I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
20630 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, ha venido desempeñando desde su promulgación un servicio 
esencial en el proceso de paulatino reequilibrio de la cadena alimentaria española.
Este valor  de la norma  se acrecienta  teniendo  en cuenta  que el sector  agroalimentario 
español es un elemento estratégico para la economía nacional, dada su aportación decisiva 
al PIB y a la balanza  comercial,  muy especialmente  considerando  su comportamiento 
dinámico  como  elemento  de tracción  total del resto  de los sectores,  especialmente  en los 
peores  años  de la crisis  económica,  junto  con el turismo.  Pero también  es estratégico  por 
sus profundas  implicaciones  sociales.  Así, participa  destacadamente  en la conformación  de 
la cultura,  el paisaje,  la gastronomía  o las tradiciones,  es un yacimiento  de empleo 
fundamental  y resulta,  al propio  tiempo,  un elemento  esencial  para la provisión  de bienes 
públicos  como  la fijación  de población  en el territorio  y la consecución  de los mandatos 
constitucionales  contenidos  en los artículos  40 y 130 de la Constitución  Española,  que 
encomiendan  a los poderes  públicos  promover  las condiciones  favorables  para el progreso 
social  y económico  y para una distribución  de la renta  regional  y personal  más equitativa  y 
atender  a la modernización  y desarrollo  de todos  los sectores  económicos  y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de 
vida de todos los españoles.
Sin embargo, como indicaba la propia norma que ahora se modifica, es un sector 
vulnerable en su conjunto por sus propias características, ya que integra una amplia 
diversidad de agentes de los sectores de la producción, la transformación y la 
distribución, que a su vez se ven limitados individualmente por su idiosincrasia. Esta 
vulnerabilidad se centra en la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez de 
la demanda, la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad y asimetría en sus 
características internas.
En este escenario confluyen además diversos factores, entre los que intervienen de 
modo destacado la constante elevación de costes de producción, fijos y variables, 
atribuible a un cúmulo de elementos solapados en el tiempo que pueden sintetizarse 
tanto en el incremento en el coste de los insumos agrarios, en particular de los 
energéticos y los que responden al creciente impulso de exigencias en la producción, 
como en la caída de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, derivados 
de la volatilidad del coste de las materias primas y de la falta de equilibrio en la fijación 
de precios de la cadena alimentaria.
Además, conviene recordar que en la cadena se dan ciertas circunstancias que 
exigen un impulso si cabe más decidido por parte del legislador, ya que en buena parte 
de las transacciones realizadas se ven involucrados productos perecederos, cuya aptitud 
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comercial va a ser necesariamente limitada y que por lo tanto suponen una exposición 
mayor, si cabe, que en otras áreas de actividad, a ciertas prácticas comerciales. Es, 
pues, un sector especialmente vulnerable y está sujeto adicionalmente a una mayor 
dependencia coyuntural y a más desequilibrios que otras ramas de actividad, por lo que 
operar normativamente con una regulación sectorial resulta el modo más adecuado para 
hacer frente a sus necesidades y retos.
Aunque la ley ha desempeñado un importante papel en el reequilibrio paulatino de la 
cadena alimentaria, estas circunstancias obligan a los poderes públicos a introducir 
medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del 
sector primario, con el fin de evitar el abandono de las explotaciones y asegurar en la 
medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de 
competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los 
mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general.
Por este motivo, la actividad de los poderes públicos ha de partir de un enfoque 
diferenciado con respecto de otros subsectores económicos en los que no se aprecia 
este cúmulo de particularidades, de modo que se asegure un correcto funcionamiento 
que parta de la necesaria garantía de la cadena de valor, que pueda ser sostenible para 
todos los operadores y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad.
La Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad y en la última década ha 
incrementado los esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento de este sector 
económico y social. Además de la pionera Comunicación sobre la mejora en el 
funcionamiento de la cadena agroalimentaria de 2009, se constituyó un Foro de Alto 
Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y se inició la 
tramitación de la que finalmente se ha aprobado como Directiva (UE) 2019/633 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario, que ha tenido como una de sus principales inspiraciones 
precisamente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, y que ahora se procede a transponer.
Debe  partirse,  en cuanto  a su transposición,  de que se trata de una directiva  de 
mínimos,  que por lo tanto  deja un amplio  margen  de actuación  a los Estados  miembros  en 
el momento de su transposición. Como indica el artículo 9, «con el fin de garantizar un nivel 
de protección  más elevado,  los Estados  miembros  podrán  mantener  o introducir  normas 
más estrictas  que las previstas  en la presente  Directiva  para combatir  las prácticas 
comerciales  desleales,  siempre  que dichas  normas  nacionales  sean  compatibles  con las 
normas  sobre  el funcionamiento  del mercado  interior».  En su virtud,  el Reino  de España 
mantiene la referida Ley 12/2013, de 2 agosto, como marco normativo esencial regulador de 
esta cuestión,  sin perjuicio  de las necesarias  adaptaciones  que deriven  de la directiva,  y sin 
perjuicio, asimismo, de que en un ejercicio ponderado de sus propias competencias apueste 
por la mejora  de aspectos  concretos  de la norma  que derivan,  esencialmente,  de la 
experiencia  en la aplicación  de la norma  y el análisis  conjunto  y sosegado  realizado  con el 
sector  durante  la tramitación  del Plan Estratégico  de la Política  Agrícola  Común,  en cuyo 
marco  se han incorporado  una serie  de diagnósticos  y propuestas  a los que esta norma 
quiere  dar cumplida  respuesta.  Del mismo  modo  y con idéntica  finalidad,  el legislador  ha 
optado,  en aplicación  del apartado  2 de dicho  artículo,  por incorporar  normativa  adicional, 
pues  la directiva  se «entenderá  sin perjuicio  de las normas  nacionales  destinadas  a 
combatir  las prácticas  comerciales  desleales  que no estén  dentro  del ámbito  de aplicación 
de la presente  Directiva,  siempre  que dichas  normas  sean  compatibles  con las normas 
sobre  el funcionamiento  del mercado  interior».  En su virtud,  las modificaciones  contenidas 
en esta norma  de los artículos  2 y 14 bis y del nuevo  título VII se dictan  al amparo  de la 
posibilidad  que la directiva  otorga  a los Estados  miembros  para adoptar  medidas 
adicionales  al núcleo  mínimo  de protección  que constituye  la propia  norma  europea,  de 
modo que no solo no se contraviene el mandato de la directiva sino que se profundiza en él.
Esta norma, por consiguiente, mantiene los elementos esenciales y sistemática de la 
legislación de 2013, pero incorpora una serie de modificaciones, necesarias bien para 
cumplir con los elementos impuestos en sede europea a través de la directiva, bien para 
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incorporar las mejoras que la experiencia en la gestión de este complejo asunto ha 
puesto de manifiesto, y que también encuentran amparo en la referida directiva.
Esta modificación  viene  a completar  los cambios  inaplazables  introducidos  por el Real 
Decreto-ley  5/2020,  de 25 de febrero,  por el que se adoptan  determinadas  medidas 
urgentes  en materia  de agricultura  y alimentación.  Con posterioridad  a la convalidación  del 
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, se inició la tramitación normativa de la que luego 
sería  la Ley 8/2020,  de 16 de diciembre,  por la que se adoptan  determinadas  medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación, que ha venido a derogar al anterior.
En cuanto a sus principales novedades, cabe destacar la ampliación de su ámbito de 
aplicación, que va más allá de los límites inicialmente fijados por la legislación interna, al 
abandonar su anterior restricción a determinados tipos de operadores en función de 
ciertas características como su volumen de negocio, restricción que restaba eficacia a la 
norma y permitía elusiones no buscadas por el legislador. En consecuencia, a partir de la 
entrada en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción tuitiva todas 
las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista 
especial dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose.
La referida ampliación del ámbito de aplicación está en consonancia, asimismo, con 
los mandatos de la directiva. Las relaciones comerciales que tienen que verse sujetas a 
estas condiciones singulares, conforme al artículo 1.2 de la misma por conexión con el 
artículo 9, se desglosan en la directiva mediante determinados estratos de facturación a 
los que se aplicará su acción protectora. Sin embargo, el legislador nacional había 
incluido excepciones en el ámbito de aplicación de la norma en su redacción originaria 
que se fundamentaban en cuestiones ajenas a tales estratos, como por ejemplo las 
relaciones entre pequeñas y medianas empresas sin atender a tales estratificaciones por 
volumen de negocio. Dado que no es posible excluir en bloque toda relación entre 
pequeñas y medianas empresas (pues solo sería conforme a la directiva si se incluyeran 
los estratos) y se ha optado por hacer uso de la posibilidad de la directiva de no limitar 
los efectos en función de esos estratos, el legislador nacional opta por incorporar tales 
relaciones al ámbito de aplicación, en el convencimiento de que la contractualización en 
las relaciones comerciales del sector desempeña una función esencial para su correcto 
funcionamiento. Esta decisión del legislador es esencial para asegurar una maximización 
de la eficacia de la norma. Además de responder a la posibilidad que la directiva da de ir 
más allá, como se ha expuesto, permite solventar las ineficiencias de la anterior 
redacción, que fue un punto de partida esencial para ordenar el sector, pero que no 
permitía atender otros supuestos necesitados de la acción protectora de la norma, 
puesto que las situaciones de desequilibrio hasta ahora previstas dejaban fuera otros 
supuestos en que igualmente procede extender el ámbito de aplicación de la ley, como 
las relaciones entre mayoristas, siendo los umbrales fijados en sede europea una 
aproximación a la realidad del sector que, buscando la proporcionalidad en la aplicación, 
dejan no obstante sin cobertura un importante número de situaciones en que igualmente 
acontecen las premisas que justifican la adopción de la norma y cuya sumisión a la 
misma redunda favorablemente en el reequilibrio sistémico del conjunto de la cadena.
En consecuencia, la norma pasa a exigir exclusivamente para someterse a la 
normativa sobre contratación que se trate de un precio superior a un umbral que se ha 
estimado razonable, que en la actualidad son 2.500 euros conforme a la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre. Por el contrario, exceptúa aquellos casos en los que por la propia 
idiosincrasia de la relación no se hace necesario adicionar especiales garantías al ámbito 
de la libre conformación de la voluntad: que el pago sea al contado en el momento de la 
entrega del bien o que, en el caso de cooperativas y otras entidades similares, existan 
acuerdos previos que se puedan reputar equivalentes al propio contrato.
También se amplía el ámbito de aplicación anterior ad extra, puesto que, por 
aplicación de la directiva, la norma pasará a ser de aplicación a las relaciones 
comerciales entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o 
cuando uno esté establecido en España y el otro en otro Estado miembro, cuando no 
resulte de aplicación la legislación de otro Estado miembro. Con este añadido se inicia 
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un camino de cooperación multilateral entre los Estados miembros europeos que 
asegure no sólo la consecución de los fines de la directiva, sino el equilibrio entre las 
diferentes normativas y tradiciones administrativas de los Estados miembros.
Del mismo modo, y como norma de ius cogens,  en atención a su especial 
importancia, se prevé que, con independencia de la legislación que resulte aplicable, 
cuando una de las partes tenga su establecimiento en España (en el sentido dado al 
término por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como el ejercicio 
efectivo de una actividad económica a que se hace referencia en el actual artículo 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por una duración indeterminada y por 
medio de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente la 
prestación de servicios) y la otra en un tercer Estado, resultarán siempre de aplicación 
las prohibiciones contenidas en esta ley y el correspondiente régimen sancionador 
establecido para éstas en el título V.
Otro elemento destacable es la incorporación de un nuevo repertorio de prácticas 
que se reputan abusivas. Además de la lucha contra la pérdida de valor en la cadena y la 
nueva regulación de ciertas actividades promocionales, que se ha incorporado al texto 
de 2013 en virtud del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, se incluyen avances 
capitales en la limitación de los elementos que introducen distorsiones de mayor 
envergadura en el sistema agroalimentario.
Así, la norma incorpora las llamadas prácticas negras y grises, es decir, un conjunto 
de conductas –algunas ya contempladas en nuestro ordenamiento- que el legislador 
europeo ha considerado que en todo caso se ha de tener por abusivas o que pueden 
serlo en caso de que no se pacten expresamente por las partes de manera clara y sin 
ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre las primeras pueden 
destacarse los supuestos en los que una de las partes del contrato alimentario exija, a la 
otra, pagos que no están relacionados con la venta de los productos o que una de las 
partes del contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios 
perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado. Entre las segundas, los 
casos en los que se exija a una de las partes que pague por la publicidad de productos o 
que el comprador cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los 
locales. Esta es otra de las situaciones en que el legislador nacional ha hecho uso de la 
opción que le ofrece la directiva, yendo más allá del contenido mínimo de la misma, por 
cuanto se ha considerado imprescindible apostar por la bidireccionalidad en las 
conductas. La directiva, consciente de la realidad del sector, parte de la asunción de que 
el catálogo de actividades reputadas desleales ha de verse desde la perspectiva del 
vendedor, que suele ser el primer productor, de modo que esta orientación es el 
elemento mínimo a incorporar en las legislaciones nacionales. Nada obsta, antes al 
contrario, para extender su aplicación en la otra dirección, esto es, la imposición de tales 
conductas por parte del vendedor al comprador, puesto que la realidad compleja del 
sector permite que las circunstancias concretas de cada transacción puedan ser muy 
variadas –por la estructura productiva, el sector, la localización o las condiciones 
personales de los intervinientes-. En consecuencia, se considera preferible que la ley 
ampare la posibilidad de aplicar en ambas direcciones tales conductas, en la conciencia 
de que su gravedad es idéntica cualquiera que sea el autor material de la misma, y que, 
con independencia de la prevalencia material en cada caso de la autoría, ambas partes 
de las relaciones son igualmente merecedoras de amparo por los Poderes públicos en el 
aseguramiento de una leal y equilibrada relación mercantil. Por ese motivo, se considera 
preferible dar cobertura legal a cualquiera de las situaciones posibles, aun cuando en 
efecto en la práctica sea una de ellas la parte que, estadísticamente, por la propia 
conformación del sector, pueda ser más susceptible de padecerlas. Pero además, como 
en el caso del artículo 2, la extensión de tal medida tuitiva tendrá efectos beneficiosos al 
conjunto del sistema, al fomentar la seguridad jurídica y la igualdad material en la 
actividad profesional entre las partes como base del crecimiento económico, lo que a su 
vez redundará en un mejor cumplimiento de la norma, dando, por último, las 
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herramientas necesarias a las Administraciones para poder hacer frente a las conductas 
de modo efectivo.
Junto  con estas  modificaciones,  cabe destacar  los cambios  incorporados  al capítulo  I del 
título II, regulador  de los contratos  alimentarios.  Se trata de una serie de cambios  derivados 
de la experiencia,  como  la necesaria  clarificación  de la obvia  necesidad  de que los contratos 
figuren firmados como signo de manifestación externa de la voluntad de las partes.
Del mismo modo, se acomete una remodelación del capítulo sancionador, tanto para 
incorporar las nuevas conductas no permitidas por la normativa a que se ha hecho 
referencia (como alguna de las llamadas prácticas grises), la resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las actuaciones de la Administración o la revelación de secretos 
empresariales, como para replantear algunos de los extremos hasta ahora regulados en 
la normativa de 2013, y que vienen a añadirse al agravamiento incorporado por el Real 
Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de una de las principales causas de 
desconfiguración de la cadena, como es el incumplimiento de la obligación de 
contratación por escrito cuando sea obligatorio, y de otras concomitantes como la no 
consignación del precio.
Así, la protección que desde la perspectiva punitiva se acomete con esta reforma es 
esencial para asegurar la plena virtualidad de la norma y su efectiva protección de los 
valores públicos que hallan cobijo en su seno.
Del mismo modo, además de mejoras procedimentales para potenciar la eficiencia 
en la gestión y la seguridad jurídica de los administrados –como la fijación de un importe 
mínimo para las sanciones por infracciones leves–, se traslada la competencia decisoria 
en las sanciones pecuniarias de menor entidad que hasta ahora se residenciaban en el 
Director General de la Industria Alimentaria, en el Director de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, O. A., lo que a su vez exigirá la efectiva separación funcional 
entre la parte instructora que hasta ahora ya se venía realizando y la resolutoria en los 
procedimientos sancionadores. Este cambio redundará en un aumento de la eficiencia 
administrativa, y salvaguarda las competencias sancionadoras en los casos de 
infracciones de mayor cuantía. Asimismo se clarifica la dicción de los agravamientos por 
conductas u omisiones reiteradas, de modo que se especifica que concurrirán cuando se 
dé la comisión de una segunda o ulterior infracción que suponga reincidencia con otra 
infracción cometida en el plazo de dos años, en el entendido de que basta que se trate 
de una infracción de la misma naturaleza y de la misma gravedad, sin que sea exigible 
que se trate exactamente de la misma actuación del sujeto.
Asimismo, como consecuencia de la directiva se asegura la confidencialidad en el 
tratamiento de la información existente en el marco de los procedimientos que se incoen.
Por lo demás, se perfila con mayor detalle el contenido de la disposición adicional 
quinta, con el fin de permitir un exacto encaje entre dos grupos normativos cuyo ámbito 
de aplicación es parcialmente coincidente. Cabe advertir que el denominado paquete 
lácteo es una normativa singular, que antecedió en el tiempo a la propia legislación 
de 2013 –fruto de las especiales circunstancias del sector, en el marco de la preparación 
del sector para el fin de la cuota láctea que acaecería en 2015-, y que está llamada a 
prevalecer en su aplicación –como norma especial que es- en todo aquello que difiera de 
la normativa general que constituye esta ley. En consecuencia, cualquier disposición 
contenida tanto en el artículo 148 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 como en el 
real decreto que lo desarrolla en España (hoy, el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo), 
prevalecerá con respecto de lo previsto en la ley, siendo de aplicación, en todo lo demás, 
lo comprendido en la ley. Este esquema de ley especial frente a ley general ya está 
presente en la actual dicción de la ley, pero se procede a su clarificación. En particular, 
cabe destacar por un lado el ámbito de aplicación territorial de la normativa, puesto que 
con respecto de los contratos obligatorios del sector lácteo, la OCM previene que será la 
normativa del lugar en que radique el primer comprador la que se haya de aplicar, criterio 
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éste corroborado por los servicios comunitarios en 2015, y, por otro, la determinación de 
los criterios mínimos necesarios en los acuerdos de las entidades asociativas para que 
no estén obligadas a formalizar contrato en las entregas internas se sujetará en el caso 
de las cooperativas del sector lácteo a los requisitos que el propio paquete prevé, y no a 
los de la ley. Asimismo, para salvaguardar el especial régimen de las organizaciones de 
productores lácteos, se incorpora una especificidad en la definición de entidades 
asociativas de esta ley, de modo que las organizaciones de productores y sus 
asociaciones del sector lácteo no tendrán esta consideración en caso de que los 
productores miembros de la organización hayan transferido la propiedad de su 
producción a la organización, debiendo en estos casos las organizaciones y sus 
asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación, conforme se indica en el 
artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y 
por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo. Por último, 
como corolario de esta interrelación, se incorporan dos tipos especiales destinados a las 
entregas de socios a cooperativas lácteas, de modo que se garantice el correcto encaje 
entre ambas disposiciones también desde la perspectiva punitiva.
Del mismo modo, se contiene una regulación, en aplicación de la directiva, de las 
autoridades de ejecución nacionales, conforme al reparto competencial existente en el 
Reino de España –pues el Derecho de la Unión no lo puede alterar-.
Se reconoce  a la Agencia  de Información  y Control  Alimentarios,  O.A.,  como  interlocutor 
con las instituciones europeas y en los casos en que haya aplicación transfronteriza, mientras 
que las comunidades autónomas tendrán la obligación de designar a sus propias autoridades 
para la ejecución  de sus tareas  en el ámbito  de sus competencias  propias,  lo que supone  un 
ejercicio  de concreción  de la base normativa  europea  a las necesidades  nacionales.  En 
definitiva,  en el nuevo  título VII se incorporan  elementos  de concreción  nacional,  derivados 
tanto  de la estructura  competencial  española  como  del concreto  funcionamiento  de nuestras 
instituciones,  de modo  que se fijen, más allá de lo que predetermina  la directiva,  los órganos 
competentes  y sus concretas  atribuciones  o el modo  de relacionarse  y asegurar  la publicidad 
de las sanciones.
Mediante la disposición final primera se modifica la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la 
que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la finalidad 
de adecuar su régimen jurídico a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, de una parte y en atención a lo previsto en el artículo 91 de la referida Ley, que 
prevé que la ley de cada organismo establecerá lo relativo al tipo de organismo público 
que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de 
dependencia o vinculación, se procede a realizar los cambios precisos en el texto legal, 
con la finalidad de adecuar el régimen de adscripción de la Agencia y determinar sus 
fines generales, dejando la determinación de sus funciones y competencias a la 
regulación del Estatuto, en atención a lo que indica el artículo 93 de la precitada Ley. Al 
efecto, se actualizan las referencias precisas en consideración a la nueva estructura de 
la Administración General de Estado, como consecuencia del Real Decreto 507/2021, 
de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que 
se restructuran los Departamentos ministeriales.
En el mismo sentido, y atendiendo a lo previsto en los artículos 90 y 93 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, que se refieren a que los organismos públicos se 
estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo 
Estatuto, debiendo regularse en el Estatuto, al menos, la determinación de su estructura 
organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango 
administrativo que corresponda a cada órgano; la especificación de aquellos de sus 
actos y resoluciones que agoten la vía administrativa; el patrimonio que se les asigne y 
los recursos económicos que hayan de financiarlos; el régimen relativo a recursos 
humanos, patrimonio, presupuesto y contratación, se procede a suprimir del actual texto 
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legal las previsiones que en esta materia figuran en la Ley 11/2001, de 5 de julio, y que, a 
la luz de dichos preceptos, han de ser reguladas en el Estatuto y no en el texto legal.
Todo ello conlleva las oportunas modificaciones en los artículos 1 a 5 y 10 del texto 
de la Ley de creación de la Agencia, así como la supresión de los artículos 6 a 9 del 
texto legal con la finalidad de adecuar su contenido al régimen que diseña la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de modo tal que la regulación contenida en los mismos se 
incorporará al Estatuto de la Agencia que ha de ser aprobado mediante real decreto, sin 
que resulte procedente su regulación legal. Finalmente, se modifican las disposiciones 
adicionales de la Ley, con la finalidad de adecuar, de una parte, los títulos 
competenciales habilitantes, añadiendo la referencia a la competencia prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, y de otra parte, el régimen jurídico 
aplicable a la resolución administrativa de determinadas materias, previendo los 
procedimientos que quedarán amparados por la regla del silencio administrativo con 
efectos desestimatorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior la 
modificación de la letra f) del artículo 5 y los modificandos relativos al título II, que se 
amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva sobre legislación mercantil y legislación civil.
Por todo lo anterior, la presente norma se configura de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz por 
cuanto es preciso introducir los cambios derivados de la citada directiva y no existe otro 
mecanismo más que el de una norma con rango de ley. Asimismo, resulta proporcional y 
transparente porque esta modificación es compatible con el contenido de la directiva y, 
siendo de mínimos, introduce solo en los elementos necesarios el contenido adicional 
que se estima procedente para la salvaguarda del interés público, e igualmente se 
garantiza el principio de seguridad jurídica al eliminar discordancias entre el 
ordenamiento nacional y el europeo. Finalmente, el principio de eficiencia se considera 
cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean 
imprescindibles frente a la regulación actual.
Artículo único.  Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el párrafo 1 del apartado III del preámbulo, que queda redactado 
como sigue:
III
«En el marco expuesto, la presente ley tiene como finalidad mejorar el 
funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente 
la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el 
desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la 
cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio 
no solo del sector, sino también de la ciudadanía.»
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Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se 
produzcan entre los operadores establecidos en España que intervienen en la 
cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o 
alimentarios.
También será de aplicación esta ley a las relaciones comerciales entre 
cualquiera de los operadores que intervienen en la cadena alimentaria cuando uno 
esté establecido en España y el otro en un Estado miembro, cuando no resulte de 
aplicación la legislación de otro Estado miembro.
Cuando uno de los operadores esté establecido en España y el otro no, 
deberá indicarse expresamente en el contrato a qué legislación se sujeta la 
relación comercial.
Con independencia de la legislación que resulte aplicable, cuando una de las 
partes esté establecida en España, y la otra en un Estado no miembro de la Unión, 
resultarán siempre de aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el 
correspondiente régimen sancionador establecido para éstas en el título V.
2. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 
de la misma, no tendrán la consideración de relaciones comerciales y, por tanto, 
quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto que se 
realicen a cooperativas y otras entidades asociativas, por parte de los socios de 
las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su 
realización.
3. Serán también relaciones comerciales, además de las previstas en el 
apartado anterior, las que se realicen entre operadores de la cadena alimentaria 
en los procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior 
comercialización y, en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y 
todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal.
4. El ámbito de aplicación del capítulo I del título II de esta ley se circunscribe 
a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones 
comerciales cuyo precio sea superior al importe fijado en el primer párrafo del 
artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
5. La obligación de contar con un contrato formalizado por escrito, en el caso 
de las operaciones de primera venta de productos del sector pesquero y acuícola 
realizada en lonjas o establecimientos autorizados mediante subasta a la baja, se 
entenderá cumplida con la obligación de las partes de documentar dichas 
relaciones comerciales mediante la expedición de la correspondiente factura con 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y 
cumplimentar la restante documentación prevista en la normativa europea y en el 
Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de 
los productos pesqueros.»
Tres. El artículo 3 queda modificado como sigue:
Las letras a) y b) quedan redactadas como sigue:
«a) Aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario 
globalmente considerado, así como fomentar la creación o la mejora del empleo, 
dada su importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía 
nacional.
b) Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en 
beneficio de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez 
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una distribución sostenible del valor añadido, a lo largo de los sectores que la 
integran.»
Cuatro. El artículo 5 queda modificado como sigue:
1. Las letras a), d), e) y f) quedan redactadas como sigue:
«a) Cadena alimentaria: Conjunto de actividades que llevan a cabo los 
distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y 
distribución de productos agrícolas y alimentarios, excluyendo las actividades de 
transporte, y las empresas de hostelería y restauración con un volumen de 
facturación inferior a diez millones de euros, excluyéndose también las empresas 
en las actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación 
inferior a 50 millones de euros.»
«d) Productor primario: Persona física o jurídica cuya actividad la ejerce en la 
producción agrícola, ganadera, forestal o en la pesca.
e) Productos agrícolas y alimentarios: Los productos enumerados en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como cualquier 
otra sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos o con 
probabilidad de serlo, tanto si han sido transformados, entera y parcialmente, 
como si no. Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida 
el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, 
preparación o tratamiento.
f) Contrato alimentario: Aquel en el que una de las partes se obliga frente a la 
otra a la venta de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un 
precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma 
continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales.»
2. Se añaden las siguientes letras en el apartado 1:
«j) Proveedor: Cualquier persona física o jurídica, independientemente de su 
lugar de establecimiento, que vende productos agrícolas y alimentarios; puede 
abarcar a un grupo de tales personas físicas y jurídicas, incluidas las 
organizaciones de productores, las organizaciones de proveedores y las 
asociaciones de tales organizaciones.
k) Productos agrícolas y alimentarios perecederos: Los productos agrícolas y 
alimentarios que por su naturaleza o por la fase de transformación en que se 
encuentran podrían dejar de ser aptos para la venta o precisar conservación en 
condiciones de temperatura regulada dentro de los 30 días siguientes a su 
recolección, producción o transformación.
l) Comprador: Toda persona física o jurídica independientemente de su lugar 
de establecimiento, o cualquier autoridad pública en la Unión, que compre 
productos agrícolas y alimentarios. El término "comprador" puede abarcar a un 
grupo de tales personas físicas y jurídicas. Se exceptúan los consumidores finales.
m) Autoridad pública: Las autoridades nacionales, regionales o locales, los 
organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por una o más de 
dichas autoridades o por uno o más de dichos organismos de Derecho público.
n) Secretos empresariales: Los secretos empresariales en los términos de la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
ñ) Entidades asociativas: A los efectos de esta ley, son entidades asociativas 
las sociedades cooperativas de primero, segundo y ulterior grado, las sociedades 
agrarias de transformación, las organizaciones de productores con personalidad 
jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito 
de la Política Agraria, y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más 
del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a 
organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación. Las 
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entregas de productos realizadas en el marco de acuerdos intercooperativos 
tendrán la consideración de entregas de socios.
o) Coste efectivo de producción: coste de producción o total de costes 
asumidos por el proveedor, conforme a lo señalado en el artículo 9.1.c).»
Cinco. El título II queda modificado como sigue:
«TÍTULO II
Régimen de contratación y prácticas comerciales desleales»
Seis. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1. Los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito firmándose 
por cada una de las partes que intervienen en ellos, y su redacción se basará en 
los principios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Dicha 
formalización deberá realizarse antes del inicio de las prestaciones que tengan su 
origen en los mismos, pudiendo efectuarse mediante firma electrónica, quedando 
en poder de cada una de las partes una copia.
No obstante, en el caso de que un socio entregue la producción a una 
cooperativa, o a otra entidad asociativa, será necesaria la formalización por escrito 
de un contrato alimentario individualizado, con los mismos elementos mínimos 
recogidos en el artículo 9, salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o 
de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la entrega, el 
procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y 
el calendario de liquidación y éstos sean conocidos por los socios. A tal efecto, 
deberá existir una comunicación fehaciente a los interesados, que será incluida en 
el acuerdo y será aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.»
Siete. El artículo 9 queda modificado como sigue:
1. Se suprime la letra j) del apartado 1, y las letras b), c), d) y h) del mismo 
apartado quedan redactadas como sigue:
«b) Objeto del contrato, indicando, en su caso, las categorías y referencias 
contratadas. Los contratos alimentarios podrán prever la posibilidad de que las 
categorías o referencias objeto de adquisición se concreten con la orden de 
pedido.
c) Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, 
incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija y/o 
variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables, no 
manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que en ningún caso 
puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o 
hacer referencia a precios participados.
El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario 
o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes 
asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los 
costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y 
plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, 
maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos 
veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, 
trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor 
o por miembros de su unidad familiar.
La determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como 
referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del 
ciclo económico o productivo, que se imputará en la forma en que el proveedor 
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considere que mejor se ajusta a la calidad y características de los productos objeto 
de cada contrato.
d) Condiciones de pago, que en todo caso deberán ajustarse a los plazos de 
pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, sin perjuicio del régimen específico de aplicación al comercio 
minorista regulado en el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, en relación con lo dispuesto en su disposición 
adicional sexta. En particular, el deudor no podrá recibir ningún tipo de 
compensación, ventaja o descuento por cumplir lo dispuesto en el contrato o la 
normativa aplicable, ni establecer condicionalidad alguna en el pago.»
«h) Duración del contrato, con expresa indicación de la fecha de su entrada 
en vigor, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo.»
2. Se añaden las siguientes letras:
«k) Conciliación y resolución de conflictos, con expresa mención en el 
contrato del procedimiento que las partes utilizarán para resolver las diferencias 
que pudieran existir entre ellas en la interpretación o ejecución del contrato, 
debiendo indicarse o bien la corte de arbitraje, o bien los tribunales ante los que se 
someterían las posibles controversias.
Penalizaciones contractuales por no conformidades, incidencias o cualquier 
otra circunstancia debidamente documentada, que habrán de ser proporcionadas 
y equilibradas para ambas partes.
l) Excepciones por causa de fuerza mayor, conforme lo dispuesto en la 
Comunicación C (88) 1696 de la Comisión relativa a «la fuerza mayor» en el 
derecho agrario europeo, y en el artículo 1105 del Código Civil.»
3. Se añade un apartado 3, con el siguiente contenido:
«3. Serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado en 
el artículo 9.1.c), por lo que sin perjuicio de las sanciones administrativas que 
procedan, el productor primario podrá exigir resarcimiento por daños y perjuicios 
en sede judicial.»
Ocho. Se añade un nuevo artículo 9 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 9 bis.  Negociación comercial.
Las negociaciones comerciales anuales se cerrarán y firmarán por las 
empresas intervinientes en el marco de unos plazos razonables, no superiores a 
los tres meses desde su inicio, para la organización de actividades, sin que la 
dilación indebida de las mismas imputable a una parte pueda utilizarse para 
debilitar la posición de la otra en dicha negociación. A tal fin, se considerará 
suficiente para documentar la fecha de inicio un correo electrónico con constancia 
de recepción por parte del otro operador. En caso de que esté prevista la 
renovación del contrato alimentario, se negociarán las nuevas condiciones 
comerciales antes del vencimiento del contrato en vigor o en el plazo de los dos 
meses posteriores a su vencimiento. Durante este tiempo, seguirá vigente el 
contrato anterior, pero se podrá pactar que las nuevas condiciones comerciales 
retrotraigan su efecto hasta el vencimiento de las anteriores condiciones.»
Nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 11, que quedan redactados 
como siguen:
«1. Los operadores de la cadena alimentaria deberán conservar toda la 
correspondencia, documentación y justificantes, en soporte electrónico o en papel, 
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relacionados con los contratos alimentarios que celebren en el marco de lo 
dispuesto en esta ley, durante un período de cuatro años.
2. Los organizadores de subastas electrónicas quedarán obligados a 
mantener durante cuatro años un archivo documental o electrónico de todas las 
subastas realizadas, incluyendo información sobre la identidad de los 
concursantes, sus ofertas y la formalización del contrato alimentario.»
Diez. Se introduce un nuevo artículo 11 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11 bis.  Registro de contratos alimentarios.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un registro 
digital en el que se inscribirán los contratos alimentarios que se suscriban con los 
productores primarios y las agrupaciones de éstos, y sus modificaciones.
2. El operador que compre a los productores primarios y las agrupaciones de 
éstos estará obligado a inscribir cada contrato alimentario que realice, y sus 
modificaciones, por los medios electrónicos que se dispongan 
reglamentariamente, antes de la entrega del producto objeto del contrato.
3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., y las restantes 
autoridades competentes tendrán la potestad de acceder a dicho registro para 
realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de sus competencias, con 
sujeción a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y 
de competencia.»
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda redactado como sigue:
«1. Se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales 
establecidas en el contrato alimentario, salvo que se realicen de mutuo acuerdo de 
las partes y de conformidad con los principios rectores recogidos en el artículo 4. 
Los contratos alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las 
que se prevea el procedimiento para su posible modificación.»
Doce. Se modifica el artículo 12 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12 bis.  Pactos sobre actividades promocionales.
En el ámbito de aplicación de esta ley:
1. El lanzamiento y desarrollo de promociones pactadas entre proveedores y 
compradores deberá realizarse basándose en los principios de:
a) Acuerdo y libertad de pactos;
b) interés mutuo; y
c) flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos 
operadores.
2. Los pactos sobre promociones comerciales se respetarán en su naturaleza 
e integridad. Dichos pactos, que deberán contar con el acuerdo explícito de ambas 
partes, recogerán los aspectos que definen la promoción pactada: Los plazos 
(fechas de inicio y finalización), los precios de cesión, los volúmenes y aquellas 
otras cuestiones que sean de interés, así como también los aspectos de la 
promoción relativos al procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica 
y la evaluación del resultado de esta.
3. No se pactará la realización de actividades promocionales que induzcan a 
error al consumidor sobre el precio real y la imagen de los alimentos y productos 
alimenticios, que pudieran perjudicar la percepción del consumidor sobre la 
calidad o el valor de los mismos. A los efectos del análisis de dichas conductas por 
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las autoridades competentes, se deberá tener en cuenta el precio de adquisición 
recogido en el contrato alimentario.
Para ello, los operadores deberán identificar su precio claramente en la 
información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no 
pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento 
exacto del alcance de la actividad promocional.
4. En las promociones, en todo caso figurará el precio real del producto y se 
indicará de forma visible para el consumidor la causa que da origen a la 
promoción.»
Trece. Se modifica el artículo 12 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12 ter.  Destrucción de valor en la cadena.
1. Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada 
operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio 
igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya 
incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los 
medios de prueba admitidos en Derecho.
2. Para proteger la capacidad de comercialización de los productores 
primarios, los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos 
alimenticios a consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al 
público inferior al precio real de adquisición del mismo.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior tendrá la 
consideración de venta desleal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero. No se reputarán como desleales las ventas con 
pérdidas al público de los alimentos o productos alimenticios perecederos que se 
encuentren en una fecha próxima a su inutilización siempre que se proporcione 
información clara de esta circunstancia a los consumidores.
4. En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores 
podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
5. El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún 
caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo 
empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al 
público.»
Catorce. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Secretos empresariales.
1. En los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información 
que las partes deban suministrarse para el efectivo cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones contractuales, así como el plazo de entrega de dicha 
información, que en todo caso deberá ser proporcionada y estar justificada en 
razones objetivas relacionadas con el objeto del contrato, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas en materia de defensa de la competencia.
2. En ningún caso un operador podrá exigir a otro operador de la cadena 
cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de los secretos 
empresariales, salvo que así conste en el contrato escrito de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior.
3. Los secretos empresariales que se obtengan en el proceso de negociación 
o ejecución de un contrato alimentario se destinarán exclusivamente a los fines 
para los que le fueron facilitados, respetándose en todo momento la 
confidencialidad de la información transmitida o almacenada.
Así mismo, tampoco se podrá exigir en ningún caso información sobre un 
producto en desarrollo o sobre próximos lanzamientos.
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4. Los operadores no podrán exigirse ni desvelar secretos empresariales 
sobre otros operadores y, en particular, documentos que permitan verificar dicha 
información comercial.»
Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado como 
sigue:
«Artículo 14.  Gestión de marcas.
1. Los criterios para la gestión de categorías habrán de ser predeterminados 
y evitarán tratamientos desleales, como la explotación por parte de una empresa 
de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus 
empresas clientes o proveedores, como dispone el artículo 16 de la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los operadores gestionarán las marcas 
de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de 
otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que 
constituyan actos de competencia desleal de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de 
conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Asimismo, los operadores actuarán de buena fe en la comercialización de las 
innovaciones relevantes de los productos alimentarios de sus proveedores.»
Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 14 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 14 bis.  Otras prácticas comerciales desleales.
1. Quedan prohibidas las siguientes prácticas comerciales desleales:
a) Los aplazamientos de pago de productos agrícolas o alimentarios que 
excedan el tiempo establecido en la disposición adicional primera de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y respecto a lo específicamente referido al comercio minorista, en la 
disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o de la norma 
que la substituya. Todo ello sin perjuicio del régimen específico para las 
operaciones entre mayorista y minorista establecido por el artículo 17 de la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en relación 
con su disposición adicional sexta.
b) Que una de las partes de la relación comercial cancele un pedido de 
productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al 
momento señalado para su entrega por el vendedor.
c) Que una de las partes del contrato alimentario modifique unilateralmente 
los términos del contrato de suministro de productos agrícolas y alimentarios, en lo 
que se refiere a la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen del suministro 
o la entrega de los productos agrícolas y alimentarios, las normas de calidad, las 
condiciones de pago o los precios.
d) Que una de las partes de la relación comercial exija a la otra pagos que no 
están relacionados con la venta de los productos agrícolas o alimentarios del 
proveedor.
e) Que el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o la 
pérdida, o por ambos motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en 
los locales del comprador o cuando la propiedad ya ha sido transferida al 
comprador, sin que dicho deterioro o pérdida se deban a negligencia o culpa del 
proveedor.
f) Que una de las partes del contrato alimentario se niegue a confirmar por 
escrito los términos de un contrato de compraventa o suministro que fueron 
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acordados entre el comprador y el proveedor y cuya confirmación por escrito le 
haya solicitado la otra parte.
g) Que una de las partes de la relación comercial adquiera, utilice o divulgue 
secretos empresariales de la otra parte ilícitamente, en el sentido de la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
h) Que una de las partes de la relación comercial amenace con llevar a cabo, 
o lleve a cabo, actos de represalia comercial contra la otra parte cuando esta 
ejerza sus derechos de negociación, contractuales o legales, incluidos la 
presentación de una denuncia o la cooperación con las autoridades de ejecución 
durante una investigación.
i) Que el comprador transfiera al proveedor los gastos derivados de estudiar 
las reclamaciones de los clientes relativas a la venta de los productos del 
proveedor, cuando la causa de las mismas no haya sido por negligencia o culpa 
del proveedor.
2. Quedan igualmente prohibidas las siguientes prácticas comerciales, a 
menos que las partes hayan acordado previamente de manera clara y sin 
ambigüedad en el contrato alimentario de compraventa o suministro o en cualquier 
contrato posterior entre el proveedor y el comprador, incluyendo la determinación 
de los pagos que deban realizarse con motivo de los servicios prestados por el 
comprador:
a) Que se cargue a una de las partes un pago como condición por el 
almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista con las referencias de 
sus productos agrícolas y alimentarios, o su puesta a disposición en el mercado.
b) Que una de las partes exija a la otra que asuma total o parcialmente el 
coste de aquellos descuentos de los productos agrícolas y alimentarios vendidos 
como parte de una promoción, a menos que, antes de una promoción iniciada, se 
especifique la duración de la misma y la cantidad prevista de los productos 
agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio con descuento en los 
términos pactados.
c) Que una de las partes exija a la otra que pague por la publicidad de 
productos agrícolas y alimentarios realizada por aquélla.
d) Que una de las partes exija a la otra que pague por la comercialización de 
productos agrícolas y alimentarios.
e) Que una de las partes cobre a la otra por el personal de 
acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los productos.
f) Que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos 
al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas 
cosas.
3. Cuando una de las partes solicite un pago por las situaciones descritas en 
las letras a), b), c), d) o e) del apartado 2, facilitará a la otra por escrito, en el caso 
de que ésta así se lo solicite, una estimación de los pagos por unidad o de los 
pagos por el total, según proceda. Además, si se trata de las situaciones descritas 
en las letras a), c), d) o e), también le facilitará, por escrito, una estimación de los 
gastos y la base de dicha estimación.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 17.
«3. Periódicamente se dará publicidad de los operadores que figuren 
inscritos en el Registro en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.»
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Dieciocho. Se modifica la letra k), se añaden las letras m) y n) del apartado 1 del 
artículo 20, y se añade un nuevo apartado 3, con el siguiente contenido:
«k) Elaborar informes sobre formación de precios de los alimentos, 
especialmente para los eslabones de la cadena distintos al eslabón productor.»
«m) Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de 
costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente 
se determinen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y 
objetividad en la formación de estos índices.
n) Analizar y estudiar de forma continuada la innovación en la cadena 
alimentaria y, en particular, la evolución de la creación de productos alimentarios 
innovadores y de su comercialización a los consumidores.»
«3. Toda la información, informes o datos referidos en el presente artículo 
serán públicos, salvo que esté expresamente prohibido por la Ley.»
Diecinueve. Se añaden dos apartados, 6 y 7, al artículo 22, con el siguiente 
contenido:
«6. La autoridad competente podrá acordar y ejecutar las medidas 
provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer en caso de que detecte indicios claros de vulneración de 
alguno de los preceptos regulados en la presente ley y, en su caso, constate un 
peligro cierto de que el denunciante vaya a sufrir perjuicios durante la pendencia 
del procedimiento administrativo, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La decisión sobre las medidas provisionales no implica prejuzgar el 
fondo del asunto.
7. Las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que 
intervienen en la cadena alimentaria serán titulares de intereses legítimos 
colectivos en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Veinte. El artículo 23 queda redactado como sigue:
«Artículo 23.  Infracciones en materia de contratación alimentaria.
1. Son infracciones leves en materia de contratación alimentaria:
a) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 
alimentarios, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.c) 
de este artículo.
b) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 
expresamente pactadas por las partes, sin perjuicio de las conductas que se 
incardinen en el apartado 2.d) de este artículo.
c) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
d) Suministrar de forma incompleta o fuera del plazo señalado la información 
que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
e) Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y 
alimentarios perecederos dentro de los treinta días previos al momento señalado 
para su entrega por el vendedor, sin perjuicio de las conductas que se incardinen 
en el apartado 2.m) de este artículo.
f) En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad 
asociativa que se acojan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo del 
artículo 8.1 para no formalizar por escrito un contrato, que la cooperativa o la 
entidad asociativa no cumpla las condiciones y requisitos previstos en dicho 
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artículo para los estatutos o acuerdos reguladores de tales entregas, sin perjuicio 
de las conductas que se incardinen en el apartado 2.i) de este artículo.
g) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o 
Sociedad Agraria de Transformación (SAT) de la que es socio, que la cooperativa 
o SAT no cumpla las condiciones y requisitos previstos en la normativa de 
contratación láctea para los estatutos o acuerdos cooperativos reguladores de 
tales entregas a los efectos de no requerir de contrato, sin perjuicio de las 
conductas que se incardinen en el apartado 2.j) de este artículo.
h) Exigir, por el comprador, que el proveedor pague por el deterioro o la 
pérdida, o por ambos motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en 
los locales del comprador o cuando la propiedad ya ha sido transferida al 
comprador, sin que dicho deterioro o pérdida se deban a negligencia o culpa del 
proveedor.
i) Negarse a confirmar por escrito, por parte del comprador, los términos de 
un contrato de compraventa o suministro que fueron acordados entre el comprador 
y el proveedor y cuya confirmación por escrito le haya solicitado el vendedor.
j) Exigir compensación, por parte del comprador al proveedor, por los gastos 
derivados de estudiar las reclamaciones de los clientes relativas a la venta de los 
productos del proveedor, aun cuando no haya ni negligencia.
k) Incumplir la obligación de inscripción en el registro de contratos 
alimentarios prevista en el artículo 11 bis.
l) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de 
subastas electrónicas.
m) El incumplimiento de las obligaciones relativas a pactos promocionales, 
conforme al artículo 12 bis, que resulten perjudiciales para una de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 bis.2, son infracciones graves 
en materia de contratación alimentaria:
a) La segunda o ulterior infracción leve que suponga reincidencia con otra 
infracción leve cometida en el plazo de dos años, contados desde la sanción por 
resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.
b) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere el 
artículo 2 y el capítulo I del título II de esta ley, cuando esta formalización sea 
obligatoria.
c) No incorporar en el contrato alimentario el precio recogido en el 
artículo 9.1.c).
d) Realizar modificaciones del precio, objeto, condiciones de pago o 
condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos incluidos en el 
contrato que no estén expresamente pactadas por las partes.
e) Realizar actividades promocionales que incumplan las obligaciones 
previstas en el artículo 12 bis.
f) El incumplimiento de las obligaciones del artículo 12 ter o la destrucción de 
valor en la cadena alimentaria, conforme al artículo 12 ter.
g) El incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales 
de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en el 
artículo 14 bis.
h) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 
Administración. Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto 
infractor haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las 
actuaciones de la Administración en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a 
las actuaciones de la Administración las siguientes conductas:
1.° No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, 
registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o 
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auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y 
cualquier otro dato con trascendencia a los efectos de la ley, así como no 
presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección o dentro del 
término conferido.
2.º No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.º La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se 
hubiera señalado.
4.º Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o 
locales a los funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, 
instalaciones y explotaciones relacionados con esta ley.
5.° Las coacciones a los funcionarios de la Administración actuante.
i) En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad 
asociativa que se acojan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo del 
artículo 8.1 para no formalizar por escrito un contrato, que la cooperativa o la 
entidad asociativa no cumpla el requisito de que los estatutos o acuerdos de la 
cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la 
entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por 
sus socios.
j) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o SAT 
de la que es socio, que la cooperativa o SAT no incorpore en los estatutos o 
acuerdos cooperativos previstos en la normativa de contratación láctea a los 
efectos de no requerir de contrato, el precio que se pagará por el suministro 
lácteo.
k) Exigir pagos adicionales o asunción de costes, sobre el precio pactado en 
el contrato alimentario, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
l) Adquirir, utilizar, exigir o revelar secretos comerciales de la otra parte 
ilícitamente, en el sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales, o información comercial sensible de otros operadores que haya 
sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para 
fines distintos a los expresamente pactados en el contrato alimentario.
m) Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y 
alimentarios perecederos dentro de los 10 días previos al momento señalado para 
su entrega por el vendedor.
n) Amenazar con llevar a cabo actos de represalia comercial contra la otra 
parte de la relación comercial, cuando esta ejerza sus derechos contractuales o 
legales, incluidos la presentación de una denuncia o la cooperación con las 
autoridades encargadas de la investigación de los hechos denunciados. También 
constituirán actos de represalia comercial, amenazar o llevar a cabo la interrupción 
total o parcial del suministro o compra de productos agrícolas o alimentarios en un 
contrato continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales o legales.
ñ) Devolver, por el comprador, productos agrícolas y alimentarios no 
vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su 
eliminación, o ambas cosas.
o) No formalizar contratos alimentarios, antes de que se realice la entrega, 
en el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad asociativa, 
en las que no se cumpla lo previsto en el artículo 2.2 para que dichas entregas no 
tengan la consideración de relaciones comerciales y queden excluidas del ámbito 
de aplicación de la ley.
p) Incumplir las obligaciones en materia de gestión de marcas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 de esta ley.
q) Que el comprador exija o traslade al proveedor los riesgos y gastos 
derivados de la incoación de expedientes sancionadores o reclamaciones relativas 
a los productos bajo la marca propia del distribuidor fabricados por el proveedor.
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3. Se consideran infracciones muy graves la segunda o ulterior infracción 
grave que suponga reincidencia con otra infracción grave cometida en el plazo de 
dos años, contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de 
la primera de ellas.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que el comprador es autor de las 
infracciones tipificadas en las letras a) del apartado 1 y b) y c) del apartado 2 de 
este artículo.
5. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta ley, se afecte a la competencia de los mercados, resultarán de 
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, que tendrán carácter preferente a las infracciones 
contempladas en esta ley de acuerdo con el artículo 22.2.
6. El procedimiento sancionador que deba incoarse con motivo de las 
infracciones recogidas en esta ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, con las siguientes salvedades:
a) En los procedimientos sancionadores cuya instrucción corresponda a la 
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., el plazo máximo para 
resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución expresa del mismo 
será de diez meses.
b) Con vistas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, los 
actos administrativos que deban notificarse a un operador que no tenga un 
establecimiento en España se efectuarán en la lengua correspondiente al Estado 
donde el operador tenga su sede social principal.
7. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los 
tres años y las leves al año. El inicio de la prescripción se computará desde el día 
en que la infracción se hubiera cometido o, si se trata de infracciones relativas a la 
formalización y extremos que han de contener los contratos alimentarios, desde el 
momento de la finalización de las prestaciones que tengan su origen en los 
mismos. En el caso de infracciones continuadas, se computará desde el día que 
hayan cesado. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de 
infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se 
computará desde que estos se manifiesten.»
Veintiuno. El artículo 24 queda modificado como sigue:
1. La letra a) del apartado 1 queda redactada como sigue:
«a) Infracciones leves, entre 250 euros y 3.000 euros.»
2. El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2. Con independencia de las multas previstas en el apartado 1 de este 
artículo, la autoridad que resuelva el expediente administrativo sancionador podrá 
acordar también que se ponga término a la práctica comercial prohibida.
En todo caso, la comisión de las infracciones tipificadas no podrá resultar más 
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas de 
modo que el montante final de las sanciones pecuniarias impuestas no podrá ser 
inferior al beneficio económico obtenido por el infractor.»
Veintidós. El apartado 1 del artículo 24 bis queda redactado como sigue:
«1. La Administración pública competente para la imposición de las 
sanciones publicará, con carácter trimestral, las sanciones impuestas por 
infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que 
hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto 
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recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. En la publicidad de las mismas 
se incluirá la identificación del infractor, la sanción impuesta y la infracción 
sancionada. En el caso de las sanciones que imponga la Administración General 
del Estado, esta publicidad se dará por medio de la página web de la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A.»
Veintitrés. El artículo 25 queda redactado como sigue:
«Artículo 25.  Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se graduarán especialmente en función del grado de 
intencionalidad o la naturaleza del perjuicio causado y atendiendo a la 
transcendencia económica y social de las infracciones cometidas, al ánimo de 
prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector, al lucro 
obtenido con la acción infractora y a la previa comisión de una o más infracciones, 
cuando no sea aplicable la reincidencia, todo ello de acuerdo con los criterios 
siguientes:
a) Las sanciones se aplicarán, en principio, en su grado medio, reduciéndose 
a su grado mínimo si no se estimase por el órgano que resuelva el expediente la 
existencia de una apreciable trascendencia económica y social de la actuación 
infractora. En base a estos criterios de cuantificación, se establecen tres grados de 
sanción por infracción:
1.º Sanciones leves: En su grado mínimo, con multas de 250 a 1.000 euros; 
en su grado medio, con multas de 1.001 a 2.000 euros; y en su grado máximo, con 
multas de 2.001 a 3.000 euros.
2.º Sanciones graves: En su grado mínimo, con multas de 3.001 a 33.000 
euros; en su grado medio, con multas de 33.001 a 66.000 euros; y en su grado 
máximo, con multas de 66.001 a 100.000 euros.
3.º Sanciones muy graves: en su grado mínimo, con multas de 100.001 
a 333.000 euros; en su grado medio, con multas de 333.001 a 666.000 euros; y en 
su grado máximo, con multas de 666.001 a 1.000.000 euros.
b) Si mediare la anterior circunstancia o alguna de las demás circunstancias 
o criterios previstos en el primer párrafo del presente apartado la sanción estará 
comprendida entre la mitad y los dos tercios del máximo previsto. La concurrencia 
de dos o más de las anteriores circunstancias o criterios, que incluya en todo caso 
un ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector 
junto con la previa comisión de una o más infracciones cuando no sea aplicable la 
reincidencia, determinará la imposición de la sanción en su grado máximo.
2. No obstante la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, y para 
guardar la debida proporcionalidad, en el caso de sanciones pecuniarias a 
imponer a los operadores, éstas no superarán un importe equivalente al 5 o al 10 
por 100 de los ingresos brutos del operador sancionado en el año anterior, según 
se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy graves, y siempre que se 
respete el mínimo legal establecido para cada caso. En el caso de falta de 
ejercicio de la actividad durante todo o parte del ejercicio anterior, el órgano que 
resuelva el expediente aplicará los criterios de graduación elevando al año los 
ingresos brutos correspondientes a los meses anteriores de actividad si éstos 
fueran inferiores a doce.»
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Veinticuatro. El artículo 26 queda modificado como sigue:
1. Se añade una nueva letra c) en el artículo 26.1 con la siguiente redacción:
«c) Cuando una de las partes del contrato alimentario no tenga su sede 
social principal en España.»
2. El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2. Corresponderá  a los órganos  competentes  de las Comunidades  Autónomas 
ejercer  la potestad  sancionadora  prevista  en esta ley en los restantes  supuestos,  sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 2 bis del presente artículo.»
3. Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 26 con la siguiente redacción:
«2 bis. Cuando  el órgano  competente  de una Comunidad  Autónoma  no haya 
actuado  dentro  de los plazos  establecidos  en los apartados  3 y 4 del artículo  29, el 
denunciante  podrá  acudir  al órgano  correspondiente  de la Administración  General  del 
Estado.
Si transcurrido un mes del requerimiento de la Administración General del 
Estado el órgano competente de la Comunidad Autónoma siguiera sin dar 
respuesta satisfactoria, a petición del denunciante la Administración General del 
Estado asumirá la competencia en su lugar.»
4. La letra a) del apartado 3 queda redactada como sigue:
«a) El Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., 
cuando la cuantía total de la sanción propuesta por el instructor del expediente no 
supere los 100.000 euros.»
Veinticinco. Se añade un nuevo título VII con la siguiente redacción:
«TÍTULO VII
Las Autoridades de Ejecución
Artículo 28.  Designación de la Autoridad de Ejecución en el ámbito nacional.
1. En el ámbito de las competencias correspondientes a la Administración 
General del Estado, la Autoridad de Ejecución que ejercerá de punto de contacto 
para la cooperación tanto entre autoridades de ejecución como con la Comisión, 
prevista en el artículo 4.2 de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales 
en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario, encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario 
para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria en el ámbito nacional será la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A.
2. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía 
y en el marco de las competencias previstas en el artículo 26 de esta ley, 
designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ley, en sus territorios, que tendrán, al menos, las funciones que esta ley 
atribuye a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., en materia de 
control del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley en el ámbito de las 
competencias propias de las comunidades autónomas.
3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., será el punto de 
contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución, así como con la 
Comisión Europea.
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4. Las autoridades de ejecución se reunirán al menos una vez al año para 
examinar la aplicación de la presente ley, en el seno del Comité de cooperación de 
las autoridades de ejecución. Las autoridades de ejecución debatirán las mejores 
prácticas, los nuevos casos y los avances en el ámbito de las prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como 
el intercambio de información, en particular sobre la aplicación de las medidas que 
hayan adoptado de conformidad con la presente ley y sus prácticas en materia de 
observancia. Las autoridades de ejecución podrán adoptar recomendaciones para 
promover una aplicación coherente de la presente ley y mejorar su ejecución. La 
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. organizará tales reuniones.
5. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., publicará un 
informe anual con las actividades que hayan realizado las autoridades de 
ejecución en el ámbito de aplicación de la presente ley, que contendrá, entre otros 
datos, el número de denuncias recibidas y el número de investigaciones iniciadas 
o concluidas durante el año precedente. Respecto de cada investigación 
concluida, el informe contendrá una breve descripción del objeto, el resultado de la 
investigación y, cuando corresponda, la decisión adoptada, con sujeción a los 
requisitos de confidencialidad establecidos en esta ley.
Artículo 29.  Denuncias y confidencialidad.
1. En los casos en que la competencia sancionadora, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de esta ley, corresponda a la Administración General 
del Estado, la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., llevará a cabo 
las funciones previstas en las letras f) y g) del apartado 6 de la disposición 
adicional primera.
2. La Administración Pública competente adoptará todas las medidas 
necesarias para proteger la identidad de los denunciantes en todo momento, así 
como para la adecuada protección de cualquier otra información cuya divulgación 
el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses, o en caso de 
asociaciones para los de sus miembros o para el de los proveedores. El 
denunciante indicará qué información tiene carácter confidencial y cuál no, 
presumiéndose confidencial toda información sobre la que no se haya hecho 
indicación expresa.
3. La autoridad de ejecución que reciba la denuncia informará al 
denunciante, en el plazo de un mes desde la presentación de la misma, sobre las 
acciones a realizar para dar curso a la reclamación.
4. Cuando la autoridad de ejecución considere que no hay razones 
suficientes para instruir un expediente administrativo sancionador con motivo de la 
denuncia presentada, informará al denunciante, en el plazo de nueve meses 
desde la presentación de la reclamación, sobre los motivos del archivo.
5. Los denunciantes tienen derecho, salvo manifestación expresa en 
contrario, a:
a) Recibir acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete 
días a partir de la recepción.
b) Conocer el estado de la tramitación de su denuncia.
c) Conocer el estado de la realización de las acciones informadas por la 
autoridad de ejecución recogidas en el artículo 29.3.
d) Ser notificados de los trámites realizados y de las resoluciones acordadas 
respecto de la denuncia.
6. La protección de la identidad del denunciante deberá garantizarse tanto en 
el transcurso de la vía administrativa como, en su caso, la vía judicial. En este 
último caso, la Agencia de Información y Control Alimentarios o el órgano 
autonómico equivalente, en su caso, actuará en su nombre y representación, de 
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ser necesario para proteger la identidad del denunciante y siempre y cuando esta 
representación no suponga indefensión ni quebranto del principio de igualdad de 
armas.
7. En los casos en que uno de los operadores esté establecido en España y 
el otro no, podrán cursar la denuncia bien ante la autoridad de ejecución de su 
propio Estado miembro, bien ante la Agencia de Información y Control 
Alimentarios O.A., competente conforme al artículo 26.1.c). La autoridad de 
ejecución ante la que se haya cursado la denuncia será competente para hacer 
cumplir las prohibiciones establecidas en esta ley.»
Veintiséis. La disposición adicional primera queda modificada como sigue:
1. La letra b) del apartado 5, la letra j) del apartado 6, y el apartado 15 se suprimen.
2. Las letras a), b), c) e i) del apartado 6 quedan redactadas como sigue:
«a) Gestionar y mantener los sistemas de información de los mercados 
oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos.
b) Ejercer las competencias recogidas en esta norma como autoridad de 
ejecución nacional prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las competencias de 
las autoridades autonómicas.
c) Llevar a cabo las tareas necesarias como punto de contacto para la 
cooperación entre las autoridades de ejecución, así como con la Comisión 
Europea, en el ámbito de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019.»
«i) Establecer relaciones de colaboración con otros órganos de la 
Administración General del Estado y con las comunidades autónomas en materias 
de su competencia.»
3. Se añade una letra m) en el apartado 6, que quedará redactada como sigue:
«m) Ejercer las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, cuando resulten afectados 
los intereses de operadores de la cadena alimentaria.»
Veintisiete. La disposición adicional quinta queda modificada como sigue:
«Disposición adicional quinta.  Relaciones contractuales de la Organización 
Común de Mercados de los productos agrarios.
1. Esta ley será de aplicación supletoria al sector lácteo sin perjuicio de las 
especificidades recogidas en la normativa reguladora del paquete lácteo, que 
prevalecerá en todo lo que se separe de esta ley.
2. En particular, se regirán por dicha normativa especial:
a) La determinación de la norma a que ha de someterse la relación 
contractual en entregas intracomunitarias de leche.
b) Los supuestos de obligatoriedad de formalización contractual y su 
contenido mínimo.
No obstante, además de lo que prevea su normativa sectorial, en todo caso 
serán de aplicación a los contratos del sector lácteo las exigencias previstas en el 
artículo 9.1.c) y en el artículo 12 ter de esta ley.
c) La regulación sobre entregas de los socios a cooperativas y SAT, sin 
perjuicio de la tipificación de infracciones contenida en el artículo 23 de esta ley.
d) La obligatoriedad de que las organizaciones de productores formalicen 
contrato por escrito en las entregas con sus socios cuando haya transferencia de 
la propiedad.
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3. A  los efectos  del artículo  5.ñ), no obstante,  las organizaciones  de productores 
y sus asociaciones  del sector  lácteo,  reconocidas  respectivamente  según  los 
artículos  161 y 156 del Reglamento  (CE) n.º 1308/2013  del Parlamento  Europeo  y del 
Consejo,  de 17 de diciembre  de 2013,  por el que se crea la organización  común  de 
mercados  de los productos  agrarios  y por el que se derogan  los Reglamentos  (CEE) 
n.° 922/72,  (CEE)  n.° 234/79,  (CE) n.° 1037/2001  y (CE) n.° 1234/2007,  no tendrán  tal 
consideración  en caso de que los productores  miembros  de la organización  hayan 
transferido  la propiedad  de su producción  a la organización,  debiendo  en estos  casos 
las organizaciones  y sus asociaciones  suscribir  los contratos  sujetos  a negociación, 
conforme se indica en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el 
que se establecen  las condiciones  de contratación  en el sector  lácteo  y se regula  el 
reconocimiento  de las organizaciones  de productores  y de las organizaciones 
interprofesionales  en el sector,  y por el que se modifican  varios  reales  decretos  de 
aplicación al sector lácteo.»
Veintiocho. La disposición adicional quinta [sic], titulada «Infracciones y sanciones 
en materia de trazabilidad de productos pesqueros no incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado», pasa a 
numerarse como disposición adicional sexta.
Veintinueve . Se  añade  una nueva  disposición  adicional  séptima  con el siguiente 
contenido:
«Disposición adicional séptima.  Relaciones comerciales entre los operadores de 
la cadena agroalimentaria del plátano de Canarias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, a las relaciones comerciales 
entre los operadores de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias (IGP del 
plátano cultivado en el archipiélago de las Islas Canarias) les serán de aplicación 
los siguientes preceptos, particularmente en los artículos 9.1.c) y 12 ter:
1. En la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones 
comerciales de la cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias se imputarán 
las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria.
2. Las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, 
el precio medio de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a todos sus 
clientes en cada año natural.
En las transacciones posteriores realizadas entre los operadores de esta 
cadena alimentaria, se considerará como coste efectivo de producción el precio 
pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría.
3. El comprador y la organización de productores que haya realizado la venta 
tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo 
hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del 
Plátano de Canarias.»
Disposición adicional primera.  Contratación de potencias eléctricas.
El Gobierno  posibilitará  la contratación  de dos potencias  eléctricas  a lo largo del año, 
discriminando  la época  de riego y la de no riego,  así como  la bonificación  de hasta  un 35 % y 
un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados 
en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de 
aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria.
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Disposición adicional segunda.  Informe sobre los resultados de la aplicación de las 
medidas recogidas en la ley.
Al año de la completa  entrada  en vigor de la ley, el Ministerio  de Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación  presentará  un informe  a la Comisión  Delegada  del Gobierno  para Asuntos 
Económicos  en el que se analizarán  los resultados  de la aplicación  de las medidas  recogidas 
en esta ley. En particular, este informe detallará el impacto de dichas medidas sobre el sector 
agroalimentario  español,  específicamente  sobre  el sector  agrario  y pesquero,  sobre  los precios 
que han recibido  por sus productos,  y sobre  los consumidores,  atendiendo  a la evolución  que 
se haya producido  del sistema  de fijación  de precios,  a los precios  medios  recibidos  por los 
productores  con detalle  por comunidades  autónomas  y provincias  de producción  y de los 
precios finales de los productos agroalimentarios.
El contenido  completo  de este informe  se remitirá  igualmente  a las comunidades 
autónomas y se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición adicional tercera.  Criterios sobre la determinación del coste de 
producción.
En el plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la ley, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará los criterios sobre los diferentes factores 
que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, 
pesqueros y alimentarios, a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición transitoria única.  Contratos preexistentes.
Los contratos alimentarios en vigor en el momento de publicación de esta ley, incluidas sus 
prórrogas  y novaciones,  mantendrán  su validez,  si bien tendrán  que adaptarse  en aquello  en 
que no se ajusten a lo dispuesto en la misma antes del 1 de mayo de 2022.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se 
crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
La Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 1.  Creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.
1. El objeto de la presente ley es la creación y regulación de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2. La Agencia es un organismo autónomo de los previstos en artículo 98.1 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con 
personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, que se 
regirá por la presente ley y demás disposiciones de aplicación.
3. La Agencia se adscribe orgánicamente al Ministerio de Consumo, al que 
corresponde su dirección estratégica, la evaluación y control de los resultados de 
su actividad y funcionalmente al Ministerio de Consumo, al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Sanidad, en la esfera de sus 
respectivas competencias y en los términos que se determinen 
reglamentariamente. La participación de los distintos Departamentos en los 
órganos de la Agencia se determinará en su Estatuto.
4. A la Agencia, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden 
las potestades administrativas para el cumplimiento de sus fines, en los términos 
que prevea su Estatuto y de acuerdo con la legislación aplicable.
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5. La Agencia se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; en su 
Estatuto y en el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el 
derecho común.»
Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Fines generales, objetivos y ámbito de actuación.
1. Los fines generales de la Agencia son los de promover la seguridad 
alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública, y ofrecer garantías e 
información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector 
agroalimentario español, en el ámbito de actuación de las competencias de la 
Administración General del Estado y con la cooperación de las demás 
Administraciones públicas y sectores interesados.
2. Serán objetivos de la Agencia los siguientes:
a) Propiciar e impulsar la colaboración y coordinación de las 
Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, en atención, en particular, a su responsabilidad de interlocución con la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y con otras instituciones 
internacionales en tales ámbitos.
b) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten 
la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en 
especial, la prevención de la obesidad.
c) Favorecer la colaboración entre las Administraciones públicas y los 
distintos sectores interesados incluidas las asociaciones de consumidores y 
usuarios.
d) Actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de 
riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en 
las situaciones de crisis o emergencia. Al efecto, las medidas de coordinación a 
adoptar en materia de alertas alimentarias, así como las que correspondan ante 
situaciones de crisis y emergencia serán reguladas en su Estatuto.
3. Los ámbitos de actuación de la Agencia son los siguientes:
a) La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo 
la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.
b) La seguridad de la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases.
c) Los aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o 
indirectamente en la seguridad alimentaria.
d) Cualquier  otro ámbito  que, a la luz de los avances  científicos  y las nuevas 
demandas  sociales,  se le asigne  para garantizar  el cumplimiento  de sus fines, 
atendiendo a su esfera de competencias de conformidad con lo que prevea su Estatuto.
4. Las funciones y competencias de la Agencia, para el cumplimiento de los 
fines y objetivos anteriormente citados y en el marco de los ámbitos de actuación 
señalados en el apartado anterior, con indicación de las potestades administrativas 
que correspondan, serán determinadas en el Estatuto, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 93.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estará 
legitimada para el ejercicio de la acción de cesación frente a conductas que 
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lesionen los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en 
el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano como en 
lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables.
La acción de cesación se dirigirá a obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la 
acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta 
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que 
hagan temer su reiteración de modo inmediato.
6. En  los términos  de la Ley 29/2009,  de 30 de diciembre,  por la que se modifica 
el régimen  legal de la competencia  desleal  y de la publicidad  para la mejora  de la 
protección  de los consumidores  y usuarios,  la Agencia  Española  de Seguridad 
Alimentaria  y Nutrición  podrá  solicitar  al anunciante  la cesación  o rectificación  de la 
publicidad  ilícita  que afecte  a los intereses  colectivos  o difusos  de los consumidores  y 
usuarios  tanto  en el ámbito  de la seguridad  de los alimentos  dirigidos  al consumo 
humano  como  en lo referido  a las alegaciones  nutricionales  y saludables.  En este 
mismo  ámbito  la Agencia  estará  legitimada  para el ejercicio  de la acción  de cesación 
prevista en la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico 
español  de diversas  directivas  comunitarias  en materia  de protección  de los intereses 
de los consumidores y usuarios.»
Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Órganos de gobierno y órganos ejecutivos de la Agencia.
La Agencia  se estructura  en los órganos  de gobierno  y ejecutivos  que se determinen 
en su Estatuto, de conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.»
Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.  Principios de actuación de la Agencia.
Los Principios de actuación de la Agencia son los siguientes:
a) La  Agencia  actúa  de acuerdo  con los principios  de independencia  en la 
protección de la salud pública y en la defensa de los consumidores; de transparencia en 
su gestión, de evaluación continua de su actividad y de control permanente.
b) Las decisiones de la Agencia se basarán en conocimientos y datos objetivos de 
análisis  de riesgos  formalmente  realizados  y serán  adoptadas  de acuerdo  con la 
protección de la salud, el interés público y el principio de precaución.
c) De  acuerdo  con el principio  de transparencia  y sin perjuicio  del respeto  del 
derecho  a la intimidad  de las personas  y a las materias  protegidas  por el secreto 
industrial y comercial siempre que no comprometan la protección de la salud pública:
1. Todos  los ciudadanos  tienen  el derecho  de acceso,  por el procedimiento  que 
reglamentariamente  se determine,  a los dictámenes  científicos  elaborados  por la 
Agencia, a los documentos que obren en su poder y al informe anual de actividades.
2. La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante 
para la población, especialmente en situaciones de crisis alimentaria. A tal efecto 
la Agencia elaborará un plan general de comunicación de riesgos y uno específico 
para situaciones de crisis y emergencia.
d) Las normas que se promuevan en materias que afectan a la Agencia 
serán sometidas al trámite de audiencia establecido en el artículo 26.6 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
e) Los programas de actividades, así como la memoria de actividades de la 
Agencia, una vez aprobados serán presentados a las Cortes Generales, al 
Gobierno de la Nación y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.»
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Cinco. El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Régimen jurídico aplicable.
De conformidad  con lo previsto  en el artículo  93.1 de la Ley 40/2015,  de 1 de 
octubre,  el Estatuto  de la Agencia  determinará  la regulación  del patrimonio  que se le 
asigne  y los recursos  económicos  que hayan  de financiarla,  así como  el régimen 
relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación de la entidad.»
Seis. Quedan suprimidos los actuales artículos 6, 7, 8 y 9.
Siete. El actual artículo 10 pasa a ser artículo 6 con la siguiente redacción:
«Artículo 6.  Estatuto de la Agencia.
De conformidad con el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, mediante Real Decreto.»
Ocho. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.16.ª de 
la Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, competencias en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y de bases y coordinación general de la sanidad.»
Nueve. La disposición adicional segunda queda redactada del modo siguiente:
«Disposición adicional segunda.  Régimen jurídico aplicable a la resolución 
administrativa de determinadas materias.
En atención a la necesidad de preservar la seguridad alimentaria y proteger la 
salud de los ciudadanos, se entenderán incluidos en la excepción prevista en el 
artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos siguientes:
a) Autorización sanitaria de las mercancías sujetas a control oficiales con 
arreglo a los artículos 47 y 44 del Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles 
oficiales y otras actividades oficiales, la Orden del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control 
sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y 
los recintos aduaneros habilitados para su realización y la Orden APA/289/2021, 
de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control 
veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal.
b) Autorización sanitaria de establecimiento para repartir carne y productos 
cárnicos a Estados Unidos de América (Orden ministerial de 4 de abril de 1995, 
por la que se regulan las condiciones técnico-sanitarias y de autorización 
aplicables a los establecimientos de carnes y productos cárnicos para su 
exportación a los Estados Unidos de América).»
Disposición final segunda.  Incorporación de Derecho de la Unión.
Esta norma procede a la transposición completa al Derecho interno de la Directiva 
(UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a 
las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario.
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Disposición final tercera.  Comité de cooperación de las autoridades de ejecución.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la constitución, en el 
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, del Comité de 
cooperación de autoridades de ejecución, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., referido 
en el apartado veintitrés del artículo único, que añade el artículo 28 en el nuevo título VII 
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria. Su constitución se atenderá con los medios humanos y materiales 
disponibles en el Departamento, sin que conlleve aumento de gasto público.
Disposición final cuarta.  Mediación.
Cuando no hubiese acuerdo entre proveedor y comprador en la formalización, 
interpretación o cumplimiento de los contratos alimentarios, las partes podrán solicitar 
una mediación.
La mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos 
previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 
que reglamentariamente se establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento 
neutral, imparcial, y donde las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades.
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por 
el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se añade una letra i) en el apartado 1 del artículo 17 del Real Decreto 66/2015, de 6 
de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a la que se le añade la 
siguiente función:
«i) Acceder a los contratos efectuados en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, por la persona objeto de control en los dos años anteriores.»
Disposición final sexta.  Facultad de desarrollo del registro de contratos alimentarios.
Se habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo normativo y puesta en marcha del registro 
de contratos alimentarios previsto en el artículo 11 bis de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para el 1 de enero 
de 2023.
Disposición final séptima.  Salvaguarda de rango.
La modificación contenida en la disposición final quinta no afecta a su rango y no 
impedirá su posterior modificación por norma reglamentaria.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2. La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 bis de 
la Ley 12/2013,  de 2 de agosto,  de medidas  para mejorar  el funcionamiento  de la cadena 
alimentaria  entrará  en vigor en el momento  en que el registro  esté plenamente  operativo, 
conforme a su norma de desarrollo según se dispone en la disposición final sexta.
3. Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
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para las cooperativas u otras entidades asociativas entrarán en vigor a los seis meses de 
la entrada en vigor de la presente ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 14 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X