I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
15354 Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen 
retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el 
tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 
combustibles.
I
En el último año y de manera más importante tras la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, se ha producido una escalada de precios del gas natural en los principales hubs 
de negociación tanto a nivel nacional como internacional, que se espera que se 
mantenga en los próximos meses, con el consiguiente efecto contagio en el precio 
mayorista de la electricidad.
El Gobierno ha aprobado distintas medidas con el objeto de paliar el impacto de los 
altos precios de la energía en los consumidores finales, entre las que cabe destacar la 
aprobación del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con 
carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del 
precio de la electricidad en el mercado mayorista, que introduce un mecanismo temporal 
de ajuste de costes de producción de las instalaciones que utilizan como combustible 
gas natural o carbón, al objeto de limitar el impacto en el precio mayorista de la 
electricidad.
El valor del ajuste se establece como la diferencia entre un precio de referencia del 
gas, y el precio efectivo del mercado spot de gas natural en cada día registrado en el 
Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS). El precio de referencia del gas que se establece en 
el mecanismo será variable, comenzando por un valor de 40 €/MWh durante los seis 
primeros meses e incrementándose en escalones mensuales sucesivos de 5 €/MWh 
hasta alcanzar un valor de 70 €/MWh en el último mes.
Este mecanismo de ajuste, si bien permite compensar los costes del gas natural a las 
instalaciones de generación de energía eléctrica que consumen gas natural a la vez que 
limita el impacto sobre el precio del mercado de electricidad, implica la pérdida temporal 
de la correlación entre el precio del mercado eléctrico y el precio del gas natural en 
aquellas horas en las que el precio marginal haya sido marcado por una instalación de 
ciclo combinado.
Este efecto se manifiesta con más intensidad cuanto mayor es la diferencia entre el 
precio del mercado spot de gas natural y el precio de referencia del gas, siendo ésta la 
situación que se ha dado en las últimas semanas. A modo ilustrativo, la media de las 
cotizaciones del producto con entrega el día siguiente (D+1) en el punto virtual de 
balance -PVB- en los meses de junio y julio del año 2022 se ha situado en 111,64 
€/MWh, situándose la media del mes de agosto en 165,85 €/MWh, registrándose el 
máximo histórico de 240 €/MWh en el precio de cierre del mercado MIBGAS el 29 de 
agosto de 2022.
Este incremento en el precio de cotizaciones del mercado spot de gas está afectando 
especialmente a las instalaciones de cogeneración con derecho a la percepción del 
régimen retributivo específico regulado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, ya que el aumento en sus costes de 
explotación no se ve compensado por un aumento en el precio del mercado eléctrico, al 
no encontrarse en el ámbito de aplicación del citado mecanismo de ajuste.
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La situación de precios en los mercados energéticos, unida a la implementación del 
mecanismo de ajuste, ha provocado la parada de la producción de más de la mitad de la 
potencia instalada de cogeneración en España en el mes de agosto. Esto afecta muy 
negativamente a los sectores industriales más intensivos en calor por el aumento de 
costes y la pérdida de competitividad, pero, además, y lo que es aún más relevante, 
supone una pérdida de eficiencia energética global de la economía por el aumento global 
de consumo de gas natural, ya que la energía eléctrica y energía térmica que no se está 
produciendo por la cogeneración es sustituida por otras soluciones técnicas - ciclos 
combinadas y calderas de gas - que presentan un rendimiento energético global inferior 
al de la cogeneración.
Esta situación hace necesaria y urgente la adopción de medidas que permitan a las 
instalaciones de cogeneración recuperar sus costes de explotación, recuperando los 
niveles de producción habituales, y así reducir el consumo de gas natural y evitar los 
graves perjuicios económicos sobre las industrias asociadas y el empleo.
Para ello, se regula un nuevo tipo de renuncia voluntaria al régimen retributivo 
específico para las instalaciones de cogeneración y tratamiento de purines y lodos de 
aceite de oliva, de manera que las instalaciones que renuncien al régimen retributivo 
específico puedan solicitar la inclusión en el mecanismo de ajuste regulado en el Real 
Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, siempre que dicho mecanismo de ajuste se 
encuentre en vigor.
Durante el periodo en que resulte de aplicación la renuncia, que será el comprendido 
entre el primer día del mes siguiente a la fecha de comunicación de la renuncia y la 
fecha de finalización del citado mecanismo de ajuste, las instalaciones no percibirán el 
régimen retributivo específico.
No obstante, se regula la posibilidad de solicitar la finalización anticipada del periodo 
de aplicación de la renuncia, volviendo a aplicar el régimen retributivo específico.
II
En el contexto actual, resulta indudable que el principal camino para disminuir la 
dependencia energética, el consumo de gas natural y para lograr la descarbonización 
pasa por el impulso de la generación eléctrica con energías de origen renovable.
En el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así 
como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del gas natural, se realizaron modificaciones normativas en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica principalmente orientadas a agilizar la tramitación de 
instalaciones de transporte para minimizar los vertidos de estas energías eléctricas de 
origen renovable. A la luz de la situación actual, se considera oportuno seguir avanzando 
en la agilización en las tramitaciones, en este caso de las propias plantas de generación 
de energías de origen renovable.
En los últimos meses varios promotores de plantas de generación eléctrica renovable 
han señalado que resulta necesario realizar modificaciones en el dimensionamiento de 
los inversores de sus proyectos para dar cumplimiento al contenido del Real 
Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 
eléctricas. Estas modificaciones suponen cambios en los proyectos de ejecución que en 
algunos casos requieren de una nueva autorización administrativa pese a que dichas 
modificaciones no tienen nuevos efectos adversos sobre el medio ambiente y no 
producen nuevas afecciones a bienes y derechos de terceros. Con el fin de evitar el 
inicio de procedimientos de tramitación de autorización administrativa en las que no hay 
nuevas afecciones y en las que por tanto no se desprotege a terceros, mediante el 
presente real decreto- ley se introducen modificaciones de los umbrales de exigencia 
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que hacen necesario iniciar una nueva tramitación respecto del régimen de 
autorizaciones previsto en cada caso.
Por otra parte, con carácter inminente y a medida que van concluyendo las 
tramitaciones de un gran número de proyectos se prevé que se remitan a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia una gran cantidad de peticiones de informe 
para el otorgamiento de autorización administrativa previa de instalaciones renovables, 
tal y como requiere el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Ante 
el elevado volumen de proyectos, se considera prudente, acotar el contenido del informe, 
en lo relativo a lo que es necesario para el dictado de dicha autorización administrativa y 
de acotar los plazos de emisión del mismo.
En las próximas semanas, una vez se emitan las autorizaciones previas se iniciarán 
las tramitaciones de gran número de autorizaciones de construcción. Con el fin de 
acortar los plazos de tramitación de los proyectos de ejecución, y siempre que no se 
tramiten conjuntamente con la declaración en concreto de utilidad pública o con una 
modificación de la autorización administrativa previa, se modifica el real decreto antes 
señalado para reducir a la mitad, es decir, a quince días, el plazo de consulta a las 
distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de 
interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo prevista en el artículo 131 
ya que estos son conocedores de los proyectos en la mayoría de los casos.
Asimismo, se ha detectado que en algunos casos la existencia de ligeras 
discrepancias en relación a la potencia instalada en los distintos documentos necesarios 
para la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de 
energía eléctrica, está causando retrasos por la necesidad de modificar esta 
documentación con carácter previo. Puesto que dicha documentación tiene un carácter 
previo, con el fin acelerar los procesos se ha optado por introducir cierto grado de 
tolerancia en la fase de inscripción previa y exigir que dicha documentación sea 
modificada con carácter previo a la obtención de la notificación operacional definitiva, 
necesaria para la inscripción definitiva.
Si se sigue la secuencia temporal de los proyectos, una vez solventados sus 
problemas hasta la puesta en servicio e inscripción en el registro, el objetivo es 
maximizar la producción renovable, para lo que es necesario minimizar los vertidos 
incrementando la capacidad de transporte de las redes. Hasta la fecha las capacidades 
de transporte de líneas y transformadores tenían un carácter estacional. En este 
momento, la tecnologización de las redes y la disponibilidad de información 
meteorológica permiten realizar en muchos casos un estudio más detallado, que permita 
establecer unos niveles que pueden ser mensuales, diarios e incluso horarios. Por este 
motivo se introduce un anexo que recoge los criterios para el cálculo de los niveles 
admisibles de carga en la red de transporte de energía eléctrica y que permite el 
establecimiento de estos límites de capacidad para periodos más cortos que permitan 
ajustarse más a la capacidad de transporte real de los mismos en unas condiciones 
dadas.
III
Para hacer frente a la inflación generalizada de precios derivada de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, que afecta al poder adquisitivo de las familias españolas, se 
están adoptando medidas tanto en el ámbito interno, como en el comunitario, en el 
marco de los productos energéticos, con el objetivo de reducir y moderar su precio. Por 
otra parte, debe garantizarse el acceso de estos bienes esenciales a todos los 
ciudadanos y, en particular, a los consumidores vulnerables y en riesgo de pobreza 
energética, mediante el establecimiento de medidas que reduzcan su precio final. De 
esta forma, el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se 
prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, ha 
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prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma excepcional y transitoria, la 
aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, a las 
entregas de electricidad efectuadas a favor de los consumidores domésticos, con 
especial incidencia de los consumidores vulnerables y los beneficiarios del bono social. 
Es importante señalar que el tipo del IVA aplicable se ha rebajado hasta el 5 por ciento, 
tipo mínimo permitido por la normativa comunitaria armonizada en materia de IVA.
No obstante, la situación actual del mercado energético, con la excepcional subida 
de cotizaciones internacionales del gas natural, hace necesario reducir igualmente al 5 
por ciento el IVA aplicable a los suministros de gas natural, para garantizar que los 
consumidores puedan seguir teniendo acceso a este suministro fundamental ante la 
llegada del invierno.
En consecuencia, para dar respuesta a la situación generada por el incremento de 
los precios del gas natural, dentro de los límites de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre 
de 2022, una reducción, desde el 21 al 5 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que 
recae sobre todos los componentes de la factura de las entregas de gas natural, con el 
objeto de minorar su importe.
Por otra parte, la normativa comunitaria también habilita a los Estados miembros a la 
aplicación de un tipo reducido del IVA, no inferior al 5 por ciento, a las entregas de 
briquetas o pellets procedentes de la biomasa utilizadas como combustible en sistemas 
de calefacción y hasta el año 2030 a las entregas de madera para leña. Las briquetas y 
pellets procedentes de la biomasa son un producto natural fabricado a partir de materia 
orgánica que está llamado a convertirse en una de las alternativas más ecológicas en 
combustibles para calefacción de gran poder calorífico y una baja emisión de CO2. Es 
importante señalar que en su fabricación no es necesario utilizar ningún producto 
químico, por lo que debe fomentarse su empleo al tratarse de un combustible natural, de 
alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente y que contribuye a la 
valorización energética de la biomasa nacional. La reducción se hace también extensible 
a las entregas de madera para leña con fines de combustión para calefacción por los 
motivos señalados.
Por tanto, para favorecer el desarrollo y la utilización de combustibles menos 
contaminantes en sistemas de calefacción y fomentar la suficiencia energética, se 
establece también de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
una reducción desde el 21 al 5 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que recae sobre 
las entregas de briquetas y pellets procedentes de la biomasa y a la madera para leña 
utilizados en sistemas de calefacción.
IV
Las extraordinarias circunstancias en materia de abastecimiento y seguridad de 
suministro marcadas por la crisis energética internacional hacen imprescindible que se 
articulen instrumentos normativos de apoyo que garanticen el equilibrio entre oferta y 
demanda de energía eléctrica en todo momento.
Esta necesidad de flexibilidad se hace todavía más patente dada la situación 
climatológica de sequía actual, que provoca una innegable reducción del producible 
hidráulico a efectos de su disponibilidad como fuente de generación para el sistema 
eléctrico, y en el que por tanto resulta fundamental contar con mecanismos de respuesta 
de la demanda que logren paliar precisamente dicha carencia.
A tal fin, por medio de este real decreto-ley se articula un servicio de respuesta activa 
de la demanda para el sistema eléctrico peninsular español, configurado como un 
producto específico de balance, para hacer frente a las situaciones de escasez de 
energía de balance proporcionada por otros servicios estándar de activación manual ya 
en funcionamiento.
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En particular, dicho servicio se articula por medio de una subasta anual en el que se 
contratan las necesidades del producto específico de respuesta activa de la demanda, 
en base a los requerimientos de reserva detectados por el operador del sistema para 
cada periodo de aplicación del servicio, y en la que podrán participar todas aquellas 
unidades de programación de demanda conectadas al sistema eléctrico peninsular 
español que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto-ley.
V
Por lo que respecta a la aplicación de los fondos procedentes de un eventual 
superávit del sistema eléctrico en el ejercicio 2021, el artículo 19 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, establece que las desviaciones transitorias que puedan producirse 
entre los ingresos y costes del sistema eléctrico serán soportadas por los sujetos de 
liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada 
liquidación mensual. Asimismo, dispone que el desajuste que pudiera existir, con ciertos 
límites, y que no sea compensado por la subida de peajes y cargos, será financiado 
igualmente por los sujetos del sistema de liquidación.
Puesto que el ejercicio 2021 finalizará con superávit, resulta necesaria una medida 
de rango legal para poder aplicar dichos fondos, así, se dispone que el superávit que 
pudiera generarse en el cierre del ejercicio 2021 se aplique en las liquidaciones 
provisionales o en la definitiva del ejercicio 2022, facilitando con ello la liquidez del 
conjunto de los «sujetos de liquidación» y disminuyendo la necesidad de financiación de 
los desajustes del sistema eléctrico.
VI
El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones 
volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, estableció 
en el Capítulo Segundo de su Título IV la suspensión de las obligaciones de pago de 
intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria, 
independientemente de que estuvieran o no al corriente de pago, concedidos a 
afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de 
La Palma, regulando su régimen y efectos.
La finalidad de tal suspensión era proporcionar un alivio temporal en la carga 
financiera de los afectados, con el fin de permitirles un mayor margen para hacer frente a 
las necesidades urgentes derivadas de la erupción, en particular del eventual desalojo y 
de los daños que hubieran podido sufrir como consecuencia de la misma.
Aunque las autoridades competentes integrantes del Plan de Prevención de Riesgo 
Volcánico de Canarias habían certificado la finalización de la erupción el pasado 25 de 
diciembre de 2021, ante la constatación de la persistencia de la situación de necesidad 
abordada por la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para 
préstamos y créditos establecida en el Real Decreto-ley 20/2021, el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 22 de febrero de 2022 amplió la duración de la suspensión en seis 
meses adicionales.
A día de hoy, pese a los avances evidentes en la vuelta a la normalidad de la isla, 
fruto de las medidas puestas en marcha por las distintas administraciones competentes y 
de la colaboración de operadores privados, como las entidades de crédito, la isla sigue 
enfrentando nuevas situaciones excepcionales derivadas de la erupción que generan 
una necesidad urgente de liquidez. Por ejemplo, el precinto de barrios por razones de 
salud pública y la subsiguiente evacuación de sus habitantes, por ejemplo, debido a las 
emanaciones de gases, genera dificultades financieras adicionales y urgentes a los 
afectados. En este sentido, determinados afectados que no solicitaron la suspensión al 
considerar que pronto podrían volver a sus casas, necesitarían ahora solicitar la 
suspensión ante la tensión financiera que les supone la situación de desplazamiento. Del 
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mismo modo, algunos afectados que sí se han beneficiado de la suspensión necesitan 
un plazo adicional ante la situación de desplazamiento que determina sus dificultades 
financieras actuales.
Todo ello determina la extraordinaria y urgente necesidad de abrir una nueva ventana 
de solicitud de la suspensión de obligaciones de pago establecida por el Real Decreto-
ley 20/2021, de forma que hasta el 24 de octubre de 2022 los afectados por la erupción 
del volcán tal y como se definen en el artículo 16 del Real Decreto-ley 20/2021 podrán 
solicitar una suspensión de sus obligaciones, que será de seis meses para aquellos 
afectados que no se beneficiaron de la suspensión original y de tres meses para quienes 
sí lo hicieron.
VII
Por otra parte, se precisa que en el caso de las comunidades autónomas que 
cuenten con servicio meteorológico, estos servicios pueden proporcionar la información 
meteorológica sobre el riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo que active las 
prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en sus planes de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, previstas en el artículo 48.6 de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como la actualización y la 
publicación de la predicción relativa a los niveles de riesgo meteorológico de incendios 
forestales, con información georreferenciada, para la toma anticipada de decisiones, 
establecida en el artículo 48 bis.2 de la misma ley.
Asimismo, excepcionalmente, se amplía hasta el 1 de enero de 2023 el plazo para 
adoptar los planes y organizar los servicios de prevención, vigilancia y extinción de 
incendios forestales y su adaptación a lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2022, 
de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios 
forestales.
VIII
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4).
En relación con la medida a adoptar en el ámbito de las instalaciones de 
cogeneración con derecho a la percepción del régimen retributivo específico, como se ha 
expuesto anteriormente, la situación de precios en los mercados energéticos ha 
provocado la reducción de la energía generada por las instalaciones de cogeneración y, 
en consecuencia, un aumento en el consumo global de gas natural, al ser sustituidas por 
soluciones con menor rendimiento energético global. Esto supone una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad, que hace imprescindible la adopción de medidas 
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urgentes dirigidas a recuperar los niveles de producción habituales, permitiendo reducir 
el consumo global de gas natural, y evitando los graves perjuicios económicos sobre las 
industrias asociadas y el empleo.
La causa que subyace en la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas de 
impulso a la tramitación, puesta en servicio y evacuación de la generación renovable, es 
la reducción del consumo de gas natural en la producción de electricidad. Conviene 
destacar que en este momento existen más de 145.000 MW con permisos de acceso y 
conexión otorgados para centrales eólicas y fotovoltaicas que se encuentran en distintas 
fases de tramitación. Por tanto, toda medida que contribuya a impulsar la tramitación y 
puesta en servicio con una mayor celeridad de las instalaciones de producción 
contribuirá a una menor necesidad de consumo de gas natural para la generación de 
electricidad que se traducirá en un menor consumo de gas s nivel nacional y por tanto en 
una menor dependencia energética del exterior. Así, en la coyuntura actual y ante la 
necesidad de reducir el consumo de gas, aunque muchas de estas medidas podrían 
adoptarse con normas de rango reglamentario, resulta urgente y necesario 
implementarlas en el menor tiempo posible, motivo por el cual, se han incardinado en el 
presente real decreto-ley diversas medidas entre las que cabe señalar las modificaciones 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y la modificación del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio en los aspectos relativos a la documentación necesaria 
para la inscripción en el registro.
Adicionalmente y por la misma causa, una vez puestas en servicio las instalaciones, 
resulta deseable maximizar la energía que puede transportarse en las redes, a fin de 
evitar vertidos de energía renovables ya que si no perderían parte del sentido los 
esfuerzos anteriores. Por este motivo se introduce con carácter urgente un anexo que 
recoge los criterios para el cálculo de los niveles admisibles de carga en la red de 
transporte de energía eléctrica, de tal forma que se permita pasar de unos niveles 
estacionales a unos niveles que puede ser mensuales, diarios e incluso horarios en 
función de las condiciones ambientales y de dichas redes.
En lo relativo a la creación de un servicio de respuesta activa de la demanda, la 
justificación de la extraordinaria y urgente necesidad encuentra su fundamento en la 
exigencia de contar, a la mayor brevedad posible, con un mecanismo que permita 
garantizar el suministro de energía eléctrica, máxime en un contexto geopolítico y 
energético de alta incertidumbre como el actual, en el que el abastecimiento de 
determinadas materias primas a nivel europeo puede verse comprometido. Además, a lo 
anterior su suma la situación de sequía generalizada en el conjunto del territorio 
nacional, lo que provoca una fuerte reducción del producible hidráulico y en última 
instancia una evidente limitación en términos de flexibilidad para el conjunto del sistema 
eléctrico. Por todo ello, resulta imprescindible instrumentar un servicio específico de 
balance, que pueda comenzar su funcionamiento antes del 1 de noviembre de 2022, y 
por tanto a disposición del operador del sistema eléctrico para la temporada invernal, con 
el que poder asegurar el equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica en todo 
momento.
La urgencia de contar con este instrumento aconseja su aprobación por medio de 
esta norma con rango legal, pero al mismo tiempo se garantiza que este pueda 
adaptarse a las necesidades de flexibilidad en cada momento, pudiendo ser modificado 
o, incluso, derogado, por la autoridad competente reguladora, si la situación de cobertura 
de la demanda de energía eléctrica así lo aconseja en un momento posterior, y por tanto 
se salvaguarda el reparto competencial en materia energética existente tanto nivel 
europeo como nacional.
Por lo que respecta a la aplicación de los fondos procedentes de un eventual 
superávit del sistema eléctrico en el ejercicio 2021, la urgencia viene motivada porque 
carece de sentido disponer de fondos ociosos cuando se pueden incorporar al 
remanente del ejercicio anterior, si finalmente se produjese, con el fin de aportar liquidez 
a los sujetos del sistema eléctrico que perciban ingresos del sistema de liquidaciones.
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En lo que se refiere a los planes de inversión en redes de distribución de energía 
eléctrica, varios motivos sugieren la ampliación excepcional de los plazos para la 
presentación de los mismos o de adendas a estos. Entre estas causas, se encuentran la 
aprobación del Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la 
concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica 
para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía 
eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania y la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o 
penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica 
para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas 
distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía 
eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. Estas normas y otras resoluciones de 
carácter procedimental han modificado los formatos, origen de fondos y aplicación de 
dichos fondos, lo que ha llevado en algunos casos a problemas de plazos en la 
presentación de los planes de inversión. Con el fin de evitar la pérdida de fondos y de 
permitir que los proyectos planteados maximicen los objetivos de evacuación de 
renovables y de digitalización de las redes se considera oportuno ampliar el plazo de 
presentación de planes y adendas a los mismos. Debe destacarse que, en particular, la 
reducción del tipo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural que se prevé 
en este real decreto-ley preserva adecuadamente las garantías constitucionales en la 
relación entre el principio de legalidad tributaria y el límite a la facultad de dictar 
decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los 
gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales del tributo ni en la 
posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del 
sistema tributario. En este sentido, el Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de 
marzo (F.J. 5.º); 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9); 111/1983] sostiene que el sometimiento 
de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene 
carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede 
penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del 
presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la 
imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los 
elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la 
carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema 
tributario justo.
La medida de reducción del tipo impositivo es una modificación concreta y puntual 
que no supone afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos 
públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, 
de 8 de junio, (FJ 2), «a lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material 
del artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido "afectación" por el decreto-ley de un 
derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener 
en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 
329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del 
título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de 
«todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de 
los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen 
general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación 
de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema 
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tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o 
innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente 
la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del 
sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, 
FJ 5, por todas)». De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada 
caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, 
estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el 
grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos 
del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de 
producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación 
de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). A la luz de 
estas consideraciones, cabe afirmar que no se vulnera el citado artículo 31 de la 
Constitución ya que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), «(…) no ha 
provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
La extraordinaria y urgente necesidad para modificar la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, y el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, se justifica en la agilización 
coordinada de los ritmos de los trabajos para la articulación de los planes y los servicios 
de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre las Administraciones 
públicas competentes para su implantación, en un horizonte temporal que permita 
enfrentar las eventuales situaciones que requiera la lucha efectiva contra los incendios 
forestales, lo que también justificó la aprobación de dicho real decreto-ley.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-
ley se inscribe en el criterio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en 
cuanto órgano de dirección política del Estado, y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación, centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la garantía de precios justos y competitivos a los ciudadanos y las 
empresas.
Asimismo, se destaca que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de «extraordinaria y 
urgente necesidad» que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes.
IX
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente 
interés general que sustenta la medida que se aprueba en la norma, siendo así el real 
decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se 
respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación 
meramente imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados.
A su vez, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como 
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define 
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claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria 
que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real 
decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 
11.ª, 13.ª, 14.ª 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de Hacienda 
general, de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección 
del medio ambiente y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 20 de septiembre de 2022,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Renuncia al régimen retributivo específico de las cogeneraciones a los efectos de 
la aplicación del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de 
mayo
Artículo 1.  Renuncia de las cogeneraciones al régimen retributivo específico a los 
efectos de la aplicación del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo.
1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica, situadas en territorio 
peninsular, pertenecientes al grupo a.1 definido en el artículo 2 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, así 
como las acogidas a la disposición transitoria primera de dicho real decreto que hubieran 
estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, podrán renunciar al régimen retributivo específico regulado en el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, a los efectos de la aplicación del mecanismo regulado 
en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter 
temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio 
de la electricidad en el mercado mayorista. Dicha renuncia se podrá presentar siempre 
que el mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, se 
encuentre en vigor.
2. El periodo en que resultará de aplicación la renuncia será el comprendido entre 
el primer día del mes siguiente a la fecha de comunicación de la renuncia al organismo 
competente para realizar las liquidaciones y la fecha de finalización del mecanismo 
regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, sin perjuicio de lo establecido 
en los siguientes apartados.
3. La renuncia al régimen retributivo específico se comunicará al organismo 
competente para realizar las liquidaciones y tendrá efectos el primer día del mes 
siguiente a dicha comunicación.
Una vez comunicada la renuncia ante el organismo competente para realizar las 
liquidaciones, se podrá solicitar, ante el operador del mercado y el operador del sistema, 
la inclusión de la instalación en el mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo, en los términos establecidos en el artículo 4 del referido real decreto-ley. 
La solicitud incluirá una referencia expresa al hecho de que se ha comunicado 
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previamente la renuncia al régimen retributivo específico ante el organismo competente 
para realizar las liquidaciones. El mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo, en ningún caso se aplicará con anterioridad al primer día del mes 
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud ante el operador del mercado y el 
operador del sistema.
4. Durante el periodo en que resulte de aplicación la renuncia, se considerará que 
la instalación no cuenta con ningún marco retributivo de los regulados en el artículo 14 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a los efectos de la aplicación 
del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo.
Asimismo, durante dicho periodo, las instalaciones no percibirán el régimen 
retributivo específico ni les será exigible el cumplimiento de las condiciones de eficiencia 
energética ni de los límites de consumo de combustibles que se establecen en el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Una vez finalice el periodo en que resultará de aplicación la renuncia la instalación 
recuperará el derecho a percibir el régimen retributivo específico con efectos desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha de finalización de dicho periodo.
5. Para las instalaciones que presenten la renuncia regulada en esta disposición, el 
número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento 
de la instalación tipo correspondiente, se calcularán proporcionalmente al periodo en el 
que no haya estado en vigor el mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo.
6. Las instalaciones podrán solicitar ante el operador del mercado que no les 
resulte de aplicación el mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de 
mayo. El operador del mercado dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para dejar de 
aplicar el citado mecanismo sobre dichas instalaciones.
Una vez presentada la solicitud de no aplicación del mecanismo ante el operador del 
mercado y el operador del sistema, las instalaciones podrán solicitar la finalización 
anticipada del periodo en que resulta de aplicación la renuncia al régimen retributivo 
específico ante el organismo competente para realizar las liquidaciones. La solicitud 
incluirá una referencia expresa al hecho de que se ha solicitado previamente la no 
aplicación del mecanismo ante el operador del mercado. En el caso de que la solicitud 
sea presentada con una antelación mínima de 2 días hábiles a la finalización del mes, la 
fecha de efectos para la aplicación en el régimen retributivo específico será el primer día 
del mes siguiente a la fecha de la solicitud. En caso contrario la fecha de efectos se 
retrasará un mes.
7. El organismo competente para realizar las liquidaciones, el operador del 
mercado y el operador del sistema intercambiarán entre sí la información necesaria para 
verificar la correcta aplicación de lo previsto en este artículo.
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CAPÍTULO II
Impulso a la tramitación, puesta en servicio y evacuación de la generación 
renovable
Artículo 2.  Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, en los siguientes aspectos:
Uno.  Se modifica el párrafo c) del artículo 115.2, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«c)  La potencia instalada, tras las modificaciones, no exceda en más del 
quince por ciento de la potencia definida en el proyecto original. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio de las implicaciones que, en su caso, de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional decimocuarta, pudiese tener ese exceso 
de potencia a efectos de los permisos de acceso y conexión.»
Dos.  Se modifica el párrafo b) del artículo 115.3, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«b)  Que no supongan una alteración de las características técnicas básicas 
(potencia, capacidad de transformación o de transporte, etc.) superior al diez por 
ciento de la potencia de la instalación.»
Tres.  Se modifica el primer párrafo del artículo 127.6, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«6.  En los expedientes de autorización de nuevas instalaciones, la Dirección 
General de Política Energética y Minas dará traslado de la propuesta de resolución 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deberá emitir 
informe en el que se valore la capacidad legal, técnica y económica de la empresa 
solicitante. Este informe deberá ser emitido en un plazo no superior a quince días 
desde la recepción de la solicitud y tendrá sentido positivo en caso de no recibirse 
transcurrido dicho plazo. Para proyectos de generación de energías renovables la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá emitir informe 
favorable sin entrar a realizar un análisis detallado en aquellos casos en los que se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
i. El proyecto pertenezca en su totalidad a una empresa promotora que haya 
obtenido un informe favorable de dicha comisión para la autorización de otros 
proyectos de generación de la misma tecnología en un plazo no superior a dos 
años por un tamaño no inferior al cincuenta por ciento.
ii. Siempre que la potencia de sus proyectos autorizados no se haya 
incrementado en más de un trescientos por ciento a lo largo de dicho periodo.
iii. No haya cambiado su situación a los efectos de capacidad legal.»
Cuatro.  Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 131, con la siguiente 
redacción:
«Si la instalación cuenta con una resolución de autorización administrativa 
previa y la tramitación de la autorización administrativa de construcción se realiza 
exclusivamente bajo el procedimiento contemplado en la presente sección 2.ª de 
aprobación del proyecto de ejecución, no requiriendo de ninguno de los trámites 
previstos respecto de una modificación de la autorización administrativa previa ni 
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habiendo solicitado de manera conjunta la declaración de utilidad pública prevista 
en el artículo 143, el plazo señalado en el párrafo anterior se reducirá a la mitad.»
Artículo 3.  Modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.
Se introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 39 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, con la siguiente redacción:
«Para la inscripción previa, en los documentos anteriores se podrán admitir las 
siguientes discrepancias sin que se requiera la modificación de los mismos:
i. Una variación en la capacidad de acceso de hasta un 5% con respecto a la 
que figura en el permiso de acceso y conexión concedido.
ii. Una variación en la potencia instalada de hasta el 5% con respecto a la 
que figura en la autorización de construcción y siempre y cuando no resulte 
necesaria la emisión de una nueva autorización de construcción.
Las discrepancias entre dichos documentos deberán ser subsanadas antes de 
la obtención de la notificación operacional definitiva.»
Artículo 4.  Establecimiento de los niveles admisibles de carga en la red de transporte 
de energía eléctrica.
Los niveles admisibles de carga en la red de transporte de energía eléctrica, se 
establecerán de acuerdo al contenido del anexo I, el cual podrá ser modificado mediante 
resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía.
CAPÍTULO III
Medidas urgentes de reducción del tipo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
determinados combustibles
Artículo 5.  Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable temporalmente a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural.
Con efectos desde el 1 de octubre de 2022 y vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2022, se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural.
Artículo 6.  Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable temporalmente a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets 
procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
Con efectos desde el 1 de octubre de 2022 y vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2022, se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets 
procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
Disposición adicional primera.  Servicio de respuesta activa de la demanda.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se crea un 
servicio de respuesta activa de la demanda configurado como un producto específico de 
balance de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/2795 de la 
Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el 
balance eléctrico, cuyo contenido se incluye en el anexo II de este real decreto-ley.
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De conformidad con el referido reglamento y con la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la autoridad 
competente podrá llevar a cabo la adaptación, modificación o, en su caso, derogación, 
del servicio de respuesta activa de la demanda regulado en este real decreto-ley.
2. En todo caso, deberá celebrarse la subasta anual correspondiente al servicio de 
respuesta activa de la demanda a que hace referencia el apartado anterior para que este 
resulte de aplicación a partir del 1 de noviembre de 2022.
Disposición adicional segunda.  Destino del superávit del Sector Eléctrico en el 
ejercicio 2021.
No obstante lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, con 
carácter excepcional, si en el cierre del ejercicio 2021 se generase superávit de ingresos 
del sistema eléctrico, la totalidad del mismo se aplicará para cubrir los desajustes 
temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes del ejercicio 2022.
Disposición adicional tercera.  Inclusión en los planes de inversión de los distribuidores 
de activos e infraestructuras con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Con carácter excepcional, el plazo previsto en la disposición transitoria única del 
Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, para la presentación de las adendas a los 
planes de inversión de 2021 y 2022, así como la fecha prevista en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para presentación de los planes de 
inversión de 2023, se extiende hasta el 30 de septiembre de 2022.
Disposición final primera.  Modificaciones de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, conforme al Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia 
de incendios forestales, queda modificada en los siguientes términos:
1. Se modifica el inciso inicial del apartado 6 del artículo 48, que queda redactado 
del siguiente modo:
«6.  Cuando, de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia 
Estatal de Meteorología o, en su caso, del órgano autonómico correspondiente en 
el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, sea 
predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy 
alto o extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar inmediatamente las 
prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en sus planes de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y, en todo caso, las 
siguientes (…)»
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 48 bis, en los siguientes términos:
«2.  Para facilitar la toma anticipada de decisiones, la Agencia Estatal de 
Meteorología publicará en su portal de Internet y mantendrá permanentemente 
actualizada la predicción relativa a los niveles de riesgo meteorológico de 
incendios forestales, con información georreferenciada, y colaborará con las 
Comunidades autónomas a este fin.
Corresponde a las comunidades autónomas que cuenten con servicio 
meteorológico propio actualizar y publicar la información georreferenciada sobre la 
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predicción relativa a los niveles de riesgo meteorológico de incendios forestales en 
su ámbito territorial».
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y 
social de la isla de La Palma.
Se introduce una nueva disposición adicional cuarta en el Real Decreto-ley 20/2021, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de 
los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica 
y social de la isla de La Palma, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta.  Apertura de nuevo plazo de solicitud de las 
medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para 
préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados por 
los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La 
Palma desde el pasado día 19 de septiembre de 2021.
1. Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión 
de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin 
garantía hipotecaria de conformidad con el artículo 16, que no hubieran solicitado 
la suspensión de sus obligaciones de conformidad con el artículo 19, podrán 
hacerlo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, 
en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se 
reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 
combustibles, hasta el 24 de octubre de 2022. Los deudores acompañarán, junto a 
la solicitud de suspensión, la documentación prevista en el artículo 18, que resulte 
de aplicación y especificarán si son asalariados o autónomos y su actividad 
económica. La solicitud de la moratoria conllevará, para todos los préstamos y 
créditos objeto de la misma, cuenten o no con garantía hipotecaria, la suspensión 
de la deuda durante el plazo de seis meses, incluyendo la deuda impagada.
2. Aquellos deudores que ya se hayan beneficiado de la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin garantía 
hipotecaria de conformidad con el artículo 20, podrán solicitar del acreedor, hasta 
el 24 de octubre de 2022, una suspensión adicional de sus obligaciones de tres 
meses.
3. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 de este real 
decreto-ley.»
Disposición final tercera.  Modificaciones del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, 
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
El Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de incendios forestales, queda modificado en los siguientes 
términos:
1. La disposición adicional primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional primera.  Calendario de implantación.
Las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas para que, 
antes del 1 de enero de 2023, los planes y los correspondientes servicios de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales estén adaptados a lo 
establecido en este real decreto-ley.»
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2. La disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional segunda.  Administraciones públicas competentes.
Las referencias de este real decreto-ley a las comunidades autónomas se 
entenderán hechas a los órganos forales de los Territorios Históricos del País 
Vasco, en las materias que sean de su competencia, a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, y a los Cabildos y Consejos Insulares y otras entidades locales con 
competencias en materia forestal, reconocidas en la normativa autonómica, y en 
todo caso sin perjuicio de las competencias de autoorganización del conjunto de 
las administraciones públicas.»
Disposición final cuarta.  Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final quinta.  Títulos competenciales.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 
11.ª, 13.ª, 14.ª 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de Hacienda 
general, de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección 
del medio ambiente y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y 
Función Pública, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
establecido en este real decreto-ley.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
por suplencia (artículo 13.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre), la Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
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ANEXO I
Establecimiento de los niveles admisibles de carga en la red de transporte de 
energía eléctrica
1. Objeto.
El objeto de este anexo es establecer los criterios para determinar los niveles 
admisibles de carga en las líneas y transformadores de la red de transporte de energía 
eléctrica en régimen normal de funcionamiento.
2. Ámbito de aplicación.
Este anexo será de aplicación a todas las líneas y trasformadores de la red de 
transporte de energía eléctrica.
3. Definiciones.
Capacidad o límite térmico: Es la máxima capacidad de transporte de las líneas y 
transformadores en régimen permanente, asociada a un periodo temporal determinado.
4. Procedimiento.
Las empresas propietarias de las instalaciones de transporte de energía eléctrica 
determinarán la capacidad de las líneas y transformadores de su propiedad, utilizando 
para ello la metodología establecida en este anexo.
La capacidad de transporte de las líneas se derivará de la observancia del 
Reglamento Técnico para Líneas Aéreas de Alta Tensión que garantice la seguridad e 
integridad de las personas e instalaciones.
Las características que determinan la capacidad de transporte de una línea son: La 
capacidad de disipación térmica de los conductores y la capacidad de disipación térmica 
de la aparamenta asociada en las subestaciones, tomándose el valor que resulte más 
restrictivo.
La capacidad de los transformadores será la especificada para las diferentes 
condiciones de carga y características específicas de cada transformador.
Se establecerán por defecto cuatro valores estacionales de capacidad de transporte, 
que corresponderán a los siguientes periodos:
Limite térmico estacional Período
Primavera. De abril-mayo.
Verano. De junio a agosto.
Otoño. De septiembre a octubre.
Invierno. De noviembre a marzo.
No obstante, las empresas propietarias de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica podrán definir otros valores de capacidad de transporte para horizontes 
temporales más cortos (mensuales, día/noche, horarios…), siempre y cuando se 
respeten los límites térmicos de la instalación y se garantice la seguridad física de 
personas e instalaciones. A este respecto, cualquier referencia al concepto de límite 
térmico estacional referido en los procedimientos de operación, deberá ser interpretado 
en sentido amplio conforme a la granularidad de valores de capacidad de transporte 
adoptados para cada instalación.
En el caso de aquellas instalaciones que estén dotadas de medios de monitorización 
(locales o remotos) para determinar su capacidad térmica en tiempo real, estos sistemas 
deberán ser tenidos en cuenta en los análisis de seguridad del sistema.
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4.1  Metodología de cálculo. Los modelos de cálculo que se utilicen para la 
determinación de las capacidades de transporte y transformación contemplarán, como 
mínimo, los siguientes aspectos:
a) Modelo térmico para la aparamenta. Tendrá en cuenta las ecuaciones que rigen 
el comportamiento térmico de la aparamenta, los datos estadísticos históricos de 
temperaturas y la temperatura máxima de diseño de la aparamenta.
b) Modelo térmico para los conductores. Tendrá en cuenta las ecuaciones que rigen 
el comportamiento térmico del conductor y que se encuentran descritas en 
documentación de referencia (véase CIGRE Std 601, IEEE Std 738, etc.), los datos 
estadísticos históricos de temperaturas, la temperatura máxima de di-seño del conductor 
y la radiación solar representativa del periodo. Se considerará una velocidad del viento 
por defecto de 0,6 m/s.
Como resultado del proceso, se obtendrán los límites térmicos y los límites de 
transporte en situaciones especiales de explotación de duración inferior a veinte minutos.
c) Modelo térmico para los transformadores. Los límites térmicos serán los que se 
deducen de la norma UNE-IEC 60076-7:2010 «Guía de carga para transformadores en 
aceite» o de la norma UNE-IEC 60076-12:2010 «Guía de carga para transformadores de 
potencia de tipo seco», según aplique. Estas normas toman en consideración las 
condiciones ambientales y las sobrecargas admisibles en régimen permanente y 
transitorio.
Como resultado de la aplicación de la hipótesis de pérdida de vida estable, se 
obtendrán los límites térmicos y la capacidad máxima de transformación en situaciones 
especiales de explotación de duración inferior a una hora.
4.2  Periodicidad del cálculo de los niveles admisibles de carga. Las actualizaciones 
de las capacidades térmicas de las instalaciones de transporte se realizarán siempre que 
exista alguna variación de las características de los equipos y serán comunicadas al 
operador del sistema con la antelación suficiente sobre la fecha prevista de implantación.
En todo caso, las empresas propietarias de instalaciones de la red de transporte 
remitirán semestralmente un informe al operador del sistema con las modificaciones 
habidas en los valores de capacidad de sus instalaciones.
Asimismo, con carácter semestral el operador del sistema remitirá informe a la 
Dirección General de Política Energética y Minas en el que se recoja a nivel zonal donde 
se han determinado capacidades para periodos inferiores a los estacionales establecidos 
por defecto y en los que se cuantifique cuanto se ha incrementado la capacidad de 
transporte y cuanto se han reducido los vertidos en términos agregados por estas 
medidas. El primero de estos informes deberá ser remitido en el plazo máximo de 2 
meses desde que tenga lugar el primer envío de información sobre modificaciones en los 
valores de capacidad de instalaciones por parte de las empresas propietarias de 
instalaciones de la red de transporte al que se refiere el párrafo anterior.
ANEXO II
Servicio de respuesta activa de la demanda
1. Objeto.
El objeto de este procedimiento es reglamentar el funcionamiento del servicio 
específico de balance de respuesta activa de la demanda del sistema eléctrico 
peninsular español, para hacer frente a situaciones en las que se produzca un 
agotamiento de la energía de balance a subir proporcionada por los servicios de balance 
estándar de activación manual. En el mismo se establecen los siguientes aspectos:
– Publicación del requerimiento potencia de respuesta activa de la demanda, de los 
periodos de prestación del servicio y de la previsión de activación del servicio.
– Asignación de la prestación del servicio mediante un mecanismo anual de subasta.
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– Activación, control y medida de la provisión del servicio.
– Criterios de liquidación económica de la provisión del servicio.
2. Ámbito de aplicación.
Este procedimiento aplica al operador del sistema eléctrico español (OS), a los 
proveedores de servicios de balance (BSPs por sus siglas en inglés) habilitados por el 
OS en el servicio de respuesta activa de la demanda conforme a lo establecido en la 
normativa de aplicación vigente, y a los sujetos de liquidación responsables del balance 
(BRPs por sus siglas en inglés) del sistema eléctrico peninsular español.
3. Definiciones.
A efectos de este procedimiento se deberán tener en cuenta los términos y 
definiciones establecidos en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/2195 por el que se establece una directriz sobre el 
balance eléctrico y en el artículo 4 de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban las 
condiciones relativas al balance para los proveedores de servicios de balance y los 
sujetos de liquidación responsables del balance en el sistema eléctrico peninsular 
español (en adelante Condiciones relativas al balance) o normativa aplicable en cada 
momento.
En particular o adicionalmente, se aplicarán las siguientes definiciones, que se 
incorporan al objeto de facilitar la comprensión del texto y sin perjuicio de que, en caso 
de discrepancia o revisión de la norma de origen, prevalecerá esa definición:
– Mercado, se refiere al «Mercado mayorista de electricidad» al que se refiere el 
artículo 1 de la Circular 3/2019 de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen las metodologías que regulan el 
funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del 
sistema.
– Participante en el mercado (PM), es una persona física o jurídica que compra, 
vende o genera electricidad, que participa en la agregación o que es un gestor de la 
participación activa de la demanda o servicios de almacenamiento de energía, incluida la 
emisión de órdenes de negociación, en uno o varios de los mercados de la electricidad 
incluyendo el mercado de balance, tal y como se define en el punto (25) del artículo 2 del 
Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior de electricidad.
– Proveedor de servicios de balance (BSP, por sus siglas en inglés): participante en 
el mercado que suministra energía de balance y/o reserva de balance, tal como se define 
en el punto (12) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior 
de la electricidad.
– Sujeto de liquidación responsable del balance (BRP, por sus siglas en inglés): 
participante en el mercado, o su representante elegido, responsable de sus desvíos en el 
mercado de la electricidad, tal como se define en el punto (14) del artículo 2 del 
Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior de la electricidad.
– Servicio de respuesta activa de la demanda: Es un servicio específico de balance 
del sistema eléctrico peninsular español que tiene por objeto hacer frente a situaciones 
de escasez de reserva de balance a subir mediante la obtención de recursos adicionales 
a los ya disponibles mediante la utilización de los servicios estándar de balance 
europeos.
4. Definición de producto de respuesta activa de la demanda.
El producto específico de respuesta activa de la demanda se define como la 
variación de potencia activa a subir que puede realizar una unidad de programación en 
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un tiempo inferior o igual a 15 minutos desde que es requerida su activación y que puede 
ser mantenida, como máximo, durante 3 horas consecutivas al día.
La contratación del producto de respuesta activa de la demanda (MW) será realizada 
anualmente mediante un mecanismo de subasta.
Las unidades de programación que resulten asignadas en esta subasta podrán ser 
activadas para aportar la potencia comprometida un máximo de una vez al día dentro de 
los periodos de activación previamente definidos.
En cada activación requerida por el OS, el volumen de potencia activa movilizado, 
correspondiente al volumen comprometido por la unidad de programación en la subasta 
anual, debe ser mantenido desde el momento de activación, durante toda la hora en la 
que se produce dicha activación y durante las dos horas sucesivas siguientes a la hora 
de activación.
5. Proveedores del servicio.
Podrán participar en este servicio todas aquellas unidades de programación de 
demanda incluidas en el apartado 2.2 del Anexo II del procedimiento de operación 3.1, 
que cumplan los requisitos de habilitación establecidos en este procedimiento.
Los requisitos para la provisión del servicio son:
a) Las instalaciones de demanda (identificadas por su CUPS) que integran la 
unidad de programación proveedora del servicio deberán acreditar individualmente una 
capacidad de oferta mayor o igual a 1 MW en los periodos de prestación del servicio.
b) Comunicar al operador del sistema y mantener actualizada la información 
estructural de las instalaciones que componen cada unidad de programación, conforme a 
la información solicitada en este procedimiento.
c) Intercambiar información en tiempo real con el operador del sistema a través de 
un centro de control habilitado por el operador del sistema de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución por la que se aprueban las especificaciones para la implementación 
nacional de la metodología prevista en el artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485 y 
en el procedimiento de operación 9.2. En concreto debe facilitar al menos la siguiente 
información:
– Medidas: Potencia activa consumida (MW).
d) En el caso de que las instalaciones de demanda que estén asociadas a una 
instalación de generación, se deberá identificar dicha instalación, al objeto de verificar 
que la activación del servicio de respuesta activa de la demanda no deriva en pérdida de 
producción de dicha generación.
Las unidades de programación que sean proveedores del servicio de respuesta 
activa de la demanda no podrán participar simultáneamente en los servicios de estándar 
de balance.
Los proveedores del servicio de respuesta activa de la demanda podrán en cualquier 
momento solicitar al OS participar en servicios estándar de balance. Una vez que estén 
habilitados en alguno de estos servicios estándar automáticamente dejarán de ser 
proveedores del servicio de respuesta activa de la demanda sin penalización alguna, si 
bien dejarán de percibir la retribución correspondiente al periodo del servicio de 
respuesta activa de la demanda que hayan dejado de suministrar.
El OS otorgará la habilitación a aquellas instalaciones que cumplan con los requisitos 
anteriormente especificados. Las unidades de programación con instalaciones 
habilitadas como proveedoras de este servicio estarán habilitadas presentar ofertas, 
teniendo en cuenta los términos establecidos en este procedimiento.
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5.1  Información estructural. La información estructural de las instalaciones que 
componen cada unidad de programación a la que hace referencia el apartado anterior 
contendrá lo siguiente:
– Denominación de la instalación.
– Código Universal de punto de suministro (CUPS), cuando aplique.
– Tipo de carga (servicios auxiliares, consumidor)
– Propietario.
– Dirección de la instalación.
– Fecha de puesta en servicio.
– Subestación y parque de conexión a la red (Nombre, kV).
– Régimen de funcionamiento previsto. Previsión de consumo (MW) en el punto de 
conexión a la red en las situaciones horarias y estacionales significativas, así como 
energía estimada anual para los años integrados en el horizonte correspondiente a la 
planificación.
6. Publicación del requerimiento del servicio de respuesta activa de la demanda, del 
periodo de prestación del servicio y de la previsión de activación del servicio.
Con carácter general, el periodo global de prestación del servicio comenzará el 1 de 
noviembre de cada año y terminará el 31 de octubre del año siguiente.
El OS podrá modificar el periodo de entrega previa comunicación y autorización del 
regulador competente.
– Con una antelación de al menos diez días hábiles con respecto a la fecha de 
realización de la subasta para la asignación del servicio de respuesta activa de la 
demanda, el OS publicará por los medios que determine, y en todo caso en su web 
pública, la siguiente información:
● El periodo de prestación del servicio, indicando si existen determinados periodos 
horarios en los que no se requiere la aplicación del servicio.
● El requerimiento de respuesta activa de la demanda en MW.
● Una estimación no vinculante de las horas de activación del servicio para el 
periodo global de prestación del servicio.
● Fecha de realización de la subasta, así como el medio para la remisión de ofertas 
de los participantes y los documentos que se precisen.
7. Mecanismo de asignación del servicio de respuesta activa de la demanda.
La asignación del servicio de respuesta activa de la demanda se realizará a través de 
un procedimiento de subasta telemática a sobre cerrado con asignación de precio 
marginal gestionado por el OS.
La subasta para la asignación del servicio de respuesta activa de la demanda deberá 
realizarse con una antelación mínima de al menos siete días hábiles con respecto al día 
de inicio del periodo de prestación del servicio.
7.1  Presentación de ofertas. Podrán participar en la subasta aquellos proveedores 
que estuvieran habilitados para la prestación del servicio de respuesta activa de la 
demanda con una antelación de 3 días hábiles respecto de la fecha de subasta.
Una vez comunicado por el OS el requerimiento de reserva del sistema, los 
participantes en el mercado podrán presentar, hasta las 20:00 horas del día anterior a la 
fecha de realización de la subasta, las ofertas para la provisión de respuesta activa de la 
demanda al sistema.
Sólo se contemplarán las ofertas recibidas por el medio y formato establecido por el 
OS. No se informará de aquellas ofertas rechazadas por haber sido remitidas por otros 
medios. Las ofertas presentadas contendrán, por unidad de programación uno o varios 
bloques de oferta simples, en orden creciente de precio, con el valor de potencia 
ofertada en MW, y su precio en €/MW, con dos decimales.
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Cada oferta podrá contener un máximo de 10 bloques y podrán ser divisibles o 
indivisibles. El valor mínimo de potencia ofertado por bloque será 1 MW.
Los bloques divisibles podrán ser reducidos por el administrador de la subasta en su 
valor de potencia ofertada en el proceso de asignación durante la subasta.
7.2  Asignación de ofertas. El OS analizará las ofertas recibidas y las validará de 
acuerdo con los criterios establecidos en este procedimiento.
Asimismo, con carácter previo a la celebración de la subasta, la autoridad 
competente podrá establecer un precio máximo de reserva, de carácter confidencial, 
expresado en €/MW con dos decimales, que podrá establecerse como un valor fijo o 
como resultado de una fórmula de cálculo.
El volumen de potencia con oferta válida y con precio igual o inferior al precio 
máximo establecido deberá superar en, al menos, un 20% al requerimiento publicado 
para garantizar la efectiva competencia en la subasta. En caso de no cumplirse esta 
condición, el OS reducirá el requerimiento hasta el valor necesario para que se satisfaga 
la relación del 20%.
El OS asignará las ofertas válidas recibidas que, satisfaciendo el requerimiento de 
establecido y el precio máximo establecido, representen en conjunto un menor coste, de 
acuerdo con el algoritmo que se especifica en este procedimiento.
La potencia de respuesta activa de la demanda asignada a cada unidad de 
programación será liquidada al precio marginal resultante del proceso de asignación.
7.3  Criterios de validación de las ofertas de respuesta activa de la demanda. La 
participación en el servicio de respuesta activa de la demanda por parte de los 
proveedores del servicio se llevará a cabo a través del envío de ofertas por parte de las 
unidades de programación habilitadas para la prestación del servicio.
La oferta del servicio de respuesta activa de la demanda de una unidad de 
programación estará formada por el conjunto de bloques de volumen ofertado en MW y 
precio en €/MW, con dos decimales.
Las ofertas presentadas por los participantes del mercado mediante sus unidades de 
programación para la prestación del servicio serán sometidas a los siguientes criterios de 
validación en el momento de la recepción:
– La oferta deberá ser enviada por el participante del mercado asociado a la unidad 
de programación proveedora del servicio de respuesta activa de la demanda a la que 
corresponde la oferta.
– La oferta debe ser enviada antes de la finalización del plazo para el envío de 
ofertas.
– Sólo se admitirá una oferta por unidad de programación. De esta forma, si se envía 
más de una vez una oferta para una misma unidad de programación, la última 
información sustituirá a la anterior. Las ofertas superiores al precio máximo se 
considerarán no válidas, aunque no se visualizarán como rechazadas, ni se informará de 
las mismas a los remitentes con anterioridad a la celebración de la subasta.  En el caso 
de bloques indivisibles se verificará que estos no superan un valor de 50 MW.
En caso de incumplimiento de alguno de los criterios de validación anteriormente 
expuestos, la oferta será rechazada.
El detalle de las validaciones aplicadas a las ofertas de respuesta activa de la 
demanda en el momento de su recepción se encuentra establecido en la documentación 
técnica de intercambio de información PM-OS.
7.4  Algoritmo de asignación de ofertas de respuesta activa de la demanda. Las 
características generales de este algoritmo de asignación de ofertas de respuesta activa 
de la demanda son las siguientes:
a) El algoritmo realiza asignaciones de ofertas de potencia (MW).
b) Se trata de un proceso de asignación meramente económico, basado en la 
obtención de la solución que cubra el requisito solicitado al mínimo coste, teniendo en 
cuenta las ofertas válidas existentes en el momento de proceder a su asignación, 
conforme a las validaciones descritas en el apartado anterior.
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c) Como resultado del proceso de asignación se obtiene un precio marginal de la 
asignación de ofertas que viene determinado por el precio de la oferta de precio más 
elevado que haya sido asignada de forma parcial o total y un volumen asignado por 
unidad de programación.
El requerimiento del servicio de respuesta activa de la demanda será el mínimo entre 
el requerimiento publicado por el OS y el 80% del volumen total de ofertas de válidas 
recibidas.
Por otro lado, el procedimiento utilizado en el proceso de asignación de ofertas es el 
siguiente:
a) Se ordenarán los bloques de oferta en orden creciente de precios, e 
independientemente de la unidad de programación a la que pertenezcan.
b) A igualdad de precio, se ordenan primero los bloques indivisibles y a 
continuación los divisibles. A igualdad de tipo (ambos divisibles o indivisibles), primero el 
bloque de mayor potencia. A igualdad de todas las condiciones anteriores, primero el 
bloque con menor número de orden en la oferta (que se haya recibido primero).
c) Se asignarán las ofertas que, cumpliendo de forma agregada con el 
requerimiento con una variación de un +/- 5%, representen, en conjunto, un menor coste.
En caso de que el punto de corte corresponda con un bloque de tipo indivisible el 
algoritmo lo asignará completamente si no se supera el +5% del requerimiento, en caso 
contrario, se retira ese bloque indivisible y se verifica que la asignación resultante sea 
mayor o igual que el –5% del requerimiento en cuyo caso se considera finalizada la 
asignación, en otro caso, se continua la asignación con los bloques siguientes.
7.5  Comunicación de los resultados de la asignación de potencia de respuesta 
activa de la demanda. El OS comunicará a los participantes del mercado adjudicatarios 
de la subasta los resultados provisionales del proceso de asignación de las ofertas de 
respuesta activa de la demanda antes de las 12:00 horas del día siguiente al de 
celebración de la subasta.
El OS pondrá a disposición de los participantes del mercado adjudicatarios de la 
subasta el valor correspondiente a la asignación y el precio marginal de la respuesta 
activa de la demanda asignada, por los medios que determine el OS.
A partir de la puesta a disposición de los resultados de la subasta, participantes en la 
subasta dispondrán de un período máximo de 60 minutos para formular posibles 
reclamaciones al OS.
Finalizado el plazo de reclamación sin haberse identificado incidencias en el proceso 
de subasta, el OS confirmará los resultados provisionales a los participantes del mercado 
adjudicatarios de la subasta, pasando dichos compromisos a ser firmes y publicará el 
volumen total asignado en la subasta y el precio marginal resultante antes de las 14:00 
horas del día siguiente al de celebración de la subasta.
En caso de identificarse alguna incidencia en el proceso de subasta, el OS realizará 
las actuaciones oportunas para su solución, incluyendo la repetición del proceso de 
asignación, manteniendo en todo momento informados a los proveedores participantes 
de la subasta.
8. Activación del servicio de respuesta activa de la demanda.
El OS activará el servicio de respuesta activa de la demanda cuando identifique una 
insuficiencia de ofertas a subir de reserva de sustitución y de regulación terciaria en el 
sistema eléctrico peninsular. A estos efectos, el OS comunicará a los reguladores las 
condiciones particulares de operación que han requerido la activación de este servicio 
durante el mes anterior, así como el resto de información relevante en relación con el 
seguimiento de dicho servicio.
La activación del servicio de respuesta activa de la demanda se realizará por turnos 
rotatorios, y su activación sobre una unidad de programación, en un instante 
determinado y mantenida durante un cierto período de tiempo, generará un redespacho 
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de energía sobre el programa de energía previo de dicha unidad de programación. Este 
redespacho es calculado a partir del producto de la variación de potencia asociada a la 
reserva de potencia activada por el tiempo en el que se mantiene dicha activación.
Las unidades de programación que resulten activadas en el servicio de respuesta 
activa de la demanda modificarán su programa de energía, siendo valorada dicha 
energía al máximo precio marginal de la asignación programada y directa de regulación 
terciaria a subir en los periodos de programación durante los que se realiza la activación 
del servicio.
Cuando se active el servicio de respuesta activa de la demanda sobre una unidad de 
programación de demanda con generación asociada, el OS verificará que no se produce 
pérdida de generación por parte de dicha unidad de generación durante el periodo de 
tiempo en el que se solicite la activación de este servicio.
En aquellos casos en que se considere necesario, el OS podrá activar el servicio de 
respuesta activa de la demanda para verificar la disponibilidad de la reserva asignada.
La energía activada por este servicio de respuesta activa de la demanda se incluirá 
en el cálculo del precio del desvío.
9. Cumplimiento del servicio de respuesta activa de la demanda.
El OS comprobará el cumplimiento del servicio de respuesta activa de la demanda 
tanto en la verificación de la disponibilidad de la reserva asignada como, en caso de 
activación, del cumplimiento de la energía asignada elevada a barras de central.
a) Cumplimiento horario de la disponibilidad de la reserva asignada: Se verificará 
que la unidad de programación dispone de la potencia activa a subir asignada en la 
subasta.
La potencia incumplida será igual a la diferencia media horaria entre la potencia 
asignada en la hora y la telemedida del consumo de la unidad de programación, 
considerando la activación del servicio en caso de que se haya producido en dicha hora.
No computarán a efectos del cálculo de la potencia incumplida aquellos periodos 
horarios declarados al OS antes del día 15 de cada mes para el mes siguiente como 
periodos de indisponibilidad para la prestación del servicio programados y que hayan 
sido autorizados por el OS.
Se deberá informar al OS de los periodos de indisponibilidad sobrevenidos tan pronto 
como éstos se produzcan.
Como máximo, se podrán comunicar periodos de indisponibilidad programados y 
sobrevenidos de hasta un 10% de horas sobre el total de los periodos horarios del 
tiempo que la unidad esté habilitada dentro del periodo de prestación del servicio.
b) Cumplimiento en la activación: Se verificará que la unidad de programación 
cumple con la activación de reserva de potencia.
El OS comprobará el cumplimiento de la activación mediante las telemedidas de 
potencia activa registradas en su sistema de control de energía en tiempo real y los 
registros de los contadores de energía.
En el caso de unidades de programación de demanda con instalaciones de 
generación asociada, cuando se active el servicio de respuesta activa de la demanda, la 
instalación de generación deberá mantener su producción en base al último programa 
(ya sea PHF o PHFC) inmediatamente anterior a la activación del servicio.
10. Inhabilitación como proveedor del servicio.
Durante el periodo de prestación del servicio, el OS podrá verificar la capacidad 
técnica y operativa de las unidades de programación para la prestación del servicio de 
respuesta activa de la demanda mediante la comprobación de los perfiles de respuesta 
en potencia para cada período de suministro.
Si el OS detectara un incumplimiento de los requisitos exigidos, una inadecuada 
calidad del servicio prestado derivado de circunstancias tales como una falta de 
capacidad técnica u operativa de la unidad de programación para la prestación del 
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servicio o la no remisión de la información de cambios o modificaciones que pudieran 
afectar a la prestación del servicio, informará de los hechos al participante en el mercado 
de la unidad de programación y a los reguladores, concediendo un plazo de tiempo 
máximo de 1 mes para introducir las mejoras necesarias que solventen las 
circunstancias detectadas, o en su caso, para informar la razón de fuerza mayor que 
haya justificado el incumplimiento. Si pasado el plazo no se han resuelto dichas 
circunstancias, el OS podrá retirar la habilitación para la prestación del servicio 
previamente concedida hasta que se constate el cumplimiento del requerimiento del OS.
Una unidad de programación podrá ser inhabilitada por una inadecuada calidad del 
servicio de respuesta activa de la demanda cuando se cumpla al menos una de las 
siguientes condiciones:
a) Indisponibilidad, por un período superior a 3 días hábiles consecutivos, de los 
canales de comunicación y medición.
b) Incumplimiento de la disponibilidad de la respuesta activa de la demanda en dos 
meses consecutivos, en más del 50% de los periodos.
c) Incumplimiento de más de 3 activaciones sucesivas del servicio de respuesta 
activa de la demanda.
La inhabilitación en el servicio de respuesta activa de la demanda conllevará la 
pérdida de la retribución por el periodo restante de prestación del servicio en que haya 
sido inhabilitado.
11. Liquidación de la provisión del servicio.
El operador del sistema llevará a cabo la liquidación del servicio de respuesta activa 
de demanda de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.
11.1  Liquidación de la potencia asignada. La potencia asignada a las distintas 
unidades de programación será valorada al precio marginal resultante del proceso de 
asignación de la subasta anual.
En el caso de que una unidad de programación proveedora del servicio de respuesta 
activa de la demanda incumpla el programa consumo necesario para la provisión de este 
servicio, la potencia incumplida calculada conforme a lo establecido en este 
procedimiento será valorada al precio marginal de asignación multiplicado por un 
coeficiente de 1,5.
11.2  Liquidación de las asignaciones de energía por activación del servicio. La 
energía activada en el servicio de respuesta activa de la demanda será valorada al 
máximo precio marginal de la asignación programada y directa de regulación terciaria a 
subir de cada periodo de programación cuarto horario en el que se realiza la activación 
del servicio.
El OS verificará, el cumplimiento de la provisión al sistema de la energía asignada 
por el servicio de respuesta activa de la demanda para cada unidad de programación del 
sujeto de liquidación responsable del balance (BRP). En el caso de que la activación de 
energía a subir provista de forma efectiva al sistema sea inferior a la requerida, la 
energía incumplida será valorada al máximo precio marginal de la asignación 
programada y directa de regulación terciaria a subir en el periodo de programación en el 
que se realiza la activación del servicio, multiplicado por un coeficiente igual a 2.
Mientras no se disponga de medidas de energía cuarto-horarias procedentes de los 
contadores de energía para la liquidación, la medida se calculará como la integral del 
valor de la telemedida de potencia activa recibida en tiempo real en el periodo de 
programación cuarto-horario correspondiente.
El participante en el mercado podrá comunicar al operador del sistema el desacuerdo 
con el valor de la integral de telemedida de potencia publicado mediante la comunicación 
de una incidencia sobre la integral de telemedida cuarto-horaria del punto afectado
11.3  Asignación del coste del servicio de respuesta activa de la demanda. Los 
costes derivados de la asignación del servicio de respuesta activa de la demanda se 
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imputarán a la energía consumida dentro del sistema eléctrico español en proporción a 
su consumo medido en barras de central y a los sujetos de liquidación responsables del 
balance en función de su desvío.
Los costes derivados de la activación del servicio de respuesta activa de la demanda 
se imputarán a los sujetos de liquidación responsables del balance en el precio del 
desvío a subir conforme a lo establecido en el procedimiento de operación por el que se 
establecen los derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del 
sistema.
Las obligaciones de pago por incumplimientos de energía de respuesta activa de la 
demanda activada se integrarán en el coste horario de los servicios de ajuste y se 
repartirá a las unidades de adquisición.
12. Periodo transitorio.
El OS podrá determinar un periodo transitorio cuya extensión máxima no podrá 
exceder del 31 de marzo de 2023.
Durante este periodo transitorio, se contemplan las siguientes circunstancias:
a) Las activaciones del servicio de respuesta activa de la demanda podrán ser 
comunicadas vía telefónica, mediante el uso de mensaje de texto o correo electrónico.
b) En ausencia de telemedida, los cumplimientos a que hace referencia el 
apartado 9 de este procedimiento se evaluarán mediante los registros de los contadores 
de medida.
El incumplimiento de disponibilidad de reserva asignada será la diferencia entre la 
medida y el valor horario de energía correspondiente a la reserva asignada en la hora, 
considerando la activación del servicio, en caso de que se haya producido en dicha hora.
El incumplimiento de energía se calculará empleando la medida de contador horario, 
para cada periodo de programación cuarto-horario.
El OS publicará una nota técnica con el detalle del funcionamiento del periodo 
transitorio.
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