III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12470 Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a 
proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. 
Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión 
Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al 
proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir 
de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado 
el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha 
sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo 
de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que 
requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los 
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las 
componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante 
cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo 
productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, 
de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la 
descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite 
desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición 
ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión 
Europea en marzo de 2020, que proporciona el marco director del programa de 
inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las 
capacidades estratégicas de la economía verde. El PNIEC 2021-2030 incluye, entre sus 
objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el 
uso final de energía del 42%.
En este contexto, deben llevarse a cabo actuaciones en el marco del Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de hacer frente a los 
efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19, así como los impactos económicos 
que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos, en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, esta Orden Ministerial contribuye al cumplimiento del objetivo CID 117 
de la inversión 1 de la componente 7 de instalar al menos 3.800 MW de generación 
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renovable para el primer semestre de 2026 según el «Anexo de la Propuesta de Decisión 
de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia de España», de fecha 16 de junio de 2021. Asimismo, 
contribuye a los indicadores de seguimiento 117.2 y 117.3 mediante, por un lado la 
publicación de las correspondientes convocatorias de ayudas y, por otro lado, a alcanzar 
los objetivos de haber convocado ayudas por al menos 3.500 MW en el último trimestre 
de 2023 y por al menos 3.800 MW en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el 
Anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational 
Agreement, o simplemente «OA» por su denominación en inglés) dentro de los paquetes 
de actuación de la inversión 1 (I1), Desarrollo de energías renovables innovadoras, 
integradas en la edificación y en los procesos productivos, de la Componente 7 (C7), 
Despliegue e integración de energías renovables.
La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel 
de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del 
modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y 
social.
La consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización 
de las energías renovables establecidos en anteriores disposiciones normativas, así 
como los objetivos incluidos en el PNIEC 2021-2030, requieren abordar un proceso de 
transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los 
edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, 
introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar las energías de 
origen renovable y el autoconsumo.
La transición ecológica es uno de los ejes centrales del PRTR, que tiene como 
objetivo acelerar los procesos de transformación iniciados en los tres pasados años 
como elemento clave en la fase de reconstrucción. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
Cambio Climático y Transición Energética, el PNIEC 2021-2030, la Estrategia de 
Transición Justa, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 y la Estrategia a largo 
plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra 
en 2050 constituyen el Marco de Energía y Clima del Gobierno que guiará las 
actuaciones en este ámbito con el fin de reorientar el modelo productivo, impulsando la 
descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue e integración de las energías 
renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de 
energía y la economía circular. Este marco estratégico incluye, desde el primer momento, 
la necesidad de que la ciudadanía adopte un rol central y proactivo en la transición 
energética.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están 
completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), 
presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. 
Entre estas iniciativas bandera europeas destaca el apoyo a la integración de energías 
renovables.
Por otra parte, el trabajo conjunto y complementario entre diferentes 
administraciones en todo el territorio nacional es imprescindible para el desarrollo de 
planes y programas equilibrados, efectivos y vertebradores que garanticen la óptima 
puesta en marcha y aplicación de una adecuada política energética en beneficio de la 
administración pública, de todos los agentes del sector energético implicados y de la 
población en general. Esto resulta especialmente relevante cuando se trata de políticas 
dirigidas a afrontar el reto demográfico para garantizar la necesaria cohesión social y 
territorial.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con el Mecanismo Europeo 
de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que las 
actuaciones contempladas por los programas que se implementan a través del mismo se 
encuentran incluidas en los paquetes de actuación de la inversión 1 (I1), Desarrollo de 
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energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos 
productivos, de la Componente 7 (C7), Despliegue e integración de energías renovables, 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tal efecto, en la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se ha 
previsto, en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de 
energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento de los 
correspondientes fondos a IDAE. Dentro de este crédito, se prevé destinar un 
presupuesto de 150 millones de euros para el desarrollo del biogás en diferentes 
sectores de la economía y de la administración pública, existiendo la posibilidad de 
ampliaciones. Esta orden establece una dotación inicial de 150 millones de euros, que 
podrá ser objeto de ampliación en función de la demanda y desarrollo de los proyectos.
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha 
procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria y demás normativa reguladora, habiéndose 
reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago, 
integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable 
reguladora.
Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el 
Acuerdo por el que se declara el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica de Transición Energética de Energías Renovables, 
Hidrógeno Verde y Almacenamiento, incluyendo un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo situar a España como un líder en la cadena de valor de la transición 
energética, de manera que se pueda cumplir la hoja de ruta marcada por el Marco 
Estratégico de Energía y Clima, logrando al mismo tiempo un tejido productivo más 
competitivo y resiliente. Con este fin, el PERTE permitirá articular las inversiones 
públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones de los distintos 
eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr el impacto deseado en términos de 
transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE se recoge este 
programa de incentivos como una de las medidas facilitadoras para lograr sus tres 
objetivos principales: (i) Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética, 
(ii) maximizar las oportunidades de generación de empleo sostenible que este proceso 
de transición energética brinda y (iii) posicionar al sector empresarial nacional. En este 
sentido, esta orden de bases forma parte del «Desarrollo del Biogás» al que hace 
referencia el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 
(PERTE ERHA), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre 
de 2021, en la línea de impulsar la innovación y cadena de valor en la generación 
renovables.
II
Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, contribuyendo al logro de los objetivos de reducción de 
emisiones, así como de penetración de energías renovables a nivel general y, en 
concreto en el ámbito del transporte, propuestos para España en el año 2030. El 
despliegue del biogás contribuye además a conseguir objetivos planteados en políticas 
transversales del Gobierno de España, tales como el desarrollo de la Economía Circular, 
el Reto Demográfico y la Transición Energética Justa e Inclusiva, presentando sinergias 
muy relevantes entre todas ellas.
El despliegue del biogás generado por medio de la digestión anaerobia de residuos 
de origen orgánico supone un impulso al desarrollo de la economía circular en España, 
especialmente, pero no exclusivamente, en el ámbito agropecuario y de residuos 
municipales o de competencia local. El aprovechamiento de los residuos para la 
generación de biogás, respetando la jerarquía de gestión de residuos, tiene numerosos 
beneficios adicionales a la obtención de una energía de origen renovable dado que 
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permite la valorización energética de los residuos a partir de los que se obtiene, y 
cuando el digerido se usa en el suelo adecuadamente como enmienda o fertilizante, 
sería una operación de reciclado, evitándose así a emisiones de metano a la atmósfera y 
consiguiendo una mejor gestión de los residuos. La valorización energética de los 
residuos mediante digestión anaerobia, si se produce la valorización de los digeridos en 
la agricultura, constituye una operación de reciclado.
España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la 
producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y 
de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria 
y agroalimentaria y favoreciendo la gestión eficiente de los residuos municipales o de 
competencia local.
Debe priorizarse el uso directo del biogás en localizaciones cercanas a su 
producción, favoreciendo la aparición de sinergias con industrias conexas, cuando esta 
sea la opción más eficiente económica y medioambientalmente. Por otra parte, el 
biometano producido a partir de biogás puede desplazar gradualmente al gas natural de 
origen fósil en sus usos habituales, pues es plenamente intercambiable, especialmente 
en aquellas aplicaciones intensivas en energía o difícilmente electrificables, como el 
transporte pesado o la industria intensiva en uso de energía térmica. Asimismo, la 
reducción de la importación de gas natural, permitirá reducir la dependencia energética 
de nuestro país, mejorando la seguridad de suministro energético.
El despliegue del biogás mediante el tratamiento anaerobio de residuos 
agropecuarios, agroalimentarios y municipales o de competencia local contribuye a la 
vertebración del territorio y al desarrollo económico de las zonas rurales, erigiéndose 
como un factor positivo en la consecución de los objetivos planteados frente al reto 
demográfico. La posibilidad de generación de biogás de forma deslocalizada contribuye 
a evitar la despoblación rural, creando valor económico y empleo, planteando sinergias 
con las necesidades de reactivación económica de las zonas en proceso de transición 
justa.
En este sentido la Hoja de Ruta del Biogás tiene como objeto identificar los retos y 
oportunidades para el pleno desarrollo del biogás España, aportando una serie de líneas 
de acción destinadas a impulsar la acción inversora, en el marco del fomento de los 
gases renovables establecido como medida 1.8 del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030). Entre los instrumentos económicos de dicha Hoja 
de Ruta se encuentra la línea de acción 27: «Destinar líneas de ayuda existentes al 
desarrollo del biogás»a la cual la presente Orden da respuesta ya que constituye el 
origen de fondos a corto plazo.
De esta forma, la Hoja de Ruta plantea una Visión a 2030 y 2050 en línea con el 
Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de España, plasmados en el citado 
PNIEC 2021-2030 y en la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050, estableciendo un 
objetivo de producción de biogás que en parte se consumiría directamente como biogás 
para usos térmicos o para generación de electricidad, transformándose el resto en 
biometano para desplazar al gas natural de origen fósil en sus usos habituales. En el 
sector del transporte, el biogás y el biometano contribuirán a que España alcance los 
objetivos marcados en el PNIEC de un 28% de energías renovables en el transporte, así 
como al objetivo de biocombustibles avanzados de la Directiva (UE) 2018/2001, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DER II), fijados en un: 
0,2% en 2022, al menos del 1% en 2025 y al menos del 3,5% en 2030.
Se favorecerá con ello un cambio en el modelo productivo de nuestro país, la 
generación de empleo y el impulso a la actividad económica, en un contexto de 
recuperación económica tras la pandemia. Cabe destacar el beneficio inducido que este 
programa tendrá para nuestro país, derivado de la reducción de las importaciones de 
combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, así como de 
mejora de la calidad del aire.
Los proyectos de biogás que se van a subvencionar en esta orden son proyectos 
singulares debido a la diversidad de sustratos o materias primas, normalmente 
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procedentes de distinto origen, que pueden utilizarse para la producción del biogás; la 
diversidad de aplicaciones en el uso final del biogás generado que son susceptibles de 
formar parte de los proyectos ya que pueden utilizarse para generar calor, electricidad, 
cogeneración y/o producción de biometano. Adicionalmente, los proyectos se pueden 
completar con el tratamiento del digerido, lo cual se alinea con los objetivos de economía 
circular. Esta combinación de posibilidades dentro de un mismo proyecto da como 
resultado proyectos complejos, con características muy específicas en cada caso, lo cual 
requiere una visión general y completa que permita adaptar las ayudas a los proyectos 
que se conceden por esta orden a los objetivos medioambientales y energéticos.
Las ayudas reguladas por esta orden atenderán al principio de «No perjudicar 
significativamente» (principio DNSH, por sus siglas en inglés) a ninguno de los objetivos 
medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo 
y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088.Entre los instrumentos y medidas de los previstos en la componente 7 que 
forman parte del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica), dentro del bloque de Innovación y cadena de valor en la generación 
renovable, se encuentra el biogás en la Fase III de despliegue del mismo.
Tal y como se refleja en la Hoja de Ruta del Biogás, en línea con la Estrategia de la 
UE sobre el Metano, se deberá prestar especial atención a las condiciones de 
producción, transporte y utilización de biogás o biometano para evitar emisiones fugitivas 
de metano durante los distintos procesos. La Estrategia propone la obligación de mejorar 
la detección y reparación de fugas en las infraestructuras de gas.
Tal y como se define en el PERTE, el desarrollo del biogás tiene como objetivo por 
un lado dar tratamiento a residuos que de otra forma no lo tendrían, pero también 
aprovechar para generar una energía térmica con una gran versatilidad.
Se da cumplimiento con esta línea de ayudas a proyectos singulares de biogás la 
medida prevista en el PERTE de poner en marcha un esquema de ayuda a la inversión a 
los proyectos de biogás con sustratos procedentes de cualquier actividad agropecuaria, 
agroindustrial, de la industria alimentaria o de tratamiento de residuos.
III
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y 
control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados 
por E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de manera 
centralizada.
Estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión de unos 
fondos públicos limitados, asegurando la plena efectividad del presupuesto disponible y 
garantizando en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y 
aplicación de las ayudas, dado el carácter singular e incipiente en nuestro país del tipo 
de actuación que se pretende fomentar. En diversas ocasiones el importe de la ayuda, 
incluso para un solo proyecto podría superar el total que pudiera corresponder a algunas 
Comunidades Autónomas, a través de un convenio con un reparto por criterios objetivos 
(PIB, población, etc.), no pudiendo ser objeto de ayuda por limitaciones presupuestarias 
para dicha Comunidad Autónoma.
En este sentido, el objetivo de incentivar los proyectos singulares que son objeto de 
las ayudas reguladas por esta orden, con un volumen de inversión significativo, permitirá 
un avance más notable en el desarrollo del biogás independientemente de la región de 
España desde donde se promuevan, lo que confiere a las actuaciones contempladas en 
esta orden un indudable enfoque supra autonómico que hace necesaria su gestión 
centralizada.
Por otra parte, una gestión centralizada de las ayudas permite el desarrollo de 
proyectos que frecuentemente afectan a varias comunidades autónomas, sin que se 
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establezcan limitaciones respecto a la ubicación de las instalaciones generadoras en 
distintas comunidades autónomas a la de los usuarios de la energía producida.
Por otra parte, la selección de los proyectos a subvencionar, aunque la instalación 
afecte a una sola Comunidad Autónoma requerirá de una valoración técnica compleja y 
homogénea que para una actividad emergente como es este caso, garantizará la 
igualdad de acceso únicamente si es realizada por una misma entidad por lo que se 
realizarán una o varias convocatorias a nivel nacional, con una gestión centralizada de 
solicitudes por parte del IDAE, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor 
valoración según los criterios establecidos en las bases reguladoras contenidas en esta 
orden. A efectos de garantizar la coordinación entre la gestión centralizada de estas 
ayudas y las políticas autonómicas, se incluye la posibilidad de que la comunidad 
autónoma correspondiente donde se vaya a ubicar la actuación subvencionada pueda 
aportar un informe, en el que se valore la adecuación del proyecto a las prioridades de 
su política autonómica.
De este modo, atendiendo a los dispuesto en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 13/1992, la gestión centralizada de estas subvenciones resulta 
imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación 
básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por 
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio 
tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y 
optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia 
competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de valoración y 
selección establecidos en esta Orden.
El programa de incentivos 1 estará dirigido a los beneficiarios/as que realicen alguna 
actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, por lo que 
las ayudas objeto de este programa estarán sometidas a los requisitos y límites 
establecidos en el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la 
exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin 
perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea 
que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de 
la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El programa de incentivos 2 estará dirigido a beneficiarios/as que no realicen 
actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, 
incluyendo entre los mismos, personas jurídicas públicas que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad 
económica. Por ello, las ayudas objeto de dichos programas no tendrán la consideración 
de ayudas de Estado por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 107 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin perjuicio del resto de disposiciones 
tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de 
aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Este procedimiento deberá ser no discriminatorio y prever la participación de todas 
las entidades interesadas. El presupuesto relativo al procedimiento de licitación deberá 
constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán 
recibir ayuda y las ayudas se concederán sobre la base de la oferta inicial presentada 
por el licitador, excluyendo así negociaciones posteriores.
Por otro lado, respecto a las ayudas a la inversión que permitan a las empresas ir 
más allá de las normas de la Unión en materia de protección medioambiental o 
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incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión, el 
artículo 36.2 de este Reglamento indica que las inversiones deberán cumplir una de las 
condiciones siguientes: a) deberán permitir al beneficiario/a incrementar el nivel de 
protección medioambiental derivado de sus actividades superando las normas de la 
Unión aplicables, independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias 
más estrictas que las de la Unión; b) deberán permitir al beneficiario/a aumentar el nivel 
de protección medioambiental derivado de sus actividades en ausencia de normas de la 
Unión.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán 
solicitudes de proyectos cuya ejecución, en el caso del programa 1, no se haya iniciado 
con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, y en el caso del 
programa 2, no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de esta orden.
IV
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van 
a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. 
Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros 
prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Esta orden se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado en los 
párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación, que son la necesidad de «descarbonizar» los distintos sectores de la 
economía, incentivar proyectos singulares que impulsen al desarrollo del sector de la 
producción de gases renovables, muy poco desarrollado en España, que contribuyan a 
una menor dependencia energética, particularmente de las importaciones de gas y 
menores emisiones de CO 2, así como a la reactivación de la actividad económica del 
país, en el marco de los objetivos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
del PNIEC 2021-2030, la Hoja de Ruta del Biogás y la Estrategia Energética a Largo 
Plazo 2050. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para 
garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras 
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han 
seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, 
habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus 
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
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Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden ministerial se han aplicado las previsiones 
de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, 
habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención 
Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica así como del régimen 
minero y energético. También se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 
15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica ya que 
en numerosas ocasiones se van a considerar proyectos que son innovadores en España.
En la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y asimismo 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas 
acciones o medidas singulares se encuentra el programa de incentivos para la concesión 
de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás que se implementa por esta 
orden, que tiene el objetivo de permitir un avance más notable en el desarrollo del 
biogás.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos singulares de instalaciones 
de biogás producido a través de digestión anaerobia a través de los programas de 
incentivos que se aprueban y establecen por las mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6 y 8, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), dentro de su Componente 7, Despliegue e integración de energías 
renovables, Inversión 1, Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la 
edificación y en los procesos productivos.
2. Las ayudas reguladas en esta orden tendrán como finalidad contribuir al 
cumplimiento del objetivo correspondiente al impulso y consecución de los hitos de las 
actuaciones de inversión 1 que se enmarcan dentro de la Componente 7 (C7.I1) «para el 
desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los 
procesos productivos» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Concretamente mediante la producción y aprovechamiento del biogás, contribuyendo 
con ello a la «descarbonización» de distintos sectores de la economía, así como a la 
consecución de los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050, promoviendo la 
realización de proyectos singulares de innovación en instalaciones de biogás en todo el 
territorio nacional.
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Artículo 2.  Definiciones.
1. Biogás: Combustible gaseoso producido a partir de biomasa. Particularmente, se 
trata en esta orden de biogás producido mediante digestión anaerobia (en ausencia de 
oxígeno).
2. Biometano: Gas combustible, compuesto principalmente por metano, obtenido a 
partir de la depuración del biogás o mediante procesos de metanización de hidrógeno de 
origen renovable. La depuración del biogás consistirá principalmente en la separación 
del CO 2 presente en el biogás.
3. Certificados verdes: Documento comercializable expedido en el marco de un 
mecanismo de apoyo, generalmente una obligación, correspondiente a una determinada 
cantidad de energía renovable.
El diseño de la obligación y, por tanto, del sistema de certificados verdes puede 
hacerse de diversas formas. Es habitual que los sujetos obligados sean los 
suministradores de energía y que, con la periodicidad que se determine, deban 
demostrar que cuentan con una cantidad de certificados verdes equivalente a una cuota 
fijada sobre el total de sus ventas. Dependiendo de cómo se defina el mecanismo, 
pueden emitirse certificados verdes a los productores o a los suministradores que 
demuestren haber comprado una cantidad equivalente de energía renovable. Para el 
cumplimiento de la obligación cada sujeto obligado debe contar, al final del periodo 
considerado, con una cantidad de certificados verdes que cubra su cuota pudiendo, para 
ello, comprárselos a otros sujetos obligados o, en su caso, a los productores. Tal como 
se indica en la DER II, es importante distinguir entre los certificados verdes utilizados 
para los sistemas de apoyo y las garantías de origen.
4. Digerido: Material semilíquido que se obtiene junto con el biogás en el proceso 
de digestión anaerobia.
5. Digestión anaerobia: Proceso de descomposición biológica de materia orgánica 
en ausencia de oxígeno.
6. Garantías de origen: Acorde al Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el 
que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así 
como el sistema de garantías de origen de los gases renovables, tiene la finalidad de 
demostrar ante los consumidores finales que una cantidad determinada de energía se ha 
obtenido a partir de gas de fuentes renovables.
Según el artículo 19 de la Directiva 2018/2001, cuando un productor reciba ayuda 
financiera de un sistema de apoyo, es necesario que se tenga debidamente en cuenta el 
valor de mercado de la garantía de origen correspondiente a la misma producción en el 
sistema de apoyo correspondiente. Una de las formas de hacerlo es cuando la ayuda 
financiera se concede mediante una licitación.
Por tanto, las ayudas de la presente orden son compatibles con la percepción de 
garantías de origen.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación y vigencia.
1. El ámbito geográfico de las solicitudes que opten a las ayudas que se 
concederán al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
2. La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden se extenderá 
desde su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, las ayudas 
concedidas se seguirán rigiendo por ella, y por las convocatorias dictadas al amparo de 
la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo 
los eventuales procedimientos de reintegro.
3. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos singulares relacionados con 
instalaciones de biogás que se incluyan en las correspondientes convocatorias, de 
manera que se consiga una diversificación energética en base a energías renovables y 
como consecuencia de ello una menor dependencia energética de combustibles fósiles y 
la disminución de las emisiones de CO 2 y metano.
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Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto 
en la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas 
normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en 
particular, por lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) Para el programa de incentivos 1, el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado. En particular, en lo que respecta a la intensidad de ayuda a percibir por los 
beneficiarios/as que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o 
servicios en el mercado, se atenderá a los límites establecidos en el artículo 41 del 
citado reglamento, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional 
como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
Cuando las ayudas se otorguen a beneficiarios/as que no realicen actividad 
económica, es decir para el programa de incentivos 2, no tendrán la consideración de 
ayudas de Estado por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 107 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se 
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia de España.
Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España.
c) La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar 
perjuicio significativo» (DNSH):
La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»)
El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»)
El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las 
condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para 
determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de 
los demás objetivos ambientales.
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental. No obstante, en 
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cualquier caso se llevará a cabo el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que 
detectará y mitigará los impactos del desarrollo de estos proyectos.
d) El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular en 
lo que se refiere a las personas que intervengan en todos los procesos relacionados con 
la concesión de las ayudas de esta Orden, les será de aplicación lo recogido en el 
artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021 en cuanto a la prevención, detección y corrección 
del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, aplicándose asimismo los 
mecanismo para evitarlos y los procedimientos disponibles y aprobados al respecto por 
Órgano Concedente.
e) En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
f) La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la 
Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer directivas 
de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de 
índole internacional.
El Reglamento (CE, Euratom) núm. 2988/1995 del consejo, de 18 de diciembre 
de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas;
El artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a 
los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la 
abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
g) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3. Asimismo, será de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos 
recibidos por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de 
las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de 
fondos.
Artículo 5.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1. Las ayudas reguladas en esta orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos 
singulares de instalaciones de biogás, se otorgarán en régimen de concurrencia 
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competitiva, como subvención a fondo perdido, de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la 
gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones para la misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera 
Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, 
siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión 
Europea, así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia 
con otros incentivos, no supere el coste del proyecto y cumpla con la normativa nacional 
y europea de ayudas de Estado.
3. No obstante lo anterior, salvo que se indique lo contrario en las convocatorias, la 
aceptación de la ayuda que se conceda es incompatible con la existencia de cualquier 
acuerdo suscrito por parte del beneficiario/a que se utilice para la obtención de 
certificados verdes, en el marco de un mecanismo de apoyo, establecido, o que se 
pudiera establecer en el futuro, en el ámbito nacional, de la Unión Europea o 
internacional.
En el caso de que, con posterioridad a la aceptación de la ayuda, el biometano 
generado se utilice para la obtención de certificados verdes, el beneficiario/a deberá 
comunicar que tiene concedida esta u otras ayudas y el importe de las mismas. En el 
caso de que el certificado lo obtenga el beneficiario/a, dicha comunicación deberá ser 
realizada a la entidad que los emita. En otro caso la venta deberá quedar condicionada a 
que su comprador y el resto de sujetos que participen lo comuniquen finalmente a la 
entidad que los emita.
4. Cuando se soliciten o se obtengan ayudas de otras instituciones o 
administraciones públicas para el mismo proyecto, deberá comunicarse al IDAE, de 
forma inmediata, para que éste verifique que no se han excedido los límites máximos de 
intensidad vigentes en cada convocatoria, de acuerdo con la actividad económica y la 
naturaleza jurídica, pública o privada, de la entidad beneficiaria.
Artículo 6.  Beneficiarios/as.
Podrán obtener la condición de beneficiarios/as en las correspondientes 
convocatorias que se celebren al amparo de esta orden, siempre que realicen la 
actividad que fundamenta su concesión, en los términos establecidos por las mismas, y 
cumplan todos los requisitos exigidos, cualesquiera personas jurídicas, públicas o 
privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España en 
quienes no concurra ninguna de las siguientes circunstancias:
– Haber sido condenados, como autores o como cómplices, mediante sentencia 
firme por la comisión de delito de los comprendidos en el capítulo III, del título XVI del 
Código Penal, en el plazo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria que se 
regula en el artículo 17 de esta Orden.
– Haber sido sancionados con carácter firme por falta muy grave por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en normas estatales, autonómicas o locales, en materia 
medioambiental, en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la convocatoria que 
se regula en el artículo 17 de esta Orden.
Los beneficiarios suscribirán, a tal efecto, una declaración responsable que acredite 
no haber sido condenados ni sancionados en los términos recogidos en los dos párrafos 
precedentes.
No podrá ser beneficiaria la Administración General del Estado.
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Los beneficiarios/as a los que va dirigido cada programa de incentivos son:
El programa de incentivos 1 está dirigido a los beneficiarios/as que realicen alguna 
actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
El programa de incentivos 2 está dirigido a beneficiarios/as que no realicen 
actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, 
incluyendo entre los mismos, personas jurídicas públicas que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad 
económica.
Se considerarán también beneficiarios/as en el programa de incentivos 1 los 
consorcios o agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, con o sin personalidad jurídica propia. El consorcio o la agrupación empresarial 
deberá contar con, al menos, un participante que realice alguna actividad económica por 
la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. Las respectivas convocatorias podrán 
establecer una aportación mínima del participante correspondiente, que realice alguna 
actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, al 
presupuesto de la actuación. En caso de no contar con personalidad jurídica propia, 
deberá cumplirse con lo establecido por el artículo 67 del Real Decreto ley 36/2020, 
de 30 de diciembre y, en su caso, con lo previsto por el artículo 68 de la misma norma.
En ningún caso se admitirán cambios de titularidad de la ayuda de beneficiarios/as 
del programa de incentivos 2 a beneficiarios/as a los que correspondería el programa de 
incentivos 1.
Artículo 7.  Requisitos y obligaciones esenciales de los beneficiarios/as.
1. Los beneficiarios/as deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en esta 
orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de 
concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y 
cumplimiento de las presentes bases y las respectivas convocatorias, comunique el 
IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y 
publicidad, justificación y control del gasto.
2. No podrán ser beneficiarios/as de las ayudas reguladas por esta orden quienes 
no cumplan con lo previsto en el artículo 13.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
En este contexto, los beneficiarios/as suscribirán, junto con la solicitud de ayuda, 
declaración responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Los 
beneficiarios/as deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de 
obligaciones establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, considerándose a este respecto que los beneficiarios/as, con la 
presentación de su solicitud de ayuda, incluirán autorización expresa al órgano 
concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa 
con la Administración tributaria o de la Seguridad Social correspondiente, en los 
momentos en que sea preciso durante la tramitación del procedimiento. En caso de no 
otorgarse dicha autorización, los beneficiarios/as deberán de aportar los certificados 
correspondientes.
3. Los beneficiarios/as deberán aceptar los términos que se establezcan en la 
resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos de la solicitud de 
ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y 
sus eventuales modificaciones.
4. Los beneficiarios/as estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso 
durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones 
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inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
5. En aplicación del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para poder ser 
beneficiarios/as de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de 
concesión, los solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un 
conflicto de intereses potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, 
estableciendo, asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en 
las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que 
puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses. Resultará de 
aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano 
concedente que intervenga en los procesos de selección de los beneficiarios/as, o en los 
procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones de las solicitudes de ayuda 
correspondientes.
6. Se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios/as, las siguientes:
a) Ejecutar el proyecto cumpliendo el programa de actuaciones y de ejecución de 
las mismas establecido en la solicitud.
b) En virtud del artículo 31.4 a) de la ley 38/2003 general de subvenciones, el 
periodo durante el cual el beneficiario/a deberá destinar los bienes al fin concreto para el 
que se concedió la subvención que será de 5 años. En el caso de concesiones 
administrativas, y en otros que pudieran indicarse en las convocatorias, deberán 
justificar, así como garantizar el mantenimiento y operación de la actuación 
subvencionada al menos durante dicho periodo de tiempo.
c) Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, cuando 
resulten de aplicación de acuerdo con la naturaleza del beneficiario, lo siguiente:
1.º  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el caso de 
beneficiarios/as que no se encuentren sujetos al cumplimiento de esta ley, deberán 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la 
contratación de la obra, suministro y/o servicio correspondiente.
2.º  Los beneficiarios/as deberán disponer, para su posible verificación, de toda la 
documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de 
valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y 
las comunicaciones con los ofertantes.
3.º  En los documentos (pliegos, anuncios, etc.) que sustenten la contratación de la 
obra, suministro y/o servicio correspondiente, deberá hacerse constar expresamente la 
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, así como referencia al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º  No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que 
alteren la concurrencia.
5.º  La ejecución de la obra, realización del suministro o prestación del servicio 
contratado debe ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma 
previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el 
contrato.
d) Acreditar ante el IDAE la realización de la actuación subvencionable en los 
términos expuestos en esta orden, facilitando además las comprobaciones encaminadas 
a garantizar la correcta ejecución de la actuación, aportando al efecto cuanta 
documentación le fuera requerida. Con estos fines, IDAE podrá realizar un procedimiento 
de control que permita verificar y validar documentalmente el 100% del gasto declarado 
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por las entidades beneficiarias, así como verificar sobre el terreno un conjunto 
representativo de las actuaciones realizadas.
e) Los beneficiarios/as deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
i. Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero.
ii. Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
iii. Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a 
desarrollar, por ellas mismas o por terceros, contribuyen al logro de las actuaciones 
previstas y aportar la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el 
valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
iv. Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las 
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento 
de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos 
que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la 
normativa nacional y de la Unión Europea. En su caso, mantener un sistema de 
contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones 
objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que 
permita identificar claramente dichas transacciones.
v. Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
vi. Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
vii.  En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
f) Inscribir las instalaciones de su titularidad que resulten proyectos 
subvencionados, en los términos expuestos en esta orden y en cuanto esté disponible, 
en el Registro de instalaciones de producción de gas procedente de fuentes renovables 
que se habilite por la Entidad Responsable del Sistema de garantías de origen del gas 
procedente de fuentes renovables designada por el Real Decreto 376/2022, de 17 de 
mayo.
g) Los beneficiarios/as deberán proporcionar al órgano competente la 
documentación necesaria ex post con el contenido mínimo que figura en estas bases 
reguladoras y en la correspondiente convocatoria, de justificación de la realización del 
proyecto.
h) El IDAE transmitirá a los beneficiarios/as cuantas instrucciones considere 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden y en las 
respectivas convocatorias, siendo obligación del beneficiario/a dar cumplimiento a lo 
solicitado.
i) A efectos de auditoría y control, y a tenor de lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, pudiendo recabarse 
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estos datos en una base de datos única, así como accediéndose, en su caso, por parte 
de los órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales o base de datos similar. Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos 
(beneficiarios/as últimos de las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten 
adjudicatarios), incluyendo su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores de la AEAT o equivalente que refleje la actividad económica que 
desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y tratamiento de los datos 
entre los sistemas de las ayudas y el sistema de Fondos Europeos, en relación con la 
ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A 
efectos de auditoría y control, y a tenor de lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, pudiendo recabarse 
estos datos en una base de datos única, así como accediéndose, en su caso, por parte 
de los órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales o base de datos similar.
j) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General 
de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y 
fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de 
comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la 
Unión Europea, aportando para ello cuanta información le sea requerida. En este 
contexto, con la presentación de la solicitud de ayuda, el beneficiario acepta y consiente 
expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
k) Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que 
las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. En particular:
i. Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto subvencionado, 
cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal 
efecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que figuran en el Manual de Imagen 
disponible en la web del IDAE, www.idae.es
ii. Los beneficiarios/as, como perceptores de fondos de la Unión Europea, deben de 
mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando 
promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público, incluyendo, cuando proceda, el emblema de la 
Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU», de conformidad con el Artículo 34.2 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Los beneficiarios/as informarán al público del apoyo obtenido de los fondos 
europeos, haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en 
caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado.
iii. Asimismo, los materiales asociados a la ejecución de sus actuaciones deberán 
estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de este 
programa que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
7. No podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las empresas en crisis, según se 
define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014, 
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de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Dicho extremo se acreditará mediante una 
declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
8. Los beneficiarios/as garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado 
climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
9. Los beneficiarios/as deberán declarar su compromiso con la igualdad de género 
mediante la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación 
equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre 
ambos.
10.  Las convocatorias podrán establecer otros requisitos y obligaciones esenciales 
adicionales.
11.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la 
ayuda concedida.
Artículo 8.  Proyectos subvencionables.
1. Serán subvencionables aquellos proyectos singulares de instalaciones de biogás 
que contemplen la realización de una o varias de las actuaciones siguientes, de acuerdo 
con los requisitos que se establecen en esta orden y los que se prevean en las 
convocatorias correspondientes:
a) Realización de instalaciones de producción de biogás con las materias primas 
incluidas en cada convocatoria, mediante digestión anaerobia siempre que se produzca 
un aprovechamiento energético del mismo o se use para la producción de biometano.
b) Realización de instalaciones para que a partir de biogás se lleve a cabo 
producción de calor/frio, generación de energía eléctrica, cogeneración de alta eficiencia 
o, a partir de biogás de nueva generación incluyendo por tanto el apartado a), se lleve a 
cabo su depuración hasta biometano para uso en transporte, inyección a red, usos 
térmicos distintos del transporte, para su uso en cogeneración eléctrica de alta eficiencia 
o para su transformación en otros productos con destino energético.
c) Realización de instalaciones para tratamiento del digerido
2. Estos proyectos deberán estar englobados dentro de las combinaciones de 
tipologías elegibles que se detallen en cada convocatoria de ayudas, así como quedar 
amparados por alguno de los dos programas de incentivos que se aprueban por esta 
orden y que se indican en el artículo 6.
3. Para el programa de incentivos 1, las ayudas a percibir por los beneficiarios/as 
estarán sujetas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, aplicándose la exención 
correspondiente a la categoría de ayudas para la protección del medio ambiente 
(Sección 7), sin perjuicio, del resto de disposiciones del derecho de la Unión Europea 
que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de 
la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. En ningún caso las ayudas concedidas a una misma empresa y proyecto podrán 
ser iguales o mayores a 15 millones de euros.
5. En todo caso las ayudas a percibir por los beneficiarios/as para las actuaciones, 
estarán vinculadas a los correspondientes límites de cuantías de ayuda previstos en 
cada convocatoria.
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6. A efectos de elegibilidad de las actuaciones, para los solicitantes del programa 
de incentivos 2, solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria, y para los solicitantes del programa de 
incentivos 1, dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones 
iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
del proyecto de inversión, pudiendo por tanto haberse realizado éstos antes de la fecha 
de registro de la solicitud de reserva de ayuda.
7. Salvo que se indique lo contrario en las convocatorias, para proyectos de 
producción de biometano, acogidos al programa de incentivos 1, se considera 
subvencionable únicamente la potencia de la instalación no relacionada con la 
producción de biometano para transporte que se destine a cumplir una obligación de 
suministro o de mezcla (según art 41.3 del reglamento 651/2014 de exención por 
categorías). Es decir, la parte subvencionable del proyecto se determinará en función de 
la proporción de la potencia de producción de biogás, producción de biometano y 
tratamiento de digerido producido por la planta, que se destina a otros usos distintos del 
transporte en un marco de un mecanismo de obligación de biocarburantes (en el caso de 
España la Orden ITC/2877/2008). El coste elegible se determinará considerando dicha 
proporción. La aceptación de las ayudas implicará un compromiso por parte del 
beneficiario de que no se destine, en la fase de explotación de las instalaciones, la 
producción de la instalación subvencionada al transporte en un marco de un mecanismo 
de obligación.
8. Las instalaciones deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de al menos un 80% en el caso de producir electricidad o calor, e 
igual o superior al 65% en el caso de producir biometano para uso en transporte a fin de 
que se alcance un «Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» 
del 100%, de acuerdo con lo establecido el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
9. Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto singular 
subvencionable, aunque la ayuda a otorgar no podrá superar el límite de ayuda por 
beneficiario que se establezca en la convocatoria correspondiente.
Artículo 9.  Costes elegibles.
1. Se considerarán costes elegibles los conceptos concretos que se recojan en 
cada convocatoria.
2. Con carácter general, tendrán la consideración de costes elegibles aquellos 
gastos que satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El total de los costes elegibles necesarios para llevar a cabo el proyecto singular 
correspondiente conformará el presupuesto subvencionable del mismo. El importe de la 
ayuda se calculará de acuerdo con lo previsto en esta orden y en la convocatoria 
correspondiente.
4. Las actuaciones cuya realización se contemple por los proyectos que se 
incentiven deberán estar englobadas dentro de alguna de las combinaciones de 
tipologías elegibles que se detallan en cada convocatoria.
5. Solo se considerarán subvencionables, y por tanto sólo podrán ser objeto de 
ayuda con cargo a este programa de incentivos, las inversiones que permitan aumentar 
el nivel de protección medioambiental derivado del impulso del biogás que sean 
originados por actividades desarrolladas en territorio nacional y que se realicen en la 
adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario/a de la ayuda, así como 
que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las 
actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al 
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proveedor. Para que los costes puedan ser considerados elegibles deben cumplirse los 
siguientes requisitos:
a) Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo 
de justificación establecido. Cuando se utilicen medios de pago diferido (entre otros: 
cheque, pagaré, letra de cambio aceptada) sólo se subvencionarán aquellos importes 
efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad a la 
finalización del plazo citado.
b) Existir constancia documental de los mismos y ser verificables.
c) Estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y ser 
necesarios para la ejecución de las correspondientes actuaciones.
d) Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea 
aplicable.
e) Para beneficiarios/as de naturaleza jurídica pública, responder a un contrato o 
contratos formalizados para llevar a cabo la actuación, de acuerdo a alguna de las 
tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, entre la entidad beneficiaria y la empresa o empresas que participen en la 
ejecución de las actuaciones, o a un encargo a un medio propio de las entidades o 
administraciones que realicen el proyecto.
6. No se considerarán costes elegibles los englobados en los siguientes conceptos:
a) Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que hayan sido 
facturados con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda o a la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta orden, según el programa de 
incentivos aplicable correspondiente, ni tampoco lo serán los costes fijos existentes, 
como el coste asociado a personal existente de la entidad beneficiaria,
b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, tasas, impuestos o tributos,
c) Los gastos propios, de personal, funcionamiento o gastos generales,
d) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, no 
se contemplen en el apartado 5 de este artículo,
e) Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos.
f) Seguros suscritos por el solicitante,
g) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra correspondiente a las 
actuaciones objeto del proyecto subvencionable,
h) Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas 
diferentes de las exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía o diferentes de 
la actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, trabajos de 
conexión a la red de distribución, centros de seccionamiento y transformación y 
acometida de media tensión, necesarios para la conexión eléctrica a la red.
i) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta 
la instalación correspondiente a la actuación objeto del proyecto subvencionable,
j) Costes financieros.
7. No serán subvencionables los proyectos que contemplen inversiones en 
instalaciones que no estén constituidas por equipos nuevos, sin uso previo.
Asimismo, las convocatorias correspondientes determinarán, en su caso, el 
condicionado específico aplicable al desarrollo de las actuaciones objeto de los 
proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en la Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
8. La realización de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable deberá 
cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación, así como contar con las 
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preceptivas licencias, certificados y autorizaciones administrativas en el caso de que la 
actuación lo requiera.
9. A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) núm. 651/2014, 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, 
solo serán elegibles las actuaciones objeto del correspondiente proyecto subvencionable 
cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda 
(programa 1). El hito que marcará el inicio de los trabajos para las personas jurídicas 
públicas será la publicación de los pliegos de licitación y en el caso de personas jurídicas 
privadas, la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro 
compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable, pudiendo por tanto haberse 
realizado estos antes de la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
10.  En cada convocatoria se incluirán instrucciones u orientaciones detalladas 
sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación de los 
costes elegibles.
Artículo 10.  Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
1. El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados 
se establecerá de acuerdo con la solicitud en función de los costes subvencionables de 
las actuaciones objeto de los mismos, del tipo de materia prima a utilizar y de la 
aplicación energética según los límites de intensidad de ayuda establecidos en este 
artículo y otros factores limitantes que se especificarán en la convocatoria, así como la 
disponibilidad financiera. Dichos límites de intensidad de ayuda son (% sobre coste 
subvencionable):
Proyectos subvencionablesMaterias primas o aplicación 
energéticaPrograma 1
–
PorcentajePrograma 2
–
Porcentaje
a) Realización de instalaciones de producción 
de biogás siempre que se produzca un 
aprovechamiento energético del mismo o se use 
para la producción de biometano.Fracción orgánica de los 
residuos de competencia 
municipal procedente de 
recogida selectiva.40 70
Otras.Media ponderada, según 
potencia, de las intensidades 
de ayuda indicadas en b) para 
cada aplicación.Media ponderada, según 
potencia, de las intensidades 
de ayuda indicadas en b) para 
cada aplicación.
b) Realización de instalaciones para que a 
partir de biogás se lleve a cabo producción de 
calor/frio, generación de energía eléctrica, 
cogeneración de alta eficiencia o, a partir de 
biogás de nueva generación incluyendo por tanto 
el apartado a), se lleve a cabo su depuración 
hasta biometano para uso en transporte, 
inyección a red, usos térmicos distintos del 
transporte, para su uso en cogeneración 
eléctrica de alta eficiencia o para su 
transformación en otros productos con destino 
energético.Instalación de producción de 
calor/frio con biogás.75 80
Instalación de producción de 
electricidad con biogás.25 80
Instalación de cogeneración de 
alta eficiencia con biogás.35 80
Instalación de depuración 
hasta biometano para uso 
energético.10 50
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Proyectos subvencionablesMaterias primas o aplicación 
energéticaPrograma 1
–
PorcentajePrograma 2
–
Porcentaje
c) Realización de instalaciones para 
tratamiento del digeridoFracción orgánica de los 
residuos de competencia 
municipal procedente de 
recogida selectiva.40 70
Otras.Media ponderada, según 
potencia, de las intensidades 
de ayuda indicadas en b) para 
cada aplicación.Media ponderada, según 
potencia, de las intensidades 
de ayuda indicadas en b) para 
cada aplicación.
Se otorgarán los siguientes porcentajes de ayudas adicionales acumulables:
i. Ayuda Adicional por proyectos ubicados en zonas de reto demográfico y/o zonas 
de transición justa: 5%.
ii. Ayuda Adicional por el tamaño de empresa:
Mediana empresa: 10%.
Pequeña empresa: 20%.
La ayuda total otorgada será la suma de las correspondientes a los apartados a), b) y 
c) afectada por un coeficiente de reducción indicado por el solicitante.
2. El importe de las ayudas a conceder se determinará según se establezca en la 
convocatoria, de acuerdo a las intensidades y límites establecidos, teniendo en cuenta 
las características del proyecto
3. Las convocatorias podrán fijar un límite mínimo y máximo de ayuda por proyecto 
y beneficiario/a, así como una inversión mínima y máxima por proyecto, y asignar 
presupuestos máximos según los criterios que se recojan en la misma
4. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, 
todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras 
cargas. La intensidad de ayuda será la indicada en cada convocatoria.
5. La convocatoria definirá el método a aplicar para el cálculo de las ayudas.
6. Se autoriza la convocatoria de ayudas amparadas en las bases reguladoras 
aprobadas por esta orden cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en 
que recaiga la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.  Régimen de financiación.
1. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden 
se realizan con cargo al presupuesto de IDAE previa transferencia desde la aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.
Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dado 
que las ayudas reguladas por esta orden están incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá cuantía total máxima 
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la 
cuantía estimada de las subvenciones, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en los 
apartados 2 y 3 el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a 
la disponibilidad del crédito correspondiente.
3. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden 
se distribuirán entre los programas de incentivos 1 y 2 según lo que se establezca en las 
convocatorias correspondientes.
Artículo 12.  Subcontratación.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 100% de la actividad incentivada, en 
conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de 
subcontratar parte o toda la actividad subvencionada, el beneficiario/a habrá de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio «no causar 
perjuicio significativo» y con el resto de condiciones establecidas en las bases y en la 
normativa general de subvenciones.
3. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a 
la Administración.
4. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y 
subcontratistas al órgano concedente de la subvención, cuya información deberá estar 
disponible, conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión y concesión de las subvenciones
Artículo 13.  Formalización y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma, lugar y en el plazo que establezcan 
las convocatorias.
2. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente 
no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las fechas de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y 
estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del 
IDAE (https://sede.idae.gob.es), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda 
necesarios.
El formulario de solicitud, y documentación a aportar con el mismo, deberán 
presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que pueda ser 
expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones que le 
competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el 
ámbito territorial de ejercicio de sus competencias.
Para formular la solicitud, además de completar el correspondiente formulario con los 
datos requeridos, se deberá aportar, a través de la sede electrónica, como mínimo, la 
documentación requerida en cada convocatoria.
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Artículo 14.  Convocatoria de las ayudas e inicio del procedimiento.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se articularán a través de las convocatorias 
que se aprueben, mediante resolución del órgano competente conforme establece el 
artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias detallarán, como mínimo el contenido previsto en el artículo 23 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo 
de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, 
de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta 
de la Ley General de Subvenciones. Dichas convocatorias serán publicadas en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, se podrá valorar la 
ampliación de presupuesto destinado al Programa, mediante acuerdo del Consejo de 
Administración del IDAE, siempre que no se supere el límite de gasto anual establecido 
en el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión de 17 de junio.
Artículo 15.  Tramitación electrónica del procedimiento y representación.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las actuaciones objeto de 
ayuda serán presentadas a través de la sede electrónica del IDAE (https://
sede.idae.gob.es).
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
2. La entidad solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus 
expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, identificándose mediante 
sus certificados electrónicos correspondientes en el enlace habilitado para este 
programa de ayudas en la sede electrónica de IDAE. En dicho enlace, podrán consultar 
los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del 
solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del 
expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la 
sede electrónica de IDAE. Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las 
comunicaciones y notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente 
informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de 
realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente a través 
de sus certificados, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean 
notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser 
requerida por el órgano actuante.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
(https://sede.idae.gob.es), las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
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5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán 
disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados 
cuando proceda.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
Artículo 16.  Valoración y selección de las solicitudes.
1. La valoración y selección de las solicitudes se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva a partir de la documentación aportada por la entidad solicitante 
en la fase de presentación de solicitudes.
No obstante, como parte de la instrucción del procedimiento, habrá una fase de 
preevaluación siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la que el órgano instructor verificará el 
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad 
beneficiaria de la subvención y si el proyecto se adecúa a los objetivos de la 
convocatoria.
En esta fase, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente, el órgano instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, podrá requerir al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo improrrogable de cinco días hábiles, indicándole que si no 
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Una vez finalizado el proceso de subsanación se procederá a redactar el acta de 
expedientes admitidos y no admitidos que será elevada al órgano instructor y publicado 
en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase de evaluación.
2. La Comisión Técnica de Valoración procederá a la clasificación y selección de 
las solicitudes que hayan resultado admitidas, conforme a la metodología y los criterios 
de valoración de otorgamiento de la subvención que figuren en esta orden y en cada 
convocatoria. La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango entre 0 
y 100 puntos.
3. Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de 
mayor a menor puntuación, descartando aquellas en las que concurra alguno de los 
criterios excluyentes establecidos en esta orden o en cada convocatoria, así como, en su 
caso, las que no alcancen la puntuación mínima que pudiera establecerse.
A igualdad de puntuación, las solicitudes con la misma puntuación en la valoración 
se ordenarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Tendrá prioridad la solicitud con mayor puntuación en el criterio económico.
b) En caso de igualdad en la puntuación del criterio anterior, tendrá prioridad la 
solicitud con mayor puntuación en el criterio tecnológico.
c) En caso de igualdad en la puntuación del criterio anterior, tendrá prioridad la 
solicitud con mayor puntuación en el criterio de externalidades positivas.
d) En caso de igualdad en la puntuación del criterio anterior, se tendrá en cuenta la 
fecha, hora y minuto de formalización de la solicitud, dándose prioridad a la solicitud 
realizada con más proximidad a la fecha de publicación de la convocatoria.
Las convocatorias podrán establecer otros criterios de desempate adicionales.
Posteriormente, se irán adjudicando ayudas a las solicitudes siguiendo el orden de 
prelación hasta agotar el presupuesto establecido para cada programa de incentivos, 
rango de potencia y combinación. En concreto, en una primera ronda, se evaluará cada 
lista en sentido descendente de prelación, seleccionando aquellas solicitudes para las 
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cuales, de ser aceptadas, no se superen su límite de presupuesto correspondiente 
establecido en las convocatorias. Cuando se llegue a una solicitud cuya selección 
suponga superar dicho presupuesto, el proceso de adjudicación de ayudas, en primera 
ronda para dicho programa de incentivos, rango de potencia y combinación finalizará.
Tras finalizar este proceso, todas las solicitudes a las que no se hayan adjudicado 
ayudas por insuficiencia de fondos en su correspondiente programa, combinación y 
rango de potencia constituirán una lista de espera y los presupuestos no asignados 
constituirán el presupuesto único para la segunda ronda. En segunda ronda la 
puntuación será la misma que la adjudicada en la primera ronda a cada uno de los 
proyectos y la adjudicación de las ayudas se realizará por orden de prelación.
Es decir, en una segunda ronda, se evaluará una única lista en sentido descendente 
de prelación, con las solicitudes a las que no se haya adjudicado ayuda en la primera 
ronda, seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se 
supere el presupuesto.
Si el presupuesto disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de 
la última solicitud, quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda 
parcial. En caso de ser aceptada, se considerará que el solicitante renuncia a acceder al 
resto de la ayuda.
4. En la tabla que figura a continuación se indican la ponderación de cada uno de 
los tres criterios de valoración.
Criterio de valoración Puntuación máxima
1. Criterio económico: Reducción del importe de la ayuda solicitada (puntuación 
máxima).35
P = Puntos asignados (con tres decimales).
Kmáx = Coeficiente de reducción máximo solicitado, con tres decimales, para las 
instalaciones del programa y combinación, de entre todas las solicitudes admitidas.
Kmín = Coeficiente de reducción mínimo solicitado, con tres decimales, para las 
instalaciones del programa y combinación, de entre todas las solicitudes admitidas.
K = Coeficiente de reducción solicitado, con tres decimales.
𝑃𝑃=35×(𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥−𝐾𝐾)
𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥−𝐾𝐾𝑚𝑚í𝑛𝑛 
  Los puntos asignados variarán entre 0 y 35.
2. Criterio tecnológico (puntuación máxima). 35
La asignación de esta puntuación tendrá en cuenta el tipo de instalación que se 
desarrolle en el proyecto presentado entre los siguientes:
– Instalación de producción de biogás (T1).
– Instalación de producción de calor con biogás (T2.1).
– Instalación de producción de electricidad con biogás (T2.2).
– Instalación de cogeneración de alta eficiencia con biogás (T2.3).
– Tratamiento del digerido (T3).
– Instalaciones de recuperación de productos de alto valor añadido del digerido.
– Instalaciones de valorización del CO 2.
– Proyecto con otros elementos innovadores. 
3. Externalidades Positivas (puntuación máxima). 30
En este concepto se tendrá en cuenta lo siguiente:
– Impacto social y de género.
– Comunidades energéticas.
– Entidades públicas.
– Pequeña empresa.
– Mediana empresa.
– Presentación de Informe del Gobierno autonómico y/o local relativo a la adecuación 
del proyecto a las prioridades de la política autonómica y/o local. 
 Total (puntuación máxima). 100
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5. La convocatoria podrá especificar una puntuación mínima en cada uno de los 
criterios de selección, así como la distribución concreta de las puntuaciones en cada uno 
de los puntos del punto 4.
6. Una vez realizada la fase de valoración de las solicitudes se publicará la 
resolución provisional según lo dispuesto en el artículo 18, notificando a los solicitantes 
dicha publicación.
Artículo 17.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1. El IDAE será el órgano concedente, y por ello será competente para convocar, 
instruir y resolver las ayudas reguladas en esta orden.
Las convocatorias correspondientes se aprobarán mediante resolución del Consejo 
de Administración del IDAE, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3.
La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la persona titular de la 
Dirección General del IDAE, actuando como órgano instructor.
2. La persona titular de la presidencia del IDAE resolverá y notificará el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
3. El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión, 
podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y 
notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas 
informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano 
concedente.
4. Será competente para valorar las ayudas, en los términos previstos en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de 
Valoración integrada por:
La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del 
IDAE, que actuará como Presidente.
Vocales:
Una persona representante de IDAE perteneciente a la Dirección de Energías 
Renovables y Mercado Eléctrico o a la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética.
Un representante designado por la Secretaría de Estado de Energía.
Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La persona titular de la jefatura del departamento de Bioenergía y Residuos del 
IDAE.
Un representante del departamento de Bioenergía y Residuos de IDAE, que actuará 
como Secretario con voz, pero sin voto.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración 
podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General 
del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, 
mediante resolución que se publicará en la página web del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, en todo caso, con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del IDAE.
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Artículo 18.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en esta orden.
2. El contenido de esta propuesta de resolución provisional incluirá al menos la 
siguiente información:
a) La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo:
1.º El CIF del beneficiario/a.
2.º Título del proyecto.
3.º Localización donde se realizará la actuación.
4.º Importe de la ayuda total que se propone conceder, expresado en euros.
5.º Puntuación obtenida.
b) La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de 
la ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación 
obtenida.
c) La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión.
3. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante 
su publicación en la sede electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que 
pueda fijarse en la convocatoria.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de 
notificación de dicha propuesta de resolución provisional, las entidades solicitantes 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
5. Las alegaciones y documentación presentadas serán examinadas por la 
Comisión Técnica de Valoración quien, en su caso, procederá a reordenar la clasificación 
de las solicitudes admitidas y valoradas, elevando, en su caso, nueva propuesta al 
órgano instructor quien dictará la propuesta de resolución definitiva, para que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de su 
notificación, los beneficiarios/as propuestos y aquellas que figuren en la lista de espera, 
definida en el siguiente apartado, comuniquen su aceptación, entendiéndose que 
desisten de su solicitud, de no producirse contestación en dicho plazo. Transcurrido 
dicho plazo, el órgano instructor elevará los expedientes correspondientes al Consejo de 
Administración y persona titular de la presidencia del IDAE.
6. La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario/a, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con 
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de los potenciales 
beneficiarios/as, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes 
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por 
parte de alguno de los beneficiarios/as, se haya liberado crédito suficiente para atender, 
total o parcialmente, al menos, una de las solicitudes denegadas.
A estos efectos aquellas solicitudes que consten en la propuesta de resolución 
definitiva en lista de espera deberán haber comunicado su aceptación en el mismo plazo 
indicado en el apartado 5.
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7. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario/a propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 19.  Resolución definitiva.
1. El órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar, al menos la 
identidad de los beneficiarios/as de la ayuda concedida, así como cualquier información 
que la correspondiente convocatoria indique.
3. La resolución, además de contener la entidad solicitante o relación de entidades 
solicitantes a las que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Asimismo, en la resolución se hará 
constar lo siguiente, con el nivel de detalle que se señale en la correspondiente 
convocatoria:
Las actuaciones a llevar a cabo y el importe de los costes elegibles.
La cuantía de la subvención prevista sobre la base de los costes elegibles admitidos, 
y las anualidades, en su caso, que la convocatoria correspondiente pudiera prever.
La planificación prevista para la ejecución y realización de las actuaciones, así como 
para la presentación de la justificación de su realización.
Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las 
actuaciones objeto del proyecto subvencionado que pudieran haberse requerido por la 
normativa de aplicación, así como la convocatoria correspondiente.
4. La resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede 
electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pueda fijarse en la 
convocatoria.
5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes que se marque 
en la convocatoria correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una 
fecha posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
6. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido 
en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de 
la citada ley, o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
7. Las entidades beneficiarias de la ayuda serán incluidas en una lista de 
beneficiarios/as, publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición 
Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas 
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el 
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Política de Visados.
8. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Artículo 20.  Modificación de la resolución.
1. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
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concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:
a) Que la modificación solicitada no afecte a los objetivos perseguidos con la 
ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario/a, ni perjudique 
derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que la modificación afecta a la 
determinación del beneficiario/a cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o 
escisión de la entidad jurídica inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b) Que la modificación solicitada obedezca a causa o causas sobrevenidas y 
excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
2. La solicitud de modificación, se acompañará de una memoria en la que se 
expondrán los motivos de la modificación y se justificará la imposibilidad de cumplir las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos 
expuestos en el apartado 1 anterior.
3. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el 
órgano que dictó la resolución de concesión.
4. El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses.
CAPÍTULO III
Plazo de realización de las actuaciones y justificación de las ayudas
Artículo 21.  Plazo de realización de las actuaciones.
El plazo máximo para la realización de las actuaciones objeto de ayuda será el 
establecido en las convocatorias correspondientes.
Podrá ampliarse el anterior plazo de realización de las actuaciones mediante la 
modificación de la resolución de concesión, que podrá llevarse a cabo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 20 de esta orden.
En cualquier caso, los beneficiarios/as deberán llevar a cabo las actuaciones 
previstas en los plazos que se indiquen en las convocatorias, y como máximo el 15 de 
diciembre de 2025.
Artículo 22.  Justificación de las ayudas.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano 
concedente o designado para tal fin.
2. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título II, capítulo 
II, de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y conforme a 
los requisitos específicos que se establezcan por la normativa aplicable y en las 
correspondientes convocatorias.
3. La justificación por parte de los beneficiarios/as de la realización de las 
actuaciones que conformen el proyecto subvencionable deberá realizarse ante el órgano 
instructor en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire 
el plazo máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4. La justificación documental por parte de los beneficiarios/as de la ejecución y 
pago de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable se realizará 
telemáticamente a través de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio 
alternativo que pudiera haberse establecido por la correspondiente convocatoria, 
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mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter 
general, la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y en las correspondientes 
convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y 
certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los 
indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta cuenta 
justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su 
página web, será suscrita por el beneficiario/a mediante el certificado de firma electrónica 
y deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte 
integrante de la misma:
a.1  Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación 
aportada, fechada y suscrita por el beneficiario/a mediante el certificado de firma 
electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a.2  Declaración responsable del beneficiario/a (según modelo que estará disponible 
en Web del IDAE) que garantice:
El proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda y la 
existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las 
transacciones relacionadas.
El cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
El cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre 
desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se han 
respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos 
en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su 
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado,
El compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su 
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a.3  Justificación por parte del beneficiario/a sobre el proceso de contratación de las 
actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de personas jurídicas 
públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación 
consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de chequeo relativa al 
cumplimiento del procedimiento de contratación que sea de aplicación, según lo 
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de chequeo será 
suscrita por el beneficiario/a y sellada y firmada por la persona auditora.
a.4  Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios/as últimos de las 
ayudas, contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Domicilio, Alta en el 
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente (si 
desarrollan actividad económica) y la Aceptación de la cesión de estos datos entre las 
Administraciones Públicas implicadas.
a.5  Informe de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse 
al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a 
cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el 
presente apartado. En aquellos casos en que el beneficiario/a esté obligado a auditar sus 
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cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. 
En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario/a.
i. Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario/a en el que 
figurarán como mínimo los siguientes extremos:
1.º  Obligación del beneficiario/a de confeccionar y facilitar al auditor cuantos libros, 
registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
2.º  Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las 
normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
3.º  Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas 
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
4.º  Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y 
compromiso del beneficiario/a de autorización de comunicación entre auditores.
ii. El informe a emitir por la persona o empresa auditora debe hacer mención 
expresa a los siguientes extremos de la revisión de la cuenta justificativa: objeto, 
naturaleza, alcance, resultado, fecha y firma.
iii. El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o 
empresa auditora incluirá, como mínimo, el análisis y comprobación y copia de los 
siguientes documentos e información:
1.º  La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas para la concesión del incentivo, conforme a lo exigido por las bases 
reguladoras, la normativa de aplicación, convocatoria y la resolución de concesión, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria 
será realizada y suscrita por un técnico titulado competente que será el autor del 
proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la 
memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página 
web del IDAE.
Dicha memoria incluirá como mínimo:
i. Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto 
incentivado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del 
mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones. 
Deberá incluir descripción del sistema de monitorización incorporado de acuerdo con lo 
indicado en la convocatoria. Y en su caso, información sobre la modificación de las 
condiciones técnicas declaradas en el momento de la solicitud en la memoria descriptiva 
de las actuaciones.
ii. Información sobre los valores de indicadores energéticos e hitos y objetivos 
conseguidos y, en su caso, documentación justificativa de los mismos.
iii. Relación de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas con las 
que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
iv. Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de 
la obra, en caso de que sea preceptivo
v. Autorización de explotación o acta de puesta en servicio de la instalación cuando 
esta sea preceptiva y Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), de acuerdo con el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión (en instalaciones eléctricas de cualquier 
tipología), emitido por la empresa instaladora y diligenciado por el órgano competente de 
la comunidad autónoma. Cuando no sea preceptiva la autorización de explotación, 
deberá aportarse documentación que acredite que la instalación está construida y se 
encuentra en condiciones de ser puesta en tensión y proceder a su explotación. En su 
caso, deberá aportarse certificado de la instalación térmica, suscrito por el instalador 
habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, registrado por el órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo 
con el RITE. Adicionalmente, se adjuntará copia del proyecto o memoria técnica de 
diseño (según proceda para la tipología de actuación) que se haya aportado al órgano 
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competente de la comunidad autónoma para la obtención de la autorización de 
explotación o acta de puesta en servicio y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y/o 
certificado de la instalación térmica.
vi. Reportaje fotográfico de las actuaciones, infraestructuras, equipos e 
instalaciones principales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así 
como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre, de ser 
aplicable, el cartel publicitario de la actuación. Información y enlace al sitio de Internet del 
beneficiario/a, en caso de que disponga de uno, donde éste informará al público del 
apoyo obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una breve descripción de 
la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
vii. Informe que contenga:
vii.1.  Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar 
perjuicio significativo (principio do no significant harm – DNSH) a ninguno de los 
objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. En este caso, si la actuación no supera los 100 kW de potencia el 
beneficiario/a deberá presentar una declaración responsable de este cumplimiento. A 
estos efectos el IDAE podrá publicar guías que faciliten la elaboración de esta 
justificación.
vii.2.  Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de 
los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se 
presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, 
clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se 
indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables 
no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
vii.3.  justificación del cumplimiento de las medias de detección y mitigación 
correspondientes a la fase de ejecución y puesta en marcha contenidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental que se ha elaborado previamente.
2.º La memoria económica abreviada. Esta memoria económica incluirá, al menos:
i. El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en 
la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su 
caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto 
considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del 
reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas 
percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. 
Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder del 
beneficiario/a, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y 
relacionables con las facturas aportadas y deberán permitir identificar al beneficiario/a 
siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su 
nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al tercero que percibe 
las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos 
del beneficiario/a.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de 
justificación definido en la presente orden, con su correspondiente justificante, y no 
aceptándose pagos en metálico. La fecha de los justificantes de pago deberá ser, en 
todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
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ii. La relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones 
realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago y copia de los mismos. En el caso de existir contratación pública, 
relación certificada y copia de los contratos suscritos por el beneficiario/a para la 
realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del 
procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios 
de licitación y formalización de contratos, acuerdos del órgano de contratación. Se exime 
de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 
euros, de conformidad con lo establecido por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
iii. Asimismo, debe acreditar:
iii.1.  La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista 
de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y el 
mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión 
Europea, cuando le resulte de aplicación.
iii.2.  La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del 
análisis y comprobación de la justificación realizada por el beneficiario/a sobre dicho 
proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iii.3.  Que dispone de, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores en los 
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 
memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no 
haya recaído en la oferta económica más ventajosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
resuelve duodécimo.
iii.4.  El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas al beneficiario/a, 
de conformidad con lo establecido en la presente orden.
iii.5.  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las 
actuaciones incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la 
existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o 
finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de incentivos, de cualquier 
Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.
iv. Cuando el beneficiario/a sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir esta 
cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa con 
aportación de un informe de la Intervención General de la misma, en los mismos 
términos y condiciones que los establecidos anteriormente para la aportación de informe 
de auditor, cuando puedan ser de aplicación. En cualquier caso, si fuera preciso, se 
podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe anterior.
v. Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros, y de manera opcional, 
podrá sustituirse la cuenta justificativa con el informe de auditor previsto en este 
apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta orden, la normativa de aplicación y en las 
correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio 
significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los 
valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta 
cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por 
IDAE en su página web, y será suscrita por el beneficiario/a mediante el certificado de 
firma electrónica, debiendo acompañarse de la información y documentación que se 
establezca en la normativa de aplicación y las correspondientes convocatorias, formando 
parte integrante de la misma.
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b) Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, el 
beneficiario/a deberá presentar los siguientes documentos:
b.1.  Documentación justificativa de que el beneficiario/a es titular del número o 
números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos 
de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b.2. Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c) La acreditación por parte del beneficiario/a de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se 
sustituirá por la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano 
concedente. La presentación de la cuenta justificativa suscrita por el beneficiario/a 
incluirá autorización expresa del beneficiario/a para que el órgano concedente obtenga 
de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos. No obstante, el 
beneficiario/a podrá denegar expresamente el consentimiento a esta autorización al 
órgano concedente, debiendo aportar entonces certificado tributario de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social y certificado tributario de residencia fiscal. En caso 
de que no estuviesen habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas 
consultas, el órgano concedente requerirá al beneficiario/a la presentación de los 
correspondientes certificados tributarios de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social y certificado tributario de residencia fiscal.
d) Declaración responsable que acredite no concurra ninguna de las siguientes 
circunstancias:
– Haber sido condenados, como autores o como cómplices, mediante sentencia 
firme por la comisión de delito de los comprendidos en el capítulo III, del título XVI del 
Código Penal, en el plazo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria que se 
regula en el artículo 17 de esta Orden.
– Haber sido sancionados con carácter firme por falta muy grave por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en normas estatales, autonómicas o locales, en materia 
medioambiental, en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la convocatoria que 
se regula en el artículo 17 de esta Orden.
5. Toda la documentación justificativa será revisada durante el proceso de 
evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que 
sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y 
verificaciones in situ  si así lo considera el órgano concedente.
6. El beneficiario/a informará proactivamente sobre cualquier evento importante o 
imprevisto que pueda afectar a la consecución de los hitos y objetivos establecidos.
7. En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro 
correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo indicado 
en el artículo 28.
8. La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en 
ningún caso la aceptación de cualquier desviación existente con respecto a lo 
establecido en la resolución de concesión de subvención.
9. La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios/as, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho a su 
percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido 
hasta el momento.
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10.  El órgano instructor podrá requerir al beneficiario/a la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario/a 
obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
11.  El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto, 
quedando el beneficiario/a obligado a facilitarlas.
12.  El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que 
estime oportuno y/o, por otro, utilizar los servicios de empresas independientes 
especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para 
realizar la inspección y el seguimiento, control y verificación de las actuaciones 
aprobadas, no sólo en la fase final de comprobación, sino también en momentos 
intermedios, donde se pueda comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se 
conceden las ayudas así como todo lo relacionado con el procedimiento de control 
establecido.
13.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, 
podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años en 
general y de tres años en los casos en los que la financiación sea de un importe igual o 
inferior a 60.000 euros, a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para 
la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera de los 
documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para 
justificar la realización de las actuaciones y costes subvencionables necesarios para la 
ejecución de las actuaciones correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago 
de las mismas). El beneficiario está obligado a conservar dicha documentación por dicho 
periodo de tiempo.
Procederá, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del 
derecho a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el órgano 
concedente le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como 
un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
14.  Con independencia de lo anterior, el órgano Instructor podrá elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de pago de las ayudas y garantías
Artículo 23.  Pago de las ayudas concedidas.
1. El beneficiario/a recibirá la subvención correspondiente a la ayuda concedida, 
con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución de las actuaciones y se 
certifiquen los costes incurridos.
Si así se dispone en la convocatoria, podrá establecerse el pago anticipado de la 
totalidad o parte de la ayuda concedida, que será atendido en función de la 
disponibilidad presupuestaria, teniendo en consideración las garantías asociadas 
exigidas según lo expuesto en el artículo 25 de esta orden y las correspondientes 
convocatorias, en los términos y condiciones regulados en los artículos 42 y siguientes 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En el supuesto de incumplimientos imputables al beneficiario/a, que reduzcan la 
cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo 
abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en esta 
orden. El órgano concedente notificará al beneficiario/a las cantidades que deba 
reembolsar del anticipo percibido.
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En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico 
para solicitar el anticipo de la ayuda y la liquidación de las ayudas concedidas.
2. No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto la entidad beneficiaria 
no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia 
de reintegro.
Para tramitar el pago final de la ayuda deberán haberse entregado los documentos 
acreditativos de que las actuaciones del proyecto objeto de ayuda han sido 
efectivamente realizada en las condiciones impuestas por esta orden, la normativa de 
aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la 
resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin 
de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación 
de los costes subvencionables y la ejecución total de las actuaciones correspondientes.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente 
forma:
Pago final = Importe de ayuda correspondiente al gasto subvencionable justificado – 
importe los pagos anticipados de la ayuda concedida.
3. A la finalización del proyecto, y una vez realizada la correspondiente verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por esta orden, así como de las 
obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá 
certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será 
notificado por el órgano instructor a la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica 
del IDAE, otorgándose un plazo de diez días hábiles a ésta para formular alegaciones. 
Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se 
formulará por el órgano instructor certificación final definitiva de verificación, con la que 
se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y 
del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y 
como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta certificación final definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, 
así como cualquier otra información que la correspondiente convocatoria pudiera 
especificar.
4. En el caso de que si así se dispusiera en la convocatoria, si el beneficiario/a 
hubiera solicitado el pago anticipado de la ayuda, las garantías se liberarán, de oficio, 
tras la verificación final del proyecto, una vez acreditado el cumplimiento total de los 
objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada resulte igual a 
la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial del importe del 
cobrado en exceso, incrementado en los intereses que correspondan.
En el caso de que el importe de la ayuda que finalmente corresponda fuera inferior al 
anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario/a no 
efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la 
garantía asociada, por el importe que corresponda al importe cobrado en exceso más los 
intereses que correspondan.
Artículo 24.  Garantías para la participación en las convocatorias y ejecución del 
proyecto.
1. Procederá la constitución de garantías para la participación en las convocatorias, 
las cuales asegurarán que los proyectos a los que se les conceda una ayuda se ejecutan 
en los términos que se establezcan en las convocatorias.
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2. En la correspondiente convocatoria se establecerán las siguientes características 
de las garantías:
a. La descripción de la obligación garantizada, incluyendo el texto que ha de 
incorporarse a la garantía.
b. Importe garantizado.
c. Periodo de vigencia.
3. La garantía deberá ser constituida por el beneficiario ante la Caja General de 
Depósitos, bajo la modalidad de «Avales prestados por entidades de crédito o 
sociedades de garantía recíproca» conforme a la normativa de la citada Caja.
4. La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud de la 
participación en la convocatoria correspondiente.
5. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las 
garantías en la modalidad establecida en esta orden supondrá la imposibilidad de 
participar en las convocatorias.
6. Una vez se publique en la sede electrónica del IDAE la resolución de concesión, 
el IDAE procederá de oficio a la cancelación de la garantía de aquellas solicitudes que 
no hayan sido beneficiarias de ayudas.
Las garantías se liberarán tras la certificación final definitiva, si en ella se acredita el 
cumplimiento total de la ejecución de las instalaciones y condiciones del proyecto. En las 
convocatorias se podrán establecer criterios específicos de cumplimiento de los 
proyectos para que las garantías sean liberadas.
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra 
totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación final definitiva prevista en esta 
orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía 
que corresponda.
7. En caso de incumplimiento de la ejecución de las instalaciones y condiciones del 
proyecto o de los criterios específicos de cumplimiento establecidos en la 
correspondiente convocatoria, se procederá a la incautación de la garantía mediante 
resolución de la Dirección General del IDAE, que será notificada al Beneficiario y la Caja 
General de Depósitos.
Artículo 25.  Garantías relativas a los pagos anticipados.
1. Procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice 
un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios/as, salvo en los supuestos contemplados por el artículo 42.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Previo al abono del anticipo por la entidad concedente, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor de la 
misma.
2. El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
3. La garantía deberá ser constituida por el beneficiario/a.
4. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, bajo la 
modalidad de «Avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía 
recíproca» conforme a la normativa de la citada Caja.
5. La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
El período de vigencia de la garantía será como mínimo por el plazo máximo de 
finalización de los proyectos más un periodo de dieciocho meses que podrá ser 
modificado por la propia convocatoria.
6. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las 
garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al 
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beneficiario/a, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del 
proyecto.
7. Las garantías sobre la subvención se liberarán tras la certificación final definitiva, 
si en ella se acredita el cumplimiento total de la ejecución de las actuaciones y 
condiciones del proyecto o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda 
correspondiente.
Una vez acreditado por el beneficiario/a de la ayuda que el proyecto se encuentra 
totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación final definitiva prevista en esta 
orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía 
que corresponda.
En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera 
inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el 
beneficiario/a no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la 
incautación de la garantía asociada.
8. En caso de otros incumplimientos y, previo el oportuno procedimiento de 
reintegro, si el beneficiario/a no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la 
incautación de la garantía que corresponda.
CAPÍTULO V
Gestión, seguimiento e incumplimiento de condiciones
Artículo 26.  Gestión y seguimiento.
1. El órgano concedente en el ámbito de sus competencias, garantizará la 
adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los 
expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y 
comprobación de las mismas.
2. Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, 
que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto social y 
económico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación de 
cuantas comisiones estimen necesario.
3. El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las 
convocatorias.
4. Se podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una minoración de la 
ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento pongan de 
manifiesto una modificación de los parámetros tenidos en cuenta para la resolución de la 
ayuda
5. Las convocatorias podrán especificar el cumplimiento de hitos de control 
intermedios.
Artículo 27.  Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en 
materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previsto por las 
disposiciones nacionales y de la Unión Europea en relación al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su 
normativa de desarrollo.
Artículo 28.  Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones 
establecidas en las resoluciones de concesión, se procederá a iniciar el procedimiento 
para, en su caso, la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a la percepción de la 
ayuda correspondiente.
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2. Se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la percepción 
total de la ayuda otorgada en aquellos casos en los que se ejecute el proyecto 
subvencionable con manifiesto incumplimiento de los requisitos establecidos o cuando 
no se ejecute, al menos, un 50% de la potencia comprometida que permita, conforme 
proceda según la solicitud, la producción de calor, generación de energía eléctrica, 
cogeneración de alta eficiencia o depuración hasta biometano para uso en transporte, 
inyección a red, usos térmicos distintos del transporte, para su transformación en otros 
productos con destino energético o la producción de biogás para uso en cogeneración 
eléctrica de alta eficiencia existente y que lo ejecutado tuviera utilidad propia y permita la 
evaluación de su viabilidad. La suma de todas las potencias de cada una de los equipos 
de aplicación energética de las opciones anteriores, así como la inversión finalmente 
ejecutada determinará la ayuda a percibir para el conjunto del proyecto. Caso de no 
haberse ejecutado un mínimo del 50% de la actuación comprometida, procederá la 
pérdida del derecho al cobro de la ayuda por incumplimiento total del objetivo que 
fundamentó la concesión de la ayuda.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el párrafo anterior también dará 
lugar a la incautación de las garantías establecidas en los artículos 24 y 25.
3. Podrá dar lugar, así mismo, a la pérdida total o parcial del derecho al cobro o el 
reintegro de la ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las 
administraciones correspondientes (Intervención General de la Administración del 
Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea), que concluya con la necesidad de 
devolución total o parcial de la ayuda concedida, basado en cualquier incumplimiento de 
la normativa de aplicación a las mismas, así como, en caso de incumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», y de las 
condiciones recogidas en la medida, en cuyo caso el beneficiario/a final deberá 
reintegrar las cuantías percibidas que pudieran determinarse por los organismos 
competentes.
4. Cuando la reducción de la ejecución del presupuesto total sea consecuencia de 
una reducción de los costes derivada de las licitaciones en el proceso de contratación de 
las actuaciones del proyecto, se procederá al ajuste automático correspondiente de la 
ayuda a percibir o, en su caso, a exigir el reintegro de las cantidades percibidas en 
exceso. Las correspondientes convocatorias podrán establecer los casos adicionales y la 
forma en que el presupuesto total del proyecto podrá ser ajustado.
5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 7, 
así como de las obligaciones adicionales que pudieran establecerse en la convocatoria, 
podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida, 
según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
6. El incumplimiento de la obligación de comunicar la obtención de otras 
subvenciones o ayudas públicas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o la 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la 
ayuda obtenida por las actuaciones y no notificada al IDAE.
7. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por esta orden, 
la normativa de aplicación y, en su caso, la convocatoria correspondiente dará lugar a la 
exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total de la 
ayuda correspondiente.
Artículo 29.  Protección de datos de carácter personal.
Será de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta, como título competencial prevalente, al amparo de lo dispuesto 
en la regla 15.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre fomento y coordinación general de la investigación 
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científica y técnica. También se dicta conforme a las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del mismo 
precepto constitucional, que atribuyen, asimismo, al Estado las competencias sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y bases del 
régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Instrucciones de cumplimiento.
El órgano instructor, en el ámbito de sus competencias, podrá emitir cuantas 
instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de esta orden y 
las respectivas convocatorias y para la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
objeto de ayuda y certificación de los costes subvencionables correspondientes.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2022.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 26 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 107361
cve: BOE-A-2022-12470
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