BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 340  Miércoles 30 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 122954
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17265 Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información, establece la obligación de comunicación de 
determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva. 
Dicha obligación debe ser transpuesta por los Estados miembros.
El deber de comunicación se establece con dos fines fundamentales. Por un lado, la 
obtención de información con el objetivo de luchar contra la elusión y la evasión fiscal. Por 
otro lado, un fin disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal 
agresiva. Desde esta perspectiva, es necesario aclarar que la obligación de declaración de 
un mecanismo transfronterizo no implica, per se, que dicho mecanismo sea defraudatorio 
o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de 
planificación fiscal que le hacen acreedor de la obligación de declaración.
También es necesario precisar que la declaración de información y la falta de reacción 
de la Administración tributaria no implican la aceptación de la legalidad de los mecanismos 
transfronterizos declarados.
La transposición se residencia en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, para aquellas cuestiones que aconsejan su regulación por norma con rango 
legal, completándose dicha transposición con las novedades incluidas en el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
II
La transposición se vehiculiza a nivel legal a través de dos nuevas disposiciones 
adicionales que se introducen en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La primera, que establece las directrices básicas de la obligación de información de 
determinados mecanismos de planificación fiscal conforme a la Directiva señalada y al 
régimen general de las obligaciones de información existente en nuestro Derecho tributario. 
Asimismo, dicha disposición prevé a nivel legal dos obligaciones independientes, pero 
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relacionadas con la anterior, que se establecen también en la Directiva 2011/116/UE del 
Consejo, como son la obligación de los intermediarios de actualizar la información de los 
mecanismos transfronterizos comercializables así como el deber de informar sobre la 
utilización de los mecanismos transfronterizos por parte de los obligados tributarios 
interesados en estos.
Asimismo, siguiendo los principios inspiradores de la Directiva, dentro de los límites 
legales prefigurados por nuestro ordenamiento jurídico, se reconoce el deber de secreto 
profesional a los efectos de las obligaciones de información señaladas a todos aquellos 
que tuvieran la consideración de intermediarios de acuerdo con la Directiva y presten un 
asesoramiento neutral relacionado con el mecanismo que se limite únicamente a evaluar 
su adecuación a la normativa aplicable.
Además, se regula la exención de la eventual responsabilidad de los intermediarios en 
que pudieran incurrir por la declaración de los datos impuestos por la obligación de 
información.
Por otro lado, se introduce otra disposición adicional para regular las obligaciones de 
comunicación entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de 
planificación fiscal objeto de declaración.
Como correlato lógico de las obligaciones de información anteriores, se regula el 
régimen sancionador asociado al incumplimiento de dichas obligaciones.
III
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta Ley se ha 
efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumple el principio de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la 
transposición de la Directiva (UE) 2018/822 mediante la incorporación de modificaciones 
de diversas normas del Ordenamiento que tienen rango legal y reglamentario.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea. De 
hecho, la norma legal responde a la necesidad de transposición de la norma de la Unión 
Europea al Derecho español.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial 
del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del Anteproyecto, así como de su 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio de 
Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia 
e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma 
genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores 
costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso 
alguna de las medidas que se incorporan conllevan una reducción de tales cargas.
Finalmente, cabe señalar que la norma se inscribe en el ámbito de la denominada 
«asistencia mutua» tal como se define en la Ley General Tributaria, que participa de la 
naturaleza jurídica de las relaciones internacionales. Esta norma se dicta al amparo de lo 
establecido en el artículo 149.1. 3.ª y 14.ª de la Constitución Española que atribuye al 
Estado la competencia en materia de relaciones internacionales y de Hacienda general, 
respectivamente.
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Artículo único.  Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria queda modificada como sigue:
Uno.  Se introduce una nueva disposición adicional vigésima tercera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigésima tercera.  Obligación de información sobre 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
1. Las personas o entidades que tengan la consideración de  intermediarios o 
de obligados tributarios interesados a los efectos de esta obligación, según el 
artículo 3, apartados 21 y 22, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de 
febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE,  deberán suministrar a la 
Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 29 bis y 93 de 
esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente 
información:
a) Información de mecanismos transfronterizos definidos en el artículo 3.18 de 
la Directiva 2011/16/UE del Consejo en los que intervengan o participen cuando 
concurran alguna de las señas distintivas determinadas en el Anexo IV de la citada 
Directiva.
b) Información de actualización de los mecanismos transfronterizos 
comercializables a los que se refiere el artículo 3.24 de la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo.
c) Información de la utilización en España de los mecanismos transfronterizos 
de planificación fiscal a que se refieren las letras a) y b) anteriores.
A los efectos de esta obligación de información, no tendrán la consideración de 
mecanismo transfronterizo de planificación fiscal objeto de declaración aquellos 
acuerdos, negocios jurídicos, esquemas u operaciones transfronterizas basadas en 
regímenes fiscales comunicados y expresamente autorizados por una decisión de 
la Comisión Europea.
2. Estarán dispensados de la obligación de información por el deber de secreto 
profesional al que se refiere el apartado 5 del artículo 8 bis ter de la Directiva 
2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran la consideración de intermediarios 
conforme a dicha Directiva, con independencia de la actividad desarrollada, y hayan 
asesorado con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a 
disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo 
transfronterizo de los definidos en la Directiva, con el único objeto de evaluar la 
adecuación de dicho mecanismo a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la 
implantación del mismo.
El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar 
liberado del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el 
obligado tributario interesado.
3. El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de 
mecanismos de planificación fiscal a que se refiere la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, en los términos legalmente exigibles, no constituirá, conforme al régimen 
jurídico aplicable, violación de las restricciones sobre divulgación de información 
impuestas por vía contractual o normativa, no implicando para los sujetos obligados 
ningún tipo de responsabilidad respecto del obligado tributario interesado titular de 
dicha información.
4. Constituyen infracciones tributarias:
a) La falta de presentación en plazo de las declaraciones informativas a que se 
refiere esta disposición adicional.
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La infracción será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 2.000 
euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo que 
hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 4.000 euros y un 
máximo equivalente al importe de los honorarios percibidos o a percibir por cada 
mecanismo o al valor del efecto fiscal derivado de cada mecanismo calculado en los 
términos reglamentariamente establecidos, dependiendo de que el infractor sea el 
intermediario o el obligado tributario interesado, respectivamente. El límite máximo 
no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 4.000 euros.
No obstante lo anterior, cuando un mecanismo transfronterizo carezca de valor 
en los términos establecidos reglamentariamente y el infractor lo sea en su condición 
de obligado tributario interesado se computará como límite máximo el equivalente a 
los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.
En caso de no existencia de honorarios, el límite se referirá al valor de mercado 
de la actividad cuya concurrencia hubiera dado lugar a la consideración de 
intermediario calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley  27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de la aplicación de los límites máximos anteriores, el sujeto infractor 
deberá acreditar la concurrencia y magnitud de los mismos.
La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en este párrafo se reducirán 
a la mitad, cuando la información haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración tributaria.
Si se hubieran presentado en plazo declaraciones incompletas, inexactas o con 
datos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo 
una declaración complementaria o sustitutiva de las anteriores, no se producirá la 
infracción a que se refiere la letra b) de este apartado en relación con las 
declaraciones presentadas en plazo y se impondrá la sanción que resulte de la 
aplicación de este párrafo respecto de lo declarado fuera de plazo.
b) La presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de las 
declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional.
La infracción será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 2.000 
euros por cada dato o conjunto de datos omitido, inexacto o falso referidos a un 
mismo mecanismo que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 
4.000 euros y un máximo equivalente al importe de los honorarios percibidos o a 
percibir por cada mecanismo o al valor del efecto fiscal derivado de cada mecanismo 
calculado en los términos reglamentariamente establecidos, dependiendo de que el 
infractor sea el intermediario o el obligado tributario interesado, respectivamente. El 
límite máximo no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 4.000 euros.
No obstante lo anterior, cuando un mecanismo transfronterizo carezca de valor 
en los términos establecidos reglamentariamente y el infractor lo sea en su condición 
de obligado tributario interesado, se computará como límite máximo el equivalente 
a los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.
En caso de no existencia de honorarios, el límite se referirá al valor de mercado 
de la actividad cuya concurrencia hubiera dado lugar a la consideración de 
intermediario calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley  27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de la aplicación de los límites máximos anteriores, el sujeto infractor 
deberá acreditar la concurrencia y magnitud de los mismos.
c) La presentación de las declaraciones informativas a que se refiere esta 
disposición adicional por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos 
medios.
La infracción será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 
euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo que hubiera 
debido incluirse en la declaración con un mínimo de 750 euros y un máximo de 
1.500 euros.
cve: BOE-A-2020-17265
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d) Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán 
incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley.»
Dos. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima cuarta, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigésima cuarta.  Obligaciones entre particulares derivadas 
de la obligación de información de los mecanismos transfronterizos de 
planificación fiscal.
1. Los intermediarios eximidos por el deber de secreto profesional de la 
presentación de la declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación 
fiscal deberán comunicar fehacientemente dicha exención a los demás 
intermediarios y obligados tributarios interesados que participen en los citados 
mecanismos, sobre quienes recaerá la obligación de presentar la declaración, en los 
términos establecidos reglamentariamente.
2. Las personas o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a 
declarar y que hubieran presentado la declaración, deberán comunicar 
fehacientemente su presentación, en los términos reglamentariamente establecidos, 
al resto de intermediarios o, en su caso, al resto de obligados tributarios interesados, 
quienes, en virtud de aquella, quedarán eximidos de la obligación de declarar.
3. Constituyen infracciones tributarias:
a) La falta de comunicación a la que se refiere el apartado 1 de esta disposición 
adicional en el plazo establecido o la realización de la comunicación omitiendo datos 
o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos.
La infracción será considerada leve y se sancionará con una multa pecuniaria 
fija de 600 euros.
Esta infracción tendrá la consideración de grave cuando la ausencia de 
comunicación en plazo concurra con la falta de declaración del correspondiente 
mecanismo transfronterizo de planificación fiscal a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 de la disposición adicional vigésima tercera de esta Ley por otro 
intermediario o, en su caso, por el obligado tributario interesado que hubieran debido 
presentar la declaración si se hubiera realizado dicha comunicación. En estos 
casos, la sanción será la que hubiera correspondido a la infracción por la falta de 
presentación de la declaración mencionada, prevista en la letra a) del apartado 4 de 
la disposición adicional vigésima tercera de esta Ley.
b) La falta de comunicación a la que se refiere el apartado 2 de esta disposición 
adicional en el plazo establecido o la realización de la comunicación omitiendo datos 
o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos.
La infracción de este artículo será considerada leve y se sancionará con una 
multa pecuniaria fija de 600 euros.»
Disposición transitoria única . Régimen transitorio de las obligaciones de información 
de los mecanismos transfronterizos sometidos a declaración que se hayan realizado 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, en 
los términos reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio 
de 2020 deberán ser objeto de declaración en los plazos establecidos reglamentariamente.
Asimismo, esta Ley se aplicará a los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación cuya obligación haya surgido a partir del 1 de julio de 2020 conforme a la 
Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.
cve: BOE-A-2020-17265
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Disposición final primera.  Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el apartado 4 del 
artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el 
régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes 
Comunidades Autónomas:
– Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Comunidad Autónoma de Aragón.
– Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
– Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
– Comunidad Autónoma de Canarias.
– Comunidad Autónoma de Cantabria.
– Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
– Comunidad de Castilla y León.
– Comunidad Autónoma de Cataluña.
– Comunidad Autónoma de Galicia.
– Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
– Comunidad de Madrid.
– Comunidad Valenciana.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 3.ª y 14.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia en materia de relaciones 
internacionales y de Hacienda general, respectivamente.
Disposición final tercera . Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2018/822 del 
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 
en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 29 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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