I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
18617 Real Decreto 750/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica la tarifa 
fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, S.A., S.M.E., (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.
El artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, establece 
que la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el 
desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio 
público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, de conformidad con el 
artículo 128.2 de la Constitución Española. En este mismo artículo se encomienda a la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa), la gestión de este 
servicio público, de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por 
el Gobierno.
Adicionalmente, la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, relativa al Fondo para la financiación de las actividades 
del Plan General de Residuos Radiactivos, declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, establece, en la redacción dada por la Ley 11/2009, 
de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario, un sistema de cuatro tasas por los servicios 
prestados por Enresa. En aplicación de lo anterior, desde el 1 de enero de 2010, fecha a 
partir de la cual produjo efecto dicha modificación, el referido Fondo para la financiación 
de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos se ha venido nutriendo de 
estas cuatro tasas.
Por otra parte, la disposición final undécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, modificó la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, relativa a las prestaciones patrimoniales de 
carácter público, estableciendo que «se considerarán prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por 
prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o 
mediante gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por 
la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o 
sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado». En virtud de lo anterior, la 
mencionada tasa, como contraprestación recibida por los servicios prestados por Enresa, 
ha pasado a tener la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no 
tributario.
El apartado 9.Segundo de la referida disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, regula la prestación patrimonial mediante la que se financian los 
servicios de gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos procedentes 
de las centrales nucleares que estaban en explotación el 1 de enero de 2010, el 
desmantelamiento y clausura de dichas instalaciones, las asignaciones destinadas a los 
municipios afectados por centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de 
combustible nuclear gastado o residuos radiactivos, y los tributos que se devenguen en 
relación con las actividades de almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos.
Esta prestación es satisfecha por los titulares de las centrales nucleares durante su 
explotación y su cuota es el resultado de multiplicar la energía nucleoeléctrica bruta 
generada por cada central (base imponible) por una tarifa fija unitaria y por un coeficiente 
corrector dependiente del tipo de reactor y de la potencia bruta de la central.
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Núm. 312 Sábado 28 de diciembre de 2019 Sec. I.   Pág. 141414
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Asimismo, el apartado 9.Quinto de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, establece que «los tipos de gravamen y elementos tributarios para 
la determinación de la cuota de estas tasas podrán ser revisados por el Gobierno 
mediante Real Decreto, en base a una memoria económico-financiera actualizada del 
coste de las actividades correspondientes contempladas en el Plan General de Residuos 
Radiactivos», lo que habilita la modificación del valor de la referida tarifa fija unitaria por 
real decreto.
No obstante, la referida tarifa fija unitaria no ha sido revisada desde el 1 de enero 
de 2010, si bien las estimaciones de costes futuros elaboradas por Enresa han 
experimentado desde entonces importantes modificaciones. Hay que tener en cuenta 
que, a partir de la revisión de dichas estimaciones de costes y del valor actual del Fondo 
para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, se calcula 
la recaudación que es necesario efectuar para financiar los servicios proporcionados por 
Enresa.
Por otro lado,  el periodo  de explotación  de las centrales  nucleares  establece 
tanto  el periodo  de recaudación  de la prestación  como  la energía  total bruta  a 
generar, que determina la base imponible global. Si bien cuando se establecieron las 
referidas tasas, el periodo de explotación de las centrales nucleares considerado fue 
de 40 años,  en la actualidad,  el borrador  del Plan  Nacional  Integrado  de Energía  y 
Clima  2021-2030  (PNIEC),  remitido  a la Comisión  Europea  en febrero  de 2019  y 
actualmente  en tramitación,  establece  las previsiones  sobre  la contribución  de la 
energía  nuclear  al mix energético,  y prevé  un cierre  ordenado  y escalonado  del 
parque  nuclear  español.  Ello supone  una ampliación  del periodo  de explotación  de 
las centrales  nucleares  en relación  con el escenario  considerado  en el vigente  Plan 
General de Residuos Radiactivos.
Procede, por tanto, efectuar la revisión de la tarifa fija unitaria, como principal 
elemento que determina el cálculo de la cuota relativa a esta prestación patrimonial, para 
tener en cuenta, tanto las variaciones en las estimaciones de costes futuros como la 
ampliación del periodo de explotación de las centrales nucleares.
Este real decreto ha sido elaborado de acuerdo con los principios de buena 
regulación conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Cumple con los principios de necesidad y eficacia, puesto que el cálculo de la tarifa fija 
unitaria se basa en una estimación de costes futuros y del nuevo escenario de vida de 
las centrales nucleares previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC), remitido a la Comisión Europea en febrero de 2019. 
Asimismo, cumple con el principio de proporcionalidad y eficiencia, dado que contiene la 
regulación imprescindible para que la prestación cubra los costes futuros. En cuanto a la 
seguridad jurídica, el real decreto es coherente con lo dispuesto en la disposición 
adicional sexta y en el resto del ordenamiento jurídico.
Atendiendo al principio de transparencia, con carácter previo a la elaboración del 
texto de este real decreto se ha efectuado el trámite de consulta pública previa a que se 
refiere el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, 
el proyecto de real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia e información 
pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 
de noviembre.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25.ª y 13.ª 
de la Constitución, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases del régimen minero y energético, y de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, respectivamente.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha sido informada en 
su reunión del día 19 de diciembre de 2019.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2019,
DISPONGO:
Artículo único.  Revisión de la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de 
carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa a las 
centrales nucleares en explotación.
Se modifica el valor de la tarifa fija unitaria T establecida en el apartado 9.Segundo.e) 
de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, fijándose dicho valor en 0,798 céntimos de €/kWh.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25.ª y 13.ª 
de la Constitución, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases del régimen minero y energético, y de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2020.
Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2019.
FELIPE R.
La Ministra para la Transición Ecológica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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