BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98151
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12913 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 
estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales 
concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de 
corrección o compensación.
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 
desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, 
mediante el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto 
transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado 
por nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el derecho comunitario, por la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 
diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno.
Merece una mención especial el hecho de que en España ya es plenamente aplicable 
el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que deberá 
aplicarse tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación ambiental 
estratégica.
La presente reforma se hace en sintonía con los principios que animan la revisión de 
la normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. Además, teniendo 
en cuenta esta circunstancia se prevén los mecanismos necesarios para una adaptación 
rápida de los contenidos técnicos que resulten de la futura reforma europea.
La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que aproximan 
y facilitan la aplicación de ambas regulaciones.
Esta ley parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación, en 
España, de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, la consideración de los 
impactos ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, 
se ha revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo 
económico. No obstante, en este amplio periodo, también se han apreciado importantes 
disfunciones y carencias técnicas que importa corregir sin dilación. Son ejemplo de estas 
insuficiencias, la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental, 
o la diversidad de normativas (en ocasiones sin justificación medioambiental) que pueden 
llegar a desvirtuar los efectos preventivos del procedimiento de evaluación ambiental.
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Las mejoras técnicas que incorpora el presente texto legal se asientan en la mayor 
experiencia adquirida y en la mejor conciencia de dónde y cómo se suelen producir los 
impactos y el mejor modo de mitigarlos.
En España, la eficacia de la evaluación ambiental exige establecer un procedimiento 
que sea común en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional de 
que las comunidades autónomas disponen para establecer normas adicionales de 
protección.
En esta línea, cabe citar el detallado informe del Consejo Económico y Social de 2012 
titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Ambiente», en 
el que se expone, a propósito de la evaluación de impacto ambiental, que en ocasiones 
una misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más o menos severos, o 
incluso, estar sometida a una evaluación en algunas comunidades y excluida en otras. El 
informe propone que «en el marco de la Conferencia Sectorial sobre Medio Ambiente, se 
debería impulsar la armonización de los procedimientos administrativos autonómicos 
actualmente en vigor, con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas 
administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los 
niveles de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas».
La necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de 
gobierno ha sido puesta de manifiesto en diferentes lugares: por la OCDE («Sustainability 
in Impact Assessments. A review of Impact Assessment Systems in selected OECD 
countries and the European Commission, de 2012»), o por la Comisión Europea 
(«Industrial Perfomance Scoreboard and Member’s States»). Este último informe señala 
que la proliferación de distintas regulaciones es un obstáculo a la mejora de la 
productividad, advertencias que deben ponerse en relación con el lugar que ocupa 
España, el puesto 44, en la clasificación del Banco Mundial de países según su facilidad 
para hacer negocios («Doing Business, 2012»).
De acuerdo con estas premisas, la presente ley pretende ser un instrumento eficaz 
para la protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, se propone 
simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de 
los operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr la concertación de la 
normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional.
Mediante este proyecto, como anteriormente se anunció, se unifican en una sola 
norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.
La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos –evaluación 
ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental– y unifica la terminología. 
Además, estos procedimientos se regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos 
ventajas: por una parte puede servir de acicate para que las comunidades autónomas los 
adopten en su ámbito de competencias, sin más modificaciones que las estrictamente 
necesarias para atender a sus peculiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo 
reglamentario de la ley no resulte imprescindible.
Asimismo, esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El 
establecimiento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y el 
llamamiento a la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
determinará el desarrollo de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que 
permitirá a los promotores conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de 
carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un 
proyecto, con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con 
estos principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan a la ley son 
legislación básica y por tanto, de aplicación general.
El legislador consciente de la importancia que tiene la concertación de los 
procedimientos de evaluación ambiental que existen en nuestro país, introduce un 
novedoso mecanismo de entrada en vigor, previsto en su disposición derogatoria y su 
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disposición final décima, para lo que afecta a sus aspectos de legislación básica y 
respecto de las Comunidades Autónomas que dispongan de normativa propia sobre 
evaluación ambiental. Así, se otorga un plazo de un año para que las Comunidades 
Autónomas puedan adaptar su normativa a esta ley. No obstante, si antes de que finalice 
ese plazo cualquier Comunidad Autónoma ajusta su normativa, entrará en vigor en ese 
momento. En todo caso, aunque no hayan hecho la oportuna adaptación esta ley se 
aplicará, como legislación básica, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Por último, la existencia de un marco jurídico común –con las especificidades 
estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma– evitará procesos de 
deslocalización.
En materia de medio ambiente, la regulación básica estatal y la autonómica de 
desarrollo deben asegurar, por imperativo del artículo 45 de la Constitución, la protección 
y preservación del medio ambiente, para lo cual un marco básico y común es 
absolutamente indispensable.
La presente ley se asienta en la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección (artículo 
149.1.23.ª de la Constitución).
II
La ley consta de 64 artículos distribuidos en tres títulos: el título I contiene los 
principios y disposiciones generales, el título II las disposiciones reguladoras de los 
procedimientos de evaluación ambiental y, por último, el título III regula el seguimiento y 
el régimen sancionador.
El título I establece los principios y las disposiciones de carácter general, aplicables 
tanto a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación de impacto ambiental.
Los principios contemplados en la ley no se establecen ex novo, sino que preexisten 
en los ordenamientos comunitario y nacional. Sin embargo, se ha considerado 
conveniente su inclusión explícita en la norma con la finalidad de que estén muy 
presentes, así resumidos y compilados, en el momento de adoptar decisiones sobre 
evaluación ambiental y en especial para que las comunidades autónomas los tengan en 
consideración si deciden hacer uso de la habilitación constitucional que les permite 
adoptar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente.
Los mencionados principios son el de protección y mejora del medio ambiente; acción 
preventiva y cautelar: prevención y corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente; quien contamina paga; racionalización; simplificación y concertación de 
procedimientos de evaluación ambiental; cooperación y coordinación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas, proporcionalidad entre 
los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de 
procedimiento de evaluación al que, en su caso, deban someterse, colaboración activa de 
los distintos órganos administrativos que intervienen en el procedimiento de evaluación, 
facilitando la información necesaria que se les requiera, participación pública, desarrollo 
sostenible e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
Para que la legislación sobre evaluación ambiental venga inspirada en estos principios 
y para conseguir un alto grado de homogeneidad entre las normas aplicables en las 
distintas partes del territorio nacional, la ley realiza un llamamiento a la cooperación en el 
marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que se analizarán y 
propondrán las modificaciones normativas necesarias para cumplir con la ley y, en 
particular, para impulsar los cambios normativos y reformas necesarias que podrán 
consistir en la modificación, derogación o refundición de la normativa autonómica 
existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan sus particularidades 
organizativas. En su seno, podrán constituirse grupos de trabajo de carácter técnico que 
elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan la estandarización 
de estos procedimientos.
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Este título I regula también las cuestiones generales como el objeto y finalidad de la 
norma; las definiciones; el ámbito de aplicación; los supuestos excluidos de la evaluación 
ambiental y los proyectos exceptuables; el mandato general de someter a evaluación 
ambiental los planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de aplicación; la 
consecuencia jurídica de la falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales 
y otras cuestiones como la determinación del órgano ambiental; la relación entre 
administraciones; la relación entre la evaluación estratégica y la de impacto ambiental; la 
relación entre ésta y la autorización ambiental integrada contenida en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la confidencialidad y la 
capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales.
En materia de relaciones entre administraciones y como consecuencia de la 
consideración de la evaluación ambiental como un procedimiento instrumental respecto 
del procedimiento sustantivo, se ha considerado necesario establecer que el órgano 
sustantivo informe al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante 
la tramitación del procedimiento de adopción, aprobación o autorización de un plan, 
programa o proyecto que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de los 
procedimientos de evaluación ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo 
o la caducidad del procedimiento sustantivo. De este modo se evita que el órgano 
ambiental continúe con una tramitación innecesaria.
La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, 
o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, 
expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, 
cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un 
proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan 
sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan 
corresponder.
Este aspecto preventivo, esencial e inherente a la ley, viene reforzado por la mención 
expresa de las consecuencias jurídicas de la falta de pronunciamiento en los 
procedimientos ambientales –en coherencia con el derecho y la jurisprudencia 
comunitarios y nacionales–. De acuerdo con esta regulación, la falta de emisión de la 
declaración ambiental estratégica, del informe ambiental estratégico, de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los plazos legalmente 
establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental 
favorable.
Las definiciones se han establecido con el nivel de detalle necesario y suficiente para 
clarificar los conceptos del articulado. A fin de facilitar su utilización, se han dividido en 
tres apartados: definiciones generales, definiciones a los efectos de la evaluación 
ambiental estratégica y definiciones a los efectos de la evaluación de impacto ambiental.
Como novedad, cabe destacar que por primera vez se define la naturaleza jurídica 
tanto de los procedimientos ambientales como de los pronunciamientos ambientales, de 
acuerdo con la jurisprudencia consolidada al respecto durante los años de vigencia de 
esta legislación.
Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación 
de impacto ambiental se califican como «procedimiento administrativo instrumental» con 
respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación o adopción de los planes y 
programas o de la autorización de los proyectos.
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Por su parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental 
estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el 
informe de impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y 
determinante. El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se 
manifiesta en una doble vertiente, formal y material. Desde el punto de vista formal o 
procedimental, el carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que 
no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto éste no 
se evacue.
Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido 
para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a 
la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente 
para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se 
refiere.
Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para 
la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por 
el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente 
solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante 
el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma 
correspondiente, o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado.
Los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo 
serán, como no puede ser de otra manera si se quiere evitar la indefensión, los 
pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten 
los planes o programas o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los 
pronunciamientos ambientales.
Una de las piezas esenciales de la evaluación ambiental es la consulta a las 
administraciones públicas afectadas. Para evitar demoras que no tienen justificación 
desde el punto de vista ambiental y conseguir que el procedimiento sea eficaz, la falta de 
pronunciamiento de las administraciones públicas afectadas no puede, en modo alguno, 
ralentizar, y menos aún paralizar el procedimiento, que podrá continuar siempre y cuando 
el órgano ambiental disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la 
evaluación ambiental.
En el caso de que las administraciones públicas afectadas no emitieran sus informes, 
o si éstos no resultaran suficientes, la ley prevé que el órgano ambiental requiera al titular 
del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que 
en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora y 
de la posibilidad que tiene el promotor de reclamar a la Administración competente la 
emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También resulta destacable que tanto para la evaluación ambiental estratégica como 
para la de impacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el ordinario y el simplificado. 
La terminología empleada está muy extendida y consolidada en las comunidades 
autónomas y pone el acento en la naturaleza esencialmente procedimental de la norma. 
Los motivos que han llevado a establecer esta distinción se encuentran en las propias 
directivas comunitarias, que obligan a realizar una evaluación ambiental con carácter 
previo de todo plan, programa o proyecto «que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente».
Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen 
la presunción iuris et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el 
medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados antes de su aprobación, adopción o 
autorización, de acuerdo con el procedimiento ordinario. Para los restantes planes, 
programas y proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un análisis, bien caso a 
caso, bien mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si 
tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha 
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denominado procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, 
programa o proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá 
realizarse una evaluación ordinaria.
De esta forma, se garantiza el correcto cumplimiento de las directivas comunitarias, 
de acuerdo con la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por lo que respecta a los plazos máximos, se establecen los siguientes: evaluación 
estratégica ordinaria: veintidós meses, prorrogable por dos meses más por razones 
justificadas debidamente motivadas; evaluación ambiental estratégica simplificada: cuatro 
meses; evaluación de impacto ambiental ordinaria: cuatro meses, prorrogable por dos 
meses más por razones justificadas debidamente motivadas; y evaluación de impacto 
ambiental simplificada: tres meses.
Sobre el ámbito de aplicación de la ley no se han introducido modificaciones 
sustanciales en relación con las leyes que ahora se derogan, ya que este ámbito viene 
claramente delimitado en las directivas comunitarias, por lo que no se ha hecho más que 
mantener la transposición que de ellas se hizo. No obstante, se han incorporado en el 
ámbito de aplicación de esta ley, por cuestiones de técnica normativa, determinados 
epígrafes de los anexos I y II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
Asimismo, se ha incluido la posibilidad de que los proyectos sujetos a evaluación de 
impacto ambiental simplificada se sometan al procedimiento ordinario cuando así lo 
solicite el promotor. En materia de competencias y coordinación administrativa, la ley trata 
de clarificar algunas actuaciones administrativas compartidas previstas en la normativa 
anterior.
Sobre la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental 
debe señalarse que, de conformidad con las directivas comunitarias, la primera no 
excluye a la segunda, de forma que se mantiene la anterior regulación. Igualmente se 
mantiene el artículo relativo a la relación entre la evaluación de impacto ambiental y la 
autorización ambiental integrada, ya que esta regulación está contenida en la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Como novedad, se incluye la regulación de la confidencialidad que deben mantener 
las administraciones públicas en relación con determinada documentación aportada por 
el promotor. De esta manera, se solucionarán muchos problemas que se plantean ante 
solicitudes de acceso a documentos de procedimientos aún no finalizados al aplicar la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Finalmente, se incluye la exigencia de que los documentos que presenten los 
promotores durante la evaluación ambiental sean realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente, lo que permitirá mantener un elevado nivel de calidad 
técnica de dichos documentos.
El título II está dedicado, en capítulos separados, a la evaluación ambiental estratégica 
y a la evaluación de impacto ambiental, estableciendo una regulación de carácter básico, 
aplicable, por tanto, a todo el territorio del Estado con las salvedades establecidas en la 
disposición final octava, que determina los artículos que no tienen carácter básico.
Con independencia de que el órgano sustantivo pueda resolver, de conformidad con 
la legislación sectorial, la inadmisión meramente formal de la solicitud de adopción, 
aprobación o autorización del plan, programa o proyecto si el promotor no hubiese 
presentado el expediente completo, la ley regula también un trámite de inadmisión de 
carácter sustantivo o material, que tiene como finalidad que los promotores conozcan, 
desde una fase muy preliminar del procedimiento, que existen fundadas razones para 
entender que el plan, programa o proyecto no podrá contar con una declaración ambiental 
favorable, por razones ambientales, o cuando los estudios ambientales no reúnen 
condiciones de calidad suficientes apreciadas, o cuando se hubiese inadmitido o se 
hubiere dictado una declaración ambiental desfavorable en un plan, programa o proyecto 
análogo al presentado. Esta resolución de inadmisión declarada por el órgano ambiental 
afecta exclusivamente a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental –tanto estratégica 
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como de impacto, y tanto ordinaria como simplificada– y se dicta sin perjuicio de lo que 
resuelva el órgano sustantivo, de conformidad con la legislación sectorial, sobre la 
solicitud de adopción, aprobación o autorización del plan, programa o proyecto.
Aunque las directivas comunitarias no obligan a ello, pero con la previsión de que en 
breve será un mandato comunitario, y en todo caso por entender que es una referencia 
ineludible, la ley introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático, 
para lo cual, como no puede ser de otro modo, deberán utilizarse las informaciones y las 
técnicas que estén disponibles en cada momento.
El capítulo I de este título II contiene las disposiciones relativas a la evaluación 
ambiental estratégica, regulando los procedimientos ordinario y simplificado antes 
aludidos y, precisando algunas cuestiones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, que habían 
resultado de difícil interpretación.
Este capítulo I se divide en dos secciones dedicadas, respectivamente, a la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria y simplificada.
En la sección 1.ª se ha tratado de sistematizar el procedimiento ordinario, siguiendo 
un orden cronológico que facilite a los promotores la aplicación de esta ley.
Asimismo, se ha tratado de asimilar la terminología de la evaluación ambiental 
estratégica con la empleada en la evaluación de impacto ambiental, más antigua y ya 
consolidada en nuestro ordenamiento jurídico.
De esta manera, el informe de sostenibilidad ambiental que regulaba la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, pasa ahora a denominarse estudio ambiental estratégico, mientras que la 
memoria ambiental pasa a ser, en virtud de esta ley, la declaración ambiental estratégica, 
a semejanza, respectivamente, del estudio de impacto ambiental y la declaración de 
impacto ambiental.
Las consultas a las administraciones afectadas resultan fundamentales para la 
determinación del alcance y contenido que debe tener el estudio ambiental estratégico 
y por este motivo se conforman con carácter obligatorio en la directiva comunitaria de 
evaluación ambiental de planes y programas, y como no puede ser de otra manera, 
en la propia ley. Para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en 
la planificación, la norma ordena que las sucesivas versiones de un plan o programa 
–borrador, versión inicial y propuesta final– incorporen el contenido del documento 
ambiental previo correspondiente –documento inicial estratégico, estudio ambiental 
estratégico y declaración ambiental estratégica–.
El procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica finaliza con la 
declaración ambiental estratégica, pronunciamiento del órgano ambiental que, como ya 
se ha apuntado, tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, no 
será objeto de recurso y deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental.
Concluye esta sección con la regulación, ex novo  y en paralelo con la que se establece 
para la evaluación de impacto ambiental, de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica y del procedimiento para la modificación de la misma, y con la resolución de 
discrepancias, que se atribuye, en el ámbito de la Administración General del Estado al 
Consejo de Ministros, y en el ámbito de las comunidades autónomas al Consejo de 
Gobierno o al órgano que ellas determinen.
La sección 2.ª regula el procedimiento simplificado de evaluación ambiental 
estratégica, que incluye como novedad la previa admisión a trámite, continúa con las 
consultas a las administraciones afectadas y concluye con un informe ambiental 
estratégico, que puede determinar bien que el plan o programa tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, y por tanto debe someterse a una evaluación estratégica 
ordinaria, o bien que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente y, por tanto, puede adoptarse o aprobarse en los términos que el propio informe 
establezca.
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Para el caso de que en el informe ambiental estratégico se haya concluido que es 
preciso realizar una evaluación ambiental estratégica ordinaria, se regula expresamente y 
por primera vez que se conservarán las actuaciones realizadas en el procedimiento 
simplificado.
El capítulo II de este título II regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
con un mayor grado de detalle de lo que lo hacía la anterior ley, aportando una mayor 
seguridad jurídica. Podrá ser, al igual que la estratégica, ordinaria o simplificada.
La sección 1.ª regula el procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, 
que se aplica a los proyectos enumerados en el anexo I, incluyendo algunas novedades a 
la vista de la experiencia adquirida y de los problemas diagnosticados.
El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando el órgano sustantivo remite al 
órgano ambiental el expediente completo, que incluye el proyecto, el estudio de impacto 
ambiental y el resultado de la información pública y de las consultas a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. No obstante, con carácter previo al 
procedimiento, deben efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de 
carácter potestativo. El primero de estos trámites previos es la determinación del alcance 
del estudio de impacto ambiental que, como novedad en esta ley, tendrá carácter 
voluntario para el promotor, como se contempla en la Directiva 2011/92/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre.
A continuación, y una vez que el promotor ha elaborado el estudio de impacto 
ambiental, el órgano sustantivo debe realizar, en esta ocasión con carácter obligatorio, los 
trámites de información pública y de consultas a las administraciones afectadas y a las 
personas interesadas. La ley establece, por primera vez, que tendrán carácter preceptivo, 
el informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la comunidad 
autónoma, el informe del organismo de cuenca, el informe sobre patrimonio cultural y, en 
su caso, el informe sobre dominio público marítimo terrestre.
La evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicha se desarrolla en tres 
fases: inicio, análisis técnico y declaración de impacto ambiental.
Admitido el expediente y después de su análisis técnico el procedimiento finaliza con 
la resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental, que determinará 
si procede o no la realización del proyecto a los efectos ambientales y, en su caso, las 
condiciones ambientales en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras de los 
efectos ambientales negativos y, si proceden, las medidas compensatorias de los citados 
efectos ambientales negativos. Además, el contenido mínimo de la declaración de impacto 
ambiental se regula con mayor detalle y se prevé no solo su publicación en diarios 
oficiales sino también en la sede electrónica del órgano ambiental.
Como ya se ha afirmado de los restantes pronunciamientos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y 
determinante, no será recurrible y deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente. Concluye esta sección con la regulación de la 
vigencia de la declaración de impacto y del procedimiento para la modificación de la 
misma, y con la resolución de discrepancias, que se atribuye al Consejo de Ministros o al 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o al órgano que ésta haya determinado.
La vigencia de las declaraciones de impacto ambiental ha sido uno de los elementos 
de la normativa anterior cuya aplicación, sin duda, ha generado mayores dificultades. 
Para solventar esta situación se considera que las fechas relevantes son la de publicación 
de la declaración de impacto ambiental para iniciar el cómputo del plazo de su vigencia y 
la fecha de inicio de la ejecución del proyecto para su finalización. Se prevé, asimismo, la 
posibilidad de prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental por un plazo 
adicional.
Finalmente, se regula, por primera vez, la modificación del condicionado ambiental de 
una declaración de impacto ambiental, a solicitud del promotor, cuando concurran 
determinadas circunstancias.
cve: BOE-A-2013-12913
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La sección 2.ª del capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental simplificada, a 
la que se someterán los proyectos comprendidos en el anexo II, y los proyectos que no 
estando incluidos en el anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa o indirectamente a 
los espacios Red Natura 2000.
Trámite esencial de este procedimiento, como en los restantes, es el de consultas, 
que obligatoriamente deberán efectuarse a las administraciones afectadas, y como 
novedad, también obligatoriamente se consultará a las personas interesadas.
El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, 
resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que deberá publicarse 
cuando el órgano ambiental determine que el proyecto no debe someterse al 
procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental.
Es destacable que la ley indica, expresamente y por primera vez, que si el 
procedimiento simplificado concluye con la necesidad de someter el proyecto a 
procedimiento ordinario se conservarán las actuaciones realizadas, por lo que no será 
necesario realizar nuevas consultas si el promotor decide solicitar a la administración que 
determine el alcance y contenido del estudio de impacto ambiental.
El capítulo III regula las consultas transfronterizas, que deberán efectuarse tanto 
cuando un plan, programa o proyecto que vaya a ser ejecutado en España pueda tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente en otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de 
instrumentos internacionales, como cuando se dé la situación inversa, es decir, cuando 
un plan, programa o proyecto que se vaya a ejecutar en otro Estado pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente en España.
III
El título III regula, en tres capítulos separados, el seguimiento de los planes y 
programas y de las declaraciones de impacto ambiental, que se atribuyen al órgano 
sustantivo, el régimen sancionador y el procedimiento sancionador, incorporando mejoras 
técnicas para superar algunas deficiencias de la anterior ley.
Sobre el régimen y el procedimiento sancionador (capítulos II y III), esta ley regula 
medidas de carácter provisional, como aquellas imprescindibles que se aplican con 
anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones 
establecidos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, se clarifica la regulación de la previsión relativa a la reparación e indemnización 
de daños en consonancia con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.
IV
La parte final se integra por quince disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales. Las disposiciones 
adicionales versan sobre: proyectos sometidos a declaración responsable; o comunicación 
previa; planes y programas cofinanciados por la Unión Europea; obligaciones de 
información; relación de la evaluación ambiental con otras normas; concurrencia y 
jerarquía de planes o programas; infraestructuras de titularidad estatal; evaluación 
ambiental de los proyectos estatales que puedan afectar a espacios Red Natura 2000; 
bancos de conservación de la naturaleza; certificado de no afección a la Red Natura 
2000; operaciones periódicas, acumulación de procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental; aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
tramitación electrónica.
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Los bancos de conservación de la naturaleza son un mecanismo voluntario que 
permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que 
serán objeto de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
Los créditos generados en los bancos de conservación de la naturaleza serán 
inscritos en un registro oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado 
directamente a: entidades que los requieran en el ámbito de cualquier actividad que 
produzca una pérdida neta inevitable e irreparable de valores naturales –especialmente 
en el caso de medidas compensatorias de impacto ambiental, reparadoras 
complementarias y reparadoras compensatorias de daño medioambiental–; entidades sin 
ánimo de lucro; y las propias Administraciones públicas.
La disposición final primera tiene como finalidad la modificación parcial del régimen 
sancionador incluido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad.
La ley se acompaña de seis anexos: el primero y el segundo contienen la relación de 
proyectos que deben someterse, respectivamente, a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o simplificada. En buena medida, se han mantenido los grupos y categorías de 
proyectos de la normativa hasta ahora vigente, si bien se han introducido mejoras técnicas 
y se han incorporado nuevas tipologías de proyectos para evaluar el uso de nuevas 
técnicas, como la fractura hidráulica. Asimismo, se han adecuado al contenido de la 
Directiva los proyectos contemplados en los anexos, de manera que se sometan a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria aquellos proyectos que realmente puedan 
tener impactos significativos sobre el medio ambiente. El tercer anexo contiene los 
criterios en virtud de los cuales el órgano ambiental debe determinar si un proyecto del 
anexo II ha de someterse a una evaluación ambiental ordinaria. El cuarto anexo detalla el 
contenido del estudio ambiental estratégico; el quinto contiene los criterios para 
determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. Por último, el anexo VI detalla el contenido del estudio de impacto ambiental y 
los criterios técnicos para la interpretación de los anexos I y II.
Finalmente la Ley introduce una serie de modificaciones relativas a los trasvases 
intercuencas, en general, y particularmente, al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, 
de este modo, se adaptan las normas específicas sobre el trasvase Tajo-Segura a la 
legislación general de aguas nacida en España a partir de 1985. Y se otorga seguridad 
jurídica al sistema general.
Además de seguridad jurídica, se establece un mecanismo de seguridad y estabilidad 
técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante real decreto de las magnitudes 
determinantes de la regla de explotación del trasvase. Ello resulta necesario para adecuar 
de forma flexible estas magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los 
últimos años y para disponer de instrumentos ágiles de adaptación a posibles efectos de 
alteración hidrológica como los inducidos por el cambio climático.
Dotar de una excesiva rigidez al sistema en estos aspectos operativos puede dar 
lugar a efectos no deseados que el mecanismo previsto permite obviar.
Se deberá afrontar la modificación, en profundidad, de la legislación de Aguas que 
deberá establecer, entre otras cosas, un nuevo régimen de cesión de derechos, que le 
dote de mayor eficacia en el futuro. En este momento se modifica parcialmente el artículo 
72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el objetivo de flexibilizar su régimen 
jurídico sin perjuicio de la regulación específica de cada uno de los trasvases.
Asimismo, resulta necesario que, en el futuro próximo, la regulación de los trasvases 
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se incorporen al 
Plan Hidrológico Nacional, tal y como dispone el propio Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. Y en ese contexto, la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional deberá integrar, 
armonizar y actualizar en un único bloque normativo, las disposiciones relativas a todos 
los trasvases intercuencas, que se encuentran dispersas en diferentes normas.
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Se deroga la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de julio, por su 
manifiesta inviabilidad técnica, porque el intercambio de caudales no es posible, dado 
que las redes de distribución de los recursos trasvasados y los no convencionales no se 
superponen ni proporcionan la cobertura necesaria para el intercambio de agua. Por otra 
parte, el régimen jurídico de los recursos trasvasados y los no convencionales es 
completamente distinto, no admitiendo el cambio de toma ordinario previsto para las 
concesiones en la legislación de aguas. Además, el régimen económico es también 
distinto, con diferencias de costes muy notorias, que impiden la mera sustitución de un 
recurso por otro.
TÍTULO I
Principios y disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:
a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;
b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;
c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;
d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias 
para cumplir con las finalidades de esta ley.
2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 2.  Principios de la evaluación ambiental.
Los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:
a) Protección y mejora del medio ambiente.
b) Precaución.
c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente.
d) Quien contamina paga.
e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 
evaluación ambiental.
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas.
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 
programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban 
someterse.
h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera.
i) Participación pública.
j) Desarrollo sostenible.
k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.
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Artículo 3.  Relaciones entre Administraciones públicas.
1. Las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones en materia de 
evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información 
mutua, cooperación, colaboración y coherencia. A tal efecto, las consultas que deba 
realizar una Administración pública garantizarán la debida ponderación de la totalidad de 
los intereses públicos implicados y, en particular, la de aquéllos cuya gestión esté 
encomendada a otras Administraciones públicas.
2. El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se 
produzca durante la tramitación del procedimiento sustantivo de adopción, aprobación o 
autorización de un plan, programa o proyecto que tenga relevancia a los efectos de la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, singularmente aquellas que 
supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.
3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la 
declaración ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el 
informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se 
consultará preceptivamente al órgano que ostente las competencias en materia de medio 
ambiente de la comunidad autónoma en la que se ubique territorialmente el plan, 
programa o proyecto.
Artículo 4.  Cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente analizará y propondrá las 
modificaciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en este 
título y establecer un procedimiento de evaluación ambiental homogéneo en todo el 
territorio nacional.
2. En particular, la Conferencia Sectorial impulsará los cambios normativos y 
reformas necesarias que podrán consistir en la modificación, derogación o refundición de 
la normativa autonómica existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan 
sus particularidades organizativas.
3. La Conferencia Sectorial podrá establecer mecanismos para garantizar que las 
Administraciones públicas afectadas emitan en plazo los informes previstos en esta ley.
4. En el seno de la Conferencia Sectorial podrán constituirse grupos de trabajo de 
carácter técnico que elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan 
la estandarización de estos procedimientos.
Artículo 5.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) «Evaluación ambiental»: procedimiento administrativo instrumental respecto del 
de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de 
autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control 
de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través 
del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los 
planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación 
ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental»:
1.º «Evaluación ambiental estratégica» que procede respecto de los planes y 
programas, y que concluye:
i) Mediante la «Declaración Ambiental Estratégica», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, conforme a lo dispuesto en la Sección 
1.ª del Capítulo I del Título II.
ii) Mediante el «Informe Ambiental Estratégico», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica simplificada, conforme a lo dispuesto en la 
Sección 2.ª del Capítulo I del Título II.
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2.º «Evaluación de Impacto Ambiental» que procede respecto de los proyectos y 
que concluye:
i) Mediante la «Declaración de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II.
ii) Mediante el «Informe de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo dispuesto 
en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II.
b) «Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga 
duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además 
afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación.
c) «Documento de alcance»: pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al 
promotor que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto 
ambiental.
d) «Órgano sustantivo»: órgano de la Administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o 
para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en 
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública 
estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel que 
ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con 
prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales 
o complementarias respecto a aquélla.
e) «Órgano ambiental»: órgano de la Administración pública que realiza el análisis 
técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones 
estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales.
f) «Público»: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación 
que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas interesadas.
g) «Personas interesadas»: se consideran interesados en el procedimiento de 
evaluación ambiental:
1.º Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas 
en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la 
Ley 27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los siguientes requisitos:
i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.
ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de 
modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación 
ambiental.
h) «Administraciones públicas afectadas»: aquellas Administraciones públicas que 
tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 
biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, 
paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo.
i) «Patrimonio cultural»: concepto que incluye todas las acepciones de patrimonio, 
tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial.
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j) «Medidas compensatorias»: las definidas en el artículo 3, apartado 24) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por:
a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, 
independientemente considerado de la Administración que en su momento sea la 
competente para su adopción o aprobación.
b) «Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través 
de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
c) «Estudio ambiental estratégico»: estudio elaborado por el promotor que, siendo 
parte integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, 
con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa.
d) «Declaración Ambiental Estratégica»: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que 
evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o 
programa.
e) «Informe Ambiental Estratégico»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada.
f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de 
las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias 
en los efectos previstos o en la zona de influencia.
3. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en 
esta ley se entenderá por:
a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con 
independencia de la Administración que sea la competente para su autorización.
b) «Proyecto»: cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de 
una obra, una construcción, o instalación, así como el desmantelamiento o demolición o 
cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la 
explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo así 
como de las aguas marinas.
c) «Estudio de impacto ambiental»: documento elaborado por el promotor que 
contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del 
proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para 
prevenir y minimizar dichos efectos.
d) «Declaración de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que 
evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las 
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto.
e) «Informe de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada.
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Artículo 6.  Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno 
de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización 
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o 
del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior.
Artículo 7.  Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años.
Artículo 8.  Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en 
casos de emergencia.
b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos:
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación 
pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos 
proyectos deben contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones 
de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación 
del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y 
el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo 
ámbito de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo 
motivado, excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del 
Estado y, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma 
en su respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior 
y caso por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental en proyectos de:
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de 
especial interés para la seguridad pública por las administraciones competentes.
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.
4. En los casos previstos en el apartado anterior:
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de 
evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
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b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a 
disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que 
la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto 
excluido.
c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a 
la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
Artículo 9.  Obligaciones generales.
1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, 
autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, 
programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no 
se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su 
caso, puedan corresponder.
2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración 
responsable o una comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una 
evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación previa no 
podrán presentarse hasta que no haya concluido dicha evaluación de impacto ambiental 
por el órgano ambiental y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente y tal informe esté adoptado mediante resolución posterior adoptada por 
el órgano sustantivo.
La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto carecerá 
de validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación 
ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso procedan.
Artículo 10.  Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales.
La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental 
estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, 
en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a 
una evaluación ambiental favorable.
Artículo 11.  Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejercer 
las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental cuando se trate de la evaluación 
ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o 
autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o 
comunicación previa ante esta administración.
2. Las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo, 
en cuanto a la tramitación de los distintos procedimientos, corresponderán a los órganos 
que determine la legislación de cada comunidad autónoma cuando se trate de la 
evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, 
aprobados o autorizados por las comunidades autónomas o que sean objeto de 
declaración responsable o comunicación previa ante las mismas.
3. En el caso de planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o 
autorización corresponda a las entidades locales, las funciones atribuidas por esta ley al 
órgano ambiental y al órgano sustantivo corresponderán al órgano de la Administración 
autonómica o local que determine la legislación autonómica.
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4. Cuando el órgano sustantivo sea simultáneamente el promotor del plan, programa 
o proyecto, el órgano sustantivo realizará las actuaciones atribuidas al promotor en esta ley.
Artículo 12.  Resolución de discrepancias.
1. En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el 
órgano ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, de la 
declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del 
informe de impacto ambiental resolverá según la Administración que haya tramitado el 
expediente, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad 
autónoma determine.
2. El órgano sustantivo trasladará al órgano ambiental escrito fundado donde 
manifieste las razones que motivan la discrepancia junto con toda la documentación, 
incluyendo cuantos informes y documentos estime oportunos, en el plazo máximo de 
treinta días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto 
ambiental.
3. Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en 
un plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el 
citado plazo, se entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la 
declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, 
del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental formulado.
4. El órgano sustantivo elevará la discrepancia al órgano competente para su 
resolución, quien se pronunciará en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados 
desde su recepción. En tanto no se pronuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, 
se considerará que la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, el informe ambiental estratégico, o el informe de impacto 
ambiental mantienen su eficacia.
5. El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.
Artículo 13.  Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de 
impacto ambiental.
1. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven.
2. El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de 
eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental, 
siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa o, en 
su defecto, el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica 
y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la 
evaluación ambiental estratégica.
Artículo 14.  Relación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización 
ambiental integrada.
Las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en 
materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento 
de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada.
Artículo 15.  Confidencialidad.
1. Las Administraciones públicas que intervienen en los procedimientos de 
evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas 
por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98169
2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la 
documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La 
Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación 
vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información 
amparada por la confidencialidad.
Artículo 16.  Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos 
ambientales.
1. El documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y el documento 
ambiental estratégico, en el caso de la evaluación ambiental estratégica, y el documento 
inicial, el estudio de impacto ambiental y el documento ambiental en el caso de la 
evaluación de impacto ambiental, deberán ser realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones 
profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad necesaria para cumplir las 
exigencias de esta ley. Para ello, los estudios y documentos ambientales mencionados 
deberán identificar a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión 
regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión y firma del autor.
2. Los autores de los citados documentos serán responsables de su contenido y de 
la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la 
administración de forma fehaciente.
TÍTULO II
Evaluación ambiental
CAPÍTULO I
Evaluación ambiental estratégica
Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica
Artículo 17.  Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
f) Declaración ambiental estratégica.
2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial 
estratégico, para realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y elaborar un 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2.
3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la 
realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 
22 y 23 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance.
4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental 
estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por 
dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del 
expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98170
Artículo 18.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 
inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 
concurrentes.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 
inviable por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental 
estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.
Artículo 19.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico.
1. El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento 
inicial estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las 
personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
desde su recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar 
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán 
en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98171
resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto 
en el artículo 17.2.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá al promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas.
3. El documento de alcance del estudio ambiental estratégico se pondrá a 
disposición del público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano 
sustantivo.
Artículo 20.  Estudio ambiental estratégico.
1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio 
ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles 
efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como 
unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los 
objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o 
programa y contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como 
aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos 
efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser 
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.
3. Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la 
información pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y 
programas promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas.
Artículo 21.  Versión inicial del plan o programa e información pública.
1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el 
estudio ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo.
2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, 
acompañado del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede 
electrónica. La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles.
La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo 
cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.
3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen 
no técnico del estudio ambiental estratégico.
4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre 
el público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los medios 
electrónicos.
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98172
Artículo 22.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá 
la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 
consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que 
hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19.
Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, 
de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que 
se acredite la realización de la consulta.
2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde que se les somete la versión 
inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir los 
informes y alegaciones que estimen pertinentes.
Artículo 23.  Propuesta final de plan o programa.
Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información 
pública y de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el promotor 
modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final 
del plan o programa.
No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos 
establecidos en los artículos 21 y 22.
Artículo 24.  Análisis técnico del expediente.
1. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación 
ambiental estratégica completo, integrado por:
a) La propuesta final de plan o programa.
b) El estudio ambiental estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso 
las consultas transfronterizas así como su consideración.
d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 
propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental 
estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas 
realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración.
2. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un análisis de 
los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el medio ambiente, que 
tomará en consideración el cambio climático.
3. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica 
el órgano ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han 
realizado conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que 
subsane el expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres 
meses. En estos casos se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la 
declaración ambiental estratégica.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al 
órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso.
cve: BOE-A-2013-12913
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98173
4. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica 
el órgano ambiental concluyera que es necesaria información adicional para formular la 
declaración ambiental estratégica solicitará al promotor la información que sea 
imprescindible, informando de ello al órgano sustantivo, que complete el expediente. Esta 
solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación 
adicional solicitada, o si una vez presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental 
dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y 
al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso.
5. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de 
los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica.
Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara alguno de los 
informes de las Administraciones públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto 
en el artículo 22, y el órgano ambiental no dispusiera de elementos de juicio suficientes 
para realizar la evaluación ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en 
el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 25.  Declaración ambiental estratégica.
1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente 
formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados 
desde la recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por 
razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor y al órgano 
sustantivo.
2. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, 
determinante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos 
del procedimiento incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, 
en su caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, 
medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que 
finalmente se apruebe o adopte.
3. La declaración ambiental estratégica, una vez formulada, se remitirá para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental.
4. Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter 
general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en vía 
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o 
programa.
cve: BOE-A-2013-12913
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98174
Artículo 26.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
1. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el 
plan o programa y, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la 
adopción o aprobación del órgano sustantivo.
2. En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o 
programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia 
a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público 
el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 
estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su 
caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, 
cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 
alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del plan o programa.
Artículo 27.  Vigencia de la declaración ambiental estratégica.
1. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o 
aprobación del plan o programa en el plazo máximo de dos años desde su publicación. 
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental 
estratégica del plan o programa, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la 
declaración ambiental estratégica en los términos previstos en los siguientes apartados.
2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior.
3. A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración ambiental estratégica en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación ambiental estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. 
Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa, 
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica.
4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, el 
órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón 
de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar 
la evaluación ambiental estratégica. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el 
plazo de dos meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un 
mes más.
5. Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya notificado 
la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica se entenderá estimada 
la solicitud de prórroga.
cve: BOE-A-2013-12913
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Artículo 28.  Modificación de la declaración ambiental estratégica.
1. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá 
modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la 
declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento 
posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, 
no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.
2. El procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica podrá 
iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.
En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.
3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor 
de inicio de la modificación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su 
caso, interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, 
en su caso.
4. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de cuarenta y cinco días 
hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de 
que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten 
cuantos documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por medios 
convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización 
de la consulta.
Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las 
Administraciones públicas afectadas, y de las personas interesadas, el procedimiento de 
modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se 
reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar 
con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes 
de las Administraciones públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos 
resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la 
remisión de los informes en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que incurra el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al 
órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental 
se pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la 
formulación de los informes, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el inicio del 
procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica 
que en su día se formuló.
6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter 
determinante y no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial 
que, en su caso, procedan frente a los actos o disposiciones que, posterior y 
consecuentemente, puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano 
sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación 
en la sede electrónica del órgano ambiental.
cve: BOE-A-2013-12913
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98176
Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la 
emisión del informe ambiental estratégico
Artículo 29.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 
programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 
inviable por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de 
calidad suficientes.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.
Artículo 30.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa.
cve: BOE-A-2013-12913
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98177
2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el 
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con 
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este 
caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten 
relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que 
tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del 
correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 31.  Informe ambiental estratégico.
1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos 
que la deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas 
y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la 
emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este 
caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el 
artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el 
resultado de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y 
continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 
ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se 
hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro 
años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general 
que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía 
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98178
Artículo 32.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano 
sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una 
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición 
del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en 
el que se ha publicado el informe ambiental estratégico.
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Sección 1.ª Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental
Artículo 33.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se inicia con la 
recepción por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto 
ambiental.
2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinario se establecen las siguientes actuaciones:
a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el 
artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses.
b) Con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo 
de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de consultas 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Los trámites de información pública y de consultas tendrán una vigencia de un año 
desde su finalización. Transcurrido este plazo sin que se haya iniciado la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo declarará la caducidad de los citados 
trámites.
3. Tras las actuaciones previas a las que se refiere el apartado anterior, la evaluación 
de impacto ambiental ordinaria se desarrollará en los siguientes trámites:
a) Solicitud de inicio.
b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental.
c) Declaración de impacto ambiental.
El órgano ambiental realizará estos trámites en el plazo de cuatro meses, contados 
desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses adicionales debido a razones justificadas, debidamente 
motivadas.
Artículo 34.  Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental.
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del 
cve: BOE-A-2013-12913
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documento de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del 
documento de alcance.
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento 
inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 
impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano 
ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, 
el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
documentación.
Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio 
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En 
este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto 
para la elaboración del documento de alcance. En el caso de no haberse recibido informe 
transcurrido el plazo anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien podrá 
elaborar el estudio de impacto ambiental y continuar con la tramitación del procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas 
dentro del plazo establecido en el artículo 33.2.a).
6. Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en 
cuenta el resultado de las consultas realizadas conforme al artículo 46 y no será preciso 
realizar nuevas consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental.
Artículo 35.  Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, 
la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
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a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos 
vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 
flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 
factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 
fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 
proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
2. La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y cualquier otra 
documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del 
estudio de impacto ambiental.
3. El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año desde 
la fecha de su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para la 
realización de la información pública y de las consultas.
Artículo 36.  Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
1. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el 
órgano sustantivo, que los someterá a información pública durante un plazo no inferior a 
treinta días, previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que 
corresponda y, en su caso, en su sede electrónica.
Esta información pública se llevará a cabo en una fase del procedimiento sustantivo 
de autorización del proyecto en la que estén abiertas todas las opciones relativas a la 
determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.
En el caso de proyectos que deban ser autorizados por la Administración General del 
Estado y que además requieran una autorización ambiental integrada según lo dispuesto 
en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
el órgano sustantivo realizará la información pública a la que se refiere este artículo.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 
previa, incumbirá al órgano ambiental la realización de la información pública.
2. En el anuncio del inicio de la información pública el órgano sustantivo, o en caso 
el órgano ambiental, incluirá un resumen del procedimiento de autorización del proyecto, 
que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el 
capítulo III de este título en materia de consultas transfronterizas.
b) Identificación del órgano competente para autorizar el proyecto o, en el caso de 
proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, identificación del 
órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o comunicación previa; 
identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse información pertinente y 
de aquellos a los que puedan presentarse alegaciones, así como del plazo disponible 
para su presentación.
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Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98181
3. El órgano sustantivo, o en caso el órgano ambiental, adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a información 
pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios 
de comunicación y electrónicos.
Artículo 37.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo 
consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
2. El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes 
informes:
a) El informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
b) El informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
c) El informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, 
cuando proceda.
d) El informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cuando proceda.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer 
el carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de los anteriormente mencionados.
3. Las consultas se realizarán mediante una notificación que contendrá, como 
mínimo, la siguiente información:
a) El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser 
consultado.
b) El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones.
c) Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la evaluación 
ambiental que obre en poder del órgano sustantivo.
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que 
se acredite la realización de la consulta.
4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para 
emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
5. El órgano sustantivo pondrá a disposición de las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas aquella otra información distinta de la prevista en 
el apartado 3 de este artículo que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de 
información pública a que se refiere el artículo 36 y que resulte relevante a los efectos de 
la decisión sobre la ejecución del proyecto.
Artículo 38.  Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las 
consultas.
En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los trámites de 
información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, el órgano sustantivo remitirá al promotor los informes y alegaciones 
recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del 
proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
Artículo 39.  Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
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acompañada de la siguiente documentación que constituirá el contenido mínimo del 
expediente de evaluación de impacto ambiental:
a) El documento técnico del proyecto.
b) El estudio de impacto ambiental.
c) Las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
d) En su caso, las observaciones que el órgano sustantivo estime oportunas.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará formalmente que la documentación 
presentada cumple los requisitos exigidos por la legislación sectorial.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.
b) Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración de impacto 
ambiental desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.
Artículo 40.  Análisis técnico del expediente.
1. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente de impacto 
ambiental, evaluando los efectos ambientales del proyecto.
Se analizará, en particular, cómo se ha tenido en consideración el resultado del 
trámite de información pública, de las consultas a las Administraciones públicas afectadas 
y a las personas interesadas y, en su caso, el resultado de las consultas transfronterizas. 
Asimismo, se tendrá en consideración el cambio climático.
2. Si durante el análisis técnico del expediente de impacto ambiental el órgano 
ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han realizado 
conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsane el 
expediente de impacto ambiental en el plazo de tres meses. En estos casos se 
suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al 
órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso.
cve: BOE-A-2013-12913
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296  Miércoles 11 de diciembre de 2013  Sec. I.   Pág. 98183
3. Si durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental concluyera que 
es necesaria información adicional relativa al estudio de impacto ambiental o que el 
promotor no ha tenido en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de 
información pública le requerirá, informando de ello al órgano sustantivo, para que 
complete la información que sea imprescindible para la formulación de la declaración de 
impacto ambiental. Esta solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración 
de impacto ambiental.
Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la información requerida 
o, una vez presentada, esta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo 
la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
4. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de 
los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental.
Si en el expediente de impacto ambiental no constara alguno de los informes 
preceptivos a los que se refiere el artículo 37.2 y el órgano ambiental no dispusiera de 
elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá 
personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que 
emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del 
requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el 
plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo 
y al promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 41.  Declaración de impacto ambiental.
1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental.
2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del 
proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas 
correctoras y las medidas compensatorias. La declaración de impacto ambiental incluirá, 
al menos, el siguiente contenido:
a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la 
descripción del proyecto.
b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han 
tenido en consideración.
c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan 
prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
e) Las medidas compensatorias que deban establecerse en caso de concurrir las 
circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.
h) En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a que 
se refiere la disposición adicional décima.
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3. La declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo 
de quince días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio 
de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los 
que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se 
autoriza el proyecto.
Artículo 42.  Publicidad de la autorización del proyecto.
1. El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.
2. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados 
miembros que hayan sido consultados según el capítulo III de este título, relativo a las 
consultas transfronterizas.
Artículo 43.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia 
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la 
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, 
salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental 
en los términos previstos en los siguientes apartados.
En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del 
proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan 
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad 
sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la 
fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.
2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto 
ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de cuatro años del apartado anterior.
3. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación 
de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este 
plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente el órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación 
de impacto ambiental. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo de dos 
meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un mes más.
5. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga 
de la vigencia de la declaración de impacto ambiental se entenderá estimada la solicitud 
de prórroga.
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Artículo 44.  Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
1. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.
2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto 
ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.
En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.
3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor 
de inicio de la modificación de la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su 
caso, interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, 
en su caso.
4. En los procedimientos iniciados a solicitud del promotor, éste deberá presentar la 
solicitud y la documentación justificativa de la modificación de la declaración de impacto 
ambiental ante el órgano sustantivo para su análisis, comprobación y posterior remisión al 
órgano ambiental en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud.
5. Para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de 
impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas previamente consultadas. Las Administraciones 
públicas afectadas y las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo 
de treinta días.
Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido informes o alegaciones, el 
procedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos 
de juicio suficientes para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes o 
alegaciones que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar 
con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes 
de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, 
habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente 
al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, 
para que en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del requerimiento, 
ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez 
días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la 
demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6. El plazo máximo de emisión y notificación de la resolución de la modificación de 
la declaración de impacto ambiental será de treinta días, contados desde la recepción de 
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los informes solicitados a las administraciones afectadas por razón de la materia. Esta 
resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.
7. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o 
actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano 
ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de la modificación de la condición 
establecida en relación con dicho proyecto o actividad.
Sección 2.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada
Artículo 45.  Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, 
acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 
las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo 
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución 
del proyecto.
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
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Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.
Artículo 46.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al 
que se refiere el artículo anterior.
2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud 
de informe.
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular 
el informe de impacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los 
pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
3. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque 
no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que 
resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días, contados a 
partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del 
correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir el responsable de la demora.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 47.  Informe de impacto ambiental.
1. El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo de tres 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas 
y de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, resolverá mediante la emisión 
del informe de impacto ambiental, que podrá determinar que:
a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará 
el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.
b) El proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe de impacto ambiental.
3. El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de 
quince días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de 
su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1 b) el informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde 
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su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
5. El informe de impacto ambiental se ajustará a los criterios establecidos en el 
anexo III.
6. El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto.
Artículo 48.  Publicidad de la autorización del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental.
CAPÍTULO III
Consultas transfronterizas
Artículo 49.  Consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental.
1. Cuando la ejecución en España de un plan, un programa o un proyecto pueda 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de 
instrumentos internacionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
notificará a dicho Estado la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento 
de adopción, aprobación o autorización a que está sujeto, otorgándole un plazo de treinta 
días para que se pronuncie sobre su intención de participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizará la notificación a 
instancias del órgano sustantivo o a solicitud del Estado que pueda ser afectado.
2. La notificación a la que se refiere el apartado anterior se realizará lo antes posible 
y, a más tardar, cuando se inicie el trámite de información pública. Cuando el procedimiento 
de evaluación ambiental incluya el trámite de determinación del documento de alcance 
del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, la notificación podrá 
realizarse durante este trámite y a instancias del órgano ambiental.
3. La notificación al Estado que pueda ser afectado irá acompañada de la siguiente 
documentación:
a) Un resumen del procedimiento de adopción, aprobación o autorización a que está 
sujeto el plan, programa o proyecto, incluyendo la evaluación ambiental, y la fase del 
procedimiento en que se realizaran las consultas transfronterizas.
b) La versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental estratégico 
relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o programas, o el 
proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles efectos 
transfronterizos, en el caso de proyectos.
c) Cuando la notificación se realice en el trámite de determinación del documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, incluirá el 
documento inicial del plan, programa o proyecto en lugar de la documentación señalada 
el párrafo b).
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4. Si el Estado afectado manifestara su intención de participar en el procedimiento 
de evaluación ambiental, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
colaboración con el órgano ambiental y el órgano sustantivo, y teniendo en cuenta los 
acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por España al efecto:
a) Fijará un calendario razonable para la realización de las consultas transfronterizas 
y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades públicas 
afectadas y el público interesado de dicho Estado pueda participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental, incluyendo qué documentos han de ser traducidos.
b) Remitirá la versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental 
estratégico relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o 
programas, o el proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles 
efectos transfronterizos, en el caso de proyectos, cuando esta documentación no se 
hubiera ya remitido.
5. Las observaciones formuladas por las autoridades ambientales y el público 
interesado del Estado afectado se tendrán en cuenta en la formulación de la declaración 
ambiental estratégica o en la formulación de la declaración de impacto ambiental.
6. Los plazos previstos en esta ley para la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos se suspenderán en tanto no hayan finalizado las consultas 
transfronterizas.
7. El órgano ambiental remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
para su traslado al Estado afectado, la resolución por la que se formula la declaración 
ambiental estratégica del plan o programa, o la declaración de impacto ambiental del 
proyecto.
Asimismo, el órgano sustantivo remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, para su traslado al Estado afectado, el plan o programa aprobado o el 
proyecto autorizado.
Artículo 50.  Consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental.
1. Cuando un Estado notifique que un plan, programa o proyecto previsto en su 
territorio puede tener efectos ambientales significativos en España, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la voluntad de participar o 
no en la evaluación ambiental correspondiente.
Asimismo, cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o una 
comunidad autónoma considere que la ejecución de un plan, programa o proyecto de otro 
Estado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente español, solicitará a 
dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos y Exteriores y de Cooperación que se le 
notifique de la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento de adopción, 
aprobación o autorización a que está sujeto, para poder valorar la voluntad de participar o 
no en la evaluación ambiental correspondiente.
2. Una vez manifestada la voluntad de participar en la evaluación ambiental, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales 
o multilaterales firmados por España al efecto, solicitará la información relevante del plan, 
programa o proyecto y de sus posibles efectos significativos transfronterizos sobre el 
medio ambiente.
Cuando las consultas a las administraciones públicas afectadas y el público interesado 
no estén reguladas en otra ley o en acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por 
España al efecto, éstas se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en los términos referidos en los artículos 36 y 38.
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3. Una vez realizadas las consultas a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado y realizado el análisis técnico del expediente, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente remitirá al Estado de origen, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un informe sobre los siguientes 
aspectos:
a) El resultado de las consultas a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado.
b) Las conclusiones sobre los impactos transfronterizos del proyecto, las alternativas 
estudiadas, las medidas preventivas, correctoras y, si proceden, de seguimiento, así 
como la forma en que éstas se han de tener en cuenta en el plan, programa o proyecto.
4. Cuando se reciba la decisión final del plan, programa o proyecto, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la hará pública en su sede electrónica.
TÍTULO III
Seguimiento y régimen sancionador
CAPÍTULO I
Seguimiento
Artículo 51.  Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los 
informes ambientales estratégicos.
1. Los órganos sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades 
autónomas respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, 
deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 
ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 
previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos 
en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe 
de seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del 
informe ambiental estratégico. El informe de seguimiento incluirá un listado de 
comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El 
programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la 
sede electrónica del órgano sustantivo.
2. El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. 
Para ello, el órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones 
que considere necesarias.
3. Las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales 
estratégicos de planes y programas de competencia estatal, podrán establecer, a 
propuesta del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, 
que el seguimiento de determinadas condiciones, criterios o indicadores ambientales sea 
realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.
4. Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya 
existentes.
Artículo 52.  Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes 
de impacto ambiental.
1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las 
comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, 
el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.
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La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, 
en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los mismos. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en 
caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe 
de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un 
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas 
correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El 
informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en 
el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de 
comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
2. El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que 
considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.
3. El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición 
de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del 
proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. 
Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su 
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
4. Las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental de 
proyectos de competencia estatal, salvo los proyectos sujetos a la normativa de energía 
nuclear y los destinados a la producción de explosivos, podrán establecer, a propuesta 
del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, que el 
seguimiento de determinadas condiciones, medidas correctoras y compensatorias sea 
realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 53.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al órgano sustantivo en los proyectos 
privados que deban ser autorizados por la Administración General del Estado y a los 
órganos que determinen las comunidades autónomas en su ámbito de competencia.
Artículo 54.  Sujetos responsables de las infracciones.
1. Podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que tengan la 
condición de persona física o jurídica privada que resulten responsables de los mismos.
2. En el caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
Artículo 55.  Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las 
comunidades autónomas, las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental 
en el caso de proyectos privados llevados a cabo por persona física o jurídica privada se 
clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Es infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los 
sujetos a declaración responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente 
declaración de impacto ambiental.
cve: BOE-A-2013-12913
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3. Son infracciones graves:
a) El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de impacto ambiental 
simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental.
b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el 
procedimiento de evaluación.
c) El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental e incluidas en la 
resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el incumplimiento de las 
condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución 
que aprueba o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la declaración responsable 
o comunicación previa del proyecto.
d) El incumplimiento del requerimiento acordado por la Administración para la 
suspensión de la ejecución del proyecto.
4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos 
contenidos en esta Ley, cuando no esté tipificado como muy grave o grave.
5. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones susceptibles de 
ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como 
infracciones se hubieran cometido. En el caso en que unos mismos hechos pudieran ser 
constitutivos de diversas infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la 
infracción más grave en su mitad superior. En el caso en que unos hechos fueran 
constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la 
comisión de otros hechos también constitutivos de infracción de modo que estos deriven 
necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
6. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos, que se computarán desde 
el día de la comisión de la infracción:
a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves a los dos años.
c) Las infracciones leves al año.
Artículo 56.  Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de 
impacto ambiental.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 240.400 euros.
c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.000 euros.
2. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos que se computarán desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción:
a) Las sanciones muy graves a los tres años.
b) Las sanciones graves a los dos años.
c) Las sanciones leves al año.
Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado 
de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño causado al 
medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
cve: BOE-A-2013-12913
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la imposición de una sanción con 
carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la prohibición de 
contratar establecida en el artículo 60.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre o norma 
que, en su caso, la sustituya.
4. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la 
Administración Pública o al medio ambiente carentes de previsión específica en la 
legislación sectorial, la resolución del procedimiento podrá declarar:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 
alterada por la infracción.
A este respecto, cuando la comisión de una infracción de las previstas en esta norma 
produjera un daño medioambiental, se procederá de conformidad con lo establecido en la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o la normativa que, 
en su caso, se dicte a tal fin.
b) La indemnización por los daños y perjuicio causados, cuando su cuantía haya 
quedado determinada durante el procedimiento.
5. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas en la materia.
Artículo 57.  Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.
2. Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, se 
dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose desde ese mismo 
momento la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no 
hubiera dictado resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el 
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente 
por el Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano 
administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados 
probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 58.  Iniciación.
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
petición razonada de otros órganos o denuncia.
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones 
previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la 
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
3. Las actuaciones previas podrán ser realizadas tanto por el órgano sustantivo a 
quien competa el seguimiento como por el ambiental a quien competa la inspección en la 
materia.
cve: BOE-A-2013-12913
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4. El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con 
el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación de la persona o personas físicas o jurídicas privadas presuntamente 
responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, 
su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del 
régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal 
competencia.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente 
para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar 
durante el mismo de conformidad con el artículo siguiente.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento 
y de los plazos para su ejercicio.
5. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los 
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.
Artículo 59.  Medidas de carácter provisional.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador, en los 
casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del 
procedimiento sancionador, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 72 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.
2. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para 
resolver, de oficio o a requerimiento del órgano ambiental, podrá en cualquier momento y 
mediante acuerdo motivado, acordar la suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar 
otras medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 
pudiera recaer.
Artículo 60.  Instrucción.
1. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la 
iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.
2. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor del 
procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, 
en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.
3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la 
determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles 
o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en 
la propuesta de resolución debiendo concederse plazo de quince días para la formulación 
de alegaciones al respecto.
Artículo 61.  Prueba.
1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para ello, el órgano 
instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 80 y siguientes y 137.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo 
no superior a treinta días ni inferior a diez días.
cve: BOE-A-2013-12913
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2. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 62.  Propuesta de resolución.
Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará 
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, 
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se 
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas 
que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las 
medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente 
para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 63.  Audiencia.
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta 
de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las 
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
ante el instructor del procedimiento.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, 
en su caso, por el interesado.
3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente 
para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e 
informaciones que obren en el mismo.
Artículo 64.  Resolución.
1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 
mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 
indispensables para resolver el procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los 
interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que 
tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un 
plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará 
suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la 
consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden 
inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
2. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución se adoptará en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta 
de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el 
procedimiento.
3. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la 
fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación 
de lo previsto en el número 1 de este artículo, con independencia de su diferente 
valoración jurídica. No obstante y solo cuando el órgano competente para resolver 
considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta 
de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime 
convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.
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4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los 
elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirán la 
valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los 
fundamentos básicos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso, la persona o 
personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones 
que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
5. Las resoluciones se notificarán a los interesados. Si el procedimiento se hubiese 
iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la resolución se 
comunicará también al órgano administrativo autor de aquélla.
6. Se declarará la caducidad del expediente sancionador si transcurrido el plazo de 
un año desde que se dictó el acuerdo de iniciación no se hubiese notificado la resolución.
Disposición adicional primera.  Evaluación de proyectos sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa.
1. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental regulados en esta ley 
serán de aplicación a los proyectos que, estando incluidos en su ámbito de aplicación, no 
requieran una autorización sino una declaración responsable o comunicación previa 
previstas en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica, cuando corresponda a 
la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental o 
emitir el informe de impacto ambiental, las funciones atribuidas al órgano sustantivo 
deberá realizarlas el órgano ambiental.
3. Las obligaciones de publicación de la autorización del proyecto se entenderán 
cumplidas con la publicación de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.
4. En estos casos, contra la declaración de impacto ambiental y el informe de 
impacto ambiental se podrán interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía 
administrativa o judicial.
Disposición adicional segunda.  Planes y programas cofinanciados por la Unión Europea.
La evaluación ambiental de planes y programas cofinanciados por la Unión Europea se 
realizará de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria que le resulte de aplicación.
Disposición adicional tercera.  Obligaciones de información.
Las Administraciones públicas proporcionarán al Ministerio que ostente las 
competencias en materia de medio ambiente la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones de información derivadas del derecho internacional y 
comunitario.
Disposición adicional cuarta.  Relación de la evaluación ambiental con otras normas.
Para aquellos planes, programas o proyectos para los que existe obligación de 
efectuar una evaluación ambiental en virtud de esta ley y en virtud de otras normas, las 
Administraciones públicas competentes establecerán procedimientos coordinados o 
conjuntos con el objeto de evitar la duplicación de las evaluaciones.
Disposición adicional quinta.  Concurrencia y jerarquía de planes o programas.
1. Cuando exista una concurrencia de planes o programas promovidos por 
diferentes Administraciones públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias con 
el fin de que puedan complementarse y para evitar que se produzca una duplicidad de 
evaluaciones, asegurando que todos los efectos ambientales significativos de cada uno 
son convenientemente evaluados.
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2. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos 
de decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno 
de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que se 
encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.
Disposición adicional sexta.  Infraestructuras de titularidad estatal.
A los efectos de lo previsto en la disposición adicional cuarta, sobre concurrencia y 
jerarquía de planes o programas, no deberán someterse a un nuevo procedimiento de 
evaluación como consecuencia de la elaboración y aprobación de un plan de ordenación 
urbanística o territorial, las infraestructuras de titularidad estatal en cuya planificación 
sectorial se haya realizado la evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en esta ley.
En tales casos, la Administración pública competente para la aprobación del plan de 
ordenación urbanística o territorial podrá exigir que se tengan en cuenta los aspectos no 
específicamente considerados en la primera evaluación ambiental.
Disposición adicional séptima.  Evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa 
con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos 
previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del 
Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las 
zonas de la Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
fijará y supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia 
global de Red Natura 2000. Para su definición, se consultará preceptivamente al órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que se localice el proyecto. El plazo para la 
evacuación de dicho informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera recibido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las 
medidas compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposición adicional octava.  Bancos de conservación de la naturaleza.
1. Los bancos de conservación de la naturaleza son un conjunto de títulos 
ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas, que 
representan valores naturales creados o mejorados específicamente.
2. Los bancos de conservación de la naturaleza se crearán por resolución del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, de las 
comunidades autónomas. En dicha resolución se describirán las actuaciones, 
identificando las fincas en las que se realiza, con indicación de su referencia catastral y, 
en su caso, del número de finca registral; asimismo constará la atribución del número de 
créditos que la dirección general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente competente en materia de medio natural otorgue, o el órgano que al efecto 
determine la correspondiente comunidad autónoma, a los titulares de los terrenos, de 
acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan en la resolución por la que se crea 
cada banco de conservación.
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3. Los titulares de los terrenos afectados por los bancos deberán conservar los 
valores naturales creados o mejorados, debiendo estos terrenos solo destinarse a usos 
que sean compatibles con los citados valores naturales, de acuerdo con lo que disponga 
la resolución de creación de cada banco de conservación de la naturaleza.
Esta limitación del dominio se hará constar en el Registro de la Propiedad en la 
inscripción de la finca o fincas en las que se haya realizado la mejora o creación de 
activos naturales. A tal efecto, será título suficiente para practicar esta inscripción el 
certificado administrativo de que la actuación de creación o mejora del activo natural está 
registrada en el correspondiente banco de conservación de la naturaleza.
4. Los créditos de conservación podrán constituir las medidas compensatorias o 
complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad 
medio ambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad, con el objetivo de que los 
efectos negativos ocasionados a un valor natural sean equilibrados por los efectos 
positivos generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo o lugar 
diferente.
5. Los créditos otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre 
mercado y serán propuestos por cada Administración otorgante, para su inscripción en un 
Registro público compartido y único en todo el territorio nacional, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
6. Las infracciones de la normativa reguladora de los bancos de conservación de la 
naturaleza serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
7. El régimen general, organización, funcionamiento y criterios técnicos de los 
bancos de conservación de la naturaleza se desarrollarán reglamentariamente.
Disposición adicional novena.  Certificación de no afección a la Red Natura 2000.
A los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, el 
órgano ambiental de la Administración General del Estado será la autoridad competente 
para la emisión de la certificación de no afección a la Red Natura 2000 de los proyectos 
cuya autorización corresponda a la Administración General del Estado y en cuya 
evaluación de impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se haya determinado que 
no existen afecciones a lugares Red Natura 2000.
Disposición adicional décima.  Operaciones periódicas.
1. En el caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental que consistan en 
actuaciones con plazo de duración total inferior a un año que sean susceptibles de 
repetirse periódicamente en años sucesivos en idénticas condiciones a través de 
proyectos que hubiera de autorizar el mismo órgano sustantivo con idéntico promotor, el 
órgano ambiental podrá establecer en la declaración de impacto ambiental que la misma 
podrá extender sus efectos para tales proyectos por un número de años no superior a 
cuatro, y teniendo en cuenta los impactos de carácter acumulativo.
2. En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte 
del órgano sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo 
de esta posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente 
se repetirán en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.
El estudio de impacto ambiental contemplará las actuaciones periódicas en un 
escenario no superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento 
especial, en el que se incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto 
durante un número de años no superior a cuatro. El estudio de impacto ambiental 
identificará adecuadamente y evaluará los impactos de carácter acumulativo.
3. En caso de alteración de las circunstancias determinantes de la declaración de 
impacto ambiental favorable, el órgano ambiental resolverá que la declaración de impacto 
ambiental ha decaído en su vigencia y carece de los efectos que le son propios.
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Disposición adicional undécima.  Acumulación de procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.
Con carácter general cada procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá 
referirse a un único proyecto. No obstante, el órgano ambiental, podrá acordar la 
acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias señaladas en el 
artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional duodécima.  Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta ley se aplicará, cuando proceda, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Disposición adicional decimotercera.  Tramitación electrónica.
Los trámites regulados en esta ley se realizarán por vía electrónica en las sedes 
electrónicas que a tal efecto habiliten las administraciones públicas competentes, en los 
términos establecidos en el Título III de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Disposición adicional decimocuarta.  Identificación de las personas interesadas.
1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas adecuadas 
para identificar a las personas interesadas que deban ser consultadas según lo dispuesto 
en esta Ley, con el fin de garantizar que su participación en los procedimientos de 
evaluación ambiental sea efectiva.
En particular, podrán crear registros para la inscripción de las personas físicas o 
jurídicas que acrediten la condición de persona interesada de acuerdo con la definición 
contenida en esta Ley.
2. En virtud de los principios de información mutua, cooperación y colaboración, las 
Administraciones públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un efectivo 
intercambio de información sobre las personas interesadas que se hayan identificado.
Disposición adicional decimoquinta.  Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.
1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de 
cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se 
acordará la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada 
año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 
iguales o mayores que 1.500 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos 
embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hm3. En este 
caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 68 hm3, hasta el máximo 
anual antes referido.
Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean 
inferiores a 1.500 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones 
conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 hm3. En este 
caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hm3, hasta el máximo 
anual antes referido.
Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las existencias 
conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes, los valores 
que se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, mediante el real 
decreto previsto posteriormente en este apartado, establecerá para el nivel 3 el trasvase 
máximo mensual que el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma 
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motivada, así como los valores mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el 
objetivo único que se indica posteriormente.
Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 
Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.
Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, 
minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se 
refiere el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a 
propuesta justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe 
favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán 
modificarse, mediante real decreto, tanto el volumen de existencias y el de aportaciones 
acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase mensual 
correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para cada mes 
correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real decreto se definirán los criterios de 
predicción de aportaciones para la aplicación de la regla en horizontes plurimensuales.
A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el 
sistema de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación se 
mantenga preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros 
almacenamientos en tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible con 
una gestión racional e integrada del sistema conjunto.
Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, 
que impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los 
volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres 
meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de 
nivel.
Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por sus 
usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que al 
término del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible de 
agua trasvasada, será objeto de una nueva distribución, considerándose como recurso 
aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año hidrológico 
siguiente.
Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre 
abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 
75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y 
asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.
2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará los 
trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el Ministro 
que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de esta 
Comisión, cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 1 y 2 la 
autorización de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, mientras que 
en el caso del nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo que el órgano 
competente justifique en cualquiera de los niveles la utilización de plazos distintos.
3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión 
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera 
autorización del trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del 
Agua elaborará, para su consideración por la Comisión Central de Explotación a efectos 
de las autorizaciones, un informe justificativo de las necesidades hídricas en las zonas y 
abastecimientos afectos al trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas regables, 
a los cultivos planificados y, para los abastecimientos, a las demandas estimadas, así 
como a las posibilidades de regulación existentes para tales caudales.
Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la información 
de la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre seguimiento de los planes 
hidrológicos.
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Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio.
1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación 
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la 
entrada en vigor de la presente ley.
2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica 
a todas aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que 
le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en 
el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el 
promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.
4. La regulación de la modificación de las declaraciones ambientales estratégicas y 
de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas 
formuladas antes de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de la modificación de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
La aplicación de la Disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las 
siguientes prescripciones:
1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la 
definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un régimen 
transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al 
siguiente procedimiento.
2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado 
conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se 
irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de 
cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la 
curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de 
forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta 
alcanzar la curva final.
3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un 
nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de 
referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales 
entrarían en vigor de forma inmediata.
4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la 
aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el 
período de transición.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes:
a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.
b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.
cve: BOE-A-2013-12913
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2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de 
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, 
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes 
de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos 
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se 
producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.
3. Queda derogada la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de 
junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico 
Nacional.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Uno. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 76 del siguiente modo:
«a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la 
realización de vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así 
como el depósito de elementos sólidos para rellenos, que alteren o supongan un 
riesgo de alteración de las condiciones de los ecosistemas con daño para los 
valores en ellos contenidos.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras s) y t) en el apartado 1 del artículo 76 con la 
siguiente redacción:
«s) El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las 
normas reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los 
espacios naturales protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000.»
«t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo 
permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios 
naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción 
de dicho combustible así como el abastecimiento de combustible a los referidos 
buques-tanque.
Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos 
de ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma 
compañía, armador o grupo, siempre que la finalidad del fondeo sea el 
almacenamiento para el suministro de combustible. »
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 76, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2. Las infracciones recogidas en el apartado anterior se calificarán del 
siguiente modo:
a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), s) y t) 
si los daños superan los 100.000 euros; cualquiera de las otras, si los daños 
superan los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción 
grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos 
años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora 
haya adquirido firmeza en vía administrativa.
b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m), n), s) y t) cuando no tengan la consideración de muy graves ; y la 
reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó 
una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de 
ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía 
administrativa .
c) Como leves, las recogidas en los apartados o), p), q) y r).»
cve: BOE-A-2013-12913
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Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 6 del artículo 77, quedando redactados en 
los siguientes términos:
«2. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la 
conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños 
ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas 
o bienes protegidos por esta Ley; las circunstancias del responsable; el grado de 
intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio 
ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la 
irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.»
«6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada 
una de dichas multas coercitivas no excederá de 3.000 euros.»
Cinco. Se suprime el apartado 4 del artículo 77.
Seis. Se añade un nuevo artículo 80, con la siguiente redacción:
«Serán sancionadas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
resulten responsables de las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones 
administrativas tipificadas en la presente ley, incluidos, en su caso, los promotores 
de la actividad infractora, los empresarios que la ejecutan, los técnicos directores 
de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga, por acción u omisión, o 
cuya participación resulte imprescindible para la comisión de la infracción.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen 
económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.
Se modifica el último párrafo de la Disposición adicional primera que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 
generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a 
las referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará 
para abastecimientos de la provincia de Almería.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional:
Uno.  Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«En cuanto a las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, 
se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el 
conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hm3. Por debajo de esta cifra 
no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.
Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones 
efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con 
los principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso 
su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca 
puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha 
cuenca.»
cve: BOE-A-2013-12913
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Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta.
Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con criterios de 
viabilidad, las obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no 
hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura 
del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga 
asignados y reservados.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se modifica el artículo 72 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 72.  Infraestructuras de conexión intercuencas.
1. La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos, a 
que se refiere esta sección, que implique el uso de infraestructuras que 
interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, esta 
autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión. Se 
entenderán desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos 
previstos sin haberse notificado la resolución administrativa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico-
financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas 
singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes 
infraestructuras.
3. La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán 
alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«1. En aplicación del principio de transparencia, y para una completa 
información pública y seguridad jurídica de todos los afectados, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicará y actualizará la información 
relativa a las transferencias ordinarias entre distintas demarcaciones hidrográficas 
en los términos siguientes:
En la demarcación receptora, se establecerán unos valores de referencia para 
los consumos mensuales de las aguas trasvasadas por usos y zonas de riego. Los 
suministros a estas demandas no superarán los valores de referencia fijados, 
admitiéndose desviaciones ocasionales respecto a estos valores siempre que la 
media interanual de desviaciones no supere el total anual señalado.
Con respeto al principio de preferencia de la cuenca cedente y a las 
determinaciones de la planificación hidrológica, se establecerán unos valores 
mensuales de referencia de los desembalses en la demarcación cedente para 
satisfacer sus requerimientos propios. Los desembalses mensuales no superarán 
los valores de referencia fijados, admitiéndose desviaciones ocasionales respecto 
a estos valores siempre que la media interanual de desviaciones no supere el total 
anual señalado.
Previo informe de la Dirección General del Agua, y en un plazo máximo de 3 
meses, mediante real decreto se definirán los valores mensuales de los consumos 
de referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de riego en la demarcación 
cve: BOE-A-2013-12913
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de destino y sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, así como 
los valores mensuales de desembalses de referencia en la demarcación de origen, 
sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, y cuantas 
circunstancias específicas deban ser consideradas para su completa definición. 
Para ello se considerará la información hidrológica disponible y se respetarán las 
determinaciones de la planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones.
La Dirección General del Agua supervisará tanto los suministros mensuales a 
los usos y zonas de riego del trasvase como los desembalses de referencia, 
pudiendo solicitar al efecto las comprobaciones y justificaciones que estime 
oportunas, así como ordenar la ejecución de los medios técnicos que se requieran 
para ello.
Mediante real decreto se determinarán la periodicidad de la actualización de 
datos y su intervalo temporal, los formatos de presentación, el alcance mínimo de 
los valores históricos, y los datos estadísticos que habrán de incorporarse.»
Disposición final sexta.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.
Disposición final séptima.  Relaciones de la evaluación ambiental con la legislación 
sectorial.
1. En el plazo de un año, las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de 
la adopción o aprobación de los planes y programas contendrán las disposiciones 
necesarias para garantizar que aquéllos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley se sometan a una evaluación ambiental estratégica antes de su adopción o 
aprobación.
2. Las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la adopción o 
aprobación de los planes, programas y proyectos deberán establecer plazos para las 
actuaciones que la presente ley atribuye al órgano sustantivo o al promotor. Esta 
adaptación normativa deberá realizarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la presente ley.
Disposición final octava.  Títulos competenciales.
1. Esta ley, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección.
2. No tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la Administración 
General del Estado y a sus organismos públicos los siguientes preceptos:
a) Los artículos 3.3, 8. 3, 8.4, 11.1; el capítulo III del título III; la disposición adicional 
sexta; los apartados 2 y 3 de la disposición adicional séptima; y la disposición adicional 
novena.
b) Los plazos establecidos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la disposición adicional 
décima.
3. La disposición adicional octava se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
legislación mercantil y al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuyen al Estado la 
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competencia exclusiva para dictar la legislación básica en materia de protección del 
medio ambiente.
El segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional octava se ampara en la 
competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución otorga al Estado en materia de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos.
4. La disposición adicional decimoquinta, las disposiciones finales segunda, tercera, 
cuarta y quinta, y la disposición transitoria segunda se dictan al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la 
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecta a otra 
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
Disposición final novena.  Autorización de desarrollo.
1. En el ámbito de competencias del Estado y para los procedimientos de evaluación 
ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental en los que sea competente la 
Administración General del Estado, el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.
2. Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones que, 
en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.
3. También se autoriza al Gobierno para actualizar el anexo VI, en aquellos aspectos 
de carácter técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante, con el fin de adaptarlo al 
progreso técnico, científico y económico.
Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Disposición final undécima.  Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica 
de desarrollo.
Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos 
de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la 
aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que 
dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a 
lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el 
que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a 
todas las Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán 
optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su 
ámbito territorial como legislación básica y supletoria.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 9 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO I
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª
Grupo 1. Ganadería.
a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º 40.000 plazas para gallinas.
2.º 55.000 plazas para pollos.
3.º 2.000 plazas para cerdos de engorde.
4.º 750 plazas para cerdas de cría.
Grupo 2. Industria extractiva.
a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 
metros cúbicos anuales.
3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel 
de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una 
disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, 
litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil 
puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. 
Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.
5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y 
comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 
habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.
6. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, 
hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones 
vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan 
riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, 
explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por 
lixiviación in situ y minerales radiactivos.
7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se 
sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las 
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto 
existente.
b) Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las 
circunstancias siguientes:
1.º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir 
aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no 
metálicos que supongan una alteración del medio natural.
2.º Que exploten minerales radiactivos.
3.º Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 km (medido en plano) de 
distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
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c) Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural con fines 
comerciales cuando:
1.º La cantidad de producción sea superior a 500 toneladas por día en el caso del 
petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas o bien,
2.º Se realicen en medio marino.
d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 
investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento 
de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de 
fracturación hidráulica.
No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que 
tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la 
utilización de técnicas de facturación hidráulica.
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 
necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y 
transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, 
abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.
Grupo 3. Industria energética.
a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 t de carbón o de pizarra bituminosa al 
día.
b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica 
de, al menos, 300 MW.
c) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o 
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), 
cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua.
d) Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
e) Instalaciones diseñadas para:
1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta 
radiactividad.
3.º El depósito final del combustible nuclear gastado.
4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez 
años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto 
del de producción.
f) Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para 
el transporte de:
1.º gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión,
2.º flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas 
las estaciones de bombeo asociadas.
g) Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en 
subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
h) Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o 
químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 t.
i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 
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30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, 
en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
a) Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de 
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos 
metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
b) Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
c) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna 
de las siguientes actividades:
1.º Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero en bruto por 
hora.
2.º Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
3.º Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 t de acero bruto por hora.
d) Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
t por día.
e) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con 
excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos 
de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el cadmio 
o 20 t para todos los demás metales, por día.
f) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos 
por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas 
completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.
g) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con 
capacidad superior a 5.000 t por año de mineral procesado.
h) Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
1.º Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior 
a 500 t diarias.
2.º Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción 
superior a 500 t diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 t por día.
3.º Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t 
diarias.
4.º Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción 
superior a 50 t diarias.
i) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 t por día.
j) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de 
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t por día.
k) Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una 
capacidad de producción superior a 75 t por día y una capacidad de horneado de más de 
4 metros cúbicos y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
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Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:
1.º Productos químicos orgánicos:
i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).
ii) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
iii) Hidrocarburos sulfurados.
iv) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
v) Hidrocarburos fosforados.
vi) Hidrocarburos halogenados.
vii) Compuestos orgánicos metálicos.
viii) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
ix) Cauchos sintéticos.
x) Colorantes y pigmentos.
xi) Tensioactivos y agentes de superficie.
2.º Productos químicos inorgánicos:
i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o 
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
ii) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos 
sulfurados.
iii) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.
iv) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico 
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
v) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de 
calcio, el silicio, el carburo de silicio.
3.º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o 
compuestos).
4.º Productos fitosanitarios y de biocidas.
5.º Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.
6.º Productos explosivos.
b) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 t diarias.
c) Las plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 t de productos acabados por día.
d) Plantas industriales para:
1.º La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas 
similares.
2.º La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 
200 t diarias.
e) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 t diarias.
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Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.
a) Carreteras:
1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 
y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.
b) Ferrocarriles:
1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 
longitud continuada de más de 10 km.
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición 
del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de 
despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 t.
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con 
exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 
1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre.
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la 
Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación 
interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 
permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 
superior a 10 hectómetros cúbicos.
b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 
hectómetros cúbicos.
c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos 
los trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los siguientes 
casos:
1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen 
de agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año.
2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 
hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 
150.000 habitantes-equivalentes.
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.e) 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las de 
eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o 
tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011).
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b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de 
dichos residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del 
anexo I de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias.
c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que 
tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos 
inertes.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 
la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad:
1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 
de este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de extracción de origen fluvial, 
terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie.
2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una 
superficie mayor de 10 ha.
3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor de 10 ha.
4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 
cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 
metros cúbicos anuales.
5.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y 
petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km en los 
espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el transporte de flujos de 
dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de 
bombeo asociadas.
6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los 
espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, 
excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.
7.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia.
8.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
9.º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de 
una longitud inferior a 2.100 metros.
10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o 
usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y 
aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha; 
Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.
11.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
12.º Parques temáticos.
13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más 
de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 
suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
15.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto 
de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria.
16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo 
trazado.
17.º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.
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18.º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha.
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 100 ha.
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o 
cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.
ANEXO II
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I 
cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
b) Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.
c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
1.º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 
100 ha (proyectos no incluidos en el anexo I).
2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie superior a 10 ha.
d) Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación 
agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.
e) Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción 
superior a 500 t al año.
f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
2.º 300 plazas para ganado vacuno de leche.
3.º 600 plazas para vacuno de cebo.
4.º 20.000 plazas para conejos.
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.
a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
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b) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y 
vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, tenga una 
capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales), e instalaciones cuando cuya materia prima sea vegetal tenga una capacidad 
de producción superior a 300 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales); O bien se emplee tanto materia prima animal como vegetal y tenga una 
capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales).
c) Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la 
instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio anual).
d) Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en 
la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
e) Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre 
que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
f) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con 
una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día.
g) Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
h) Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de 
pescado, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
i) Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 
t diarias.
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.
a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 
estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:
1.º Perforaciones geotérmicas de más de 500 metros.
2.º Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.º Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
4.º Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.
b) Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y 
pizarras bituminosas no incluidas en el anexo I.
c) Exploración mediante sísmica marina.
d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto 
del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
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e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el volumen 
del producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.
f) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.
g) Explotaciones de áridos (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en:
1.º terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 
metros cúbicos anuales; o
2.º zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 ha.
h) Explotaciones a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no incluidos en el 
anexo I).
i) Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas 
natural, minerales y pizarras bituminosas (proyectos no incluidos en el anexo I).
Grupo 4. Industria energética.
a) Instalaciones industriales para:
1.º la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el 
anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW.
b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no 
incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 
superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, 
así como sus subestaciones asociadas.
c) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
e) Instalaciones para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y 
gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 km y 
tuberías para el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico 
(proyectos no incluidos en el anexo I).
f) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos 
(que no estén incluidas en el anexo I).
g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía. (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo 
que no excedan los 100 kW de potencia total.
h) Instalaciones para la producción de energía en medio marino.
i) Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, 
destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o 
tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.
j) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria 
superior a 200 t.
k) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo I.
m) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria 
o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua con una capacidad de 
más de 2,5 t por hora.
Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
a) Hornos de coque (destilación seca del carbón).
b) Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
c) Astilleros.
d) Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
e) Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
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f) Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de 
motores para vehículos.
g) Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
a) Instalaciones industriales de tratamiento de productos intermedios y producción 
de productos químicos.
b) Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
c) Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, 
petroquímicos y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
d) Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base 
de elastómeros.
e) Instalaciones industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 
1 ha.
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I).
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así 
como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que 
figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el 
medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley.
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones.
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de 
un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de 
pasajeros.
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 
alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras 
obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales 
obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas 
en el anexo I.
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más 
de 10 km.
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Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el 
anexo I) cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro 
cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.
b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el 
volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos anuales y que no 
estén incluidos en el anexo I.
Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano por tubería 
y los proyectos para la reutilización directa de aguas depuradas.
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando 
la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas 
actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida 
entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.
e) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 
adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.
f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 
800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I).
g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre 
que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se 
encuentren incluidas en el anexo I.
2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado 
anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros 
cúbicos.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I 
que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier 
capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de 
origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si 
la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una 
nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya 
capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad 
mínima de 500 huéspedes.
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar , siempre que supongan una superficie 
superior a cinco hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado 
y construcciones asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 50 ha.
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Grupo 10.  Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 
la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando 
puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un 
cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha.
ANEXO III
Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto 
del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) El tamaño del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos.
c) La utilización de recursos naturales.
d) La generación de residuos.
e) Contaminación y otros inconvenientes.
f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 
utilizadas.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas 
geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo 
en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
a) El uso existente del suelo.
b) La abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos 
naturales del área.
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 
siguientes:
1.º Humedales.
2.º Zonas costeras.
3.º Áreas de montaña y de bosque.
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria.
7.º Áreas de gran densidad demográfica.
8.º Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los 
proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:
a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).
b) El carácter transfronterizo del impacto.
c) La magnitud y complejidad del impacto.
d) La probabilidad del impacto.
e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
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ANEXO IV
Contenido del estudio ambiental estratégico
La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el 
artículo 20 será, como mínimo, la siguiente:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 
con otros planes y programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas 
de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 
en el plazo de vigencia del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que 
tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración;
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos 
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, 
el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una 
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos 
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos;
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y permitir su adaptación al mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y 
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 
encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 
para el seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 
epígrafes precedentes.
ANEXO V
Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa 
debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 
incluidos los que estén jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
cve: BOE-A-2013-12913
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d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación 
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o 
programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos 
hídricos.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, 
considerando en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 
accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º Las características naturales especiales.
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º La explotación intensiva del suelo.
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
ANEXO VI
Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos
1. Contenido. El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá 
incluir al menos, los siguientes datos:
a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, 
explotación y desmantelamiento.
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente 
viables y justificación de la solución adoptada.
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o 
ambientales claves.
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en 
sus alternativas.
e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 35.
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
h) Documento de síntesis.
2. Descripción del proyecto definido en el artículo 5.3.b) que incluirá:
a) Localización.
b) Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, 
mediante un examen detallado tanto de la fase de su realización como de su 
funcionamiento.
c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales 
cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto.
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d) Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, 
vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la 
peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean 
de tipo temporal durante la realización de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada 
y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones 
de partículas, etc.
e) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente 
más adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente 
viables, y una justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos 
criterios, económico, funcional, entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor 
alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en 
cuenta no sólo aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental.
f) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización 
del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.
3. Inventario ambiental, que comprenderá al menos:
a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la 
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 
preexistentes.
b) Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos 
los aspectos ambientales mencionados en el artículo 35, que puedan ser afectados por la 
actuación proyectada, incluido el paisaje en los términos del Convenio Europeo del 
Paisaje.
c) Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación.
d) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto 
para cada uno de los aspectos ambientales definidos.
e) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada 
del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
f) Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida 
en que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el 
medio ambiente.
4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.
Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos 
previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el 
apartado anterior para cada alternativa examinada.
En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 
ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de 
las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características 
específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el 
paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.
Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los 
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; 
los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos 
de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos.
Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos 
que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.
La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre 
el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos 
mensurables de las variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas 
como consecuencia del desarrollo del plan o programa o por la ejecución del proyecto.
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Se medirán en particular las variaciones previstas en:
Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o indirectamente a 
través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, 
residuos, energía o atmosféricos; suelo, ribera del mar y de las rías. Para ello se utilizarán, 
unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas.
La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no 
encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que represente en 
términos de porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y 
especies afectados.
La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará 
sobre el hábitat y especies.
La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de 
presencia.
La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o como 
descripción de su abundancia relativa.
La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, 
incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes 
parámetros del hábitat y especie afectado:
El estado de conservación.
El estado ecológico cuantitativo.
La integridad física.
La estructura y función.
La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir de la 
cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o 
estudios técnicos que sean aplicación. La administración, a través de su sede electrónica, 
pondrá a disposición de los promotores los documentos necesarios para identificar, 
cuantificar y valorar los impactos.
Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 
importancia relativa.
5. Cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000.
En el caso de espacios Red Natura 2000 se cuantificarán singularmente las 
variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y especies que motivaron su 
designación:
Estructura y función de los componentes del sistema ecológico e identificación de los 
procesos ecológicos esenciales del lugar.
Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y no 
prioritarios del lugar.
Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones localmente 
adaptadas, grupo genético, estructura de edades y estado de conservación de las 
especies presentes en el lugar en cuestión.
Importancia relativa del lugar en la región biogeográfica y en la coherencia de la red 
Natura 2000.
Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar.
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6. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Se indicarán las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. 
Con este fin:
Se describirán las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos 
ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como 
en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos 
de protección del medio ambiente.
En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 
efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto 
contrario al de la acción emprendida.
El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que 
el resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto 
ambiental.
7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias 
contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la 
de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al 
seguimiento durante la fase de explotación del proyecto. Los objetivos perseguidos son 
los siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
– Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado 
en el proyecto de construcción.
– Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
– Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
– Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia 
ambiental de los efectos adversos previstos.
– Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
– Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 
la actividad.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de 
obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de 
impacto ambiental. 6. Documento de síntesis, que comprenderá en forma sumaria:
a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas.
c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa 
de vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de su 
funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento.
El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en 
términos asequibles a la comprensión general.
Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 
realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades.
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8. Conceptos técnicos.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, 
que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados 
de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 
localidad determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 
de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 
tiempo la aparición de otros nuevos.
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada 
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», 
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, 
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la 
alteración que supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo.
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 
gravedad excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 
tiempo, acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia.
s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 
de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
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t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
x) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas 
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni 
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y 
corrección.
y) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que 
mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un 
determinado período de tiempo.
9. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas 
en el anexo I y II:
a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de carbón de esquistos 
bituminosos al día.
b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, 
al menos, 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares (con 
exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de 
materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración 
permanente térmica).
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales 
instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de los otros elementos 
radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la 
instalación.
c) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a 
eliminar definitivamente residuos radiactivos: A los efectos de la presente ley se entenderá 
por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea su duración 
temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad y que se halle 
fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos residuos.
d) Plantas siderúrgicas integrales.
e) Instalaciones químicas integradas: A los efectos de la presente ley, se entenderá 
la integración, como la de aquellas Empresas que comienzan en la materia prima bruta o 
en productos químicos intermedios y su producto final es cualquier producto químico 
susceptible de utilización posterior comercial o de integración en un nuevo proceso de 
elaboración.
Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, quedará 
sujeta a la presente ley, sea cual fuere el producto químico objeto de su fabricación.
Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a la 
presente ley si el o los productos químicos que pretenda fabricar están clasificados como 
tóxicos o peligrosos, según la regulación que a tal efecto recoge el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos.
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f) Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales y variantes de 
población. A los efectos de esta Ley, estos tipos de carreteras son los definidos en la Ley 
de Carreteras.
g) Aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 
2.100 metros y aeropuertos de uso particular: A los efectos de esta ley se entenderá por 
aeropuerto la definición contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea y en el Convenio de Chicago de 1944, relativo a la creación de la Organización de 
la Aviación Civil Internacional (anexo 14). En este sentido, se entiende por aeropuerto el 
área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves.
h) Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior que 
permitan el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas y puertos deportivos.
En relación a las vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el 
acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas, se entenderá, que permitan el acceso a 
barcos superiores a 1.350 toneladas de arqueo.
i) Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos por incineración, tratamiento 
químico o almacenamiento en tierra: A los efectos de la presente ley, se entenderá 
tratamiento químico, referido a tratamiento físico-químico, y por almacenamiento en tierra, 
se entenderá depósito de seguridad en tierra.
Las acciones de las que pueda derivarse un proceso erosivo incontrolable, o que 
produzcan pérdidas de suelo superiores a las admisibles en relación con la capacidad de 
regeneración del suelo.
Las acciones que alteren paisajes naturales o humanizados de valores tradicionales 
arraigados.
El empleo de especies no incluidas en las escalas sucesionales naturales de la 
vegetación correspondiente a la estación a repoblar.
La actuación que implique una notable disminución de la diversidad biológica.
j) Terrenos incultos y áreas seminaturales: a los efectos de la presente Ley se 
entienden incluidos en esta denominación los terrenos que nunca han sido cultivados o 
aquellos que habiéndolo sido, han sufrido un abandono de dicha actividad que cumplan 
las condiciones y plazos que determine la Ley de Montes y que ha permitido que hayan 
sido poblados por vegetación forestal leñosa.
k) Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros yacimientos minerales: A los 
efectos de la presente ley se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas o 
actividades de aprovechamiento o explotación de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera y no 
se realicen mediante labores subterráneas. Se considera necesaria la aplicación de 
técnica minera en los casos en que se deban utilizar explosivos, formar cortas, tajos o 
bancos de 3 metros o más altura, o el empleo de cualquier clase de maquinaria.
l) Cambio de uso del suelo: A los efectos de la presente Ley se entenderá por 
cambio de uso del suelo la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí 
(agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales) cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta 
vegetal o la transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizado.
m) Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la presente ley se entenderá 
por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, 
bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen 
como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran 
acciones de mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente 
dotada, o muy dotada, de agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que 
supongan mejoras tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de las 
explotaciones.
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n) Valor medio trimestral: se entenderá por valor medio trimestral, teniendo en 
cuenta los días de producción efectiva, el período de 90 días consecutivos de máxima 
producción.
o) Valor medio anual: se entenderá por valor medio anual, la media de los valores 
medios diarios a lo largo de un año natural.
p) Instalación hotelera: a los efectos de esta ley, se considerarán como instalaciones 
hoteleras aquéllos alojamientos turísticos habilitados para el público cuya capacidad 
mínima sea de 30 plazas.
q) Transmisión de energía eléctrica: incluye la actividad (transporte), las 
instalaciones (red interconectada de alta y media tensión) y el fin (suministro a clientes 
finales o distribuidores). En este concepto se incluyen las subestaciones.
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