I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10757 Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley.
Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general.
Artículo 3. Objetivos y principios de la ley.
Artículo 4.  Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa 
nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
Título II.  Suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas en régimen de libre competencia.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 5. Régimen de libre competencia.
Artículo 6.  Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 7. Registro de operadores.
Artículo 8.  Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas.
Artículo 9. Obligaciones de suministro de información.
Artículo 10. Normas técnicas.
Capítulo II. Notificaciones.
Artículo 11. Derechos derivados de la notificación.
Artículo 12. Obligaciones derivadas de la notificación.
Artículo 13. Suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas en régimen de prestación a terceros por las Administraciones públicas.
Capítulo III. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión.
Artículo 14. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados 
y a su interconexión.
Capítulo IV. Regulación ex ante  de los mercados.
Artículo 15. Definición de mercados de referencia.
Artículo 16. Análisis de mercados de referencia.
Artículo 17. Procedimiento para la imposición de obligaciones específicas.
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Artículo  18. Obligaciones  específicas  aplicables  a los operadores  con peso significativo 
en mercados de referencia.
Artículo 19. Compromisos de acceso o coinversión ofrecidos por el operador.
Artículo 20. Compromisos de coinversión en redes de muy alta capacidad.
Artículo 21. Operadores exclusivamente mayoristas.
Artículo 22. Migración desde una infraestructura heredada.
Artículo 23. Tarifas de terminación de llamadas de voz.
Artículo 24. Obligaciones en mercados minoristas.
Capítulo V. Separación funcional.
Artículo 25. Separación funcional obligatoria.
Artículo 26. Separación funcional voluntaria.
Artículo 27. Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional.
Capítulo VI. Resolución de conflictos.
Artículo 28. Resolución de conflictos en el mercado español.
Artículo 29. Resolución de conflictos transfronterizos.
Capítulo VII. Numeración.
Artículo 30. Principios generales.
Artículo 31. Planes nacionales de numeración.
Artículo 32. Acceso a números o servicios.
Artículo 33.  Conservación de los números por los usuarios finales y fomento de la 
provisión inalámbrica para facilitar el cambio de operador.
Artículo 34.  Números armonizados para los servicios armonizados europeos de 
valor social.
Título  III. Obligaciones  de servicio  público  y derechos  y obligaciones  de carácter 
público  en el suministro  de redes  y en la prestación  de servicios  de comunicaciones 
electrónicas.
Capítulo I. Obligaciones de servicio público.
Sección 1.ª Delimitación.
Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público.
Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público.
Sección 2.ª El servicio universal.
Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación.
Artículo 38. Asequibilidad del servicio universal.
Artículo 39. Accesibilidad del servicio universal.
Artículo 40. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio 
universal.
Artículo 41. Control del gasto.
Artículo 42. Coste y financiación del servicio universal.
Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público.
Artículo 43. Otras obligaciones de servicio público.
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Capítulo II.  Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas.
Sección 1.ª  Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser 
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor 
de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.
Artículo 44. Derecho de ocupación de la propiedad privada.
Artículo 45. Derecho de ocupación del dominio público.
Artículo 46. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
Artículo 47. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.
Artículo 48. Estudios geográficos.
Sección 2.ª  Normativa de las Administraciones públicas que afecte a la instalación 
o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Artículo 49.  Colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o 
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Artículo 50.  Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas para la instalación 
y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Artículo 51.  Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en 
proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos.
Sección 3.ª  Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de 
comunicaciones electrónicas y coordinación de obras civiles.
Artículo 52.  Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de 
comunicaciones electrónicas.
Artículo 53. Coordinación de obras civiles.
Artículo  54. Acceso  o uso de las redes  de comunicaciones  electrónicas  titularidad  de 
los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal.
Sección 4.ª  Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en 
los edificios.
Artículo 55.  Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en 
los edificios.
Capítulo III.  Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las 
comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de 
carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 56. Salvaguardia de derechos fundamentales.
Artículo 57. Principio de no discriminación.
Artículo 58. Secreto de las comunicaciones.
Artículo 59.  Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios 
técnicos.
Artículo 60. Protección de los datos de carácter personal.
Artículo 61.  Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Artículo 62. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 63.  Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de 
comunicaciones electrónicas.
Capítulo IV. Derechos de los usuarios finales.
Artículo 64.  Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de 
comunicaciones electrónicas.
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Artículo 65.  Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
Artículo 66.  Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación 
con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las 
guías de abonados.
Artículo 67. Contratos.
Artículo 68. Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información.
Artículo 69. Calidad de servicio.
Artículo 70. Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finales.
Artículo 71. Contratos empaquetados.
Artículo 72. Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado.
Artículo 73.  Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con 
discapacidad.
Artículo 74. Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112.
Artículo 75. Sistemas de alertas públicas.
Artículo 76. Acceso abierto a internet.
Artículo 77.  Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias 
reguladas.
Artículo 78. Resolución de controversias.
Título IV. Equipos de telecomunicación.
Artículo 79. Normalización técnica.
Artículo 80.  Requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de 
telecomunicación.
Artículo 81. Reconocimiento mutuo.
Artículo 82.  Importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de 
telecomunicación.
Artículo 83. Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.
Artículo 84. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores.
Título V. Dominio público radioeléctrico.
Artículo 85. De la administración del dominio público radioeléctrico.
Artículo 86.  Facultades del Gobierno para la administración del dominio público 
radioeléctrico.
Artículo 87. Coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico.
Artículo 88. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
Artículo 89. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación.
Artículo 90.  Competencia efectiva en la asignación y uso del dominio público 
radioeléctrico.
Artículo 91.  Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio 
público radioeléctrico.
Artículo 92. Uso compartido.
Artículo 93.  Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público 
radioeléctrico.
Artículo 94.  Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público 
radioeléctrico.
Artículo 95.  Modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el 
uso del dominio público radioeléctrico.
Artículo 96. Protección activa del dominio público radioeléctrico.
Artículo 97. Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico.
Título VI. La administración de las telecomunicaciones.
Artículo 98.  Competencias de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos.
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Artículo 99. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Artículo 100. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Título VII. Tasas en materia de telecomunicaciones.
Artículo 101. Tasas en materia de telecomunicaciones.
Título VIII. Inspección y régimen sancionador.
Artículo 102. Funciones inspectoras.
Artículo 103. Facultades de inspección.
Artículo 104. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.
Artículo 105. Clasificación de las infracciones.
Artículo 106. Infracciones muy graves.
Artículo 107. Infracciones graves.
Artículo 108. Infracciones leves.
Artículo 109. Sanciones.
Artículo 110. Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción.
Artículo 111. Medidas previas al procedimiento sancionador.
Artículo 112. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
Artículo 113. Prescripción.
Artículo 114. Competencias sancionadoras.
Disposiciones adicionales.
Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta ley.
Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres.
Disposición adicional tercera.  Aplicación de la legislación reguladora de las 
infraestructuras comunes en los edificios.
Disposición adicional cuarta. Información confidencial.
Disposición adicional quinta.  Referencia a servicios de comunicaciones electrónicas 
en otras normas.
Disposición adicional sexta. Multas coercitivas.
Disposición adicional séptima.  Obligaciones en materia de acceso condicional, 
acceso a determinados servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos 
y obligaciones de transmisión.
Disposición adicional octava.  Interoperabilidad de receptores de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de receptores de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónicos de consumo y equipos de consumo utilizados 
para la televisión digital.
Disposición adicional novena. Mecanismo de notificación.
Disposición adicional décima. Mecanismo de consulta.
Disposición adicional undécima. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores 
de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
Disposición adicional duodécima.  Creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias 
y Salud.
Disposición adicional decimotercera.  Parámetros y requerimientos técnicos 
esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional decimocuarta.  Cooperación en la promoción de contenidos 
lícitos en redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional decimoquinta. Garantía de los derechos digitales.
Disposición adicional decimosexta. Políticas de impulso de los derechos digitales.
Disposición  adicional  decimoséptima. Coordinación  de las ayudas  públicas  a la banda 
ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.
Disposición adicional decimoctava. Publicación de actos.
Disposición adicional decimonovena. Estaciones radioeléctricas de radioaficionado.
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Disposición adicional vigésima.  Prestación de determinados servicios a los que se 
refiere el artículo 43.
Disposición adicional vigésima primera.  Comunicación al Registro de operadores 
de los prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales 
independientes de la numeración disponible al público.
Disposición adicional vigésima segunda.  Comunicación al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP).
Disposición adicional vigésima tercera.  Comunicación al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de los cables submarinos.
Disposición adicional vigésima cuarta.  Reconversión de la infraestructura de los 
teléfonos públicos de pago.
Disposición adicional vigésima quinta.  Datos del Registro de operadores puestos a 
disposición del ORECE.
Disposición adicional vigésima sexta. Reasignación de recursos.
Disposición adicional vigésima séptima.  Adaptación de la contratación con los 
usuarios finales por los operadores de comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional vigésima octava. Creación de la Comisión interministerial para 
la agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para la 
instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional vigésima novena.  Beneficios fiscales aplicables al evento 
«Año Santo Jubilar San Isidro Labrador».
Disposición adicional trigésima.  Universalización del acceso a internet a una 
velocidad mínima de 100 Mbit por segundo.
Disposiciones transitorias.
Disposición transitoria primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición transitoria segunda.  Adaptación de los títulos habilitantes del uso del 
dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria tercera.  Condiciones ligadas a las concesiones de uso de 
dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria cuarta. Registro de operadores.
Disposición transitoria quinta. Prestación transitoria del servicio universal.
Disposición transitoria sexta. Planes de precios del servicio universal.
Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para la fijación de las tasas 
establecidas en el anexo I de esta ley.
Disposición derogatoria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposiciones finales.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
Disposición  final tercera. Regulación  de las condiciones  en que los órganos  o entes 
gestores  de infraestructuras  de transporte  de competencia  estatal  permitirán  la ocupación 
del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
Anexo I. Tasas en materia de telecomunicaciones.
Anexo II. Definiciones.
Anexo III.  Conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de 
acceso adecuado a internet de banda ancha a que se refiere el artículo 37.1.a).
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PREÁMBULO
I
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, introdujo reformas 
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el 
despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. Dicha ley 
estableció las bases para asegurar que la extensión de las redes de nueva generación 
se llevase a cabo conforme a los principios de fomento de la inversión e impulso de la 
competencia, garantizando un marco regulatorio claro y estable, que ha proporcionado 
seguridad jurídica y eliminado barreras que dificultaban el despliegue de redes. Ello ha 
permitido a los operadores ofrecer a los usuarios servicios innovadores, de mayor 
calidad y cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones, contribuyendo de 
este modo a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en 
su conjunto.
En la actualidad, las redes alcanzan en nuestro país una cobertura del 95,2 por 
ciento de la población para una velocidad de acceso de 30 Mbps y del 87,6 por ciento 
para una velocidad de acceso de 100 Mbps, situando a España en una posición buena 
en el ámbito europeo en lo que se refiere a infraestructuras de conectividad de banda 
ancha, tal como reconoce la Comisión Europea en su «Índice de la Sociedad y la 
Economía Digitales 2020 (DESI)» en el que se indica que el despliegue de redes de fibra 
óptica (FTTP) sigue siendo una característica importante del mercado digital español, 
con una cobertura del 95,2 por ciento de los hogares, muy por encima de la media de la 
UE que se sitúa en el 34 por ciento. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional del 
Sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el volumen de 
negocio del sector de las telecomunicaciones en España se situó en torno a los 28.337 
millones de euros en 2020, suponiendo el sector de las Tecnologías de la Información y 
el Conocimiento el 3,23 por ciento del PIB nacional y dando empleo a 446.881 personas. 
Además, según datos de evolución del mercado de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, existe un elevado grado de despliegue por parte de 
diferentes operadores en el mercado español.
En estos momentos de incertidumbre internacional, las telecomunicaciones 
constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más 
pueden contribuir, por su carácter transversal, al crecimiento, la productividad y a la 
generación de empleo, situándose asimismo como palanca de la transformación digital y 
ecológica y como motor del desarrollo sostenible y el bienestar social.
Con ocasión de la declaración de la pandemia por COVID-19, se ha demostrado que 
las telecomunicaciones no solo garantizan la prestación de servicios muy necesarios 
como son el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, sino que también 
favorecen el crecimiento de otros sectores como la industria de los contenidos, el 
almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, el «Internet de las Cosas» o la 
automoción conectada.
Las telecomunicaciones  son también  un elemento  de impulso  a la transición  ecológica 
hacia  un nuevo  modelo  económico  y social  basado  en la eficiencia  energética,  la movilidad 
sostenible  y la economía  circular,  dado  que al ser un sector  que genera  un bajo nivel de 
emisiones  relativo,  su papel  puede  ser fundamental  en la lucha  frente  al cambio  climático  al 
facilitar un uso más eficiente de los recursos energéticos en otros sectores.
En este sentido, la computación en centros de datos se ha incrementado en más de 
un 500 por ciento entre los años 2010 y 2018, mientras que el consumo de energía 
eléctrica por este sector solo ha aumentado un 6 por ciento y es evidente, por ejemplo, 
que durante la pandemia la traslación de actividad social a las infraestructuras digitales 
ha supuesto una sustancial mejora de la calidad del aire y del medio ambiente.
Las redes de muy alta capacidad, y en especial la nueva generación de telefonía 
móvil 5G, son claves para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos en el ámbito europeo 
para el año 2030, ya que facilitan la aparición de nuevos servicios inteligentes máquina a 
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máquina (redes eléctricas inteligentes, logística inteligente, ciudades inteligentes, 
sistemas de producción inteligente) y la sustitución de determinadas actividades físicas 
por otras virtuales, evitando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a la 
implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables.
Dicho proceso de virtualización de la economía supondría la sustitución de procesos, 
desplazamientos, reuniones y viajes por alternativas virtuales de bajas emisiones con 
objeto de apostar por salas de reuniones virtuales a las que conectarse a través de las 
comunicaciones electrónicas, fomentar el uso de productos de telecomunicaciones para 
que los empleados puedan trabajar a distancia desde su casa o utilizar las 
comunicaciones móviles para mejorar los procesos de comercio electrónico y facilitar los 
sistemas de pedido y entrega de las compras. Estas iniciativas no solo permitirían 
adaptarnos a eventuales medidas de contención sanitaria ante posibles epidemias, sino 
que también lograrían reducir las emisiones de CO 2 en Europa en más de 22 millones de 
toneladas, así como un ahorro potencial en consumo energético de 14.100 millones de 
euros (en España, la reducción alcanzaría los 2 millones de toneladas de emisiones de 
CO2, y el ahorro hasta 1.330 millones de euros).
Por tanto, el sector de las comunicaciones electrónicas supone una indudable 
contribución claramente positiva a la descarbonización de la economía.
Por otro lado, el establecimiento de las nuevas redes, al ser palanca de vertebración 
territorial, puede ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la 
despoblación rural, lo que, según el Informe sobre el uso de la tierra y el cambio 
climático, elaborado en 2019, por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC en adelante) de la ONU, constituye uno de los medios más eficaces 
para luchar contra los efectos del cambio climático.
El despliegue  de nuevas  redes  en el medio  rural,  en especial  en los territorios  con gran 
dispersión  poblacional  y complicada  orografía,  resulta  imprescindible  para posibilitar  un 
adecuado desarrollo económico y fomentar el emprendimiento y la creación de empleo.
En cuanto a los efectos económicos de la tecnología 5G, los análisis de la Comisión 
Europea sobre los beneficios estimados de su introducción en cuatro sectores 
productivos (automoción, salud, transporte y utilities) prevén un aumento progresivo 
hasta alcanzar los 62.500 millones de euros de impacto directo anual dentro de la Unión 
Europea en 2025, lo que se elevaría a 113.000 millones de euros si se suman los 
impactos indirectos. El mismo estudio estima que en nuestro país se obtendrían unos 
beneficios indirectos en los cuatro sectores analizados de 14.600 millones de euros y 
una importante creación de empleo.
II
La aprobación de esta ley constituye una de las medidas incluidas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (PRTR), aprobado 
por la Comisión Europea el día 16 de junio de 2021, con el objetivo a corto plazo de 
apoyar la recuperación de la economía española tras la crisis sanitaria, impulsar a medio 
plazo un proceso de transformación estructural y lograr a largo plazo un desarrollo más 
sostenible y resiliente desde el punto de vista económico financiero.
Con esta medida incluida dentro de la Componente 15 del PRTR «Conectividad 
digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G» se pretende la tramitación y 
aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, transposición de la 
Directiva 2018/1972 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
En concreto, la aprobación de esta ley constituye la ejecución de la medida C15.R1 
del PRTR consistente en la «Reforma del marco normativo de telecomunicaciones: Ley 
General, instrumentos regulatorios e Instrumentos de aplicación».
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
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Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (CID) y su documento anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
cumplimiento de la presente ley deben respetar el principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas 
asignadas en la Componente 15, así como en la medida R1 en la que se enmarcan 
dichas actuaciones en lo referido al principio DNSH y especialmente las recogidas en los 
apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID.
Igualmente, la aprobación de esta ley constituye una de las principales medidas del 
Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno el 24 de julio de 2020, y que tiene 
por objetivo impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con 
la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con 
la participación de todos los agentes económicos y sociales.
En concreto, dicho Plan pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión 
pública y privada durante los próximos cinco años, a fin de impulsar la digitalización de la 
economía española.
España Digital 2025 centra sus objetivos en el impulso a la transformación digital del 
país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, 
la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de 
las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores 
constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.
El Plan consta de unas 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos. 
El primero es el eje de la conectividad digital, encuadrándose como medida número 2 la 
aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, la cual tiene como 
objetivo fundamental la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por 
la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (en adelante, 
el Código).
El Código sitúa a las comunicaciones electrónicas como pilar de la transformación 
digital de la economía, la cual es uno de los ejes prioritarios de la política europea para la 
recuperación sostenible tras la pandemia por COVID-19, tal y como se refleja en el Plan 
de recuperación y en el marco financiero plurianual 2021-2027, acordado por los líderes 
de la Unión Europea el 21 de julio de 2020.
El Código refunde y actualiza, conforme a la Estrategia de Mercado Único Digital del 
año 2015, en un único texto, el paquete de Directivas comunitarias del año 2002 
(modificadas en el año 2009), la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones 
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso),la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva marco), la Directiva 2002/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los 
derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva servicio universal).
El Código no refunde la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) por cuanto se encuentra en 
tramitación un proyecto de Reglamento sobre esta materia, dirigido a actualizar y 
sustituir a la Directiva actualmente vigente. No obstante, la presente ley sí recoge lo 
establecido en dicha Directiva que sigue estando vigente. Esta ley aborda también otros 
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aspectos incluidos dentro del concepto amplio de telecomunicaciones, de forma que 
incluye las novedades que en materia de equipos radioeléctricos introdujo la 
Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la 
comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE (Directiva RED) transpuesta al ordenamiento jurídico español por 
Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de 
equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de conformidad, 
la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, 
que mantiene su vigencia, en desarrollo de lo establecido en el título IV.
Asimismo, y aunque se trata de normativa directamente aplicable o que ya ha sido 
transpuesta al ordenamiento jurídico español, a fin de introducir coherencia y seguridad 
jurídica, se incluyen también en esta ley general del sector, los principales aspectos de la 
normativa contenida en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a 
medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, por el que se transpone la Directiva 2014/61/UE, de 15 de 
mayo de 2014 (Directiva BBCost, en adelante), que mantiene también su vigencia como 
norma de desarrollo, las garantías sobre neutralidad de red incorporadas al Reglamento 
(UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, 
por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y 
tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la 
Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012 (Reglamento TSM), así como 
determinados aspectos de la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y del Reglamento (UE) 
531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión.
III
El principal objetivo de la ley es el fomento de la inversión en redes de muy alta 
capacidad, introduciendo figuras como la de los estudios geográficos o la de la 
coinversión, lo que podrá tenerse en cuenta en el ámbito de los análisis de mercado. 
Con este mismo objetivo de incentivar los despliegues se garantiza la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada, el uso compartido de las 
infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida de los tramos finales de 
las redes de acceso.
También se introducen importantes novedades en materia de dominio público 
radioeléctrico, incorporando medidas que facilitan el uso compartido del espectro 
radioeléctrico por operadores y evitando restricciones indebidas a la implantación de 
puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.
Adicionalmente, con el ánimo de promover la previsibilidad regulatoria y la 
recuperación de las inversiones, se amplían los plazos de duración mínimos y máximos 
de las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de 
número, de manera que estas concesiones tendrán una duración mínima de veinte años 
y podrán tener una duración máxima, si se otorga el plazo máximo de prórroga, de hasta 
cuarenta años.
La ley incorpora, asimismo, avances en materia de protección de los derechos de los 
usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, reforzando, por ejemplo, las 
obligaciones de transparencia y regulando los contratos empaquetados.
Además, se revisa la normativa sobre acceso y análisis de mercado, se actualiza la 
normativa sobre servicio universal de telecomunicaciones y se introducen medidas en 
materia de seguridad destinadas a gestionar los nuevos riesgos a los que se ven 
sometidos las redes y los servicios.
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Recoge, conforme al Código, la posibilidad de que la Comisión Europea establezca 
tarifas únicas máximas de terminación de llamadas de voz a escala europea, y se 
refuerza el funcionamiento del número 112 como número de llamada de emergencia en 
toda Europa, estableciendo la obligación de que dicho número sea accesible a personas 
con discapacidad. Se introduce, asimismo un sistema de alertas públicas a través de los 
servicios móviles en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
Por último, se incorpora a la ley la clasificación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas contenida en el Código. De esta forma, se distingue entre servicios de 
acceso a internet, servicios de comunicaciones interpersonales y servicios consistentes, 
en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de 
transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la 
radiodifusión. A su vez, dentro de los servicios de comunicaciones interpersonales se 
diferencian los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración y 
los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, 
según permitan o no, respectivamente comunicaciones con recursos de numeración 
pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración 
nacional o internacional.
IV
La ley consta de ciento catorce artículos, agrupados en ocho títulos, treinta 
disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 
seis disposiciones finales y tres anexos.
El título I, «Disposiciones generales», establece el objeto de la ley, que aborda, de 
forma integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al amparo de la competencia 
exclusiva estatal establecida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
La ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de 
servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios 
de comunicación social, así como los servicios de intercambio de vídeos a través de 
plataforma. No obstante, las redes utilizadas como soporte de estos servicios y los 
recursos asociados sí son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas 
en esta ley.
Igualmente, queda excluida de la regulación de esta ley la prestación de servicios 
sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte 
de señales a través de dichas redes, la cual se regula en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
En relación con los objetivos y principios, la ley reordena los ya enumerados en la 
anterior ley, contribuyendo a su mejor comprensión y a una mejor visualización de 
aquellos que deben ser considerados como prioritarios. Asimismo, añade determinados 
principios nuevos como el de promover la conectividad y el acceso a las redes de muy 
alta capacidad, así como su adopción por los ciudadanos y empresas.
Por último,  se establecen  aquellos  servicios  de telecomunicaciones  que tienen  la 
consideración  de servicio  público  como  son los servicios  de telecomunicaciones  para la 
seguridad y defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
El título II regula el régimen general de suministro de redes y de prestación de 
servicios y establece que la habilitación para instalar y explotar redes o prestar servicios 
en régimen de libre competencia, viene concedida con carácter general e inmediato por 
la ley, con el único requisito de notificación al Registro de operadores, dependiente de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, para evitar 
distorsiones a la competencia que puedan derivarse de la participación de operadores 
públicos en el mercado de comunicaciones electrónicas, la ley establece limitaciones 
concretas para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por parte 
de las Administraciones públicas.
El título II recoge asimismo el derecho de acceso de los operadores a redes y 
recursos asociados y regula la interconexión y las obligaciones que, de acuerdo con la 
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normativa de la Unión Europea, pudiera llegar a imponer la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia a los operadores con peso significativo en el ámbito de 
regulación ex ante de los mercados.
Por último, este título regula las competencias de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en materia de resolución de conflictos entre operadores y el 
derecho de acceso de los operadores a la numeración.
El título III, relativo a obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de 
carácter público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas, obliga a las Administraciones públicas a que el 
planeamiento urbanístico prevea la necesaria dotación de infraestructuras de 
telecomunicaciones y garantiza, de acuerdo con la citada Directiva BBCost, el derecho 
de acceso de los operadores a infraestructuras de Administraciones públicas y a 
infraestructuras lineales como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte, 
estableciendo, con carácter general, un régimen de declaración responsable en relación 
con los despliegues, reduciendo los tiempos de respuesta y las cargas administrativas 
relacionadas con los mismos.
Asimismo, se recogen en este título III las obligaciones de servicio universal y las 
relacionadas con la integridad y seguridad de las redes, así como los derechos de los 
usuarios de las telecomunicaciones y las garantías de acceso a las comunicaciones de 
emergencia y al número 112, de emergencias de ámbito europeo.
En relación con los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas es de 
significar que su protección viene garantizada además de por las disposiciones 
específicas establecidas en esta ley, que regulan los derechos específicos de los 
usuarios de comunicaciones electrónicas, que se refuerzan en esta ley, por la normativa 
general de protección de los derechos de consumidores y usuarios. Las disposiciones 
que esta ley y su desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos específicos 
de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas 
serán de aplicación preferente a las disposiciones que regulen con carácter general los 
derechos de los consumidores y usuarios. Esta complementariedad de normativas 
convierte a las telecomunicaciones en uno de los sectores cuyos usuarios gozan de un 
mayor nivel de protección, tal como ha destacado de manera expresa la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (STC 72/2014).
En este ámbito de reconocimiento y protección de los derechos de los usuarios de 
comunicaciones electrónicas ha de afirmarse que esta ley está en línea con la Carta de 
Derechos Digitales presentada por el Gobierno el 14 de julio de 2021, como marco para 
la producción normativa y las políticas públicas que garantice la protección de los 
derechos individuales y colectivos ante las nuevas situaciones y circunstancias 
generadas en el entorno digital.
En la presente ley se incluyen mecanismos de colaboración entre el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas, dirigidos a 
facilitar y fomentar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. Así, el conjunto de Administraciones públicas debe facilitar el despliegue de 
infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo 
que deben dar debido cumplimiento a los deberes de información recíproca y de 
colaboración y cooperación mutua en el ejercicio de sus actuaciones y competencias. 
Pese a ello, en ocasiones el acuerdo puede no resultar posible, por lo que la propia ley 
prevé mecanismos para solucionar los desacuerdos, como que finalmente el Gobierno 
pueda autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de 
comunicaciones electrónicas, si bien en este caso, habida cuenta de las especialidades 
que rodean la instalación de una red de comunicaciones electrónicas, y en aras de 
respetar las competencias de otras Administraciones públicas, se establece la necesidad 
de tener en cuenta ciertos aspectos que condicionan el ejercicio de dicha potestad, 
siempre y cuando se garantice el despliegue efectivo de la red.
En el título IV, relativo a los equipos de telecomunicación, se regulan los requisitos 
esenciales que han de cumplir estos equipos, la evaluación de su conformidad con 
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dichos requisitos y la vigilancia del mercado, estableciéndose, además, las condiciones 
que deben cumplir las instalaciones y los instaladores.
En relación con la administración del dominio público radioeléctrico, el título V 
introduce como objetivo del uso del espectro lograr la cobertura del territorio nacional y 
de la población y de los corredores nacionales y europeos así como la previsibilidad para 
favorecer inversiones a largo plazo. Para ello, racionaliza la adjudicación y gestión del 
dominio público radioeléctrico, establece medidas que faciliten el uso compartido del 
espectro por operadores móviles y eviten restricciones indebidas a la implantación de 
puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y prevé una duración mínima de las 
concesiones para banda ancha inalámbrica de veinte años.
El título VI, bajo la rúbrica «La administración de las telecomunicaciones» determina 
las competencias que tiene atribuidas la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia como Autoridad Nacional de Reglamentación independiente y las que 
corresponden al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como 
Autoridad Competente.
En el título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones» se mantiene la regulación 
anterior con algunas mejoras derivadas de la experiencia adquirida en su aplicación.
El título VIII, relativo a inspección y régimen sancionador, mantiene y refuerza las 
potestades inspectoras, recoge la tipificación de infracciones y la clasificación y cuantía 
de las sanciones, proporcionando criterios para la determinación de la cuantía de la 
sanción, y facilitando la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso 
antes de iniciar el expediente sancionador.
Las disposiciones adicionales se refieren entre otras cuestiones a la interoperabilidad 
de receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, 
de receptores de servicios de radio de consumo y equipos de consumo utilizados para la 
televisión digital, la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 
quinta generación o la coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al 
desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitarán 
la transición hacia la aplicación de esta nueva ley, como los planes de precios del 
servicio universal o el régimen transitorio para la fijación de las tasas.
En las disposiciones finales se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se hace 
referencia a los títulos competenciales, a la habilitación para el desarrollo reglamentario, 
a la incorporación de derecho europeo y la entrada en vigor.
Finalmente, los anexos se refieren a las tasas en materia de Telecomunicaciones, a 
las definiciones de términos recogidos en la ley y al conjunto mínimo de los servicios que 
deberá soportar el servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende 
la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación 
de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los 
equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación, de conformidad 
con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En particular, esta ley es de aplicación al dominio público radioeléctrico utilizado por 
parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, ya sean públicas o no, y con 
independencia del servicio que haga uso del mismo.
2. Quedan excluidos del ámbito de esta ley los servicios de comunicación 
audiovisual, los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, los contenidos 
audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los 
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medios de comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el 
artículo 149.1.27.ª de la Constitución.
Asimismo, se excluyen del ámbito de esta ley los servicios que suministren 
contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las 
actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y 
los servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en tanto 
en cuanto no sean asimismo servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 2.  Las telecomunicaciones como servicios de interés general.
1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en 
régimen de libre competencia.
2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones 
de servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el título III, 
respectivamente.
Artículo 3.  Objetivos y principios de la ley.
Los objetivos y principios de esta ley son los siguientes:
a) fomentar la competencia efectiva y sostenible en los mercados de 
telecomunicaciones para potenciar al máximo los intereses y beneficios para las 
empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios, 
calidad de los servicios, variedad de elección e innovación, teniendo debidamente en 
cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que 
existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no exista falseamiento ni 
restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos;
b) desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de 
las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de 
alta y muy alta capacidad permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante 
la mejora y extensión de las redes, especialmente las de muy alta capacidad, así como 
la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los 
recursos asociados a ellas;
c) promover, en aras a la consecución del fin de interés general que supone, el 
despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
fomentando la conectividad, el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las 
redes fijas, móviles e inalámbricas y la interoperabilidad de extremo a extremo, en 
condiciones de igualdad y no discriminación;
d) impulsar la innovación en el despliegue de redes y la prestación de servicios de 
comunicaciones, en aras a garantizar el servicio universal y la reducción de la 
desigualdad en el acceso a internet y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), con especial consideración al despliegue de redes y servicios a la 
ciudadanía vinculados a la mejora del acceso funcional a internet, del teletrabajo, del 
medioambiente, de la salud y la seguridad públicas y de la protección civil; así como 
cuando faciliten la vertebración y cohesión social y territorial o contribuyan a la 
sostenibilidad de la logística urbana.
e) promover el desarrollo de la ingeniería, así como de la industria de productos y 
equipos de telecomunicaciones;
f) contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Unión Europea, facilitando la convergencia de las condiciones que 
permitan la inversión en redes de comunicaciones electrónicas y en su suministro, en 
servicios de comunicaciones electrónicas, en recursos asociados y servicios asociados 
en toda la Unión;
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g) promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras, especialmente en 
las redes de muy alta capacidad, incluyendo, cuando proceda y con carácter prioritario, 
la competencia basada en infraestructuras, reduciendo progresivamente la intervención 
ex ante  en los mercados, posibilitando la coinversión y el uso compartido y fomentando 
la innovación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas 
inversoras;
h) hacer posible el uso eficaz y eficiente de los recursos limitados de 
telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, la adecuada 
protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad 
pública y privada;
i) fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación;
j) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la 
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las 
que se refiere el título III, en especial las de servicio universal;
k) defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los 
servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio 
y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y 
distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en 
particular a través de un acceso abierto a internet. En la prestación de estos servicios 
deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto 
a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la 
protección a las personas con discapacidad, la protección de los datos personales y el 
secreto en las comunicaciones;
l) salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción 
de las necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las 
personas mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con 
necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación. En lo relativo al acceso a los servicios de 
comunicaciones electrónicas de las personas con discapacidad y personas en situación 
de dependencia, se fomentará el cumplimiento de las normas o las especificaciones 
pertinentes relativas a normalización técnica publicadas de acuerdo con la normativa 
comunitaria y se facilitará el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales;
m)  impulsar la universalización del acceso a las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas de banda ancha y contribuir a alcanzar la mayor 
vertebración territorial y social posible mediante el despliegue de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas en las distintas zonas del territorio español, 
especialmente en aquellas que necesitan de la instalación de redes de comunicaciones 
electrónicas y la mejora de las existentes para permitir impulsar distintas actividades 
económicas y sociales.
Artículo 4.  Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa 
nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en 
este artículo.
2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que 
desarrollen actividades esenciales para la seguridad y defensa nacionales integran los 
medios destinados a éstas, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica.
3. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  es el órgano  de la 
Administración  General  del Estado  con competencia,  de conformidad  con la legislación 
específica  sobre  la materia  y lo establecido  en esta ley, para ejecutar,  en la medida  en que 
le afecte,  la política  de defensa  nacional  en el sector  de las telecomunicaciones,  con la 
debida coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estudiar, planear, programar, 
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proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa 
nacional en el ámbito de las telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de 
las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad 
con los servicios civiles. Asimismo, elaborarán los programas de coordinación 
tecnológica precisos que faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o 
indistinta, de los medios, sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se constituirán los 
órganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composición y 
competencia que se determinen mediante real decreto.
4. En los ámbitos del orden público, la seguridad pública, seguridad vial y de la 
protección civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el Ministerio 
del Interior y con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con 
competencias sobre las citadas materias.
5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y 
dependencias afectos a la instalación y explotación de las redes y a la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas dispondrán de las medidas y sistemas de 
seguridad, vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se 
determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. Estas medidas y sistemas deberán estar disponibles en las situaciones de 
normalidad o en las de crisis, así como en los supuestos contemplados en la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, 
la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil y el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las 
redes y sistemas de información.
6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción 
por la Administración General del Estado de la gestión directa de determinados servicios 
de comunicaciones electrónicas disponibles al público, distintos de los servicios de 
comunicaciones interpersonales, independientes de la numeración o de la explotación de 
ciertas redes públicas de comunicaciones electrónicas, para garantizar la seguridad 
pública y la seguridad nacional, en los términos en que dichas redes y servicios están 
definidos en el anexo II, excluyéndose en consecuencia las redes y servicios que se 
exploten o presten íntegramente en autoprestación. Esta facultad excepcional y 
transitoria de gestión directa podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o 
elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o 
restablecer la seguridad pública y la seguridad nacional.
En ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las 
que se refiere el título III, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, 
podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa 
de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes. En 
este último caso, podrá, con las mismas condiciones, intervenir la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Los acuerdos  de asunción  de la gestión  directa  del servicio  y de intervención  de 
este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los párrafos anteriores 
se adoptarán  por el Gobierno  por propia  iniciativa  o a instancia  de una Administración 
Pública  competente.  En este último  caso,  será preciso  que la Administración  Pública 
tenga  competencias  en materia  de seguridad  o para la prestación  de los servicios 
públicos  afectados  por el anormal  funcionamiento  del servicio  o de la red de 
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comunicaciones  electrónicas.  En el supuesto  de que el procedimiento  se inicie  a 
instancia  de una Administración  distinta  de la del Estado,  aquella  tendrá  la 
consideración  de interesada  y podrá  evacuar  informe  con carácter  previo  a la 
resolución final.
Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este 
o los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere este apartado deberán ser 
comunicados por el Gobierno en el plazo de veinticuatro horas al órgano jurisdiccional 
competente para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, establezca si los mismos 
resultan acordes con los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el 
ordenamiento jurídico, procediendo a su anulación en caso negativo.
7. La regulación contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa específica sobre las telecomunicaciones relacionadas con el orden público, la 
seguridad pública, la defensa nacional y la seguridad nacional.
TÍTULO II
Suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
en régimen de libre competencia
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 5.  Régimen de libre competencia.
La instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia sin más 
limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 6.  Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
1. Podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público las personas físicas o jurídicas nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un país perteneciente al Espacio Económico 
Europeo. Asimismo, podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público las personas físicas o jurídicas de 
otra nacionalidad, cuando así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen 
al Reino de España, sin perjuicio de la aplicación de la normativa reguladora de las 
inversiones extranjeras. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá 
autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior.
2. Los interesados en el suministro de una determinada red pública o en la 
prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas disponible al 
público deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo previamente al 
Registro de operadores previsto en el artículo 7, sometiéndose a las condiciones 
previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar. Esta obligación de 
notificación no resultará de aplicación a los interesados en la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración, así como 
para quienes suministren redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas en 
régimen de autoprestación.
En la notificación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad 
del operador;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el 
que figure el operador y número de identificación fiscal;
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c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas;
e) nombre,  apellidos,  número  de documento  nacional  de identidad  o pasaporte  de su 
representante  y de la persona  responsable  a los efectos  de notificaciones,  incluyendo, 
respecto  a esta última  la dirección  de correo  electrónico  y número  de teléfono  móvil  para 
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;
f) una exposición sucinta de las redes y servicios que se propone suministrar;
g) una estimación de la fecha estimada de inicio de la actividad;
h) Estados miembros afectados.
3. Se regularán mediante real decreto los requisitos, la información a proporcionar y el 
procedimiento  para efectuar  las notificaciones  a que se refiere  el apartado  anterior.  En todo 
caso,  cuando  el Registro  de operadores  constate  que las notificaciones  no reúnen  las 
condiciones  y requisitos  establecidos  dictará  resolución  motivada  en un plazo  máximo  de 
quince días hábiles desde su presentación, no teniendo por realizadas aquéllas.
4. Los datos de las notificaciones contempladas en el apartado 2 que deban ser 
incluidos en la base de datos de la Unión Europea mencionada en el artículo 12 del 
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas deberán ser puestos a disposición 
del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). 
La remisión de la citada información se realizará en los términos y plazos que se 
acuerden por el ORECE.
5. Cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones 
electrónicas a través de una red de área local radioeléctrica (RLAN) no forme parte de 
una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un 
servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, 
las Administraciones públicas o usuarios finales que suministren el acceso no deberán 
efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 ni deberán inscribirse en el Registro 
de operadores.
6. Los interesados en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones 
electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponible al público 
deberán comunicarlo previamente al Registro de operadores, a efectos puramente 
estadísticos y censales.
7. Las Administraciones públicas comunicarán al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital toda instalación o explotación de redes de comunicaciones 
electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si 
dicha instalación o explotación se realiza de manera directa, a través de cualquier 
entidad o sociedad dependiente de ella o a través de cualquier entidad o sociedad a la 
que se le haya otorgado una concesión o habilitación al efecto.
El régimen de autoprestación en la instalación o explotación de dicha red puede ser 
total o parcial, y por tanto dicha comunicación deberá efectuarse aun cuando la 
capacidad excedentaria de la citada red pueda utilizarse para su explotación por terceros 
o para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
En el caso de que se utilice o esté previsto utilizar, directamente por la 
Administración Pública o por terceros, la capacidad excedentaria de estas redes de 
comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital verificará el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 13. A tal efecto, la Administración Pública deberá proporcionar al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital toda la información que le sea requerida a 
efecto de verificar dicho cumplimiento.
Mediante real decreto podrán especificarse aquellos supuestos en que, en atención a 
las características, la dimensión de la instalación o la naturaleza de los servicios a 
prestar, no resulte necesario que las Administraciones públicas efectúen la comunicación 
a que se refiere este apartado sobre la instalación de redes de comunicaciones 
electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público.
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8. También deberá comunicarse al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital la instalación o explotación de los puntos de intercambio de 
internet (IXP) ubicados en territorio español, a efecto de poder conocer y analizar la 
capacidad global de gestión y transmisión de todo el tráfico de comunicaciones 
electrónicas con origen, tránsito o destino en España.
9. Asimismo,  deberá  comunicarse  al Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital  la instalación  o explotación  de cables  submarinos  cuyo 
enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca 
en territorio  español.
10.  Mediante real decreto, que se aprobará en un plazo máximo de tres meses tras 
la publicación de la presente ley, se determinarán los datos que deberán aportarse y los 
plazos en los que efectuar las comunicaciones al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital referidas en los apartados anteriores.
Artículo 7.  Registro de operadores.
1. Se crea, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, el Registro de operadores. Dicho Registro será de carácter público y su 
regulación se hará por real decreto. Se garantizará que el acceso a dicho Registro pueda 
efectuarse por medios electrónicos.
2. En el Registro deberán inscribirse los datos que se determinen mediante real 
decreto relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan notificado, en los términos 
indicados en el apartado 2 del artículo 6, su intención de suministrar redes públicas o 
prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, las condiciones 
para desarrollar la actividad y sus modificaciones. Una vez realizada la notificación, el 
interesado adquirirá la condición de operador y podrá comenzar la prestación del servicio 
o el suministro de la red, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3.
3. A  petición  del operador  inscrito,  el Registro  de operadores  emitirá,  en el plazo  de 
una semana  desde  la presentación  de dicha  petición,  una declaración  normalizada  que 
confirme  que ha presentado  la notificación  la persona  interesada  en el suministro  de una 
determinada red pública o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones 
electrónicas disponible al público. Dicha declaración detallará las circunstancias en que los 
operadores  tienen  derecho  a solicitar  derechos  de suministro  de redes  y recursos, 
negociar  la interconexión  y obtener  el acceso  o la interconexión  para así facilitar  el 
ejercicio de estos derechos.
4. Quienes  resultasen  seleccionados  para la prestación  de servicios  de 
comunicaciones  electrónicas  armonizados  en procedimientos  de licitación  convocados  por 
las instituciones de la Unión Europea serán inscritos de oficio en el Registro de operadores.
5. No será preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos 
de carácter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicación de dichos 
datos que se derive de su publicidad.
Artículo 8.  Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas.
1. El suministro de redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas se sujetarán a las condiciones previstas en esta ley y su normativa de 
desarrollo, entre las cuales se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los 
usuarios finales.
2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de 
ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de los recursos de 
numeración necesarios para la instalación y explotación de redes y para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas deberá realizarse conforme a lo dispuesto en 
esta ley y en lo no contemplado en la misma por su normativa específica.
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Artículo 9.  Obligaciones de suministro de información.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia podrán, en el ámbito de su actuación, 
requerir a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas, recursos asociados, servicios asociados e infraestructuras 
digitales, incluyendo los puntos de intercambio de internet (IXP) y centros de proceso de 
datos (CPD), en especial en éstos últimos, los que estén directamente vinculados al 
suministro de redes o a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así 
como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y 
sectores estrechamente relacionados, incluyendo los proveedores de contenidos y de 
servicios digitales, la información necesaria, incluso financiera, para el cumplimiento de 
alguna de las siguientes finalidades:
a) satisfacer necesidades estadísticas o de análisis y para la elaboración de 
estudios e informes de seguimiento sectoriales;
b) comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de 
servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, en particular, cuando 
la explotación de las redes conlleve emisiones radioeléctricas;
c) comprobar que la prestación de servicios o el suministro de redes de 
comunicaciones electrónicas por parte de operadores controlados directa o 
indirectamente por Administraciones públicas cumplen las condiciones establecidas por 
esta ley y sus normas de desarrollo;
d) evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio público 
radioeléctrico y de la numeración;
e) comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números y el cumplimiento de 
las obligaciones  que resulten  de los derechos  de uso del dominio  público  radioeléctrico,  de 
la numeración o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada;
f) elaborar análisis que permitan la definición de los mercados de referencia, el 
establecimiento de condiciones específicas a los operadores con peso significativo de 
mercado en aquéllos y conocer el modo en que la futura evolución de las redes o los 
servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a 
disposición de sus competidores. Asimismo, podrá exigirse a las empresas con un peso 
significativo en los mercados mayoristas que presenten datos sobre los mercados 
descendentes o minoristas asociados con dichos mercados mayoristas, incluyendo datos 
contables, así como sobre otros mercados estrechamente relacionados;
g) comprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas en el 
marco de la regulación ex ante  y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para 
resolver conflictos entre operadores;
h) comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y obligaciones 
de carácter público, así como determinar los operadores encargados de prestar el 
servicio universal;
i) comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para 
garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que éstos 
se beneficien de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la 
mayoría de los usuarios finales;
j) la puesta a disposición de los ciudadanos de información o aplicaciones 
interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de 
los servicios, en interés de los usuarios;
k) la adopción de medidas destinadas a facilitar la coubicación o el uso compartido 
de elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados;
l) evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas;
m)  planificar de manera eficiente el uso de fondos públicos destinados, en su caso, 
al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;
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n) evaluar la futura evolución de la red o del servicio que pueda tener repercusiones 
sobre los servicios al por mayor puestos a disposición de la competencia, sobre la 
cobertura territorial, la conectividad a disposición de los usuarios finales o en la 
determinación de zonas para el uso de fondos públicos destinados al despliegue de 
infraestructuras de telecomunicaciones;
ñ) efectuar estudios geográficos;
o) cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jurídico, 
incluyendo la información que pueda resultar necesaria para responder a solicitudes 
motivadas de información del ORECE y de la Comisión Europea;
p) comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en esta ley y 
su normativa de desarrollo, así como en la normativa comunitaria.
La información a la que se refiere este apartado, excepto aquella a la que se refieren las 
letras d) y m), no podrá exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrará en el plazo 
y forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso.
2. Las Administraciones públicas podrán solicitar la información que sea necesaria 
en el ejercicio de sus competencias.
Las Administraciones públicas, antes de solicitar información en materia de 
telecomunicaciones a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten 
servicios de comunicaciones electrónicas para el ejercicio de sus funciones, deberán 
recabar dicha información del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Únicamente en el 
caso de que estas autoridades no dispongan de la información solicitada o la misma no 
pueda ser proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto 
comercial o industrial, los órganos competentes de las Administraciones públicas podrán 
solicitar dicha información en materia de telecomunicaciones de las personas físicas o 
jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar 
información del punto de información único establecido de acuerdo al Real 
Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
4. Las solicitudes de información que se realicen de conformidad con los apartados 
anteriores habrán de ser motivadas, proporcionadas al fin perseguido y se indicarán los 
fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.
5. En todo caso, se garantizará la confidencialidad de la información suministrada 
que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de 
comunicaciones electrónicas o al secreto comercial o industrial.
Artículo 10.  Normas técnicas.
1. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  garantizará  la 
utilización  de las normas  o especificaciones  técnicas  cuya aplicación  declare  obligatoria  la 
Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital fomentará 
el uso de las normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la 
Comisión Europea elabore como base para fomentar la armonización del suministro de 
redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y 
recursos y servicios asociados, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la 
interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitación 
del cambio de proveedor y la conservación de la numeración, y para mejorar la libertad 
de elección de los usuarios.
En ausencia de normas o especificaciones técnicas identificadas por la Comisión 
Europea para fomentar la armonización, se promoverá la aplicación de las normas o 
especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización.
A su vez, en ausencia de dichas normas o especificaciones, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital promoverá la aplicación de las normas o 
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recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Mediante real decreto se podrán determinar las formas de elaboración y, en su caso, 
de adopción de las especificaciones técnicas aplicables a redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de 
requisitos en materia de despliegue de redes, obligaciones de servicio público, 
interoperabilidad, integridad y seguridad de redes y servicios.
Mediante real decreto se establecerá el procedimiento de comunicación de las 
citadas especificaciones a la Comisión Europea de conformidad con la normativa de la 
Unión Europea.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también fomentará y 
garantizará el uso de las normas o especificaciones técnicas en los términos señalados 
en el apartado anterior en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO II
Notificaciones
Artículo 11.  Derechos derivados de la notificación.
1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 habilita a ejercer los derechos 
establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.
2. En particular, la notificación habilita a la siguiente lista mínima de derechos:
a) suministrar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas;
b) poder obtener derechos de uso y ocupación de propiedad privada y de dominio 
público en los términos indicados en el título III;
c) poder obtener derechos de uso de dominio público radioeléctrico en los términos 
indicados en el título V;
d) poder obtener derechos de uso de los recursos de numeración, en los términos 
indicados en el capítulo VII;
e) negociar la interconexión y, en su caso, obtener el acceso o la interconexión a 
partir de otros proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público habilitados;
f) tener oportunidad de ser designados para suministrar diferentes elementos de 
servicio universal de telecomunicaciones o cubrir diferentes partes del territorio nacional;
g) poder resultar seleccionados para el suministro de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas en procedimientos de licitación convocados por 
las Administraciones públicas.
Artículo 12.  Obligaciones derivadas de la notificación.
1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 obliga a cumplir con las cargas y 
obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
2. Las obligaciones específicas que se impongan en materia de acceso e 
interconexión en virtud de lo dispuesto en el título II y las que se impongan en la 
prestación del servicio universal de telecomunicaciones a tenor de lo establecido en el 
título III son jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones que se derivan 
de la notificación a que se refiere el artículo 6.2.
3. Los operadores que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan derechos 
especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otro sector económico y que 
exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
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al público deberán llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de 
comunicaciones electrónicas, o establecer una separación estructural efectiva para las 
actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto podrá establecerse la exención de 
esta obligación para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por 
actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea 
inferior a 50 millones de euros en la Unión Europea.
Artículo 13.  Suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas en régimen de prestación a terceros por las Administraciones públicas.
1. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o 
indirectamente por Administraciones públicas se regirá de manera específica por lo 
dispuesto en el presente artículo. En su actuación, las Administraciones públicas 
deberán velar por el cumplimiento de los principios generales contemplados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo en 
particular los principios de eficacia, de economía, suficiencia y adecuación estricta de los 
medios a los fines institucionales, y de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos.
2. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o 
indirectamente por Administraciones públicas se realizará dando cumplimiento al 
principio de inversor privado, con la debida separación de cuentas, con arreglo a los 
principios de neutralidad, transparencia, no distorsión de la competencia y no 
discriminación, y cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, se determinarán las condiciones en que los operadores controlados 
directa o indirectamente por Administraciones públicas deberán llevar a cabo la 
instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público y, en especial, los criterios, 
condiciones y requisitos para que dichos operadores actúen con sujeción al principio de 
inversor privado en una economía de mercado. En particular, en dicho real decreto se 
establecerán los supuestos en los que, como excepción a la exigencia de actuación con 
sujeción al principio de inversor privado en una economía de mercado, los operadores 
controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas podrán instalar, 
desplegar y explotar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del 
mercado y no exista interés de concurrencia en el despliegue del sector privado por 
ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión pública al principio 
de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y social.
En las iniciativas llevadas a cabo por los órganos competentes de las 
Administraciones públicas y entidades dependientes de ellas para la difusión a los 
ciudadanos del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del 
servicio de televisión digital terrestre, se considera que se produce una situación de fallo 
de mercado. Por ello, estas iniciativas no deben sujetarse al principio de inversor privado 
ni deben comunicarse al Registro de operadores, salvo que la red de comunicaciones 
electrónicas que sirva de soporte para efectuar la difusión del servicio de televisión digital 
en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre se ponga a 
disposición de terceros, a título oneroso o gratuito, o que a través de la misma se presten 
otros servicios disponibles al público distintos del mencionado servicio de televisión 
digital, en cuyo caso se deberá cumplir lo establecido en este artículo.
3. Una Administración Pública podrá instalar, desplegar y explotar redes públicas 
de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones disponibles al 
público directamente o a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto 
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social o finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas.
La instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas y la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los 
órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se 
realizará en las condiciones establecidas en el artículo 54.
4. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o 
indirectamente por Administraciones públicas deberán llevarse a cabo en las condiciones 
establecidas en el artículo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones:
a) los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en 
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las 
infraestructuras y recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o 
indirectamente por Administraciones públicas para la instalación y explotación de redes 
de comunicaciones electrónicas;
b) los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de 
las infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados 
instaladas por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones 
públicas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no 
discriminatorias;
c) si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público 
ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de 
operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una 
separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la 
regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente.
5. Se permite a las Administraciones públicas el suministro al público de acceso a 
RLAN, sin ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 3:
a) cuando dicho suministro es accesorio respecto de los servicios públicos 
suministrados en los locales ocupados por las Administraciones públicas o en espacios 
públicos cercanos a estos locales, que se determinen reglamentariamente.
b) cuando se desarrollen iniciativas que agregan y permiten el acceso recíproco o 
de otra forma a sus RLAN por parte de diferentes usuarios finales.
c) cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones 
electrónicas a través de una RLAN no forme parte de una actividad económica o sea 
accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del 
transporte de señales por esas redes, las Administraciones públicas que suministren el 
acceso no deberán efectuar la notificación a que se refiere el artículo 6.2 ni deberán 
inscribirse en el Registro de operadores.
6. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público por parte de Administraciones 
públicas que se lleve a cabo en el marco de programas de ayudas otorgadas 
directamente por la Comisión Europea y sus Servicios o entidades se regirá en exclusiva 
por el instrumento que regule el otorgamiento de las ayudas y el resto de normativa 
europea, no siendo necesaria la inscripción de la Administración Pública en el Registro 
de operadores.
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CAPÍTULO III
Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión
Artículo 14.  Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados 
y a su interconexión.
1. Este capítulo y su desarrollo reglamentario serán aplicables a la interconexión y 
a los accesos a redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos 
asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la 
definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II.
2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el 
derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones 
electrónicas, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, con el objeto de 
garantizar así la prestación de servicios y su interoperabilidad.
Las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a 
una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho 
suministro no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra 
actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por 
esas redes, no estarán sujetos a la obligación de interconectar su red RLAN.
3. No existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí 
acuerdos de acceso e interconexión.
4. La persona física o jurídica habilitada para suministrar redes o prestar servicios 
en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite acceso o interconexión en 
España no necesitará llevar a cabo la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 
cuando no suministre redes ni preste servicios de comunicaciones electrónicas en el 
territorio nacional.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia fomentarán y, cuando sea pertinente, 
garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de 
desarrollo, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los 
servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, 
la competencia sostenible, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovación e 
inversión eficientes y el máximo beneficio para los usuarios finales.
6. En particular, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá imponer:
a) en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a los 
operadores que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean 
interoperables;
b) en casos justificados, cuando la conectividad de extremo a extremo entre 
usuarios finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios 
de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar 
la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, obligaciones a los 
proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la 
numeración para que sus servicios sean interoperables. Estas obligaciones únicamente 
podrán imponerse cuando se den las dos circunstancias siguientes:
1.º  en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de 
comunicaciones interpersonales, y podrán incluir, para los proveedores de dichos 
servicios, obligaciones proporcionadas de publicar y autorizar la utilización, modificación 
y redistribución de información pertinente por parte de las autoridades y de otros 
proveedores, o la obligación de utilizar o aplicar normas de armonización o cualesquiera 
otras normas europeas o internacionales pertinentes;
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2.º  cuando la Comisión Europea, previa consulta al ORECE y teniendo 
especialmente en cuenta su dictamen, haya encontrado una amenaza considerable para 
la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales y haya adoptado 
medidas de ejecución para especificar la naturaleza y el alcance de cualesquiera 
obligaciones que puedan imponerse.
7. A  su vez, y sin perjuicio  de las medidas  que puedan  adoptarse  en relación  con las 
empresas  que tengan  un peso  significativo  en el mercado  de acuerdo  con lo previsto  en el 
artículo 18, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer:
a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de 
extremo a extremo, obligaciones a operadores que controlen el acceso a los usuarios 
finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando 
no lo hayan hecho;
b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios 
finales a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico y los 
servicios complementarios conexos, obligaciones a los operadores para que faciliten 
acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de 
programación (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
8. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este 
capítulo serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.
9. Los operadores que obtengan información de otros, con anterioridad, durante o 
con posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión, 
destinarán dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y 
respetarán en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o 
almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la 
propia empresa, filiales o asociados.
CAPÍTULO IV
Regulación ex ante de los mercados
Artículo 15.  Definición de mercados de referencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la 
Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes de productos y 
servicios, las Directrices de la Comisión Europea para el análisis del mercado y 
evaluación del peso significativo en el mercado y los dictámenes y posiciones comunes 
pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE), definirá, previo informe de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y mediante resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», los mercados de referencia relativos a redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados 
de referencia, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden 
justificar la imposición de obligaciones específicas. A tal efecto, tendrá en cuenta los 
resultados del estudio geográfico a que se refiere el artículo 48.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá presentar junto con 
la autoridad  nacional  de reglamentación  de otro u otros  Estados  miembros  una solicitud 
motivada  al ORECE,  a fin de que este organismo  efectúe  un análisis  relativo  a la posible 
existencia  de un mercado  transnacional,  para su posterior  valoración  por la Comisión 
Europea.  En el caso de mercados  transnacionales  determinados  por la Comisión  Europea, 
las autoridades  nacionales  de reglamentación  afectadas  efectuarán  un análisis  conjunto  de 
mercado  y se pronunciarán  concertadamente  sobre  la imposición,  el mantenimiento,  la 
modificación o la supresión de las obligaciones específicas.
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3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con la autoridad 
nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros, también podrán notificar 
conjuntamente sus proyectos de medidas en relación con el análisis del mercado y 
cualesquiera obligaciones reglamentarias en ausencia de mercados transnacionales, 
cuando consideren que las condiciones de mercado en sus respectivas jurisdicciones 
son suficientemente homogéneas.
4. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 
aplicación de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá supervisar el 
funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como la 
actividad de los operadores ya tengan o no peso significativo en el mercado, para 
preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva en los mismos.
Artículo 16.  Análisis de los mercados de referencia.
1. Teniendo en cuenta las referencias citadas en el artículo 15, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo un análisis de los citados 
mercados:
a) En  un plazo  máximo  de cinco  años  contado  desde  la adopción  de una medida 
anterior  cuando  la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  haya  definido  el 
mercado  pertinente  y determinado  qué operadores  tienen  un peso  significativo  en el 
mercado.
Con carácter excepcional dicho plazo podrá ampliarse hasta un año adicional previa 
notificación a la Comisión Europea cuatro meses antes de que expire el plazo inicial de 
cinco años y sin que ésta haya manifestado objeción alguna en un mes desde la fecha 
de tal notificación.
En caso de mercados dinámicos, deberá realizarse un análisis del mercado cada tres 
años. Los mercados deben ser considerados como dinámicos si la evolución tecnológica 
y las pautas de demanda de los usuarios finales pueden evolucionar de manera tal que 
las conclusiones del análisis quedarían superadas a medio plazo en un grupo 
significativo de zonas geográficas o de usuarios finales dentro del mercado geográfico y 
de producto que defina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) En el plazo máximo de tres años desde la adopción de una recomendación 
revisada sobre mercados pertinentes, para los mercados no notificados previamente a la 
Comisión Europea.
2. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que no 
puede concluir o no hubiera concluido su análisis de un mercado relevante que figura en 
la Recomendación de mercados relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE 
le prestará asistencia, a petición de la propia Comisión, para la conclusión del análisis 
del mercado concreto y la determinación de las obligaciones específicas que deban 
imponerse. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta 
colaboración, notificará el proyecto de medida a la Comisión Europea en un plazo de 
seis meses.
3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá solicitar a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia para que realice el análisis de un mercado determinado 
de comunicaciones electrónicas cuando concurran razones de interés general, las 
condiciones competitivas de dicho mercado se hayan modificado sustancialmente o bien 
se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales 
o plurianuales de actuación que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y 
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prioridades a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.16 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá 
identificar los mercados relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias 
para la adecuada realización de dicho análisis dentro de los plazos previstos en este 
artículo.
5. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el 
artículo 39.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, deberá dar cuenta del resultado de los análisis de los 
mercados y el cumplimiento de los plazos establecidos en este artículo.
Artículo 17.  Procedimiento para la imposición de obligaciones específicas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinará si en un mercado 
considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas apropiadas.
Puede considerarse que en un mercado considerado se justifica la imposición de las 
obligaciones específicas si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo 
estructural, jurídico o reglamentario;
b) la existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una 
competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el 
grado de competencia basada en la infraestructura y de otras fuentes de competencia 
detrás de las barreras de entrada;
c) el hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte 
insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realice un 
análisis de un mercado incluido en la Recomendación de la Comisión Europea sobre 
mercados relevantes de productos y servicios, considerará que concurren los criterios 
establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior, a menos que, a la vista de las 
circunstancias nacionales específicas, determine que uno o varios de dichos criterios no 
se cumplen.
3. A la hora de analizar si se justifica la imposición de las obligaciones específicas 
en un mercado considerado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
considerará la evolución desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación 
impuesta en dicho mercado pertinente, teniendo en cuenta:
a) la evolución del mercado que afecte a la probabilidad de que el mercado 
pertinente tienda hacia la competencia efectiva;
b) todas las restricciones competitivas pertinentes, a nivel mayorista y minorista, 
con independencia de que las causas de dichas restricciones se consideren redes de 
comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas u otros tipos de 
servicios o aplicaciones que sean comparables desde la perspectiva del usuario final, y 
con independencia de que dichas restricciones formen parte del mercado pertinente;
c) otros tipos de reglamentación o medidas impuestas que afecten al mercado 
pertinente o al mercado o mercados minoristas conexos durante el período pertinente, y
d) la regulación impuesta a otros mercados pertinentes.
4. La  Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia,  una vez determinado  si 
en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, podrá, 
previo  informe  de la Secretaría  de Estado  de Economía  y Apoyo  a la Empresa  y de la 
Secretaría  de Estado  de Telecomunicaciones  e Infraestructuras  Digitales,  imponer 
obligaciones  específicas  o mantener  o modificar  obligaciones  específicas  que tuvieran 
impuestas.
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En los mercados en los que se llegue a la conclusión de que no se justifica la 
imposición de las obligaciones específicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia no impondrá o mantendrá obligaciones específicas y suprimirá las 
obligaciones específicas impuestas.
5. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determine que 
en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, 
determinará, identificará y hará públicos, previo informe de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, el operador u operadores que, individual o conjuntamente, 
poseen un peso significativo en cada mercado considerado.
Cuando un operador tenga un peso significativo en un mercado determinado, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá considerar que tiene 
también un peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con aquel si los 
vínculos entre los dos mercados son tales que, gracias al efecto de apalancamiento, 
resulta posible ejercer en el mercado estrechamente relacionado el peso que se tiene en 
el mercado determinado, reforzando así el peso del operador en el mercado. En este 
supuesto, podrán imponerse obligaciones específicas adecuadas en el mercado 
estrechamente relacionado, en virtud del artículo 18.
Artículo 18.  Obligaciones específicas aplicables a los operadores con peso significativo 
en mercados de referencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las 
condiciones que se determinen en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 8 de este 
artículo, podrá imponer a los operadores que hayan sido declarados con peso 
significativo en el mercado obligaciones específicas en materia de:
a) transparencia,  en relación  con la interconexión  y el acceso,  conforme  a las cuales 
los operadores  deberán  hacer  público  determinado  tipo de información,  como  la relativa  a 
la contabilidad, los precios, las especificaciones técnicas, las características de las redes y 
su evolución  probable,  las condiciones  de suministro  y utilización,  incluidas  todas  las 
condiciones  que modifiquen  el acceso  o la utilización  de los servicios  y aplicaciones,  en 
especial en relación con la migración desde una infraestructura heredada.
En particular,  cuando  de conformidad  con la letra b) de este apartado  se impongan  a 
un operador  obligaciones  de no discriminación,  se le podrá  exigir  que publique  una oferta 
de referencia,  que deberá  estar  suficientemente  desglosada  para garantizar  que no se 
exija a los operadores  pagar  por recursos  que sean  innecesarios  para el servicio 
requerido. Dicha oferta contendrá las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de 
acuerdo  con las necesidades  del mercado,  así como  las condiciones  correspondientes, 
incluidos  los precios.  La Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  podrá 
determinar  la información  concreta  a incluir  e imponer  cambios  en las ofertas  de 
referencia, para hacer efectivas las obligaciones a que se refiere este capítulo.
Asimismo, se garantizará que los operadores a los que de conformidad con las letras 
d) y e) se impongan obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la 
infraestructura de la red dispongan y publiquen una oferta de referencia, debiendo 
especificar unos indicadores de rendimiento clave, en su caso, así como los niveles de 
servicio correspondientes;
b) no discriminación en relación con la interconexión y el acceso, que garantizarán, 
en particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias 
semejantes a otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a 
terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus 
propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer al operador 
con peso significativo en el mercado obligaciones de suministrar productos y servicios de 
acceso a todos los operadores, incluido él mismo, en los mismos plazos, términos y 
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condiciones, incluso en lo relacionado con niveles de precios y servicios, y a través de 
los mismos sistemas y procesos, con el fin de garantizar la equivalencia de acceso;
c) separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se 
especifiquen.
En particular, se podrá exigir a un operador integrado verticalmente que ponga de 
manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y los precios de 
transferencia internos que practica, para garantizar el cumplimiento de una obligación de 
no discriminación o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas de 
carácter desleal;
d) acceso a la obra civil, al efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso 
y de uso de obra civil, incluidos, entre otros, edificios o accesos a edificios, cableado, 
antenas, torres y otras estructuras de soporte, postes, mástiles, conductos, tuberías, 
cámaras de inspección, bocas de inspección y armarios, en situaciones en las que se 
llegue a la conclusión de que la denegación de acceso o el acceso otorgado en virtud de 
términos y condiciones no razonables obstaculizarían el desarrollo de un mercado 
competitivo sostenible y no responderían al interés del usuario final.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones 
a un operador para que facilite acceso a la obra civil, con independencia de si los bienes 
afectados por la obligación forman parte del mercado pertinente de acuerdo con el 
análisis del mercado, a condición de que la obligación sea necesaria y proporcionada;
e) acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y recursos asociados 
y a su utilización, a efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso a estos 
elementos y recursos, así como las relativas a su utilización, en aquellas situaciones en 
las que se considere que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de 
efecto análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo 
sostenible a escala minorista y que no benefician a los usuarios finales;
f) control de precios, tales como la fijación de precios, la orientación de los precios 
en función de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto 
de garantizar la formación de precios competitivos y evitar precios excesivos y márgenes 
no competitivos en detrimento de los usuarios finales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará para que estos 
mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia 
efectiva, los beneficios de los usuarios en términos de precios y calidad de los servicios y 
los intereses a largo plazo de los usuarios finales en relación con el despliegue y la 
adopción de redes de próxima generación, y en particular de redes de muy alta 
capacidad. Para favorecer la inversión por parte del operador, en particular en redes de 
próxima generación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en 
cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relación 
con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos específicos 
de un nuevo proyecto de inversión concreto.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la 
conveniencia de imponer las obligaciones específicas de acceso previstas en la letra e) 
del apartado 1 de este artículo, podrá exigir al operador con peso significativo en el 
mercado que:
a) permita a terceros el acceso a elementos físicos específicos de la red y de los 
recursos asociados, según proceda, incluido el acceso desagregado al bucle y a los 
subbucles locales, y autorizar la utilización de los mismos;
b) conceda a terceros un acceso a elementos y servicios de redes específicos 
activos o virtuales;
c) negocie de buena fe con los operadores que soliciten el acceso;
d) no revoque una autorización de acceso a recursos previamente concedida;
e) preste servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa 
por terceros;
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f) conceda libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave 
que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de 
redes virtuales;
g) facilite la coubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos 
asociados;
h) preste servicios específicos necesarios para garantizar la interoperabilidad de 
servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes móviles;
i) proporcione acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos 
similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la 
prestación de servicios;
j) interconecte redes o los recursos de estas;
k) proporcione acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad, 
localización y presencia.
3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la 
conveniencia de imponer cualesquiera de las posibles obligaciones específicas previstas 
en el apartado 2, y en particular al evaluar, de conformidad con el principio de 
proporcionalidad, si dichas obligaciones deberían imponerse y de qué manera, analizará 
si otras formas de acceso a los insumos al por mayor, bien en el mismo mercado o en un 
mercado mayorista relacionado, serían suficientes para resolver el problema identificado 
a nivel minorista en la búsqueda de los intereses de los usuarios finales. Dicho análisis 
incluirá ofertas de acceso comercial, un acceso regulado nuevo o un acceso regulado 
existente o previsto a otros insumos al por mayor. En particular, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia habrá de considerar los siguientes elementos:
a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan 
entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y 
el tipo de interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos 
de acceso previo, como el acceso a conductos;
b) la evolución tecnológica previsible que afecte al diseño y a la gestión de la red;
c) la necesidad de garantizar una neutralidad tecnológica que permita a las partes 
diseñar y gestionar sus propias redes;
d) la viabilidad de proporcionar el acceso, en relación con la capacidad disponible;
e) la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones 
públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, con especial atención a 
las inversiones en redes de muy alta capacidad y a los niveles de riesgo asociados a las 
mismas;
f) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial 
atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras y a 
unos modelos de negocio innovadores que apoyan la competencia sostenible, como los 
basados en inversiones conjuntas en redes;
g) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual;
h) el suministro de servicios paneuropeos.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie, de 
conformidad con el artículo 17, la imposición de obligaciones previstas en las letras d) o 
e) del apartado 1 de este artículo, examinará si solo la imposición de obligaciones de 
acceso a las infraestructuras civiles sería un medio proporcionado para fomentar la 
competencia y los intereses del usuario final.
4. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de 
notificación previsto en la disposición adicional novena, podrá imponer obligaciones 
específicas relativas al acceso o a la interconexión distintas a las enumeradas en el 
apartado 1.
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A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una 
solicitud a la Comisión Europea, que adoptará decisiones por las que se autorice o 
impida tomar tales medidas.
5. En la determinación e imposición, mantenimiento o modificación de las 
obligaciones específicas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia optará 
por la forma menos intervencionista posible de resolver los problemas observados en el 
análisis del mercado, conforme al principio de proporcionalidad. En particular, tomará en 
cuenta los compromisos relativos a las condiciones de acceso o coinversión que hayan 
sido ofrecidos por los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el 
mercado y a los que se les haya otorgado carácter vinculante en los términos indicados 
en los artículos 19 y 20.
Las obligaciones específicas a imponer se basarán en la naturaleza del problema 
identificado, serán proporcionadas y estarán justificadas en el cumplimiento de los 
objetivos del artículo 3. Dichas obligaciones se mantendrán en vigor durante el tiempo 
estrictamente imprescindible.
6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la imposición, 
mantenimiento, modificación o supresión de las obligaciones específicas tendrá en 
consideración el impacto de la nueva evolución del mercado que influya en la dinámica 
competitiva, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otros, los acuerdos comerciales 
alcanzados entre operadores, incluidos los acuerdos de coinversión.
Si esa evolución no es suficientemente importante para necesitar un nuevo análisis 
del mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia valorará sin 
demora si es necesario revisar las obligaciones impuestas a los operadores que hayan 
sido declarados con peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisión 
previa, incluidas la supresión de obligaciones o la imposición de nuevas, previa 
realización de la notificación prevista en la disposición adicional novena.
7. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia imponga 
obligaciones específicas a un operador de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas para que facilite acceso podrá establecer determinadas condiciones 
técnicas u operativas al citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre 
que ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se 
establezca mediante real decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o 
especificaciones técnicas concretas estarán de acuerdo con las normas a que se refiere 
el artículo 10.
8. Mediante real decreto, el Gobierno identificará las obligaciones específicas que 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer en los mercados 
de referencia considerados en este artículo y determinará las condiciones para su 
imposición, modificación o supresión.
Artículo 19.  Compromisos de acceso o coinversión ofrecidos por el operador.
1. Los operadores que hayan sido calificados con peso significativo en el mercado 
podrán ofrecer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia compromisos 
relativos a las condiciones de acceso o de coinversión, o a ambas, que se aplicarán a 
sus redes en relación, entre otros asuntos, con:
a) los acuerdos de cooperación que sean pertinentes a efectos de la evaluación de 
la adecuación y proporcionalidad de las obligaciones específicas;
b) la coinversión en redes de muy alta capacidad en virtud del artículo siguiente, o
c) el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros en virtud del artículo 26, tanto 
durante el período de ejecución de una separación voluntaria por parte de un operador 
integrado verticalmente como después de llevarse a cabo la separación propuesta.
La oferta de compromisos debe ser lo suficientemente detallada, en relación con el 
calendario y al alcance de la ejecución de los compromisos y a su duración, como para 
permitir su evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
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Competencia. Tales compromisos podrán extenderse más allá de los plazos para la 
realización de los análisis del mercado previstos en el artículo 16.
2. A fin de evaluar los compromisos ofrecidos, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia debe llevar a cabo, salvo cuando esos compromisos 
incumplan claramente uno de las condiciones o criterios pertinentes, una prueba de 
mercado, en particular, de las condiciones ofrecidas mediante la realización de una 
consulta pública a las partes interesadas, en particular los terceros directamente 
afectados. Los coinversores potenciales o los solicitantes de acceso podrán manifestar 
sus impresiones sobre si los compromisos propuestos cumplen o no las condiciones 
fijadas, y podrán proponer cambios a la oferta.
En la valoración de los compromisos, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, tendrá especialmente en cuenta:
a) las características que acrediten el carácter justo y razonable de los 
compromisos ofrecidos;
b) su apertura a todos los participantes del mercado;
c) la disponibilidad oportuna del acceso en condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias, incluido el acceso a redes de muy alta capacidad, antes de que se 
pongan a la venta los servicios minoristas relacionados, y
d) la  idoneidad  general  de los compromisos  ofrecidos  para permitir  una competencia 
prolongada  en los mercados  descendentes  y facilitar  la cooperación  en el despliegue  y la 
adopción de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales.
Teniendo en cuenta todas las opiniones manifestadas en la consulta, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia comunicará al operador que haya sido 
declarado con peso significativo en el mercado sus conclusiones preliminares sobre si 
los compromisos ofrecidos cumplen o no los objetivos, criterios y procedimientos 
previstos en el presente artículo y las condiciones en las que podría otorgar carácter 
vinculante a los citados compromisos. El operador podrá revisar su oferta inicial para 
tener en cuenta las conclusiones preliminares de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia y para cumplir los criterios establecidos.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar una 
decisión por la que otorgue carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en 
parte, por un período de tiempo específico, que podrá coincidir con la totalidad del 
período para el que se ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente para 
la coinversión en redes de muy alta capacidad, teniendo en cuenta que en este último 
caso de coinversión dicho carácter vinculante tendrá una duración mínima de siete años.
El otorgamiento de carácter vinculante a los servicios se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación del procedimiento de análisis del mercado previsto en el artículo 16 y la 
imposición de obligaciones con arreglo a los artículos 17 y 18. En particular, cuando la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia otorgue carácter vinculante a los 
compromisos, evaluará las consecuencias de tal decisión en el desarrollo del mercado y 
la idoneidad de las obligaciones que haya impuesto o, en ausencia de tales 
compromisos, hubiera pretendido imponer con arreglo a los anteriores artículos.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará, supervisará 
y velará por la ejecución de los compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante 
de la misma manera en que controle, supervise y vele por la ejecución de las 
obligaciones específicas y sopesará la prórroga una vez haya expirado el período de 
tiempo para el cual se les otorgó carácter vinculante.
En caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya 
que el operador no ha cumplido los compromisos convertidos en vinculantes, podrá 
imponer las sanciones oportunas. La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá asimismo reevaluar en estos casos las obligaciones impuestas al 
operador con peso significativo en el mercado, de conformidad con el artículo 18.
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5. Las obligaciones relacionadas con los compromisos relativos a las condiciones 
de acceso y los acuerdos de coinversión se entenderán sin perjuicio de la aplicación a 
los mismos de la normativa en materia de competencia.
Artículo 20.  Compromisos de coinversión en redes de muy alta capacidad.
1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado 
en uno o varios mercados pertinentes podrán ofrecer compromisos con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo anterior para abrir a la coinversión el despliegue de 
una nueva red de muy alta capacidad que consista en elementos de fibra óptica hasta 
los locales del usuario final o la estación base. Estos compromisos de coinversión 
pueden consistir, entre otros, en ofertas de propiedad conjunta, distribución de riesgos a 
largo plazo mediante cofinanciación o acuerdos de compra que generen derechos 
específicos de carácter estructural en favor de otros operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúe esos 
compromisos, deberá determinar en particular si la oferta de coinversión cumple todas 
las condiciones siguientes:
a) se encuentra abierta a cualquier operador de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas en cualquier momento de la vida útil de la red;
b) permite a otros coinversores que sean operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas competir de forma efectiva y prolongada en los mercados 
descendentes en los que ejerce su actividad el operador con peso significativo en el 
mercado, en condiciones que incluyan:
1.º  condiciones justas, razonables y no discriminatorias que permitan acceder a la 
plena capacidad de la red en la medida en que sea objeto de coinversión;
2.º  flexibilidad en términos del valor y del tiempo de la participación de cada 
coinversor;
3.º la posibilidad de aumentar dicha participación en el futuro, y
4.º  derechos recíprocos conferidos por los coinversores tras el despliegue de la 
infraestructura objeto de coinversión;
c) el operador la hace pública al menos seis meses antes del inicio del despliegue 
de la nueva red, salvo que se trate de un operador exclusivamente mayorista en los 
términos indicados en el artículo 21;
d) los  operadores  solicitantes  de acceso  que no participen  en la coinversión  pueden 
beneficiarse desde el principio de la misma calidad y velocidad, de las mismas condiciones 
y de la misma  penetración  entre  los usuarios  finales  disponible  antes  del despliegue, 
acompañados  de un mecanismo  de adaptación  confirmado  por la Comisión  Nacional  de 
los Mercados  y la Competencia  a las novedades  que se produzcan  en los mercados 
minoristas relacionados y que mantenga los incentivos para participar en la coinversión. El 
citado  mecanismo  velará  por que los solicitantes  de acceso  puedan  acceder  a los 
elementos de muy alta capacidad de la red en un momento y sobre la base de condiciones 
transparentes  y no discriminatorias  que reflejen  adecuadamente  los niveles  de riesgo 
asumidos  por los correspondientes  coinversores  en las distintas  etapas  del despliegue  y 
tengan en cuenta la situación de la competencia en los mercados minoristas;
e) satisface como mínimo los criterios que figuran en el anexo IV del Código 
Europeo de Comunicaciones electrónicas y se hace de buena fe.
3. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta 
los resultados de la prueba de mercado llevada a cabo con arreglo al artículo 19, 
concluye que el compromiso de coinversión propuesto reúne las condiciones del 
apartado 2, otorgará carácter vinculante a los compromisos y no impondrá obligaciones 
específicas adicionales en lo que respecta a los elementos de la nueva red de muy alta 
capacidad que sean objeto de tales compromisos si al menos uno de los potenciales 
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coinversores ha suscrito un acuerdo de coinversión con el operador con peso 
significativo en el mercado.
No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá, en 
circunstancias debidamente justificadas, imponer, mantener o adaptar obligaciones 
específicas en lo que respecta a las nuevas redes de muy alta capacidad con el fin de 
hacer frente a problemas de competencia importantes en mercados específicos cuando 
considere que, debido a las características específicas de tales mercados, no se podría 
hacer frente de otro modo a dichos problemas de competencia.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá supervisar 
continuamente el cumplimiento de los compromisos de coinversión y podrá exigir al 
operador con peso significativo en el mercado que le facilite cada año declaraciones 
de cumplimiento.
5. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de resolver los conflictos que se le 
planteen entre empresas en el marco de un acuerdo de coinversión.
Artículo 21.  Operadores exclusivamente mayoristas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando designe a un 
operador que está ausente de los mercados minoristas de servicios de comunicaciones 
electrónicas como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados al por 
mayor, examinará si dicho operador reúne las siguientes características:
a) todas las sociedades y unidades empresariales del operador, todas las 
sociedades controladas por el operador y cualquier accionista que ejerza un control 
sobre el operador, solamente tienen actividades, actuales y previstas para el futuro, en 
los mercados al por mayor de servicios de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, 
no tienen ninguna actividad en el mercado al por menor de servicios de comunicaciones 
electrónicas suministrados a los usuarios finales;
b) el operador no está obligado a negociar con un operador único e independiente 
que actúe en fases posteriores en un mercado al por menor de servicios de 
comunicaciones electrónicas prestados a usuarios finales, a causa de un acuerdo 
exclusivo o un acuerdo que de hecho equivalga a un acuerdo exclusivo.
2. A este tipo de operadores exclusivamente mayoristas, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia solo les podrá imponer alguna de las obligaciones 
específicas de no discriminación o de acceso a elementos o a recursos específicos de 
las redes y recursos asociados y a su utilización, establecidas en el artículo 18.1.b) y e) o 
en relación con la fijación de precios justos y razonables si así lo justifica un análisis del 
mercado que incluya una evaluación prospectiva del comportamiento probable del 
operador con peso significativo en el mercado.
3. La  Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  revisará  en cualquier 
momento  las obligaciones  impuestas  al operador  exclusivamente  mayorista  con arreglo  al 
presente  artículo  si llega a la conclusión  de que las condiciones  establecidas  en el 
apartado 1 han dejado de cumplirse y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas 
que corresponda.  Los operadores  exclusivamente  mayoristas  informarán  sin demora 
indebida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de 
circunstancias relacionado con el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también revisará las 
obligaciones impuestas al operador conforme al presente artículo si, sobre la base de 
pruebas de las condiciones ofrecidas por el operador a sus clientes finales, llega a la 
conclusión de que han surgido o es probable que surjan problemas de competencia en 
detrimento de los usuarios finales y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas 
que corresponda.
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Artículo 22.  Migración desde una infraestructura heredada.
1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios 
mercados pertinentes notificarán de antemano y de forma oportuna a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia cuando tengan previsto clausurar o sustituir 
por una infraestructura nueva partes de la red, incluida la infraestructura existente 
necesaria para suministrar una red de cobre, que estén sujetas a las obligaciones 
contempladas en los capítulos IV y V de este título.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por que el 
proceso de desmantelamiento y cierre o sustitución incluya un calendario y condiciones 
transparentes, incluido un plazo adecuado de notificación para la transición, y establezca 
la disponibilidad de productos alternativos de una calidad al menos comparable que 
faciliten el acceso a una infraestructura de red mejorada que sustituya a los elementos 
remplazados, si ello fuera necesario para preservar la competencia y los derechos de los 
usuarios finales.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá retirar las 
obligaciones específicas impuestas en relación con los bienes cuya clausura o 
sustitución se propone, tras haberse asegurado de que el operador de acceso:
a) ha establecido las condiciones adecuadas para la migración, incluida la puesta a 
disposición de un producto de acceso alternativo de una calidad al menos comparable tal 
como era posible utilizando la infraestructura heredada que permita al solicitante de 
acceso llegar a los mismos usuarios finales, y
b) ha cumplido las condiciones y procedimientos que fueron notificados a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
4. Este  artículo  se entenderá  sin perjuicio  de la disponibilidad  de productos  regulados 
impuesta  por la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  en la infraestructura 
de red mejorada,  de conformidad  con los procedimientos  establecidos  en el marco  de los 
procesos de análisis de mercados e imposición de obligaciones específicas.
Artículo 23.  Tarifas de terminación de llamadas de voz.
1. En el caso de que la Comisión Europea no establezca a escala europea tarifas 
máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas o en redes móviles, o en 
ambas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá realizar un 
análisis de mercado de los mercados de terminación de llamadas de voz para evaluar si 
es necesaria la imposición de obligaciones específicas, y, en su caso, podrá acordar su 
imposición. Si como resultado de tal análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia impone unas tarifas de terminación orientadas a los costes en un mercado 
respectivo, seguirá los principios, criterios y parámetros establecidos en el anexo III del 
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará 
estrechamente y velará por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación 
de llamadas de voz establecidas a escala europea. En cualquier momento, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a un operador de servicios de 
terminación de llamadas de voz que modifique la tarifa que cobra a otros operadores si 
no cumple las tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en 
redes móviles establecidas por la Comisión Europea.
Artículo 24.  Obligaciones en mercados minoristas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se abstendrá de aplicar 
mecanismos de control minorista a los mercados geográficos o minoristas en los que 
considere que existe una competencia efectiva.
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2. No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
podrá imponer obligaciones apropiadas a los operadores que considere que tienen un 
peso significativo en un mercado minorista dado, cuando:
a) como resultado de un análisis de mercado, determine que un mercado minorista 
dado no es realmente competitivo, y
b) concluya que las obligaciones específicas impuestas en virtud de lo establecido 
en el artículo 18 no van a conllevar el logro de los objetivos establecidos en el artículo 3.
3. Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado anterior podrán prohibir que 
los operadores considerados apliquen precios excesivos, obstaculicen la entrada de 
otros operadores en el mercado, falseen la competencia mediante el establecimiento de 
precios abusivos, favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos o 
agrupen sus servicios de manera injustificada. Se podrán aplicar medidas apropiadas de 
limitación de los precios al público, de control de tarifas individuales o de orientación de 
las tarifas hacia costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los 
intereses de los usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.
Las obligaciones impuestas se basarán en la naturaleza del problema detectado y 
serán proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos 
en el artículo 3.
4. En los casos en que un operador vea sometidas a control sus tarifas al público u 
otros elementos pertinentes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
garantizará la aplicación de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de 
costes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá especificar el 
formato y la metodología contable que deberá emplearse, si bien un organismo 
independiente cualificado verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por que se publique 
anualmente una declaración de conformidad.
CAPÍTULO V
Separación funcional
Artículo 25.  Separación funcional obligatoria.
1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la 
conclusión de que las obligaciones específicas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 18, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue 
habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en 
relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, 
como medida excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado 
integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con 
el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe 
independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las 
empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos 
plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y 
de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.
La imposición de la obligación de separación funcional prevista en el presente 
artículo se entenderá sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar 
en aplicación de la normativa en materia de competencia.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga 
imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:
a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado;
b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada 
en la infraestructura en un plazo razonable;
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c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, 
particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al 
sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para 
invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de 
garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, 
incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y 
cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y
d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más 
adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado 
que se hayan identificado.
3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el 
estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los 
productos o servicios que debe suministrar esta entidad;
c) los  mecanismos  de gobernanza  para garantizar  la independencia  del personal 
empleado  por la entidad  empresarial  separada  y la estructura  de incentivos 
correspondiente;
d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en 
particular de cara a otras partes interesadas, y
f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la 
publicación de un informe anual.
4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez 
que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya emitido informe 
sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.
5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 16, 
un análisis  coordinado  de los distintos  mercados  relacionados  con la red de acceso.  Sobre 
la base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa  y de la Secretaría  de Estado  de Telecomunicaciones  e Infraestructuras 
Digitales,  la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  impondrá,  mantendrá, 
modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes.
Artículo 26.  Separación funcional voluntaria.
1. En el supuesto de que un operador que haya sido declarado con peso 
significativo en uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de 
red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica 
separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para 
suministrar a todos los operadores minoristas, incluidas sus propias divisiones 
minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con al 
menos tres meses de antelación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El operador  deberá  informar  también  al Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital  y a la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  de 
cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.
2. Dicho operador también puede ofrecer compromisos respecto a las condiciones 
de acceso que aplicará a su red durante un período de ejecución y una vez se lleve a 
cabo la forma de separación propuesta, con el fin de garantizar el acceso efectivo y no 
discriminatorio de terceros. La oferta de compromisos incluirá detalles suficientes, incluso 
en términos de calendario de ejecución y duración, a fin de permitir a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia que pueda llevar a cabo sus funciones. 
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Tales compromisos podrán extenderse más allá del período máximo para las revisiones 
de los mercados relevantes establecidos en el artículo 16.
3. En el caso de que se realice la separación funcional voluntaria, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista, 
junto con los compromisos propuestos en su caso, sobre las obligaciones reglamentarias 
impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 16, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la 
red de acceso.
En dicho  análisis,  la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  tendrá  en 
cuenta  los compromisos  ofrecidos  por el operador,  con especial  atención  a los objetivos 
establecidos en el artículo 3, para lo cual consultará a terceros y se dirigirá particularmente a 
aquellos terceros que estén directamente afectados por la transacción propuesta.
Sobre la base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas 
correspondientes, aplicando si procede las obligaciones del artículo 21. En su decisión, 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dar carácter vinculante a 
los compromisos ofrecidos por el operador, en su totalidad o en parte, pudiendo acordar 
que algunos o todos los compromisos sean vinculantes para la totalidad del período para 
el cual se ofrecen.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la ejecución de 
los compromisos ofrecidos por el operador que haya considerado vinculantes y sopesará 
su prórroga, una vez expirado el período para el cual fueron inicialmente ofrecidos.
Artículo 27.  Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional.
Los operadores a los que se haya impuesto o que hayan decidido la separación 
funcional podrán estar sujetos a cualquiera de las obligaciones específicas enumeradas 
en el artículo 18 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido declarados con 
peso significativo en el mercado.
CAPÍTULO VI
Resolución de conflictos
Artículo 28.  Resolución de conflictos en el mercado español.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos 
que se susciten, a petición de cualquiera de las partes interesadas, en relación con las 
obligaciones existentes en virtud de la presente ley y su normativa de desarrollo entre 
operadores, entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de 
acceso e interconexión o entre operadores y proveedores de recursos asociados.
2. La  Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia,  previa  audiencia  de las 
partes,  dictará  resolución  vinculante  sobre  los extremos  objeto  del conflicto,  en el plazo  de 
cuatro  meses  desde  la recepción  de toda la información,  sin perjuicio  de que puedan 
adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.
3. Al dictar la resolución que resuelva el conflicto, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en 
el artículo 3. Las obligaciones que se puedan imponer en la resolución del conflicto 
deberán respetar los límites, requisitos y marco institucional establecidos en la presente 
ley y su normativa de desarrollo. La resolución del conflicto podrá impugnarse ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
4. La posibilidad de presentar un conflicto ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender 
acciones legales ante los órganos jurisdiccionales.
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Artículo 29.  Resolución de conflictos transfronterizos.
1. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes 
esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando el conflicto 
verse sobre la coordinación del espectro radioeléctrico, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, 
coordinará sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra u otras 
autoridades nacionales de reglamentación afectadas.
2. Cuando el conflicto afecte a las relaciones comerciales entre España y otro 
Estado miembro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará el 
conflicto al ORECE con miras a alcanzar una resolución coherente del mismo, de 
conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 3.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras 
autoridades nacionales de reglamentación afectadas esperarán el dictamen del ORECE 
antes de tomar medida alguna para resolver el conflicto, sin perjuicio de que puedan 
adoptar, a petición de las partes o por iniciativa propia, medidas provisionales, con el fin 
de salvaguardar la competencia o de proteger los intereses de los usuarios finales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras 
autoridades nacionales de reglamentación afectadas deberán resolver el conflicto en el 
plazo de cuatro meses y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar del dictamen 
del ORECE.
3. Las obligaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas puedan imponer a 
una de las partes en la resolución del conflicto deberán ajustarse a la Directiva por la que 
se aprueba el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, y tener en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE.
4. La posibilidad de presentar un conflicto transfronterizo ante la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda 
emprender acciones legales ante los órganos jurisdiccionales.
CAPÍTULO VII
Numeración
Artículo 30.  Principios generales.
1. Para los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se 
proporcionarán los números que se necesiten para permitir su efectiva prestación, 
tomándose esta circunstancia en consideración en los planes nacionales 
correspondientes y en sus disposiciones de desarrollo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulación de los nombres 
de dominio de internet bajo el indicativo del país correspondiente a España («.es») se 
regirá por su normativa específica.
3. Corresponde al Gobierno la aprobación por real decreto de los planes nacionales 
de numeración, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno 
de las organizaciones y los foros internacionales.
4. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la 
elaboración de las propuestas de planes nacionales para su elevación al Gobierno, y el 
desarrollo normativo de estos planes que podrán establecer condiciones asociadas a la 
utilización de los recursos públicos de numeración, en particular la designación del 
servicio para el que se utilizarán estos recursos, incluyendo cualquier requisito 
relacionado con el suministro de dicho servicio.
5. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el 
otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes 
nacionales de numeración.
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No se limitará el número de derechos de uso de los recursos de numeración que 
deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de los 
recursos de numeración.
Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos serán abiertos, objetivos, 
no discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se 
establecerán mediante real decreto.
Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptarán, 
comunicarán y harán públicas en el plazo máximo de tres semanas desde la recepción 
de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selección 
comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo máximo será de seis semanas desde 
el fin del plazo de recepción de ofertas. En estas decisiones se especificará si el titular 
de los derechos puede cederlos, y en qué condiciones.
Transcurrido  el plazo  máximo  sin haberse  notificado  la resolución  expresa,  se podrá 
entender  desestimada  la solicitud  por silencio  administrativo.  Asimismo,  también  se harán 
públicas las decisiones que se adopten relativas a la cancelación de derechos de uso.
6. Los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales u otros 
servicios que permitan efectuar y recibir llamadas a números del plan nacional de 
numeración deberán cursar las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración 
telefónica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, a todos los números 
proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de 
numeración de otros Estados miembros, y a otros rangos de numeración internacional, 
en los términos que se especifiquen en los planes nacionales de numeración o en sus 
disposiciones de desarrollo, sin perjuicio del derecho del usuario de desconexión de 
determinados servicios.
7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración 
regulados en los planes nacionales no supondrá el otorgamiento de más derechos que 
los de su utilización conforme a lo que se establece en esta ley.
8. Los operadores a los que se haya concedido el derecho de uso de recursos de 
numeración no podrán discriminar a otros operadores en lo que se refiere a los recursos 
de numeración utilizados para dar acceso a sus servicios.
9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estarán 
obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se 
adopten por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia 
de numeración.
10.  Empresas distintas de los operadores de redes públicas o de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público tendrán, en los términos que 
determine la normativa de desarrollo de la ley, acceso a los recursos públicos regulados 
en los planes nacionales para la prestación de servicios específicos. Esta normativa 
podrá prever, cuando esté justificado, el otorgamiento de derechos de uso de números a 
estas empresas para determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes 
nacionales o en sus disposiciones de desarrollo. Dichas empresas deberán demostrar su 
capacidad para gestionar los recursos de numeración y cumplir con cualquier requisito 
pertinente que se establezca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
podrá acordar no mantener la concesión de los derechos de uso de recursos de 
numeración a dichas empresas si se demuestra que existe un riesgo de agotamiento de 
los recursos de numeración.
11. El número «00» es el código común de acceso a la red telefónica internacional.
Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para el uso de servicios de 
comunicaciones interpersonales basados en numeración entre lugares adyacentes 
situados a ambos lados de las fronteras entre España y resto de Estados miembros.
Asimismo, se podrá acordar con otros Estados miembros compartir un plan de numeración 
común para todas las categorías de números o para algunas categorías específicas.
12.  El Gobierno apoyará la armonización de determinados números o series de 
números concretos dentro de la Unión Europea cuando ello promueva al mismo tiempo 
el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.
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Artículo 31.  Planes nacionales de numeración.
1. Los planes nacionales de numeración y sus disposiciones de desarrollo 
designarán los servicios para los que puedan utilizarse los números, incluido cualquier 
requisito relacionado con la prestación de tales servicios y las condiciones asociadas a 
su uso, que serán proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales 
y sus disposiciones de desarrollo podrán incluir los principios de fijación de precios y los 
precios máximos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protección de 
los consumidores.
2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y 
gestión serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad 
nacional.
3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para 
garantizar la disponibilidad suficiente de números, la persona titular del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá, mediante orden que se publicará 
con la debida antelación a su entrada en vigor, y previo informe de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, modificar la estructura y la organización de los 
planes nacionales o, en ausencia de éstos o de planes específicos para cada servicio, 
establecer medidas sobre la utilización de los recursos numéricos y alfanuméricos 
necesarios para la prestación de los servicios. Se habrán de tener en cuenta, a tales 
efectos, los intereses de los afectados y los gastos de adaptación que, de todo ello, se 
deriven para los operadores y para los usuarios.
4. Los planes nacionales de numeración o sus disposiciones de desarrollo podrán 
establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para el otorgamiento 
de derechos de uso de números y nombres con valor económico excepcional o que sean 
particularmente apropiados para la prestación de determinados servicios de interés 
general. Estos procedimientos respetarán los principios de publicidad, concurrencia y no 
discriminación para todas las partes interesadas.
5. Los planes nacionales de numeración destinada a la prestación de los servicios 
de tarificación adicional se aprobarán por Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. En dichos planes se incluirán las condiciones directamente 
asociadas al uso de la numeración para dichos servicios, entre ellas:
a) La atribución de los servicios concretos a que se dedicará cada rango de numeración.
b) Los precios máximos minoristas para los servicios, así como para cada uno de 
los rangos y subrangos de numeración atribuidos o habilitados a estos servicios y su 
posible distribución por intervalos.
c) La obligatoriedad de incorporar una locución inicial o mensaje previo informativo, 
que el usuario deberá recibir antes del inicio o contratación del servicio.
d) Los distintos modos de marcación de la numeración admisibles para la 
contratación del servicio.
e) La duración máxima de la llamada telefónica para la prestación de estos servicios.
6. No  podrán  ser objeto  de regulación  en los planes  a los que se refiere  el apartado 
anterior aquellos aspectos no directamente relacionados con el uso de la numeración, por ser 
relativos  a la protección  de los derechos  de los consumidores  y usuarios  y, en consecuencia, 
regidos por la legislación general de esta materia. Entre ellos se pueden citar:
a) La publicidad de los servicios de tarificación adicional, en cualquiera de sus formas.
b) El contenido de los servicios, así como la especial protección de determinados 
grupos de población, como la infancia y la juventud.
c) Las reglas de los concursos u otro tipo de juegos o sorteos de azar que puedan 
desarrollarse a través de llamadas o mensajes de tarificación adicional.
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Artículo 32.  Acceso a números o servicios.
1. En la medida que resulte necesario para la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses 
de los usuarios, mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeración y sus 
disposiciones de desarrollo, podrán establecerse requisitos sobre capacidades o 
funcionalidades mínimas que deberán cumplir determinados tipos de servicios.
2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones o presten 
servicios vocales disponibles al público, siempre que sea técnica y económicamente 
posible, adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales 
puedan tener acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión 
Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnología y los 
dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la Unión 
Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de otros Estados 
miembros, y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita.
3. Asimismo,  mediante  real decreto,  previo  informe  de la Comisión  Nacional  de los 
Mercados  y la Competencia,  se establecerán  las condiciones  en las que los operadores  de 
redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas  o servicios  de comunicaciones  electrónicas 
disponibles  al público  lleven  a cabo  el bloqueo  de acceso  a números  o servicios,  siempre 
que esté justificado  por motivos  de tráfico  no permitido  y de tráfico  irregular  con fines 
fraudulentos,  y los casos  en que los prestadores  de servicios  de comunicaciones 
electrónicas  retengan  los correspondientes  ingresos  por interconexión  u otros  servicios.  La 
Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  podrá  ordenar  el bloqueo  de acceso 
a números  o servicios  por motivos  de tráfico  irregular  con fines fraudulentos  cuando  tengan 
su origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexión que le sea 
planteado  por dichos  operadores.  En ningún  caso podrá  exigirse  al amparo  de este 
apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, como los 
servicios  de la Sociedad  de la Información  regulados  en la Ley 34/2002,  de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
4. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá establecer que, por razones de protección de los derechos de los usuarios finales 
de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial, relacionadas con la 
facturación y las tarifas que se aplican en la prestación de determinados servicios, 
algunos números o rangos de numeración sólo sean accesibles previa petición expresa 
del usuario, en las condiciones que se fijen mediante orden.
Artículo 33.  Conservación de los números por los usuarios finales y fomento de la 
provisión inalámbrica para facilitar el cambio de operador.
1. Los operadores garantizarán, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65.1.e) y en el artículo 70, que los usuarios finales con números del plan 
nacional de numeración puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan 
sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio. Mediante real 
decreto se fijarán los supuestos a los que sea de aplicación la conservación de números, 
así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que esta se lleve a 
cabo. En aplicación de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia podrá fijar, mediante circular, características 
y condiciones para la conservación de los números.
2. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la red y de los 
sistemas necesarios para hacer posible la conservación de los números deberán ser 
sufragados por cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnización 
alguna. Los demás costes que produzca la conservación de los números telefónicos se 
repartirán, a través del oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. 
A falta de acuerdo, resolverá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Los precios de interconexión para la aplicación de las facilidades de conservación de los 
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números habrán de estar orientados en función de los costes. No se podrán imponer 
cuotas directas a los usuarios finales por la conservación del número.
3. Cuando sea técnicamente viable, se fomentará la provisión inalámbrica para 
facilitar el cambio de operadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas 
por parte de los usuarios finales, en particular los operadores y usuarios finales de 
servicios de máquina a máquina.
Artículo 34.  Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor 
social.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá el 
conocimiento por la población de los números armonizados europeos que comienzan por 
las cifras 116, garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito a las llamadas 
a esa numeración y fomentará la prestación en España de los servicios de valor social 
para los que están reservados tales números, poniéndolos a disposición de los 
interesados en su prestación.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adoptará las 
iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el 
mejor acceso posible a los servicios prestados a través de los números armonizados 
europeos que comienzan por las cifras 116. En la atribución de tales números, dicho 
Ministerio establecerá las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se 
presten a través de ellos por los usuarios finales con discapacidad.
Entre las referidas condiciones podrán incluirse, en función del servicio en concreto 
de valor social que se trate, la de posibilitar la comunicación total a través de voz, texto y 
video para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas.
3. Las Administraciones públicas competentes en la regulación o supervisión de 
cada uno de los servicios que se presten a través de los números armonizados europeos 
que comienzan por las cifras 116 velarán por que los ciudadanos reciban una 
información adecuada sobre la existencia y utilización de estos servicios de valor social.
TÍTULO III
Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter 
público en el suministro de redes y en la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas
CAPÍTULO I
Obligaciones de servicio público
Sección 1.ª Delimitación
Artículo 35.  Delimitación de las obligaciones de servicio público.
1. Este capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el 
territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales, y hacer 
frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean 
atendidas de manera satisfactoria por el mercado.
2. Los operadores se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público y de 
carácter público, de acuerdo con lo establecido en este título.
3. La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de 
los objetivos establecidos en el artículo 3 y podrá recaer sobre los operadores que 
obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos 
públicos de numeración o que ostenten la condición de operador con peso significativo 
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en un determinado mercado de referencia. Cuando se impongan obligaciones de servicio 
público, se aplicará con carácter supletorio el régimen establecido para la concesión de 
servicios en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la instalación y 
explotación de redes públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas para los que aquéllas sean exigibles se efectuará con respeto a los 
principios de igualdad, transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, 
disponibilidad, accesibilidad universal y permanencia y conforme a los términos y 
condiciones que mediante real decreto se determinen.
5. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el 
control y el ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de 
servicio público y de carácter público a que se refiere este artículo.
6. Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital constate 
que cualquiera de los servicios a que se refiere este artículo se está prestando en 
competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a 
aquellas en que los operadores designados deben prestarlas, podrá, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia a los interesados, 
determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en 
consecuencia, de la financiación prevista para tales obligaciones.
Artículo 36.  Categorías de obligaciones de servicio público.
Los operadores están sometidos a las siguientes categorías de obligaciones de 
servicio público:
a) el servicio universal en los términos contenidos en la sección 2.ª de este capítulo;
b) otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, 
en la forma y con las condiciones establecidas en la sección 3.ª de este capítulo.
Sección 2.ª El servicio universal
Artículo 37.  Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya 
prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su 
localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad 
determinada y a un precio asequible.
Los servicios incluidos en el servicio universal, en los términos y condiciones que 
mediante real decreto se determinen por el Gobierno, son:
a) Servicio  de acceso  adecuado  y disponible  a una internet  de banda  ancha  a través 
de una conexión  subyacente  en una ubicación  fija, que deberá  soportar  el conjunto  mínimo 
de servicios  a que se refiere  el anexo  III. La velocidad  mínima  de acceso  a una internet  de 
banda ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.
Mediante real decreto, teniendo en cuenta la evolución social, económica y 
tecnológica y las condiciones de competencia en el mercado, se modificará la velocidad 
mínima de acceso a una internet de banda ancha, en particular, escalando dicha 
velocidad mínima a 30 Mbit por segundo en sentido descendente tan pronto como sea 
posible en función de la extensión de las redes y del estado de la técnica, así como se 
determinarán sus características y parámetros técnicos, y se podrá modificar el conjunto 
mínimo de servicios que deberá soportar el servicio de acceso a una internet de banda 
ancha a que se refiere el anexo III.
b) Servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en 
una ubicación fija.
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2. La conexión subyacente en una ubicación fija podrá limitarse al soporte de los 
servicios de las comunicaciones vocales, cuando así lo solicite el consumidor.
3. Mediante real decreto, se podrá ampliar el ámbito de aplicación del servicio 
universal o de algunos de sus elementos u obligaciones a los usuarios finales que sean 
microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
4. Las condiciones en que se preste el servicio universal deberán perseguir reducir 
al mínimo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestación de servicios 
se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, 
salvaguardando al mismo tiempo el interés público.
5. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar la 
determinación de los servicios que forman parte del servicio universal, así como el 
alcance de las obligaciones de servicio universal.
Artículo 38.  Asequibilidad del servicio universal.
1. Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del 
servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con 
rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. A tales 
efectos, mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, se determinarán las características sociales y de poder adquisitivo 
correspondientes para determinar de que los consumidores tienen rentas bajas o 
necesidades sociales especiales.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en coordinación con el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y con el departamento 
ministerial competente en materia de protección de los consumidores y usuarios, 
supervisará la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en 
el servicio universal, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean 
prestados por el operador u operadores designados, en particular en relación con los 
niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.
3. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda 
ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una 
conexión subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas 
bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran 
de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones 
transparentes, públicas y no discriminatorias. A tal fin se podrá exigir a dichos 
operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación 
geográfica u otros regímenes similares. Mediante real decreto se podrá establecer si los 
operadores, en el marco de estas opciones o paquetes de tarifas, disponen de la 
posibilidad o no de fijar un volumen máximo de datos a transmitir en el servicio de 
acceso a internet de banda ancha.
Entre estas opciones o paquetes de tarifas deberán figurar un abono social para 
servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión 
subyacente en una ubicación fija, un abono social para servicios de acceso a una 
internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una 
ubicación fija y un abono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá exigir la modificación o 
supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los 
consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, para lo cual 
podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, 
equiparación geográfica u otros regímenes similares. En todo caso, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá proponer a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia la modificación o supresión de las opciones o paquetes 
de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con 
necesidades sociales especiales.
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4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad por todos los 
operadores impuestas en el apartado anterior dé lugar a una carga administrativa o 
financiera excesiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo 
informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá decidir, 
con carácter excepcional, imponer la obligación de ofrecer estas opciones o paquetes de 
tarifas solo al operador u operadores designados en virtud de lo establecido en el 
artículo 40, en cuyo caso deberá velar por que todos los consumidores de renta baja o 
con necesidades sociales especiales disfruten de una variedad de operadores que 
ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus necesidades, a menos que ello resulte 
imposible o cree una carga organizativa o financiera adicional excesiva.
5. Los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales que 
puedan beneficiarse de dichas opciones o paquetes de tarifas tienen el derecho de 
celebrar un contrato y que su número siga disponible durante un período adecuado y se 
evite la desconexión injustificada del servicio.
6. Los operadores que tengan la obligación de ofrecer opciones o paquetes de 
tarifas a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales deberán 
publicarlas adecuadamente, garantizar que sean transparentes, que las apliquen de 
conformidad con el principio de no discriminación y mantener informados a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
7. Mediante real decreto, se podrán establecer requisitos para que el servicio de 
acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se 
presten a través de una conexión subyacente en una ubicación no fija resulten 
asequibles en aras de garantizar la plena participación social y económica de los 
consumidores en la sociedad.
8. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda 
ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una 
conexión subyacente en una ubicación fija en el marco del servicio universal deben 
garantizar el cumplimiento de las condiciones de velocidad de acceso a internet y de 
prestación de los servicios normativamente establecidas así como las que figuren en los 
correspondientes contratos con los consumidores.
Artículo 39.  Accesibilidad del servicio universal.
1. Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios 
incluidos en el servicio universal a un nivel equivalente al que disfrutan otros 
consumidores.
2. A tal efecto, se podrán imponer como obligación de servicio universal medidas 
específicas con vistas a garantizar que los equipos terminales conexos y los equipos y 
servicios específicos que favorecen un acceso equivalente, incluidos, en su caso, los 
servicios de conversión a texto y los servicios de conversación total en modo texto, estén 
disponibles y sean asequibles.
3. Mediante real decreto se adoptarán medidas a fin de garantizar que los 
consumidores con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de 
elección de operadores de que disfruta la mayoría de los consumidores.
Artículo 40.  Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio 
universal.
1. Cuando la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio 
universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de 
explotación comercial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
designará uno o más operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de 
acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación 
eficiente en las partes afectadas del territorio nacional a efecto de asegurar su 
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disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos podrán designarse 
operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del servicio universal y 
abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.
2. El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación 
de los servicios integrantes del servicio universal se establecerá mediante real decreto, 
con sujeción a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación 
sin excluir a priori la designación de ningún operador. En todo caso, contemplará un 
mecanismo de licitación pública para la prestación de dichos servicios. Estos 
procedimientos de designación garantizarán que la prestación de los servicios incluidos 
en el servicio universal se haga de manera rentable y se podrán utilizar como medio para 
determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 42.2.
3. Cuando uno de los operadores designados para la prestación del servicio 
universal se proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red 
de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad, informará con la 
debida antelación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a fin de 
evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro en una ubicación fija 
de los servicios incluidos en el servicio universal. El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá imponer, 
modificar o suprimir obligaciones a dicho operador designado.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer 
objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la 
prestación del servicio universal.
5. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  notificará  a la 
Comisión  Europea  las obligaciones  de servicio  universal  impuestas  al operador  u 
operadores  designados  para el cumplimiento  de obligaciones  de servicio  universal,  así 
como  los cambios  relacionados  con dichas  obligaciones  o con el operador  u 
operadores  designados.
Artículo 41.  Control del gasto.
1. Los operadores que cumplan obligaciones de servicio universal en virtud de lo 
establecido en los artículos 37 a 40, deberán ofrecer a los consumidores las facilidades y 
los servicios específicos determinados mediante real decreto, que incluirán, en todo 
caso, los relacionados en la parte A del anexo VI del Código Europeo de 
Comunicaciones Electrónicas, a fin de permitir a los consumidores el seguimiento y 
control de sus propios gastos.
2. Dichos operadores deberán implantar un sistema para evitar la desconexión 
injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso 
adecuado a internet de banda ancha de los consumidores con rentas bajas o con 
necesidades sociales especiales, incluido un mecanismo adecuado para verificar el 
interés por seguir utilizando el servicio.
3. Los consumidores que se beneficien del cumplimiento de las obligaciones de 
servicio universal no pueden verse obligados al pago de facilidades o servicios 
adicionales que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.
Artículo 42.  Coste y financiación del servicio universal.
1. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estarán sujetas a 
los mecanismos de financiación que se establecen en este artículo.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará si la 
obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injusta para 
los operadores obligados a su prestación.
En caso de que se considere que puede existir dicha carga injusta, el coste neto de 
prestación del servicio universal será determinado periódicamente por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de 
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designación previstos en el artículo 40.2 o en función del ahorro neto que el operador 
conseguiría si no tuviera la obligación de prestar el servicio universal.
Para la determinación de este ahorro neto la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia desarrollará y publicará una metodología de acuerdo con los criterios que 
se establezcan mediante real decreto.
Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del ahorro neto serán 
objeto de auditoría por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Los resultados y las conclusiones de la auditoría se pondrán a disposición del público.
3. El coste neto de la obligación de prestación del servicio universal será financiado 
por un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia, distorsión mínima del 
mercado, no discriminación y proporcionalidad, por aquellos operadores que obtengan 
por el suministro de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público unos ingresos brutos de explotación anuales 
superiores a 100 millones de euros. Esta cifra podrá ser actualizada o modificada 
mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, en función de la evolución del mercado y de 
las cuotas que los distintos operadores tienen en cada momento en el mercado.
4. Una vez fijado este coste, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia determinará las aportaciones que correspondan a cada uno de los 
operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
Dichas aportaciones, así como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, 
se verificarán de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto.
Las aportaciones recibidas se depositarán en el Fondo nacional del servicio 
universal.
5. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la 
financiación del servicio universal.
El Fondo nacional del servicio universal ha de utilizar un sistema transparente y 
neutro de recaudación de contribuciones que evite el peligro de la doble imposición de 
contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por los operadores.
Los activos en metálico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir 
a la financiación del servicio universal se depositarán en este fondo, en una cuenta 
específica designada a tal efecto. Los gastos de gestión de esta cuenta serán deducidos 
de su saldo, y los rendimientos que este genere, si los hubiere, minorarán la contribución 
de los aportantes.
En la cuenta podrán depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por 
cualquier persona física o jurídica que desee contribuir, desinteresadamente, a la 
financiación de cualquier prestación propia del servicio universal.
Los operadores sujetos a obligaciones de prestación del servicio universal recibirán 
de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligación, 
calculado según el procedimiento establecido en este artículo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargará de la gestión 
del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinará su 
estructura, organización, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se 
realizarán las aportaciones.
6. Mediante real decreto podrá preverse la existencia de un mecanismo de 
compensación directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del 
coste no justifique los costes de gestión del fondo nacional del servicio universal.
Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público
Artículo 43.  Otras obligaciones de servicio público.
1. El Gobierno podrá, por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa 
nacional, de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la 
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seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio 
público distintas de las de servicio universal a los operadores.
2. El Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público, 
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de 
la administración territorial competente, motivadas por:
a) razones de cohesión territorial;
b) razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la 
sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura;
c) por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que 
se encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la 
finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
3. Mediante real decreto se regulará el procedimiento de imposición de las 
obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiación.
CAPÍTULO II
Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas 
de comunicaciones electrónicas
Sección 1.ª Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser 
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor 
de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
Artículo 44.  Derecho de ocupación de la propiedad privada.
1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la 
ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la 
instalación, despliegue y explotación de la red en la medida prevista en el proyecto 
técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o 
económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la 
declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación, despliegue y explotación 
de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos 
tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo 
dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.
Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación.
La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y 
resolución por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del 
oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y respetarse todas 
las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de 
expropiación forzosa.
2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital del proyecto técnico para la ocupación de propiedad privada 
llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, a 
efectos de lo previsto en la legislación de expropiación forzosa.
3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del 
órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de ordenación del territorio, 
que habrá de ser emitido en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su solicitud. 
Si el proyecto afecta a un área geográfica relevante o pudiera tener afecciones 
ambientales, este plazo será ampliado hasta tres meses. Asimismo, se recabará informe 
de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto técnico con la 
ordenación urbanística vigente, que deberá ser emitido en el plazo de treinta días hábiles 
desde la recepción de la solicitud.
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4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas 
de comunicaciones electrónicas ligadas de manera específica al cumplimiento de 
obligaciones de servicio público se seguirá el procedimiento especial de urgencia 
establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la 
resolución del órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital que apruebe el oportuno proyecto técnico.
Artículo 45.  Derecho de ocupación del dominio público.
Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del 
dominio público necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones 
electrónicas de que se trate.
Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho 
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, 
sin que en ningún  caso pueda  establecerse  derecho  preferente  o exclusivo  alguno  de 
acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de 
una red concreta  de comunicaciones  electrónicas.  En particular,  la ocupación  o el derecho 
de uso de dominio  público  para la instalación  o explotación  de una red no podrá  ser 
otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.
Se podrán celebrar acuerdos o convenios entre los operadores y los titulares o 
gestores del dominio público para facilitar el despliegue simultáneo de otros servicios, 
que deberán ser gratuitos para las Administraciones y los ciudadanos, vinculados a la 
mejora del medio ambiente, de la salud pública, de la seguridad pública y de la 
protección civil ante catástrofes naturales o para mejorar o facilitar la vertebración y 
cohesión territorial y urbana o contribuir a la sostenibilidad de la logística urbana.
La propuesta de acuerdo o convenio para la ocupación del dominio público deberá 
incluir un plan de despliegue e instalación con el contenido previsto en el artículo 49.9 de 
esta ley. Transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su presentación, el acuerdo 
o convenio se entenderá aprobado si no hubiera pronunciamiento expreso en contra 
justificado adecuadamente.
Artículo 46.  Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán 
celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la 
ubicación o el uso compartido de sus elementos de red y recursos asociados, así como 
la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, con plena sujeción a 
la normativa de defensa de la competencia.
Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios 
entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de elementos de red 
y recursos asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la 
propiedad privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.
2. La ubicación compartida de elementos de red y recursos asociados y la 
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada también podrá ser 
impuesta de manera obligatoria a los operadores que hayan ejercido el derecho a la 
ocupación de la propiedad pública o privada. A tal efecto, en los términos en que 
mediante real decreto se determine, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, previo trámite de audiencia a los operadores afectados y de 
manera motivada, podrá imponer, con carácter general o para casos concretos, la 
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a 
establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de los 
elementos de red y recursos asociados, determinando, en su caso, los criterios para 
compartir los gastos que produzca la ubicación o el uso compartido.
Cuando una Administración Pública competente considere que por razones de medio 
ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial se justifica la 
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imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá 
instar de manera motivada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
el inicio del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de 
que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital imponga la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial 
deberá realizar un trámite para que la Administración Pública competente que ha instado 
el procedimiento pueda efectuar alegaciones por un plazo de quince días hábiles.
3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser 
objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas 
medidas se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones competentes 
correspondientes y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Artículo 47.  Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.
1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su 
aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el mantenimiento de un adecuado nivel 
de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones y 
aquellos otros que hacen uso del dominio público radioeléctrico.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer las 
limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres que 
resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o 
para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas 
utilizadas para la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o 
cuando así sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la 
disposición adicional segunda y las normas de desarrollo de esta ley.
2. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
imponer límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la 
protección de otros servicios o bienes jurídicamente protegidos prevalentes o de 
servicios públicos que puedan verse afectados por la utilización de dicho dominio 
público, en los términos que mediante real decreto se determinen. En la imposición de 
estos límites se debe efectuar un previo trámite de audiencia a los titulares de los 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico que pueden verse afectados y se 
deberán respetar los principios de transparencia y publicidad.
Artículo 48.  Estudios geográficos.
1. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  efectuará 
anualmente un estudio sobre el alcance y extensión de las redes de banda ancha, incluidas 
las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregación local o incluso inferior.
El estudio geográfico incluirá información suficiente sobre la calidad del servicio y los 
parámetros de este último.
La información que no esté sujeta a confidencialidad comercial será accesible de 
conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital informará a las empresas que proporcionen información en base a este artículo 
sobre el hecho de que la misma ha sido compartida con otras autoridades públicas, en 
su caso.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluirá en el 
estudio geográfico una previsión sobre el alcance y extensión que van a tener las redes 
de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período 
determinado, con el grado de desagregación que estime oportuno.
Esta previsión será sometida a una consulta pública en la página web del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En ella, a partir de una base de datos 
geográfica proporcionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, los operadores declararán cualquier intención de desplegar redes de banda 
ancha que ofrezca velocidades de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps o 
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redes de muy alta capacidad o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta 
alcanzar una velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps. Esta 
declaración de intenciones supone un compromiso en firme por parte del operador, de 
forma que su incumplimiento por causas imputables al operador que produzca un 
perjuicio al interés público en el diseño de planes nacionales de banda ancha, en la 
determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro 
radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la 
obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador, podrá ser 
sancionada en los términos previstos en el título VIII.
A la vista de las aportaciones efectuadas en la consulta pública, de las declaraciones 
de intenciones efectuadas y de otra información de que pueda disponer, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital elaborará y publicará una previsión 
definitiva sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda ancha, 
incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período determinado. Esta previsión 
incluirá toda la información pertinente, en particular, información del despliegue planeado 
de redes de muy alta capacidad y mejoras o extensiones de redes con una velocidad de 
descarga o transferencia de al menos 100 Mbps.
3. A efectos de la elaboración de estos estudios geográficos, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la información necesaria y 
ajustada a este fin, en los términos indicados en el artículo 9, a las personas físicas o 
jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así 
como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y 
sectores estrechamente relacionados, con el grado de desagregación oportuno.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también solicitará 
información para la elaboración de estos estudios geográficos al resto de 
Administraciones públicas, en particular, a las Comunidades Autónomas, Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos.
4. La información contenida en los estudios geográficos servirá de base para la 
elaboración de los planes nacionales de banda ancha o de conectividad digital, que 
priorizarán la cobertura de los núcleos de población más pequeños y del entorno rural, 
para el diseño de ayudas públicas para el despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, para la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales, 
para la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico y la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la 
obligación de servicio universal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otras Administraciones 
públicas también podrán basarse en la información que proporcionen los estudios 
geográficos para el ejercicio de sus funciones. A tal efecto, podrán solicitar al Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital la información oportuna, priorizando el 
acceso y tratamiento de dicha información por medios electrónicos. El Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia colaborarán en la determinación y desglose de la información a obtener 
para confeccionar los estudios geográficos, a efectos de que puedan ejercer con mayor 
eficacia y eficiencia sus funciones.
Sección 2.ª Normativa de las Administraciones públicas que afecte a la instalación 
o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas
Artículo 49.  Colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o 
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
1. La Administración General del Estado y las demás Administraciones públicas 
deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto 
del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de 
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comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el 
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados 
coadyuvan a la consecución de un fin de interés general, constituyen equipamiento de 
carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el 
carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen 
obras de interés general.
3. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la 
instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los 
instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar 
la necesidad de instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados y reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la 
propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes y 
recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este título.
4. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la 
instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán 
recoger las disposiciones necesarias para permitir, impulsar o facilitar la instalación o 
explotación de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la 
instalación o explotación de redes y recursos asociados y en la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y 
espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.
De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación territorial o 
urbanística no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho 
de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones 
tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar 
infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una 
condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio 
público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar 
plenamente justificado por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación 
urbana y territorial e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el 
derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
Las Administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta 
suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus 
infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir 
el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de 
comunicaciones electrónicas, así como la obtención de un despliegue de las redes 
ordenado desde el punto de vista territorial.
5. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación 
territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de 
telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos 
técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional 
decimotercera y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de 
telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados 
por el Estado.
En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte a la instalación o 
explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, las Administraciones 
públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
6. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias que afecte a la instalación y explotación de las redes públicas de 
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comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación 
territorial o urbanística deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración 
competente, así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, 
ser accesibles por medios electrónicos;
b) prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de 
resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de cuatro meses 
contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. No 
obstante lo anterior, la obtención de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las 
obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad, las Administraciones públicas 
concederán o denegarán los mismos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud completa. Excepcionalmente, y mediante resolución motivada 
comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este plazo podrá extenderse un 
mes más, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la fecha de recepción de 
la solicitud completa. La Administración Pública competente podrá fijar unos plazos de 
resolución inferiores;
c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables 
fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores;
d) garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en 
esta ley en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de 
documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una 
justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente 
necesario y al principio de reducción de cargas administrativas.
7. Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información 
de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá, mediante real decreto, la 
forma en que se facilitará a las Administraciones públicas la información que precisen 
para el ejercicio de sus propias competencias.
8. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el 
interior de las edificaciones que permitan la instalación y explotación de redes públicas 
de comunicaciones electrónicas.
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o 
razonable su uso por razones técnicas los operadores podrán efectuar despliegues 
aéreos siguiendo los previamente existentes.
Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas 
despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de 
lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente 
instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.
Los despliegues  aéreos  y por fachadas  no podrán  realizarse  en casos  justificados 
de edificaciones  del patrimonio  histórico-artístico  con la categoría  de bien de interés 
cultural  declarada  por las administraciones  competentes  o que puedan  afectar  a la 
seguridad  pública.
9. Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras 
radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de 
las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa 
de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental ni 
otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-
artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por las autoridades 
competentes o cuando ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, 
computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o 
instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en 
espacios naturales protegidos.
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Para la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
fijas o de estaciones o infraestructuras radioeléctricas y sus recursos asociados en 
dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por 
parte de las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o 
autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de 
carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas 
que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya 
presentado voluntariamente a la Administración Pública competente para el otorgamiento 
de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de 
comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o 
estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.
Para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y 
sus recursos asociados que deban realizarse en dominio público, las Administraciones 
públicas podrán establecer, cada una en el ámbito exclusivo de sus competencias y para 
todos o algunos de los casos, que la tramitación se realice mediante declaración 
responsable o comunicación previa.
Los planes de despliegue o instalación son documentos de carácter descriptivo e 
informativo, no debiendo tener un grado de detalle propio de un proyecto técnico y su 
presentación es potestativa para los operadores. Su contenido se considera confidencial.
En el plan de despliegue o instalación, el operador efectuará una mera previsión de 
los supuestos en los que se pueden efectuar despliegues aéreos o por fachadas de 
cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al 
contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto 
acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se 
entenderá aprobado si, transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su 
presentación, la Administración Pública competente no ha dictado resolución expresa. La 
Administración Pública competente podrá fijar un plazo de resolución inferior.
Tanto para la aprobación de un plan de despliegue o instalación como para el 
otorgamiento, en su caso, de una autorización o licencia, la Administración competente 
sólo podrá exigir al operador documentación asociada a su ámbito competencial, que 
sea razonable y proporcional al fin perseguido y que no se encuentre ya en poder de la 
propia administración.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, 
no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas al 
cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo 
caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo 
correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del 
cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa 
vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o 
estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente 
siempre que ello resulte posible.
La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de 
habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo 
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación 
radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la 
Administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el 
ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la 
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable 
que tendrán dicho carácter esencial.
10.  Para la instalación o explotación de los puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas y sus recursos asociados, en los términos definidos por la normativa 
europea, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o 
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las 
Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio o 
urbanismo, salvo en los supuestos de edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico 
o natural que estén protegidos de acuerdo con la legislación nacional o, en su caso, por 
motivos de seguridad pública o seguridad nacional.
La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus 
recursos asociados no está sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración 
Pública, excepto la tasa general de operadores y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 52.
11.  En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones 
electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones 
electrónicas y sus recursos asociados, ya esté ubicada en dominio público o privado, se 
realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la 
incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en 
nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin cambiar la ubicación de los 
elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá 
ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o 
declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas 
competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo, dominio público 
hidráulico, de carreteras o medioambientales, siempre y cuando no suponga un riesgo 
estructural para la infraestructura sobre la que se asienta la red.
12. Cuando  las Administraciones  públicas  elaboren  proyectos  que impliquen  la 
variación  en la ubicación  de una infraestructura  o un elemento  de la red de transmisión  de 
comunicaciones  electrónicas,  deberán  dar audiencia  previa  al operador  titular  de la 
infraestructura  afectada,  a fin de que realice  las alegaciones  pertinentes  sobre  los aspectos 
técnicos, económicos y de cualquier otra índole respecto a la variación proyectada.
13.  Si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público 
ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de 
operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una 
separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la 
regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente.
Artículo 50.  Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y las Administraciones públicas para la instalación y 
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las 
Administraciones públicas tienen los deberes de recíproca información y de colaboración 
y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulación y que puedan 
afectar a las telecomunicaciones, según lo establecido por el ordenamiento vigente.
Esta colaboración se articulará, entre otros, a través de los mecanismos establecidos 
en los siguientes apartados, que podrán ser complementados mediante acuerdos de 
coordinación y cooperación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
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Digital y las Administraciones públicas competentes, garantizando en todo caso un 
trámite de audiencia para los interesados.
2. Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o 
revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten a la 
instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Dicho informe versará sobre la adecuación de 
dichos instrumentos de planificación con la presente ley y con la normativa sectorial de 
telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.
El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de 
planificación de que se trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su 
adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen 
jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente ley y su normativa de 
desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, 
debiendo señalar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite 
con ese carácter vinculante.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital emitirá el informe en 
un plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con 
carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de 
planificación.
A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el correspondiente 
instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las 
competencias estatales en materia de telecomunicaciones.
En el caso de que el informe no sea favorable, los órganos encargados de la 
tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los 
instrumentos de planificación territorial o urbanística dispondrán de un plazo máximo de 
un mes, a contar desde la recepción del informe, para remitir al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital sus alegaciones al informe, motivadas por razones 
de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vista de las 
alegaciones presentadas, emitirá un nuevo informe en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la recepción de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se 
entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del 
instrumento de planificación. El informe tiene carácter vinculante, de forma que si el 
informe vuelve a ser no favorable, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de 
planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias 
estatales en materia de telecomunicaciones.
3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se podrá establecer la forma en que han de solicitarse los 
informes a que se refiere el apartado anterior y la información a facilitar por parte del 
órgano solicitante, en función del tipo de instrumento de planificación territorial o 
urbanística, pudiendo exigirse a las Administraciones públicas competentes su 
tramitación por vía electrónica.
4. En la medida en que la instalación y despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas y recursos asociados constituyen obras de interés general, el conjunto de 
Administraciones públicas tiene la obligación de facilitar el despliegue de infraestructuras 
de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo cual deben dar 
debido cumplimiento a los deberes de recíproca información y de colaboración y 
cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias.
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En defecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, cuando quede plenamente 
justificada  la necesidad  de redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas,  y siempre  y 
cuando se cumplan los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el 
funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el 
apartado  5 del artículo  49, el Consejo  de Ministros  podrá  autorizar  la ubicación  o el 
itinerario  concreto  de una infraestructura  de red de comunicaciones  electrónicas,  en cuyo 
caso la Administración  Pública  competente  deberá  incorporar  necesariamente  en sus 
respectivos  instrumentos  de ordenación  las rectificaciones  imprescindibles  para acomodar 
sus determinaciones a aquéllas, salvo que esté plenamente justificada su imposibilidad por 
razones  de medio  ambiente  u ordenación  urbana  y territorial,  o por su ubicación  en 
edificaciones  afectas  a las Fuerzas  y Cuerpos  de Seguridad,  en cuyo caso deberá  ir 
acompañado  de las alternativas  oportunas,  factibles  y viables  que permitan  el despliegue 
efectivo  de la red y garantizar  en la práctica  el derecho  de ocupación  de los operadores  y 
su ejercicio en igualdad de condiciones.
5. La  tramitación  por la Administración  Pública  competente  de una medida  cautelar 
que impida  o paralice  o de una resolución  que deniegue  o imposibilite  la instalación  de la 
infraestructura  de red o recursos  asociados  que cumpla  los parámetros  y requerimientos 
técnicos  esenciales  para garantizar  el funcionamiento  de las distintas  redes  y servicios  de 
comunicaciones  electrónicas  establecidos  en el apartado  5 del artículo  49, excepto  en 
edificaciones  del patrimonio  histórico-artístico  con la categoría  de bien de interés  cultural, 
será objeto  de previo  informe  preceptivo  del Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital,  que dispone  del plazo  máximo  de un mes para su emisión  y que 
será evacuado  tras, en su caso,  los intentos  que procedan  de encontrar  una solución 
negociada con los órganos encargados de la tramitación de la citada medida o resolución.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido 
dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse 
con la tramitación de la medida o resolución.
A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de que el informe 
no sea favorable, no se podrá aprobar la medida o resolución.
6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá con la 
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación la elaboración 
de un modelo tipo de declaración responsable a que se refiere el apartado 9 del 
artículo 49.
7. Igualmente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
aprobará recomendaciones para la elaboración por parte de las Administraciones 
públicas competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente 
sección, que podrán contener modelos de ordenanzas municipales elaborados 
conjuntamente con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor 
implantación. En el caso de municipios se podrá reemplazar la solicitud de informe a que 
se refiere el apartado 2 de este artículo por la presentación al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital del proyecto de instrumento acompañado de la 
declaración del Alcalde del municipio acreditando el cumplimiento de dichas 
recomendaciones.
8. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará un punto de 
gestión único a través del cual los operadores de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público 
accederán por vía electrónica a toda la información relativa sobre las condiciones y 
procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas y sus recursos asociados, así como a la información para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias específicas de ámbito autonómico y local, a través de los 
enlaces de las administraciones correspondientes.
Las Comunidades  Autónomas  y las Corporaciones  Locales  podrán,  mediante  la 
suscripción  del oportuno  convenio  de colaboración  con el Ministerio  de Asuntos 
Económicos  y Transformación  Digital,  adherirse  al punto  de gestión  único,  en cuyo caso, 
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los operadores  de comunicaciones  electrónicas  deberán  presentar  en formato  electrónico 
a través  de dicho  punto  las declaraciones  responsables  a que se refiere  el apartado  5 del 
artículo  49 y permisos  de toda índole  para el despliegue  de dichas  redes  que vayan 
dirigidas  a la respectiva  Comunidad  Autónoma  o Corporación  Local.  En el ámbito 
tributario, el punto de gestión único permitirá la conexión con la sede electrónica de dichas 
Administraciones,  al objeto  de que se pueda  disponer  de información  de manera 
centralizada,  más simplificada,  accesible  y eficiente,  por parte  de los operadores  de redes 
públicas  de comunicaciones  electrónicas  y de servicios  de comunicaciones  electrónicas 
disponibles  al público,  facilitando  el cumplimiento  de las obligaciones  tributarias 
específicas en los ámbitos autonómico y local, sin perjuicio de las competencias que, en el 
ámbito de aplicación de los tributos, corresponden a las citadas administraciones.
El punto de gestión único será gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y será el encargado de remitir a la Comunidad Autónoma o 
Corporación Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones 
responsables y solicitudes para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas y sus recursos asociados que les hayan presentado los operadores de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las Comunidades 
Autónomas y la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor 
implantación fomentarán el uso de este punto de gestión único por el conjunto de las 
Administraciones públicas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la 
interlocución de los operadores con la Administración y simplificar el cumplimiento de los 
trámites administrativos.
Artículo 51.  Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos 
de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos.
1. Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de 
urbanización deberá ir acompañado de un proyecto específico de telecomunicaciones 
que deberá prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar la 
instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, pudiendo 
incluir adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los términos que determine 
la normativa técnica de telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este artículo.
Las infraestructuras que se instalen para facilitar la instalación y explotación de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas conforme al párrafo anterior formarán 
parte del conjunto resultante de las obras de urbanización y pasarán a integrarse en el 
dominio público municipal. La Administración Pública titular de dicho dominio público 
pondrá tales infraestructuras a disposición de los operadores interesados en condiciones 
de igualdad, transparencia y no discriminación.
Mediante real decreto se establecerá el dimensionamiento y características técnicas 
mínimas que habrán de reunir estas infraestructuras.
2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos públicos se 
preverá, en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la 
instalación de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el 
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, que se pondrán a 
disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y 
no discriminación.
Sección 3.ª Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas 
de comunicaciones electrónicas y coordinación de obras civiles
Artículo 52.  Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de 
comunicaciones electrónicas.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán 
acceder a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones 
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electrónicas para la instalación o explotación de redes de alta y muy alta capacidad, en 
los términos indicados en el presente artículo.
2. Cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones 
electrónicas realice una solicitud razonable de acceso a una infraestructura física a 
alguno de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y negociar dicha solicitud 
de acceso, en condiciones equitativas y razonables, en particular, en cuanto al precio, 
con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de 
alta y muy alta capacidad.
No se estará obligado a negociar el acceso en relación con aquellas infraestructuras 
vinculadas con la seguridad nacional, la defensa nacional o la seguridad pública, o 
cuando tengan la consideración de críticas en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por 
la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. En este 
último caso, para la negociación del acceso a dichas infraestructuras será preceptivo el 
informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
3. Son sujetos obligados los siguientes propietarios, gestores o titulares de 
derechos de utilización de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas 
de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad:
a) operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a 
prestar un servicio de producción, transporte o distribución de:
1.º gas;
2.º electricidad, incluida la iluminación pública;
3.º calefacción;
4.º  agua, incluidos los sistemas de saneamiento: evacuación o tratamiento de 
aguas residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se incluye dentro de 
esta definición a los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada 
al consumo humano, definida esta última según lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano;
b) operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público;
c) empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar 
servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los 
aeropuertos, incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gestión de 
infraestructuras de transporte de competencia estatal;
d) las Administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de 
alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su 
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta o muy alta capacidad. En los casos en que la solicitud de acceso se 
produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso 
corresponda a un operador de comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones 
motivadas por los artículos 17 y 18, el acceso a dichas infraestructuras físicas será 
coherente con tales obligaciones y la introducción de procedimientos y tareas nuevas se 
basará en las ya existentes.
4. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes 
públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad se entiende 
cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin 
llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de 
acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones 
de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así como los elementos 
de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, no son 
infraestructura física en el sentido de este artículo.
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5. En particular, se garantiza que los operadores de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas tengan derecho a acceder, en los términos establecidos en 
la normativa europea, a cualquier infraestructura física controlada por las 
Administraciones públicas que sea técnicamente apta para acoger puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas o que sea necesaria para conectar dichos puntos de 
acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, señales 
viales, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y de tranvía y estaciones de 
metro. Las autoridades públicas satisfarán todas las solicitudes razonables de acceso en 
el marco de unas condiciones justas, razonables, transparentes y no discriminatorias, 
que serán hechas públicas en el punto de información único a que se refiere el 
apartado 13 de este artículo.
6. El acceso a dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red 
no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación.
Las Administraciones  públicas  titulares  de las infraestructuras  a las que se hace 
referencia  en este artículo  tendrán  derecho  a establecer  las compensaciones  económicas 
que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores.
7. Cualquier  denegación  de acceso  deberá  justificarse  de manera  clara  al solicitante, 
en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acceso 
completa,  exponiendo  los motivos  en los que se fundamenta.  La denegación  deberá 
basarse en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:
a) la falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado 
acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta y muy alta capacidad. Los motivos de denegación basados en la 
falta de adecuación técnica de la infraestructura serán determinadas por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital mediante orden, previo informe del 
departamento ministerial con competencia sectorial sobre dicha infraestructura;
b) la falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, incluidas las futuras 
necesidades de espacio del sujeto obligado, siempre y cuando esto quede 
suficientemente demostrado;
c) los riesgos para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, 
la salud pública, la seguridad vial o la protección civil;
d) los  riesgos  para la integridad  y la seguridad  de una red, en particular  de las 
infraestructuras  nacionales  críticas,  sin perjuicio  de lo dispuesto  en el apartado  2 de 
este artículo;
e) los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones 
electrónicas previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma 
infraestructura física;
f) la disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de 
red física al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el 
suministro de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, 
siempre que dicho acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables;
g) garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de 
los servicios públicos o de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su 
Administración Pública titular.
8. Cualquiera de las partes podrá plantear un conflicto ante la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido 
el plazo de dos meses mencionado en el apartado anterior, no se llegue a un acuerdo 
sobre las condiciones en las que debe producirse el mismo, incluidos los precios. La 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el 
principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
recepción de toda la información, una decisión para resolverlo, incluida la fijación de 
condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
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9. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de 
comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito en la 
que se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad a la siguiente 
información mínima relativa a las infraestructuras físicas existentes de cualquiera de los 
sujetos obligados:
a) localización y trazado de la infraestructura;
b) tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual;
c) punto de contacto al que dirigirse.
10.  Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de 
información mínima relativa a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de 
comunicaciones electrónicas, otorgando el acceso a dicha información en condiciones 
proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud.
Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes 
razonables de realización de estudios sobre el terreno de elementos específicos de sus 
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.
El acceso a la información mínima podrá estar limitado si es necesario por motivos 
de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o 
seguridad pública, en el caso de infraestructuras críticas o por motivos de 
confidencialidad o de secreto comercial u operativo.
11.  Las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el 
terreno podrán ser denegadas de manera justificada, en el caso de infraestructuras 
nacionales críticas o de infraestructuras que no se consideren técnicamente adecuadas 
para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta 
capacidad, así como por motivos de seguridad nacional, defensa nacional, seguridad y 
salud pública.
12.  Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en 
relación con las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el 
terreno, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo 
plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un 
plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información.
13. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  gestionará  a través 
del punto  de información  único  la información  en materia  de infraestructuras  existentes. 
Mediante el punto de información único los sujetos obligados podrán poner a disposición de 
los operadores  que instalen  o exploten  redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas, 
información  relativa  a sus infraestructuras  susceptibles  de alojar  redes  de comunicaciones 
electrónicas de alta y muy alta capacidad en particular, su ubicación detallada.
14. Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo 
a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
15.  Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa de defensa de la competencia. Los operadores que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas que obtengan acceso a información en virtud del presente 
artículo adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el respeto de la 
confidencialidad y el secreto comercial u operativo.
Artículo 53.  Coordinación de obras civiles.
1. Todo  sujeto  obligado,  en los términos  indicados  en el artículo  52, tendrá  derecho  a 
negociar acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles con operadores que instalen o 
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exploten  redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas,  con vistas  al despliegue  de 
elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.
2. Los sujetos obligados que realicen directa o indirectamente obras civiles, total o 
parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender y negociar las 
solicitudes de coordinación de dichas obras civiles, al objeto de facilitar el despliegue de 
redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.
3. A tal fin, cuando un operador que instale o explote redes públicas de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público realice una solicitud razonable de 
coordinación de las obras a las que se refiere el apartado anterior con vistas al 
despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta 
capacidad, los sujetos obligados atenderán dicha solicitud en condiciones transparentes 
y no discriminatorias.
4. Las obligaciones establecidas en el presente artículo no se aplicarán en relación 
con las infraestructuras nacionales críticas y con las obras civiles de importancia 
insignificante.
5. Cuando en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud 
formal de coordinación de obras civiles no se haya conseguido un acuerdo, cualquiera 
de las partes, sin perjuicio del sometimiento de la cuestión a los tribunales, podrá 
plantear el conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el 
principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de dos meses desde la 
recepción de toda la información, una decisión para resolver el conflicto, incluida la 
fijación de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
6. A fin de negociar los acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles a que 
hace referencia este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de 
comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito, en la 
que se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, a la siguiente 
información mínima relativa a las obras civiles relacionadas con la infraestructura física 
de los sujetos obligados, que estén en curso, para las que se haya presentado solicitud 
de permiso y aún no haya sido concedido o para las que se prevea realizar la primera 
presentación de solicitud de permiso, licencia o de la documentación que la sustituya 
ante las autoridades competentes en los seis meses siguientes a la presentación de la 
solicitud de coordinación:
a) localización y tipo de obra;
b) elementos de la red implicados;
c) fecha prevista de inicio de las obras y duración de estas, y
d) punto de contacto al que dirigirse.
7. Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de 
información mínima relativa a las obras civiles en curso o previstas, otorgando el acceso 
a dicha información, en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, 
en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
8. Los sujetos obligados podrán limitar el acceso a la información mínima si es 
necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa 
nacional, de salud o seguridad pública, de confidencialidad o de secreto comercial u 
operativo.
9. Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en 
relación con las solicitudes de información mínima relativa a las obras civiles, ante la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en 
cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un plazo máximo de 
dos meses desde la recepción de toda la información.
10.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará el 
punto de información único de coordinación de obras civiles a través del cual los 
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operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas 
podrán acceder a la información mínima contemplada en este artículo.
11.  Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo 
a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
12.  Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 51.2 o de cualquier obligación de reservar capacidad para el despliegue de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas, independientemente de la existencia o 
no de solicitudes de coordinación de obra civil y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en 
la normativa de defensa de la competencia.
Artículo 54.  Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de 
los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia 
estatal.
1. Los órganos o entes pertenecientes a la Administración General del Estado así 
como cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gestión de 
infraestructuras de transporte de competencia estatal que presten, directamente o a 
través de entidades o sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electrónicas 
o comercialicen la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, 
negociarán con los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
interesados en el acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas de las que 
aquellos sean titulares.
2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no 
discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que 
se garantice al menos la recuperación de coste de las inversiones y su operación y 
mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos órganos o entes, sin que 
en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o 
uso a dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de 
comunicaciones electrónicas. En todo caso, deberá preservarse la seguridad de las 
infraestructuras de transporte en las que están instaladas las redes de comunicaciones 
electrónicas a que se refiere este artículo y de los servicios que en dichas 
infraestructuras se prestan.
3. Las partes acordarán libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere 
este artículo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior y sin 
perjuicio asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. 
Cualquiera de las partes podrá presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones 
ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia 
de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el 
plazo de cuatro meses, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales 
hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.
Sección 4.ª Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas 
en los edificios
Artículo 55.  Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los 
edificios.
1. Mediante real decreto se desarrollará la normativa legal en materia de 
infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y 
conjuntos inmobiliarios. Dicho real decreto determinará, tanto el punto de interconexión 
de la red interior con las redes públicas, como las condiciones aplicables a la propia red 
interior. Asimismo, regulará las garantías aplicables al acceso a los servicios de 
comunicaciones electrónicas a través de sistemas individuales en defecto de 
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infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, y el régimen de instalación de 
éstas en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal 
reguladoras de la materia.
2. La normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra 
civil en el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deberá tomar en consideración 
las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electrónicas 
fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la 
infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las 
redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso 
compartido de estas infraestructuras por aquéllos.
3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones 
electrónicas promoverá la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de 
uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el «Internet de las Cosas» que 
favorezcan su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la 
implantación progresiva en España del edificio sostenible y conectado con unidades de 
convivencia superiores y del concepto de hogar digital.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará y 
mantendrá un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o 
conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario será puesto a disposición de los 
operadores y de las empresas instaladoras de telecomunicación.
5. Los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de 
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad así como sus recursos 
asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban 
acogerse, al régimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, 
hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que 
alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, 
arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.
En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de 
comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la 
existente no permita instalar el correspondiente acceso a las redes fijas de 
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, dicha instalación podrá 
realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificación. En los casos en los 
que no sea posible realizar la instalación en el interior de la edificación o finca por 
razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de 
las edificaciones.
El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos 
asociados a que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la 
comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con una 
descripción de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. 
El formato, contenido, y plazos formales de presentación tanto de la comunicación 
escrita como de la descripción de actuación referidos en el presente párrafo serán 
determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponderá al operador acreditar 
que la comunicación escrita ha sido entregada.
La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la 
comunicación se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el 
operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado 
en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los 
tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura común de 
comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente 
existente que permita dicho acceso de alta o muy alta capacidad. Transcurrido el plazo 
de un mes antes señalado desde que la comunicación se produzca sin que el operador 
hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestación sin que 
se haya realizado la instalación de la infraestructura común de comunicaciones 
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electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los tramos finales 
de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a la 
comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación.
El procedimiento del párrafo anterior no será aplicable al operador que se proponga 
instalar los tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy 
alta capacidad y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que 
otro operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos 
casos, sean edificaciones o fincas sujetas al régimen de propiedad horizontal o no, en 
los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalación que sea necesaria 
para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y 
no exista otra alternativa económicamente eficiente y técnicamente viable que quede 
justificada, en cuyo caso la comunidad de propietarios o el propietario no podrá denegar 
al operador la instalación de los tramos finales en el edificio, ni podrá denegar la 
instalación del tramo de red necesario para dar continuidad de la red hacia los edificios o 
fincas colindantes. En ambos supuestos deberá existir, en todo caso, una comunicación 
previa mínima de un mes de antelación del operador a la comunidad de propietarios o al 
propietario junto con una descripción de la actuación que pretende realizar, antes de 
iniciar cualquier instalación.
En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios 
o al propietario el día de inicio de la instalación.
6. Los operadores serán responsables de cualquier daño que inflijan en las 
edificaciones o fincas como consecuencia de las actividades de instalación de las redes 
y recursos asociados a que se refiere el apartado anterior.
7. Por orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se 
determinarán los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación 
de los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy 
alta capacidad así como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el 
apartado 5 de este artículo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los 
ciudadanos, optimizar la instalación de las redes y facilitar el despliegue de las redes por 
los distintos operadores.
8. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer, previa 
solicitud razonable o de oficio, a los operadores y a los propietarios de los 
correspondientes cables o recursos asociados cuando estos propietarios no sean 
operadores, previo trámite de información pública, obligaciones objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias relativas al acceso o utilización compartida de los 
tramos finales de las redes de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las 
edificaciones y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentración o 
distribución ubicado en su exterior, cuando la duplicación de esta infraestructura sea 
económicamente ineficiente o físicamente inviable. Las condiciones impuestas podrán 
incluir normas específicas sobre el acceso a dichos elementos de redes y a los recursos 
y servicios asociados, transparencia y no discriminación, así como de prorrateo de los 
costes de acceso, los cuales, en su caso, se ajustarán para tener en cuenta los factores 
de riesgo.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya, habida 
cuenta en su caso de las obligaciones resultantes de cualquier análisis de mercado 
pertinente, que las obligaciones impuestas en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior 
no resuelven de modo suficiente barreras físicas o económicas importantes y no 
transitorias a la replicación subyacente a una situación existente o incipiente en el 
mercado que limitan significativamente los resultados de competitividad para los usuarios 
finales, podrá ampliar la imposición de dichas obligaciones de acceso, en condiciones 
justas y razonables, más allá del primer punto de concentración o distribución hasta un 
punto que considere es el más próximo a los usuarios finales que pueda acoger un 
número de conexiones de usuarios finales suficiente como para ser viable 
comercialmente para los solicitantes de acceso eficientes. Al determinar la extensión de 
la ampliación más allá del primer punto de concentración o de distribución, la Comisión 
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Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta en la mayor medida 
posible las correspondientes directrices del ORECE. Si ello se justifica por motivos 
técnicos o económicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá 
imponer unas obligaciones de acceso activas o virtuales.
La Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  no impondrá  las obligaciones 
mencionadas en el párrafo anterior en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) el operador sea exclusivamente mayorista y pone a disposición de cualquier 
operador unos medios de acceso a los usuarios finales alternativos, viables y similares 
en condiciones justas, no discriminatorias y razonables a una red de muy alta capacidad. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá hacer extensiva esta 
exención a otros operadores que ofrezcan, en condiciones justas, no discriminatorias y 
razonables, acceso a una red de muy alta capacidad. Esta exención no podrá aplicarse 
cuando las redes públicas de comunicaciones electrónicas sean o hayan sido 
financiadas públicamente;
b) se ponga en peligro la viabilidad económica o financiera de un nuevo despliegue 
de redes, en particular mediante proyectos locales de menor dimensión.
CAPÍTULO III
Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones 
y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter 
público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas
Artículo 56.  Salvaguardia de derechos fundamentales.
1. Las  medidas  que se adopten  en relación  al acceso  o al uso por parte  de los 
usuarios  finales  de los servicios  y las aplicaciones  a través  de redes  de comunicaciones 
electrónicas  respetarán  los derechos  y libertades  fundamentales,  como  queda  garantizado 
en el Convenio  Europeo  para la Protección  de los Derechos  Humanos  y de las Libertades 
Fundamentales,  en la Carta  de Derechos  Fundamentales  de la Unión  Europea,  en los 
principios generales del Derecho comunitario y en la Constitución Española.
2. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los 
usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales 
solo podrá imponerse si es adecuada, necesaria y proporcionada en una sociedad 
democrática, y su aplicación está sujeta a las salvaguardias de procedimiento 
apropiadas de conformidad con las normas mencionadas en el apartado anterior. Por 
tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de 
presunción de inocencia, el derecho a la vida privada e intimidad, el derecho a la libertad 
de expresión e información y el derecho a la tutela judicial efectiva, a través de un 
procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser 
oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los requisitos procedimentales 
adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Artículo 57.  Principio de no discriminación.
Los operadores  que instalen  o exploten  redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas 
o que presten  servicios  de comunicaciones  electrónicas  disponibles  al público  no aplicarán 
a los usuarios  finales  ningún  requisito  diferente  ni condiciones  generales  de acceso  o uso 
de redes  o servicios  ni de utilización  de los mismos  por motivos  relacionados  con la 
nacionalidad,  el lugar  de residencia  o el lugar  de establecimiento  del usuario  final, a menos 
que dicho trato diferente se justifique de forma objetiva.
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Artículo 58.  Secreto de las comunicaciones.
1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas 
o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán 
garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 
de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.
2. Los  operadores  que suministren  redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas  o 
que presten  servicios  de comunicaciones  interpersonales  basados  en numeración 
disponibles  al público  o servicios  de acceso  a internet  están  obligados  a realizar  las 
interceptaciones que se autoricen judicialmente de acuerdo con lo establecido en el capítulo 
V del título VIII del libro II de la Ley de Enjuiciamiento  Criminal,  en la Ley Orgánica  2/2002, 
de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en 
otras normas con rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas 
que se establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes.
3. La  interceptación  a que se refiere  el apartado  anterior  deberá  facilitarse  para 
cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el 
terminal  específico  que se determine  a partir  de la orden  de interceptación  legal,  incluso 
aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; 
asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de 
ubicación  temporal  para comunicaciones  desde  locales  públicos.  Cuando  no exista  una 
vinculación  fija entre  el sujeto  de la interceptación  y el terminal  utilizado,  éste podrá  ser 
determinado  dinámicamente  cuando  el sujeto  de la interceptación  lo active  para la 
comunicación mediante un código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público distintas de las comunicaciones interpersonales independientes de la 
numeración, en particular, por su penetración y cobertura, para las que se realicen 
mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos, se 
trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la 
transmisión de facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los 
centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada 
y la información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se 
realiza la comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las 
características del servicio no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de 
interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación:
a) identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el 
destino de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada 
mediante un número de identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un 
número de teléfono) o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o 
virtual (tal como un número personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico 
caso a caso.
Los sujetos obligados proporcionarán, cuando técnicamente sea posible, los 
identificadores permanentes que sean necesarios para la atribución de un servicio a un 
usuario determinado de forma inequívoca, así como los identificadores del dispositivo 
empleado para la comunicación.
Si en una comunicación electrónica se asignaran identidades de carácter temporal al 
usuario, el sujeto obligado implementará, cuando técnicamente sea posible, las medidas 
de correlación necesarias para que en la información de la interceptación se faciliten las 
identidades permanentes que permitan la identificación inequívoca del usuario asignado, 
así como del dispositivo empleado en la comunicación.
b) identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación 
electrónica;
c) servicios básicos utilizados;
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d) servicios suplementarios utilizados;
e) dirección de la comunicación;
f) indicación de respuesta;
g) causa de finalización;
h) marcas temporales;
i) información de localización;
j) información intercambiada a través del canal de control o señalización.
6. Además  de la información  relativa  a la interceptación  prevista  en el apartado 
anterior,  los sujetos  obligados  deberán  facilitar  al agente  facultado,  salvo  que por las 
características  del servicio  no estén  a su disposición,  de cualquiera  de las partes  que 
intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:
a) identificación de la persona física o jurídica;
b) domicilio en el que el operador realiza las notificaciones;
y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno 
de los siguientes:
c) número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las 
identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado);
d) número de identificación del terminal;
e) número de cuenta asignada por el proveedor de servicios internet;
f) dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados 
deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su disposición, 
información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red origen 
de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, se 
proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo 
caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada.
8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos 
previstos en los apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en 
la orden de interceptación legal.
9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos 
obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y 
características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la 
medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los 
abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de 
extranjero o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y número de 
identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.
10.  Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más 
interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la 
información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las 
interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión 
de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las 
especificaciones técnicas que se establezcan por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
11.  En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto 
de interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o 
cualquier otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los efectos 
de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones  interceptadas  deben  proveerse  al centro  de recepción  de las 
interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación.
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Artículo 59.  Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios 
técnicos.
1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, 
conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial 
para la interceptación de contenidos, cuando para la realización de las tareas de control 
para la eficaz utilización del dominio público radioeléctrico o para la localización de 
interferencias perjudiciales sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e 
instalaciones técnicas de interceptación de señales no dirigidas al público en general, 
será de aplicación lo siguiente:
a) la administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus 
sistemas técnicos de interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el 
riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones;
b) cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede 
constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser 
custodiados hasta la finalización, en su caso, del expediente sancionador que hubiera 
lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podrán ser 
objeto de divulgación.
2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las 
redes y la correcta prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a 
la Administración atribuye el artículo 85.
Artículo 60.  Protección de los datos de carácter personal.
1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas 
o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidas 
las redes públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificación y 
recopilación de datos, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas 
para preservar la seguridad en el suministro de su red o en la prestación de sus 
servicios, con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal. Dichas 
medidas incluirán, como mínimo:
a) la garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 
personales para fines autorizados por la ley;
b) la protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, 
tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos;
c) la garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al 
tratamiento de datos personales.
La Agencia Española de Protección de Datos, en el ejercicio de su competencia de 
garantía de la seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, podrá examinar 
las medidas adoptadas por los operadores que suministren redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público y podrá formular recomendaciones sobre las mejores prácticas con 
respecto al nivel de seguridad que debería conseguirse con estas medidas.
2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red 
pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que suministre dicha 
red o preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre 
dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.
3. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas 
dicha violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los 
datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un 
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abonado o particular, el operador notificará también la violación al abonado o particular 
sin dilaciones indebidas.
La notificación  de una violación  de los datos  personales  a un abonado  o particular 
afectado  no será necesaria  si el operador  ha probado  a satisfacción  de la Agencia  Española 
de Protección  de Datos  que ha aplicado  las medidas  de protección  tecnológica  convenientes 
y que estas  medidas  se han aplicado  a los datos  afectados  por la violación  de seguridad. 
Unas  medidas  de protección  de estas  características  podrían  ser aquellas  que convierten  los 
datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.
Sin perjuicio de la obligación del operador de informar a los abonados o particulares 
afectados, si el operador no ha notificado ya al abonado o al particular la violación de los 
datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos podrá exigirle que lo 
haga, una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violación.
En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la 
violación de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse más 
información y se recomendarán medidas para atenuar los posibles efectos adversos de 
dicha violación. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se 
describirán además las consecuencias de la violación y las medidas propuestas o 
adoptadas por el operador respecto a la violación de los datos personales.
Los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos 
personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las 
medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia 
Española de Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
notificación reguladas en este apartado. Mediante real decreto podrá establecerse el 
formato y contenido del inventario.
A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos 
personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, 
la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales 
transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un 
servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá adoptar directrices y, en caso 
necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el 
operador notifique la violación de los datos personales, sobre el formato que debe 
adoptar dicha notificación y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las 
disposiciones que en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisión Europea.
4. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.
Artículo 61.  Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
La conservación y cesión de los datos generados o tratados en el marco de la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de 
comunicación a los agentes facultados a través de la correspondiente autorización 
judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves 
contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo 
establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a 
las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Artículo 62.  Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
1. Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones 
electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado.
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2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus 
condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, 
se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del 
Estado o a un organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado 
utilizado, en casos justificados de protección de los intereses esenciales de seguridad 
del Estado y la seguridad pública, y para permitir la investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de delitos, así como la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos 
de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.
3. Toda información obtenida por parte de la Administración General del Estado o 
cualquier organismo público a través de los preceptos incluidos en el apartado 2 de este 
artículo deberá ser tratada con la máxima confidencialidad y destruida una vez que se 
resuelva la amenaza para la seguridad del Estado y la seguridad pública o se haya 
dictado sentencia firme sobre el delito en cuestión.
Artículo 63.  Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones 
electrónicas.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas y de servicios 
de comunicaciones electrónicas disponibles al público, gestionarán adecuadamente los 
riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un 
adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de 
seguridad en los usuarios y en otras redes y servicios, para lo cual deberán adoptar las 
medidas técnicas y organizativas adecuadas, que deberán ser proporcionadas y en línea 
con el estado de la técnica, pudiendo incluir el cifrado.
2. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación 
de los servicios que utilizan dichas redes.
3. Los operadores que suministren redes públicas o presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público notificarán al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital los incidentes de seguridad que hayan tenido un 
impacto significativo en el suministro de las redes o los servicios.
Con el fin de determinar la importancia del impacto de un incidente de seguridad se 
tendrán en cuenta, en particular, los parámetros siguientes, cuando se disponga de ellos:
a) el número de usuarios afectados por el incidente de seguridad;
b) la duración del incidente de seguridad;
c) el área geográfica afectada por el incidente de seguridad;
d) la medida en que se ha visto afectado el funcionamiento de la red o del servicio;
e) el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales.
Cuando  proceda,  el Ministerio  informará  a las autoridades  nacionales  competentes  de 
otros  Estados  miembros  y a la Agencia  Europea  de Seguridad  en las Redes  y la Información 
(ENISA). Asimismo, podrá informar al público o exigir a los operadores que lo hagan, en caso 
de estimar  que la divulgación  del incidente  de seguridad  reviste  interés  público.  Una vez al 
año, el Ministerio  presentará  a la Comisión  y a la ENISA  un informe  resumido  sobre  las 
notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.
Del mismo  modo,  el Ministerio  comunicará  a la Secretaría  de Estado  de Seguridad  del 
Ministerio  del Interior  aquellos  incidentes  que afectando  a los operadores  estratégicos 
nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas, en el 
marco  de la Ley 8/2011,  de 28 de abril, reguladora  de las mismas.  También  el Ministerio 
comunicará  a la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la Competencia  los incidentes  de 
seguridad  a que se refiere  este apartado  que afecten  o puedan  afectar  a las obligaciones 
específicas impuestas por dicha Comisión en los mercados de referencia.
4. En caso de que exista una amenaza particular y significativa de incidente de 
seguridad en las redes públicas de comunicaciones electrónicas o en los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, los operadores deberán 
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informar a sus usuarios que pudieran verse afectados por dicha amenaza sobre las 
posibles medidas de protección o soluciones que pueden adoptar los usuarios. Cuando 
proceda, los operadores también informarán a sus usuarios sobre la propia amenaza.
5. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  establecerá  los 
mecanismos  para supervisar  el cumplimiento  de las obligaciones  anteriores  y, en su caso, 
dictará  las instrucciones  correspondientes,  que serán  vinculantes  para los operadores, 
incluidas  las relativas  a las medidas  necesarias  adicionales  a las identificadas  por los 
operadores  para solventar  incidentes  de seguridad,  o impedir  que ocurran  cuando  se haya 
observado  una amenaza  significativa,  e incumplimientos  de las fechas  límite  de aplicación. 
Entre  las medidas  relativas  a la integridad  y seguridad  de redes  y servicios  de 
comunicaciones electrónicas que se puedan exigir a los operadores, podrá imponer:
a) la  obligación  de facilitar  la información  necesaria  para evaluar  la seguridad  y la 
integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad;
b) la obligación de someterse a una auditoría de seguridad realizada por un 
organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a 
disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El coste de 
la auditoría será sufragado por el operador.
6. En particular, los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los 
servicios de comunicaciones vocales y de acceso a internet a través de las redes 
públicas de comunicaciones electrónicas en caso de fallo catastrófico de la red o en 
casos de fuerza mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el 
acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisión ininterrumpida 
de las alertas públicas.
7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.6.
8. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
CAPÍTULO IV
Derechos de los usuarios finales
Artículo 64.  Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de 
comunicaciones electrónicas.
1. Son titulares de los derechos específicos reconocidos en este capítulo, en las 
condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales y consumidores de servicios 
de comunicaciones electrónicas.
2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas 
o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público estarán 
obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo. Las microempresas que 
presten servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración 
no estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo, salvo que 
también presten otros servicios de comunicaciones electrónicas. Estas microempresas 
deberán informar a los usuarios finales y consumidores antes de celebrar un contrato 
que se benefician de esta excepción y que, por tanto, no están obligadas a respetar los 
derechos reconocidos en este capítulo.
Tampoco  están  obligados  a respetar  los derechos  reconocidos  en este capítulo  las 
empresas,  autoridades  públicas  o usuarios  finales  que suministren  el acceso  a una red 
pública  de comunicaciones  electrónicas  a través  de RLAN,  cuando  dicho  suministro  no 
forme  parte  de una actividad  económica  o sea accesorio  respecto  de otra actividad 
económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes.
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Las excepciones contempladas en el presente apartado lo serán sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios y los operadores de 
comunicaciones electrónicas podrán negociar y aprobar códigos de conducta con el 
objetivo de mejorar la calidad general de la prestación de los servicios, que tendrán 
carácter vinculante exclusivamente entre los firmantes de los códigos.
4. El reconocimiento de los derechos específicos de los usuarios finales y 
consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público 
que efectúa este capítulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los 
consumidores el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para 
aspectos no recogidos en la presente ley.
5. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contienen en 
materia de derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las 
disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa, serán de 
aplicación preferente en caso de conflicto con las disposiciones que regulen con carácter 
general los derechos de los consumidores y usuarios. La supervisión y control del 
correcto ejercicio de los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de 
servicios de comunicaciones electrónicas, así como la inspección y sanción por su 
incumplimiento, estará a cargo de la autoridad que se determine en esta ley y su 
desarrollo reglamentario.
Artículo 65.  Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
1. Los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores, según 
corresponda, de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público 
son, entre otros, los siguientes, que serán objeto de desarrollo mediante real decreto:
a) el derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los 
operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, 
así como el contenido mínimo de dichos contratos, en los términos establecidos en el 
artículo 67;
b) el derecho a rescindir el contrato anticipadamente y sin penalización en los 
supuestos contemplados en el artículo 67;
c) el derecho a la información, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, 
transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68;
d) el derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, 
actualizada y de fácil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, en los términos establecidos en el artículo 69;
e) el derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan 
nacional de numeración en los supuestos y con los requisitos contemplados en el 
artículo 70;
f) el derecho a recibir información sobre las medidas adoptadas para garantizar un 
acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad, según lo dispuesto en el 
artículo 73;
g) el derecho a acceder a los servicios de emergencia a través de los servicios de 
comunicaciones de emergencia de forma gratuita sin tener que utilizar ningún medio de 
pago, según lo dispuesto en el artículo 74;
h) el derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a internet, a la 
información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y 
servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la 
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ubicación del usuario final o del operador o de la ubicación, origen o destino de la 
información, contenido, aplicación o servicio, en los términos establecidos en el 
artículo 76;
i) el derecho a acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS 
y datos en itinerancia internacional, en particular, la itinerancia en la Unión Europea de 
conformidad con las condiciones, requisitos y tarifas reguladas en el 
Reglamento 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, 
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión;
j) el derecho a la facturación detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho 
a recibir facturas no desglosadas a petición del usuario.
Mediante real decreto se determinará el nivel básico de detalle en las facturas que 
los operadores habrán de ofrecer a los usuarios finales de manera gratuita, a fin de que 
estos puedan comprobar y controlar los gastos generados por el uso de los servicios de 
acceso a internet o servicios de comunicaciones vocales, o los servicios de 
comunicaciones interpersonales basados en numeración, así como efectuar un 
seguimiento adecuado de sus propios gastos y utilización, ejerciendo con ello un nivel 
razonable de control sobre sus facturas.
Dichas facturas detalladas incluirán una mención explícita de la identidad del 
operador;
k) el derecho de desconexión de determinados servicios.
Mediante real decreto de determinarán los supuestos, plazos y condiciones en que el 
usuario, previa solicitud, podrá ejercer el derecho de desconexión de determinados 
servicios y se contemplará la necesidad de petición expresa para el acceso a servicios 
de distinta consideración;
l) el derecho a acceder a servicios de tarificación adicional en las condiciones 
directamente asociadas al uso de la numeración para dichos servicios;
m)  el derecho de los usuarios finales a solicitar al operador que ofrezca información 
sobre tarifas alternativas de menor precio, en caso de estar disponibles;
n) el derecho de los usuarios finales de desactivar la capacidad de terceros 
proveedores de servicios de aprovechar la factura de un operador de un servicio de 
acceso a internet o de un proveedor de un servicio de comunicaciones interpersonales 
disponible para el público, para cobrar por sus productos o servicios;
ñ) el derecho a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal 
por parte de un tercero;
o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la 
presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la 
presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada.
Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de 
comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o 
comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se 
determinen mediante real decreto.
Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este 
derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las 
llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea;
p) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la 
presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a 
rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.
En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de 
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración, así 
como los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, deberán cumplir 
las condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualización, 
restricción y supresión de la identificación de la línea de origen y conectada;
q) el derecho al reenvío de correos electrónicos o al acceso a los correos 
electrónicos una vez rescindido el contrato con un proveedor de servicios de acceso a 
internet.
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Los usuarios finales que rescindan su contrato con un operador de servicios de 
acceso a internet, y que así lo soliciten, tienen el derecho bien a acceder a sus correos 
recibidos a las direcciones basadas en la denominación comercial o marca de su 
operador anterior o bien a que se le reenvíen los correos enviados a esa dirección a la 
nueva dirección que el usuario final indique. Tanto el acceso como el reenvío será 
gratuito para el usuario final;
r) el derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación 
adicional.
2. Los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito 
para los usuarios, que puede estar desvinculado de los servicios comerciales, que tenga 
por objeto facilitar información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus 
clientes. Los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán 
garantizar en todo momento una atención personal directa, más allá de la posibilidad de 
utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha 
atención. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la 
acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el 
otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un 
documento en soporte duradero.
3. En  lo no previsto  en esta ley, a los servicios  de comunicaciones  interpersonales 
disponibles al público independientes de la numeración les será de aplicación lo establecido 
en el texto  refundido  de la Ley General  para la Defensa  de los Consumidores  y Usuarios, 
aprobado  por el Real Decreto  Legislativo  1/2007,  de 16 de noviembre,  en relación  con los 
contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.
4. Toda la información recibida por los usuarios finales y consumidores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicos disponibles al público, así como todos los 
servicios de atención al cliente deberán ser ofrecidos en la lengua oficial del Estado y en 
la lengua oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando así sea requerido 
por el usuario final o consumidor.
Artículo 66.  Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con 
las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las 
guías de abonados.
1. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las 
comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes 
derechos:
a) a  no recibir  llamadas  automáticas  sin intervención  humana  o mensajes  de fax, con 
fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello;
b) a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo 
que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de 
comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base 
de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de 
tratamiento de datos personales.
2. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los 
datos de tráfico y los datos de localización distintos de los datos de tráfico, los usuarios 
finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público 
basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:
a) a que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean 
necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Los datos de tráfico 
necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las 
interconexiones podrán ser tratados únicamente hasta que haya expirado el plazo para 
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la impugnación de la factura del servicio, para la devolución del cargo efectuado por el 
operador, para el pago de la factura o para que el operador pueda exigir su pago;
b) a que sus datos de tráfico sean utilizados para promoción comercial de servicios 
de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido, en la 
medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial 
únicamente cuando hubieran prestado su consentimiento para ello. Los usuarios finales 
dispondrán del derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de 
tráfico en cualquier momento y con efecto inmediato;
c) a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los 
datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento y 
únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de 
servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser 
sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido 
que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su 
consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los 
datos de localización distintos de tráfico.
Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de 
comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o 
comunicaciones de emergencia efectuadas a entidades que presten servicios de 
emergencia que se determinen por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
3. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las 
guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los 
usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al 
público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:
a) a figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la 
prestación de los servicios de información sobre números de abonado;
b) a ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los 
servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las 
mismas, con carácter previo a dicha inclusión;
c) a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la 
medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya 
estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre 
números de abonados que se presenten en el mercado.
4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos 
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
5. Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, y, en particular, de la aplicación del 
concepto de consentimiento que figura en la misma.
Artículo 67.  Contratos.
1. Antes de que un consumidor quede vinculado por un contrato o cualquier oferta 
correspondiente, los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la 
prestación de servicios máquina a máquina le facilitarán al menos la información que a 
estos efectos se establece en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre.
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Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, los operadores citados 
también proporcionarán, antes de la celebración del contrato, la información específica 
sobre el servicio de comunicaciones electrónicas de que se trate establecida en el anexo 
VIII del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
El operador facilitará dicha información de manera clara y comprensible en un 
soporte duradero, tal como se define en el artículo 59 bis.1.q) del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, o, en casos en los que un soporte 
duradero no sea viable, en un documento que se pueda descargar fácilmente. El 
operador llamará expresamente la atención del consumidor acerca de la disponibilidad 
de dicho documento y acerca de la importancia de su descarga con fines de 
documentación, referencia futura y reproducción sin cambios.
Esta información se proporcionará, previa petición, en un formato accesible para 
usuarios finales con discapacidad de acuerdo con la normativa por la que se armonizan 
los requisitos para productos y servicios.
2. Los operadores mencionados en el apartado anterior deben proporcionar a los 
consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Dicho resumen 
identificará los elementos principales del contrato referidos en el apartado anterior y, en 
todo caso, los siguientes:
a) el nombre, la dirección y la información de contacto del operador y, si fuera 
diferente, la información de contacto para las reclamaciones;
b) las características principales de cada servicio prestado;
c) los precios respectivos totales, incluyendo impuestos y tasas aplicables, por 
activar el servicio de comunicaciones electrónicas y por cualquier gasto recurrente o 
relacionado con el consumo, si el servicio se presta mediante un pago directo;
d) la duración del contrato y las condiciones para su renovación;
e) las condiciones y los mecanismos para solicitar la resolución del contrato, así 
como los costes asociados y posibles penalizaciones asociados a la rescisión del mismo;
f) en qué medida los productos y servicios están diseñados para usuarios finales 
con discapacidad;
g) con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la velocidad 
mínima, disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los 
servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y 
anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en 
el caso de las redes móviles.
Los operadores deberán remitir, antes de la celebración del contrato, el contrato 
resumido de forma gratuita a los consumidores, incluso cuando se trate de contratos a 
distancia. Cuando por razones técnicas objetivas sea imposible facilitar el contrato 
resumido en el momento, se facilitará posteriormente sin demora indebida y el contrato 
será efectivo cuando el consumidor haya dado su consentimiento tras haber recibido el 
contrato resumido.
3. La información a que se refieren los dos apartados anteriores forma parte 
integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes contratantes dispongan 
expresamente lo contrario.
4. Cuando los servicios de acceso a internet o los servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público se facturen en función del consumo de tiempo o de 
volumen, los operadores ofrecerán a los consumidores medios para vigilar y controlar el 
uso de cada uno de estos servicios. Estos medios incluirán el acceso a información 
oportuna sobre el nivel de consumo de los servicios incluidos en un plan de tarifas. En 
concreto, los operadores avisarán a los consumidores antes de alcanzar el límite de 
consumo determinado mediante real decreto e incluido en su plan de tarifas y cuando se 
haya consumido completamente un servicio incluido en su plan de tarifas.
5. La información mencionada en los apartados anteriores se suministrará también 
a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas y organizaciones 
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sin ánimo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad 
o parte de la información contenida en dichos apartados.
6. Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, se podrá regular que los operadores deban facilitar más información 
sobre el nivel de consumo y, en su caso, impedir temporalmente la utilización del servicio 
correspondiente que supere un determinado límite financiero o de volumen.
7. Los contratos celebrados entre consumidores y operadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de 
transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina, no tendrán un 
período de vigencia superior a veinticuatro meses. Esta duración también será aplicable 
a los contratos para dichos servicios suscritos con los usuarios finales que sean 
microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que 
estas hayan acordado explícitamente renunciar a la misma.
El presente apartado no se aplicará a la duración de un contrato a plazos cuando el 
consumidor haya acordado en un contrato aparte efectuar pagos a plazos 
exclusivamente para el despliegue de una conexión física, en particular a redes de muy 
alta capacidad. Un contrato a plazos para el despliegue de una conexión física no 
incluirá terminales, como encaminadores o módems, y no impedirá a los consumidores 
ejercer sus derechos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo.
Una vez que se cumpla el período de vigencia, dichos contratos quedan prorrogados 
automáticamente por el mismo periodo si bien, tras dicha prórroga, los usuarios finales 
tienen el derecho de rescindirlo en cualquier momento con un preaviso máximo de un 
mes sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período 
de preaviso. Con anterioridad a dicha prórroga automática, los operadores informarán a 
los usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la 
finalización de los compromisos contractuales y los medios para rescindir el contrato y, 
de manera simultánea, el operador proporcionará a los usuarios finales información 
sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los operadores facilitarán a los usuarios 
finales información sobre las mejores tarifas al menos una vez al año.
8. Los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer 
ningún coste adicional cuando el operador de los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público les anuncie que propone introducir cambios en las 
condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en 
beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no 
tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos normativamente.
Los operadores comunicarán a los usuarios finales, al menos con un mes de 
antelación, cualquier cambio de las condiciones contractuales y les informarán al mismo 
tiempo de su derecho a rescindir su contrato sin contraer ningún coste adicional si no 
aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el 
plazo de un mes a partir de la comunicación, la cual debe efectuarse de forma clara y 
comprensible y en un soporte duradero.
En cualquier caso, únicamente podrán modificarse unilateralmente las condiciones 
de un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los 
motivos válidos expresados en él.
9. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o frecuentemente 
recurrente, entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones electrónicas 
distinto del servicio de acceso a internet y distinto de un servicio de comunicaciones 
interpersonales independiente de la numeración, y el rendimiento indicado en el contrato 
se considerará un motivo para poder presentar las oportunas reclamaciones, en cuya 
resolución se podrá reconocer el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno.
10.  Cuando el usuario final tenga derecho a rescindir un contrato de servicio de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público distinto de un servicio de 
comunicaciones interpersonales independiente de la numeración antes de que finalice el 
período fijado en el contrato, el usuario final no deberá abonar ninguna compensación 
excepto por el equipo terminal subvencionado que conserve.
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Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en 
el momento de su finalización, la compensación debida no excederá de su valor 
prorrateado en el momento de la finalización del contrato o la parte restante de la tasa de 
servicio hasta el final del contrato, si esa cantidad fuera inferior.
Cualquier condición sobre el uso de los equipos terminales en otras redes será 
eliminada, de forma gratuita, por el operador a más tardar, tras el pago de dicha 
compensación.
11.  En lo relativo a servicios de transmisión empleados para servicios máquina a 
máquina, los derechos a que se refieren los apartados 8 y 10 sólo deberán beneficiar a 
los usuarios finales que sean consumidores, microempresas o pequeñas empresas u 
organizaciones sin ánimo de lucro.
Artículo 68.  Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información.
1. Los operadores de servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público deberán publicar la información relacionada con el 
contrato y los servicios que cubre con el fin de garantizar que todos los usuarios finales 
puedan elegir con conocimiento de causa. Esta información será, al menos, la 
establecida en el anexo IX del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
Esta información deberá ser proporcionada de manera clara, comprensible, en 
formato automatizado y fácilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad, 
y deberá mantenerse actualizada regularmente.
2. El  Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital,  de acuerdo  con las 
condiciones  que se establezcan  mediante  real decreto,  garantizará  que los usuarios  finales 
tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les 
permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de 
comunicaciones  interpersonales  disponibles  al público  basados  en numeración  y, cuando 
proceda,  a los servicios  de comunicaciones  interpersonales  disponibles  al público 
independientes de la numeración, en lo que respecta a:
a) precios y tarifas de servicios proporcionados a cambio de pagos recurrentes o 
directos basados en el consumo;
b) la calidad de prestación del servicio cuando se ofrezca una calidad mínima de 
servicio o cuando el operador esté obligado a publicar esa información, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 69.
3. Las herramientas de comparación deberán reunir los siguientes requisitos:
a) serán funcionalmente independientes de los proveedores de esos servicios, 
garantizando así que los proveedores de servicios reciben un trato equitativo en los 
resultados de las búsquedas;
b) indicarán  claramente  los propietarios  y operadores  de la herramienta  de 
comparación;
c) establecerán criterios claros y objetivos en los que deberá basarse la comparación;
d) utilizarán un lenguaje sencillo e inequívoco;
e) proporcionarán información precisa y actualizada e indicarán el momento de la 
actualización más reciente;
f) estarán abiertas a cualquier proveedor de servicios de acceso a internet o de 
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público de manera que 
pueda utilizar la información relevante e incluirán una amplia gama de ofertas que 
abarquen una parte significativa del mercado y, cuando la información presentada no 
proporcione una visión completa del mercado, una declaración clara a tal efecto antes de 
mostrar los resultados;
g) ofrecerán un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información;
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h) incluirán la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestación del 
servicio entre las ofertas disponibles para los consumidores, y entre dichas ofertas y las 
ofertas tipo disponibles para otros usuarios finales si así se requiriese.
Las herramientas de comparación, previa solicitud del proveedor de la herramienta, 
deberán ser certificadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, en los términos en que se determine mediante real decreto.
La información publicada por los operadores de servicios de acceso a internet o de 
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público podrá ser utilizada 
gratuitamente por terceros en formatos de datos abiertos, con el fin de hacer disponibles 
dichas herramientas de comparación independientes.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá exigir a los 
operadores que ofrezcan servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público basados en numeración, o a ambos, que difundan 
de forma gratuita información de interés público a los antiguos y nuevos usuarios finales, 
cuando proceda, por las mismas vías que las utilizadas normalmente en sus 
comunicaciones con los usuarios finales. Dicha información, que será facilitada a los 
operadores en un formato normalizado, cubrirá, entre otros, los siguientes aspectos:
a) los usos más comunes de los servicios de acceso a internet y de los servicios de 
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración para 
desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando 
ello puede atentar contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las 
infracciones de los derechos de protección de datos, los derechos de autor y derechos 
afines, así como sus consecuencias jurídicas;
b) los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos de carácter personal cuando utilicen los servicios de acceso a 
internet y los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados 
en numeración.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará 
periódicamente los datos resultantes de la gestión del procedimiento de resolución de 
controversias establecido en el artículo 78.1. Los datos incluirán un nivel de 
desagregación que permita obtener información acerca de los servicios, materias y 
operadores sobre los que versan las reclamaciones recibidas.
6. Los operadores que presten a los consumidores servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público de acceso a internet o de comunicaciones 
interpersonales basados en el uso de la numeración, estarán obligados a comunicar al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con al menos un mes de 
antelación a su entrada en vigor, todas las condiciones contractuales, tarifas y planes de 
precios conforme se establezca mediante real decreto, y entre ellos los siguientes:
a) las condiciones generales de contratación y cualquiera de sus modificaciones;
b) las tarifas y planes de precios que vayan a poner en el mercado, y cualquiera de 
sus modificaciones;
c) las condiciones particulares de todos los servicios, tarifas y planes de precios, 
así como sus modificaciones.
Artículo 69.  Calidad de servicio.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, especificará 
los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de 
medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá 
hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad. Para ello, 
se tendrán en cuenta las directrices que establezca el ORECE y se utilizarán, si procede, 
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los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el anexo X del 
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a los 
operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público la publicación de información completa, 
comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios 
destinada a los usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos 
elementos de la red, ya sea directamente o en virtud de un acuerdo de nivel de servicio 
en este sentido, y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente 
para los usuarios finales con discapacidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también podrá exigir a los 
operadores de servicios de comunicación interpersonal disponibles al público que 
informen a los consumidores, en caso de que la calidad de los servicios que suministran 
dependa de cualesquiera factores externos, como el control de la transmisión de la señal 
o la conectividad de red.
Previa petición, dicha información deberá ser facilitada, a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, con anterioridad a su publicación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará bianualmente un 
estudio de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios finales radicados en las zonas 
rurales y escasamente pobladas respecto de la calidad media de servicio ofrecida al 
conjunto de usuarios radicados en el resto del país.
Las medidas que establezcan los operadores de servicios de acceso a internet y de 
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público para garantizar la 
calidad de sus servicios, serán conformes al Reglamento (UE) 2015/2120, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se 
establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por 
menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la 
Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.
Artículo 70.  Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios 
finales.
1. Los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y los que tengan 
números del plan nacional de numeración tienen el derecho de conservar su número, 
previa solicitud, con independencia del operador que preste el servicio, al menos en los 
siguientes supuestos:
a) en una ubicación fija, cuando se trate de números geográficos;
b) en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.
2. Cuando un usuario final rescinda un contrato con un operador, conservará el 
derecho a cambiar su número al nuevo operador durante, al menos, un mes después de 
la fecha de rescisión, a menos que el usuario final renuncie a ese derecho.
3. La conservación del número y su activación subsiguiente se ejecutarán con la 
mayor brevedad en la fecha o fechas acordadas explícitamente con el usuario final. En 
cualquier caso, a los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un 
número a un nuevo operador se les activará dicho número en el plazo de un día hábil 
desde la fecha acordada con el usuario final.
En caso de que el proceso de conservación del número falle, el operador donante 
reactivará el número o el servicio del usuario final hasta que dicho proceso finalice con 
éxito y continuará prestando sus servicios en las mismas condiciones hasta que se 
activen los servicios del operador receptor. En cualquier caso, la pérdida de servicio 
durante el proceso de cambio y conservación no excederá de un día hábil.
Los operadores cuyas redes de acceso o recursos sean utilizadas por el operador 
donante o por el receptor, o por ambos, velarán por que no haya pérdida de servicio que 
pueda retrasar los procesos de cambio o conservación.
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4. En el caso de cambio de operador de servicios de acceso a internet, los 
operadores afectados facilitarán a los usuarios finales información adecuada antes y 
durante el proceso de transferencia y garantizarán la continuidad del servicio de acceso 
a internet, salvo que no sea posible técnicamente.
El operador receptor velará por que la activación del servicio de acceso a internet se 
produzca en el menor tiempo posible, en la fecha y en el horario expresamente 
acordados con el usuario final. El operador donante continuará prestando sus servicios 
de acceso a internet en las mismas condiciones hasta que el nuevo operador active a su 
vez los servicios de acceso a internet. La pérdida de servicio durante el proceso de 
transferencia no excederá de un día hábil.
5. El operador receptor dirigirá los procesos de cambio y conservación de números, 
debiendo cooperar de buena fe tanto el operador receptor como el operador donante. A 
tal efecto, ambos operadores no provocarán retrasos ni cometerán abusos relacionados 
con los procesos de cambio y conservación ni cambiarán números. En particular, no se 
podrá transferir a los usuarios finales en contra de su voluntad o sin su consentimiento 
explícito.
El contrato del usuario final con el operador donante se rescindirá de forma 
automática con la finalización del proceso de cambio.
6. El proceso de cambio de operador y de conservación del número se regulará 
mediante real decreto, para lo cual deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de 
consumidores y usuarios, la viabilidad técnica y la necesidad de mantener la continuidad 
del servicio al usuario final. En aplicación de este real decreto y su normativa de 
desarrollo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá fijar, mediante 
circular, características y condiciones para el cambio de operador y la conservación de 
los números, así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que ésta 
se lleve a cabo.
Esta regulación incluirá, cuando sea técnicamente viable, un requisito para que la 
conservación del número se complete mediante el aprovisionamiento inalámbrico de 
recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar medidas 
adecuadas que garanticen que los usuarios finales queden adecuadamente informados y 
protegidos durante todo el proceso de cambio y conservación.
7. Los operadores donantes reembolsarán, a petición del consumidor y sin 
dilaciones indebidas, cualquier crédito pendiente a los consumidores que usen servicios 
de prepago. El reembolso solo podrá estar sujeto a una tasa si se estipula así en el 
contrato. Esa tasa será proporcionada y adecuada a los costes reales asumidos por el 
operador donante al ofrecer el reembolso, a cuyos efectos la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia podrá requerir del operador donante cualquier información 
que permita acreditar este extremo.
8. El retraso y los abusos en materia de cambio de operador, de conservación de 
los números y en caso de no presentación a una cita de servicio y para la instalación, por 
parte de los operadores o en su nombre, dará derecho a los abonados a una 
compensación en los términos que se establezcan mediante real decreto, en el que se 
fijarán asimismo los supuestos en que dicha compensación será automática. Las 
condiciones y procedimientos para la resolución de los contratos no deberán constituir un 
factor disuasorio para cambiar de operador.
Artículo 71.  Contratos empaquetados.
1. Si un contrato incluye un paquete de servicios o un paquete de servicios y 
equipos terminales ofrecidos a un consumidor, y al menos uno de estos servicios es un 
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servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles 
al público basados en numeración, se aplicarán a todos los elementos del paquete:
a) la obligación consistente en proporcionar al usuario final con carácter previo a la 
celebración del contrato un resumen del contrato conciso y de fácil lectura a que se 
refiere el artículo 67.2;
b) la obligación de proporcionar la información relacionada con el contrato y los 
servicios que cubre establecida en el artículo 67.1;
c) las condiciones sobre duración y resolución de los contratos establecidas en el 
artículo 67;
d) las condiciones para llevar a cabo el cambio de operador de servicios de acceso 
a internet establecidas en el artículo 70.4.
2. Cuando el consumidor tenga derecho a rescindir cualquier elemento del paquete de 
servicios  o del paquete  de servicios  y equipos  terminales  contratado  antes  del vencimiento 
del plazo  contractual,  ya sea por razones  de falta de adecuación  con el contrato  o ya sea 
por incumplimiento del suministro de los servicios, el consumidor tiene derecho a rescindir el 
contrato íntegro respecto a todos los elementos del paquete de servicios.
3. Cualquier abono a servicios adicionales prestados o a equipos terminales 
distribuidos por el mismo operador de los servicios de acceso a internet o de los 
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en 
numeración no prolongará el período original del contrato al que se han añadido dichos 
servicios o equipos terminales, a menos que el consumidor acepte expresamente lo 
contrario en el momento de contratar los servicios adicionales y los equipos terminales.
4. Los apartados 1 y 3 también se aplicarán a los usuarios finales que sean 
microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que 
hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de lo establecido en 
los mismos.
Artículo 72.  Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado.
1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos 
se realizará en régimen de libre competencia.
2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en 
numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán 
de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente 
para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías 
accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, 
objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el 
suministro de la citada información y su posterior utilización a la presente ley y su 
normativa de desarrollo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar 
gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:
a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;
b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de 
abonado;
c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad 
con el artículo 74;
d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2.
e) los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el 
desarrollo de las competencias estadísticas que la ley les confiere, no siendo aplicable 
en este caso el derecho previsto en el artículo 66.3 c). La cesión se producirá de acuerdo 
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con los principios recogidos en la normativa de protección de datos personales y con las 
siguientes garantías específicas:
1.º  Se identificará en la solicitud el ámbito territorial respecto del cual se solicitan 
los números de teléfono.
2.º  En el caso de encuestas de cumplimentación obligatoria, la solicitud y cesión de 
los números de teléfono deberán adecuarse a la metodología de la encuesta diseñada 
por el servicio estadístico oficial, de conformidad con las exigencias establecidas en la 
normativa reguladora de la función estadística pública.
3.º  En el caso de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, la solicitud 
de números de teléfono no podrá referirse a un porcentaje de éstos superior al veinte por 
ciento de la población de dicho ámbito territorial, salvo que las características muestrales 
del estudio, o las dificultades para obtener una entrevista válida, exijan un porcentaje 
superior, debidamente justificado en la solicitud.
4.º  En los supuestos de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, los 
números de teléfono sólo podrán ir segmentados y clasificados por las variables 
provincia, edad y sexo, tamaño de hábitat y situación laboral, debiendo ser en todo caso 
seleccionados de manera aleatoria de acuerdo con criterios estadísticos por parte de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de entre todos los disponibles en 
el ámbito solicitado, y debiendo ser números de teléfono anónimos no asociados al 
nombre del titular.
5.º  Los números de teléfono cedidos son datos de contacto con los informantes y 
no podrán utilizarse para un fin distinto del identificado en la solicitud. Una solicitud podrá 
incluir, a efectos de sistematicidad, varios tratamientos independientes.
6.º  Los números de teléfono cedidos de las unidades de la muestra deberán ser 
suprimidos una vez haya finalizado su colaboración en la operación estadística y los 
resultados hayan sido publicados. Los números de teléfono deberán estar disociados de 
las respuestas de los encuestados una vez finalizada la depuración de la información. En 
los supuestos de encuestas de cumplimentación voluntaria, en caso de no autorizarse la 
realización de la encuesta, el número de teléfono deberá ser inmediatamente suprimido.
7.º  Cualquier dato que se publique a partir de las encuestas realizadas, deberá ser 
previamente anonimizado de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.
El suministro de los datos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia a las entidades previstas en las letras a), b), c) y d), se realizará de 
conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo 
con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, 
pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular.
3. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información 
sobre números de abonados, para cuya consecución la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas 
que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de 
información sobre números de abonado que deberán ser objetivas, equitativas, no 
discriminatorias y transparentes.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adoptará medidas para 
garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre 
números de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS.
5. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de 
la normativa en materia de protección de datos personales aplicable.
Artículo 73.  Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con 
discapacidad.
Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se 
podrán establecer las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con las 
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comunicaciones electrónicas. En la citada norma se establecerán los requisitos que 
deberán cumplir los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público para garantizar que los usuarios con discapacidad:
a) puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electrónicas equivalente 
al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales, incluida la información contractual, la 
facturación y la atención al público, en condiciones y formatos universalmente accesibles 
y con el uso de lenguas cooficiales;
b) se beneficien de la posibilidad de elección de operadores y servicios disponibles 
para la mayoría de usuarios finales.
Artículo 74.  Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112.
1. Los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales 
disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar 
llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, incluidos los 
usuarios de los teléfonos públicos de pago, tienen derecho a acceder de manera 
gratuita, sin contraprestación económica de ningún tipo y sin tener que utilizar ningún 
medio de pago a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia 
utilizando el número de emergencia 112 y otros números de emergencia que se 
determinen mediante real decreto.
En todo caso, el servicio de comunicaciones de emergencia será gratuito para los 
usuarios y para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia, 
cualquiera que sea la Administración Pública responsable de su prestación y con 
independencia del tipo de terminal que se utilice.
2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al 
público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un 
número de un plan de numeración nacional o internacional, tienen la obligación de 
encaminar gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de 
emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de 
emergencia que se determinen.
Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades 
receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real 
decreto se determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la 
comunicación de emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha 
comunicación. La generación y transmisión de la información relativa a la localización del 
llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de 
dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u 
otros números de emergencia que se determinen.
Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la 
información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones 
de emergencia a los servicios de emergencia.
La información relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación 
de emergencia únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de facilitar la localización 
del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.
3. El acceso a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia 
para los usuarios  finales  con discapacidad  será equivalente  al que disfrutan  otros  usuarios 
finales.  Mediante  real decreto,  oído en todo caso el Consejo  Nacional  de la Discapacidad, 
se establecerán las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro 
Estado  miembro  de la Unión  Europea,  los usuarios  finales  con discapacidad  puedan 
acceder  a los servicios  de emergencia  en igualdad  de condiciones  que el resto  de los 
usuarios  finales  y, si fuera  factible,  sin necesidad  de registro  previo.  Estas  medidas 
procurarán  garantizar  la interoperabilidad  entre  los Estados  miembros  y se basarán  en la 
mayor medida posible en las normas o las especificaciones europeas pertinentes.
4. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios de emergencia 
velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y 
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utilización del número de emergencia 112, así como sus características de accesibilidad, 
y en particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a 
otros Estados miembros de la Unión Europea y a los usuarios finales con discapacidad.
5. Se promoverá el acceso a los servicios de emergencia a través del número de 
emergencia 112 y otros números de emergencia desde redes de comunicaciones 
electrónicas que no sean accesibles al público pero que permitan realizar llamadas a 
redes públicas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione 
un acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, a las comunicaciones de 
emergencia les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su 
normativa de desarrollo.
Artículo 75.  Sistemas de alertas públicas.
1. Los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales 
basados en numeración deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes 
catástrofes o emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los 
términos que se determinen mediante real decreto.
2. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, mediante real decreto se 
podrá establecer que las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o 
emergencias inminentes o en curso se puedan transmitir por medio de otros servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los indicados en el 
apartado anterior, por medio de servicios de comunicación audiovisual o por medio de 
una aplicación móvil basada en un servicio de acceso a través de internet, siempre que 
la eficacia del sistema de alerta sea equivalente en términos de cobertura y capacidad 
para abarcar a los usuarios finales, incluso aquellos que se encuentren de forma 
temporal en el área en cuestión.
3. Los usuarios finales deberán poder recibir las alertas fácilmente. La transmisión 
de alertas al público debe ser gratuita para los usuarios finales y para la entidad 
encargada de la emisión de las alertas.
Artículo 76.  Acceso abierto a internet.
1. Los usuarios finales tienen el derecho a acceder, a través de su servicio de 
acceso a internet, a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y 
suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con 
independencia de la ubicación del usuario final o del operador o de la ubicación, origen o 
destino de la información, contenido, aplicación o servicio, sin perjuicio de la normativa 
aplicable relativa a la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios.
2. Los acuerdos entre los operadores de servicios de acceso a internet y los 
usuarios finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los 
servicios de acceso a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así 
como cualquier práctica comercial puesta en marcha por los operadores de servicios de 
acceso a internet, no limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales 
establecidos en el apartado anterior.
3. Los operadores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de 
manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, 
restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al 
que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o 
el equipo terminal empleado.
Ello no impedirá que los operadores de servicios de acceso a internet apliquen 
medidas razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas 
medidas deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán 
basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de 
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calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no 
supervisarán el contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario.
Los operadores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del 
tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo anterior y, en particular, no 
bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán 
entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en 
caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para:
a) cumplir la normativa europea y nacional a la que el operador de servicio de 
acceso a internet esté sujeto, o dar cumplimiento a las sentencias judiciales;
b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a través 
de ella y los equipos terminales de los usuarios finales;
c) evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de 
la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se 
traten de manera equitativa.
4. Sólo se podrán tratar los datos personales para ejecutar las medidas de gestión 
del tráfico para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el apartado anterior de 
acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad y de conformidad con la 
presente ley y su normativa de desarrollo y con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y su normativa de desarrollo.
5. Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos 
los operadores de servicios de acceso a internet y los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios, tendrán libertad para ofrecer servicios distintos a los servicios de 
acceso a internet que estén optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios 
específicos o para combinaciones de estos, cuando la optimización sea necesaria para 
atender a las necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que precisen de un 
nivel de calidad específico.
Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los 
operadores de servicios de acceso a internet, podrán ofrecer o facilitar tales servicios 
únicamente si la capacidad de la red es suficiente para ofrecerlos además de los 
servicios de acceso a internet que ya se están prestando. Dichos servicios no serán 
utilizables u ofrecidos como sustitución de los servicios de acceso a internet y no irán en 
detrimento de la disponibilidad o de la calidad general de los servicios de acceso a 
internet para los usuarios finales.
6. Los operadores de servicios de acceso a internet se asegurarán de que cualquier 
contrato que incluya un servicio de acceso a internet especifique al menos la información 
siguiente:
a) información sobre cómo podrían afectar las medidas de gestión del tráfico 
aplicadas por el operador en cuestión a la calidad del servicio de acceso a internet, la 
intimidad de los usuarios fínales y la protección de sus datos personales;
b) una explicación clara y comprensible de la forma en que cualquier limitación del 
volumen de datos, la velocidad y otros parámetros de calidad del servicio pueden afectar 
en la práctica a los servicios de acceso a internet, especialmente a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y servicios;
c) una explicación clara y comprensible de la manera en que cualquier servicio de 
los indicados en el apartado anterior, al que se suscriba el usuario final podrá afectar en 
la práctica a los servicios de acceso a internet proporcionados a dicho usuario final;
d) una explicación clara y comprensible de la velocidad mínima, disponible 
normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de 
acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada 
estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de 
las redes móviles, y la manera en que desviaciones significativas de las velocidades 
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respectivas descendente y ascendente anunciadas podrían afectar al ejercicio de los 
derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1;
e) una explicación clara y comprensible de las vías de resolución de reclamaciones 
y controversias disponibles para el consumidor en caso de surgir cualquier discrepancia, 
continua o periódicamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a 
internet en lo que respecta a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el 
rendimiento indicado de conformidad con las letras a) a d).
Los operadores de servicios de internet deberán publicar toda esta información.
7. Los operadores de servicios de acceso a internet implantarán procedimientos 
transparentes, sencillos y eficaces para hacer frente a las reclamaciones de los usuarios 
finales relacionadas con los derechos y obligaciones establecidos en este artículo.
8. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o periódicamente 
recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que se refiere 
a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el rendimiento indicado al 
público por el operador de servicios de acceso a internet de conformidad con el 
apartado 6, letras a) a d), se considerará, cuando los hechos pertinentes se establezcan 
mediante un mecanismo de supervisión certificado por una autoridad competente, como 
una falta de conformidad del rendimiento a efectos de abrir las vías de recurso 
disponibles para los consumidores.
9. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital supervisará la 
aplicación de lo establecido en este artículo y publicará un informe anual sobre dicha 
supervisión y sus resultados y lo remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, a la Comisión Europea y al ORECE.
Para llevar a cabo dicha supervisión, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital podrá solicitar a los operadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, incluidos los operadores de servicios de acceso a 
internet, con el grado de detalle oportuno, información pertinente a efecto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo y, en particular, 
información sobre la gestión del tráfico en su red y su capacidad, así como podrá solicitar 
la aportación de los documentos que justifiquen todas las medidas de gestión del 
tráfico aplicadas.
Artículo 77.  Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias 
reguladas.
1. La regulación de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas 
de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea será la establecida en el 
Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio 
de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 
Unión y los reglamentos de ejecución que lo desarrollan.
2. La regulación de las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales 
basadas en numeración intracomunitarias será la establecida en el Reglamento (UE) 
2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
Artículo 78.  Resolución de controversias.
1. Los usuarios finales que sean personas físicas, incluidos los autónomos o 
trabajadores por cuenta propia, y las microempresas tendrán derecho a disponer de un 
procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para 
resolver sus controversias con los operadores que suministren redes o presten servicios 
de comunicaciones electrónicas disponibles al público y otros agentes que intervienen el 
mercado de las telecomunicaciones, como los prestadores de servicios de tarificación 
adicional, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como 
usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas reconocidos en esta ley y 
su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa europea.
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A tal fin, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá 
mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales podrán someterle 
dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. 
Los operadores y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones 
estarán obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le 
ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo 
máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá 
entender desestimada la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenga la obligación de 
resolver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
Mediante real decreto se podrá prever que los usuarios finales que sean pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro puedan también acceder a este 
procedimiento de resolución de controversias en defensa de sus derechos específicos de 
comunicaciones electrónicas.
2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de 
los usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales 
de consumo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales 
de consumo hubieran acordado el inicio de un procedimiento, no será posible acudir al 
procedimiento del apartado anterior a no ser que la solicitud haya sido archivada sin 
entrar en el fondo del asunto o las partes hayan desistido del procedimiento arbitral.
TÍTULO IV
Equipos de telecomunicación
Artículo 79.  Normalización técnica.
1. Mediante real decreto se podrán establecer los supuestos y condiciones en que 
los operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público habrán de publicar las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las 
interfaces ofrecidas en España, con anterioridad a la posibilidad de acceso público a los 
servicios prestados a través de dichas interfaces.
2. Mediante real decreto se determinarán las formas de elaboración, en su caso, de 
las especificaciones técnicas aplicables a los equipos de telecomunicación, a efectos de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de 
evaluación de conformidad y se fijarán los equipos exceptuados de la aplicación de 
dicha evaluación.
En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital podrá aprobar especificaciones técnicas distintas de las 
anteriores para equipos de telecomunicación.
Artículo 80.  Requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de 
telecomunicación.
1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos esenciales que han de 
cumplir los equipos de telecomunicación y los procedimientos para la evaluación de su 
conformidad con dichos requisitos.
2. Los equipos de telecomunicación deberán evaluar su conformidad con los 
requisitos esenciales, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e 
incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluación realizada. 
Podrá exceptuarse de la aplicación de lo dispuesto en este título el uso de los equipos 
que mediante real decreto se determine, como los equipos de radioaficionados 
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construidos por el propio usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a 
lo dispuesto en su regulación específica.
3. El cumplimiento de todos los requisitos esenciales incluye la habilitación para la 
conexión de los equipos de telecomunicación destinados a conectarse a los puntos de 
terminación de una red pública de comunicaciones electrónicas. Dicho cumplimiento no 
supone autorización de uso para los equipos radioeléctricos sujetos a la obtención de 
autorización o concesión de dominio público radioeléctrico en los términos establecidos 
en esta ley.
4. Mediante real decreto se establecerán los requisitos que deben cumplir los 
organismos de evaluación de la conformidad, sus subcontratas y filiales y los 
procedimientos para su acreditación y para la evaluación y notificación a la Comisión 
Europea por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como 
Autoridad Notificante, de organismos de evaluación de la conformidad.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá promover 
procedimientos complementarios de certificación voluntaria para los equipos de 
telecomunicación que incluirán, al menos, la evaluación de la conformidad indicada en 
los apartados anteriores.
Artículo 81.  Reconocimiento mutuo.
1. Los equipos de telecomunicación que hayan evaluado su conformidad con los 
requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Unión Europea o en virtud de los 
acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros países, y cumplan 
con las demás disposiciones aplicables en la materia, tendrán la misma consideración, 
en lo que se refiere a lo dispuesto en este título, que los equipos cuya conformidad se ha 
verificado en España y cumplan, asimismo, las demás disposiciones legales en 
la materia.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá los 
procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los equipos de 
telecomunicación a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que 
establezca la Unión Europea con terceros países.
3. Los equipos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con 
parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea no podrán ser puestos en el 
mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, además de haber evaluado la conformidad con las normas 
aplicables a aquéllos y ser conformes con el resto de disposiciones que les 
sean aplicables.
Artículo 82.  Importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de 
telecomunicación.
1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos para la importación, 
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación y las 
obligaciones aplicables a los distintos operadores económicos.
2. Para la importación de equipos de telecomunicación desde terceros países no 
pertenecientes a la Unión Europea, y para la comercialización, puesta en servicio y uso 
de estos equipos será requisito imprescindible que el operador económico establecido en 
la Unión Europea o el usuario final haya verificado previamente la conformidad de los 
equipos con los requisitos esenciales que les sean aplicables, así como el cumplimiento 
de las restantes disposiciones de aplicación.
3. Los equipos o sistemas sujetos a la obtención de concesiones, permisos o 
licencias solo podrán ser puestos en servicio y ser utilizados por los usuarios, en general, 
cuando hayan obtenido las citadas habilitaciones. Además, en el caso de equipos 
radioeléctricos, a fin de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, 
evitar interferencias perjudiciales o perturbaciones electromagnéticas, solo se permitirá la 
puesta en servicio de aquellos equipos que hayan sido fabricados de acuerdo con el uso 
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del dominio público radioeléctrico establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias y de acuerdo con las interfaces de radio españolas, donde se define en 
cada caso, el uso del servicio, las frecuencias que pueden ser usadas y la potencia de 
las emisiones, así como otros parámetros radioeléctricos establecidos para la 
administración del dominio público radioeléctrico en España.
4. No está permitida la importación, comercialización, publicidad, cesión de forma 
gratuita u onerosa, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo 
con funcionalidades para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o 
servicios de telecomunicaciones.
No obstante, se podrán llevar a cabo las actividades anteriores excepcionalmente por 
necesidades relacionadas con la seguridad pública, la defensa nacional, la seguridad 
nacional, la seguridad de la navegación aérea, la seguridad de la navegación marítima y 
la seguridad de las instituciones penitenciarias. Mediante real decreto se determinarán 
los mecanismos para su autorización y control.
Artículo 83.  Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 
como órgano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos de 
telecomunicación, garantizará que los equipos comercializados cumplan lo dispuesto en 
la normativa que resulte de aplicación, obligando a que se adapte el equipo a la 
normativa aplicable, se retire del mercado o se prohíba o restrinja su comercialización 
cuando no cumplan lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme al fin 
previsto o en las condiciones que razonablemente cabría prever, cuando su instalación o 
su mantenimiento no sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o 
seguridad de los usuarios.
2. Mediante  real decreto  se desarrollará  el procedimiento  para la vigilancia  del 
mercado  de equipos  de telecomunicación,  atribuyendo  a la Secretaría  de Estado  de 
Telecomunicaciones  e Infraestructuras  Digitales  la realización  de los controles  adecuados 
para asegurar que los equipos puestos en el mercado cumplen los requisitos aplicables.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
podrá requerir a los operadores económicos implicados en la comercialización de los 
equipos las siguientes actuaciones:
a) la provisión de manera gratuita de los equipos comercializados para poder llevar 
a cabo los controles correspondientes;
b) la puesta a disposición de los documentos, las especificaciones técnicas, los 
datos o la información pertinentes en relación con la conformidad y los aspectos técnicos 
del producto, lo que incluye el acceso al software incorporado, en la medida en que dicho 
acceso sea necesario para evaluar la conformidad del producto con la normativa 
aplicable. La puesta a disposición será con independencia de la forma o formato y del 
soporte de almacenamiento o del lugar en que dichos documentos, especificaciones 
técnicas, datos o información estén almacenados. La puesta a disposición incluye la 
posibilidad de hacer u obtener copias de los documentos, especificaciones técnicas, 
datos o información;
c) la provisión de la información pertinente sobre la cadena de suministro, los 
detalles de la red de distribución, las cantidades de equipos en el mercado y otros 
modelos de equipos que tengan las mismas características técnicas que el equipo en 
cuestión, cuando sea pertinente para el cumplimiento de la normativa aplicable;
d) la provisión de la información pertinente que se requiera con miras a determinar 
la titularidad de los sitios web, cuando la información en cuestión esté relacionada con el 
objeto de la investigación;
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e) cuando no se disponga de otros medios efectivos para eliminar un riesgo grave:
1.º  la supresión del contenido relativo a los productos relacionados de una interfaz 
en línea, o para exigir que se muestre explícitamente una advertencia a los usuarios 
finales cuando accedan a una interfaz en línea o
2.º  cuando no se atienda a un requerimiento con arreglo al anterior inciso 1.º, se 
podrá exigir a los proveedores de servicios de la sociedad de la información que 
restrinjan el acceso a la interfaz en línea, incluso pidiendo a un tercero pertinente que 
aplique dichas medidas.
4. Si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
comprueba que un equipo de telecomunicación, a pesar de cumplir con lo establecido en 
la normativa que resulte de aplicación, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de 
las personas o para otros aspectos de la protección del interés público, se solicitará al 
operador económico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar 
que el equipo de telecomunicación no presente ese riesgo cuando se introduzca en el 
mercado, o bien, para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo 
razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que se determine.
5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
podrá reclamar al operador económico responsable de la comercialización de los 
equipos la totalidad de los costes de sus actividades con respecto a casos de 
incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación. Dichos costes podrán incluir 
los costes de los ensayos, los costes de almacenamiento y los costes de actividades 
relacionadas con equipos considerados no conformes.
6. Asimismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales podrá proceder a la recuperación de equipos de telecomunicación de los 
usuarios que los posean cuando se hubieran causado interferencias perjudiciales o 
cuando se considere, justificadamente, que dichos equipos pueden causar las citadas 
interferencias.
Artículo 84.  Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores.
1. La instalación de los equipos de telecomunicación deberá ser realizada 
siguiendo las instrucciones proporcionadas por el operador económico, manteniendo, en 
cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su 
conformidad con los requisitos esenciales, en los términos establecidos en los artículos 
anteriores de este título.
2. La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos 
o sistemas de telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia sin más 
limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
Podrán prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de equipos o 
sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así 
esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el 
resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de 
carácter general o particular a la regla anterior.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la 
actividad consistente en la prestación a terceros de servicios de instalación o 
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación relativos a la capacidad 
técnica y a la cualificación profesional para el ejercicio de la actividad, medios técnicos y 
cobertura mínima del seguro, aval o de cualquier otra garantía financiera. Los requisitos 
de acceso a la actividad y su ejercicio serán proporcionados, no discriminatorios, 
transparentes y objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general 
concreto que los justifique. Estos requisitos también serán exigibles para poder instalar o 
mantener equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
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3. Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o 
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o en la instalación o 
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para 
prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán, con 
anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de 
telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable 
sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.
La declaración responsable habilita para la prestación a terceros de servicios de 
instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o para la 
instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a 
utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en 
todo el territorio español y con una duración indefinida.
Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados 
reglamentariamente, se le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho 
incumplimiento en el plazo de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que la 
subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar resolución privando de eficacia 
a la declaración y se cancelará la inscripción registral.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado por medios electrónicos o 
telemáticos, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca, a 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que 
procederá a la inscripción de la modificación en el Registro de empresas instaladoras 
de telecomunicación.
Si como consecuencia de la prestación de servicios de instalación o mantenimiento 
de equipos o sistemas de telecomunicación se pusiera en peligro la seguridad de las 
personas o de las redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar resolución motivada por la 
que, previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el 
tiempo imprescindible para ello la suspensión del ejercicio de la actividad de instalación 
para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente 
sancionador de conformidad con lo establecido en el título VIII.
Será libre la prestación a terceros temporal u ocasional en el territorio español de 
servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por 
personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la 
Unión Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de 
las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean 
de aplicación a los profesionales que se desplacen.
4. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación será de carácter 
público y su regulación se hará mediante real decreto. En él se inscribirán de oficio los 
datos que se determinen mediante real decreto relativos a las personas físicas o 
jurídicas que hayan declarado su intención de prestar a terceros servicios de instalación 
o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o de instalar o mantener 
equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público y sus modificaciones, a partir de la 
información contenida en las declaraciones. Los trámites relativos a la inscripción en el 
mismo no podrán suponer un retraso de la habilitación para ejercer la actividad.
TÍTULO V
Dominio público radioeléctrico
Artículo 85.  De la administración del dominio público radioeléctrico.
1. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y 
administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá de conformidad 
con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que 
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España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las 
resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de 
otros organismos internacionales.
2. La administración del dominio público radioeléctrico se llevará a cabo teniendo 
en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la necesaria cooperación 
con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Comisión Europea en la 
planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro 
radioeléctrico en la Unión Europea.
En el marco de dicha cooperación se fomentará la coordinación de los enfoques 
políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, la 
armonización de las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento del 
mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se tendrán en cuenta, 
entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de 
libertad de expresión, de derechos de los consumidores, culturales, científicos, sociales y 
técnicos de las políticas de la Unión Europea, así como los diversos intereses de las 
comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar 
un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los 
consumidores, como la realización de economías de escala y la interoperabilidad de los 
servicios y redes.
En esa labor, la administración del dominio público radioeléctrico perseguirá, entre 
otras finalidades:
a) procurar la cobertura de banda ancha inalámbrica del territorio y la población en 
condiciones de alta calidad y velocidad, así como la cobertura de los grandes corredores 
de transporte;
b) facilitar el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas al 
servicio de las comunicaciones, incluido, cuando sea oportuno, el enfoque intersectorial;
c) garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, 
modificación, restricción o supresión de los derechos de utilización del dominio público 
radioeléctrico con miras a promover inversiones a largo plazo;
d) procurar la prevención de las interferencias perjudiciales, y adoptar a tal fin 
medidas apropiadas, tanto preventivas como correctoras;
e) promover el uso compartido del espectro radioeléctrico entre usos similares o 
diferentes de conformidad con la normativa de competencia;
f) aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible, de 
forma que se maximice la flexibilidad, el uso compartido y el uso eficiente en el uso del 
dominio público radioeléctrico;
g) aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión 
de derechos de uso del dominio público radioeléctrico que estén definidas de forma clara 
y transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;
h) preservar la salud de la población mediante la determinación, control e 
inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un 
peligro para la salud pública.
3. En particular, son principios aplicables a la administración del dominio público 
radioeléctrico, entre otros, los siguientes:
a) garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso;
b) fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario 
del espectro;
c) fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones 
electrónicas.
4. La administración del dominio público radioeléctrico tiene por objetivo el 
establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para 
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su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de 
actuaciones entre las cuales se incluyen las siguientes:
a) planificación: Elaboración y aprobación de los planes de utilización;
b) gestión: Establecimiento, de acuerdo con la planificación previa, de las 
condiciones técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso;
c) control: Comprobación técnica de las emisiones, detección y eliminación de 
interferencias, inspección técnica de instalaciones, equipos radioeléctricos, así como el 
control de la comercialización, la puesta en servicio y el uso de éstos últimos.
Igualmente,  incluye  la protección  del dominio  público  radioeléctrico,  consistente,  entre 
otras  actuaciones,  en la realización  de emisiones  sin contenidos  sustantivos  en aquellas 
frecuencias  y canales  radioeléctricos  cuyos  derechos  de uso, en el ámbito  territorial 
correspondiente,  no hayan  sido otorgados,  con independencia  de que dichas  frecuencias  o 
canales radioeléctricos sean objeto en la práctica de ocupación o uso efectivo;
d) aplicación del régimen sancionador.
5. La utilización de frecuencias radioeléctricas mediante redes de satélites se 
incluye dentro de la administración del dominio público radioeléctrico.
Asimismo, la utilización del dominio público radioeléctrico necesaria para la 
utilización de los recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española y 
mediante satélites de comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotación estará 
sometida al derecho internacional y se realizará, en la forma que mediante real decreto 
se determine, mediante su gestión directa por el Estado o mediante concesión, en el que 
se fijará asimismo su duración. En todo caso, la gestión podrá también llevarse a cabo 
mediante conciertos con organismos internacionales.
Artículo 86.  Facultades del Gobierno para la administración del dominio público 
radioeléctrico.
El Gobierno desarrollará mediante real decreto las condiciones para la adecuada 
administración del dominio público radioeléctrico. En dicho real decreto se regulará, 
como mínimo, lo siguiente:
a) el procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro 
radioeléctrico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, los planes 
técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá al 
Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional. Los 
datos relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados;
b) el procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles únicos de 
emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que 
deberán ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o 
infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio público 
radioeléctrico. En la determinación de estos niveles únicos de emisión radioeléctrica 
tolerable se tendrá en cuenta tanto criterios técnicos en el uso del dominio público 
radioeléctrico, como criterios de preservación de la salud de las personas y en 
concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. Tales 
límites deberán ser respetados, en todo caso, por el resto de Administraciones públicas, 
tanto autonómicas como locales, que no podrán modificarlos ni de manera directa, en 
términos de densidad de potencia o de intensidad de campo eléctrico, ni de manera 
indirecta mediante el establecimiento de distancias mínimas de protección radioeléctrica;
c) los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitación del ejercicio de los 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que revestirá la forma de 
autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas.
En particular, se regularán los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos 
de uso del dominio público radioeléctrico, que se basarán en criterios de elegibilidad 
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fijados de antemano, objetivos, transparentes, no discriminatorios, proporcionados y que 
reflejen las condiciones asociadas a tales derechos.
No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos 
individuales de utilización de radiofrecuencias a prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés 
general establecido de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, podrán 
establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto;
d) el procedimiento para la reasignación del uso de bandas de frecuencias con el 
objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en función de su 
idoneidad para la prestación de nuevos servicios o de la evaluación de las tecnologías, 
que podrá incluir el calendario de actuaciones y la evaluación de los costes asociados, 
en particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas 
actuaciones de reasignación, que podrán verse compensados a través de un fondo 
económico o cualquier otro mecanismo de compensación que se establezca;
e) las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a 
los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, entre las que se 
incluirán las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los 
compromisos contraídos por los operadores en los procesos de licitación previstos en el 
artículo 89. Estas condiciones buscarán promover en todo caso la consecución de los 
mayores beneficios posibles para los usuarios, así como mantener los incentivos 
suficientes para la inversión y la innovación;
f) las condiciones de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio 
público radioeléctrico para fines experimentales o eventos de corta duración;
g) la adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante el empleo de 
equipos y aparatos.
Artículo 87.  Coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital llevará a cabo una 
administración del espectro radioeléctrico de forma que no se impida a ningún otro 
Estado miembro de la Unión Europea permitir en su territorio el uso del espectro 
radioeléctrico armonizado de conformidad con la legislación de la Unión Europea, 
principalmente en lo relativo a evitar interferencias perjudiciales transfronterizas entre los 
Estados miembros, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación internacional y de los 
acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de 
radiocomunicaciones de la UIT.
2. Se cooperará con los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando proceda, 
a través del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG, en inglés), en la 
coordinación transfronteriza en el uso del espectro radioeléctrico al objeto de:
a) garantizar el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la 
legislación de la Unión Europea;
b) resolver cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza 
o con las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros o con terceros 
países que impiden hacer uso del espectro radioeléctrico armonizado.
3. En esta labor de coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico, el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la 
colaboración y el apoyo del RSPG para hacer frente a cualquier problema o disputa en 
relación con la coordinación transfronteriza o con las interferencias perjudiciales 
transfronterizas. En su caso, el RSPG podrá emitir un dictamen en el que proponga una 
solución coordinada en relación con dicho problema o disputa.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar a 
las instituciones europeas apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas 
de coordinación del espectro radioeléctrico con países vecinos de la Unión Europea.
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5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el 
fin de coordinar el uso del espectro radioeléctrico armonizado para redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. Ello puede incluir determinar una o, 
cuando sea pertinente, varias fechas límite comunes para la autorización de bandas 
específicas del espectro radioeléctrico armonizado.
6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con los 
órganos competentes de otros Estados fuera de la Unión Europea para resolver de 
forma temprana y eficaz cualquier problema o disputa en relación con terceros países 
que impiden hacer uso del espectro radioeléctrico, de forma que se garantice el 
cumplimiento de la legislación internacional y de los acuerdos internacionales 
pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.
Artículo 88.  Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
1. El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser común, especial o privativo.
El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título 
habilitante y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características 
técnicas que se establezcan al efecto. No obstante, los operadores que hagan uso de 
bandas de frecuencias de uso común deberán comunicar a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales los siguientes datos:
a) las bandas de frecuencias de funcionamiento de sus redes que hagan un uso 
común del dominio público radioeléctrico;
b) los datos descriptivos de la zona de servicio de cada una de las redes del 
operador que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico, incluyendo el tipo 
de cobertura (municipal, provincial, autonómica o estatal), así como los identificadores de 
cada red;
c) el número de transmisores de cada red que hagan un uso común del dominio 
público radioeléctrico, así como los datos técnicos actualizados de los transmisores de 
cada red, incluyendo sus coordenadas geográficas.
El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleve a cabo de las 
bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin 
limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los 
servicios que se establezcan en cada caso.
El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la 
explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas 
frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.
2. Para el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de 
RLAN, cuando dicho acceso no forme parte de una actividad económica o sea accesorio 
respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del 
transporte de señales por esas redes, las empresas, autoridades públicas o usuarios 
finales que suministren el acceso no estarán sujetos a la previa obtención de un título 
habilitante, sin perjuicio de que el uso del dominio público radioeléctrico deba llevarse a 
cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan 
al efecto.
3. Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del 
dominio público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización 
individual, afectación o concesión administrativas. El plazo para el otorgamiento de los 
títulos habilitantes será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera 
de los registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para 
los derechos de uso con limitación de número. Dicho plazo no será de aplicación cuando 
sea necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de 
posiciones orbitales.
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4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá 
la forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de 
frecuencia habilitadas a tal efecto a través de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas suministradas por operadores de comunicaciones electrónicas.
La autorización general se entenderá concedida sin más trámite que la notificación a 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, mediante el 
procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden de la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de la 
obligación de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretaría de Estado 
constate que la notificación no reúne los requisitos establecidos anteriormente, dictará 
resolución motivada en un plazo máximo de quince días hábiles, no teniendo por 
realizada aquélla.
5. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá 
la forma de autorización individual en los siguientes supuestos:
a) si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u 
otros sin contenido económico en cuya regulación específica así se establezca;
b) si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, 
salvo en el caso de Administraciones públicas, que requerirán de afectación demanial.
6. En el resto de los supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el 
derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión 
administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesión, será requisito previo que los 
solicitantes ostenten la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en 
ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Las concesiones  de uso privativo  del dominio  público  radioeléctrico  reservado  para la 
prestación  de servicios  de comunicación  audiovisual  se otorgarán  por la Secretaría  de 
Estado  de Telecomunicaciones  e Infraestructuras  Digitales  aneja  al título habilitante 
audiovisual,  ya consista  este título habilitante  en una licencia  o en la habilitación  para la 
prestación  de servicios  públicos  de comunicación  audiovisual  conforme  a lo establecido  en 
la normativa  de servicios  de comunicación  audiovisual.  La duración  de estas  concesiones 
será la del título habilitante  audiovisual.  En estos  supuestos,  el operador  en cuyo favor  se 
otorgue la concesión no tiene por qué ostentar la condición de operador de comunicaciones 
electrónicas sino la de prestador de servicios de comunicación audiovisual.
7. En  caso de falta de demanda  a nivel nacional  o inferior  de uso de una banda  en el 
dominio público radioeléctrico sujeto a condiciones armonizadas, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones  e Infraestructuras  Digitales  podrá  permitir  un uso alternativo  de dicha 
banda o de parte de ella, incluido el uso existente, a condición de que:
a) el descubrimiento de la falta de demanda de uso de tal banda se base en una 
consulta pública por un plazo no inferior a treinta días naturales, incluida una evaluación 
prospectiva de la demanda en el mercado;
b) el citado uso alternativo no impida o entorpezca la disponibilidad del uso de la 
banda armonizada en otros Estados miembros, y
c) tenga debidamente en cuenta la disponibilidad o el uso a largo plazo de la banda 
armonizada, así como las economías de escala para los equipos que resultan del uso del 
espectro radioeléctrico armonizado.
La decisión que permita el uso alternativo de forma excepcional de una banda o 
parte de ella estará sujeta a revisión periódica, y en cualquier caso se revisará con 
prontitud a raíz de una petición debidamente justificada de uso de la banda de 
conformidad con las condiciones armonizadas.
8. Es competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales el otorgamiento de los títulos habilitantes, salvo en los 
supuestos de otorgamiento por procedimiento de licitación contemplado en el artículo 89.
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Las resoluciones mediante las cuales se otorguen los títulos habilitantes de dominio 
público radioeléctrico se dictarán en la forma y plazos que se establezcan mediante real 
decreto que establecerá, asimismo, la información que se hará pública sobre dichas 
concesiones.
9. Los operadores que resultasen seleccionados para la asignación o reserva a su 
favor de derechos de uso del espectro radioeléctrico efectuada por las instituciones de la 
Unión Europea o derivada de acuerdos internacionales, se inscribirán de oficio en el 
Registro de operadores. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales otorgará la concesión demanial a los operadores antes 
mencionados. En las citadas concesiones se incluirán, entre otras, las condiciones que 
procedan establecidas en los procedimientos de asignación o reserva, así como los 
compromisos adquiridos por el operador en dichos procedimientos, sin que se puedan 
imponer condiciones o criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o 
demoren la correcta aplicación de la asignación común de dicho espectro radioeléctrico.
10.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, teniendo en 
cuenta los intereses manifestados por los agentes intervinientes en el mercado de las 
telecomunicaciones y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, podrá cooperar con las autoridades competentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y con el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico 
(RSPG) para establecer conjuntamente los aspectos comunes de un proceso de 
asignación de derechos de uso del dominio público radioeléctrico y, en su caso, 
desarrollar también conjuntamente el proceso de selección para el otorgamiento de 
títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico.
Al concebir el proceso de asignación conjunta, se podrá tener en cuenta los 
siguientes criterios:
a) los distintos procesos de asignación nacionales serán iniciados y desarrollados 
por las autoridades competentes de conformidad con un calendario aprobado 
conjuntamente;
b) dispondrá, en su caso, unas condiciones y procedimientos comunes para la 
selección y otorgamiento de los títulos habilitantes de uso del dominio público 
radioeléctrico;
c) dispondrá, si procede, unas condiciones comunes o comparables en el uso del 
dominio público radioeléctrico, pudiendo permitir la asignación de bloques similares de 
frecuencias radioeléctricas;
d) permanecerá abierto a otros Estados miembros de la Unión Europea en todo 
momento hasta que se haya realizado el proceso de asignación conjunta.
11.  Los operadores que suministren las redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas que hagan uso del dominio público radioeléctrico deberán disponer del 
correspondiente título habilitante de dicho uso.
Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioeléctricas 
mediante el uso del dominio público radioeléctrico por encargo de otras personas o 
entidades deberán verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades 
a cuya disposición ponen su red ostentan el correspondiente título habilitante en materia 
de uso del dominio público radioeléctrico. Dichos operadores no podrán poner a 
disposición de las entidades referidas su red y, en consecuencia, no podrán dar el 
acceso a su red a dichas entidades ni podrán efectuar las mencionadas emisiones en 
caso de ausencia del citado título habilitante.
Los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los operadores vayan a 
efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público 
radioeléctrico, ya sea directamente o mediante acuerdos de coubicación, deberán tener 
identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de 
producir emisiones radioeléctricas y una relación actualizada de las frecuencias 
utilizadas por cada transmisor.
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Artículo 89.  Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación.
1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio público 
radioeléctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos 
beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá, previa consulta pública a las partes 
interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, por un plazo de 
treinta días naturales y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho 
dominio para el suministro de redes públicas y la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de 
uso habrá de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. La limitación del 
número de títulos habilitantes será revisable por el propio Ministerio, de oficio o a 
instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.
2. Cuando,  de conformidad  con lo previsto  en el apartado  anterior,  el titular  del 
Ministerio  de Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital  limite  el número  de 
concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitará 
un procedimiento  de licitación  para el otorgamiento  de las mismas  que respetará  en todo 
caso los principios  de publicidad,  concurrencia  y no discriminación  para todas  las partes 
interesadas.  Para ello se aprobará,  mediante  orden  del titular  del Ministerio  de Asuntos 
Económicos  y Transformación  Digital,  la convocatoria  y el pliego  de bases  por el que se 
regirá la licitación, previa consulta pública por un plazo no inferior a treinta días naturales y 
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los objetivos que pueden perseguirse con la convocatoria de la licitación deberán 
limitarse a uno o varios de los siguientes:
a) fomentar la competencia;
b) promover la cobertura;
c) asegurar la calidad del servicio requerida;
d) fomentar el uso eficiente del dominio público radioeléctrico teniendo en cuenta, 
en particular, las condiciones asociadas a los derechos de uso y la cuantía de las tasas;
e) promover la innovación y el desarrollo de las empresas.
Antes  de la convocatoria  de la licitación,  el Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital  informará  al RSPG  de la próxima  convocatoria  y determinará  si 
solicita  al RSPG  que convoque  un foro de revisión  por pares  a fin de debatir  y cambiar 
impresiones sobre la licitación y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante orden del titular del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un plazo máximo de ocho 
meses desde la convocatoria de la licitación.
Artículo 90.  Competencia efectiva en la asignación y uso del dominio público 
radioeléctrico.
1. Se promoverá una competencia efectiva y se evitará el falseamiento de la 
competencia cuando se tomen decisiones referentes a la asignación o modificación de 
los derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
2. A tal efecto, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los pliegos 
reguladores de los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos 
habilitantes se podrán tomar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia:
a) establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento 
de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en particular, mediante la fijación 
de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo 
empresarial o la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso 
por parte de su titular, pudiendo establecer un período de tiempo durante el cual no se 
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pueden efectuar operaciones de mercado secundario con los títulos habilitantes o los 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico;
b) imponer condiciones a la concesión de tales derechos, como podría ser el 
suministro de acceso al por mayor, o la itinerancia nacional o inferior, en determinadas 
bandas o grupos de bandas con características similares;
c) reservar, si resulta conveniente y justificado debido a una situación específica del 
mercado, una parte de una banda del dominio público radioeléctrico o grupo de bandas 
para su asignación a nuevos operadores en el mercado.
3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
adoptar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia:
a) denegar la concesión de nuevos derechos del uso del dominio público 
radioeléctrico o la de nuevos usos de dicho dominio público en determinadas bandas, o 
imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso del dominio público 
radioeléctrico o a la autorización de nuevos usos de dicho dominio público, con el fin de 
evitar un falseamiento de la competencia por efecto de asignaciones, transferencias o 
acumulaciones de derechos de uso;
b) incluir condiciones que prohíban las transferencias de derechos de uso del 
dominio público no sujetos a la normativa de control de fusiones, o impongan 
condiciones a las mismas, si tales transferencias pudieran ser perjudiciales para la 
competencia;
c) modificar los derechos de uso del dominio público radioeléctrico si fuera 
necesario para poner remedio a posteriori a falseamientos de la competencia causados 
por la transferencia o acumulación de derechos de uso del espectro radioeléctrico.
4. La adopción por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
de las medidas a las que se refiere este artículo se basará en una evaluación objetiva y 
prospectiva de las condiciones de competencia del mercado y de si tales medidas son 
necesarias para lograr o mantener una competencia efectiva, y de los efectos previsibles 
de las mismas sobre la inversión presente y futura de los agentes del mercado, 
especialmente por lo que se refiere al despliegue de las redes. Al hacerlo, tendrá en 
cuenta el enfoque del análisis del mercado expuesto en los apartados 1 a 3 del 
artículo 17.
Artículo 91.  Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio 
público radioeléctrico.
1. Cuando se otorgue un título habilitante para el uso del dominio público 
radioeléctrico, se especificará su duración, sus causas de extinción y revocación y si los 
derechos de uso pueden ser objeto de operaciones de mercado secundario y sus 
condiciones.
2. En el otorgamiento de los títulos habilitantes, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, podrá imponer las siguientes condiciones para garantizar 
un uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico o reforzar la cobertura:
a) compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del dominio público 
radioeléctrico, o compartir el dominio público radioeléctrico;
b) celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia nacional o inferior;
c) desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios 
que dependen del uso del dominio público radioeléctrico.
3. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios 
de comunicaciones electrónicas disponibles al público podrán permitir un acceso público 
a sus redes a través de RLAN que podrían estar situadas en los locales de un usuario 
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final, siempre que se atengan a las condiciones establecidas en este título y al acuerdo 
previo y con conocimiento de causa del usuario final.
4. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios 
de comunicaciones electrónicas disponibles al público no podrán restringir o impedir 
unilateralmente la posibilidad de que los usuarios:
a) accedan a las RLAN que prefieran suministradas por terceros, o
b) permitan el acceso recíproco o más en general a las redes de tales proveedores 
por parte de otros usuarios finales a través de redes de área local radioeléctricas, 
también si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten el acceso público a 
las RLAN de diferentes usuarios finales.
5. Se permite que los usuarios finales permitan el acceso de forma recíproca o de 
otra forma a sus RLAN por parte de otros usuarios finales, también si se trata de 
iniciativas de terceros que agregan y permiten un acceso público a las RLAN de 
diferentes usuarios finales.
6. En los términos que se determinen reglamentariamente, con carácter previo a la 
utilización del dominio público radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la aprobación 
del proyecto técnico o la presentación de una declaración responsable de conformidad 
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones públicas, así como la inspección de las 
instalaciones o una certificación expedida por técnico competente con el fin de 
comprobar que las instalaciones se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.
En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la 
importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la 
gestión del espectro, se determinarán los supuestos en los que procede la exigencia de 
presentación o aprobación de proyecto técnico o una declaración responsable de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 
que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pueda 
exigir en cualquier momento la presentación del proyecto técnico. Asimismo, también se 
determinarán los supuestos en los que procede la inspección previa o una certificación 
expedida por técnico competente.
Artículo 92.  Uso compartido.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá imponer a los 
operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas obligaciones en relación 
con la compartición de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de 
acceso itinerante localizado, siempre que, en ambos casos, ello resulte directamente 
necesario para la prestación local de servicios que dependen de la utilización del dominio 
público radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa 
de desarrollo, y siempre que los operadores no dispongan de medios de acceso 
alternativos viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones 
justas y razonables.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
excepcionalmente imponer tales obligaciones únicamente si esta posibilidad se ha 
establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de derechos de uso 
del dominio público y si ello está justificado por el hecho de que, en la zona sujeta a tales 
obligaciones, el despliegue de infraestructuras con base en el mercado para el 
suministro de redes o servicios que dependan del uso del dominio público radioeléctrico 
esté sujeto a obstáculos físicos o económicos insalvables, y el acceso a las redes o los 
servicios por parte de los usuarios finales sea, por consiguiente, muy deficiente 
o inexistente.
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3. Cuando el acceso itinerante localizado y el uso compartido de la infraestructura 
pasiva no basten para abordar la situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá imponer obligaciones relativas al uso compartido de la 
infraestructura activa si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de 
otorgar el título habilitante de derechos de uso del dominio público.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, al imponer estas obligaciones de uso 
compartido, tomará en consideración:
a) la necesidad de maximizar la conectividad a lo largo de los principales 
corredores de transporte y en áreas territoriales particulares;
b) la posibilidad de aumentar considerablemente las posibilidades de elección y una 
mejor calidad de servicio para los usuarios finales;
c) el uso eficiente del dominio público radioeléctrico;
d) la viabilidad técnica de la compartición y las condiciones conexas;
e) el estado de la competencia basada en las infraestructuras, así como el de la 
competencia basada en los servicios;
f) la innovación tecnológica;
g) la necesidad imperativa de incentivar al operador anfitrión para desplegar la 
infraestructura en el primer lugar.
5. En caso de resolución de conflictos, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá imponer al beneficiario de la obligación de compartición o acceso, 
entre otras, la obligación de compartir el espectro radioeléctrico con la infraestructura de 
acogida en la zona de que se trate.
Artículo 93.  Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público 
radioeléctrico.
1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se 
podrá emplear cualquier tipo de tecnología utilizada para los servicios de 
comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho de la Unión Europea.
Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a 
los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los 
servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:
a) evitar interferencias perjudiciales;
b) proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos;
c) asegurar la calidad técnica del servicio;
d) garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias;
e) garantizar un uso eficiente del espectro;
f) garantizar el logro de un objetivo de interés general.
2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se 
podrá prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión Europea.
Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a 
los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando 
proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en 
una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas 
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deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general 
definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como:
a) la seguridad de la vida humana;
b) la promoción de la cohesión social, regional o territorial;
c) la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias;
d) la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual televisivos y radiofónicos.
Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para 
la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté 
justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la 
vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés 
general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea.
3. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se 
establezcan de conformidad con los apartados anteriores sólo podrán adoptarse tras 
haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la 
medida propuesta, en un plazo razonable.
4. Periódicamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales revisará la pertinencia de mantener las restricciones a la 
utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad 
con los apartados anteriores, hará públicos los resultados de estas revisiones y elevará 
las propuestas correspondientes al órgano competente para su aprobación.
Artículo 94.  Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público 
radioeléctrico.
1. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de 
número se otorgarán, con carácter general, por un período que finalizará el 31 de 
diciembre del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, renovables por 
períodos de cinco años en función de las disponibilidades y previsiones de la 
planificación de dicho dominio público. La renovación no podrá otorgar ventajas 
indebidas a su titular. Mediante real decreto se determinarán los supuestos en los que 
podrá fijarse un período de duración distinto para los derechos de uso privativo del 
dominio público radioeléctrico sin limitación de número.
2. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración 
prevista en los correspondientes procedimientos de licitación. A la hora de determinar en 
el procedimiento de licitación la duración concreta de los derechos de uso, se tendrán en 
cuenta, entre otros criterios, la necesidad de garantizar la competencia, un uso eficaz y 
eficiente del dominio público radioeléctrico y de promover la innovación y las inversiones 
eficientes, incluso autorizando un período apropiado de amortización de las inversiones, 
las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura mínima que se 
imponga, y las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los 
términos que se concreten mediante real decreto.
3. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración 
mínima de veinte años.
En el caso de que resulte necesario para incentivar la inversión eficiente y rentable 
en infraestructuras, los derechos de uso privativo con limitación de número podrán ser 
objeto de una prórroga, por una sola vez, por una duración mínima de cinco años y una 
duración máxima de veinte años adicionales. La duración concreta de la prórroga se 
determinará en el pliego regulador de la licitación.
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4. Los criterios concretos para el otorgamiento de la prórroga se determinarán en el 
pliego regulador de la licitación y se basarán en alguno de los siguientes criterios 
generales:
a) el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico de que se trate;
b) el cumplimiento de objetivos de cobertura territorial y de población;
c) el cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad;
d) el cumplimiento de objetivos de cobertura de los grandes corredores de 
transporte;
e) las aportaciones al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas;
f) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección de la seguridad de 
la vida humana;
g) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección del orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional;
h) el cumplimiento de cualquier compromiso asumido en el procedimiento de licitación;
i) la necesidad de garantizar una competencia no falseada.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, antes del plazo de 
dos años a contar desde la fecha de finalización del período de vigencia inicial del título 
habilitante, realizará una evaluación objetiva de los criterios concretos para el 
otorgamiento de la prórroga determinados en el pliego regulador de la licitación.
Los interesados dispondrán de un plazo de tres meses para presentar alegaciones 
en el expediente de prórroga del título habilitante.
Partiendo de dicha evaluación, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, decidirá sobre el otorgamiento de la prórroga.
6. Se podrán establecer unos plazos de duración mínimos y máximos diferentes a 
los previstos anteriormente cuando esté debidamente justificado en los siguientes casos:
a) en zonas geográficas limitadas en las que el acceso a redes de alta capacidad 
sea muy deficiente o inexistente;
b) para proyectos específicos a corto plazo;
c) para uso experimental;
d) para aquellos usos del dominio público radioeléctrico que, de conformidad con 
los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, puedan coexistir con servicios de 
banda ancha inalámbrica;
e) para usos alternativos del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 88.7;
f) para ajustar la duración de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico 
en aras de garantizar la expiración simultánea de la duración de los derechos en una o 
varias bandas de frecuencias.
7. Salvo que en los correspondientes procedimientos de licitación se haya previsto 
que no pueden ser objeto de renovación, los derechos de uso privativo con limitación de 
número podrán ser renovados antes del término de su duración.
En los casos en que esté permitido, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital evaluará la necesidad de renovar por iniciativa propia o a petición 
del titular de los derechos, en cuyo caso la renovación no tendrá lugar antes de los cinco 
años de su término.
Al analizar una eventual renovación, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, llevará a cabo un procedimiento abierto, transparente y no 
discriminatorio, y, en particular:
a) dará a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de 
vista a través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en la 
disposición adicional décima, y
b) expondrá claramente las razones de la eventual renovación.
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital deberá tener en 
cuenta cualquier constatación en el seno del procedimiento público de consulta 
mencionado de que existe una demanda de mercado procedente de empresas diferentes 
de los titulares de los derechos de uso de la banda considerada del espectro 
radioeléctrico al decidir si renueva los derechos de uso u organiza un nuevo 
procedimiento de licitación.
Toda decisión de renovación podrá ir acompañada de una revisión de las condiciones 
asociadas al título habilitante.
Artículo 95.  Modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso 
del dominio público radioeléctrico.
1. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo 
principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y a la 
disponibilidad del espectro radioeléctrico, en los términos establecidos mediante real 
decreto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá modificar 
los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, previa audiencia del 
interesado.
En el caso de que se trate de títulos habilitantes que hubiesen sido otorgados por el 
procedimiento de licitación, y salvo cuando se trate de propuestas de modificación de 
escasa importancia convenidas con el titular de los derechos de uso del dominio público 
radioeléctrico, la propuesta de modificación deberá requerir el informe previo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia del Consejo de 
Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los 
restantes usuarios durante un plazo suficiente, que, salvo en circunstancias 
excepcionales, no podrá ser inferior a cuatro semanas. En estos casos la modificación se 
realizará mediante orden ministerial, previo informe de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que establecerá un plazo para que los titulares se 
adapten a ella.
La modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público 
radioeléctrico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones 
distintas a las que existían cuando se otorgó el título, podrá consistir en prolongar la 
duración de derechos ya existentes, incluso más allá de las duraciones establecidas en 
el artículo anterior.
2. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por:
a) las causas que resulten aplicables de las reseñadas en el artículo 100 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas;
b) muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o 
extinción de la persona jurídica titular;
c) renuncia del titular, con efectos desde su aceptación por el órgano competente 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
d) pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del dominio 
público radioeléctrico, cuando dicha condición fuera necesaria, o cualquier causa que 
imposibilite la prestación del servicio por su titular;
e) falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico;
f) pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular 
otras bandas;
g) mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital;
h) transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de 
uso sin limitación de número, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin 
que se haya efectuado su renovación;
i) por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas 
como causa de revocación;
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j) aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante, conforme a la 
presente ley.
3. El órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, a través del procedimiento administrativo general de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá acordar la revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público 
radioeléctrico por las siguientes causas:
a) el incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos aplicables al uso del 
dominio público radioeléctrico;
b) no pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados;
c) no efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio público radioeléctrico;
d) la utilización de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su 
asignación o para otros diferentes de los de la prestación del servicio o el ejercicio de la 
actividad que haya motivado su asignación, siempre que no sean aplicables algunas de 
las restricciones previstas en los apartados 1 o 2 del artículo 93.
Artículo 96.  Protección activa del dominio público radioeléctrico.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en 
cualquier momento, podrá efectuar una protección activa del dominio público 
radioeléctrico mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en 
aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito 
territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
Esta potestad se ejercitará sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y 
sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que 
se hubieran podido incurrir por el uso del dominio público radioeléctrico sin disponer de 
título habilitante, por la producción de interferencias o por la comisión de cualquier otra 
infracción tipificada en el marco del régimen sancionador establecido en el título VIII.
2. Mediante real decreto se regulará el procedimiento para el ejercicio de la 
potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico en el caso de que la 
frecuencia o canal radioeléctrico sea objeto de una ocupación o uso efectivo sin que se 
disponga de título habilitante, con sujeción a las siguientes normas:
a) se constatará la ocupación o uso efectivo de la frecuencia o canal radioeléctrico 
sin que se disponga de título habilitante para ello;
b) se efectuará un trámite de previa audiencia a la persona física o jurídica que esté 
efectuando la ocupación o el uso de la frecuencia o canal radioeléctrico sin título 
habilitante o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble 
desde donde se produce la emisión en esa frecuencia, para que en el plazo de diez días 
hábiles alegue lo que estime oportuno;
c) en su caso, una vez efectuado el trámite de previa audiencia, se requerirá a la 
persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacuó dicho trámite, para que 
en el plazo de ocho días hábiles proceda al cese de las emisiones no autorizadas;
d) en el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá iniciar 
sus emisiones en dicha frecuencia o canal radioeléctrico.
Artículo 97.  Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico.
1. Los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser 
transferidos y los derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser objeto 
de cesión, utilización o mutualización, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones 
de autorización que se establezcan mediante real decreto.
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En dicho real decreto se identificarán igualmente las bandas de frecuencia en las que 
no se pueden efectuar operaciones de transferencia de títulos o cesión, utilización o 
mutualización de derechos de uso de dominio público radioeléctrico.
2. En el caso de la cesión, utilización o mutualización, en ningún caso se eximirá al 
titular del derecho de uso de las obligaciones asumidas frente a la Administración. 
Cualquier transferencia de título habilitante o cesión, utilización o mutualización de 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberá en todo caso respetar las 
condiciones técnicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias o en los planes técnicos o las que, en su caso, estén fijadas en las medidas 
técnicas de aplicación de la Unión Europea.
3. Mediante  dicho  real decreto  se establecerán  también  las restricciones  a la 
transferencia,  cesión,  utilización  o mutualización  de derechos  individuales  de uso de 
radiofrecuencias  cuando  dichos  derechos  se hubieran  obtenido  inicialmente  de forma 
gratuita.
TÍTULO VI
La administración de las telecomunicaciones
Artículo 98.  Competencias de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos.
1. Tendrán la consideración de autoridades públicas competentes específicas en 
materia de telecomunicaciones:
a) los  órganos  superiores  y directivos  del Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital  que, de conformidad  con la estructura  orgánica  del departamento, 
asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta ley;
b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las 
competencias que se le han asignado en materias reguladas por esta ley. En el ejercicio 
de estas competencias, tiene la consideración de autoridad nacional de reglamentación a 
los efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas 
autoridades cooperarán mutuamente, con los restantes órganos competentes de otros 
Estados miembros y con los organismos pertinentes de la Unión Europea, a fin de 
fomentar la aplicación coherente de la normativa comunitaria en materia de 
comunicaciones electrónicas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, 
apoyarán activamente los objetivos de la Comisión y del Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) de promover una mayor 
coordinación, en particular, teniendo en cuenta en la medida de lo posible las 
recomendaciones de armonización de la Comisión Europea. Asimismo, colaborarán con 
ambas instituciones, a fin de determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los 
más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.
3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas 
autoridades, deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos 
enunciados en el artículo 3 y aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, 
no discriminatorios y proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios:
a) promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador 
coherente en períodos de revisión apropiados;
b) fomentar la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en 
infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al 
acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas 
inversoras, y permitir diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las 
partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y 
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velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no 
discriminación;
c) imponer obligaciones específicas únicamente cuando no exista una competencia 
efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el 
cumplimiento de dicha condición;
d) garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato 
discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas;
e) salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, 
cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras, especialmente 
mediante la instalación y explotación de redes de alta y muy alta capacidad;
f) tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la 
competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas;
g) ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la 
competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.
Artículo 99.  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, 
asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercerán las siguientes 
funciones:
a) ejecutar la política adoptada por el Gobierno en los servicios de 
telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad 
pública, la seguridad vial y la protección civil a los que se refiere el artículo 4;
b) ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos 
asociados, interoperabilidad e interconexión le atribuye la presente ley y su desarrollo 
reglamentario, en particular, en los siguientes supuestos:
1.º  en los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del 
dominio público radioeléctrico;
2.º  cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa 
sobre datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas;
3.º  cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos 
internacionales en materia de telecomunicaciones;
c) imponer obligaciones a los operadores de comunicaciones electrónicas que 
controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables, en 
los términos indicados en el artículo 14.6;
d) imponer obligaciones a los operadores de servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean 
interoperables, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté 
en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones 
interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de 
extremo a extremo entre usuarios finales, en los términos indicados en el artículo 14.6;
e) proponer al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración y llevar 
a cabo  la atribución  de los derechos  de uso de los recursos  públicos  regulados  en dichos 
planes y ejercer las demás competencias que le atribuye el capítulo VII del título II;
f) proponer al Gobierno la política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución 
de las obligaciones de servicio público a las que se hace referencia en el capítulo I del 
título III y la desarrollará asumiendo la competencia de control y seguimiento de las 
obligaciones de servicio público que correspondan a los distintos operadores en la 
explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas;
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g) proponer al Gobierno la política a seguir para reconocer y garantizar los 
derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas, así como los derechos de los usuarios 
finales a los que se hace referencia en los capítulos II, III y IV del título III;
h) verificar el cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones 
establecidas en el artículo 76 para garantizar el derecho de los usuarios finales de 
acceso abierto a internet y publicar el informe anual al que se refiere dicho artículo;
i) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio 
de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 
Unión, en materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones 
electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, incluida su venta 
por separado, la correcta prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor, la 
correcta aplicación de las tarifas al por menor de servicios regulados de itinerancia, la no 
inclusión de recargos y de sus condiciones y mecanismos de transparencia, así como la 
correcta aplicación por los operadores de itinerancia de su política de utilización 
razonable al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor, la resolución de 
controversias entre usuarios finales y operadores por la prestación de servicios de 
itinerancia y el control y supervisión de la itinerancia involuntaria en zonas fronterizas;
j) verificar la correcta aplicación de las tarifas al por menor de las comunicaciones 
intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 
2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, a 
excepción de la materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional de 
un operador;
k) gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación;
l) formular las propuestas para la elaboración de normativa relativa a las 
infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y 
conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantación en España;
m)  ejercer las funciones en materia de acceso a infraestructuras susceptibles de 
alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, de coordinación de obras civiles y 
de acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos 
o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal a que se 
refieren los artículos 52 a 54, salvo la resolución de conflictos;
n) ejercer las funciones en materia de requisitos esenciales y evaluación de 
conformidad de equipos de telecomunicación a las que se refiere el título IV;
ñ) ejercer las funciones en materia de administración del dominio público 
radioeléctrico a las que se refiere el título V. En particular, ejercerá las siguientes 
funciones:
1.º  la propuesta de planificación, la gestión y el control del dominio público 
radioeléctrico, así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su 
utilización;
2.º  el ejercicio de las funciones atribuidas a la Administración General del Estado 
en materia de autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas en relación con 
los niveles únicos de emisión radioeléctrica permitidos a que se refiere el artículo 86.b);
3.º  la gestión de un registro público de radiofrecuencias, accesible a través de 
internet, en el que constarán los titulares de concesiones administrativas para el uso 
privativo del dominio público radioeléctrico;
4.º  la elaboración de proyectos y desarrollo de los planes técnicos nacionales de 
radiodifusión y televisión;
5.º  la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación, 
localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y 
perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación, y la verificación del uso efectivo y 
eficiente del dominio público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso;
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6.º  la protección del dominio público radioeléctrico, para lo cual podrá, entre otras 
actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos 
derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados;
7.º  la gestión de la asignación de los recursos órbita-espectro para comunicaciones 
por satélite;
8.º  la elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la 
Administración General del Estado en todo lo relativo a la administración del dominio 
público radioeléctrico;
9.º  la participación en los organismos internacionales relacionados con la 
planificación, gestión y control del espectro radioeléctrico.
o) gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a 
que se refiere la presente ley que no correspondan a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia;
p) controlar el cumplimiento de las condiciones que sobre el suministro de redes 
públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de 
prestación a terceros por las Administraciones públicas vienen establecidas en el 
artículo 13;
q) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, 
la presente ley y su normativa de desarrollo;
r) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real 
decreto.
Artículo 100.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y demás materias 
que configuran la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están reguladas 
en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia.
2. En particular, en las materias reguladas por la presente ley, la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones:
a) definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características 
pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos 
en los artículos 15 y 16 y su normativa de desarrollo;
b) identificar el operador u operadores que poseen un peso significativo en el 
mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se 
desarrollan en un entorno de competencia efectiva;
c) establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los 
operadores con peso significativo en mercados de referencia, incluidos los operadores 
exclusivamente mayoristas, en los términos establecidos en el capítulo III del título II y su 
normativa de desarrollo;
d) decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con peso 
significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de separación 
funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 25;
e) imponer obligaciones de interconexión de redes a los operadores que controlen 
el acceso a los usuarios finales, en la medida en que sea necesario garantizar la 
posibilidad de conexión de extremo a extremo, en los términos indicados en el 
artículo 14.7;
f) imponer obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces 
de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en 
condiciones justas, razonables y no discriminatorias. en la medida en que sea necesario 
para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de 
comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y los servicios complementarios 
conexos, en los términos indicados en el artículo 14.7;
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g) adoptar decisiones por las que otorgue carácter vinculante a los compromisos 
que en materia de acceso y coinversión, incluyendo las redes de muy alta capacidad, 
hayan sido ofrecidos por los operadores con peso significativo en el mercado, así como 
asumir el control y supervisión de las mismas y velar por la ejecución de los 
compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante;
h) velar  por la adecuación  y el cumplimiento  del proceso  de migración  desde  una 
infraestructura  heredada  que quieran  realizar  operadores  que hayan  sido declarados  con 
peso  significativo  en uno o varios  mercados  pertinentes,  consistente  en el 
desmantelamiento y cierre o sustitución de partes de la red por una infraestructura nueva;
i) evaluar y, en su caso, imponer tarifas máximas de terminación de llamadas de 
voz en redes fijas y en redes móviles, o ambas, así como supervisar y velar por el 
cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz 
establecidas a escala europea, en los términos establecidos en el artículo 23;
j) resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que 
se refieren los artículos 28 y 29 y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En particular, le corresponderá resolver conflictos entre operadores relativos a la 
determinación de las condiciones concretas para la puesta en práctica de la obligación 
impuesta por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la 
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, o de la ubicación 
compartida de infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 46, así como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras 
susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, la coordinación de 
obras civiles y el acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad 
de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia 
estatal, en los términos establecidos por los artículos 52 a 54;
k) fijar las características y condiciones para garantizar el cambio de operador y la 
conservación de los números, así como el cambio de proveedor de los servicios de 
acceso a internet, en aplicación de los aspectos técnicos y administrativos que mediante 
real decreto se establezcan para que ésta se lleve a cabo;
l) determinar si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar 
una carga injusta para los operadores obligados a su prestación, así como determinar la 
cuantía que supone el coste neto en la prestación del servicio universal, a que se refiere 
al artículo 42;
m)  definir y revisar la metodología para determinar el coste neto del servicio 
universal, tanto en lo que respecta a la imputación de costes como a la atribución de 
ingresos, que deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionales y tener carácter público;
n) establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios 
obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestación del servicio 
universal;
ñ) determinar las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con 
obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal y la gestión del 
Fondo nacional del servicio universal;
o) supervisar la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios 
incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones y garantizar la asequibilidad del 
servicio universal de telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital;
p) determinar los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y 
los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información 
que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la 
calidad;
q) suministrar gratuitamente a las entidades mencionadas en el artículo 72, los 
datos sobre números de abonados que le faciliten los operadores de comunicaciones 
electrónicas, así como imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan 
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el acceso a los usuarios finales para que éstos puedan acceder a los servicios de 
información sobre números de abonados;
r) imponer obligaciones relativas al acceso o utilización compartida del cableado y 
recursos asociados de los tramos finales de las redes de acceso en el interior de los 
edificios o hasta el primer punto de concentración o distribución, o más allá del primer 
punto de concentración o distribución, en los términos indicados en el artículo 55.8;
s) determinar la localización del punto de terminación de la red;
t) asesorar sobre la configuración del mercado y sobre elementos relativos a la 
competencia en los procesos de otorgamiento de los derechos de uso del dominio 
público radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;
u) contribuir a la protección de los derechos del usuario final en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, en coordinación, en su caso, con otras autoridades 
competentes;
v) evaluar y supervisar las cuestiones de configuración del mercado y de 
competencia en relación con el acceso abierto a internet;
w) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio 
de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 
Unión, en materia de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones electrónicas 
de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, de sostenibilidad de la 
supresión de los recargos por itinerancia, de la correcta aplicación de las tarifas al por 
mayor de servicios regulados de itinerancia, de la publicación de la información 
actualizada relativa a la aplicación del citado Reglamento y de la resolución de conflictos 
entre operadores;
x) ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en 
aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. 
Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
En el ejercicio de esta función, participará, mediante informe, en el proceso de 
elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de 
comunicaciones electrónicas;
y) realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le 
sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas en aplicación de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje;
z) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa europea, la 
presente ley y su normativa de desarrollo;
aa) realizar  cualesquiera  otras  funciones  que le sean  atribuidas  por ley o por real 
decreto;
ab) gestionar el Registro de operadores, conforme a lo establecido en el artículo 7;
ac)  llevar a cabo la asignación de los derechos de uso de los recursos públicos 
regulados en los planes nacionales de numeración en los términos indicados en el 
capítulo VII del título II;
ad)  gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a 
que se refiere la presente ley que no correspondan al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital;
ae)  velar por la sostenibilidad del modelo nacional de tarificación del operador y 
supervisar la evolución del mercado y de los precios de las comunicaciones 
intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 
2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015.
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TÍTULO VII
Tasas en materia de telecomunicaciones
Artículo 101.  Tasas en materia de telecomunicaciones.
1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administración 
General del Estado serán las recogidas en el anexo I.
2. Dichas tasas tendrán como finalidad cubrir:
a) los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la 
preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos 
administrativos, como las relativas a la interconexión y acceso;
b) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido 
en esta ley;
c) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución de los derechos de 
ocupación del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y 
la numeración;
d) los gastos que ocasione la gestión de las notificaciones reguladas en el 
artículo 6.2;
e) los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el 
análisis de mercado.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por reserva 
del dominio público radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la 
instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad 
de garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo 
uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, transparentes, 
justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deberán fomentar el 
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3, en los términos 
que se establezcan mediante real decreto.
4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera 
objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes 
administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos.
5. La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas no está 
sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública, excepto la tasa 
general de operadores.
6. La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación, gestión y 
recaudación de las tasas en materia de telecomunicaciones habrá de sujetarse a lo 
previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de 
desarrollo.
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto de las tasas a 
las que se refiere el apartado 1, y las Administraciones competentes que gestionen y 
liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un resumen 
anual de los gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la 
recaudación. Asimismo, las Administraciones competentes que gestionen y liquiden 
tasas subsumibles en el apartado 3 de este artículo publicarán anualmente el importe 
total de la recaudación obtenida de los operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas.
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TÍTULO VIII
Inspección y régimen sancionador
Artículo 102.  Funciones inspectoras.
1. La función inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:
a) el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. Será competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital la inspección de aquellas actuaciones sobre las que tenga atribuida competencia 
sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo y, en particular, la 
inspección:
a) de los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas y de sus 
condiciones de prestación y explotación;
b) de las obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter 
público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas;
c) de los equipos de telecomunicación, de las instalaciones y de los sistemas 
civiles;
d) del dominio público radioeléctrico;
e) de las tasas en materia de telecomunicaciones;
f) de los servicios de tarificación adicional que se soporten sobre redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas.
3. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los 
términos establecidos en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, la inspección de las actividades de los 
operadores de comunicaciones electrónicas respecto de las cuales tenga competencia 
sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo.
4. Para la realización de determinadas actividades de inspección técnica, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia 
en el ámbito de aplicación de esta ley, podrá solicitar la actuación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Artículo 103.  Facultades de inspección.
1. Los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
que tengan asignadas funciones de inspección, ya sea en servicios centrales o 
periféricos, y el personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia específicamente designado para ello tienen, en el ejercicio de sus 
funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideración de autoridad 
pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo 
necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley 
vendrán obligados a facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspección, 
en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. También deberán permitir 
que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o 
actividades que realicen, de las redes que suministren y de cuantos documentos están 
obligados a poseer o conservar.
Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones 
o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de 
permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección a que se refiere 
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este artículo. A estos efectos, el acceso por el personal de inspección a las mencionadas 
fincas o inmuebles requerirá el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial 
solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o 
efectuar registros en el mismo. Los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-
administrativo resolverán sobre el otorgamiento de la autorización judicial en el plazo 
máximo de setenta y dos horas.
Igualmente, los operadores y titulares mencionados deberán facilitar al personal que 
tenga asignadas funciones de inspección la realización de las pruebas técnicas o 
actuaciones complementarias dirigidas a dilucidar el origen o las consecuencias de las 
presuntas actuaciones infractoras que dicho personal de inspección les requiera, ya sean 
dentro o fuera de las instalaciones.
3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley 
quedan obligados a poner a disposición del personal de inspección cuantos libros, 
registros y documentos, sea cual fuere su forma y soporte, y medios técnicos este 
considere precisos, incluidos el software, los programas informáticos y los archivos 
magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase, pudiendo al efecto el personal de 
inspección hacer u obtener copias de ellos.
Asimismo, deberán facilitarles, a su petición, cualquier tipo de documentación que el 
personal de la inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos 
o la autoría de emisiones, actividades o de los contenidos o servicios que se presten a 
través de las redes de comunicaciones electrónicas.
4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores serán exigibles a 
los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su 
normativa de desarrollo y que sean directamente responsables del suministro de la red, 
la prestación del servicio o la realización de la actividad regulada por esta ley, y también 
serán exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las 
fincas o los inmuebles en donde se ubiquen equipos o instalaciones de 
telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los administradores y otros 
miembros del personal de todas ellas.
5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y 
su normativa de desarrollo están obligados a someterse a las inspecciones que efectúe 
el personal de inspección. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones, fincas 
o bienes inmuebles, a comparecer a los actos de inspección a los cuales haya sido 
citados, a la realización de las pruebas técnicas o actuaciones complementarias 
requeridas o a facilitar la información o documentación requerida será sancionada, 
conforme a los artículos siguientes de este título, como obstrucción a la labor inspectora.
6. En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás 
bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la 
inspección;
b) realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografías, vídeos, y grabaciones 
de imagen o sonido.
7. Las actuaciones de inspección, comprobación o investigación llevadas a cabo 
por el personal de inspección podrán desarrollarse, a su elección:
a) en cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad 
inspeccionada o de quien las represente;
b) en los propios locales de la autoridad de inspección;
c) en cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas 
de los hechos objeto de inspección.
8. El personal de inspección, a los efectos del cumplimiento de las funciones 
previstas en este artículo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular, en 
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los Registros de la Propiedad y Mercantiles. El acceso a la información registral se 
realizará por medios electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.
9. El personal de inspección, en el ejercicio de sus funciones de control y 
supervisión del adecuado uso del dominio público radioeléctrico, podrá colaborar con el 
de otros Estados. En particular, el personal de inspección deberá tramitar las solicitudes 
que se presenten y remitir la documentación oportuna a los órganos competentes en los 
supuestos de emisiones de estaciones radioeléctricas ubicadas en territorio español que 
produzcan interferencias en las redes y servicios de otros Estados. En estos supuestos, 
los documentos procedentes de las autoridades competentes de otros Estados, emitidos 
conforme a los tratados internacionales de que España sea parte acreditarán la 
producción de las interferencias.
Artículo 104.  Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de 
las telecomunicaciones será exigible:
a) en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la instalación 
o explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, a la 
persona física o jurídica que desarrolle la actividad;
b) en las cometidas con motivo del suministro de redes o la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas sin haber efectuado la notificación a que se refiere el 
artículo 6.2 o sin disponer de título habilitante para el uso del dominio público 
radioeléctrico cuando dicho título sea necesario, a la persona física o jurídica que realice 
la actividad.
Para identificar a la persona física o jurídica que realiza la actividad, se puede 
solicitar colaboración a la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los 
equipos e instalaciones por cualquier título jurídico válido en derecho o careciendo de 
éste o a la persona física o jurídica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los 
equipos e instalaciones. Si, practicada la notificación del requerimiento de colaboración 
conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se presta la citada 
colaboración, se considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas 
por quien realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la 
persona física o jurídica que realiza la actividad;
c) en las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de 
telecomunicación, por los operadores económicos relacionados con equipos de 
telecomunicación o por otras personas que, sin estar comprendidas en los párrafos 
anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la 
persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido o a la 
que las normas correspondientes atribuyen específicamente la responsabilidad;
d) en  el caso de infracciones  cometidas  en materia  de evaluación  de la conformidad  y 
puesta  en el mercado  de equipos  de telecomunicación,  será compatible  la exigencia  de 
responsabilidad de distintos agentes por los mismos hechos, en función de las obligaciones 
establecidas a cada uno de ellos por la legislación de armonización de la Unión Europea en 
materia de equipos de telecomunicación, esta ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 105.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican 
en muy graves, graves y leves.
Artículo 106.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las 
materias reguladas por esta ley, cuando legalmente sea necesaria.
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2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para el suministro de las redes y 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el 
artículo 6.1.
3. El incumplimiento de la obligación de notificación al Registro de operadores 
establecida en los artículos 6.2.
4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales 
radioeléctricos sin disponer de la concesión de uso privativo del dominio público 
radioeléctrico a que se refiere el artículo 88, cuando legalmente sea necesario.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales 
radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro 
radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
6. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o 
perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en los planes de utilización del 
dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
7. La producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a 
redes o servicios autorizados, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que 
estén instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de 
cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del 
territorio español para su posible recepción total o parcial en este.
8. No atender el requerimiento de cesación formulado por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en los supuestos de producción de 
interferencias.
9. La importación, comercialización, publicidad, cesión de forma gratuita u onerosa, 
instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades 
para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de 
telecomunicaciones, salvo cuando estas actividades estén amparadas por la excepción 
prevista en el artículo 82.4.
10.  El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de interconexión e 
interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en 
vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
11.  El incumplimiento grave de las características y condiciones establecidas para 
la conservación de los números.
12.  El incumplimiento por los operadores y otros agentes que intervienen en el 
mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa 
dictadas en las controversias a que se refiere el artículo 78.
13.  El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las 
medidas previas al procedimiento sancionador o de las medidas cautelares acordadas 
dentro de éste a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones atribuidas 
por esta ley.
14.  El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las 
medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia 
de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleven a cabo en el 
procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
15.  La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al 
público en general, así como la divulgación del contenido.
16.  El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en 
los términos expresados en el artículo 109.6.
Artículo 107.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
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2. La  instalación  de estaciones  radioeléctricas  con características  distintas  a las 
autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico aprobado, incluyendo las 
estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto 
flotante  o aerotransportado,  que, en el mar o fuera  de él, posibilite  la transmisión  de 
emisiones desde el exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional.
3. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas 
en la concesión para el uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el 
artículo 88, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de las 
instalaciones, entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios de la 
concesión o potencias de emisión superiores a las autorizadas.
4. El emplazamiento de estaciones radioeléctricas en ubicaciones diferentes de 
las aprobadas.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales 
radioeléctricos sin disponer de la autorización general, autorización individual o 
afectación demanial para el uso privativo del dominio público radioeléctrico, cuando 
legalmente sea necesario.
6. La mera producción, en España o en los países vecinos, de interferencias a 
redes o servicios autorizados que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior.
7. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición 
establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86 o incumplir las demás medidas 
de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de 
las instalaciones radioeléctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no 
autorizadas, a que se incumplan dichos límites.
8. La realización de operaciones de mercado secundario de títulos habilitantes o 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin cumplir con los requisitos 
establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta ley.
9. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de 
cualquier elemento de red que contribuya a la transmisión de la señal a favor de 
entidades para que se realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el 
correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
10.  La presentación de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de 
proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la 
inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento 
de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o 
relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se 
constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido 
ser detectados en ellas.
11.  El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o 
acreditaciones que realice la Administración de telecomunicaciones en materia de 
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación, de conformidad con la 
normativa europea y nacional que les sean de aplicación.
12.  La importación o comercialización de equipos de telecomunicación cuya 
conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo 
con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, o con las disposiciones, los 
acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado español.
13.  La instalación, puesta en servicio o utilización de equipos de telecomunicación 
cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de 
acuerdo con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo.
14.  El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación sin haber efectuado la declaración responsable o sin 
cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 84.
15. La instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas.
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16. La  alteración,  la manipulación  o la omisión  de las características  técnicas  en la 
documentación  de las instalaciones  comunes  de telecomunicación  en el interior  de edificios 
y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administración o a los propietarios.
17.  El incumplimiento de las condiciones para el suministro de redes o la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas establecidas en esta ley y su normativa de 
desarrollo.
18.  El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por 
Administraciones públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 13.
19.  El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes nacionales de 
numeración o sus disposiciones de desarrollo o en las atribuciones y asignaciones de los 
derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.
20.  El incumplimiento de las condiciones asociadas al uso de numeración atribuida 
a los servicios de tarificación adicional.
21.  El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas 
o especificaciones técnicas declaradas obligatorias por la Comisión Europea.
22.  El incumplimiento de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la 
prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas.
23.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las 
infraestructuras y recursos asociados.
24.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización 
compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
25.  El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes, de acceso 
a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y obras civiles y su coordinación, de las obligaciones de transparencia o 
información mínima respecto de las mismas, así como en materia de interconexión e 
interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en 
vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
26.  Cursar tráfico no permitido o tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes 
públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
27.  El incumplimiento de las características y condiciones establecidas para el 
cambio de operador y la conservación de los números, así como para el cambio de 
proveedor de los servicios de acceso a internet.
28. El incumplimiento de la normativa en materia de itinerancia en la Unión Europea 
e internacional.
29.  El incumplimiento de las obligaciones de servicio público según lo establecido 
en el título III y su normativa de desarrollo.
30.  La vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según 
lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo, incluidos los derechos de 
conservación de número, de itinerancia en la Unión Europea e internacional, en materia 
de comunicaciones intracomunitarias reguladas y acceso abierto a internet.
31.  El cumplimiento tardío o defectuoso por los operadores y otros agentes que 
intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía 
administrativa dictadas en las controversias a que se refieren el artículo 78.
32.  Proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con 
negligencia grave para la elaboración de los estudios geográficos a que se refiere el 
artículo 48.
33.  El incumplimiento, por causas imputables al operador, del compromiso en firme 
de desplegar, extender o mejorar redes de banda ancha en los términos indicados en el 
artículo 48, que produzca un perjuicio al interés público en el diseño de planes 
nacionales de banda ancha, en la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a 
los derechos de uso del espectro radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de 
servicios en el marco de la obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a 
otro operador.
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34.  No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa 
reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la 
Administración de telecomunicaciones una vez transcurridos un mes a contar desde la 
finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el 
plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma información, así como aportar 
información inexacta o falsa en cualquier dato, manifestación o documento que se 
presente a la Administración de telecomunicaciones.
35.  La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de 
comunicaciones electrónicas de los servicios que se estén prestando a través de ella 
cuando esta información sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.
36.  La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la 
inspección cuando esta sea requerida y la no identificación por la persona física o 
jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca 
o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona física o jurídica 
que suministre redes o preste servicios.
37.  El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía 
administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los 
artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.
38.  El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía 
administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los 
artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con 
excepción de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento 
voluntario de las partes.
39.  El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de calidad de servicio 
establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo,
40.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76 y su 
normativa de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
41.  El incumplimiento de la normativa en materia de comunicaciones 
intracomunitarias reguladas.
42.  El incumplimiento por los titulares de las infraestructuras físicas desde las que 
los operadores efectúen materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del 
dominio público radioeléctrico de tener identificada la titularidad de cada uno de los 
transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioeléctricas o de tener 
una relación actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.
43.  El incumplimiento de las obligaciones en materia de interceptación legal de 
comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 58.
44.  El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los 
términos expresados en el artículo 109.6.
Artículo 108.  Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada, salvo 
que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.
2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas, 
salvo que deba ser considerada como infracción grave.
3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales 
radioeléctricos sin disponer de la autorización para el uso especial del dominio público 
radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.
4. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo 
de autorización.
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5. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones 
individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de 
las condiciones autorizadas o que se les impongan por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.
6. El suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades 
establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo, distintos de los previstos en los 
artículos 6.1 y 6.2.
7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene el fabricante, el representante 
autorizado de un fabricante, el importador, el prestador de servicios logísticos o el 
distribuidor de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su 
normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o 
muy grave.
8. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la puesta en servicio y 
utilización de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su 
normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o 
muy grave.
9. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de 
telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea 
obligatoria dicha presentación, o el incumplimiento de los requisitos en la presentación 
de la documentación o en la ejecución de las instalaciones comunes de 
telecomunicaciones.
10.  La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los 
requisitos establecidos en la presente ley, salvo que deba ser considerada como 
infracción grave o muy grave.
11.  El incumplimiento de las obligaciones de carácter público, según lo establecido 
en el título III y su normativa de desarrollo.
12.  No facilitar los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones o 
retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo previsto 
por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.
13.  La expedición de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de 
proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la 
inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento 
de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o 
relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se 
constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido 
ser detectados en ellas.
Artículo 109.  Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se 
impondrán las siguientes sanciones:
a) por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por 
importe de hasta veinte millones de euros.
Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se 
impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del 
beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la 
infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la 
sanción será el dos por ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad 
infractora en el último ejercicio;
b) las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a 
la inhabilitación hasta de cinco años del operador para el suministro de redes o la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la 
inhabilitación hasta cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador;
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c) por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe 
de hasta dos millones de euros.
Por la comisión de infracciones graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al 
infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como 
consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquellas o, en caso de que no 
resulte aplicable este criterio, el límite máximo de la sanción será el uno por ciento del 
volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio;
d) por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por 
importe de hasta 100.000 euros.
2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los 
artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, en tanto no se 
disponga del título habilitante que resulte necesario para el ejercicio de la actividad 
realizada por el infractor, o teniendo dicho título, mientras se efectúen emisiones 
radioeléctricas con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas:
a) el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas, ya sea por 
carecer de título habilitante o por efectuarse con parámetros o características técnicas 
distintas a las autorizadas;
b) el ajuste de las emisiones radioeléctricas a los parámetros y características 
técnicas autorizadas;
c) el precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación;
d) la clausura de las instalaciones.
3. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los 
artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, en caso de equipos de 
telecomunicación que no cumplan los requisitos para su comercialización, la retirada o 
recuperación del mercado de los mismos o la prohibición o restricción de su 
comercialización, hasta que se produzca el cumplimiento de dichos requisitos.
4. Las sanciones impuestas por vulneración de las condiciones establecidas para la 
utilización de la numeración podrán llevar aparejada orden de imposibilidad de uso del 
número o números a través de los cuales se ha producido el incumplimiento, por un 
período máximo de dos años.
5. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se 
trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el 
caso de las infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves 
y hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes 
legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de 
administración que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos 
directivos o de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las 
reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.
6. A los efectos de lo establecido en esta ley, tendrá la consideración de 
incumplimiento reiterado la sanción firme en vía administrativa por la comisión de dos o 
más infracciones del mismo tipo infractor en un período de tres años.
Artículo 110.  Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción.
1. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se 
graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo siguiente:
a) la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que 
se sanciona;
b) el daño causado, como la producción de interferencias a terceros autorizados, y 
su reparación;
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c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se 
impongan en el procedimiento sancionador;
d) la negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información 
o documentación requerida;
e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del 
expediente sancionador;
f) la afectación a bienes jurídicos protegidos relativos al uso del dominio público 
radioeléctrico, el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional o los 
derechos de los usuarios;
g) la colaboración activa y efectiva con la autoridad competente en la detección o 
prueba de la actividad infractora.
2. En el caso de la infracción consistente en proporcionar información engañosa, 
errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboración de los 
estudios geográficos a que se refiere el artículo 48 tipificada en el artículo 107.32, en la 
fijación de la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta, entre otros criterios, si el 
comportamiento de la empresa o autoridad pública ha tenido un efecto negativo sobre la 
competencia y, en particular, si, contrariamente a la información proporcionada 
originalmente o a cualquier actualización de la misma, la empresa o autoridad pública ha 
desplegado, extendido o mejorado una red o no ha desplegado una red y ha incumplido 
su obligación de presentar una justificación objetiva para este cambio de planes.
3. El infractor vendrá obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido 
satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificación a que se refiere el artículo 6.2 
o de haber disfrutado de título para la utilización del dominio público radioeléctrico.
Artículo 111.  Medidas previas al procedimiento sancionador.
1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el 
órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante resolución motivada 
sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones 
de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:
a) cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la 
seguridad pública o la seguridad nacional;
b) cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública;
c) cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al 
funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias;
d) cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones 
electrónicas;
e) cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o 
usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del 
dominio público radioeléctrico.
2. Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en 
disposición de ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitación de 
responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecución 
forzosa, la resolución podrá disponer que, a través de la autoridad gubernativa, se facilite 
apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
3. En la resolución se determinará el ámbito objetivo y temporal de la medida, sin 
que pueda exceder del plazo de quince días hábiles.
La resolución a la que se refiere este apartado será directamente recurrible ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
4. En los supuestos en los que la imposición de la medida previa y excepcional de 
cese de actividad pudiera afectar a una señal radioeléctrica, redes de comunicaciones 
electrónicas o sitio web, tal medida deberá en todo caso ser conocida por los usuarios de 
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dichos servicios afectados debiendo quedar reflejado al acceder a la señal radioeléctrica 
mediante imagen visualizada o anuncio sonoro, o al acceder al sitio web, en el que se 
informe que el mismo ha sido bloqueado y la información relevante sobre dicha 
circunstancia, información que deberá incluir la base legal para el bloqueo, la fecha y el 
número de la decisión de bloqueo, el organismo emisor, así como el texto de la decisión 
de bloqueo, incluyendo las razones de la misma, y las vías de recurso, debiendo quedar 
reflejada esta información por espacio temporal de un mes.
5. En el plazo de quince días hábiles siguientes a su adopción y previa audiencia 
del interesado para que pueda proponer soluciones debe confirmarse, modificarse o 
levantarse la orden de cese, lo que se efectuará en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento sancionador.
6. En todo caso, será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Artículo 112.  Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
1. Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a las que se 
refieren los artículos 106, 107 y 108, de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas 
cautelares:
a) ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas;
b) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. 
Entre ellas:
1.º  poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla 
cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la 
competencia, hasta que se cumplan las obligaciones específicas impuestas a raíz de un 
análisis de mercado con arreglo al artículo 18. Esta medida, junto con las razones en que 
se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable 
para que la empresa cumpla con la misma;
2.º  impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de 
incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de 
servicios o el suministro de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las 
obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las 
medidas destinadas a exigir el cese de la infracción;
3.º  confirmar o modificar las medidas provisionales de urgencia adoptadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Estas medidas provisionales serán válidas 
durante tres meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses;
c) ordenar el ajuste y la adecuación de las emisiones a los parámetros y 
condiciones técnicas autorizadas;
d) ordenar el precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el 
infractor, siendo, en su caso, aplicable el régimen de ejecución subsidiaria previsto en el 
artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas;
e) ordenar la retirada o su recuperación del mercado de los equipos de 
telecomunicación que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con 
la normativa aplicable;
f) la suspensión provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las 
instalaciones, por un plazo máximo de seis meses.
2. Cuando el presunto infractor carezca de título habilitante para la ocupación o uso 
del dominio público radioeléctrico, vulnere o condicione la adecuada ejecución de los 
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planes técnicos de uso del dominio público radioeléctrico, produzca interferencias a 
servicios legalmente autorizados o si con la infracción se superan los niveles de 
emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86, la 
medida cautelar prevista en la letra a) y, en su caso, en la letra c) del apartado anterior 
será obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciación de expediente sancionador, 
con objeto de salvaguardar el correcto uso de dicho dominio público.
3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de 
duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del 
procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Como excepción, la medida cautelar de 
retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación cuya 
conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa 
aplicable deberá levantarse cuando se acredite la realización de la evaluación de la 
conformidad de los equipos de telecomunicación afectados.
Artículo 113.  Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en 
que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.
En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en 
que deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se 
consume. No obstante, se entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos de 
telecomunicación o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposición 
de la Administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las 
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. El 
plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a 
aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo 
si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 114.  Competencias y procedimiento sancionador.
1. La competencia sancionadora corresponderá:
a) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material 
de su actuación, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los 
apartados 3, 10, 11 y 14 del artículo 106, infracciones graves tipificadas en los 
apartados 19, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39 y 41 del artículo 107 e infracciones 
leves tipificadas en los apartados 6 y 12 del artículo 108;
b) a la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de las 
infracciones graves del artículo 107 tipificadas en el apartado 30 y de las infracciones 
leves del artículo 108 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de 
los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad reconocidos en el artículo 66;
c) a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, el resto de los casos y en los supuestos de imposición de 
sanciones por la comisión de las infracciones señaladas en las letras a) y b) cuando se 
trate de su ámbito material de actuación.
2. En el ejercicio de la potestad sancionadora será de aplicación el procedimiento 
administrativo común establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de 
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resolución del mismo será de un año y el plazo de alegaciones será como mínimo de 
quince días hábiles.
Disposición adicional primera.  Significado de los términos empleados por esta ley.
A los efectos de esta ley, los términos definidos en el anexo II tendrán el significado 
que allí se les asigna.
Disposición adicional segunda.  Limitaciones y servidumbres.
1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el 
artículo 47.1 podrán afectar:
a) a la altura máxima de los edificios;
b) a la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias que produzcan 
emisiones radioeléctricas e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas 
electrificadas no soterradas;
c) a la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos.
2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional, a 
la navegación aérea y a la radioastronomía, no podrán establecerse, por vía 
reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones 
más gravosas que las siguientes:
a) para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que 
se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la 
estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados;
b) la máxima limitación exigible de separación entre una industria que 
produzca emisiones radioeléctricas o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o 
líneas de ferrocarril no soterradas y cualquiera de las antenas receptoras de la estación 
será de 1.000 metros.
La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de la estación se 
realizará con las siguientes limitaciones:
Gama de frecuenciasPotencia radiada aparente del transmisor en dirección 
a la instalación a proteger
–
KilovatiosMáxima limitación exigible de separación entre instalaciones 
a proteger y antena del transmisor
–
Kilómetros
f ≤ 30 MHz0,01 < P ≤ 1 2
1 < P ≤ 10 10
P > 10 20
f > 30 MHz0,01 < P ≤ 1 1
1 < P ≤ 10 2
P > 10 5
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3. Las limitaciones de intensidad de campo eléctrico se exigirán para aquellas 
instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se entiende que utilizan 
equipos de alta sensibilidad las instalaciones dedicadas a la investigación:
a) las estaciones dedicadas a la observación radioastronómica, estas limitaciones 
serán las siguientes:
Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2)
Frecuencia central (MHz) Anchura de banda de canal (kHz)Densidad espectral de flujo de potencia 
(dB(W/(m2 · Hz)))Observaciones radioastronómicas
13,385 50 -248 Continuo.
25,61 120 -249 Continuo.
73,8 1600 -258 Continuo.
151,525 2950 -259 Continuo.
325,3 6600 -258 Continuo.
327 10 -244 Rayas espectrales.
408,05 3900 -255 Continuo.
611 6000 -253 Continuo.
1413,5 27000 -255 Continuo.
1420 20 -239 Rayas espectrales.
1612 20 -238 Rayas espectrales.
1665 20 -237 Rayas espectrales.
1665 10000 -251 Continuo.
2695 10000 -247 Continuo.
4830 50 -230 Rayas espectrales.
4995 10000 -241 Continuo.
10650 100000 -240 Continuo.
14488 150 -221 Rayas espectrales.
15375 50000 -233 Continuo.
22200 250 -216 Rayas espectrales.
22355 290000 -231 Continuo.
23700 250 -215 Rayas espectrales.
23800 400000 -233 Continuo.
31550 500000 -228 Continuo.
43000 500 -210 Rayas espectrales.
43000 1000000 -227 Continuo.
48000 500 -209 Rayas espectrales.
76750 8000000 -229 Continuo.
82500 8000000 -228 Continuo.
88600 1000 -208 Rayas espectrales.
(1) Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.
(2) Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida 
de datos supere el 2 %.
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Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2)
Frecuencia central (MHz) Anchura de banda de canal (kHz)Densidad espectral de flujo de potencia 
(dB(W/(m2 · Hz)))Observaciones radioastronómicas
89000 8000000 -228 Continuo.
105050 8000000 -223 Continuo.
132000 8000000 -223 Continuo.
147250 8000000 -223 Continuo.
150000 8000000 -223 Continuo.
150000 1000 -204 Rayas espectrales.
165500 8000000 -222 Continuo.
183500 8000000 -220 Continuo.
215750 8000000 -218 Continuo.
220000 1000 -199 Rayas espectrales.
224000 8000000 -218 Continuo.
244500 8000000 -217 Continuo.
265000 1000 -197 Rayas espectrales.
270000 8000000 -216 Continuo.
(1) Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.
(2) Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida 
de datos supere el 2 %.
b) para la protección de las instalaciones de observatorios de astrofísica, la 
limitación de la intensidad de campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8 
dB (µV/m) en la ubicación del observatorio.
4. Para un mejor aprovechamiento del dominio público radioeléctrico, el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá imponer la utilización en las 
instalaciones de aquellos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad 
radioeléctrica entre estaciones.
Disposición adicional tercera.  Aplicación de la legislación reguladora de las 
infraestructuras comunes en los edificios.
Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se 
regulan por lo establecido en la presente ley, por el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación y sus desarrollos reglamentarios.
Disposición adicional cuarta.  Información confidencial.
Las personas físicas o jurídicas que aporten a alguna de las autoridades públicas 
competentes específicas en materia de telecomunicaciones datos o informaciones de 
cualquier tipo, con ocasión del desempeño de sus funciones y respetando la legislación 
vigente en materia de protección de datos y privacidad, podrán indicar, de forma 
justificada, qué parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusión podría 
perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada autoridad 
pública competente específica en materia de telecomunicaciones decidirá, de forma 
motivada y a través de las resoluciones oportunas, sobre la información que, según la 
legislación vigente, resulte o no amparada por la confidencialidad.
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Disposición adicional quinta.  Referencia a servicios de comunicaciones electrónicas en 
otras normas.
Las referencias  a los servicios  de comunicaciones  electrónicas  efectuadas  en otras 
normas  previas  a la vigencia  del Código  Europeo  de Comunicaciones  Electrónicas  se 
entenderán  realizadas  a las distintas  clases  de servicios  de comunicaciones  electrónicas 
que establece  el citado  Código  (servicio  de acceso  a internet,  servicio  de comunicaciones 
interpersonales  basado  en la numeración,  servicio  de comunicaciones  interpersonales 
independiente  de la numeración  y servicios  consistentes,  en su totalidad  o principalmente, 
en el transporte  de señales).  En función  de la naturaleza  y características  de cada  servicio 
en concreto y de la finalidad que persiga dicha normativa, se tendrán en cuenta al efecto los 
derechos  y obligaciones  que el mencionado  Código  Europeo  y la presente  ley asocian  a 
cada clase de servicio de comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional sexta.  Multas coercitivas.
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que 
dicten el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o la Comisión Nacional 
de los Mercados  y la Competencia  podrán  imponer  multas  coercitivas  por importe  diario 
de 125 hasta  30.000  euros,  en los términos  previstos  en la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse 
y compatibles con ellas.
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el 
Tesoro Público.
Disposición adicional séptima.  Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso 
a determinados servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y 
obligaciones de transmisión.
1. En el acceso condicional a los servicios digitales de comunicación audiovisual 
televisivos y radiofónicos difundidos a los telespectadores y oyentes, deberán cumplirse 
los requisitos siguientes, con independencia del medio de transmisión utilizado:
a) con  independencia  de los medios  de transmisión,  todas  las empresas  proveedoras 
de servicios  de acceso  condicional  que prestan  servicios  de acceso  a los servicios  digitales 
de comunicación  audiovisual  televisivos  y radiofónicos  y de cuyos  servicios  de acceso 
dependen  los prestadores  del servicio  de comunicación  audiovisual  para llegar  a cualquier 
grupo de telespectadores u oyentes potenciales estarán obligados a:
1.º  proponer a todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, en 
condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten compatibles con el 
Derecho de la competencia, servicios técnicos que permitan que sus servicios digitales 
de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos sean recibidos por los 
telespectadores u oyentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los 
operadores de servicios, así como a respetar el Derecho de la competencia;
2.º  llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su actividad de 
suministro de servicios de acceso condicional;
b) cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de consumo, los titulares 
de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso 
condicional, deberán hacerlo en condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias. La concesión de licencias, que tendrá en cuenta los factores técnicos y 
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comerciales, no podrá estar subordinada por los propietarios de los derechos a 
condiciones que prohíban, disuadan o desalienten la inclusión en el mismo producto de:
1.º bien una interfaz común que permita la conexión con varios sistemas de acceso;
2.º  bien medios específicos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario 
de la licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que 
a él se refiere, la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de 
acceso condicional.
2. En el caso de que en el mercado involucrado en el acceso condicional a los 
servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos no se hubiera 
designado operador con peso significativo en el mercado, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia podrá modificar o suprimir las condiciones con respecto a 
los operadores de dicho mercado, siempre y cuando:
a) dicha modificación o supresión no incida negativamente en el acceso de los 
usuarios finales a las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual televisivos 
y radiofónicos, y
b) dicha modificación o supresión no incida negativamente en las perspectivas de 
competencia efectiva en los siguientes mercados:
1.º  los mercados de servicios de comunicación audiovisual al por menor de radio y 
televisión digital;
2.º los mercados de sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados.
3. Mediante  orden  de la persona  titular  del Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital  se podrá  imponer  exigencias  razonables  de transmisión  de 
determinados  canales  de servicios  de comunicación  audiovisual  televisivos  y radiofónicos, 
así como  exigencias  de transmisión  de servicios  complementarios  para posibilitar  el acceso 
adecuado  de los usuarios  con discapacidad,  a los operadores  que exploten  redes  de 
comunicaciones  electrónicas  utilizadas  para la distribución  de servicios  de comunicación 
audiovisual  al público,  si un número  significativo  de usuarios  finales  de dichas  redes  las 
utiliza  como  medio  principal  de recepción  de programas  de servicios  de comunicación 
audiovisual, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general claramente 
definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente revisable.
Asimismo,  podrán  establecerse  mediante  real decreto  condiciones  a los proveedores  de 
servicios  y equipos  de televisión  digital,  para que cooperen  en la prestación  de servicios  de 
comunicación audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad.
4. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se regulará el establecimiento de las obligaciones y requisitos 
para los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y la creación y 
regulación del Registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital 
terrestre. La gestión, asignación y control de los parámetros de información de los 
servicios de televisión digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Disposición adicional octava.  Interoperabilidad de receptores de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de receptores de servicios 
de comunicación audiovisual radiofónicos de consumo y equipos de consumo 
utilizados para la televisión digital.
1. Los equipos receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos 
para automóviles y los equipos de consumo utilizados para la televisión digital deben ser 
interoperables de conformidad con las siguientes reglas:
a) algoritmo de cifrado común y recepción de libre acceso. Todos los equipos de 
consumo para la recepción de señales de televisión digital, ya sea por emisión terrestre, 
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por cable o por satélite, que se comercialicen para la venta, en alquiler o en cualquier 
otra fórmula comercial con capacidad para descifrar señales de televisión digital deberán 
incluir las siguientes funciones:
i) descifrado de señales de conformidad con un algoritmo de cifrado común 
europeo gestionado por una organización europea de normalización reconocida;
ii) visualización de señales transmitidas en abierto, a condición de que, en los 
casos en que el equipo se suministre en alquiler, el arrendatario se halle en situación de 
cumplimiento del contrato correspondiente;
b) interoperabilidad de aparatos de televisión digitales. Todo aparato digital de 
televisión dotado de una pantalla de visualización integral de una diagonal visible 
superior a 30 centímetros comercializado para su venta o alquiler deberá estar provisto 
de, al menos, una conexión de interfaz abierta normalizada por una organización 
europea de normalización reconocida, conforme con la norma adoptada por ésta, o 
conforme con las especificaciones adoptadas por la industria, que permita la conexión 
sencilla de periféricos, y poder transferir todos los elementos pertinentes de una señal de 
televisión digital, incluida la información relativa a servicios interactivos y de acceso 
condicional;
c) interoperabilidad de los receptores de servicios de radio para automóviles. Todo 
receptor de servicios de radio integrado en un vehículo nuevo de la categoría M 
introducido en el mercado para su venta o alquiler deberá incluir un receptor capaz de 
recepción y reproducción de, al menos, los servicios de radiodifusión ofrecidos a través 
de la radiodifusión digital terrestre.
Lo establecido en el presente apartado podrá ser objeto de modificación mediante 
real decreto, de conformidad con lo que dispongan las normas y actos emanados de las 
instituciones europeas.
2. Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para garantizar la 
interoperabilidad de otros receptores de servicios de radio de consumo, para lo cual 
deberá tenerse en cuenta el impacto en el mercado de los receptores de radiodifusión de 
valor reducido y garantizar que dichas medidas no se apliquen a los productos en los 
que el receptor de servicios de radio tenga un carácter puramente auxiliar, como los 
teléfonos móviles multifunción, ni a los equipos utilizados por radioaficionados.
3. Los usuarios finales, en el momento de la resolución de su contrato, tendrán la 
posibilidad de devolver los equipos terminales de televisión digital de forma gratuita y 
sencilla, a menos que el proveedor demuestre la completa interoperabilidad del equipo 
con los servicios de televisión digital de otros proveedores, entre ellos aquel al que se 
haya cambiado el usuario final.
Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para que los equipos terminales de 
televisión digital que los prestadores de servicios digitales de televisión suministren a sus 
usuarios finales sean interoperables a fin de que, cuando ello sea técnicamente posible, 
estos puedan reutilizarse con otros prestadores de servicios digitales de televisión. En 
todo caso, se considerará que los equipos terminales de televisión digital que sean 
conformes a las normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea», o a partes de estas, cumplen el requisito de 
interoperabilidad establecido en este párrafo.
Disposición adicional novena.  Mecanismo de notificación.
Las medidas  adoptadas  por la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la 
Competencia  de acuerdo  con los capítulos  III, IV y V del título  II, artículo  55.8 y 
disposición  adicional  séptima  de esta ley, y su normativa  de desarrollo,  que puedan 
tener  repercusiones  en los intercambios  entre  Estados  miembros,  se someterán  a los 
mecanismos  de notificación  a que se refieren  los artículos  32, 33 y 34 del Código 
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Europeo  de Comunicaciones  Electrónicas  y las normas  dictadas  al efecto  en desarrollo 
de los mismos por la Unión  Europea.
Disposición adicional décima.  Mecanismo de consulta.
Las autoridades  públicas  competentes  específicas  en materia  de telecomunicaciones 
que tengan  la intención  de adoptar  medidas  conforme  a lo establecido  en la presente  ley y 
su normativa  de desarrollo  que incidan  significativamente  en el mercado  pertinente  así 
como  medidas  de restricción  a la neutralidad  tecnológica  y de servicios  en el uso del 
dominio  público  radioeléctrico  regulada  en el artículo  93, deberán  dar a los interesados  la 
oportunidad  de formular  observaciones  sobre  la medida  propuesta  en un plazo  razonable, 
según  la complejidad  del asunto,  pero en cualquier  caso no inferior  a treinta  días naturales, 
excepto  en circunstancias  excepcionales,  en los términos  y con las condiciones 
establecidas  en el artículo  23 del Código  Europeo  de Comunicaciones  Electrónicas  y las 
normas dictadas al efecto en desarrollo del mismo por la Unión Europea.
Disposición adicional undécima.  Informe sobre las obligaciones a imponer a 
operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público.
Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente ley o acto administrativo en ejecución de dicha medida normativa 
que tramite cualquier Administración Pública y que persiga imponer con carácter 
generalizado a los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público o a un grupo específico de los mismos obligaciones 
de servicio público distintas de las previstas en el artículo 43, obligaciones de supervisión 
de la información tratada o gestionada en dichas redes o servicios o de colaboración con 
los agentes facultados respecto al tráfico gestionado, requerirá el informe preceptivo del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Dicha  medida  normativa  o acto administrativo  deberá  contemplar  de manera  expresa 
los mecanismos  de financiación  de los costes  derivados  de las obligaciones  de servicio 
público  distintas  de las previstas  en el artículo  43, obligaciones  de carácter  público  o 
cualquier  otra carga  administrativa  que se imponga,  que no podrá  ser a cargo  de los 
operadores  de redes  públicas  o de servicios  de comunicaciones  electrónicas  disponibles  al 
público  cuando  se traten  de obligaciones  o cargas  que no deriven  directamente  del marco 
normativo  de las comunicaciones  electrónicas  sino que respondan  a otras  razones  de 
políticas públicas, salvo que concurran motivos de interés público que lleven a la conclusión 
de que dichos operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente.
La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se considera un requisito esencial en la tramitación de la norma o 
acto administrativo.
Disposición adicional duodécima.  Creación de la Comisión sobre radiofrecuencias y 
salud.
Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la 
Comisión sobre radiofrecuencias y salud, cuya misión es la de asesorar e informar a la 
ciudadanía, al conjunto de las Administraciones públicas y a los diversos agentes de la 
industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas 
de protección sanitaria aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y 
periódicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones 
radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha 
Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones sobre las emisiones 
radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las emisiones, las medidas de 
protección sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, así 
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como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizará propuestas y sugerirá 
líneas de mejora en las medidas y controles a realizar.
De la Comisión formarán parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y una 
representación de las Comunidades Autónomas.
Dicha Comisión contará con un grupo asesor o colaborador en materia de 
radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la 
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y un grupo de 
expertos independientes, sociedades científicas y representantes de los ciudadanos, 
para hacer evaluación y seguimiento periódico de la prevención y protección de la salud 
de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de 
investigación, medidas consensuadas de identificación, elaboración de registros y 
protocolos de atención al ciudadano.
La creación  y el funcionamiento  tanto  de la Comisión  como  del grupo  asesor  se 
atenderán  con los medios  personales,  técnicos  y presupuestarios  actuales  asignados  a los 
Ministerios y demás Administraciones participantes, sin incremento en el gasto público.
Disposición adicional decimotercera.  Parámetros y requerimientos técnicos esenciales 
para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas.
Los parámetros y requerimientos técnicos esenciales que son indispensables para 
garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas se 
establecerán mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Disposición adicional decimocuarta.  Cooperación en la promoción de contenidos lícitos 
en redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Las autoridades competentes podrán promover la cooperación entre los operadores 
de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los sectores interesados en la 
promoción de contenidos lícitos en dichas redes y servicios.
Disposición adicional decimoquinta.  Garantía de los derechos digitales.
Lo dispuesto en esta ley será sin perjuicio de la aplicación de las medidas que en 
materia de garantía de los derechos digitales se establecen en el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en el título X 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
Disposición adicional decimosexta.  Políticas de impulso de los derechos digitales.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaborará un Plan de 
Acceso a Internet con los siguientes objetivos:
a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a internet de los colectivos 
vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales 
económicamente desfavorecidos;
b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público y
c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y 
habilidades digitales básicas de las personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y 
la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de 
internet y de las tecnologías digitales.
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Disposición adicional decimoséptima.  Coordinación de las ayudas públicas a la banda 
ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.
Por real decreto  se identificarán  los órganos  competentes  y se establecerán  los 
procedimientos  de coordinación  entre  Administraciones  y Organismos  públicos,  en relación 
con las ayudas  públicas  a la banda  ancha,  cuya convocatoria  y otorgamiento  deberá 
respetar  en todo caso el marco  comunitario  y los objetivos  estipulados  en el artículo  3 y en 
relación con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la economía, 
el empleo  digital  y todos  los nuevos  servicios  digitales  que las nuevas  redes  de alta y muy 
alta capacidad permiten, garantizando la cohesión social y territorial.
Disposición adicional decimoctava.  Publicación de actos.
Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite 
el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones 
asignadas en las materias a que se refiere la presente ley se podrán publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y 
disposición adicional tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, todas aquellas 
resoluciones, actos administrativos o actos de trámite dictados por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las 
materias a que se refiere la presente ley y que pudieran tener por destinatario a una 
pluralidad indeterminada de personas o cuando estime que la notificación efectuada a un 
solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, deberán ser 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el 
artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional decimonovena.  Estaciones radioeléctricas de radioaficionado.
En la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 49.9, sin perjuicio de la aplicación de la 
Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior 
de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, y su 
normativa de desarrollo.
Disposición adicional vigésima.  Prestación de determinados servicios a los que se 
refiere el artículo 43.
La Dirección General de la Marina Mercante asume la prestación de los servicios de 
seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el artículo 43.1.
Disposición adicional vigésima primera.  Comunicación al Registro de operadores de los 
prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales 
independientes de la numeración disponible al público.
Los operadores que estén prestando el servicio de comunicaciones electrónicas 
interpersonales independientes de la numeración disponible al público dispondrán del 
plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la 
comunicación al Registro de operadores a que se refiere el artículo 6.6.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad 
del operador;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el 
que figure el operador y número de identificación fiscal;
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c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de servicios de 
comunicaciones electrónicas;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de 
su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, 
respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para 
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean 
enviadas;
f) una exposición sucinta de los servicios que suministra.
Disposición adicional vigésima segunda.  Comunicación al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP).
Los titulares y gestores de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en 
territorio español dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor 
de esta ley para efectuar la comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital a que se refiere el artículo 6.8.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad 
del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP);
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el 
que figure el titular y el gestor del punto de intercambio de internet (IXP) y número de 
identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP), de 
haberlo;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de 
su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, 
respecto a esta última la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para 
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean 
enviadas;
f) ubicación de cada uno de los puntos de intercambio de internet (IXP) de los que 
sea titular o gestor y una exposición sucinta de sus principales características técnicas.
Disposición adicional vigésima tercera.  Comunicación al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de los cables submarinos.
Los titulares y gestores de cables submarinos cuyo enganche, acceso o 
interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produce en territorio español, 
dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para 
efectuar la comunicación a que se refiere el artículo 6.9.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad 
del titular y del gestor del cable submarino;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el 
que figure el titular y el gestor del cable submarino y número de identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del titular y del gestor del cable submarino, de haberlo;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de 
su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, 
respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil 
para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le 
sean enviadas;
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f) una  exposición  sucinta  del trazado  del cable  submarino  y de sus principales 
características técnicas y, en particular, del lugar en el que se produce el enganche, acceso 
o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas ubicadas en territorio español.
Disposición adicional vigésima cuarta.  Reconversión de la infraestructura de los 
teléfonos públicos de pago.
Las infraestructuras de los teléfonos públicos de pago se podrán reconvertir o utilizar 
como puntos de conectividad para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios:
a) puntos de conexión a internet;
b) teléfono de emergencias;
c) punto de envío y recogida de paquetería.
Disposición adicional vigésima quinta.  Datos del Registro de operadores puestos a 
disposición del ORECE.
Los datos  correspondientes  a las notificaciones  efectuadas  al Registro  de operadores 
que hayan  sido inscritos  entre  el 21 de diciembre  de 2020  y la entrada  en vigor  de esta ley 
deberán ponerse a disposición del ORECE a la mayor brevedad posible.
Disposición adicional vigésima sexta.  Reasignación de recursos.
Los órganos y organismos de la Administración General del Estado podrán ejercer 
las funciones que en la presente ley se les atribuyen con sus recursos disponibles sin 
necesidad de requerir dotaciones presupuestarias adicionales.
Disposición adicional vigésima séptima.  Adaptación de la contratación con los usuarios 
finales por los operadores de comunicaciones electrónicas.
1. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de dos 
meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para adaptar su operativa y el 
contenido de los contratos a formalizar con los usuarios finales a lo establecido en el 
capítulo IV del título III y demás disposiciones de esta ley.
2. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de 
cuatro meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para modificar los contratos 
formalizados con los usuarios finales para adaptarlos a lo establecido en el capítulo IV 
del título III y demás disposiciones de esta ley o, en su caso, y a petición expresa de los 
usuarios, proceder a su rescisión en los términos indicados en el artículo 67.8.
Disposición adicional vigésima octava.  Creación de la Comisión Interministerial para la 
agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para 
la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la 
Comisión Interministerial para la agilización de los mecanismos de colaboración entre 
Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, cuya misión es el impulso de la resolución ágil y eficiente 
de las solicitudes de ocupación del dominio público y la propiedad privada presentadas 
por los operadores ante las diferentes Administraciones públicas al amparo del 
artículo 49 de la presente ley, garantizando el cumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos y minimizando los retrasos y las incidencias asociadas a la tramitación y 
resolución de dichas solicitudes de ocupación. De la Comisión Interministerial formarán 
parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.
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Disposición adicional vigésima novena.  Beneficios fiscales aplicables al evento «Año 
Santo Jubilar San Isidro Labrador».
1. La celebración del «Año Santo Jubilar San Isidro Labrador» tendrá la 
consideración de acontecimiento excepcional de interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. La  duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la 
entrada en vigor de la presente ley al 15 de mayo de 2023.
3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes 
del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre.
4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en 
el citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional trigésima.  Universalización del acceso a internet a una velocidad 
mínima de 100 Mbit por segundo.
El Gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en 
el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalización del 
acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo en 
sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios 
asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en 
aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más 
modernas redes de telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los 
más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan 
a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con 
ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el 
reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la 
despoblación rural.
Disposición transitoria primera.  Normativa anterior a la entrada en vigor de esta ley.
Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley o dictadas en desarrollo de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones o de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, continuarán vigentes en lo que no se 
opongan a esta ley, hasta que se apruebe su normativa de desarrollo.
Disposición transitoria segunda.  Adaptación de los títulos habilitantes del uso del 
dominio público radioeléctrico.
1. Los títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico otorgados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedan automáticamente adaptados 
al régimen jurídico establecido en ésta, a excepción de su duración, que será la 
establecida en el título original o sus modificaciones.
2. Los títulos habilitantes del uso privativo del dominio público radioeléctrico con 
limitación de número otorgados mediante procedimientos de licitación y cuyo 
otorgamiento siga siendo con limitación de número podrán ver ampliada su duración 
hasta un plazo total de cuarenta años, incluidas prórrogas y modificaciones, si bien la 
ampliación de plazo no podrá en ningún caso ser superior a los diez años adicionales a 
la duración actual del título habilitante, incluidas prórrogas y modificaciones. Asimismo, 
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estos títulos habilitantes podrán ser objeto de renovación en los términos indicados en el 
artículo 94.7.
Esta adaptación en los plazos de duración y en la posible renovación de los títulos 
habilitantes mencionados se aprobará mediante orden de la persona titular del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que se tendrán en cuenta las 
circunstancias particulares de cada banda de frecuencias y de cada título habilitante, 
incluidas sus modificaciones, previa solicitud del titular del título habilitante, que deberá 
ser presentada en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.
En la tramitación  de la orden  ministerial  se evacuará  un trámite  de audiencia  con el 
titular  solicitante  y se dará a todas  las partes  interesadas  la oportunidad  de manifestar  su 
punto  de vista a través  de un procedimiento  público  de consulta  conforme  con lo dispuesto 
en la disposición  adicional  décima.  Asimismo,  se solicitará  el informe  previo  de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia e informe de la Abogacía del Estado.
Disposición transitoria tercera.  Condiciones ligadas a las concesiones de uso de 
dominio público radioeléctrico.
Las condiciones ligadas a los títulos habilitantes para la explotación de redes o 
prestación de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio público 
radioeléctrico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley a través de procedimientos de licitación pública, ya estuvieran previstas en 
los pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar 
ligadas a las concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria cuarta.  Registro de operadores.
El Registro de operadores regulado en el artículo 7 mantiene su continuidad respecto 
del Registro de operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, de manera que los datos inscritos en este pasarán a 
formar parte del registro regulado en esta ley.
Disposición transitoria quinta.  Prestación transitoria del servicio universal.
Telefónica de España, S.A.U. seguirá encargándose de la prestación de los 
elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público 
en las mismas condiciones establecidas en la Orden ECE/1280/2019, de 26 de 
diciembre, por la que se designa a dicho operador como encargado de la prestación 
citada, hasta que finalice el plazo para el que fue designado o se proceda a efectuar una 
nueva designación de operador u operadores encargados de la prestación de los 
servicios incluidos en el servicio universal conforme al régimen jurídico instaurado por la 
presente ley y su normativa de desarrollo.
Disposición transitoria sexta.  Planes de precios del servicio universal.
En tanto no se determine reglamentariamente, el abono social a los servicios de 
comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, el 
plan de precios aplicable a abonados invidentes o con graves dificultades visuales y el 
plan de precios aplicable a usuarios sordos o con graves dificultades auditivas estarán 
definidos por los supuestos, requisitos y condiciones establecidos en el apartado 4 del 
anexo del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
de 25 de enero de 2007, publicado por Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por el que 
se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a 
los servicios incluidos en el servicio universal, y el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 13 de mayo de 2010, por el que se modifica el 
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umbral de renta familiar que da acceso al abono social, publicado por la Orden 
PRE/1619/2010, de 14 de junio.
Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para la fijación de las tasas 
establecidas en el anexo I de esta ley.
Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuantías de 
la tasa prevista en el apartado 4 del anexo I, se aplicarán las siguientes:
a) por la expedición de certificaciones registrales, 43,80 euros;
b) por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las 
telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de 
pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 43,80 euros;
c) por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas 
de equipos de telecomunicación, 345,65 euros;
d) por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado, 363,42 
euros;
e) por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente 
sustitutiva del acto de inspección previa, 90,67 euros;
f) por la tramitación de concesión demanial o autorización para el uso privativo o de 
autorización general para el uso especial del dominio público radioeléctrico, 70,53 euros;
g) por la tramitación de la autorización individual para el uso especial del dominio 
público radioeléctrico, 114,36 euros;
h) por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de 
radioaficionado, 23,67 euros;
i) por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación, 
107,72;
j) por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de 
equipos de telecomunicación, 356,30 euros.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, quedan derogadas las 
siguientes disposiciones:
a) la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de Telecomunicaciones, a excepción de su 
disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y 
duodécima. No obstante, la derogación de las disposiciones finales primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los 
contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus 
términos actualmente vigentes;
b) la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios;
c) igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Uno. El artículo 9.2.c) queda redactado como sigue:
«c) Cualquier  otro sistema  que las Administraciones  públicas  consideren  válido 
en los términos  y condiciones  que se establezca,  siempre  que cuenten  con un 
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registro  previo  como  usuario  que permita  garantizar  su identidad  y previa 
comunicación  a la Secretaría  General  de Administración  Digital  del Ministerio  de 
Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital.  Esta comunicación  vendrá 
acompañada  de una declaración  responsable  de que se cumple  con todos  los 
requisitos  establecidos  en la normativa  vigente.  De forma  previa  a la eficacia  jurídica 
del sistema,  habrán  de transcurrir  dos meses  desde  dicha  comunicación,  durante  los 
cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a 
la vía jurisdiccional,  previo  informe  vinculante  de la Secretaría  de Estado  de 
Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.»
Dos. El artículo 10.2.c) queda redactado como sigue:
«c) Cualquier  otro sistema  que las Administraciones  públicas  consideren  válido 
en los términos  y condiciones  que se establezca,  siempre  que cuenten  con un 
registro  previo  como  usuario  que permita  garantizar  su identidad  y previa 
comunicación  a la Secretaría  General  de Administración  Digital  del Ministerio  de 
Asuntos  Económicos  y Transformación  Digital.  Esta comunicación  vendrá 
acompañada  de una declaración  responsable  de que se cumple  con todos  los 
requisitos  establecidos  en la normativa  vigente.  De forma  previa  a la eficacia  jurídica 
del sistema,  habrán  de transcurrir  dos meses  desde  dicha  comunicación,  durante  los 
cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a 
la vía jurisdiccional,  previo  informe  vinculante  de la Secretaría  de Estado  de 
Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.»
Tres.  Se añade una nueva disposición adicional séptima que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional séptima.
La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital informará a la Conferencia Sectorial para 
asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la 
autorización prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de esta ley, que, en su caso, 
se hayan dictado en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la citada 
resolución.»
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de 
telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.  Asimismo, las 
disposiciones de la ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las 
telecomunicaciones, se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, sobre 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica. Por último, las disposiciones del título VIII se dictan al 
amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de hacienda general, prevista en 
el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Disposición final tercera.  Regulación de las condiciones en que los órganos o entes 
gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la 
ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son 
titulares.
A los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 45, mediante real decreto acordado 
en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se 
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determinarán las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de 
transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupación 
del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los 
operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducción de cargas, y 
la simplificación administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas 
y neutrales.
Disposición final cuarta.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
1. Mediante esta ley se incorporan al derecho español las siguientes Directivas:
a) Directiva 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas.
b) Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
c) Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la 
Directiva 1999/5/CE.
d) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de compatibilidad electromagnética.
e) Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas).
2. Mediante esta ley se adoptan medidas para la ejecución o aplicación de los 
siguientes Reglamentos:
a) Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles 
en la Unión.
b) Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una 
internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y 
se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.
Disposición final quinta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
y ejecución de lo dispuesto en esta ley.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de 
comunicación comercial contemplado en el artículo 66.1.b) entrará en vigor en el plazo 
de un año a contar desde la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del 
Estado». Hasta ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones 
interpersonales disponibles al público basados en la numeración podrán seguir 
ejercitando el derecho a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de 
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comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos 
en el artículo 66.1.a) y a ser informados de este derecho.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 28 de junio de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO I
Tasas en materia de telecomunicaciones
1. Tasa general de operadores
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa general de operadores la 
prestación  de servicios  y realización  de actividades  por la Secretaría  de Estado  de 
Telecomunicaciones  e Infraestructuras  Digitales  y por la Comisión  Nacional  de los 
Mercados y la Competencia en aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.
2. Sujetos pasivos. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa los 
operadores inscritos en el Registro general de operadores a que se refiere el artículo 7 
obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.
3. Base imponible. Constituye la base imponible de la tasa los ingresos brutos de 
explotación que obtenga el operador obligado derivados del suministro de las redes y la 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los 
correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los 
usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que suministren redes o 
presten servicios de comunicaciones electrónicas.
4. Tipo impositivo. El tipo impositivo no podrá exceder el 1 por mil de los ingresos 
brutos de explotación de los operadores obligados al pago.
5. Devengo. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si 
por causa imputable al operador, este perdiera la habilitación para actuar como tal en 
fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta 
circunstancia se produzca.
Los operadores de comunicaciones electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 estarán obligados a presentar una 
declaración anual de sus ingresos brutos de explotación, en el plazo de seis meses 
desde la fecha de devengo de la tasa.
6. Obligados al pago de la tasa. Los operadores que obtengan por el suministro de 
redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos 
de explotación anuales superiores a 1 millón de euros estarán obligados a satisfacer la 
tasa general de operadores, cuyo importe no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos 
brutos de explotación, como se señala en el apartado 4.
7. Objeto de la tasa. Los gastos a sufragar son los que se generen, incluidos los de 
gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, 
por las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones 
a que se refiere el artículo 98. En concreto, los gastos a sufragar serán los gastos de 
personal y gastos corrientes en que incurran la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la 
aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, y en especial las funciones de 
regulación, supervisión, resolución de litigios e imposición de sanciones.
8. Mecanismo para el cálculo de la tasa. El importe de esta tasa anual no podrá 
exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por 
la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará pública 
antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos de personal y 
gastos corrientes en que han incurrido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el 
ejercicio anterior por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.
La memoria contemplará, de forma separada, los gastos de personal y gastos 
corrientes en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, que servirán 
de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos 
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Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión 
para la aplicación de esta ley.
El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han 
incurrido en el ejercicio anterior las autoridades públicas mencionadas que figura en la 
citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de 
explotación de cada uno de los operadores de comunicaciones electrónicas obligados en 
el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese 
mismo ejercicio por los operadores de comunicaciones electrónicas.
9. Desarrollo reglamentario. Mediante real decreto se determinará el sistema para 
calcular los gastos de personal y gastos corrientes en que han incurrido la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas 
con la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, el sistema de gestión para 
la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de 
comunicaciones electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1 deben cumplir para declarar a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia el importe de sus ingresos brutos de explotación, con el 
objeto de que esta calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno 
de los operadores de comunicaciones electrónicas.
Si la referida declaración de ingresos no se presentase en plazo, se formulará al 
sujeto pasivo requerimiento notificado con carácter fehaciente, a fin de que en el plazo 
de diez días hábiles presente la declaración. Si no lo hiciera, el órgano gestor le girará 
una liquidación provisional sobre los ingresos brutos de explotación determinados en 
régimen de estimación indirecta, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanción 
y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposición de la sanción se 
estará a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria.
2. Tasas por numeración
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de derechos de uso de 
números. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas beneficiarias 
de derechos de uso.
La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del período inicial, que 
se devengará en la fecha que se produzca el otorgamiento de los derechos de uso.
El procedimiento para su exacción se establecerá por real decreto. El importe de 
dicha exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números cuyos derechos 
de uso se hayan otorgado por el valor de cada uno de ellos, que podrá ser diferente en 
función de los servicios y planes correspondientes.
Con carácter general, el valor de cada número del Plan nacional de numeración para 
la fijación de la tasa por numeración, incluyendo a estos efectos los números empleados 
exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas, 
será de 0,041 euros. A este valor se le aplicarán los coeficientes que se especifican en la 
siguiente tabla, para los rangos y servicios que se indican:
Coeficiente Servicio Rango (NXYA) Longitud (cifras)
0 Servicios de interés social. 0XY, 112, 10YA 3 y 4
0 Servicios armonizados europeos de valor social. 116 A (A = 0 y 1) 6
0 Uso interno en el ámbito de cada operador.12YA (YA= 00 - 19)
Indefinida
22YA
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Coeficiente Servicio Rango (NXYA) Longitud (cifras)
2 Mensajes sobre redes telefónicas.2XYA (X ≠ 2)
5 y 63XYA
79YA
99YA
3 Numeración corta y prefijos.1XYA (X ≠1)
4, 5 y 6
50YA
1 Numeración geográfica.9XYA (X ≠0)
9
8XYA (X ≠0)
1 Numeración móvil.6XYA
9
7XYA (X=1, 2, 3, 4)
1 Numeración nómada no geográfica. 5XYA (X=1) 9
1 Numeración de acceso a internet.908A
9
909A
10 Tarifas especiales.80YA (Y=0, 3, 6, 7)
9
90YA (Y=0, 1, 2, 5, 7)
10 Numeración personal. 70YA 9
30 Consulta telefónica sobre números de abonado. 118 A (A= 1 - 9) 5
2 Comunicaciones máquina a máquina. 590 A 13
Nota: En la columna correspondiente a la identificación de rango, las cifras NXYA representan las primeras 4 cifras del número marcado. Las cifras 
X, Y, A pueden tomar todos los valores entre 0 y 9, excepto en los casos que se indique otra cosa. El guion indica que las cifras referenciadas 
pueden tomar cualquier valor comprendido entre los mostrados a cada lado del mismo (estos incluidos).
El Plan nacional de numeración y sus disposiciones de desarrollo podrán introducir 
coeficientes a aplicar para los recursos de numeración que se atribuyan con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, siempre que aquellos no sobrepasen el 
valor de 30, exceptuando los supuestos en que se otorguen derechos de uso de 
números de 9 cifras a usuarios finales, en cuyo caso el valor máximo resultante de la 
tasa no podrá superar los 100 euros.
A los efectos del cálculo de esta tasa, se entenderá que todos los números del Plan 
nacional de numeración, y los empleados exclusivamente para la prestación de servicios 
de mensajes sobre redes telefónicas públicas, están formados por nueve dígitos. 
Cuando se otorguen derechos de uso de un número con menos dígitos, se considerará 
que se están otorgando derechos de uso para la totalidad de los números de nueve 
dígitos que se puedan formar manteniendo como parte inicial de éstos el número cuyos 
derechos de uso se otorgan. Cuando se otorguen derechos de uso de números de 
mayor longitud, se considerará que se están otorgando para la totalidad de los números 
de nueve dígitos que se puedan formar con las nueve primeras cifras de aquellos.
Asimismo, se establecen las siguientes tasas por numeración:
Tipo de número Norma de referencia Valor de cada código (euros)
Código de punto de señalización internacional (CPSI). Recomendación UIT-T Q.708. 1.000
Código de punto de señalización nacional (CPSN). Recomendación UIT-T Q.704. 10
Indicativo de red de datos (CIRD). Recomendación UIT-T X.121. 1.000
Indicativo de red móvil Tetra (IRM). Recomendación UIT-T E.218. 1.000
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Tipo de número Norma de referencia Valor de cada código (euros)
Código de operador de portabilidad (NRN). Especificaciones técnicas de portabilidad. 1.000
Indicativo de red móvil (IRM). Recomendación UIT-T E.212. 1.000
El valor de la tasa por numeración se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, en la fijación del importe a 
satisfacer por esta tasa se podrá tomar en consideración el valor de mercado del uso de 
los números cuyos derechos de uso se otorguen y la rentabilidad que de ellos pudiera 
obtener la persona o entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
En este caso, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en 
los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo y en los términos que en éstos 
se fijen, la cuantía anual de la tasa podrá sustituirse por la que resulte de un 
procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia y el tiempo de 
duración del otorgamiento del derecho de uso. Si el valor de adjudicación de la licitación 
resultase superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa.
3. Procederá la devolución del importe de la tasa por numeración que 
proporcionalmente corresponda, cuando se produzca la cancelación de la asignación de 
recursos de numeración a petición del interesado, durante el ejercicio anual que 
corresponda. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido mediante real decreto.
4. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro 
Público y se destinará a la financiación de los gastos que soporte la Administración 
General del Estado en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en 
esta ley.
3. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico
1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier 
frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o 
entidades se gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este 
apartado.
Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos 
obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y 
la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.
Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad 
obtenida por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los 
siguientes parámetros:
a) el grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas 
zonas geográficas;
b) el tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si 
este lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en los artículos 40 
y 43;
c) la banda o sub-banda del espectro que se reserve;
d) los equipos y tecnología que se empleen;
e) el valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público 
reservado.
2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar 
la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el 
valor en euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a 
aplicar para el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la 
determinación de la tasa correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no 
solicitada que se extienda sobre la zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este 
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apartado, se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de 
medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un 
ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.
3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. La reducción del parámetro indicado en el párrafo 
b) del epígrafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio público 
radioeléctrico, que se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será 
de hasta el 75 por 100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas que lleven aparejadas obligaciones de servicio público de 
los artículos 40 y 43, o para el dominio público destinado a la prestación de servicios 
públicos en gestión directa o indirecta mediante concesión administrativa.
Asimismo, en la ley a que se refiere el párrafo anterior se fijará:
a) la fórmula para el cálculo del número de unidades de reserva radioeléctrica de 
los distintos servicios radioeléctricos;
b) los tipos de servicios radioeléctricos;
c) el importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico.
4. El pago de la tasa deberá realizarse por el titular de la reserva de dominio 
público radioeléctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de 
reserva radioeléctrica estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacción 
será ingresado en el Tesoro Público.
5. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente. Se devengará 
inicialmente el día del otorgamiento del título habilitante para el uso del demanio y, 
posteriormente, el día 1 de enero de cada año.
6. El procedimiento de exacción se establecerá mediante real decreto.
Las notificaciones efectuadas para la gestión, liquidación y exacción de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico a los titulares de la reserva podrán practicarse 
por comparecencia electrónica, en los términos del artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El impago del importe de la tasa podrá motivar la suspensión o la pérdida del 
derecho a la ocupación del dominio público radioeléctrico, salvo cuando, en el 
procedimiento de impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa 
interpuesto contra la liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del pago.
7. Las  Administraciones  públicas  estarán  exentas  del pago  de esta tasa en los 
supuestos  de reserva  de dominio  público  radioeléctrico  para la prestación  de servicios 
obligatorios  de interés  general  que tenga  exclusivamente  por objeto  la seguridad  nacional, 
la defensa  nacional,  la seguridad  pública  y las emergencias,  así como  cualesquiera  otros 
servicios  obligatorios  de interés  general  sin contrapartida  económica  directa  o indirecta, 
como  tasas,  precios  públicos  o privados,  ni otros  ingresos  derivados  de dicha  prestación, 
tales como  los ingresos  en concepto  de publicidad.  A tal efecto,  deberán  solicitar, 
fundamentadamente,  dicha  exención  al Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital.  Asimismo,  no estarán  sujetos  al pago  los enlaces  descendentes  de 
comunicación audiovisual por satélite, tanto radiofónica como televisiva.
4. Tasas de telecomunicaciones
1. La  gestión  precisa  para el otorgamiento  de determinadas  concesiones  y 
autorizaciones,  inscripciones  registrales,  emisión  de certificaciones,  realización  de 
actuaciones  obligatorias  de inspección,  emisión  de dictámenes  técnicos  y la realización  de 
exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los trámites 
y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los párrafos siguientes.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión precisa por la Administración 
para la expedición de certificaciones registrales; para la expedición de certificaciones de 
presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de 
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infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de 
instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus 
anexos; para la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones 
técnicas de equipos de telecomunicación; la emisión de dictámenes técnicos de 
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación; las inscripciones en el 
registro de empresas instaladoras de telecomunicación; las actuaciones inspectoras o de 
comprobación técnica que, con carácter obligatorio, vengan establecidas en esta ley o en 
otras disposiciones con rango legal; la presentación de certificaciones expedidas por 
técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación; la 
tramitación de concesiones demaniales o autorizaciones para el uso privativo del 
dominio público radioeléctrico; la tramitación de autorizaciones generales o individuales 
para el uso especial de dicho dominio y la realización de los exámenes de capacitación 
para operar estaciones de radioaficionado.
3. Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona natural o 
jurídica que solicite la correspondiente certificación registral; la que solicite la expedición 
de certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del 
proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de 
replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado 
de fin de obra y sus anexos; la que solicite la emisión de dictámenes técnicos de 
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación; la que presente al 
registro de empresas instaladoras de telecomunicación la correspondiente declaración 
responsable; aquella a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de carácter 
obligatorio; la que presente certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas 
de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación de carácter obligatorio; la que 
solicite la tramitación de concesiones demaniales o autorizaciones para el uso privativo 
del dominio público radioeléctrico o la tramitación de autorizaciones, generales o 
individuales, de uso especial del dominio público radioeléctrico; o la que se presente a 
los exámenes para la obtención del título de operador de estaciones de radioaficionado.
4. La cuantía de la tasa se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente. El 
rendimiento de la tasa se ingresará en el Tesoro Público. Mediante real decreto se 
establecerá la forma de liquidación de la tasa.
La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas tendrá la consideración de precio público cuando aquellas 
puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la 
Administración de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de la Administración 
española o en centros privados o ajenos a aquellas, cuando dichas pruebas sean 
solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la 
normativa en vigor.
5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales 
para el uso especial de dominio público radioeléctrico por radioaficionados aquellos 
solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan sesenta y cinco años en el año en que 
efectúen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los 
beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por 100.
5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia gestionará y recaudará en 
período voluntario las tasas que se regulan en los apartados 1 y 2 de este anexo, así 
como las del apartado 4 que se recauden por la prestación de servicios que tenga 
encomendados la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de 
las comunicaciones electrónicas, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Para el resto de supuestos, la gestión en periodo voluntario de las tasas 
corresponderá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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ANEXO II
Definiciones
1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con 
un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público 
para la prestación de dichos servicios.
2. Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y 
sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el 
suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de 
radiodifusión; incluye, entre otras cosas, el acceso a elementos de redes y recursos 
asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en 
particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para 
facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como 
edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos 
los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos 
para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y 
facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una 
funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de 
itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión 
digital y el acceso a servicios de redes virtuales.
3. Acreditación en materia de equipos de telecomunicación: declaración por un 
organismo nacional de acreditación de que un organismo de evaluación de la 
conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando 
proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas 
sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la 
conformidad.
4. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación 
radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones 
especificadas.
5. Atribución de frecuencias: la designación de una banda del espectro 
radioeléctrico para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, 
cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.
6. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: 
el circuito  físico  que conecta  el punto  de terminación  de la red a un dispositivo  de distribución 
o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.
7. Centro de proceso de datos (CPD): estructuras, o grupos de estructuras, 
dedicado al alojamiento, la interconexión y el funcionamiento centralizados de 
tecnologías de la información y equipos de red que proporcionan servicios de 
almacenamiento, procesamiento y transporte de datos junto con todas las instalaciones e 
infraestructuras para la distribución de energía y control ambiental.
8. Comercialización de equipos de telecomunicación: todo suministro de un equipo 
para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de 
una actividad comercial, ya sea a cambio de pago o a título gratuito
9. Comunicación de emergencia: la emitida a través de los servicios de 
comunicación interpersonal entre un usuario final y el PSAP con el objeto de pedir y 
recibir ayuda de emergencia de los servicios de emergencia.
10.  Comunicaciones intracomunitarias reguladas: cualquier servicio de 
comunicaciones interpersonales basadas en números que tenga su origen en el Estado 
miembro del operador nacional del consumidor y que termine en cualquier número fijo o 
móvil del plan nacional de numeración de otro Estado miembro, y que se cobre total o 
parcialmente en función del consumo real.
11.  Consumidor: cualquier persona física que utilice o solicite un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales, 
económicos o comerciales.
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12.  Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos 
de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.
13.  Empresa instaladora de telecomunicación: persona física o jurídica que realice 
la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y que ha 
presentado la declaración responsable al Registro de empresas instaladoras de 
telecomunicación para el inicio de la actividad o está inscrita en el Registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación.
14.  Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a 
televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión 
digital interactiva.
15.  Equipo de telecomunicación: cualquier aparato o instalación fija que se utilice 
para la transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
16.  Equipo que presenta un riesgo: equipo que puede afectar negativamente a la 
salud y la seguridad de las personas en general, a la salud y la seguridad en el trabajo, a 
la protección de los consumidores, al medio ambiente, a la seguridad pública o a otros 
intereses públicos protegidos por la legislación de armonización de la Unión aplicable, en 
un grado que vaya más allá de lo que se considere razonable y aceptable en relación 
con su finalidad prevista o en las condiciones de uso normales o razonablemente 
previsibles del equipo en cuestión, incluida la duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, instalación y mantenimiento.
17.  Equipo que presenta un riesgo grave: un equipo que presenta un riesgo para el 
que, sobre la base de una evaluación del riesgo y teniendo en cuenta el uso normal y 
previsible del equipo, se considere que la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un peligro que cause un daño o perjuicio y su gravedad requiera una rápida 
intervención de las autoridades de vigilancia del mercado, incluidos los casos en que el 
riesgo no tenga efectos inmediatos.
18.  Equipo radioeléctrico: cualquier aparato de telecomunicación que emite o recibe 
intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o 
radiodeterminación, o el producto eléctrico o electrónico que debe ser completado con un 
accesorio, como una antena, para emitir o recibir intencionadamente ondas 
radioeléctricas para fines de radiocomunicación o radiodeterminación.
19.  Equipo terminal: el equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de 
una red pública de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información. En 
ambos casos (conexión directa o indirecta), la conexión podrá realizarse por cable, fibra 
óptica o vía electromagnética. La conexión será indirecta si se interpone un aparato entre 
el equipo terminal y la interfaz de la red pública. También se considerarán como equipos 
terminales los equipos de las estaciones terrenas de comunicación por satélite.
20.  Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define 
las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las 
propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los 
métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de 
la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la 
terminología.
21.  Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija 
convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin 
guía artificial.
22.  Espectro radioeléctrico armonizado: el espectro radioeléctrico cuyas 
condiciones de disponibilidad y uso eficiente se han armonizado a través de una medida 
técnica de aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 676/2002/CE.
23.  Evaluación de la conformidad: proceso por el que se evalúa si un equipo de 
telecomunicación satisface los requisitos esenciales aplicables.
24.  Incidente de seguridad: un hecho que tenga efectos adversos reales en la 
seguridad de las redes o servicios de comunicaciones electrónicas.
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25.  Infraestructura física: cualquier elemento de una red pensado para albergar 
otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, 
mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o 
entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la 
fibra oscura, así como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua 
destinada al consumo humano, no son infraestructura física.
26.  Información sobre la localización del llamante: en una red pública de telefonía 
móvil, los datos procesados, procedentes tanto de la infraestructura de la red como del 
terminal, que indican la posición geográfica del equipo terminal móvil de un usuario final 
y, en una red pública de telefonía fija, los datos sobre la dirección física del punto de 
terminación de la red.
27. Interconexión:  un tipo particular  de acceso  entre  operadores  de redes  públicas 
mediante  la conexión  física  y lógica  de las redes  públicas  de comunicaciones  electrónicas 
utilizadas  por una misma  empresa  o por otra distinta,  de manera  que los usuarios  de una 
empresa  puedan  comunicarse  con los usuarios  de la misma  empresa  o de otra distinta,  o 
acceder  a los servicios  prestados  por otra empresa,  donde  dichos  servicios  se prestan  por 
las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red.
28.  Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las 
aplicaciones externas, puesta a disposición por los radiodifusores o proveedores de 
servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de 
radio y televisión digital.
29.  Interfaz en línea: todo programa informático, incluidos los sitios web, partes de 
sitios web o aplicaciones, explotado por un operador económico en materia de equipos 
de telecomunicación o en su nombre, y que sirve para proporcionar a los consumidores 
acceso a los productos de dicho operador económico.
30.  Interfaz radioeléctrica: Especificación del uso regulado del espectro 
radioeléctrico.
31.  Interferencia perjudicial: una interferencia que suponga un riesgo para el 
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o 
que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de 
radiocomunicación que funcione de conformidad con la normativa internacional, de la 
Unión Europea o nacional aplicable.
32.  Introducción en el mercado de un equipo de telecomunicación: primera 
comercialización de un equipo en el mercado de la Unión Europea.
33.  Itinerancia en la Unión Europea: el uso por un cliente itinerante de un 
dispositivo móvil para efectuar o recibir llamadas dentro de la Unión, o para enviar o 
recibir mensajes SMS dentro de la Unión o para usar comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes, cuando se encuentra en un Estado miembro distinto de aquel 
en que está ubicada la red del proveedor nacional, en virtud de acuerdos celebrados 
entre el operador de la red de origen y el operador de la red visitada.
34.  Legislación de armonización de la Unión Europea en materia de equipos de 
telecomunicación: toda legislación de la Unión Europea que armonice las condiciones 
para la comercialización de los productos en su territorio.
35.  Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de 
comunicaciones interpersonales disponible para el público que permita la comunicación 
de voz bidireccional.
36.  Mercados transnacionales: los mercados que abarcan toda la Unión Europea o 
una parte importante de la misma situada en más de un Estado miembro.
37.  Microempresa: empresa definida en los términos establecidos en el artículo 2 
del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
38.  Pequeña empresa: empresa definida en los términos establecidos en el 
artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
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de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
39. Nombre:  combinación  de caracteres  (cifras  decimales,  letras  o símbolos)  que se 
utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red.
40.  Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un 
nombre o una dirección.
41. Número  geográfico:  el número  identificado  en un plan nacional  de numeración  que 
contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento 
de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.
42.  Número no geográfico: el número identificado en un plan nacional de 
numeración que no sea número geográfico, tales como los números de teléfonos 
móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional.
43.  Obras civiles: cada uno de los resultados de las obras de construcción o de 
ingeniería civil tomadas en conjunto que se basta para desempeñar una función 
económica o técnica e implica uno o más elementos de una infraestructura física.
44. Ondas  radioeléctricas:  Ondas  electromagnéticas,  cuya frecuencia  se fija 
convencionalmente  por debajo  de 3.000  GHz,  que se propagan  por el espacio  sin guía 
artificial.
45.  Operador: persona física o jurídica que suministra redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público y ha notificado al Registro de operadores el inicio de su actividad o 
está inscrita en el Registro de operadores.
46.  Operador con peso significativo en el mercado: operador que, individual o 
conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, 
esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en 
medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, 
los consumidores.
47.  Operador económico en materia de equipos de telecomunicación: el fabricante, 
el representante autorizado, el importador, el distribuidor, el prestador de servicios 
logísticos o cualquier otra persona física o jurídica sujeta a obligaciones en relación con 
la fabricación de productos, su comercialización o su puesta en servicio de conformidad 
con la legislación de armonización de la Unión Europea aplicable.
a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del 
fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda 
diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca.
c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que 
introduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión.
d) Prestador de servicios logísticos: toda persona física o jurídica que ofrezca, en el 
curso de su actividad comercial, al menos dos de los siguientes servicios: almacenar, 
embalar, dirigir y despachar, sin tener la propiedad de los productos en cuestión y 
excluidos los servicios postales tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, servicios de paquetería, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento UE) 2018/644 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y cualquier otro servicio postal o servicio de 
transporte de mercancías
e) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión 
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su 
nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones del fabricante 
conforme a la legislación aplicable.
48.  Organismo de evaluación de la conformidad: organismo que desempeña 
actividades de evaluación de la conformidad.
49.  Organismo nacional de acreditación en materia de equipos de 
telecomunicación: único organismo de un Estado miembro de la Unión Europea, 
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designado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 765/2008, del Parlamento 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, con potestad pública para llevar a 
cabo acreditaciones.
50.  Organismo notificado: organismo de evaluación de la conformidad notificado a 
la Comisión Europea y a los demás Estados miembros, por las Autoridades Notificantes.
51.  Puesta en servicio de un equipo de telecomunicación: primera utilización del 
equipo por parte del usuario final.
52.  Punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas: un equipo de acceso a una 
red inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un 
espectro bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia 
que puede formar parte de una red pública de comunicaciones electrónicas, que puede 
estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso 
inalámbrico de los usuarios a redes de comunicaciones electrónicas con independencia 
de la topología de la red subyacente, sea móvil o fija.
53.  Punto de intercambio de internet (IXP, por sus siglas en inglés de Internet 
Exchange Point ): una instalación de la red que permite interconectar más de dos 
sistemas autónomos independientes, principalmente para facilitar el intercambio de 
tráfico de internet; un IXP solo permite interconectar sistemas autónomos; un IXP no 
requiere que el tráfico de Internet que pasa entre cualquier par de sistemas autónomos 
participantes pase por un tercer sistema autónomo, ni modifica ni interfiere de otra forma 
en dicho tráfico.
54.  Punto de respuesta de seguridad pública (PSAP): ubicación física en la que se 
reciben inicialmente las comunicaciones de emergencia y que está bajo la 
responsabilidad de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por 
el Estado miembro.
55.  Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el usuario final accede 
a una red pública de comunicaciones electrónicas. Cuando se trate de redes en las que 
se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación 
de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar 
vinculada a un número o a un nombre de usuario final.
56.  Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas 
radioeléctricas.
57.  Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, 
mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.
58.  Recuperación de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a 
obtener la devolución de un equipo que ya haya sido puesto a disposición del usuario 
final.
59.  Recursos asociados: los servicios asociados, las infraestructuras físicas y otros 
recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un 
servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de 
servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello, e incluyan edificios 
o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones 
de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.
60.  Red de área local radioeléctrica (RLAN): sistema de acceso inalámbrico de baja 
potencia y corto alcance, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo 
tipo desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza de forma no 
exclusiva un espectro radioeléctrico armonizado.
61.  Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión, se basen o 
no en una infraestructura permanente o en una capacidad de administración 
centralizada, y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás 
recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte 
de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios 
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electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes fijas (de conmutación de 
circuitos y de paquetes, incluido internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la 
medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la 
radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del 
tipo de información transportada.
62.  Red de comunicaciones electrónicas de alta capacidad: red de comunicaciones 
electrónicas capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al 
menos 30 Mbps.
63.  Red de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad: bien una red de 
comunicaciones electrónicas que se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al 
menos hasta el punto de distribución de la localización donde se presta el servicio o una 
red de comunicaciones electrónicas capaz de ofrecer un rendimiento de red similar en 
condiciones usuales de máxima demanda, en términos de ancho de banda disponible 
para los enlaces ascendente y descendente, resiliencia, parámetros relacionados con los 
errores, latencia y su variación. El rendimiento de la red puede considerarse similar 
independientemente de si la experiencia del usuario final varía debido a las 
características intrínsecamente diferentes del medio a través del cual, en última 
instancia, la red se conecta al punto de terminación de la red.
64.  Red pública de comunicaciones electrónicas: una red de comunicaciones 
electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la 
transferencia de información entre puntos de terminación de la red.
65.  Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de 
uso se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones 
especificadas.
66.  Retirada de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a 
impedir la comercialización de un equipo que se encuentra en la cadena de suministro.
67.  Seguridad de las redes o servicios: la capacidad de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas de resistir, con un determinado nivel de confianza, cualquier 
acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de 
dichas redes y servicios, de los datos almacenados, procesados o transmitidos y la 
seguridad de los servicios conexos que dichas redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas ofrecen o hacen accesibles.
68.  Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de 
comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que 
permitan o apoyen el suministro, la autoprestación o la prestación de servicios 
automatizada a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen la 
traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de 
acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales 
como el servicio de identidad, localización y presencia.
69.  Servicio de acceso a internet: servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona acceso a internet y, por ende, conectividad entre 
prácticamente todos los puntos extremos conectados a internet, con independencia de la 
tecnología de red y del equipo terminal utilizados.
70.  Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio 
de una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, que incluye, 
con la excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, 
los siguientes tipos de servicios:
a) el servicio de acceso a internet
b) el servicio de comunicaciones interpersonales, y
c) servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de 
señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios 
máquina a máquina y para la radiodifusión.
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71.  Servicio de comunicaciones interpersonales: el prestado por lo general a 
cambio de una remuneración que permite un intercambio de información directo, 
interpersonal e interactivo a través de redes de comunicaciones electrónicas entre un 
número finito de personas, en el que el iniciador de la comunicación o participante en ella 
determina el receptor o receptores y no incluye servicios que permiten la comunicación 
interpersonal e interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente 
unida a otro servicio.
72.  Servicio de comunicaciones interpersonales basados en numeración: servicio 
de comunicaciones interpersonales que bien conecta o permite comunicaciones con 
recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los 
planes de numeración nacional o internacional, o permite la comunicación con un 
número o números de los planes de numeración nacional o internacional.
73.  Servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración: 
servicio de comunicaciones interpersonales que no conecta a través de recursos de 
numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de 
numeración nacional o internacional, o no permite la comunicación con un número o 
números de los planes de numeración nacional o internacional.
74.  Servicio de comunicaciones vocales: un servicio de comunicaciones 
electrónicas disponible para el público a través de uno o más números de un plan 
nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir, directa o 
indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales.
75.  Servicios de conversación total: un servicio de conversación multimedia en 
tiempo real que proporciona transferencia bidireccional simétrica en tiempo real de vídeo 
en movimiento, texto en tiempo real y voz entre usuarios de dos o más ubicaciones.
76.  Servicio de emergencia: un servicio mediante el que se proporciona asistencia 
rápida e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la 
vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o 
individuales, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad 
con la normativa nacional.
77.  Sistema de acceso condicional: toda medida técnica, sistema de autenticación 
o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio 
protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de 
autorización individual previa.
78.  Suministro de una red de comunicación electrónica: la instalación, la 
explotación, el control o la puesta a disposición de dicha red.
79.  Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
80.  Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para 
cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de 
crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de 
marcación.
81.  Uso compartido del dominio radioeléctrico: el acceso por parte de dos o más 
usuarios a las mismas bandas del espectro radioeléctrico con arreglo a un sistema 
determinado de uso compartido, incluidos los enfoques reguladores tales como el acceso 
compartido bajo título habilitante tendentes a facilitar el uso compartido de una banda del 
espectro radioeléctrico, sobre la base de un acuerdo vinculante para todas las partes 
interesadas y con arreglo a normas de uso compartido vinculadas a los derechos de uso 
del espectro radioeléctrico, a fin de garantizar a todos los usuarios unas condiciones 
fiables y previsibles, y sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia.
82.  Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible para el público.
83.  Usuario final: el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, ni 
tampoco los comercializa.
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Núm. 155 Miércoles 29 de junio de 2022 Sec. I.   Pág. 91410
cve: BOE-A-2022-10757
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ANEXO III
Conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de acceso 
adecuado a internet de banda ancha a que se refiere el artículo 37.1.a):
1.º) correo electrónico;
2.º)  motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de 
todo tipo;
3.º) herramientas básicas de formación y educación en línea;
4.º) prensa o noticias en línea;
5.º) adquisición o encargo de bienes o servicios en línea;
6.º) búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo;
7.º) establecimiento de redes profesionales;
8.º) banca por internet;
9.º) utilización de servicios de administración electrónica;
10.º) redes sociales y mensajería instantánea;
11.º) llamadas telefónicas y videollamadas (calidad estándar).
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Núm. 155 Miércoles 29 de junio de 2022 Sec. I.   Pág. 91411
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X