I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
4978 Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de 
protección internacional.
Desde  que, en 1978,  España  se adhiere  a la Convención  sobre  el Estatuto  de los 
Refugiados,  hecha  en Ginebra  el 28 de julio de 1951,  y al Protocolo  sobre  el Estatuto  de los 
Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, nuestro país manifiesta un importante 
compromiso con el reconocimiento y ejercicio del derecho a la protección internacional.
Como Estado miembro de la Unión Europea, el avance en la creación de un Sistema 
europeo común de asilo (SECA) ha ido definiendo el desarrollo de esta política en el 
plano nacional. El SECA pretende, según fija el artículo 78 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, un estatuto uniforme de asilo y de protección 
subsidiaria para los nacionales de terceros países y un sistema común para la protección 
temporal de las personas desplazadas, en caso de afluencia masiva.
En este marco  se incluye  la Directiva  2013/33/UE  del Parlamento  Europeo  y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013,  por la que se aprueban  normas  para la acogida  de los solicitantes  de 
protección  internacional  que busca  garantizar  unas condiciones  un nivel de vida dignas  de los 
solicitantes y unas condiciones comparables en todos los Estados miembros.
En el ámbito  nacional,  la Ley 12/2009,  de 30 de octubre,  reguladora  del derecho  de asilo 
y de la protección  subsidiaria,  refiere  la necesidad  de proporcionar  servicios  sociales  y de 
acogida a las personas solicitantes en estado de necesidad. Por ello, el capítulo III del título II 
se refiere a las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional.
Sobre esta base, desde la década de los ochenta se ha desarrollado y consolidado el 
Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional que, en la actualidad está 
compuesto por centros propios de carácter estatal, titularidad del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, que realiza una gestión directa e indirecta de los 
mismos y, fundamentalmente, por los centros cuya gestión se realiza por entidades sin 
ánimo de lucro financiados a través de subvenciones públicas.
Este sistema, pensado para la atención a un número limitado de personas, se ha 
visto desbordado por el aumento exponencial de las solicitudes de protección 
internacional, configurándose a través de una serie de protocolos, manuales e 
instrucciones, así como de las distintas normas reguladoras de las subvenciones, lo que 
ha generado la necesidad de armonizar la regulación mediante esta norma de rango 
reglamentario con la finalidad de establecer las condiciones generales básicas del 
sistema de acogida, recoger las características de los centros y recursos de acogida y 
regular un sistema de financiación y gestión de los recursos de acogida que garantice su 
estabilidad en el tiempo y una mejor previsión de las necesidades y recursos, 
fomentando el abordaje plurianual e incentivando la innovación y la reducción de costes.
En este sentido, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2022, disposición final decimoséptima, modificó el artículo 31.1 de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, al objeto de adaptar el sistema de atención y acogida de 
personas migrantes y solicitantes de protección internacional a los retos actuales, y 
establecer un nuevo modelo de colaboración con entidades.
En consecuencia, se plantea una reforma del sistema que incremente su eficiencia 
en la provisión de los servicios de acogida, mediante un nuevo modelo de colaboración 
con entidades, a través de un sistema de acción concertada, que se suma a los servicios 
de acogida gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
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tanto de forma directa, como indirecta a través de fórmulas contractuales, así como a 
aquellos otros que con carácter excepcional se dispongan para la atención a situaciones 
de urgente necesidad y a circunstancias de vulnerabilidad.
A este respecto,  cabe  señalar  que, hasta  la fecha,  el sistema  de acogida  de protección 
internacional  se ha financiado,  principalmente,  a través  de un sistema  de subvenciones  a 
las entidades  que prestan  los servicios  de acogida,  proporcionando  una solución  coyuntural 
a un factor  que se ha revelado  como  estructural.  En efecto,  el carácter  eminentemente 
anual  de las mencionadas  subvenciones  dificulta  la visión  a largo  plazo  del sistema, 
generándose  incertidumbre  e ineficiencias  en la planificación  y la gestión  de las entidades 
colaboradoras,  especialmente  en lo que a recursos  humanos  y materiales  se refiere. 
Además,  el sistema  de subvenciones  implica  elevados  costes  de tramitación  para la 
Administración  General  del Estado  y dificulta  una efectiva  evaluación  de resultados.  Por 
último, no se generan suficientes incentivos a la innovación o al control de costes.
El nuevo modelo de acción concertada permite superar algunas de las limitaciones 
del actual sistema de subvenciones. Así, la previa planificación de las necesidades del 
sistema permite conceder una autorización a toda entidad que cumpla los requisitos 
establecidos para la prestación de servicios de acogida durante un periodo de hasta 
cuatro años. De esta manera, se promueve una visión plurianual del sistema, 
incrementando su estabilidad y previsibilidad y permitiendo, al mismo tiempo, un vínculo 
más estrecho con las entidades. En este contexto, el nuevo modelo contempla el 
establecimiento de sistemas interoperables de información, que permitirá su intercambio 
en tiempo real y el lograr una mayor transparencia, reduciendo la carga administrativa y 
facilitando la evaluación efectiva.
Entre las inversiones y reformas contempladas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el componente 22 recoge la reforma del sistema de 
atención humanitaria y acogida para solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional, mediante el incremento de la capacidad y flexibilidad del sistema de 
acogida para ajustarla al tamaño actual de la demanda, así como reforzar la eficiencia 
del sistema adaptando las prestaciones e itinerarios de acompañamiento que se ofrecen 
a los diferentes perfiles.
Asimismo,  el artículo  7 bis.1 del Real Decreto  497/2020,  de 28 de abril, por el que se 
desarrolla  la estructura  orgánica  básica  del Ministerio  de Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones  atribuye  a la Secretaría  de Estado  de Migraciones,  a través  de la Dirección  General 
de Gestión  del Sistema  de Acogida  de Protección  Internacional  y Temporal,  la planificación, 
desarrollo,  y seguimiento  del sistema  de acogida  en materia  de protección  internacional  y 
temporal  así como  la planificación,  gestión  y seguimiento  de centros  de titularidad  pública  estatal 
del sistema de acogida de protección internacional, entre otras funciones.
El real decreto se estructura en un artículo que aprueba el reglamento, tres 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
cuatro disposiciones finales.
Por su parte, el reglamento que aprueba este real decreto se compone de cincuenta 
y tres artículos, divididos en cinco títulos.
El título I regula el objeto del sistema de acogida de protección internacional y su 
ámbito subjetivo y territorial de aplicación, así como el órgano encargado de la gestión 
del sistema de acogida de protección internacional, que corresponde a la Secretaría de 
Estado de Migraciones en el ámbito de sus competencias.
El título II desarrolla  los contenidos  del itinerario  del sistema  de acogida  de protección 
internacional.  Primero  se establecen  los principios  generales  de actuación  y las 
características  del sistema  de protección  internacional,  incluyendo  la necesaria  cooperación 
interinstitucional  para el cumplimiento  de los objetivos  del sistema.  Después  se desarrollan 
los requisitos  de acceso  y de permanencia  en el sistema  de protección  internacional,  con 
especial  mención  a las personas  en situación  de vulnerabilidad.  Posteriormente  se 
describen  las características  del itinerario  de acogida  de las personas  destinatarias  del 
sistema,  incluyendo  sus derechos  y deberes.  Este itinerario  se realiza  en tres fases,  la de 
valoración inicial y derivación, la de acogida y una final de autonomía.
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El título III describe la tipología de recursos que forman parte del sistema de acogida 
de protección internacional y los criterios para la asignación de las personas a dichos 
recursos. Se definen dos tipos de centros: los de valoración y derivación y los de acogida 
de protección internacional.
El título IV regula los distintos supuestos en los que va a producirse una reducción o 
una retirada de las condiciones de acogida sobre la base del artículo 33 de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre y del artículo 20 de la Directiva 2013/33/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. Aquellos hechos de 
naturaleza sancionadora serán desarrollados en la normativa que desarrolle el régimen 
disciplinario correspondiente.
El título V regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional 
mediante la acción concertada. En primer lugar, recoge las disposiciones generales, 
ámbito de aplicación, definiciones, principios rectores y duración de la autorización. En 
segundo lugar, se regulan los requisitos de autorización, que deberán cumplir las 
entidades para poder acceder al sistema. En tercer lugar, se determina el procedimiento 
de acción concertada y sus distintas fases. En cuarto lugar, se regula la supervisión, el 
pago y la financiación de la acción concertada. En quinto lugar, se recogen cuestiones 
relativas a la suspensión y revocación de la autorización de acción concertada. Por 
último, se establecen provisiones generales para el establecimiento de sistemas de 
intercambio de información.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Así, es respetuosa con los principios de necesidad y 
eficacia en tanto que identifica claramente el fin que pretende, que no es otro que regular 
el sistema de acogida de protección internacional, mediante una norma en la que se 
definan las condiciones de acogida en el sistema de protección internacional, los 
recursos destinados para ello y se regule su financiación mediante el sistema de acción 
concertada, todo ello, utilizando el rango normativo adecuado.
La norma es proporcional en la medida en que contiene la regulación imprescindible 
del sistema de acogida de protección internacional.
En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de este real decreto 
resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, 
que facilite su conocimiento y comprensión.
En cumplimiento del principio de eficiencia, la norma simplifica las cargas para el 
adecuado reconocimiento de los derechos sociales generales a los que se refieren los 
artículos 30 y 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, configurando el sistema de 
acogida de protección internacional.
En aplicación del principio de transparencia, el alcance y objetivo se han definido 
claramente en esta parte expositiva.
Las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente real decreto 
respetarán el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
en el reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su 
normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», 
así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (CID) y su documento anexo.
El proyecto se ha sometido a trámite de audiencia e información pública, y se ha 
solicitado informe a las comunidades autónomas y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias. También ha sido informado por los Ministerios del Interior, 
Hacienda y Función Pública, Política Territorial, Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Derechos Sociales y Agenda 2030 e Igualdad. Se ha sometido a consulta de la 
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Comisión Interministerial de Extranjería y al Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes. Por último, se ha solicitado, con carácter de urgencia, el dictamen del 
Consejo de Estado.
El real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación normativa contenida en los 
artículos 30.2, 31.1 y 33.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de extranjería y derecho de asilo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con 
el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 29 de marzo de 2022,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del reglamento por el que se regula el sistema de acogida 
en materia de protección internacional.
Se aprueba el reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de 
protección internacional, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional primera.  Régimen en Ceuta y Melilla.
Lo dispuesto en el reglamento también resultará de aplicación a aquellas personas 
que se encuentren en su ámbito de aplicación en los centros de estancia temporal de 
inmigrantes en las ciudades de Ceuta y Melilla regulados en el artículo 264.3 del 
reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Disposición adicional segunda.  Fórmulas de gestión.
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 24 
del reglamento que se aprueba mediante este real decreto, el Gobierno llevará a cabo 
las actuaciones necesarias para la celebración de convenios con comunidades 
autónomas que contemplen fórmulas de gestión de los servicios de acogida e inclusión 
en el ámbito de la protección internacional.
Disposición adicional tercera.  Acción concertada para la gestión de programas de 
atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.
Lo dispuesto en el título V del reglamento será aplicable para la gestión de 
programas de atención humanitaria a personas migrantes en el ámbito de competencias 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respetando las disposiciones 
del artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio sobre el intercambio de información 
para la acción concertada.
Hasta tanto se pongan en marcha y resulten plenamente operativos los sistemas de 
intercambio de información a los que se refiere el capítulo VI del título V del reglamento, 
los intercambios de información se realizarán a través de los sistemas de información del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones existentes.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 13 de enero de 1989, sobre Centros de Acogida a 
Refugiados, y la Resolución de 6 de julio de 1998, de la Dirección General del Instituto 
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de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), por la que se aprueba el Estatuto 
Básico de los Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO y se desarrolla la Orden 
de 13 de enero de 1989, sobre Centros de Acogida a Refugiados, y cuantas otras 
disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este real decreto y 
en el reglamento que por él se aprueba.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de extranjería y 
derecho de asilo.
Disposición final segunda.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante  este real decreto  se incorpora  parcialmente  al derecho  español  la 
Directiva 2013/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la 
que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.
Disposición final tercera.  Desarrollo normativo.
1. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar 
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto y del 
reglamento que aprueba.
2. En particular, el título V del reglamento será objeto de desarrollo por orden 
ministerial, mediante la cual se determinarán los requisitos exigidos a las entidades 
interesadas, así como las condiciones administrativas, técnicas, temporales y 
económicas en las que se desarrollará el proceso de acción concertada.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de marzo de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE
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REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE ACOGIDA 
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO I
Sistema de acogida
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de este reglamento es desarrollar lo dispuesto en el capítulo III del título II 
de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, configurando el sistema de acogida en materia de protección internacional.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este reglamento, se entiende por:
a) Sistema de acogida de protección internacional: conjunto de recursos, 
actuaciones y servicios que se proporcionan a través del correspondiente itinerario a las 
personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 3 con la finalidad de 
asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.
b) Carencia de medios económicos: cuando la persona destinataria dispone de 
unos ingresos y rentas mensuales que no superan la cuantía mensual individual de la 
renta garantizada prevista en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se 
establece el Ingreso Mínimo Vital. A estos efectos serán computables los bienes 
patrimoniales propios, ingresos provenientes de un empleo, así como cualquier tipo de 
ayuda social.
c) Situación de vulnerabilidad: es la convergencia de circunstancias que aumentan 
la probabilidad de la persona de sufrir contingencias que disminuyan su más elemental 
bienestar. Entre otras, se incluyen personas menores de edad, personas de edad 
avanzada, personas con discapacidad, personas con enfermedades graves, mujeres 
embarazadas, madres o padres solos con hijos o hijas menores de edad, víctimas de 
trata de seres humanos, víctimas de cualquier manifestación de violencia contra las 
mujeres, personas pertenecientes a grupos étnicos o nacionales objeto de 
discriminación, personas con problemas de salud mental, personas LGTBI+ u otras 
personas que hayan sufrido torturas, violaciones o cualquier forma grave de violencia 
psicológica, física o sexual, que son distintas de las torturas.
d) Itinerario de acogida: proceso dirigido a favorecer la adquisición gradual de 
autonomía de las personas destinatarias, a través del acceso a las prestaciones y 
recursos del sistema, de acuerdo con el momento del procedimiento de protección 
internacional en el que se encuentren (en tramitación, solicitud admitida o finalizado), con 
sus características personales y familiares, así como sus eventuales necesidades 
específicas en materia de acogida e inclusión sociolaboral.
e) Centro de acogida: cualquier lugar de los recogidos en el título III de este 
reglamento en el que se proporcione alojamiento o cualquier otra de las condiciones 
materiales de acogida a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del 
artículo 3.
f) Condiciones de acogida: conjunto de actuaciones y servicios que deben 
prestarse a las personas destinatarias que se determinen por las administraciones 
competentes de conformidad con lo establecido en este reglamento.
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g) Condiciones materiales de acogida: las condiciones de acogida que incluyen 
alojamiento, alimentación y vestuario, proporcionadas en especie o en forma de 
asignaciones financieras o de vales, y una asignación para gastos diarios.
h) Personas destinatarias: las personas incluidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación por reunir las condiciones del artículo 3.
i) Personas reasentadas: aquellas personas que se encuentran incluidas en el 
marco del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados.
Artículo 3.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Podrán acceder al sistema de acogida de protección internacional las personas 
que presenten una solicitud de protección internacional en los términos descritos en el 
artículo 17. 1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las que fueren beneficiarias de 
protección internacional en España, así como los solicitantes y beneficiarios del estatuto 
de apátrida o de protección temporal, siempre que carezcan de recursos económicos 
suficientes y cumplan los requisitos de acceso y permanencia en el sistema de acogida 
establecidos en el presente reglamento.
2. Las personas solicitantes de protección internacional a que hace mención el 
apartado 1, cuando su solicitud haya sido inadmitida a trámite en España por haber 
aceptado otro Estado miembro de la Unión Europea la responsabilidad de examinar su 
solicitud de asilo, en virtud del reglamento (UE) 604/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, podrán ser destinatarias del sistema de acogida 
durante un periodo no superior a un mes a partir de la notificación de la inadmisión por 
toma a cargo del interesado por el otro Estado, prorrogable por causas excepcionales, 
previa autorización por resolución de la Dirección General de Gestión del Sistema de 
Acogida de Protección Internacional y Temporal.
Artículo 4.  Ámbito territorial de aplicación.
Lo dispuesto en el presente reglamento se aplicará a todas las personas que se 
encuentren en el sistema de acogida de protección internacional, sea cual sea la 
tipología o ubicación del recurso en el territorio español.
Artículo 5.  Gestión del sistema de acogida de protección internacional.
La Secretaría de Estado de Migraciones, en el ámbito de sus competencias, será el 
órgano responsable de planificar, establecer las prestaciones, actuaciones y servicios 
incluidos en el sistema de acogida de protección internacional y efectuar el seguimiento y 
evaluación de todas ellas.
TÍTULO II
Itinerario del sistema de acogida
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 6.  Principios generales de actuación.
La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión 
del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, velará por el respeto a 
los siguientes principios:
a) Garantizar unas condiciones materiales de acogida durante todo el periodo de 
permanencia en el sistema de acogida de protección internacional y en cualquiera de las 
instalaciones o recursos.
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b) Asegurar la atención especializada a las necesidades específicas de las 
personas en situación de vulnerabilidad, de la manera más ágil posible, así como las 
condiciones adecuadas a la edad, sexo y circunstancias personales, familiares o sociales 
de las personas destinatarias, con especial atención al tratamiento específico e 
individualizado de la infancia y la adolescencia.
Para garantizar su puesta en práctica, se desarrollará un sistema de indicadores 
basados en las circunstancias individuales de las personas destinatarias, así como el 
país de procedencia, para la planificación del itinerario de acogida y, en su caso, el 
establecimiento de condiciones básicas o reforzadas de acogida, tal y como se define en 
el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de junio, relativa a la aprobación 
de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (componente 22, 
reforma 4).
c) Incorporar el enfoque de derechos humanos, de género y de interseccionalidad 
en todos los programas, medidas y actuaciones que se lleven a cabo, lo que incluye el 
reconocimiento de la discriminación y la violencia que afecta específicamente a las 
mujeres y la prevención y atención a las violaciones de los derechos humanos de las 
personas LGTBI+ y de las personas por su origen nacional o étnico.
d) Promover y supervisar la armonización de las condiciones del sistema de 
acogida de protección internacional, garantizando la igualdad de trato a las personas 
destinatarias y unos estándares mínimos relativos a la prestación de los servicios, la 
formación de los/las profesionales y las ratios de personas atendidas.
e) Fomentar el proceso de integración gradual y autonomía de las personas 
destinatarias en el ámbito territorial donde se ubique el recurso de acogida, mediante el 
diseño de un itinerario individualizado y promoviendo la participación de las personas 
destinatarias en su elaboración.
f) El mantenimiento de la unidad familiar de las personas incorporadas al sistema 
de acogida de protección internacional, cualesquiera que sean los recursos a los que se 
les asigne.
g) Garantizar el interés superior del menor.
h) Garantizar que los solicitantes tengan la posibilidad de comunicarse con sus 
parientes, con sus asesores jurídicos o consejeros, con personal del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados en España y de organizaciones y órganos 
competentes nacionales, internacionales y no gubernamentales, en cualquiera de los 
recursos de acogida previstos en este reglamento.
i) Proteger la privacidad y confidencialidad de las personas destinatarias.
j) Promover la colaboración y complementariedad con los recursos autonómicos y 
locales destinados a solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
Artículo 7.  Características del sistema de acogida de protección internacional.
1. La acogida de las personas a las que se refiere el artículo 3 podrá prestarse en 
recursos o servicios gestionados de forma directa o indirecta, por distintos agentes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. En 
concreto, se podrá prestar:
a) De forma directa, en los centros establecidos para ello por la Secretaría de 
Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 
través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal.
b) De forma indirecta, mediante fórmulas contractuales, o bien mediante la 
correspondiente autorización de acción concertada a entidades de acuerdo con lo 
recogido en el título V, cuando no sea necesario celebrar contratos públicos, de 
conformidad con el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
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de 2014, o a través de centros subvencionados, siempre que no se duplique la 
financiación pública de los servicios prestados por estas organizaciones.
2. Corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección 
General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, 
realizar la planificación, coordinación y gestión de los recursos del apartado 1, así como 
llevar a cabo las labores de seguimiento, control y comprobación necesarias. Esta 
planificación tendrá en cuenta el sistema de indicadores, establecido mediante 
resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones, para la identificación de 
circunstancias que den lugar a una fórmula ponderada que permitirá a la autoridad 
responsable de la acogida dirigir a los solicitantes hacia una vía de acogida básica o 
reforzada.
Artículo 8.  Cooperación interinstitucional.
1. Para el cumplimiento de los fines y objetivos inherentes al sistema de acogida de 
protección internacional, la Secretaría de Estado de Migraciones promoverá la 
cooperación interinstitucional en el ámbito de la Administración General del Estado, 
especialmente con aquellos departamentos ministeriales que ejercen competencias en 
materia de protección internacional y de protección a la infancia, incluido el intercambio 
de información con fines de seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema de 
acogida.
2. Asimismo, promoverá la colaboración y cooperación con las administraciones 
autonómicas y locales, con la finalidad de garantizar la coherencia, complementariedad y 
eficacia en la aplicación de las políticas de acogida e inclusión a personas destinatarias.
CAPÍTULO II
Acceso y permanencia en el sistema de acogida de protección internacional
Artículo 9.  Requisitos de acceso al sistema de acogida de protección internacional.
1. Las personas solicitantes de protección internacional que carezcan de recursos 
económicos tal y como dispone el artículo 2.b) tendrán derecho a acceder y permanecer 
en el sistema de acogida de protección internacional en los términos que establece la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, sin perjuicio de la apreciación, en su caso, de alguna de 
las causas de inadmisión del artículo 20 de dicha ley, con los efectos legalmente 
previstos.
2. Si el solicitante ya contaba con recursos económicos cuando presentó la solicitud 
o si accediera con posterioridad a recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 32.
3. La carencia de medios económicos se acreditará mediante declaración 
responsable, siendo potestad de la Administración la de requerir, en cualquier momento, 
la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, 
pudiendo asimismo llevar a cabo las comprobaciones que resulten oportunas. Las 
actuaciones de comprobación se realizarán en el marco de la colaboración de la 
Secretaría de Estado de Migraciones con las administraciones autonómica y local.
Artículo 10.  Valoración de las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad durante su permanencia en el sistema de acogida de protección 
internacional.
1. La permanencia en el sistema de personas en situación de vulnerabilidad debe ir 
unida a una valoración específica de sus necesidades. Esta valoración se realizará de 
acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Migraciones y su 
gradación correspondiente, mediante la aplicación, por profesionales con capacitación 
específica, de indicadores relativos a la edad, el sexo, la discapacidad, la identidad de 
género, la orientación sexual, la situación familiar, el origen étnico, la nacionalidad, las 
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condiciones en el país de origen u otros indicadores psicosociales y de relación con el 
entorno, y aquellos otros que determinen la existencia de una situación de excepcional 
vulnerabilidad y, en consecuencia, unas condiciones reforzadas de acogida.
2. La valoración de estos indicadores, basados en el seguimiento realizado durante 
la permanencia de la persona, que hayan puesto de manifiesto la existencia de una 
situación de vulnerabilidad, deberá registrarse tan pronto como se detecten, y esta 
información deberá comunicarse al responsable del recurso o centro, a fin de ofrecer las 
garantías y la ayuda necesaria o bien proponer la derivación a un centro en el que se 
atiendan las necesidades particulares.
CAPÍTULO III
Itinerario del sistema de acogida de protección internacional
Artículo 11.   Itinerario de acogida.
1. La intervención a las personas destinatarias se lleva a cabo a través de un 
itinerario de acogida que se desarrolla en tres fases: valoración inicial y derivación, 
acogida y autonomía.
2. El itinerario se inicia con un proceso de evaluación individualizado de las 
circunstancias de la persona destinataria al acceder al sistema o, en el caso de las 
personas reasentadas, desde la llegada al territorio. En la definición del itinerario se 
garantizará la participación de la persona destinataria en la planificación, desarrollo y 
evaluación de las acciones que integra, conforme al principio de participación recogido 
en el artículo 6.
3. Para la determinación de las condiciones materiales de acogida a las que 
tendrán acceso las personas destinatarias, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, 
las necesidades particulares que puedan presentar las personas en situación de 
vulnerabilidad a las que se refiere el artículo 2.c).
4. Para el acceso a las plazas específicas o recursos adaptados a las 
circunstancias particulares de las personas en situación de vulnerabilidad, se deberá 
aportar un informe de propuesta de ingreso en una plaza para personas en situación de 
vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención. En dicho informe deberá 
quedar justificada la necesidad de acogida para una atención específica y especializada, 
señalando el tipo de recurso al que se propone la derivación y adjuntando toda la 
documentación que apoye la propuesta, así como cualquier otro aspecto a tener en 
cuenta para el diseño del itinerario. La derivación se realizará en el plazo más breve 
posible. En el caso de las personas menores de edad, se realizará una evaluación de su 
interés superior y necesidades específicas, motivando cada decisión que les afecte.
5. Durante el tiempo de permanencia en el sistema de acogida de protección 
internacional, se realizará un seguimiento regular de las necesidades particulares de la 
persona destinataria, para garantizar el abordaje de cualquier cambio que se pueda 
producir. El seguimiento se realizará de acuerdo con las instrucciones dictadas por la 
Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y 
Temporal.
6. La propuesta de derivación a plazas para personas en situación de 
vulnerabilidad podrá señalar la conveniencia de derivar a la persona destinataria a otros 
recursos o centros no incluidos en el sistema de acogida. Esto se efectuará cuando se 
haya valorado, de acuerdo con las necesidades específicas de atención y protección, la 
conveniencia de esta derivación, se haya informado a la persona destinataria en un 
idioma que comprenda y se cuente con su consentimiento.
Con la finalidad de garantizar la efectiva atención y protección en los supuestos 
arriba indicados y, en particular, en los casos de personas víctimas de trata de seres 
humanos, de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, o que hayan 
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o 
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sexual, serán de aplicación los protocolos y mecanismos de coordinación 
interinstitucional y derivación que al efecto se establezcan.
7. La duración total del itinerario no debe superar los dieciocho meses, con la 
salvedad de aquellos casos de vulnerabilidad, que excepcionalmente se autoricen por la 
administración competente.
Artículo 12.  Derechos y deberes de las personas destinatarias del sistema de acogida 
de protección internacional.
1. Junto a los derechos reconocidos a los solicitantes de protección internacional en 
el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las personas destinatarias tendrán, 
desde que accedan al sistema de acogida de protección internacional y durante el 
tiempo en que permanezcan en él, los siguientes derechos:
a) Ser informadas, en un idioma que comprendan, sobre las condiciones del 
sistema de acogida de protección internacional y del recurso de acogida, de sus 
derechos y deberes como personas usuarias, así como de las causas para la reducción 
o retirada de las condiciones de acogida. Cuando las personas destinatarias sean 
personas menores de edad, se establecerá un procedimiento que asegure el acceso a 
información adaptada a su edad y madurez y el derecho a ser oídos.
b) Conocer los derechos y deberes relativos a su situación administrativa, así como 
los requisitos para su permanencia en el recurso del sistema de acogida de protección 
internacional que le haya sido asignado. En el caso de las personas en situación de 
vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención, esta información comprenderá 
la relativa a los derechos y recursos especializados a los que puedan tener acceso.
c) Recibir una atención integral para la recuperación de la violencia que, en su 
caso, hubiera sufrido con anterioridad o en el contexto del desplazamiento.
d) Hacer uso de los servicios y actividades prestados en el recurso de acogida, con 
respeto a las normas de convivencia y funcionamiento establecidas, así como al acceso 
a las actividades previstas en este reglamento, con independencia de su situación 
habitacional y siempre que no hayan sido dados de baja del sistema por haber incurrido 
en alguna de las causas previstas en el artículo 32.
e) Ser informadas de cualquier modificación del régimen de funcionamiento del 
recurso, así como de los posibles traslados a otros recursos con la debida antelación.
f) Dirigirse al personal responsable del recurso asignado y utilizar las vías 
establecidas para formular las peticiones y reclamaciones relativas a su tratamiento o al 
sistema que eventualmente formulen.
g) Derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal, según 
legislación vigente.
h) Derecho a comunicarse con sus parientes, con sus asesores jurídicos o 
consejeros, con personas que representen a ACNUR y a otras organizaciones y órganos 
competentes nacionales, internacionales y no gubernamentales.
2. Junto a las obligaciones impuestas a los solicitantes de protección internacional 
en el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las personas destinatarias deberán 
observar las normas de funcionamiento básico de los centros y evitar las conductas que, 
de conformidad con lo dispuesto en el título IV de este reglamento, pueden derivar en 
una reducción o retirada de las condiciones de acogida.
Asimismo, estarán obligadas a cooperar con las autoridades competentes y 
entidades autorizadas en el marco del sistema de acogida, cuando así se le requiera en 
relación a cualquier circunstancia de participación en el mismo, salvo razones 
excepcionales debidamente justificadas.
3. Se facilitará a las personas destinatarias la información sobre sus derechos y 
deberes en el primer idioma que indiquen. Si no fuera posible, se les proporcionará en un 
idioma que razonablemente comprendan.
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Artículo 13.  Información.
1. Las personas destinatarias del sistema de acogida de protección internacional 
serán informadas de los derechos y obligaciones que comporta su participación en el 
itinerario de acogida. La información deberá proporcionarse en el primer idioma que 
indique el destinatario o, si no fuera posible, en un idioma que razonablemente 
comprendan.
2. En el momento de ingresar en el sistema de acogida de protección internacional, 
las personas destinatarias deberán suscribir el compromiso escrito de participación en 
dicho sistema y de respeto a las obligaciones que les correspondan mientras 
permanezcan en él.
Artículo 14.  Finalización del itinerario de acogida.
1. El itinerario en el sistema de acogida de protección internacional finalizará por 
cualquiera de las causas establecidas en el artículo 32.2.
2. La notificación al interesado de la resolución desfavorable determinará la 
finalización del itinerario.
3. Dictada  resolución,  si ésta fuera  favorable  a la concesión  de la protección 
internacional o del estatuto de apatridia, las administraciones competentes velarán por 
facilitar  la plena  inclusión  de la persona  en la sociedad  española.  Para  ello, la 
Secretaría  de Estado  de Migraciones  promoverá  la cooperación  con otras 
administraciones  competentes  mediante  la formalización  de acuerdos  o protocolos  de 
actuación.
CAPÍTULO IV
Fase de valoración inicial y derivación
Artículo 15.  Objetivo.
1. El objetivo de esta fase es realizar una primera valoración del perfil y 
necesidades de la persona destinataria, para su derivación, en el plazo más breve 
posible, a los recursos disponibles más adaptados a su perfil. Se realizará un proceso de 
evaluación del interés superior del menor en todos aquellos casos de familias con hijos 
menores de edad a cargo.
2. Al objeto de garantizar la cobertura de las necesidades básicas y urgentes, 
incluido el alojamiento provisional, se podrá proceder a su derivación, con carácter 
provisional, a alguno de los centros o recursos de alojamiento descritos en el título III.
3. La  fase de valoración  inicial  y derivación  incluirá  una evaluación  de posibles 
factores  de vulnerabilidad,  de acuerdo  con el artículo  11, con el fin de identificar 
eventuales  necesidades  específicas  de acogida  y de proceder  a su derivación  a los 
recursos  del sistema  adecuados  a las necesidades  particulares  de atención 
detectadas.
Artículo 16.  Actuaciones.
Las actuaciones que se realizarán en la fase de valoración inicial y derivación serán 
las siguientes:
a) Valorar las necesidades particulares de acogida o intervención, si las hubiera, de 
las personas destinatarias atendiendo a factores de vulnerabilidad que puedan requerir 
una atención especial, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre.
b) Ofrecer orientación básica sobre el sistema de acogida de protección 
internacional.
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c) Recabar la información que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 9 para acceder al sistema de acogida y otros datos básicos.
d) Atender, si fuera necesario, las necesidades básicas y urgentes de las personas 
destinatarias, consistentes, como mínimo, en la entrega de kits básicos de higiene 
personal y vestuario, alojamiento provisional y manutención, incluida alimentación infantil 
y asistencia sanitaria y de control epidemiológico.
e) Realizar las gestiones necesarias para el acceso al sistema de acogida de las 
personas destinatarias que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 3.
f) Prestar atención psicológica en caso necesario y asistencia jurídica específica en 
materia de protección internacional y del estatuto de apatridia.
g) Ofrecer traducción e interpretación cuando se requiera, garantizando la 
accesibilidad universal.
h) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar de la Dirección General 
de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la 
Secretaría de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.
Artículo 17.  Duración.
La permanencia en recursos de alojamiento provisional será del tiempo 
imprescindible para la valoración y derivación a un recurso adecuado de la fase de 
acogida, no pudiendo exceder, con carácter general, de un mes desde el ingreso en 
ellos. La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal podrá ampliar este plazo por razones debidamente justificadas 
y en supuestos excepcionales.
CAPÍTULO V
Fase de acogida
Artículo 18.  Objetivo.
1. El objetivo de esta fase es apoyar la inclusión de las personas destinatarias y 
proporcionar las habilidades necesarias para desarrollar una vida independiente a la 
salida de los recursos de acogida.
2. Esta fase se inicia con la asignación de un recurso de acogida a la persona 
destinataria, adecuado a su perfil y necesidades. Durante esta fase, además de 
garantizar las condiciones materiales de acogida de alojamiento y manutención de las 
personas destinatarias, se procederá a diseñar, con su participación, un itinerario 
individualizado que facilite su inclusión y adquisición de autonomía. En el caso de las 
personas menores de edad, su itinerario tendrá el objetivo de facilitar y acompañar el 
cumplimiento de su interés superior, con especial atención a su derecho a la educación, 
al esparcimiento, a la vida familiar, al desarrollo, a la protección, y a los servicios de 
salud mental y atención psicosocial.
3. Los dispositivos adscritos a la fase de acogida contarán con equipos 
multidisciplinares a fin de proporcionar a las personas residentes las condiciones 
materiales de acogida, así como otras actuaciones que les garanticen una atención 
integral.
Asimismo, garantizarán la atención a las necesidades particulares de las personas 
en situación de vulnerabilidad a través de los recursos específicos cuyas características 
se encuentran descritas en el título III. Si se detectan necesidades particulares que no 
hubieran emergido en la fase de valoración inicial se derivará a las personas a estos 
recursos específicos.
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Artículo 19.  Actuaciones.
Durante la fase de acogida se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Cubrir las necesidades materiales de acogida.
b) Prestar apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico, jurídico y 
cultural.
c) Proporcionar enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y 
lectoescritura para el desenvolvimiento de las personas destinatarias en el territorio de 
acogida, en caso necesario.
d) Facilitar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de 
formación.
e) Facilitar servicios de traducción e interpretación, garantizando la accesibilidad 
universal.
f) Promover el acceso al sistema educativo de las personas menores de edad en el 
plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección 
internacional o del estatuto de apatridia.
g) Apoyar la conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona 
destinataria con su vida personal y familiar.
h) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de 
Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría 
de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.
Artículo 20.  Duración.
1. La duración de esta fase se extenderá hasta la resolución del procedimiento de 
solicitud de apatridia o de protección internacional, en los términos establecidos en el 
artículo 24 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, que fija un plazo máximo de seis meses, 
pudiendo excepcionalmente dicho plazo ser superior en los términos establecidos en el 
artículo 19 de la misma ley.
2. En el supuesto de beneficiarios de protección internacional que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, su permanencia podrá extenderse por una duración adicional 
de un máximo de seis meses.
3. En el supuesto de personas reasentadas, su permanencia en esta fase tendrá 
una duración máxima de seis meses.
CAPÍTULO VI
Fase de autonomía
Artículo 21.  Objetivo.
1. El objetivo de esta fase es apoyar la adquisición de autonomía de las personas 
beneficiarias de protección internacional o del estatuto de apatridia, así como la 
consolidación de conocimientos y habilidades que hagan efectiva su plena inclusión en la 
sociedad.
2. El inicio de la fase de autonomía se produce con la salida del recurso de acogida 
e implica la continuación del itinerario individualizado diseñado en la fase de acogida.
Artículo 22.  Actuaciones.
Durante la fase de autonomía se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Apoyar la autonomía mediante la asignación de ayudas económicas destinadas 
a cubrir las necesidades básicas. La concesión de estas ayudas vendrá determinada en 
función de las necesidades individualizadas de cada persona.
b) Prestar apoyo social, psicológico, jurídico y cultural.
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c) Proporcionar enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y 
lectoescritura en caso necesario.
d) Facilitar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de 
formación.
e) Facilitar servicios de traducción e interpretación.
f) Apoyar la conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona 
destinataria con su vida personal y familiar.
g) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de 
Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría 
de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de inclusión.
Artículo 23.  Duración.
1. La fase de autonomía tendrá una duración máxima de seis meses.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la fase de autonomía podrá 
tener una duración máxima adicional de seis meses en el caso de personas reasentadas 
y de personas en situación de vulnerabilidad.
Artículo 24.  Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias de 
protección internacional.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, a través de la 
Secretaría de Estado de Migraciones, en el ámbito de sus competencias, estrategias de 
inclusión de las personas beneficiarias de protección internacional mediante la 
cooperación y colaboración con las comunidades autónomas. Para ello, se podrán 
celebrar los oportunos convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de colaboración.
TÍTULO III
Recursos del sistema de acogida de protección internacional
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 25.  Tipología de recursos del sistema de acogida de protección internacional.
1. El sistema de acogida de protección internacional se compone de una red de 
recursos de acogida residencial de titularidad pública y privada, bajo dependencia 
funcional de la Secretaría de Estado de Migraciones, a la que corresponde la 
coordinación y evaluación, y que serán gestionados de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. En concreto, la acogida de las personas 
destinatarias incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 3 se llevará a cabo en los 
siguientes recursos:
a) Centros de titularidad pública estatal, gestionados por la Secretaría de Estado de 
Migraciones, mediante la prestación directa de los servicios por personal de la 
administración, o bien indirecta a través de fórmulas contractuales o subvenciones.
b) Dispositivos de acogida gestionados mediante autorización de acción concertada 
que sea otorgada por la Secretaría de Estado de Migraciones a entidades de carácter 
privado, de conformidad con lo dispuesto en el título V.
c) Otros dispositivos de acogida de titularidad privada, subvencionados a 
organizaciones no gubernamentales, que se pongan a disposición del sistema de 
acogida de protección internacional, cuando sea necesario por razones de urgente 
necesidad e interés general, o para garantizar la atención especializada a personas 
destinatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
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2. Todos los recursos que integran el sistema de acogida deberán cumplir con las 
disposiciones de este reglamento y aplicarán las instrucciones y protocolos que, en su 
desarrollo, se dicten por la Secretaría de Estado de Migraciones y sus órganos 
administrativos, en relación con las condiciones de acogida, garantizando la 
armonización en la intervención con las personas destinatarias, sin perjuicio de las 
actuaciones dirigidas a la atención de necesidades específicas de las personas en 
situación de vulnerabilidad.
3. Con independencia de la titularidad y tipología del recurso en el que se 
encuentren las personas destinatarias del sistema de acogida y de la fase del itinerario, 
la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del 
Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, velará en todo momento por 
garantizar el cumplimiento de los principios generales recogidos en el artículo 6 de este 
reglamento.
4. Los centros que integran el sistema de acogida de protección internacional se 
regirán por las normas de funcionamiento básico que se determinen por la Dirección 
General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal en la 
correspondiente instrucción, de acuerdo con los principios de necesidad, 
proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato, publicidad y vinculación de los 
requisitos y normas de funcionamiento con los servicios que se presten.
Los recursos del sistema de acogida de protección internacional deberán contar con 
una reglamentación interna fijada con arreglo a los criterios comunes que para ello se 
establezcan, que cuente con la conformidad de la Dirección General de Gestión del 
Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, de acuerdo con los 
principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Artículo 26.  Principios rectores.
Constituyen principios rectores de la gestión de los recursos, cualquiera que sea su 
tipología y unidad responsable de su gestión, los siguientes principios:
a) Igualdad de trato entre todas las personas destinatarias del sistema de acogida 
de protección internacional.
b) Perspectiva de género e interseccionalidad.
c) Prevención, detección, actuación y derivación ante posibles casos de trata de 
seres humanos.
d) Proporcionalidad en la adopción y ejecución de las decisiones de reducción o de 
retirada de las condiciones de acogida.
e) Inspección y control materiales y financieros de la gestión.
f) La prevención del acoso y de los actos de violencia de género, incluida la 
violencia y el acoso sexuales.
Artículo 27.  Asignación de recursos.
1. Las personas destinatarias serán derivadas al recurso de alojamiento que se 
considere más adecuado atendiendo a los criterios siguientes:
a) La edad, el sexo, la discapacidad y la situación familiar, así como, en la medida 
de lo posible, otras características asociadas a su posible vulnerabilidad y a las 
eventuales necesidades específicas de acogida que se detecten, previa evaluación de la 
persona destinataria, incluido el perfil sociolaboral.
b) La promoción de una distribución territorial equilibrada.
c) El lugar de presentación de su solicitud de protección internacional y el estado de 
su tramitación.
2. Excepcionalmente, y salvo en los casos en los que concurra fuerza mayor o 
citación de las autoridades o de los tribunales, la persona que desee abandonar 
temporalmente la provincia en que se sitúa el recurso de acogida al que fue asignada, 
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podrá solicitar la autorización del órgano administrativo correspondiente de la Secretaría 
de Estado de Migraciones cuando concurran circunstancias tales como motivos 
laborales, razones médicas o situaciones relacionadas con familiares de hasta el primer 
grado, siempre que se aporte documentación justificativa.
CAPÍTULO II
Características de los recursos del sistema de acogida de protección internacional
Artículo 28.  Centros de valoración inicial y derivación.
1. Los centros de valoración inicial y derivación son establecimientos de 
alojamiento colectivo y estancia provisional, en los que se proporciona a las personas 
destinatarias las actuaciones señaladas en el capítulo IV del título II.
2. La ubicación, dimensiones y capacidad de los centros atenderá a razones de 
proximidad geográfica con las zonas del territorio que reciban mayores flujos migratorios.
Artículo 29.  Centros de acogida de protección internacional.
1. Los centros de acogida de protección internacional son centros abiertos, de 
alojamiento colectivo, destinados a proporcionar, en los términos de lo dispuesto en el 
capítulo V del título II de este reglamento, acogida a las personas destinatarias en 
atención a la valoración realizada sobre sus necesidades de acogida una vez que su 
solicitud haya sido admitida a trámite.
2. Estos centros tendrán las siguientes características:
a) Estarán dirigidos a proporcionar a las personas destinatarias, en tanto se 
resuelve su solicitud de protección internacional, un itinerario individualizado dentro del 
sistema de acogida de protección internacional conforme a lo previsto en su compromiso 
de participación en dicho sistema. Asimismo, en ellos se proporcionará acompañamiento 
para el acceso a los servicios y prestaciones puestos a disposición de la ciudadanía por 
las administraciones públicas competentes, a través de los instrumentos de colaboración 
orientados a favorecer la interacción social con la comunidad de acogida.
b) Contarán con dotación material y personal precisa para garantizar la atención a 
las personas destinatarias, proporcionándoles unas condiciones de acogida dignas y 
adaptadas a sus necesidades. Asimismo, se podrá prever la dedicación específica de 
centros, instalaciones y plazas a la atención de necesidades particulares de personas en 
situación de vulnerabilidad.
c) Contarán con protocolos de prevención del acoso y los actos de violencia de 
género, incluida la violencia y el acoso sexuales. Estos protocolos incluirán el 
establecimiento en cada centro de un punto focal que sirva de referencia para la 
prevención, detección y coordinación de actuaciones en casos de violencia contra las 
mujeres.
Artículo 30.  Personal al servicio de los recursos del sistema de acogida de protección 
internacional.
1. Las personas que trabajen o presten servicios en los recursos de acogida 
deberán tener una formación adecuada, incluida formación específica en materia de 
igualdad de oportunidades y violencia contra las mujeres, y estarán sometidas a las 
normas de confidencialidad en relación con la información a que tengan acceso por 
razón de su trabajo.
2. La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal promoverá la realización de cursos y actividades concretas de 
formación de obligado cumplimiento, en especial, en el ámbito de las actuaciones a 
realizar respecto de las situaciones que acontecen en lo regulado en el título IV.
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Artículo 31.  Normas de funcionamiento básico de los recursos.
Corresponderá a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de 
Protección Internacional y Temporal la aprobación de las normas básicas de 
funcionamiento aplicables y exigibles en todos los recursos del sistema de acogida de 
protección internacional.
TÍTULO IV
Reducción o retirada de las condiciones de acogida
Artículo 32.  Reducción o retirada de las condiciones del sistema de acogida de 
protección internacional.
1. Los siguientes supuestos darán lugar a la reducción de las actuaciones de 
acogida:
a) El acceso a recursos económicos que suponga la superación del umbral 
establecido en el artículo 2.b) de este reglamento, siempre que no se supere la cuantía 
prevista en el apartado segundo de este artículo, en cuyo caso se producirá la retirada 
de las condiciones de acogida.
b) El abandono del centro o dispositivo de acogida asignado sin informar a los 
responsables, cuando, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable, no deba 
dar lugar a la retirada de las condiciones de acogida.
c) La vulneración de las normas de funcionamiento básico del centro o de los 
derechos de otros residentes o del personal, así como la perturbación de la convivencia, 
cuando, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable, estas conductas no den 
lugar a la retirada de las condiciones de acogida.
2. Los siguientes supuestos darán lugar a la retirada de las condiciones de acogida:
a) La falta de formalización, inadmisión, denegación o desistimiento de la solicitud 
de protección internacional de protección temporal o de apatridia.
b) El cese o la revocación del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria 
concedida conforme a lo establecido en el título IV de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.
c) El acceso a recursos económicos cuando estos superen el importe de las 
prestaciones que se reciben. La determinación de estos costes se hará conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de este reglamento.
d) Haber finalizado el periodo del programa o prestación concretamente autorizado.
e) El abandono del centro o dispositivo de acogida asignado sin informar a los 
responsables, cuando así lo prevea el régimen disciplinario aplicable.
f) La vulneración de las normas de funcionamiento básico del centro o de los 
derechos de otros residentes o del personal, así como la perturbación de la convivencia, 
cuando así lo prevean el régimen disciplinario aplicable.
TÍTULO V
Gestión del sistema de acogida mediante acción concertada
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 33.  Objeto y finalidad de la acción concertada.
1. El objeto de la acción concertada es la prestación de los servicios del sistema de 
acogida, en las condiciones establecidas en este reglamento.
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2. Los servicios de acogida destinados a las personas incluidas en el ámbito 
subjetivo de aplicación del artículo 3, se podrán prestar por medio de la acción 
concertada regulada en el presente título, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.
Artículo 34.  Ámbito material de aplicación de la acción concertada.
Este título será de aplicación a la acción concertada del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, para la atención de las personas destinatarias del 
reglamento, con las entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 38.
Artículo 35.  Definiciones.
A los efectos de este título V, se entiende por:
a) Acción concertada: Instrumento por el que se concede la autorización a aquellas 
entidades que cumplan las condiciones establecidas en este reglamento y sus normas 
de desarrollo para la prestación de servicios de acogida que sean competencia del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
b) Autorización de acción concertada: Acto administrativo por el que se reconoce a 
las entidades que cumplen las condiciones y requisitos establecidos a realizar las 
actuaciones objeto del concierto.
c) Entidades autorizadas: Aquellas entidades que, por cumplir los requisitos 
legalmente establecidos para ser titulares de una autorización de acción concertada, 
asumirán los derechos y obligaciones previstos en el presente reglamento y en sus 
normas de desarrollo.
d) Mesa de acción concertada: Órgano colegiado de asistencia técnica 
especializada al que corresponde asistir al órgano de concertación.
e) Órgano de concertación: Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida 
de Protección Internacional y Temporal, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Migraciones, como órgano administrativo competente para instruir los procedimientos 
previstos en el presente reglamento.
Artículo 36.  Principios rectores de la acción concertada.
La acción concertada se ajustará a los siguientes principios rectores:
a) Libertad de acceso de las entidades interesadas.
b) Publicidad y transparencia en los procedimientos de acción concertada.
c) Proporcionalidad, no discriminación e igualdad de trato.
d) Eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
e) No duplicidad en la financiación de los servicios y prestaciones objeto de 
autorización de acción concertada.
Artículo 37.  Duración.
1. La autorización a las entidades podrá alcanzar una duración de entre dos y 
cuatro años, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la resolución de autorización o en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, cualquiera que se produzca con anterioridad, pudiendo 
ser prorrogada por mutuo acuerdo de las partes por el mismo periodo del acuerdo inicial.
2. Cuando se produzca demora en las prestaciones o servicios por parte de la 
entidad autorizada, el órgano de concertación podrá conceder una ampliación del plazo 
de duración de la autorización, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 
previstas en las normas de desarrollo del presente reglamento, siempre que sean 
imputables a la responsabilidad de la entidad.
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3. La duración total de la autorización, incluida la posible prórroga, no podrá ser 
superior a ocho años, sin perjuicio de que la entidad concertada tenga la posibilidad de 
ser autorizada nuevamente para la prestación de los servicios.
4. Para la prórroga se requerirá, además del mutuo acuerdo de las partes, la 
evaluación positiva de la actividad realizada, según se establece en el artículo 47 de este 
reglamento.
CAPÍTULO II
Requisitos para la obtención de la autorización de acción concertada
Artículo 38.  Requisitos exigibles.
1. Podrán ser titulares de autorizaciones de acción concertada las entidades que lo 
soliciten y cumplan los requisitos establecidos en este título y en las normas de 
desarrollo.
2. En todo caso, deberán reunir los siguientes requisitos, en los términos que se 
desarrollen por orden ministerial, de acuerdo con los principios de necesidad, 
proporcionalidad, no discriminación, transparencia, publicidad y ausencia de cuotas o 
límites:
a) Disponer de la oportuna autorización, acreditación o habilitación administrativa 
para la prestación de servicios del sistema de acogida, cuando sea exigible.
b) Disponer de los medios y recursos necesarios, especializados en protección 
internacional e inmigración cuando su naturaleza lo requiera, para la prestación de la 
acción concertada, cuya acreditación se realizará mediante la presentación de la 
documentación que, en su caso, se exija en la orden ministerial de acción concertada.
c) Acreditar la titularidad de los centros de alojamiento colectivo o, en su defecto, la 
disponibilidad por cualquier título jurídico válido en derecho, incluyendo el arrendamiento 
o cesión, por un período no inferior al de vigencia de la acción concertada. A estos 
efectos será válido un documento que demuestre a la Administración que la entidad va a 
disponer de dicho título jurídico en caso de resultar autorizada. En dicho documento 
deberá constar por escrito el compromiso de otra entidad o entidades de poner a 
disposición de la entidad solicitante de la autorización el centro o centros de alojamiento 
en caso de que se conceda la autorización.
d) Contar con experiencia y trayectoria acreditada, cualificación y formación del 
equipo humano directamente relacionado con la prestación del objeto de la acción 
concertada y con el colectivo al que esta se dirige, y respecto a las acciones previstas en 
el sistema de acogida en los términos que se establezcan en la orden ministerial de 
acción concertada. La trayectoria acreditada, cualificación, formación y/o experiencia del 
personal que prestará los servicios objeto de autorización podrá ser tenida en cuenta 
como requisito únicamente cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 
significativa a su mejor ejecución. Cuando se dé esta circunstancia, se dejará constancia 
en el expediente de la motivación y necesidad de exigir este requisito.
e) Contar con un documento de planificación para llevar a cabo los servicios y 
prestaciones para cada persona acogida, con el detalle que se indique por orden 
ministerial.
f) Contar con los medios informáticos suficientes para atender las obligaciones de 
intercambio de información previstas en el artículo 52.
g) No estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones o entidad colaboradora previstas en el 
artículo 13 de la Ley 28/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. El 
cumplimiento de este requisito podrá acreditarse mediante declaración responsable.
h) No estar incurso en ninguna prohibición de contratar del artículo 71 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. El cumplimiento de este requisito podrá acreditarse 
mediante declaración responsable.
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i) No haber sido titular de una previa autorización de acción concertada revocada 
en los cinco años anteriores, contados desde la fecha de la solicitud de la nueva 
autorización.
CAPÍTULO III
Procedimiento de acción concertada
Artículo 39.  Autorización para concertar.
1. Mediante resolución de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida 
de Protección Internacional y Temporal, a propuesta de la mesa de acción concertada, 
se determinarán las entidades a las que se autoriza a concertar.
2. Serán autorizadas todas las entidades que cumplan los requisitos establecidos 
en el presente reglamento y en las normas de desarrollo, respetando las disposiciones 
del artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Dichas autorizaciones se podrán solicitar y conceder en cualquier momento.
Artículo 40.  Planificación de necesidades.
1. La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal, planificará y seleccionará las prestaciones, actuaciones y/o 
servicios que es necesario atender mediante acción concertada, de acuerdo con lo 
establecido por orden ministerial.
2. En el expediente se incorporarán:
a) La planificación y selección de las actuaciones, prestaciones y/o servicios que es 
necesario atender mediante acción concertada, el estudio de costes y el importe del 
precio de referencia por plaza de acogida que permitirá determinar la retribución máxima, 
los criterios según los cuales se ha fijado dicho precio de referencia y el catálogo de 
gastos elegibles que determinarán los costes a cubrir a la entidad autorizada, obtenido 
todo ello según lo establecido en el artículo 42 de este reglamento.
b) La descripción de la necesidad que se pretende dar satisfacción mediante la 
acción concertada y su relación con el objeto de esta acción concertada, que deberá ser 
directa, específica y proporcional.
c) Los márgenes de variación de necesidades de actuaciones, prestaciones y/o 
servicios que, conforme a la previsible variabilidad de la demanda, se puedan prever en 
el momento de la planificación. Dichos márgenes de variación deberán quedar 
formulados en el expediente de manera clara, precisa e inequívoca, sin que puedan 
alterar la naturaleza global de las actuaciones, prestaciones y/o servicios.
d) El certificado de existencia de crédito, y, en su caso, el certificado de 
cumplimiento de límites de ejercicios posteriores
3. En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas que no pudieron preverse al 
adoptarse la planificación correspondiente, surjan nuevas necesidades sobre las 
inicialmente planificadas, o se modifiquen las existentes, la Dirección General de Gestión 
del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, dictará una nueva 
resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Artículo 41.  Comunicaciones de asignación a las entidades autorizadas.
1. Las entidades autorizadas informarán de los recursos disponibles en todo 
momento a través de sistemas interoperables de información contemplados en el 
artículo 52.
2. En función de las necesidades existentes en cada momento y de los recursos 
disponibles de las entidades autorizadas, la Dirección General de Gestión del Sistema de 
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Acogida de Protección Internacional y Temporal comunicará a estas la asignación de la 
prestación de los servicios de acogida que proceda de acuerdo con los criterios objetivos 
establecidos en los artículos 11, 15 y 27. Las comunicaciones de asignación deberán 
estar debidamente motivadas y documentadas en el expediente referido en el 
artículo 40.2.
Artículo 42.  Cálculo de la retribución.
1. Las entidades autorizadas serán retribuidas según los costes efectivos en los 
que incurran. No obstante, se determinará ex ante una retribución máxima para las 
entidades en base a los precios de referencia que se determinen por la Secretaría de 
Estado de Migraciones y que se publiquen en su sede electrónica.
El precio de referencia se definirá por plaza ocupada, y unidad temporal, 
preferiblemente por día. Vendrá determinado a partir del coste unitario estimado 
necesario para la cobertura de las actuaciones y servicios objeto de la acción 
concertada. Cuando no sea posible hacer referencia a plaza ocupada, el precio de 
referencia se establecerá por persona atendida y unidad temporal.
La cuantía del mencionado coste unitario estimado que, a su vez, determinará el 
precio de referencia, se obtendrá a través de módulos económicos, tarifas máximas o 
mínimas, u otras formas de cálculo que se consideren más adecuadas, de forma 
justificada, de acuerdo con la naturaleza de la actuación, prestación o servicio objeto de 
la acción concertada.
En todo caso, se establecerán precios de referencia por plaza de acogida 
diferenciados en función de criterios a determinar por la Secretaría de Estado de 
Migraciones, entre los cuales podrán considerarse: si la plaza está disponible con 
carácter inmediato o no, si está destinada a un perfil vulnerable, la fase del sistema de 
acogida en la que se produzca la atención, o la tipología del recurso del sistema de 
acogida donde se produzca dicha atención.
2. La retribución máxima a percibir por la entidad autorizada será el resultado de 
multiplicar el precio de referencia por plaza que corresponda, por el número de plazas 
según lo que se establezca en las comunicaciones de asignación a las que se refiere el 
artículo 41.
3. La retribución efectiva a percibir por la entidad autorizada consistirá en los costes 
incurridos por estas, fijos o variables, siempre que estén debidamente justificados y 
formen parte del catálogo de gastos elegibles que se establezcan por orden ministerial, 
aplicándose a dicha retribución las normas tributarias que en su caso procedan y, en 
ningún caso, procediendo la existencia de beneficio industrial. El pago se ejecutará en 
los términos establecidos en el artículo 49 de este reglamento.
4. La Secretaría de Estado de Migraciones especificará los criterios aplicables para 
la revisión del precio de referencia, en el supuesto de que se considere necesario en 
atención a la evolución de los costes específicos de la actividad a concertar y, en su 
caso, de los incrementos salariales del convenio de referencia de las entidades 
autorizadas. La revisión, en su caso, será aprobada mediante resolución de la Secretaría 
de Estado de Migraciones y será publicada en su sede electrónica.
Artículo 43.  Iniciación e instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento de acción concertada se iniciará a instancia de la entidad 
interesada, mediante la presentación de la correspondiente solicitud, cuyos requisitos se 
especificarán en la orden ministerial de acción concertada.
2. El órgano competente para la iniciación e instrucción del procedimiento es la 
Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.
3. El órgano de concertación estará asistido por una mesa de acción concertada, 
cuya composición se especificará en la orden ministerial de acción concertada.
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4. Como  órgano  colegiado  de asistencia  técnica  especializada,  las actuaciones  de la 
mesa  de acción  concertada  se regirán  por lo establecido  en la sección  3.ª del capítulo  II del 
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y ejercerá las siguientes funciones:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 38 de este reglamento, y, en su caso, acordar la 
exclusión de las entidades interesadas que no acrediten dicho cumplimiento, previo 
trámite de subsanación según lo establecido en la orden ministerial de acción 
concertada.
b) La comunicación al órgano de concertación de las entidades que cumplen los 
requisitos establecidos y que, por tanto, pueden ser autorizadas.
5. Recibida la comunicación de la mesa de acción concertada, el órgano de 
concertación podrá decidir la realización de actuaciones complementarias de 
comprobación indispensables para resolver el procedimiento.
Artículo 44.  Terminación del procedimiento.
1. El procedimiento de acción concertada concluirá mediante resolución de 
autorización dictada por la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de 
Protección Internacional y Temporal en los términos del artículo 39, y cuyo contenido se 
especificará en la orden ministerial de acción concertada.
2. La resolución de autorización se dictará y notificará a la entidad solicitante en el 
plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud 
que dé inicio al procedimiento. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del 
plazo máximo de resolución y notificación en los términos y con las limitaciones 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Las resoluciones de autorización se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Dicha publicación tendrá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de notificar individualmente a 
las entidades por medios electrónicos.
4. Si en el plazo de seis meses a contar desde la solicitud de autorización no se 
hubiese dictado y notificado resolución expresa, las entidades solicitantes podrán 
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
5. Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra las mismas recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien ser 
impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 45.  Tramitación de urgencia.
1. El órgano de concertación podrá acordar la tramitación de urgencia, cuando 
razones de interés público lo aconsejen, de conformidad con el artículo 33 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. A tales efectos, el expediente deberá contener la declaración de urgencia 
realizada por el órgano de concertación, debidamente motivada.
Artículo 46.  Tramitación anticipada de los expedientes de gasto.
De conformidad con lo dispuesto en Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la asignación de recursos a las entidades autorizadas podrá ultimarse 
incluso con la comunicación de asignación aun cuando su ejecución, ya se realice en 
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 
podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias.
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CAPÍTULO IV
Supervisión de la acción concertada
Artículo 47.  Supervisión.
1. Las entidades autorizadas estarán sometidas, en todo momento, a las 
actuaciones de seguimiento y control que determine la Secretaría de Estado de 
Migraciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos. El régimen de 
seguimiento y control se concretará mediante orden ministerial, en función de las 
prestaciones y servicios a concertar.
2. Las actuaciones de seguimiento incluirán las inspecciones y controles necesarios 
para comprobar que los fondos públicos han sido aplicados a la realización de la 
actividad para la que fueron concedidos y que su aplicación ha sido gestionada técnica y 
económicamente de forma correcta, garantizando la calidad exigida.
3. El seguimiento y control se llevará a cabo sin perjuicio de las actuaciones que 
correspondan realizar al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y a los organismos nacionales y europeos 
competentes, cuando proceda.
4. Al finalizar el plazo de duración de la autorización se realizará una evaluación 
final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, que servirá para determinar si 
procede la prórroga de la autorización.
Artículo 48.  Cumplimiento defectuoso, incumplimiento o demora.
1. Las entidades autorizadas estarán obligadas a prestar los servicios en los 
términos y con las condiciones establecidas en este reglamento y sus normas de 
desarrollo.
2. Cuando la entidad autorizada, por causas imputables a la misma, hubiere 
incumplido parcialmente los términos y condiciones para la prestación de los servicios, o 
de cumplimiento defectuoso, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias 
del caso, por la revocación de la autorización o por la imposición de penalidades que 
para estos supuestos se determinen en la orden ministerial y que deberán ser 
proporcionadas a la gravedad del incumplimiento.
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, se producirá la pérdida 
del derecho a cobro de las cantidades no percibidas por parte de la entidad autorizada, 
así como la obligación de reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, en los 
términos que se determinen en la orden ministerial.
4. Lo establecido en anteriores apartados se entenderá sin las responsabilidades 
civiles, penales o administrativas que procedan.
5. Las penalidades mencionadas en este artículo se impondrán mediante 
resolución del titular de la Secretaría de Estado de Migraciones, a propuesta de la 
Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y 
Temporal. Las penalidades económicas se podrán hacer efectivas mediante deducción 
de la retribución de la acción concertada.
Artículo 49.  Pago de la retribución.
1. La entidad autorizada tendrá derecho al abono de la retribución por los servicios 
realizados, en los términos fijados en la orden ministerial de desarrollo y la comunicación 
de asignación, según lo dispuesto en este artículo.
2. El pago de la retribución se llevará a cabo previa presentación por la entidad de 
un documento justificativo de las prestaciones y/o servicios realizados, junto con la 
información complementaria necesaria para identificar el número de usuarios del objeto 
de la acción concertada y el periodo durante el cual se han realizado las actuaciones y/o 
servicios, calculado en días, con la extensión que se determine, así como el coste 
efectivamente incurrido.
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3. La Administración tendrá la obligación de abonar el pago de la retribución dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten 
la conformidad de las actuaciones y servicios realizados, según lo dispuesto en la orden 
ministerial de desarrollo.
4. El pago de la retribución podrá hacerse de manera total o parcial, mediante 
abonos a cuenta o pagos en firme, según se determine en la orden ministerial de 
desarrollo.
5. La Administración podrá acordar el anticipo de hasta el 50 % de la retribución 
máxima acordada por las prestaciones y servicios a realizar, en los casos y con los 
requisitos y límites que se establezcan en la Ley 12/2009, de 30 de octubre.
6. En ningún caso la suma de los pagos totales y, en su caso, el anticipo acordado, 
podrán superar la retribución máxima a percibir fijada según lo dispuesto en este 
reglamento.
7. El órgano competente para aprobar y comprometer los gastos de la acción 
concertada es la persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones.
8. El órgano competente para reconocer las obligaciones económicas 
correspondientes, y ordenar su pago, es la persona titular de la Dirección General de 
Programas de Protección Internacional y de Atención Humanitaria.
Artículo 50.  Financiación.
1. La financiación de las actuaciones y servicios objeto de la acción concertada se 
realizará con el presupuesto disponible en la Secretaría de Estado de Migraciones.
La financiación con cargo a fondos de la Unión Europea se regirá por las normas 
comunitarias aplicables a cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o 
transposición.
2. En ningún caso podrá duplicarse la financiación pública para la realización de 
idénticas prestaciones actuaciones y/o servicios en el ámbito temporal y material.
Se entenderá que se duplica la financiación cuando una entidad de carácter privado 
autorizada para concertar obtenga fondos públicos a través de la acción concertada y 
por subvenciones, para la realización de actuaciones y/o servicios con características 
idénticas prestados a las mismas personas destinatarias.
En el caso de detectarse tal duplicidad en la financiación, esta será causa de 
revocación de la autorización de acción concertada, y la entidad deberá reintegrar el 
importe total percibido en concepto de retribución, más los intereses de demora 
correspondientes, desde la fecha en que percibió las cantidades hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, o en la fecha en la que el deudor entregue las 
cantidades si es anterior a la del acuerdo de reintegro.
CAPÍTULO V
Revocación de la autorización
Artículo 51.  Revocación de la autorización.
1. La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal podrá dictar resolución motivada revocando la autorización, 
previa tramitación del oportuno procedimiento en que se dará audiencia a la entidad.
2. Acordada la revocación de la autorización, la Administración abonará a la entidad 
concertada los daños y perjuicios que efectivamente haya sufrido, y que se encuentran 
consignados en el acta mencionada en el apartado anterior, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
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3. Las autorizaciones de acción concertada se podrán revocar por las siguientes 
causas:
a) El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de la acción concertada 
por las entidades autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en la orden ministerial de 
desarrollo.
b) La reiteración o reincidencia de incumplimientos leves, de conformidad con lo 
dispuesto en la orden ministerial de desarrollo.
c) La extinción de la entidad autorizada, excepto en caso de cesión, fusión o 
absorción.
d) La negativa injustificada a la atención a las personas derivadas para la 
prestación del servicio.
e) La imposibilidad de prestar los servicios establecidos en la comunicación de 
asignación.
f) El incumplimiento de las condiciones laborales del personal de la entidad afecto a 
la prestación del servicio.
g) No encontrarse al corriente de pago en sus obligaciones tributarias o en materia 
de Seguridad Social, o no estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su caso.
h) El incumplimiento de las obligaciones de información contempladas en el 
artículo 52.
CAPÍTULO VI
Sistemas de intercambio de información
Artículo 52.  Obligaciones de intercambio de información.
1. Las entidades autorizadas estarán obligadas a intercambiar en tiempo real con el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de sistemas 
interoperables, toda la información derivada de sus actuaciones que se precise en la 
orden ministerial de acción concertada, así como para dar cumplimiento a las 
obligaciones de información y transparencia en el marco de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, debiendo disponer de los medios necesarios al efecto.
2. En todo caso, las entidades autorizadas deberán reportar al órgano de 
concertación, en los términos y la periodicidad que se determinen en la orden ministerial 
de acción concertada, los gastos incurridos en la prestación de las actuaciones, 
prestaciones y servicios.
Artículo 53.  Central de información.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantendrá una central de 
información, de carácter público, que provea de información sobre el conjunto de los 
servicios sociales de acogida e inclusión, su tipología, prestador, beneficiarios y costes. 
A estos efectos, tanto las entidades autorizadas como las distintas administraciones 
públicas remitirán los datos necesarios, en la forma que se determine 
reglamentariamente.
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