema institucional de 
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protección o pertenece a las entidades del grupo consolidable o que forman parte 
del sistema institucional de protección, o no.
c) La fecha del último análisis de riesgos efectuado y un breve resumen de 
los principales resultados derivados de dicho análisis.
d) La persona u órgano de la entidad que aprobó la delegación.
e) El derecho aplicable por el que se rige el acuerdo de delegación.
f) Las fechas de las auditorías más recientes realizadas por la entidad al 
proveedor de servicios y de las próximas auditorías programadas, en su caso.
g) Cuando proceda, los nombres de los subcontratistas a los que se hayan 
subcontratado partes significativas del servicio o la función esencial, incluido el 
país en que están registrados los subcontratistas, el país en el que se prestará el 
servicio y, si procede, la localización en la que se almacenarán los datos.
h) El resultado de la evaluación de la sustituibilidad del proveedor de 
servicios, la posibilidad de reincorporar el servicio o la función esencial en la 
entidad, o el impacto de interrumpir el servicio o la función esencial.
i) Identificación de proveedores de servicios alternativos.
j) Si el servicio o la función esencial objeto de delegación asiste a 
operaciones de negocio en las que la disponibilidad es un factor crítico.
k) El presupuesto anual estimado relacionado con la delegación del servicio 
o función esencial.
l) Fecha en la que se realizó la última comunicación formal a la autoridad 
competente a la que se refiere la norma 43 sexies  anterior.»
Cuarenta y uno. En la norma 45 «Proceso de revisión y evaluación supervisora», se 
realizan las siguientes modificaciones:
a) En el apartado 2, se elimina la letra k).
b) Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
«3.  De conformidad con los artículos 68, 68 bis, 69 y 69 bis de la 
Ley 10/2014, el proceso de revisión y evaluación supervisora podrá dar como 
resultado la adopción por parte de la autoridad competente de una decisión 
respecto al nivel mínimo de capital de la entidad.
Asimismo, cuando de dicha revisión y evaluación resulte que una entidad no 
disponga de procedimientos adecuados de gobierno interno, de políticas y 
prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión de riesgo 
sólida y efectiva, o resulte inadecuado su proceso de autoevaluación del capital, la 
referida entidad deberá subsanar las deficiencias advertidas y cumplir con las 
medidas que, en su caso, adopte la autoridad competente en virtud de lo 
establecido en los artículos 68.2 y 68 bis.3 de la Ley 10/2014. A tal efecto, la 
entidad elaborará, cuando así le sea requerido, un programa de cumplimiento y 
adecuación del capital, que presentará para su aprobación a la autoridad 
competente, en los casos y términos previstos en el artículo 57 del Real 
Decreto 84/2015.»
c) Se elimina el apartado 4.
Cuarenta y dos.  En la norma 48 «Riesgo de titulización», se modifica la letra c), que 
queda redactada como sigue:
«c)  Las entidades originadoras de titulizaciones que pretendan aplicar el 
tratamiento establecido en los artículos 244, 245 y 246 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 para calcular sus requerimientos de capital en relación con dichas 
titulizaciones deberán notificar al Banco de España la información solicitada en la 
norma 66 de esta circular.»
Cuarenta y tres. Se elimina la norma 50 «Riesgo de tipo de interés del balance».
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Cuarenta y cuatro.  En la norma 51 «Riesgo de liquidez», se modifica la letra b), que 
queda redactada como sigue:
«b) Las metodologías desarrolladas para la identificación, medición, gestión y 
seguimiento de las posiciones de financiación englobarán los flujos de tesorería, 
actuales y previstos, derivados de activos, pasivos y partidas de fuera de balance, 
incluidos los pasivos contingentes y la posible incidencia del riesgo reputacional.
En particular, las entidades establecerán procedimientos internos adecuados 
para disponer de información, individual y consolidada, suficiente para valorar su 
estructura de financiación a corto, medio y largo plazo, incluyendo la clasificación 
de todos los activos y pasivos por plazos de vencimiento, los efectos sobre la 
liquidez de los compromisos, productos derivados y demás compromisos fuera de 
balance y las características de su estructura de financiación en los mercados.
Los procedimientos internos deberán ser capaces de proporcionar información 
que permita a la entidad asignar distintos niveles de estabilidad a los depósitos 
minoristas, atendiendo a parámetros como la cobertura por un fondo de garantía 
de depósitos, el valor o la sofisticación del depósito, el canal de contratación 
(Internet…) o su contratación en moneda extranjera. Igualmente, las entidades 
habrán de poder identificar, entre sus clientes mayoristas, a aquellos con los que 
se mantiene una relación operativa estable. Para cualquier operación de 
financiación otorgada o recibida que esté colateralizada, deberá poder distinguirse 
en función del tipo de colateral.»
Cuarenta y cinco.  En la norma 56 «Concentración de riesgos», se modifica el 
apartado 1, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Para dar cumplimiento a los requerimientos de información establecidos 
en el artículo 9 del Real Decreto 1332/2005 y el Reglamento Delegado (UE) n.º 
2015/2303, las entidades obligadas de los grupos a que se refiere la norma 54.2 
deberán informar al coordinador de la supervisión del conglomerado financiero de 
todos aquellos riesgos que, agregados al nivel del conglomerado financiero, 
superen el 10 % de los fondos propios de dicho conglomerado financiero, y, en 
cualquier caso, de los veinte mayores riesgos agregados. A tal fin, se deberá 
remitir semestralmente al coordinador de la supervisión del conglomerado 
financiero una relación de dichos riesgos, en la que consten, al menos, la 
identificación del cliente o grupo con que se mantiene la exposición y la naturaleza 
de las exposiciones (directa/indirecta, instrumentos de deuda, instrumentos de 
renta variable, derivados, fuera de balance), así como el efecto en el importe de la 
exposición de los ajustes de valor y provisiones y de las técnicas de mitigación de 
riesgos.»
Cuarenta y seis.  En la norma 57 «Operaciones intragrupo», se modifica el 
apartado 1, que queda redactado de la siguiente forma:
«1.  Para dar cumplimiento a los requerimientos de información establecidos 
en el artículo 8 del Real Decreto 1332/2005 y el Reglamento Delegado (UE) n.º 
2015/2303, las entidades obligadas de los grupos a que se refiere la norma 54.2 
deberán informar al coordinador de la supervisión del conglomerado financiero de 
todas aquellas operaciones intragrupo realizadas por entidades reguladas del 
sector bancario y de servicios de inversión o entidades reguladas del sector de 
seguros, con cualesquiera otras contrapartes del otro sector y que superen el 5 % 
de los fondos propios de dicho conglomerado financiero. A tal fin, los mencionados 
grupos deberán remitir semestralmente al coordinador de la supervisión del 
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conglomerado financiero una relación de dichas operaciones, en la que conste, al 
menos, la siguiente información para cada transacción:
a) Identificación de la entidad regulada implicada en la operación, que incluya 
referencia a su pertenencia al sector bancario y de servicios de inversión o al 
sector de seguros, y porcentaje de participación.
b) Identificación de la contraparte, que incluya referencia a su pertenencia al 
sector bancario y de servicios de inversión o al sector de seguros, porcentaje de 
participación y naturaleza de entidad regulada, no regulada, financiera o no 
financiera o persona física.
c) Información referida a la operación, que incluya su naturaleza (préstamo, 
garantía, fondos propios, inversión, aseguramiento, transacciones comerciales, 
etc.), importe vivo de la operación, precio de contratación y dimensión temporal de 
la operación.
Cuando la entidad regulada o su contraparte hayan recibido un código 
identificativo en la información que han de remitir sobre concentración de riesgos, 
se consignará dicho código para su mejor identificación.»
Cuarenta y siete.  Se modifica la norma 60 «Información sobre gobierno corporativo 
y política de remuneraciones en la página web de las entidades de crédito», con la 
siguiente redacción:
«Sin perjuicio de los requisitos de divulgación establecidos en la parte octava 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la página web a que se refiere el artículo 29.5 
de la Ley 10/2014 y el artículo 37 del Real Decreto 84/2015 ofrecerá, al menos, la 
siguiente información:
a) Los estatutos sociales.
b) Los reglamentos y otras normas de organización de sus órganos de 
gobierno y, en su caso, de las comisiones del consejo de administración.
c) La estructura organizativa de la entidad, las líneas de responsabilidad en 
la toma de decisiones, el reparto de funciones en la organización y los criterios 
para la prevención de conflictos de intereses, incluyendo una descripción de los 
procedimientos internos relativos a la concesión de préstamos a los miembros del 
consejo de administración y a las partes vinculadas a estos.
d) Los procedimientos establecidos para la identificación, medición, gestión, 
control y comunicación interna de los riesgos a los que esté o pueda estar 
expuesta la entidad.
e) Los mecanismos de control interno de la entidad, incluyendo los 
procedimientos administrativos y contables.
f) La composición del consejo de administración y la identificación de los 
consejeros ejecutivos, no ejecutivos e independientes.
g) La identificación de las personas que ejercen los cargos de presidente del 
consejo de administración y de consejero delegado. En el caso de que la autoridad 
competente haya autorizado que una misma persona ejerza ambos cargos 
simultáneamente, se deberá indicar esta circunstancia y la justificación formulada 
por la entidad para la existencia de la dualidad de funciones en una misma 
persona.
h) La composición del comité de nombramientos y del comité de 
remuneraciones o, en su caso, del comité conjunto de nombramientos y 
remuneraciones, y las funciones atribuidas a cada uno de estos órganos.
i) La composición del comité de riesgos y del comité de auditoría o, en su 
caso, de la comisión mixta de riesgos y auditoría, incluyendo una descripción de 
las funciones atribuidas a cada uno y la identificación del director de la unidad de 
riesgos.
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j) Mención expresa a que los nombramientos de miembros del consejo de 
administración y directores generales o asimilados se han adoptado con informe 
favorable del comité de nombramientos o, en su caso, del comité de 
nombramientos y remuneraciones.
k) En relación con el colectivo identificado según se define en la norma 1, se 
publicará, además de la información contemplada en el artículo 450 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, la información siguiente:
i. Descripción de las categorías del personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera significativa en el perfil de riesgo, con independencia del tipo de 
relación laboral de los empleados que las desempeñen, común o de alta dirección, 
y el número de personas identificadas en cada una de las categorías.
ii. Las medidas previstas para ajustar la remuneración en caso de 
desempeño inferior al esperado.
iii. Descripción de los criterios utilizados en la determinación de la 
remuneración para tomar en consideración los riesgos presentes y futuros, 
indicando los riesgos específicos tenidos en cuenta, las medidas usadas para 
valorarlos, el modo en que dichas medidas afectan a la remuneración y, en su 
caso, los cambios en estos criterios realizados en el ejercicio correspondiente.
iv. Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones pagadas 
durante el ejercicio precedente a los miembros del órgano encargado de 
supervisar la remuneración, de ser este distinto al consejo de administración.
v. Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada 
por el ámbito de actividad de la entidad de crédito en el que presten servicios, 
según se trate de actividades de “banca de inversión” (que incluirá en todo caso 
las áreas de finanzas corporativas, capital riesgo y mercados de capitales), “banca 
comercial”, “área de gestión de activos” y “resto”.
vi. En su caso, los términos en que la junta general de accionistas u órgano 
equivalente haya aprobado una remuneración variable superior al 100% de la 
remuneración fija, indicando el porcentaje máximo fijado, la recomendación 
emitida por el consejo de administración y el personal afectado por la medida.
l) En relación con los miembros del consejo de administración, se publicará la 
información siguiente:
i. Información sobre el resultado del sometimiento a la votación de la junta 
general de accionistas u órgano equivalente de la política de remuneraciones de 
los miembros del consejo de administración, indicándose el cuórum existente, el 
número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra, y el número 
de abstenciones.
ii. Remuneración total devengada por cada uno de los miembros del consejo 
de administración en cada ejercicio económico, con un desglose individualizado 
por conceptos retributivos; todo ello en los términos previstos en el artículo 37 del 
Real Decreto 84/2015. En el caso de entidades significativas de acuerdo con la 
norma 1 de esta circular, la información cuantitativa individualizada se 
proporcionará con el desglose al que hace referencia el artículo 450.1.h) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.
m)  Información sobre los procedimientos establecidos para asegurar la 
idoneidad de las personas referidas en la norma 30, así como sobre los 
mecanismos dispuestos para cumplir con las normas sobre incompatibilidades.»
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Cuarenta y ocho.  En la norma 62 «Disposiciones generales», se realizan las 
siguientes modificaciones:
a) Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
«3.  Además de las obligaciones de remisión de estados al Banco de España 
establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2021/451, el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2021/453 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/2070, en 
su caso, las entidades remitirán al Banco de España los estados regulados en el 
presente capítulo de esta circular.»
b) Se modifica el apartado 6, que queda redactado como sigue:
«6.  La presentación de estados al Banco de España deberá hacerse 
mediante transmisión telemática, de conformidad con las especificaciones técnicas 
que se comuniquen al efecto.
Con independencia de la responsabilidad de la entidad y de los miembros de 
su consejo de administración con respecto a la veracidad de todos los estados que 
se remitan al Banco de España, los estados CA1 a CA3 [regulados en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2021/451] deberán ser firmados 
electrónicamente por el presidente ejecutivo, consejero delegado o director 
general que presida el comité de dirección de la entidad. Alternativamente, estos 
estados podrán ser firmados por otro director general o cargo asimilado en el 
sentido del artículo 6.6 de la Ley 10/2014, entre cuyas responsabilidades se 
encuentre la elaboración de la información financiera de la entidad, a cuyo efecto 
la entidad informará de esta facultad en el momento de solicitar su inscripción en 
el Registro de Altos Cargos.
En casos excepcionales, la entidad podrá designar a otra persona distinta de 
las anteriores con poder especial y bastante otorgado por el consejo de 
administración. Los datos de estas personas, junto con una copia del poder, se 
comunicarán al Banco de España a través del procedimiento establecido para los 
altos cargos, que los anotará, a efectos meramente informativos y de control del 
remitente de los estados CA1 a CA3.
Lo anterior es también de aplicación en el caso de las sucursales en España 
de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la UE, y en la 
medida en que deban remitir los estados CA1 a CA3.
Las entidades podrán designar a más de una persona para que, de manera 
indistinta, puedan firmar electrónicamente la citada información.
Estos estados deberán enviarse, en todo caso, dentro del plazo máximo que 
se establece en la normativa aplicable. No obstante, y sin perjuicio de esa 
obligación de remisión, su firma electrónica podrá realizarse dentro de los veinte 
días naturales siguientes al vencimiento del citado plazo máximo.
El Banco de España, además, podrá solicitar de manera individual la 
confirmación en impreso, debidamente cumplimentado, de cualquiera de los 
estados enviados mediante transmisión telemática.
Excepcionalmente, y solo por causas debidamente justificadas, el Banco de 
España podrá permitir la presentación en papel de aquellos estados que deban 
ser firmados electrónicamente cuando la firma electrónica no sea posible. Dichos 
estados se entregarán fechados, sellados y visados en todas sus páginas, y 
firmados por alguna de las personas señaladas en los párrafos segundo y tercero 
de este apartado.»
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Cuarenta y nueve.  Se modifica la norma 63 «Información periódica que hay que 
rendir sobre riesgo de tipo de interés del balance», que queda redactada como sigue:
«1.  Los estados que se han de remitir sobre riesgo de tipo de interés figuran 
en el anejo III de esta circular y se detallan a continuación:
Estado Denominación Periodicidad
RI1 Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación. Semestral.
RI2 Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación. Semestral.
RI3 Información sobre opciones de tipo de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación. Semestral.
2. Las entidades deberán llevar a cabo mediciones periódicas que servirán 
de base para la confección de los estados sobre riesgo de tipo de interés a los que 
se refiere el apartado 1, en los que se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se efectuarán cálculos separados del impacto potencial del riesgo de tipo 
de interés sobre el valor económico y sobre el margen de intermediación (ingresos 
netos por intereses) sensible al horizonte temporal de un año. Dicha medición 
debe tener en cuenta tanto el efecto de las opciones de tipo de interés 
automáticas como el de las opciones de tipo de interés comportamentales. 
Asimismo, en la evaluación del impacto potencial del riesgo de interés en los 
escenarios de descenso de los tipos de interés, en caso de resultar la aplicación 
de tipos de interés negativos, habrán de considerarse los suelos específicos de los 
productos.
b) Se considerarán todas las posiciones sensibles a los tipos de interés, 
incluyendo los derivados de tipo de interés, tanto implícitos como explícitos, y 
excluyendo las posiciones que formen parte de la cartera de negociación según se 
define en el artículo 4.1.86 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Se incluirán 
también las posiciones por coberturas internas efectuadas para la gestión del 
riesgo de tipo de interés del balance que se correspondan con posiciones de signo 
contrario que formen parte de la mencionada cartera de negociación. Estas 
coberturas internas podrán ser realizadas, según el ámbito de aplicación, dentro 
de una misma entidad individual o entre las entidades individuales pertenecientes 
al mismo grupo consolidable. Además, no se considerarán posiciones sensibles a 
los tipos de interés los instrumentos CET1 y otros instrumentos de fondos propios 
perpetuos que no incluyan opción de cancelación anticipada. Por otro lado, se 
considerarán posiciones sensibles a los tipos de interés: la cartera de negociación 
de pequeño volumen –a menos que su riesgo de tipo de interés sea capturado en 
otra métrica de riesgo–, las obligaciones por pensiones y los activos de planes de 
pensiones –a menos que su riesgo de tipo de interés se recoja en otra medida de 
riesgo–, y las exposiciones dudosas, que se considerarán netas de coberturas de 
las pérdidas por riesgo de crédito por insolvencia.
c) Se aplicará la hipótesis de balance estático.
d) Se considerarán movimientos de tipos de interés paralelos y de carácter 
instantáneo en cada divisa. Todas las entidades utilizarán los mismos movimientos 
de tipo de interés respecto a las distintas divisas.
Además, las entidades deben llevar a cabo estimaciones del impacto del 
riesgo de interés sobre el valor económico en los escenarios no paralelos de 
desplazamiento de los tipos de interés. Este impacto sobre el valor económico 
ante estos escenarios no paralelos no se reportará mediante el estado RI1, sino 
que se informará sobre él en el informe de autoevaluación del capital. Asimismo, 
se informará en el informe de autoevaluación del capital acerca de la situación de 
la entidad respecto de los umbrales establecidos en el artículo 68 bis.1 de la 
Ley 10/2014.
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e) Se efectuarán mediciones separadas del riesgo de tipo de interés para 
cada una de las divisas sobre las que existan posiciones importantes sensibles a 
los tipos de interés, así como mediciones agregadas del riesgo de tipo de interés 
de todas ellas.
f) El impacto potencial del riesgo de tipo de interés sobre el valor económico 
calculado según lo establecido en los apartados anteriores se pondrá en relación 
con el valor económico del balance total y con los fondos propios computables 
totales definidos en la parte segunda del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
A estos efectos, se entenderá por valor económico del balance total la suma 
del valor razonable del neto de los activos y pasivos sensibles a los tipos de 
interés y del neto del valor contable de las partidas de activos y pasivos no 
sensibles a los tipos de interés. El valor razonable de las partidas sensibles a los 
tipos de interés, excluida la cartera de negociación regulatoria, se obtendrá como 
actualización de los flujos futuros de principal e intereses a una curva apropiada 
de tipos de interés libre de riesgo. A tal efecto, podrá emplearse la curva de tipos 
de interés del mercado interbancario a la fecha de referencia. Se considerará 
también el valor contable de las posiciones sensibles a los tipos de interés que 
formen parte de la cartera de negociación, según se define esta cartera en el 
artículo 4.1.(86) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
g) El impacto potencial del riesgo de tipo de interés sobre el margen de 
intermediación sensible para el horizonte temporal de un año se pondrá en 
relación con el margen de intermediación sensible a los tipos de interés previsto a 
dicho horizonte bajo el escenario base de cumplimiento de la curva implícita de 
tipos de interés. En este caso, además de la hipótesis de balance estático, se 
utilizará la hipótesis de mantenimiento de la estructura del balance, de modo que 
se supondrá que las operaciones de activo o de pasivo que venzan en el horizonte 
temporal considerado se renueven con la misma estructura de repreciación que 
tenían contratada. No obstante, esta hipótesis no se aplicará a los saldos 
inestables de los depósitos a la vista, que se considerará que pasan a 
refinanciarse con otras fuentes de financiación de la clientela distintas de los 
depósitos a la vista.
3. Los estados RI1, RI2 y RI3 deberán remitirse al Banco de España, 
aplicando las reglas establecidas en el apartado 2, de acuerdo con el ámbito de 
aplicación establecido en la norma 2.8 y teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las entidades de crédito individuales establecidas en España integradas 
en un grupo consolidable de entidades de crédito con matriz en España, solo 
deberán remitir esos estados a nivel individual cuando la diferencia entre las 
rúbricas “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimiladas” de 
su cuenta de pérdidas y ganancias reservada, tomada en valor absoluto, suponga 
al menos el 5 % de la correspondiente diferencia en el estado de resultados 
consolidado del grupo en el que se integran. En estos casos, el Banco de España 
podrá eximir de la declaración individual, previa autorización, a las entidades que 
lo soliciten, cuando considere suficiente la declaración del grupo consolidable de 
entidades de crédito en el que se integran.
b) En la declaración de los estados RI1, RI2 y RI3 a nivel individual de 
cualquier entidad de crédito que sea matriz, se integrarán, previa comunicación al 
Banco de España, las filiales instrumentales que cumplan las condiciones 
establecidas en los apartados c) y d) del artículo 7.1 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 y cuyas exposiciones o pasivos, incluido el capital, sean significativos 
respecto de su entidad matriz, según se requiere en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.
c) Las sucursales de entidades de crédito con sede en Estados no miembros 
de la UE no estarán obligadas a remitir esta información, salvo que el Banco de 
España, en el ejercicio de sus facultades supervisoras, se lo requiera.
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Los grupos consolidables de entidades de crédito con matriz en España 
deberán enviar los estados RI1, RI2 y RI3 a nivel consolidado; el resto de las 
entidades de crédito y sucursales, a nivel individual.
4. Con carácter general, los estados referidos en esta norma reflejarán la 
información correspondiente a las posiciones sensibles a los tipos de interés, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2. No obstante, en el estado RI2 se 
excluirán las opciones de tipos de interés automáticas, implícitas o explícitas, por 
lo que los instrumentos de balance con opciones automáticas implícitas de tipo de 
interés aparecerán como si no tuvieran asociadas estas opciones.
5. En el estado RI1 se incluirá la información pormenorizada sobre la 
estimación de riesgo de tipo de interés de cada una de las divisas en las que 
existan posiciones importantes sensibles a los tipos de interés, según lo 
establecido en el apartado 2, así como agregada de todas ellas. Los estados RI2 y 
RI3 se remitirán por separado para el euro y para cada una de las divisas en las 
que existan posiciones importantes sensibles a los tipos de interés.
6. Los estados sobre riesgo de tipo de interés deberán remitirse al Banco de 
España antes del fin del segundo mes siguiente a la fecha de referencia. El Banco 
de España podrá requerir cualquiera de estos estados con mayor periodicidad a 
las entidades que determine.»
Cincuenta.  Se modifica el primer apartado de la norma 64 «Información periódica 
que hay que rendir sobre remuneraciones», que queda redactado como sigue:
«1.  Los estados que han de remitirse sobre remuneraciones figuran en el 
anejo IV de esta circular y se detallan a continuación:
Estado Denominación Periodicidad
R.01 Información relativa a la remuneración de todo el personal. Anual.
R.02 Información relativa a la remuneración devengada por el colectivo identificado. Anual.
R.03 Desglose por bandas salariales de las personas cuya remuneración alcance o supere el millón de euros. Anual.
R.04 Información sobre las personas cuyas remuneraciones devengadas alcancen o superen el millón de euros en el año. Anual.»
Cincuenta y uno.  En la norma 65, se modifica el apartado 3, que queda redactado 
como sigue:
«3.  El estado CF1 deberá remitirse al Banco de España, en la fecha en la 
que se envían las declaraciones semestrales de los estados de solvencia, según 
se establece en el artículo 3.1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2021/451.»
Cincuenta y dos.  Se modifica la norma 66, que queda redactada de la siguiente 
forma:
«Las entidades originadoras de titulizaciones deberán notificar al Banco de 
España aquellas titulizaciones a las que pretendan aplicar los artículos 244, 245 
y 246 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, para calcular sus requerimientos de 
capital. Dicha notificación deberá realizarse de acuerdo con el formato incluido en 
el anejo VI de esta circular y en un plazo no superior a quince días naturales 
desde la formalización de la titulización.»
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Cincuenta y tres.  Se añade la nueva disposición adicional única, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional única.  Obligaciones de presentación de documentación 
de procedimientos administrativos.
1. Las entidades, sociedades y quienes actúen en su representación estarán 
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con el Banco de España 
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
2. En particular, la presentación de solicitudes, comunicaciones y escritos por 
las entidades, sociedades y quienes actúen en su representación en el marco de 
los procedimientos administrativos previstos en esta circular se realizará a través 
de la sede electrónica del Banco de España.
Cuando el Banco de España en un procedimiento concreto establezca 
expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de 
uso obligatorio por las entidades, sociedades y quienes actúen en su 
representación.»
Cincuenta y cuatro.  Se elimina la disposición transitoria primera «Régimen 
transitorio de los colchones de capital para otras entidades de importancia sistémica».
Cincuenta y cinco.  Se elimina la disposición transitoria sexta «Estados de medición 
del riesgo de liquidez».
Cincuenta y seis.  Se modifica el anejo I, «Indicadores obligatorios para 
identificación de otras entidades de importancia sistémica», que queda redactado como 
se muestra en el anejo I de esta circular.
Cincuenta y siete.  Se sustituye el anejo IV, «Estados que hay que remitir sobre 
remuneraciones», que queda redactado como se muestra en el anejo II de esta circular.
Cincuenta y ocho.  Se modifica la primera tabla del anejo VI, «Información sobre 
titulizaciones», que queda redactada como se muestra en el anejo III de esta circular.
Cincuenta y nueve.  Se elimina el anejo VII, «Estados que hay que remitir sobre 
riesgo de liquidez».
Norma segunda.  Modificación de la Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de 
España, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones 
regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 2/2014, de 31 de enero2:
2 Texto incorporado en la Circular 2/2014, de 31 de enero.
Uno.  Se modifica el primer apartado de la norma primera «Ámbito de aplicación y 
definiciones», que queda redactado como sigue:
«1.  Lo dispuesto en esta circular será de aplicación a las entidades y grupos 
referidos en los apartados a) y b) siguientes, siempre que se consideren menos 
significativos según el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, que 
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, y se 
encuentren bajo la supervisión directa del Banco de España:
a) Los grupos y subgrupos consolidables de entidades de crédito, definidos 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, cuya matriz esté establecida en España y responda a alguna de las 
definiciones de los párrafos 28, 30 o 32 del artículo 4.1 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
b) Las entidades de crédito individuales constituidas en España, integradas o 
no en un grupo consolidable de entidades de crédito.
Lo dispuesto en esta circular también será de aplicación a las sucursales en 
España de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la Unión 
Europea.
Adicionalmente, a los exclusivos efectos de garantizar que los requisitos o 
facultades de supervisión establecidos en la presente circular se aplican de forma 
adecuada en base consolidada o subconsolidada, se entenderá que los términos 
“entidad”, “entidad matriz de un Estado miembro”, “entidad matriz de la UE” y 
“empresa matriz” también incluirán a las sociedades previstas en las letras a), b) 
y c) del artículo 1 bis de la Ley 10/2014.»
Dos. Se elimina la norma tercera «Tratamiento de determinadas exposiciones».
Tres.  Se elimina la norma tercera bis «Salidas de liquidez en productos 
relacionados con las partidas de fuera de balance de financiación comercial».
Cuatro.  Se modifica la norma tercera ter «Salidas de depósitos minoristas 
estables», que queda redactada como sigue:
«A los efectos del artículo 24.4 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/61 de 
la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al 
requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito, las 
entidades de crédito multiplicarán por un 3 % el importe de los depósitos 
minoristas estables cubiertos por un sistema de garantía de depósitos, siempre y 
cuando la Comisión Europea haya dado la previa autorización de acuerdo con el 
artículo 24.5 del citado reglamento, certificando el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el mencionado artículo 24.4.»
Cinco.  Se modifica la norma tercera quater «Activos de nivel 2B en caso de 
entidades que no puedan poseer activos que devenguen intereses», que queda 
redactada como sigue:
«Las entidades de crédito que conforme a sus estatutos, por razones de 
práctica religiosa, no puedan poseer activos que devenguen intereses podrán 
incluir valores representativos de deuda de empresas como activos líquidos de 
nivel 2B, conforme a todos los requisitos establecidos en el artículo 12.1.b del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/61.
El Banco de España puede revisar periódicamente este tratamiento y permitir 
una exención de los requisitos de los artículos 12.1.b.(ii) y 12.1.b.(iii) del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61, cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 12.3 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61.»
Seis. Se introduce la norma tercera sexies,  que queda redactada como sigue:
«Norma tercera sexies . Impago de un deudor.
Las entidades de crédito aplicarán el criterio de la “situación de vencido 
durante más de 90 días” a las categorías de exposiciones que se especifican en el 
artículo 178.1.b. del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»
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Siete. Se introduce la norma tercera  septies,  que queda redactada como sigue:
«Norma tercera septies . Cálculo del importe de la financiación estable requerida.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 428 septdecies. 10 y 428 bis 
octodecies. 10 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los factores de financiación 
estable requerida que las entidades de crédito deben aplicar a las exposiciones 
fuera de balance no contempladas en el capítulo 4 del Título IV de la Parte Sexta 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 deben ser los índices de salida relativos a otros 
productos y servicios especificados en el artículo 23 del Reglamento Delegado 
(UE) n.º 2015/61.»
Ocho. Se introduce la norma tercera octies, que queda redactada como sigue:
«Norma tercera octies . Vencimiento residual de un activo.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 428 octodecies.2 y 428 bis 
novodecies.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las entidades de crédito tratarán 
los activos que hayan sido segregados de conformidad con el artículo 11.3 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 con arreglo a la exposición subyacente de estos. 
No obstante, si las entidades no pueden disponer libremente de tales activos, 
deberán tratarlos como activos gravados durante el período correspondiente al 
plazo de los pasivos con los clientes de las entidades a los que esté vinculado ese 
requisito de segregación.»
Nueve. Se introduce la norma tercera nonies,  que queda redactada como sigue:
«Norma tercera nonies.  Activos de nivel 2B.
Los siguientes índices se considerarán índices bursátiles importantes, a 
efectos de determinar las acciones que pueden calificarse como activos de 
nivel 2B con arreglo al artículo 12.1.c).i) del Reglamento Delegado (UE) n.º 
2015/61:
(i) Los índices enumerados en el Anexo 1 del Reglamento de Ejecución de la 
Comisión (UE) 2016/1646.
(ii)  Cualquier índice bursátil importante, no incluido en el punto (i), en un 
Estado miembro o en un tercer país, identificado como tal a efectos del presente 
punto por la autoridad competente del Estado miembro o por la autoridad pública 
pertinente del tercer país.
(iii)  Cualquier índice bursátil importante, no incluido en los puntos (i) o (ii), 
compuesto por acciones de las principales empresas del país en cuestión.»
Diez. Se introduce la norma tercera decies,  que queda redactada como sigue:
«Norma tercera decies . Exenciones de grandes exposiciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 400.2 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, las entidades podrán excluir de manera plena del cumplimiento de los 
límites a sus grandes exposiciones las exposiciones referidas a las letras (k) y (l) 
de dicho artículo.»
Once.  Se elimina la norma novena bis «Reconocimiento transitorio en el capital de 
nivel 1 ordinario del mayor valor de los activos y pasivos de los fondos o planes de 
pensiones de prestación definida, neto de las obligaciones asociadas, debido a las 
modificaciones en la Norma Internacional de Contabilidad 19».
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Doce.  En la norma undécima «Tratamiento durante el período transitorio de las 
deducciones de activos fiscales diferidos», se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se elimina el segundo apartado.
b) Se modifica el tercer apartado, que queda redactado de la siguiente manera:
«3.  Los importes residuales no deducidos que resulten de la aplicación del 
apartado anterior no se deducirán de los fondos propios y recibirán una 
ponderación de riesgo del 0 %.»
Trece.  Se elimina la norma duodécima «Tratamiento durante el período transitorio 
de participaciones en entidades aseguradoras».
Catorce.  En la norma decimocuarta «Porcentajes aplicables para la deducción de 
distintos epígrafes de fondos propios», se elimina el segundo apartado.
Norma tercera.  Modificación de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de 
España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre 
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de 
préstamos.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 5/2012, de 27 de junio3:
3 Texto incorporado en la Circular 5/2012, de 27 de junio.
Uno.  Se modifica la norma primera «Objeto», que queda redactada del siguiente 
modo:
«La presente circular tiene por objeto dictar las normas precisas para el 
desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (en 
adelante, la Orden) en los términos que esta atribuye al Banco de España, así 
como las obligaciones de información de los proveedores de servicios de pago 
que ofrezcan los servicios de cambio de divisa, de conformidad con lo dictado por 
el artículo 4 de la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia 
de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago y 
por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los 
departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las 
entidades financieras, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (en adelante, la 
Orden 1263/2019).»
Dos.  Se modifica el apartado 2.3 de la norma sexta «Informaciones exigibles», que 
queda redactado como sigue:
«2.3  Créditos al consumo sujetos, en todo o en parte, a la Ley 16/2011, de 24 
de junio, de contratos de crédito al consumo.
La información precontractual de los créditos al consumo sujetos, en todo o en 
parte, al ámbito de aplicación de la Ley 16/2011, de 24 de junio, se ajustará a lo 
dispuesto en esa norma y, en lo no previsto, a lo establecido al respecto en la 
Orden, en los términos de su artículo 33, y en el apartado 1 de esta norma sexta, 
con las especialidades que se señalan a continuación.
En los créditos al consumo a que se refiere el párrafo anterior, en los que se 
requiera la utilización de un instrumento de pago específico para efectuar las 
operaciones de pago o de disposición del crédito (por ejemplo, una tarjeta de 
crédito), además de la información precontractual referida en el párrafo anterior, se 
facilitará al cliente, cuando resulte de aplicación, la información prevista en el Real 
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
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urgentes en materia financiera (en adelante, el Real Decreto-ley 19/2018), y en la 
Orden 1263/2019, en la medida en que dicha información exceda o complemente 
la exigida en la Ley 16/2011, de 24 de junio.
Igualmente, cuando una de las posibilidades de financiación previstas en el 
contrato sea la del crédito al consumo de duración indefinida o de duración 
definida prorrogable de forma automática, previsto en el artículo 33 bis de la 
Orden, además de la información precontractual exigible, señalada en los párrafos 
anteriores de este apartado 2.3, se proporcionará al cliente, de conformidad con el 
artículo 33 ter de la Orden, la siguiente información:
a) Una descripción, en lenguaje claro y sencillo, de las distintas modalidades 
de pago previstas en el contrato, sean o no las definidas en el artículo 33 bis de la 
Orden, y de sus principales características, en la que se incluirá expresamente el 
término «revolving» junto a aquellas alternativas de pago que respondan a la 
modalidad de crédito de duración indefinida o de duración definida prorrogable de 
forma automática, y, en su caso, se especificará la modalidad de pago establecida 
por defecto por la entidad.
b) Se especificará si el contrato prevé la capitalización de cantidades 
vencidas, exigibles y no satisfechas.
c) Se especificará si el cliente o la entidad tienen la facultad de modificar 
unilateralmente la modalidad de pago establecida durante la vigencia del contrato, 
detallándose en ese caso las condiciones para ello.
d) Un ejemplo representativo del crédito, que incluya la siguiente información 
básica, de conformidad con la Ley 16/2011, de 24 de junio: i) el límite del crédito; 
ii) el importe total adeudado; iii) el tipo deudor y la tasa anual equivalente; iv) el 
plazo de amortización, y v) la cuota a pagar. Dicho ejemplo reflejará las distintas 
alternativas de financiación de las que, en su caso, disponga el cliente conforme al 
contrato, determinadas con arreglo a los siguientes criterios y elementos:
1.º  Se incluirá un ejemplo de financiación para cada modalidad de pago 
mediante pago aplazado con interés de las previstas, en su caso, en el contrato 
(por ejemplo, pago fraccionado mediante cuotas fijas de capital e intereses o pago 
aplazado mediante cuotas periódicas flexibles).
2.º  El ejemplo se determinará en función de la cuota mínima establecida en 
el contrato para esa modalidad de pago:
(i) En la modalidad de pago aplazado flexible, mediante cuotas periódicas 
cuyo importe puede elegir y modificar el cliente durante la vigencia del contrato, 
dentro de unos mínimos establecidos por la entidad, el ejemplo tendrá en cuenta 
la cuota resultante de aplicar las distintas opciones mínimas de pago previstas en 
el contrato (por ejemplo, el pago de una cantidad fija y el pago de un porcentaje 
del saldo dispuesto), y se incluirá expresamente el término “revolving”.
(ii)  En la modalidad de pago fraccionado mediante cuotas fijas de capital e 
intereses, cuando dicha posibilidad esté prevista en el contrato, se partirá de la 
cuota mínima necesaria para asegurar que el crédito se devolverá dentro del plazo 
máximo de amortización permitido.
3.º  La información facilitada por el cliente se utilizará por la entidad para 
determinar el límite del crédito. En caso de que el cliente no haya manifestado sus 
necesidades de financiación, se considerará que el límite del crédito es de 1.500 
euros, o se tomará el máximo disponible, con arreglo a lo previsto en las 
condiciones ofrecidas por la entidad, si este fuera inferior.
4.º  Se considerará que el cliente ha dispuesto del importe total del crédito de 
una sola vez y que no se realizarán nuevas disposiciones hasta su total 
amortización.
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5.º  Si el contrato de crédito prevé diferentes formas de disposición de los 
fondos (por ejemplo, retiradas de efectivo, operaciones de pago en el punto de 
venta o transferencias) sujetas a comisiones o tipos deudores distintos, se 
considerará que el importe total del crédito se ha dispuesto con el tipo deudor y 
comisiones más altos aplicados a la forma de disposición más comúnmente 
utilizada, de entre las previstas en el contrato. En esos casos, se indicará 
expresamente que la tasa anual equivalente podría ser más elevada para el resto 
de las opciones de disposición de fondos.
6.º  Si la obtención del crédito, o su obtención en las condiciones ofrecidas, 
estuviera condicionada a la suscripción de uno o varios servicios accesorios, se 
considerará que se contratan todos los servicios. En esos casos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 12 de la Orden, se indicará expresamente si existe o 
no la posibilidad de contratar cada servicio de manera independiente y en qué 
condiciones, se desglosará la parte del coste total del crédito que corresponde a 
cada uno de los servicios accesorios, en la medida en que pueda determinarse de 
antemano y sea conocido por la entidad, y se señalarán los efectos que su 
cancelación anticipada produciría sobre ese coste total.
La información adicional a la prevista en la Ley 16/2011, de 24 de junio, a la 
que se refieren los anteriores párrafos segundo y tercero de este subapartado 2.3, 
se entregará al cliente en un documento aparte, que podrá adjuntarse a la 
información normalizada europea sobre el crédito al consumo, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 10.4 de esa ley.»
Tres.  Se modifica la norma octava «Información contractual. Casos especiales.», 
que queda redactada de la siguiente forma:
«La entrega y el contenido de los contratos correspondientes a la prestación 
de servicios bancarios de crédito al consumo, según se definen en la Ley 16/2011, 
se regirán por lo dispuesto en dicha ley. Asimismo, en lo no previsto en ese texto 
legal, serán de aplicación las previsiones contenidas al respecto en la Orden y en 
esta Circular, y en particular lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 de la norma 
décima.
La entrega y el contenido de los contratos relativos a la prestación de servicios 
de pago se determinarán conforme a lo previsto en la Orden 1263/2019.
La entrega y el contenido de los contratos relativos a la prestación de servicios 
bancarios de crédito y préstamo hipotecario a los que se refiere el capítulo II del 
título III de la Orden se determinarán conforme a lo previsto en dicha norma.»
Cuatro.  Se añade un nuevo apartado 8 a la norma undécima «Comunicaciones al 
cliente», con la siguiente redacción:
«8.  En los créditos al consumo de duración indefinida o de duración definida 
prorrogable de forma automática previstos en el artículo 33 bis de la Orden, 
cuando resulte exigible la remisión al cliente de comunicaciones periódicas que 
incluyan ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría 
aumentar el importe de la cuota de pago aplazado flexible por encima de la 
establecida en ese momento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 33. quinquies, apartado 3.a), de la Orden, esta información se ajustará a 
las siguientes instrucciones:
8.1  Los ejemplos se determinarán partiendo de la cuota vigente del crédito 
en la fecha en que se elabore la comunicación periódica a que se refiere el 
artículo 33 quinquies .1 de la Orden, a la que se añadirían los escenarios de 
ahorro.
8.2  Se elaborarán tres posibles escenarios de ahorro, consistentes en 
aumentar la cuota actual en un 20 %, un 50 % y un 100 %.
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8.3  Para cada escenario se incluirá: i) la fecha estimada en la que se 
terminaría de amortizar el crédito, si no se realizasen más disposiciones ni se 
modificase la cuota, teniendo en cuenta el tipo deudor establecido en ese 
momento, y ii) la cuantía total, desglosando principal e intereses, que acabaría 
pagando el cliente y el concreto ahorro de intereses que supondría el aumento de 
la cuota en los términos planteados, debiendo resaltarse esta información.»
Cinco.  En el anejo 3 «Información precontractual que se debe resaltar ante los 
clientes», se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se modifican las letras c), d), e) y f) del apartado 1.3.2, que quedan redactadas 
de la siguiente manera:
«c)  Las medidas que el consumidor deberá adoptar para preservar la 
seguridad del instrumento de pago, así como la forma en que deba realizarse la 
notificación a la entidad a efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo 41 del 
Real Decreto-ley 19/2018.
d) En su caso, las condiciones en las que la entidad se reserva el derecho de 
bloquear el instrumento de pago de conformidad con el artículo 40 del Real 
Decreto-ley 19/2018.
e) La responsabilidad del consumidor de conformidad con el artículo 46 del 
Real Decreto-ley 19/2018, junto con el importe correspondiente.
f) La forma y el plazo dentro del cual el consumidor deberá notificar a la 
entidad cualquier operación de pago no autorizada o ejecutada de forma 
incorrecta de conformidad con el artículo 43 del Real Decreto-ley 19/2018, así 
como la responsabilidad de la entidad en caso de operaciones de pago no 
autorizadas de conformidad con el artículo 45 de ese real decreto-ley.»
b) Se añade un nuevo apartado 1.3.3, con la siguiente redacción:
«1.3.3  En el caso de los créditos al consumo de duración indefinida o de 
duración definida prorrogable de forma automática previstos en el artículo 33 bis 
de la Orden, no excluidos, en todo o en parte, del ámbito de aplicación de la 
Ley 16/2011, de 24 de junio, además de lo señalado en el apartado 1.3.1 anterior 
respecto de la información normalizada europea, en la información adicional a la 
que se refiere el apartado 2.3 de la norma sexta se resaltarán:
a) En la descripción de las modalidades de pago previstas en el contrato, la 
denominación de cada modalidad (por ejemplo, pago a fin de mes, pago 
fraccionado mediante cuotas fijas de capital e intereses o pago aplazado mediante 
cuotas periódicas flexibles), el término “revolving” y, en su caso, la mención a la 
modalidad de pago predeterminada por la entidad.
b) En su caso, la mención a que el contrato prevé la capitalización de 
cantidades vencidas, exigibles y no satisfechas.
c) En su caso, las condiciones para el ejercicio, por parte del cliente o de la 
entidad, de la facultad de modificar unilateralmente la modalidad de pago 
establecida.
d) En el ejemplo representativo del crédito, se resaltarán los siguientes 
conceptos y datos correlativos:
1.º La modalidad de pago y, cuando proceda, el término “revolving”.
2.º El límite del crédito.
3.º El importe total adeudado.
4.º El tipo deudor y la tasa anual equivalente.
5.º  La mención a que la tasa anual equivalente podría ser más elevada para 
el resto de las opciones de disposición de fondos.
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6.º  Si la obtención del crédito, o su obtención en las condiciones ofrecidas, 
estuviera condicionada a la suscripción de uno o varios servicios accesorios, la 
mención a si existe o no la posibilidad de contratar cada servicio de manera 
independiente y, en su caso, la parte del coste total del crédito que corresponde a 
cada uno de los servicios accesorios.»
Seis. En el anejo 4, se realizan las siguientes modificaciones:
a) Se modifica el primer párrafo del apartado 9.1, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«El documento de liquidación periódica de la cuenta de tarjeta podrá 
incorporar, en el mismo documento o en un anejo, el extracto mensual con todos 
los movimientos de la cuenta en el período a que se refiere el artículo 17 de la 
Orden 1263/2019, conteniendo la información sobre dichos movimientos exigida 
en dicha norma.»
b) Se modifica el apartado 9.2, que queda redactado de la siguiente forma:
«La comunicación, tanto al ordenante (en las transferencias emitidas) como al 
beneficiario (en las transferencias recibidas), deberá incluir la información prevista 
en los artículos 10, 11, 17 y 18, según proceda, de la Orden 1263/2019.»
Disposición transitoria única.  Obligaciones de comunicación a la autoridad competente 
en materia de delegación de servicios o funciones.
Las comunicaciones presentadas conforme a la norma 43.9 de la Circular 2/2016 
antes de la entrada en vigor de la presente circular continuarán rigiéndose por la 
normativa anterior.
Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante la presente circular se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 
2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades 
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, 
las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», a excepción de la norma tercera, relativa a la modificación 
de la Circular 5/2012, de 27 de junio, que entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de marzo de 2022.–El Gobernador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos.
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ANEJO I
Anejo I Indicadores obligatorios para la identificación de otras entidades de importancia sistémica
Criterio Indicadores Ponderación
Tamaño. Activos totales. 25 %
Importancia (incluida la sustituibilidad de la infraestructura financiera).Valor de las operaciones de pago nacionales. 8,33 %
Depósitos del sector privado residente en la UE. 8,33 %
Préstamos al sector privado residente en la UE. 8,33 %
Complejidad / actividad transfronteriza.Valor de los derivados OTC (nocional). 8,33 %
Pasivos transnacionales. 8,33 %
Activos transnacionales. 8,33 %
Interconexión.Pasivos dentro del sistema financiero. 8,33 %
Activos dentro del sistema financiero. 8,33 %
Valores representativos de deuda en circulación. 8,33 %
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ANEJO II
ANEJO IV ESTADOS QUE HAY QUE REMITIR SOBRE REMUNERACIONES. INFORMACIÓN RELATIVA A LA REMUNERACIÓN DE TODO EL PERSONAL
Estado R.01: Información relativa a la remuneración de todo el personal
Estado R.01.00: Información relativa a la remuneración de todo el personal
Importes en euros
Áreas de negocioConsejo de Administración. 
Consejeros no ejecutivos1Consejo de Administración. 
Consejeros ejecutivos2 Banca de inversión3Banca comercial4Gestión de activos5Funciones corporativas6 Funciones independientes de 
control7 Resto8Total
1. Número total de personal 
(empleados o no).         
2. Número de empleados 
equivalentes a tiempo completo9.         
3. Resultado del ejercicio10.          
4. Remuneración total11.          
De los que: remuneración 
variable, incluidas aportaciones a 
beneficios discrecionales por 
pensión12.         
1 Incluye a los miembros no ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad del ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.8), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 2 del artículo 529 duodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se asignarán los miembros a esta categoría teniendo en cuenta el punto 5.7 de las directrices sobre el ejercicio de comparación de remuneraciones de la Autoridad Bancar ia Europea (EBA/GL/2014/08). Los pagos por 
asistencia a los consejos deberían ser considerados como remuneración.
2 Incluye a los miembros ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad incluida en el ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.7), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 1 del artículo 529 duodecies  del Real Decreto Legislativo 1/2010. Los pagos 
por asistencia a los consejos deberían ser considerados como remuneración.
3 Incluye servicios de asesoramiento a empresas en materia de finanzas corporativas, capital riesgo, mercados de capitales, negociación y ventas.
4 Incluye toda la actividad de préstamos (a particulares y a empresas).
5 Incluye gestión de carteras, gestión de instituciones de inversión colectiva y otras formas de gestión de activos.
6 Todas las funciones de responsabilidad para la entidad en su conjunto, a nivel consolidado y/o individual; por ejemplo, recursos humanos o sistemas de información.
7 Personal de la unidad de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna, según se describe en la guía de la ABE sobre gobierno interno. La información de estas funciones deberá realizarse a nivel consolidado y/o individual.
8 Esta columna incluirá aquellos empleados que no pueden ser ubicados en una de las áreas de negocio indicadas.
9 El número debe estar expresado en empleados equivalentes a tiempo completo y referido al de los empleados activos en la entidad al final de año.
10 Resultado del ejercicio de la entidad reportado en la cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Para los grupos consolidados, se informará del resultado del ejercicio consolidado (atribuido a la entidad dominante y a los intereses minoritari os).
11 La remuneración total comprende la remuneración fija y la remuneración variable de acuerdo con los principios generales de la política de remuneraciones recogidos en el artículo 33.1 letra e) de la Ley 10/2014. Los datos se facilitan en impo rte bruto incluyendo todos los costes para 
la entidad, excepto las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social y planes similares.
12 La remuneración variable incluye pagos adicionales u otras retribuciones que dependan del desempeño o, en circunstancias excepcionales, otros elementos contractuales, pero no aquellos que forman parte de los paquetes habituales para empleado s (como asistencia sanitaria, 
ayuda a los hijos o aportaciones normales y proporcionadas a planes de pensiones) de acuerdo con los principios generales de la política de remuneraciones recogida en el artículo 33.1 letra e) 2.º de la Ley 10/2014. Deberán incluirse tanto l as retribuciones pecuniarias como las no 
pecuniarias. Los importes deberán declararse brutos, sin aplicar el tipo de descuento de la retribución variable (r. v.), que se aplica a la r. v. total, a la r. v. en metálico, a la r. v. en acciones e instrumentos ligados a las acciones y a la r. v. en otros tipos de instrumentos.
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Estado R.02: Información relativa a la remuneración devengada por el colectivo identificado
Estado R.02.00: Información relativa a la remuneración devengada por el colectivo identificado
Importes en euros
Áreas de negocioConsejo de Administración. 
Consejeros no ejecutivos1Consejo de Administración. 
Consejeros ejecutivos2 Banca de inversión3Banca comercial4Gestión de activos5Funciones corporativas6Funciones de control7Resto8
1. Colectivo identificado (empleados o no).         
2. Número de empleados identificados9 
equivalentes a tiempo completo10.        
3. Número de empleados identificados en puestos 
de alta dirección11.         
4. Importe de la remuneración fija total12.         
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos relacionados.         
De los que: en otros tipos de instrumentos.         
5. Importe de la remuneración variable total13.         
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos relacionados.         
De los que: en otros tipos de instrumentos14.         
6. Total remuneración variable devengada en el 
ejercicio que se difiere15.        
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos relacionados.         
De los que: en otros tipos de instrumentos16.         
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Áreas de negocioConsejo de Administración. 
Consejeros no ejecutivos1Consejo de Administración. 
Consejeros ejecutivos2 Banca de inversión3Banca comercial4Gestión de activos5Funciones corporativas6Funciones de control7Resto8
Información adicional sobre el importe total de remuneración variable.
7. Importe total de remuneración variable diferida 
devengada en años anteriores17, art. 450.1 h (iii) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.        
8. Importe del ajuste explícito ex post  por desempeño 
aplicado en el año para las remuneraciones devengadas 
en los años previos18.        
9. Número de beneficiarios de remuneración variable 
garantizada19.        
10. Importe total de remuneración variable garantizada 
en el año.        
11. Número de beneficiarios de indemnizaciones por 
despido por resolución anticipada de contrato.        
12. Importe total de indemnizaciones por resolución 
anticipada de contrato pagadas en el año.        
13. Importe máximo de indemnización por resolución 
anticipada de contrato satisfecho a una persona, según 
artículo 450.1 h (v) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.        
14. Número de beneficiarios de aportaciones a 
beneficios discrecionales de pensión realizadas en el 
ejercicio.        
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Áreas de negocioConsejo de Administración. 
Consejeros no ejecutivos1Consejo de Administración. 
Consejeros ejecutivos2 Banca de inversión3Banca comercial4Gestión de activos5Funciones corporativas6Funciones de control7Resto8
15. Importe total de las aportaciones a beneficios 
discrecionales de pensión en el ejercicio20.        
16. Importe total de retribución variable devengada en 
períodos plurianuales en programas que no se 
actualizan anualmente.        
1 Incluye a los miembros no ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad del ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.8), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 2 del artículo 529  duodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se asignarán los miembros a esta categoría teniendo en cuenta el punto 5.7 de las directrices sobre el ejercicio de comparación de remuneraciones de la Autoridad Bancar ia Europea (EBA/GL/2014/08). Los pagos por 
asistencia a los consejos deberían ser considerados como remuneración.
2 Incluye a los miembros ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad del ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.7), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 1 del artículo 529 duodecies  del Real decreto Legislativo 1/2010. Los pagos por 
asistencia a los consejos deberían ser considerados como remuneración.
3 Incluye servicios de asesoramiento a empresas en materia de finanzas corporativas, capital riesgo, mercados de capitales, negociación y ventas.
4 Incluye toda la actividad de préstamos (a particulares y a empresas).
5 Incluye gestión de carteras, gestión de instituciones de inversión colectiva y otras formas de gestión de activos.
6 Todas las funciones de responsabilidad para la entidad en su conjunto a nivel consolidado y/o individual; por ejemplo, recursos humanos o sistemas de información.
7 Personal de la unidad de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna, según se describe en la guía de la ABE sobre gobierno interno (EBA/GL/2017/11). La información de estas funciones deberá realizarse a nivel consolidado y/o individ ual.
8 Esta columna incluirá aquellos empleados que no pueden ser ubicados en una de las áreas de negocio indicadas.
9 Número de empleados a final de año.
10 Empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad, de acuerdo con el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE (colectivo identificado).
11 Altos directivos, tal y como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 9, de la Directiva 2013/36/UE; es decir, aquellas personas físicas que ejerzan funciones ejecutivas en la entidad y que sean responsables de su gestión diaria y deba n rendir cuentas de ello ante el órgano de 
dirección.
12 La remuneración fija incluye pagos, contribuciones regulares (no discrecionales) a fondos de pensiones o beneficios (que no dependan de la actuación de quien los percibe), de acuerdo con los principios generales de la política de remuneracio nes recogida en el artículo 33.1 letra e) 
1.º de la Ley 10/2014.
13 La remuneración variable incluye pagos adicionales u otras retribuciones que dependan del desempeño o, en circunstancias excepcionales, otros elementos contractuales, pero no aquellos que forman parte de los paquetes habituales para empleado s (como asistencia sanitaria, 
ayuda a los hijos o aportaciones normales y proporcionadas a planes de pensiones) de acuerdo con los principios generales de la política de remuneraciones recogida en el artículo 33.1 letra e) 2.º de la Ley 10/2014. Deberán incluirse tanto l as retribuciones pecuniarias como las no 
pecuniarias. Los importes deberán declararse brutos, sin aplicar el tipo de descuento de la retribución variable (r. v.), que se aplica a la r. v. total, a la r. v. en metálico, a la r. v. en acciones e instrumentos ligados a las acciones y a la r. v. en otros tipos de instrumentos.
14 Efectivo o instrumentos de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, letra l.ii), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra I).2.ª de la Ley 10/2014.
15 Remuneración diferida de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, letra m), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra m) de la Ley 10/2014. Los importes deberán declararse brutos, sin aplicar el tipo de descuento de la retribución v ariable (r. v.), que se aplica a la r. v. total, a la 
r. v. en metálico, a la r. v. en acciones e instrumentos ligados a las acciones y a la r. v. en otros tipos de instrumentos.
16 Instrumentos contemplados en el artículo 94, apartado 1, letra l.ii), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra I).2.ª de la Ley 10/2014.
17 Remuneración variable diferida devengada en períodos anteriores que aún no se ha consolidado. Se declararán los importes brutos, sin ninguna reducción por la aplicación del tipo de descuento de la remuneración variable diferida.
18 Ajuste explícito ex post  por desempeño conforme al artículo 94, apartado 1, letra n), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra n) de la Ley 10/2014.
19 Retribución variable garantizada con las precisiones que establecen el artículo 94, apartado 1, letras d) y e), de la Directiva 2013/36/UE y las letras d) y e) del artículo 34.1 de la Ley 10/2014.
20 Como se define en el artículo 3, apartado 53, de la Directiva 2013/36/UE.
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Estado R.03: Desglose por bandas salariales de las personas cuya remuneración 
alcance o supere el millón de euros
Estado R.03.00: Desglose por bandas salariales de las personas cuya remuneración 
alcance o supere el millón de euros
Remuneración total.
Bandas salariales en eurosNúmero de personas2
De 1.000.000 a menos de 1.500.000.  
De 1.500.000 a menos de 2.000.000.  
De 2.000.000 a menos de 2.500.000.  
De 2.500.000 a menos de 3.000.000.  
De 3.000.000 a menos de 3.500.000.  
De 3.500.000 a menos de 4.000.000.  
De 4.000.000 a menos de 4.500.000.  
De 4.500.000 a menos de 5.000.000.  
De 5.000.000 a menos de 6.000.000.  
De 6.000.000 a menos de 7.000.000.  
De 7.000.000 a menos de 8.000.000.  
De 8.000.000 a menos de 9.000.000.  
De 9.000.000 a menos de 10.000.0001.  
1 Se añadirán más bandas salariales en caso necesario.
2 Número de personas físicas que forman parte del colectivo identificado cuya remuneración es igual o 
superior al millón de euros por ejercicio financiero.
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Estado R.04: Información sobre las personas cuyas remuneraciones devengadas alcancen o superen el millón de euros en el año
Estado R.04.00: Información sobre las personas cuyas remuneraciones devengadas alcancen o superen el millón de euros en el año
BANDA SALARIAL1 
PAÍS  
Importes en euros
Áreas de negocioConsejo de Administración. 
Consejeros no ejecutivos2Consejo de Administración. 
Consejeros ejecutivos3 Banca de inversión4Banca comercial5Gestión de activos6Funciones corporativas7 Funciones independientes de 
control8 Resto9
1. Número de personas de alta dirección10.         
2. Número de personas en funciones de 
control11.        
3. Número personas de otro personal.         
4. Número total de personas cuyas 
remuneraciones devengadas superaron el 
millón de euros en el año.        
De los que: «colectivo identificado»12.         
5. Total remuneración fija13.         
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos 
relacionados.        
De los que: en otros tipos de instrumentos.         
6. Total remuneración variable14.         
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos 
relacionados.        
De los que: en otros tipos de instrumentos15.         
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Núm. 82 Miércoles 6 de abril de 2022 Sec. I.   Pág. 46484
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control8 Resto9
7. Total remuneración variable devengada 
en el ejercicio que se difiere16.        
De los que: en metálico.         
De los que: en acciones o instrumentos 
relacionados.        
De los que: en otros tipos de instrumentos17.         
Información adicional sobre el importe total de remuneración variable.
8. Número de beneficiarios de 
indemnizaciones por resolución anticipada de 
contrato.        
9. Importe total de indemnizaciones por 
resolución anticipada de contrato en el 
ejercicio.        
10. Importe total de las aportaciones a 
beneficios discrecionales de pensión en el 
ejercicio18.        
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11. Importe total de retribución variable 
devengada en períodos plurianuales en 
programas que no se actualizan anualmente.        
Nota: actividades desarrolladas por las 
personas incluidas en «Resto».        
1 Deberá completarse un estado por cada banda salarial de un millón de euros, a partir de un millón de euros.
2 Incluye a los miembros no ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad del ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.8), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 2 del artículo 529  duodecies  del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se asignarán los miembros a esta categoría teniendo en cuenta el punto 3.4 de las directrices sobre el ejercicio de recopilación de información relativa a personas con alta remuneración de la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA/GL/2014/07). Los pagos por asistencia a los consejos deberían ser considerados como remuneración.
3 Incluye a los miembros ejecutivos de los órganos de dirección de cualquier entidad del ámbito de consolidación, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1.7), de la Directiva 2013/36/UE y el apartado 1 del artículo 529 duodecies  del Real Decreto Legislativo 1/2010.
4 Incluye servicios de asesoramiento a empresas en materia de finanzas corporativas, capital riesgo, mercados de capitales, ventas y negociación.
5 Incluye toda la actividad de préstamos (a particulares y a empresas).
6 Incluye gestión de carteras, gestión de instituciones de inversión colectiva y otras formas de gestión de activos.
7 Todas las funciones que tienen responsabilidad para la entidad en su conjunto, a nivel consolidado y/o individual; por ejemplo, recursos humanos o sistemas de información.
8 Personal de la unidad de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna, según se describe en la guía de la ABE sobre gobierno interno (EBA/GL/2017/11). La información de estas funciones deberá realizarse a nivel consolidado y/o individ ual.
9 Esta columna incluirá a aquellos empleados que no pueden ser ubicados en una de las áreas de negocio indicadas. En este caso, la entidad incluirá una nota a pie de página en esta columna e información cualitativa en la línea correspondiente al número total de empleados 
indicando la actividad que realizan.
10 Altos directivos, tal y como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 9, de la Directiva 2013/36/UE, es decir, aquellas personas físicas que ejerzan funciones ejecutivas en la entidad y que sean responsables de su gestión diaria y deba n rendir cuentas de ello ante el órgano de 
dirección.
11 Las funciones de control comprenden las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna, así como las unidades de control dependientes de las áreas de negocio.
12 Empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad, de acuerdo con el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 32.1 de la Ley 10/2014.
13 La remuneración fija incluye pagos, contribuciones regulares (no discrecionales) a fondos de pensiones o beneficios (que no dependan de la actuación de quien los percibe), de acuerdo con los principios generales de la política de remuneracio nes recogidos en el artículo 33.1 letra 
e) 1.º de la Ley 10/2014.
14 La remuneración variable incluye pagos adicionales u otras retribuciones que dependan del desempeño o, en circunstancias excepcionales, otros elementos contractuales, pero no aquellos que forman parte de los paquetes habituales para empleado s (como asistencia sanitaria, 
ayuda a los hijos o aportaciones normales y proporcionadas a planes de pensiones) de acuerdo con los principios generales de la política de remuneraciones recogida en el artículo 33.1 letra e) 2.º de la Ley 10/2014. Deberán incluirse tanto l as retribuciones pecuniarias como las no 
pecuniarias. Los importes deberán declararse brutos, sin aplicar el tipo de descuento de la retribución variable (r. v.), que se aplica a la r. v. total, a la r. v. en metálico, a la r. v. en acciones e instrumentos ligados a las acciones y a la r. v. en otros tipos de instrumentos.
15 Instrumentos de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, letra l.ii), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 I).2.ª de la Ley 10/2014.
16 Remuneración diferida de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, letra m), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra m) de la Ley 10/2014. Los importes deberán declararse brutos, sin aplicar el tipo de descuento de la retribución v ariable (r. v.), que se aplica a la r. v. total, a la 
r. v. en metálico, a la r. v. en acciones e instrumentos ligados a las acciones y a la r. v. en otros tipos de instrumentos.
17 Instrumentos contemplados en el artículo 94, apartado 1, letra l.ii), de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 34.1 letra I).2.ª de la Ley 10/2014.
18 Según se define en el artículo 3, apartado 53, de la Directiva 2013/36/UE.
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ANEJO III
Anejo VI Información sobre titulaciones
Artículo del Reglamento (UE) n.º 575/2013 aplicable a la titulización. < 244(2), 244(3), 245(2), 245(3) >
Opciones de compra a favor del originador incluidas en la transacción. < sí, no >
Tipo de activos subyacentes. (RMBS, CMBS, préstamos a estudiantes, préstamos corporativos, trade finance…)
Divisa de referencia.  
Nocional de la transacción. miles de millones (mm)
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X