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Núm. 110  Martes 6 de mayo de 2014  Sec. I.   Pág. 34775
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
4742 Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.
El real decreto desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo de acuerdo con la habilitación al efecto 
conferida por dicha Ley en su disposición final quinta.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como 
fenómenos universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la 
economía internacional y la paulatina eliminación de barreras a los intercambios a nivel 
mundial. Siendo así, la respuesta que la comunidad internacional ha de ofrecer a este 
fenómeno, debe ser coordinada y global.
La política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
se ha venido desarrollando en España en consonancia con la evolución de los estándares 
internacionales en esta materia. Unos estándares en cuya configuración España ha 
colaborado activamente, a través de su participación como miembro del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), desde su fundación en 1989. Precisamente, el intenso 
compromiso con la elaboración de las nuevas Recomendaciones de GAFI y su posterior 
aprobación en febrero de 2012 ha llevado a la adopción de diferentes iniciativas en el 
ámbito normativo tendentes a incorporar a nuestro Ordenamiento las novedades 
contenidas en las mismas.
En este sentido, es importante resaltar la modificación operada en la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, mediante la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que incorpora, como 
novedades destacadas, la modificación del régimen aplicable a las personas con 
responsabilidad pública, la reforma del sistema de diligencia simplificada, la ampliación 
de las potestades del Consejo de Ministros a la hora de adoptar sanciones y contramedidas 
financieras internacionales y el establecimiento de la obligación de estructurar los 
procedimientos de control interno a nivel de grupo.
Con la aprobación del real decreto, se procede, por un lado, a culminar el nuevo 
enfoque orientado al riesgo de la normativa preventiva en España, incorporando asimismo 
las principales novedades de la normativa internacional surgidas a partir de la aprobación 
de las nuevas Recomendaciones de GAFI.
En este sentido, si bien el enfoque orientado al riesgo estaba ya incorporado en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, este real decreto procede al desarrollo y concreción de dicho 
concepto.
Teniendo en cuenta los medios limitados de que disponen los sujetos obligados, se 
impone adoptar aquellas medidas que permitan incrementar la eficacia y eficiencia en el 
uso de esos recursos, haciendo más hincapié en aquellas situaciones, productos y 
clientes que presentan un nivel de riesgo superior.
De esta forma, los sujetos obligados habrán de analizar los riesgos principales a los 
que se enfrentan y que variarán en función del tipo de negocio, de productos y de clientes 
con los que establecen relaciones de negocio. A partir de ese análisis, se ha de proceder 
a diseñar las políticas y procedimientos internos, de manera tal que estos se adapten al 
perfil de riesgo de la entidad, moderándose la intensidad de las medidas de diligencia 
debida aplicadas, según las características concretas del cliente y la operación.
Un enfoque orientado al riesgo que, no solamente, incrementará la eficiencia de las 
medidas a aplicar, sino que se presenta, igualmente, como un elemento de flexibilidad de 
la norma, dirigida a un colectivo muy heterogéneo de sujetos. De esta manera, se 
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establecen unos requerimientos básicos y comunes para todos los sujetos obligados, 
permitiendo asimismo un margen de adaptación de la aplicación de la norma a la realidad 
específica de la actividad que cada sujeto desarrolla.
Junto a ello, se procede a un redimensionamiento de las obligaciones de tipo 
procedimental exigidas a ciertos tipos de sujetos obligados. El objetivo es limitar las 
obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño más reducido, incrementando 
la exigencia en función de la dimensión y volumen de negocio del sujeto obligado. Un 
planteamiento que se justifica tanto desde el punto de vista económico como de gestión 
del riesgo, que en el caso de entidades de gran tamaño, requiere de un tratamiento 
centralizado, especializado y automatizado.
Es asimismo especialmente relevante el desarrollo del artículo 43 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras, 
cuyo contenido, funcionamiento y posibilidades de acceso este real decreto concreta.
Por último, se lleva a cabo una revisión del esquema institucional dedicado a la 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con un reforzamiento 
de la Comisión mediante, la ampliación de las instituciones en ella participantes y la 
creación de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera.
Durante la tramitación de este reglamento se ha solicitado informe a los vocales 
miembros de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Asimismo, ha sido sometido a audiencia pública en la que han participado numerosos 
organismos y entidades afectados. Por último, se ha solicitado informe a los departamentos 
ministeriales afectados, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y a la 
Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, con la 
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
30 de abril de 2014,
DISPONGO:
Artículo  único. Aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo texto se incluye a 
continuación.
Disposición adicional primera. Informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión en los 
procedimientos de creación de entidades financieras y en los procedimientos de 
evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones.
No será preceptivo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión en los procedimientos 
de creación de entidades financieras y en los procedimientos de evaluación cautelar de 
las adquisiciones y de los incrementos de participaciones:
a) Cuando la persona o entidad objeto del procedimiento no tenga la condición de 
sujeto obligado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
b) En las variaciones posteriores en la cadena de sociedades intermedias a través 
de la cual un titular instrumente una participación significativa previamente autorizada.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en este real decreto se atenderán con las dotaciones 
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento del gasto público.
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Disposición adicional tercera.  Acceso a la información por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones 
que tiene legalmente atribuidas, podrá requerir y obtener la información que los sujetos 
obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia 
debida derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en los términos previstos en el artículo 
93 de la Ley General Tributaria.
Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades 
Financieras.
La entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras, regulado en la 
sección 3.ª del capítulo V del reglamento, se producirá en la fecha que se determine por 
Orden del Ministro de Economía y Competitividad y se pondrá en conocimiento de las 
entidades de crédito con una anticipación mínima de seis meses. La entrada en 
funcionamiento del fichero deberá producirse dentro del plazo máximo de dos años desde 
la entrada en vigor del reglamento.
Las entidades de crédito declararán, con carácter previo, al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión, en la forma establecida por éste, la totalidad de las cuentas corrientes, cuentas 
de ahorros, cuentas de valores y depósitos a plazo vigentes en el momento de entrada en 
funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
Disposición transitoria segunda. Comunicación sistemática.
Hasta que se proceda a la designación por Orden del Ministro de Economía y 
Competitividad, los sujetos obligados aplicarán en el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 27.1.b) de este reglamento el listado de países y territorios contenido en el 
artículo 1 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países 
o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, 
de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, teniendo en cuenta lo 
establecido en la disposición adicional primera y en la disposición transitoria segunda 
de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
complementado por Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias.
La comunicación sistemática establecida en el artículo 27.1 e) y f) será exigible a 
partir de la fecha que se determine por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, quien 
determinará asimismo la forma y contenido de dichas comunicaciones.
Disposición transitoria tercera.  Obligaciones de diligencia debida en operaciones 
ocasionales.
Hasta la entrada en vigor del umbral de identificación en operaciones ocasionales 
contemplado en el artículo 4.1 de este Reglamento, se seguirán aplicando los umbrales 
establecidos en el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales.
Disposición transitoria cuarta. Titularidad real.
En relación con los clientes existentes a la fecha de entrada en vigor del reglamento, 
la inclusión por los sujetos obligados en sus archivos de clientes de los administradores 
como titulares reales de las personas jurídicas en los supuestos contemplados en el 
artículo 8.b) de este reglamento se realizará en el plazo máximo de dos años a contar 
desde la entrada en vigor de este reglamento.
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Disposición transitoria quinta. Medidas de diligencia simplificada.
La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida del artículo 17 en 
relación con los clientes y productos vivos que, a la fecha de entrada en vigor de este 
reglamento, se beneficiaban del régimen de diligencia simplificada, se realizará conforme 
al criterio de riesgo establecido en el reglamento y en el plazo máximo de tres años a 
contar desde la entrada en vigor del mismo.
No obstante dicho plazo, en los productos a los que se refiere el artículo 16 a) a d), la 
comprobación de la identidad se realizará, en todo caso, antes del pago de la prestación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto quedará derogado el Real Decreto 925/1995, 
de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
En cuanto no se opongan a lo dispuesto en el reglamento, continuarán vigentes la Orden 
EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en 
materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado; la Orden 
EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de 
pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales; la Orden EHA/2619/2006, 
de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del 
blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o 
gestión de transferencias con el exterior; la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que 
se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 
medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 
de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de 
control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales; y la Orden 
EHA/114/2008, 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de 
los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, 
que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias para dictar las bases de la 
ordenación del crédito y las bases y coordinación de la planificación general de actividad 
económica.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo y aplicación del reglamento.
Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para dictar las disposiciones de 
desarrollo y aplicación a que se refieren los artículos 3.2, 27.1 g), 45.1 y disposición 
transitoria primera, y cuantas otras disposiciones y actos de aplicación sean necesarios 
para el desarrollo de lo establecido en este reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Se exceptúa de lo anterior el umbral de identificación en operaciones ocasionales del 
artículo 4.1, que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de este real decreto 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Competitividad,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ÍNDICE
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Fraccionamiento de operaciones y contravalor en moneda extranjera.
Artículo 3. Actividades excluidas.
Capítulo II. De la diligencia debida.
Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida.
Artículo 4. Identificación formal.
Artículo 5. Identificación formal en el ámbito del seguro.
Artículo 6. Documentos fehacientes a efectos de identificación formal.
Artículo 7. Obligaciones de identificación de las entidades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva.
Artículo 8. Titular real.
Artículo 9. Identificación del titular real.
Artículo 10. Propósito e índole de la relación de negocios.
Artículo 11. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
Artículo 12. Diligencia debida y prohibición de revelación.
Artículo 13. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida.
Artículo 14. Acuerdos relativos a la identificación de las personas con responsabilidad 
pública.
Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida.
Artículo 15. Clientes susceptibles de aplicación de medidas simplificadas de 
diligencia debida.
Artículo 16. Productos u operaciones susceptibles de aplicación de medidas 
simplificadas de diligencia debida.
Artículo 17. Medidas simplificadas de diligencia debida.
Artículo 18. Compraventa minorista.
Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida.
Artículo 19. Supuestos de aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida.
Artículo 20. Medidas reforzadas de diligencia debida.
Artículo 21. Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
Artículo 22. Países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
Capítulo III. De las obligaciones de información.
Sección 1.ª Obligaciones de comunicación.
Artículo 23. Alertas.
Artículo 24. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo.
Artículo 25. Examen especial.
Artículo 26. Comunicación por indicio.
Artículo 27. Comunicación sistemática.
Sección 2.ª Conservación de documentos.
Artículo 28. Conservación de documentos de diligencia debida.
Artículo 29. Otras obligaciones de conservación documental.
Artículo 30. Requerimientos de las autoridades.
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Capítulo IV. De las medidas de control interno.
Sección 1.ª Disposiciones comunes.
Artículo 31. Procedimientos de control interno.
Artículo 32. Análisis de riesgo.
Artículo 33. Manual de prevención.
Artículo 34. Adecuación de los procedimientos de control interno.
Artículo 35. Órganos de control interno.
Artículo 36. Medidas de control interno a nivel de grupo.
Artículo 37. Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
Artículo 38. Examen externo.
Artículo 39. Formación.
Artículo 40. Altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y 
agentes.
Sección 2.ª  Disposiciones especiales.
Artículo 41. Medidas de control interno de aplicación por el administrador nacional 
del Registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Artículo 42. Fundaciones y asociaciones.
Artículo 43. Medidas de control interno de aplicación al pago de premios en loterías 
u otros juegos de azar.
Artículo 44. Órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria.
Capítulo V. Otras disposiciones.
Sección 1.ª Medios de pago.
Artículo 45. Intervención de los medios de pago.
Artículo 46. Envío postal.
Sección 2.ª Sanciones y contramedidas financieras internacionales.
Artículo 47. Autorización de transferencias de fondos.
Artículo 48. Congelación o bloqueo de fondos o recursos económicos.
Artículo 49. Liberación de fondos o recursos económicos congelados o bloqueados.
Sección 3.ª Fichero de titularidades financieras.
Artículo 50. Naturaleza y finalidad del Fichero de Titularidades Financieras.
Artículo 51. Declaración por las entidades de crédito.
Artículo 52. Consultas y accesos al Fichero de Titularidades Financieras.
Artículo 53. Protección de datos.
Artículo 54. Contenido de la función del Ministerio Fiscal.
Artículo 55. Verificación de la regularidad de las consultas y accesos por el Ministerio 
Fiscal.
Artículo 56. Iniciación de actuaciones previas.
Artículo 57. Resultado de las actuaciones previas.
Sección 4.ª Sanciones.
Artículo 58. Ejecución de sanciones.
Artículo 59. Ejecución de sanciones por incumplimiento de la obligación de declarar 
prevista en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de 28 de abril.
Sección 5.ª Protección de datos.
Artículo 60. Nivel de seguridad en los tratamientos de datos de carácter personal.
Artículo 61. Ficheros comunes para el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de prevención.
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Capítulo VI. De la organización institucional.
Artículo 62.  Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias.
Artículo 63. Pleno de la Comisión.
Artículo 64. Comité Permanente de la Comisión.
Artículo 65. Comité de Inteligencia Financiera.
Artículo 66. Secretaría de la Comisión.
Artículo 67. Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 68. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 69. Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Este reglamento regula, en desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las obligaciones de los 
sujetos obligados por dicha ley, relacionados en el artículo 2 de la misma, la organización 
institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, las sanciones y contramedidas financieras internacionales y establece la 
estructura y funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
Artículo 2. Fraccionamiento de operaciones y contravalor en moneda extranjera.
1. Los umbrales cuantitativos establecidos en este reglamento serán aplicables con 
independencia de que se alcancen en una única operación o en varias operaciones 
ligadas entre sí.
2. Las referencias del reglamento a cuantías en euros comprenderán su contravalor 
en moneda extranjera.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. No estará sujeta a la Ley 10/2010, de 28 de abril, conforme a lo previsto en el 
artículo 2.3 de la misma, la actividad de cambio de moneda extranjera realizada con 
carácter accesorio a la actividad principal del titular, cuando concurran todas las 
circunstancias siguientes:
a) Que la actividad de cambio de moneda extranjera se verifique, exclusivamente, 
como servicio proporcionado a los clientes de la actividad principal.
b) Que la cantidad cambiada por cliente no exceda de 1.000 euros en cada trimestre 
natural.
c) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea limitada en términos 
absolutos, sin que pueda exceder la cifra de 100.000 euros anuales.
d) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea accesoria a la actividad 
principal, considerándose como tal aquella que no exceda del 5 por ciento de la 
facturación anual del negocio.
2. Quedarán asimismo excluidos los actos notariales y registrales que carezcan de 
contenido económico o patrimonial o no sean relevantes a efectos de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A tal efecto, mediante Orden del 
Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Ministerio de Justicia, se 
establecerá la relación de tales actos.
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CAPÍTULO III
De la diligencia debida
Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
Artículo 4. Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos 
fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer 
relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe 
sea igual o superior a 1.000 euros, con excepción del pago de premios de loterías y otros 
juegos de azar, donde procederá la identificación y comprobación de la identidad en 
relación con aquellos premios cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y en 
su normativa de desarrollo.
En las operaciones de envío de dinero y gestión de transferencias deberá procederse 
a la identificación y comprobación de la identidad en todo caso.
No será preceptiva la comprobación de la identidad en la ejecución de operaciones 
cuando no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente, quede acreditada 
su participación en la operación mediante su firma manuscrita o electrónica y dicha 
comprobación se hubiera practicado previamente en el establecimiento de la relación de 
negocios.
2. La comprobación de la identidad se verificará con carácter previo al 
establecimiento de la relación de negocios o de la ejecución de operaciones ocasionales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 5. Identificación formal en el ámbito del seguro.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2, los sujetos obligados identificarán y 
comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del tomador del seguro, 
con carácter previo a la celebración del contrato.
2. Los sujetos obligados registrarán la identidad del beneficiario o beneficiarios del 
seguro tan pronto como sean designados por el tomador del seguro. En el caso de 
beneficiarios designados de forma genérica, por testamento o por otros medios, los 
sujetos obligados obtendrán la información necesaria para establecer la identidad del 
beneficiario en el momento del pago.
En todo caso, la comprobación mediante documentos fehacientes de la identidad del 
beneficiario o beneficiarios del seguro de vida deberá realizarse con carácter previo al 
pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos 
de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
La información obtenida deberá ser registrada y conservada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28.
3. En los casos en que no resulte posible la aplicación de lo previsto en el apartado 
anterior, los sujetos obligados procederán a realizar el examen especial a que se refiere 
el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 6. Documentos fehacientes a efectos de identificación formal.
1. Se considerarán documentos fehacientes, a efectos de identificación formal, los 
siguientes:
a) Para las personas físicas de nacionalidad española, el Documento Nacional de 
Identidad.
Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de 
identidad personal expedido por las autoridades de origen. Será asimismo documento 
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válido para la identificación de extranjeros el documento de identidad expedido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las 
representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España.
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán aceptar otros documentos de 
identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las 
adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular.
b) Para las personas jurídicas, los documentos públicos que acrediten su existencia 
y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus 
administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, será admisible, a efectos 
de identificación formal, certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el 
cliente u obtenida mediante consulta telemática.
2. En los casos de representación legal o voluntaria, la identidad del representante y 
de la persona o entidad representada, será comprobada documentalmente. A estos 
efectos, deberá obtenerse copia del documento fehaciente a que se refiere el apartado 
precedente correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad 
representada, así como el documento público acreditativo de los poderes conferidos. 
Será admisible la comprobación mediante certificación del Registro Mercantil provincial, 
aportada por el cliente, u obtenida mediante consulta telemática.
3. Los sujetos obligados identificarán y comprobarán mediante documentos 
fehacientes la identidad de todos los partícipes de las entidades sin personalidad jurídica. 
No obstante, en el supuesto de entidades sin personalidad jurídica que no ejerzan 
actividades económicas bastará, con carácter general, con la identificación y 
comprobación mediante documentos fehacientes de la identidad de la persona que actúe 
por cuenta de la entidad.
En el supuesto de fondos de inversión, la obligación de identificación y comprobación 
de la identidad de los partícipes se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 40.3 de 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva .
En los fideicomisos anglosajones («trusts») u otros instrumentos jurídicos análogos 
que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico, 
los sujetos obligados requerirán el documento constitutivo, sin perjuicio de proceder a la 
identificación y comprobación de la identidad de la persona que actúe por cuenta de los 
beneficiarios o de acuerdo con los términos del fideicomiso, o instrumento jurídico. A 
estos efectos, los fideicomisarios comunicarán su condición a los sujetos obligados 
cuando, como tales, pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en 
cualesquiera operaciones. En aquellos supuestos en que un fideicomisario no declare su 
condición de tal y se determine esta circunstancia por el sujeto obligado, se pondrá fin a 
la relación de negocios, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el 
artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Los documentos de identificación deberán encontrarse en vigor en el momento 
de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones ocasionales. En el supuesto 
de personas jurídicas, la vigencia de los datos consignados en la documentación aportada 
deberá acreditarse mediante una declaración responsable del cliente.
Artículo 7. Obligaciones de identificación de las entidades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva.
Las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva considerarán clientes a 
las entidades comercializadoras de instituciones de inversión colectiva siempre que éstas 
tengan la consideración de sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, en 
relación con las cuentas globales a las que se refiere el artículo 40.3 de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
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Artículo 8. Titular real.
Tendrán la consideración de titulares reales:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una 
relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto 
de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros 
medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de 
determinar la persona física que, en último término, posea o controle, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de 
voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de 
la persona jurídica y, en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.
Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, 
un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona 
jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, 
se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el 
administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es 
ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.
Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba en 
contrario.
c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por 
ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o 
distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de 
personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o 
instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o 
indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, 
tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en última instancia 
responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a 
través de una cadena de control o propiedad.
Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o 
controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de 
una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en 
cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de 
la titularidad real.
Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios 
establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los 
miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de 
representación o Junta Directiva.
Artículo 9. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas 
en función del riesgo a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento 
de relaciones de negocio, la ejecución de transferencias electrónicas por importe superior 
a 1.000 euros o a la ejecución de otras operaciones ocasionales por importe superior a 
15.000 euros.
La identificación y comprobación de la identidad del titular real podrá realizarse, con 
carácter general, mediante una declaración responsable del cliente o de la persona que 
tenga atribuida la representación de la persona jurídica, A estos efectos, los 
administradores de las sociedades u otras personas jurídicas deberán obtener y mantener 
información adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real de las mismas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será preceptiva la obtención por el 
sujeto obligado de documentación adicional o de información de fuentes fiables 
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independientes cuando el cliente, el titular real, la relación de negocios o la operación 
presenten riesgos superiores al promedio.
2. Procederá en todo caso la acreditación de la titularidad real mediante la obtención 
de información documental o de fuentes fiables independientes en los siguientes 
supuestos:
a) Cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente 
no es exacta o veraz.
b) Cuando concurran circunstancias que determinen el examen especial de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la comunicación por 
indicio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas para determinar la 
estructura de propiedad o de control de las personas e instrumentos jurídicos y no 
establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas o instrumentos jurídicos 
cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse.
A estos efectos, los sujetos obligados requerirán de sus clientes la información y 
documentación necesarias para determinar la estructura de propiedad o control. En caso 
de resistencia o negativa del cliente a proporcionar la información o documentación 
requerida, los sujetos obligados se abstendrán de establecer o mantener la relación de 
negocios o de ejecutar la operación.
4. No será preceptiva la identificación de los accionistas o titulares reales de 
empresas cotizadas o de sus filiales participadas mayoritariamente cuando aquéllas estén 
sometidas a obligaciones de información que aseguren la adecuada transparencia de su 
titularidad real.
5. En relación con los fideicomisos anglosajones («trusts»), los sujetos obligados 
identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad del 
fideicomitente, de los fideicomisarios, del protector, de los beneficiarios o clases de 
beneficiarios y de cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre el 
fideicomiso, incluso a través de una cadena de control o propiedad. En el caso de 
beneficiarios designados por características o clases, deberá obtenerse la información 
necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando 
el beneficiario pretenda ejercer los derechos conferidos.
En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al fideicomiso anglosajón, los 
sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la 
identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las indicadas 
en el párrafo anterior.
6. Para el cumplimiento de la obligación de identificación y comprobación de la 
identidad del titular real establecida en este artículo, los sujetos obligados podrán acceder 
a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado previa celebración 
del correspondiente acuerdo de formalización, en los términos previstos en el artículo 8 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 10. Propósito e índole de la relación de negocios.
1. Los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la 
naturaleza de su actividad profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente 
será registrada por el sujeto obligado con carácter previo al inicio de la relación de 
negocios.
2. Los sujetos obligados comprobarán las actividades declaradas por los clientes en 
los siguientes supuestos:
a) Cuando el cliente o la relación de negocios presenten riesgos superiores al 
promedio, por disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del 
sujeto obligado.
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b) Cuando del seguimiento de la relación de negocios resulte que las operaciones 
activas o pasivas del cliente no se corresponden con su actividad declarada o con sus 
antecedentes operativos.
3. Las acciones de comprobación de la actividad profesional o empresarial declarada 
se graduarán en función del riesgo y se realizarán mediante documentación aportada por 
el cliente, o mediante la obtención de información de fuentes fiables independientes. 
Asimismo, los sujetos obligados podrán comprobar la actividad profesional o empresarial 
de los clientes mediante visitas presenciales a las oficinas, almacenes o locales 
declarados por el cliente como lugares donde ejerce su actividad mercantil, dejando 
constancia por escrito del resultado de dicha visita.
4. Se comprobará en todo caso la actividad declarada cuando concurran 
circunstancias que determinen el examen especial de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, o la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 
18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 11. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
1. Los sujetos obligados realizarán un escrutinio de las operaciones efectuadas a lo 
largo de la relación de negocio a fin de garantizar que coincidan con la actividad profesional 
o empresarial del cliente y con sus antecedentes operativos. Los sujetos obligados 
incrementarán el seguimiento cuando aprecien riesgos superiores al promedio por 
disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del sujeto obligado.
El escrutinio tendrá carácter integral, debiendo incorporar todos los productos del 
cliente con el sujeto obligado y, en su caso, con otras sociedades del grupo.
2. Los sujetos obligados realizarán periódicamente procesos de revisión con objeto 
de asegurar que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia 
de la aplicación de las medidas de debida diligencia se mantengan actualizados y se 
encuentren vigentes.
El manual a que se refiere el artículo 33 determinará, en función del riesgo, la 
periodicidad de los procesos de revisión documental que para los clientes de riesgo 
superior al promedio será, como mínimo, anual.
Artículo 12. Diligencia debida y prohibición de revelación.
Con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, si durante el 
establecimiento o en el curso de una relación de negocios o de la ejecución de 
operaciones surgieran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los sujetos obligados procederán a identificar y verificar la identidad del cliente 
y del titular real con carácter previo al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 
18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
No obstante, en estos casos, los sujetos obligados deberán tener en cuenta el riesgo 
de revelación, pudiendo omitir la práctica de las medidas de diligencia debida previstas en 
el párrafo precedente cuando consideren razonablemente que revelarían al cliente o 
potencial cliente el examen o comunicación de la operación.
Artículo 13. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida.
1. Para la aplicación de las medidas de diligencia debida, los sujetos obligados 
podrán recurrir a terceros sometidos a obligaciones de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos establecidos en el artículo 8 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. Las respectivas obligaciones de las partes se incluirán en un acuerdo escrito de 
formalización de la aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida. Conforme 
al citado acuerdo, el sujeto obligado exigirá en todo caso al tercero:
a) Que le remita inmediatamente la información sobre el cliente.
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b) Que le remita inmediatamente, cuando así lo solicite el sujeto obligado, copia de 
los documentos que acrediten la información suministrada sobre dicho cliente.
Los acuerdos de formalización podrán abarcar la totalidad de las medidas de 
diligencia debida, con excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios, 
afectando a todos los datos que el tercero mantenga sobre el cliente, mediante la 
adopción de acuerdos generales; o solamente uno o varios elementos concretos de las 
medidas de diligencia debida, mediante la adopción de acuerdos particulares.
3. En todo caso, el sujeto obligado deberá comprobar que el tercero se encuentra 
sometido a las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo y es objeto de supervisión en estas materias, adoptando 
asimismo medidas razonables a fin de determinar que cuenta con procedimientos 
adecuados para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida y conservación de 
documentos.
4. Los sujetos obligados podrán aceptar medidas de diligencia debida practicadas 
por sus filiales o sucursales domiciliadas en terceros países siempre que el grupo 
establezca y aplique medidas comunes de diligencia debida y de registro de operaciones, 
y tenga aprobados unos controles internos en materia de blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo cuya supervisión esté atribuida a un órgano de control interno 
con facultades a nivel de grupo.
Artículo 14.  Acuerdos relativos al acceso a la información de identificación de las 
personas con responsabilidad pública.
Para la determinación de la condición de persona con responsabilidad pública, familiar 
o allegado de aquél, los sujetos obligados podrán acceder a los ficheros creados al 
amparo de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 10 /2010, de 28 de abril por otros 
sujetos obligados, por los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el 
artículo 44 de este reglamento o por terceros. En estos supuestos, los acuerdos que 
formalicen dicho acceso incluirán las respectivas obligaciones de las partes a fin de 
cumplir con las limitaciones y requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, 
en particular en lo referido a la seguridad en la transmisión de los datos y a los 
procedimientos a adoptar para garantizar la actualización continua de los datos contenidos 
en los ficheros.
Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
Artículo 15 . Clientes susceptibles de aplicación de medidas simplificadas de diligencia 
debida.
Los sujetos obligados podrán aplicar, en función del riesgo, medidas simplificadas de 
diligencia debida respecto de los siguientes clientes:
a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea 
o de países terceros equivalentes.
b) Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas 
mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de países terceros equivalentes.
c) Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la 
Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.
d) Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de 
pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén 
sometidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
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e) Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado 
regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes así como sus sucursales 
y filiales participadas mayoritariamente.
Artículo 16.  Productos u operaciones susceptibles de aplicación de medidas 
simplificadas de diligencia debida.
Los sujetos obligados podrán aplicar, en función del riesgo, medidas simplificadas de 
diligencia debida respecto de los siguientes productos u operaciones:
a) Las pólizas de seguro de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros o cuya 
prima única no exceda de 2.500 euros.
b) Los instrumentos de previsión social complementaria enumerados en el 
artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, cuando la liquidez se encuentre limitada a 
los supuestos contemplados en la normativa de planes y fondos de pensiones y no 
puedan servir de garantía para un préstamo.
c) Los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones a que se 
refiere la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, cuando cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que instrumenten compromisos por pensiones que tengan su origen en un 
convenio colectivo o en un expediente de regulación de empleo, entendido como la 
extinción de las relaciones laborales en virtud de un despido colectivo del artículo 51 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal.
2.º Que no admitan el pago de primas por parte del trabajador asegurado que, 
sumadas a las abonadas por el empresario tomador del seguro, supongan un importe 
superior a los límites establecidos por el artículo 52.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, para los instrumentos de previsión social complementaria enumerados en su 
artículo 51.
3.º Que no puedan servir de garantía para un préstamo y no contemplen otros 
supuestos de rescate distintos a los excepcionales de liquidez recogidos en la normativa 
de planes de pensiones o a los recogidos en el artículo 29 del Real Decreto 1588/1999, 
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los 
compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
d) Las pólizas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de 
fallecimiento, incluidas las que contemplen además garantías complementarias de 
indemnización pecuniaria por invalidez permanente o parcial, total o absoluta o 
incapacidad temporal, enfermedad grave y dependencia.
e) El dinero electrónico cuando no pueda recargarse y el importe almacenado no 
exceda de 250 euros o cuando, en caso de que pueda recargarse, el importe total 
disponible en un año natural esté limitado a 2.500 euros, salvo cuando el titular del 
dinero electrónico solicite el reembolso de una cantidad igual o superior a 1.000 euros 
en el curso de ese mismo año natural. Se excluye el dinero electrónico emitido contra 
entrega de los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2.a) de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril.
f) Los giros postales de las Administraciones Públicas o de sus organismos 
dependientes y los giros postales oficiales para pagos del Servicio Postal con origen y 
destino en el propio Servicio de Correos.
g) Los cobros o pagos derivados de comisiones generadas por reservas en el sector 
turístico que no superen los 1.000 euros.
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h) Los contratos de crédito al consumo por importe inferior a 2.500 euros siempre 
que el reembolso se realice exclusivamente mediante cargo en una cuenta corriente 
abierta a nombre del deudor en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o 
en países terceros equivalentes.
i) Los préstamos sindicados en los que el banco agente sea una entidad de crédito 
domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, respecto de las 
entidades participantes que no tengan la condición de banco agente.
j) Los contratos de tarjeta de crédito cuyo límite no supere los 5.000 euros, cuando 
el reembolso del importe dispuesto únicamente pueda realizase desde una cuenta abierta 
a nombre del cliente en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o país 
tercero equivalente.
Artículo 17. Medidas simplificadas de diligencia debida.
1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, los sujetos obligados 
podrán aplicar, en función del riesgo y, en sustitución de las medidas normales de 
diligencia debida, una o varias de las siguientes medidas:
a) Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere 
un umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
b) Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
c) Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las 
operaciones que no superen un umbral cuantitativo.
d) No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, 
infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios 
establecida.
2. Las medidas simplificadas de diligencia debida deberán ser congruentes con el 
riesgo. No podrán aplicarse medidas simplificadas de diligencia debida o, en su caso, 
cesará la aplicación de las mismas cuando concurran o surjan indicios o certeza de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o riesgos superiores al promedio.
Artículo 18. Compraventa minorista.
1. En las operaciones de compraventa minorista los sujetos obligados a que se 
refieren los párrafos q) y r) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procederán a 
la identificación formal del cliente en la forma establecida en los artículos 4 y 6 de este 
reglamento y conservarán la documentación en los términos establecidos en los artículos 
28 y 29. Alternativamente, los datos identificativos de los clientes y de las operaciones se 
harán constar en un libro-registro, en soporte físico o electrónico, que estará a disposición 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en 
adelante la Comisión), de sus órganos de apoyo o de cualquier otra autoridad pública 
legalmente habilitada. A estos efectos, se reputará válido el libro-registro a que se refiere 
el artículo 91 del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/1985, de 1 de julio, de objetos fabricados con metales preciosos.
La aplicación de lo establecido en este apartado por los sujetos obligados a que se 
refieren los párrafos q) y r) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, permitirá 
entender cumplidas las obligaciones de diligencia debida respecto de las operaciones de 
compraventa minorista.
2. A los efectos de este artículo, se considerará compraventa minorista la realizada 
con clientes que no intervengan en su condición de profesionales, en establecimientos 
abiertos al público.
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Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida
Artículo 19. Supuestos de aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia 
debida, medidas reforzadas de diligencia debida en las áreas de negocio, actividades, 
productos, servicios, canales de distribución o comercialización, relaciones de negocio y 
operaciones que presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo.
2. En todo caso, los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia 
debida en los siguientes supuestos:
a) Servicios de banca privada.
b) Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por 
trimestre natural supere los 3.000 euros.
c) Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien singular, bien 
acumulado por trimestre natural supere los 6.000 euros.
d) Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, 
que estén permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril.
e) Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territorios o 
jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, 
territorios o jurisdicciones, incluyendo en todo caso, aquellos países para los que el Grupo 
de Acción Financiera (GAFI) exija la aplicación de medidas de diligencia reforzada.
f) Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A estos 
efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas constituidas sin actividad 
económica real para su posterior transmisión a terceros.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, los sujetos obligados determinarán 
en los procedimientos de control interno a que se refiere el artículo 31, otras situaciones 
que, conforme a su análisis de riesgo, requieran la aplicación de medidas reforzadas de 
diligencia debida.
Para la determinación de esos supuestos de riesgo superior, los sujetos obligados 
tendrán en consideración, entre otros, los siguientes factores:
a) Características del cliente:
1.º Clientes no residentes en España.
2.º Sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte 
inusual o excesivamente compleja.
3.º Sociedades de mera tenencia de activos.
b) Características de la operación, relación de negocios o canal de distribución:
1.º Relaciones de negocio y operaciones en circunstancias inusuales.
2.º Relaciones de negocio y operaciones con clientes que empleen habitualmente 
medios de pago al portador.
3.º Relaciones de negocio y operaciones ejecutadas a través de intermediarios.
Artículo 20. Medidas reforzadas de diligencia debida.
1. En los supuestos de riesgo superior al promedio previstos en el artículo precedente 
o que se hubieran determinado por el sujeto obligado conforme a su análisis de riesgo, los 
sujetos obligados comprobarán en todo caso las actividades declaradas por sus clientes y 
la identidad del titular real, en los términos previstos en los artículos 9.1 y 10.2.
Adicionalmente se aplicarán, en función del riesgo, una o varias de las siguientes 
medidas:
a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.
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b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la 
relación de negocios.
c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.
d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del 
cliente.
e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.
f) Obtener autorización directiva para establecer o mantener la relación de negocios 
o ejecutar la operación.
g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el 
número y frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones 
para examen.
h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las 
operaciones con la documentación e información disponible sobre el cliente.
i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.
j) Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, 
abierta en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros 
equivalentes.
k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago 
empleados.
2. Los sujetos obligados incluirán al beneficiario de la póliza de seguro de vida como 
un factor de riesgo relevante a efectos de determinar la procedencia de aplicar medidas 
reforzadas de diligencia debida. En los casos en que el beneficiario presente un riesgo 
superior al promedio, las medidas reforzadas de diligencia debida incluirán medidas 
adecuadas para identificar y comprobar la identidad del titular real del beneficiario con 
carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador 
de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
Artículo 21. Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar 
operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que 
no se encuentren físicamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable sobre firma electrónica.
b) La identidad del cliente quede acreditada mediante copia del documento de 
identidad, de los establecidos en el artículo 6, que corresponda, siempre que dicha copia 
esté expedida por un fedatario público.
c) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en 
una entidad domiciliada en España, en la Unión Europea o en países terceros 
equivalentes.
d) La identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de otros 
procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales, 
siempre que tales procedimientos hayan sido previamente autorizados por el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias (en adelante, Servicio Ejecutivo de la Comisión).
En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relación de 
negocios no presencial, los sujetos obligados deberán obtener de estos clientes una copia 
de los documentos necesarios para practicar la diligencia debida .
2. Los criterios para la acreditación de la identidad del cliente en relación con los 
sujetos obligados sometidos a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y 
en su normativa de desarrollo, se determinarán en el proceso de concesión de licencias 
generales por la Dirección General de Ordenación del Juego, previo informe favorable del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión.
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Artículo 22. Países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
1. Los sujetos obligados considerarán como países, territorios o jurisdicciones de 
riesgo los siguientes:
a) Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
b) Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas 
análogas aprobadas por la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones 
internacionales.
c) Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de 
corrupción u otras actividades criminales.
d) Países, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiación u apoyo a 
actividades terroristas.
e) Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero 
extraterritorial significativo (centros «off-shore»).
f) Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos 
fiscales.
2. En la determinación de los países, territorios o jurisdicciones de riesgo los sujetos 
obligados recurrirán a fuentes creíbles, tales como los Informes de Evaluación Mutua del 
Grupo de Acción Financiera (GAFI) o sus equivalentes regionales o los Informes de otros 
organismos internacionales.
La Comisión publicará orientaciones para asistir a los sujetos obligados en la 
determinación del riesgo geográfico.
CAPÍTULO III
De las obligaciones de información
Sección 1.ª Obligaciones de comunicación
Artículo 23. Alertas.
Los procedimientos de control interno a que se refiere el artículo 31 determinarán, en 
función del riesgo, alertas adecuadas por tipología, intervinientes y cuantía de las 
operaciones. Las alertas generadas serán revisadas a efectos de determinar si procede 
el examen especial de la operación, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.
En el caso de sujetos obligados cuyo número anual de operaciones exceda de 10.000, 
será preceptiva la implantación de modelos automatizados de generación y priorización 
de alertas.
Las alertas establecidas en los procedimientos de control interno serán objeto de 
revisión periódica con objeto de garantizar su permanente adecuación a las características 
y nivel de riesgo de la operativa del sujeto obligado.
Artículo 24. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo.
1. Lo dispuesto en el artículo precedente se entenderá sin perjuicio de la detección 
de operaciones de riesgo por parte de los directivos, empleados y agentes, a cuyos 
efectos los sujetos obligados, como parte de los procedimientos de control interno a que 
se refiere el artículo 31:
a) Difundirán internamente una relación de operaciones susceptibles de estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) Establecerán un cauce de comunicación con los órganos de control interno, con 
instrucciones precisas a los directivos, empleados y agentes sobre cómo proceder en 
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caso de detectar cualquier hecho u operación que pudiera estar relacionado con el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
c) Aprobarán un formulario orientativo del contenido mínimo que deberá incluir la 
comunicación interna de operaciones.
d) Garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones de operaciones de riesgo 
realizadas por los empleados, directivos o agentes.
e) Proporcionarán formación adecuada, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 39.
2. En la relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo, se incluirán, en todo caso, entre otros, los 
siguientes supuestos:
a) Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones activas o pasivas de los 
clientes no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos.
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada 
mediante ingresos en efectivo por un número elevado de personas o reciba múltiples 
ingresos en efectivo de la misma persona.
c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo 
beneficiario en el exterior o por un único ordenante en el exterior a varios beneficiarios en 
España, sin que se aprecie relación de negocio entre los intervinientes.
d) Movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo.
e) Transferencias en las que no se contenga la identidad del ordenante o el número 
de la cuenta origen de la transferencia.
f) Operativa con agentes que, por su naturaleza, volumen, cuantía, zona geográfica 
u otras características de las operaciones, difieran significativamente de las usuales u 
ordinarias del sector o de las propias del sujeto obligado.
g) Los tipos de operaciones que establezca la Comisión. Estas operaciones serán 
objeto de publicación o comunicación a los sujetos obligados, directamente o por medio 
de sus asociaciones profesionales.
Se incluirán asimismo las operaciones que, con las características anteriormente 
señaladas, se hubieran intentado y no ejecutado.
Artículo 25. Examen especial.
1. El proceso de examen especial se realizará de modo estructurado, 
documentándose las fases de análisis, las gestiones realizadas y las fuentes de 
información consultadas. En todo caso, el proceso de examen especial tendrá naturaleza 
integral, debiendo analizar toda la operativa relacionada, todos los intervinientes en la 
operación y toda la información relevante obrante en el sujeto obligado y, en su caso, en 
el grupo empresarial.
2. Concluido el análisis técnico, el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
adoptará, motivadamente y sin demora, la decisión sobre si procede o no la comunicación al 
Servicio Ejecutivo de la Comisión, en función de la concurrencia en la operativa de indicios o 
certeza de relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el procedimiento de control interno del 
sujeto obligado podrá prever que la decisión sea sometida, previamente, a la consideración 
del órgano de control interno. En estos casos, el órgano de control interno adoptará la 
decisión por mayoría, debiendo constar expresamente en el acta, el sentido y motivación 
del voto de cada uno de los miembros.
Las decisiones sobre comunicación deberán responder, en todo caso, a criterios 
homogéneos, haciéndose constar la motivación en el expediente de examen especial.
En aquellos supuestos en que la detección de la operación derive de la comunicación 
interna de un empleado, agente o directivo de la entidad, la decisión final adoptada sobre 
si procede o no la comunicación por indicio de la operación, será puesta en conocimiento 
del comunicante.
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3. Los sujetos obligados mantendrán un registro en el que, por orden cronológico, se 
recogerán para cada expediente de examen especial realizado, entre otros datos, sus 
fechas de apertura y cierre, el motivo que generó su realización, una descripción de la 
operativa analizada, la conclusión alcanzada tras el examen y las razones en que se basa. 
Asimismo se hará constar la decisión sobre su comunicación o no al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y su fecha, así como la fecha en que, en su caso, se realizó la comunicación.
4. Los sujetos obligados conservarán los expedientes de examen especial durante 
el plazo de diez años.
Artículo 26. Comunicación por indicio.
1. Concluido el examen especial establecido en el artículo precedente, y habiéndose 
determinado la concurrencia en la operativa de indicios o certeza de relación con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo, se efectuará sin dilación la comunicación por 
indicio, en el soporte y formato establecido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
2. Sin perjuicio de efectuar la comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión, el sujeto obligado adoptará inmediatamente medidas adicionales de gestión y 
mitigación del riesgo, que deberán tomar en consideración el riesgo de revelación.
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 18.2 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
en las comunicaciones por indicio se incluirá información sobre la decisión adoptada o 
que previsiblemente se adoptará por el sujeto obligado respecto a la continuación o 
interrupción de la relación de negocios con el cliente o clientes que participen en la 
operación, así como la justificación de esta decisión. En caso de que la no interrupción de 
la relación de negocios venga determinada por la necesidad de no interferir en una 
entrega vigilada acordada conforme a lo dispuesto en el artículo 263 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se hará constar este hecho de forma expresa.
4. Cuando los sujetos obligados eximidos de la obligación de nombramiento de 
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión realicen una comunicación por 
indicio, incluirán preceptivamente en dicha comunicación los datos identificativos del sujeto 
obligado, así como los datos identificativos y de contacto de la persona que lo represente.
Artículo 27. Comunicación sistemática.
1. En todo caso, los sujetos obligados comunicarán mensualmente al Servicio 
Ejecutivo de la Comisión:
a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, 
papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por 
entidades de crédito, con excepción de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta 
de un cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Los sujetos obligados que realicen envíos de dinero en los términos establecidos 
en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, comunicarán 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones que lleven aparejado movimiento 
físico de moneda metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos 
al portador, por importe superior a 1.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
c) Las operaciones realizadas por o con personas físicas o jurídicas que sean 
residentes, o actúen por cuenta de estas, en territorios o países que al efecto se designen 
por Orden del Ministro de Economía y Competitividad, así como las operaciones que 
impliquen transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, cualquiera que 
sea la residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas 
operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
d) Las operaciones que supongan movimientos de medios de pago sujetos a 
declaración obligatoria de conformidad con el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
e) La información agregada sobre la actividad de envíos de dinero, definida en el 
artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, desglosada por 
países de origen o destino y por agente o centro de actividad.
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f) La información agregada sobre la actividad de transferencias con o al exterior de 
las entidades de crédito, desglosada por países de origen o destino.
g) Las operaciones que se determinen mediante Orden del Ministro de Economía y 
Competitividad.
Los sujetos obligados no incluirán en la comunicación sistemática mensual las 
operaciones correspondientes a su actividad propia de inversión o captación de recursos 
financieros en mercados internacionales o actividad de igual naturaleza de aquellos 
clientes que tengan la condición de entidad financiera autorizada para operar en la Unión 
Europea o terceros países equivalentes.
En caso de no existir operaciones susceptibles de comunicación sistemática, los 
sujetos obligados comunicarán semestralmente esta circunstancia al Servicio Ejecutivo 
de la Comisión.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión establecerá los criterios para determinar 
cuándo, a efectos de la obligación de comunicación sistemática, varias operaciones 
deberán agregarse por considerarse fraccionamientos de una misma operación.
3. Quedan exceptuados de la obligación de comunicación sistemática los corredores 
de seguros a los que se refiere el artículo 2.1 b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las 
empresas de asesoramiento financiero y los sujetos obligados mencionados en los 
párrafos k) a y), ambos inclusive, del artículo 2.1 de la misma ley.
Sección 2.ª Conservación de documentos
Artículo 28. Conservación de documentos de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados conservarán toda la documentación obtenida o generada 
en aplicación de las medidas de diligencia debida, con inclusión, en particular, de las 
copias de los documentos fehacientes de identificación, las declaraciones del cliente, la 
documentación e información aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables 
independientes, la documentación contractual y los resultados de cualquier análisis 
efectuado, durante un periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio 
o la ejecución de la operación ocasional.
2. Los sujetos obligados almacenarán las copias de los documentos fehacientes de 
identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos.
Asimismo, podrán almacenarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos las 
copias de los documentos acreditativos de la realización de operaciones de ingreso, 
retirada o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de crédito y los que 
acrediten la orden o recepción de transferencias de fondos realizadas en entidades de 
pago u operaciones de cambio de moneda.
Se exceptúan los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a 
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 
no supere los 2 millones de euros, que podrán optar por mantener copias físicas de los 
documentos de identificación. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados 
integrados en un grupo empresarial que exceda dichas cifras.
Artículo 29. Otras obligaciones de conservación documental.
1. Los sujetos obligados conservarán los documentos y mantendrán registros 
adecuados de todas las relaciones de negocio y operaciones, nacionales e internacionales, 
durante un periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la 
ejecución de la operación ocasional. Los registros deberán permitir la reconstrucción de 
operaciones individuales para que puedan surtir, si fuera necesario, efecto probatorio.
2. Los sujetos obligados conservarán durante un periodo de diez años los 
documentos en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones de comunicación y 
de control interno.
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Artículo 30. Requerimientos de las autoridades.
La documentación e información obtenida o generada por los sujetos obligados podrá 
ser requerida por la Comisión, por sus órganos de apoyo o por cualquier otra autoridad 
pública o agente de la Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
legalmente habilitado.
CAPÍTULO IV
De las medidas de control interno
Sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 31. Procedimientos de control interno.
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos 
adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) 
a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas 
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones 
de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los 
artículos 32, 33, 35, 38 y 39. Estas excepciones no serán aplicables a los sujetos 
obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.
2. Las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo serán aprobados por el órgano de administración del sujeto 
obligado que, en los supuestos del artículo 2.1 n) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, serán 
las organizaciones colegiales. En el supuesto de sujetos obligados cuyo volumen de 
negocios anual supere 50 millones de euros o cuyo balance general anual supere 43 
millones de euros, los procedimientos a través de los cuales se implementen las políticas 
de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo podrán ser 
aprobados por el órgano de control interno al que se refiere el artículo 35.2.
3. Los umbrales fijados para la determinación de las medidas de control interno 
aplicables conforme a esta sección y las exigencias en materia de conservación de 
documentos a que hace referencia el artículo 28 serán interpretados de conformidad con 
los criterios establecidos en la Recomendación 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 32. Análisis de riesgo.
1. Los procedimientos de control interno se fundamentarán en un previo análisis de 
riesgo que será documentado por el sujeto obligado.
El análisis identificará y evaluará los riesgos del sujeto obligado por tipos de clientes, 
países o áreas geográficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribución, 
tomando en consideración variables tales como el propósito de la relación de negocios, el 
nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duración de 
la relación de negocios.
2. El análisis de riesgo será revisado periódicamente y, en todo caso, cuando se 
verifique un cambio significativo que pudiera influir en el perfil de riesgo del sujeto 
obligado. Asimismo, será preceptiva la realización y documentación de un análisis de 
riesgo específico con carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto, la prestación 
de un nuevo servicio, el empleo de un nuevo canal de distribución o el uso de una nueva 
tecnología por parte del sujeto obligado, debiendo aplicarse medidas adecuadas para 
gestionar y mitigar los riesgos identificados en el análisis.
Artículo 33. Manual de prevención.
1. Los procedimientos de control interno que establezcan los sujetos obligados 
serán documentados en un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo que comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos:
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a) La política de admisión de clientes del sujeto obligado, con una descripción 
precisa de los clientes que potencialmente puedan suponer un riesgo superior al promedio 
por disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo, y de las 
medidas a adoptar para mitigarlo, incluida, en su caso, la negativa a establecer relaciones 
de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios.
b) Un procedimiento estructurado de diligencia debida que incluirá la periódica 
actualización de la documentación e información exigibles. La actualización será, en todo 
caso, preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la actividad del cliente que 
pudiera influir en su perfil de riesgo.
c) Un procedimiento estructurado de aplicación de las medidas de diligencia debida 
a los clientes existentes en función del riesgo que tendrá en cuenta, en su caso, las 
medidas aplicadas previamente y la adecuación de los datos obtenidos.
d) Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar 
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estableciendo su 
periódica revisión y difusión entre los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
e) Una descripción detallada de los flujos internos de información, con instrucciones 
precisas a los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado sobre cómo proceder 
en relación con los hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar 
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
f) Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen 
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y 
de las alertas establecidas.
g) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma 
precisa las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, 
formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
h) Una descripción detallada del funcionamiento de los órganos de control interno, 
que incluirá su composición, competencias y periodicidad de sus reuniones.
i) Las medidas para asegurar el conocimiento de los procedimientos de control interno 
por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado, incluida su periódica 
difusión y la realización de acciones formativas de conformidad con un plan anual.
j) Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento de los procedimientos de 
control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
k) Los requisitos y criterios de contratación de agentes, que deberán obedecer a lo 
dispuesto en el artículo 37.2.
l) Las medidas a adoptar para asegurarse de que los corresponsales del sujeto 
obligado aplican procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo.
m) Un procedimiento de verificación periódica de la adecuación y eficacia de las 
medidas de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de 
auditoría interna corresponderá a éste dicha función de verificación.
n) La periódica actualización de las medidas de control interno, a la luz de los 
desarrollos observados en el sector y del análisis del perfil de negocio y operativa del 
sujeto obligado.
ñ) Un procedimiento de conservación de documentos que garantice su adecuada 
gestión e inmediata disponibilidad.
2. Los sujetos obligados, deberán proceder a la verificación y actualización 
periódicas del manual en los términos de los párrafos m) y n) del apartado precedente. El 
Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá supervisar o inspeccionar la efectiva aplicación 
de las medidas de control interno previstas en el manual, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 47 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
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Artículo 34. Adecuación de los procedimientos de control interno.
Los procedimientos de control interno deberán permitir al sujeto obligado:
a) Centralizar, gestionar, controlar y almacenar de modo eficaz la documentación e 
información de los clientes y de las operaciones que se realicen.
b) Verificar la efectiva aplicación de los controles previstos y reforzarlos en caso 
necesario.
c) Adoptar y aplicar medidas reforzadas para gestionar y mitigar los riesgos más 
elevados.
d) Agregar las operaciones realizadas a fin de detectar potenciales fraccionamientos 
y operaciones conectadas.
e) Determinar, con carácter previo, si procede el conocimiento y verificación de la 
actividad profesional o empresarial del cliente.
f) Detectar cambios en el comportamiento operativo de los clientes o inconsistencias 
con su perfil de riesgo.
g) Impedir la ejecución de operaciones cuando no consten completos los datos 
obligatorios del cliente o de la operación.
h) Impedir la ejecución de operaciones por parte de personas o entidades sujetas a 
prohibición de operar.
i) Seleccionar para su análisis operaciones en función de alertas predeterminadas y 
adecuadas a su actividad.
j) Mantener una comunicación directa del órgano de control interno con la red 
comercial.
k) Atender de forma rápida, segura y eficaz los requerimientos de documentación e 
información de la Comisión, de sus órganos de apoyo o de cualquier otra autoridad 
pública legalmente habilitada.
l) Cumplimentar la comunicación sistemática de operaciones al Servicio Ejecutivo 
de la Comisión o, en su caso, la comunicación semestral negativa.
Artículo 35. Órganos de control interno.
1. Los sujetos obligados designarán un representante ante el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información 
establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. El representante podrá designar, asimismo, 
hasta dos personas autorizadas que actuarán bajo la dirección y responsabilidad del 
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
La propuesta de nombramiento del representante y, en su caso, de los autorizados, 
acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u 
observaciones. Asimismo, se comunicará al Servicio Ejecutivo de la Comisión el cese o 
sustitución del representante o personas autorizadas cuando tenga carácter disciplinario.
2. Los sujetos obligados establecerán un órgano de control interno responsable de 
la aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
La constitución de un órgano de control interno no será preceptiva en los sujetos 
obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) y siguientes y en los corredores de comercio 
cuando, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen 
de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros, 
desempeñando en tales casos sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un 
grupo empresarial que supere dichas cifras.
3. Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de 
euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, contarán con una 
unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información.
La unidad técnica deberá contar con personal especializado, en dedicación exclusiva 
y con formación adecuada en materia de análisis.
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Artículo 36. Medidas de control interno a nivel de grupo.
1. Los sujetos obligados que conformen un grupo empresarial que integre filiales o 
sucursales mayoritariamente participadas domiciliadas en terceros países, aprobarán 
políticas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
aplicables a todo el grupo, orientadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.1 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En estas políticas se incluirán, en todo caso, los procedimientos para la transmisión 
de información entre los miembros del grupo, estableciendo las cautelas adecuadas en 
relación con el uso de la información transmitida. Cuando el intercambio de información 
se haga con países que no ofrezcan un nivel de protección adecuado de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa de protección de datos, será precisa la autorización de la 
transferencia internacional de datos por parte de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su 
normativa de desarrollo.
2. Los procedimientos de control interno, se establecerán a nivel de grupo, siendo 
aplicables a todas las sucursales y filiales domiciliadas en España con participación 
mayoritaria del sujeto obligado.
Los procedimientos de control interno a nivel de grupo deberán tener en cuenta los 
diferentes sectores de actividad, modelos de negocio y perfiles de riesgo y preverán los 
intercambios de información necesarios para una gestión integrada del riesgo. En 
particular, los órganos de control interno del grupo deberán tener acceso, sin restricción 
alguna, a cualquier información obrante en las filiales o sucursales que sea precisa para 
el desempeño de sus funciones de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
3. A efectos del reglamento, resulta de aplicación la definición de grupo recogida en 
el artículo 42 del Código de Comercio.
Para la aplicación al grupo empresarial de los umbrales previstos en las excepciones 
de los artículos 31 y siguientes, se tendrán en consideración únicamente aquellas filiales 
o sucursales del grupo que tengan la consideración de sujetos obligados conforme al 
artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 37. Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
1. Los sujetos obligados, sin perjuicio de su responsabilidad directa, se asegurarán 
del efectivo cumplimiento por parte de sus agentes de las obligaciones de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A estos efectos, los sujetos obligados incluirán a los agentes en el ámbito de aplicación 
de sus procedimientos de control interno. Dichos procedimientos preverán, en particular, 
mecanismos específicos de seguimiento y control de las actividades de los agentes que 
se adaptarán al nivel de riesgo existente en función de las características concretas de la 
relación de agencia.
En aquellos supuestos en los que el sujeto obligado determine que un agente ha 
incumplido grave o sistemáticamente los procedimientos de control interno, deberá poner 
fin al contrato de agencia, procediendo a examinar la operativa del agente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. Los procedimientos de control interno establecerán mecanismos específicos que 
garanticen la aplicación de altos estándares éticos en la contratación de agentes.
La operativa de los nuevos agentes será objeto de seguimiento reforzado por parte 
del sujeto obligado.
3. Los sujetos obligados mantendrán a disposición de la Comisión, de sus órganos 
de apoyo o de cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada una relación 
completa y actualizada de sus agentes, que incluirá todos los datos necesarios para su 
adecuada identificación y localización.
4. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las personas o 
entidades no residentes que desarrollen en España, a través de agentes, actividades sujetas 
a obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Artículo 38. Examen externo.
1. Los informes de experto externo describirán y valorarán las medidas de control 
interno de los sujetos obligados a una fecha de referencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Los informes deberán emitirse, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha de referencia.
2. Los órganos de administración del sujeto obligado adoptarán sin dilación las 
medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas en los informes de 
experto externo.
En el caso de deficiencias que no sean susceptibles de resolución inmediata, los 
órganos de administración del sujeto obligado adoptarán, expresamente, un plan de 
remedio, que establecerá un calendario preciso para la implantación de las medidas 
correctoras. Dicho calendario no podrá exceder, con carácter general, de un año natural.
3. El examen externo incluirá todas las sucursales y filiales con participación 
mayoritaria del sujeto obligado. En relación con las sucursales y filiales situadas en países 
terceros, el experto verificará específicamente el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. En el caso de los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el 
artículo 27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el experto externo describirá y valorará su 
funcionamiento y la adecuación de sus medios humanos, materiales y técnicos.
Asimismo, el experto externo comprobará, mediante muestreo estadístico, la efectiva 
implantación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo por parte de los profesionales incorporados al órgano centralizado de 
prevención.
Artículo 39. Formación.
1. Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. El plan de formación se fundamentará en los riesgos identificados, de conformidad 
con el artículo 32, y preverá acciones formativas específicas para los directivos, 
empleados y agentes del sujeto obligado. Tales acciones formativas, que deberán ser 
apropiadamente acreditadas, serán congruentes con el grado de responsabilidad de los 
receptores y el nivel de riesgo de las actividades que desarrollen.
3. Anualmente, los sujetos obligados documentarán el grado de cumplimiento del 
plan de formación.
El examen externo a que se refiere el artículo 38 valorará la adecuación de las 
acciones formativas realizadas por el sujeto obligado.
4. Los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan 
anual de formación, deberán acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 40.  Altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes.
1. Los procedimientos de los sujetos obligados deberán garantizar altos estándares 
éticos en la contratación de directivos, empleados o agentes conforme a lo dispuesto en 
el artículo 30.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. A estos efectos, se aplicarán a estos 
colectivos los criterios de idoneidad fijados por la normativa sectorial que les resulte de 
aplicación.
2. En defecto de normativa específica, para la determinación de la concurrencia de 
altos estándares éticos en directivos, empleados o agentes del sujeto obligado, se tomará 
en consideración su trayectoria profesional, valorándose la observancia y respeto a las 
leyes mercantiles u otras que regulen la actividad económica y la vida de los negocios, 
así como a las buenas prácticas del sector de actividad de que se trate.
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3. No se considerará que concurren altos estándares éticos cuando el empleado, 
directivo o agente:
a) Cuente con antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación 
por delitos dolosos contra el patrimonio, y contra el orden socioeconómico, contra la 
Hacienda Pública y Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública y 
falsedades.
b) Haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme con la suspensión 
o separación del cargo por infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Esta circunstancia 
se apreciará durante el tiempo que se prolongue la sanción.
Sección 2.ª Disposiciones especiales
Artículo 41. Medidas de control interno de aplicación por el administrador nacional del 
Registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.
1. El administrador nacional del Registro de derechos de emisión previsto en la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero designará un representante ante el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de 
comunicación establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión deberá recibir formación 
externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.
2. El administrador nacional del Registro  de derechos de emisión previsto en la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero aprobará un manual de procedimientos donde se 
incluirá:
a) La política de admisión de clientes, desarrollada de conformidad con las 
restricciones fijadas en el Reglamento (UE) n.º 389/2013, de la Comisión, de 2 de mayo 
de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Registro de la 
Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y las Decisiones n.º 280/2004/CE y n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 920/2010 y n.º 1193/2011, de la 
Comisión.
b) Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar 
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estableciendo 
su periódica revisión.
c) Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen 
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y 
de las alertas establecidas.
d) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma 
precisa las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, 
formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
Artículo 42. Fundaciones y asociaciones.
1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas 
las personas que reciban a título gratuito fondos o recursos. Cuando la naturaleza del 
proyecto o actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la actividad 
realizada conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, se procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las 
contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad.
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2. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas 
las personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior 
a 100 euros.
3. Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y 
de las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa específica, 
las fundaciones y asociaciones aplicarán las siguientes medidas:
a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los 
órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.
b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, 
incluyendo su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas 
responsables de su gestión.
c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la efectiva 
ejecución de sus actividades y de la aplicación de los fondos conforme a lo previsto.
d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que 
acrediten la aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.
e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan constituir 
indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Las Administraciones Públicas o sus organismos dependientes que otorguen 
subvenciones a asociaciones y fundaciones, así como los Protectorados y los organismos 
encargados de la verificación de la constitución de asociaciones mencionados en el 
artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión aquellas situaciones que detecten en el ejercicio de sus competencias y que 
puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 
Dichos organismos informarán razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando 
detecten incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, o de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 43. Medidas de control interno de aplicación al pago de premios en loterías u 
otros juegos de azar.
1. Los sujetos obligados que gestionen, exploten o comercialicen loterías u otros 
juegos de azar establecerán procedimientos adecuados de control interno en relación con 
las operaciones de pago de premios, que en todo caso preverán:
a) Un manual de procedimientos donde se incluirá como mínimo:
1.º La identificación de los ganadores de premios por importe igual o superior 
a 2.500 euros, sin perjuicio de lo que, a efectos de identificación de jugadores dispone 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y en su normativa de desarrollo y 
normativas equivalentes de las Comunidades Autónomas.
2.º Una relación de operaciones de riesgo, prestando particular atención al cobro 
repetitivo de premios.
3.º Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen 
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y 
de las alertas establecidas.
4.º Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma 
precisa las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, 
formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
b) El nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
c) Un plan anual de acciones formativas de los empleados.
2. Las medidas de control interno establecidas serán objeto de examen externo en 
los términos del artículo 38.
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Artículo 44. Órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria.
1. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 2.1.n) de la Ley 10/2010 se 
incorporarán a los órganos centralizados de prevención establecidos por sus 
organizaciones colegiales de ámbito nacional.
2. Los órganos centralizados de prevención a que se refiere este artículo ejercerán 
las siguientes funciones:
a) Examinar, por cuenta de los funcionarios incorporados, las operaciones que 
presenten las circunstancias previstas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 
El examen podrá realizarse por petición del funcionario incorporado o como consecuencia 
del análisis de índices o bases de datos por el órgano centralizado de prevención. En 
todo caso, los funcionarios colegiados deberán poner en conocimiento del órgano 
centralizado de prevención, tan pronto como tengan conocimiento del mismo, cualquier 
hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar 
relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) Comunicar, en nombre y por cuenta de los funcionarios incorporados, las 
operaciones a que se refiere el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La 
comunicación se efectuará directamente por el representante del órgano centralizado 
ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, informando al funcionario interviniente. 
Excepcionalmente, el órgano centralizado de prevención podrá abstenerse de informar al 
funcionario interviniente cuando así sea solicitado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
o cuando estime que ello pudiera poner en riesgo la investigación.
c) Obtener información sobre la titularidad real derivada de los actos en que 
intervengan funcionarios incorporados.
d) Aprobar los procedimientos para la efectiva aplicación de las prohibiciones de 
operar, medidas de bloqueo u otras restricciones o sanciones financieras establecidas por 
normas de derecho comunitario o nacional.
e) Atender los requerimientos de documentación e información de la Comisión, de 
sus órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública o agentes de la Policía 
Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado legalmente habilitados.
f) Efectuar análisis de riesgo de la actividad desarrollada por los funcionarios 
colegiados, en función de los tipos de intervinientes, áreas geográficas y operaciones y 
actualizarlos periódicamente.
g) Informar a los funcionarios incorporados sobre tipologías y operaciones de riesgo.
h) Aprobar las medidas de control interno a aplicar por los funcionarios incorporados, 
que habrán de ser ratificadas por el máximo órgano decisor de su respectiva organización 
colegial de ámbito nacional.
i) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control interno, por parte de 
los funcionarios colegiados. A estos efectos, el máximo órgano decisor de su respectiva 
organización colegial de ámbito nacional aprobará las directrices, frecuencia y contenido 
de las inspecciones o acciones específicas de comprobación que el órgano centralizado 
llevará a cabo de forma coordinada con el resto de las acciones de supervisión y control 
ordinarias desarrolladas conforme a sus normas reguladoras. En todo caso, los resultados 
específicos de la supervisión serán trasladados al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
j) Desarrollar acciones formativas de los funcionarios incorporados y de su personal. 
Estas acciones serán objeto de un Plan anual, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39.
k) Aprobar medidas de corrección de la información grabada por los funcionarios 
colegiados en las bases de datos desde las que se traslada la información a los órganos 
de apoyo de la Comisión por parte del órgano centralizado de prevención, que serán 
ratificadas por la organización colegial de ámbito nacional.
3. Los órganos centralizados podrán requerir de los funcionarios incorporados 
cualquier información o documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
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En el ejercicio de sus funciones de examen y comunicación, los órganos centralizados 
de prevención actuarán con plena autonomía técnica, no pudiendo recabar o recibir 
instrucciones, generales o específicas, de los órganos de la organización colegial a la que 
se encuentren adscritos.
4. Las organizaciones colegiales velarán para que los órganos centralizados de 
prevención cuenten con los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para el 
adecuado desempeño de sus funciones.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin perjuicio de sus potestades directas de 
supervisión e inspección de los funcionarios colegiados, podrá comprobar la adecuación 
de las medidas de control interno de los órganos centralizados de prevención, así como la 
idoneidad de los medios atribuidos a los mismos.
5. Contra las decisiones de los órganos centralizados de prevención relativas a los 
procedimientos de control interno, los funcionarios colegiados podrán acudir en vía de 
petición ante el Presidente de la Comisión, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía 
administrativa.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 10/2010, los órganos 
centralizados de prevención a los que se refiere este artículo tendrán la condición de 
responsables de los tratamientos que lleven a cabo por propia iniciativa o a requerimiento 
de la Comisión o de sus órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública 
legalmente habilitada, con la finalidad de prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.
Igualmente serán responsables de los tratamientos efectuados en el marco de sus 
funciones de análisis de riesgo y de supervisión establecidos en la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de los que 
se deriven directamente del acceso y tratamiento de la información de los datos 
contenidos en los ficheros de los que los propios órganos fueran responsables, tanto en 
el marco de las obligaciones de diligencia debida como en las de examen especial e 
información establecidas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, no será de aplicación a la 
actividad de los órganos centralizados de prevención lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Sección 1.ª Medios de pago
Artículo 45. Intervención de los medios de pago.
1. La omisión de la declaración, cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con el 
artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la falta de veracidad de los datos 
declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinará la 
intervención por los funcionarios aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de los 
medios de pago hallados, salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse 
mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad.
Igualmente procederá la intervención cuando concurran dudas racionales sobre la 
veracidad de los datos consignados en la declaración.
Los medios de pago intervenidos se ingresarán en la misma moneda o divisa 
intervenida en las cuentas abiertas en el Banco de España a nombre de la Comisión.
El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de 
la Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en 
su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si 
los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase 
cve: BOE-A-2014-4742
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intención de ocultarlos. El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
2. Asimismo, procederá la intervención cuando, no obstante haberse declarado el 
movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan indicios o certeza de que 
los medios de pago están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, ingresándose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Depósito y 
Consignaciones Judiciales correspondientes.
Del acta de intervención se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y a los órganos judiciales competentes para su investigación.
Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento de la 
obligación de declaración establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
el juzgado o tribunal lo comunicará a la Secretaría de la Comisión, poniendo a su 
disposición los medios de pago intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, 
procediéndose según lo previsto en el apartado precedente.
3. En los casos en que no resulte procedente la intervención de los medios de pago, 
los funcionarios aduaneros o policiales actuantes realizarán diligencias informativas 
cuando estimen que la información pudiera tener relevancia tributaria o policial. Dichas 
diligencias serán asimismo remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 46. Envío postal.
No serán válidas las declaraciones de medios de pago efectuadas cuando 
correspondan a envíos prohibidos en la normativa postal.
Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas, procederá la intervención de los 
medios de pago hallados en envíos postales en los supuestos y términos establecidos en 
el artículo 45.
Sección 2.ª Sanciones y contramedidas financieras internacionales
Artículo 47 Autorización de transferencias de fondos.
1. Sin perjuicio de lo que en cada caso establezca el acuerdo del Consejo de 
Ministros de adopción de contramedidas financieras aprobadas en ejercicio de la potestad 
atribuida por el artículo 42.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o el reglamento de la Unión 
Europea de aplicación, en los supuestos de flujos financieros sometidos a autorización, la 
solicitud se realizará por la entidad financiera que emita o reciba la transferencia de 
fondos a autorizar. En la solicitud de autorización se incluirá, en todo caso, la información 
relativa al ordenante, el beneficiario, las entidades financieras que participan en la 
transacción y el concepto de la misma.
2. La competencia para autorizar las transferencias de fondos sometidas a 
contramedidas corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a 
través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
3. Se denegará la autorización cuando existan medidas de congelación de fondos 
acordadas contra alguna de las personas o entidades intervinientes en la transferencia o 
cuando el objeto de la misma contravenga las prohibiciones establecidas en el acuerdo 
del Consejo de Ministros o Reglamento de la Unión Europea de aplicación.
4. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Inspección y Control de 
Movimientos de Capitales podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario 
General del Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía 
administrativa.
5. El procedimiento de autorización deberá resolverse y notificarse en el plazo de 
seis meses desde la solicitud, y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
cve: BOE-A-2014-4742
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Artículo 48. Congelación o bloqueo de fondos o recursos económicos.
1. Se congelarán o bloquearán todos los fondos y recursos económicos cuya 
propiedad, control o tenencia corresponda a personas, entidades u organismos respecto 
de los cuales un reglamento de la Unión Europea o un acuerdo del Consejo de Ministros 
establezca esta medida restrictiva.
2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera será la autoridad 
competente en España en relación con la ejecución de las medidas de congelación o 
bloqueo de fondos y recursos económicos en los términos previstos en este reglamento.
3. Una vez en vigor el reglamento de la Unión Europea o sea eficaz el acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se establezca la medida de congelación o bloqueo de 
fondos o recursos económicos contra una persona, organismo o entidad, dicha medida de 
congelación se llevará a cabo de forma inmediata por cualquier persona física o jurídica. La 
congelación o bloqueo realizado será inmediatamente comunicado, por escrito, a la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, incluyendo en la comunicación todos 
los datos relativos al titular, la cuantía y naturaleza de los fondos o recursos económicos 
que se hubieran congelado o bloqueado y demás circunstancias concurrentes.
Artículo 49. Liberación de fondos o recursos económicos congelados o bloqueados.
1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a través de la Subdirección 
General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, podrá autorizar la 
liberación de determinados fondos o recursos económicos, congelados o bloqueados, 
cuando se verifiquen las condiciones establecidas en el reglamento de la Unión Europea 
o en el acuerdo del Consejo de Ministros que resulte de aplicación.
2. La solicitud de descongelación o desbloqueo de fondos o recursos económicos 
se realizará, a instancias del titular de los fondos o recursos económicos congelados o 
bloqueados, por la entidad depositaria de aquéllos, quien la remitirá por escrito a la 
autoridad competente.
3. En el escrito de solicitud se hará constar la normativa que se considera aplicable 
y se expondrán las circunstancias que justifican la solicitud. Asimismo, la solicitud se 
acompañará de copia auténtica de cuantos documentos resulten relevantes para su 
resolución.
4. El procedimiento de liberación de fondos o recursos económicos congelados o 
bloqueados se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
debiendo notificarse la resolución en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud.
5. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Inspección y Control de 
Movimientos de Capitales podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario 
General del Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía 
administrativa.
Sección 3.ª Fichero de titularidades financieras
Artículo 50. Naturaleza y finalidad del Fichero de Titularidades Financieras.
1. El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de carácter administrativo 
creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo.
2. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa será responsable 
del Fichero de Titularidades Financieras, actuando el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
como encargado del tratamiento por cuenta de aquélla.
Artículo 51. Declaración por las entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito, a través de su representante ante el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión, declararán a dicho Servicio la apertura o cancelación de cualesquiera cuentas 
corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, con independencia 
cve: BOE-A-2014-4742
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de su denominación comercial. Las declaraciones no incluirán las cuentas y depósitos de 
las sucursales o filiales de las entidades de crédito españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares, 
titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras 
personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, y el tipo de 
cuenta o depósito. Se considerarán datos identificativos el nombre y apellidos o 
denominación social y el tipo y número de documento identificativo. Mediante instrucción 
del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, previo informe de la 
Agencia Española de Protección de Datos, se podrán determinar otros datos de 
identificación que deban ser asimismo declarados a fin de la adecuada identificación de 
intervinientes, cuentas y depósitos.
2. La declaración se realizará mensualmente, bajo el soporte y formato que 
determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión, e incluirá la información correspondiente a 
las aperturas, cancelaciones y modificaciones de cuentas y depósitos y las variaciones en 
los datos de intervinientes, registrados en el mes natural inmediatamente anterior. El 
envío de la declaración deberá realizarse dentro de los siete primeros días hábiles del 
mes natural siguiente.
3. Las entidades de crédito declarantes serán responsables de la calidad, integridad 
y veracidad de los datos declarados, aplicando en origen los procedimientos de validación 
necesarios.
En caso de advertir omisiones o errores, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin 
perjuicio de la responsabilidad exigible, requerirá a las entidades de crédito declarantes 
para que procedan en el plazo máximo de diez días hábiles a la remisión de los datos 
preceptivos omitidos o a la depuración de los datos erróneos declarados. Asimismo, las 
entidades declarantes que detecten errores en la información enviada deberán rectificar los 
datos erróneos por el procedimiento que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
4. La declaración se entenderá sin perjuicio del cumplimiento por parte de las 
entidades de crédito de las restantes obligaciones de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo y, en particular, de la comunicación por indicio 
prevista en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 52. Consultas y accesos al Fichero de Titularidades Financieras.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como encargado del tratamiento, establecerá 
los procedimientos técnicos de consulta del Fichero de Titularidades Financieras. Los 
accesos y consultas realizadas y los resultados obtenidos se efectuarán por medios 
telemáticos.
Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras se efectuarán 
necesariamente a través de los puntos únicos de acceso designados a tal efecto en el 
Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en el Centro Nacional de Inteligencia y en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
Cada organismo, a través de su punto único de acceso, comprobará la identidad de la 
autoridad o funcionario solicitante, verificará su habilitación legal para realizar la petición 
de acceso y velará por la pertinencia de las solicitudes, que deberán estar adecuadamente 
motivadas y quedarán bajo la responsabilidad de la autoridad o funcionario solicitante .
En cada punto único de acceso se mantendrá un registro pormenorizado de las 
peticiones realizadas, en el que figurará en todo caso la autoridad o funcionario solicitante 
y la justificación de la petición, en su caso, la identidad de la Autoridad Judicial o Fiscal 
que ha acordado o autorizado la obtención de datos, así como el procedimiento en que 
ha recaído la correspondiente resolución.
Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras deberán identificar a 
la persona, personas o número de cuenta respecto de las que requiere información, no 
resultando admisibles búsquedas abiertas, genéricas o por aproximación. Mediante 
instrucción del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, previo informe 
cve: BOE-A-2014-4742
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de la Agencia Española de Protección de Datos, se determinarán los requisitos mínimos 
de información que deberán cumplir las solicitudes.
2. Sin perjuicio de las informaciones que, a petición de las autoridades habilitadas a 
través de sus puntos únicos de acceso, emita respecto de los datos obrantes en el Fichero 
de Titularidades Financieras, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá asimismo 
consultar los datos del Fichero de Titularidades Financieras en el ejercicio de sus 
funciones. Los datos del Fichero de Titularidades Financieras incorporados en informes 
de inteligencia estarán asimismo sometidos a las previsiones del artículo 46 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril.
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión llevará un registro de las consultas y accesos 
realizados en el ejercicio de sus funciones y por los puntos únicos de acceso.
Artículo 53. Protección de datos.
1. El Fichero de Titularidades Financieras quedará sometido a las disposiciones de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
Serán aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las medidas de seguridad de 
nivel alto establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal.
Serán aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las disposiciones contenidas 
en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. No obstante, las entidades de 
crédito deberán informar a los titulares, representantes y autorizados de la cesión de los 
datos al Fichero.
2. Los datos sobre cuentas y depósitos declarados al Fichero de Titularidades 
Financieras se eliminarán transcurridos diez años desde la cancelación de la cuenta 
corriente, cuenta de ahorro, cuenta de valores o depósito a plazo. Los datos relativos a 
intervinientes se eliminarán transcurridos diez años desde la cancelación de la cuenta o 
depósito, o desde que se comunique su baja como titulares, apoderados o representantes.
3. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá respecto del Fichero de 
Titularidades Financieras todas las competencias que le atribuye la normativa en materia 
de protección de datos de carácter personal y, en particular, la potestad de inspección 
prevista en el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 54. Contenido de la función del Ministerio Fiscal.
1. El Fiscal General del Estado designará, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, al miembro del Ministerio Fiscal encargado 
de velar por el uso adecuado del Fichero de Titularidades Financieras. La designación 
será comunicada al Consejo Fiscal.
2. Las funciones del Ministerio Fiscal consistirán en autorizar la relación de puntos 
únicos de acceso a quienes el Servicio Ejecutivo de la Comisión habilitará su conexión al 
sistema y verificar que las consultas o accesos al Fichero de Titularidades Financieras 
han sido realizados por las autoridades o funcionarios autorizados y para los fines 
establecidos en artículo 43 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. Esta verificación se realizará 
en la forma prevista en los artículos siguientes.
Artículo 55. Verificación de la regularidad de las consultas y accesos por el Ministerio Fiscal.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión mantendrá permanentemente a disposición 
del Fiscal designado el registro de consultas y accesos previsto en el artículo 52.3. Sin 
perjuicio de ello, cuando por cualquier motivo el Servicio Ejecutivo de la Comisión tuviera 
conocimiento de que se ha producido una consulta o acceso irregular al Fichero de 
Titularidades Financieras o se solicite un acceso fuera del cauce previsto en los apartados 
anteriores, dará traslado al Fiscal o, en su caso, al punto único correspondiente.
2. El Fiscal podrá realizar la auditoría de accesos al Fichero de Titularidades 
Financieras cuando lo considere necesario para el control del adecuado uso del mismo, a 
cuyos efectos tendrá acceso inmediato al registro pormenorizado de accesos que debe 
cve: BOE-A-2014-4742
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mantenerse en cada punto de acceso según se establece en el artículo 52.1. Asimismo, 
los puntos de acceso deberán facilitar al Fiscal cuanta información y documentación les 
solicite, por sí o a través del Servicio Ejecutivo de la Comisión, para llevar a cabo la 
auditoría de accesos. En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión remitirá 
semestralmente al Fiscal el listado de accesos realizados.
3. Las funciones y controles establecidas en este artículo se entenderán sin 
menoscabo de que la información se encuentre igualmente a disposición de la autoridad 
competente en materia de protección de datos para el ejercicio de las competencias que 
le atribuye la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre u otra normativa específica de 
aplicación en materia de protección de datos.
Artículo 56. Iniciación de actuaciones previas.
1. Si, a la vista de la información remitida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, el 
Fiscal considera que hay indicios de consulta o acceso irregular al Fichero de Titularidades 
Financieras, iniciará actuaciones previas que no podrán exceder el plazo de un año.
2. El Fiscal también podrá iniciar actuaciones previas cuando por cualquier otro 
medio tenga conocimiento de que ha podido producirse una consulta o acceso irregular al 
Fichero de Titularidades Financieras.
3. Las actuaciones previas tendrán por objeto determinar, con la mayor precisión 
posible, los hechos que pudieran justificar la incoación de un procedimiento disciplinario por 
consulta o acceso irregular al fichero, así como identificar la persona que pudiera resultar 
responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.
4. En la tramitación de las actuaciones previas, el Fiscal podrá requerir el auxilio que 
precise del Servicio Ejecutivo de la Comisión, así como requerir justificación completa de 
los motivos de cualquier consulta o acceso a cualquiera de las autoridades o funcionarios 
que hayan obtenido datos del Fichero de Titularidades Financieras. A estos mismos 
efectos, podrá dirigirse a cualquier organismo en cuyo poder obre información relativa a la 
consulta o acceso investigado para que proporcione la misma.
Artículo 57. Resultado de las actuaciones previas.
1. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso investigado ha 
sido irregular, el Fiscal remitirá copia de lo actuado al órgano al que corresponda el inicio 
del correspondiente procedimiento disciplinario, salvo que los hechos sean constitutivos 
de delito, en cuyo caso remitirá lo actuado al Ministerio Fiscal u órgano judicial 
competente. En el caso de que se apreciase la existencia de una vulneración de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los hechos serán puestos inmediatamente en 
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de protección 
de datos que resulte competente.
2. El órgano competente para exigir responsabilidad disciplinaria al sujeto 
responsable de la consulta o acceso irregular deberá incoar el procedimiento disciplinario 
correspondiente, notificando la resolución que ponga fin al procedimiento al Fiscal, que 
podrá interponer contra la misma recurso contencioso.
3. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso fue regular, el 
Fiscal archivará las mismas.
Sección 4.ª Sanciones
Artículo 58. Ejecución de sanciones.
1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes corresponderá a la 
Secretaría de la Comisión.
2. La recaudación de las sanciones pecuniarias, corresponderá a las Delegaciones 
de Economía y Hacienda en período voluntario y a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el período ejecutivo.
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3. La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será 
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución. En todo caso, será publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Comisión, del Servicio Ejecutivo de 
la Comisión y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Artículo 59.  Ejecución de sanciones por incumplimiento de la obligación de declarar 
prevista en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En el caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligación de declaración 
establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la multa se hará efectiva en 
las cantidades que, en su caso, hubieran sido constituidas en garantía, de conformidad 
con el artículo 61.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Cuando la cuantía de la sanción no 
pueda ser totalmente satisfecha por la garantía constituida al efecto, se procederá 
conforme al artículo 58.2 de este reglamento.
Sección 5.ª Protección de datos
Artículo 60 . Utilización de datos y nivel de seguridad en los tratamientos de carácter 
personal.
1. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las 
obligaciones de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y este 
reglamento no podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sin el consentimiento 
del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión 
ordinaria de la relación de negocios.
2. Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguridad de nivel alto a los 
tratamientos llevados a cabo para el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a 
las que se refiere el capítulo III de este Reglamento.
3. Será exigible a los tratamientos efectuados en el cumplimiento del deber de 
diligencia debida el nivel de seguridad que corresponda conforme a lo previsto en la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Artículo 61.  Ficheros comunes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
prevención.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
cuando concurran riesgos extraordinarios identificados mediante los análisis a que se 
refiere el artículo 65.1.e), la Comisión, previo dictamen conforme de la Agencia Española 
de Protección de Datos, podrá autorizar el intercambio de información sobre determinadas 
categorías de operaciones o clientes.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando 
las operaciones que hayan sido objeto de comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y posterior rechazo por el sujeto obligado, por sus características, pudieran ser 
intentadas en forma idéntica o similar ante otro sujeto obligado, la Comisión, previo dictamen 
conforme de la de la Agencia Española de Protección de Datos, podrá autorizar a los sujetos 
obligados el establecimiento, bien directamente o por medio de las asociaciones a la que 
pertenecieran, de ficheros comunes para el intercambio de esta información.
Dichos sistemas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Sólo podrá incorporarse al fichero información relacionada con operaciones que 
hubieran sido previamente objeto de comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión, sin que se haya producido su devolución por éste último, cuando, una vez 
rechazadas por el sujeto obligado comunicante, dichas operaciones fueran susceptibles 
de intentarse ante otros sujetos obligados.
b) El tratamiento de los datos contenidos en el fichero únicamente podrá llevarse a 
cabo con la finalidad de prevenir o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de 
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capitales o la financiación del terrorismo. En particular, los datos contenidos en el fichero 
no podrán incorporarse a otros sistemas de detección y prevención del fraude que no se 
encuentren relacionados con las materias indicadas.
c) El acceso a los datos contenidos en los ficheros quedará exclusivamente limitado 
a aquéllos sujetos obligados ante los que pudiera reiterarse la operativa a la que se refiera 
la información.
d) Únicamente podrá tener acceso al fichero quienes integren los órganos de control 
interno a los que se refiere el artículo 35 de este reglamento.
En todo caso serán de aplicación a estos ficheros las exenciones y obligaciones a las 
que se refiere el artículo 33.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
CAPÍTULO VI
De la organización institucional
Artículo 62. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. La Comisión es el órgano competente para la determinación de las políticas 
nacionales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y 
ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Dichas políticas, que serán periódicamente actualizadas, serán congruentes con los 
riesgos identificados de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
2. La Comisión actuará en Pleno y a través del Comité Permanente y del Comité de 
Inteligencia Financiera.
El Pleno de la Comisión y sus Comités se entenderán válidamente constituidos, en 
primera convocatoria con la presencia del Presidente, el Secretario y de la mitad al 
menos, de sus miembros; y, en segunda convocatoria, con la presencia de un tercio de 
sus miembros, incluidos Presidente y Secretario.
3. La Comisión y sus Comités se reunirán con carácter general dos veces al año, sin 
perjuicio de la posible convocatoria de reuniones adicionales cuando sean procedentes.
Excepcionalmente, por razones de urgencia, la Comisión podrá adoptar sus 
decisiones por procedimiento escrito. El Secretario, por orden del Presidente, dirigirá un 
escrito a los vocales para que, en un plazo no inferior a siete días, manifiesten su 
conformidad o disconformidad con la propuesta de acuerdo sometida a consideración.
4. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este reglamento, la Comisión se 
regirá por lo dispuesto en la capítulo II, título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 63. Pleno de la Comisión.
1. El Pleno de la Comisión estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ejercerá la Presidencia.
b) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera.
c) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Antidroga.
d) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
e) El Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.
f) Un vocal del Consejo General del Poder Judicial designado por su Presidente.
g) El Secretario General del Banco de España.
h) El Director General de Supervisión del Banco de España.
i) El Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
j) El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
k) El Director General de Comercio e Inversiones.
l) El Director General de Registros y del Notariado.
m) El Director General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad.
n) El Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
ñ) El Director de Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.
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o) El Comisario General de Policía Judicial.
p) El General Jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil.
q) El Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia.
r) El Director de la Policía Autónoma Vasca – Ertzaintza.
s) El Director General de la Policía de la Generalidad de Cataluña.
t) El Director de la Policía Foral de Navarra.
u) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.
v) El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.
w) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
x) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales 
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
2. La condición de vocal de la Comisión es personal y no delegable. No obstante, en 
caso de imposibilidad, podrá asistir al Pleno de la Comisión, con voz pero sin voto, un 
representante con rango, al menos, de Subdirector General de la institución a la que 
pertenezca el vocal.
Artículo 64. Comité Permanente de la Comisión.
1. El Comité Permanente de la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
a) Orientar la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión y aprobar su estructura 
organizativa y directrices de funcionamiento.
b) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, 
de los órganos de supervisión de las entidades financieras, el Plan Anual de Inspección 
de los sujetos obligados, que tendrá carácter reservado.
c) Formular requerimientos a los sujetos obligados relativos al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril.
d) Incoar y, en su caso, sobreseer los procedimientos sancionadores a que hubiere 
lugar por la comisión de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, a 
propuesta de la Secretaría de la Comisión. Se exceptúan los procedimientos 
sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de 
medios de pago cuya incoación y, en su caso, sobreseimiento, corresponderá a la 
Secretaría de la Comisión.
e) Elevar al Pleno de la Comisión, a propuesta de la Secretaría de la Comisión, 
propuesta de resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves y 
muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los relativos al 
incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago. 
Cuando la propuesta a elevar al Pleno de la Comisión altere la calificación jurídica 
determinada en fase de instrucción, se dará audiencia al interesado para que realice las 
alegaciones que a su derecho convengan. El Pleno de la Comisión, vista la propuesta de 
resolución elevada por el Comité Permanente, propondrá lo que resulte procedente al 
Ministro de Economía y Competitividad.
2. El Comité Permanente de la Comisión estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ejercerá la Presidencia.
b) Un representante del Banco de España.
c) Un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) Un representante de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
e) Un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
f) Un representante de la Dirección General de la Policía.
g) Un representante de la Dirección General de la Guardia Civil.
h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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i) Un representante del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
j) Un representante de la Fiscalía Antidroga.
k) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
l) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales 
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La condición de miembro del Comité Permanente no requiere de la previa condición 
de miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes designados por las diferentes 
instituciones o sus suplentes, deberán tener rango, al menos, de Subdirector General o 
equivalente.
Artículo 65. Comité de Inteligencia Financiera.
1. Se crea el Comité de Inteligencia Financiera que, con carácter general, impulsará 
la actividad de análisis e inteligencia financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión y 
será responsable del análisis de riesgo nacional en materia de blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo. En particular, el Comité de Inteligencia Financiera ejercerá 
las siguientes funciones:
a) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, los criterios generales 
de difusión de los informes de inteligencia financiera.
b) Facilitar la retroalimentación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de las 
instituciones receptoras sobre los informes de inteligencia financiera.
c) Establecer, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, un procedimiento 
de valoración por las instituciones receptoras de los informes de inteligencia financiera.
d) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, orientaciones y 
directrices generales en materia de análisis e inteligencia financieros.
e) Coordinar las acciones de análisis de riesgos en materia de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo, velando para que dichos análisis se mantengan actualizados 
y relevantes y los recursos sean utilizados de forma eficiente para mitigar los riesgos 
identificados. Con este fin, el Comité de Inteligencia Financiera podrá realizar 
recomendaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión sobre el Plan Anual de Inspección 
de los sujetos obligados.
f) Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar información sobre los 
riesgos identificados a las autoridades competentes y a los sujetos obligados, 
directamente o por medio de sus asociaciones profesionales. Esta información será 
incorporada por los sujetos obligados a los análisis de riesgo a que se refiere el artículo 32.
g) Proponer a la Comisión la adopción de medidas de mitigación de los riesgos 
identificados.
h) Realizar estudios de tipologías en materia de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo, apoyándose en el análisis estratégico que realice el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión.
i) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, orientaciones y 
directrices a los sujetos obligados en materia de comunicación de operaciones por indicio.
j) Orientar e instruir la actuación del Grupo de Trabajo de Control de Efectivo o de 
otros grupos cuya creación pueda ser decidida por el Comité de Inteligencia Financiera.
2. El Comité de Inteligencia Financiera estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ejercerá la Presidencia.
b) Un representante de la Fiscalía Antidroga.
c) Un representante de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
d) Un representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
e) Un representante del Banco de España.
f) Un representante de la Dirección General de la Policía.
g) Un representante de la Dirección General de la Guardia Civil.
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h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Un representante del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
j) Un representante del Centro Nacional de Inteligencia.
k) Un representante del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
l) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
m) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales 
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La condición de miembro del Comité de Inteligencia Financiera no requiere de la 
previa condición de miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes designados 
por las diferentes instituciones o sus suplentes deberán tener rango, al menos, de 
Subdirector General o equivalente.
3. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión informará en las reuniones del 
Comité de Inteligencia Financiera de las tendencias en materia de comunicación de 
operativa sospechosa, la evolución del número y calidad de las comunicaciones y de la 
detección de cualesquiera patrones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo identificados en el ejercicio de su actividad.
4. A las reuniones del Comité de Inteligencia Financiera podrán asistir otros 
expertos, con voz pero sin voto, cuando el Presidente lo juzgue preciso a la vista de los 
asuntos incluidos en el correspondiente orden del día.
Artículo 66. Secretaría de la Comisión.
1. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por la Subdirección General de 
Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, ostentando su titular, con carácter nato, la condición de Secretario y 
Vocal de la Comisión y de sus Comités.
2. La Secretaría de la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
a) Acordar la realización de actuaciones previas a la incoación de procedimientos 
sancionadores por la comisión de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
b) Proponer al Comité Permanente la incoación y el sobreseimiento de los 
procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de infracciones 
previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los procedimientos 
sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de 
medios de pago.
c) Incoar y sobreseer los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la 
obligación de declaración de movimientos de medios de pago establecida en el artículo 34 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
d) Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril.
e) Elevar al Comité Permanente de la Comisión la propuesta de resolución de los 
procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de infracciones graves 
y muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los 
procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración de 
movimientos de medios de pago.
f) Elevar al Secretario General del Tesoro y Política Financiera la propuesta de 
resolución de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de 
infracciones leves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y por incumplimiento de la 
obligación de declaración de movimientos de medios de pago establecida en el artículo 
34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
g) Coordinar la participación española en los foros internacionales contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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h) Elaborar los proyectos de normas en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.
3. La Secretaría de la Comisión ejercerá, asimismo, las competencias atribuidas en 
materia de transacciones económicas con el exterior y sanciones financieras 
internacionales, pudiendo acordar las actuaciones inspectoras que resulten procedentes.
Artículo 67. Servicio Ejecutivo de la Comisión.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión es la Unidad de Inteligencia Financiera 
española, siendo único en todo el territorio nacional.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión es, asimismo, autoridad supervisora en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ejecución de 
las sanciones y contramedidas financieras a las que se refiere el artículo 42 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril. Sin perjuicio de ello, los órganos supervisores de las 
entidades financieras podrán celebrar con la Comisión, los convenios en materia de 
supervisión a los que se refiere el artículo 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. En el ejercicio de su función supervisora y tras la realización del informe de 
inspección al que se refiere el artículo 47.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión o los órganos supervisores a los que se refiere el artículo 44 de 
la misma remitirán al sujeto obligado un escrito de conclusiones de la inspección, 
incluyendo recomendaciones relativas a la adecuación de las medidas de control interno 
establecidas por el sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo. A la vista de las 
recomendaciones realizadas, los sujetos obligados elaborarán un plan de acción a los 
efectos de incorporar su contenido, señalando los plazos de implementación y aplicación 
de cada una de las medidas.
3. Sin perjuicio, en su caso, de la incoación de procedimiento administrativo 
sancionador, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los órganos supervisores a los que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, podrán proponer al Comité 
Permanente la adopción de requerimientos por los que se exigirá la adopción de 
determinadas medidas imprescindibles para el correcto cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, o en sus normas de desarrollo. El 
requerimiento estará sometido a un plazo para su adecuado atendimiento, transcurrido el 
cual, y en caso de no haberse adoptado las medidas exigidas, el órgano competente 
incoará expediente sancionador de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.1.e) y 
52.1.w) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión remitirá, utilizando canales protegidos, 
seguros y exclusivos el correspondiente informe de inteligencia financiera a los órganos 
de investigación competentes cuando aprecie la existencia de indicios o certeza de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Asimismo, el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión podrá trasladar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria aquellos 
informes en los que se aprecie la existencia de información con trascendencia tributaria y 
atenderá las peticiones de información de las autoridades legalmente habilitadas.
En el ejercicio de sus funciones de análisis e inteligencia financieros, el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión, sin perjuicio de aplicar las directrices y orientaciones de carácter 
general de la Comisión y de sus Comités, actuará con autonomía e independencia 
operativas. En particular, el Servicio Ejecutivo de la Comisión no podrá recabar o recibir 
instrucciones de ningún órgano respecto del análisis y diseminación de casos concretos, 
que se realizará con criterios estrictamente técnicos.
5. Sin perjuicio de su actividad de análisis operativo, el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión realizará funciones de análisis estratégico con objeto de identificar patrones, 
tendencias y tipologías, de los que informará al Comité de Inteligencia Financiera, que 
determinará posibles amenazas y vulnerabilidades en un análisis de riesgo que informará 
las políticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo a que se refiere el artículo 62.1.
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6. La información recibida, procesada, mantenida o difundida por el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión deberá ser adecuadamente protegida. En particular, se 
establecerán políticas que garanticen la seguridad y confidencialidad de dicha información, 
incluyendo procedimientos adecuados de manejo, archivo, difusión, protección y acceso.
7. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión ejercerá la dirección de todo el 
personal que preste sus servicios en dicho Servicio, independientemente del sistema de 
adscripción o dependencia orgánica.
Una vez nombrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.d) de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, el Director percibirá sus retribuciones, que serán fijadas por 
la Comisión, con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisión a que se 
refiere el artículo 45.3, párrafo cuarto de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En aquellos casos 
en que el Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión sea un empleado del Banco de 
España, se aplicará el régimen previsto en el artículo 45.3, párrafo tercero de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril.
Asimismo, percibirá sus retribuciones con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo 
de la Comisión, quedando vinculado al mismo por una relación de derecho laboral, el 
personal que se contrate por el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Los procedimientos de 
contratación, que exigirán la previa autorización de la Comisión, tendrán carácter 
competitivo y se basarán en los principios de mérito y capacidad.
El Banco de España, a propuesta de la Comisión, podrá destinar al Servicio Ejecutivo 
de la Comisión a los empleados que se estimen necesarios para el ejercicio de las 
funciones encomendadas al mismo. Los empleados del Banco de España destinados en 
el Servicio Ejecutivo de la Comisión mantendrán su relación laboral con el Banco de 
España, rigiéndose por su normativa específica.
Artículo 68. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
1. Quedarán adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión las siguientes unidades 
policiales:
a) La Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía.
b) La Unidad de Investigación de la Guardia Civil.
2. Las unidades policiales adscritas, bajo la dependencia funcional de la Dirección 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión, colaborarán en el desarrollo de las funciones de 
análisis e inteligencia financieros atribuidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por el 
artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En el ejercicio de funciones Policía Judicial, las unidades policiales adscritas se 
regirán por lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión, destinará a las unidades 
policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil que se estimen necesarios para el ejercicio de 
las funciones encomendadas a dichas unidades.
Artículo 69. Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el marco de sus normas de 
estructura orgánica, adscribirá al Servicio Ejecutivo de la Comisión una Unidad que, bajo 
la dirección funcional de la Dirección del Servicio Ejecutivo, colaborará en el desarrollo de 
las funciones de análisis e inteligencia financieros atribuidas a dicho Servicio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, a propuesta de la Comisión, 
destinará a dicha Unidad a los funcionarios que se estimen necesarios para el ejercicio de 
las funciones encomendadas a la misma.
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