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Núm. 214  Martes 4 de septiembre de 2018  Sec. I.   Pág. 86686
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12131 Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en 
materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de 
nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad 
uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea 
somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor 
político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados 
miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del 
escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de 
transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada 
(artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).
España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en 
los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, 
en estos momentos se da un retraso en la transposición de algunas directivas, que 
requieren una norma con rango de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico 
interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 
del TFUE.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir 
a la aprobación de un Real Decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que 
permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.
Finalmente, en lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra 
el Reino de España», debe tenerse en cuenta que pese al carácter opcional previsto en el 
artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación 
de 13 de diciembre de 2016, «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de 
manera sistemática la suma a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la 
suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la 
infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un procedimiento de 
infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo.
Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva 
práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación 
de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de 
enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder 
a la transposición antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, para 
evitar así un procedimiento judicial que finalizaría mediante una sentencia que declare el 
incumplimiento por parte del Reino de España de las obligaciones que le impone el 
Derecho de la Unión.
En cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, 
cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero, 
señala que el Real Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar 
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coyunturas económicas problemáticas, y en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la 
concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del 
artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» 
y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». En los 
sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en 
cada uno de los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.
II
El Título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas 
de la transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los 
trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos complementarios de pensión.
Tomando como base el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que establece la libertad de circulación de los trabajadores, la Directiva 
2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, pretende reducir los obstáculos a la movilidad de los 
trabajadores entre Estados miembros creados por determinadas normas relativas a los 
regímenes complementarios de pensión para la jubilación vinculados a una relación 
laboral. Con este fin, la Directiva limita los periodos de espera y de adquisición de derechos 
que se requieran en dichos regímenes complementarios de pensión, fija un límite en 
relación con la edad mínima para adquirir los correspondientes derechos, regula el 
reembolso de las primas o aportaciones realizadas en caso de cese de la relación laboral 
antes de adquirirse derechos, establece el mantenimiento de los derechos que se hubiesen 
adquirido cuando dicho cese tiene lugar, e impone obligaciones de información a los 
trabajadores sobre las condiciones de adquisición, el importe de los derechos adquiridos 
y el tratamiento de estos a partir del cese de la relación laboral.
La transposición al ordenamiento español de la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril 
de 2014, exige modificar la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre. Dicha disposición adicional establece la obligación de 
instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los 
compromisos por pensiones asumidos por las empresas con los trabajadores vinculados 
a determinadas contingencias, entre ellas la jubilación, al tiempo que establece las 
condiciones básicas de los seguros aptos para tal finalidad. En el caso de seguros 
colectivos, modalidad en la que las primas abonadas por la empresa no se imputan 
fiscalmente a los trabajadores, las condiciones de adquisición y mantenimiento de 
derechos en caso de cese de la relación laboral dependen en la actualidad de los términos 
de los convenios colectivos o disposiciones equivalentes en los que se establecen los 
compromisos por pensiones.
El Título I modifica el citado texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, en concreto la citada disposición adicional primera para introducir las 
previsiones de la norma europea en cuanto a la limitación de los requisitos de edad y de 
los periodos de espera y adquisición de derechos, la conservación de derechos adquiridos 
en caso de cese de la relación laboral y las obligaciones de información a los trabajadores 
sobre tales aspectos.
Si bien la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, es aplicable, como se ha 
dicho, a los trabajadores que cesan la relación laboral y se desplazan a otros Estados 
miembros, en la transposición a la legislación española se ha optado, sin embargo, por 
extender su aplicación a todos los trabajadores, haciendo uso de la habilitación establecida 
en el considerando 6 de la propia Directiva para que los Estados miembros puedan ampliar 
la extensión de su ámbito de aplicación a quienes se desplacen dentro del mismo Estado 
miembro.
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La transposición de la citada Directiva se completa con normas que regulan el régimen 
de información a los trabajadores en caso de cese de la relación laboral con anterioridad 
a la jubilación, así como el régimen del tratamiento futuro de los derechos adquiridos una 
vez producido dicho cese.
Por último, en el referido texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, se añaden dos disposiciones transitorias nuevas, novena y décima. En la 
disposición transitoria novena se regula la cuantía mínima de los derechos adquiridos en 
caso de cese de la relación laboral por causa distinta de la jubilación habiendo adquirido 
derechos, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de 
la Directiva, ésta se aplicará sólo a los periodos de empleo que transcurran desde el 21 de 
mayo de 2018 (fecha límite para la transposición de la Directiva); también prevé, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.a) de la Directiva objeto de transposición, 
que, en el caso de compromisos por pensiones que a 20 de mayo de 2014 (fecha de 
entrada en vigor de la Directiva) hubiesen dejado de incluir nuevos trabajadores y 
permanezcan cerrados a nuevos trabajadores, será aplicable el régimen de adquisición de 
derechos que tuvieren estipulado; finalmente establece unos períodos para que las 
entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones adapten sus 
procedimientos para cumplir con las nuevas obligaciones de información, así como para la 
inclusión expresa de determinados contenidos, en su caso, en los contratos de seguro y 
las especificaciones y bases técnicas de los planes de pensiones, sin perjuicio de la 
aplicación efectiva de los derechos establecidos en la disposición adicional primera del 
propio texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones en la 
redacción dada por este real decreto-ley. La disposición transitoria décima establece que 
la aplicación de las modificaciones introducidas por este real decreto-ley no podrá suponer 
reducción de derechos adquiridos con anterioridad, ni menoscabo del derecho a la 
información, ni el establecimiento de condiciones de adquisición menos favorables que las 
estipuladas antes de su entrada en vigor.
La transposición de la Directiva 2014/50/UE mediante este real decreto-ley viene 
motivada por el vencimiento del plazo para la trasposición, ya que, de acuerdo con el 
artículo 8 de la Directiva, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
misma a más tardar el 21 de mayo de 2018, o garantizarán que, a más tardar en dicha 
fecha, los interlocutores sociales hayan introducido por convenio las disposiciones 
necesarias. Considerando que la alternativa normativa es más efectiva para cumplimentar 
el deber de transposición y ofrece mayor seguridad jurídica, se estima adecuado dictar una 
norma con rango de ley dado que, a consecuencia de la transposición, se crean derechos 
para los trabajadores y obligaciones para las empresas, así como para las entidades 
aseguradoras en los seguros colectivos que instrumentan los compromisos por pensiones 
referidos a la jubilación.
La Directiva 2014/50/UE prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos 
en favor de los trabajadores que cesan la relación laboral antes de la jubilación a partir 
del 21 de mayo de 2018, fecha límite para la transposición. La falta de reconocimiento 
legal de ese derecho a 21 de mayo de 2018 genera una situación de incertidumbre e 
inseguridad jurídica que compromete seriamente los derechos de los trabajadores, sus 
oportunidades laborales y su libertad fundamental a la libre circulación reconocida en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y distorsiona la integración del mercado 
laboral español en el Mercado Interior y, en definitiva, la eficiencia del mercado de trabajo. 
La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la iniciación por la 
Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción n.º 2018/0162.
Por consiguiente, concurren razones que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad requerida por el artículo 86.1 de la Constitución para transponer la Directiva sin 
más demora mediante el presente real decreto-ley.
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III
El Título II, que comprende el artículo segundo, contiene las modificaciones derivadas 
de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de 
la Comisión (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo).
El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
vigente en España, fue objeto de una profunda modificación con la aprobación de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo. Esta norma, modificada parcialmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fue posteriormente 
completada con la publicación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 
aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este conjunto normativo permitió, en primer lugar, incorporar al Derecho español las 
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de febrero de 2012. Pero 
además, estas dos reformas supusieron la implementación anticipada de gran parte de los 
contenidos de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015. Y ello porque la 
normativa de la Unión se inspira directamente en las Recomendaciones del GAFI a la hora 
de fijar la regulación armonizada sobre esta materia.
No obstante, y aunque la mayoría de obligaciones de la Directiva (UE) 2015/849, de 
20 de mayo se originan en los estándares del GAFI, la norma europea va más allá en 
algunos aspectos. Establece así obligaciones adicionales, como la obligación de licencia 
o registro de los prestadores de servicios a sociedades –habiéndose optado por la de 
registro, por su mayor economía y facilidad–, o armonizando aspectos que en las 
Recomendaciones del GAFI no se detallan, como el importe máximo posible de las 
sanciones a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevención.
Dentro de las modificaciones derivadas de la trasposición de los elementos pendientes 
de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, destacan especialmente las cuestiones 
atinentes al régimen de sanciones en sentido amplio. Así, se incrementan los importes 
máximos de las sanciones, en línea con lo dispuesto por la Directiva, aunque se mantienen 
los importes mínimos, al no existir armonización en ese punto y considerarse adecuado el 
mantenimiento de ese importe mínimo para garantizar la correcta aplicación de la norma.
Por lo que se refiere a la publicidad de las sanciones, si bien la normativa española ya 
contemplaba la opción de publicidad en el caso de infracciones graves y muy graves, se 
incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas, en 
el caso de que no se acuerde la publicación.
Otro aspecto de la Directiva (UE) 2015/849 que se orienta a la mejora de la supervisión 
y sanción de las infracciones de la normativa de prevención es el establecimiento de los 
canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados 
de la ley. Los sujetos obligados deberán contar con canales específicos para la denuncia 
interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad 
aprobados para dar cumplimiento a aquélla. De forma paralela, se crearán canales de 
denuncia a la Administración de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de 
las exigencias de la normativa administrativa de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo.
Asimismo, esta norma revisa el régimen aplicable a las personas con responsabilidad 
pública. El sistema de la norma de 2010, siguiendo el enfoque del GAFI, se basaba en la 
diferenciación de estas personas en dos grandes grupos.
En primer lugar, las personas con responsabilidad pública extranjeras eran siempre 
objeto de la aplicación de las medidas de diligencia reforzada previstas por la ley por su 
falta de vinculación con nuestro país y las dificultades de acceso a información sobre las 
mismas. Por otro lado, las personas con responsabilidad pública nacionales eran objeto de 
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un enfoque adaptado caso por caso, dependiendo de la persona concreta y sus funciones, 
y del producto que contratara, la aplicación o no de estas medidas o el grado de las 
mismas.
Con la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, este régimen se unifica, considerando 
a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras, 
merecedoras de la aplicación de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso.
En lo que se refiere al recurso al Real Decreto-ley como instrumento de transposición, 
cabe señalar, en primer lugar, que viene motivado por el vencimiento del plazo para la 
transposición de la Directiva 2015/849/UE. De acuerdo con su artículo 67, los Estados 
miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella a más tardar el 26 de junio 
de 2017.
En segundo término, por lo que se refiere a la concreta situación que se trata de 
regular, es preciso garantizar la plena vigencia de la Directiva al objeto de salvaguardar la 
eficacia de la lucha contra los flujos de origen ilícito.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de los innegables 
riesgos sociales que plantean, generan también riesgos económicos y financieros. 
Particularmente, el blanqueo de capitales puede afectar y distorsionar los movimientos 
financieros y reales, al realizar una asignación de recursos que no se basa en 
consideraciones económicas o de beneficio, sino que responde a otros intereses. Junto a 
ello, este tipo de actividades delictivas implican riesgos de reputación muy importantes, 
tanto para las entidades individualmente consideradas, como para el sistema financiero 
nacional en su conjunto. Unos riesgos que deben ser mitigados con la mayor celeridad.
La norma se orienta a perfeccionar los instrumentos y mecanismos que deben 
implementar los sujetos obligados por la Ley, de cara a prevenir eficazmente el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo. Ambas actividades ilícitas se caracterizan por 
evolucionar y adaptarse a los diferentes mecanismos de control y prevención desplegados, 
por lo que la rápida adecuación de la norma a este escenario cambiante es un elemento 
fundamental de eficacia del sistema. Pero no basta, desde luego, con adoptar normas 
adecuadas, sino que esas normas deben cumplirse plenamente por los obligados a ello. A 
este fin, es necesario arbitrar, con la mayor celeridad, los cambios orientados a reforzar los 
mecanismos y sistemas de garantía del cumplimiento.
En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento formal de infracción 
n.º 2017/0527 por falta de comunicación de las medidas de transposición de la Directiva 
2015/849/UE (en la actualidad se encuentra en fase de dictamen motivado).
Por consiguiente, concurren en la medida que se adopta, por su naturaleza, finalidad 
y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
IV
El Título III comprende los artículos tercero y cuarto. El artículo tercero contiene la 
modificación que incorpora al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de 
entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, 
estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos 
educativos y colocación au pair .
Las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2014 fijaron como una de las 
prioridades políticas de la Unión Europea el tratar de «seguir siendo un destino atractivo 
para las personas con talento y capacidad». Posteriormente, la Agenda Europea de 
Migración, publicada el 13 de mayo de 2015, consideró la aprobación de una norma en los 
términos de la hoy Directiva (UE) 2016/801 como uno de los instrumentos fundamentales 
para la construcción de una Europa atractiva para los estudiantes, investigadores y en 
general para atraer talento y emprendimiento extranjero.
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Con estos antecedentes, y de acuerdo con la nueva concepción de la política migratoria 
de la Unión Europea, en la que la migración legal, y especialmente la cualificada, se 
entienden como factores coadyuvantes del crecimiento y de la creación de empleo, la 
Directiva tiene como objetivo mejorar la posición de la Unión Europea en la competencia 
mundial por atraer talento y promoverla como centro mundial de excelencia para estudios 
y formación, mediante la supresión de barreras migratorias y mejores oportunidades de 
movilidad y empleo.
Para ello establece unas condiciones armonizadas de entrada y residencia en la Unión 
Europea de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas 
o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo, de obligada transposición; y otras para 
voluntarios fuera del Servicio Voluntario Europeo, alumnos y au pairs , de carácter 
potestativo para los Estados miembros.
Cabe señalar que buena parte de las disposiciones de la Directiva ya se encuentran 
recogidas en nuestro ordenamiento jurídico: bien en la sección de movilidad internacional 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización; bien en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Concretamente, la alineación de objetivos entre la Directiva (UE) 2016/801 y la sección 
de movilidad internacional de la Ley 14/2013 determina que la incorporación de los 
aspectos imperativos de la norma comunitaria aún no presentes en el ordenamiento 
español y cuya regulación requiere norma de rango legal sean transpuestos a través de la 
modificación de esta ley. En concreto:
Se modifica el artículo 72, para prever una autorización de residencia para los 
investigadores incluidos en el ámbito subjetivo en la Directiva, que tendrán derecho a la 
movilidad dentro de la Unión Europea prevista en la norma comunitaria; manteniendo para 
otros investigadores, al amparo de la habilitación dada por el considerando 29 de la 
Directiva, la autorización ya existente en nuestro ordenamiento, que no dará acceso a 
dicha movilidad.
Se posibilita, además, al investigador, una vez finalizada la actividad investigadora, la 
permanencia en nuestro país durante un tiempo limitado para la búsqueda de empleo o 
para emprender un proyecto empresarial, en línea con el artículo 25 de la Directiva.
Se modifica el artículo 75.4, transponiendo lo previsto en el artículo 18 de la Directiva, a 
los efectos de posibilitar la expedición de visados de residencia de validez inferior a un año.
Se modifica el artículo 76, estableciéndose como preceptiva la tramitación electrónica 
de las autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en atención a lo previsto en el artículo 34 de la Directiva.
Se introduce una disposición adicional decimoséptima, en línea con el artículo 25 de la 
norma comunitaria, para que los estudiantes internacionales que ya han finalizado sus 
estudios en España puedan acceder a una autorización de residencia para la búsqueda de 
empleo o para emprender un proyecto empresarial.
Se introduce una disposición adicional decimoctava, que prevé una autorización de 
residencia para participar en un programa de prácticas para los extranjeros que hayan 
obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud 
o que estén realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación 
superior, tal y como se define en los artículos 3 y 13 de la Directiva.
Se introduce una disposición adicional decimonovena, relativa a las tasas, de acuerdo 
con el artículo 36 de la Directiva.
Se añade una nueva disposición final decimotercera para recoger que en lo no previsto 
en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en relación con la movilidad internacional, será de 
aplicación la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su integración social.
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El artículo cuarto del real decreto-ley tiene por objeto la modificación del Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los artículos 
de la Directiva sobre los aspectos procedimentales de la autorización prevista para los 
estudiantes internacionales, tanto en su primera admisión como en el caso de la 
intramovilidad UE, y para adaptar la exigencia de requisitos a los voluntarios a lo 
establecido por la Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo. 
Sobre esta modificación del reglamento es preciso señalar que, pese a efectuarse 
mediante un Real Decreto-ley, su rango no queda congelado, manteniendo carácter 
reglamentario. En concreto:
Se modifica el apartado 3 del artículo 37, para adaptar la duración de la autorización al 
artículo 18.1 de la Directiva sobre la duración de la autorización, cuando los estudios se 
desarrollen en una institución de enseñanza superior y conduzcan a la obtención de un 
título de educación superior.
Se modifica el artículo 38, relativo a los requisitos para obtener el visado y/o 
autorización de estancia por estudios, a los efectos de prever el acceso a la situación de 
estancia por estudios a través de la concesión de una autorización sin visado previo, a 
extranjeros que se hallen regularmente en España; así como para incorporar al 
ordenamiento español la exención del requisito de contar con un seguro de responsabilidad 
civil que dé cobertura a la labor del voluntario, en el caso de que dicha labor sea realizada 
en el marco del Servicio Voluntario Europeo, prevista en el artículo 14.1.c) de la Directiva.
Se modifica el artículo 39, con el objetivo de simplificar los procedimientos y trámites, 
de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 7 de la Directiva. Y se añade un nuevo 
apartado 8 para permitir que la solicitud de autorizaciones de estancia por estudios UE 
también pueda ser presentada por la institución de educación superior en la que el 
estudiante va a cursar estudios; así como la posibilidad de tramitación colectiva de 
autorizaciones.
Por último, se modifica el artículo 44, relativo a la movilidad dentro de la Unión 
Europea, para adaptarlo a lo previsto en el artículo 31 de la Directiva.
La disposición derogatoria única del real decreto-ley deroga el artículo 38 bis de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, que según lo establecido en la disposición final cuarta de 
dicha ley no tiene naturaleza orgánica, así como el Capítulo IV del Título IV, que comprende 
los artículos 73 a 84, del Reglamento de dicha Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, que transponían a nuestro ordenamiento la Directiva 2005/71/CE, 
relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a 
efectos de investigación científica, que queda derogada por la Directiva (UE) 2016/801.
El 23 de mayo de 2018 finalizó el plazo para transponer la Directiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016. Dicho plazo de transposición 
hace imposible culminar la tramitación de las disposiciones normativas necesarias para 
dar cumplimiento a la obligación de transposición antes de dicha fecha. Ante el 
incumplimiento del plazo para transponer y la gravedad de las consecuencias de acumular 
un retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de dicha Directiva, resulta 
necesario acudir a la aprobación de un Real Decreto-ley para proceder a su transposición. 
La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la iniciación por la 
Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción n.º 2018/0166.
Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
V
El Título IV, que comprende el artículo quinto, modifica parcialmente el artículo 12 de 
la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de 
las transacciones económicas con el exterior, con el objeto de elevar el plazo máximo a un 
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año para la resolución de los expedientes sancionadores afectados por dicha Ley, en vez 
de los tres meses previstos de forma genérica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La justificación de esta modificación viene motivada en la alteración sufrida en los 
plazos de resolución de los expedientes sancionadores instruidos al amparo de esta ley, al 
verse afectados por lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 21 de la citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, con carácter general, establecen que el plazo máximo 
para notificar la resolución expresa será de tres meses cuando las normas reguladoras de 
los procedimientos no fijen plazo máximo.
Es relevante indicar que todos los restantes procedimientos sancionadores en materia 
de movimientos de capitales y de transacciones económicas con el exterior atribuidos a la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se 
encuentran regulados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, la cual establece un plazo máximo de 
resolución de un año (es el caso de los expedientes sancionadores por ausencia de 
declaración de movimientos de capitales en frontera, por movimientos de efectivo en 
territorio nacional sin declaración o por infracciones a las obligaciones en materia de 
prevención de BC/FT).
De este modo, el procedimiento sancionador que nos ocupa se refiere a las infracciones 
sobre las declaraciones de movimientos en cuentas corrientes en el extranjero y de 
inversiones españolas en el exterior (o viceversa) cuyo conocimiento debe ser garantizado, 
y que se encuentra regulado, a diferencia de los demás, en una ley especial, la 
Ley 19/2003, de 4 de julio, que en su artículo 12 establece cuáles son las autoridades 
competentes para su incoación, instrucción y resolución, pero no establece, sin embargo, 
plazo máximo de resolución de los expedientes, por lo que este queda incluido en la 
previsión genérica establecida en el artículo 21 de la Ley 39/2015.
La necesidad de una inmediata ampliación del plazo está motivada en que el actual 
plazo de tres meses y el hecho de que este procedimiento sancionador requiere de 
numerosos pasos e informes preceptivos en su proceso de instrucción imposibilitan su 
tramitación en plazo, lo cual es especialmente grave si se tiene en cuenta la relevancia de 
la materia y el volumen de expedientes sancionadores surgidos al amparo de esta ley (hay 
más de 40 expedientes pendientes de incoación en este momento). Todo ello justifica sin 
duda la urgencia de la ampliación por ley de este plazo.
Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
VI
Finalmente, el Título V, que comprende el artículo sexto, procede a la modificación de 
la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según ésta, el 2 de octubre 
de 2018, entrarán en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico 
de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto 
de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, suponen un cambio fundamental para las Administraciones 
Públicas en España, ya que establecen que la relación electrónica es la vía principal de 
tramitación de los procedimientos administrativos, lo que debe conducir a una 
administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las 
empresas. La exigencia de una adaptación paulatina a este nuevo paradigma administrativo 
fue prevista por el legislador al determinar en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, un calendario específico de entrada en vigor de las novedades antes 
relacionadas y que son especialmente trascendentes.
Sin embargo, la vacatio legis  plasmada en dicha disposición final séptima se ha 
revelado insuficiente en la práctica para contar de forma simultánea con las condiciones 
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que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos 
perseguidos por ambas leyes.
La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de 
gestión óptimos, exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de 
madurez necesaria para dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad 
de las Administraciones Públicas.
Así, el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos 
técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, 
los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los registros generales y archivos, 
debe adaptarse a lo señalado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, 
de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones públicas 
competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con 
sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de 
los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, 
que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias.
En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente 
previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real 
decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento 
de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de 
los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la 
tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que 
persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Por todas las razones anteriores, se juzga urgente y necesario ampliar en dos años el 
plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la 
Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, 
el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la 
Administración y el archivo electrónico, para garantizar que los operadores jurídicos, los 
ciudadanos y las Administraciones Públicas puedan ejercer plenamente sus derechos con 
plena seguridad jurídica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario está 
comenzando a proporcionarles.
Esta ampliación del plazo permitirá de forma coordinada completar todos los aspectos 
jurídicos, organizativos, procedimentales y técnicos que compatibilicen la garantía plena 
del ejercicio de los derechos y la validez jurídica de los procedimientos, junto con el respeto 
del marco de distribución de competencias que consagra la reciente Sentencia del Tribunal 
Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, antes citada.
Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El real 
decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de 
transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta pública, ni el trámite de audiencia 
e información públicas tal y como excepciona el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio de eficiencia, si bien supone 
un aumento de las cargas administrativas, éstas son imprescindibles y en ningún caso 
innecesarias.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se 
dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
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Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Ministro del Interior, de la Ministra 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, de la Ministra de Economía y Empresa y del Ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 31 de 
agosto de 2018,
DISPONGO:
TÍTULO I
Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de protección 
de los compromisos por pensiones con los trabajadores
Artículo primero.  Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en los 
siguientes términos:
Uno.  La disposición adicional primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional primera. Protección de los compromisos por pensiones con 
los trabajadores .
1. Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las 
prestaciones causadas, deberán instrumentarse, desde el momento en que se inicie 
el devengo de su coste, mediante contratos de seguros, incluidos los planes de 
previsión social empresariales y los seguros colectivos de dependencia, a través de 
la formalización de un plan de pensiones o varios de estos instrumentos. Una vez 
instrumentados, la obligación y responsabilidad de las empresas por los referidos 
compromisos por pensiones se circunscribirán exclusivamente a las asumidas en 
dichos contratos de seguros y planes de pensiones.
A estos efectos, se entenderán por compromisos por pensiones los derivados de 
obligaciones legales o contractuales del empresario con el personal de la empresa 
y vinculados a las contingencias establecidas en el artículo 8.6. Tales pensiones 
podrán revestir las formas establecidas en el artículo 8.5 y comprenderán toda 
prestación que se destine a la cobertura de tales compromisos, cualquiera que sea 
su denominación.
Tienen la consideración de empresas no sólo las personas físicas y jurídicas 
sino también las comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de 
personalidad jurídica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores los 
compromisos descritos.
2. Para que los contratos de seguro puedan servir a la finalidad referida en el 
apartado anterior habrán de satisfacer los siguientes requisitos:
a) Revestir la forma de seguro colectivo sobre la vida, plan de previsión social 
empresarial o seguro colectivo de dependencia, en los que la condición de 
asegurado corresponderá al trabajador y la de beneficiario a las personas en cuyo 
favor se generen las pensiones según los compromisos asumidos.
b) En dichos contratos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 
97 y 99 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
c) Los derechos de rescate y reducción sólo podrán ejercerse al objeto de 
mantener en la póliza la adecuada cobertura de sus compromisos por pensiones 
vigentes en cada momento o a los exclusivos efectos de la integración de los 
compromisos cubiertos en la póliza en otro contrato de seguro, en un plan de 
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previsión social empresarial o en un plan de pensiones. En este último caso, la 
nueva aseguradora o el plan de pensiones asumirá la cobertura total de los referidos 
compromisos por pensiones.
d) Deberán individualizarse las inversiones correspondientes a cada póliza en 
los términos que se establezcan reglamentariamente.
e) La cuantía del derecho de rescate no podrá ser inferior al valor de realización 
de los activos que representen la inversión de las provisiones técnicas 
correspondientes. Si existiese déficit en la cobertura de dichas provisiones, tal déficit 
no será repercutible en el derecho de rescate, salvo en los casos que 
reglamentariamente se determinen. El importe del rescate deberá ser abonado 
directamente a la nueva aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre 
el nuevo plan de pensiones.
Será admisible que el pago del valor del rescate se realice mediante el traspaso 
de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes 
cambios de titularidad.
3. En los contratos de seguro cuyas primas hayan sido imputadas a los sujetos 
a los que se vinculen los compromisos por pensiones deberán preverse, de acuerdo 
con las condiciones pactadas en el compromiso, los derechos económicos de los 
sujetos en los casos en que se produzca la cesación de la relación laboral previa al 
acaecimiento de las contingencias previstas en esta normativa o se modifique el 
compromiso por pensiones vinculado a dichos sujetos.
4. En los compromisos por pensiones asegurados referidos a la jubilación sin 
imputación fiscal al trabajador de las primas abonadas por la empresa, cuando el 
compromiso o la póliza prevean la adquisición de derechos económicos por el 
trabajador antes de la jubilación, correspondientes a la cobertura de esta 
contingencia, en caso de cese de la relación laboral del trabajador asegurado serán 
de aplicación las condiciones de adquisición de derechos estipuladas, las cuales 
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a) En caso de que se estipule un período mínimo de espera para la 
incorporación al contrato de seguro o un período mínimo para la adquisición de 
derechos en el mismo, o ambos, el período total combinado no podrá superar los 
tres años.
Cuando se fije una edad mínima para la adquisición y consolidación de derechos 
de pensión, dicha edad no excederá de 21 años.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de la exigencia 
de otras condiciones para la adquisición de derechos estipuladas en los convenios 
colectivos u otros acuerdos de naturaleza colectiva que establezcan compromisos 
por pensiones.
b) En caso de cese de la relación laboral por causa distinta de la jubilación 
habiendo adquirido derechos, éstos no podrán ser inferiores al valor de los derechos 
de rescate o reducción derivados de las primas para la contingencia de jubilación 
abonadas por la empresa y de las primas abonadas por el propio trabajador.
No obstante, de acuerdo a lo previsto en el compromiso y en la póliza, para el 
supuesto de incapacidad o fallecimiento del trabajador podrá estipularse la 
sustitución de los citados derechos por las prestaciones aseguradas por dichas 
contingencias.
c) Los trabajadores que cesen en la relación laboral sin reunir los requisitos 
previstos en la letra a) de este apartado y sin haber adquirido derechos derivados 
de primas abonadas por la empresa, podrán solicitar el reembolso de las primas 
abonadas para la jubilación por el propio trabajador o el valor de realización de los 
activos de la póliza correspondientes a dichas primas.
5. En caso de cese de la relación laboral de los trabajadores asegurados, los 
derechos económicos adquiridos se podrán mantener en el contrato de seguro o, en 
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su caso, movilizarse a otro contrato de seguro o plan de pensiones, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente.
El contrato de seguro deberá especificar el criterio de valoración de los derechos 
económicos adquiridos al tiempo del cese y durante su mantenimiento en el seguro 
tras el cese. De acuerdo con lo establecido en el compromiso por pensiones o en la 
póliza, el tratamiento de los derechos económicos adquiridos que se mantengan en 
el seguro podrá ser, entre otros, conforme a los derechos de los asegurados activos, 
o ajustándose con un tipo de interés establecido en el régimen complementario de 
pensiones o por el rendimiento de las inversiones correspondientes a dicho régimen, 
de conformidad con el sistema financiero y actuarial utilizado.
En los seguros que prevean la atribución de derechos económicos a los 
trabajadores en caso de cese de la relación laboral antes de la jubilación, una vez 
producido el cese, se calculará el valor de los derechos adquiridos en el momento 
del cese de la relación laboral y el trabajador deberá recibir información relativa a 
sus derechos económicos adquiridos y el tratamiento que se les dará en el futuro, o 
en su caso, se le informará sobre la posibilidad de reembolso de las primas 
abonadas para la jubilación por el propio trabajador de acuerdo con lo establecido 
en la letra c) del apartado 4.
Las especificaciones de los planes de pensiones del sistema de empleo y en su 
caso, la base técnica, deberán determinar el tratamiento de los derechos 
consolidados con posterioridad al cese de la relación laboral durante su 
mantenimiento en el plan de pensiones, atendiendo al sistema financiero y actuarial 
utilizado en el plan de pensiones.
6. En los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones 
de jubilación, distintos de los planes de previsión social empresarial, el trabajador 
asegurado podrá solicitar información relativa a su situación individualizada respecto 
de los siguientes elementos:
a) Pago de primas y su importe, y los rescates y reducciones efectuadas que 
le afecten.
b) Condiciones de adquisición de los derechos y las consecuencias de la 
aplicación de dichas condiciones al cesar la relación laboral.
c) Valor de sus derechos económicos adquiridos o una estimación de los 
mismos efectuada como máximo doce meses antes de la fecha de la solicitud.
d) Condiciones que rigen el futuro trato que se dará a los derechos en caso de 
cese de la relación laboral.
Los asegurados que hayan cesado la relación laboral y mantengan derechos 
económicos también podrán solicitar la información prevista en las letras c) y d).
La información individualizada a que se refieren los párrafos anteriores deberá 
ser suministrada por la entidad aseguradora por escrito, de forma clara, en un plazo 
máximo de diez días desde la presentación de la solicitud.
En los planes de pensiones de empleo y en los planes de previsión social 
empresarial, con periodicidad al menos anual, se suministrará información a los 
partícipes o asegurados sobre el valor de sus derechos consolidados o económicos 
y las condiciones que rigen el tratamiento de tales derechos que se mantengan en 
el plan después del cese de la relación laboral y las posibilidades de movilización.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de 
información que se establezcan reglamentariamente.
7. Reglamentariamente se fijarán las condiciones que han de cumplir los 
contratos de seguro a los que se refiere esta disposición, incluidos los instrumentados 
entre las mutualidades de previsión social y sus mutualistas en su condición de 
tomadores del seguro o asegurados. En todo caso, las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente, deberán ser homogéneas, actuarial y 
financieramente con las normas aplicables a los compromisos por pensiones 
formalizados mediante planes de pensiones.
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8. La efectividad de los compromisos por pensiones y del cobro de las 
prestaciones causadas quedarán condicionados a su formalización en los 
instrumentos referidos en el apartado primero. En todo caso, el incumplimiento por 
la empresa de la obligación de instrumentar los compromisos por pensiones 
asumidos constituirá infracción en materia laboral de carácter muy grave, en los 
términos previstos en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En ningún caso resultará admisible la cobertura de tales compromisos mediante 
la dotación por el empresario de fondos internos, o instrumentos similares, que 
supongan el mantenimiento por parte de éste de la titularidad de los recursos 
constituidos.»
Dos. Se añade una disposición transitoria novena con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria novena. Normas transitorias como consecuencia de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto.
1. Lo dispuesto en el apartado 4.b) de la disposición adicional primera de esta 
ley, en la redacción dada por el artículo primero del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 
de agosto, será aplicable a las primas abonadas por la empresa desde el 21 de 
mayo de 2018 que correspondan a periodos de servicios prestados desde dicha 
fecha.
2. En el caso de compromisos por pensiones que a 20 de mayo de 2014 
hubiesen dejado de incluir nuevos trabajadores y permanezcan cerrados a nuevos 
trabajadores será aplicable el régimen de adquisición de derechos estipulado en el 
compromiso o en la póliza.
3. Las pólizas de seguro, las especificaciones y las bases técnicas de los 
planes de pensiones deberán adaptarse a lo previsto en la disposición adicional 
primera de esta ley, en la redacción dada por el mencionado Real Decreto-ley antes 
del 1 de julio de 2019, sin perjuicio de la aplicación efectiva de los derechos 
derivados de la misma.
4. Las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones 
adaptarán sus procedimientos para cumplir las nuevas obligaciones de información 
a los asegurados y partícipes establecidas en la disposición adicional primera de 
esta ley, en la redacción dada por el referido Real Decreto-ley antes del 1 de julio 
de 2019.
No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
11/2018, de 31 de agosto, los trabajadores asegurados que cesen su relación 
laboral deberán recibir información relativa a sus derechos económicos adquiridos 
y las condiciones que rigen su tratamiento futuro.»
Tres. Se añade una disposición transitoria décima con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria décima. Mantenimiento de condiciones más favorables.
La aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera y disposición 
transitoria novena de esta ley, en la redacción dada por el artículo primero del Real 
Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, no podrá suponer reducción de derechos 
adquiridos con anterioridad, ni menoscabo del derecho a la información, ni el 
establecimiento de condiciones de adquisición menos favorables que las estipuladas 
antes de su entrada en vigor.»
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TÍTULO II
Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de prevención 
del blanqueo de capitales
Artículo segundo. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 4 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«4. Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios 
o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación 
española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias, a propuesta de su Secretaría.
La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o 
jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su 
página web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que 
gocen de la condición de país tercero equivalente.»
Dos. Las letras o) y u) del apartado 1 del artículo 2 quedan redactadas del siguiente 
modo:
«o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa 
específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por 
cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer 
funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración 
o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones 
similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona 
ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, 
postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o 
cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un 
fideicomiso ( trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza 
dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, 
exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión 
Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de 
la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada 
transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona 
ejerza dichas funciones.»
«u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización 
de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas 
deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente 
respecto de las operaciones de pago de premios.»
Tres. El apartado tercero del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen 
actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando 
exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. 
Asimismo, podrán excluirse, total o parcialmente, aquellos juegos de azar que 
presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.»
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Cuatro. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas 
adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento 
de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una 
relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, 
directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los 
derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, 
directo o indirecto, de una persona jurídica. A efectos de la determinación del control 
serán de aplicación, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio.
Serán indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en el 
artículo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.
Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén 
sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas 
internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la 
información sobre la propiedad.
c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la 
consideración de titulares reales todas las personas siguientes:
1.º el fideicomitente,
2.º el fiduciario o fiduciarios,
3.º el protector, si lo hubiera,
4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de 
personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y
5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del 
fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias 
o el treuhand  de la legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y 
adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que 
ocupen posiciones equivalentes o similares a las relacionadas en los números 1.º 
a 5.º del apartado anterior.
3. Los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar 
si éstos actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza 
de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la 
información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las 
cuales actúan aquéllos.
4. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar 
la estructura de propiedad y de control de las personas jurídicas, estructuras 
jurídicas sin personalidad, fideicomisos y cualquier otra estructura análoga.
Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con 
personas jurídicas, o estructuras jurídicas sin personalidad, cuya estructura de 
propiedad y de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas 
acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición 
anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de 
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propiedad y de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los 
títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.»
Cinco. Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artículo 7 quedan redactados 
del siguiente modo:
«5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos 
fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. 
La identidad de tales personas será registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 25.
Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan 
realizar las siguientes operaciones:
a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de 
cambio de fichas.
b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los 
clientes.
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias 
obtenidas por los jugadores.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en 
una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de 
relación, ya sea en el momento del cobro de ganancias, de compra o venta de 
fichas de juego, los casinos deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia 
debida respecto del cliente en los términos de esta Sección.
6. Los operadores de juego a través de medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos e interactivos identificarán y comprobarán la identidad de cuantas 
personas pretendan participar en estos juegos o apuestas, en los términos previstos 
reglamentariamente.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en 
una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de 
relación, ya sea en el momento del cobro de ganancias y/o de la realización de 
apuestas, estos operadores de juego deberán aplicar el resto de las medidas de 
diligencia debida respecto del cliente en los términos de esta Sección.
Los operadores de juego a través de medios presenciales aplicarán las medidas 
de diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior 
a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca 
existir algún tipo de relación.
7. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas 
de las medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación 
con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, 
bien singular, bien acumulado por periodos temporales.»
Seis. Los apartados 1 y 2 del artículo 8 quedan redactados del siguiente modo:
«1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la presente 
ley, así como a las organizaciones o federaciones de estos sujetos, para la 
aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en esta Sección, con 
excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios regulada en el 
artículo 6. Esta limitación no será aplicable en el caso de grupos.
No obstante, los sujetos obligados mantendrán la plena responsabilidad 
respecto de la relación de negocios u operación, aun cuando el incumplimiento sea 
imputable al tercero, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad de éste.
2. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la legislación 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, así como 
a las organizaciones o federaciones de estas entidades obligadas, aun cuando los 
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documentos o datos exigidos en aquéllos sean distintos de los previstos en la 
presente ley, y siempre que su cumplimiento sea objeto de supervisión por las 
autoridades competentes.
Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en países terceros con 
deficiencias estratégicas identificados mediante Decisión de la Comisión Europea 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, con excepción de las 
sucursales y filiales con participación mayoritaria de sujetos obligados establecidos 
en la Unión Europea, siempre que tales sucursales y filiales cumplan plenamente 
las políticas y procedimientos a nivel de grupo establecidos por la matriz.»
Siete. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de 
diligencia debida, medidas reforzadas en relación con los países que presenten 
deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo y figuren en la decisión de la Comisión Europea 
adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015.
2. Los sujetos obligados aplicarán también medidas reforzadas en los 
supuestos previstos en la presente Sección, y en cualesquiera otros que, por 
presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, 
se determinen reglamentariamente.
Los sujetos obligados, aplicarán, en función de un análisis del riesgo, medidas 
reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza 
puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación 
del terrorismo. En todo caso, tendrán esta consideración la actividad de banca 
privada y las operaciones de envío de dinero y de cambio de moneda extranjera que 
superen los umbrales establecidos reglamentariamente.
3. Reglamentariamente podrán concretarse las medidas reforzadas de 
diligencia debida exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un 
riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.»
Ocho. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza.
1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios 
bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente, 
incluidas, entre otras, la prestación de cuentas corrientes u otras cuentas de pasivo 
y servicios conexos, como gestión de efectivo, transferencias internacionales de 
fondos, compensación de cheques, y servicios de cambio de divisas.
El concepto de relaciones de corresponsalía incluye cualquier relación entre 
entidades de crédito y/o entidades financieras, con inclusión de las entidades de 
pago, que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente, incluidas, 
entre otras, las relaciones establecidas para operaciones con valores o 
transferencias de fondos. En todos estos supuestos será de aplicación lo dispuesto 
en este artículo.
2. Con respecto a las relaciones de corresponsalía transfronteriza con 
entidades clientes de terceros países, las entidades financieras deberán aplicar las 
siguientes medidas:
a) Reunir sobre la entidad cliente información suficiente para comprender la 
naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de información de dominio 
público, su reputación y la calidad de su supervisión.
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b) Evaluar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo de que disponga la entidad cliente.
c) Obtener autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones 
de corresponsalía bancaria. En los procedimientos internos de la entidad se 
determinará el nivel directivo mínimo necesario para la autorización de establecer o 
mantener relaciones de negocios, que podrá adecuarse en función del riesgo. 
Solamente podrán tener asignada esta función las personas que tengan 
conocimiento suficiente del nivel de exposición del sujeto obligado al riesgo de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y que cuenten con la 
jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición.
d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad.
e) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de las operaciones 
efectuadas en el marco de la relación de negocios, tomando en consideración los 
riesgos geográficos, del cliente, o derivados del tipo de servicio prestado.
Las entidades financieras modularán el grado e intensidad de aplicación de las 
medidas, conforme a un criterio de riesgo.
3. Las entidades de crédito no establecerán o mantendrán relaciones de 
corresponsalía con bancos pantalla. Asimismo, las entidades de crédito adoptarán 
medidas adecuadas para asegurar que no entablan o mantienen relaciones de 
corresponsalía con un banco del que se conoce que permite el uso de sus cuentas 
por bancos pantalla.
A estos efectos se entenderá por banco pantalla la entidad de crédito, o entidad 
que desarrolle una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga una 
presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea 
filial de un grupo financiero regulado.
4. Las entidades de crédito no establecerán o mantendrán relaciones de 
corresponsalía que, directamente o través de una subcuenta, permitan ejecutar 
operaciones a los clientes de la entidad de crédito representada.»
Nueve. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.
1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida 
previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas 
con responsabilidad pública.
2. Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas que 
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los 
jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, 
secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de 
tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales 
cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias 
excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los 
miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los 
embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas 
Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de 
supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y 
miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización 
internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación 
parlamentaria.
3. Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad 
pública:
a) Las personas, distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que 
tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 
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de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la 
Administración General del Estado.
b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los 
Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las personas 
que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los 
diputados autonómicos.
c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las personas que 
desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios 
capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de 
más de 50.000 habitantes.
d) Los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales 
españolas.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos 
determinan la consideración de persona con responsabilidad pública española.
4. Ninguna de las categorías previstas en los apartados anteriores incluirá 
empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
5. En relación con los clientes o titulares reales enumerados en este artículo, 
los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, 
deberán en todo caso:
a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar 
si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos 
procedimientos se incluirán en la política expresa de admisión de clientes a que se 
refiere el artículo 26.
b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para 
establecer o mantener relaciones de negocios.
c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y 
de los fondos.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.
En los procedimientos internos de la entidad se determinará el nivel directivo 
mínimo necesario para la autorización de establecer o mantener relaciones de 
negocios, que podrá adecuarse en función del riesgo de la operación y del cliente 
concreto. Solamente podrán tener asignada esta función las personas que tengan 
conocimiento suficiente del nivel de exposición del sujeto obligado al riesgo de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y que cuenten con la 
jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición.
6. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en el apartado 
anterior a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública.
A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la 
persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los 
padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por 
análoga relación de afectividad.
Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente 
la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con 
una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones 
empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un 
instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio 
de la misma.
7. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el 
beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del 
beneficiario, es una persona con responsabilidad pública con carácter previo al pago 
de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, 
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anticipo o pignoración conferidos por la póliza. En esos casos, los sujetos obligados, 
además de las medidas normales de diligencia debida, deberán:
a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al 
pago, rescate, anticipo o pignoración.
b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el 
tomador de la póliza.
c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de 
determinar si procede la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18.
8. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, 
cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el 
examen especial, los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para 
apreciar la eventual participación en el hecho u operación de quien ostente o haya 
ostentado la condición de cargo público representativo o alto cargo de las 
Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas 
contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus 
funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las medidas previstas en 
este artículo por un periodo de dos años. Transcurrido ese plazo, el sujeto obligado 
aplicará medidas de diligencia debida adecuadas, en función del riesgo que pudiera 
seguir presentado el cliente, y hasta tanto se determine por el sujeto obligado que 
ya no representa un riesgo específico derivado de su antigua condición de persona 
con responsabilidad pública.»
Diez. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la 
documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco 
años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación 
ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos 
de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de 
prevención, y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal.
En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda 
investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de 
cualquier otra autoridad legalmente competente:
a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de 
diligencia debida, durante un periodo de diez años desde la terminación de la 
relación de negocios o la ejecución de la operación.
b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que 
acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las 
relaciones de negocio, durante un periodo de diez años desde la ejecución de la 
operación o la terminación de la relación de negocios.»
Once. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26. Políticas y procedimientos.
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y 
procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, 
conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, 
garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, con 
objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo.
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2. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán una política expresa 
de admisión de clientes. Dicha política incluirá una descripción de aquellos tipos de 
clientes que podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio. La política de 
admisión de clientes será gradual, adoptándose precauciones reforzadas respecto 
de aquellos clientes que presenten un riesgo superior al promedio.
Cuando exista un órgano centralizado de prevención de las profesiones 
colegiadas sujetas a la presente ley, corresponderá al mismo la aprobación por 
escrito de la política expresa de admisión de clientes.
3. Las políticas y procedimientos serán de aplicación a las sucursales y filiales 
del grupo situadas en terceros países, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias 
para el cumplimiento de las normas específicas del país de acogida, con las 
especificaciones que se determinen reglamentariamente. En el caso de sucursales 
y filiales del grupo en otros Estados miembros de la Unión Europea, los sujetos 
obligados darán cumplimiento a las obligaciones contenidas en el país de acogida. 
A efectos de la definición de grupo se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del 
Código de Comercio.
4. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en esta ley, las entidades 
españolas que operen en un país de la Unión Europea mediante agentes u otras 
formas de establecimiento permanente distintas a una sucursal, deberán cumplir 
con lo dispuesto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo del país en el que operan.
5. Los sujetos obligados deberán aprobar un manual adecuado de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que se mantendrá 
actualizado, con información completa sobre las medidas de control interno a que 
se refieren los apartados anteriores. Para el ejercicio de su función de supervisión e 
inspección, el manual estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, 
en caso de convenio, de los órganos supervisores de las entidades financieras.
6. El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, los órganos 
supervisores de las entidades financieras, podrán proponer al Comité Permanente 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
la formulación de requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las 
medidas correctoras oportunas respecto de sus manuales y procedimientos 
internos.
7. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados exceptuados 
del cumplimiento de las obligaciones relacionadas en los apartados 1, 2 y 5 de este 
artículo.»
Doce. Se añade un nuevo artículo 26 bis que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales 
incumplimientos.
1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus 
empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de 
desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, 
cometidos en el seno del sujeto obligado.
Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido 
establecer el sujeto obligado para la comunicación de informaciones relativas a la 
comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la restante 
normativa general o sectorial que les fuere aplicable.
2. Será de aplicación a estos sistemas y procedimientos lo dispuesto en la 
normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de 
información de denuncias internas.
A estos efectos, se considerarán como órganos de control interno y cumplimiento 
exclusivamente los regulados en el artículo 26 ter.
cve: BOE-A-2018-12131
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3. Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los 
empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la 
entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo 
de trato injusto.
4. La obligación de establecimiento del procedimiento de comunicación 
descrito en los apartados anteriores, no sustituye la necesaria existencia de 
mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones 
sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo por parte de empleados a las que se refiere el artículo 18.
5. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados 
exceptuados del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo.»
Trece. Se añade un nuevo artículo 26 ter que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio 
Ejecutivo.
1. Los sujetos obligados designarán como representante ante el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión a una persona residente en España que ejerza cargo de 
administración o dirección de la sociedad.
En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante será único 
y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del 
grupo.
En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante 
el Servicio Ejecutivo de la Comisión el titular de la actividad.
2. Con las excepciones que se determinen reglamentariamente, la propuesta 
de nombramiento del representante, acompañada de una descripción detallada de 
su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones.
El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la presente ley, 
para lo que tendrá acceso sin limitación alguna a cualquier información obrante en 
el sujeto obligado así como en cualquiera de las entidades del grupo, en su caso.
3. Los sujetos obligados cuya administración central se encuentre en otro 
Estado miembro de la Unión Europea y que operen en España mediante agentes u 
otras formas de establecimiento permanente distintas de la sucursal deberán 
nombrar un representante residente en España, que tendrá la consideración de 
punto central de contacto.
Los sujetos obligados que operen en España en régimen de libre prestación de 
servicios deberán asimismo designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión, sin que sea exigible su residencia en España.
4. Los sujetos obligados establecerán un órgano adecuado de control interno 
responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos a que se refiere el 
artículo 26.
El órgano de control interno, que contará, en su caso, con representación de las 
distintas áreas de negocio del sujeto obligado, se reunirá, levantando acta expresa 
de los acuerdos adoptados, con la periodicidad que se determine en el procedimiento 
de control interno.
5. Para el ejercicio de sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión y el órgano de control interno deberán contar con los recursos 
materiales, humanos y técnicos necesarios.
6. Los órganos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo operarán, en todo caso, con separación funcional del departamento o 
unidad de auditoría interna del sujeto obligado.
7. Reglamentariamente se determinarán las categorías de sujetos obligados 
que puedan exceptuarse de la obligación de constitución de un órgano de control 
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interno, siendo las funciones de éste ejercidas en tales supuestos por el 
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
La norma reglamentaria determinará también las categorías de sujetos obligados 
para los que sea exigible la constitución de unidades técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información.»
Catorce. El apartado 1 del artículo 27 queda redactado del siguiente modo:
«1. Mediante orden del Ministro Economía y Empresa podrá acordarse la 
constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas 
sujetas a la presente Ley.
Los órganos centralizados de prevención tendrán por función la intensificación y 
canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades 
judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de los profesionales incorporados como sujetos obligados. 
El representante del órgano centralizado de prevención tendrá la condición de 
representante de los profesionales incorporados a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 26 ter.»
Quince. El apartado 1 del artículo 28 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos 26, 
26 bis y 26 ter serán objeto de examen anual por un experto externo.
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que 
describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su 
eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No 
obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser 
sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido 
exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado 
para solventar las deficiencias identificadas.
Mediante orden del Ministro de Economía y Empresa podrán aprobarse los 
modelos a que habrán de ajustarse los informes emitidos.
El informe se elevará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de 
emisión al Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o 
al principal órgano directivo del sujeto obligado, que adoptará las medidas 
necesarias para solventar las deficiencias identificadas.»
Dieciséis. El artículo 30 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para mantener la 
confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que 
hayan realizado una comunicación de operativa que presente indicios o certeza de 
estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a los 
órganos de control interno.
El representante a que se refiere el artículo 26 ter será la persona que 
comparecerá en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en 
relación con los datos recogidos en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión o cualquier otra información complementaria que pueda referirse a 
aquéllas cuando se estime imprescindible obtener la aclaración, complemento o 
confirmación del propio sujeto obligado.
2. Los sujetos obligados establecerán por escrito y aplicarán políticas y 
procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación 
de empleados, directivos y agentes.
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3. Toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de 
proteger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o 
agentes de los sujetos obligados que lleven a cabo estas comunicaciones, siendo 
aplicables las medidas de protección establecidas en el artículo 65.1. »
Diecisiete. El apartado 4 del artículo 33 queda redactado del siguiente modo:
«4. El acceso a los datos a los que se refiere este precepto deberá quedar 
limitado a los órganos de control interno previstos en el artículo 26 ter, con inclusión 
de las unidades técnicas que constituyan los sujetos obligados.»
Dieciocho. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 38. Comercio de bienes.
Sin perjuicio de las limitaciones de pagos en efectivo establecidas en el artículo 
7.Uno de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, las personas físicas o 
jurídicas que comercien profesionalmente con bienes quedarán sujetas a las 
obligaciones establecidas en los artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las 
transacciones en que los cobros o pagos se efectúen por personas físicas no 
residentes con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta ley y por 
importe superior a 10.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones 
entre las que parezca existir algún tipo de relación.
En función de un análisis del riesgo podrán extenderse reglamentariamente 
respecto de las referidas transacciones todas o algunas de las restantes obligaciones 
establecidas en la presente ley.»
Diecinueve. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 47. Supervisión e Inspección.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión supervisará el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente ley, ajustando su actuación, respecto de 
las entidades financieras, a los convenios suscritos al amparo del artículo 44.
La supervisión se podrá extender a aquellos sujetos que han sido objeto de una 
exención de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 de esta ley, a los efectos 
de determinar que dichas exenciones no han sido utilizadas de manera abusiva.
En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá practicar respecto de 
cualesquiera sujetos obligados bien individualmente, bien respecto de sus grupos, 
las actuaciones inspectoras necesarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con las funciones que tiene asignadas. En el supuesto de 
grupos que incluyan filiales y sucursales en el extranjero, el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión podrá supervisar la idoneidad de las políticas y procedimientos aplicados 
por la matriz a sus filiales y sucursales.
2. Las actuaciones inspectoras del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en 
caso de convenio, las de los órganos supervisores de las entidades financieras, 
serán objeto de un plan anual orientativo que aprobará la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sin perjuicio de que por el 
Comité Permanente pueda acordarse motivadamente la realización de actuaciones 
inspectoras adicionales.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, los órganos 
supervisores de las entidades financieras, informarán motivadamente a la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias con carácter 
anual de las actuaciones que, incluidas en el Plan del ejercicio anterior, no hayan 
podido, en su caso, realizarse.
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3. La acción supervisora y los planes anuales aprobados se elaborarán con un 
enfoque basado en el riesgo supervisor, que determinará el tipo, intensidad y 
periodicidad de la supervisión.
El perfil de riesgo de las entidades obligadas, incluidos los riesgos de 
incumplimiento, será revisado periódicamente, y en todo caso cuando se produzcan 
acontecimientos o novedades importantes en la gestión y el funcionamiento.
El proceso supervisor podrá incluir la revisión de los análisis de riesgo realizados 
por los sujetos obligados y la adecuación de las políticas internas, controles y 
procedimientos a los resultados de este análisis.
4. Los sujetos obligados, sus empleados, directivos y agentes, prestarán la 
máxima colaboración al personal del Servicio Ejecutivo de la Comisión, facilitando 
sin restricción alguna cuanta información o documentación se les requiera, incluidos 
libros, asientos contables, registros, programas informáticos, archivos en soporte 
magnético, comunicaciones internas, actas, declaraciones oficiales, y cualesquiera 
otros relacionados con las materias sujetas a inspección.
5. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los órganos supervisores a que se 
refiere el artículo 44, remitirán el correspondiente informe de inspección a la 
Secretaría de la Comisión, que propondrá lo que resulte procedente al Comité 
Permanente. Asimismo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los órganos 
supervisores a que se refiere el artículo 44, podrán proponer al Comité Permanente, 
la adopción de requerimientos instando al sujeto obligado a adoptar las medidas 
correctoras que se estimen necesarias.
6. Los informes de inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de los 
órganos supervisores tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
7. El Servicio Ejecutivo de la Comisión notificará al sujeto obligado las 
conclusiones de la inspección en el plazo máximo de un año contado desde la 
cumplimentación íntegra por parte del sujeto obligado del primer requerimiento de 
información. El plazo podrá ser ampliado en seis meses adicionales por acuerdo 
motivado del Director del Servicio Ejecutivo cuando la inspección revista particular 
complejidad o su prolongación resulte imputable al sujeto obligado.»
Veinte. El artículo 48 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48. Régimen de colaboración.
1. Toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir 
indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea 
durante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de 
cualquier otro modo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisión. 
Sin perjuicio de la posible responsabilidad penal, el incumplimiento de esta 
obligación por los funcionarios públicos que no sean sujetos obligados conforme al 
artículo 2 se sancionará disciplinariamente con arreglo a la legislación específica 
que les sea de aplicación. La obligación señalada en este apartado se extenderá 
igualmente a la información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo requieran en el ejercicio 
de sus competencias.
2. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los 
colegios profesionales y los órganos estatales o autonómicos competentes, según 
corresponda, informarán razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando en 
el ejercicio de su labor inspectora o supervisora aprecien posibles infracciones de 
las obligaciones establecidas en esta ley.
cve: BOE-A-2018-12131
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3. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, remitirán 
testimonio a la Secretaría de la Comisión cuando en el curso del proceso aprecien 
indicios de incumplimiento de la presente ley que no sean constitutivos de delito.
4. Cuando ejerza sus funciones en relación con entidades financieras 
sometidas a legislación especial, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá recabar 
del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según corresponda, toda la 
información y colaboración precisas para llevarlas a cabo.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartado 4, el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión tendrá acceso directo a la información estadística sobre movimientos de 
capitales y transacciones económicas con el exterior comunicada al Banco de 
España con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable a tales operaciones. 
Asimismo, las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social 
deberán ceder los datos de carácter personal y la información que hubieran obtenido 
en el ejercicio de sus funciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias, a requerimiento de su Servicio Ejecutivo, en el 
ejercicio de las competencias que esta ley le atribuye.»
Veintiuno.  Se añade un nuevo artículo 48 bis, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 48 bis. Cooperación internacional.
1. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los 
órganos supervisores a que se refiere el artículo 44, cooperarán por propia iniciativa 
o previa solicitud, con otras autoridades competentes de la Unión Europea siempre 
que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, 
haciendo uso, a tal fin, de todas las facultades que la misma les atribuye. En el 
marco de esta cooperación se facilitará a las Autoridades Europeas de Supervisión 
la información necesaria para permitirles llevar a cabo sus obligaciones en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. En el caso de autoridades competentes de terceros países no miembros de 
la Unión Europea, la cooperación e intercambio de información se condicionará a lo 
dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales o, en su caso, al principio 
general de reciprocidad, así como al sometimiento de dichas autoridades extranjeras 
a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para las españolas.
3. El intercambio de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión con 
Unidades de Inteligencia Financiera de Estados de la Unión Europea se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 a 57 de la Directiva 2015/849, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo.
4. El intercambio de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión con 
Unidades de Inteligencia Financiera de terceros países no miembros de la Unión 
Europea se realizará de acuerdo con los principios del Grupo Egmont o en los 
términos del correspondiente memorando de entendimiento. Los memorandos de 
entendimiento con Unidades de Inteligencia Financiera serán suscritos por el 
Director del Servicio Ejecutivo, previa autorización de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, debiendo contar con el previo 
informe favorable de la Agencia Española de Protección de Datos.
5. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los 
órganos supervisores a que se refiere el artículo 44 podrán utilizar la información 
recibida únicamente para los fines para los que las autoridades cedentes hayan 
dado su consentimiento. Esta información no será transmitida a otros organismos o 
personas físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las autoridades 
competentes que la hayan divulgado.
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6. A requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, el Servicio Ejecutivo de la Comisión estará facultado 
para suspender una transacción en curso, cuando concurran indicios de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo a fin de que por parte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera requirente se proceda a analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y comunicar los resultados del análisis a las autoridades competentes . En 
los casos de suspensión por indicios de financiación de terrorismo, informará a la 
Secretaría de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del 
Terrorismo cuando exista la previa autorización de la Unidad de Inteligencia 
Financiera requirente.
La suspensión se acordará bajo la responsabilidad de la Unidad de Inteligencia 
Financiera requirente y será efectiva por un periodo máximo de un mes. Transcurrido 
dicho plazo, cesará la suspensión salvo que fuera ratificada o prorrogada 
judicialmente a solicitud del Ministerio Fiscal.»
Veintidós. Las letras e) a g) del apartado 1 del artículo 51 quedan redactadas del 
siguiente modo:
«e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los 
artículos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando concurra una voluntad deliberadamente 
rebelde al cumplimiento.
f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años 
anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía 
administrativa por el mismo tipo de infracción.
g) El incumplimiento de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de conformidad con el artículo 48 bis.6.»
Veintitrés. La letras m) a w) del apartado 1 del artículo 52 quedan redactadas del 
siguiente modo:
«m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas 
y procedimientos adecuados de control interno, en los términos del artículo 26, 
incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de admisión 
de clientes.
n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la 
negativa a atender los reparos u observaciones formulados, en los términos del 
artículo 26 ter.
ñ) El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de 
control interno, con inclusión, en su caso, de las unidades técnicas, que operen en 
los términos previstos en el artículo 26 ter.
o) El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión y al órgano de control interno de los recursos materiales, 
humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
p) El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del 
artículo 26.5.
q) El incumplimiento de la obligación de examen externo, en los términos del 
artículo 28.
r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los 
términos del artículo 29.
s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado 
las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los 
empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los 
órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1.
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t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y 
filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas 
previstas en el artículo 31.
u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas 
financieras internacionales, en los términos del artículo 42.
v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar 
la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de 
valores y depósitos a plazo.
w) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los 
artículos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando no concurra una voluntad deliberadamente 
rebelde al cumplimiento.»
Veinticuatro. El apartado 5 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«5. Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1781/2006.»
Veinticinco. El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes 
sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo 
ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de 
negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la 
operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, 
cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, 
la suspensión temporal o revocación de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se 
impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
2. Si el sujeto obligado sancionado es una empresa matriz o una filial de una 
empresa matriz que tenga que establecer cuentas financieras consolidadas de 
conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios 
total a considerar para el cálculo de la sanción máxima a imponer, será el volumen 
de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, conforme a las 
Directivas sobre contabilidad pertinentes, según la cuenta consolidada más reciente 
disponible, aprobada por el órgano de gestión de la empresa matriz.
3. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la 
comisión de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las 
siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o 
dirección, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 10.000.000 euros.
b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo 
máximo de diez años.
c) Amonestación pública.
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La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá 
aplicarse simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un 
requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se 
determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en 
peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para 
resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que 
justificaron la suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la 
estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.»
Veintiséis. El artículo 57 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 57. Sanciones por infracciones graves.
1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes 
sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo 
podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen 
de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la 
operación, más un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de 
la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros. A 
los efectos del cálculo del volumen de negocios anual, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 56.2.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, 
la suspensión temporal de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se 
impondrá simultáneamente con una de las previstas en las letras b) a d).
2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la 
comisión de infracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a 
quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, o la función 
de experto externo, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo 
de hasta 5.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo 
máximo de cinco años.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se 
impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) a d).
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en 
el artículo 34 se impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo 
podrá ascender hasta el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
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La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se 
impondrá simultáneamente con una de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un 
requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se 
determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en 
peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para 
resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que 
justificaron la suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la 
estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.»
Veintisiete. El artículo 58 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 58. Sanciones por infracciones leves.
Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer las siguientes 
sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para 
que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.»
Veintiocho. El artículo 59 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 59. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) La cuantía de las operaciones afectadas por el incumplimiento.
b) Los beneficios obtenidos como consecuencia de las omisiones o actos 
constitutivos de la infracción.
c) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la infracción 
por propia iniciativa.
d) Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones de distinto tipo 
impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta ley.
e) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra 
en el sujeto obligado.
f) La gravedad y duración de la infracción.
g) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
h) La capacidad económica del inculpado, cuando la sanción sea de multa.
i) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las 
infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las 
normas infringidas.
2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 
56.3, 57.2 y 58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra 
en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en 
relación con las exigencias previstas en esta ley.
c) El carácter de la representación que el interesado ostente.
cve: BOE-A-2018-12131
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d) La capacidad económica del interesado, cuando la sanción sea multa.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o actos 
constitutivos de la infracción.
f) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
g) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
3. Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de 
declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las 
siguientes circunstancias:
a) La notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal 
aquélla que duplique el umbral de declaración.
b) La falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago.
c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía 
del movimiento.
d) La circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situación 
que muestre una clara intención de ocultarlos.
e) Las sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la 
obligación de declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años.
f) El grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.»
Veintinueve.  Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artículo 61 quedan 
redactados del siguiente modo:
«5. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa 
corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, 
será ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso 
publicada en el “Boletín Oficial del Estado” y en la página web de la Comisión, 
donde permanecerá disponible durante el plazo de cinco años. En el supuesto en 
que la sanción publicada haya sido recurrida en vía jurisdiccional, se publicará, sin 
demora, información sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del 
mismo.
6. En aquellos supuestos en que la resolución del expediente sancionador no 
acuerde la imposición de una sanción de amonestación pública, la Secretaría de la 
Comisión publicará en la página web de la Comisión las sanciones firmes en vía 
administrativa impuestas por la comisión de infracciones tipificadas en los artículos 
51 y 52, con excepción de las tipificadas en el apartado 3.a), indicando el tipo y 
naturaleza de la infracción cometida y la sanción o sanciones impuestas por cada 
una de las infracciones cometidas, pero sin identificar a la entidad, persona o 
personas responsables de la infracción. Esta información permanecerá disponible 
en la web de la Comisión por un plazo de cinco años.
7. La Secretaría de la Comisión informará a las Autoridades Europeas de 
Supervisión de todas las sanciones impuestas a las entidades de crédito y 
financieras, incluido cualquier recurso que se haya podido interponer contra las 
mismas y su resultado.»
Treinta. Se añade un nuevo artículo 63 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 63. Comunicación de infracciones.
1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan 
hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas en 
esta ley, los podrán poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
2. Las comunicaciones serán remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
por escrito e incorporarán todos los documentos e informaciones sobre los hechos 
denunciados que permitan justificar la denuncia. Mediante orden del Ministro de 
cve: BOE-A-2018-12131
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Economía y Empresa se aprobará el modelo de comunicación y se establecerán las 
características y requisitos del canal de recepción de comunicaciones, a fin de 
asegurar su confidencialidad y seguridad.
3. Los programas de formación de las entidades deberán incluir la información 
sobre la existencia de estos mecanismos.»
Treinta y uno. Se añade un nuevo artículo 64 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 64. Tratamiento de las comunicaciones.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión determinará si existe o no sospecha 
fundada de infracción en las comunicaciones recibidas de conformidad con el 
artículo 63. De no existir sospecha fundada o cuando no se concreten 
suficientemente los hechos o personas responsables de la infracción, requerirá a la 
persona comunicante para que aclare el contenido de la comunicación realizada, o 
lo complemente con nueva información, concediendo un plazo para ello no inferior 
a 15 días. Transcurrido el plazo fijado para la aclaración o aportación de nueva 
información, sin que pueda determinarse sospecha fundada, se procederá al archivo 
de la comunicación.
2. Las comunicaciones recibidas no tendrán valor probatorio y no podrán ser 
incorporadas directamente al procedimiento administrativo. Si existen indicios 
suficientes de veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la 
Administración, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los supervisores de las 
entidades financieras, en caso de convenio de los previstos en el artículo 44. 2 m) 
de la ley, podrán:
a) Utilizar la información obtenida para la definición del nuevo plan de 
inspección.
b) Realizar actuaciones adicionales de inspección, que podrán llevarse a cabo 
de manera independiente o incardinarse en las acciones de supervisión planificadas 
en el contexto del desarrollo del plan anual de inspección aprobado.
3. Los resultados de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión serán remitidas a la Secretaría de la Comisión, 
que las elevará a la consideración del Comité Permanente. Cuando las actuaciones 
de comprobación pongan de manifiesto la posible existencia de un ilícito penal, la 
información será remitida al Ministerio Fiscal para su investigación.»
Treinta y dos. Se añade un nuevo artículo 65 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 65. Protección de las personas.
1. Las comunicaciones realizadas al amparo del artículo 63:
a) no constituirán violación o incumplimiento de las restricciones sobre 
divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa que pudieran afectar a la persona comunicante, 
a las personas estrechamente vinculadas con ésta, a las sociedades que administre 
o de las que sea titular real;
b) no constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de la normativa laboral 
por parte de la persona comunicante, ni de ella podrá derivar trato injusto o 
discriminatorio por parte del empleador;
c) no generarán ningún derecho de compensación o indemnización a favor de 
la empresa a la que presta servicios la persona comunicante o de un tercero.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión informará de los diferentes mecanismos 
legales que la normativa en vigor habilita para la garantía de estos derechos.
cve: BOE-A-2018-12131
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3. Las comunicaciones tendrán carácter confidencial, no pudiendo desvelar el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión los datos identificativos de las personas que las 
hubieran realizado. En el caso de que, como consecuencia de la comunicación 
realizada, se inicie un expediente sancionador contra una persona física o jurídica, 
no se incluirán en ningún caso los datos de la persona que llevó a cabo la 
comunicación.
4. La comunicación realizada al amparo de lo previsto en el artículo 63 no 
conferirá por sí sola la condición de interesado en el procedimiento administrativo 
que pudiera iniciarse contra el infractor.»
Treinta y tres. La disposición adicional única se modifica del modo siguiente:
«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y 
fideicomisos.
1. Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional 
presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, 
deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en 
el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
2. Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea 
cual sea su clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se 
inscribirán conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. Si se 
trata de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente 
de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden 
del Ministro de Justicia.
3. En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, 
cualquier cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato 
social, serán igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil.
4. Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta 
disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades 
comprendidas en el artículo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán, en el 
plazo de un año, inscribirse de conformidad con el apartado 2 de esta disposición 
adicional. Igualmente, las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en 
el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una 
manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas 
establecidas en esta ley. Las personas jurídicas además deberán presentar una 
manifestación de quienes sean sus titulares reales en el sentido determinado por el 
artículo 4.2 b) y c) de esta ley. Estas manifestaciones se harán constar por nota 
marginal y deberán ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real.
5. Las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no 
lo dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar 
sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos 
establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. También 
le serán aplicables los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro 
Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se excluyen de esta 
obligación de depósito de cuentas anuales a los prestadores de servicios a 
sociedades que sean personas físicas profesionales.
6. La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a 
las actividades a que se refiere el artículo 2.1.o) de esta ley, o la falta de 
manifestación de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de 
personas jurídicas, tendrá la consideración de infracción leve a que se refiere el 
artículo 53. El procedimiento sancionador será el establecido en el artículo 61.
7. Las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición 
adicional, con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada 
ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil 
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competente, acompañar un documento para su depósito del que resulten los 
siguientes datos:
a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 
2.1.o) de esta ley.
b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y 
provincias.
c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se 
trate.
d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el 
ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades 
no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado 
artículo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera 
realizado operación alguna se indicará así expresamente.
f) En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que 
ya conste en el Registro, en el sentido indicado en el apartado 4.
8. Las personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar el 
documento señalado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde 
constaren inscritas con excepción de la mención señalada en el apartado f). El 
depósito que se efectuará dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará 
de forma exclusivamente telemática de acuerdo con el formulario preestablecido por 
orden del Ministerio de Justicia. En la Orden aprobatoria del modelo se establecerán 
las medidas que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de la indicada 
comunicación. La falta de depósito de este documento tendrá la consideración de 
infracción leve a los efectos de lo establecido en el artículo 53 de esta ley y podrá 
ser sancionada en la forma establecida en su artículo 58.
9. Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o 
resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta 
disposición adicional.»
Treinta y cuatro. La disposición final cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se 
modifica del modo siguiente:
«Disposición final cuarta. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 6.ª 11.ª y 13.ª 
de la Constitución que atribuyen al Estado las competencias en materia de 
legislación mercantil, de bases de la ordenación de crédito y de bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.»
TÍTULO III
Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de requisitos de entrada 
y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, 
prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos 
educativos y colocación au pair
Artículo tercero. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, queda modificada como sigue:
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Uno. El artículo 72 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 72. Formación, Investigación, desarrollo e innovación.
1. Los extranjeros que pretendan entrar en España, o que siendo titulares de 
una autorización de estancia y residencia, deseen realizar actividades de formación, 
investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas, deberán 
estar provistos del correspondiente visado o de una autorización de residencia para 
formación o investigación que tendrá validez en todo el territorio nacional, en los 
siguientes casos:
a) El personal investigador al que se refieren el artículo 13 y la disposición 
adicional primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.
b) El personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros 
de I+D+i establecidos en España.
c) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de 
investigación públicos o privados.
d) Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de 
educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España.
2. La autorización de residencia para investigación tendrá dos modalidades:
a) Autorización de residencia para investigación UE. Procederá esta 
autorización en el supuesto de extranjeros incluidos en el primer apartado de este 
artículo que sean titulares de un doctorado o de una cualificación de educación 
superior adecuada que le permita acceder a programas de doctorado, y hayan sido 
seleccionados por la entidad de investigación con el fin de realizar una actividad 
investigadora.
Además de los requisitos generales del artículo 62, el solicitante de una 
autorización de residencia para investigación UE deberá presentar un convenio de 
acogida o contrato de trabajo, que, sin perjuicio de los requisitos propios de la 
modalidad contractual de que se trate, incluirá los siguientes elementos:
1.º El título o propósito de la actividad de investigación o el ámbito de 
investigación.
2.º El compromiso, por parte del extranjero, de tratar de completar la actividad 
de investigación.
3.º El compromiso, por parte de la entidad de investigación, de acoger al 
extranjero con el fin de completar la actividad de investigación.
4.º La fecha inicial y final de la actividad de investigación o su duración 
estimada.
5.º Información, en su caso, sobre la movilidad prevista en otros Estados 
miembros.
A los efectos de solicitar esta autorización, las cartas de invitación expresamente 
aceptadas por el investigador podrán ser consideradas como convenios cuando 
cumplan dicho contenido mínimo.
b) Autorización de residencia para investigación nacional. Procederá esta 
autorización en el supuesto de extranjeros incluidos en el primer apartado de este 
artículo no contemplados en el apartado 2.a).
3. El período de validez de una autorización de residencia para investigación 
será de dos años o igual a la duración del convenio de acogida o contrato, en caso 
de ser esta inferior. Una vez cumplido dicho plazo podrán solicitar la renovación de 
la autorización de residencia por periodos sucesivos de dos años siempre y cuando 
cve: BOE-A-2018-12131
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se mantengan las condiciones que generaron el derecho de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 76.2.
4. La autorización de residencia para investigación UE habilitará a impartir 
clases relacionadas con la actividad investigadora, además de la actividad 
investigadora, sin perjuicio de la necesidad de cumplir requisitos específicos de 
acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.
5. Los titulares de una autorización de residencia para investigación UE, 
expedida por España, podrán entrar, residir y desarrollar una investigación en uno o 
varios Estados miembros y ser acompañados por los familiares definidos en el 
artículo 62.4, previa comunicación o solicitud de autorización, en su caso, a las 
autoridades de dichos Estados de acuerdo con su normativa en aplicación de la 
Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países 
terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de 
intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.
6. Las entidades establecidas en otros Estados miembros de la Unión podrán 
desplazar a España, previa comunicación a la Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos, a los extranjeros titulares de una autorización de residencia 
para investigación UE expedida en dicho Estado, durante la validez de dicha 
autorización, a los que podrán acompañar los miembros de su familia. Esta 
comunicación deberá efectuarse cuando se presente la solicitud de autorización en 
el primer Estado o, una vez admitido el investigador en ese primer Estado, tan 
pronto se tenga conocimiento del proyecto de movilidad.
En la comunicación se incluirá el documento de viaje válido y la autorización 
válida expedida por el primer Estado miembro, que abarcará el período de movilidad. 
Además, la comunicación incluirá:
a) El convenio de acogida o contrato suscrito en el primer Estado miembro así 
como la duración prevista y las fechas estimadas de la movilidad.
b) La prueba de que el investigador dispone de un seguro médico y recursos 
económicos suficientes, para sí y los miembros de la familia, en su caso, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 62.3 de esta ley.
7. La Dirección General de Migraciones podrá oponerse, de manera motivada, 
a la movilidad del investigador en el plazo de 30 días a partir de la fecha de 
recepción de la comunicación completa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior.
b) Cuando los documentos presentados se hayan adquirido fraudulentamente 
o hayan sido falsificados o manipulados.
c) Cuando haya transcurrido el período de validez de la autorización en el otro 
Estado Miembro.
En caso de oposición por parte de la Dirección General de Migraciones, el 
primer Estado permitirá la reentrada sin más trámites del extranjero desplazado y de 
su familia. Si no se hubiera producido todavía el desplazamiento a España, la 
resolución denegatoria impedirá el mismo.
8. Las entidades dedicadas a la investigación a las que se refiere el capítulo I 
del título II de la Ley 14/2011, podrán solicitar su inscripción en la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos. Igualmente podrán solicitar esta inscripción 
otras entidades de investigación previa acreditación de los requisitos previstos en 
una Orden Ministerial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad a iniciativa conjunta de los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y de Economía y Empresa.
La inscripción tendrá una validez de 5 años renovables si se mantienen los 
requisitos. Cualquier modificación de las condiciones deberá ser comunicada a la 
Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos en el plazo de 30 días. En 
cve: BOE-A-2018-12131
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caso de no comunicar dicha modificación, la entidad dejará de estar inscrita en la 
Unidad.
La entidad inscrita estará exenta de acreditar, en el momento de la solicitud, los 
requisitos previstos en el artículo 62.3, letras f) y g). No obstante, la Administración 
podrá efectuar de oficio comprobaciones del cumplimiento de estos requisitos para 
lo cual la entidad deberá disponer de la documentación acreditativa.
No obstante su inscripción en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos, no se beneficiarán de la exención recién citada las entidades 
dedicadas a la investigación que en los tres años anteriores a la solicitud de 
inscripción hayan sido sancionadas por infracción grave o muy grave en materia de 
extranjería e inmigración o no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos en 
las comprobaciones de oficio efectuadas por la Administración.
Se podrá retirar la inscripción o denegar su renovación cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) La entidad dedicada a la investigación haya dejado de cumplir los requisitos.
b) La inscripción se haya obtenido fraudulentamente.
c) Una entidad dedicada a la investigación haya firmado de forma fraudulenta 
o con negligencia un convenio de acogida o un contrato con un nacional de un país 
tercero.
Cuando se deniegue una solicitud de renovación o se retire la inscripción, podrá 
prohibirse a la entidad en cuestión volver a solicitarla antes de que haya transcurrido 
un período de cinco años a partir de la fecha de publicación de la decisión de no 
renovación o retirada.
9. Una vez finalizada la actividad investigadora, los extranjeros podrán 
permanecer en España durante un periodo máximo de doce meses con el fin de 
buscar un empleo adecuado en relación con el campo de la investigación realizada 
o para emprender un proyecto empresarial.
A tal efecto, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración 
de la vigencia de su autorización de residencia y durante los noventa días naturales 
posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de dicha autorización de 
residencia, el investigador deberá comunicar por medios electrónicos a la Unidad de 
Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos el deseo de permanecer con el fin 
antes descrito.
La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos comprobará con la 
entidad dedicada a la investigación, antes de prorrogar la autorización, que se ha 
producido la finalización de la actividad investigadora, que dispone de un seguro de 
enfermedad y el mantenimiento de recursos suficientes. Para acreditar esta última 
circunstancia, el solicitante presentará una declaración responsable en la que 
detallará los medios con los que acredite la suficiencia de recursos.
El plazo para resolver esta prórroga será de 20 días, transcurridos los cuales se 
entenderá concedida por silencio administrativo. La comunicación a la UGE 
prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.
Una vez concedida la prórroga y durante la vigencia de la misma, en caso de 
encontrar un empleo adecuado en relación con el campo de la investigación 
realizada o de haber emprendido un proyecto empresarial, se deberá solicitar la 
autorización correspondiente de entre las reguladas en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, o en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 75 que queda redactado en los siguientes 
términos:
«4. Los visados de residencia previstos en esta sección se expedirán conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 265/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica el Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) 562/2006 por lo que se refiere a la 
cve: BOE-A-2018-12131
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circulación de personas con visados de larga duración. Estos visados tendrán 
validez de un año o igual a la duración de la autorización de residencia, en caso de 
ser esta inferior, y autorizarán la residencia de su titular en España sin necesidad de 
tramitar la tarjeta de identidad de extranjero.»
Tres. Se modifica el artículo 76 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 76. Procedimiento de autorización.
1. La tramitación de las autorizaciones de residencia previstas en esta sección 
se efectuará por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, a través 
de medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de 
Migraciones.
El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación 
electrónica de la solicitud en el órgano competente para su tramitación. Si no se 
resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio 
administrativo. Las resoluciones serán motivadas y podrán ser objeto de recurso de 
alzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
La solicitud de autorizaciones de residencia previstas en esta sección prorrogará 
la vigencia de la situación de residencia o de estancia de la que fuera titular el 
solicitante hasta la resolución del procedimiento.
2. Una vez concedida la autorización, si la misma tuviera una vigencia superior 
a seis meses, se deberá solicitar la tramitación de la tarjeta de identidad de 
extranjero.
3. Los titulares de una autorización regulada en esta sección podrán solicitar 
su renovación por periodos de dos años siempre y cuando mantengan las 
condiciones que generaron el derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
67.2. Las renovaciones se tramitarán utilizando medios electrónicos. La Dirección 
General de Migraciones podrá recabar los informes necesarios para pronunciarse 
sobre el mantenimiento de las condiciones que generaron el derecho.
La presentación de la solicitud de renovación prorrogará la validez de la 
autorización hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará en el 
supuesto en que la solicitud se presentara en los noventa días posteriores a la 
finalización de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación, en su caso, del 
correspondiente expediente sancionador.»
Cuatro.  Se añade una disposición adicional decimoséptima que queda redactada del 
siguiente modo:
«Disposición adicional decimoséptima. Autorización de residencia al estudiante 
para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial.
1. Una vez finalizados los estudios en una institución de educación superior, 
los extranjeros, que hayan alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo al Marco 
Europeo de Cualificaciones, correspondiente a la acreditación de grado, podrán 
permanecer en España durante un período máximo e improrrogable de doce meses 
con el fin de buscar un empleo adecuado en relación con el nivel de los estudios 
finalizados o para emprender un proyecto empresarial.
2. A tal efecto, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de 
expiración de la vigencia de su autorización de estancia por estudios y durante los 
noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia 
de dicha autorización de estancia, el estudiante solicitará mediante medios 
electrónicos una autorización de residencia para la búsqueda de empleo o para 
emprender un proyecto empresarial a la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
de la provincia en la que vaya a residir, que únicamente comprobará que se ha 
cve: BOE-A-2018-12131
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obtenido el título o certificado de educación superior u otra prueba de cualificación 
oficial, que cuenta con seguro médico y el mantenimiento de recursos suficientes. 
Para acreditar esta última circunstancia, el solicitante presentará una declaración 
responsable en la que detallará los medios con los que acredite la suficiencia de 
recursos.
3. La solicitud en el plazo indicado en el apartado anterior prorroga la validez 
de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. Todo ello, sin 
perjuicio de la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador por 
la infracción en que se hubiese incurrido de haber caducado la autorización.
4. El plazo para resolver esta autorización será de 20 días, transcurridos los 
cuales se entenderá concedida por silencio administrativo.
5. Durante la vigencia de la autorización de residencia para la búsqueda de 
empleo o para emprender un proyecto empresarial, podrá estar acompañado por 
sus familiares en caso de que estos ya le hubiesen acompañado durante su estancia 
por estudios. Su permanencia estará en todo caso vinculada a la situación del titular 
de la autorización principal.
6. Durante la vigencia de la autorización de residencia para la búsqueda de 
empleo o para emprender un proyecto empresarial, en caso de encontrar un empleo 
adecuado en relación con el nivel de los estudios finalizados o de haber emprendido 
un proyecto empresarial, se deberá solicitar la autorización correspondiente de entre 
las reguladas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o en la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre.»
Cinco.  Se añade una disposición adicional decimoctava, que queda redactada del 
siguiente modo:
«Disposición adicional decimoctava. Autorización de residencia para prácticas.
1. Los extranjeros que hayan obtenido un título de educación superior en los 
dos años anteriores a la fecha de solicitud o que estén realizando estudios que 
conducen a la obtención de un título de educación superior en España o en el 
extranjero, podrán participar en un programa de prácticas mediante la firma de un 
convenio de prácticas o contrato de trabajo en prácticas con el fin de mejorar sus 
conocimientos, su práctica y su experiencia en un entorno profesional.
2. Para ello deberán estar provistos de una previa autorización de residencia 
para prácticas y, en caso de que no se hallen o residan en territorio español, del 
correspondiente visado que será emitido de conformidad con los procedimientos 
descritos en esta ley.
3. La autorización de residencia para prácticas será solicitada por la entidad de 
acogida mediante medios electrónicos y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
La solicitud se dirigirá a la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia 
en la que vaya a desarrollarse la actividad que resolverá en el plazo de 30 días. Si 
no se resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio 
administrativo.
4. El solicitante deberá acreditar los siguientes requisitos para solicitar la 
autorización de residencia para prácticas:
a) Que el extranjero ha sido admitido para la realización de prácticas en base 
a la firma de un convenio de prácticas con una entidad de acogida, que contemple 
una formación teórica y práctica. El convenio de prácticas contendrá, al menos:
1.º Una descripción del programa de prácticas, incluido el objetivo educativo o 
los componentes de las prácticas.
2.º La duración de las prácticas.
3.º Las condiciones de las prácticas y de su supervisión.
4.º Las horas de prácticas.
5.º La relación jurídica entre la persona en prácticas y la entidad de acogida.
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b) Que el extranjero ha obtenido un título de educación superior en los dos 
años anteriores a la fecha de solicitud o que está realizando estudios que conducen 
a la obtención de un título de educación superior.
c) Que las prácticas se efectúan en el mismo campo académico y al mismo 
nivel de cualificación que el título de educación superior o el programa de estudios 
referido.
d) Que el extranjero dispondrá durante su residencia de seguro de enfermedad 
y de recursos suficientes.
e) Que el extranjero carece de antecedentes penales en sus países anteriores 
de residencia durante los últimos cinco años por delitos previstos en el ordenamiento 
español y no figura como rechazable en el espacio territorial de los países con los 
que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
f) Que, en su caso, el extranjero se encuentra regularmente en territorio 
español.
5. En aquellos supuestos en los que el extranjero queda vinculado con la 
entidad de acogida mediante un contrato de trabajo en prácticas, no se aplicará la 
situación nacional de empleo. Sin perjuicio de someterse a la regulación propia del 
trabajo en prácticas, este contrato deberá contener, al menos, el contenido previsto 
en este artículo para el convenio.
6. El período de validez de esta autorización de residencia para prácticas será 
de seis meses o igual a la duración del convenio de prácticas, de ser esta inferior. 
Esta autorización podrá ser renovada, por una sola vez, no pudiendo exceder de un 
año el periodo total de la autorización inicial y de su prórroga. En el caso de que se 
trate de un contrato de trabajo en prácticas, la duración será la prevista en el mismo 
regida por la legislación laboral aplicable en cada momento.
7. Los extranjeros que hubieran obtenido una autorización de residencia de 
conformidad con la presente disposición, podrán solicitar la tarjeta de identidad de 
extranjero.»
Seis. Se añade una disposición adicional decimonovena, que queda redactada del 
siguiente modo:
«Disposición adicional decimonovena. Tasa por autorizaciones de residencia y 
tramitación de comunicaciones.
1. La presente tasa se regirá por las fuentes normativas establecidas en la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación y expedición de las 
autorizaciones de residencia, sus prórrogas, renovaciones y visados, así como la 
tramitación de las comunicaciones que se prevén en esta ley.
3. La tasa se devengará con la solicitud de la autorización, prórroga, 
renovación o visado o, en el caso de comunicaciones, cuando estas se efectúen.
4. Serán sujetos pasivos los solicitantes de las autorizaciones y demás 
actuaciones referidas a las mismas y quienes resulten legitimados para efectuar las 
comunicaciones.
5. El importe de la tasa se establecerá por orden ministerial, atendiendo al 
coste de los servicios prestados. La gestión y liquidación de la tasa se ajustará a las 
normas que se establezcan en dicha orden ministerial.»
Siete. Se modifica la disposición final novena, cuyo penúltimo párrafo queda 
redactado en los siguientes términos:
«La Sección 2.ª del Título V y las disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, 
séptima, decimoséptima, decimoctava y decimonovena se dictan al amparo del 
artículo 149.1.2.ª de la Constitución en materia de nacionalidad, inmigración, 
extranjería y derecho de asilo.»
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Ocho. La actual disposición final decimotercera pasa a ser decimocuarta y la nueva 
disposición final decimotercera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final decimotercera. Aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
integración social.
En lo no previsto en esta Ley, en relación con la movilidad internacional, será de 
aplicación la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España y su integración social.»
Artículo cuarto.  Modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril.
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, queda modificado en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 37, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, la duración de la estancia 
será igual a la de la actividad respecto a la que se concedió la autorización, con el 
límite máximo de un año; o de dos años, cuando el programa de estudios se 
desarrolle en una institución de enseñanza superior autorizada y conduzca a la 
obtención de un título de educación superior reconocido, lo que puede incluir un 
curso preparatorio a dicha educación superior o unas prácticas de formación 
obligatoria.»
Dos. Se modifica el artículo 38 que queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 38. Requisitos para obtener el visado y/o autorización de estancia.
Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales para 
la obtención del visado y/o autorización de estancia previstos en este Capítulo:
1. Con carácter general y para todos los supuestos previstos en el artículo 
anterior:
a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Oficina consular en el caso 
de solicitudes de visado, y por la Oficina de Extranjería en el caso de autorizaciones 
de estancia solicitadas a favor de extranjeros que ya se encuentran regularmente en 
España:
1.º Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompañado de 
sus padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artículo 189, estar 
autorizado por éstos para el desplazamiento a España a efectos de realizar la 
actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y 
organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.
2.º Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los 
gastos de estancia y regreso a su país, y, en su caso, los de sus familiares, de 
acuerdo con las siguientes cuantías:
Para su sostenimiento, una cantidad que represente mensualmente el 100% del 
IPREM, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el 
alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.
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En el supuesto de participación en un programa de movilidad de alumnos, para 
seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente 
o científico oficialmente reconocido, la acreditación de la cuantía prevista en el 
párrafo anterior será sustituida por el hecho de que el programa de movilidad 
contenga previsiones que garanticen que el sostenimiento del extranjero queda 
asegurado dentro del mismo.
Para el sostenimiento de los familiares que estén a su cargo, durante su estancia 
en España: una cantidad que represente mensualmente el 75% del IPREM, para el 
primer familiar, y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas que 
vayan a integrar la unidad familiar en España, salvo que se acredite debidamente 
tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la 
estancia.
No se computarán, a los efectos de garantizar ese sostenimiento, las cuantías 
utilizadas o a utilizar para sufragar, en su caso, el coste de los estudios, del 
programa de movilidad o de las prácticas no laborales.
3.º Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
4.º Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad 
concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
5.º Cuando la duración de la estancia supere los seis meses, se requerirá, 
además:
No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de 
salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005.
Cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal, carecer de antecedentes 
penales en los países de residencia durante los últimos cinco años, por delitos 
previstos en el ordenamiento español.
b) Requisito a valorar por la Oficina de Extranjería: cuando se trate de 
solicitantes mayores de edad penal y para estancias superiores a seis meses, que 
carecen de antecedentes penales en España, durante los últimos cinco años.
2. Además de los requisitos de carácter general establecidos en el apartado 
anterior, será necesario cumplir, para cada uno de los supuestos de estancia 
previstos, los siguientes requisitos específicos, a valorar por la Oficina de Extranjería:
a) Realización o ampliación de estudios: haber sido admitido en un centro de 
enseñanza autorizado en España, para la realización de un programa de tiempo 
completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios.
b) Realización de actividades de investigación o formación: haber sido 
admitido en un centro reconocido oficialmente en España para la realización de 
dichas actividades. En el caso de actividades de investigación, dicho centro será 
una Universidad, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas u 
otra institución pública o privada de I+D.
c) Participación en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un 
programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o científico 
oficialmente reconocido:
1.º Haber sido admitido en un centro de enseñanza secundaria y/o bachillerato 
o científico oficialmente reconocido.
2.º Haber sido admitido como participante en un programa de movilidad de 
alumnos, llevado a cabo por una organización oficialmente reconocida para ello.
3.º Que la organización de movilidad de alumnos se haga responsable del 
alumno durante su estancia, en particular en cuanto al coste de sus estudios, así 
como los gastos de estancia y regreso a su país.
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4.º Ser acogido por una familia o institución durante su estancia, en las 
condiciones normativamente establecidas, y que habrá sido seleccionada por la 
organización responsable del programa de movilidad de alumnos en que participa.
d) Realización de prácticas no laborales, en el marco de un convenio firmado 
con un organismo o entidad pública o privada: haber sido admitido para la realización 
de prácticas no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una empresa 
pública o privada o en un centro de formación profesional reconocido oficialmente.
e) Prestación de un servicio de voluntariado:
1.º Presentar un convenio firmado con la organización encargada del programa 
de voluntariado, que incluya una descripción de las actividades y de las condiciones 
para realizarlas, del horario a cumplir, así como de los recursos disponibles para 
cubrir su viaje, manutención y alojamiento durante su estancia.
2.º Que la organización haya suscrito un seguro de responsabilidad civil por 
sus actividades. Este requisito no se exigirá a los voluntarios que participen en el 
Servicio Voluntario Europeo.»
Tres. El artículo 39 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 39. Procedimiento.
1. La solicitud del visado deberá presentarse personalmente o mediante 
representación en la misión diplomática u oficina consular española en cuya 
demarcación resida el extranjero, en modelo oficial.
2. A dicha solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con 
una vigencia mínima del periodo para el que se solicita la estancia.
b) La documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
previstos en el artículo anterior, en función del supuesto concreto en que se 
fundamente la solicitud.
Sin perjuicio de ello, la inexistencia de antecedentes penales en España será 
comprobada de oficio por la Administración.
3. La oficina consular requerirá, por medios electrónicos, resolución de la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno competente sobre la autorización de 
estancia.
Será competente la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en 
la que vaya a iniciarse la actividad.
Con carácter previo a dictar resolución sobre la autorización de estancia, la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno requerirá informe policial, cuyo contenido 
valorará en el marco de su decisión.
El plazo máximo para resolver sobre la autorización será de siete días desde la 
recepción de la solicitud, transcurridos los cuales sin haber obtenido respuesta se 
entenderá que su sentido es favorable.
4. Si la resolución sobre la autorización de estancia es desfavorable, la misión 
diplomática u oficina consular notificará al interesado el sentido de la resolución, 
informándole por escrito en el mismo documento de los recursos administrativos y 
judiciales que procedan contra la misma, los órganos ante los que deban 
interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la misión diplomática u 
oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.
5. Concedida, en su caso, la autorización de estancia, la misión diplomática u 
oficina consular resolverá y expedirá, en su caso, el visado. La duración del visado 
será igual al periodo de estancia autorizado, salvo en los supuestos en los que 
proceda la emisión de Tarjeta de Identidad de Extranjero.
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6. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo 
personalmente en el plazo de dos meses desde su notificación. De no efectuarse en 
el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al 
visado concedido y se producirá el archivo del procedimiento.
7. En el supuesto del artículo 37.1.a), la solicitud de la autorización de estancia 
por estudios podrá presentarse por el extranjero, personalmente, mediante 
representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, en el 
modelo oficial, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la 
que vaya a iniciarse la actividad siempre y cuando se halle regularmente en territorio 
español y presente la solicitud con una antelación mínima de un mes a la fecha de 
expiración de su situación. En estos casos, será la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno la encargada de valorar los documentos que acompañen a la solicitud y 
de resolver y notificar al interesado el sentido de la resolución en un plazo máximo 
de un mes.
8. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorizaciones de estancia para la 
realización de programas de enseñanza superior, podrán presentarse por la 
institución en la que va a cursar los estudios el extranjero, debiendo acompañar a la 
solicitud los documentos requeridos que serán valorados por la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno correspondiente. El plazo máximo para resolver y 
notificar será de un mes. Una vez obtenida la autorización, el estudiante deberá 
obtener el correspondiente visado si se encontrase fuera del territorio español.
Las instituciones de enseñanza superior que suscriban un código de buenas 
prácticas podrán solicitar la tramitación colectiva de estas autorizaciones, que estará 
basada en la gestión planificada de un cupo temporal de autorizaciones presentadas 
por tales instituciones de educación superior. En estos casos, el plazo máximo para 
resolver y notificar será de 15 días.
9. El visado o autorización de estancia serán denegados:
a) En su caso, cuando consten antecedentes penales del solicitante en los 
países de residencia durante los últimos cinco años por delitos previstos en el 
ordenamiento español.
b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos 
falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite 
que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
10. Si la estancia tuviera una duración superior a seis meses, el extranjero 
deberá solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de 
un mes desde la entrada efectiva en España.»
Cuatro. Se modifica el artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 44. Movilidad dentro de la Unión Europea.
1. Los estudiantes que posean una autorización de estancia válida para la 
realización de programas de enseñanza superior, expedida por España, y que 
participen en un programa de la Unión o multilateral que incluya medidas de 
movilidad o que estén cubiertos por un acuerdo entre dos o más instituciones de 
enseñanza superior, tendrán derecho a entrar y permanecer en uno o varios Estados 
Miembros a fin de realizar parte de sus estudios en una institución de enseñanza 
superior previa comunicación a las autoridades de dichos Estados de acuerdo con 
su normativa en aplicación de la Directiva (UE) 2016/801, durante un período de 
hasta 360 días por Estado miembro.
2. Los estudiantes que posean una autorización válida expedida por otro 
Estado miembro de conformidad con la Directiva (UE) 2016/801 y que participen en 
un programa de la Unión o multilateral que incluya medidas de movilidad o que 
estén cubiertos por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, 
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tendrán derecho a entrar y permanecer en España, durante un período de hasta 360 
días, a fin de realizar parte de sus estudios en una institución de educación superior 
española, previa comunicación a la Delegación del Gobierno o Subdelegación en la 
provincia en la que vaya a iniciarse la actividad.
La comunicación se realizará en cualquier momento anterior a la entrada en 
territorio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la 
misma por la institución de educación superior española, con indicación de la 
duración prevista y las fechas de la movilidad.
En la comunicación se incluirá el documento de viaje válido y la autorización 
válida expedida por el primer Estado miembro que abarcará el período total de 
movilidad. Además la comunicación incluirá la prueba de que el estudiante está 
realizando parte de sus estudios en el marco de un programa de la Unión o 
multilateral que incluye medidas de movilidad o de un acuerdo entre dos o más 
instituciones de enseñanza superior y la prueba de que el estudiante ha sido 
aceptado por una institución de educación superior española.
La correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno podrá presentar 
objeciones a la movilidad del estudiante, dentro de un plazo de 30 días a partir de la 
fecha de recepción de la comunicación completa, cuando:
a) No se cumplan las condiciones establecidas en este apartado.
b) Los documentos presentados se hayan adquirido fraudulentamente o hayan 
sido falsificados o manipulados o sea aplicable alguno de los motivos de denegación 
de una solicitud de autorización.
c) Haya transcurrido la duración máxima de estancia a la que se refiere este 
apartado.
En caso de oposición a la movilidad no se permitirá al estudiante realizar parte 
de sus estudios en la institución de enseñanza superior española y el primer Estado 
permitirá la reentrada sin más trámites del extranjero desplazado. Si no se hubiera 
producido todavía el desplazamiento a España, la resolución denegatoria impedirá 
el mismo.
3. Los estudiantes extranjeros que hayan sido admitidos para la realización o 
ampliación de estudios en otro Estado miembro de la Unión Europea, pero que no 
estén cubiertos por un programa de la Unión o multilateral que incluya medidas de 
movilidad o por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, 
podrán presentar una solicitud de autorización para entrar y permanecer en España 
a fin de cursar o completar parte de sus estudios en una institución de enseñanza 
superior española no siendo exigible la obtención de visado.
La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento anterior a la entrada en 
territorio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la 
misma.
Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia 
en que esté situado el centro de enseñanza, ante la oficina consular española 
correspondiente al lugar previo de residencia en la Unión Europea o ante la propia 
Oficina de Extranjería.
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
a) Documentación acreditativa de su condición de admitido como estudiante 
en otro Estado miembro de la Unión Europea.
b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 38, apartados 1 y 2.a).
La Oficina de Extranjería tramitará la solicitud y notificará la resolución en el 
plazo máximo de un mes.
Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero deberá entrar en España 
en el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución, de no 
encontrarse ya en territorio español.
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En caso de autorizaciones de estancia de duración superior a seis meses, el 
extranjero habrá de solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, 
ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, en el 
plazo de un mes desde la notificación de la resolución o, en su caso, de la entrada 
en España.»
TÍTULO IV
Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos 
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Artículo quinto. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de 
los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
El apartado 3 del artículo 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de 
los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, queda 
redactado del siguiente modo:
«3. El procedimiento sancionador de las infracciones contempladas en esta ley 
será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de un 
año a contar desde la fecha del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la posibilidad 
de suspensión por el instructor del cómputo del plazo en los supuestos señalados 
en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.»
TÍTULO V
Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas
Artículo sexto. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda 
redactada en los siguientes términos:
«Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.»
Disposición transitoria única. Diligencia debida de operadores de juego.
Los operadores de juego se ajustarán exclusivamente a las obligaciones en materia de 
diligencia debida existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley durante tres meses desde dicha fecha.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
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En particular, queda derogado el artículo 38 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y 
el Capítulo IV del Título IV, que comprende los artículos 73 a 84, del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Disposición final primera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español las siguientes 
Directivas:
Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre 
Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión.
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.
Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países 
terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de 
intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair .
Disposición final segunda. Título competencial.
El artículo primero se dicta al amparo de la competencia exclusiva que corresponde al 
Estado en materia de legislación mercantil establecida en el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución.
Los artículos segundo y quinto de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución que atribuyen al Estado las 
competencias en materia de legislación mercantil, de bases de la ordenación del crédito y 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
respectivamente.
Los artículos tercero y cuarto de este real decreto-ley se dictan en ejercicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de inmigración y 
extranjería, establecidas en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución.
El artículo sexto de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de 
procedimiento administrativo común.
Disposición final tercera.  Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley.
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de agosto de 2018.
FELIPE R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
CARMEN CALVO POYATO
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