Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en 
materia financiera.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 150, de 24 de junio de 2017
Referencia: BOE-A-2017-7230
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 2
Artículos ................................................................. 7
Artículo primero. Modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. ...... 7
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. ............................ 8
Artículo tercero. Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. ............................ 8
Artículo cuarto. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. ................................. 10
Disposiciones derogatorias ..................................................... 10
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. ................................. 10
Disposiciones finales ......................................................... 10
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario. ..................... 10
Disposición final segunda. Título competencial. ..................................... 10
Disposición final tercera. Entrada en vigor. ........................................ 10
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Este real decreto-ley regula una serie de medidas de carácter urgente en relación con el 
sector financiero, con la finalidad de permitir que determinadas entidades de crédito adopten 
políticas y estrategias para mejorar su resistencia a los riesgos que pueden surgir en el 
ejercicio de su actividad, así como facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la nueva regulación financiera y adecuarla a los estándares internacionales y europeos.
Se procede, por un lado, a incorporar expresamente al régimen jurídico de las 
cooperativas de crédito la posibilidad de integrarse en sistemas institucionales de protección 
previstos en la normativa europea, adoptando una serie de medidas destinadas a facilitar su 
constitución y potenciar su eficaz funcionamiento, y, por otro lado, a introducir, siguiendo los 
estándares internacionales, una especialidad en el régimen concursal de las entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión, como es la distinción, dentro de la categoría de 
los créditos ordinarios, entre créditos preferentes y créditos no preferentes.
A tal fin, esta norma modifica la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 
Crédito, el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y el 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre.
II
El sector de cooperativas de crédito ha conseguido afrontar la crisis financiera sufrida 
recientemente debido principalmente a su modelo de negocio sencillo y su enfoque de medio 
y largo plazo. Sin embargo, como reconoce el Banco de España en su reciente Informe de 
Estabilidad Financiera, persisten riesgos que afectan al sector financiero, derivados del 
entorno de bajos tipos de interés, del decreciente pero aún elevado número de activos 
improductivos (fundamentalmente dudosos y adjudicados) y del incremento de los costes 
legales. Las cooperativas de crédito, a la hora de enfrentarse a estos y otros retos, pueden 
tener mayores dificultades que otro tipo de entidades para captar recursos en los mercados, 
dado su pequeño tamaño y las características del modelo cooperativo que introduce 
restricciones a determinadas operaciones como la venta de la propia entidad. De hecho, 
experiencias recientes ponen de manifiesto la necesidad de potenciar los instrumentos que 
permitan la adopción de soluciones que no exijan la intervención de los poderes públicos y 
que eviten que las entidades lleguen a una situación irreversible que obligue a su resolución 
o liquidación concursal, con las consecuencias que ello puede suponer en términos de 
menor competencia, inclusión financiera e impacto en la actividad económica en el medio 
local. Ello se deriva de la importancia de las cooperativas de crédito en entornos rurales, sus 
destacadas cuotas de mercado a nivel provincial y su marcado arraigo local, que determinan 
su relevancia para la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector 
agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores, que, en 
ocasiones, presentan mayores dificultades a la hora de captar financiación.
Resulta pues necesario y urgente dotar a las cooperativas de crédito, con la mayoridad 
celeridad posible, de instrumentos que, teniendo en cuenta experiencias recientes, les 
permitan abordar las situaciones de dificultad a las que tengan que enfrentarse con agilidad 
y a través de medidas eficaces.
A estos efectos, el real decreto-ley introduce un nuevo artículo 10 bis en la Ley 13/1989, 
de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, conforme al cual se permite que este tipo de 
entidades de crédito puedan integrarse en dos tipos distintos de sistemas institucionales de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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protección: en primer lugar, los sistemas institucionales de protección reforzados o de 
mutualización plena, regulados en la disposición adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; y, en segundo lugar, 
los denominados sistemas institucionales de protección normativos, regulados en el art. 
113.7 del Reglamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento UE 648/2012.
Adicionalmente, y con el objetivo de adaptar el régimen de las cooperativas de crédito al 
funcionamiento de estos sistemas institucionales de protección, la norma modifica una serie 
de artículos de la citada Ley de Cooperativas de Crédito, en los términos y con los objetivos 
que se detallan a continuación.
En primer lugar, se permite que las operaciones desarrolladas por una cooperativa con 
las demás entidades integrantes del sistema institucional de protección del que forma parte 
no computen a efectos del límite del 50% de los recursos totales previstos por el artículo 4.2 
de la Ley de Cooperativas de Crédito para las operaciones activas con terceros.
En segundo lugar, se especifica que los límites a la participación en el capital de las 
cooperativas de crédito no son aplicables cuando quien participe sea el fondo de garantía 
privado constituido en el marco del sistema institucional de protección de los previstos en el 
artículo 113.7 del Reglamento UE 575/2013 del que la cooperativa forme parte. No obstante, 
en estos casos se introduce la obligación de presentar al Banco de España, para su 
aprobación, un plan de actuación que incluirá medidas adecuadas para permitir la 
desinversión del fondo en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del 
sistema institucional de protección. Tampoco se aplicarán dichos límites en caso de medidas 
adoptadas en el marco de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Frente a las restricciones existentes en la normativa vigente, estas dos previsiones 
permitirán a partir de ahora que las entidades integrantes de un sistema institucional de 
protección puedan, ante situaciones de riesgo, hacer un uso eficaz de dicho fondo de 
garantía privado para adoptar con rapidez y con una mayor efectividad medidas que 
permitan asistir a una de sus entidades participantes en dificultades con carácter previo a 
cualquier actuación de resolución o liquidación y con aun mayor eficacia de lo que hasta 
ahora permiten las soluciones privadas.
Por otro lado, y para favorecer la constitución de los sistemas institucionales de 
protección en el ámbito de las cooperativas de crédito y garantizar un tratamiento adecuado 
de los mismos, se considera necesario realizar adaptaciones adicionales en materia de 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles y de determinación de las 
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos en línea con las opciones previstas tanto en 
la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por 
la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito 
y empresas de servicios de inversión, como en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos.
Así, se modifica la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, con el fin de que la pertenencia 
de una entidad a un sistema institucional de protección pueda ser tenida en cuenta a los 
efectos de determinar su perfil de riesgo para establecer el requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles, tanto si el sistema institucional de protección es de los 
previstos en la disposición adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de junio de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, como de los del artículo 113.7 del 
Reglamento UE 575/2013.
Se modifica asimismo el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea 
el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, con el fin de adaptar las 
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos a la constitución de un sistema institucional 
de protección, sea éste de los de la disposición adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, o de los del artículo 
113.7 del Reglamento UE 575/2013. Si se trata de sistemas institucionales de protección se 
tendrá en cuenta su influencia en el perfil de riesgo de las entidades. Si se trata de sistemas 
institucionales de protección de la disposición adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de junio, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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se reconoce que las entidades centrales y las entidades de crédito integrantes de dichos 
sistemas estarán sujetas globalmente a la ponderación por riesgo determinada a efectos del 
cálculo de las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos, para la entidad central y 
las integrantes de forma consolidada. Adicionalmente, se habilita al Banco de España para 
desarrollar la metodología necesaria para determinar las aportaciones basadas en el perfil 
de riesgo, antes del 30 de septiembre de 2017, concretando así lo dispuesto en la norma de 
rango legal.
III
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, exige que este tipo de entidades cuenten con un número 
de pasivos que puedan absorber pérdidas en caso de que se inicie un proceso de 
resolución, lo que se conoce como el requisito mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles (por sus siglas en inglés, MREL). De esta manera, se asegura la máxima 
protección de los recursos públicos en caso de que las entidades atraviesen dificultades, tal 
y como impone la normativa de la Unión Europea.
La relevancia de esta exigencia se circunscribe a que en escenarios tan extremos como 
la resolución de una entidad de crédito o empresa de servicios de inversión, esta cuente un 
número de pasivos que le permitan absorber pérdidas. De esta manera, se asegura que los 
instrumentos de resolución se puedan aplicar con la máxima eficacia a la vez que se 
incrementa la máxima protección de los recursos públicos en caso de que las entidades 
lleguen a esta situación.
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión traspuso la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la 
reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, que se encuentra actualmente en proceso de modificación para su adecuación a 
los estándares internacionales fijados por el Consejo de Estabilidad Financiera y aplicados 
por numerosos países. Conforme a estos estándares, para garantizar que los pasivos 
computables a efectos de dicho requisito mínimo no originen ninguna duda a la autoridad de 
resolución sobre su capacidad de absorber pérdidas, es necesario que el pasivo en cuestión 
no tenga un orden de prelación igual a otros pasivos respecto a los cuales existen dudas a 
priori sobre su capacidad de absorción de pérdidas.
Con esta finalidad, la Comisión Europea aprobó el 23 de noviembre de 2016 su 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de 
prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia. En ella se 
establece un régimen armonizado que permitirá el cómputo a efectos del requisito mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles de determinados instrumentos de deuda que cumplan 
con ciertas propiedades, siendo la más importante que no tenga un orden de prelación igual 
a otros pasivos mucho menos capaces de absorber pérdidas. La propuesta de la Comisión 
obedece por tanto a la necesidad de incorporar al Derecho de la Unión la norma de 
capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) publicada en el marco del Consejo de 
Estabilidad Financiera de 9 de noviembre de 2016 y adoptada una semana más tarde en la 
Cumbre del G-20 en Turquía.
En la modificación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, se han tenido en cuenta todas estas iniciativas. De esta forma, su contenido acoge 
el estándar internacional y lo incorpora al derecho interno, como ya han hecho los países de 
nuestro entorno con la finalidad de cumplir de la manera más efectiva posible con los 
requisitos que se establecen por la ya de por si exigente normativa de resolución.
Adicionalmente, se establece una nueva clasificación de créditos ordinarios en los 
supuestos de liquidación concursal de las entidades de crédito y las empresas de servicios 
de inversión afectadas por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Dentro de los créditos ordinarios 
se distinguirán los créditos ordinarios preferentes y los no preferentes, teniendo los no 
preferentes una menor prelación que los preferentes. Un crédito ordinario solo podrá ser BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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considerado como no preferente si reúne todos los requisitos previstos en esta norma, que 
tratan de asegurar que el pasivo absorbe pérdidas con facilidad si se acordase la resolución 
de la entidad.
Mediante esta modificación de la legislación de resolución, se eleva a los créditos 
ordinarios no preferentes a categoría legal, en línea con lo realizado por otros Estados 
Miembros, con los estándares regulatorios internacionales y con las propuestas que 
actualmente se están haciendo a nivel de la Unión Europea.
En particular, se hace uso de una opción permitida por la propuesta de Directiva del 
Parlamento y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo que permite, en lo que respecta al orden de prioridad de los 
instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia, la incorporación anticipada 
del estándar internacional, tal y como se desprende de los apartados 4 y 5 del artículo 108 
del texto aprobado por el Consejo de la Unión Europea y remitido al Parlamento Europeo.
De manera complementaria a la distinción introducida entre créditos ordinarios 
preferentes y no preferentes, se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, de modo que no 
se considerarán productos no complejos los instrumentos financieros de deuda emitidos por 
entidades de crédito o entidades de servicios de inversión que a su vez sean admisibles para 
la recapitalización interna en un contexto de resolución. De este modo, se está otorgando 
una mayor protección al inversor en consonancia con el nuevo marco normativo de 
resolución creado a nivel europeo.
IV
Este real decreto-ley consta de cuatro artículos que modifican, en los términos descritos 
en los expositivos precedentes, la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, 
el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito, la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y el texto refundido 
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre.
Su parte final está integrada por una disposición derogatoria única y tres disposiciones 
finales que regulan, respectivamente, la habilitación para el desarrollo reglamentario de la 
norma, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su 
entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
V
Las notas de extraordinaria y urgente necesidad que deben acompañar a la aprobación 
de un real decreto-ley concurren tanto en las modificaciones normativas efectuadas para 
llevar a cabo la introducción de los sistemas institucionales de protección en el régimen de 
las cooperativas de crédito como en la modificación de la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión.
Por lo que respecta a las cooperativas de crédito, a la luz de los riesgos que afronta el 
sistema financiero y su impacto en experiencias recientes, resulta urgente y necesario dotar 
a estas entidades de instrumentos que faciliten evitar su resolución o liquidación, con las 
consecuencias que ello tiene sobre la competencia, la inclusión financiera y la actividad 
económica local. Estos instrumentos requieren para su puesta en funcionamiento la 
adopción de una serie de medidas y actuaciones de modo que cuanto antes puedan ser 
iniciadas, para lo cual es indispensable la aprobación de este real decreto-ley, antes estarán 
disponibles para las entidades.
Por lo que se refiere a la introducción de la distinción entre créditos ordinarios 
preferentes y no preferentes, como ya se ha señalado, las entidades de crédito y empresas 
de servicios de inversión están obligadas por la normativa europea y nacional a incorporar 
en sus balances un número elevado de pasivos que reúnan determinadas características 
que favorezcan la absorción de pérdidas en el caso de la resolución de una entidad. Contar BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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con estos pasivos es una obligación ya en vigor, que se reforzará con los cambios 
normativos que se están acometiendo actualmente en el ámbito de la Unión Europea para 
adecuarse a los estándares internacionales.
Además, con carácter adicional al requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles a nivel de la Unión Europea (el citado MREL), las entidades globalmente 
sistémicas están obligadas a cumplir con la norma de capacidad total de absorción de 
pérdidas (TLAC) publicada en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera de 9 de 
noviembre de 2015 y adoptada una semana más tarde en la Cumbre del G-20 en Turquía. 
Precisamente con la finalidad de adaptar la Directiva 2014/59/UE a estos nuevos estándares 
internacionales la Comisión Europea aprobó el 23 de noviembre de 2016 una propuesta de 
Directiva que modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prioridad de 
los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia.
Como consecuencia de los requerimientos descritos, las entidades tendrán que hacer 
frente, en los próximos meses, a importantes exigencias de pasivos elegibles para absorber 
pérdidas, que tendrán que colocar en los mercados. El mercado de la deuda senior no 
preferente tiene, como todos los mercados, una capacidad limitada de absorber operaciones. 
Además, los tipos exigidos por la colocación de estas emisiones varían, especialmente en 
relación a una clase de instrumento financiero de reciente creación. Por ello, las entidades 
deben escalonar sus emisiones de forma que el mercado pueda absorberlas 
progresivamente y a precios razonables.
En vista de las exigencias que los estándares europeos e internacionales imponen, el 
esfuerzo que su cumplimiento puede suponer a las entidades obligadas y el hecho de que el 
mercado no tiene capacidad para absorber indiscriminadamente las emisiones necesarias, la 
práctica totalidad de los países de nuestro entorno y con un sector financiero comparable al 
español (Francia, Alemania, Italia) ya han adoptado, en un breve periodo de tiempo, 
previsiones de naturaleza similar, con el efecto positivo que desde el punto de vista de la 
competencia supone para sus entidades de crédito y para dotar a la normativa de resolución 
de una efectividad aún mayor. De hecho, tal y como se mencionaba anteriormente, y por las 
razones expuestas hasta ahora, la propuesta de la Comisión Europea de Directiva relativa al 
orden de prioridad de los instrumentos de deuda en caso de insolvencia, contempla la 
posibilidad de aprobar, antes de que concluya la tramitación de la propuesta de directiva, 
regímenes nacionales de deuda senior no preferente, siempre que éstos supongan 
acomodar la legislación nacional a los estándares europeos que, a su vez recogen los 
estándares internacionales del Consejo de Estabilidad Financiera.
Sin embargo, España no contempla expresamente la existencia de la figura del crédito 
ordinario no preferente, ni se ha aplicado, salvo en casos de subordinación contractual 
inspirados por el principio de autonomía de la voluntad, una cláusula generalizada de 
subordinación a la deuda senior que de seguridad jurídica y permita la estandarización de las 
condiciones de este tipo de créditos. Esta circunstancia sitúa a las entidades españolas en 
una grave situación de desventaja a la hora de diseñar su balance para cumplir con el 
mínimo de pasivos exigibles.
Las entidades de los países de nuestro entorno ya están colocando emisiones de este 
tipo en el mercado, por lo que esperar a la aprobación definitiva de la normativa de la Unión 
Europea puede ser compleja, y a un coste sensiblemente superior, para que las entidades 
de crédito españolas cumplan con la obligación de incluir este tipo de pasivos en sus 
balances.
Ello resulta especialmente relevante habida cuenta de que la alternativa para las 
entidades ante las dificultades para alcanzar un volumen mínimo de pasivos elegibles, en la 
medida en la que el requisito se calcula en términos de activos ponderados por riesgo, es 
reducir su balance por la vía fundamentalmente de la reducción del crédito concedido, con 
los consiguientes efectos negativos sobre la economía real y el empleo.
En esta tesitura, resulta necesario dotar a la mayor brevedad de un marco jurídico a la 
captación de los pasivos para cumplir con las nuevas obligaciones legales en un escenario 
en el que las entidades tienen obligaciones precisas a este respecto y en el que las 
consecuencias de no cumplir con estos requerimientos tienen un impacto considerable y 
pueden resultar especialmente graves.
Las normas que en este real decreto-ley se modifican se amparan en los títulos 
competenciales que figuran en las normas objeto de modificación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
La adopción de este real-decreto ley responde a los principios de buena regulación. 
Desde el punto de vista de los principios de necesidad y eficacia, se persigue permitir que 
determinadas entidades de crédito adopten políticas y estrategias para mejorar su 
resistencia a los riesgos que pueden surgir en el ejercicio de su actividad, así como facilitar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la nueva regulación financiera que se está 
implantando a nivel internacional y europeo. En cuanto al principio de proporcionalidad, se 
trata de la regulación mínima imprescindible para promover que las cooperativas de crédito 
dispongan de mecanismos de cooperación formal y con compromisos firmes que permitan 
abordar las dificultades de sus miembros; de igual modo, en el caso de la deuda senior no 
preferente, se trata de una regulación imprescindible para que las entidades españolas se 
enfrenten en pie de igualdad con sus competidores directos a las nuevas exigencias 
internacionales de recursos propios y pasivos exigibles. En ambos casos se persigue 
además consolidar la seguridad jurídica dotando a las entidades de un marco normativo para 
afrontar ambas realidades. Las reformas finalmente son conformes con las exigencias del 
principio de transparencia y eficiencia, no sólo porque no establecen cargas administrativas 
sino porque se establece un régimen que permite a las entidades adoptar sus políticas y 
estrategias con un marco claro.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 
Crédito.
La Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito queda modificada como 
sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo cuarto queda redactado del siguiente modo:
«2. En cualquier caso, el conjunto de las operaciones activas con terceros de una 
Cooperativa de Crédito no podrá alcanzar el 50 por 100 de los recursos totales de la 
Entidad.
No se computarán en el referido porcentaje las operaciones realizadas por las 
Cooperativas de Crédito con los socios de las Cooperativas asociadas, las de 
colocación de los excesos de tesorería en el mercado interbancario ni la adquisición 
de valores y activos financieros de renta fija que pudieran adquirirse para la 
cobertura de los coeficientes legales o para la colocación de los excesos de 
tesorería. En el caso de las Cooperativas de Crédito integrantes de un sistema 
institucional de protección de los previstos en el artículo décimo bis de esta Ley, 
tampoco se computarán en ese porcentaje las operaciones realizadas con la entidad 
central, las demás Cooperativas de Crédito y otros integrantes del sistema 
institucional de protección.»
Dos. Se añade un apartado 5 al artículo séptimo con la siguiente redacción:
«5. Los límites mencionados en el apartado 3 no se tendrán en cuenta en el caso 
de la participación por cualquier medio en el capital social de una Cooperativa de 
Crédito por parte del fondo de garantía privado constituido ex ante en el marco de un 
sistema institucional de protección de los previstos en el artículo 113.7 del 
Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, dichos límites no se tendrán en cuenta cuando se adopten algunas de 
las medidas previstas en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Cuando el fondo de garantía privado se encuentre en el supuesto descrito en el 
párrafo primero, deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan 
de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas 
dirigidas a permitir la desinversión del fondo en la Cooperativa de Crédito, en 
condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del sistema institucional 
de protección.»
Tres. Se introduce un artículo décimo bis con la siguiente redacción:
«Artículo décimo bis.  Sistemas institucionales de protección.
Las Cooperativas de Crédito podrán integrarse en un sistema institucional de 
protección reforzado de los contemplados y regulados en la disposición adicional 
quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito o también podrán formar parte de un sistema institucional de 
protección de los previstos en el artículo 113.7 del Reglamento 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio.»
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que 
se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Se añade una letra e) en el artículo 6.3 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, 
por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, con la 
siguiente redacción:
«e) Las entidades de crédito que pertenezcan a un sistema institucional de 
protección de los previstos en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 
26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, que haya constituido un fondo ex ante que garantice 
que el sistema institucional de protección tiene fondos directamente a su disposición 
para medidas de apoyo a la liquidez y solvencia y que contribuyan a la prevención de 
la resolución, podrán realizar aportaciones de menor cuantía al Fondo de Garantía 
de Depósitos.
Respecto a los sistemas institucionales de protección referidos en la disposición 
adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades de crédito, las entidades centrales y las entidades de 
crédito integrantes de dichos sistemas, estarán sujetas globalmente a la ponderación 
por riesgo determinada a efectos del cálculo de las contribuciones al Fondo de 
Garantía de Depósitos, para la entidad central y las integrantes de forma 
consolidada.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Se modifica la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la letra d) en el artículo 44.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que 
queda redactada de la siguiente forma:
«d) El tamaño, tipo de empresa, modelo de financiación y perfil de riesgo de la 
entidad. En relación con el perfil de riesgo, se tendrá especialmente en cuenta la 
pertenencia de la entidad a un sistema institucional de protección de los previstos en 
el artículo 113.7 del Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio, que haya constituido 
un fondo ex ante que garantice que el sistema institucional de protección tiene 
fondos directamente a su disposición para medidas de apoyo a la liquidez y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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solvencia, o a un sistema institucional de protección de los previstos en la disposición 
adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades de crédito.»
Dos. Se modifica la letra e) del artículo 48.1, que queda redactada de la siguiente forma:
«e) El importe principal o el importe pendiente de los pasivos admisibles, de 
acuerdo con la prelación de los derechos de crédito prevista en la normativa 
concursal aplicable.»
Tres. La disposición adicional decimocuarta queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional decimocuarta.  Régimen aplicable en caso de concurso de 
una entidad.
En caso de concurso de una entidad de las previstas en el artículo 1.2 de esta 
ley:
1. Serán considerados créditos con privilegio general, con posterioridad en el 
orden de prelación a los créditos con privilegio general previstos en el artículo 91.5.º 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio:
a) los depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y los 
derechos en que se haya subrogado dicho Fondo si hubiera hecho efectiva la 
garantía, y
b) la parte de los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel garantizado previsto en el Real 
Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, y los depósitos de las personas físicas y de 
las microempresas, pequeñas y medianas empresas que serían depósitos 
garantizados si no estuvieran constituidos a través de sucursales situadas fuera de la 
Unión Europea de entidades establecidas en la Unión Europea.
2. Serán considerados créditos ordinarios no preferentes, posteriores en el orden 
de prelación al resto de los créditos ordinarios previstos en el artículo 89.3 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, aquellos que resulten de instrumentos de deuda 
que cumplan las siguientes condiciones:
a) que hayan sido emitidos o creados con plazo de vencimiento efectivo igual o 
superior a un año;
b) que no sean instrumentos financieros derivados ni tengan instrumentos 
financieros derivados implícitos; y
c) que los términos y condiciones y, en su caso, el folleto relativo a la emisión, 
incluyan una cláusula en la que se establezca que tienen una prelación concursal 
inferior frente al resto de créditos ordinarios y que, por tanto, los créditos derivados 
de estos instrumentos de deuda serán satisfechos con posterioridad a los restantes 
créditos ordinarios.
Los créditos ordinarios que reúnan las condiciones enumeradas en las letras 
anteriores tendrán una prelación superior a los créditos subordinados incluidos en el 
artículo 92 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, y serán satisfechos con anterioridad a 
estos.
3. Los créditos subordinados incluidos en el artículo 92.2.º de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, tendrán la siguiente prelación:
a) El importe principal de la deuda subordinada que no sea capital adicional de 
nivel 1 o capital nivel 2.
b) El importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2.
c) El importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo cuarto.  Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en los siguientes términos:
El apartado 3 del artículo 217 queda redactado de la siguiente forma:
«3. A efectos de lo previsto en este capítulo, no se considerarán instrumentos 
financieros no complejos:
a) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables o 
que den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores 
negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices 
o medidas;
b) los instrumentos financieros señalados en el artículo 2, apartados 2 a 8; y
c) los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2.1.c) que a su vez sean 
pasivos admisibles para la recapitalización interna de acuerdo a lo establecido en la 
sección 4.ª del capítulo VI de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a 
lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
2. El Banco de España deberá desarrollar antes del [30 de septiembre de 2017] los 
métodos necesarios para que las aportaciones anuales de las entidades al compartimento 
de garantía de depósitos del Fondo de Garantía de Depósitos sean proporcionales a sus 
perfiles de riesgos, incluyendo en dichos métodos el nuevo factor descrito en la letra e) del 
artículo 6.3 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
En tanto el Banco de España no desarrolle dichos métodos, las aportaciones anuales se 
calcularán conforme a lo dispuesto, con anterioridad a la modificación introducida por este 
real decreto-ley, en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Las normas que en este real decreto-ley se modifican se amparan en los títulos 
competenciales que figuran en las normas objeto de modificación.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de junio de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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