I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21800 Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas 
europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al 
ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la 
integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley orgánica.
PREÁMBULO
I
La legislación penal constituye un ámbito jurídico clave para fundamentar las bases 
de un Estado de Derecho.
El artículo 1 de la Constitución Española de 1978 establece que «España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político».
La plena vigencia de los valores constitucionales, la calidad de nuestra democracia y 
la convivencia misma, dependen en buena medida de la aplicación de una legislación 
penal coherente con aquellos principios, actualizada y eficaz.
La presente ley pretende afrontar algunos de los retos pendientes en la legislación 
penal española, en relación con ciertos tipos y penas que la evolución social, la 
experiencia y el Derecho comparado invitan a revisar desde hace mucho tiempo.
Algunos de esos tipos y penas presentes en nuestra legislación penal responden aún 
a realidades sociales y configuraciones doctrinales propias de hace dos siglos. Es tiempo 
ya, por tanto, para que el ordenamiento jurídico español actualice ciertas definiciones, en 
cuanto a los comportamientos delictivos y a las respuestas adecuadas en las sociedades 
del siglo XXI.
Es preciso aportar calidad, claridad y modernidad en algunos ámbitos de la 
legislación penal española que presentan problemas evidentes de indeterminación y 
obsolescencia. El mandato de certeza propio del principio de legalidad penal requiere 
una actuación insoslayable e inaplazable al respecto.
Por otra parte, España forma parte de las instituciones europeas y comparte 
propósitos y tareas de coordinación crecientes en materia judicial y de seguridad. La 
armonización de nuestra legislación penal con los estándares más claramente asentados 
en la doctrina y en la práctica jurídica de los países de la Unión Europea constituye una 
obligación incontestable, en consecuencia.
La presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de 
los Estados integrantes de la Unión Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas 
en relación a las que se aplican en los países vecinos, resulta altamente disfuncional en 
lo relativo al funcionamiento de la mencionada cooperación judicial y de seguridad.
Esta ley busca dar solución a buena parte de estas dificultades y desafíos.
En tal sentido, el Código Penal, tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, ha de tutelar los valores y principios básicos de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179570
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, es preciso actualizar su 
contenido para que pueda seguir cumpliendo su labor social.
El devenir social, la incardinación de nuestro país en la Unión Europea y la 
pertenencia a determinados organismos internacionales que marcan pautas de 
actuación, no solo en la represión de las conductas delictivas sino en el respeto a los 
derechos fundamentales como límite de actuación de los poderes públicos, exigen una 
modificación de determinados tipos penales, posibilitando así seguir contando con un 
Código Penal que responde al tiempo en que la sociedad se halla y da una respuesta 
actual, segura y propia de un Estado de Derecho como el nuestro a nuevas formas 
delictivas o a la evolución de otras ya existentes.
La presente  ley orgánica  consta  de dos artículos,  tres disposiciones  transitorias  y seis 
disposiciones  finales.  El primer  artículo  es de modificación  de la Ley Orgánica  10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, con varios apartados sobre diferentes materias, pero 
todos  ellos con el objetivo  último  de adaptación  de nuestro  ordenamiento  a la normativa 
europea o de modernización del mismo ante las nuevas realidades sociales. El segundo, de 
modificación  de la Ley Orgánica  12/1995,  de 12 de diciembre,  de Represión  del 
Contrabando, para reforzar la sanción de armas de doble uso.
En primer lugar, esta ley responde a la necesidad de transposición de determinadas 
Directivas cuya introducción en el Derecho español es urgente. En este sentido, de 
acuerdo con el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4.3 del Tratado de 
la Unión Europea, el cumplimiento de los plazos para la transposición de directivas 
europeas constituye uno de los principales objetivos que condicionan el diseño de la 
política legislativa de un Estado miembro. Tal obligación se ha intensificado al constituir 
en la actualidad uno de los objetivos prioritarios del Consejo Europeo. En el escenario 
diseñado por el Tratado de Lisboa, la Unión Europea fija como una de sus principales 
prioridades la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el que, entre 
otros fines, esté garantizada la adopción de medidas adecuadas para la prevención y la 
lucha contra la delincuencia.
Mediante un itinerario de convergencia y armonización, y al amparo del principio 
general de subsidiariedad reconocido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, 
se establece una serie de «reglas mínimas comunes» para determinados segmentos del 
Derecho penal especial, los denominados «eurodelitos», siendo aquellos de especial 
gravedad que tengan una dimensión transfronteriza, incluida la falsificación de medios de 
pago y la delincuencia informática. Ello implica la necesidad de una ajustada y diligente 
transposición al ordenamiento jurídico español, en concreto, de diversas directivas que 
afectan al ámbito penal sustantivo. Tal es el caso, en primer lugar, de la Directiva (UE) 
2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha 
contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se 
sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. Asimismo, se perfecciona la 
transposición de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado.
La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo, se inserta 
dentro de la línea de la política criminal europea de lucha contra la criminalidad 
organizada, ámbito en el que los instrumentos de pago no dinerarios se han articulado 
como un medio para facilitar la obtención y blanqueo de las ganancias obtenidas con 
dichas acciones delictivas. Al mismo tiempo, el fraude y la falsificación de medios de 
pago distintos del efectivo representan un obstáculo para el mercado único digital, ya 
que socavan la confianza de los consumidores y provocan pérdidas económicas 
directas, con especial incidencia en el ámbito transnacional.
La directiva persigue también ser un complemento y refuerzo, en la esfera digital, de 
la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto 
de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información, que fue objeto de 
transposición a nuestro ordenamiento mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179571
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
por la que se modifica el Código Penal, al abordar un aspecto diferente de la 
ciberdelincuencia. En este caso, específicamente en los artículos 197 bis y ter, se trató 
de la tipificación de las interferencias en los sistemas de información -no de las 
transmisiones personales, que ya estaban tipificadas-, así como la facilitación o la 
producción de programas informáticos o equipos específicamente diseñados o 
adaptados para la comisión de estos delitos, además de los supuestos de daños 
informáticos en los artículos 264 a 264 ter.
Igualmente, la Directiva se complementa con la norma de transposición de la 
Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la 
que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, efectuada en los 
artículos 386 y 387 del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de 
terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
La relevancia de los delitos informáticos ha sufrido un crecimiento exponencial a lo 
largo de los años, como consecuencia del incremento del denominado ciberespacio y el 
consecuente aumento de la ciberpoblación en el ámbito de Internet. Así, si bien es cierto 
que España no ha culminado actualmente la trasposición de la directiva, hay que señalar 
que las estrategias seguidas por el legislador a lo largo de este largo proceso de 
desarrollo tecnológico han sido entre otras la introducción de figuras penales paralelas a 
las tradicionales, en las que se incorpora a cada tipo el equivalente mediante el uso de 
nuevas tecnologías. De este modo, se han ido cubriendo poco a poco las lagunas de 
punibilidad, que ha ido poniendo de manifiesto la jurisprudencia según surgían nuevas 
modalidades de comisión de esta clase de delitos.
Ello facilita la integración, de una manera armónica, de las exigencias normativas 
derivadas de la Directiva (UE) 2019/713, de 17 de abril, en el texto del vigente Código 
Penal.
La Directiva, sin embargo, se centra en una regulación conjunta del fraude y de la 
falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, alejándose de la sistemática 
clásica de nuestro Código Penal, que atiende prioritariamente a los diferentes bienes 
jurídicos tutelados o puestos en peligro, tales como el patrimonio, la seguridad del tráfico 
o la fe pública, y no al concreto modo de comisión. Al propio tiempo otorga especial 
relevancia a los medios de pago inmateriales, y entre ellos, los soportes digitales de 
intercambio. Estos han de ser entendidos como aquellos que permiten efectuar 
transferencias de dinero electrónico, de monedas virtuales y otros criptoactivos, ahora 
bien, en estos dos últimos casos, solo en la medida en que puedan usarse de manera 
habitual para efectuar pagos. Por ello, es palmario que el ámbito de protección que 
ofrece esta reforma se extiende a las monedas de carácter virtual. En consecuencia, y a 
fin de cumplir con el principio de taxatividad propio del Derecho penal, se ha procedido a 
incluir una cláusula de interpretación auténtica de tales conceptos. Quedan incluidos, por 
tanto, todos los instrumentos de pago distintos del efectivo, incluidas las monedas 
virtuales y otros criptoactivos que se utilicen como medio de pago y los monederos 
electrónicos en una definición lo suficientemente abierta como para permitir la flexibilidad 
necesaria para adecuarse a los rápidos avances tecnológicos.
Manteniendo la sistemática de nuestro Código Penal, se ha optado por explicitar 
todas las conductas cuya tipificación autónoma exige la directiva, bien vinculándolas al 
ámbito de la estafa (fraude en la denominación de la directiva), esencialmente cuando 
los medios de pago han sido obtenidos de forma ilícita, bien al de las falsedades 
(falsificación o alteración fraudulenta en la denominación de la directiva), incluyendo en 
estos casos tanto la falsificación como su uso fraudulento. Igualmente se tipifican de 
forma autónoma los actos preparatorios para la comisión de tales conductas.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179572
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
II
La Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, fue incorporada 
al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para 
transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y 
abordar cuestiones de índole internacional.
En el artículo primero de esta ley orgánica se incorpora la modificación del 
apartado 5 del artículo 285 del Código Penal. El apartado 2 del artículo 7 de la 
Directiva 2014/57/UE, por conexión con el párrafo segundo del apartado 2 de su 
artículo 3, exige que los delitos relativos a operaciones con información privilegiada 
cometidos por sujetos que no tienen acceso reservado a la información privilegiada, al 
igual que el resto de delitos recogidos en el artículo, se castiguen con penas privativas 
de libertad cuya duración máxima sea de, al menos, cuatro años. La Ley 
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, no introdujo, sin embargo, esta previsión.
Así, la duración máxima de la pena indicada en este apartado en la actualidad resulta 
inferior a cuatro años, que es la que exige para estos supuestos la Directiva 2014/57/UE. 
Es por ello que la presente ley orgánica extiende al apartado 5 del artículo 285 la 
aplicación de las penas señaladas en el resto del artículo para el tipo general del 
apartado 1 y el tipo agravado del apartado 3, cuya duración máxima sí supera los cuatro 
años exigidos por la norma europea.
III
En segundo lugar, mediante esta ley se completa la transposición de la Directiva 
(UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 
encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de 
medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior, conocida como Directiva ECN+.
La Directiva establece determinadas normas para garantizar que las autoridades 
nacionales de competencia (ANC) dispongan de las garantías de independencia, 
recursos y competencias de aplicación e imposición de multas, necesarias para poder 
aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y que los 
consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas 
nacionales que impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades 
nacionales de competencia. La implantación de garantías fundamentales que aseguren 
que las ANC apliquen de manera uniforme y eficaz los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea lleva a instar a los Estados Miembros a que 
prevean la exoneración o reducción de la responsabilidad penal de personas que hayan 
podido cometer un delito relacionado con estas prácticas anticompetencia y presten 
cooperación activa en los términos que establece la Directiva. Dice la propia Directiva 
que los Estados miembros podrían prever que las autoridades competentes puedan 
elegir entre la protección a las personas frente a sanciones o solo la atenuación de 
dichas sanciones, en función del resultado de la evaluación del interés por procesar o 
por sancionar en función de su contribución a la detección e investigación del cártel.
La Directiva se ha traspuesto parcialmente mediante el Real Decreto-ley 7/2021, 
de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 
competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores. La transposición por este Real Decreto-
ley ha sido exclusivamente del apartado 1 del artículo 23, relativo a procedimientos 
administrativos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179573
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
El Código Penal español sanciona con penas privativas de libertad conductas 
subsumibles en los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia: la alteración de precios en concursos y subastas públicas (artículo 262), 
la detracción de materias primas o productos de primera necesidad (artículo 281) y la 
alteración de los precios (artículo 284.1.º).
El apartado 3 del artículo 23 de la Directiva ECN+ deja libertad a los Estados 
miembros para elegir entre no imponer ninguna sanción en el procedimiento judicial 
penal o solamente atenuarla, en la medida en que la contribución de las personas, 
contemplada en el apartado 2, a la detección e investigación del cártel secreto sea 
mayor que el interés por el enjuiciamiento o la sanción a estas personas.
Si bien en nuestro ordenamiento jurídico penal las medidas premiales basadas en la 
colaboración con las autoridades por parte del responsable del delito han sido la rebaja o 
atenuación de penas, tal precedente no puede llevar, sin más, a una solución simplista 
de la atenuación. Por el contrario, razones relativas conducen a la exención de la 
responsabilidad criminal. En concreto:
a) Los acuerdos restrictivos de la competencia no solo perjudican a los 
consumidores a través del incremento de precios y de la reducción de la producción y 
calidad de bienes y servicios, sino que también privan a la economía del dinamismo y la 
innovación que producen las presiones competitivas.
b) La política de clemencia supone un mecanismo efectivo y esencial en la lucha 
contra conductas anticompetitivas. Busca detectar cárteles secretos mediante la 
denuncia de alguno de sus integrantes: el informante debe ofrecer a la autoridad de 
competencia información y pruebas útiles que le permitan perseguir el cártel. Por tanto, 
contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposición de sanciones a las infracciones 
más graves del Derecho de la competencia.
c) La Directiva ECN+ amplía el ámbito subjetivo de los beneficiarios de clemencia 
para abarcar tanto a los que pueden ser beneficiarios de la misma como a los que 
pueden solicitarla. En efecto, como regla se entiende por las autoridades de competencia 
que, salvo que la empresa indique expresamente lo contrario, al solicitar la clemencia lo 
hace también en beneficio de los directivos partícipes en la conducta. Además, se 
permite que la persona física pueda solicitar a título particular el beneficio de exención, 
ya no en nombre de la empresa a la que representa, sino en su propio nombre. El que se 
establezca en favor de las personas físicas la posibilidad de acudir a la autoridad 
nacional de competencia para solicitar, en su propio nombre, el beneficio de la clemencia 
por su participación en un cártel, tiene una relevancia fundamental y potenciadora, 
puesto que su efecto inmediato es que la persona física ocupe a título individual el primer 
puesto en el orden de prioridad del programa de clemencia.
d) Finalmente, la mayoría de los Estados miembros ha optado por la exención de la 
responsabilidad criminal para los directivos gestores y otros miembros del personal, 
presentes y pasados, que acuden a los programas de clemencia. En este sentido, cabe 
citar Francia (apartado IV artículo L. 420-6-1 del Código de Comercio), Italia (artículo 31 
quater de la Ley de Competencia), Dinamarca o Eslovenia. En Austria se establece 
como un supuesto de suspensión del procedimiento por razones de oportunidad. 
Atendiendo a la finalidad de la Directiva y sus consideraciones sobre los programas de 
clemencia en cuanto instrumento eficaz para la lucha contra los cárteles secretos y un 
enjuiciamiento eficiente, quedaba pendiente la transposición del artículo 23 de la misma, 
para la que se propone en el Derecho interno que, cuando se dé una cooperación activa 
por parte de directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de 
empresa que participan en cártel secreto, en los términos previstos en la Directiva, la 
consecuencia debe ser la exoneración de la responsabilidad penal.
IV
Se modifica también el artículo 173 del Código Penal, con el objetivo de introducir, 
dentro de los delitos contra la integridad moral, una específica modalidad delictiva en la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179574
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
que se castigue la ocultación del cadáver, atendiendo al sufrimiento que tal conducta 
puede ocasionar en los familiares o allegados de la persona fallecida, estableciendo una 
pena agravada con respecto a la prevista en el párrafo primero del artículo 173.1.
Esta modificación obedece a que cuando se produce la muerte de un familiar o 
allegado, la imposibilidad de disponer del cuerpo para darle las honras fúnebres que 
nuestras costumbres sociales y religiosas prescriben, supone un dolor añadido que se ve 
especialmente agravado cuando obedece a la actuación de un tercero que oculta el 
cadáver deliberadamente. Así, en algunos casos de clara notoriedad en los que los 
responsables de un homicidio o un asesinato se han negado a revelar el paradero del 
cadáver de su víctima, incluso cuando ya han sido condenados en firme y cuando, en 
consecuencia, ningún perjuicio penal podría acarrearles dar razón de su paradero, se 
produce una acción que causa un daño específico a los familiares y allegados de la 
víctima y que resulta particularmente reprochable.
Por ello, resulta necesario que, en estos y otros casos parecidos, el hecho de ocultar 
el cadáver se castigue penalmente, con independencia de la pena que corresponda, en 
su caso, por el delito previo que haya ocasionado la muerte, pues se trata de un injusto 
añadido que merece una respuesta penal diferenciada. Al tratarse de un injusto 
diferenciado que atenta contra un bien jurídico distinto, el castigo de esta conducta no 
puede realizarse en el marco de los delitos contra la vida, como el delito de homicidio o 
el delito de asesinato.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, debido precisamente a ese carácter 
diferenciado, el hecho de ocultar el cadáver también puede merecer un reproche penal 
cuando quien lo lleva a cabo no se ha visto implicado en ningún delito previo contra la 
vida.
Tampoco en el Derecho comparado la ocultación del cadáver se regula como 
modalidad agravada o específica de los delitos contra la vida. Por lo general, tal 
conducta puede dar lugar a un delito contra la dignidad o el respeto de los muertos 
(artículo 412 del Código Penal italiano y 168 del Código Penal alemán) o a un delito de 
obstrucción a la justicia (artículo 434-7 del Código Penal francés), sin diferenciar en 
ningún caso en función de si quien comete el delito es a su vez el autor de un previo 
delito de homicidio o asesinato.
La ocultación del cadáver constituye, más bien, como ha apuntado el propio Tribunal 
Supremo, un atentado contra la integridad moral de los familiares o allegados, que se 
ven privados de esta forma de disponer del cuerpo de la persona querida según sus 
costumbres o creencias religiosas.
Aunque la regulación actual del delito contra la integridad que se recoge en el 
artículo 173 del Código Penal ya permite castigar el acto de ocultar el cadáver, ante la 
preocupación social que han generado algunos casos recientes, y visto el especial 
sufrimiento ocasionado a los familiares y allegados de las víctimas de algunos delitos 
cuando los responsables se han negado a dar cuenta del paradero del cadáver, es 
procedente hacer una referencia expresa en dicho precepto a este tipo de supuestos, 
contemplando además un agravamiento de la pena por razón del especial desvalor que 
tal hecho merece.
V
Se modifica el artículo 311 del Código Penal para añadir un nuevo párrafo que 
sanciona a quienes impongan condiciones ilegales a las personas trabajadoras mediante 
su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra 
de requerimiento o sanción administrativa.
El delito recogido en el artículo 311 del Código Penal ha sido definido por la 
jurisprudencia como «el tipo central del Derecho Penal del trabajo» y «núcleo esencial de 
la tutela penal del trabajador». Protege las condiciones mínimas exigibles e 
irrenunciables de la contratación laboral, un bien jurídico de innegable dimensión 
colectiva. El precepto está concebido para garantizar la indemnidad de la propia relación 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179575
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
laboral mediante la sanción de aquellas conductas que atenten de forma más grave 
contra los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras.
La incorporación de las nuevas tecnologías a la organización del mercado de trabajo 
ha propiciado una forma de elusión de responsabilidades empresariales mediante el 
camuflaje jurídico del trabajo por cuenta ajena bajo otras fórmulas que niegan a las 
personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos que a tal condición 
reconoce, con carácter de indisponibles e irrenunciables, la legislación laboral, con 
respaldo expreso de la Constitución y de los tratados internacionales que vinculan a 
nuestro país.
El conjunto de instrumentos de tutela de la relación de trabajo reposa en el 
ordenamiento jurídico laboral, que garantiza la eficacia de sus preceptos mediante las 
instituciones, administrativas y judiciales, que permiten asegurar la vigencia de las 
normas y de las decisiones judiciales. No obstante, cuando los medios preventivos y 
sancionadores con que cuenta el ordenamiento laboral ceden ante nuevas formas de 
criminalidad grave, es inevitable el recurso, como última ratio, al Derecho penal.
Por un lado, el nuevo precepto pretende cubrir una laguna de punibilidad sobre 
hechos vinculados, en general pero no exclusivamente, a nuevas tecnologías que, a 
partir del uso de sistemas automatizados, permiten el incumplimiento masivo de la 
correcta utilización del contrato de trabajo; conductas que no pudieron ser previstas por 
el legislador de 1995 pero que no puede desconocer el de 2022. Por otro lado, pretende 
garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico laboral y de su sistema de control 
administrativo ante incumplimientos del mismo en detrimento de los derechos, 
individuales y colectivos, de las personas trabajadoras.
El sistema penal no puede eludir sus obligaciones en materia de protección de estos 
derechos, colectivos e irrenunciables, frente a los ataques más graves y por ello se 
propone la introducción de un nuevo numeral 2.º en el artículo 311. Se trata de un tipo 
especial, que acota el ámbito de la autoría a aquellos que violan los derechos de las 
personas trabajadoras; de resultado lesivo, eludiendo así el expansionismo punitivo y de 
medios tasados, que acota el modus operandi  a la utilización espuria de un contrato o a 
la desatención del llamamiento a adecuarse a la legalidad que se le ha hecho mediante 
requerimiento o sanción al infractor o infractora.
VI
La reforma implica un regreso al modelo tradicional español, es decir, al anterior a la 
reforma de 2015. En efecto, porque la Ley Orgánica 1/2015 supuso también en esta 
materia una ruptura con nuestra tradición codificadora ya bicentenaria. Lo hizo al 
reformar drásticamente la regulación de los delitos de malversación siguiendo 
parcialmente el modelo alemán, al definirlos en referencia a los delitos de apropiación 
indebida y administración desleal. Es decir, como figuras de naturaleza eminentemente 
patrimonial. Sin embargo, y a diferencia del modelo alemán, los mantuvo dentro de los 
«Delitos contra la Administración Pública». Con este cambio construyó un híbrido entre 
delitos contra el patrimonio y delitos contra el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos.
Pero a su vez introdujo como típicas cualquier conducta no solo de las clásicas de 
apropiación o distracción de recursos públicos con ánimo de lucro propio o de tercero, 
sino que lo extendió a conductas de deficiente o abusiva administración, esto es, desleal 
e infiel, y en consecuencia posibilitó abiertamente la punición de comportamientos 
consistentes en desviaciones presupuestarias, despilfarro o gastos de difícil justificación 
y, por supuesto, cualquier gasto de dudosa legalidad o de incierta finalidad pública.
Sin embargo, no siguió la legislación alemana en su elenco de penas por el delito de 
malversación, que allí llegan hasta los cinco años de prisión, mientras que en España 
pueden alcanzar los doce años.
Ya el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal en sus Informes 
emitidos en relación con la reforma de 2015, se mostraron abiertamente contrarios a la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179576
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
propuesta que equiparaba la apropiación indebida con la administración desleal y 
pidieron mantener el modelo tradicional.
Pues bien, la presente modificación supone el regreso al modelo que siempre se 
compartió con Francia, Italia y Portugal. Se configura sobre dos ejes centrales. El 
primero radica en su sistematización, dentro de los delitos contra la Administración 
Pública, originalmente delitos de los funcionarios públicos cometidos en el ejercicio de 
sus cargos. De este modo se subraya su naturaleza pluriofensiva de infracción 
patrimonial, de una parte, pero también lesiva del interés general al afectar justamente al 
patrimonio común, y con ello al cumplimiento de las funciones y finalidades públicas. 
A su vez, el segundo eje central descansa en la distinción entre las conductas de 
apropiación o distracción de los fondos públicos hacia beneficios directos o indirectos de 
carácter privado, y de otra parte, los comportamientos que, sin comportar una 
apropiación definitiva o el uso temporal para fines privados, suponen una desviación de 
las finalidades legalmente establecidas o una auténtica administración desleal con 
perjuicio a la causa pública.
Por consiguiente, el texto distingue claramente entre tres niveles de malversación: la 
apropiación de fondos por parte del autor o que éste consienta su apropiación por 
terceras personas (artículo 432), que integra la conducta más grave y contiene diversas 
agravaciones; el uso temporal de bienes públicos sin animus rem sibi habendi  y con su 
posterior reintegro (artículo 432 bis) y un desvío presupuestario o gastos de difícil 
justificación (artículo 433).
De este modo, la apropiación de caudales públicos queda castigada como en la 
actualidad, mientras que los desvíos presupuestarios tendrán una pena más leve, pero 
en todo caso implicarán pena de prisión, salvo en el caso de que no quede 
comprometido o entorpecido el servicio al que estuviesen consignados los fondos 
desviados.
El Código Penal de 1995 no incluyó un precepto semejante porque delimitó los 
delitos de malversación exclusivamente para las conductas de apropiación definitiva o 
temporal o desviación de fondos públicos para fines privados. De lo que se seguía la 
despenalización absoluta de cualquier comportamiento de desviación presupuestaria o si 
se prefiere de usos públicos distintos a los previstos legalmente. De suerte que cualquier 
comportamiento en el que un funcionario destinaba o aplicaba caudales públicos a 
finalidades públicas distintas a las previstas, resultaba completamente atípico.
Ahora bien, existía debate acerca de la caracterización de lo que es un uso público, 
esto es, si además de las conductas de estricta desviación presupuestaria también 
incluía alcanzar finalidades discutibles por su legalidad o por su propia consideración de 
públicas. No obstante, en la actualidad la sociedad española ha evolucionado hacia una 
mayor intolerancia hacia ciertos comportamientos de administración desleal del 
patrimonio público, si bien nunca equipara su gravedad y castigo con las conductas de 
sustracción o desvío hacia intereses particulares, que integran la noción común de 
corrupción. De esta manera se corrige la inseguridad y la desproporción introducidas en 
la reforma de 2015 igualando el reproche a hechos con un desvalor nítidamente 
diferente, como hacen otros países europeos con una tradición jurídica similar a la 
española.
En la misma línea de recuperar nuestro clásico sistema legal y a la vez volver a 
compartir una regulación similar a la de Francia, Italia y Portugal, se reintroduce una 
modalidad atenuada de la malversación consistente en el uso temporal de bienes o 
efectos públicos, como existía también antes de 2015 y como se da en los casos de los 
países antes referidos. El cambio se sitúa ahora en una actualización de la penalidad 
que responde a la actual sensibilidad de la sociedad española frente a esta clase de 
comportamientos.
Por otro lado, se introducen mejoras técnicas en los artículos 433 ter y 434. En el 
primero se contiene una definición, a los efectos penales, de patrimonio público, con 
idéntica funcionalidad a la desempeñada por los artículos 24 y 25. El segundo dispone 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179577
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
una cláusula premial ahora redactada de forma similar a otras semejantes contempladas 
en el Código Penal. El resto de preceptos de este capítulo no sufren modificaciones.
En resumen, la presente reforma viene a sancionar cualquier clase de gasto indebido 
de fondos públicos por quien siendo autoridad o funcionario público tiene encomendada 
su custodia o administración.
VII
La presente reforma introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español el 
delito de enriquecimiento ilícito. España incorpora así una figura de vanguardia para la 
lucha contra la corrupción siguiendo diversas recomendaciones y tendencias 
internacionales y europeas, entre las que destacan la de Naciones Unidas a través de la 
Convención contra la Corrupción del año 2003, la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativa a la creación de 
un delito que penalizase la posesión de bienes injustificados para luchar contra la 
criminalidad organizada, así como el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea 
en el año 2022 de la intención de reforzar la lucha contra la corrupción en materia de 
enriquecimiento ilícito. En los últimos años, diversos países europeos como Francia, 
Luxemburgo, Portugal o Lituania han introducido este delito en sus respectivas 
legislaciones, por lo que su incorporación al Código Penal supone tanto un avance claro 
en la lucha contra la corrupción como una homologación con algunas de las 
legislaciones más avanzadas del entorno internacional.
La figura que se incorpora se configura como un delito de desobediencia. De este 
modo, para incurrir en el tipo penal no basta con poseer un patrimonio cuyo origen no 
sea explicable a partir de los ingresos declarados, sino que debe existir un requerimiento 
previo por parte de los organismos administrativos o judiciales competentes para la 
comprobación de dicho patrimonio. Solo ante la negativa a detallar a dichos órganos el 
origen de un incremento patrimonial o de una cancelación de deudas o ante una 
explicación manifiestamente falsa sobre los mismos se incurriría en el tipo penal. 
Tradicionalmente, la figura del enriquecimiento ilícito o injusto había generado 
controversia constitucional al ser configurado como un delito de sospecha, por su posible 
colisión con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, algo que se evita con 
la actual regulación que sigue el ya citado modelo de desobediencia que han 
incorporado recientemente países como Portugal.
VIII
Se aborda igualmente la reforma de los delitos contra el orden público del título XXII 
del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
La revisión de este título persigue los siguientes objetivos: en primer lugar, armonizar 
la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno; en 
segundo lugar, adecuar su regulación a la realidad histórica actual, que resulta muy 
diferente de aquella en la que fueron concebidas algunas figuras; en tercer lugar, mejorar 
la redacción y clarificar la estructura de los tipos penales afectados.
El tipo de sedición del artículo 544 del vigente Código penal fue introducido en el 
ordenamiento español a través del Código Penal de 1822 en el título III de la Parte 
primera, bajo la rúbrica «De los delitos contra la seguridad interior del Estado, y contra la 
tranquilidad y orden público». En la actualidad, mantiene prácticamente inalterada su 
redacción original, si bien su reciente aplicación ha permitido establecer criterios 
interpretativos, sobre todo en lo referido a la intensidad de la afectación del orden público 
y el uso de la violencia, que se ven reflejados en la presente reforma.
Desde un principio, la conducta típica de este delito se ha basado en el alzamiento 
para la consecución de ciertos objetivos. Ya el artículo 250 del Código Penal de 1870 
consideraba reos de este delito a los que se alzaren pública y tumultuariamente para 
conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales determinados objetivos, tal y como 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179578
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
hace actualmente el artículo 544 del Código penal de 1995. A lo largo de los años se han 
ido introduciendo mínimas variaciones en cuanto a los objetivos concretos que en este 
delito debía perseguir el alzamiento, pero apenas se ha modificado el elemento central 
de la conducta típica.
La reforma más importante en esta materia se produce con la aprobación del Código 
Penal de 1995, que reubica el delito de sedición para configurarlo como un delito contra 
el orden público, con una tipificación y una pena que no se ajustan a los mejores 
estándares de los países de nuestro entorno.
La escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado este delito ha 
impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de 
la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica.
La doctrina ha criticado efectivamente la falta de claridad acerca del contenido y 
alcance del tipo delictivo de sedición, circunstancia esta que opera en contra del 
mandato de certeza propio del principio de legalidad penal. Tampoco puede obviarse, por 
otra parte, el hecho de que la comisión de este delito puede presentarse vinculada en su 
desarrollo al ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el derecho de 
reunión o la libertad de expresión. Conviene, en este sentido, evitar un posible efecto 
disuasorio sobre el ejercicio de tales derechos y libertades constitucionales, lo que hace 
particularmente necesario precisar cuál es exactamente la conducta castigada y de qué 
forma lesiona o pone en peligro el bien penalmente protegido.
De igual forma, debe fortalecerse la importancia del principio de proporcionalidad a la 
hora de establecer la pena hasta ahora asociada a este delito. Destaca la elevada 
gravedad de las penas previstas hasta la fecha, teniendo en cuenta no solo la amplitud 
con la que se define la conducta típica, sino también el marco penal en el que se mueven 
estos delitos en otros ordenamientos jurídicos europeos.
Los problemas de proporcionalidad se agudizan por la defectuosa delimitación que 
actualmente se hace entre la sedición y otros delitos o infracciones administrativas 
basados igualmente en una alteración del orden público que implique resistencia o 
desobediencia a la autoridad, que en algunos casos requieren además una conducta 
violenta o intimidatoria. Y es que, una vez que el delito de sedición es claramente 
separado del delito de rebelión y pasa a ser configurado como un delito contra el orden 
público, resulta complicado precisar el lugar sistemático que le corresponde en relación 
con otros delitos que atentan contra este mismo bien jurídico. De hecho, en otros 
ordenamientos es difícil encontrar un delito específico que pueda identificarse con este 
delito de sedición del artículo 544 del Código Penal.
A la vista de la regulación que de estos comportamientos llevan a cabo los países 
con los que España comparte tradición jurídica, resultaba imprescindible revisar el 
tratamiento que el Código Penal español viene realizando de los delitos contra el orden 
público.
Es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la 
respuesta jurídica más adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el 
presente y que, como es lógico, no son recogidos en toda su complejidad en una 
legislación de hace dos siglos.
De este modo, la reciente aplicación de este precepto ha puesto de manifiesto 
imprecisiones normativas de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad penal y 
el principio de proporcionalidad. Unas imprecisiones, además, que se suman al carácter 
obsoleto y carente de reflejo en la legislación de los países europeos de nuestro entorno 
jurídico. Todos estos factores aconsejan abordar de forma simultánea la supresión de 
esta figura a la vez que se acomete una reforma integral de otros tipos penales para 
centrar la acción legislativa en materia penal en la protección del bien jurídico del orden 
público.
Esta reforma integral del tipo penal del delito de desórdenes públicos pretende: dar 
una respuesta jurídico penal adecuada a nuevos fenómenos sociales que afectan a la 
figura del ejercicio de las legítimas competencias por parte de las autoridades; reforzar el 
principio de legalidad penal en todas sus expresiones y muy especialmente en lo relativo 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179579
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
a la debida proporcionalidad entre delitos y penas y a la taxatividad de los tipos penales; 
acercar la legislación penal española a la de los países de nuestro entorno; adecuar a 
los valores propios de una sociedad democrática y permitir a los operadores jurídicos 
interpretar con total claridad la legislación existente sobre la materia cuando deban 
aplicarla.
Así, las principales modificaciones operadas sobre los delitos contra el orden público, 
son las siguientes: en primer lugar, se introduce una nueva regulación del delito de 
desórdenes públicos para dotarlo de unos contornos más claros, describiendo los 
elementos necesarios y confluyentes para su comisión: la actuación en grupo, la 
finalidad de atentar contra la paz pública, entendida esta como la normalidad de la 
convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos 
fundamentales y, por último, la existencia de violencia o intimidación. La confluencia de 
estos tres elementos no solo aporta una mayor precisión al tipo penal, sino que además 
ayuda a distinguirlo de otros delitos sobre las personas o las cosas y permite distinguir 
entre comportamientos amparados por los derechos fundamentales de reunión y de 
libertad de expresión y comportamientos antijurídicos claramente destinados a perjudicar 
la convivencia o a poner en peligro la paz y tranquilidad públicas. En este sentido, se 
reintegra en el tipo la exigencia de la actuación en grupo, regresando a la formulación 
original contenida en el Código Penal de 1995 y eliminando la confusa, contradictoria y 
perturbadora referencia a su comisión individual operada por la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo.
En segundo lugar, se introduce una modalidad agravada de desórdenes públicos. 
Esta modalidad agravada exige que el delito de desórdenes públicos sea cometido por 
una multitud cuyas características (número, organización y finalidad) sean idóneas para 
afectar gravemente el orden público, entendido como el normal funcionamiento de las 
instituciones y servicios públicos. Se configura, así, como un tipo de peligro que, aunque 
no exige que el orden público llegue a verse efectivamente afectado o impedido, sí 
requiere que se hayan dispuesto los elementos de una forma adecuada para haberlo 
puesto en peligro.
De este modo, el bien jurídico del orden público se convierte en el centro de esta 
figura penal, evitando problemas de imprecisión jurídica existentes hasta ahora. Las 
penas asociadas a este nuevo tipo penal se sitúan, además, en los contornos de las 
jurisdicciones europeas de nuestro entorno, que prevén, como se hace en esta reforma, 
una respuesta penal a fenómenos específicos y especialmente graves de alteración del 
orden público cuando este se ve objetivamente amenazado por multitudes constituidas 
para conseguir dicho fin. España incorpora así un modelo de protección avanzada del 
orden público ante estos riesgos muy similar al de países europeos con los que 
comparte valores jurídicos y con los que aspira a una plena homologación. Cabe citar, 
por ejemplo, los códigos penales de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Portugal.
En líneas generales, la regulación que se hace de tales ilícitos en países de nuestro 
entorno, en comparación con la que ofrece nuestro Código Penal, se caracteriza no solo 
por la menor gravedad de las penas o la exigencia en todo caso de violencia o 
intimidación, sino también por la ausencia de una figura específica equiparable al delito 
de sedición. Tal tipología ha sido objeto de derogación en ordenamientos como el 
alemán, donde se encontraba regulado en el parágrafo 115 de su norma penal, que 
castigaba a los que tomaban parte en una asonada o alzamiento público en el que se 
llevara a cabo precisamente un acto de resistencia del parágrafo 113; un delito que, sin 
embargo, fue criticado por castigar el mero hecho de formar parte de la asonada, sin 
exigir que se hiciera uso de la violencia o de la amenaza, y que fue finalmente derogado 
en 1970, una tendencia que se asume en la presente reforma.
En definitiva, se opera una profunda modificación de los «desórdenes públicos». Así, 
el nuevo artículo 557 se estructura en varios apartados. En el apartado 1 se contiene el 
tipo básico de desórdenes públicos, que contempla ataques de relevante entidad para el 
orden público. En cambio, el apartado 2 describe un tipo cualificado para situaciones de 
excepcional capacidad para afectar la paz pública e idóneas para alterar gravemente el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179580
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
orden público. En este sentido, es necesario destacar el carácter excepcional del delito 
descrito en este segundo apartado, que no puede considerarse una mera agravación de 
las conductas descritas en el apartado 1 ni pretende sustituir el actual 557 bis (muy al 
contrario, y, como se verá más adelante, las conductas agravadas de este apartado 1 se 
recogen en el apartado 3 en una sucesión penal del actual 557 bis), sino un 
comportamiento autónomo y con elementos (número, organización y propósito de la 
multitud) dispuestos desde el inicio para alterar gravemente el orden público, con una 
intensidad notablemente mayor de la que se puede producir en la modalidad normal de 
desórdenes públicos regulada en el apartado 1.
A su vez, el apartado 3 sintetiza y selecciona las agravaciones actualmente 
recogidas en el artículo 557 bis, que ahora queda derogado. Por su parte, el apartado 4 
mantiene la punición de los actos preparatorios. A continuación, el apartado 5 formula 
una conducta de peligro para la vida o integridad con ocasión de encuentros de cierto 
número de personas. El precepto se cierra con el apartado 6 que mantiene la cláusula 
concursal vigente.
Por último, el nuevo artículo 557 bis viene a suceder al derogado artículo 557 ter.
Consecuentemente con lo anterior, la reforma diferencia varias modalidades, tanto 
por la entidad de la finalidad perseguida en el ataque, como por la gravedad de los 
medios empleados, y siempre que se trate de un sujeto activo plural. Por consiguiente, y 
con carácter general, es pertinente escalonar distintas penalidades de modo que resulten 
en abstracto y en concreto proporcionadas a estos parámetros.
Para la aplicación de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos 
cometidos antes de su entrada en vigor, las disposiciones transitorias primera, segunda y 
tercera reproducen las disposiciones transitorias de otras leyes orgánicas destinadas a 
modificar el Código Penal, como la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, o la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que a su vez se corresponden sustancialmente con 
las que en su momento estableció el Código Penal de 1995, en su redacción original 
dada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que son disposiciones que hoy 
se encuentran vigentes y han sido convenientemente interpretadas por el Tribunal 
Supremo. Por consiguiente, aun cuando no se estableciera régimen transitorio en esta 
ley, se llegaría a las mismas conclusiones por aplicación del artículo 2.2 del Código 
Penal y de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre. No obstante, la diversidad de interpretaciones realizadas en recientes 
reformas que afectan al Código Penal aconseja su introducción expresa, conforme al 
principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
IX
La regulación de la infracción de contrabando de material de defensa y de productos 
y tecnologías de doble uso, responde al establecimiento de un sistema de control de las 
operaciones de comercio exterior derivado de obligaciones internacionales de España.
El sistema punitivo a través del contrabando busca como uno de sus objetivos sacar 
del circuito el material o los productos o tecnologías a los que se aplica cuando no se 
conoce con anterioridad por la Administración la realización de la operación. Objetivo 
que se alcanza con la intervención del material o de los productos o de la tecnología 
objeto del comercio exterior.
Si bien el Código Penal tipifica la fabricación, comercialización o tenencia de las 
armas de guerra, armas de fuego o armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, 
minas antipersonas o municiones en racimo, en relación con productos y tecnología de 
doble uso solo están tipificadas las acciones previas al comercio exterior de productos y 
tecnologías que vayan a ser destinadas a programas de proliferación, con la posible 
comisión del delito de contrabando en grado de tentativa. Se considera necesario tipificar 
las conductas de conspiración y proposición de operaciones de comercio exterior sobre 
productos y tecnologías de doble uso, a cuyo fin se modifica el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179581
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Por otro lado, habida cuenta de la especialización, el nivel técnico y el empleo de 
estructuras financieras complejas que implican la realización de este tipo de conductas 
delictivas, así como la materialización de parte o la totalidad de estas en territorio 
extranjero o en aguas internacionales, se considera adecuado atribuir a la Audiencia 
Nacional la instrucción y enjuiciamiento de causas por este tipo de acciones delictivas, lo 
que exige la modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.
X
Se modifican los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial,  para establecer  la inhabilidad  procesal  del periodo  que media  entre  los días 24 de 
diciembre  y 6 de enero  de cada  año judicial  con el fin de compatibilizar  los principios  de 
seguridad  jurídica,  el derecho  de defensa  y los derechos  de los y las profesionales  que se 
relacionan  con la Administración  de Justicia,  concretamente,  el derecho  al descanso  y a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo.
Esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas 
judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al 
cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará 
inmediatamente después del transcurso de este periodo. El precepto deja a salvo la 
posibilidad de habilitación de estos días en los términos previstos en la legislación 
orgánica y en las leyes procesales.
Las personas profesionales de la abogacía, la procura y los graduados y graduadas 
sociales aspiran a la regulación de una serie de medidas que permitan una mayor 
conciliación de la vida personal y familiar con su desempeño profesional ante los 
tribunales de justicia. Si bien la mayor parte de las mismas han sido atendidas por otras 
leyes, resulta necesario anticipar en esta norma la declaración de inhabilidad del período 
navideño, a cuyo efecto se modifican el artículo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 43.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.
Artículo primero.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, queda modificada 
como sigue:
Uno.  Se introduce un párrafo segundo nuevo en el artículo 173.1, con la siguiente 
redacción:
«Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del 
cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares 
o allegados de la misma.»
Dos. Se modifica la redacción del artículo 248, que queda redactado como sigue:
«Artículo 248.
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio 
propio o ajeno.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a 
tres años.  Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo 
defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre 
este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras 
circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179582
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena 
de multa de uno a tres meses.»
Tres. Se modifica el artículo 249, que queda redactado como sigue:
«Artículo 249.
1. También  se consideran reos de estafa y serán castigados con la pena de 
prisión de seis meses a tres años:
a) Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente 
en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, 
borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o 
valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, 
consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en 
perjuicio de otro.
b) Los que, utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, 
cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto 
del efectivo o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de 
cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.
2. Con la misma pena prevista en el apartado anterior serán castigados:
a) Los que fabricaren, importaren, obtuvieren, poseyeren, transportaren, 
comerciaren o de otro modo facilitaren a terceros dispositivos, instrumentos o 
datos o programas informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado 
específicamente para la comisión de las estafas previstas en este artículo.
b) Los que, para su utilización fraudulenta, sustraigan, se apropiaren o 
adquieran de forma ilícita tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier 
otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo.
3. Se impondrá la pena en su mitad inferior a los que, para su utilización 
fraudulenta y sabiendo que fueron obtenidos ilícitamente, posean, adquieran, 
transfieran, distribuyan o pongan a disposición de terceros tarjetas de crédito o 
débito, cheques de viaje o cualesquiera otros instrumentos de pago materiales o 
inmateriales distintos del efectivo.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 252, que queda redactado como 
sigue:
«1.  Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las 
del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, 
emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un 
negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa 
manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 253, que queda redactado como sigue:
«1.  Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del 
artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro 
precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o 
para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que 
hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido 
confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de 
entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179583
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Seis. Se añade un apartado 3 en el artículo 262, que queda redactado como sigue:
«3.  Quedarán exentos de responsabilidad criminal los directores, 
administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal 
actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en formación, que en 
esa condición hayan cometido alguno de los hechos previstos en este artículo, 
cuando pongan fin a su participación en los mismos y cooperen con las 
autoridades competentes de manera plena, continua y diligente, aportando 
informaciones y elementos de prueba de los que estas carecieran, que sean útiles 
para la investigación, detección y sanción de las demás personas implicadas, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia 
que lleva el caso,
b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de 
exención del pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Defensa de la Competencia,
c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que 
los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros 
del personal actuales o anteriores de la sociedad, constituida o en formación, 
hayan sido informados de que están siendo investigados en relación con estos 
hechos,
d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal, proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la 
prueba del delito e identificar a otros autores.»
Siete. Se modifica el apartado 5 del artículo 285, que queda redactado como sigue:
«5.  Las mismas penas previstas en este artículo se impondrán cuando el 
responsable del hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la 
obtenga de cualquier modo distinto de los previstos en el apartado anterior y la 
utilice conociendo que se trata de información privilegiada.»
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 288 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 288 bis.
En los supuestos previstos en los artículos 281 y 284 de este Código, 
quedarán exentos de responsabilidad criminal los directores, administradores de 
hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal actuales y anteriores 
de cualquier sociedad, constituida o en formación, que en esa condición hayan 
cometido alguno de los hechos previstos en ellos, cuando pongan fin a su 
participación en los mismos y cooperen con las autoridades competentes de 
manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de 
prueba de los que estas carecieran, que sean útiles para la investigación, 
detección y sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:
a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia 
que lleva el caso,
b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de 
exención del pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Defensa de la Competencia,
c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que 
los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros 
del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179584
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
formación, que en esa condición hayan sido informados de que están siendo 
investigados en relación con estos hechos,
d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la 
prueba del delito e identificar a otros autores.»
Nueve.  Se añade un nuevo numeral 2.º en el artículo 311, pasando los actuales 
numerales 2.º a 4.º a ser 3.º a 5.º, con la siguiente redacción:
«2.º  Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su 
contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en 
contra de requerimiento o sanción administrativa.»
Diez.  Se modifica el texto de la rúbrica de la sección 4.ª del capítulo II del 
título XVIII del libro II, que queda redactado como sigue:
«De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás 
instrumentos de pago distintos del efectivo.»
Once. Se modifica el artículo 399 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 399 bis.
1. El  que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique 
tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago 
distinto del efectivo, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados 
afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el 
marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa 
de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 
jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 
a g) del apartado 7 del artículo 33.
2. La tenencia de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o 
cualesquiera otros instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados, 
destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la 
falsificación.
3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y 
a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o 
cualesquiera otros instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados, será 
castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.
4. El que, para su utilización fraudulenta y a sabiendas de su falsedad, posea 
u obtenga, para sí o para un tercero, tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje 
o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo será castigado con pena 
de prisión de uno a dos años.»
Doce. Se añade un nuevo artículo 399 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 399 ter.
A los efectos de este Código, se entiende por instrumento de pago distinto del 
efectivo cualquier dispositivo, objeto o registro protegido, material o inmaterial, o 
una combinación de estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo 
o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al 
titular o usuario transferir dinero o valor monetario incluso a través de medios 
digitales de intercambio.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179585
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Trece. Se modifica el artículo 400, que queda redactado como sigue:
«Artículo 400.
La fabricación,  recepción,  obtención,  tenencia,  distribución,  puesta  a disposición 
o comercialización  de útiles,  materiales,  instrumentos,  sustancias,  datos  y programas 
informáticos,  aparatos,  elementos  de seguridad  o cualquier  otro medio  diseñado  o 
adaptado  específicamente  para la comisión  de los delitos  descritos  en los capítulos 
anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.»
Catorce. Se modifica el artículo 432, que queda redactado como sigue:
«Artículo 432.
1. La  autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare 
o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público 
que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, 
será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial 
para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación 
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el 
apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,
b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere 
de 50.000 euros,
c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o 
científico; o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere 
de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, 
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una 
pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y 
en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el 
valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros.»
Quince. Se introduce un nuevo artículo 432 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 432 bis.
La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a 
usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones 
o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres 
años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.
Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público 
distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le 
impondrán las penas del artículo anterior.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 433, que queda redactado como sigue:
«Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos 
anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública 
diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179586
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a 
seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere 
consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y 
multa de tres a doce meses, si no resultare.»
Diecisiete. Se introduce un nuevo artículo 433 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 433 ter.
A los efectos  del presente  Código,  se entenderá  por patrimonio  público  todo el 
conjunto  de bienes  y derechos,  de contenido  económico-patrimonial,  pertenecientes  a 
las Administraciones públicas.»
Dieciocho. Se modifica el artículo 434, que queda redactado como sigue:
«Artículo 434.
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiere 
reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público 
antes del inicio del juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las 
autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o 
captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos 
delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena 
inferior en uno o dos grados.»
Diecinueve. Se añade un nuevo artículo 438 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 438 bis.
La autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco 
años después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento 
patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior 
a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se negara abiertamente a 
dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes 
destinados a comprobar su justificación, será castigada con las penas de prisión 
de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.»
Veinte.  Se suprime el capítulo I del título XXII del libro II, integrado por los 
artículos 544 a 549.
Veintiuno. Se modifica el artículo 557, que queda redactado como sigue:
«Artículo 557.
1. Serán  castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los 
que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten 
actos de violencia o intimidación:
a) Sobre las personas o las cosas; u
b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o 
salud de las personas; o
c) invadiendo  instalaciones  o edificios  alterando  gravemente  el funcionamiento 
efectivo de servicios esenciales en esos lugares.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179587
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena 
de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, 
organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. 
En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación 
será absoluta por tiempo de seis a ocho años.
3. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 
a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a 
cabo actos de pillaje.
Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de 
fuego.
4. La provocación, la conspiración y la proposición para las conductas 
previstas en los apartados 2 y 3 del presente artículo serán castigadas con las 
penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas.
5. Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años quien en 
lugar concurrido provocara avalancha, estampida u otra reacción análoga en el 
público que pongan en situación de peligro la vida o la salud de las personas.
6. Las penas señaladas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que les puedan corresponder a los actos concretos de lesiones, amenazas, 
coacciones o daños que se hubieran llevado a cabo.»
Veintidós. Se modifica el artículo 557 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 557 bis.
Los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, 
el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, 
establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello 
una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán 
castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce 
meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en 
otro precepto de este Código.»
Veintitrés. Se suprime el artículo 557 ter.
Veinticuatro. Se suprime el artículo 559.
Veinticinco.  Se modifica el apartado 4 del artículo 573 bis, que queda redactado 
como sigue:
«4.  El delito de desórdenes públicos previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 557, así como el delito de rebelión, cuando se cometan por una 
organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se 
castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando.
Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 3 de Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de Represión del Contrabando, con la siguiente redacción:
«4.  La conspiración y la proposición para cometer un delito de contrabando 
de material de defensa, o de material o productos y tecnologías de doble uso 
serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a lo que corresponde a 
este delito.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179588
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Disposición transitoria primera.  Legislación aplicable.
1. Los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta ley se juzgarán 
conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo 
anterior, se aplicará esta ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma 
son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con 
anterioridad a su entrada en vigor.
2. Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la 
pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas 
del Código en su redacción anterior y con las del Código resultante de la reforma 
operada por la presente ley y, en su caso, la posibilidad de imponer medidas de 
seguridad.
3. En todo caso, será oído el reo.
Disposición transitoria segunda.  Revisión de sentencias.
1. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de las competencias que le 
atribuye el artículo 98 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podrá 
asignar la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta ley a 
uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales 
dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias penales.
Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el 
penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable 
considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas 
privativas de libertad no se considerará más favorable esta ley cuando la duración de la 
pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con 
arreglo a esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto en que esta ley contenga 
para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal 
caso, deberá revisarse la sentencia.
2. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté 
suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de 
proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida.
Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en período de libertad condicional.
Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo a la redacción anterior de 
los artículos del Código y a la presente reforma, corresponda exclusivamente pena de 
multa.
3. No serán revisadas las sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, 
aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así como 
las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el juez o tribunal que en el futuro 
pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el 
hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor 
de la impuesta en su día, conforme a esta ley.
4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las sentencias cuando la 
pena resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un 
marco imponible inferior respecto a esta ley.
Disposición transitoria tercera.  Reglas de invocación de la normativa aplicable en 
materia de recursos.
En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean 
firmes por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez producida la entrada en 
vigor de esta ley, las siguientes reglas:
a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o 
tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva ley, cuando resulten más favorables 
al reo.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179589
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado, el recurrente podrá 
señalar las infracciones legales basándose en los preceptos de la nueva ley.
c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de 
nuevo al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para 
que adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos 
de la nueva ley, y del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal 
y el magistrado ponente, continuando la tramitación conforme a derecho.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifica la letra b) y se añade una letra g) en el apartado 1 del artículo 65 
en los siguientes términos:
«b)  Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito 
falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del 
efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.»
«g)  Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de 
productos y tecnología de doble uso.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 182, que queda redactado como sigue:
«1.  Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días de 
fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad 
Autónoma o localidad.
El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitar 
estos días a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos 
expresamente por las leyes.»
Tres. Se modifica el artículo 183, que queda redactado como sigue:
«Artículo 183.
Serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde 
el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para 
todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las 
leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante 
reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
Se modifica el apartado 2 del artículo 130 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue:
«2.  Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los 
días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos 
inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la 
respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del 
mes de agosto.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179590
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.
Se modifica el apartado 4 del artículo 43 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, que queda redactado como sigue:
«4. Los  días del mes de agosto  y los días que median  entre  el 24 de 
diciembre  y el 6 de enero  del año siguiente,  ambos  inclusive,  serán  inhábiles, 
salvo  en las modalidades  procesales  de despido,  extinción  del contrato  de 
trabajo  de los artículos  50, 51 y 52 del texto  refundido  de la Ley del Estatuto  de 
los Trabajadores,  movilidad  geográfica,  modificación  sustancial  de las 
condiciones  de trabajo,  suspensión  del contrato  y reducción  de jornada  por 
causas  económicas,  técnicas,  organizativas  o de producción  o derivadas  de 
fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
artículo  139, impugnación  de altas  médicas,  vacaciones,  materia  electoral, 
conflictos  colectivos,  impugnación  de convenios  colectivos  y tutela  de derechos 
fundamentales  y libertades  públicas,  tanto  en el proceso  declarativo  como  en 
trámite de recurso o de ejecución.
Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción de actos preparatorios, 
medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de 
prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como para otras actuaciones que tiendan directamente a 
asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no 
adoptarse, pudieran dar lugar a un perjuicio de difícil reparación.
Serán hábiles el mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre 
y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para el ejercicio de las 
acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.»
Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
La presente ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la 
Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Administración de Justicia y de legislación penal y procesal.
Disposición final quinta.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley orgánica se incorporan al Derecho español la Directiva 
(UE) 2019/713, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación 
de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión 
Marco 2001/413/JAI del Consejo. También se completa la transposición al Derecho 
español de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado y de la 
Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179591
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Esta ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
No obstante lo anterior, las disposiciones finales primera, segunda y tercera entrarán 
en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 22 de diciembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179592
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X