Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013
Referencia: BOE-A-2013-12913
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 6
TÍTULO I. Principios y disposiciones generales ............................................ 15
Artículo 1. Objeto y finalidad. ................................................ 15
Artículo 2. Principios de la evaluación ambiental. .................................... 15
Artículo 3. Relaciones entre Administraciones públicas. ................................ 16
Artículo 4. Cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. ............. 16
Artículo 5. Definiciones. .................................................... 16
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. ..................... 18
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. ..................... 19
Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables. ............. 19
Artículo 9. Obligaciones generales. ............................................. 20
Artículo 10. Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales. ................... 21
Artículo 11. Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo. .................... 21
Artículo 12. Resolución de discrepancias. ........................................ 21
Artículo 13. Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. .. 22
Artículo 14. Relación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada. .. 22
Artículo 15. Confidencialidad. ................................................ 22
Artículo 16. Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales. . 22
TÍTULO II. Evaluación ambiental ..................................................... 23
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CAPÍTULO I. Evaluación ambiental estratégica .......................................... 23
Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la 
declaración ambiental estratégica ............................................... 23
Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. ................ 23
Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. ................ 23
Artículo 19. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y 
elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico. .................. 24
Artículo 20. Estudio ambiental estratégico. ........................................ 24
Artículo 21. Versión inicial del plan o programa e información pública. ...................... 25
Artículo 22. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. ....... 25
Artículo 23. Propuesta final de plan o programa. .................................... 25
Artículo 24. Análisis técnico del expediente. ....................................... 25
Artículo 25. Declaración ambiental estratégica. ..................................... 26
Artículo 26. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa. .................... 27
Artículo 27. Vigencia de la declaración ambiental estratégica. ............................ 27
Artículo 28. Modificación de la declaración ambiental estratégica. ......................... 28
Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe 
ambiental estratégico ....................................................... 29
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. .............. 29
Artículo 30. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. ...... 29
Artículo 31. Informe ambiental estratégico. ........................................ 30
Artículo 32. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa. .................... 30
CAPÍTULO II. Evaluación de impacto ambiental de proyectos ................................. 31
Sección 1.ª Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la 
declaración de impacto ambiental ............................................... 31
Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. ................ 31
Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental. ......... 31
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. ........................................ 32
Artículo 36. Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental. ............... 33
Artículo 37. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. ....... 33
Artículo 38. Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas. ........ 34
Artículo 39. Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. ........................ 34
Artículo 40. Análisis técnico del expediente. ....................................... 35BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 41. Declaración de impacto ambiental. ..................................... 35
Artículo 42. Publicidad de la autorización del proyecto. ................................ 36
Artículo 43. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. ............................ 36
Artículo 44. Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental. ............. 37
Sección 2.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada ................................. 38
Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. .............. 38
Artículo 46. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. ...... 39
Artículo 47. Informe de impacto ambiental. ........................................ 39
Artículo 48. Publicidad de la autorización del proyecto. ................................ 40
CAPÍTULO III. Consultas transfronterizas ............................................. 40
Artículo 49. Consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental. ........... 40
Artículo 50. Consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental. .......... 41
TÍTULO III. Seguimiento y régimen sancionador ........................................... 42
CAPÍTULO I. Seguimiento ....................................................... 42
Artículo 51. Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes ambientales 
estratégicos. ......................................................... 42
Artículo 52. Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto 
ambiental. ........................................................... 42
CAPÍTULO II. Régimen sancionador ................................................. 43
Artículo 53. Potestad sancionadora. ............................................ 43
Artículo 54. Sujetos responsables de las infracciones. ................................. 43
Artículo 55. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental. .................... 43
Artículo 56. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de impacto 
ambiental. ........................................................... 44
Artículo 57. Concurrencia de sanciones. ......................................... 44
CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador ............................................. 45
Artículo 58. Iniciación. ..................................................... 45
Artículo 59. Medidas de carácter provisional. ...................................... 45
Artículo 60. Instrucción. .................................................... 45
Artículo 61. Prueba. ...................................................... 46
Artículo 62. Propuesta de resolución. ........................................... 46
Artículo 63. Audiencia. ..................................................... 46
Artículo 64. Resolución. .................................................... 46BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposiciones adicionales ...................................................... 47
Disposición adicional primera. Evaluación de proyectos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa. .................................................... 47
Disposición adicional segunda. Planes y programas cofinanciados por la Unión Europea. .......... 47
Disposición adicional tercera. Obligaciones de información. ............................. 47
Disposición adicional cuarta. Relación de la evaluación ambiental con otras normas. ............. 48
Disposición adicional quinta. Concurrencia y jerarquía de planes o programas. ................. 48
Disposición adicional sexta. Infraestructuras de titularidad estatal. ......................... 48
Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan 
afectar a espacios de la Red Natura 2000. ...................................... 48
Disposición adicional octava. Bancos de conservación de la naturaleza. ..................... 48
Disposición adicional novena. Certificación de no afección a la Red Natura 2000. ............... 49
Disposición adicional décima. Operaciones periódicas. ................................ 49
Disposición adicional undécima. Acumulación de procedimientos de evaluación de impacto ambiental. . 50
Disposición adicional duodécima. Régimen supletorio. ................................ 50
Disposición adicional decimotercera. Tramitación electrónica. ............................ 50
Disposición adicional decimocuarta. Identificación de las personas interesadas. ................ 50
Disposición adicional decimoquinta. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. ............ 50
Disposiciones transitorias ...................................................... 52
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio. .................................. 52
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional. .............................................. 52
Disposiciones derogatorias ..................................................... 52
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. ................................. 52
Disposiciones finales ......................................................... 53
Disposición final primera. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. ..................................................... 53
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de 
la explotación del acueducto Tajo-Segura. ...................................... 54
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional:. . 54
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. .................................. 55
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. ............................... 55BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final sexta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. ..................... 56
Disposición final séptima. Relaciones de la evaluación ambiental con la legislación sectorial. ........ 56
Disposición final octava. Títulos competenciales. .................................... 56
Disposición final novena. Autorización de desarrollo. ................................. 57
Disposición final décima. Entrada en vigor. ........................................ 57
Disposición final undécima. Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo. ... 57
ANEXO I. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª . 58
ANEXO II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 
2.ª...................................................................... 64
ANEXO III. Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse 
a evaluación de impacto ambiental ordinaria ............................................ 68
ANEXO IV. Contenido del estudio ambiental estratégico ...................................... 69
ANEXO V. Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria ............................................. 70
ANEXO VI. Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos ................................... 70BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 15 de junio de 2017
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 
estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales 
concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de 
corrección o compensación.
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 
desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, 
mediante el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto 
transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado por 
nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el derecho comunitario, por la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno.
Merece una mención especial el hecho de que en España ya es plenamente aplicable el 
Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que deberá 
aplicarse tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación ambiental 
estratégica.
La presente reforma se hace en sintonía con los principios que animan la revisión de la 
normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. Además, teniendo en 
cuenta esta circunstancia se prevén los mecanismos necesarios para una adaptación rápida 
de los contenidos técnicos que resulten de la futura reforma europea.
La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas 
y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que aproximan y facilitan la 
aplicación de ambas regulaciones.
Esta ley parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación, en 
España, de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, la consideración de los impactos 
ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, se ha 
revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico. 
No obstante, en este amplio periodo, también se han apreciado importantes disfunciones y 
carencias técnicas que importa corregir sin dilación. Son ejemplo de estas insuficiencias, la 
tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental, o la diversidad de 
normativas (en ocasiones sin justificación medioambiental) que pueden llegar a desvirtuar 
los efectos preventivos del procedimiento de evaluación ambiental.
Las mejoras técnicas que incorpora el presente texto legal se asientan en la mayor 
experiencia adquirida y en la mejor conciencia de dónde y cómo se suelen producir los 
impactos y el mejor modo de mitigarlos.
En España, la eficacia de la evaluación ambiental exige establecer un procedimiento que 
sea común en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional de que las 
comunidades autónomas disponen para establecer normas adicionales de protección.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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En esta línea, cabe citar el detallado informe del Consejo Económico y Social de 2012 
titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Ambiente», en el 
que se expone, a propósito de la evaluación de impacto ambiental, que en ocasiones una 
misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más o menos severos, o incluso, 
estar sometida a una evaluación en algunas comunidades y excluida en otras. El informe 
propone que «en el marco de la Conferencia Sectorial sobre Medio Ambiente, se debería 
impulsar la armonización de los procedimientos administrativos autonómicos actualmente en 
vigor, con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas administrativas que soportan las 
empresas, y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de 
las Comunidades Autónomas».
La necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de 
gobierno ha sido puesta de manifiesto en diferentes lugares: por la OCDE («Sustainability in 
Impact Assessments. A review of Impact Assessment Systems in selected OECD countries 
and the European Commission, de 2012»), o por la Comisión Europea («Industrial 
Perfomance Scoreboard and Members States»). Este último informe señala que la 
proliferación de distintas regulaciones es un obstáculo a la mejora de la productividad, 
advertencias que deben ponerse en relación con el lugar que ocupa España, el puesto 44, 
en la clasificación del Banco Mundial de países según su facilidad para hacer negocios 
(«Doing Business, 2012»).
De acuerdo con estas premisas, la presente ley pretende ser un instrumento eficaz para 
la protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, se propone simplificar 
el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de los 
operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr la concertación de la normativa 
sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional.
Mediante este proyecto, como anteriormente se anunció, se unifican en una sola norma 
dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.
La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos –evaluación ambiental 
estratégica y evaluación de impacto ambiental– y unifica la terminología. Además, estos 
procedimientos se regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos ventajas: por una parte 
puede servir de acicate para que las comunidades autónomas los adopten en su ámbito de 
competencias, sin más modificaciones que las estrictamente necesarias para atender a sus 
peculiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo reglamentario de la ley no resulte 
imprescindible.
Asimismo, esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El 
establecimiento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y el 
llamamiento a la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
determinará el desarrollo de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que 
permitirá a los promotores conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de 
carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un 
proyecto, con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con estos 
principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan a la ley son legislación 
básica y por tanto, de aplicación general.
El legislador consciente de la importancia que tiene la concertación de los 
procedimientos de evaluación ambiental que existen en nuestro país, introduce un novedoso 
mecanismo de entrada en vigor, previsto en su disposición derogatoria y su disposición final 
décima, para lo que afecta a sus aspectos de legislación básica y respecto de las 
Comunidades Autónomas que dispongan de normativa propia sobre evaluación ambiental. 
Así, se otorga un plazo de un año para que las Comunidades Autónomas puedan adaptar su 
normativa a esta ley. No obstante, si antes de que finalice ese plazo cualquier Comunidad 
Autónoma ajusta su normativa, entrará en vigor en ese momento. En todo caso, aunque no 
hayan hecho la oportuna adaptación esta ley se aplicará, como legislación básica, en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor.
Por último, la existencia de un marco jurídico común –con las especificidades 
estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma– evitará procesos de 
deslocalización.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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En materia de medio ambiente, la regulación básica estatal y la autonómica de desarrollo 
deben asegurar, por imperativo del artículo 45 de la Constitución, la protección y 
preservación del medio ambiente, para lo cual un marco básico y común es absolutamente 
indispensable.
La presente ley se asienta en la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección (artículo 149.1.23.ª 
de la Constitución).
II
La ley consta de 64 artículos distribuidos en tres títulos: el título I contiene los principios y 
disposiciones generales, el título II las disposiciones reguladoras de los procedimientos de 
evaluación ambiental y, por último, el título III regula el seguimiento y el régimen 
sancionador.
El título I establece los principios y las disposiciones de carácter general, aplicables tanto 
a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación de impacto ambiental.
Los principios contemplados en la ley no se establecen ex novo , sino que preexisten en 
los ordenamientos comunitario y nacional. Sin embargo, se ha considerado conveniente su 
inclusión explícita en la norma con la finalidad de que estén muy presentes, así resumidos y 
compilados, en el momento de adoptar decisiones sobre evaluación ambiental y en especial 
para que las comunidades autónomas los tengan en consideración si deciden hacer uso de 
la habilitación constitucional que les permite adoptar normas adicionales de protección en 
materia de medio ambiente.
Los mencionados principios son el de protección y mejora del medio ambiente; acción 
preventiva y cautelar: prevención y corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente; quien contamina paga; racionalización; simplificación y concertación de 
procedimientos de evaluación ambiental; cooperación y coordinación entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas, proporcionalidad entre los efectos sobre 
el medio ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de procedimiento de 
evaluación al que, en su caso, deban someterse, colaboración activa de los distintos órganos 
administrativos que intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando la información 
necesaria que se les requiera, participación pública, desarrollo sostenible e integración de 
los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
Para que la legislación sobre evaluación ambiental venga inspirada en estos principios y 
para conseguir un alto grado de homogeneidad entre las normas aplicables en las distintas 
partes del territorio nacional, la ley realiza un llamamiento a la cooperación en el marco de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que se analizarán y propondrán las 
modificaciones normativas necesarias para cumplir con la ley y, en particular, para impulsar 
los cambios normativos y reformas necesarias que podrán consistir en la modificación, 
derogación o refundición de la normativa autonómica existente, o la remisión a esta ley, con 
las salvedades que exijan sus particularidades organizativas. En su seno, podrán constituirse 
grupos de trabajo de carácter técnico que elaboren guías metodológicas de evaluación 
ambiental que permitan la estandarización de estos procedimientos.
Este título I regula también las cuestiones generales como el objeto y finalidad de la 
norma; las definiciones; el ámbito de aplicación; los supuestos excluidos de la evaluación 
ambiental y los proyectos exceptuables; el mandato general de someter a evaluación 
ambiental los planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de aplicación; la 
consecuencia jurídica de la falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales y 
otras cuestiones como la determinación del órgano ambiental; la relación entre 
administraciones; la relación entre la evaluación estratégica y la de impacto ambiental; la 
relación entre ésta y la autorización ambiental integrada contenida en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la confidencialidad y la 
capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales.
En materia de relaciones entre administraciones y como consecuencia de la 
consideración de la evaluación ambiental como un procedimiento instrumental respecto del 
procedimiento sustantivo, se ha considerado necesario establecer que el órgano sustantivo 
informe al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante la tramitación BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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del procedimiento de adopción, aprobación o autorización de un plan, programa o proyecto 
que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de los procedimientos de evaluación 
ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento 
sustantivo. De este modo se evita que el órgano ambiental continúe con una tramitación 
innecesaria.
La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación 
ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el 
caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, expresamente 
señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o 
autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, cuando proceda la 
declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto que, estando 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación 
ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
Este aspecto preventivo, esencial e inherente a la ley, viene reforzado por la mención 
expresa de las consecuencias jurídicas de la falta de pronunciamiento en los procedimientos 
ambientales –en coherencia con el derecho y la jurisprudencia comunitarios y nacionales–. 
De acuerdo con esta regulación, la falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, 
del informe ambiental estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental, en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse 
que equivale a una evaluación ambiental favorable.
Las definiciones se han establecido con el nivel de detalle necesario y suficiente para 
clarificar los conceptos del articulado. A fin de facilitar su utilización, se han dividido en tres 
apartados: definiciones generales, definiciones a los efectos de la evaluación ambiental 
estratégica y definiciones a los efectos de la evaluación de impacto ambiental.
Como novedad, cabe destacar que por primera vez se define la naturaleza jurídica tanto 
de los procedimientos ambientales como de los pronunciamientos ambientales, de acuerdo 
con la jurisprudencia consolidada al respecto durante los años de vigencia de esta 
legislación.
Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación 
de impacto ambiental se califican como «procedimiento administrativo instrumental» con 
respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación o adopción de los planes y 
programas o de la autorización de los proyectos.
Por su parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental 
estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el 
informe de impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y 
determinante. El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se manifiesta 
en una doble vertiente, formal y material. Desde el punto de vista formal o procedimental, el 
carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que no es posible 
continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto éste no se evacue.
Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido 
para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a la 
reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente para 
resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se refiere.
Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para la 
resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por el 
condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo 
en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante el 
Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, 
o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado.
Los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo serán, 
como no puede ser de otra manera si se quiere evitar la indefensión, los pronunciamientos 
del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten los planes o programas 
o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los pronunciamientos ambientales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Una de las piezas esenciales de la evaluación ambiental es la consulta a las 
administraciones públicas afectadas. Para evitar demoras que no tienen justificación desde 
el punto de vista ambiental y conseguir que el procedimiento sea eficaz, la falta de 
pronunciamiento de las administraciones públicas afectadas no puede, en modo alguno, 
ralentizar, y menos aún paralizar el procedimiento, que podrá continuar siempre y cuando el 
órgano ambiental disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación 
ambiental.
En el caso de que las administraciones públicas afectadas no emitieran sus informes, o 
si éstos no resultaran suficientes, la ley prevé que el órgano ambiental requiera al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el 
plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano 
competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora y de la posibilidad 
que tiene el promotor de reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a 
través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También resulta destacable que tanto para la evaluación ambiental estratégica como 
para la de impacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el ordinario y el simplificado. 
La terminología empleada está muy extendida y consolidada en las comunidades autónomas 
y pone el acento en la naturaleza esencialmente procedimental de la norma. Los motivos 
que han llevado a establecer esta distinción se encuentran en las propias directivas 
comunitarias, que obligan a realizar una evaluación ambiental con carácter previo de todo 
plan, programa o proyecto «que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente».
Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen la 
presunción iuris et de iure  de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el medio 
ambiente y, por tanto, deben ser evaluados antes de su aprobación, adopción o autorización, 
de acuerdo con el procedimiento ordinario. Para los restantes planes, programas y 
proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un análisis, bien caso a caso, bien 
mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si tienen efectos 
significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha denominado 
procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, programa o proyecto 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá realizarse una evaluación 
ordinaria.
De esta forma, se garantiza el correcto cumplimiento de las directivas comunitarias, de 
acuerdo con la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por lo que respecta a los plazos máximos, se establecen los siguientes: evaluación 
estratégica ordinaria: veintidós meses, prorrogable por dos meses más por razones 
justificadas debidamente motivadas; evaluación ambiental estratégica simplificada: cuatro 
meses; evaluación de impacto ambiental ordinaria: cuatro meses, prorrogable por dos meses 
más por razones justificadas debidamente motivadas; y evaluación de impacto ambiental 
simplificada: tres meses.
Sobre el ámbito de aplicación de la ley no se han introducido modificaciones sustanciales 
en relación con las leyes que ahora se derogan, ya que este ámbito viene claramente 
delimitado en las directivas comunitarias, por lo que no se ha hecho más que mantener la 
transposición que de ellas se hizo. No obstante, se han incorporado en el ámbito de 
aplicación de esta ley, por cuestiones de técnica normativa, determinados epígrafes de los 
anexos I y II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Asimismo, se ha incluido la 
posibilidad de que los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada se 
sometan al procedimiento ordinario cuando así lo solicite el promotor. En materia de 
competencias y coordinación administrativa, la ley trata de clarificar algunas actuaciones 
administrativas compartidas previstas en la normativa anterior.
Sobre la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental 
debe señalarse que, de conformidad con las directivas comunitarias, la primera no excluye a 
la segunda, de forma que se mantiene la anterior regulación. Igualmente se mantiene el 
artículo relativo a la relación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ambiental integrada, ya que esta regulación está contenida en la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación.
Como novedad, se incluye la regulación de la confidencialidad que deben mantener las 
administraciones públicas en relación con determinada documentación aportada por el 
promotor. De esta manera, se solucionarán muchos problemas que se plantean ante 
solicitudes de acceso a documentos de procedimientos aún no finalizados al aplicar la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Finalmente, se incluye la exigencia de que los documentos que presenten los 
promotores durante la evaluación ambiental sean realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente, lo que permitirá mantener un elevado nivel de calidad técnica 
de dichos documentos.
El título II está dedicado, en capítulos separados, a la evaluación ambiental estratégica y 
a la evaluación de impacto ambiental, estableciendo una regulación de carácter básico, 
aplicable, por tanto, a todo el territorio del Estado con las salvedades establecidas en la 
disposición final octava, que determina los artículos que no tienen carácter básico.
Con independencia de que el órgano sustantivo pueda resolver, de conformidad con la 
legislación sectorial, la inadmisión meramente formal de la solicitud de adopción, aprobación 
o autorización del plan, programa o proyecto si el promotor no hubiese presentado el 
expediente completo, la ley regula también un trámite de inadmisión de carácter sustantivo o 
material, que tiene como finalidad que los promotores conozcan, desde una fase muy 
preliminar del procedimiento, que existen fundadas razones para entender que el plan, 
programa o proyecto no podrá contar con una declaración ambiental favorable, por razones 
ambientales, o cuando los estudios ambientales no reúnen condiciones de calidad 
suficientes apreciadas, o cuando se hubiese inadmitido o se hubiere dictado una declaración 
ambiental desfavorable en un plan, programa o proyecto análogo al presentado. Esta 
resolución de inadmisión declarada por el órgano ambiental afecta exclusivamente a la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental –tanto estratégica como de impacto, y tanto 
ordinaria como simplificada– y se dicta sin perjuicio de lo que resuelva el órgano sustantivo, 
de conformidad con la legislación sectorial, sobre la solicitud de adopción, aprobación o 
autorización del plan, programa o proyecto.
Aunque las directivas comunitarias no obligan a ello, pero con la previsión de que en 
breve será un mandato comunitario, y en todo caso por entender que es una referencia 
ineludible, la ley introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático, para 
lo cual, como no puede ser de otro modo, deberán utilizarse las informaciones y las técnicas 
que estén disponibles en cada momento.
El capítulo I de este título II contiene las disposiciones relativas a la evaluación ambiental 
estratégica, regulando los procedimientos ordinario y simplificado antes aludidos y, 
precisando algunas cuestiones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, que habían resultado de 
difícil interpretación.
Este capítulo I se divide en dos secciones dedicadas, respectivamente, a la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria y simplificada.
En la sección 1.ª se ha tratado de sistematizar el procedimiento ordinario, siguiendo un 
orden cronológico que facilite a los promotores la aplicación de esta ley.
Asimismo, se ha tratado de asimilar la terminología de la evaluación ambiental 
estratégica con la empleada en la evaluación de impacto ambiental, más antigua y ya 
consolidada en nuestro ordenamiento jurídico.
De esta manera, el informe de sostenibilidad ambiental que regulaba la Ley 9/2006, de 
28 de abril, pasa ahora a denominarse estudio ambiental estratégico, mientras que la 
memoria ambiental pasa a ser, en virtud de esta ley, la declaración ambiental estratégica, a 
semejanza, respectivamente, del estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto 
ambiental.
Las consultas a las administraciones afectadas resultan fundamentales para la 
determinación del alcance y contenido que debe tener el estudio ambiental estratégico y por 
este motivo se conforman con carácter obligatorio en la directiva comunitaria de evaluación 
ambiental de planes y programas, y como no puede ser de otra manera, en la propia ley. 
Para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en la planificación, la 
norma ordena que las sucesivas versiones de un plan o programa –borrador, versión inicial y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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propuesta final– incorporen el contenido del documento ambiental previo correspondiente –
documento inicial estratégico, estudio ambiental estratégico y declaración ambiental 
estratégica–.
El procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica finaliza con la declaración 
ambiental estratégica, pronunciamiento del órgano ambiental que, como ya se ha apuntado, 
tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, no será objeto de 
recurso y deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
Concluye esta sección con la regulación, ex novo  y en paralelo con la que se establece 
para la evaluación de impacto ambiental, de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica y del procedimiento para la modificación de la misma, y con la resolución de 
discrepancias, que se atribuye, en el ámbito de la Administración General del Estado al 
Consejo de Ministros, y en el ámbito de las comunidades autónomas al Consejo de Gobierno 
o al órgano que ellas determinen.
La sección 2.ª regula el procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica, 
que incluye como novedad la previa admisión a trámite, continúa con las consultas a las 
administraciones afectadas y concluye con un informe ambiental estratégico, que puede 
determinar bien que el plan o programa tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, 
y por tanto debe someterse a una evaluación estratégica ordinaria, o bien que el plan o 
programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, puede 
adoptarse o aprobarse en los términos que el propio informe establezca.
Para el caso de que en el informe ambiental estratégico se haya concluido que es 
preciso realizar una evaluación ambiental estratégica ordinaria, se regula expresamente y 
por primera vez que se conservarán las actuaciones realizadas en el procedimiento 
simplificado.
El capítulo II de este título II regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos con 
un mayor grado de detalle de lo que lo hacía la anterior ley, aportando una mayor seguridad 
jurídica. Podrá ser, al igual que la estratégica, ordinaria o simplificada.
La sección 1.ª regula el procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, que 
se aplica a los proyectos enumerados en el anexo I, incluyendo algunas novedades a la vista 
de la experiencia adquirida y de los problemas diagnosticados.
El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando el órgano sustantivo remite al 
órgano ambiental el expediente completo, que incluye el proyecto, el estudio de impacto 
ambiental y el resultado de la información pública y de las consultas a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. No obstante, con carácter previo al 
procedimiento, deben efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de 
carácter potestativo. El primero de estos trámites previos es la determinación del alcance del 
estudio de impacto ambiental que, como novedad en esta ley, tendrá carácter voluntario para 
el promotor, como se contempla en la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre.
A continuación, y una vez que el promotor ha elaborado el estudio de impacto ambiental, 
el órgano sustantivo debe realizar, en esta ocasión con carácter obligatorio, los trámites de 
información pública y de consultas a las administraciones afectadas y a las personas 
interesadas. La ley establece, por primera vez, que tendrán carácter preceptivo, el informe 
del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma, el 
informe del organismo de cuenca, el informe sobre patrimonio cultural y, en su caso, el 
informe sobre dominio público marítimo terrestre.
La evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicha se desarrolla en tres 
fases: inicio, análisis técnico y declaración de impacto ambiental.
Admitido el expediente y después de su análisis técnico el procedimiento finaliza con la 
resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental, que determinará si 
procede o no la realización del proyecto a los efectos ambientales y, en su caso, las 
condiciones ambientales en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras de los 
efectos ambientales negativos y, si proceden, las medidas compensatorias de los citados 
efectos ambientales negativos. Además, el contenido mínimo de la declaración de impacto 
ambiental se regula con mayor detalle y se prevé no solo su publicación en diarios oficiales 
sino también en la sede electrónica del órgano ambiental.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Como ya se ha afirmado de los restantes pronunciamientos ambientales, la declaración 
de impacto ambiental tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, no 
será recurrible y deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente. Concluye esta sección con la regulación de la vigencia de la 
declaración de impacto y del procedimiento para la modificación de la misma, y con la 
resolución de discrepancias, que se atribuye al Consejo de Ministros o al Consejo de 
Gobierno de la comunidad autónoma o al órgano que ésta haya determinado.
La vigencia de las declaraciones de impacto ambiental ha sido uno de los elementos de 
la normativa anterior cuya aplicación, sin duda, ha generado mayores dificultades. Para 
solventar esta situación se considera que las fechas relevantes son la de publicación de la 
declaración de impacto ambiental para iniciar el cómputo del plazo de su vigencia y la fecha 
de inicio de la ejecución del proyecto para su finalización. Se prevé, asimismo, la posibilidad 
de prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental por un plazo adicional.
Finalmente, se regula, por primera vez, la modificación del condicionado ambiental de 
una declaración de impacto ambiental, a solicitud del promotor, cuando concurran 
determinadas circunstancias.
La sección 2.ª del capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental simplificada, a la 
que se someterán los proyectos comprendidos en el anexo II, y los proyectos que no 
estando incluidos en el anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa o indirectamente a los 
espacios Red Natura 2000.
Trámite esencial de este procedimiento, como en los restantes, es el de consultas, que 
obligatoriamente deberán efectuarse a las administraciones afectadas, y como novedad, 
también obligatoriamente se consultará a las personas interesadas.
El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, 
resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que deberá publicarse 
cuando el órgano ambiental determine que el proyecto no debe someterse al procedimiento 
ordinario de evaluación de impacto ambiental.
Es destacable que la ley indica, expresamente y por primera vez, que si el procedimiento 
simplificado concluye con la necesidad de someter el proyecto a procedimiento ordinario se 
conservarán las actuaciones realizadas, por lo que no será necesario realizar nuevas 
consultas si el promotor decide solicitar a la administración que determine el alcance y 
contenido del estudio de impacto ambiental.
El capítulo III regula las consultas transfronterizas, que deberán efectuarse tanto cuando 
un plan, programa o proyecto que vaya a ser ejecutado en España pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente en otro Estado miembro de la Unión Europea o de 
otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de instrumentos 
internacionales, como cuando se dé la situación inversa, es decir, cuando un plan, programa 
o proyecto que se vaya a ejecutar en otro Estado pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente en España.
III
El título III regula, en tres capítulos separados, el seguimiento de los planes y programas 
y de las declaraciones de impacto ambiental, que se atribuyen al órgano sustantivo, el 
régimen sancionador y el procedimiento sancionador, incorporando mejoras técnicas para 
superar algunas deficiencias de la anterior ley.
Sobre el régimen y el procedimiento sancionador (capítulos II y III), esta ley regula 
medidas de carácter provisional, como aquellas imprescindibles que se aplican con 
anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones 
establecidos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se 
clarifica la regulación de la previsión relativa a la reparación e indemnización de daños en 
consonancia con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
IV
La parte final se integra por quince disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales. Las disposiciones BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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adicionales versan sobre: proyectos sometidos a declaración responsable; o comunicación 
previa; planes y programas cofinanciados por la Unión Europea; obligaciones de 
información; relación de la evaluación ambiental con otras normas; concurrencia y jerarquía 
de planes o programas; infraestructuras de titularidad estatal; evaluación ambiental de los 
proyectos estatales que puedan afectar a espacios Red Natura 2000; bancos de 
conservación de la naturaleza; certificado de no afección a la Red Natura 2000; operaciones 
periódicas, acumulación de procedimientos de evaluación de impacto ambiental; aplicación 
supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y tramitación 
electrónica.
Los bancos de conservación de la naturaleza son un mecanismo voluntario que permite 
compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que serán objeto de 
desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los créditos generados en los bancos de conservación de la naturaleza serán inscritos 
en un registro oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado directamente a: 
entidades que los requieran en el ámbito de cualquier actividad que produzca una pérdida 
neta inevitable e irreparable de valores naturales –especialmente en el caso de medidas 
compensatorias de impacto ambiental, reparadoras complementarias y reparadoras 
compensatorias de daño medioambiental–; entidades sin ánimo de lucro; y las propias 
Administraciones públicas.
La disposición final primera tiene como finalidad la modificación parcial del régimen 
sancionador incluido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
La ley se acompaña de seis anexos: el primero y el segundo contienen la relación de 
proyectos que deben someterse, respectivamente, a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o simplificada. En buena medida, se han mantenido los grupos y categorías de 
proyectos de la normativa hasta ahora vigente, si bien se han introducido mejoras técnicas y 
se han incorporado nuevas tipologías de proyectos para evaluar el uso de nuevas técnicas, 
como la fractura hidráulica. Asimismo, se han adecuado al contenido de la Directiva los 
proyectos contemplados en los anexos, de manera que se sometan a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria aquellos proyectos que realmente puedan tener impactos significativos 
sobre el medio ambiente. El tercer anexo contiene los criterios en virtud de los cuales el 
órgano ambiental debe determinar si un proyecto del anexo II ha de someterse a una 
evaluación ambiental ordinaria. El cuarto anexo detalla el contenido del estudio ambiental 
estratégico; el quinto contiene los criterios para determinar si un plan o programa debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Por último, el anexo VI detalla el 
contenido del estudio de impacto ambiental y los criterios técnicos para la interpretación de 
los anexos I y II.
Finalmente la Ley introduce una serie de modificaciones relativas a los trasvases 
intercuencas, en general, y particularmente, al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, de 
este modo, se adaptan las normas específicas sobre el trasvase Tajo-Segura a la legislación 
general de aguas nacida en España a partir de 1985. Y se otorga seguridad jurídica al 
sistema general.
Además de seguridad jurídica, se establece un mecanismo de seguridad y estabilidad 
técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante real decreto de las magnitudes 
determinantes de la regla de explotación del trasvase. Ello resulta necesario para adecuar de 
forma flexible estas magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos 
años y para disponer de instrumentos ágiles de adaptación a posibles efectos de alteración 
hidrológica como los inducidos por el cambio climático.
Dotar de una excesiva rigidez al sistema en estos aspectos operativos puede dar lugar a 
efectos no deseados que el mecanismo previsto permite obviar.
Se deberá afrontar la modificación, en profundidad, de la legislación de Aguas que 
deberá establecer, entre otras cosas, un nuevo régimen de cesión de derechos, que le dote 
de mayor eficacia en el futuro. En este momento se modifica parcialmente el artículo 72 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el objetivo de flexibilizar su régimen jurídico sin 
perjuicio de la regulación específica de cada uno de los trasvases.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, resulta necesario que, en el futuro próximo, la regulación de los trasvases 
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se incorporen al Plan 
Hidrológico Nacional, tal y como dispone el propio Texto Refundido de la Ley de Aguas. Y en 
ese contexto, la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional deberá integrar, armonizar y 
actualizar en un único bloque normativo, las disposiciones relativas a todos los trasvases 
intercuencas, que se encuentran dispersas en diferentes normas.
Se deroga la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de julio, por su 
manifiesta inviabilidad técnica, porque el intercambio de caudales no es posible, dado que 
las redes de distribución de los recursos trasvasados y los no convencionales no se 
superponen ni proporcionan la cobertura necesaria para el intercambio de agua. Por otra 
parte, el régimen jurídico de los recursos trasvasados y los no convencionales es 
completamente distinto, no admitiendo el cambio de toma ordinario previsto para las 
concesiones en la legislación de aguas. Además, el régimen económico es también distinto, 
con diferencias de costes muy notorias, que impiden la mera sustitución de un recurso por 
otro.
TÍTULO I
Principios y disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el 
fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:
a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, 
aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;
b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;
c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;
d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias 
para cumplir con las finalidades de esta ley.
2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 2.  Principios de la evaluación ambiental.
Los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:
a) Protección y mejora del medio ambiente.
b) Precaución.
c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente.
d) Quien contamina paga.
e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación 
ambiental.
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas.
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas 
y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse.
h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera.
i) Participación pública.
j) Desarrollo sostenible.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.
Artículo 3.  Relaciones entre Administraciones públicas.
1. Las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones en materia de evaluación 
ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información mutua, 
cooperación, colaboración y coherencia. A tal efecto, las consultas que deba realizar una 
Administración pública garantizarán la debida ponderación de la totalidad de los intereses 
públicos implicados y, en particular, la de aquéllos cuya gestión esté encomendada a otras 
Administraciones públicas.
2. El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se 
produzca durante la tramitación del procedimiento sustantivo de adopción, aprobación o 
autorización de un plan, programa o proyecto que tenga relevancia a los efectos de la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, singularmente aquellas que 
supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.
3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración 
ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe 
ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará 
preceptivamente al órgano que ostente las competencias en materia de medio ambiente de 
la comunidad autónoma en la que se ubique territorialmente el plan, programa o proyecto.
Artículo 4.  Cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente analizará y propondrá las modificaciones 
normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en este título y establecer 
un procedimiento de evaluación ambiental homogéneo en todo el territorio nacional.
2. En particular, la Conferencia Sectorial impulsará los cambios normativos y reformas 
necesarias que podrán consistir en la modificación, derogación o refundición de la normativa 
autonómica existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan sus 
particularidades organizativas.
3. La Conferencia Sectorial podrá establecer mecanismos para garantizar que las 
Administraciones públicas afectadas emitan en plazo los informes previstos en esta ley.
4. En el seno de la Conferencia Sectorial podrán constituirse grupos de trabajo de 
carácter técnico que elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan la 
estandarización de estos procedimientos.
Artículo 5.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) «Evaluación ambiental»: procedimiento administrativo instrumental respecto del de 
aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de 
proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos 
sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan 
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 
proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación ambiental estratégica» como 
la «evaluación de impacto ambiental»:
1.º «Evaluación ambiental estratégica» que procede respecto de los planes y programas, 
y que concluye:
i) Mediante la «Declaración Ambiental Estratégica», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, conforme a lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I del Título II.
ii) Mediante el «Informe Ambiental Estratégico», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica simplificada, conforme a lo dispuesto en la Sección 
2.ª del Capítulo I del Título II.
2.º «Evaluación de Impacto Ambiental» que procede respecto de los proyectos y que 
concluye:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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i) Mediante la «Declaración de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo dispuesto en la 
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II.
ii) Mediante el «Informe de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo dispuesto en 
la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II.
b) «Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga 
duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además 
afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación.
c) «Documento de alcance»: pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor 
que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe 
tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental.
d) «Órgano sustantivo»: órgano de la Administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o para 
controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación 
previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya 
competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública estatal, autonómica o 
local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias 
sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que 
ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a 
aquélla.
e) «Órgano ambiental»: órgano de la Administración pública que realiza el análisis 
técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones estratégica y 
de impacto ambiental, y los informes ambientales.
f) «Público»: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación 
que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas interesadas.
g) «Personas interesadas»: se consideran interesados en el procedimiento de evaluación 
ambiental:
1.º Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el 
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 
27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, cumplan los siguientes requisitos:
i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan 
resultar afectados por la evaluación ambiental.
ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de modo 
activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 
afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación ambiental.
h) «Administraciones públicas afectadas»: aquellas Administraciones públicas que tienen 
competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 
biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, 
paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo.
i) «Patrimonio cultural»: concepto que incluye todas las acepciones de patrimonio, tales 
como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial.
j) «Medidas compensatorias»: las definidas en el artículo 3, apartado 24) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por:
a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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independientemente considerado de la Administración que en su momento sea la 
competente para su adopción o aprobación.
b) «Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas 
a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su 
desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
c) «Estudio ambiental estratégico»: estudio elaborado por el promotor que, siendo parte 
integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el 
fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del 
plan o programa.
d) «Declaración Ambiental Estratégica»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la 
integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.
e) «Informe Ambiental Estratégico»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada.
f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o programas 
ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos 
previstos o en la zona de influencia.
3. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en esta ley 
se entenderá por:
a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con 
independencia de la Administración que sea la competente para su autorización.
b) «Proyecto»: cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una 
obra, una construcción, o instalación, así como el desmantelamiento o demolición o 
cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la 
explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo así 
como de las aguas marinas.
c) «Estudio de impacto ambiental»: documento elaborado por el promotor que contiene 
la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el 
medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar 
dichos efectos.
d) «Declaración de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la 
integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que 
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o 
demolición del proyecto.
e) «Informe de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada.
Artículo 6.  Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de 
una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, 
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
Artículo 7.  Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes 
o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I 
o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en 
el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior 
a dos años.
Artículo 8.  Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos 
de emergencia.
b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos:
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación 
pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos 
deben contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho 
proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto 
se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el 
órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito 
de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir 
un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del 
Estado y, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma 
en su respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y 
caso por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental en proyectos de:
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de 
especial interés para la seguridad pública por las administraciones competentes.
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.
4. En los casos previstos en el apartado anterior:
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de 
evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición 
del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y 
el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la 
Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
Artículo 9.  Obligaciones generales.
1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, 
autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, 
programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se 
hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
puedan corresponder.
2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración responsable o 
una comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una evaluación de impacto 
ambiental, la declaración responsable o la comunicación previa no podrán presentarse hasta 
que no haya concluido dicha evaluación de impacto ambiental por el órgano ambiental y 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y tal informe esté 
adoptado mediante resolución posterior adoptada por el órgano sustantivo.
La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto carecerá de 
validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación 
ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso procedan.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 10.  Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales.
La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental 
estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en 
los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una 
evaluación ambiental favorable.
Artículo 11.  Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejercer las 
funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental cuando se trate de la evaluación 
ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o 
autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa 
ante esta administración.
2. Las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo, en 
cuanto a la tramitación de los distintos procedimientos, corresponderán a los órganos que 
determine la legislación de cada comunidad autónoma cuando se trate de la evaluación 
ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o 
autorizados por las comunidades autónomas o que sean objeto de declaración responsable 
o comunicación previa ante las mismas.
3. En el caso de planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o 
autorización corresponda a las entidades locales, las funciones atribuidas por esta ley al 
órgano ambiental y al órgano sustantivo corresponderán al órgano de la Administración 
autonómica o local que determine la legislación autonómica.
4. Cuando el órgano sustantivo sea simultáneamente el promotor del plan, programa o 
proyecto, el órgano sustantivo realizará las actuaciones atribuidas al promotor en esta ley.
Artículo 12.  Resolución de discrepancias.
1. En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano 
ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de 
impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto 
ambiental resolverá según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de 
Ministros o el Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad autónoma determine.
2. El órgano sustantivo trasladará al órgano ambiental escrito fundado donde manifieste 
las razones que motivan la discrepancia junto con toda la documentación, incluyendo 
cuantos informes y documentos estime oportunos, en el plazo máximo de treinta días hábiles 
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente de la 
declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, del 
informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental.
3. Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en un 
plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el citado 
plazo, se entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la declaración 
ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe 
ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental formulado.
4. El órgano sustantivo elevará la discrepancia al órgano competente para su resolución, 
quien se pronunciará en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados desde su 
recepción. En tanto no se pronuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, se 
considerará que la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, o 
en su caso, el informe ambiental estratégico, o el informe de impacto ambiental mantienen 
su eficacia.
5. El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 13.  Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto 
ambiental.
1. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación 
de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven.
2. El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de eficacia, la 
incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación 
ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental, siempre y cuando no 
haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa o, en su defecto, el de cuatro 
años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica y no se hayan producido 
alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica.
Artículo 14.  Relación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental 
integrada.
Las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en 
materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento de 
otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada.
Artículo 15.  Confidencialidad.
1. Las Administraciones públicas que intervienen en los procedimientos de evaluación 
ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el 
promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter, teniendo en 
cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación 
presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La Administración competente 
decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto 
comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad.
Artículo 16.  Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos 
ambientales.
1. El documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y el documento 
ambiental estratégico, en el caso de la evaluación ambiental estratégica, y el documento 
inicial, el estudio de impacto ambiental y el documento ambiental en el caso de la evaluación 
de impacto ambiental, deberán ser realizados por personas que posean la capacidad técnica 
suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la 
educación superior, y tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta ley. 
Para ello, los estudios y documentos ambientales mencionados deberán identificar a su 
autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá 
constar la fecha de conclusión y firma del autor.
2. Los autores de los citados documentos serán responsables de su contenido y de la 
fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la 
administración de forma fehaciente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO II
Evaluación ambiental
CAPÍTULO I
Evaluación ambiental estratégica
Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria 
para la formulación de la declaración ambiental estratégica
Artículo 17.  Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
f) Declaración ambiental estratégica.
2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la 
recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico, para 
realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y elaborar un documento de alcance del 
estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2.
3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la 
realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 
23 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance.
4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental 
estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos 
meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del 
expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
Artículo 18.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que 
contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo 
de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión 
por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable 
por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental estratégica 
desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el 
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un 
plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.
Artículo 19.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico.
1. El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial 
estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 
interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su 
recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en 
cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se 
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que resulten 
relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría 
que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente 
informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al 
órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto en el artículo 17.2.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá 
al promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas.
3. El documento de alcance del estudio ambiental estratégico se pondrá a disposición del 
público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
Artículo 20.  Estudio ambiental estratégico.
1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio 
ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos 
significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos 
y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y 
contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se 
considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos efectos, se tendrán 
en cuenta los siguientes extremos:
a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser 
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.
3. Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la información 
pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas 
promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas.
Artículo 21.  Versión inicial del plan o programa e información pública.
1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el 
estudio ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo.
2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, acompañado 
del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La 
información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles.
La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo 
cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.
3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen no 
técnico del estudio ambiental estratégico.
4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el 
público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los medios electrónicos.
Artículo 22.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la 
versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 
consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que 
hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19.
Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de 
acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa del 
plan o programa.
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se 
acredite la realización de la consulta.
2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán de un 
plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde que se les somete la versión inicial del 
plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir los informes y 
alegaciones que estimen pertinentes.
Artículo 23.  Propuesta final de plan o programa.
Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información 
pública y de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el promotor 
modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final del 
plan o programa.
No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos 
establecidos en los artículos 21 y 22.
Artículo 24.  Análisis técnico del expediente.
1. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación 
ambiental estratégica completo, integrado por:
a) La propuesta final de plan o programa.
b) El estudio ambiental estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las 
consultas transfronterizas así como su consideración.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta 
final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de 
su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo 
éstas se han tomado en consideración.
2. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un análisis de los 
impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el medio ambiente, que 
tomará en consideración el cambio climático.
3. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica el 
órgano ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han realizado 
conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsane el 
expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres meses. En estos 
casos se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración ambiental 
estratégica.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
4. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica el 
órgano ambiental concluyera que es necesaria información adicional para formular la 
declaración ambiental estratégica solicitará al promotor la información que sea 
imprescindible, informando de ello al órgano sustantivo, que complete el expediente. Esta 
solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación adicional 
solicitada, o si una vez presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
5. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de los 
elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica.
Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara alguno de los 
informes de las Administraciones públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto en 
el artículo 22, y el órgano ambiental no dispusiera de elementos de juicio suficientes para 
realizar la evaluación ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de 
diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente 
la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el informe, 
comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 25.  Declaración ambiental estratégica.
1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente formulará la 
declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción 
del expediente completo, prorrogables por dos meses más por razones justificadas 
debidamente motivadas y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
2. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, 
determinante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del 
procedimiento incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, en su 
caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, medidas o 
condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que finalmente se 
apruebe o adopte.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. La declaración ambiental estratégica, una vez formulada, se remitirá para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general 
que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa 
o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa.
Artículo 26.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
1. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan 
o programa y, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la 
adopción o aprobación del órgano sustantivo.
2. En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o 
programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la 
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el 
contenido íntegro de dicho plan o programa.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 
estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su 
caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando 
proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 
alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa.
Artículo 27.  Vigencia de la declaración ambiental estratégica.
1. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de 
los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o 
diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o 
programa en el plazo máximo de dos años desde su publicación. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental estratégica del plan o 
programa, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica en los términos previstos en los siguientes apartados.
2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior.
3. A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia 
de la declaración ambiental estratégica en caso de que no se hayan producido cambios 
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación 
ambiental estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este 
plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa, el promotor deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, el órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación ambiental estratégica. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo 
de dos meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un mes más.
5. Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya notificado la 
prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica se entenderá estimada la 
solicitud de prórroga.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 28.  Modificación de la declaración ambiental estratégica.
1. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá 
modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la 
declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento 
posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no 
fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.
2. El procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica podrá 
iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o a 
petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.
En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el plazo 
de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.
3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor de 
inicio de la modificación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental podrá 
resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su caso, 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su 
caso.
4. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles al 
promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de que emitan 
los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos 
documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por medios convencionales, 
electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización de la consulta.
Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las 
Administraciones públicas afectadas, y de las personas interesadas, el procedimiento de 
modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se reciban 
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar con el 
procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las 
Administraciones públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen 
insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente 
superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la remisión de los informes 
en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y 
al promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental se pronuncie sobre la 
modificación de la declaración ambiental estratégica.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la formulación 
de los informes, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el inicio del 
procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica que 
en su día se formuló.
6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter determinante y 
no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, 
procedan frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan 
dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo y deberá ser remitida 
para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada 
para la emisión del informe ambiental estratégico
Artículo 29.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un plazo 
de diez días hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable 
por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el 
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un 
plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.
Artículo 30.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa.
2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 29
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos 
de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se 
tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se 
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten 
relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría 
que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente 
informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al 
órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 31.  Informe ambiental estratégico.
1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de 
conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la emisión del 
informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria 
porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el órgano 
ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en 
cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado 
de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y continúe con 
la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 
ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica 
del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera 
procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los 
que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que 
hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía 
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Artículo 32.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano 
sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una 
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del 
público el contenido íntegro de dicho plan o programa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que 
se ha publicado el informe ambiental estratégico.
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Sección 1.ª Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para 
la formulación de la declaración de impacto ambiental
Artículo 33.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se inicia con la 
recepción por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto 
ambiental.
2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinario se establecen las siguientes actuaciones:
a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 
34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses.
b) Con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo de 
autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Los trámites de información pública y de consultas tendrán una vigencia de un año 
desde su finalización. Transcurrido este plazo sin que se haya iniciado la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo declarará la caducidad de los citados 
trámites.
3. Tras las actuaciones previas a las que se refiere el apartado anterior, la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria se desarrollará en los siguientes trámites:
a) Solicitud de inicio.
b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental.
c) Declaración de impacto ambiental.
El órgano ambiental realizará estos trámites en el plazo de cuatro meses, contados 
desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses adicionales debido a razones justificadas, debidamente 
motivadas.
Artículo 34.  Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental.
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del 
documento de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del 
documento de alcance.
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento 
inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 
impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano ambiental 
para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 31
3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el 
órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
documentación.
Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En este caso, no 
se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se 
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que resulten 
relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría 
que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente 
informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al 
órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto para la elaboración del 
documento de alcance. En el caso de no haberse recibido informe transcurrido el plazo 
anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien podrá elaborar el estudio de 
impacto ambiental y continuar con la tramitación del procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá 
al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas dentro del plazo 
establecido en el artículo 33.2.a).
6. Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en cuenta el 
resultado de las consultas realizadas conforme al artículo 46 y no será preciso realizar 
nuevas consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental.
Artículo 35.  Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la 
siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del 
suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos 
vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de 
no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, 
la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 
cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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2. La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y cualquier otra 
documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del 
estudio de impacto ambiental.
3. El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año desde la 
fecha de su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para la 
realización de la información pública y de las consultas.
Artículo 36.  Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
1. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el órgano 
sustantivo, que los someterá a información pública durante un plazo no inferior a treinta días, 
previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda y, en su 
caso, en su sede electrónica.
Esta información pública se llevará a cabo en una fase del procedimiento sustantivo de 
autorización del proyecto en la que estén abiertas todas las opciones relativas a la 
determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.
En el caso de proyectos que deban ser autorizados por la Administración General del 
Estado y que además requieran una autorización ambiental integrada según lo dispuesto en 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el 
órgano sustantivo realizará la información pública a la que se refiere este artículo.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 
previa, incumbirá al órgano ambiental la realización de la información pública.
2. En el anuncio del inicio de la información pública el órgano sustantivo, o en caso el 
órgano ambiental, incluirá un resumen del procedimiento de autorización del proyecto, que 
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el capítulo III de 
este título en materia de consultas transfronterizas.
b) Identificación del órgano competente para autorizar el proyecto o, en el caso de 
proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, identificación del 
órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o comunicación previa; 
identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse información pertinente y de 
aquellos a los que puedan presentarse alegaciones, así como del plazo disponible para su 
presentación.
3. El órgano sustantivo, o en caso el órgano ambiental, adoptará las medidas necesarias 
para garantizar que la documentación que debe someterse a información pública tenga la 
máxima difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios de comunicación y 
electrónicos.
Artículo 37.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo consultará a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
2. El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes informes:
a) El informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
b) El informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
c) El informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, 
cuando proceda.
d) El informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cuando proceda.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer el 
carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de los anteriormente mencionados.
3. Las consultas se realizarán mediante una notificación que contendrá, como mínimo, la 
siguiente información:
a) El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser consultado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones.
c) Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la evaluación 
ambiental que obre en poder del órgano sustantivo.
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se 
acredite la realización de la consulta.
4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán de un 
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para emitir los 
informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
5. El órgano sustantivo pondrá a disposición de las Administraciones públicas afectadas 
y de las personas interesadas aquella otra información distinta de la prevista en el apartado 
3 de este artículo que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de información 
pública a que se refiere el artículo 36 y que resulte relevante a los efectos de la decisión 
sobre la ejecución del proyecto.
Artículo 38.  Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.
En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los trámites de 
información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, el órgano sustantivo remitirá al promotor los informes y alegaciones 
recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del 
proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
Artículo 39.  Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
acompañada de la siguiente documentación que constituirá el contenido mínimo del 
expediente de evaluación de impacto ambiental:
a) El documento técnico del proyecto.
b) El estudio de impacto ambiental.
c) Las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
d) En su caso, las observaciones que el órgano sustantivo estime oportunas.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo 
de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará formalmente que la documentación 
presentada cumple los requisitos exigidos por la legislación sectorial.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión 
por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.
b) Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración de impacto ambiental 
desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el 
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un 
plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.
Artículo 40.  Análisis técnico del expediente.
1. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente de impacto ambiental, 
evaluando los efectos ambientales del proyecto.
Se analizará, en particular, cómo se ha tenido en consideración el resultado del trámite 
de información pública, de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas y, en su caso, el resultado de las consultas transfronterizas. Asimismo, 
se tendrá en consideración el cambio climático.
2. Si durante el análisis técnico del expediente de impacto ambiental el órgano ambiental 
estimara que la información pública o las consultas no se han realizado conforme a lo 
establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsane el expediente de 
impacto ambiental en el plazo de tres meses. En estos casos se suspenderá el cómputo del 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
3. Si durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental concluyera que es 
necesaria información adicional relativa al estudio de impacto ambiental o que el promotor no 
ha tenido en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública le 
requerirá, informando de ello al órgano sustantivo, para que complete la información que sea 
imprescindible para la formulación de la declaración de impacto ambiental. Esta solicitud 
suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la información requerida o, 
una vez presentada, esta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la 
resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
4. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de los 
elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental.
Si en el expediente de impacto ambiental no constara alguno de los informes preceptivos 
a los que se refiere el artículo 37.2 y el órgano ambiental no dispusiera de elementos de 
juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá personalmente 
al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para 
que, en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el informe, 
comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 41.  Declaración de impacto ambiental.
1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental.
2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del 
proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas 
correctoras y las medidas compensatorias. La declaración de impacto ambiental incluirá, al 
menos, el siguiente contenido:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 35
a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la descripción del 
proyecto.
b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han tenido en 
consideración.
c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan 
prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
e) Las medidas compensatorias que deban establecerse en caso de concurrir las 
circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.
h) En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a que se 
refiere la disposición adicional décima.
3. La declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo de 
quince días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su 
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los 
que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza 
el proyecto.
Artículo 42.  Publicidad de la autorización del proyecto.
1. El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.
2. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados 
miembros que hayan sido consultados según el capítulo III de este título, relativo a las 
consultas transfronterizas.
Artículo 43.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la 
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo 
que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los 
términos previstos en los siguientes apartados.
En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto 
cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado 
materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del 
proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad 
sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha 
de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.
2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto 
ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de cuatro años del apartado anterior.
3. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia 
de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido cambios 
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de 
impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá iniciar 
nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente el órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de 
impacto ambiental. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo de dos meses, 
que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un mes más.
5. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la 
vigencia de la declaración de impacto ambiental se entenderá estimada la solicitud de 
prórroga.
Artículo 44.  Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
1. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores 
técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permiten una 
mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actuación 
inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.
2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto 
ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o a 
petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.
En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el plazo 
de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.
3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor de 
inicio de la modificación de la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental podrá 
resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su caso, 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su 
caso.
4. En los procedimientos iniciados a solicitud del promotor, éste deberá presentar la 
solicitud y la documentación justificativa de la modificación de la declaración de impacto 
ambiental ante el órgano sustantivo para su análisis, comprobación y posterior remisión al 
órgano ambiental en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud.
5. Para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de impacto 
ambiental, el órgano ambiental consultará a las administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas previamente consultadas. Las Administraciones públicas afectadas y 
las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días.
Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido informes o alegaciones, el procedimiento 
de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes o alegaciones que se reciban 
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar con el 
procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las 
Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, habiéndose 
recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el 
plazo de diez días contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano 
competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6. El plazo máximo de emisión y notificación de la resolución de la modificación de la 
declaración de impacto ambiental será de treinta días, contados desde la recepción de los 
informes solicitados a las administraciones afectadas por razón de la materia. Esta 
resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.
7. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o actividad 
sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha 
de comienzo de la ejecución de la modificación de la condición establecida en relación con 
dicho proyecto o actividad.
Sección 2.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada
Artículo 45.  Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, 
acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los 
factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 
demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo 
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución 
del proyecto.
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo 
de diez días, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación 
de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por 
algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el 
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un 
plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.
Artículo 46.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que 
se refiere el artículo anterior.
2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud 
de informe.
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el 
informe de impacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos 
antes referidos que se reciban posteriormente.
3. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque no se 
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten 
relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría 
que emitir el informe, para que en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del 
requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el 
plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
responsable de la demora.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 47.  Informe de impacto ambiental.
1. El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo de tres 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de 
conformidad con lo establecido en el apartado anterior, resolverá mediante la emisión del 
informe de impacto ambiental, que podrá determinar que:
a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el 
estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.
b) El proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el informe de impacto ambiental.
3. El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de quince 
días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su 
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1 b) el informe de impacto ambiental perderá 
su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a 
la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En 
tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto.
5. El informe de impacto ambiental se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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6. El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los 
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de 
autorización del proyecto.
Artículo 48.  Publicidad de la autorización del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental.
CAPÍTULO III
Consultas transfronterizas
Artículo 49.  Consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental.
1. Cuando la ejecución en España de un plan, un programa o un proyecto pueda tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea 
o de otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de instrumentos 
internacionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación notificará a dicho 
Estado la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento de adopción, 
aprobación o autorización a que está sujeto, otorgándole un plazo de treinta días para que 
se pronuncie sobre su intención de participar en el procedimiento de evaluación ambiental.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizará la notificación a instancias 
del órgano sustantivo o a solicitud del Estado que pueda ser afectado.
2. La notificación a la que se refiere el apartado anterior se realizará lo antes posible y, a 
más tardar, cuando se inicie el trámite de información pública. Cuando el procedimiento de 
evaluación ambiental incluya el trámite de determinación del documento de alcance del 
estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, la notificación podrá 
realizarse durante este trámite y a instancias del órgano ambiental.
3. La notificación al Estado que pueda ser afectado irá acompañada de la siguiente 
documentación:
a) Un resumen del procedimiento de adopción, aprobación o autorización a que está 
sujeto el plan, programa o proyecto, incluyendo la evaluación ambiental, y la fase del 
procedimiento en que se realizaran las consultas transfronterizas.
b) La versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental estratégico 
relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o programas, o el 
proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles efectos 
transfronterizos, en el caso de proyectos.
c) Cuando la notificación se realice en el trámite de determinación del documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, incluirá el 
documento inicial del plan, programa o proyecto en lugar de la documentación señalada el 
párrafo b).
4. Si el Estado afectado manifestara su intención de participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en colaboración 
con el órgano ambiental y el órgano sustantivo, y teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales 
o multilaterales firmados por España al efecto:
a) Fijará un calendario razonable para la realización de las consultas transfronterizas y 
las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades públicas 
afectadas y el público interesado de dicho Estado pueda participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental, incluyendo qué documentos han de ser traducidos.
b) Remitirá la versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental 
estratégico relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o programas, 
o el proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles efectos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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transfronterizos, en el caso de proyectos, cuando esta documentación no se hubiera ya 
remitido.
5. Las observaciones formuladas por las autoridades ambientales y el público interesado 
del Estado afectado se tendrán en cuenta en la formulación de la declaración ambiental 
estratégica o en la formulación de la declaración de impacto ambiental.
6. Los plazos previstos en esta ley para la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos se suspenderán en tanto no hayan finalizado las consultas 
transfronterizas.
7. El órgano ambiental remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
para su traslado al Estado afectado, la resolución por la que se formula la declaración 
ambiental estratégica del plan o programa, o la declaración de impacto ambiental del 
proyecto.
Asimismo, el órgano sustantivo remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, para su traslado al Estado afectado, el plan o programa aprobado o el proyecto 
autorizado.
Artículo 50.  Consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental.
1. Cuando un Estado notifique que un plan, programa o proyecto previsto en su territorio 
puede tener efectos ambientales significativos en España, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la voluntad de participar o no en la 
evaluación ambiental correspondiente.
Asimismo, cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o una 
comunidad autónoma considere que la ejecución de un plan, programa o proyecto de otro 
Estado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente español, solicitará a dicho 
Estado, a través del Ministerio de Asuntos y Exteriores y de Cooperación que se le notifique 
de la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento de adopción, aprobación o 
autorización a que está sujeto, para poder valorar la voluntad de participar o no en la 
evaluación ambiental correspondiente.
2. Una vez manifestada la voluntad de participar en la evaluación ambiental, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales o 
multilaterales firmados por España al efecto, solicitará la información relevante del plan, 
programa o proyecto y de sus posibles efectos significativos transfronterizos sobre el medio 
ambiente.
Cuando las consultas a las administraciones públicas afectadas y el público interesado 
no estén reguladas en otra ley o en acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por 
España al efecto, éstas se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en los términos referidos en los artículos 36 y 38.
3. Una vez realizadas las consultas a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado y realizado el análisis técnico del expediente, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente remitirá al Estado de origen, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, un informe sobre los siguientes aspectos:
a) El resultado de las consultas a las administraciones públicas afectadas y al público 
interesado.
b) Las conclusiones sobre los impactos transfronterizos del proyecto, las alternativas 
estudiadas, las medidas preventivas, correctoras y, si proceden, de seguimiento, así como la 
forma en que éstas se han de tener en cuenta en el plan, programa o proyecto.
4. Cuando se reciba la decisión final del plan, programa o proyecto, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la hará pública en su sede electrónica.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO III
Seguimiento y régimen sancionador
CAPÍTULO I
Seguimiento
Artículo 51.  Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes 
ambientales estratégicos.
1. Los órganos sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades 
autónomas respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, 
deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 
ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos 
y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos 
en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe de 
seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del informe 
ambiental estratégico. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las 
medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia 
ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano 
sustantivo.
2. El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. Para 
ello, el órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que 
considere necesarias.
3. Las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales estratégicos 
de planes y programas de competencia estatal, podrán establecer, a propuesta del órgano 
sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, que el seguimiento de 
determinadas condiciones, criterios o indicadores ambientales sea realizado por el órgano 
competente de la comunidad autónoma.
4. Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes.
Artículo 52.  Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de 
impacto ambiental.
1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las 
comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el 
seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.
La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, en 
caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los mismos. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en 
caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de 
impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de 
seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de 
seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de 
vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se 
harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
2. El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que 
considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.
3. El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de 
autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del 
proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su 
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
4. Las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental de 
proyectos de competencia estatal, salvo los proyectos sujetos a la normativa de energía 
nuclear y los destinados a la producción de explosivos, podrán establecer, a propuesta del 
órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, que el seguimiento 
de determinadas condiciones, medidas correctoras y compensatorias sea realizado por el 
órgano competente de la comunidad autónoma.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 53.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al órgano sustantivo en los proyectos privados 
que deban ser autorizados por la Administración General del Estado y a los órganos que 
determinen las comunidades autónomas en su ámbito de competencia.
Artículo 54.  Sujetos responsables de las infracciones.
1. Podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que tengan la 
condición de persona física o jurídica privada que resulten responsables de los mismos.
2. En el caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
Artículo 55.  Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las comunidades 
autónomas, las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el caso de 
proyectos privados llevados a cabo por persona física o jurídica privada se clasifican en muy 
graves, graves y leves.
2. Es infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a 
declaración responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto 
ambiental.
3. Son infracciones graves:
a) El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de impacto ambiental 
simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental.
b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento 
de evaluación.
c) El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental e incluidas en la 
resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el incumplimiento de las 
condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución 
que aprueba o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la declaración responsable o 
comunicación previa del proyecto.
d) El incumplimiento del requerimiento acordado por la Administración para la 
suspensión de la ejecución del proyecto.
4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos 
contenidos en esta Ley, cuando no esté tipificado como muy grave o grave.
5. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones susceptibles de ser 
consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se 
hubieran cometido. En el caso en que unos mismos hechos pudieran ser constitutivos de 
diversas infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en 
su mitad superior. En el caso en que unos hechos fueran constitutivos de una infracción BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos también 
constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se 
impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
6. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos, que se computarán desde el día 
de la comisión de la infracción:
a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves a los dos años.
c) Las infracciones leves al año.
Artículo 56.  Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de 
impacto ambiental.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las 
siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 240.400 euros.
c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.000 euros.
2. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos que se computarán desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción:
a) Las sanciones muy graves a los tres años.
b) Las sanciones graves a los dos años.
c) Las sanciones leves al año.
Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de 
culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño causado al medio 
ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la imposición de una sanción con 
carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la prohibición de contratar 
establecida en el artículo 60.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre o norma que, en 
su caso, la sustituya.
4. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración 
Pública o al medio ambiente carentes de previsión específica en la legislación sectorial, la 
resolución del procedimiento podrá declarar:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada 
por la infracción.
A este respecto, cuando la comisión de una infracción de las previstas en esta norma 
produjera un daño medioambiental, se procederá de conformidad con lo establecido en la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o la normativa que, en 
su caso, se dicte a tal fin.
b) La indemnización por los daños y perjuicio causados, cuando su cuantía haya 
quedado determinada durante el procedimiento.
5. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de 
las comunidades autónomas en la materia.
Artículo 57.  Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.
2. Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, se dará 
traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose desde ese mismo momento 
la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado 
resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el sobreseimiento o el archivo BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. De no 
haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente 
continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución 
judicial firme vincularán al órgano administrativo.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 58.  Iniciación.
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
petición razonada de otros órganos o denuncia.
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones 
previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la 
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, 
la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
3. Las actuaciones previas podrán ser realizadas tanto por el órgano sustantivo a quien 
competa el seguimiento como por el ambiental a quien competa la inspección en la materia.
4. El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el 
contenido mínimo siguiente:
a) Identificación de la persona o personas físicas o jurídicas privadas presuntamente 
responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su 
posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte 
de la instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del 
régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal 
competencia.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente 
para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
el mismo de conformidad con el artículo siguiente.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y 
de los plazos para su ejercicio.
5. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los 
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.
Artículo 59.  Medidas de carácter provisional.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador, en los casos 
de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las 
medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento 
sancionador, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.
2. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver, 
de oficio o a requerimiento del órgano ambiental, podrá en cualquier momento y mediante 
acuerdo motivado, acordar la suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar otras 
medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera 
recaer.
Artículo 60.  Instrucción.
1. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación 
del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.
2. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor del 
procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de 
los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su 
caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.
3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la 
determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o 
de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la 
propuesta de resolución debiendo concederse plazo de quince días para la formulación de 
alegaciones al respecto.
Artículo 61.  Prueba.
1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para ello, el órgano 
instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 80 y siguientes y 137.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez días.
2. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 62.  Propuesta de resolución.
Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará 
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose 
los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción 
que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, 
especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se 
hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por 
el instructor del mismo; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o 
responsabilidad.
Artículo 63.  Audiencia.
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de 
manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las 
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
ante el instructor del procedimiento.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su 
caso, por el interesado.
3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para 
resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que 
obren en el mismo.
Artículo 64.  Resolución.
1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 
mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 
indispensables para resolver el procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los 
interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que 
tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo 
no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta 
la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución 
final del procedimiento.
2. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución se adoptará en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta de 
resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento.
3. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase 
de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo 
previsto en el número 1 de este artículo, con independencia de su diferente valoración 
jurídica. No obstante y solo cuando el órgano competente para resolver considere que la 
infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se 
notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, 
concediéndosele un plazo de quince días.
4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los 
elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirán la valoración 
de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos 
básicos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, 
la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la 
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
5. Las resoluciones se notificarán a los interesados. Si el procedimiento se hubiese 
iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la resolución se 
comunicará también al órgano administrativo autor de aquélla.
6. Se declarará la caducidad del expediente sancionador si transcurrido el plazo de un 
año desde que se dictó el acuerdo de iniciación no se hubiese notificado la resolución.
Disposición adicional primera.  Evaluación de proyectos sujetos a declaración responsable 
o comunicación previa.
1. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental regulados en esta ley serán 
de aplicación a los proyectos que, estando incluidos en su ámbito de aplicación, no requieran 
una autorización sino una declaración responsable o comunicación previa previstas en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica, cuando corresponda a la 
Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental o emitir el 
informe de impacto ambiental, las funciones atribuidas al órgano sustantivo deberá 
realizarlas el órgano ambiental.
3. Las obligaciones de publicación de la autorización del proyecto se entenderán 
cumplidas con la publicación de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.
4. En estos casos, contra la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto 
ambiental se podrán interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía administrativa 
o judicial.
Disposición adicional segunda.  Planes y programas cofinanciados por la Unión Europea.
La evaluación ambiental de planes y programas cofinanciados por la Unión Europea se 
realizará de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria que le resulte de 
aplicación.
Disposición adicional tercera.  Obligaciones de información.
Las Administraciones públicas proporcionarán al Ministerio que ostente las competencias 
en materia de medio ambiente la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones de información derivadas del derecho internacional y comunitario.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición adicional cuarta.  Relación de la evaluación ambiental con otras normas.
Para aquellos planes, programas o proyectos para los que existe obligación de efectuar 
una evaluación ambiental en virtud de esta ley y en virtud de otras normas, las 
Administraciones públicas competentes establecerán procedimientos coordinados o 
conjuntos con el objeto de evitar la duplicación de las evaluaciones.
Disposición adicional quinta.  Concurrencia y jerarquía de planes o programas.
1. Cuando exista una concurrencia de planes o programas promovidos por diferentes 
Administraciones públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de que 
puedan complementarse y para evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones, 
asegurando que todos los efectos ambientales significativos de cada uno son 
convenientemente evaluados.
2. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de 
decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno de ellos 
deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que se encuentra 
el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.
Disposición adicional sexta.  Infraestructuras de titularidad estatal.
A los efectos de lo previsto en la disposición adicional cuarta, sobre concurrencia y 
jerarquía de planes o programas, no deberán someterse a un nuevo procedimiento de 
evaluación como consecuencia de la elaboración y aprobación de un plan de ordenación 
urbanística o territorial, las infraestructuras de titularidad estatal en cuya planificación 
sectorial se haya realizado la evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en esta ley.
En tales casos, la Administración pública competente para la aprobación del plan de 
ordenación urbanística o territorial podrá exigir que se tengan en cuenta los aspectos no 
específicamente considerados en la primera evaluación ambiental.
Disposición adicional séptima.  Evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con 
la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 
forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la 
presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del Estado, a 
la vista de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las zonas de la Red 
Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará y supervisará 
las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Red Natura 
2000. Para su definición, se consultará preceptivamente al órgano competente de la 
comunidad autónoma en la que se localice el proyecto. El plazo para la evacuación de dicho 
informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera recibido el informe, 
el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas 
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.
Disposición adicional octava.  Bancos de conservación de la naturaleza.
1. Los bancos de conservación de la naturaleza son un conjunto de títulos ambientales o 
créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas, que representan valores naturales 
creados o mejorados específicamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Los bancos de conservación de la naturaleza se crearán por resolución del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, de las comunidades 
autónomas. En dicha resolución se describirán las actuaciones, identificando las fincas en 
las que se realiza, con indicación de su referencia catastral y, en su caso, del número de 
finca registral; asimismo constará la atribución del número de créditos que la dirección 
general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente competente en materia 
de medio natural otorgue, o el órgano que al efecto determine la correspondiente comunidad 
autónoma, a los titulares de los terrenos, de acuerdo con los criterios técnicos que se 
establezcan en la resolución por la que se crea cada banco de conservación.
3. Los titulares de los terrenos afectados por los bancos deberán conservar los valores 
naturales creados o mejorados, debiendo estos terrenos solo destinarse a usos que sean 
compatibles con los citados valores naturales, de acuerdo con lo que disponga la resolución 
de creación de cada banco de conservación de la naturaleza.
Esta limitación del dominio se hará constar en el Registro de la Propiedad en la 
inscripción de la finca o fincas en las que se haya realizado la mejora o creación de activos 
naturales. A tal efecto, será título suficiente para practicar esta inscripción el certificado 
administrativo de que la actuación de creación o mejora del activo natural está registrada en 
el correspondiente banco de conservación de la naturaleza.
4. Los créditos de conservación podrán constituir las medidas compensatorias o 
complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad medio 
ambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad, con el objetivo de que los efectos 
negativos ocasionados a un valor natural sean equilibrados por los efectos positivos 
generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo o lugar diferente.
5. Los créditos otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre 
mercado y serán propuestos por cada Administración otorgante, para su inscripción en un 
Registro público compartido y único en todo el territorio nacional, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
6. Las infracciones de la normativa reguladora de los bancos de conservación de la 
naturaleza serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
7. El régimen general, organización, funcionamiento y criterios técnicos de los bancos de 
conservación de la naturaleza se desarrollarán reglamentariamente.
Disposición adicional novena.  Certificación de no afección a la Red Natura 2000.
A los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, el 
órgano ambiental de la Administración General del Estado será la autoridad competente para 
la emisión de la certificación de no afección a la Red Natura 2000 de los proyectos cuya 
autorización corresponda a la Administración General del Estado y en cuya evaluación de 
impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se haya determinado que no existen 
afecciones a lugares Red Natura 2000.
Disposición adicional décima.  Operaciones periódicas.
1. En el caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental que consistan en 
actuaciones con plazo de duración total inferior a un año que sean susceptibles de repetirse 
periódicamente en años sucesivos en idénticas condiciones a través de proyectos que 
hubiera de autorizar el mismo órgano sustantivo con idéntico promotor, el órgano ambiental 
podrá establecer en la declaración de impacto ambiental que la misma podrá extender sus 
efectos para tales proyectos por un número de años no superior a cuatro, y teniendo en 
cuenta los impactos de carácter acumulativo.
2. En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte del 
órgano sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo de esta 
posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente se repetirán 
en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.
El estudio de impacto ambiental contemplará las actuaciones periódicas en un escenario 
no superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento especial, en el 
que se incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto durante un número de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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años no superior a cuatro. El estudio de impacto ambiental identificará adecuadamente y 
evaluará los impactos de carácter acumulativo.
3. En caso de alteración de las circunstancias determinantes de la declaración de 
impacto ambiental favorable, el órgano ambiental resolverá que la declaración de impacto 
ambiental ha decaído en su vigencia y carece de los efectos que le son propios.
Disposición adicional undécima.  Acumulación de procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.
Con carácter general cada procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá 
referirse a un único proyecto. No obstante, el órgano ambiental, podrá acordar la 
acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 
73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional duodécima.  Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta ley se aplicará, cuando proceda, la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Disposición adicional decimotercera.  Tramitación electrónica.
Los trámites regulados en esta ley se realizarán por vía electrónica en las sedes 
electrónicas que a tal efecto habiliten las administraciones públicas competentes, en los 
términos establecidos en el Título III de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Disposición adicional decimocuarta.  Identificación de las personas interesadas.
1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas adecuadas para 
identificar a las personas interesadas que deban ser consultadas según lo dispuesto en esta 
Ley, con el fin de garantizar que su participación en los procedimientos de evaluación 
ambiental sea efectiva.
En particular, podrán crear registros para la inscripción de las personas físicas o jurídicas 
que acrediten la condición de persona interesada de acuerdo con la definición contenida en 
esta Ley.
2. En virtud de los principios de información mutua, cooperación y colaboración, las 
Administraciones públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un efectivo 
intercambio de información sobre las personas interesadas que se hayan identificado.
Disposición adicional decimoquinta.  Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.
1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de 
cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará 
la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año 
hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales 
o mayores que 1.500 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses 
en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hm3. En este caso el órgano 
competente autorizará un trasvase mensual de 68 hm3, hasta el máximo anual antes 
referido.
Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean 
inferiores a 1.500 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones 
conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 hm3. En este caso 
el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hm3, hasta el máximo anual 
antes referido.
Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las existencias 
conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes, los valores que 
se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, mediante el real decreto BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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previsto posteriormente en este apartado, establecerá para el nivel 3 el trasvase máximo 
mensual que el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada, 
así como los valores mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el objetivo único 
que se indica posteriormente.
Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 
Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.
Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, 
minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere 
el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a propuesta 
justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe favorable de la 
Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán modificarse, mediante 
real decreto, tanto el volumen de existencias y el de aportaciones acumuladas contemplados 
en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase mensual correspondientes a los niveles 1, 2, 3 
y los volúmenes de existencias para cada mes correspondientes al nivel 3. Asimismo, en 
este real decreto se definirán los criterios de predicción de aportaciones para la aplicación de 
la regla en horizontes plurimensuales.
A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el sistema 
de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación se mantenga 
preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros almacenamientos en 
tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible con una gestión racional e 
integrada del sistema conjunto.
Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, que 
impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes 
aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al 
fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel.
Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por sus 
usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que al término 
del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible de agua 
trasvasada, será objeto de una nueva distribución, considerándose como recurso 
aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año hidrológico siguiente.
Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos 
y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 75 por ciento 
restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y asegurando siempre al 
menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.
2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará los 
trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el Ministro 
que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de esta Comisión, 
cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 1 y 2 la autorización 
de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, mientras que en el caso del 
nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo que el órgano competente justifique 
en cualquiera de los niveles la utilización de plazos distintos.
3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión Central de 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera autorización del 
trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del Agua elaborará, para 
su consideración por la Comisión Central de Explotación a efectos de las autorizaciones, un 
informe justificativo de las necesidades hídricas en las zonas y abastecimientos afectos al 
trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas regables, a los cultivos planificados y, 
para los abastecimientos, a las demandas estimadas, así como a las posibilidades de 
regulación existentes para tales caudales.
Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la información de 
la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre seguimiento de los planes 
hidrológicos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se declara la inconstitucionalidad y nulidad, diferida por el plazo de un año según establece el 
Fundamento Jurídico 5, por Sentencia TC 13/2015, de 5 de febrero. Ref. BOE-A-2015-2259 .
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio.
1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación 
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la 
entrada en vigor de la presente ley.
2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a 
todas aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son 
propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo 
máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto 
conforme a lo establecido en esta Ley.
4. La regulación de la modificación de las declaraciones ambientales estratégicas y de 
las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas 
formuladas antes de la entrada en vigor de esta ley.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de la modificación de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
La aplicación de la Disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las 
siguientes prescripciones:
1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la 
definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un régimen transitorio 
de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al siguiente 
procedimiento.
2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado 
conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se irá 
elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de cada año 
sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la curva de 
definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de forma 
escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta alcanzar la 
curva final.
3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de 
existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 
400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de 
forma inmediata.
4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la 
aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el 
período de transición.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad, diferida por el plazo de un año según establece el 
Fundamento Jurídico 5, por Sentencia TC 13/2015, de 5 de febrero. Ref. BOE-A-2015-2259 .
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
la presente ley y, en particular, las siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente.
b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.
2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de 
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes de que 
concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos 
adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el 
momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.
3. Queda derogada la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, 
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 3, diferida por el plazo de un año según 
establece el Fundamento Jurídico 5, por Sentencia TC 13/2015, de 5 de febrero. Ref. BOE-
A-2015-2259 .
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Uno. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 76 del siguiente modo:
«a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la realización 
de vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así como el 
depósito de elementos sólidos para rellenos, que alteren o supongan un riesgo de 
alteración de las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos 
contenidos.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras s) y t) en el apartado 1 del artículo 76 con la siguiente 
redacción:
«s) El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las 
normas reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los 
espacios naturales protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000.»
«t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo 
permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios 
naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de 
dicho combustible así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-
tanque.
Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos 
de ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma 
compañía, armador o grupo, siempre que la finalidad del fondeo sea el 
almacenamiento para el suministro de combustible. »
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 76, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Las infracciones recogidas en el apartado anterior se calificarán del siguiente 
modo:
a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), s) y t) si 
los daños superan los 100.000 euros; cualquiera de las otras, si los daños superan 
los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción grave del 
mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos años BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya 
adquirido firmeza en vía administrativa.
b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 
l), m), n), s) y t) cuando no tengan la consideración de muy graves ; y la reincidencia 
cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó una sanción 
anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que 
la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa .
c) Como leves, las recogidas en los apartados o), p), q) y r).»
Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 6 del artículo 77, quedando redactados en los 
siguientes términos:
«2. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la 
conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños 
ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o 
bienes protegidos por esta Ley; las circunstancias del responsable; el grado de 
intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio 
ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la 
irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.»
«6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada una 
de dichas multas coercitivas no excederá de 3.000 euros.»
Cinco. Se suprime el apartado 4 del artículo 77.
Seis. Se añade un nuevo artículo 80, con la siguiente redacción:
«Serán sancionadas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
resulten responsables de las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones 
administrativas tipificadas en la presente ley, incluidos, en su caso, los promotores de 
la actividad infractora, los empresarios que la ejecutan, los técnicos directores de la 
misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga, por acción u omisión, o cuya 
participación resulte imprescindible para la comisión de la infracción.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen 
económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.
Se modifica el último párrafo de la Disposición adicional primera que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 
generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a las 
referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará para 
abastecimientos de la provincia de Almería.»
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad, diferida por el plazo de un año según establece el 
Fundamento Jurídico 5, por Sentencia TC 13/2015, de 5 de febrero. Ref. BOE-A-2015-2259 .
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional:.
Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«En cuanto a las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, 
se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hm3. Por debajo de esta cifra 
no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.
Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones 
efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con los 
principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso su 
carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca 
puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca.»
Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta.  
Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con criterios de 
viabilidad, las obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no 
hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura 
del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga 
asignados y reservados.»
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad, diferida por el plazo de un año según establece el 
Fundamento Jurídico 5, por Sentencia TC 13/2015, de 5 de febrero. Ref. BOE-A-2015-2259 .
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se modifica el artículo 72 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 72.  Infraestructuras de conexión intercuencas.
1. La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos, a que se 
refiere esta sección, que implique el uso de infraestructuras que interconectan 
territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, esta autorización conlleva la 
de uso de las infraestructuras de interconexión. Se entenderán desestimadas las 
solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse 
notificado la resolución administrativa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico-
financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas 
singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes 
infraestructuras.
3. La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán 
alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«1. En aplicación del principio de transparencia, y para una completa información 
pública y seguridad jurídica de todos los afectados, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente publicará y actualizará la información relativa a las 
transferencias ordinarias entre distintas demarcaciones hidrográficas en los términos 
siguientes:
En la demarcación receptora, se establecerán unos valores de referencia para 
los consumos mensuales de las aguas trasvasadas por usos y zonas de riego. Los 
suministros a estas demandas no superarán los valores de referencia fijados, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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admitiéndose desviaciones ocasionales respecto a estos valores siempre que la 
media interanual de desviaciones no supere el total anual señalado.
Con respeto al principio de preferencia de la cuenca cedente y a las 
determinaciones de la planificación hidrológica, se establecerán unos valores 
mensuales de referencia de los desembalses en la demarcación cedente para 
satisfacer sus requerimientos propios. Los desembalses mensuales no superarán los 
valores de referencia fijados, admitiéndose desviaciones ocasionales respecto a 
estos valores siempre que la media interanual de desviaciones no supere el total 
anual señalado.
Previo informe de la Dirección General del Agua, y en un plazo máximo de 3 
meses, mediante real decreto se definirán los valores mensuales de los consumos de 
referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de riego en la demarcación de 
destino y sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, así como los 
valores mensuales de desembalses de referencia en la demarcación de origen, sus 
porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, y cuantas circunstancias 
específicas deban ser consideradas para su completa definición. Para ello se 
considerará la información hidrológica disponible y se respetarán las determinaciones 
de la planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones.
La Dirección General del Agua supervisará tanto los suministros mensuales a los 
usos y zonas de riego del trasvase como los desembalses de referencia, pudiendo 
solicitar al efecto las comprobaciones y justificaciones que estime oportunas, así 
como ordenar la ejecución de los medios técnicos que se requieran para ello.
Mediante real decreto se determinarán la periodicidad de la actualización de 
datos y su intervalo temporal, los formatos de presentación, el alcance mínimo de los 
valores históricos, y los datos estadísticos que habrán de incorporarse.»
Disposición final sexta.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente.
Disposición final séptima.  Relaciones de la evaluación ambiental con la legislación 
sectorial.
1. En el plazo de un año, las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la 
adopción o aprobación de los planes y programas contendrán las disposiciones necesarias 
para garantizar que aquéllos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se 
sometan a una evaluación ambiental estratégica antes de su adopción o aprobación.
2. Las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la adopción o aprobación de 
los planes, programas y proyectos deberán establecer plazos para las actuaciones que la 
presente ley atribuye al órgano sustantivo o al promotor. Esta adaptación normativa deberá 
realizarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición final octava.  Títulos competenciales.
1. Esta ley, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección.
Se declara la inconstitucional y nulidad del apartado primero, con el alcance expuesto en el 
fundamento jurídico 17, en cuanto que invoca indebidamente el artículo 149.1.23 CE como título 
competencial que habilita al Estado para declarar como básicos determinados incisos y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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apartados de los arts. 12, 18,19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34 39, 40, 43, 44, 45 y 46, por 
Sentencia del TC 53/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6849
2. No tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la Administración 
General del Estado y a sus organismos públicos los siguientes preceptos:
a) Los artículos 3.3, 8. 3, 8.4, 11.1; el capítulo III del título III; la disposición adicional 
sexta; los apartados 2 y 3 de la disposición adicional séptima; y la disposición adicional 
novena.
b) Los plazos establecidos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la disposición adicional décima.
3. La disposición adicional octava se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
legislación mercantil y al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva para dictar la legislación básica en materia de protección del medio 
ambiente.
El segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional octava se ampara en la 
competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución otorga al Estado en materia de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos.
4. La disposición adicional decimoquinta, las disposiciones finales segunda, tercera, 
cuarta y quinta, y la disposición transitoria segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las 
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecta a otra Comunidad o el transporte 
de energía salga de su ámbito territorial.
Disposición final novena.  Autorización de desarrollo.
1. En el ámbito de competencias del Estado y para los procedimientos de evaluación 
ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental en los que sea competente la 
Administración General del Estado, el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.
2. Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones que, en 
su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.
3. También se autoriza al Gobierno para actualizar el anexo VI, en aquellos aspectos de 
carácter técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante, con el fin de adaptarlo al progreso 
técnico, científico y económico.
Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Disposición final undécima.  Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de 
desarrollo.
Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos de 
los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la aplicación 
de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan de 
legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en 
esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier 
caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las 
Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por 
realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito 
territorial como legislación básica y supletoria.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se declara la inconstitucional y nulidad del inciso destacado, por Sentencia del TC 53/2017, de 
11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6849
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 9 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
ANEXO I
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª
Grupo 1. Ganadería.
a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas 
por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º 40.000 plazas para gallinas.
2.º 55.000 plazas para pollos.
3.º 2.000 plazas para cerdos de engorde.
4.º 750 plazas para cerdas de cría.
Grupo 2. Industria extractiva.
a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros 
cúbicos anuales.
3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel de 
referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una 
disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral o 
eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener 
interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, 
cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.
5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, 
espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a 
distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.
6. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, 
etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a 
acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de 
combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ  y 
minerales radiactivos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen 
a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las 
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
b) Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las 
circunstancias siguientes:
1.º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir aguas 
ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos 
que supongan una alteración del medio natural.
2.º Que exploten minerales radiactivos.
3.º Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 km (medido en plano) de 
distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
c) Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural con fines 
comerciales cuando:
1.º La cantidad de producción sea superior a 500 toneladas por día en el caso del 
petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas o bien,
2.º Se realicen en medio marino.
d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 
investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO 2, almacenamiento de 
gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de 
fracturación hidráulica.
No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que 
tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la 
utilización de técnicas de facturación hidráulica.
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 
necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte 
del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, abastecimientos de 
agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.
Grupo 3. Industria energética.
a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación 
y de licuefacción de, al menos, 500 t de carbón o de pizarra bituminosa al día.
b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica de, al 
menos, 300 MW.
c) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o 
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), cuya 
potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua.
d) Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
e) Instalaciones diseñadas para:
1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta 
radiactividad.
3.º El depósito final del combustible nuclear gastado.
4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez años) 
de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de 
producción.
f) Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para el 
transporte de:
1.º gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión,
2.º flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las 
estaciones de bombeo asociadas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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g) Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en 
subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
h) Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o 
químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 t.
i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía 
(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o 
que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en 
construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
a) Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, 
de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, 
químicos o electrolíticos.
b) Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
c) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de 
las siguientes actividades:
1.º Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero en bruto por hora.
2.º Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
3.º Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento 
de más de 2 t de acero bruto por hora.
d) Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 t por 
día.
e) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con 
excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de 
fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el cadmio o 20 t 
para todos los demás metales, por día.
f) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por 
proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas 
destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.
g) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con capacidad 
superior a 5.000 t por año de mineral procesado.
h) Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
1.º Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 
500 t diarias.
2.º Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior 
a 500 t diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 t por 
día.
3.º Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t diarias.
4.º Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción 
superior a 50 t diarias.
i) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad 
de fusión superior a 20 t por día.
j) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras 
minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t por día.
k) Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una capacidad 
de producción superior a 75 t por día y una capacidad de horneado de más de 4 metros 
cúbicos y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:
1.º Productos químicos orgánicos:
i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).
ii) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
iii) Hidrocarburos sulfurados.
iv) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
v) Hidrocarburos fosforados.
vi) Hidrocarburos halogenados.
vii) Compuestos orgánicos metálicos.
viii) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
ix) Cauchos sintéticos.
x) Colorantes y pigmentos.
xi) Tensioactivos y agentes de superficie.
2.º Productos químicos inorgánicos:
i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o 
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
ii) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos 
sulfurados.
iii) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.
iv) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), 
el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
v) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de 
calcio, el silicio, el carburo de silicio.
3.º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o 
compuestos).
4.º Productos fitosanitarios y de biocidas.
5.º Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.
6.º Productos explosivos.
b) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 t diarias.
c) Las plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 t de productos acabados por día.
d) Plantas industriales para:
1.º La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas 
similares.
2.º La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 200 t 
diarias.
e) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 t diarias.
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.
a) Carreteras:
1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 
ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado 
alcance o supere los 10 km en una longitud continua.
b) Ferrocarriles:
1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud 
continuada de más de 10 km.
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del 
artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de 
despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de 
arqueo superior a 1.350 t.
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión 
de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, 
excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre.
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la 
Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación 
interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 
permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 
10 hectómetros cúbicos.
b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, 
si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros 
cúbicos.
c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los 
trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de 
agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año.
2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 
hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 
habitantes-equivalentes.
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.e) de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las de eliminación 
de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento 
químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011).
b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos 
residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de 
la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias.
c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que tengan 
una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos inertes.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de 
este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de extracción de origen fluvial, 
terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie.
2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola 
o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 
10 ha.
3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor de 10 ha.
4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos 
anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 
cúbicos anuales.
5.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y 
petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km en los 
espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el transporte de flujos de dióxido 
de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo 
asociadas.
6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios 
naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, excluidas las que 
atraviesen zonas urbanizadas.
7.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia.
8.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
9.º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 
21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud 
inferior a 2.100 metros.
10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos 
residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y 
aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha; 
Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.
11.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
12.º Parques temáticos.
13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 
800 mm y una longitud superior a 10 km.
14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 
suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
15.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria.
16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo trazado.
17.º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.
18.º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha.
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o 
superior a 100 ha.
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO 2 con fines de almacenamiento geológico 
de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la 
captura total anual de CO 2 sea igual o superior a 1,5 Mt.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANEXO II
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el 
título II, capítulo II, sección 2.ª
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I cuando 
afecten a una superficie mayor de 100 ha.
b) Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.
c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
1.º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha 
(proyectos no incluidos en el anexo I).
2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten 
a una superficie superior a 10 ha.
d) Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación 
agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.
e) Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción 
superior a 500 t al año.
f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas 
por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
2.º 300 plazas para ganado vacuno de leche.
3.º 600 plazas para vacuno de cebo.
4.º 20.000 plazas para conejos.
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.
a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
b) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y 
vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, tenga una capacidad 
de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales), e 
instalaciones cuando cuya materia prima sea vegetal tenga una capacidad de producción 
superior a 300 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales); O bien se 
emplee tanto materia prima animal como vegetal y tenga una capacidad de producción 
superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
c) Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la 
instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio anual).
d) Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la 
instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
e) Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre que 
en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
f) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con una 
capacidad de producción de canales superior a 50 t por día.
g) Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
h) Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de 
pescado, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:
1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
i) Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 t 
diarias.
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.
a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 
estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:
1.º Perforaciones geotérmicas de más de 500 metros.
2.º Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.º Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
4.º Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.
b) Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y pizarras 
bituminosas no incluidas en el anexo I.
c) Exploración mediante sísmica marina.
d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del 
proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el volumen del 
producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.
f) Instalaciones para la captura de flujos de CO 2 con fines de almacenamiento geológico 
de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.
g) Explotaciones de áridos (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en:
1.º terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros 
cúbicos anuales; o
2.º zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 ha.
h) Explotaciones a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no incluidos en el anexo 
I).
i) Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas 
natural, minerales y pizarras bituminosas (proyectos no incluidos en el anexo I).
Grupo 4. Industria energética.
a) Instalaciones industriales para:
1.º la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el 
anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW.
b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos 
en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus 
subestaciones asociadas.
c) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
e) Instalaciones para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y gasoductos, 
excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 km y tuberías para el 
transporte de flujos de CO 2 con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos 
en el anexo I).
f) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos (que no 
estén incluidas en el anexo I).
g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía. 
(Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no 
excedan los 100 kW de potencia total.
h) Instalaciones para la producción de energía en medio marino.
i) Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, 
destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o 
tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.
j) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria 
superior a 200 t.
k) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo I.
m) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria o 
secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua con una capacidad de más de 
2,5 t por hora.
Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
a) Hornos de coque (destilación seca del carbón).
b) Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
c) Astilleros.
d) Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
e) Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
f) Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de 
motores para vehículos.
g) Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
a) Instalaciones industriales de tratamiento de productos intermedios y producción de 
productos químicos.
b) Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos farmacéuticos, 
pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
c) Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos 
y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el anexo 
I).
d) Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base de 
elastómeros.
e) Instalaciones industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no incluidos 
en el anexo I).
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 
ha.
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I).
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el 
anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley.
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones.
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar 
la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las 
obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 
anexo I.
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 
10 km.
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el anexo I) 
cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro cúbico e 
inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.
b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el 
volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos anuales y que no estén 
incluidos en el anexo I.
Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano por tubería y 
los proyectos para la reutilización directa de aguas depuradas.
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la 
longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones 
que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre 
los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.
e) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 
adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.
f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 
mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I).
g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que 
se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren 
incluidas en el anexo I.
2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, 
con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que 
no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad 
si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de 
origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la 
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento 
fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de 
tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad 
mínima de 500 huéspedes.
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar , siempre que supongan una superficie superior a 
cinco hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y 
construcciones asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o 
superior a 50 ha.
Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.
a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones 
ecológicas negativas para el espacio.
b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan 
suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un cambio 
de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha.
ANEXO III
Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del 
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) El tamaño del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos.
c) La utilización de recursos naturales.
d) La generación de residuos.
e) Contaminación y otros inconvenientes.
f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 
utilizadas.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas 
que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los 
principios de sostenibilidad, en particular:
a) El uso existente del suelo.
b) La abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del 
área.
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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1.º Humedales.
2.º Zonas costeras.
3.º Áreas de montaña y de bosque.
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas; lugares Red Natura 2000.
6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria.
7.º Áreas de gran densidad demográfica.
8.º Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los 
proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:
a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).
b) El carácter transfronterizo del impacto.
c) La magnitud y complejidad del impacto.
d) La probabilidad del impacto.
e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
ANEXO IV
Contenido del estudio ambiental estratégico
La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el 
artículo 20 será, como mínimo, la siguiente:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con 
otros planes y programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el 
plazo de vigencia del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que 
tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración;
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos;
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir 
su adaptación al mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 
encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 
para el seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 
epígrafes precedentes.
ANEXO V
Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa 
debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos 
los que estén jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o 
nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o programas 
relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en 
particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 
accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º Las características naturales especiales.
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º La explotación intensiva del suelo.
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional.
ANEXO VI
Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos
1. Contenido. El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá 
incluir al menos, los siguientes datos:
a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, 
explotación y desmantelamiento.
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente viables y justificación 
de la solución adoptada.
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o 
ambientales claves.
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 
alternativas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35.
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
h) Documento de síntesis.
2. Descripción del proyecto definido en el artículo 5.3.b) que incluirá:
a) Localización.
b) Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, mediante un 
examen detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento.
c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales 
cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto.
d) Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, 
vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la peligrosidad 
sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo 
temporal durante la realización de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada y en 
operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de 
partículas, etc.
e) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más 
adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables, 
y una justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios, 
económico, funcional, entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor alternativa 
deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no sólo 
aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental.
f) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del 
suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.
3. Inventario ambiental, que comprenderá al menos:
a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización 
de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de 
otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes.
b) Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos los 
aspectos ambientales mencionados en el artículo 35, que puedan ser afectados por la 
actuación proyectada, incluido el paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.
c) Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación.
d) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto para 
cada uno de los aspectos ambientales definidos.
e) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada del 
proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
f) Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida en que 
fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio 
ambiente.
4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.
Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos 
previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el 
apartado anterior para cada alternativa examinada.
En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 
ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las 
interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de 
los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los 
términos del Convenio Europeo del Paisaje.
Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los 
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los 
reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los 
de aparición irregular; los continuos de los discontinuos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que 
se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.
La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el 
medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos mensurables de 
las variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas como consecuencia del 
desarrollo del plan o programa o por la ejecución del proyecto.
Se medirán en particular las variaciones previstas en:
Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o indirectamente a 
través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, 
residuos, energía o atmosféricos; suelo, ribera del mar y de las rías. Para ello se utilizarán, 
unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas.
La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no 
encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que represente en 
términos de porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y especies 
afectados.
La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará 
sobre el hábitat y especies.
La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de 
presencia.
La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o como 
descripción de su abundancia relativa.
La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, 
incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parámetros 
del hábitat y especie afectado:
El estado de conservación.
El estado ecológico cuantitativo.
La integridad física.
La estructura y función.
La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir de la 
cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o 
estudios técnicos que sean aplicación. La administración, a través de su sede electrónica, 
pondrá a disposición de los promotores los documentos necesarios para identificar, 
cuantificar y valorar los impactos.
Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 
importancia relativa.
5. Cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000.
En el caso de espacios Red Natura 2000 se cuantificarán singularmente las variaciones 
en los elementos esenciales de los hábitats y especies que motivaron su designación:
Estructura y función de los componentes del sistema ecológico e identificación de los 
procesos ecológicos esenciales del lugar.
Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y no 
prioritarios del lugar.
Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones localmente 
adaptadas, grupo genético, estructura de edades y estado de conservación de las especies 
presentes en el lugar en cuestión.
Importancia relativa del lugar en la región biogeográfica y en la coherencia de la red 
Natura 2000.
Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar.
6. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Se indicarán las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. Con 
este fin:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se describirán las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos 
ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en 
cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de 
protección del medio ambiente.
En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 
efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto 
contrario al de la acción emprendida.
El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el 
resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto 
ambiental.
7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias 
contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de 
explotación. Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento 
durante la fase de explotación del proyecto. Los objetivos perseguidos son los siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
– Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en 
el proyecto de construcción.
– Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
– Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
– Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia ambiental 
de los efectos adversos previstos.
– Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
– Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 
actividad.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de 
obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de 
impacto ambiental. 6. Documento de síntesis, que comprenderá en forma sumaria:
a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas.
c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa de 
vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de su 
funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento.
El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en 
términos asequibles a la comprensión general.
Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 
realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades.
8. Conceptos técnicos.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, 
que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de 
la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad 
determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni 
en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo 
la aparición de otros nuevos.
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de 
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por 
la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que 
supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de 
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo.
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, 
sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 
excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 
acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia.
s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 
la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
x) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en 
número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, 
una vez aplicadas in situ  todas las posibles medidas de prevención y corrección.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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y) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el 
movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un determinado período 
de tiempo.
9. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el 
anexo I y II:
a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación 
y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al 
menos, 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares (con exclusión de 
las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias 
fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración 
permanente térmica).
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales 
instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de los otros elementos 
radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la 
instalación.
c) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a eliminar 
definitivamente residuos radiactivos: A los efectos de la presente ley se entenderá por 
almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea su duración 
temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad y que se halle 
fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos residuos.
d) Plantas siderúrgicas integrales.
e) Instalaciones químicas integradas: A los efectos de la presente ley, se entenderá la 
integración, como la de aquellas Empresas que comienzan en la materia prima bruta o en 
productos químicos intermedios y su producto final es cualquier producto químico 
susceptible de utilización posterior comercial o de integración en un nuevo proceso de 
elaboración.
Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, quedará 
sujeta a la presente ley, sea cual fuere el producto químico objeto de su fabricación.
Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a la 
presente ley si el o los productos químicos que pretenda fabricar están clasificados como 
tóxicos o peligrosos, según la regulación que a tal efecto recoge el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos.
f) Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales y variantes de 
población. A los efectos de esta Ley, estos tipos de carreteras son los definidos en la Ley de 
Carreteras.
g) Aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 
metros y aeropuertos de uso particular: A los efectos de esta ley se entenderá por 
aeropuerto la definición contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea 
y en el Convenio de Chicago de 1944, relativo a la creación de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (anexo 14). En este sentido, se entiende por aeropuerto el área 
definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos), 
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
h) Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior que permitan 
el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas y puertos deportivos.
En relación a las vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el 
acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas, se entenderá, que permitan el acceso a 
barcos superiores a 1.350 toneladas de arqueo.
i) Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos por incineración, tratamiento 
químico o almacenamiento en tierra: A los efectos de la presente ley, se entenderá BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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tratamiento químico, referido a tratamiento físico-químico, y por almacenamiento en tierra, se 
entenderá depósito de seguridad en tierra.
Las acciones de las que pueda derivarse un proceso erosivo incontrolable, o que 
produzcan pérdidas de suelo superiores a las admisibles en relación con la capacidad de 
regeneración del suelo.
Las acciones que alteren paisajes naturales o humanizados de valores tradicionales 
arraigados.
El empleo de especies no incluidas en las escalas sucesionales naturales de la 
vegetación correspondiente a la estación a repoblar.
La actuación que implique una notable disminución de la diversidad biológica.
j) Terrenos incultos y áreas seminaturales: a los efectos de la presente Ley se entienden 
incluidos en esta denominación los terrenos que nunca han sido cultivados o aquellos que 
habiéndolo sido, han sufrido un abandono de dicha actividad que cumplan las condiciones y 
plazos que determine la Ley de Montes y que ha permitido que hayan sido poblados por 
vegetación forestal leñosa.
k) Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros yacimientos minerales: A los efectos 
de la presente ley se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas o actividades 
de aprovechamiento o explotación de los yacimientos minerales y demás recursos 
geológicos que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera y no se realicen 
mediante labores subterráneas. Se considera necesaria la aplicación de técnica minera en 
los casos en que se deban utilizar explosivos, formar cortas, tajos o bancos de 3 metros o 
más altura, o el empleo de cualquier clase de maquinaria.
l) Cambio de uso del suelo: A los efectos de la presente Ley se entenderá por cambio de 
uso del suelo la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí (agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 
naturales) cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal o la 
transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizado.
m) Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la presente ley se entenderá 
por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, 
bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen como 
fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran acciones de 
mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada, o muy 
dotada, de agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras 
tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de las explotaciones.
n) Valor medio trimestral: se entenderá por valor medio trimestral, teniendo en cuenta los 
días de producción efectiva, el período de 90 días consecutivos de máxima producción.
o) Valor medio anual: se entenderá por valor medio anual, la media de los valores 
medios diarios a lo largo de un año natural.
p) Instalación hotelera: a los efectos de esta ley, se considerarán como instalaciones 
hoteleras aquéllos alojamientos turísticos habilitados para el público cuya capacidad mínima 
sea de 30 plazas.
q) Transmisión de energía eléctrica: incluye la actividad (transporte), las instalaciones 
(red interconectada de alta y media tensión) y el fin (suministro a clientes finales o 
distribuidores). En este concepto se incluyen las subestaciones.
Información relacionada
• Véase la Sentencia del TC 53/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6849 , declarando que 
no son inconstitucionales, si se interpretan en los términos establecidos en el correspondiente 
fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el artículo 33.2 (fundamento 
jurídico 6); los artículos 18.4, 29.4, 39.4 y 45.4 (fundamento jurídico 7); el artículo 34.1 
(fundamento jurídico 8); el artículo 50.1 (fundamento jurídico 16).BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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