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Núm. 334  Miércoles 23 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 118678
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16823 Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo 
al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el SARS-CoV-2 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar 
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la 
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, permitió hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la 
salud y la seguridad de la ciudadanía.
La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha cambiado por completo el 
escenario económico mundial. Las medidas de distanciamiento físico y limitaciones a la 
movilidad, necesarias y efectivas para controlar la transmisión del virus, tienen un enorme 
impacto en la actividad productiva y el bienestar de la ciudadanía. Estos efectos se han 
dejado notar tanto en la oferta, con severas dificultades para las cadenas de suministros y 
el cierre temporal de negocios, como en la demanda doméstica y externa, con una 
importante repercusión sobre algunos sectores como el turismo o el comercio, esenciales 
para la economía española. El cierre temporal de negocios, las restricciones a la libre 
circulación o la suspensión de actos públicos tienen un inevitable impacto sobre las 
empresas, que desempeñan un papel central en la creación de empleo y riqueza para el 
conjunto del país. En estas circunstancias, preservar el tejido productivo y atender a las 
dificultades transitorias de las empresas es una prioridad para superar las consecuencias 
de esta pandemia.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de 
medidas sin precedentes desde el mes de marzo para apoyar al tejido productivo y social, 
minimizar el impacto negativo y lograr sostener una base sobre la que impulsar al máximo 
la actividad económica una vez finalizada la alarma sanitaria. Entre otros, los Reales 
Decretos-leyes 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de 
marzo, 15/2020, de 21 de abril, o 25/2020, de 3 de julio, implementaron un conjunto de 
medidas de apoyo a la liquidez, laborales y de sostenimiento de rentas, con especial 
atención a los autónomos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país 
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y 
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control 
de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes 
disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
No obstante, la llegada del otoño se tradujo en España, al igual que en la mayoría de 
países europeos, en una tendencia ascendente en el número de casos, que han hecho 
necesaria la puesta en marcha de toda una serie de nuevas medidas, amparadas en una 
nueva declaración del estado de alarma por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.
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II
La cadena de valor del turismo es una de las actividades económicas más afectadas 
por la actual crisis sanitaria. España es líder mundial en turismo, sector que representa 
el 12,4 % de su PIB y supone el 13,7 % de la afiliación a la Seguridad Social. En las 
entradas, en el periodo enero-octubre se ha producido una caída de más del 76 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2019, y el gasto turístico ha descendido de forma similar, 
un 75,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Estas caídas en la llegada 
de turistas afectan profundamente al sector hotelero, de transporte aéreo y transporte 
discrecional por autobús.
Por otro lado, el comercio minorista también muestra signos de desgaste a raíz de las 
consecuencias derivadas de la situación sanitaria. El comercio minorista es un sector 
importante de la economía española, no solo por la dimensión, 5,2 por ciento del PIB, y el 
empleo que genera, 10 por ciento del total de ocupados de la economía y el 58,2 por 
ciento del sector del comercio, sino como componente de ordenación económica y social 
del territorio donde se lleva a cabo su actividad: el 13,2 por ciento de las empresas activas 
en 2019 en España tenían como actividad principal la del comercio minorista. El comercio 
minorista, con casi 2 millones de trabajadores, es una fuente importante de empleo 
femenino, con algo más del 60 % de empleos ocupados por mujeres. Además, el 51 por 
ciento de las empresas de comercio minorista con soporte legal de persona física 
correspondían a mujeres, frente a un 36,7 % en el conjunto de la economía española.
El impacto de la elevada incidencia del SARS-CoV-2 y de las medidas adoptadas se 
ha dejado notar con intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector. De acuerdo 
con los índices de comercio al por menor del Instituto Nacional de Estadística, la caída 
promedio de las ventas a precios constantes del sector entre enero y septiembre ha sido 
del 8,5 por ciento.
Todo ello incide en un sector con alta incidencia de autónomos y micropymes y con una 
función económica y social esencial. Además, el cierre de establecimientos comerciales 
repercute no solo sobre los ingresos y empleo del propio sector, sino que tiene un efecto 
arrastre sobre otros sectores productivos, que son los proveedores de sus productos.
La situación descrita y la evolución de la pandemia hacen necesario extender la 
aplicación de algunas de las ayudas aprobadas en meses anteriores, así como aprobar 
nuevas medidas encaminadas a reforzar la actividad económica y a apoyar a empresas y 
autónomos.
III
Ante los impactos económicos y sociales que la crisis sanitaria está generando, y desde 
la primera declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
desde el Gobierno se han adoptado medidas de índole diversa en apoyo de los sectores 
más afectados. Algunos de los más relevantes han sido los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), la moratoria legislativa de deudas hipotecarias y la línea de 
avales del ICO. Las medidas adoptadas hasta el momento han demostrado ser herramientas 
eficaces para mantener los empleos y contener la destrucción de puestos de trabajo.
En el caso del turismo, se debe señalar, en primer lugar, la importancia de los ERTE. 
El acogimiento a expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor ha sido 
muy intenso entre las empresas que operan en el sector turístico, siendo especialmente 
relevante, por el número de personas trabajadoras afectadas, en servicios de comidas y 
bebidas, servicios de alojamiento, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, 
agencias de viajes y operadores turísticos y transporte aéreo. A cierre de noviembre 
de 2020, más de 473.000 trabajadores que pertenecen a las actividades del turismo 
(incluyendo agencias de viajes), hostelería y comercio siguen en la situación de ERTE 
relacionado con el SARS-CoV-2.
En relación con la ampliación de los ERTE de los fijos-discontinuos, se estima que en 
la actualidad aproximadamente 200.000 están afectados por procedimientos de suspensión 
o reducción de jornada, y 32.000 han accedido a la prestación extraordinaria regulada en 
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el artículo 25.6. d) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. De la cifra 
anterior, en el sector turístico se estima que la medida habrá favorecido la contratación de 
unos 125.000 fijos-discontinuos.
Por otro lado, para facilitar el acceso a liquidez a las empresas del sector, el Gobierno 
habilitó la línea de avales COVID-19 del ICO, que hasta el pasado 30 de noviembre, se 
habían avalado 41.500 M€ de préstamos a más de 256.000 empresas del sector turístico 
(incluidas agencias de viajes), hostelería y comercio, el 37 por ciento del total de la 
financiación concedida por esta línea. Unos avales que se añaden a otros 400 millones de 
euros de la línea COVID instrumentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
y ejecutada al cien por cien. Hoteles, restaurantes, empresas del transporte aéreo de 
pasajeros y agencias de viaje figuran entre sus principales beneficiarios.
Según el Banco de España, 40.000 autónomos del sector del turismo, hostelería y 
comercio se habían beneficiado de la moratoria legislativa de deudas hipotecarias, hasta 
el 30 de octubre. Del mismo modo, se han concedido 1.647 moratorias hipotecarias 
específicas para inmuebles afectos a una actividad turística (amparadas en el Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo). El saldo vivo (equivalente al importe agregado) era de 1.800 
millones de euros. Otros 40.000 han visto suspendidas las obligaciones derivadas de los 
contratos de crédito sin garantía hipotecaria.
Finalmente, con carácter específico para el sector turístico, el pasado 18 de junio el 
Gobierno lanzó el Plan de Impulso del Sector turístico, un conjunto de 28 medidas con una 
dotación de 4.262 millones de euros para recuperar la confianza en España como destino 
seguro, mejorar su competitividad, reactivar el sector, reforzar el modelo de conocimiento 
e inteligencia turística y desplegar acciones de marketing y promoción.
El Plan de Impulso contenía de manera muy destacada medidas en el ámbito de 
formación. Así, por ejemplo, dentro del Programa Anfitriones se ha desarrollado una 
capacitación específica para las personas trabajadoras del sector en el cumplimiento de 
las medidas de seguridad sanitaria.
Para la mejora de la competitividad, el Plan de Impulso incorporó el apoyo a nuevas 
herramientas de inteligencia turística, que se ha concretado en la creación del Visor de 
Datos del Turismo (DATAESTUR); el refuerzo de la red de Destinos Turísticos Inteligentes 
y el programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos con una inversión de 58 
millones de euros en 2020 y que se encuentra ya en la fase de ejecución de los 25 
proyectos beneficiarios junto con las comunidades autónomas y entidades locales.
Por otro lado, en lo que se refiere al sector comercial, desde el primer momento el 
Gobierno puso en marcha varias medidas de las que se han beneficiado de manera 
particular empresas y personas trabajadoras de ese sector.
Como en el caso del turismo, cabe destacar las destinadas al mantenimiento del 
empleo y a evitar la destrucción del tejido productivo, respecto de las que cabe señalar que 
dos tercios de los trabajadores del comercio minorista afectados por un ERTE son mujeres, 
así como el aplazamiento de impuestos y contribuciones sociales o las medidas en materia 
de arrendamiento de locales de negocio. Asimismo, ha tenido un gran impacto la Línea 
ICO Avales COVID-19, en la que las operaciones correspondientes al comercio minorista 
ascienden a 105.279, con un total de 82.402 empresas, y una financiación que supera 
los 8.343 millones de euros.
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha mantenido un continuo 
contacto con las comunidades autónomas, con las principales asociaciones de comercio, 
patronal, Cámara de Comercio de España, la FEMP y sindicatos para coordinar 
actuaciones, especialmente en relación con la desescalada y con las condiciones 
sanitarias necesarias para ejercer la actividad comercial en la nueva normalidad. También 
se ha mantenido un diálogo constante con el sector para resolver todo tipo de consultas y 
dudas que iban surgiendo. En este sentido, se habilitó un buzón de consultas, que estuvo 
operativo desde el día 17 de marzo. Hasta finales de agosto, se había dado respuesta a 
casi 2.000 consultas planteadas por particulares, asociaciones, empresas, ayuntamientos 
o comunidades autónomas entre otros.
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De cara a fomentar el consumo se ha planificado el desarrollo de diversas campañas de 
publicidad con la Cámara de Comercio de España, con el objetivo de contribuir a la 
sostenibilidad del comercio minorista. Específicamente, y dada la trascendencia que tiene 
para este sector los meses de noviembre y diciembre en el nivel de ventas, de cara a 
fomentar el consumo en las tiendas físicas, se está desarrollando una campaña de publicidad 
en medios con el lema «Levantar una persiana, es construir un país«, para trasladar un 
llamamiento a la ciudadanía para apoyar día a día el sector comercial -desde el pequeño 
comercio de barrio, las grandes superficies hasta el comercio ambulante- con el objetivo de 
contribuir a su sostenibilidad, además de poner en valor la seguridad en los locales y la 
profesionalidad, calidad, confianza y cercanía de los comerciantes en su trabajo diario.
A esta campaña se unirá la difusión de mensajes para sensibilizar sobre los daños de 
la compra de falsificaciones y concienciar sobre el consumo responsable y seguro en esta 
época de grandes compras a través de la campaña para la lucha contra las falsificaciones 
impulsada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Por todo ello, este real decreto-ley busca aliviar la situación de empresas y autónomos, 
especialmente los relacionados con la actividad turística, hostelera y comercial, para 
permitir que puedan mantener su viabilidad y no se vean irremediablemente abocados al 
cierre como consecuencia de la pandemia.
IV
Este real decreto-ley se estructura en 4 capítulos, 18 artículos, 6 disposiciones 
adicionales, 1 disposición transitoria y 10 disposiciones finales.
En el capítulo I de este real decreto-ley se establecen medidas para reducir los gastos 
fijos de arrendamiento que soportan empresas y autónomos. Debido a las medidas 
excepcionales adoptadas por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, muchas 
actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir 
drásticamente la misma.
Como consecuencia de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos 
durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera 
de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus 
obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad 
de sus actividades.
A falta de acuerdo entre las partes, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, no prevé causa alguna de exclusión del pago de la renta por 
fuerza mayor o por declaración de estado de alarma u otras causas, salvo en lo referido en 
su artículo 26, relativo a la habitabilidad de la vivienda derivada de la ejecución de obras, 
que puede ser aplicable a los locales de negocio a través del artículo 30 de esa misma ley.
Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, 
tampoco ofrece una solución idónea, porque no ajusta la distribución del riesgo entre las 
partes, aunque puede justificar la resolución contractual en los casos más graves.
Por todo lo anterior, se considera conveniente ofrecer una respuesta que permita 
abordar esta situación y regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un 
acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales, como 
continuación y mejora del que se propuso por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
Por otro lado, estas medidas no lesionan los derechos constitucionales que a las partes 
asisten y respetan el contenido esencial de la propiedad privada y la libre empresa 
consagrados en los artículos 33 y 38, respectivamente, de la Constitución Española. Estas 
medidas se ajustan a los parámetros de constitucionalidad que se han venido estableciendo 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para medidas semejantes de intervención 
estatal en relaciones jurídico-privadas, al no implicar el vaciamiento del contenido 
económico de la renta acordada y no suponer una pérdida esencial, o vaciamiento, de la 
utilidad económica del bien arrendado (SSTC 89/1994, de 17 de marzo). En este sentido, y 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la utilidad económica de la propiedad dada 
en arrendamiento implica la percepción de la correspondiente merced arrendaticia.
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Específicamente, el real decreto-ley cumpliría con los juicios de idoneidad y necesidad, 
pues en él se prima con claridad que habrá que estar a lo que voluntariamente pacten el 
arrendador y el arrendatario de establecimientos comerciales, al restringirse la aplicación 
de estas medidas únicamente en aquellos casos en los que no existan pactos entre 
particulares en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del SARS-
CoV-2. Y, finalmente, la norma cumple con el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, 
pues con el mantenimiento de las relaciones contractuales existentes antes de la pandemia 
facilita la solución de conflictos, y evita pérdidas de empleos, empresas y de negocios, 
impagos, situaciones concursales y litigiosidad en el futuro.
Dada la eficacia de los ERTE y de las exenciones vinculadas a ellos para mantener el 
empleo, el capítulo II recoge medidas en el ámbito laboral y de seguridad social que 
pretenden paliar los efectos perniciosos de la pandemia derivada del SARS-CoV-2, en 
especial reforzando la protección de las medidas que afectan en determinados sectores 
productivos, contenidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo. Específicamente, se refuerza la protección en relación con 
las actividades de «Comercio al por mayor de bebidas», «Restaurantes y puestos de 
comidas», «Establecimientos de bebidas», «Actividades de los jardines botánicos, parques 
zoológicos y reservas naturales» y «Actividades de juegos de azar y apuestas». Estas 
actividades se incluyen en este real decreto-ley ya que, con fecha 14 de diciembre, la tasa 
de cobertura de las personas trabajadoras todavía cubiertas por los ERTE es superior 
al 15 % de los afiliados en su código de CNAE, y su tasa de recuperación desde primeros de 
mayo es inferior al 65  %.Por ello, se aplican ahora las exenciones previstas en la disposición 
adicional primera del citado real decreto-ley a las empresas de los sectores indicados que 
han prorrogado sus expedientes de regulación temporal de empleo, respecto a sus personas 
trabajadoras afectadas por los mismos, tanto con su actividad suspendida como reiniciada 
en el mes de diciembre de 2020 o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en 
los términos de su artículo 4.2.a), a las que se aplicarán los mismos porcentajes ya 
establecidos en el apartado 4 de la disposición adicional primera del citado real decreto-ley.
A continuación, el Capítulo III recoge diversas medidas en materia tributaria, con el 
objeto de volver a establecer algunas medidas que ya estuvieron vigentes con anterioridad, 
y adoptar otras nuevas, en aras a disminuir el impacto de la crisis del SARS-CoV-2 en 
sectores especialmente vulnerables, como son, entre otros, el turismo y el comercio.
Así, cabe destacar el restablecimiento de los aplazamientos de deudas tributarias para 
evitar las posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar las pymes y los 
autónomos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de tributos que ya se 
había establecido en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de 
adaptar la cuantía del rendimiento neto determinado con arreglo al método de estimación 
objetiva a la realidad económica derivada de la actual situación de emergencia sanitaria, 
por una parte, se eleva el porcentaje de reducción del cinco por ciento a aplicar al 
rendimiento neto de módulos en la declaración del Impuesto correspondiente al 
ejercicio 2020. En concreto, dicha reducción queda fijada, con carácter general, en el veinte 
por ciento, porcentaje que se eleva hasta el treinta y cinco por ciento para actividades 
vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio. Además, el nuevo importe de la 
reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos del cuarto pago 
fraccionado correspondientes al ejercicio 2020 y para el primer pago fraccionado de 2021.
Adicionalmente, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, de forma análoga 
a lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se elimina la vinculación 
obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. En concreto, se establece que la renuncia a la aplicación del método de 
estimación objetiva para el ejercicio 2021, no impedirá volver a determinar con arreglo a 
dicho método el rendimiento de la actividad económica en 2022. Igualmente, para aquellos  
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contribuyentes que renunciaron a dicho método en el ejercicio 2020, de forma tácita 
mediante la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio, o con posterioridad, de forma expresa o tácita, se permite que puedan volver a 
aplicar el método de estimación objetiva en los ejercicios 2021 o 2022.
Por otra parte, también de manera análoga a la medida adoptada por el Real 
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que consideró como período de inactividad el tiempo 
en el que estuvo declarado el estado de alarma a los efectos de cuantificar el pago 
fraccionado del primer y segundo trimestre de 2020, se declara, a los efectos del cálculo 
del rendimiento anual con arreglo al método de estimación objetiva, que no se computen 
como período en el que se hubiera ejercido la actividad, tanto los días en que estuvo 
declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, como los días del segundo 
semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio 
efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de 
las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2. Asimismo, se establece que tales 
días tampoco se tengan en cuenta de cara a la cuantificación del pago fraccionado 
correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
En el Impuesto sobre el Valor añadido, y en paralelo con lo que se establece en el 
método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, se 
reduce en el año 2020 un veinte por ciento la cuota anual devengada por operaciones 
corrientes del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, porcentaje que se 
eleva hasta el treinta y cinco por ciento para las actividades vinculadas al sector turístico, 
la hostelería y el comercio. Dichas reducciones se aplicarán también en el cálculo del 
ingreso a cuenta correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio 2021, y en el 
cálculo de la referida cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no se computarán como período de 
actividad los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre 
de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado 
o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto 
suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente 
para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Debe indicarse que, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 
régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se considera oportuno fijar un nuevo plazo para presentar 
las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.
Por otra parte, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas 
físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas 
vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en 
la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, 
permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital 
inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.
Asimismo, en los impuestos personales cuya base imponible se determina conforme al 
Impuesto sobre Sociedades, se modifica la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por 
deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores de forma que 
los seis meses que se exige que hayan transcurrido entre el vencimiento de la obligación y 
el devengo del Impuesto se reducen a tres meses para las empresas de reducida dimensión, 
con el objeto de que estas empresas puedan acelerar la incorporación en la base imponible 
de tales pérdidas en los períodos impositivos que se inicien en los años 2020 y 2021. Esta 
previsión se recoge también de forma paralela en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de modo que las cantidades adeudadas puedan anticipar su consideración de gasto 
deducible en el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario.
Por último, el capítulo IV introduce medidas de flexibilización que permitan el 
mantenimiento de incentivos regionales y ayudas para garantizar la liquidez del sector 
turístico. Los incentivos regionales son las ayudas financieras que concede la Administración 
General del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial,  
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orientando su localización hacia zonas previamente determinadas. Consisten en subvenciones 
a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales.
Ante las consecuencias originadas por la crisis sanitaria se pone de manifiesto la 
necesidad de flexibilizar algunos de los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas, y 
así se hace en relación con el nivel mínimo de fondos propios, las condiciones de 
mantenimiento del empleo y de la inversión, así como la posible ejecución de proyectos.
V
Por lo que respecta a las disposiciones de la parte final, la disposición adicional primera 
excluye de la aplicación de las medidas contempladas en el capítulo I a las personas 
arrendatarias de las entidades a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del sector ferroviario, debido a que en ese ámbito ya existe una regulación 
específica al respecto, la prevista en el artículo 10 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica, para cuya solicitud se abre de nuevo el plazo de forma 
extraordinaria.
La disposición adicional segunda prevé un régimen transitorio de las zonas de gran 
afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 
Comerciales. Ante la apremiante situación del comercio minorista, una de las medidas más 
importantes para el impulso y la flexibilidad de la oferta en el sector de la distribución 
minorista pasa por la flexibilización de horarios comerciales y el fomento de comercio de 
compras, lo que requiere una modificación de los criterios exigidos para poder declarar un 
área como zona de Gran Afluencia Turística.
Actualmente, los criterios utilizados en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, se refieren 
a los datos estadísticos del ejercicio inmediatamente anterior referentes a habitantes, 
pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los datos de 2020 serán muy inferiores 
a los de años anteriores, los requisitos para ser declarada como Zona de Gran Afluencia 
Turística en 2021 resultarán mucho más difíciles de cumplir, con el consiguiente perjuicio 
para el comercio minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no 
tengan en cuenta los datos de 2020, que por su carácter especialmente bajo podrían 
desvirtuar el objetivo de la norma de dinamizar el comercio minorista.
La disposición adicional tercera mantiene la extensión de la bonificación por 
prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos 
de forma excepcional durante 2021, en todas las comunidades autónomas y durante los 
meses de abril a octubre de 2021, de manera complementaria a la medida prevista para 
los meses de febrero, marzo y noviembre en el proyecto de ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021, así como mantener la compatibilidad de estas bonificaciones con 
las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que pudieran resultar aplicables.
La disposición adicional cuarta exime a los artistas en espectáculos públicos y a los 
profesionales taurinos de acreditar el cumplimiento del requisito de haber prestado servicios 
con unas retribuciones mínimas o participado en un número determinado de espectáculos, 
a efectos de mantenerse incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante 
el año 2021; teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones que para el ejercicio de su 
actividad han sufrido como consecuencia de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.
La disposición adicional quinta amplia el plazo de solicitud del subsidio especial por 
desempleo regulado en el artículo 1 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por 
el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo 
y de apoyo al sector cultural, para aquellas personas que hubieran agotado prestaciones 
por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020. El nuevo plazo será de un 
mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
La disposición adicional sexta declara de interés general a las obras para la 
construcción, reforma, mejora, ampliación o rehabilitación de las infraestructuras, 
instalaciones y equipamientos que se hallen incluidas en los planes de infraestructuras 
para la seguridad del Estado y de los Centros de Internamiento de Extranjeros aprobados 
por acuerdos del Consejo de Ministros.
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Por su parte, la disposición final primera revisa la exención prevista para las retribuciones 
en especie derivadas de fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor de 
empresa, con la finalidad de aclarar que dicha exención resulta también de aplicación en el 
caso del trabajo a distancia o no presencial. De esta forma, la exención debe resultar 
aplicable no solo cuando el servicio se presta en el propio local del establecimiento de 
hostelería, sino también cuando la prestación se efectúe para su consumo fuera del citado 
local, tanto en el caso de su recogida en el mismo por el propio trabajador, como en el de su 
entrega en su centro de trabajo o, en el caso de un día de trabajo a distancia o de teletrabajo, 
en el lugar elegido por aquel para desarrollar este último.
A continuación, la disposición final segunda incluye una modificación de la disposición 
adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, al objeto de incorporar un apartado 
para regular la coordinación entre el planeamiento urbano y aquellas obras que los 
órganos de la Administración General del Estado desarrollen al amparo del artículo 120 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En la aplicación 
práctica del régimen jurídico vigente en este supuesto se ha comprobado que en su 
redacción actual desnaturaliza la efectividad de la actuación administrativa de emergencia. 
En consecuencia, y en coherencia con la necesidad de actuación inmediata prevista en 
dicho artículo, la modificación establece una reducción de plazos para los trámites de 
comunicación entre las administraciones competentes.
La modificación se completa con la incorporación de una disposición transitoria para 
permitir que este régimen jurídico se aplique a los proyectos o actuaciones que se 
encuentren pendientes de a la fecha de su entrada en vigor de la recepción prevista en el 
artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Por un lado, se 
introduce una nueva disposición adicional trigésimo primera por la que se limita el alcance 
de la devolución de cuotas en aquellos casos en que su procedencia se derive de solicitudes 
de variación o corrección de datos de Seguridad Social efectuadas fuera de plazo 
reglamentario. En tales supuestos, únicamente se tendrá derecho al reintegro del importe 
correspondiente a las tres mensualidades anteriores a la fecha de presentación de esas 
solicitudes. Por otro lado, se reforma la disposición transitoria decimosexta del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a las bases y tipos de cotización 
y a la acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, de modo que se amplía hasta el año 2023 el 
periodo transitorio de aplicación de la escala de bases de cotización de dicho sistema 
especial que en ella se contempla y que, conforme a su actual redacción, finalizaría este 
año 2020, acompasándose así las previsiones de dicha disposición transitoria a la 
regulación que sobre bases y tipos de cotización para el referido sistema especial se 
contiene en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
A continuación, la disposición final cuarta amplía el plazo para realizar gastos 
subvencionables en las ayudas a los titulares de las salas de exhibición, reconocidas en el 
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Inicialmente, dicho plazo comprendía solo el 
ejercicio 2020. No obstante, la actividad de exhibición se ha visto alterada sustancialmente, 
tanto por las medidas sanitarias y de prevención acordadas, como por la retirada del 
mercado de las grandes producciones. De este modo, se ha dificultado, cuando no 
impedido, la realización de los gastos subvencionables durante este año 2020, siendo 
imprescindible extender el plazo para ello hasta el 31 de mayo de 2021.
La disposición final quinta añade un nuevo apartado al artículo 29 del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. La situación 
de pandemia ha determinado que la implantación del procedimiento que en él se establece 
no hubiera podido realizarse, desde el inicio, de forma generalizada, por la necesidad de 
realizar los desarrollos técnicos necesarios de interoperabilidad entre administraciones. 
Una vez completados los desarrollos técnicos, resulta urgente su implementación para 
atender, con la mayor premura posible, las situaciones de necesidad que son objeto de 
protección por el ingreso mínimo vital. Este mecanismo supone, además, un avance en la  
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colaboración entre administraciones y un beneficio para el ciudadano, permitiéndole 
relacionarse con la administración que pueda resultarle más cercana.
La disposición final sexta modifica el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, al 
objeto de incorporar la necesaria referencia al Instituto Social de la Marina y reflejar sus 
competencias.
La disposición final séptima establece, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2022, y 
de conformidad con lo establecido en la Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de 
diciembre de 2020, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas 
temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido aplicable a las vacunas 
contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad 
en respuesta a la pandemia de COVID-19, la aplicación del tipo del cero por ciento del IVA 
a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las vacunas y de los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19, para favorecer la vacunación 
de la población española y el diagnóstico de su evolución sanitaria hasta la erradicación 
de la pandemia. También será de aplicación el tipo cero del impuesto a los servicios de 
transporte, almacenamiento y distribución de estos productos para rebajar los costes 
asociados a su utilización y garantizar su difusión. Para evitar la necesidad de adaptar los 
sistemas de facturación de los sujetos pasivos, estas operaciones se documentarán en 
factura como operaciones exentas. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del 
cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación. En paralelo con 
lo anterior, también se realiza un ajuste en el tipo del recargo de equivalencia aplicable a 
las mencionadas operaciones.
Por último, las disposiciones finales octava, novena y décima, se refieren al desarrollo 
reglamentario y ejecución del real decreto-ley, a los títulos competenciales que amparan al 
Estado para dictar esta norma, y a la entrada en vigor de la norma.
Las medidas contenidas en este real decreto-ley que constituyan ayudas de Estado se 
establecerán de acuerdo con la normativa de la Unión Europea al respecto. En particular, 
cuando se considere de aplicación, se configurarán de conformidad con el Marco Temporal 
de Ayudas -COVID 19 y con el Marco Nacional Temporal aprobado por las Decisiones de 
la Comisión Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, y SA.57019 (2020/N), 
de 24 de abril de 2020 y sus modificaciones.
VI
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en 
caso de extraordinaria y urgente necesidad». La adopción de medidas de carácter económico 
acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional 
siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por 
tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como 
tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una 
tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la grave 
situación que viene soportando nuestro país desde la declaración de emergencia de salud 
pública de importancia internacional, que impuso la necesidad de declarar el estado de 
alarma y que ha supuesto a la ciudadanía, trabajadores, empresas y sector público un 
sacrificio que demanda una respuesta adicional de los poderes públicos. El rápido 
empeoramiento de la situación sanitaria ha generado una segunda ola de contagios que 
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ha requerido de la aplicación de nuevas medidas sanitarias de contención que permitan 
frenar la expansión de la enfermedad. Estas medidas necesarias para la protección de la 
salud pública tienen un impacto en la actividad económica que no puede desconocerse. A 
la ya débil situación de la economía, y en concreto de los sectores del turismo, hostelería 
y comercio, se unen nuevas restricciones que afectan a los patrones de consumo.
Para evitar el colapso de estos sectores se requiere de una actuación urgente que 
permita asegurar su viabilidad. En este sentido, medidas como las propuestas en este real 
decreto-ley en materia de arrendamientos de locales de negocios, tributos, seguridad social, 
mantenimiento de los incentivos regionales o zonas de gran influencia turística son urgentes 
para evitar el estrangulamiento económicos de autónomos y pymes como consecuencia de 
las medidas de contención adoptadas. Es necesaria su aprobación inmediata para aliviar 
sus problemas de tesorería y evitar una mayor destrucción de empleo.
En definitiva, las circunstancias actuales requieren de una política pública destinada a 
cumplir unos objetivos bien definidos por el Gobierno y cuya materialización requiere de 
una extraordinaria y urgente implementación y de su impulso en este momento que 
motivan la urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley y que se inscribe en el juicio 
político o de oportunidad que corresponde al propio Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica y la salud pública.
Como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de subrayar «el hecho de que una 
materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo 
ipso la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley« 
(SSTC 60/1986, FJ 2; 182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9; 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5).
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún 
caso, el presente real decreto-ley desborda o constituye un supuesto de uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). 
Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción 
de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
A su vez, las medidas establecidas por el real decreto-ley no lesionan derechos 
constitucionales y respetan el contenido esencial de la propiedad privada y la libre empresa 
consagrados en el artículo 33 y 38, respectivamente, de la Constitución Española. Estas 
medidas se ajustan a los parámetros de constitucionalidad que se han venido 
estableciendo.
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento jurídico, se debe tener en cuenta tanto la 
concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de 
norma, como cuales son las materias vedadas a este instrumento normativo. En relación 
con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-
leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de 
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real 
decreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de la 
ciudadanía, no se incide en el régimen de las comunidades autónomas puesto que no es 
objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna con el régimen 
electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación en este punto.
En particular, y por lo que se refiere a las medidas de carácter tributario, como señala 
la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que la materia tributaria esté 
sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de que dicha reserva tenga 
carácter relativo y no absoluto «no se deriva necesariamente que se encuentre  excluida del 
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ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en la materia tributaria siempre 
que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no ‘afecte’, en el 
sentido constitucional del término, a las materias excluidas» (SSTC 182/1997, de 28 de 
octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, 
de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).
Y, sobre este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del título I de la 
Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta el 
art. 31.1 CE, precepto que establece «un auténtico mandato jurídico, fuente de derechos 
y obligaciones», del que «se deriva un deber constitucional para los ciudadanos de 
contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los gastos 
públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los deberes cuya 
afectación está vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos que enuncia el art. 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, 
de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución Española «conecta el citado deber de 
contribuir con el criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con 
cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo 
que queda claro que «que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, 
afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» 
(SSTC 182/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de 
junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el art. 86 CE 
«cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, 
altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en 
el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 
de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, 
será preciso tener en cuenta «en cada caso en qué tributo concreto incide el decreto-ley 
–constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del 
sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad 
económica–,qué elementos del mismo –esenciales o no resultan alterados por este 
excepcional modo de producción normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la 
concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).».
A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que las medidas tributarias contenidas 
en este real decreto-ley no vulneran el citado artículo 31 de la Constitución ya que, como 
se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), no alteran «de manera relevante la 
presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado 
un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, 
de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
Las medidas tributarias ahora adoptadas cumplen escrupulosamente con las 
exigencias constitucionales expresadas en la jurisprudencia antes mencionada.
VII
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en 
el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas excepcionales 
derivadas de la crisis de salud pública provocada por el SARS-CoV-2, siendo este el momento 
de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y constituyendo el real 
decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
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La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y de 
las personas trabajadoras en particular y minimizar el impacto en la actividad económica 
ante la situación excepcional actual.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el 
derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios 
rectores de la política social y económica.
En cuanto al principio de transparencia, el real decreto-ley expone con claridad sus 
objetivos, y se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone 
cargas administrativas.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 
Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; y legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
comunidades autónomas; establecidas en los artículos 149.1.1.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª, 
respectivamente, de la Constitución; así como al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 
de la Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que 
podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura 
como deber y atribución esencial.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la 
Ministra de Hacienda, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 22 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocios
Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
1. En ausencia de un acuerdo entre las partes para la reducción temporal de la renta 
o una moratoria en el pago de la misma, la persona física o jurídica arrendataria de un 
contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de 
industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3 de este real decreto-ley, 
podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea 
una empresa o entidad pública, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o 
jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o 
una superficie construida de más de 1.500 m2, una de las siguientes alternativas:
a) Una reducción del 50 por ciento de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure 
el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, y sus prórrogas y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta 
un máximo de cuatro meses.
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b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará durante el periodo 
de tiempo que dure el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020,  de 25 de 
octubre y sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un 
máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, 
a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia al fin del plazo señalado en el 
apartado 3. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos 
años a contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo a lo largo del 
cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, 
repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo largo del período.
2. En los casos en los que en el contrato de arrendamiento esté previsto el pago, 
además de la renta arrendaticia, de otros gastos derivados de servicios de mantenimiento 
o de otro tipo, y de los cuales el arrendatario se beneficia, estos gastos comunes quedarán 
excluidos de las medidas previstas en el apartado anterior.
3. La persona arrendadora comunicará expresamente su decisión a la arrendataria, 
en el plazo máximo de siete días hábiles, desde que la arrendataria le haya formulado su 
solicitud por un medio fehaciente. A partir de la siguiente mensualidad arrendaticia al fin de 
ese plazo, se aplicará automáticamente la medida elegida por el arrendador de entre las 
descritas en los apartados a y b del apartado 1, o, en defecto de comunicación expresa en 
plazo, la solicitada por el arrendatario.
4. En caso de que las partes hubieran llegado a un acuerdo sobre la reducción de la 
renta o la moratoria de su pago que afectara únicamente a una parte del período comprendido 
por el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y sus 
prórrogas, así como a un máximo de cuatro meses posteriores a la finalización de la última 
prórroga de dicho estado de alarma, los apartados 1 y 2 de este artículo también resultarán 
de aplicación, pero la medida correspondiente prevista en el apartado 1 se aplicará 
únicamente para la parte del período no afectada por el acuerdo de las partes.
Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el 
artículo 1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona 
arrendadora, antes del 31 de enero de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en 
el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera 
acordado por ambas partes con carácter voluntario.
2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refiere el apartado anterior, las 
partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas 
mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente 
de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo 
de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del 
contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
Artículo 3. Requisitos de los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios a efectos de 
los artículos 1 y 2.
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2, los trabajadores 
autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda 
cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad 
económica desarrollada por el trabajador autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de 
alarma mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en el Régimen Especial de 
cve: BOE-A-2020-16823
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la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las 
Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en 
vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas por la Autoridad 
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se 
deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 
aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica 
desarrollada por una pyme:
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en 
vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas por la Autoridad 
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud 
de lo previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se deberá acreditar la 
reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento o 
reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media 
mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
Artículo 4. Acreditación de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se acreditará por 
la persona arrendataria ante la arrendadora mediante la presentación de la siguiente 
documentación:
a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de 
una declaración responsable en la que, sobre la base de la información contable y de 
ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, 
un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año 
anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar 
sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por la entidad competente para tramitar 
el cese de actividad extraordinario regulado en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por el interesado.
Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida de la reducción y el aplazamiento 
temporal y extraordinario en el pago de la renta.
Las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de la reducción y del 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 3, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan 
podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas 
medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la 
conducta de los mismos pudiera dar lugar.
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Artículo 6 . Exclusión de la aplicación de la medida a arrendadores incursos en concurso 
de acreedores.
1. Lo dispuesto en el artículo 1 no resultará de aplicación cuando la persona 
arrendadora se encuentre en concurso de acreedores o cuando, como consecuencia de la 
aplicación de las medidas previstas en dicho artículo, el arrendador se encuentre en 
probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia inminente o actual, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal.
2. El arrendador que pretenda la aplicación de este artículo 6 deberá acreditar 
encontrarse en alguna de las situaciones previstas en él.
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo en el ámbito laboral y seguridad social
Artículo 7. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes 
de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero 
de 2021 para determinadas actividades de los sectores de turismo, hostelería y comercio.
1. Las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo basados 
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogados automáticamente 
hasta el 31 de enero de 2021 de conformidad con el artículo 1 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y cuya 
actividad se clasifique en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09–, 4634 (Comercio al por mayor de bebidas), 5610 (Restaurantes 
y puestos de comidas), 5630 (Establecimientos de bebidas), 9104 (Actividades de los 
jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales) y 9200 (Actividades de juegos 
de azar y apuestas), quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta respecto de las 
personas trabajadoras afectadas por dichos expedientes que reinicien su actividad a partir 
del 1 de diciembre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en los 
términos de su artículo 4.2.a), por los periodos y porcentajes de jornada trabajados en 
dicho mes; y respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades 
suspendidas en el mes de diciembre de 2020 o en el mes de enero de 2021, por los 
periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
2. Esta exención se aplicará en los porcentajes y condiciones que se indican a 
continuación:
a) El 85 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
b) El 75 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras 
o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
3. La exención regulada en este artículo será incompatible con las medidas reguladas 
en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 2 del citado real decreto-ley, en materia de procedimiento de aplicación, control, 
efectos, financiación y alcance de las exenciones, y los artículos 4 a 7 del citado real 
decreto-ley, en materia de límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia 
fiscal, salvaguarda del empleo, medidas extraordinarias para la protección del empleo, 
interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, horas 
extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad.
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4. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la 
CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación 
para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de 
cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007.
CAPÍTULO III
Medidas en materia tributaria
Artículo 8. Aplazamiento de deudas tributarias.
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda 
tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 
cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril 
de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan 
los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen 
referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea 
una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 
el año 2020.
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 
aplazamiento.
Artículo 9.  Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la 
cuota devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
1. La reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden 
HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, será:
a) El 20 por 100, para las siguientes actividades:
IAE Actividad económica
División 0 Ganadería independiente.
– Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no 
incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.
– Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.
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IAE Actividad económica
–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.
–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.
–Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.
– Producción de mejillón en batea.
419.1 Industrias del pan y de la bollería.
419.2 Industrias de la bollería, pastelería y galletas.
419.3 Industrias de elaboración de masas fritas.
423.9 Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares.
641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
642.1, 2, 3 
y 4Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.
642.5 Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
642.6 Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.
643.1 y 2 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería.
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
644.6Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
647.1 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.
647.2 y 3Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.
659.4 Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.
691.9 Reparación de calzado.
691.9Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales).
692 Reparación de maquinaria industrial.
699 Otras reparaciones n.c.o.p.
721.2 Transporte por autotaxis.
722 Transporte de mercancías por carretera.
751.5 Engrase y lavado de vehículos.
757 Servicios de mudanzas.
849.5 Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios.
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IAE Actividad económica
933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
933.9Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y 
oposiciones y similares n.c.o.p.
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.
972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero.
972.2 Salones e institutos de belleza.
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
b) El 35 por ciento, para las siguientes actividades:
IAE Actividad económica
651.1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.
651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
651.3 y 5 Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.
651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
651.6Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y 
artículos de viaje en general.
652.2 y 3Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y 
otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal.
653.1 Comercio al por menor de muebles.
653.2Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.
653.3Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos).
653.4 y 5 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc.
653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.
654.5Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos).
654.6Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de 
comercio al por mayor de los artículos citados.
659.2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.
659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.
659.4Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en 
quioscos situados en la vía pública.
659.6Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y 
artículos de pirotecnia.
659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.
662.2Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1.
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IAE Actividad económica
663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados.
663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.
663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.
663.4Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general.
663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.
671.4 Restaurantes de dos tenedores.
671.5 Restaurantes de un tenedor.
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673.1 Cafés y bares de categoría especial.
673.2 Otros cafés y bares.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas.
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes.
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
2. El importe de la reducción previsto en el apartado 1 anterior se tendrá en cuenta 
para cuantificar el rendimiento neto a efectos del cuarto pago fraccionado correspondiente 
al ejercicio 2020.
3. Para el cálculo del primer pago fraccionado correspondiente al ejercicio 2021, la 
reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden HAC/1155/2020, de 25 
de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2021 el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, será la prevista en el apartado 1 anterior.
4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen 
actividades empresariales o profesionales incluidas en el anexo II de la Orden 
HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, y estén acogidos al régimen especial simplificado, a 
efectos del cálculo de la cuota anual del citado régimen especial, podrán reducir en un 20 
por ciento el importe de las cuotas devengadas por operaciones corrientes correspondientes 
a tales actividades en dicho año.
No obstante, dicha reducción será del 35 por ciento para las siguientes actividades:
I.A.E. Actividad económica
653.2Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.
653.4 y 5 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc.
654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.
654.5Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos).
654.6 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
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I.A.E. Actividad económica
659.3Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.
663.1Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de 
masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de 
chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia 
instalación o vehículo.
671.4 Restaurantes de dos tenedores.
671.5 Restaurantes de un tenedor.
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673.1 Cafés y bares de categoría especial.
673.2 Otros cafés y bares.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas.
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes.
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
5. Los empresarios y profesionales referidos en el apartado 4 anterior podrán reducir 
en un 20 o 35 por ciento los porcentajes señalados en el número 3 de las Instrucciones 
para la aplicación de los índices y módulos en el Impuesto sobre el Valor añadido del 
anexo II de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, para el cálculo del ingreso a 
cuenta correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio 2021.
Artículo 10. Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al 
método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al 
método de estimación directa por haber renunciado para el ejercicio 2020 al método de 
estimación objetiva en la forma prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 33 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, o en el momento de presentar la declaración censal en 
caso de inicio de la actividad a partir de 1 de abril de 2020, podrán volver a determinar el 
rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva 
en el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y 
revoquen la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) 
del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago 
fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 o 2022, según corresponda, en la forma 
dispuesta para el método de estimación objetiva.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al 
método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, 
en las formas previstas en el apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su 
actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, 
cve: BOE-A-2020-16823
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siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia al método 
de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o mediante la 
presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer 
trimestre del ejercicio 2022 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.
3. La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la posterior revocación prevista en los párrafos anteriores tendrá los 
mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario.
Artículo 11.  Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en la determinación 
del rendimiento anual con arreglo al método de estimación objetiva del impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y en el cálculo de la cuota devengada por operaciones 
corrientes del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
dicho período.
1. A los efectos previstos en el número 7 de las Instrucciones para la aplicación de 
los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los 
números 8 y 9 de las Instrucciones para la aplicación de los índices y módulos en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido del anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de 
noviembre, no se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido 
la actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre 
de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado 
o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto 
suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente 
para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
En particular, para la cuantificación de los módulos «personal asalariado», «personal 
no asalariado» y «personal empleado», en su caso, no se computarán como horas 
trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior y para la 
cuantificación de los módulos «distancia recorrida» y «consumo de energía eléctrica» no 
se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente 
correspondan a los días a que se refiere el primer párrafo.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, 
de 22 de noviembre, y determinen el rendimiento neto de aquellas por el método de 
estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en 
función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 110 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al cuarto 
trimestre de 2020 no computarán como días de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los 
días naturales en los que el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto 
suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente 
para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Artículo 12.  Plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales 
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
para el año 2021.
1. El plazo de renuncias al que se refieren los artículos 33.1.a) del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 33.2, párrafo segundo, del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, así como la revocación de las mismas, que deben surtir efectos para 
el año 2021, será desde el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente real decreto-ley hasta el 31 de enero de 2021.
2. Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2021, a los regímenes 
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
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Añadido o al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al inicio del plazo previsto 
en el apartado 1 anterior, se entenderán presentadas en período hábil.
No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto en el párrafo anterior, 
podrán modificar su opción en el plazo previsto en el apartado 1 anterior.
Artículo 13. Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia.
Con efectos desde 1 de enero de 2021 se añade una disposición adicional cuadragésima 
novena en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima novena. Gastos deducibles de los 
rendimientos del capital inmobiliario correspondientes a alquileres de locales a 
determinados empresarios durante el período impositivo 2021.
Los arrendadores distintos de los previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Real 
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, que hubieran suscrito un 
contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, o de industria, con un arrendatario que destine el inmueble al desarrollo de 
una actividad económica clasificada en la división 6 o en los grupos 755, 969, 972 
y 973 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, podrán 
computar en 2021 para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario como gasto 
deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran 
acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades 
devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del Impuesto 
del importe del gasto deducible a que se refiere el párrafo anterior por este incentivo, 
consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta 
se hubiese rebajado.
No será aplicable lo establecido en esta disposición, cuando la rebaja en la renta 
arrendaticia se compense con posterioridad por el arrendatario mediante incrementos 
en las rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios sean una 
persona o entidad vinculada con el arrendador en el sentido del artículo 18 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades o estén unidos con aquel por vínculos de parentesco, 
incluido el cónyuge, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el 
segundo grado inclusive.»
Artículo 14. Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las 
posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida dimensión en los períodos 
impositivos que se inicien en 2020 y 2021.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No residentes que obtengan rentas 
mediante establecimiento permanente situado en territorio español que cumplan las 
condiciones del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, en los períodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021 
podrán deducir, en dichos períodos, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de 
las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el 
plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere la letra 
a) del apartado 1 del artículo 13 de dicha ley sea de tres meses.
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Artículo 15. Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios 
tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.
El plazo de seis meses a que se refiere el número 2.º de la letra e) del artículo 13 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas quedará reducido a tres 
meses en los ejercicios 2020 y 2021.
Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.
CAPÍTULO IV
Flexibilización de los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales
Artículo 16. Flexibilización de los requisitos relativos al cómputo de fondos propios para 
el mantenimiento de los incentivos regionales.
A los efectos de la obligación de contar con un nivel mínimo de fondos propios fijado en 
la resolución individual de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.b) del 
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos 
regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para 
la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, y en relación con las personas 
solicitantes que hubieran sido declarados como beneficiarios de los incentivos regionales con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021.
Artículo 17. Habilitación para la suspensión de la ejecución de los proyectos.
1. Las empresas beneficiarias de los incentivos regionales podrán solicitar la 
modificación de los plazos o calendario de cumplimiento de condiciones para la ejecución 
del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión en los 
términos previstos en el artículo 31.1.d) del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio de 2007, 
por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
2. La solicitud deberá realizarse antes del vencimiento de los plazos cuya 
modificación se solicita, pero no será necesario que se realice al menos 2 meses antes del 
vencimiento de los mismos.
Artículo 18. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del empleo y de la 
inversión en las concesiones de incentivos regionales.
1. A los efectos de acreditar el cumplimiento de la condición de mantenimiento del 
empleo recogida en las resoluciones individuales de concesión de incentivos regionales, 
se computarán aquellas personas trabajadoras que mantienen su relación con la empresa 
pero que se encuentran en situación de cese temporal en virtud de expedientes de 
regulación tramitados por las causas legalmente previstas y reconocidas por la 
administración, siempre que, una vez terminada la situación que motivó el cese temporal, 
se restituya el empleo preexistente durante el tiempo legalmente establecido por la 
normativa laboral aplicable.
2. A los efectos de acreditar el cumplimiento de la condición de mantenimiento de la 
inversión en condiciones normales de funcionamiento recogida en las resoluciones 
individuales de concesión de incentivos regionales, se considerarán condiciones normales 
de funcionamiento el cese temporal de la actividad justificado por circunstancias 
excepcionales siempre que los activos de la inversión subvencionada se mantengan en 
condiciones de funcionar, el empleo se mantenga a un nivel compatible con el desarrollo 
de la actividad, y esta se reinicie efectivamente tan pronto desaparezcan las circunstancias 
excepcionales que motivaron su cese temporal.
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Disposición adicional primera. Arrendamientos de las entidades a las que se refiere el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
Las medidas extraordinarias contempladas en el capítulo I de este real decreto-ley no 
serán de aplicación a las personas arrendatarias de las entidades a que se refiere el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que se regirán 
en esta materia por lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica.
No obstante lo anterior, se establece que las personas arrendatarias de esas entidades 
del mencionado artículo 22.1 podrán solicitar la aplicación de las medidas contempladas 
en el artículo 10 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, en el plazo de un mes desde 
la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda.  Régimen transitorio de las zonas de gran afluencia 
turística para 2021, reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre de horarios 
comerciales.
Durante el ejercicio 2021, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia 
turística que deban declararse o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o 
mantenimiento de las circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, 
y de las distintas normas autonómicas dictadas en desarrollo del mismo, no se considerarán 
los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros de cruceros del año 2020. En su lugar, 
se aplicará la media de los tres años anteriores, del 2017 al 2019 inclusive.
Disposición adicional tercera.  Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de 
actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de 
turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, 
siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad 
productiva en los meses de abril a octubre de 2021, y que inicien o mantengan en alta 
durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo 
discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los 
conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de 
dichas personas trabajadoras.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de las medidas que con la misma finalidad y por 
otros periodos se puedan establecer en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2021.
2. Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas 
empresariales a la Seguridad Social que pudieran corresponder. El importe resultante de 
aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100 
por 100 de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.
Disposición adicional cuarta. Supresión durante el año 2021 de los requisitos mínimos de 
actividad para el mantenimiento en el Censo de Activos de los Profesionales Taurinos 
y para la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los artistas en 
espectáculos públicos durante los períodos de inactividad.
1. Los artistas en espectáculos públicos que en algún momento del año 2020 
hubieran estado en alta en el Régimen General de la Seguridad Social por dicha actividad, 
o en situación de inactividad a la que se refiere el artículo 249 ter del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
cve: BOE-A-2020-16823
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de 30 de octubre, podrán solicitar durante el ejercicio 2021 su inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social durante sus períodos de inactividad sin necesidad de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en dicho artículo.
2. A efectos de la actualización del Censo de Activos de Profesionales Taurinos 
durante el ejercicio 2021, se exime a los profesionales taurinos de acreditar el cumplimiento 
del requisito de haber participado en un número mínimo de espectáculos durante la 
temporada taurina correspondiente al año 2020, conforme a lo previsto en el artículo 11, 
apartado 3.1, de la Orden de 20 de julio de 1987, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, que procede a la integración de diversos 
Regímenes Especiales en materia de campo de aplicación, inscripción de Empresas, 
afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación.
Como consecuencia de lo anterior, con efectos de 1 de enero de 2021, se consideran 
en situación de alta en el Censo de Activos de Profesionales Taurinos a todos los 
profesionales taurinos que lo estuvieran a fecha de 31 de diciembre de 2019, así como a 
aquellos que hubieran ingresado en dicho Censo a lo largo de 2020.
Disposición adicional quinta. Medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural.
1. Se otorga un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para el subsidio 
especial por desempleo regulado en el artículo 1 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección 
por desempleo y de apoyo al sector cultural, que podrán presentarse durante el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley. Las 
solicitudes presentadas pasado dicho plazo serán denegadas.
2. La solicitud de este subsidio implicará la suscripción del compromiso de actividad 
al que se refiere el artículo 300 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social
Disposición adicional sexta. Declaración de interés general de las infraestructuras para 
la seguridad del Estado incluidas en planes aprobados por el Consejo de Ministros.
Las obras para la construcción, reforma, mejora, ampliación o rehabilitación de las 
infraestructuras, instalaciones y equipamientos que se hallen incluidas en los planes de 
infraestructuras para la seguridad del Estado y de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros aprobados por acuerdos del Consejo de Ministros tendrán, a todos los efectos 
previstos en las leyes, la consideración de obras de interés general.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio para actos promovidos por la 
Administración General del Estado sujetos a intervención municipal previa y que 
cumplan los requisitos para la tramitación de emergencia en el ámbito del texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
La disposición final segunda de será de aplicación a los proyectos o actuaciones que 
se encuentren, a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, pendientes de la 
tramitación previa a la recepción prevista en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. En estos supuestos se entenderá 
excepcionalmente iniciado el procedimiento previsto en el apartado 1 de la disposición 
adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con la declaración de 
emergencia adoptada por el órgano competente. Asimismo, las actuaciones previstas en 
los párrafos a) y b) del apartado 4 de esa misma disposición adicional se podrán solicitar 
en un mismo trámite. En el caso de que el Ayuntamiento o, en su caso, la Comunidad 
Autónoma no se pronuncien en el plazo establecido, se podrán proseguir las actuaciones.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio.
Con efectos desde 1 de enero de 2020 y vigencia indefinida se modifica la letra a) en 
el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«a) Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se 
realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. 
Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se 
realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio 
cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine, con 
independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de 
hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega 
en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en 
los días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.»
Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre.
Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición adicional décima, con la siguiente 
redacción:
«4. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 cumplan los requisitos que 
justifican la tramitación de emergencia regulada por el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ministro o la Ministra 
competentes por razón de la materia podrán declarar dicha situación de emergencia 
conjuntamente en la misma Orden Ministerial por la que se declara la urgencia o 
excepcional interés público, reduciéndose en tal caso los plazos previstos en el 
citado apartado, de la siguiente forma:
a) 5 días naturales, tras la notificación al Ayuntamiento para que este notifique, 
a su vez, la conformidad o disconformidad del proyecto de que se trate con la 
ordenación urbanística en vigor. En el caso de que el Ayuntamiento no se pronuncie 
en el tiempo indicado, se continuará con el procedimiento establecido.
b) 5 días naturales para la emisión del informe del órgano competente de la 
comunidad autónoma, a contar también desde la oportuna notificación. En el caso 
de que la Comunidad Autónoma no se pronuncie en el tiempo indicado, se 
continuará con el procedimiento establecido.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Uno. Se añade una disposición adicional, la trigésima primera, en los siguientes 
términos:
«Disposición adicional trigésima primera . Devolución de cuotas en supuestos de 
variación de datos de empresas y trabajadores.
Cuando se solicite fuera de plazo reglamentario una variación de los datos 
aportados con anterioridad o una corrección de los mismos, tanto de empresarios 
como de trabajadores, y proceda la devolución de las cuotas ingresadas, únicamente 
cve: BOE-A-2020-16823
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se tendrá derecho al reintegro del importe que corresponda a las tres mensualidades 
anteriores a la fecha de la solicitud. «
Dos. Se modifica la disposición transitoria decimosexta que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición transitoria decimosexta.  Bases y tipos de cotización y acción 
protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II 
de esta ley, la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se 
efectuará conforme a las siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se 
determinarán con arreglo a la escala, en función de la retribución percibida por los 
empleados de hogar, prevista anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.
2.º Hasta el año 2022, las retribuciones mensuales y las bases de cotización 
de la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento que experimente 
el salario mínimo interprofesional.
3.º A partir del año 2023, las bases de cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta 
ley, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca 
legalmente.
b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará, a partir del 1 de 
enero de 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado 
que se establezca con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.
2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el tipo 
de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, siendo la cuota 
resultante a cargo exclusivo del empleador.
2. Desde el año 2012 hasta el año 2022, a efectos de determinar el coeficiente 
de parcialidad a que se refiere la regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, las horas efectivamente trabajadas en el mismo 
se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren los 
números 1.º y 2.º del apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe 
fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada uno de dichos ejercicios.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de enero 
de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2022, para el cálculo de la base reguladora 
de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y 
de jubilación causadas en dicho período por los empleados de hogar respecto de los 
periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán en cuenta los periodos 
realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 
y 209.1.b).»
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Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 
que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Se modifica el apartado 2 del artículo 11 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«Estas ayudas irán destinadas a sufragar los gastos que a continuación se 
relacionan realizados por las salas de exhibición cinematográfica en el año 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2021, derivados de la crisis del COVID-19:
a) Gastos incidentales generados como consecuencia de las medidas 
sanitarias adoptadas. Entre otros, implementación de un plan de prevención de 
riesgos para personas trabajadoras y público, desinfección, compra de material –
mascarillas, guantes, jabón desinfectante, mamparas– o señalética específica, entre 
otros elementos y acciones necesarias para la protección y seguridad de las 
personas.
b) Campañas orientadas a la reapertura y vuelta del público a los cines.
c) Actuaciones que permitan aumentar la programación de campañas 
escolares.
d) Espacio publicitario para promoción y tráiler de cine español en las salas, 
así como de campañas institucionales.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se establece el ingreso mínimo vital.
Se modifica el artículo 29 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital, que pasa a estar redactado de la siguiente forma:
«Artículo 29. Mecanismos de colaboración con otras administraciones
1. Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia 
de la gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia 
recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán 
celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de 
colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, de las 
administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
2. Las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las 
personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma de 
su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de 
intercambio de información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la 
identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un 
certificado emitido por la mencionada comunidad autónoma que será suficiente para 
que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas 
interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora.
El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de 
una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de 
los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente real 
decreto-ley; así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que 
pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad 
económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que será 
analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora 
considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el 
momento que se certifique por la comunidad autónoma, sin perjuicio de la obligación 
de las comunidades autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación 
en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la 
prestación o, en su caso, dentro de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto 
cuando sea necesaria para la resolución de cualquier reclamación.
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día 
del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.
Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma 
se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no 
fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a 
cargo de la comunidad autónoma certificadora.»
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, 
por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural.
Se modifica el apartado 4 del artículo 1, que  queda redactado como sigue:
«4. La gestión del subsidio especial corresponderá al Servicio Público de 
Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, como entidades 
gestoras de las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección 
por desempleo.»
Disposición final séptima. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 
bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARS-
CoV-2 así como a efectos del régimen especial del recargo de equivalencia.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a:
a) Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro del SARS-CoV-2 que sean conformes con los requisitos 
establecidos en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro o en el Reglamento 
(UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE 
y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de 
septiembre, sobre productos sanitarios para diagnósticos «in vitro».
b) Las entregas de vacunas contra el SARS-CoV-2 autorizadas por la Comisión 
Europea.
c) Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución 
relacionados con las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, previstas 
en las letras a) y b) anteriores.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
2. El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal 
mencionado en el apartado anterior, a las entregas de los bienes citados en dicho apartado, 
será el 0 por ciento.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334  Miércoles 23 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 118707
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final novena. Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 
Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y Deuda del Estado; y legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
Comunidades Autónomas; establecidas en los artículos 149.1.1.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª, 
respectivamente, de la Constitución; así como al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 
de la Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que 
podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura 
como deber y atribución esencial.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
cve: BOE-A-2020-16823
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