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Núm. 180  Miércoles 29 de julio de 2015  Sec. I.   Pág. 64427
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8468 Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía 
Nacional.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:
Título preliminar. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Naturaleza y dependencia de la Policía Nacional.
Artículo 3. Legislación aplicable.
Título I. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía 
Nacional.
Artículo 4. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
Artículo 5. Pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Artículo 6. Rehabilitación.
Título II. Derechos.
Capítulo I. Derechos individuales.
Artículo 7. Derechos individuales.
Capítulo II. Derechos de ejercicio colectivo.
Artículo 8. Derechos de ejercicio colectivo.
Título III. Deberes de los Policías Nacionales. Código de Conducta. Responsabilidad 
y protección jurídica y económica. Régimen de incompatibilidades.
Capítulo I. Deberes y Código de Conducta.
Artículo 9. Deberes.
Artículo 10. Código de conducta.
Capítulo II. Responsabilidad, protección jurídica y económica.
Artículo 11. Responsabilidad de los funcionarios.
Artículo 12. Responsabilidad patrimonial de la administración.
Artículo 13. Defensa y seguro de responsabilidad civil.
Artículo 14. Daños materiales en acto o con ocasión del servicio.
Capítulo III. Régimen de incompatibilidades.
Artículo 15. Incompatibilidades.
Título IV. Régimen de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 16. De los funcionarios de carrera de la Policía Nacional.
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Capítulo II. Organización.
Artículo 17. Estructura.
Artículo 18. Funciones.
Artículo 19. Asignación de funciones.
Artículo 20. Especialidades.
Capítulo III. Escalafón y Registro de Personal.
Artículo 21. Escalafón.
Artículo 22. Registro de Personal.
Título V. Uniformes, distintivos y armamento.
Artículo 23. Uniformidad y distintivos.
Artículo 24. Armamento.
Título VI. El ingreso en la Policía Nacional.
Artículo 25. Principios rectores.
Artículo 26. Requisitos.
Artículo 27. Proceso de selección.
Artículo 28. Tribunales.
Título VII. La formación en la Policía Nacional.
Artículo 29. Criterios y estructura.
Artículo 30. Régimen de formación.
Artículo 31. Convenios de colaboración.
Artículo 32. La formación de ingreso y la capacitación profesional específica.
Artículo 33. La formación permanente.
Artículo 34. La especialización.
Artículo 35. Altos estudios profesionales.
Artículo 36. Centros docentes.
Artículo 37. Régimen de los alumnos de los centros docentes.
Artículo 38. Profesorado.
Artículo 39. Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía.
Título VIII. Carrera profesional y promoción interna.
Artículo 40. Carrera profesional.
Artículo 41. Promoción interna.
Artículo 42. Concurso-oposición.
Artículo 43. Antigüedad selectiva.
Título IX. Ordenación y provisión de puestos de trabajo.
Capítulo I. Ordenación del personal de la Policía Nacional.
Artículo 44. Plantilla del personal de la Policía Nacional.
Artículo 45. Catálogo de puestos de trabajo.
Artículo 46. Destinos.
Capítulo II. Provisión de puestos de trabajo.
Artículo 47. Procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
Artículo 48. Reglas y garantías para la provisión de puestos de trabajo.
Artículo 49. Movilidad.
Artículo 50. Grado personal.
Artículo 51. Evaluación del desempeño.
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Título X. Situaciones administrativas.
Capítulo I. Clases de situaciones administrativas. Servicio activo, servicios especiales 
y servicio en otras administraciones públicas.
Artículo 52. Clases.
Artículo 53. Servicio activo.
Artículo 54. Reingreso al servicio activo.
Artículo 55. Servicios especiales.
Artículo 56. Servicio en otras administraciones públicas.
Capítulo II. Excedencias.
Artículo 57. Modalidades de excedencia.
Artículo 58. Excedencia voluntaria por interés particular.
Artículo 59. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Artículo 60. Excedencia por cuidado de familiares.
Artículo 61. Excedencia por razón de violencia de género.
Artículo 62. Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
Capítulo III. Suspensión de funciones.
Artículo 63. Suspensión de funciones.
Artículo 64. Suspensión firme.
Artículo 65. Suspensión provisional.
Capítulo IV. Segunda actividad.
Artículo 66. Situación de segunda actividad.
Artículo 67. Causas.
Artículo 68. Pase a segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.
Artículo 69. Pase a segunda actividad por petición propia.
Artículo 70. Reingreso al servicio activo desde la situación de segunda actividad.
Artículo 71. Pase a otras situaciones desde segunda actividad.
Artículo 72. Competencia para resolver.
Artículo 73. Retribuciones en la situación de segunda actividad.
Artículo 74. Peculiaridades retributivas.
Artículo 75. Trienios y derechos pasivos.
Artículo 76. Régimen disciplinario.
Título XI. Protección social y régimen retributivo.
Artículo 77. Principios generales de la protección social.
Artículo 78. Incapacidad temporal.
Artículo 79. Lesiones, patologías y daños materiales en acto de servicio.
Artículo 80. Evaluación y control de las condiciones psicofísicas.
Artículo 81. Acción social.
Artículo 82. Retribuciones.
Título XII. Recompensas y honores.
Artículo 83. Recompensas.
Artículo 84. Dedicación al servicio policial.
Artículo 85. Ascensos honoríficos.
Artículo 86. Funcionarios y miembros honorarios.
Artículo 87. Funcionarios jubilados.
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Título XIII. Régimen de representación y participación de los funcionarios.
Capítulo I. Organizaciones sindicales en la Policía Nacional.
Artículo 88. Constitución de organizaciones sindicales.
Artículo 89. Organizaciones sindicales representativas.
Artículo 90. Organizaciones sindicales no representativas.
Artículo 91. Límites del derecho de sindicación y acción sindical.
Artículo 92. Responsabilidad de las organizaciones sindicales.
Artículo 93. Ejercicio de actividades sindicales.
Capítulo II. El Consejo de Policía.
Artículo 94. Organización y competencias.
Artículo 95. Elecciones y mandato.
Capítulo III. Régimen de representación y participación en materia de prevención de 
riesgos laborales.
Artículo 96. Delegados de prevención.
Artículo 97. Órganos paritarios de participación.
Disposición adicional primera. Reconocimiento de trienios.
Disposición adicional segunda. Reservistas voluntarios.
Disposición adicional tercera.  Nombramiento de puestos con nivel orgánico de 
Subdirector General y Jefes Superiores de Policía.
Disposición adicional cuarta.  Ingreso en la Policía Nacional por funcionarios de 
carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas.
Disposición adicional quinta. Referencias normativas.
Disposición adicional sexta. Categoría profesional superior eventual en servicios en 
misiones en organismos internacionales.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de exigencia de titulaciones.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de permanencia en la situación 
de segunda actividad con destino.
Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio de pase a la situación de segunda 
actividad.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de permanencia en el servicio 
activo de los miembros de la Policía Nacional acogidos a la opción del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 14/2011.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de los funcionarios de la Policía 
Nacional que ostentan la condición de reservista voluntario.
Disposición transitoria sexta. Validez de los títulos universitarios oficiales 
correspondientes a la anterior ordenación.
Disposición transitoria séptima. Normativa vigente de desarrollo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, 
del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.
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Disposición final séptima. Modificación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Disposición final octava. Título competencial.
Disposición final novena. Desarrollo reglamentario.
Disposición final décima. Carácter de Ley Orgánica.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La Constitución Española, en su artículo 104, establece que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mandato que se extiende 
a la determinación de las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual deberá llevarse a cabo a través de una ley orgánica.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, se promulgó la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que desarrolla la competencia 
estatal de la seguridad pública, atribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, entre otras, las funciones de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones 
generales, auxiliar y proteger a las personas y bienes, mantener y restablecer, en su caso, 
el orden y la seguridad ciudadana, prevenir e investigar la comisión de actos delictivos, así 
como captar y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública.
Mediante esta norma se llevó a cabo la integración de los Cuerpos Superior de Policía 
y de Policía Nacional en un solo instituto Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de dotar a 
la institución policial de una organización racional y coherente, al tiempo que se 
solucionaban posibles problemas de coordinación y mando al unificar ambos cuerpos en 
un solo colectivo.
Igualmente, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, sentó los principios generales del 
régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que configuraron 
una organización policial sustentada en criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo 
especial relevancia a la formación continua de los funcionarios y a la promoción profesional 
de los mismos.
Así, en dicha norma se regularon, junto con los principios básicos de actuación y las 
funciones atribuidas al Cuerpo Nacional de Policía, otros aspectos esenciales, integrantes 
del estatuto profesional de sus miembros como su estructura, la promoción profesional, los 
derechos de representación colectiva, el Consejo de Policía o el régimen de 
incompatibilidades, procurando mantener el necesario equilibrio entre el reconocimiento y 
respeto de los derechos personales y profesionales y las necesarias adaptaciones que han 
de llevarse a cabo en el ejercicio de algunos de esos derechos, en razón de las especiales 
características de la función policial.
Esta regulación básica se vio complementada por un conjunto de normas de carácter 
reglamentario, obedeciendo así el mandato previsto en la propia Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, que han venido a desarrollar distintas cuestiones relativas al ingreso, 
formación, procesos selectivos, provisión de puestos de trabajo, o régimen disciplinario, 
entre otras, conformando así su actual régimen de personal, entre las que se incluyen 
varios artículos del Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Policía Gubernativa, que aún se mantienen en vigor.
En este contexto, considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, los cambios operados en la normativa relativa a la 
regulación de la función pública, singularmente la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y la propia evolución de la institución 
policial en su paulatina adaptación a las demandas sociales, se hace preciso actualizar y 
fijar, mediante una norma con el adecuado rango legal, el régimen estatutario general de 
sus funcionarios, adecuándolo a sus necesidades organizativas y funcionales y a las 
demandas del colectivo que lo integra.
cve: BOE-A-2015-8468
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II
Esta Ley Orgánica se estructura en un título preliminar, trece títulos, seis disposiciones 
adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y once 
disposiciones finales.
A través de la misma se va a reunir en una norma con rango legal todos aquellos 
aspectos esenciales del régimen de personal de la Policía Nacional que actualmente se 
encuentran regulados de forma dispersa en normas de distinto rango, siguiendo para ello 
la línea marcada por el Estatuto Básico del Empleado Público, de manera ordenada, 
completa y adaptada a la realidad actual.
El título preliminar recoge su objeto, ámbito de aplicación, naturaleza y dependencia 
de la Policía Nacional, distinguiendo entre el mando superior, que será ejercido por el 
Ministro del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad y el mando directo que 
será ejercido por el Director General de la Policía, bajo la autoridad del Secretario de 
Estado de Seguridad.
Una de las novedades del título preliminar y de la Ley en general es la denominación 
que utiliza cuando se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, haciendo suya la más 
comúnmente usada por los ciudadanos de Policía Nacional, designación esta que a la vez 
traslada a sus integrantes como policías nacionales. Esta medida tiene como fin último 
consolidar la imagen corporativa de la institución y contribuir a una mayor y mejor 
integración en la sociedad a la que sirve; lo cual no obsta para que el Cuerpo Nacional de 
Policía conserve su identidad, necesaria para vertebrar y consolidar la tradición y 
continuidad que la institución policial necesita para desplegar su actividad dentro y fuera 
de España.
Además se relaciona la legislación aplicable, recordando el carácter de derecho 
supletorio de la normativa de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, así como la aplicación directa de algunas de las previsiones contenidas en el 
Estatuto Básico del Empleado Público, como los principios rectores de acceso al empleo 
público, la movilidad por razón de género y la aplicación transitoria de los grupos de 
clasificación.
Asimismo, cabe destacar la referencia a la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres como un principio informador de la interpretación y aplicación de sus 
preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, la formación, la promoción profesional y 
las condiciones de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El título I recoge, sin cambios con respecto a la normativa actual, los requisitos para la 
adquisición de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional, las causas por 
las que se pierde dicha condición, así como su rehabilitación.
El título II contiene una relación detallada de los derechos individuales y de los 
derechos de ejercicio colectivo.
En relación con los derechos individuales, si bien algunos de ellos son derechos que 
no requieren de un reconocimiento expreso, constituyen una novedad en su régimen de 
personal, por cuanto, por primera vez, se lleva a cabo una ordenación de los mismos en 
virtud de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos en presencia, destacando el 
respeto a la dignidad en el trabajo y especialmente frente a situaciones de acoso laboral o 
sexual.
Igualmente, es de reseñar la incorporación a su régimen estatutario del derecho a que 
la administración adopte medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, elevándose igualmente a la categoría de derecho los permisos y licencias 
enumerados en este título II.
En lo concerniente a los derechos de ejercicio colectivo, cabe mencionar que el texto 
acoge los derechos de representación colectiva contenidos en el artículo 18 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, como son el derecho de los miembros de la institución 
policial a constituir organizaciones sindicales de ámbito nacional para la defensa de sus 
intereses profesionales, a afiliarse a las mismas y a participar activamente en ellas; 
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respetando, en todo caso, los límites y restricciones sobre la materia recogidos en la citada 
norma, en particular el referido a la exclusividad de afiliación a organizaciones sindicales 
formadas únicamente por Policías Nacionales.
El título III desarrolla el régimen relativo a los deberes, donde, amén de la enumeración 
de los mismos y la remisión a los principios básicos de actuación de la normativa vigente 
en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad, configurados como código de conducta, 
cabe destacar la nueva regulación de la obligación de presentación de los funcionarios en 
los supuestos de declaración de estado de alarma, ajustándola a las previsiones de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, así como la 
mejora del régimen de cancelación de las sanciones prescritas.
Es reseñable la regulación que se hace en este título del deber de residencia, que trata 
de buscar un equilibrio entre la libertad de elección del domicilio y las exigencias derivadas 
de la fundamental y delicada misión que la Constitución encomienda a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, estableciéndose para ello como referencia el ámbito territorial que, 
con arreglo a unos criterios objetivos, se determine respecto de la plantilla de destino.
Por su parte, se refuerza la protección jurídica y económica de los funcionarios, con la 
contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones, fianzas 
y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a 
los Policías Nacionales, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los 
mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas.
Con respecto al régimen de incompatibilidades se ha aprovechado para regular un 
sistema acorde con las peculiaridades de la función policial que permite desempeñar, con 
carácter general, un segundo puesto de trabajo, en línea con la jurisprudencia que 
recientemente ha venido reconociendo la compatibilidad solicitada por miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ejercer otras actividades; si bien se establecen dos 
límites propios de su condición de Policía Nacional. Por una parte, que ese segundo 
puesto de trabajo no suponga un deterioro para la imagen o prestigio de la institución y, por 
otra, que no sea contrario a sus principios básicos de actuación.
En el título IV, dedicado a su régimen organizativo, se fijan las bases de su estructura, 
como cuerpo ordenado jerárquicamente en escalas y categorías, dándose un nuevo 
enfoque a las funciones asignadas a cada una de las primeras, con la finalidad de 
armonizar y racionalizar la gestión de su personal, la operatividad de los servicios y los 
distintos grados de responsabilidad en la actividad policial.
Se mantienen las cuatro escalas: Superior, Ejecutiva, de Subinspección y Básica.
Igualmente, se lleva a cabo el reconocimiento de la integración, a todos los efectos, de 
las Escalas de Subinspección y Básica en los Subgrupos de Clasificación A2 y C1, 
respectivamente, así como la exigencia de las titulaciones requeridas por la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, para el ingreso en los respectivos grupos de clasificación en los que se 
encuadran dichas escalas y categorías.
Las funciones se asignan por escalas, atribuyendo a cada una de ellas, en coherencia 
con su posición en la estructura jerárquica, las funciones de dirección, mando, supervisión 
y ejecución material; lo que contribuye a una distribución ordenada en beneficio de un 
mejor funcionamiento interno. Además se relacionan las áreas de actividad en las que, a 
su vez, se estructuran las distintas especialidades en las que opera la Policía Nacional.
El título V determina, sin cambios, el marco general de la regulación de la uniformidad, 
los distintivos y el armamento, estableciendo el carácter de cuerpo uniformado del instituto, 
pero reconociendo la posibilidad de actuar sin uniforme, en función del destino que se 
ocupe o del servicio que se desempeñe. Igualmente, se fija la obligatoriedad de ir provistos, 
durante el tiempo que se preste servicio, de alguna de las armas establecidas como 
reglamentarias.
En su título VI se determinan las modalidades de ingreso en la Policía Nacional, que se 
articulan mediante el sistema de oposición libre, conforme a los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, respondiendo además, y entre otros, a los principios 
rectores de publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, objetividad, 
imparcialidad y profesionalidad de los miembros integrantes de los órganos de selección.
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Se establecen criterios homologables en las condiciones profesionales y de acceso a 
la Policía Nacional en relación con las condiciones fijadas en estos aspectos para las 
diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en el territorio nacional. En este 
sentido, cabe reseñar la supresión del requisito de la edad máxima para ingresar, tanto a 
través de la Escala Ejecutiva como de la Escala Básica, sobre la base de los principios de 
igualdad y no discriminación en el acceso al empleo público.
En el título VII se desarrollan los principios aplicables, así como la finalidad y los 
objetivos inherentes al régimen de formación, con respecto a cada una de sus modalidades; 
ya sea la formación integral para el ingreso, la capacitación profesional específica para la 
promoción interna, la formación permanente para la actualización de los conocimientos, la 
especialización o la formación en altos estudios profesionales para el adecuado 
desempeño de puestos directivos, todos ejes fundamentales y claves, en torno a los cuales 
gira el eficaz desempeño de las funciones que tienen encomendadas.
La formación, asentada sobre el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidos en la Constitución, se regula con el nivel que le corresponde como 
elemento prioritario en la carrera policial, al configurarse como un proceso unitario y 
progresivo, que exige un sistema formativo completo y riguroso.
La formación profesional permanente y de especialización se reconoce como un 
derecho individual pero, a su vez, mantener actualizada esa formación y cualificación 
profesional se convierte en un deber.
Cabe destacar la adquisición de un compromiso, por quienes realicen altos estudios 
profesionales, de permanencia en la situación de servicio activo o de servicios especiales 
por un periodo mínimo de tres años, práctica habitual en esta clase de formación, cuyo 
incumplimiento llevará aparejada la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de los 
referidos estudios.
En lo que se refiere a los centros docentes y el régimen de sus alumnos y profesorado, 
se ha unificado la denominación que recibirán los inspectores alumnos y los inspectores 
adjuntos durante la fase de formación o la realización de las prácticas, respectivamente, 
tanto si se accede por promoción interna como por oposición libre, evitando así distinciones 
entre alumnos en función de su modo de acceso a la categoría de inspector.
El título VIII se ocupa de la carrera profesional y la promoción interna en la Policía 
Nacional, que se articula conforme a los principios de igualdad de oportunidades, mérito, 
capacidad y, en su caso, antigüedad, mediante las modalidades básicas de concurso-
oposición y antigüedad selectiva.
Cabe reseñar la novedad que supone la posibilidad de ascenso por promoción interna 
a todas las categorías, por cualquiera de las dos modalidades; suprimiendo la limitación 
actual que sólo permite ascender por concurso-oposición a la categoría de Oficial de 
Policía y por antigüedad selectiva a la de Comisario Principal.
Además se eleva de dos a tres el número máximo de convocatorias en las que se 
podrá participar por antigüedad selectiva, flexibilizando así las condiciones de esta 
modalidad de promoción interna en beneficio de la carrera profesional del Policía Nacional.
En cuanto a los requisitos para ascender por promoción interna, se exige estar en 
posesión de la titulación correspondiente al subgrupo de clasificación, estableciéndose un 
período transitorio de cinco años en relación con esta exigencia para los aspirantes al 
ascenso a cualquiera de las categorías.
Por su parte y con el fin de propiciar el desarrollo profesional del funcionario y su 
compatibilización con la conciliación de la vida laboral y familiar, así como la efectiva 
implantación del principio de igualdad por razón de género, podrán participar en los 
procesos de promoción interna los Policías Nacionales que se hallen en situación de 
excedencia por cuidado de familiares o excedencia por razón de violencia de género; 
participación que actualmente sólo se permite desde la situación de servicio activo o de 
servicios especiales.
El título IX regula la ordenación y los sistemas de provisión de puestos de trabajo, 
estableciendo los principios generales que los rigen, así como las reglas concretas de 
provisión.
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La distribución de los puestos de trabajo en el catálogo se ordena, como no puede ser 
de otra manera, conforme al principio de jerarquía, recogiendo por primera vez una regla 
acorde con dicho principio que impide que un Policía Nacional pueda estar subordinado a 
otro de categoría inferior por razón del puesto de trabajo que ocupe o al que esté adscrito, 
corrigiendo así situaciones que estaban sucediendo en la práctica.
Dentro de este título hay que destacar el reconocimiento del derecho de los Policías 
Nacionales a continuar en activo hasta la edad de jubilación, pasando a realizar actividades 
adecuadas a sus condiciones psicofísicas en el caso de que sufran una disminución de las 
mismas, con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos.
En este título se recogen las reglas y garantías de la provisión de puestos de trabajo, 
entre las que destaca la nueva configuración del régimen de nombramiento de puestos 
directivos de la Policía Nacional y jefes superiores de policía, con el fin de otorgar 
efectividad a los principios de publicidad e igualdad en el acceso al empleo público. 
También se regula la denominada carrera horizontal, que se configura como el 
reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por los funcionarios de 
la Policía Nacional, mediante la progresión en la estructura de los diferentes puestos de 
trabajo y la consolidación del grado personal.
En cuanto a la movilidad, se presta la debida atención a la protección otorgada a la 
mujer policía víctima de violencia de género, cuyo objetivo es asegurar, en este supuesto, 
su protección integral y asistencia social, a través del derecho a la movilidad geográfica a 
otro puesto de trabajo propio de la escala o categoría de la funcionaria, de análogas 
características, sin necesidad de que éste sea de necesaria cobertura. Además se 
contempla la movilidad por motivos de salud propios o de familiares, así como a aquellos 
Policías Nacionales declarados víctimas del terrorismo.
Especial referencia merece el sistema de evaluación del desempeño, novedad 
incorporada por el Estatuto Básico del Empleado Público que ahora se implanta también 
en el régimen de personal de la Policía Nacional, con el objetivo de medir el rendimiento y 
el logro de resultados, conforme a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y 
no discriminación, en cuyo establecimiento participarán las organizaciones sindicales 
representativas.
En materia de situaciones administrativas el título X pretende adaptar las previsiones 
sobre dicha materia contenidas en el citado Estatuto Básico del Empleado Público, a las 
peculiaridades inherentes a la Policía Nacional; destacando, en coherencia con la 
regulación contenida en el título anterior, la regulación de la situación administrativa de 
excedencia por razón de violencia de género de la mujer funcionaria, cuya finalidad es 
hacer efectiva su protección y su derecho a la asistencia social integral. Igualmente, y con 
la finalidad de hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional al sufragio pasivo, debe 
reseñarse la nueva configuración de la situación de servicios especiales, para posibilitar 
que los Policías Nacionales que hayan accedido de manera no remunerada a la condición 
de miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma o de una corporación 
local, puedan ser incluidos en dicha situación.
El reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conllevan 
reserva de puesto de trabajo queda supeditado al cumplimiento de dos nuevos requisitos, 
consistentes en poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del 
servicio y realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo. Ello como 
consecuencia de la importancia que, para desarrollar las funciones policiales, supone el 
contar con unas condiciones adecuadas y una formación actualizada; todo en atención al 
interés general que debe presidir la actividad de la administración.
En las excedencias voluntarias por interés particular y por agrupación familiar se ha 
reducido el período mínimo de duración de dos años a uno, al objeto de evitar que se deba 
permanecer en esa situación más tiempo del que sea necesario, pudiéndose el funcionario 
incorporar al año si se estima conveniente sin tener que prorrogar la excedencia 
obligatoriamente otro año más.
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Mención especial requiere la situación de segunda actividad, específica de la Policía 
Nacional, cuyo objetivo es garantizar la adecuada aptitud psicofísica de los funcionarios 
mientras permanezcan en activo, con el fin de asegurar la eficaz prestación del servicio 
policial. A estos efectos, y para conseguir unas mayores cotas de seguridad jurídica, se 
inserta todo el régimen regulador de esta situación administrativa especial, procediéndose 
a derogar en su integridad la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, que la regula.
En definitiva, se mantiene un régimen similar al actual, de manera que las causas para 
pasar a la situación de segunda actividad serán las mismas, bien por insuficiencia de las 
aptitudes psicofísicas, bien a petición propia por haber cumplido determinada edad según 
la escala de pertenencia, edad que con carácter general se eleva respecto a la prevista en 
la normativa vigente, o bien con veinticinco años de servicios efectivos en función de los 
cupos que por categorías autorice el Ministro del Interior cada año.
Por otra parte, y en consonancia con el derecho de los Policías Nacionales a continuar 
en activo hasta la edad de jubilación, en los supuestos de una disminución de aptitudes 
psicofísicas que no sea causa de pase a la situación de jubilación o de segunda actividad, 
se pasará a desarrollar actividades adecuadas a dichas condiciones, conforme a la 
formación y categoría del funcionario.
Finalmente, y al objeto de respetar las expectativas de los Policías Nacionales, se 
incluyen, a través de la disposición transitoria tercera, una serie de reglas mediante las 
cuales se mantienen las edades de pase a esta situación en función del momento de 
ingreso en la institución, que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de la esta Ley 
Orgánica.
El título XI, destinado a regular la protección social y el régimen retributivo, da 
tratamiento a los principios generales de dichas materias y establece los mecanismos a 
través de los cuales se llevan a cabo. Regula igualmente lo relativo a la incapacidad 
temporal y la evaluación y control de las condiciones psicofísicas, así como el sistema de 
acción social, en el marco del cual se desarrollarán programas específicos de carácter 
periódico y cuya finalidad es el bienestar socio-laboral de los funcionarios y sus familias.
Se trata de un régimen propio y específico que encuentra justificación en la situación 
de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran los Policías Nacionales en relación con 
el resto del personal al servicio de la Administración no perteneciente a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, tanto en lo relativo a las lesiones y patologías sufridas en acto de 
servicio, como en lo concerniente a daños materiales acaecidos en idéntica situación.
Además se establecen las bases de su régimen retributivo, a desarrollar por su 
normativa específica.
El título XII contempla el marco regulador de las recompensas y honores, instrumentos 
a los que esta ley orgánica atribuye la necesaria flexibilidad para cumplir su misión de 
premiar a los funcionarios de la Policía Nacional que, en el ejercicio de sus funciones, 
acrediten cualidades o méritos excepcionales de valor, sacrificio o abnegación que 
redunden en beneficio de la corporación, una labor meritoria desarrollada o trayectoria 
profesional relevante y dilatada.
Finalmente, el título XIII establece las reglas generales del régimen de representación 
y participación de los funcionarios, donde no hay grandes diferencias con respecto a cómo 
se regula en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, salvo algunos cambios que tienen por 
objeto dotar de mayor claridad a la diferenciación entre organizaciones representativas y 
no representativas, sobre todo a la hora de determinar las facultades que la ley les atribuye 
para el ejercicio de su función.
Igualmente hay que reseñar que la norma acentúa la relevancia del Consejo de Policía, 
órgano colegiado de participación, con composición paritaria de la administración y de los 
representantes de los miembros de la Policía Nacional, en el que concurren como electores 
y elegibles facultativos y técnicos, mediante la atribución a dicho órgano de nuevas 
funciones relativas al estatuto profesional de los funcionarios, entre las que destacan la 
participación en la determinación de los criterios conforme a los cuales se establezca el 
ámbito territorial donde se autorice la fijación de la residencia de los funcionarios, o la 
fijación de los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
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Este título se culmina con una referencia al régimen de representación y participación 
de los funcionarios en materia de prevención de riesgos laborales, recogiendo la figura de 
los delegados de prevención, así como los órganos a través de los que se articula dicho 
régimen.
Entre las medidas contenidas en las disposiciones adicionales destaca la 
incompatibilidad entre la condición de funcionario de la Policía Nacional y la de reservista 
voluntario de las Fuerzas Armadas, toda vez que si la protección del libre ejercicio de los 
derechos y la garantía de la seguridad ciudadana son las misiones esenciales de los 
funcionarios de la Policía Nacional en tiempos de paz, mucho más lo han de ser en caso 
de grave crisis o conflicto. Del mismo modo, se ha establecido la posibilidad de ingreso en 
la Policía Nacional, a través del sistema que reglamentariamente se determine, de 
funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas.
Además se incluye la posibilidad de ostentar de manera eventual una categoría 
superior que favorezca ocupar puestos de mando cuando se esté destinado en misiones 
u organismos internacionales, como viene sucediendo en otras policías europeas.
Por su parte, las disposiciones transitorias recogen, entre otras cuestiones, el 
mantenimiento en vigor de la normativa de carácter reglamentario vigente mientras se 
publica la que venga a sustituir a ésta, así como el régimen transitorio del cambio de 
denominación de la institución, o la normativa aplicable a los funcionarios que se 
encuentran en la situación de segunda actividad con destino.
Entre las normas que se derogan expresamente destacan ciertos preceptos de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, referidos al régimen de representación de los 
funcionarios, así como la derogación, en su integridad, del Reglamento Orgánico de la 
Policía Gubernativa.
Por otro lado, en el ámbito de las disposiciones finales, se modifica la Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, además de identificar los preceptos que tienen carácter 
de ley orgánica.
III
En definitiva, se ha reunido en un solo texto legal el régimen de personal de los 
funcionarios de carrera de la Policía Nacional, respetando los principios constitucionales 
que informan la tarea encomendada a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, todo ello en consonancia con las novedades operadas en los últimos años en 
el ámbito normativo de la función pública, conforme a las especificidades de la función 
policial, y cuyo fin último es prestar a los ciudadanos un servicio eficaz y de calidad.
TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ley Orgánica tiene por objeto establecer el régimen de personal de los 
funcionarios de carrera de la Policía Nacional, así como los derechos que les corresponden 
y los deberes que les son exigibles, de acuerdo con su carácter de instituto armado de 
naturaleza civil.
2. Los funcionarios de carrera de la Policía Nacional en situación distinta a la de 
servicio activo se encuentran incluidos en su ámbito de aplicación, con la extensión y 
límites establecidos en las normas reguladoras de su concreta situación administrativa.
3. Asimismo, se aplicará a los alumnos de los centros docentes de la Policía Nacional, 
en lo no previsto en su normativa específica.
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Artículo 2. Naturaleza y dependencia de la Policía Nacional.
1. La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura 
jerarquizada que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional.
2. Dicha misión se materializa mediante el desempeño de las funciones atribuidas 
por el ordenamiento jurídico a la Policía Nacional, y en particular las previstas en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A tal efecto, 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para el eficaz ejercicio de su 
misión.
3. La atribución, ordenación y desempeño de funciones y responsabilidades se 
basan en el principio de jerarquía.
4. El mando superior de la Policía Nacional será ejercido por el Ministro del Interior, 
a través del Secretario de Estado de Seguridad. El mando directo será ejercido por el 
Director General de la Policía, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad.
5. Los funcionarios de carrera de la Policía Nacional recibirán la denominación 
genérica de Policías Nacionales.
Artículo 3. Legislación aplicable.
1. El régimen estatutario de los Policías Nacionales se ajustará a las previsiones de 
esta Ley Orgánica y a las disposiciones que la desarrollen, teniendo como derecho 
supletorio la legislación de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
2. Los artículos 55 y 82, y la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán de aplicación directa al régimen de 
personal de los Policías Nacionales.
3. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como principio 
informador del ordenamiento jurídico, se observará en la interpretación y aplicación de las 
normas que regulan el acceso, la formación, la promoción profesional y las condiciones de 
trabajo de los Policías Nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
TÍTULO I
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional
Artículo 4. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
La condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional se adquiere por el 
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por la autoridad competente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo establecido.
Artículo 5. Pérdida de la condición de funcionario de carrera.
1. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía 
Nacional:
a) La jubilación.
b) La renuncia a la condición de funcionario.
c) La pérdida de la nacionalidad española.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio 
de empleo o cargo público que tuviere carácter firme.
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2. La jubilación podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario, siempre que éste reúna los requisitos y 
condiciones establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
b) Forzosa, que se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco 
años de edad, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello en el régimen de 
Seguridad Social que le sea aplicable.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones 
que tiene atribuidas la Policía Nacional.
3. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario de carrera habrá de ser 
manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la administración en el plazo 
máximo de tres meses, salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o 
haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la 
comisión de algún delito doloso.
La renuncia a la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional no inhabilita 
para ingresar de nuevo en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 4.
Artículo 6. Rehabilitación.
1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de 
la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una 
vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la recuperación de su 
condición de funcionario de carrera, que le será concedida siempre que cumpla, además, 
los requisitos señalados en el artículo 26.1.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, podrá conceder con 
carácter excepcional la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido 
la condición de funcionario de carrera por haber sido condenado a la pena principal o 
accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito 
cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución ésta no se hubiera notificado de 
forma expresa se entenderá desestimada la solicitud.
TÍTULO II
Derechos
CAPÍTULO I
Derechos individuales
Artículo 7. Derechos individuales.
1. Los Policías Nacionales tienen los siguientes derechos de carácter individual:
a) Al respeto de su intimidad, orientación sexual y propia imagen.
b) A la dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de 
sexo, moral y laboral.
c) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo 
u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.
d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
e) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, que únicamente podrá 
perderse por las causas establecidas en esta Ley Orgánica.
f) A recibir de la administración pública la defensa y asistencia jurídica en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del 
ejercicio legítimo de sus funciones.
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g) Al libre acceso a su expediente personal y a solicitar inclusiones, rectificaciones y 
cancelaciones de datos en los términos legalmente previstos.
h) A la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna conforme a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad, y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en esta Ley Orgánica.
i) A la formación profesional permanente y de especialización, preferentemente en 
horario de trabajo.
j) A la percepción de las retribuciones y, en su caso, las indemnizaciones por razón 
del servicio que les correspondan.
k) A la información, formación y protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.
l) A la adscripción y desempeño de un puesto de trabajo de su escala, categoría o 
subgrupo de clasificación, conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad y 
de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente en los procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo.
m) Al desempeño de funciones adecuadas a sus condiciones psicofísicas en las 
condiciones previstas en esta Ley Orgánica..
n) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste 
sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
ñ) A la información, a cargo de su jefe inmediato, de los resultados de las evaluaciones 
efectuadas, en particular sobre el cumplimiento de objetivos y apreciación del desempeño.
o) A las recompensas y condecoraciones de las que se hagan acreedores, así como 
a la ostentación de estas últimas sobre las prendas de uniformidad, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.
p) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
q) Al disfrute de vacaciones anuales retribuidas, o a los días que en proporción les 
correspondan si el tiempo de trabajo efectivo fuese menor, y a los permisos y licencias 
previstos en las normas reguladoras de la función pública de la Administración General del 
Estado, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, teniendo 
en cuenta la naturaleza y peculiaridades de la prestación del servicio policial.
r) A la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales.
s) A la jubilación, según los términos y condiciones establecidos en las normas 
aplicables.
t) A los demás derechos que expresamente se les reconozcan por el ordenamiento 
jurídico.
2. El Gobierno promoverá la consideración social de la labor de los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía, en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la dignidad del 
servicio policial.
CAPÍTULO II
Derechos de ejercicio colectivo
Artículo 8. Derechos de ejercicio colectivo.
1. Los Policías Nacionales tienen derecho a constituir organizaciones sindicales de 
ámbito nacional para la defensa de sus intereses profesionales.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sólo podrán afiliarse a 
organizaciones sindicales formadas exclusivamente por Policías Nacionales. Dichas 
organizaciones no podrán federarse o confederarse con otras que, a su vez, no estén 
integradas exclusivamente por miembros de la Policía Nacional, aunque sí podrán formar 
parte de organizaciones internacionales de su mismo carácter.
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3. Asimismo, tienen los siguientes derechos que se ejercen de forma colectiva:
a) A la sindicación y a la acción sindical, en la forma y con los límites normativamente 
previstos. No podrán ejercer, en ningún caso, el derecho de huelga ni acciones sustitutivas 
del mismo, o actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los 
servicios.
b) A la negociación colectiva, entendida, a los efectos de esta Ley, como la 
participación a través de las organizaciones sindicales representativas, en el seno del 
Consejo de Policía o en las mesas que se constituyan en el marco de dicho órgano, en la 
determinación de las condiciones de prestación del servicio mediante los procedimientos 
normativamente establecidos.
c) A ser informados, a través de las organizaciones sindicales, de los datos que 
facilite la Dirección General de la Policía respecto de las materias que sean objeto de 
estudio, participación e informe por el Consejo de Policía o por otros órganos de consulta 
y participación de los funcionarios.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos en el Consejo de Policía.
TÍTULO III
Deberes de los Policías Nacionales. Código de Conducta. Responsabilidad 
y protección jurídica y económica. Régimen de incompatibilidades
CAPÍTULO I
Deberes y Código de Conducta
Artículo 9. Deberes.
Los Policías Nacionales tienen los deberes siguientes:
a) Jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, 
velando por su cumplimiento y respeto.
b) Ejercer sus tareas, funciones o cargos con lealtad e imparcialidad, sirviendo con 
objetividad los intereses generales.
c) Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de las autoridades o mandos de 
quienes dependan, siempre que no constituyan un ilícito penal o fueran manifiestamente 
contrarias al ordenamiento jurídico.
d) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos legalmente 
previstos.
e) Mantener el secreto profesional en relación con los asuntos que conozcan por 
razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida.
f) Guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 
legalmente.
g) Velar por la conservación de los documentos, efectos e información a su cargo.
h) Portar y utilizar el arma en los casos y en las formas previstas en la normativa 
vigente.
i) Presentarse o ponerse a disposición inmediata de la dependencia donde estuviera 
destinado, o en la más próxima, en los casos de declaración de estados de excepción o 
sitio o, cuando así se disponga, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana.
En los casos de declaración de estado de alarma, habrán de presentarse cuando sean 
emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente, en los 
supuestos en que sea requerida la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.
j) Saludar y corresponder al saludo, en los términos que reglamentariamente se 
determine.
k) Informar a los ciudadanos sobre aquellos asuntos que tengan derecho a conocer 
y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
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l) Prestar apoyo a sus compañeros y a los demás miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, cuando sean requeridos o fuera necesaria su intervención.
m) Observar el régimen de incompatibilidades.
n) Cumplir las normas de uniformidad.
ñ) Conservar y utilizar de forma adecuada el equipo, locales y demás medios 
materiales necesarios para el ejercicio de la función policial.
o) Cumplir puntualmente y hacer cumplir el régimen de jornada y horarios 
reglamentariamente establecidos.
p) Cumplir las funciones o tareas que tengan asignadas y aquellas otras que les 
encomienden sus jefes o superiores, siendo responsables de la correcta realización de los 
servicios a su cargo.
q) Utilizar los cauces reglamentarios cuando efectúen solicitudes o reclamaciones 
relacionadas con el servicio, e informar a los superiores de las incidencias que puedan 
afectar al servicio o que se produzcan en el desarrollo del mismo.
r) Mantener actualizada su formación y cualificación profesional, así como conservar 
en vigor las autorizaciones administrativas que habiliten para el ejercicio de las actividades 
exigidas para obtener la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional.
s) Residir en el ámbito territorial que se determine en función de la plantilla de 
destino. A tal efecto, se fijarán los criterios objetivos en base a los cuales será determinado 
dicho ámbito territorial, donde se autorizará la residencia de los Policías Nacionales, 
garantizándose, en todo caso, el adecuado cumplimiento del servicio.
Artículo 10. Código de conducta.
Los Policías Nacionales desempeñarán las funciones encomendadas cumpliendo 
fielmente los principios básicos de actuación contenidos en la normativa vigente de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las líneas marcadas por la Declaración sobre 
la Policía contenida en la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
de 8 de mayo de 1979, y por la Resolución 169/34 de 1979, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, que contiene el Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.
CAPÍTULO II
Responsabilidad, protección jurídica y económica
Artículo 11. Responsabilidad de los funcionarios.
El incumplimiento de los deberes expresados en los artículos anteriores será 
sancionado con arreglo a lo dispuesto en la normativa que regule el régimen disciplinario 
de los Policías Nacionales, con independencia de la responsabilidad civil o penal en que 
puedan incurrir, la cual se hará efectiva en la forma que determina el ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Responsabilidad patrimonial de la administración.
La responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, derivada de 
los actos llevados a cabo por los Policías Nacionales con motivo u ocasión del servicio 
prestado por éstos a la administración, se regirá por lo dispuesto en la normativa de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.
Artículo 13. Defensa y seguro de responsabilidad civil.
1. La Administración está obligada a proporcionar a los Policías Nacionales defensa 
y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, 
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.
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2. La Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía 
financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la 
exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Policías Nacionales, con motivo 
de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus 
funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.
Artículo 14. Daños materiales en acto o con ocasión del servicio.
La Administración deberá resarcir económicamente a los Policías Nacionales cuando 
sufran daños materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, 
negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
CAPÍTULO III
Régimen de incompatibilidades
Artículo 15. Incompatibilidades.
1. Los Policías Nacionales estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto 
en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones 
Públicas, con las especialidades que, en atención a la naturaleza de la función policial, se 
establecen en esta Ley Orgánica y en su normativa de desarrollo.
2. En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo 
puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o 
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, 
suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a 
sus principios básicos de actuación.
3. Será competente para resolver sobre la solicitud de compatibilidad para un 
segundo puesto o actividad, tanto en el sector público como en el sector privado, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Director General de 
la Policía. La resolución que acuerde la concesión o la denegación habrá de ser expresa. 
Si, transcurrido el plazo para dictar y notificar la misma, ésta no se hubiera trasladado al 
interesado, se entenderá desestimada la solicitud.
4. Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad podrán desempeñar 
actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado sin 
necesidad de solicitar el reconocimiento de compatibilidad a que se refiere el apartado 
anterior, siempre que no se les hubiese autorizado la compatibilidad para desempeñar 
alguna actividad pública.
El ejercicio de actividades conexas con las funciones que hayan venido realizando 
durante los dos años inmediatamente anteriores al pase a la situación de segunda 
actividad quedará sometido a la previa autorización del Director General de la Policía 
durante un plazo de dos años, contado desde el día siguiente al de la fecha de pase a 
dicha situación.
5. Reglamentariamente, se dictarán las normas de desarrollo y aplicación de la 
normativa general de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, para adaptarla a la estructura y funciones específicas de la Policía Nacional, 
conforme a lo previsto en esta Ley Orgánica.
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TÍTULO IV
Régimen de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 16. De los funcionarios de carrera de la Policía Nacional.
Son funcionarios de carrera de la Policía Nacional quienes, en virtud de nombramiento 
legal, están vinculados a la Administración General del Estado, como miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por una relación estatutaria regulada por el 
derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 
carácter permanente.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 17. Estructura.
1. El Cuerpo Nacional de Policía se estructura en Escalas y, dentro de éstas, en 
Categorías:
a) Escala Superior, con dos Categorías:
Primera: Comisario Principal.
Segunda: Comisario.
b) Escala Ejecutiva, con dos Categorías:
Primera: Inspector Jefe.
Segunda: Inspector.
c) Escala de Subinspección, con la categoría de Subinspector.
d) Escala Básica, con dos Categorías:
Primera: Oficial de Policía.
Segunda: Policía.
2. En el supuesto de corresponder a una mujer la titularidad, la nomenclatura de las 
Categorías será la siguiente:
Comisaria.
Inspectora.
Subinspectora.
3. Las escalas se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos profesionales:
a) Las Escalas Superior y Ejecutiva se clasifican ambas en el Grupo A, subgrupo A1.
b) La Escala de Subinspección se clasifica en el Grupo A, subgrupo A2.
c) La Escala Básica se clasifica en el Grupo C, subgrupo C1.
4. En la Policía Nacional existirán las plazas de facultativos y de técnicos, integradas 
respectivamente en los subgrupos de clasificación A1 y A2, que sean necesarias para la 
cobertura y apoyo de la función policial, y que se cubrirán entre funcionarios de carrera de 
cualquiera de las administraciones públicas, de acuerdo con el sistema que 
reglamentariamente se determine.
Excepcionalmente, y de acuerdo con lo previsto en las correspondientes Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, se podrá contratar de manera temporal a especialistas 
para el desempeño de tales funciones, siempre y cuando las circunstancias que concurran 
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así lo exijan y se acredite que las necesidades no se pueden satisfacer con los medios 
personales existentes.
5. Para acceder a las escalas y categorías de la Policía Nacional y a las plazas de 
facultativos y técnicos citadas en los apartados anteriores será necesario estar en posesión 
de los títulos académicos oficiales exigidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, para el 
ingreso en los respectivos grupos de clasificación en los que se encuentran encuadradas 
dichas escalas y plazas.
Artículo 18. Funciones.
1. Corresponde a los Policías Nacionales, según su pertenencia a las distintas 
escalas, ordenadas jerárquicamente por categorías, el desempeño de las siguientes 
funciones:
a) A la Escala Superior, la dirección de los servicios policiales.
b) A la Escala Ejecutiva, el mando de los servicios policiales.
c) A la Escala de Subinspección, la supervisión de los servicios policiales.
d) A la Escala Básica, la ejecución material de las funciones encomendadas a la 
Policía Nacional.
2. Además, a cada escala le corresponde, desde su respectivo nivel de 
responsabilidad, la planificación, coordinación, impulso, seguimiento y control de los 
servicios policiales que tengan atribuidos.
3. Asimismo, corresponde a los funcionarios de carrera que ocupen plazas de 
facultativos o técnicos, el auxilio a la función policial, con las tareas propias de la profesión 
para cuyo ejercicio habilita la titulación que les haya sido exigida, así como aquellas otras 
funciones que requieran conocimientos propios y específicos de una formación concreta.
Artículo 19. Asignación de funciones.
1. Los Policías Nacionales vienen obligados a realizar las funciones que demanden 
la ejecución de los servicios de carácter policial y las necesidades de la seguridad 
ciudadana, distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre 
que resulten adecuadas a su escala o categoría y sin merma en las retribuciones, en 
supuestos debidamente motivados y por el tiempo mínimo imprescindible.
2. Los responsables territoriales que tengan atribuidas competencias de dirección y 
mando organizarán los servicios integrados en su ámbito de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente, sin perjuicio de la dependencia funcional de éstos respecto de sus 
respectivos servicios centrales especializados, distribuyendo entre ellos los medios 
materiales y humanos asignados, bajo la superior dirección de los órganos directivos 
policiales.
Artículo 20. Especialidades.
1. La Policía Nacional contará con las especialidades necesarias para realizar 
aquellas tareas específicas en las que se requiera un determinado nivel de conocimientos 
en las siguientes áreas de actividad:
a) Dirección y coordinación.
b) Información.
c) Policía Judicial.
d) Seguridad Ciudadana.
e) Extranjería y Fronteras.
f) Policía Científica.
g) Documentación.
h) Cooperación Internacional.
i) Gestión y Apoyo.
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Para acceder a cada una de las especialidades será imprescindible haber superado el 
correspondiente curso de especialización y, en su caso, encontrarse en posesión de las 
titulaciones o conocimientos que en cada supuesto se determinen.
2. Al personal integrante de las distintas especialidades le podrá ser exigida la 
prestación de un compromiso de permanencia en las mismas, así como la superación 
periódica de pruebas selectivas de actualización. Igualmente, la pertenencia a dichas 
especialidades podrá conllevar los efectos que se determinen en materia de baremo, así 
como otros de carácter económico o  administrativo.
3. Con observancia de los principios establecidos en los apartados anteriores, 
reglamentariamente se concretarán las especialidades, su definición, los requisitos y 
condiciones exigidas para el ingreso, mantenimiento y cese en las mismas, así como la 
compatibilidad entre ellas.
CAPÍTULO III
Escalafón y Registro de Personal
Artículo 21. Escalafón.
1. Los Policías Nacionales, cualquiera que sea su situación administrativa, deberán 
figurar en una relación escalafonal y circunstanciada, en la que se ordenarán por 
categorías y, dentro de cada una de ellas, por su antigüedad en la misma, entendiendo 
como tal el servicio efectivo prestado en la categoría de que se trate y atendiendo, en su 
caso, al número de promoción obtenido en el acceso a dicha categoría.
Esta relación se mantendrá actualizada y se publicará al menos anualmente, en la 
forma que reglamentariamente se establezca.
2. Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad figurarán en un anexo 
de la citada relación.
Artículo 22. Registro de Personal.
1. Los Policías Nacionales figurarán inscritos en un Registro de Personal, que 
constará de un banco de datos informatizado y que estará a cargo del órgano responsable 
de la gestión de personal.
2. El Registro se coordinará con el Registro Central de Personal de la Administración 
General del Estado.
3. En el Registro de Personal constarán los datos que integran el expediente personal 
de cada Policía Nacional, como son los de su identidad, hechos y circunstancias relativos 
a su vida profesional, así como los demás actos administrativos que les afecten, 
respetándose, en todo caso, lo establecido en la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal.
TÍTULO V
Uniformes, distintivos y armamento
Artículo 23. Uniformidad y distintivos.
1. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, con carácter general, actuarán de 
uniforme. En función del destino que ocupen o del servicio que desempeñen, podrán 
desarrollar su actuación sin uniforme en la forma y condiciones que se determinen.
2. El carné profesional y la placa emblema son los distintivos de identificación de los 
Policías Nacionales.
3. En el uniforme portarán las divisas de su categoría, emblema o placa emblema y 
aquellos otros distintivos que se establezcan reglamentariamente.
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Artículo 24. Armamento.
1. Los Policías Nacionales irán provistos, durante el tiempo que presten servicio, de 
alguna de las armas reglamentarias o autorizadas expresamente para su utilización en 
servicios policiales, salvo que una causa justificada aconseje lo contrario en función del 
destino que ocupen o el servicio que desempeñen.
2. Mediante los correspondientes procesos formativos se capacitará y se mantendrá 
permanentemente actualizados a los Policías Nacionales en situación de servicio activo, 
para que conozcan el uso adecuado de las armas y demás medios coercitivos susceptibles 
de ser empleados en las actuaciones policiales.
TÍTULO VI
El ingreso en la Policía Nacional
Artículo 25. Principios rectores.
1. El ingreso en la Policía Nacional se llevará a cabo conforme a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la superación sucesiva por los 
aspirantes de las distintas fases que integren el proceso de selección.
Dicho ingreso podrá efectuarse mediante el acceso a las categorías de Inspector y Policía, 
por el procedimiento de oposición libre, en los términos en que se determine reglamentariamente.
2. El proceso de selección responderá, además de a los principios constitucionales 
anteriormente señalados, a los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Objetividad.
d) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
e) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
f) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 
a desarrollar.
Artículo 26. Requisitos.
1. Para poder participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de la 
Administración General del Estado, de la administración autonómica, local o institucional, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que 
impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño 
de las tareas propias de la Policía Nacional. El catálogo de exclusiones médicas para el 
ingreso en la Policía Nacional se establecerá reglamentariamente.
e) Prestar compromiso, mediante declaración del solicitante, de portar armas y, en su 
caso, llegar a utilizarlas.
2. Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, será necesario 
estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas:
a) Para el acceso a la categoría de Inspector, será exigible el título universitario 
oficial de grado.
b) Para el acceso a la categoría de Policía, se requerirá el título de bachiller o 
equivalente.
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3. Las convocatorias podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos específicos 
que guarden relación objetiva con las funciones y las tareas a desempeñar.
4. Reglamentariamente se establecerán los porcentajes de vacantes que serán 
reservadas para el ingreso por oposición libre a la categoría de Inspector.
Artículo 27. Proceso de selección.
1. El proceso de selección que habrán de superar los aspirantes será adecuado al 
título académico requerido, al nivel y características de la formación a cursar, así como a 
las funciones a desarrollar.
2. Reglamentariamente se determinará la forma en que deberán desarrollarse los 
procesos selectivos, sus distintas fases, así como las materias sobre las que versarán. 
Además de las pruebas de conocimientos, podrán establecerse otras de carácter físico o 
psicométrico, que sirvan para acreditar que los aspirantes reúnen las aptitudes psicofísicas 
necesarias para el eficaz desempeño de las funciones atribuidas a la Policía Nacional, así 
como para realizar los respectivos cursos de formación.
Artículo 28. Tribunales.
1. Corresponde al Director General de la Policía la convocatoria de los procesos 
selectivos de ingreso, la designación de los miembros de los tribunales a quienes 
corresponderá llevar a cabo la calificación de las pruebas, así como velar por el correcto 
desarrollo de dichos procesos.
2. Los tribunales estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios 
de carrera. Los integrantes de los mismos que pertenezcan a la Policía Nacional deberán 
poseer, como mínimo, la categoría profesional a la que aspiren los participantes en las 
pruebas, y los restantes tendrán que estar integrados en cuerpos o escalas funcionariales 
de igual o superior subgrupo de clasificación al correspondiente a la antedicha categoría.
La pertenencia a dichos tribunales será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
3. La presidencia recaerá en un Policía Nacional en situación de servicio activo, que 
deberá poseer igual o superior categoría profesional a la que aspiren los participantes en 
las pruebas.
4. No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
5. Los tribunales designados actuarán con plena independencia y discrecionalidad 
técnica, así como con imparcialidad y profesionalidad. Serán responsables de la objetividad 
del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria.
6. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en la 
correspondiente convocatoria, cuyo cometido consistirá en prestar asesoramiento y 
colaboración técnica en relación con cuestiones propias de sus especialidades.
TÍTULO VII
La formación en la Policía Nacional
Artículo 29. Criterios y estructura.
1. La formación en la Policía Nacional está dirigida a la consecución de la capacitación 
profesional y la permanente actualización de sus funcionarios. Dicha formación se asienta 
en el pleno respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos 
en la Constitución.
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2. La formación se estructura en las siguientes modalidades:
a) La formación integral para ingresar en la Policía Nacional.
b) La capacitación profesional específica para el acceso a las escalas y categorías 
mediante promoción interna.
c) La formación permanente para la actualización de los conocimientos profesionales.
d) La especialización para desempeñar puestos de trabajo en aquellas áreas de 
actividad en las que sean necesarios conocimientos específicos.
e) La formación en altos estudios profesionales.
3. Los distintos aspectos relativos al régimen de formación en la Policía Nacional 
serán objeto de desarrollo reglamentario.
4. Existirá un catálogo actualizado de actividades formativas por especialidades, con 
reseña de las necesidades de estas últimas, de las capacidades que pretenden obtenerse 
y una valoración de la formación que requieren.
Artículo 30. Régimen de formación.
1. El régimen de formación se configura como un proceso unitario y progresivo, con 
vocación de ser reconocido en el ámbito del Sistema Educativo Español, y servido en su 
parte fundamental por la estructura docente del órgano encargado de la formación de la 
Policía Nacional.
2. A propuesta del Ministro del Interior, los estudios de formación que se cursen en 
los centros docentes podrán ser objeto de reconocimiento en el ámbito del Sistema 
Educativo Español, según la normativa vigente.
Artículo 31. Convenios de colaboración.
1. En el régimen de formación podrán colaborar instituciones u organismos de la 
Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas y de la 
administración local, así como otras instituciones, universidades u organismos nacionales 
e internacionales, de carácter público o privado, mediante los correspondientes convenios 
de colaboración o conciertos que se suscriban a tal efecto y que específicamente interesen 
a los fines docentes.
2. En el ámbito de la formación permanente se establecerán vías de colaboración 
con las organizaciones sindicales representativas, en la forma y condiciones que se 
determinen.
Artículo 32. La formación de ingreso y la capacitación profesional específica.
1. La formación de ingreso y la capacitación profesional específica para el acceso por 
promoción interna a las diferentes escalas y categorías tendrán como finalidad la 
consecución de la capacitación necesaria de los Policías Nacionales para desempeñar 
con profesionalidad y eficacia las funciones que como servicio público tiene encomendadas 
la Policía Nacional. A tal efecto, se adecuarán los requisitos de acceso, duración, carga 
lectiva, contenido y nivel de enseñanza.
2. El Ministerio del Interior, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, determinará los planes de formación que han de regir los cursos para el ingreso 
y la promoción profesional.
3. El diseño de los planes de formación recogerá, entre otras directrices, los objetivos 
generales de la formación, sus contenidos, así como la duración de los ciclos formativos, 
que podrán estar complementados por módulos de formación práctica para el ingreso o, 
cuando así lo aconseje la naturaleza de las funciones propias de la escala o categoría a la 
que se ascienda, para la promoción interna.
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Artículo 33. La formación permanente.
La formación permanente tendrá por objeto mantener el nivel de capacitación y 
actualización de los Policías Nacionales a través, fundamentalmente, de la enseñanza de 
las materias que hayan experimentado una evolución sustancial.
Artículo 34. La especialización.
La especialización estará orientada a la preparación para el desempeño de puestos de 
trabajo en que sean necesarios conocimientos específicos, y tendrá como objetivos la 
formación de especialistas en áreas policiales concretas, así como la incidencia en 
contenidos en cuyo conocimiento y experimentación sea necesario profundizar.
Artículo 35. Altos estudios profesionales.
1. Para el adecuado desempeño de los puestos directivos, se convocarán cursos de 
altos estudios profesionales que capaciten para el ejercicio de las funciones propias de 
dichos puestos e incidan en el conocimiento e investigación de métodos y técnicas 
policiales.
2. Quienes realicen los cursos de altos estudios profesionales adquirirán un 
compromiso de permanencia en la situación de servicio activo o de servicios especiales 
por un periodo mínimo de tres años, a partir de la finalización de los estudios.
El incumplimiento de dicho compromiso por el Policía Nacional llevará aparejada para 
el mismo la obligación de ingresar en el Tesoro Público el importe de los referidos estudios, 
en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 36. Centros docentes.
1. Los centros docentes de la Policía Nacional tienen como finalidad impartir la 
formación en sus distintas modalidades.
2. La organización y funcionamiento de los centros docentes, así como su régimen 
académico y disciplinario, se regularán por su normativa específica.
3. Los centros docentes deberán prestarse colaboración mutua y apoyo para el 
desarrollo de los planes de formación que tengan encomendados y en especial con los 
centros docentes de otros cuerpos policiales.
Artículo 37. Régimen de los alumnos de los centros docentes.
1. Los alumnos de los centros docentes de la Policía Nacional que aspiren a ingresar 
por turno libre en las categorías de Inspector o de Policía tendrán la consideración de 
funcionarios en prácticas. El período de tiempo en el que ostenten esa condición se 
computará a efectos de trienios y de baremo.
Durante el tiempo que dure la fase de formación o curso selectivo serán denominados 
Inspectores alumnos o Policías alumnos. Durante la realización del módulo de prácticas 
desempeñando un puesto de trabajo la denominación será la de Inspectores en prácticas 
y Policías en prácticas.
2. Los alumnos de los centros docentes de la Policía Nacional que accedan por 
promoción interna a la categoría de Inspector tendrán la consideración de Inspectores 
alumnos durante el tiempo que dure la fase de formación o curso selectivo y de Inspectores 
adjuntos durante el módulo de prácticas desempeñando un puesto de trabajo.
3. A los funcionarios en prácticas y a los demás alumnos de los centros docentes de 
la Policía Nacional les será de aplicación su normativa específica.
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Artículo 38. Profesorado.
1. El profesorado de los centros docentes estará compuesto por Policías Nacionales. 
El procedimiento de provisión de los puestos de trabajo de los centros docentes se regirá 
por los principios de igualdad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una selección 
objetiva, eficaz y transparente del profesorado.
2. La impartición de las enseñanzas y cursos podrá realizarse también por expertos 
y profesionales de reconocida competencia en las distintas materias, procedentes de otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Universidad, Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas 
Armadas, Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, así 
como de centros, institutos o escuelas de formación y perfeccionamiento de reconocido 
prestigio.
A tal efecto, la Dirección General de la Policía, a propuesta de los centros docentes, 
podrá concertar la impartición de las correspondientes clases, bien con los profesionales, 
bien con las administraciones o entidades de las que dependan, a través del procedimiento 
legalmente establecido para cada caso, y siempre en los términos que permitan las 
disponibilidades presupuestarias en cada momento.
Artículo 39. Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía.
1. Con el fin de impartir la formación correspondiente a los estudios universitarios del 
Sistema Educativo Español, se creará un Centro Universitario de Formación del Cuerpo 
Nacional de Policía, adscrito a una o varias Universidades, dependiendo, en los aspectos 
académicos, de un Consejo Académico creado a tal efecto, y en los estructurales y de 
funcionamiento, del órgano responsable de formación.
2. Los convenios de colaboración determinarán su estructura, en la que se integrará 
una comisión de seguimiento y valoración de su aplicación, sus actividades docentes, 
financiación y funcionamiento.
3. El Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía podrá 
contratar personal docente en régimen laboral, a través de las modalidades de contratación 
específica del ámbito universitario.
TÍTULO VIII
Carrera profesional y promoción interna
Artículo 40. Carrera profesional.
1. La carrera profesional de los funcionarios de la Policía Nacional se configura como 
el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, 
conforme a los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad y, en su caso, 
antigüedad. Consistirá en la aplicación, de manera aislada o simultánea, de alguna de las 
modalidades que se establecen en este artículo.
2. La carrera vertical consiste en el acceso, mediante la promoción interna, a las 
categorías inmediatamente superiores que conforman las diferentes Escalas de la Policía 
Nacional, en los términos establecidos en esta Ley Orgánica.
3. La carrera horizontal supone el reconocimiento individualizado del desarrollo 
profesional alcanzado por los funcionarios de la Policía Nacional, mediante la progresión 
en la estructura de los diferentes puestos de trabajo y la consolidación del grado personal.
Artículo 41. Promoción interna.
1. Los Policías Nacionales en situación de servicio activo, de servicios especiales, o 
de excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género podrán 
ascender por promoción interna a la categoría superior a la que ostenten, previo 
cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.
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A las categorías de Oficial de Policía, Subinspector, Inspector, Inspector Jefe, 
Comisario y Comisario Principal se accederá por las modalidades de concurso-oposición 
y antigüedad selectiva.
2. Reglamentariamente se fijarán los porcentajes de vacantes reservadas tanto a 
concurso-oposición como a antigüedad selectiva en los procesos de ascenso por 
promoción interna. Del mismo modo se establecerán los porcentajes de vacantes que 
serán reservadas para el acceso a la categoría de Inspector, tanto en el ingreso por 
oposición libre como por promoción interna.
3. El ascenso por promoción interna exigirá estar en posesión de la titulación del 
subgrupo de clasificación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4.
4. Para la constitución de los tribunales para los procesos de promoción interna se 
tendrán en cuenta los mismos puntos recogidos en el artículo 28 de esta misma Ley.
Artículo 42. Concurso-oposición.
1. Para poder concurrir a las pruebas de ascenso por la modalidad de concurso-
oposición, los aspirantes deberán reunir al menos dos años de servicios efectivos en la 
categoría que ostenten. Reglamentariamente se establecerán, respetando el plazo 
señalado anteriormente, los tiempos mínimos de permanencia en cada categoría a los 
efectos de lo establecido en este artículo.
2. Los procesos de promoción por concurso-oposición constarán de las siguientes 
fases:
a) Concurso, en la que el tribunal aprobará la relación de aspirantes que reúnan los 
requisitos y determinará la puntuación que les corresponda, de conformidad con el baremo 
que se fije.
b) Oposición, que incluirá pruebas destinadas a medir tanto la aptitud para el 
desempeño de la categoría a la que se aspira como los conocimientos profesionales.
c) Formación profesional específica de carácter selectivo.
Artículo 43. Antigüedad selectiva.
1. Podrán solicitar tomar parte en procedimientos de ascenso por antigüedad 
selectiva los Policías Nacionales que, además de cumplir los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan, se encuentren en el primer tramo de la relación 
escalafonal que se determine reglamentariamente y superen el correspondiente baremo 
profesional.
2. Los procesos de promoción interna por antigüedad selectiva constarán de las 
siguientes fases:
a) Calificación previa, que consistirá en la constatación del cumplimiento de los 
requisitos y del correspondiente baremo profesional.
b) Pruebas de aptitud de conocimientos profesionales, de naturaleza psicotécnica y 
selectiva que se determinarán en cada convocatoria.
c) Entrevista, dirigida a comprobar la idoneidad para el desempeño de las funciones 
correspondientes a la categoría a que se aspira.
d) Formación profesional específica de carácter selectivo.
3. El número máximo de convocatorias en las que se podrá participar por esta 
modalidad será de tres. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y casos en las 
que serán o no computadas a estos efectos.
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TÍTULO IX
Ordenación y provisión de puestos de trabajo
CAPÍTULO I
Ordenación del personal de la Policía Nacional
Artículo 44. Plantilla del personal de la Policía Nacional.
1. La plantilla del personal de la Policía Nacional en situación de servicio activo se 
determinará en función de las necesidades derivadas de la prestación del servicio, 
ajustándose en todo caso a los créditos establecidos en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, fijará, con vigencia 
para períodos de cinco años, la plantilla reglamentaria para las distintas categorías.
Artículo 45. Catálogo de puestos de trabajo.
1. Los puestos de trabajo cuyo desempeño corresponda a los Policías Nacionales 
estarán relacionados en un catálogo, instrumento técnico de la ordenación del personal de 
acuerdo con las necesidades de los servicios.
2. El catálogo de puestos de trabajo será público, con excepción de aquellos puestos 
cuyas funciones sean de especial confidencialidad.
3. El catálogo reflejará la distribución de los puestos de trabajo por plantillas y deberá 
incluir necesariamente la denominación de los puestos, la localidad en la que se 
encuentran radicados, número, nivel de complemento de destino, complemento específico, 
escala, categoría o subgrupo de clasificación para el que estén reservados y, en su caso, 
si su adscripción es indistinta, así como la forma de provisión.
4. La distribución de los puestos de trabajo en el catálogo se hará conforme al 
principio de jerarquía sin que, en ningún caso, un Policía Nacional pueda estar subordinado 
a otro de categoría inferior por razón del puesto de trabajo que ocupe o al que esté 
adscrito.
Artículo 46. Destinos.
1. Los Policías Nacionales serán adscritos a un puesto de trabajo de su escala y 
categoría o subgrupo de clasificación, de los contemplados en el catálogo de puestos de 
trabajo.
2. Los Policías Nacionales podrán permanecer en activo hasta alcanzar la edad de 
jubilación. No obstante, los que experimenten una disminución de sus condiciones 
psicofísicas cuya intensidad les impida el normal cumplimiento de sus funciones, pero no 
comporte el pase a la situación de jubilación o a la de segunda actividad, pasarán a realizar 
actividades adecuadas a dichas condiciones psicofísicas. Para apreciar esta disminución 
se requerirá informe del servicio sanitario.
3. Asimismo podrán ser adscritos a puestos de trabajo, dentro del subgrupo de 
clasificación de su escala, cuyas funciones estén relacionadas de forma específica con la 
seguridad, en el Ministerio del Interior, de otros departamentos ministeriales, instituciones 
y organismos públicos o en organizaciones internacionales, previo informe favorable de la 
Dirección General de la Policía.
4. Excepcionalmente, y por razón de las características del puesto de trabajo, 
funcionarios de carrera de la Administración General del Estado podrán ser adscritos a un 
puesto de trabajo correspondiente a su subgrupo de clasificación, de los contemplados en 
el catálogo.
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CAPÍTULO II
Provisión de puestos de trabajo
Artículo 47. Procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
1. Los puestos de trabajo se proveerán conforme a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y antigüedad, por los procedimientos de concurso general de 
méritos, concurso específico de méritos o libre designación.
2. Los procedimientos de provisión se regirán por la convocatoria respectiva, que se 
ajustará a lo dispuesto en esta Ley Orgánica y en las normas que la desarrollen.
3. El concurso general de méritos es el procedimiento normal de provisión, así como 
la forma de obtener un puesto de trabajo al ingresar en la Policía Nacional. En él se 
tendrán en cuenta la antigüedad y, en su caso, los méritos que reglamentariamente se 
establezcan.
4. Por el procedimiento de concurso específico de méritos se proveerán los puestos 
de trabajo para cuyo desempeño se requieran especiales conocimientos científicos o 
técnicos, o determinadas capacidades profesionales.
Los requisitos y méritos exigibles en las convocatorias estarán necesariamente 
relacionados con el concreto contenido de cada puesto de trabajo y serán valorados por 
un órgano colegiado.
5. La libre designación consiste en la apreciación discrecional, por el órgano 
competente, de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para 
el desempeño del puesto de trabajo.
El procedimiento de libre designación como sistema de provisión será debidamente 
justificado en atención a la especial confianza derivada de la naturaleza de las funciones 
de determinados puestos de trabajo, ya sea por su especial responsabilidad o 
confidencialidad.
6. Los puestos directivos de la Policía Nacional con nivel orgánico de subdirector 
general y los de jefe superior de policía se proveerán entre Comisarios Principales. La 
cobertura de estos puestos se llevará a cabo mediante libre designación, a través de un 
procedimiento especial presidido por el principio de celeridad, a cuyo efecto se podrán 
reducir los plazos establecidos para el sistema ordinario. La competencia para llevar a 
cabo estos nombramientos recaerá en el Ministro del Interior, a propuesta del Director 
General de la Policía y previo informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad.
7. Reglamentariamente se desarrollarán los distintos aspectos relativos a la provisión 
de puestos de trabajo en la Policía Nacional, con sujeción a los principios establecidos en 
esta Ley Orgánica.
Artículo 48. Reglas y garantías para la provisión de puestos de trabajo.
1. El nombramiento y cese en los puestos de trabajo referidos en el artículo anterior 
corresponderá al Director General de la Policía, a excepción de aquellos cuya competencia 
recaiga en el Ministro del Interior o en el Secretario de Estado de Seguridad.
2. No se podrá participar en los concursos que se convoquen dentro de los dos años 
siguientes a la toma de posesión del último destino obtenido por concurso general o 
específico de méritos, salvo las excepciones que se establezcan reglamentariamente. No 
obstante lo anterior, en el supuesto de atribución de destinos con carácter forzoso, quienes 
los obtengan podrán concursar a otras vacantes una vez transcurrido un año a partir de la 
fecha de toma de posesión.
3. Los Policías Nacionales que hubieran obtenido un puesto de trabajo por el 
procedimiento de concurso general de méritos podrán ser adscritos, mediante resolución 
motivada por necesidades del servicio objetivamente apreciadas, a otros puestos de 
trabajo dentro del mismo municipio, de la misma forma de provisión, nivel de complemento 
de destino y complemento específico.
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4. Los Policías Nacionales que hayan obtenido un puesto de trabajo por el 
procedimiento de concurso específico de méritos sólo podrán ser removidos por causas 
sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo que 
modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria o de una falta de 
capacidad para su desempeño, manifestada por rendimiento insuficiente y que impida 
realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
La resolución que ponga fin al expediente de remoción será motivada, con audiencia 
del interesado y agotará la vía administrativa.
5. Los Policías Nacionales que hayan obtenido un puesto de trabajo por el 
procedimiento de libre designación podrán ser cesados del mismo con carácter 
discrecional.
6. Aquellos Policías Nacionales que hayan sido cesados en puestos de libre 
designación o removidos en puestos obtenidos por concurso específico de méritos serán 
adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo de su categoría, no inferior en más de 
dos niveles al de su grado personal, preferentemente en el ámbito territorial de la Comisaría 
Provincial en la que estuvieran destinados.
7. Los funcionarios pertenecientes a plantillas suprimidas, reducidas o agrupadas 
que hayan perdido su puesto de trabajo en las mismas, tendrán preferencia absoluta por 
una sola vez para acceder a las vacantes asignadas al procedimiento de concurso general 
de méritos existentes en cualquier localidad del territorio nacional.
En el supuesto de que dichos funcionarios no concursaren a las plazas vacantes o no 
fuesen destinados a las mismas, se les designará para alguna de las vacantes existentes. 
En este caso, tendrán preferencia, durante dos años y por una sola vez, para obtener un 
nuevo puesto de trabajo vacante que se convocase dentro de dicho plazo por concurso 
general de méritos en cualquier plantilla. En caso de empate en la puntuación, se estará a 
lo que disponga para estos casos la orden en que se apruebe el correspondiente baremo.
Artículo 49. Movilidad.
1. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán 
proveerse con carácter provisional en comisión de servicios, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
En todo caso, una vez transcurrido un año desde el inicio de la comisión de servicios, 
deberá publicarse, dentro de los seis meses siguientes, la convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo según el sistema establecido.
2. La funcionaria de la Policía Nacional víctima de violencia de género que se vea 
obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrá derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su escala o categoría 
profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria 
cobertura. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
3. Los Policías Nacionales podrán ser adscritos a un puesto de trabajo de distinta 
unidad administrativa, en la misma o en otra localidad, previa solicitud basada en motivos 
de salud o terapias de rehabilitación, propias del funcionario, de su cónyuge, o de los hijos 
a su cargo, siempre que se cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
4. Podrán disponer de movilidad geográfica aquellos Policías Nacionales declarados 
víctimas del terrorismo en los términos establecidos reglamentariamente.
Artículo 50. Grado personal.
1. Los Policías Nacionales adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o 
más puestos de trabajo del nivel correspondiente, durante dos años continuados o tres con 
interrupción.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando obtengan un puesto de trabajo 
superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal consolidado, 
consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al 
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que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto 
desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su escala.
2. Los Policías Nacionales consolidarán necesariamente como grado personal inicial 
el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso 
selectivo.
Artículo 51. Evaluación del desempeño.
1. Se establecerá un sistema de evaluación del desempeño cuyo objetivo será medir 
el rendimiento y el logro de resultados, así como el grado de calidad del servicio prestado. 
Este sistema se basará en criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y 
no-discriminación y se aplicará sin menoscabo de los derechos de los funcionarios.
2. Las organizaciones sindicales representativas participarán en el establecimiento 
de las normas que fijen los criterios y mecanismos generales del sistema de evaluación del 
desempeño, así como en la determinación de sus efectos.
TÍTULO X
Situaciones administrativas
CAPÍTULO I
Clases de situaciones administrativas. Servicio activo, servicios especiales 
y servicio en otras administraciones públicas
Artículo 52. Clases.
Los Policías Nacionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras administraciones públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
f) Segunda actividad.
Artículo 53. Servicio activo.
1. Los Policías Nacionales se hallarán en situación de servicio activo cuando presten 
servicios en tal condición en los destinos a que se refiere el artículo 46 y no les corresponda 
quedar en otra situación.
Asimismo se considerarán en esta situación durante el plazo posesorio por cese en un 
puesto de trabajo al haber obtenido otro mediante el procedimiento de provisión 
correspondiente.
2. Los Policías Nacionales en situación de servicio activo gozan de todos los 
derechos inherentes a tal condición y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades 
derivados de la misma.
Artículo 54. Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conlleven 
reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante la participación del Policía Nacional en 
la convocatoria correspondiente de provisión de puestos de trabajo por concurso o libre 
designación, o por adscripción provisional a un puesto vacante, condicionada a las 
necesidades de servicio.
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2. El reingreso desde las situaciones descritas en el apartado anterior estará 
supeditado al cumplimiento, en los supuestos y en los términos que reglamentariamente 
se determinen, de los siguientes requisitos:
a) No haber sido separado del servicio de la Administración General del Estado, de 
la administración autonómica, local o institucional, o hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, ni tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso.
b) Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del servicio.
c) Realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo, en los términos 
que reglamentariamente se determine.
3. No obstante, el requisito del apartado a) del número anterior será exigible a todos 
los supuestos de reingreso al servicio activo, aunque conlleven reserva de puesto de 
trabajo.
Artículo 55. Servicios especiales.
1. Serán declarados en situación de servicios especiales cuando:
a) Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las 
comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las 
instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean 
nombrados altos cargos de las citadas administraciones públicas o instituciones.
b) Fuesen nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o 
entidades, dependientes o vinculados a las administraciones públicas que, de conformidad 
con lo que establezca la respectiva administración pública, estén asimilados en su rango 
administrativo a altos cargos.
c) Sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo 
o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
d) Accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o de 
miembro de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
e) Desempeñen cargos electivos en las asambleas de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla y en las entidades locales; ejerzan responsabilidades en órganos superiores 
y directivos municipales o como miembros de los órganos locales para el conocimiento y 
la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
f) Fuesen designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de 
los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.
g) Sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o 
de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección 
corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas.
h) Sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político. Cuando 
se trate de puestos del Ministerio del Interior, o de sus órganos superiores o directivos, 
podrán optar por permanecer en la situación de servicio activo siempre que el puesto 
ocupado no supere el intervalo de niveles atribuido a su subgrupo de clasificación.
i) Adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
j) Sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales 
o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
2. Quienes se encuentren en la situación de servicios especiales percibirán las 
retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las de funcionario de la Policía 
Nacional, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada 
momento.
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El tiempo que permanezcan en tal situación se computará a efectos de reconocimiento 
de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de 
aplicación. Además, mientras se encuentren en la misma situación podrán participar en los 
procesos de promoción interna que se convoquen.
3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a 
reingresar al servicio activo en la misma localidad, en un puesto de trabajo de las mismas 
características al que se venía desempeñando, siempre y cuando el pase a servicios 
especiales se haya producido desde una situación que, a su vez, conlleve la reserva del 
puesto de trabajo.
Artículo 56. Servicio en otras administraciones públicas.
1. Los Policías Nacionales que, en virtud de los procesos de transferencias o por los 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una administración 
pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras administraciones 
públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la 
administración a la que acceden se integren como personal propio de esta.
2. Los Policías Nacionales transferidos a las comunidades autónomas se integrarán 
plenamente como funcionarios propios en situación de servicio activo en la organización 
de la Función Pública de las mismas, respetando el subgrupo de su escala de procedencia, 
así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen 
reconocida y manteniendo todos sus derechos en la administración pública de origen 
como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos 
Estatutos de Autonomía.
3. Cuando se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo 
mediante los sistemas de provisión, se regirán por la legislación de la administración en la 
que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la 
administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de 
puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la 
administración pública en la que estén destinados se les computará como de servicio 
activo en su escala y categoría de origen.
4. Los Policías Nacionales que reingresen al servicio activo en la administración de 
origen, procedentes de la situación de servicio en otras administraciones públicas, 
obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de 
carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento 
previsto en los convenios de conferencia sectorial y demás instrumentos de colaboración 
que establecen medidas de movilidad interadministrativa. En defecto de tales convenios o 
instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la administración pública 
en la que se produzca el reingreso.
CAPÍTULO II
Excedencias
Artículo 57. Modalidades de excedencia.
La excedencia podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por prestación de servicio en el sector público.
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Artículo 58. Excedencia voluntaria por interés particular.
1. Los Policías Nacionales podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 
particular cuando hayan estado en las situaciones de servicio activo o servicios especiales 
en cualquiera de las administraciones públicas durante un período mínimo de cinco años, 
inmediatamente anteriores a la petición.
2. El período mínimo de permanencia en esta situación será de un año, transcurrido 
el cual podrá solicitar su reingreso al servicio activo.
3. La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso, subordinada a las 
necesidades del servicio, debidamente motivadas. No podrá declararse cuando el 
funcionario esté sometido a expediente disciplinario.
4. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando, 
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se 
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo establecido. 
Igualmente procederá dicha declaración cuando, habiendo solicitado el reingreso al 
servicio activo desde una situación administrativa que no conlleve reserva de puesto de 
trabajo, no se reúna alguno de los requisitos exigidos para dicho reingreso.
5. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no 
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social 
que les sea de aplicación. Tampoco podrán participar durante el tiempo en que 
permanezcan en esa situación en los procesos de promoción interna.
Artículo 59. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
1. Los Policías Nacionales cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 
y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de 
carrera o como personal laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en 
los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades 
autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales, podrán 
obtener la excedencia voluntaria por agrupación familiar, sin el requisito de haber prestado 
servicios en cualquiera de las administraciones públicas.
2. En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de un año, a partir del cual 
podrá solicitarse el reingreso al servicio activo.
3. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación 
familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan 
en tal situación a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad 
Social que les sea aplicable. Los Policías Nacionales que se hallen en esta situación 
podrán participar en los procesos de promoción interna.
Artículo 60. Excedencia por cuidado de familiares.
1. Los Policías Nacionales tendrán derecho a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
2. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida.
3. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo 
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma 
pondrá fin al que se viniera disfrutando.
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4. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el 
mismo sujeto causante, la administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
5. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, 
antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Los 
funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que se 
convoquen y en los procesos de promoción interna.
6. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. 
Transcurrido este período, se reservará un puesto en la misma localidad y de igual 
retribución.
Artículo 61. Excedencia por razón de violencia de género.
1. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que 
sea exigible plazo de permanencia en la misma.
2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de trienios, 
antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Las 
funcionarias en esta situación podrán participar en los cursos de formación que se 
convoquen y, durante dicho plazo de seis meses, prorrogables en los términos expresados 
en el párrafo siguiente, en los procesos de promoción interna.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este período por 
tres meses, hasta un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados 
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
3. Durante los dos primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho 
a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo.
Artículo 62. Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
1. Los Policías Nacionales serán declarados en excedencia voluntaria por prestación 
de servicio en el sector público cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o 
escala de cualquiera de las administraciones públicas, así como cuando pasen a prestar 
servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les 
corresponda quedar en situación de servicio activo o la de servicios especiales prevista en 
el artículo 55.1.e).
2. Se podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de 
servicios que dio origen a la misma.
3. Durante el tiempo de permanencia en esta situación se percibirán las retribuciones 
del puesto o cargo que desempeñen y no las de funcionario de la Policía Nacional, y no 
será computable a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad 
Social que les sea de aplicación. No obstante, dicho tiempo podrá ser reconocido, a 
efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social, si se 
produce el reingreso en la Policía Nacional.
CAPÍTULO III
Suspensión de funciones
Artículo 63. Suspensión de funciones.
La suspensión de funciones, que puede ser firme o provisional, supone privar al 
funcionario del ejercicio de sus funciones durante el tiempo de permanencia en la misma 
y se regulará por lo dispuesto en esta Ley Orgánica y en la normativa de régimen 
disciplinario.
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Artículo 64. Suspensión firme.
1. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia firme dictada en causa 
criminal o de sanción disciplinaria también firme. Cuando supere los seis meses, 
determinará la pérdida del puesto de trabajo.
2. El tiempo en esta situación no será computable a efectos de trienios, antigüedad y 
derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Artículo 65. Suspensión provisional.
1. La suspensión provisional se podrá acordar por la incoación de un expediente 
disciplinario por falta grave o muy grave o como consecuencia del procesamiento, 
inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento 
penal, pudiendo prolongarse hasta la terminación del procedimiento judicial.
2. El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de un expediente 
disciplinario, por hechos que no son objeto de procedimiento penal, no podrá exceder de 
tres meses en caso de faltas graves, y de seis meses, en caso de faltas muy graves, salvo 
paralización del procedimiento imputable al interesado.
3. Cuando la suspensión provisional no sea declarada firme, el tiempo de permanencia 
en la misma se computará como de servicio activo a todos los efectos, debiendo acordarse, 
en su caso, la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo.
4. Cuando el período de permanencia en suspensión provisional de funciones sea 
superior a la duración de la condena por sentencia o de la sanción disciplinaria, la 
diferencia le será computable como de servicio activo a todos los efectos.
5. El funcionario en situación de suspensión provisional de funciones tendrá derecho 
a percibir el cien por cien de las retribuciones básicas y la totalidad de la prestación 
económica por hijo a cargo, salvo en el supuesto de paralización del expediente por causa 
imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se 
mantenga dicha paralización, y, de igual manera, no tendrá derecho a percibir haber 
alguno en caso de incomparecencia en el expediente disciplinario.
CAPÍTULO IV
Segunda actividad
Artículo 66. Situación de segunda actividad.
1. La segunda actividad tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica 
de los Policías Nacionales para el desempeño de las funciones propias de su puesto de 
trabajo que garantice su eficacia en el servicio.
2. Los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y de técnicos no podrán 
pasar a la situación de segunda actividad.
3. En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el 
momento de producirse el pase a dicha situación y no conllevará en ningún caso la 
ocupación de destino.
4. Durante el tiempo que permanezcan en la situación de segunda actividad quedarán 
a disposición del Ministro del Interior para el cumplimiento de funciones policiales hasta 
alcanzar la edad de jubilación, cuando razones excepcionales de seguridad ciudadana lo 
requieran en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 67. Causas.
Los funcionarios de la Policía Nacional podrán pasar a la situación de segunda 
actividad por las siguientes causas:
a) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función 
policial.
b) Por petición propia, una vez cumplidas las edades que se establecen en el artículo 69.
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c) Por petición propia, tras haber cumplido veinticinco años efectivos en las situaciones 
de servicio activo, servicios especiales o excedencia forzosa en la Policía Nacional, o 
cuerpos asimilados o integrados, en los términos establecidos en el artículo 69.
Artículo 68. Pase a segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios que presenten una 
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de los cometidos atribuidos 
a la Policía Nacional, manifestada por una disminución apreciable de las mismas evaluada 
por un tribunal médico, en los términos que se establezca reglamentariamente, previa 
instrucción del oportuno procedimiento, de oficio o a solicitud del interesado, y siempre que 
la intensidad de la referida insuficiencia no sea causa de jubilación.
2. Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad por esta 
causa podrán solicitar la revisión de sus condiciones psicofísicas por un tribunal médico 
durante el tiempo que permanezcan en esa situación, en la forma prevista 
reglamentariamente. Del mismo modo, dichas condiciones podrán ser objeto de revisión, 
a instancias de la administración, en las circunstancias que reglamentariamente se 
determinen.
Artículo 69. Pase a segunda actividad por petición propia.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad los Policías Nacionales que, por 
petición propia hubieran solicitado ingresar en dicha situación, a partir del cumplimiento de 
las edades que para cada escala se establecen a continuación:
a) Escala Superior: 64 años.
b) Escala Ejecutiva: 62 años.
c) Escala Subinspección: 60 años.
d) Escala Básica: 58 años.
2. También podrán pasar a la situación de segunda actividad, por petición propia, los 
Policías Nacionales que hubieren cumplido veinticinco años efectivos en las situaciones de 
servicio activo, servicios especiales o excedencia forzosa en la Policía Nacional, o cuerpos 
asimilados o integrados.
A los efectos de este apartado, por el Ministerio del Interior se fijarán, antes del 31 de 
diciembre de cada año, el número máximo de funcionarios de la Policía Nacional, por 
categorías, respecto de los cuales se autoriza el pase a la situación de segunda actividad 
por petición propia durante el año siguiente; teniendo en cuenta los criterios de edad de los 
peticionarios, así como las disponibilidades de personal y las necesidades orgánicas y 
funcionales de la organización policial y la prioridad en la solicitud.
Artículo 70. Reingreso al servicio activo desde la situación de segunda actividad.
Los Policías Nacionales que hubieren pasado a la situación de segunda actividad por 
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas, podrán reingresar al servicio activo, a petición 
propia o a instancias de la administración, siempre que un tribunal médico aprecie que los 
solicitantes reúnen las aptitudes psicofísicas necesarias para la prestación de las funciones 
encomendadas.
Artículo 71. Pase a otras situaciones desde segunda actividad.
Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad podrán pasar a otra 
situación administrativa, siempre que reúnan los requisitos exigidos para el acceso a la 
misma. Al cesar en ésta última se producirá el reingreso a la situación de segunda 
actividad.
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Artículo 72. Competencia para resolver.
Los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores se resolverán por el 
Director General de la Policía, y sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 73. Retribuciones en la situación de segunda actividad.
1. Los Policías Nacionales en la situación de segunda actividad percibirán en su 
totalidad las retribuciones básicas que correspondan a la antigüedad que se posea y a la 
categoría de pertenencia, así como un complemento de una cuantía igual al 80 por 100 de 
las retribuciones complementarias de carácter general de la referida categoría, 
percibiéndose, además, la totalidad de las retribuciones personales por pensiones de 
mutilación y recompensas.
Cualquier variación de las retribuciones indicadas asignadas al personal en activo 
originará en las correspondientes al personal en situación de segunda actividad de la 
misma antigüedad y categoría las variaciones pertinentes para que en todo momento 
representen las cuantías señaladas en el párrafo anterior.
2. Los Policías Nacionales que hayan pasado a la situación de segunda actividad a 
causa de una enfermedad o accidente profesional producidos en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo, que hayan sido así declarados conforme a lo establecido en esta 
Ley Orgánica, percibirán el cien por cien de las retribuciones que vinieran devengando 
cuando se encontraban en la situación de servicio activo.
3. Los Policías Nacionales que, en situación de segunda actividad, realicen funciones 
policiales por razones excepcionales de seguridad conforme a lo previsto en el artículo 66.4 
percibirán, por día de servicio prestado, en lugar de las retribuciones propias de su situación, 
una trigésima parte de las retribuciones mensuales correspondientes al puesto de trabajo 
efectivamente desempeñado si esta fuera mayor que las retribuciones propias de su situación.
Artículo 74. Peculiaridades retributivas.
1. Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad en virtud 
de lo establecido en el artículo 69.1 y no cuenten en total con veinte años efectivos en las 
situaciones de servicio activo, servicios especiales o excedencia forzosa en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, experimentarán una reducción en las retribuciones 
económicas a percibir en dicha situación, de acuerdo con la escala que reglamentariamente 
se establezca.
2. Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad en virtud 
de lo establecido en el artículo 69 sin haber completado el mínimo de años de servicio, que 
se establezca en la legislación vigente sobre clases pasivas del Estado para causar 
derecho a la pensión ordinaria de jubilación, sólo percibirán en dicha situación la cantidad 
que corresponda de sus retribuciones básicas, en función del tiempo efectivo de servicios 
prestados, según se establezca reglamentariamente.
3. Cuando, superado el tiempo mínimo de servicios señalados en el apartado 
anterior, no se hubieren completado veinte años de servicio efectivo al cumplir la edad de 
pase a aquella situación se percibirán en su totalidad las retribuciones básicas. Las 
retribuciones complementarias que correspondan a esta situación sufrirán una reducción 
en función del tiempo que reste para cumplir los veinte años de servicios efectivos, de 
acuerdo con la escala que reglamentariamente se establezca.
Artículo 75. Trienios y derechos pasivos.
El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos 
de perfeccionamiento de trienios y de derechos pasivos.
Artículo 76. Régimen disciplinario.
Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad estarán sometidos al 
régimen disciplinario general de la función pública.
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TÍTULO XI
Protección social y régimen retributivo
Artículo 77. Principios generales de la protección social.
1. Los Policías Nacionales están obligatoriamente incluidos en el ámbito de aplicación 
del Régimen del Mutualismo Administrativo de los Funcionarios Civiles del Estado por la 
totalidad de las contingencias y prestaciones previstas en su acción protectora, sin 
perjuicio de las especificidades previstas para los integrantes de este cuerpo en la 
normativa vigente.
2. A efectos de pensiones, a los Policías Nacionales les será de aplicación, según 
corresponda, el régimen de Clases Pasivas del Estado o el Régimen General de Seguridad 
Social, de acuerdo con sus normas específicas respectivas.
3. La Policía Nacional colaborará con los organismos públicos y entidades que 
tengan atribuida la gestión de los distintos regímenes de Seguridad Social, en los términos 
que establezca la normativa correspondiente.
Artículo 78. Incapacidad temporal.
1. El funcionario de la Policía Nacional que cause baja para el servicio por 
incapacidad temporal percibirá las retribuciones o remuneraciones que establezca la 
normativa reguladora del Régimen Especial sobre Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado vigente en cada momento.
2. Cuando la baja para el servicio hubiese sido motivada por lesión o patología 
declarada como enfermedad o accidente profesional producidos en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo, previa tramitación del expediente de averiguación de 
causas instruido al efecto, la prestación económica a percibir, computado en su caso el 
subsidio previsto en la normativa reguladora del régimen del Mutualismo, será completada 
por el órgano encargado de la gestión de personal hasta alcanzar como máximo el cien 
por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes anterior al de 
causarse la baja.
Artículo 79. Lesiones, patologías y daños materiales en acto de servicio.
1. Se entiende por lesiones, patologías y daños materiales en acto de servicio los 
que así sean reconocidos a través de expediente de averiguación de causas, por haber 
sido contraídos por el funcionario con ocasión o como consecuencia del servicio prestado, 
siempre y cuando no hubiese mediado por su parte dolo, o negligencia o impericia graves.
2. La competencia para resolver dicho reconocimiento corresponde al Director 
General de la Policía, previa instrucción del correspondiente expediente de averiguación 
de las causas determinantes de las lesiones, patologías o daños materiales sufridos, que 
se iniciará a solicitud del funcionario o de oficio por el órgano encargado de la gestión del 
personal en la Policía Nacional.
3. La resolución que ponga fin al expediente identificará necesariamente el origen de 
las lesiones o daños materiales, la relación de causalidad existente entre el servicio y los 
mismos y la capacidad o incapacidad derivada, todo ello mediante informe facultativo 
emitido por los órganos de inspección sanitaria de la Policía Nacional. Igualmente en la 
resolución se determinará el importe de los gastos de curación que hubiesen quedado 
excluidos de las prestaciones contempladas en el ámbito del mutualismo administrativo, 
que, en su caso, serán por cuenta de la Administración, sin perjuicio de las competencias 
de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado para el reconocimiento de las 
prestaciones derivadas de tales contingencias.
4. En el expediente de resarcimiento de daños materiales quedará acreditado, 
además de sus causas y la relación existente entre los daños y el servicio prestado por el 
funcionario, el importe del objeto, resolviendo la procedencia o no del resarcimiento.
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5. La Administración concertará un seguro de accidentes para los supuestos de 
fallecimiento, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los funcionarios 
de la Policía Nacional, devenidos como consecuencia de las lesiones sufridas en acto de 
servicio o con ocasión del mismo.
Artículo 80. Evaluación y control de las condiciones psicofísicas.
1. La Policía Nacional velará por que sus miembros mantengan las condiciones 
psicofísicas necesarias para el desempeño de sus funciones. A tal fin existirá un servicio 
sanitario cuyas competencias y organización se determinarán reglamentariamente.
A tal efecto se podrán celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales 
médicos o entidades sanitarias públicas o privadas.
2. Los funcionarios serán sometidos a una vigilancia de la salud en la forma que se 
determine en el plan de prevención de riesgos laborales y dentro del marco de actuación 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Corresponderá a los órganos de inspección sanitaria de la Policía Nacional el 
control y la revisión de las bajas por insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas, en 
los términos establecidos en la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias de la 
Mutualidad correspondiente en el ámbito de las situaciones de incapacidad temporal.
Artículo 81. Acción social.
Existirá un sistema de acción social, con la dotación presupuestaria que proceda, en 
el marco del cual se desarrollarán programas específicos de carácter periódico, con 
actuaciones para promover el bienestar socio-laboral de los funcionarios y sus familias.
Artículo 82. Retribuciones.
1. El régimen retributivo de los funcionarios de la Policía Nacional, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se regula en su 
normativa específica.
2. Las retribuciones estarán integradas por las retribuciones básicas de sueldo y 
trienios, así como las retribuciones complementarias y las pagas extraordinarias 
correspondientes.
TÍTULO XII
Recompensas y honores
Artículo 83. Recompensas.
Los miembros de la Policía Nacional, sin distinción de escalas o categorías, que en el 
ejercicio de sus funciones acrediten cualidades excepcionales de valor, sacrificio y 
abnegación que redunden en beneficio de la sociedad tendrán derecho a que se les 
reconozca su meritoria actuación, en la forma y condiciones que se determinen.
Artículo 84. Dedicación al servicio policial.
La dedicación, entrega y responsabilidad continuada y dilatada en el cumplimiento de 
las funciones por parte de los integrantes de la Policía Nacional será reconocida en la 
forma, con los requisitos y procedimiento que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 85. Ascensos honoríficos.
1. Cuando concurran circunstancias especiales, o en atención a méritos 
excepcionales, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, podrá 
conceder, con carácter honorífico, a los funcionarios de la Policía Nacional que hayan 
fallecido en acto de servicio o se hayan jubilado, el ascenso a la categoría inmediatamente 
superior a la que ostenten.
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2. En ningún caso, los ascensos concedidos con carácter honorífico llevarán consigo 
efectos económicos, ni serán considerados a los efectos de derechos pasivos.
Artículo 86. Funcionarios y miembros honorarios.
1. Podrá otorgarse la distinción de funcionario honorario de la Policía Nacional, con 
la categoría que se poseyera al cesar en el servicio activo, a los funcionarios del citado 
cuerpo que lo soliciten en el momento de pasar a la jubilación, siempre que se hubiesen 
distinguido por una labor meritoria y una trayectoria relevante, y hubiesen prestado como 
mínimo treinta y cinco años de servicios efectivos y carezcan en su expediente profesional 
de anotaciones desfavorables sin cancelar, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.
2. La distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a 
aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo, se hubieran distinguido 
por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo.
Artículo 87. Funcionarios jubilados.
Los Policías Nacionales que hayan perdido dicha condición por jubilación, mantendrán 
la consideración de miembro jubilado de la Policía Nacional, con la categoría que 
ostentaran en el momento de producirse aquélla. Podrán vestir el uniforme en actos 
institucionales y sociales solemnes, así como disponer del correspondiente carné 
profesional y conservar la placa emblema, previamente modificada, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine.
TÍTULO XIII
Régimen de representación y participación de los funcionarios
CAPÍTULO I
Organizaciones sindicales en la Policía Nacional
Artículo 88. Constitución de organizaciones sindicales.
1. Para constituir una organización sindical en la Policía Nacional será preciso 
depositar los estatutos de la misma, acompañados del acta fundacional, en el registro 
especial de la Dirección General de la Policía.
2. Los estatutos deberán contener, al menos, las siguientes menciones:
a) Denominación de la organización sindical.
b) Fines específicos de la misma.
c) Domicilio.
d) Órganos de representación, gobierno y administración y normas para su 
funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de cargos, que habrán de 
ajustarse a principios democráticos.
e) Requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de 
afiliados, así como el régimen de modificación de sus estatutos y disolución de la 
organización sindical.
f) Régimen económico de la organización, que establezca el carácter, procedencia y 
destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la 
situación económica.
3. Sólo se podrán rechazar, mediante resolución motivada, aquellos estatutos que 
carezcan de los requisitos mínimos a que se refiere el apartado anterior cuyos defectos no 
hubieran sido subsanados en el plazo de diez días a partir del requerimiento practicado al 
efecto.
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Artículo 89. Organizaciones sindicales representativas.
1. Aquellas organizaciones sindicales de la Policía Nacional que en las últimas 
elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido, al menos, un representante en dicho 
Consejo, o en dos de las escalas al menos el 10 % de los votos emitidos en cada una de 
ellas, serán consideradas organizaciones sindicales representativas, y en tal condición 
tendrán, además de las facultades reconocidas en el artículo 90, capacidad para:
a) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de prestación 
del servicio de los funcionarios, a través de los procedimientos establecidos al efecto.
b) Integrarse en las mesas de trabajo o comisiones de estudio que a tal efecto se 
establezcan.
2. Las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Policía Nacional 
estarán legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional 
contra las resoluciones de los órganos de selección.
3. Los representantes de dichas organizaciones sindicales representativas tendrán 
derecho:
a) A la asistencia y al acceso a los centros de trabajo para participar en actividades 
propias de su organización sindical, previa comunicación al jefe de la dependencia y sin 
que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del servicio policial.
b) Al número de jornadas mensuales que reglamentariamente se establezcan para el 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su representación.
c) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las 
funciones sindicales propias de su cargo, dentro de los límites que reglamentariamente se 
establezcan.
4. El número de representantes que la Administración tendrá que reconocer, a los 
efectos determinados en el apartado 3, estará en relación con el número de representantes 
que cada organización sindical hubiere obtenido en las elecciones al Consejo de Policía.
5. En todo caso, se reconocerá, a los solos efectos de lo previsto en este artículo, el 
derecho a un representante a aquella organización sindical que no hubiera obtenido la 
condición de representativa con arreglo al apartado 1 pero sí, al menos, el 10 % de votos 
en una escala.
6. Tendrán la condición de representantes de las organizaciones sindicales 
representativas de la Policía Nacional aquellos funcionarios que, perteneciendo a las 
mismas, hayan sido formalmente designados como tales por el órgano de gobierno de 
aquéllas, de acuerdo con sus respectivos estatutos.
Artículo 90. Organizaciones sindicales no representativas.
Las organizaciones sindicales legalmente constituidas que no hayan obtenido la 
condición de representativas, conforme a lo establecido en el artículo anterior, tendrán 
derecho a formular propuestas y elevar informes o dirigir peticiones a las autoridades 
competentes, así como a ostentar la representación de sus afiliados.
Artículo 91. Límites del derecho de sindicación y acción sindical.
El ejercicio del derecho de sindicación y el de la acción sindical por parte de los 
miembros de la Policía Nacional tendrá como límites el respeto de los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución y, especialmente, el 
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como el crédito y prestigio de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad ciudadana y de los propios 
funcionarios y la garantía del secreto profesional. Constituirán, asimismo, límites, en la 
medida en que puedan ser vulnerados por dicho ejercicio, los principios básicos de 
actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
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Artículo 92. Responsabilidad de las organizaciones sindicales.
1. Las organizaciones sindicales responderán por los actos o acuerdos adoptados 
por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias.
2. Dichas organizaciones responderán por los actos de sus afiliados, cuando aquéllos 
se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe que los 
afiliados actuaban por cuenta de las organizaciones sindicales.
Artículo 93. Ejercicio de actividades sindicales.
1. En las dependencias con más de doscientos cincuenta funcionarios, las 
organizaciones sindicales representativas tendrán derecho a que se les facilite un local 
adecuado para el ejercicio de sus actividades. En todo caso, dichas organizaciones 
tendrán derecho a la instalación en cada dependencia policial de un tablón de anuncios, 
en lugar donde se garantice un fácil acceso al mismo de los funcionarios.
2. Los funcionarios podrán celebrar reuniones sindicales en locales oficiales, fuera de 
las horas de trabajo y sin perturbar la marcha del servicio, previa autorización del jefe de 
la dependencia, que sólo podrá denegarla cuando considere que el servicio puede verse 
afectado.
3. La autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de setenta y dos 
horas, y en la misma se hará constar la fecha, hora y lugar de la reunión.
4. La resolución correspondiente deberá notificarse, al menos, veinticuatro horas 
antes de la prevista para la reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.
CAPÍTULO II
El Consejo de Policía
Artículo 94. Organización y competencias.
1. Bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en quien delegue, existirá el 
Consejo de Policía, órgano colegiado de participación con representación paritaria de la 
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional.
2. Son funciones del Consejo de Policía:
a) La mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos.
b) El estudio de propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
c) La participación en el establecimiento de las condiciones de prestación del servicio 
de los funcionarios, en particular en las referidas a la fijación de los criterios y mecanismos 
generales en materia de evaluación del desempeño y las relativas al calendario laboral, 
horarios, jornadas, vacaciones, permisos y licencias.
d) La participación en la determinación de los criterios conforme a los cuales se 
establezca el ámbito territorial donde se autorice la fijación de la residencia de los 
funcionarios.
e) La formulación de mociones y la evacuación de consultas en materias relativas al 
estatuto profesional, y en especial en lo concerniente a la fijación de los criterios generales 
en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, 
y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
f) El estudio de los criterios generales de los planes y fondos para la formación, la 
promoción interna y el perfeccionamiento.
g) El estudio de los datos relativos al personal que pasa a las situaciones de segunda 
actividad y jubilación por lesiones sufridas en acto de servicio, así como de quienes 
provenientes de segunda actividad reingresen en la situación de servicio activo.
h) La participación en el establecimiento de los criterios generales de acción social.
i) La emisión de informes en los expedientes disciplinarios que se instruyan por faltas 
muy graves contra miembros de la Policía Nacional y en todos aquellos que se instruyan 
a los representantes de los sindicatos a que se refiere esta Ley Orgánica.
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j) El informe previo de las disposiciones de carácter general que se pretendan dictar 
sobre las materias a que se refieren los apartados anteriores.
k) Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.
3. Los representantes de la Administración en el Consejo de Policía serán designados 
por el Ministro del Interior.
4. La representación de los miembros de la Policía Nacional en el Consejo se 
estructurará por escalas, sobre la base de un representante por cada 6.000 funcionarios o 
fracción de cada una de las cuatro escalas que constituyen el Cuerpo.
5. A los solos efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los funcionarios titulares 
de las plazas de facultativos y de técnicos computarán en las Escalas Ejecutiva y de 
Subinspección, respectivamente.
Artículo 95. Elecciones y mandato.
1. Se celebrarán elecciones en el seno de la Policía Nacional, a efectos de designar 
los representantes de sus miembros en el Consejo de Policía y determinar la condición de 
representativos de los sindicatos constituidos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley 
Orgánica.
Las elecciones se celebrarán por escalas, votando sus miembros una lista que 
contenga el nombre o nombres de los candidatos a representantes de la misma, mediante 
sufragio personal, libre, directo y secreto. Los funcionarios titulares de las plazas de 
facultativos y de técnicos concurrirán, como electores y elegibles, con los de las Escalas 
Ejecutiva y de Subinspección, respectivamente.
2. Los candidatos a la elección podrán ser presentados por los sindicatos de 
funcionarios o por las agrupaciones de electores de las distintas escalas legalmente 
constituidas, mediante listas nacionales para cada una de las escalas.
Las listas contendrán tantos nombres como puestos a cubrir, más igual número de 
suplentes.
3. Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el 
número de Consejeros que le correspondan, de conformidad con el cociente que resulte 
de dividir el número de votantes por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su 
caso, se atribuirán a las listas en orden decreciente, según el resto de los votos de cada 
una de ellas.
4. La duración del mandato de los Consejeros será de cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos en sucesivos procesos electorales.
En caso de producirse vacante, por cualquier causa, en la representación de los 
funcionarios en el Consejo de Policía, se cubrirá automáticamente por el candidato que 
ocupe el puesto siguiente en la lista respectiva.
5. Reglamentariamente se establecerán las normas complementarias que sean 
precisas para la convocatoria de las elecciones, el procedimiento electoral y, en general, 
para el funcionamiento del Consejo de Policía.
CAPÍTULO III
Régimen de representación y participación en materia de prevención 
de riesgos laborales
Artículo 96. Delegados de prevención.
1. El régimen de representación y participación de los funcionarios de la Policía 
Nacional en relación con la prevención de riesgos laborales se regula a través de la 
normativa específica de dicho Cuerpo en esta materia, aplicando los principios y criterios 
contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. La representación y participación de los funcionarios se canalizará a través de los 
delegados de prevención, designados por las organizaciones sindicales con arreglo a la 
representatividad obtenida en las elecciones al Consejo de Policía.
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Artículo 97. Órganos paritarios de participación.
Los órganos colegiados de participación con representación paritaria de la 
Administración y de los representantes de los Policías Nacionales, en materia de 
prevención de riesgos laborales son la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial, a 
nivel nacional, y los Comités de Seguridad y Salud, a nivel de Jefatura Superior de Policía 
y del conjunto de los servicios centrales.
Disposición adicional primera. Reconocimiento de trienios.
Los trienios que se hubieran perfeccionado en cualquiera de las Escalas Ejecutiva, 
Subinspección o Básica antes del 20 de octubre de 1994 en el caso de la Escala Ejecutiva, 
y del 30 de diciembre de 1995 en el caso de las Escalas de Subinspección y Básica, se 
valorarán de acuerdo con el subgrupo de clasificación al que pertenecía el funcionario, de 
entre los previstos en su momento en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. Dicha valoración se tendrá en cuenta a 
efectos reguladores de derechos pasivos.
Disposición adicional segunda. Reservistas voluntarios.
Los Policías Nacionales no podrán ostentar la condición de reservista voluntario 
regulada en el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 383/2011, de 18 de marzo.
Disposición adicional tercera. Nombramiento de puestos con nivel orgánico de 
Subdirector General y Jefes Superiores de Policía.
Los puestos directivos de la Policía Nacional con nivel orgánico de Subdirector General 
y los de Jefe Superior de Policía sólo podrán ser ocupados por quienes posean la titulación 
exigida para acceder al subgrupo de clasificación en que se integra la Escala Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 17.4.
Disposición adicional cuarta. Ingreso en la Policía Nacional por funcionarios de carrera 
de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas.
1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades 
autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a 
la que ostenten en su cuerpo de procedencia, en los términos y conforme a las condiciones 
que reglamentariamente, y con participación de las organizaciones sindicales 
representativas, se determinen, siempre que cumplan los requisitos generales exigidos en 
el artículo 26 y posean la titulación requerida para el acceso a cada escala.
2. Para determinar la equivalencia entre las escalas y categorías de los distintos 
cuerpos policiales, a los efectos de lo establecido en el apartado anterior, habrá de tenerse 
en cuenta la escala o categoría en la que se encuentra el aspirante en su cuerpo de 
origen, grado personal consolidado y nivel de complemento de destino del último puesto 
desempeñado.
Disposición adicional quinta. Referencias normativas.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, las referencias al Cuerpo Nacional 
de Policía contenidas en la legislación vigente se considerarán hechas, igualmente, a la 
Policía Nacional.
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Disposición adicional sexta. Categoría profesional superior eventual en servicios en 
misiones en organismos internacionales.
Los Policías Nacionales que realicen servicios en misiones u organismos 
internacionales podrán recibir una categoría profesional eventual superior a la que 
ostenten, mientras dure su servicio en dichas misiones u organismos.
En ningún caso supondrá la consolidación de dicha categoría profesional eventual ni 
el cobro de los haberes de la misma.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de exigencia de titulaciones.
Las titulaciones a que se refiere el artículo 41.3 para acceder por promoción interna a 
la categoría superior a la que se ostente, se exigirán una vez transcurridos cinco años 
desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica.
La Dirección General de la Policía llevará a cabo las actuaciones necesarias, tendentes 
a facilitar la obtención de las titulaciones referidas en el párrafo anterior por parte de los 
Policías Nacionales que no estuvieran en posesión de las mismas, con el fin de posibilitar 
su promoción interna.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de permanencia en la situación de 
segunda actividad con destino.
1. Los Policías Nacionales que, a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, se 
encuentren en la situación de segunda actividad con destino, podrán seguir ocupando los 
puestos de trabajo que desempeñen hasta su cese por las causas establecidas en la 
normativa vigente.
2. Durante ese tiempo estarán sujetos al régimen disciplinario y de incompatibilidades 
previstos para los Policías Nacionales que estén en servicio activo.
3. Mientras permanezcan en esta situación percibirán la totalidad de las retribuciones 
generales que correspondan al personal de su categoría en activo, las de carácter personal 
que tengan reconocidas o perfeccionen y, además, las específicas inherentes al puesto de 
trabajo que desempeñen y, si procede, el complemento de productividad.
Si las retribuciones totales fuesen inferiores a las que se venían percibiendo en la 
situación de activo en el momento de producirse el pase a la situación de segunda 
actividad por el desempeño de puestos ocupados en virtud de concurso, se percibirá, 
además, un complemento personal y transitorio en la cuantía suficiente que permita 
alcanzar aquéllas.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de pase a la situación de segunda 
actividad.
1. Con independencia del régimen de pase a la situación de segunda actividad fijado 
en esta Ley Orgánica, los Policías Nacionales podrán pasar a dicha situación en las 
condiciones que se determinan en los siguientes apartados, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en los mismos.
2. Los Policías Nacionales que se hallasen en servicio activo a fecha 31 de diciembre 
de 2001, podrán optar, de forma expresa e individualizada, por pasar a segunda actividad 
en cualquier momento, a partir del cumplimiento de la edades reflejadas a continuación, 
que para cada Escala venían establecidas en la redacción original del artículo 4 de la 
Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad 
en el Cuerpo Nacional de Policía, vigente en aquella fecha.
a) Escala Superior: 60 años.
b) Escala Ejecutiva: 56 años.
c) Escala Subinspección: 55 años.
d) Escala Básica: 55 años.
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3. Igualmente, los funcionarios no afectados por lo establecido en el número anterior 
por no encontrarse en activo en la fecha prevista en el mismo, y que a fecha 20 de 
septiembre de 2011 se hallasen en dicha situación, podrán optar, de forma expresa e 
individualizada, por pasar a segunda actividad en cualquier momento a partir del 
cumplimiento de las edades reflejadas a continuación, las cuales venían establecidas en 
la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, en la redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
a) Escala Superior: 62 años.
b) Escala Ejecutiva: 58 años.
c) Escala Subinspección: 58 años.
d) Escala Básica: 58 años.
4. Aquellos funcionarios que se encontrasen en excedencia en sus distintas 
modalidades, servicios especiales, servicio en comunidades autónomas o suspensión 
provisional o firme de funciones, podrán ejercer la opción señalada cuando cesen las 
causas que motivaron tal situación.
5. A los efectos señalados en la presente disposición, la Dirección General de la 
Policía remitirá a cada funcionario una comunicación expresa sobre la fecha en la que, 
según su categoría, le correspondería el pase a la situación de segunda actividad conforme 
a las distintas edades establecidas en la presente disposición.
Se entenderá que el funcionario se acoge automáticamente a la opción de continuar 
en servicio activo que le corresponda, de entre las previstas en esta disposición, si en el 
plazo de un mes desde la recepción de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, 
no hubiere manifestado por escrito su voluntad de pasar a la situación de segunda 
actividad.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de permanencia en el servicio activo 
de los miembros de la Policía Nacional acogidos a la opción del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 14/2011.
Los funcionarios de la Policía Nacional que, acogiéndose a la opción prevista en el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias 
en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, hubieran optado por permanecer en servicio activo, 
podrán continuar en esa situación hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco años de 
edad, siempre que reúnan las adecuadas condiciones exigidas para el desempeño de las 
funciones atribuidas.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de los funcionarios de la Policía 
Nacional que ostentan la condición de reservista voluntario.
Los funcionarios de la Policía Nacional que, a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, 
ostenten la condición de reservista voluntario podrán conservar la misma hasta su pérdida 
por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente en la materia.
Disposición transitoria sexta. Validez de los títulos universitarios oficiales correspondientes 
a la anterior ordenación.
Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores 
a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, mantendrán todos sus efectos 
académicos a los efectos del ingreso y la promoción en la Policía Nacional.
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Disposición transitoria séptima. Normativa vigente de desarrollo.
Hasta que se dicten las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley Orgánica, 
seguirán siendo de aplicación las normas vigentes, en tanto no se opongan a lo establecido 
en la misma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes normas:
a) Los artículos 16 al 26 del capítulo IV del título II y las disposiciones adicionales 
primera, segunda, sexta y séptima de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.
b) Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda 
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.
c) La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de 
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
d) El artículo 4 y la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 14/2011, 
de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de 
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
e) El Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, aprobado por el 
Decreto 2038/1975, de 17 de julio.
f) El Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, por el que se regula la concesión de 
ascensos honoríficos en el Cuerpo Nacional de Policía.
2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta Ley Orgánica.
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se modifica en los siguientes términos la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
Uno. La disposición final quinta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final quinta. Régimen específico del sistema de provisión de puestos 
de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado 
de Seguridad.
Por razones de confidencialidad y seguridad de la información, se habilita al 
Gobierno para que regule las especificidades del sistema de provisión de puestos 
incluidos en los catálogos de puestos de trabajo de aquellas unidades que dependan 
de la Secretaría de Estado de Seguridad y no dispongan de normativa específica en 
los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.
Dichas especificidades se referirán, en su caso, al procedimiento de valoración 
de los méritos en los concursos de provisión de los puestos y al régimen de 
publicidad, incluyendo las eventuales restricciones al mismo y las garantías de los 
derechos de los interesados.
La determinación del sistema de provisión de dichos puestos como de concurso 
o libre designación se efectuará atendiendo a las razones de confidencialidad y 
seguridad anteriormente señaladas.»
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Núm. 180  Miércoles 29 de julio de 2015  Sec. I.   Pág. 64474
Dos. La actual disposición final quinta pasa a ser la nueva disposición final sexta, con 
la siguiente redacción:
«Disposición final sexta. Carácter de ley orgánica.
Tienen el carácter de ley orgánica los preceptos que se contienen en los 
títulos I, III, IV y V y en el título II, salvo los artículos 10, 11.2 a 6 y 12.1, la disposición 
adicional tercera y las disposiciones finales, excepto la disposición final quinta.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del 
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía, queda modificada de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el párrafo d) del artículo 8 y se incorpora un párrafo z) quáter en 
dicho artículo:
«d) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la 
dependencia donde estuviera destinado, o en la más próxima, en los casos de 
declaración de los estados de excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso 
de alteración grave de la seguridad ciudadana; o, en los casos de declaración del 
estado de alarma, la no presentación cuando sean emplazados para ello, de 
acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente.»
«z) quáter. Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas muy graves que, 
de acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación 
de graves, y sin que estas a su vez puedan ser calificadas como faltas leves.»
Dos. Se incorpora el párrafo n) al artículo 9.
«n) Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas graves que, de acuerdo 
con los criterios que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de leves.»
Tres. El apartado 4 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«4. El cumplimiento de los plazos de prescripción de la sanción conlleva la 
cancelación de oficio de las correspondientes anotaciones en el expediente personal 
conforme a lo previsto en el artículo 50 y su notificación a los interesados.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
El apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
queda redactado del siguiente modo:
«5. Para el ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional se reservará un 
máximo del 20 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y 
marinería que lleven 5 años de servicios como tales.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral de las Víctimas del Terrorismo, en los siguientes términos:
Uno. El número 6 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«6. Los familiares de los fallecidos y de los heridos que hayan sufrido lesiones 
incapacitantes en sus distintos grados, hasta el segundo grado de consanguinidad, 
así como las personas que, habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan 
resultado ilesas, a efectos honoríficos y de condecoraciones, sin derecho a 
compensación económica alguna.»
cve: BOE-A-2015-8468
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Dos. El apartado 2 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«2. Esta acción honorífica se otorga con el grado de Gran Cruz, a título 
póstumo, a los fallecidos en actos terroristas; con el grado de Encomienda, a los 
heridos y secuestrados en actos terroristas; y con el grado de Insignia, a los que 
tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al 
cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los 
padres y los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los fallecidos, así como 
a los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus 
distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social.
Se modifica la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social, adicionando una nueva letra al apartado cinco del artículo 18, con la 
siguiente redacción:
«d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados 
en el presente artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos 
como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia 
judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal 
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de 
afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en el sentido siguiente:
Uno. Se modifica el título del artículo 49 y se adiciona un párrafo f) al mismo, en los 
siguientes términos:
«Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas del terrorismo y sus 
familiares directos.»
«f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social 
integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 
consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación 
de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la 
condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación 
vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de 
sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, 
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos 
que establezca la Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea 
por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 
reglamentariamente.»
cve: BOE-A-2015-8468
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Dos. El artículo 79 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal 
funcionario de carrera.
1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, 
consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de 
los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos 
órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus 
miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su 
funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 
Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por 
concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de 
trabajo.
3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, 
como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, 
para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los 
términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se 
acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de 
protección y asistencia social integral de estas personas.
Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán 
los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo 
caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el 
informe del Ministerio del Interior.
4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso 
se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional 
propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho 
sistema.»
Tres. Se añade un artículo 82 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 82 bis. Movilidad por razón de violencia terrorista.
Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, 
los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de 
la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga 
relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten 
la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 
legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del 
artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del 
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de 
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, 
dentro de la Comunidad Autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración 
Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la 
misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para 
la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea 
por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.»
cve: BOE-A-2015-8468
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Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 89 y se añade un apartado 6 al mismo, 
en los siguientes términos:
«1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.»
«6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 
consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos 
del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del 
Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un 
periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de 
género.
Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte 
necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya 
sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 
reglamentariamente.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Se modifica el artículo 30 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de 
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en los siguientes términos:
«Artículo 30. Defensa y seguro de responsabilidad civil.
1. La administración está obligada a proporcionar a los Guardias Civiles 
defensa y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier 
orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, en 
los términos que reglamentariamente se establezca.
2. La administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra 
garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías 
derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Guardias 
Civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en 
el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.»
Disposición final octava. Título competencial.
Esta Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
Disposición final novena. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de esta ley orgánica.
Disposición final décima. Carácter de ley orgánica.
Tienen el carácter de ley orgánica los artículos 1, 2.1 y 3 del título preliminar, los 
títulos II, III y XIII, los apartados 1, a) y c), de la disposición derogatoria única y la disposición 
final segunda.
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Disposición final undécima. Entrada en vigor. 
Esta Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto el apartado uno de la disposición final primera, que lo hará el 
día siguiente al de dicha publicación.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley orgánica.
Madrid, 28 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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