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Lunes, 27 de julio de 2020 Núm. 142 Pág. 1
SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Juntas Generales
Juntas Generales de Bizkaia
NORMA FORAL 6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, de la Directiva (UE) 
2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcio-namiento del mercado interior y de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades.
Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria 
de fecha 15 de julio de 2020, y yo promulgo y ordeno la publicación de la «Norma Foral 
6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 
de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercam-
bio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con 
los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, de la Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 
2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y 
de modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Terri-
torio Histórico de Bizkaia y de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
Sobre Sociedades», a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, 
a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 15 de julio de 2020.
  El Diputado General, 
  Unai Rementeria Maiz
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NORMA FORAL 6/2020, DE 15 DE JULIO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA  
(UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA  
2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO  
DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN RELACIÓN CON LOS 
MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN,  
DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSEJO, DE 12 DE JULIO DE 2016,  
POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE ELUSIÓN FISCAL 
QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR  
Y DE LA DIRECTIVA (UE) 2017/1852 DEL CONSEJO DE 10 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVA  
A LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS FISCALES EN LA UNIÓN EUROPEA  
Y DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL 
TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Y DE LA NORMA FORAL 11/2013,  
DE 5 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
PREÁMBULO
La presente Norma Foral introduce diversas modificaciones en la normativa tribu-
taria de Bizkaia que tienen su origen en la necesidad de armonizar su contenido con 
lo dispuesto en el Derecho de la Unión Europea. Asimismo, su articulado recoge otras 
modificaciones de contenido aclaratorio en relación con diversas cuestiones, que se 
encuentran reguladas fundamentalmente en el Impuesto sobre Sociedades.
Así, en primer lugar, y como consecuencia de la aprobación de la Directiva (UE) 
2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE 
por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito 
de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información, se introducen novedades en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
Esta modificación viene motivada por las dificultades a las que se enfrentan las Admi-
nistraciones fiscales de los distintos Estados miembros para proteger sus bases imponi -
bles, debido a la creciente complejidad que vienen presentando las estructuras de pla-
nificación fiscal utilizadas por los y las contribuyentes, que, aprovechando el incremento 
de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior, pueden trasladar los 
beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables logrando reducir su factura 
fiscal global, con la consiguiente merma de los ingresos fiscales de los Estados miem-
bros. En vista de esta realidad, se torna indispensable que las autoridades tributarias 
de los Estados miembros obtengan información completa y pertinente sobre los meca-
nismos fiscales potencialmente agresivos, con el fin de ser capaces de reaccionar con 
prontitud ante las prácticas fiscales nocivas y para facilitar la promulgación de aquella 
normativa que elimine las lagunas de las que pudiera adolecer la legislación fiscal.
En base a lo anterior, en primer lugar, se establece la obligación, tanto para los inter-
mediarios como, en su caso, para los obligados tributarios interesados, de suministrar 
información a la Administración tributaria en relación con los mecanismos transfronteri-
zos de planificación fiscal en los que intervengan o participen cuando concurran en ellos 
alguna de las señas distintivas determinadas en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, 
de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. En lo que se refiere a esta 
obligación, por un lado, se excepciona de su cumplimiento a las personas que tienen la 
consideración de intermediarias, incluyendo, entre otras, a los y las abogadas, aseso-
res fiscales o consultores, a las que se reconoce el deber de secreto profesional a los efectos de eximirles de las obligaciones de información, siempre que presten un ase-
soramiento neutral relacionado con el mecanismo que se limite únicamente a evaluar 
su adecuación a la normativa aplicable. Además, se regula la exención de la eventual 
responsabilidad de los intermediarios en que pudieran incurrir por la declaración de los 
datos impuesta por la obligación de información. Por otro, se introduce un régimen san-
cionador, en el que se incluyen las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de 
la mencionada obligación por no presentar en plazo o presentar de forma incompleta, 
inexacta o con datos falsos la información relativa a los mecanismos transfronterizos, 
estableciéndose una sanción mínima de 4.000 euros para este supuesto. En cuanto al 
límite máximo aplicable, este queda supeditado al importe equivalente a los honorarios 
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percibidos o a percibir por el intermediario cuando este sea el sujeto infractor, quedan -
do fijado en 400.000 euros cuando el sujeto infractor sea el propio obligado tributario 
interesado. Asimismo, se establecen determinadas obligaciones de información entre 
particulares derivadas de la obligación de declaración de los mencionados mecanismos 
transfronterizos, cuyo incumplimiento determinará la imposición de una sanción consis-
tente en multa fija de 600 euros, que podrá verse incrementada de manera sustancial 
en los supuestos en los que no se comunique por parte de los intermediarios eximidos 
de esta obligación, por estar sujetos al deber de secreto profesional, dicha exoneración 
cuando concurra con la ausencia de declaración por parte del responsable. Finalmente, 
se introduce en la Disposición transitoria primera de esta Norma Foral, el plazo dentro 
del cual deberán declararse los mecanismos de planificación fiscal transfronterizos cuya 
primera fase de ejecución se haya realizado entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio 
de 2020.
Seguidamente, se abordan diversas modificaciones en las Normas Forales que regu-
lan el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre las que destacan aquellas que 
tienen como finalidad incluir algunos aspectos para consolidar la ya realizada adapta -
ción de su contenido a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
En relación con la Directiva mencionada en el párrafo anterior, y en lo que se refiere 
al Impuesto sobre Sociedades, se modifican los artículos 41 y 48. Así, en el artículo 41 se desarrolla el régimen de diferimiento aplicable a determinadas rentas afloradas con 
motivo de los cambios de residencia o del traslado de elementos patrimoniales a esta-
blecimientos permanentes situados en el extranjero, cuando tengan como destino un Estado miembro de la Unión Europea o, en su caso, del Espacio Económico Europeo. 
En lo que se refiere al artículo 48, se incorporan a la trasparencia fiscal internacional las 
rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes situados en el extranjero y 
se incluyen nuevas clases de renta que deben ser objeto de inclusión.
Asimismo, y en relación con el mismo impuesto, junto con algunas modificaciones 
de carácter técnico se introducen varias novedades de mayor calado. De esta forma, se incorpora un nuevo párrafo al apartado 6 del artículo 60, cuyo objetivo es equiparar la 
deducción para evitar la doble imposición internacional aplicable a las rentas proceden -
tes de la trasparencia fiscal internacional a aquella que es de aplicación en relación con las rentas que son obtenidas directamente por el contribuyente.
También en lo concerniente al Impuesto sobre Sociedades, se modifica el artículo 
101, eliminando el requisito que recogía su apartado 2.2. Asimismo, destaca la inclusión de un nuevo artículo 107.bis, en el que se regula el límite adicional aplicable a la deduci -
bilidad de gastos financieros dentro del régimen especial de fusiones, escisiones, apor-taciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio 
de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un 
estado miembro a otro de la Unión Europea, así como la modificación del artículo 108, 
en el que se establece la subrogación en relación con las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar en la entidad transmitente para el supuesto de transmisión de una rama de actividad cuyos resultados las hubieran generado.
En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se introducen 
tres modificaciones. En primer lugar, se desarrolla el régimen de diferimiento aplicable a las rentas afloradas con motivo del traslado de elementos patrimoniales afectos a es-
tablecimientos permanentes situados en territorio español, cuando estos tengan como 
destino un Estado miembro de la Unión Europea, o en su caso, del Espacio Económico Europeo. A continuación, se introduce en el artículo 20 el supuesto de conclusión del 
periodo impositivo de un establecimiento permanente cuando este traslade su actividad 
al extranjero. Por último, se modifica la Disposición adicional cuarta para adaptar su 
contenido a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 
2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. 
En concreto, la Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán 
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denegar el acceso al procedimiento de resolución regulado en el artículo 6 de la misma 
cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado y negli -
gencia grave. En este sentido, se define qué se entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa interna aplicable a los procedimientos amistosos en los términos que se 
desarrollen reglamentariamente. Asimismo, se establecen como excepción al régimen 
general de preeminencia de la tramitación de los procedimientos amistosos respecto 
de los procedimientos judiciales y administrativos de revisión aquellos casos en los que 
hayan sido impugnadas las antedichas sanciones.
Respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta 
la relación existente entre el régimen de transparencia fiscal internacional recogido en este impuesto y aquel regulado en el Impuesto sobre Sociedades, resulta conveniente 
modificar el primero en el mismo sentido, y con la idéntica finalidad de consolidar la 
adaptación de su contenido a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, 
de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. De esta forma, 
se modifica el artículo que regula la trasparencia fiscal internacional para introducir, en-
tre otros cambios, la obligación de imputar determinadas clases de renta, y se modifica 
el apartado 3 del artículo 57, para introducir la posibilidad de acogerse a un diferimiento 
de la tributación en relación con las rentas imputadas a consecuencia de la pérdida de condición de contribuyente por un cambio de residencia al extranjero, en caso de que 
el traslado se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, o en su caso, del 
Espacio Económico Europeo.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma 
Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de 
impacto de género.
Asimismo, se han observado los trámites previstos en el Decreto Foral de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.
Artículo 1.— Modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia
Primero: Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se introduce la siguiente mo-
dificación en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia:
Se modifica el apartado 5 del artículo 102, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«5.  Producida la caducidad del procedimiento, ésta será declarada, de oficio o a 
instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.
   Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción del ejercicio de las 
potestades de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se con-
siderarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en esta Norma 
Foral.
   Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como 
los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, 
conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos 
iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u 
otro obligado tributario.
   Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo primero de este apartado, para iniciar un 
nuevo procedimiento en relación con el mismo obligado tributario no será necesa-
ria la previa o simultánea declaración expresa de caducidad del anterior.»
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Segundo: Con efectos desde el 1 de julio de 2020, se introducen las siguientes mo-
dificaciones en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia:
Uno. Se introduce una nueva disposición adicional trigésimo tercera, con la si-
guiente redacción:
«Disposición Adicional Trigésimo Tercera.— Obligación de información de determinados 
mecanismos de planificación fiscal
1. Los intermediarios y los obligados tributarios interesados deberán suministrar 
a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y en los artículos 17.4 y 
5 y 92 de esta Norma Foral, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:
a)   Mecanismos transfronterizos en los que intervengan o participen cuando concu-
rran alguna de las señas distintivas determinadas conforme a la normativa a que 
se refiere el párrafo anterior.
b)   Información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables.
c)   Información de la utilización de los mecanismos transfronterizos de planificación.
A los efectos de esta obligación de información, no tendrán la consideración de meca-
nismo transfronterizo de planificación fiscal objeto de declaración aquellos acuerdos, ne-
gocios jurídicos, esquemas u operaciones transfronterizas basadas en regímenes fiscales 
comunicados y expresamente autorizados por una Decisión de la Comisión Europea.
2. Se considerarán titulares del deber de secreto profesional al que se refiere el 
apartado 5) del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran la consideración de intermediarios conforme a dicha Directiva, con independencia de 
la actividad desarrollada, y hayan asesorado con respecto al diseño, comercialización, 
organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un 
mecanismo transfronterizo de los definidos en la Directiva, con el único objeto de evaluar 
la adecuación de dicho mecanismo a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la 
implantación del mismo.
El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado 
del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tribu-
tario interesado.
3. El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de me-
canismos de planificación fiscal a que se refiere la Directiva 2011/16/UE del Consejo en los términos legalmente exigibles, no constituirá violación de las restricciones sobre 
divulgación de información impuestas por vía contractual o normativa, no implicando 
para los sujetos obligados ningún tipo de responsabilidad respecto del obligado tributario interesado titular de dicha información.
4. Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional.
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
La sanción correspondiente a las infracciones a las que hace referencia el primer 
párrafo de este apartado consistirá en multa pecuniaria fija de 2.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo que hubiera debido incluirse en la 
declaración no presentada en plazo o que hubieran sido aportados de forma incompleta, 
inexacta o falsa, con un mínimo de 4.000 euros.
El máximo aplicable será el equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por 
el intermediario cuando este último sea el sujeto infractor. Este límite máximo no se apli -
cará cuando el cálculo anterior tenga como resultado un importe inferior a 4.000 euros.
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En caso de no existencia de honorarios, o de fijación por un importe inferior, el límite 
anterior se referirá al valor de mercado, definido como aquél que se habría acordado por 
personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, de la activi-
dad cuya concurrencia hubiera dado lugar a la consideración de intermediario.
A efectos de la aplicación del límite máximo anterior, el infractor deberá aportar prue-
ba fehaciente de la concurrencia y magnitud del mismo.
Cuando el sujeto infractor sea el propio obligado tributario interesado, el máximo 
aplicable será de 400.000 euros.
La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en los párrafos anteriores se 
reducirán a la mitad, cuando la información haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración tributaria.
La presentación de la información por medios distintos a los electrónicos, informáti-
cos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, se sancionará 
con una multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo me-
canismo que hubiera debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 750 euros y 
un máximo de 1.500 euros.
5. Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán in-
compatibles con las establecidas en los artículos 203 y 204 de esta Norma Foral.»
Dos. Se introduce una nueva disposición adicional trigésimo cuarta, con la siguien -
te redacción:
«Disposición Adicional Trigésimo Cuarta.— Obligaciones entre particulares derivadas de 
la obligación de información de los mecanis -
mos transfronterizos de planificación fiscal
1. Los intermediarios eximidos por el deber de secreto profesional de la presenta-
ción de la declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal deberán 
comunicar fehacientemente dicha exención a los demás intermediarios y obligados tribu-
tarios interesados que participen en los citados mecanismos, sobre quienes recaerá la 
obligación de presentar la declaración, en los términos establecidos reglamentariamente.
2. Las personas o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a decla -
rar y que hubieran presentado la declaración deberán comunicar fehacientemente su 
presentación, en los términos reglamentariamente establecidos, al resto de los interme-
diarios o, en su caso, al resto de obligados tributarios interesados, quienes, en virtud de 
aquella, quedarán eximidos de la obligación de declarar.
3. Constituye infracción tributaria la falta de comunicación a la que se refiere el 
apartado 1 de esta disposición adicional en el plazo establecido o efectuar dichas comu-nicaciones omitiendo datos o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos en dicha 
comunicación. La infracción prevista en este apartado se sancionará con una multa fija 
de 600 euros.
Cuando esta infracción concurra con la falta de declaración en plazo del correspon -
diente mecanismo transfronterizo de planificación fiscal, a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 de la Disposición adicional trigésimo tercera de esta Norma Foral, por otro 
intermediario o, en su caso, por el obligado tributario interesado que hubiera debido 
presentar la declaración si se hubiera realizado dicha comunicación, será sancionada en 
los mismos términos que la infracción derivada de la falta de presentación en plazo de 
la declaración mencionada, según lo dispuesto en el apartado 4 de la citada Disposición 
adicional.
4. Constituye infracción tributaria la falta de comunicación a la que se refiere el 
apartado 2 de esta Disposición adicional en el plazo establecido o efectuar dicha comu-nicación omitiendo datos o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos. La infrac-
ción prevista en este apartado se sancionará con una multa fija de 600 euros.»
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Artículo 2.— Se modifica la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades
Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, se introducen las siguientes modifica -
ciones en la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades:
Uno. Se modifica el artículo 41 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 41.— Cambios de residencia y traslado de elementos patrimoniales a estable -
cimientos permanentes situados en el extranjero
1. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado 
y el valor fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
a)   Los que sean propiedad de una entidad que traslada su residencia fuera del terri-
torio español, excepto que dichos elementos patrimoniales queden afectados a 
un establecimiento permanente de la mencionada entidad, situado en el territorio 
español. En este caso, será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo 
previsto en el artículo 103 de esta Norma Foral.
b)   Los que sean trasladados a un establecimiento permanente situado en el extran-
jero, siempre que como consecuencia de dicho traslado las rentas derivadas de 
los mismos no puedan ser objeto de gravamen en territorio español.
2. En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo 
con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de 
créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva 
2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia 
de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras 
medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria resul-
tante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales 
iguales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)   El contribuyente presente, junto con la última declaración que deba presentar 
por este Impuesto o con la que corresponda al período impositivo en el que se 
dé la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, una relación 
individualizada de los elementos patrimoniales respecto de los que resulta de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior en la que conste el valor conta-
ble de los mismos y el importe de la diferencia entre el valor normal de mercado 
y el valor a efectos fiscales de cada uno de ellos, así como el importe de la parte 
de cuota íntegra resultante correspondiente a cada uno.
b)   Se garantice mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garan -
tía recíproca o certificado de seguro de caución el cobro de la cuota hasta el im-
porte cuyo pago haya optado el contribuyente por fraccionar en las condiciones 
establecidas en este apartado, siempre que exista un riesgo demostrable y real 
de impago.
En el caso de que el órgano de recaudación aprecie riesgo de impago en el plazo 
de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la primera 
fracción, se pondrá en conocimiento del contribuyente mediante el oportuno requeri -
miento para que aporte garantías suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no 
se entiende aportada garantía suficiente o debidamente justificado lo innecesario de la 
misma, se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere 
el artículo 60.1 b) de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia. De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previs-
tos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia.
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El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del 
impuesto correspondiente al período en el que tengan lugar las circunstancias a que se 
refiere el apartado 1 anterior, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el 
plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
En el supuesto al que se refiere la letra a) del apartado 1 anterior, el vencimiento y 
exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intere-ses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva trans-
currido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración correspondiente 
al período impositivo al que se hace referencia en el párrafo anterior.
En el supuesto al que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior, el contribuyente 
ingresará cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora correspondientes a las mismas, con la declaración del Impuesto de los períodos 
impositivos de cada uno de los cuatro años siguientes.
El contribuyente podrá solicitar que se reduzca la garantía prestada en aplicación de 
lo dispuesto en la letra b) en la proporción que represente el pago realizado sobre el total de la cuota fraccionada.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le será 
de aplicación lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de 
intereses de demora y a la constitución de garantías.
3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, será exigible la totalidad de la 
cuota fraccionada restante, junto con los intereses de demora correspondientes, en los siguientes supuestos:
a)   Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a un 
tercero.
b)   Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad 
a un tercer Estado distinto de los señalados en el primer párrafo del apartado 
anterior.
c)   Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a un ter-cer Estado distinto de los señalados en el primer párrafo del apartado anterior.
d)   Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un pro-
cedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e)   Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el fraccio-namiento.
En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b) de este 
apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los elementos patri-moniales, el fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la parte pro-
porcional de la deuda tributaria correspondiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha 
transmisión o traslado afecta solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) de 
este apartado, las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la 
pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de un 
mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto de las cantidades para las 
cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento, a iniciar el procedimiento de apremio, 
con su exigencia en los plazos a que se refiere el artículo 60.3 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. El importe que se 
ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del fraccionamiento. De no producirse 
el ingreso de las cantidades exigidas en dichos plazos, se considerará vencida, en su 
caso, el resto de deuda fraccionada, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio 
respecto de la misma.
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La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este apar-
tado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda pendiente en 
el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de ingreso 
en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo iniciarse el pro-
cedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se refiere 
la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de apremio exclu-sivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los plazos a que se 
refiere el artículo 60.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de 
demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido, y el recargo del 
período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior 
se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de 
demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
4. En el caso de cambio de residencia a territorio español o de transferencia a terri-
torio español de elementos patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por 
la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directa-
mente en el funcionamiento del mercado interior, hayan sido objeto de una imposición de salida en un Estado Miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el Estado 
miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje 
el valor de mercado.
5. No será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo y, por tanto, no se 
integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, cuando dicha transferencia esté relacionada 
con la financiación o entrega de garantías o cuando ésta se haya realizado para cumplir 
requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se pre-
vea que deben volver a la entidad residente en territorio español o que deben afectarse 
a un establecimiento permanente situado en el mismo en el plazo máximo de un año.»
Dos. Se modifica el artículo 48 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 48.— Inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obteni -
das por entidades no residentes y establecimientos permanentes situa-
dos en el extranjero
1. Los contribuyentes incluirán en su base imponible la renta positiva obtenida por 
una entidad no residente o por un establecimiento permanente no situado en territorio español, en cuanto dicha renta pertenezca a alguna de las clases previstas en el apar-
tado 2 de este artículo y se cumplan las circunstancias siguientes:
a)   Que, en lo que se refiere a la entidad no residente en territorio español, el con-tribuyente, por sí solo, o conjuntamente con personas o entidades vinculadas en 
el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta Norma Foral, 
tenga una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos 
propios, los resultados o los derechos de voto de la misma, en la fecha del cierre 
del ejercicio social de esta última.
   El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la partici-
pación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en el 
capital, los fondos propios o los derechos de voto.
b)   Que el importe satisfecho por la entidad no residente o por el establecimiento 
permanente del contribuyente no situado en territorio español, imputable a algu -
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na de las clases de renta previstas en el apartado 2 por razón de gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, sea inferior a la diferencia entre el 
importe que hubiera correspondido de acuerdo con las normas de este Impuesto 
y el efectivamente satisfecho por la entidad no residente.
   En este caso, no será de aplicación la exención establecida en el artículo 35 de 
esta Norma Foral.
2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por una entidad no residen -
te o por el establecimiento permanente no situado en territorio español, cuando éstos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales para 
su obtención, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No obstante, en el 
caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión 
de participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3 de este 
artículo.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar los 
criterios y principios establecidos en esta Norma Foral y en las restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no resultará de aplicación cuando el con-
tribuyente acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al 
mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia 
de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o bien que 
su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.
En el supuesto de no aplicarse lo establecido en los dos primeros párrafos de este 
apartado por no concurrir las circunstancias previstas en los mismos o por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se imputará únicamente la renta positiva que proven -
ga de cada una de las siguientes fuentes:
a)   Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recai-gan sobre los mismos, salvo que estén afectos a una actividad económica confor-
me a lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular, en el sentido del artículo 42 del Código de Co-
mercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, e igualmente estén afectos a una actividad económica.
b)   Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros 
de capitales propios, en los términos previstos en la Norma Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. No se entenderá incluida en esta letra la 
renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:
  a’)  Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
  b’)  Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
  c’)  Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermedia -
ción en mercados oficiales de valores.
  d’)  Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) 
siguiente.
    La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se en-
tenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras 
a que se refiere la letra i) siguiente, cuando el cedente y el cesionario perte-
nezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al 
menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
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c)   Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vin-
culadas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta 
Norma Foral, en las que la entidad no residente o el establecimiento permanente 
no situado en territorio español añade un valor económico escaso o nulo.
d)   Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la pro-
pia entidad.
e)   Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos 
de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, en los 
términos establecidos en el artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
f)   Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la realización de actividades económicas.
g)   Transmisión de bienes y derechos referidos en las letras a), b), d) y e) de este apartado que genere rentas.
h)   Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y 
otras actividades financieras, salvo que se trate de las rentas obtenidas en el 
ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de los establecido en la letra i) 
siguiente.
i)   Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, 
excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realiza -
das, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 
42 de esta Norma Foral, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en 
dichas entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados 
de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas por la 
entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no 
vinculadas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta Norma Foral.
3. No se incluirán en la base imponible las rentas previstas en las letras b) y g) 
del apartado anterior de este artículo, obtenidas por la entidad no residente, en cuanto procedan o se deriven de entidades en las que participen, directa o indirectamente, en 
más del 5 por 100, o del 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en 
un mercado secundario organizado, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:
a)   Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, así como que 
esté realmente implantada en el Estado de su residencia y que la estructura no 
tenga un carácter puramente artificial, en los términos establecidos en el aparta-
do 12 siguiente.
b)   Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, 
al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
A estos efectos, se entenderá que proceden del ejercicio de actividades económicas 
las rentas previstas en las letras b) y g) del apartado anterior de este artículo que tuvie-
ron su origen en entidades que cumplan el requisito establecido en esta letra b) y estén 
participadas, directa o indirectamente, en más del 5 por 100 por la entidad no residente, 
o del 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado secun-
dario organizado.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según 
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requi -
sitos relativos al porcentaje de participación, así como la existencia de una dirección y gestión de la participación se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen 
parte del mismo.
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4. No se incluirán las rentas previstas en el apartado 2 de este artículo cuando la 
suma de los importes de las mismas sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por 
la entidad no residente o el establecimiento permanente no situado en territorio español.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las rentas que deban ser inte-
gradas en base a lo dispuesto en la letra i) del apartado 2 anterior, sin perjuicio de que las mismas sean tomadas en consideración a efectos de determinar la suma a la que se 
refiere el párrafo anterior.
5. No se incluirán las rentas a que hace referencia el apartado 2 de este artículo 
cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en territorio español.
6. En el caso de rentas positivas derivadas de la participación en entidades no re-
sidentes, estarán obligadas a su inclusión las entidades comprendidas en la letra a) del apartado 1 de este artículo que participen directamente en la entidad no residente o bien 
indirectamente a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el 
importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación indirecta.
7. La inclusión se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la 
entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses.
Tratándose de establecimientos permanentes, la inclusión se realizará en el periodo 
impositivo en el que se obtengan las rentas.
8. El importe de la renta positiva a incluir en la base imponible se calculará de 
acuerdo con los principios y criterios establecidos en esta Norma Foral y en las restantes 
disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible.
A estos efectos, se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de 
la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se incluirá una cantidad superior a la renta total de la entidad no re-
sidente o del establecimiento permanente no situado en territorio español.
9. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo 
deberán presentar conjuntamente con la declaración de este Impuesto los siguientes 
datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a)   Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b)   Relación de personas administradoras.
c)   Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d)   Importe de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.
e)   Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba 
ser incluida en la base imponible.
En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar con-
juntamente con la declaración por este impuesto los datos a los que se refieren las letras d) y e) anteriores, así como los registros contables de las operaciones que realicen y de 
los activos y pasivos afectos a los mismos.
10. Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se sitúe 
en un país o territorio considerado como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación se presumirá que:
a)   Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 anterior.
b)   La renta obtenida por la entidad participada o por el establecimiento permanente procede de las fuentes de renta a que se refiere el apartado 2 anterior.
c)   La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adqui -
sición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.
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Las presunciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la enti-
dad participada consolide sus cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.
11. A los efectos del presente artículo, se entenderá que el grupo de sociedades a 
que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
12. Cuando la entidad participada resida en otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea o que forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, y no se encuentre en los supuestos a que se refiere el apartado 10 de este artículo, el contribuyente podrá 
evitar la aplicación de lo dispuesto en este artículo si prueba que la entidad participada 
está realmente implantada en el Estado de su residencia y la estructura no tiene un 
carácter puramente artificial que tenga como finalidad la reducción de la tributación por 
el impuesto sobre sociedades, para lo que deberá probar que las transacciones realiza -
das que tuvieran como efecto una disminución de la carga tributaria del contribuyente corresponden a prestaciones efectivamente realizadas en el Estado de residencia y que 
no carecen de interés económico con respecto a la actividad del contribuyente.
En particular, para demostrar que no existe una construcción puramente artificial, el 
contribuyente debe aportar elementos de prueba objetivos sobre el nivel de presencia 
física de la sociedad participada en el Estado de residencia, la sustantividad real de la 
actividad prestada por la sociedad participada y el valor económico de la actividad de la 
sociedad participada en relación con la del contribuyente y el conjunto del grupo.
Estas mismas reglas resultarán igualmente aplicables a los establecimientos per-
manentes situados en otro Estado miembro de la Unión Europea o que forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, y no se encuentre en los supuestos a que se 
refiere el apartado 10 de este artículo.
13. Lo previsto en este artículo tampoco será de aplicación cuando la entidad no 
residente sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea o forme parte 
del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, siempre que se trate de una institución 
de inversión colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 81 de esta Norma Foral, 
constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.»
Tres. Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo 60, que queda redac-
tado en los siguientes términos:
«No resultará de aplicación lo dispuesto en este apartado cuando se pueda aplicar 
a los dividendos o participaciones en beneficios lo dispuesto en el artículo 33 de esta 
Norma Foral, ni cuando provengan de las actividades que no se computen a los efectos 
de lo dispuesto en el último párrafo de la letra c) del apartado 1 del artículo 33 de esta 
Norma Foral o cuando se correspondan con las actividades a que hace referencia la 
letra i) del apartado 2 del artículo 48 de esta Norma Foral.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 54, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«11.  Los ingresos de participaciones, acciones u otros derechos que otorguen dere-chos económicos especiales en cualquier tipo de Fondo de Inversión Alternativa 
de los definidos en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Con-sejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alter-
nativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/ CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) número 1060/2009 y (UE) número 1095/2010, a los que sea 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 56.ter de la Norma Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se integrarán en la base imponible a 
medida que proceda registrar los gastos correspondientes a su atribución a las 
personas administradoras, gestoras o empleadas de las mismas.»
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Cinco. Se modifica el apartado 6 del artículo 60, que queda redactado en los si-
guientes términos:
«6.  Los contribuyentes que deban incluir en su base imponible determinadas rentas 
positivas obtenidas por entidades no residentes de conformidad con lo dispues -
to en el artículo 48 de esta Norma Foral, podrán deducir de la cuota íntegra los siguientes conceptos:
 a)  Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este Im-
puesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta 
positiva incluida en la base imponible.
   Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus sociedades participadas, y 
por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquéllas, y así sucesivamente, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida en 
la base imponible, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 
5 por 100, o al 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada cotizan 
en un mercado secundario organizado, y cumplan el requisito a que se 
refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 33 de esta Norma Foral en lo 
concerniente al tiempo de tenencia de la participación.
 b)   El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por ra-
zón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios, sea 
conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con 
la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que co-
rresponda a la renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible.
   Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a tra-
vés de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o 
gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente 
satisfecho por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta 
positiva incluida con anterioridad en la base imponible. Estas deducciones 
se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a períodos imposi -
tivos distintos a aquél en el que se realizó la inclusión. En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como paraísos fiscales.»
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 101, que queda redactado en los si-
guientes términos:
«2. Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual:
 a)  Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social 
y las transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, 
como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución 
a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de valores representa -
tivos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del 
valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal 
de dichos valores deducido de su contabilidad.
 b)   Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que for-men ramas de actividad y las transmite en bloque a una o varias entidades 
de nueva creación o ya existentes, manteniéndose, al menos, una rama de actividad en la entidad transmitente, o bien participaciones en el capital 
de otras entidades que le confieran la mayoría del capital social de éstas, 
recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas úl-
timas, que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas 
participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía 
necesaria, y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la 
letra anterior.
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 c)   Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por 
participaciones en el capital de otras entidades que confieran la mayoría 
del capital social en las mismas, manteniendo en su patrimonio al menos 
participaciones de similares características en el capital de otra u otras 
entidades o bien una rama de actividad, y la transmite a otra entidad, de 
nueva creación o ya existente, recibiendo a cambio valores representativos 
del capital de la entidad adquirente, que deberá atribuir a sus socios en 
proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y 
las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en 
dinero en los términos de la letra a) anterior.»
Siete. Se modifican los últimos párrafos de las letras a) y c) del artículo 102 .1, que 
quedan redactados en los siguientes términos:
«No obstante, cuando los elementos afectos a un establecimiento permanente si-
tuado en territorio español se transfieran a otro Estado miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la 
Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios que 
sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, 
de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyen -
te podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en los apartados 7 y 8 del artículo 18 de la Norma 
Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y en 
los términos regulados en los citados preceptos.»
Ocho. Se modifica el artículo 105, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 105.—Régimen fiscal de Canje de valores
1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes las 
rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a)   Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en 
el de algún Estado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Esta-
do siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos 
del capital social de una entidad residente en España.
   Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas o entidades que 
sean socias, herederas, comuneras o partícipes en dicha entidad, la renta ge-
nerada con ocasión del canje de valores, siempre que a la operación le sea de 
aplicación el régimen fiscal establecido en este Capítulo o se realice al amparo 
de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al 
régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, 
aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de 
diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una 
SCE de un Estado miembro a otro, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados.
b)   Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o 
esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/133/CE del 
Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a 
las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes 
de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al 
traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro.
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se valorarán 
por el valor que tenían en el patrimonio de los socios que efectúan la aportación, según las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
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del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, excepto que su valor normal de mercado 
fuere inferior, en cuyo caso se valorarán por este último.
En aquellos casos en que las rentas generadas en los socios no estuviesen sujetas 
a tributación en territorio español, se tomará el valor convenido entre las partes con el límite del valor normal de mercado.
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de ren-
tas, no se integrará en la base imponible de las personas o entidades que sean socias, herederas, comuneras o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión del 
canje de valores, siempre que a la operación le sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en el presente capítulo o se realice al amparo de la Directiva 2009/133/CE 
del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las 
fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones 
realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio 
social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, y los valores recibidos por el 
socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados.
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el va-
lor de los entregados, determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de 
la compensación complementaria en dinero entregada o recibida.
Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, 
se integrará en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o de este Impuesto del período impositivo en que se produzca esta circunstancia la di-
ferencia entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a 
que se refiere el apartado anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas 
por deterioro del valor que hayan sido fiscalmente deducibles.
El ingreso de la parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá dife-
rirse, en los términos y con las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 41 de esta Norma Foral hasta el período impositivo en el que se transmitan los valores.
5. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o de este Impuesto las rentas ob-
tenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en 
países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales u obtenidas a 
través de los mismos.
6. Las operaciones de canje de valor que no cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 1 de este artículo no podrán acogerse al régimen previsto en este Capítulo.»
Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 106, que quedan redactados 
en los siguientes términos:
«2.  Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión, absorción y esci-sión total o parcial, se valorarán, a efectos fiscales, por el valor de los entrega -
dos, determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. 
Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados.»
«4.  Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o de este Impuesto 
las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domi-
ciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de los mismos.»
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Diez. Se introduce un nuevo artículo 107 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 107 bis.— Limitación en la deducción de gastos financieros destinados a la adquisi-
ción de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades
A los efectos de lo previsto en el artículo 25 bis de esta Norma Foral, los gastos finan-
cieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidad se deducirán con el límite adicional del 30 
por ciento del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin 
incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione 
con aquella en los 4 años posteriores a la citada adquisición, cuando la fusión aplique 
este régimen fiscal especial. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, 
en el límite a que se refiere el apartado 1 del referido artículo 25 bis.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en 
este artículo serán deducibles en períodos impositivos siguientes con el límite previsto 
en este artículo y en el apartado 1 del artículo 25 bis de esta Norma Foral.
El límite previsto en este artículo no resultará de aplicación en el período impositivo 
en el que se adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por ciento del precio de 
adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes 
siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al 
menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, 
hasta que la deuda alcance el 30 por ciento del precio de adquisición.»
Once. Se modifica el artículo 108, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 108.— Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias e imputación de rentas
1. Cuando las operaciones mencionadas en el artículo 101 de esta Norma Foral 
determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los 
derechos y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por la entidad transmitente.
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, la transmisión se producirá única -
mente respecto de los derechos y obligaciones tributarias que se refieran a los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos derivados de los 
incentivos fiscales de la entidad transmitente, en cuanto que estuvieren referidos a los 
bienes y derechos transmitidos.
3. Se transmitirán a la entidad adquirente las bases imponibles negativas pendien -
tes de compensación en la entidad transmitente, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a)   La extinción de la entidad transmitente.
b)   La transmisión de una rama de actividad cuyos resultados hayan generado ba-ses imponibles negativas pendientes de compensación en la entidad transmiten-
te. En este caso, se transmitirán las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación generadas por la rama de actividad transmitida.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente o bien 
cuando aquélla respecto de ésta se encuentre en alguno de los casos previstos en el artículo 42 de esta Norma Foral, la base imponible negativa susceptible de compensa -
ción se reducirá en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones 
de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a dicha participación o a 
las participaciones que las entidades vinculadas tengan sobre la entidad transmitente y 
su valor fiscal.
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En ningún caso serán compensables las bases imponibles negativas correspondien -
tes a pérdidas sufridas por la entidad transmitente que hayan motivado el deterioro de 
la participación de la entidad adquirente en el capital de la entidad transmitente o el 
deterioro de la participación de otra entidad en esta última cuando tengan una relación 
de vinculación a que se refiere el artículo 42 de esta Norma Foral.
4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente los derechos y obligaciones 
nacidos al amparo de las normas forales o leyes españolas.»
Doce. Se modifica el artículo 111, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 111.—Aportaciones no dinerarias
1. El régimen previsto en este Capítulo se aplicará, a opción del contribuyente de 
este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran 
los siguientes requisitos:
a)   Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o 
realice actividades en el mismo por medio de un establecimiento permanente al 
que se afecten los bienes aportados.
b)   Que, una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de este Impues-
to, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la entidad que recibe 
la aportación en, al menos, el 5 por 100, o el 3 por 100 si las acciones de la so-
ciedad participada cotizan en un mercado secundario organizado.
c)   Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por con-tribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en territorio es-
pañol, se tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras 
a) y b), los siguientes:
  a’)  Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le sean de 
aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, es-
pañolas o europeas, y de uniones temporales de empresas regulado en el 
Capítulo III del Título VI de esta Norma Foral, ni tenga la consideración de 
sociedad patrimonial a que se refiere el artículo 14 de esta Norma Foral.
  b’)  Que representen una participación de al menos un 5 por 100 de los fondos propios de la entidad, o del 3 por 100 si las acciones de la sociedad partici-
pada cotizan en un mercado secundario organizado.
  c’)  Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante durante el año 
anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación.
d)   Que, en el caso de aportación de elementos patrimoniales distintos de los men-
cionados en la letra c) por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean residentes en Estados miembros de la Unión Europea, dichos elementos estén 
afectos a actividades económicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo 
dispuesto en el Código de Comercio.
2. El régimen previsto en este Capítulo se aplicará también a las aportaciones de 
ramas de actividad, efectuadas por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean residen -
tes en Estados miembros de la Unión Europea, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio.
3. Los elementos patrimoniales aportados no podrán ser valorados, a efectos fisca-
les, por un valor superior a su valor normal de mercado.»
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Trece. Se modifica el apartado 4 del artículo 114, que queda redactado en los si-
guientes términos:
«4.  No se aplicará el régimen establecido en este Capítulo cuando la operación 
realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal.
   A estos efectos, se considerarán como tales las operaciones a las que resulte 
de aplicación lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. En particular, el régimen no se apli -
cará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entida -
des que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal, siempre que la operación se encuentre en alguno de los supues -
tos a que se refiere el párrafo anterior de este apartado.
   En caso de inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en este apartado, únicamente se eliminarán los efectos de la 
ventaja fiscal obtenida.»
Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 128, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«1.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 117 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se entenderá que en este 
Impuesto son opciones que deben ejercitarse con la presentación de la auto-
liquidación, incluso cuando no tengan una alternativa o solución incompatible, 
las siguientes:
 a)  El régimen de determinados contratos de arrendamiento financiero regula -
do en el artículo 18.
 b)   Las especialidades para la deducción de la amortización de los activos tangibles e intangibles y de los gastos de naturaleza investigadora de las 
entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidro -
carburos reguladas en el apartado 3 del artículo 20.
 c)   La libertad de amortización, la amortización acelerada y la amortización 
conjunta reguladas en el artículo 21.
 d)   La deducción global de las pérdidas por deterioro de los créditos por in-
solvencias aplicable por las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas regulada en el apartado 3 del artículo 22.
 e)   La reducción de la base imponible de importes correspondientes al fondo de comercio financiero regulado en el artículo 24.
 f)   La reducción de la base imponible de importes correspondientes al fondo 
de comercio regulada en el artículo 25.
 g)   El factor de agotamiento en actividades de minería regulado en el artículo 28.
 h)   El factor de agotamiento en actividades de exploración, investigación y ex-plotación de hidrocarburos regulado en el artículo 29.
 i)   La deducción de las cantidades destinadas a la Obra benéfico-social de las 
Cajas de Ahorros regulada en el artículo 30.
 j)   La deducción incrementada por gastos derivados de la utilización de me-
dios de transporte regulada en el cuarto párrafo de la letra a) del apartado 
3 del artículo 31.
 k)   La aplicación por parte de las microempresas de la opción regulada en el apartado 4 del artículo 32.
 l)   La reducción por utilización de la propiedad intelectual o industrial de la 
propia empresa regulada en el apartado 5 del artículo 32.
 m)   La reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 36.
 n)   La reducción por explotación de propiedad intelectual o industrial regulada en los apartados 1 a 4 del artículo 37.
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 ñ)   El diferimiento del pago de la cuota correspondiente al traslado de residen -
cia o transferencia de elementos patrimoniales a otro Estado miembro de la 
Unión Europea regulado en el apartado 2 del artículo 41.
 o)   Las correcciones en materia de aplicación del resultado reguladas en el 
Capítulo V del Título IV.
 p)   La integración de rentas en el caso de operaciones a plazos o con precio 
aplazado regulada en el apartado 4 del artículo 54.
 q)   La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores regulada en el artículo 55.
 r)   La deducción de impuestos extranjeros regulada en el apartado 5 del artí-
culo 60.
 s)   Las deducciones reguladas en el Capítulo III del Título V.
 t)   El diferimiento del pago de la cuota correspondiente en los supuestos a los que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 102.
 u)   La renuncia al régimen de diferimiento a que hace referencia el apartado 2 
del artículo 102.
 v)   Las deducciones reguladas en la disposición adicional decimoquinta.
  Todas estas opciones también se entenderán ejercitadas cuando el contribu -
yente no consigne en la autoliquidación del Impuesto ningún importe por el 
concepto de que se trate, incluso cuando la medida en cuestión no tenga una 
alternativa o solución incompatible con ella.»
Artículo 3.— Modificación de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes
Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, se introducen las siguientes modifica -
ciones en la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes.
Uno. Se modifica el apartado 6 y se añaden los apartados 7, 8, 9 y 10 en el artículo 
18, que quedan redactados en los siguientes términos:
«6.  Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado 
y el valor fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
 a)  Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territo-
rio español que cesa su actividad.
 b)   Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español son transferidos al extranjero.
 c)   Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en el terri-
torio español que traslada su actividad al extranjero.
7.  En los casos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, en el supuesto 
de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con 
España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de 
créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la Direc-tiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua 
en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, 
derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de 
la deuda tributaria resultante de lo dispuesto en el apartado anterior por quintas 
partes anuales iguales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 a)  El contribuyente presente, junto con la última declaración que deba presen -
tar por este impuesto una relación individualizada de los elementos patrimo-niales respecto de los que resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 
6 anterior en la que conste el valor contable de los mismos y el importe de la 
diferencia entre el valor normal de mercado y el valor fiscal de cada uno de 
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ellos, así como el importe de la parte de cuota íntegra resultante correspon -
diente a cada uno.
 b)   Se garantice mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución el cobro de la cuota 
hasta el importe cuyo pago haya optado el contribuyente por fraccionar en 
las condiciones establecidas en este apartado, siempre que exista un riesgo 
demostrable y real de impago.
  En el caso de que el órgano de recaudación aprecie riesgo de impago en el pla-
zo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la 
primera fracción, se pondrá en conocimiento del contribuyente mediante el opor-
tuno requerimiento para que aporte garantías suficientes en el plazo de 10 días 
contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Si el requerimiento no 
es atendido o, siéndolo, no se entiende aportada garantía suficiente o debida -
mente justificado lo innecesario de la misma, se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere el artículo 60.1.b) de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. De 
no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia.
  El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del 
impuesto correspondiente al período impositivo en el que tenga lugar la transfe-
rencia de activos prevista en la letra b) del apartado anterior, o en aquella corres-
pondiente al período impositivo concluido con ocasión del traslado de actividad, en el supuesto previsto en la letra c) del apartado anterior, debiéndose efectuar el 
pago de la primera fracción en el plazo voluntario de declaración correspondiente 
a dicho período impositivo.
  El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales res-
tantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, se 
producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración al que se refiere el apartado anterior.
  El contribuyente podrá solicitar que se reduzca la garantía prestada en aplicación de lo dispuesto en la letra b) en la proporción que represente el pago realizado 
sobre el total de la cuota fraccionada.
  Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le 
será de aplicación lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, Gene-
ral Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, y su normativa de desarrollo, en 
cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución de garantías.
8.  No obstante lo previsto en el apartado anterior, el fraccionamiento perderá su 
vigencia y será exigible la totalidad de la cuota fraccionada restante, junto con los 
intereses de demora correspondientes, en los siguientes supuestos:
 a)   Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.
 b)   Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterio -
ridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo primero del 
apartado 7 anterior.
 c)   Cuando la actividad realizada por el establecimiento permanente se traslade 
con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo 
primero del apartado 7 anterior.
 d)   Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedi -
miento equivalente.
 e)   Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el frac-cionamiento.
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  En los casos de transmisión o traslado de elementos a los que se refieren las 
letras a) y b) de este apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado par-
cial de los elementos patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia úni-
camente respecto de la parte proporcional de la deuda tributaria correspondiente 
a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de dichos ele-
mentos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta 
solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
  En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) de 
este apartado, las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccio-
namiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de que 
se produzca la pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en el 
referido plazo de un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto de 
las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento, a iniciar 
el procedimiento de apremio, con su exigencia en los plazos a que se refiere el 
artículo 60.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia. El importe que se ingrese será aplicado a los últimos 
vencimientos del fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades 
exigidas en dichos plazos, se considerará vencida, en su caso, el resto de deuda 
fraccionada, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
  La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este apartado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda 
pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. 
La falta de ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
  Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de 
apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en 
los plazos a que se refiere el artículo 60.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. Se exigirá el importe 
de dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente 
al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del 
vencimiento del plazo concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma 
de ambos conceptos.
  De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo an-
terior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
9.  En el caso de transferencia a España de elementos patrimoniales o del traslado de actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el fun-
cionamiento del mercado interior, haya sido objeto de una imposición de salida 
en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el Estado 
miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo que 
no refleje el valor de mercado.
10.  No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 de éste artículo, y por tanto, no se integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el 
valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, cuando dicha trasferencia 
esté relacionada con la financiación o entrega de garantías o cuando esta se haya 
realizado para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de 
liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectar-
se en el plazo máximo de un año.»
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Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado en los siguien -
tes términos:
«2.  Se entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento per-
manente cese en su actividad o de otro modo se realice la desafectación de 
la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así 
como en los supuestos en que traslade su actividad al extranjero, se produzca 
la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, 
aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su 
titular.»
Tres. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada en los si-
guientes términos:
«Cuarta.—Procedimientos amistosos
1. Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la 
aplicación de los convenios y tratados internacionales se resolverán de acuerdo con los 
procedimientos amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin perjuicio del 
derecho a interponer los recursos o reclamaciones que pudieran resultar procedentes.
2. Lo establecido en esta disposición adicional resulta igualmente de aplicación 
a los mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los que 
se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio 
a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, 
relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
3. La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones en el ámbito 
de un procedimiento amistoso se realizará en el momento o período en que el acuerdo 
adquiera firmeza.
A estos efectos, se considerará que el acuerdo adquiere firmeza en la fecha de re-
cepción de la última notificación de las autoridades competentes comunicando a las autoridades competentes del resto de los Estados afectados la aceptación por parte de 
las personas interesadas del contenido del mismo y su renuncia al derecho a recurrir 
respecto de los elementos de la obligación tributaria que hayan sido objeto del procedi -
miento amistoso. En el supuesto de que los recursos ya se hubieran iniciado, el acuerdo únicamente adquirirá firmeza una vez que la persona afectada aporte pruebas a las 
autoridades competentes de los Estados miembros afectados de que se han tomado 
medidas para poner fin a dichos procedimientos respecto de los elementos de la obliga -
ción tributaria que hayan sido objeto del procedimiento amistoso.
4. A estos efectos, reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la 
resolución de estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante.
La Administración tributaria se encargará de la tramitación del procedimiento, así 
como de la elaboración de los informes y de la adopción de los acuerdos que sean 
precisos para fijar la posición española, y remitirá el expediente correspondiente a la 
Autoridad competente del Reino de España para desarrollar la fase internacional del 
procedimiento aplicable en cada caso, de conformidad con lo previsto en los citados 
convenios y tratados.
5. No podrá interponerse recurso alguno contra los citados acuerdos, sin perjuicio 
de los recursos previstos contra el acto o actos administrativos que se dicten en aplica -
ción de dichos acuerdos.
6.
1)  En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda quedará suspendido 
automáticamente a instancias del interesado cuando se garantice su importe, 
los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran 
proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
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   No se podrá suspender el ingreso de la deuda de acuerdo con lo previsto en el 
párrafo anterior, mientras se pueda solicitar la suspensión en vía administrativa 
o jurisdiccional.
2)  Las garantías admisibles para obtener la suspensión automática a la que se 
refiere el número anterior serán exclusivamente las siguientes:
  a)   Depósito de dinero o valores públicos.
  b)   Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de ga-
rantía recíproca o certificado de seguro de caución.
3)  Si los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la 
suspensión prevista en este apartado se limitará al importe afectado por los pro-
cedimientos amistosos.
7. En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, se simulta-
nee un procedimiento amistoso previsto en los convenios o tratados internacionales con 
un procedimiento de revisión de los regulados en el Título V de la Norma Foral 2/2005, de 
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se suspenderá el proce-
dimiento de revisión, exclusivamente respecto de los elementos de la obligación tributaria 
que sean objeto del procedimiento amistoso, hasta la finalización de este último.
8. En los casos en los que la existencia de sanciones excluya el acceso a la fase 
arbitral del procedimiento amistoso, lo establecido en el apartado 7 no será de aplica -
ción cuando se haya recurrido en vía administrativa la imposición de sanciones. En este 
caso, se impedirá el acceso a la comisión arbitral del procedimiento amistoso hasta que 
recaiga resolución firme en vía administrativa o judicial en relación con la sanción.
9. En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 90/436/CEE, la in-
terposición de cualquier recurso o reclamación en vía administrativa o en vía conten-cioso-administrativa contra las sanciones impuestas a que se refiere el apartado 10 
suspenderá la tramitación del procedimiento amistoso desde la interposición del primer 
recurso que proceda hasta que recaiga resolución firme en vía administrativa o judicial 
en relación con la sanción.
No se admitirá el inicio o será causa de terminación del procedimiento amistoso 
previsto en el párrafo anterior si las empresas de las que se trate han sido objeto de 
una sanción, en los términos establecidos en el apartado 10 de esta disposición, con 
carácter firme.
10. A efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, tendrán la consideración de san-
ciones:
a)  Las penas por delitos contra la Hacienda Pública a los que se refieren los artícu-
los 305 y 305 bis del Código Penal;
b)   Las sanciones por las infracciones a las que se refieren los artículos 196, 197 y 
198 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia, siempre que concurra alguno de los criterios de graduación recogidos en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 191 de dicha Norma Fo-
ral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia;
c)   Las sanciones establecidas en el artículo 46. 2 b) de la Norma Foral 11/2013, de 
5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que concurra alguno 
de los criterios de graduación recogidos en las letras b) y c) del apartado 1 del 
artículo 191 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia. A estos efectos, las referencias efectuadas en el 
citado artículo 191 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, a las declaraciones deberán entenderse reali -
zadas a la documentación de precios de transferencia.
No obstante lo establecido en la letra c), no tendrán la consideración de sanciones a 
efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, las sanciones por infracciones derivadas 
de la presentación de documentación incompleta cuando este hecho no dificulte grave-
mente la cuantificación o determinación del valor de mercado.
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11. Los procedimientos a los que se refiere esta disposición se rigen por su norma-
tiva específica y supletoriamente, en cuanto resulte aplicable, por la normativa tributaria.
12. Los miembros de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alter-
nativa constituida en el marco de un procedimiento amistoso estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de los datos tributarios que conozcan en su condición 
de tales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Norma Foral 2/2005, de 
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. La infracción de dicho 
deber podrá dar lugar a las responsabilidades legales que puedan derivar conforme a la 
normativa española.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación, en su 
caso, de la normativa interna de los otros Estados afectados en el ámbito propio de su jurisdicción.»
Artículo 4.— Modificación de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, se introducen las siguientes modifica -
ciones en la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.
Uno. Se modifica el artículo 51, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 51.—Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional
1. Los y las contribuyentes imputarán la renta positiva obtenida por una entidad 
no residente en territorio español, en cuanto dicha renta perteneciese a alguna de las clases previstas en el apartado 2 de este artículo y se cumpliesen las circunstancias 
siguientes:
a)   Que por sí solas o conjuntamente con entidades vinculadas según lo previsto en 
el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, o 
con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge 
o pareja de hecho, en línea directa o colateral, consanguínea, por afinidad o por 
la que resulte de la constitución de la pareja de hecho, hasta el segundo grado 
inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los 
fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente 
en territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
   El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la parti-
cipación en los resultados y, en su defecto, a la participación en el capital, los 
fondos propios o los derechos de voto de la entidad.
b)   Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, impu-table a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 siguiente, por 
razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Socieda -
des, sea inferior a la diferencia entre el importe que le hubiera correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto y el efectivamente satisfecho por la 
entidad no residente.
2. Los y las contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no resi-
dente en territorio español, cuando ésta no disponga de la correspondiente organización 
de medios materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen 
carácter recurrente. No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios 
o rentas derivadas de la transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo 
dispuesto en los tres últimos párrafos de este apartado.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar los 
criterios y principios establecidos en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades y en las restantes disposiciones relativas a dicho Impuesto para la determinación de aquella.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no resultará de aplicación cuando el 
o la contribuyente acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español 
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perteneciente al mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consoli -
dadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.
En el supuesto de no aplicarse lo establecido en los dos primeros párrafos de este 
apartado por no concurrir las circunstancias previstas en los mismos o por aplicación de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se imputará únicamente la renta positiva que proven -
ga de cada una de las siguientes fuentes:
a)   Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo que estén afectos a una actividad económica 
conforme a lo dispuesto en esta Norma Foral, o cedidos en uso a entidades no 
residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular, en el sen-
tido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia 
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente estu-
vieren afectos a una actividad económica.
b)   Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros 
de capitales propios, en los términos previstos en los artículos 34 y 35 de esta 
Norma Foral. No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda 
de los siguientes activos financieros:
  a’)  Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias 
originadas por el ejercicio de actividades económicas.
  b’)  Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
  c’)  Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermedia -
ción en mercados oficiales de valores.
  d’)  Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) 
siguiente.
   La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se enten-derá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras a que 
se refiere la letra i) siguiente, cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un 
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, 
del ejercicio de actividades económicas.
c)   Operaciones sobre bienes y servicios realizados por personas o entidades vin-culadas en el sentido del apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral del Im-
puesto sobre Sociedades, en las que la entidad no residente o el establecimiento 
permanente añade un valor económico escaso o nulo.
d)   Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la pro-
pia entidad.
e)   Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, en los 
términos establecidos en el artículo 37 de esta Norma Foral.
f)   Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo 
específicamente identificado derivado de la realización de actividades económicas.
g)   Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), d) y e) ante-
riores que genere rentas.
h)   Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y 
otras actividades financieras, salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejer-
cicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) 
siguiente.
i)   Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, 
excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realiza -
das, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio 
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español y vinculadas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 
42 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen 
gastos fiscalmente deducibles en dichas entidades residentes.
   No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando más del 50 por 100 
de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, asegura -
doras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas por la entidad no residente procedan de 
operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido 
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral del Impuesto 
sobre Sociedades.
   No se incluirán las rentas previstas en las letras b) y g) anteriores, obtenidas por 
la entidad no residente en cuanto procedan o se deriven de valores de entidades 
en las que participe, directa o indirectamente, en más del 5 por 100, o del 3 por 
100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado secundario 
organizado, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:
  —  Primero: Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones me-
diante la correspondiente organización de medios materiales y personales, 
así como que esté realmente implantada en el Estado de su residencia y que la estructura no tenga un carácter puramente artificial, en los términos esta-
blecidos en el apartado 12 siguiente.
  —  Segundo: Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
   A estos efectos, se entenderá que proceden del ejercicio de actividades econó -
micas las rentas previstas en las letras b) y g) anteriores que tuvieran su origen en entidades que cumplan el requisito segundo anterior y estén participadas, 
directa o indirectamente, en más del 5 por 100, o del 3 por 100 si las acciones de 
la sociedad participada cotizan en un mercado secundario organizado.
   En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades 
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de participación, así como la 
existencia de una dirección y gestión de la participación se determinarán tenien -
do en cuenta a todas las que formen parte del mismo.
3. No se incluirán las rentas previstas en el apartado anterior de este artículo cuan-
do la suma de los importes de las mismas sea inferior al 15 por 100 de la renta total 
obtenida por la entidad no residente.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las rentas que deban ser inte-
gradas en base a lo dispuesto en la letra i) del apartado 2 anterior, sin perjuicio de que 
las mismas sean tomadas en consideración a efectos de determinar la suma a la que se 
refiere el párrafo anterior.
No se imputará en la base imponible del o de la contribuyente el impuesto o impues -
tos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Sociedades efectivamente satisfe-cho por la sociedad no residente por la parte de renta a incluir.
Las rentas positivas de cada una de las fuentes citadas en el apartado 2 se imputa-
rán en la base imponible general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de esta 
Norma Foral.
4. Estarán obligados a la correspondiente imputación las y los contribuyentes com-
prendidos en la letra a) del apartado 1 que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u otras entidades no residentes. En 
este último caso, el importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación 
indirecta.
5. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que 
la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses.
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6. El importe de la renta positiva a imputar en la base imponible se calculará de 
acuerdo con los principios y criterios establecidos para la determinación de la base im-
ponible en el Impuesto sobre Sociedades.
A estos efectos, se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de 
la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no 
residente.
7. No se imputarán los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que 
corresponda a la renta positiva que haya sido imputada. El mismo tratamiento se aplica -
rá a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuer-
do social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola 
vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
8. Será deducible de la cuota íntegra el impuesto o gravamen efectivamente satis-
fecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con 
la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a 
la renta positiva incluida en la base imponible.
Esta deducción se practicará aun cuando los impuestos correspondan a períodos im-
positivos distintos a aquél en el que se realizó la inclusión. En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como paraísos fiscales.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar por 
la renta positiva imputada en la base imponible.
9. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o 
indirecta, se emplearán las reglas contenidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 47 de esta Norma Foral, en relación a la renta positiva imputada en la base imponible. Los 
beneficios sociales a que se refiere el citado precepto serán los correspondientes a la 
renta positiva imputada.
10. Los y las contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en este artículo 
deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a)   Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b)   Relación de personas administradoras.
c)   Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d)   Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.
e)   Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba 
ser imputada.
11. Cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio considerado 
como paraíso fiscal o territorio de nula tributación, se presumirá que:
a)   Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 anterior.
b)   La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a 
que se refiere el apartado 2 anterior.
c)   La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adqui -
sición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la enti-
dad participada consolide sus cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.
12. Cuando la entidad participada sea residente de otro Estado miembro de la 
Unión Europea o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, y no se en-
cuentre en los supuestos a que se refiere el apartado 11 de este artículo, el o la contribu -
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yente podrá evitar la aplicación de lo dispuesto en este artículo si prueba que la entidad 
participada está realmente implantada en el Estado de su residencia y la estructura no 
tiene un carácter puramente artificial que tenga como finalidad la reducción de la tributa-
ción por el impuesto sobre sociedades, para lo que deberá probar que las transacciones 
realizadas que tuvieran como efecto una disminución de la carga tributaria del o de la 
contribuyente corresponden a prestaciones efectivamente realizadas en el Estado de 
residencia y que no carecen de interés económico con respecto a la actividad del o de la 
contribuyente.
En particular, para demostrar que no existe una construcción puramente artificial, el 
o la contribuyente deberá aportar elementos de prueba objetivos sobre el nivel de pre-sencia física de la sociedad participada en el Estado de residencia, la sustantividad real 
de la actividad prestada por la sociedad participada y el valor económico de la actividad 
de la sociedad participada en relación con la del o de la contribuyente y el conjunto del 
grupo.
13. Lo previsto en este artículo tampoco será de aplicación cuando la entidad no 
residente sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, siempre que se trate de una institución 
de inversión colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 81 de la Norma Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la 
Unión Europea.
14. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno.
15. A los efectos del presente artículo, se entenderá que el grupo de sociedades a 
que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.»
Dos. Se modifica el artículo 57.3, que queda redactado en los siguientes términos:
«3.  En el supuesto de que el o la contribuyente pierda su condición por cambio de residencia al extranjero, todas las rentas pendientes de imputación deberán 
integrarse en la base imponible correspondiente al último período impositivo 
que deba declararse por este impuesto en el lugar anterior al de cambio de resi-
dencia, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en 
su caso, una declaración complementaria, sin sanción ni intereses de demora 
ni recargo alguno.
   Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la 
Unión Europea o a otro estado del Espacio Económico Europeo que haya cele-
brado un acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua 
en materia de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia 
mutua prevista en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 
2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspon -
dientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, el o la contribu -
yente podrá optar por imputar las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en 
el párrafo anterior o por presentar a medida en que se vayan obteniendo cada 
una de las rentas pendientes de imputación, una declaración complementaria 
sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto. La mencionada declaración 
se presentará en el plazo de declaración correspondiente al período impositivo 
en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse 
producido la pérdida de la condición de contribuyente.»
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.— Régimen transitorio de las obligaciones de de-
claración de los mecanismos transfronterizos 
sometidos a declaración que se hayan realiza-
do con anterioridad al 1 de julio de 2020
Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, 
en los términos reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de 
junio de 2020, deberán ser objeto de declaración a más tardar el 28 de febrero de 2021.
Disposición Transitoria Segunda.— Régimen transitorio en materia de procedimien-
tos amistosos
1. Los procedimientos amistosos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de 
la nueva redacción otorgada por esta Norma Foral a la disposición adicional cuarta de la 
Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión, salvo lo dispuesto 
en los apartados siguientes.
2. Lo dispuesto en la nueva redacción otorgada por esta Norma Foral a los aparta-
dos 7 y 8 de la disposición adicional cuarta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciem -
bre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, será de aplicación a los procedi -
mientos amistosos iniciados a partir del 1 de junio de 2017.
3. Lo dispuesto en la nueva redacción otorgada por esta Norma Foral al segundo 
párrafo del apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, será de aplicación a los 
procedimientos pendientes de terminación en la fecha de entrada en vigor de esta Nor-
ma Foral.
DISPOSICIÓN FINAL
Disposición Final.— Entrada en vigor
Esta Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, y tendrá efec-
tos en función de lo establecido en su articulado.
En Bilbao, a 15 de julio de 2020.
  El Secretario Segundo de las Juntas Generales,  
  EMILIO LOBATO PASCUAL  
La Presidenta de las Juntas Generales,  
 ANA OTADUI BITER
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