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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
13643 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información 
no financiera y diversidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para 
mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la 
sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, 
como pueden ser los factores sociales y medioambientales.
Por otro lado, la Directiva 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe anual 
de gobierno corporativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras 
de mejorar la transparencia facilitando la comprensión de la organización empresarial y de 
los negocios de la empresa de que se trate. La nueva obligación para estas sociedades 
consiste en la divulgación de las «políticas de diversidad de competencias y puntos de 
vista» que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el 
sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En caso de que la sociedad 
no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, aunque 
la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el 
que no se aplica.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social 
corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su 
impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben 
preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo 
menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. De 
acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción de las 
políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el 
informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado 
correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos 
exigidos.
Dicho estado debe incluir, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, información 
detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no 
renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la 
contaminación atmosférica.
Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, la información facilitada en 
el estado puede hacer referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de 
género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los 
trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la 
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salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las 
medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades.
En relación con los derechos humanos, el estado de información no financiera podría 
incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y en 
su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
Asimismo, en relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, el estado de 
información no financiera podría incluir información sobre los instrumentos existentes para 
luchar contra los mismos.
El estado de información no financiera, de acuerdo con la citada Directiva, debe incluir 
información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, 
cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y 
subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y 
potenciales. A estos efectos, se entiende por procedimientos de diligencia debida las 
actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así como para su verificación 
y control, incluyendo la adopción de medidas.
Las empresas obligadas deben facilitar información adecuada sobre los aspectos 
respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales 
riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se 
han materializado. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades 
propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. Esto no debe entrañar 
cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, 
en los términos definidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Al facilitar esta información, las empresas obligadas deben basarse en marcos 
nacionales, marcos de la Unión Europea, pudiendo utilizarse el Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS) adaptado a nuestro ordenamiento jurídico a través 
del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, o en marcos internacionales tales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos que ponen en práctica el marco de las Naciones Unidas para «proteger, 
respetar y remediar», las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 26000 de 
la Organización Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes de Sostenibilidad del GRI (GRI 
Sustainability Reporting Standards), u otros marcos internacionales reconocidos.
En el caso de las organizaciones que hayan obtenido el registro EMAS, se considerará 
válida y suficiente, para cumplir con el apartado del informe dedicado a información 
medioambiental, la información contenida en la declaración ambiental validada por el 
verificador acreditado en la medida que este certificado no sólo opere por centro de trabajo 
y cubra la totalidad de la actividad de la sociedad. No obstante, la acreditación EMAS en 
ningún caso puede dispensar a la entidad de informar sobre la actividad medioambiental 
en el informe no financiero, con el objetivo de que en un solo documento figure toda la 
información no financiera requerida por la Directiva. Las empresas que dispongan de 
estudios más detallados de huella de carbono, de políticas de adaptación a los impactos 
del cambio climático o de otros ámbitos ambientales podrán aportar ésta información como 
complemento al resto de la información ambiental requerida.
II
El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera 
se extiende, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las 
comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de 
interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos 
definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total 
activo y número medio de trabajadores determine su calificación en este sentido.
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Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como 
grande, en los términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de 
trabajadores empleados durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el 
grupo sea superior a 500.
No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la 
obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de 
gestión consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y 
medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no 
financiera, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación.
Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente deben 
comprobar que se haya facilitado el estado de información no financiera.
En este sentido, resulta necesario modificar la redacción del artículo 35 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sobre el informe de auditoría de 
cuentas anuales de entidades consideradas de interés público a efectos de esa ley, para 
incluir y precisar la actuación de los auditores de cuentas, tanto en relación con los estados 
de información no financiera, como en relación con la información sobre diversidad incluida 
en el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas.
En ambos casos, conforme a lo previsto en la Directiva 2014/95/UE, la actuación del 
auditor se limitará únicamente a la comprobación de que la citada información se ha 
facilitado en los informes correspondientes.
Con miras a facilitar la divulgación de información no financiera por parte de las 
empresas, el artículo 2 de la Directiva 2014/95/UE recogía el mandato a la Comisión 
Europea de elaborar unas directrices no vinculantes sobre la metodología aplicable a la 
presentación de información no financiera, incluyendo unos indicadores clave de resultados 
no financieros de carácter general y sectorial, teniendo en cuenta las mejores prácticas 
existentes, la evolución internacional y los resultados de iniciativas conexas en la Unión 
Europea. En cumplimiento de dicho mandato, mediante la Comunicación de la Comisión 
(2017/C 215/01) se aprobaron en mayo de 2017 las Directrices sobre la presentación de 
informes no financieros (metodología para la presentación de informes no financieros). En 
este sentido, cabe mencionar que en España se han llevado a cabo iniciativas sobre 
indicadores fundamentales financieros y no financieros como los propuestos en la «Guía 
para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas» de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en el modelo sobre información integrada de 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), recogido 
en el «Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL», referenciado, 
a su vez, por la citada Guía de la CNMV.
La transposición de la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento español obliga a modificar 
determinados preceptos relativos al informe de gestión en el Código de Comercio, 
aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, y en el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; al 
informe anual de gobierno corporativo en éste último; y a la actuación de los auditores de 
cuentas en relación con esas materias en la Ley de Auditoría de Cuentas. Por las razones 
apuntadas, las modificaciones que se incorporan se adecuan a los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia que rigen el 
ejercicio de la iniciativa legislativa, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por último, se incorporan una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, 
que recogen, respectivamente, el título competencial, una declaración expresa sobre la 
transposición de la Directiva contable, las habilitaciones normativas y la correspondiente 
previsión sobre la entrada en vigor.
III
En lo que se refiere al recurso al real decreto-ley como instrumento de transposición, 
cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala 
cve: BOE-A-2017-13643
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la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del 
artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición», 
la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España» y la 
importancia material de la situación que se trata de regular. En este caso concurren 
razones que justifican cumplidamente la extraordinaria y urgente necesidad de transponer 
las distintas directivas mediante el presente real decreto-ley.
En primer lugar, la transposición de la Directiva 2014/95/UE mediante este real 
decreto-ley viene motivada por el vencimiento del plazo para su transposición. De acuerdo 
con su artículo 4, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella 
a más tardar el 6 de diciembre de 2016.
En segundo término, por lo que se refiere a la concreta situación que se trata de 
regular, la elaboración del estado de información no financiera, individual y consolidado por 
parte de las empresas incluidas en su ámbito de aplicación debe realizarse, por imperativo 
de la propia norma, en el primer ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2017. De 
seguirse el procedimiento legislativo ordinario esta obligación podría verse comprometida, 
siendo conveniente, en todo caso, que las empresas conozcan de antemano el marco 
jurídico de referencia para la elaboración del estado de información no financiera.
Finalmente, en lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra 
el Reino de España» deben tenerse en cuenta que, pese al carácter opcional previsto en 
el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación 
de 13 de diciembre de 2016, «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de 
manera sistemática al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de una suma 
a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la suma a tanto alzado es que, en 
los casos en los que un Estado miembro subsane la infracción mediante la transposición 
de la directiva en el curso de un procedimiento de infracción, la Comisión ya no desistirá 
de su recurso solo por ese motivo.
Como disposición transitoria la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva 
práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación 
de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de 
enero de 2017. En este caso la Comisión Europea inició un procedimiento formal de 
infracción mediante Carta de emplazamiento 2017/0084 del 24 de enero de 2017. Por 
consiguiente, el procedimiento se rige por este nuevo enfoque, basado en el principio de 
no desistimiento.
Posteriormente, mediante Dictamen motivado 2017/0084, de 14 de junio de 2017, dio 
un plazo de dos meses para adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva. 
Trascurrido el plazo señalado por la Comisión en el Dictamen motivado, resulta de 
extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposición antes de que se formalice 
la demanda ante el Tribunal de Justicia, para evitar así la imposición de una multa a tanto 
alzado.
Por consiguiente, concurren en la medida que se adopta, por su naturaleza, finalidad 
y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de 
noviembre de 2017,
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DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 
22 de agosto de 1885.
El Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, queda 
modificado como sigue:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 49, que queda redactado 
como sigue:
«5. Las sociedades que, de conformidad con la legislación de auditoría de 
cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público y que, además, 
formulen cuentas consolidadas, deberán incluir en el informe de gestión consolidado 
el estado de información no financiera consolidado previsto en este apartado 
siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del 
grupo durante el ejercicio sea superior a 500.
b) Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
1.º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 
de euros.
2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 
40.000.000 de euros.
3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a doscientos cincuenta.
Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información 
no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de los 
requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de 
trabajadores empleados no excediera de 500.
En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo de 
sociedades, la sociedad dominante estará obligada a elaborar el estado de 
información no financiera consolidado cuando al cierre del primer ejercicio se 
cumplan, al menos, dos de las tres circunstancias mencionadas en el apartado b), 
siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en el 
apartado a).»
Dos. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 49, que queda redactado de la 
forma siguiente:
«6. El estado de información no financiera consolidado incluirá la información 
necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el 
impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, e incluirá:
a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo.
b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 
cuestiones, que incluirá los procedimientos aplicados para la identificación y 
evaluación de riesgos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 
adoptado.
c) Los resultados de esas políticas.
d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus 
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relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos.
e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes 
respecto a la actividad empresarial concreta. Con el objetivo de facilitar la 
comparación de la información, tanto en el tiempo como entre entidades, se podrán 
utilizar especialmente estándares de indicadores clave no financieros que puedan 
ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión 
Europea en esta materia.
En el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna 
de las cuestiones previstas en las letras anteriores, el estado de información no 
financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.
El estado de información no financiera consolidado incluirá también, en su caso, 
referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las 
cuentas anuales consolidadas.
Para la divulgación de la información no financiera referida en este apartado, la 
sociedad obligada a formular cuentas consolidadas deberá basarse en marcos 
normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales, debiendo especificar 
en qué marcos se ha basado.
En casos excepcionales se podrá omitir información relativa a acontecimientos 
inminentes o cuestiones que están siendo objeto de negociación cuando, en la 
opinión debidamente justificada del órgano de administración, la divulgación de 
dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo, 
siempre que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la 
evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad.
La obligación de incluir información no financiera prevista en el apartado 1 de 
este artículo se considerará cumplida si la sociedad incorpora al informe de gestión 
la información descrita en este apartado.
Cuando una sociedad dependiente de un grupo sea, a su vez, dominante de un 
subgrupo, estará exenta de la obligación establecida en este apartado si dicha 
sociedad y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado 
de otra sociedad en el que se cumple con dicha obligación. Si una entidad se acoge 
a esta opción, deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad 
de la sociedad dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben 
quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión consolidado o, en 
los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina 
pública, o de haber optado por la elaboración de un informe separado de acuerdo 
con el apartado siguiente, sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder 
a la información consolidada de la sociedad dominante.»
Tres. Se añaden los nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 49, que quedan redactados 
de la forma siguiente:
«7. Se entenderá que una sociedad cumple con la obligación de elaborar el 
estado de información no financiera consolidado regulado en el apartado anterior si 
emite un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se indique 
de manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, se 
incluya la información que se exige para dicho estado y se someta a los mismos 
criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión.
8. La información contenida en el informe de gestión consolidado en ningún 
caso justificará su ausencia en las cuentas anuales consolidadas cuando esta 
información deba incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en esta sección 
y las disposiciones que la desarrollan.»
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Artículo segundo . Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda modificado como sigue:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 262, que queda redactado 
como sigue:
«5. Las sociedades de capital que, de conformidad con la legislación de 
auditoría de cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público 
deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera o 
elaborar un informe separado con el mismo contenido que el previsto para las 
cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7 del Código de Comercio, 
aunque referido exclusivamente a la sociedad en cuestión siempre que concurran 
en ella los siguientes requisitos:
a) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a 500.
b) Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
1.º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de 
euros.
3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a doscientos cincuenta.
Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información 
no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de los 
requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de 
trabajadores empleados no excediera de 500.
En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de la sociedad, 
estará obligada a elaborar el estado de información no financiera consolidado 
cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres 
circunstancias a que se refiere el apartado b), siempre que al cierre del ejercicio se 
cumpla además el requisito previsto en el apartado a).
En casos excepcionales se podrá omitir información relativa a acontecimientos 
inminentes o cuestiones que están siendo objeto de negociación cuando, en la 
opinión debidamente justificada del órgano de administración, la divulgación de 
dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo, 
siempre que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la 
evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad.
Una sociedad dependiente de un grupo estará dispensada de la obligación 
establecida en este apartado si dicha empresa y sus dependientes, si las tuviera, 
están incluidas a su vez en el informe de gestión consolidado de otra empresa, 
elaborado conforme al contenido establecido en este artículo. Si una sociedad se 
acoge a esta opción, deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la 
identidad de la sociedad dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública 
donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión 
consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en 
ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración del informe separado, 
sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder a la información 
consolidada de la sociedad dominante.»
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Dos. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 262, con la siguiente redacción:
«6. La información contenida en el informe de gestión en ningún caso 
justificará su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba 
incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en este título y las disposiciones 
que lo desarrollan.»
Tres. Se modifica la redacción del subapartado 6.º del artículo 540.4.c) que queda 
redactada como sigue:
«Una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo 
de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la 
que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes, así 
como las medidas que, en su caso, hubiera acordado en este sentido la comisión de 
nombramientos. La política de diversidad comprenderá cuestiones como la 
formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género, que se 
referirá a las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir 
en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
En caso de no aplicarse una política de este tipo, se deberá ofrecer una 
explicación al respecto.
Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en 
la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar 
información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado en materia 
de género.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
El artículo 35 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, queda 
redactado de la forma siguiente:
«Artículo 35. Informe de auditoría de cuentas anuales.
1. El informe de auditoría de las cuentas anuales de una entidad de interés 
público se elaborará y presentará de acuerdo con lo establecido en esta ley y en el 
artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.
2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 5.1.f) sobre el informe de gestión no 
será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) En el caso de auditorías de cuentas consolidadas de sociedades a que se 
refiere el artículo 49.5 del Código de Comercio y de cuentas anuales individuales de 
sociedades referidas en el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, en relación con el estado de información no financiera mencionado en 
los citados artículos, o, en su caso, con el informe separado correspondiente al 
mismo ejercicio al que se haga referencia en el informe de gestión, que incluya la 
información que se exige para dicho estado en el artículo 49.6 del Código de 
Comercio, conforme a lo previsto en el artículo 49.7 del Código de Comercio.
En ambos supuestos, el auditor deberá comprobar únicamente que el citado 
estado de información no financiera se encuentre incluido en el informe de gestión 
o, en su caso, se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe 
separado en la forma prevista en los artículos mencionados en el párrafo anterior. 
En el caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.
b) En el caso de auditorías de cuentas de entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, en relación 
con la información contenida en el artículo 540.4. apartado a), 3.º, apartado c), 2.º 
y 4.º a 6.º, y apartados d), e), f) y g) del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
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En este supuesto, el auditor deberá comprobar únicamente que esta información se ha 
facilitado en el informe anual de gobierno corporativo incorporado al informe de gestión. En 
el caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.º de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil.
Disposición final segunda.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica 
la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados 
grupos.
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y 
Competitividad y del Ministro de Justicia, dicte las normas necesarias para el desarrollo de 
lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor y aplicación.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Las modificaciones introducidas por este real decreto-ley serán de aplicación para los 
ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios 
computables, a efectos de lo dispuesto en los artículos 49.5.b) del Código de Comercio 
y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital serán el citado ejercicio 
2017 y el inmediato anterior.
Dado en Madrid, el 24 de noviembre de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
cve: BOE-A-2017-13643
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