BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111172
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
13276 Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen 
disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos 
en el medio marino.
I
La producción de hidrocarburos en el medio marino tiene un papel relevante en el 
suministro energético internacional, al mismo tiempo, las perspectivas tecnológicas 
permiten explotar yacimientos en condiciones cada vez más adversas y remotas. Por otra 
parte, los accidentes e incidentes ocurridos en el pasado confirman la necesidad de seguir 
mejorando las prácticas y de reducir los riesgos asociados a esta actividad. En este 
sentido, tomando como referencia las mejores prácticas existentes en cada momento, las 
operaciones relacionadas con la perforación de sondeos de investigación y con la 
explotación de hidrocarburos en el medio marino tienen un perfil de riesgo que debe ser 
adecuadamente gestionado de forma que los riesgos de accidentes graves se reduzcan 
hasta el nivel más bajo razonablemente posible. Sólo de esta forma se conseguirá 
mantener la confianza de los ciudadanos y, subsiguientemente, preservar la seguridad de 
abastecimiento. Con esta finalidad se ha aprobado la Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2005/35/CE.
La Directiva establece una serie de medidas para reducir la frecuencia de dichos 
accidentes y, en caso de que sucedan, limitar sus consecuencias estableciendo unas 
condiciones de seguridad mínimas para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
el medio marino. Por una parte, se refuerzan las exigencias a los operadores y titulares de 
permisos de investigación y concesiones de explotación en lo que se refiere a sus 
exigencias de capacidad técnica, capacidad económica y protocolos de funcionamiento 
basados en la gestión sistemática del riesgo. En particular, adquiere una especial 
relevancia el informe de riesgos graves que se concibe como un documento dinámico que 
garantizará la reducción del riesgo a un nivel aceptable tomando como referencia las 
mejores técnicas disponibles en cada momento, así como los dictámenes de un verificador 
independiente que supervisará el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. No obstante, en 
el caso de que suceda un accidente, los medios y procedimientos necesarios estarán 
preparados para su despliegue inmediato, toda vez que se exige la asunción de las 
responsabilidades civiles y medioambientales que proceda.
La Directiva utiliza términos que han de ser adaptados a aquellos que vienen siendo 
ampliamente utilizados en el ordenamiento interno. De especial relevancia es el término de 
exploración que, de conformidad con la Directiva 94/22/CE, otorga un derecho exclusivo 
para efectuar prospecciones o exploraciones o producir hidrocarburos en una zona 
geográfica concreta. Dado que la figura de la autorización de exploración en nuestro 
ordenamiento jurídico no otorga un derecho exclusivo ni habilita al titular a la perforación 
de sondeos, se emplea en su lugar el término investigación, precisándose que las 
disposiciones de este real decreto-ley serán de aplicación a permisos de investigación y 
concesiones de explotación de hidrocarburos en el medio marino.
También contiene disposiciones destinadas a la figura de la Autoridad Competente 
para la Seguridad de las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (en adelante, 
ACSOM) que deberá adaptar su diseño organizativo, tanto para garantizar su objetividad 
e independencia en la evaluación de los proyectos de su competencia, como para reforzar 
su capacidad técnica, de modo que sea posible una correcta validación de los mismos 
sobre la base de un análisis previo riguroso de los riesgos y de la inspección sistemática.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111173
Por medio de este real decreto-ley se lleva a cabo una batería de modificaciones 
sectoriales con rango legal que permitan un enfoque coordinado.
II
La realización de trabajos de investigación y producción de hidrocarburos requiere un 
procedimiento de control administrativo de doble vuelta. En primer lugar, se requiere la 
titularidad de un permiso de investigación o de una concesión de explotación de 
hidrocarburos y, posteriormente, una autorización administrativa específica en la que se 
valoren las circunstancias concretas que concurren en el mismo con implicaciones para la 
seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se centra en la primera 
fase de concesión administrativa de carácter puramente demanial mientras que este real 
decreto-ley tiene por objeto principal el control técnico de los proyectos marinos. En este 
sentido, la Directiva requiere que no haya conflictos de interés entre los órganos 
competentes para realizar tales funciones.
Así, ACSOM asumirá, al menos, las funciones que la Directiva encomienda y, en todo 
caso, actuará de acuerdo con los principios de transparencia e independencia frente a 
decisiones ajenas a la seguridad de los proyectos que evalúe e inspeccione. A estos 
efectos, se le faculta no solo para requerir mejoras sino también para suspender las 
operaciones en aquellos casos en que los resultados de sus controles no sean 
satisfactorios. Finalmente, se le habilita para ser informada sobre las circunstancias 
concretas de accidentes graves fuera del ámbito de las aguas de la Unión en que estén 
involucradas compañías españolas.
Por otro lado, se introducen los conceptos de operador en medio marino, denominado 
operador en la Directiva, y propietarios de instalaciones no destinadas a la producción, que 
deberán desarrollar sus actividades sobre la base de una política corporativa que sitúe la 
seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente, como premisa básica y previa 
a cualquier otra.
Asimismo, se consolida la figura del verificador independiente como el auditor de 
carácter técnico que supervisa el diseño del proyecto y señala las modificaciones 
oportunas cuando no se garantiza la consideración de todos los riesgos del proyecto.
III
Como se ha indicado, la Directiva tiene un marcado carácter horizontal cuyas medidas 
afectan también al procedimiento para el otorgamiento de permisos de investigación y 
concesiones de explotación de hidrocarburos. En el capítulo II del real decreto-ley se 
recogen las disposiciones relativas al otorgamiento de permisos de investigación y 
concesiones de explotación. Destaca en particular la posibilidad de que, en caso necesario, 
ACSOM sea consultada tanto en relación con el otorgamiento del título demanial, como a 
la hora de realizar la valoración de la capacidad de los solicitantes para cumplir las 
obligaciones derivadas de este real decreto-ley, en particular, su capacidad técnica y 
financiera para asumir las responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de 
sus operaciones en medio marino y costero sensible desde el punto de vista ecológico.
Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, se 
define el concepto de operador en medio marino a los efectos de la aplicación de este real 
decreto-ley, a cuyo nombramiento podrá oponerse el órgano competente para la 
tramitación de las solicitudes de permisos de investigación y concesiones de explotación, 
previa consulta a ACSOM.
Por otra parte, se especifican las obligaciones de los titulares de permisos de 
investigación y concesiones de explotación en el medio marino, que deben tomar todas las 
medidas que estén razonablemente a su alcance para asegurar que el operador en medio 
marino cumple los requisitos, desempeña sus funciones y cumple sus obligaciones en 
virtud de lo dispuesto en el real decreto-ley. Así, cuando el operador en medio marino ya 
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111174
no tenga la capacidad de cumplir los requisitos exigidos, el titular deberá asumir la 
responsabilidad de la realización de las obligaciones de que se trate.
De esta forma, la responsabilidad primaria en materia de seguridad se asigna al 
operador en medio marino o, en su caso, al propietario, a quienes corresponde adoptar las 
medidas oportunas en cada momento, llegando a suspender los trabajos cuando las 
circunstancias lo aconsejen sin necesidad de que una autoridad externa tenga que llegar 
a intervenir. Esta política deberá ser común para todas sus operaciones mundiales, 
minimizándose así cualquier posibilidad de riesgo moral asociado a aquellas regiones con 
menos capacidad de supervisar tales operaciones.
Asimismo, se especifica que las operaciones relativas a instalaciones destinadas y no 
destinadas a la producción no comenzarán o no podrán continuarse sin la aceptación del 
informe de riesgos graves por parte de ACSOM. Esta aceptación no supondrá en ningún 
caso el traspaso de la responsabilidad a ACSOM.
Por otra parte, se establecen disposiciones específicas en relación con los planes 
internos de emergencia y los planes externos de emergencia asociados a las operaciones 
en medio marino relacionadas con el petróleo y el gas.
Asimismo, se adecua el régimen sancionador a lo dispuesto en la Directiva, 
introduciéndose nuevos tipos específicos de infracciones derivados del incumplimiento de 
lo previsto en este real decreto-ley.
IV
En aras de la proporcionalidad y de la eficiencia, la disposición adicional primera del 
real decreto-ley, relativa a la Autoridad Competente, ACSOM, desarrolla la excepción 
establecida en el artículo 8.3 de la Directiva para aquellos Estados Miembros con un bajo 
nivel de operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Se determina que no será 
necesaria la constitución de un órgano específico que asuma las funciones de ACSOM, en 
tanto se esté en el supuesto de excepción de la Directiva, siendo asumidas las funciones 
de la misma, enumeradas tanto en la Directiva como en el artículo 10 de este real decreto-
ley, por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y por el resto de ministerios con 
competencias en materia de medioambiente, marina mercante, seguridad industrial, 
trabajo, seguridad social y prevención de riesgos laborales, según corresponda. En este 
sentido, se prevé la habilitación de los mecanismos necesarios para evitar posibles 
conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, se establece en esta 
adicional que, en el supuesto de que el número de instalaciones normalmente atendidas 
sea igual o superior a seis, se constituirá la ACSOM en materia de hidrocarburos.
Por otra parte, la disposición adicional segunda contempla la aplicación de las 
obligaciones de la ley, en lo que proceda por razón de las funciones encomendadas, a 
quienes ejerzan, en virtud de una disposición legal, la administración de instalaciones que 
hubieran estado a ellas asociadas.
El real decreto-ley continúa con una disposición transitoria que establece que los 
titulares y operadores, tanto de concesiones de explotación y de almacenamientos 
subterráneos y de permisos de investigación, así como los proyectos asociados a los 
mismos y las instalaciones actuales, deberán cumplir con lo dispuesto en este real decreto-
ley en un plazo de seis meses desde su fecha de entrada en vigor.
V
La transposición en plazo de directivas comunitarias siempre ha constituido uno de los 
objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. El cumplimiento de este objetivo 
resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del nuevo escenario diseñado por el Tratado 
de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los 
que la Comisión Europea puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111175
España acumula en estos momentos un retraso en la transposición de la 
Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
sobre seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que 
modifica la Directiva 2004/35/CE, (la Directiva, en adelante), que debería haber sido 
transpuesta al ordenamiento interno antes del 19 de julio de 2015. Su incorporación al 
ordenamiento jurídico interno requiere al menos una norma con rango de ley, cuya demora 
implica un riesgo de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la citada directiva, resulta necesario 
acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición, lo que 
permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos y con ello evitar la imposición de 
sanciones económicas a España.
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad, que constituyen el presupuesto habilitante exigido al 
Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una situación de necesidad 
fundamentada en un supuesto de hecho concreto, en este caso la premura para 
transponer la norma comunitaria al ordenamiento jurídico interno, evitando las 
consecuencias sancionadoras de los procedimientos de infracción en curso; la urgencia 
de las medidas que deben aplicarse respecto a esta situación de necesidad, que no 
puede atenderse acudiendo al procedimiento legislativo de urgencia; y la existencia de 
una conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas 
para afrontarla.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución española, a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre 
de 2017,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto-ley tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben 
reunir las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en 
el medio marino, para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias.
2. Mediante este real decreto-ley se articulan los principios de actuación para lograr 
que las citadas operaciones en el medio marino se lleven a cabo sobre la base de una 
gestión de riesgos sistemática de manera que los riesgos residuales de accidentes graves 
puedan ser considerados aceptables.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y definiciones.
1. Las disposiciones de este real decreto-ley serán de aplicación, exclusivamente en 
el medio marino, a los permisos de investigación de hidrocarburos y a las concesiones de 
explotación sean estas de yacimientos de hidrocarburos o de almacenamiento subterráneo 
para los mismos, así como a las operaciones asociadas a aquellos.
Dichas operaciones en el medio marino incluirán todas las actividades relativas a la 
investigación y producción de petróleo o gas asociadas a una instalación o una 
infraestructura conectada, incluidos el diseño, la planificación, la construcción, la 
explotación, el desmantelamiento y el abandono definitivo de la misma, estando excluido 
el transporte de petróleo y gas de costa a costa.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111176
2. A los efectos de este real decreto-ley, se entenderá por:
a) instalación, una estructura estacionaria fija o móvil, o una combinación de 
estructuras permanentemente interconectadas por puentes u otras estructuras, utilizadas 
para operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el 
medio marino o en conexión con estas operaciones; esto incluirá las unidades móviles de 
perforación en el medio marino solamente cuando estén estacionadas en aguas situadas 
en el medio marino a efectos de perforación, producción u otras actividades asociadas con 
operaciones en el medio marino.
b) infraestructura conectada dentro de la zona de seguridad o dentro de una zona 
próxima a mayor distancia de la instalación:
1.º todo pozo y estructuras asociadas, unidades y dispositivos complementarios 
conectados a la instalación en el medio marino;
2.º todo equipo u obras situadas sobre o fijadas a la estructura principal de la 
instalación;
3.º un oleoducto, gasoducto o equipo adosado a la instalación.
c) El medio marino, comprenderá las aguas interiores, el mar territorial, la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, incluidos el lecho y su subsuelo, sobre los 
que el Reino de España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción conforme a 
los tratados internacionales y la legislación vigente.
3. En el supuesto de que los permisos de investigación o las concesiones de 
explotación contengan, a la par, áreas situadas en medio terrestre y áreas situadas en el 
medio marino, este real decreto-ley les será de aplicación únicamente en caso de que se 
prevea la ejecución de operaciones asociadas a estos que se desarrollen en el medio 
marino.
4. En lo no particularmente previsto en este real decreto-ley y su normativa de 
desarrollo y ejecución, se estará a lo dispuesto en la legislación de hidrocarburos, en la 
legislación ambiental, en la legislación de seguridad industrial, en la legislación de trabajo, 
seguridad social y prevención de riesgos laborales y en la legislación sobre seguridad y 
salvamento de la vida humana en la mar y de lucha contra la contaminación marítima.
CAPÍTULO II
Disposiciones relativas a permisos de investigación y concesiones de explotación 
de hidrocarburos en el medio marino
Artículo 3. Requisitos de seguridad y medio ambiente para el otorgamiento o la 
transmisión de permisos de investigación y concesiones de explotación en el medio 
marino.
1. Previamente al otorgamiento o a la transmisión, total o parcial, de permisos de 
investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta la 
capacidad de los solicitantes para cumplir los requisitos aplicables a las operaciones en el 
medio marino previstas en el marco del título demanial correspondiente, de conformidad 
con lo previsto en este real decreto-ley y en la restante normativa que le resulte de 
aplicación.
2. Durante la evaluación de la capacidad técnica y financiera del solicitante de un 
permiso de investigación o de una concesión de explotación, se valorarán los siguientes 
aspectos:
a) el riesgo, los peligros y cualquier otra información útil asociada a la zona objeto del 
otorgamiento en cuestión, inclusive, cuando proceda, el coste económico, social y 
ambiental que supone el deterioro del medio marino;
b) la fase precisa de las operaciones en el medio marino;
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111177
c) las capacidades financieras del solicitante, en particular, su garantía financiera 
para asumir las responsabilidades que puedan derivarse de las operaciones relacionadas 
con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino y
d) la información de que se disponga relativa al comportamiento previo del solicitante 
por lo que respecta a la seguridad y el medio ambiente, incluso en relación con accidentes 
graves, en la medida en que resulte adecuado a las operaciones para las que se haya 
solicitado el título demanial.
La Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de 
hidrocarburos (en adelante, ACSOM) podrá, en su caso, ser consultada antes del 
otorgamiento o la trasmisión de un permiso de investigación o de una concesión de 
explotación en el medio marino.
3. Adicionalmente a lo ya establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, el solicitante deberá acreditar que se ha constituido, o se constituirá, una 
garantía suficiente para cubrir las responsabilidades medioambientales que podrían 
derivarse de la ejecución de sus operaciones, que incluirán tanto las medidas de 
prevención como las de reparación.
A estos efectos, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental y su normativa de desarrollo. Estas 
garantías serán válidas y efectivas desde el comienzo de las operaciones en el medio 
marino.
En este sentido, se exigirá a los solicitantes de un permiso de investigación o una 
concesión de explotación en el medio marino, que acrediten su capacidad técnica y 
financiera y que presenten toda la información útil asociada a la zona contemplada por el 
título demanial y la fase precisa de las operaciones.
Al evaluar las capacidades técnicas y financieras del solicitante, se considerará 
especialmente el medio ambiente marino y costero sensible desde el punto de vista 
ecológico, en particular, aquellos ecosistemas que desempeñen un papel importante en la 
mitigación y adaptación al cambio climático y las zonas marinas protegidas.
4. El solicitante deberá proponer un operador en medio marino como parte de los 
requisitos para el otorgamiento del título demanial. A los efectos de este real decreto-ley, 
se entenderá por operador en medio marino, la persona física o jurídica o agrupación de 
esas personas, designada por los titulares para llevar a cabo operaciones, incluidas la 
planificación y ejecución de una operación en un pozo o la gestión y el control de las 
funciones de una instalación de producción.
Durante la tramitación del otorgamiento o de la transmisión del título demanial, previa 
consulta a ACSOM y en los términos que se definan reglamentariamente, se podrá objetar 
el nombramiento efectuado por el titular. En caso de plantearse dicha oposición, el titular 
deberá nombrar a un operador en medio marino suplente adecuado, o bien, deberá 
hacerse cargo de las responsabilidades de dicho operador en virtud de lo dispuesto en 
este real decreto-ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 4. Obligaciones de los titulares de permisos de investigación y concesiones de 
explotación de hidrocarburos en el medio marino.
1. Las instalaciones destinadas a la producción e infraestructuras conectadas que 
existan en permisos de investigación y concesiones de explotación serán operadas 
únicamente por los operadores en medio marino designados a tal fin, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.4.
2. Los titulares deberán demostrar y garantizar que el operador en medio marino 
tiene la capacidad necesaria para cumplir los requisitos de las operaciones concretas en 
el marco del título demanial correspondiente.
3. A lo largo de todas las fases de las operaciones, los titulares tomarán todas las 
medidas que estén razonablemente a su alcance para asegurar que el operador en medio 
marino cumple los requisitos, desempeña sus funciones y cumple sus obligaciones en 
virtud de lo dispuesto en este real decreto-ley y su normativa de desarrollo y ejecución.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111178
Asimismo, los titulares deberán cumplir con todas aquellas medidas que les hubiesen 
sido exigidas por ACSOM para garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones 
en el medio marino.
4. Cuando se considere que el operador en medio marino inicialmente designado ya 
no tiene la capacidad de cumplir los requisitos exigidos en este real decreto-ley y su 
normativa de desarrollo, el titular deberá asumir la responsabilidad de la realización de las 
obligaciones de que se trate y proponer inmediatamente un operador en medio marino 
sustituto.
5. El Ministerio de Fomento, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
navegación marítima, establecerá una zona de seguridad de la navegación con un radio 
de 500 metros desde cualquier punto del borde exterior de las instalaciones, si bien, podrá 
reducirse o extenderse más allá cuando se ajuste a las normas internacionales, que, en su 
caso resulten aplicables.
La Administración Marítima, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
navegación marítima, restringirá o prohibirá la navegación en la zona de seguridad establecida 
por razones de seguridad y protección marítima, salvo a los buques y embarcaciones que 
entren o permanezcan en la zona de seguridad por alguno de los siguientes motivos:
a) en relación con la instalación, inspección, ensayo, reparación, mantenimiento, 
alteración, renovación o retirada de cualquier cable o conducto submarinos en dicha zona 
de seguridad o en su proximidad;
b) para la prestación de servicios o el transporte de personas o bienes con destino a, 
o en procedencia de, cualquier instalación en dicha zona de seguridad;
c) para inspeccionar, bajo la autoridad de ACSOM, cualquier infraestructura 
conectada en dicha zona de seguridad;
d) con el fin de salvar vidas o bienes;
e) por circunstancias meteorológicas adversas;
f) en situación de peligro o por causa de fuerza mayor, o;
g) con el consentimiento del operador en medio marino, del propietario o del propio 
Ministerio de Fomento.
CAPÍTULO III
Principios de la gestión de riesgos relativos a las operaciones relacionadas con la 
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino
Artículo 5. Obligaciones de los operadores en medio marino y de los propietarios de 
instalaciones no destinadas a la producción.
1. Los operadores en medio marino de permisos de investigación y de concesiones 
de explotación a que se refiere este real decreto-ley:
a) Velarán por que se adopten todas las medidas adecuadas para prevenir los 
accidentes graves relativos a las operaciones relacionadas con la investigación y 
explotación de hidrocarburos en el medio marino, y en su caso, las que ACSOM determine.
b) Responderán de sus obligaciones en virtud de este real decreto-ley y de cualquier 
otra normativa que les resulte de aplicación aun cuando las acciones u omisiones que den 
lugar o contribuyan a accidentes graves sean imputables a los contratistas.
c) En caso de producirse un accidente grave, adoptarán todas las medidas 
adecuadas para limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.
d) Garantizarán que las operaciones relacionadas con la investigación y explotación 
de hidrocarburos en el medio marino se lleven a cabo sobre la base de una gestión de 
riesgos sistemática de manera que los riesgos residuales de accidentes graves que 
afecten a las personas, el medio ambiente y las instalaciones en el medio marino sean 
considerados aceptables.
e) Cualquier otra obligación que se determine reglamentariamente.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111179
2. En el caso de que una instalación de producción existente vaya a entrar o a salir 
de aguas del medio marino, el operador en medio marino lo comunicará a ACSOM por 
escrito antes de la fecha prevista de entrada o de salida de la misma, sin perjuicio de otras 
autorizaciones que correspondan a otras autoridades, en especial la de la Autoridad 
Marítima.
3. A los efectos de este real decreto-ley y su normativa de desarrollo y ejecución, se 
entenderá por propietario la persona física o jurídica o la agrupación de esas personas 
habilitada para controlar la operación de una instalación no destinada a la producción de 
petróleo y gas.
4. Cuando una actividad realizada por un operador en medio marino o por un 
propietario presente un riesgo inmediato para la salud humana o aumente significativamente 
el riesgo de accidente grave, éstos deberán adoptar las medidas adecuadas, procediendo 
incluso a la suspensión de la actividad correspondiente, hasta que el peligro o el riesgo 
hayan sido suficientemente controlados. Dichas medidas habrán de ser comunicadas, por 
el operador en medio marino o el propietario, en su caso, a ACSOM a la mayor brevedad 
posible.
5. Los operadores en medio marino y los propietarios proporcionarán a ACSOM y a 
las personas que actúen bajo su supervisión, los medios logísticos necesarios para 
desarrollar sus funciones de investigación, inspección y cualquier otra que le encomiende 
la normativa vigente.
6. Los operadores en medio marino y propietarios deberán elaborar una política 
corporativa de prevención de accidentes graves y aplicarla en todas sus operaciones en el 
medio marino, incluyendo mecanismos de seguimiento apropiados con el fin de garantizar 
su eficacia, debiendo comprender tanto las instalaciones de producción como sus 
instalaciones no destinadas a la producción fuera de la Unión Europea.
Artículo 6. Requisitos de remisión de información.
El operador en medio marino o, en su caso, el propietario deberá presentar a ACSOM, 
en los términos y plazos que se determinen, los siguientes documentos:
a) la política corporativa de prevención de accidentes graves o una descripción 
adecuada de la misma;
b) el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente o una descripción 
adecuada de los mismos;
c) en el caso de una instalación destinada a la producción prevista, una comunicación 
del diseño;
d) una descripción del programa de verificación independiente;
e) un informe sobre riesgos de accidentes graves;
f) en el caso de un cambio material, incluido el desmantelamiento de una instalación, 
un informe modificado de los riesgos de accidentes graves;
g) el plan interno de emergencia o una descripción adecuada del mismo;
h) en el caso de una operación relativa a un pozo, comunicación e información sobre 
operaciones relacionadas con dicho pozo;
i) en el caso de una operación combinada, una comunicación de las operaciones 
combinadas que será preparada en común por los operadores en medio marino y 
propietarios que participen en ella;
j) en el caso de una instalación existente destinada a la producción que haya que 
trasladar a una nueva localización de producción, una comunicación de relocalización;
k) cualquier otro documento pertinente que solicite ACSOM.
Artículo 7. Informe sobre riesgos de accidentes graves.
1. Los operadores en medio marino o los propietarios, según proceda, elaborarán, para 
cada una de sus instalaciones, un informe sobre riesgos de accidentes graves. Durante la 
preparación de dicho informe se consultará a los representantes de los trabajadores.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111180
2. Los informes de riesgos de accidentes graves de las instalaciones deberán ser 
aceptados por ACSOM de conformidad con lo dispuesto en este real decreto-ley y su 
normativa de desarrollo.
A estos efectos se entenderá como aceptación, en relación con el informe sobre 
riesgos graves, la comunicación por escrito de ACSOM al operador en medio marino o, en 
su caso, al propietario, de que dicho informe cumple los requisitos establecidos en este 
real decreto-ley y aquellos que se determinen reglamentariamente. Esta aceptación no 
supondrá en ningún supuesto el traspaso de la responsabilidad a ACSOM.
3. En ningún caso podrán iniciarse o reanudarse operaciones relativas a las 
instalaciones destinadas y no destinadas a la producción, llevar a cabo modificaciones en 
ellas o proceder a su desmantelamiento mientras ACSOM no haya aceptado el 
correspondiente informe de riesgos graves o la modificación del mismo, según proceda.
Adicionalmente a lo anterior, en el caso particular de operaciones en los pozos o de 
operaciones combinadas, no deberán comenzar ni reanudarse sin que se haya presentado 
una comunicación de las operaciones a ACSOM ni tampoco si ésta formulase objeciones 
en cuanto a su contenido.
4. El informe de riesgos de accidentes graves para una instalación destinada a la 
producción podrá ser común para un grupo de instalaciones si ACSOM lo autoriza 
previamente.
5. Los informes de riesgos de accidentes graves se actualizarán cuando proceda o 
cuando lo requiera ACSOM y, en cualquier caso, se revisarán cada cinco años o en el 
plazo que se establezca reglamentariamente. Los resultados de esta actualización o 
revisión se comunicarán a ACSOM.
En caso de que vayan a realizarse cambios que den lugar a una modificación 
sustancial, o si está previsto desmantelar una instalación, se elaborará un informe 
modificado sobre los riesgos de accidentes graves.
Por modificación sustancial se entenderá, en el caso de los informes sobre los riesgos 
graves, una modificación de la base sobre la cual se aceptó el informe original, incluidos, 
entre otras cosas, las modificaciones físicas, la disponibilidad de conocimiento o tecnología 
nuevos y los cambios en la gestión operativa.
6. Los operadores en medio marino y los propietarios deberán cumplir las medidas 
establecidas en el informe sobre los riesgos de accidentes graves y en la documentación 
que integre la comunicación de operaciones.
Artículo 8. Plan interno de emergencia.
1. Los operadores en medio marino o, en su caso, los propietarios, elaborarán planes 
internos de emergencia que tendrán en cuenta el informe sobre los riesgos de accidentes 
graves y formarán parte de éste. Dichos planes incluirán un análisis de la eficacia de la 
respuesta ante derrames de hidrocarburos y serán coherentes con el plan de emergencia 
externo al que hace referencia el artículo 13, y se coordinarán con los planes de 
contingencia a que hace referencia la normativa en materia de respuesta ante la 
contaminación marítima.
A los efectos de este real decreto-ley se entenderá por plan interno de emergencia, 
como un documento, preparado por los operadores en medio marino o, en su caso, por los 
propietarios, de conformidad con los requisitos de este real decreto-ley y su normativa de 
desarrollo, que reflejará las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las 
consecuencias de un accidente grave relativo a las actividades relacionadas con la 
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
2. Los planes internos de emergencia se pondrán en práctica sin dilación alguna para 
responder ante cualquier accidente grave o situación con riesgo inmediato de accidente 
grave.
3. El operador en medio marino y el propietario garantizarán, en todo momento, el 
acceso a los equipos y a los conocimientos pertinentes para el plan interno de emergencia, 
y los compartirán con las autoridades responsables para la ejecución del plan externo de 
emergencia, previo requerimiento de éstas.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111181
4. El plan interno de emergencia se actualizará:
a) a raíz de cualquier modificación sustancial del informe sobre los riesgos de 
accidentes graves y
b) en el caso de que una instalación móvil no destinada a la producción vaya a 
realizar operaciones en un pozo u operaciones combinadas, o se hayan modificado las 
características del sondeo o de su localización, con el fin de tener en cuenta la evaluación 
de riesgos realizada durante la preparación de la comunicación de las operaciones de 
pozo u operaciones combinadas;
Estas actualizaciones se comunicarán a ACSOM para completar la correspondiente 
comunicación de las operaciones combinadas y a las autoridades responsables de la 
elaboración de los planes externos de emergencia para la zona considerada.
5. El plan interno de emergencia deberá ser coherente con cualesquiera otras 
medidas relativas a la protección y el salvamento del personal de la instalación afectada, 
atendiendo especialmente al servicio público de salvamento regulado en la normativa de 
marina mercante.
Artículo 9. Verificación independiente.
1. A los efectos de este real decreto-ley se entenderá por verificación independiente, 
la evaluación y la confirmación de la validez de una declaración escrita dada por una 
entidad o parte organizativa del operador en medio marino o del propietario que no esté 
controlada ni bajo la influencia de la entidad o parte organizativa que utilice las 
declaraciones.
No obstante, reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que el 
verificador independiente tenga que ser externo a la propia parte organizativa del operador 
en medio marino o propietario.
2. Los operadores en medio marino y propietarios establecerán programas de 
verificación independiente, conforme a los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan, con la finalidad de:
a) en lo que respecta a las instalaciones, garantizar de manera independiente que los 
elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente identificados en la evaluación de 
los riesgos para la instalación y descritos en el informe sobre los riesgos de accidentes 
graves, son adecuados, y que el calendario de examen y de prueba de los referidos 
elementos es adecuado, está actualizado y se ejecuta según las previsiones;
b) en lo que respecta a las comunicaciones de las operaciones en un pozo, garantizar 
de manera independiente que las medidas de diseño y de control del pozo son adecuadas 
en todo momento respecto de las condiciones de perforación previstas.
3. Los operadores en medio marino y propietarios deberán:
a) Responder al dictamen del verificador independiente y tomar las medidas 
oportunas a partir del mismo.
b) Conservar dicha documentación durante un período de seis meses o en el plazo 
que se determine reglamentariamente, desde la terminación de las operaciones 
relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino a las 
que estén vinculadas.
c) Poner a disposición de ACSOM el dictamen recibido del verificador independiente, 
así como las acciones llevadas a cabo en respuesta a dicho dictamen.
4. Los resultados de la verificación independiente se entenderán sin perjuicio de la 
responsabilidad del operador en medio marino o del propietario en relación con el 
funcionamiento correcto y seguro de los equipos y los sistemas sujetos a verificación.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111182
CAPÍTULO IV
Autoridad Competente
Artículo 10. Funciones de la Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones 
Marinas en materia de hidrocarburos.
1. La Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas en materia 
de hidrocarburos (en adelante, ACSOM) será responsable de las siguientes funciones:
a) Aceptar, en su caso, los informes sobre los riesgos de accidentes graves, evaluar 
las comunicaciones de diseño y evaluar las comunicaciones de operaciones en los pozos 
o de operaciones combinadas, y cualquier otro documento de esta naturaleza que les sea 
presentado;
b) supervisar el cumplimiento por parte de los operadores en medio marino y de los 
propietarios de lo dispuesto en este real decreto-ley, incluidas las inspecciones, las 
investigaciones y la instrucción de expedientes sancionadores;
c) asesorar a otras autoridades u organismos;
d) elaborar planes anuales;
e) elaborar informes, así como publicar o notificar información en los términos que se 
determinen reglamentariamente;
f) cooperar con la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes 
Marítimos para la investigación de las causas técnicas de los accidentes e incidentes 
marítimos, en la investigación de cualquier accidente grave que ocurra en el medio marino.
g) cooperar con las autoridades competentes de otros Estados Miembros, con la 
Comisión Europea, con el Grupo de Autoridades de la Unión Europea para las actividades 
en alta mar del sector del petróleo y el gas (EUOAG), y con los puntos de contacto;
h) aquellas otras que reglamentariamente se le encomienden siempre que ello no 
suponga menoscabo de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
2. En el ejercicio de sus funciones, ACSOM actuará bajo los principios de objetividad, 
transparencia, coherencia, proporcionalidad e independencia.
3. Para el desarrollo de estas funciones, ACSOM está facultada para requerir de los 
operadores en medio marino y de los propietarios la información adicional que considere 
oportuna, así como para requerirles las modificaciones necesarias para garantizar la 
conformidad de los documentos con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de 
este real decreto-ley y su normativa de desarrollo y ejecución.
4. En ningún caso, los actos administrativos dictados por ACSOM en el ejercicio de 
sus funciones supondrán una transferencia de responsabilidad del operador en medio 
marino o del propietario a la Administración, correspondiéndole siempre a éstos la 
responsabilidad primaria en la protección de las personas, los bienes y el medioambiente, 
sin que ésta pueda trasladarse a los contratistas.
Artículo 11. Funcionamiento de ACSOM.
1. Se garantizará en todo momento la independencia y objetividad de ACSOM en el 
desempeño de sus funciones regulatorias y particularmente respecto de lo dispuesto en el 
artículo 10.1, párrafos a), b) y c).
A este fin, se evitarán conflictos de interés entre, por una parte, las funciones de 
ACSOM y, por otra, las funciones relativas al desarrollo económico de los recursos 
naturales en el medio marino, el otorgamiento y la transmisión de los respectivos títulos 
demaniales, así como el cobro y la administración de los ingresos asociados.
2. Para garantizar que ACSOM dispone de los medios necesarios para el correcto 
desempeño de sus funciones, se podrán suscribir acuerdos formales con agencias u otros 
organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, para la provisión de conocimientos 
técnicos objetivos especializados. En todo caso, se garantizará que la objetividad de estos 
organismos no pueda verse comprometida por posibles conflictos de interés.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111183
3. Mediante real decreto se establecerá la composición y las disposiciones necesarias 
para el adecuado funcionamiento de ACSOM. A estos efectos, se estarán, en su caso, a 
las disposiciones sobre órganos colegiados previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 12. Facultades de ACSOM.
1. ACSOM podrá exigir mejoras y, en caso necesario, prohibir que continúe el 
funcionamiento de toda instalación o parte de la misma o de cualquier infraestructura 
conectada, si los resultados de una inspección, de una revisión periódica del informe sobre 
los riesgos de accidentes graves o de las modificaciones de las comunicaciones 
presentadas, muestran que los requisitos y obligaciones establecidos en este real decreto-
ley y en su normativa de desarrollo y ejecución no se han cumplido, o que la seguridad de 
las instalaciones o de las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de 
hidrocarburos en el medio marino suscitan inquietudes razonables.
2. A solicitud de ACSOM, las empresas registradas en España que realicen, 
directamente o a través de sus filiales, operaciones relacionadas con la investigación y 
explotación de hidrocarburos en el medio marino fuera de la Unión Europea, en calidad de 
titulares u operadores, deberán informar de las circunstancias de un accidente grave en el 
que hayan estado involucradas.
3. ACSOM establecerá mecanismos para la denuncia confidencial de problemas que 
afecten a la seguridad y al medio ambiente en relación con operaciones de petróleo o de 
gas en el medio marino, cualquiera que sea su origen, e investigará estas comunicaciones 
conservando el anonimato de las personas en cuestión.
A tal efecto, los operadores en medio marino y los propietarios deberán comunicar a 
sus empleados y a los contratistas relacionados con la operación, así como a los 
empleados de éstos, la información detallada relativa a las disposiciones que se adopten 
para realizar las denuncias a que hace referencia el apartado anterior. Además, se 
asegurarán de que la denuncia confidencial se mencione en las formaciones y 
comunicaciones que les estén dirigidas.
CAPÍTULO V
Plan externo de emergencia
Artículo 13. Plan externo de emergencia.
1. La Administración General del Estado elaborará un plan externo de emergencia 
que abarcará el conjunto de todas las instalaciones de investigación y explotación de 
hidrocarburos en el medio marino, así como las infraestructuras conectadas y las áreas 
potencialmente afectadas. En el mismo se especificará el cometido y las obligaciones 
financieras de los titulares y de los operadores en medio marino.
2. El plan externo de emergencia será elaborado por el Ministerio de Fomento en 
cooperación con los operadores en medio marino y los propietarios y, en su caso, los 
titulares, ACSOM y previo informe del resto de órganos con competencias en la materia, y 
tendrá en cuenta la versión más reciente de los planes internos de emergencia de las 
instalaciones o infraestructuras conectadas existentes o planificadas en la zona. Asimismo, 
se realizará con la participación, en su caso, de las Comunidades Autónomas susceptibles 
de verse afectadas por dicho plan.
3. El plan externo de emergencia específico para instalaciones de investigación y 
explotación de hidrocarburos se deberá integrar en los planes nacionales vigentes relativos 
al salvamento de la vida humana en el mar y a la lucha contra la contaminación del medio 
marino.
4. El plan externo de emergencia se elaborará de acuerdo con los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente y se pondrá a disposición de la Comisión Europea, de los 
Estados Miembros, de terceros países potencialmente afectados de acuerdo con el 
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111184
principio de reciprocidad, y del público. No obstante, se considerarán confidenciales 
aquéllos elementos cuya difusión pueda suponer, entre otros:
a) una amenaza en materia de seguridad y protección de las instalaciones y de su 
funcionamiento;
b) un menoscabo los intereses económicos nacionales;
c) un menoscabo de la seguridad personal y el bienestar del personal involucrado.
Artículo 14. Preparación ante situaciones de emergencia.
1. Los operadores en medio marino y los propietarios someterán periódicamente a 
prueba su grado de preparación para responder de forma eficaz en caso de accidente 
grave.
2. Se organizarán periódicamente y se participará en ejercicios y simulaciones de 
situaciones de emergencia en coordinación con los órganos competentes en materia de 
lucha contra la contaminación marina, así como con aquéllos otros departamentos y 
agencias con competencias susceptibles de verse afectadas, incluyendo las de otros 
Estados miembros, las de la Unión Europea y, sobre una base de reciprocidad, las de 
terceros países.
3. Se mantendrá un registro de los equipos y servicios de respuesta de emergencia 
que estará a disposición de los otros Estados miembros potencialmente afectados y de la 
Comisión Europea y, sobre una base de reciprocidad, de los terceros países vecinos.
Artículo 15. Respuesta ante emergencias.
1. Los operadores en medio marino o, si procede, los propietarios, comunicarán a la 
mayor brevedad posible a las autoridades pertinentes, las cuales serán identificadas en el 
plan externo de emergencia, cualquier accidente grave o cualquier una situación que 
comporte un riesgo inmediato de accidente grave. En esta comunicación se describirán las 
circunstancias del accidente grave o de dicha situación, incluida, su ubicación y sus 
posibles impactos en el medio ambiente, así como sus principales consecuencias 
potenciales.
2. Los operadores en medio marino y los propietarios adoptarán todas las medidas 
convenientes para prevenir el agravamiento o limitar las consecuencias de cualquier 
accidente grave.
3. Durante una respuesta de emergencia, ACSOM y las autoridades competentes en 
materia de lucha contra la contaminación marina recogerán toda la información necesaria 
para llevar a cabo una investigación de los hechos.
A estos efectos, ACSOM podrá exigir a los operadores en medio marino medidas 
adicionales para favorecer recopilación de todos los datos pertinentes y su conservación e 
impedir una posible manipulación de los mismos.
Artículo 16. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia transfronterizas.
1. Cuando un riesgo de accidente grave pueda tener efectos importantes en el medio 
ambiente de cualquier Estado miembro o, sobre una base de reciprocidad, de un tercer 
país, se transmitirá a dicho Estado a través de sistema comunitario de intercambio de 
información marítima, antes de que se realice la operación, la información pertinente para 
que pueda proponer las medidas que estime necesarias. Los riesgos de esta clase de 
accidentes graves se tendrán en cuenta en los planes internos y externos de emergencia 
con el fin de facilitar una respuesta conjunta eficaz en caso de accidente grave.
2. En caso de accidente grave o de amenaza inminente de accidente grave, que 
conlleve o pueda conllevar repercusiones transfronterizas, se comunicará a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros o a los terceros países que pudieran verse afectados 
por el accidente grave o la amenaza inminente y facilitarán la información pertinente para 
una respuesta de emergencia conjunta eficaz.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111185
3. Asimismo, a la hora de llevar a cabo una colaboración internacional se deberá 
tener en cuenta lo establecido en la normativa marítima de aplicación, así como los 
mecanismos disponibles para el intercambio de información entre los diferentes países.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Artículo 17. Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que se tipifican 
como tales en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas tipificadas en este real decreto-ley se entenderán 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan 
incurrir sujetos obligados en relación con las actividades a que se refieren.
3. En el caso de que el cumplimiento de una obligación corresponda a varios sujetos 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan.
4. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, 
en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Artículo 18. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves las siguientes:
a) No comunicar u ocultar cualquier circunstancia que implique la pérdida sobrevenida 
de la capacidad técnica o financiera para cumplir los requisitos aplicables a las operaciones 
en el medio marino.
b) No designar, por parte de los titulares, un operador en medio marino suplente 
adecuado o no hacerse cargo de las responsabilidades del operador en medio marino 
cuando esté obligado a ello.
c) No adoptar las medidas suficientes para garantizar en todo momento la seguridad 
de las operaciones, cuando se ponga en peligro manifiesto a las personas, a los bienes o 
al medio ambiente.
d) Operar una instalación destinada a la producción o una infraestructura conectada 
sin haber sido designado como operador en medio marino para tal fin.
e) No garantizar, por parte de los titulares, que el operador en medio marino 
designado mantiene en todo momento la capacidad necesaria para desarrollar las 
operaciones concretas en virtud del título demanial correspondiente.
f) Iniciar o reanudar la operación de una instalación destinada o no destinada a la 
producción, llevar a cabo modificaciones en la misma o proceder a su desmantelamiento 
sin la aceptación del informe sobre riesgos de accidentes graves por parte de ACSOM.
g) Llevar a cabo o reanudar operaciones en los pozos u operaciones combinadas sin 
la aceptación, por parte de ACSOM, del informe sobre riesgos de accidentes graves de las 
instalaciones implicadas.
h) El incumplimiento por parte del operador en medio marino o del propietario de su 
deber de revisión periódica del informe sobre riesgos graves en aquellos casos que vayan 
a realizarse cambios que den lugar a una modificación sustancial, o si está previsto 
desmantelar una instalación, cuando ello ponga en peligro manifiesto a las personas, a los 
bienes o al medio ambiente.
i) Llevar a cabo operaciones en los pozos u operaciones combinadas sin que se haya 
presentado a ACSOM una comunicación de la operación en el pozo o de la operación 
combinada o cuando dicha Autoridad hubiese formulado objeciones en cuanto a su 
contenido.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111186
j) No adoptar, en caso de ocurrencia de un accidente grave, las medidas para limitar 
sus consecuencias para la salud humana o para el medio ambiente que fuesen necesarias 
conforme al informe sobre riesgos de accidentes graves o al plan interno de emergencia.
k) La implantación de un programa de verificación independiente o cualquier 
modificación posterior que resulte en una falta de correspondencia del mismo respecto de 
la descripción remitida a ACSOM, cuando ello suponga un riesgo grave para las personas, 
los bienes o al medio ambiente.
l) No atender los dictámenes del verificador independiente cuando con ello se ponga 
en peligro manifiesto a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
m) El incumplimiento de las órdenes de ACSOM en relación con la mejora, 
suspensión o prohibición de la operación en una instalación o infraestructura conectada.
n) No adoptar en plazo las medidas preventivas o de evitación exigidas por ACSOM, 
cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.
o) La interferencia injustificada con los medios logísticos de suministro de una 
instalación cuando se ponga en riesgo a las personas, los bienes y el medio ambiente.
p) Falsear la información suministrada a la Administración, cuando la información real 
hubiese implicado el incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para obtener 
la autorización o aceptación previa de ACSOM, o cuando la comunicación de la misma 
hubiese supuesto causa de suspensión o prohibición de la operación por parte de la citada 
autoridad.
q) No adoptar las medidas previstas en la documentación a que hace referencia el 
artículo 7 o no suspender la actividad, cuando ésta presente un riesgo inmediato para la 
salud humana o aumente significativamente el riesgo de accidente grave.
r) La omisión o la demora injustificada, en la comunicación de cualquier accidente 
grave o de cualquier situación que comporte un riesgo inmediato de accidente grave, 
cuando ello tuviera como consecuencia que sus efectos se agravarán o llegarán a 
producirse efectivamente y siempre que no sea constitutivo de infracción en el ámbito de 
la marina civil.
s) En caso de ocurrencia de un accidente grave, no adoptar las medidas previstas en 
el informe sobre riesgos de accidentes graves para prevenir el agravamiento o limitar las 
consecuencias del mismo.
t) El incumplimiento, por parte del titular, de la obligación de constituir las garantías 
financieras a que esté obligado, así como no mantenerlas en vigor durante el tiempo en 
que subsista dicha obligación.
u) El incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos 
efectuados por los titulares de los órganos competentes en situaciones de emergencia o 
de los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de 
colaboración con los servicios de vigilancia y protección, cuando suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas, los bienes o el medio 
ambiente, siempre que este hecho no sea constitutivo de infracción en el ámbito de la 
marina civil.
v) La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año.
Artículo 19. Infracciones graves.
Son infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo anterior cuando, por las 
circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y en particular:
a) Las conductas tipificadas en las letras c), h), j), k), l), o), q) y u) del artículo anterior 
cuando no se ponga en peligro manifiesto a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
b) La omisión, resistencia u obstrucción de la labor de inspección o investigación de 
ACSOM.
c) No conservar, por parte del operador en medio marino o del propietario, los 
dictámenes del verificador independiente o las respuestas con las acciones tomadas en 
base a dichos dictámenes durante un periodo de 6 meses o el que se establezca 
reglamentariamente.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111187
d) La realización de tareas de verificación independiente cuando concurran 
circunstancias que comprometan gravemente la independencia de dicha verificación.
e) La aplicación de una política corporativa en materia de prevención de accidentes 
graves diferente en función de la ubicación geográfica de las instalaciones de producción 
o de las instalaciones no destinadas a la producción.
f) No cumplir con las obligaciones de información en los plazos previstos o falsear la 
información suministrada a la Administración, cuando la información real no hubiese 
implicado el incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para obtener la 
autorización o aceptación previa de ACSOM, o cuando la comunicación de la misma no 
hubiese supuesto suspensión o prohibición de la operación por parte de la citada autoridad.
g) No realizar, por parte de los propietarios o de los operadores en medio marino, los 
ensayos o los ejercicios de preparación ante emergencias en los plazos o en las 
condiciones exigidos, siempre que este hecho no sea constitutivo de infracción en el 
ámbito de la marina civil;
h) La omisión o el retraso injustificado en la comunicación a ACSOM de cualquier 
accidente grave, o que comporte un riesgo inmediato de accidente grave, sin que ello 
tuviese como consecuencia el agravamiento u ocurrencia del mismo.
i) No ajustarse a las instrucciones o no adoptar en plazo las medidas preventivas o 
de evitación exigidas por ACSOM cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
j) Desatender los requerimientos de información de ACSOM cuando no sea 
constitutivo de infracción muy grave.
k) La comisión de una segunda infracción leve en el plazo de un año.
Artículo 20. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) No preparar o no mantener, por parte de los operadores en medio marino y los 
propietarios, un inventario completo de los equipos de respuesta a emergencias 
relacionado con su operación, siempre que este hecho no sea constitutivo de infracción en 
el ámbito de la marina civil.
b) No informar a los empleados o contratistas, incluidos los empleados de éstos 
últimos, sobre los mecanismos establecidos por ACSOM para la comunicación confidencial 
de problemas de seguridad,
c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos contenidos en 
este real decreto-ley cuando no esté tipificado como muy grave o grave.
Artículo 21. Graduación de sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:
a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la 
seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado.
c) El grado de participación y el beneficio obtenido.
d) La intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.
e) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de 
la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 22. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas:
a) Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30.000.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de hasta 6.000.000 euros.
c) Las infracciones leves, con multa de hasta 600.000 euros.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111188
2. Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio cuantificable, la 
multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido, aunque se superen los límites 
máximos del apartado anterior.
3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad 
y a las circunstancias especificadas en el artículo anterior.
4. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la extinción de los 
permisos y concesiones a que se refiere el título II de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos.
5. La aplicación de las sanciones previstas en este artículo, se entenderá sin perjuicio 
de otras responsabilidades legalmente exigibles.
6. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, podrán ser 
publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 23. Multas coercitivas.
ACSOM, con independencia de las sanciones que correspondan, podrá imponer 
multas coercitivas cuando prosiguiera la conducta infractora y en el caso de no atender al 
requerimiento de cese en la misma.
Las multas se impondrán por un importe que no superará el 20 por 100 de la multa 
fijada para la infracción cometida.
Artículo 24. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones, en el que las fases de 
instrucción y resolución estarán debidamente separadas, se ajustará a los principios de los 
artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de 
procedimiento para la imposición de sanciones previstas en este real decreto-ley.
2. El plazo máximo para resolver y notificar los expedientes sancionadores tramitados 
conforme al procedimiento previsto será de un año, a contar desde la fecha en que se 
produzca su iniciación.
A estos efectos, el órgano encargado de la iniciación e instrucción del expediente 
sancionador será la ACSOM a que hace referencia el capítulo IV.
Dicha autoridad deberá remitir el expediente instruido y la propuesta de sanción al 
órgano competente para su resolución con un plazo de antelación mínimo de dos meses 
antes de la finalización del plazo máximo para resolver y notificar los expedientes previstos 
en el párrafo anterior.
Transcurrido dicho plazo de un año sin haberse dictado y notificado resolución, se 
declarará la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones con 
los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando la infracción administrativa pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, 
iniciado el procedimiento sancionador, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio 
Fiscal, suspendiéndose la tramitación del mismo hasta tanto se dicte resolución judicial 
firme que ponga término a la causa o sean devueltas las actuaciones por el Ministerio 
Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta penal, el órgano 
administrativo competente continuará el expediente sancionador con vinculación a los 
hechos declarados probados en la resolución judicial firme.
Artículo 25. Competencias para imponer sanciones.
La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las 
infracciones en materia de este real decreto-ley le corresponde:
a) Al Consejo de Ministros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Al titular del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la comisión de 
infracciones graves, o, una vez se constituya, ACSOM.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111189
c) Al titular de la Secretaría de Estado de Energía por la comisión de infracciones 
leves, o, una vez se constituya, ACSOM.
Artículo 26. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años de su comisión, las graves a 
los dos años, y las leves a los 18 meses.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves, a los dos años y las impuestas por infracciones leves, 
al año.
Disposición adicional primera. Ejercicio de las competencias atribuidas a la Autoridad 
Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas en materia de 
hidrocarburos.
1. En tanto no se constituya la Autoridad Competente para la Seguridad de las 
Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM) o el número total de 
instalaciones mar adentro normalmente atendidas sea inferior a seis, las funciones 
atribuidas a ésta serán ejercidas por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y 
por el resto de ministerios con competencias en materia de medioambiente, en materia 
marítima, seguridad industrial, trabajo, seguridad social y prevención de riesgos laborales, 
según corresponda.
Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, le corresponderá, salvo que el 
Gobierno determine lo contrario, la coordinación del ejercicio de las distintas funciones por 
parte de los departamentos afectados.
A estos efectos, se habilitarán los mecanismos adecuados para evitar conflictos 
de interés entre el ejercicio de las funciones definidas en el capítulo IV de este 
real decreto-ley y las decisiones relativas al otorgamiento de permisos de investigación y 
concesiones de explotación en el medio marino, así como cualquier otra relativa al 
desarrollo económico de los recursos naturales mar adentro.
2. Cuando el número de instalaciones normalmente atendidas sea igual o superior a 
seis, se constituirá la ACSOM en el plazo de seis meses desde la confirmación de dicho 
supuesto.
Dicho órgano será independiente de cualquiera de las funciones relativas al desarrollo 
económico de los recursos naturales mar adentro, al otorgamiento de permisos de 
investigación y concesiones de explotación en el medio marino, así como de la recaudación 
y a la gestión de los ingresos procedentes de estas actividades.
Disposición adicional segunda. Supuestos de administración de instalaciones.
Las obligaciones establecidas en el presente real decreto-ley para los titulares de 
concesiones de explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos en el 
medio marino serán de aplicación, en lo que proceda por razón de las funciones 
encomendadas, a quienes ejerzan, en virtud de una disposición legal, la administración de 
instalaciones que hubieran estado a ellas asociadas.
Disposición transitoria única.  Instalaciones y proyectos de investigación y explotación en 
activo.
Los titulares y los operadores en medio marino de concesiones de explotación de 
yacimientos y de almacenamientos subterráneos, así como los titulares y los operadores 
en medio marino de permisos de investigación de hidrocarburos, vigentes a la fecha de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, así como los proyectos asociados a los mismos, 
cuando comprendan áreas del medio marino, deberán adaptarse a lo dispuesto en este 
real decreto-ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280  Sábado 18 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 111190
Asimismo, las instalaciones existentes en el medio marino se deberán adaptar a las 
disposiciones previstas en este real decreto-ley en el plazo de seis meses desde su 
entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo previsto en las reglas 13.ª, 18.ª, 20.ª 
y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva 
sobre las siguientes materias: bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, 
marina mercante y bases de régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Incorporación de normas del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio 
de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, 
y que modifica la Directiva 2004/35/CE.
Disposición final tercera. No incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final cuarta. Desarrollo y ejecución.
1. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de este real 
decreto-ley.
2. En particular, en el plazo máximo de tres meses desde la convalidación de este 
real decreto-ley el Gobierno, a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, aprobará un real decreto que desarrolle lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de noviembre de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
cve: BOE-A-2017-13276
Verificable en http://www.boe.es
http://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X