I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
22685 Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a 
la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 
vulnerabilidad.
I
La invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada a finales de febrero está 
generando importantes consecuencias en todos los órdenes, tanto desde el punto de 
vista humanitario como económico. España, fiel a su compromiso de apoyar al pueblo 
ucraniano, ha prestado un importante apoyo financiero, principalmente a través de las 
instituciones multilaterales y la UE, y ha ido implementando las medidas necesarias para 
garantizar una adecuada gestión de la situación migratoria y la acogida y atención a las 
necesidades de los refugiados. Con la finalidad de afrontar las consecuencias en España 
de la guerra en Ucrania, el Gobierno ha puesto en marcha desde la primavera un Plan 
Nacional de respuesta con medidas tanto normativas como no normativas, que se han 
ido adaptando a la evolución de la situación económica y social para tratar de anticipar 
los posibles problemas, evitar los escenarios más negativos y maximizar el impacto.
Así, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta norma tenía como objetivos básicos 
la contención de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el 
apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la 
estabilidad de precios. Se trataba de limitar los costes económicos y sociales de la 
distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso 
inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza 
temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la 
creación de empleo de calidad. Entre las medidas adoptadas, cabe señalar la bajada de 
los impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un 
escudo social para apoyar especialmente a los colectivos más vulnerables, además de 
importantes ayudas a los sectores productivos más afectados por el alza de los precios 
de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, las industrias 
electro y gas intensivas. Además, se adoptó un importante incremento de las 
prestaciones sociales (Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas) y otras 
medidas de protección para los colectivos más vulnerables.
Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, estableció un mecanismo 
de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista, conocido como «solución ibérica», que ha llevado a una importante 
reducción de los costes de la electricidad en España y Portugal, protegiendo a la 
economía y la sociedad de parte de los efectos de la guerra en este ámbito.
El mantenimiento del conflicto bélico y de sus efectos sobre el nivel general de 
precios llevó a que se aprobará un segundo paquete, mediante el Real Decreto-
ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma. Mediante esta norma, no solo se prorrogaban 
las principales medidas temporales para reducir los precios de la energía, la inflación y 
proteger a los colectivos más vulnerables, incluidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, sino que, además, se incorporaron importantes medidas adicionales, como la 
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congelación del precio de la bombona de butano, la subvención de hasta un 30% de los 
títulos transporte multiviaje de transporte público o previsiones orientadas a incrementar 
el apoyo público al seguro agrario.
En cuarto lugar, Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, adoptó un conjunto de 
medidas de cara al verano y otoño, orientadas a promover el ahorro energético y 
contener la inflación, entre las que destaca la gratuidad del transporte público de media 
distancia por ferrocarril y el incremento de la línea de ayudas directas para el transporte 
urbano y por carretera. Mediante Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, se 
acordó la bajada del IVA del gas natural.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, reforzó este catálogo 
de medidas para reforzar el ahorro y preparar la economía española de cara al invierno. 
Entre estas medidas, cabe señalar la posibilidad de que las comunidades de vecinos 
puedan acogerse a la tarifa de último recurso de gas natural.
Estos cinco paquetes de medidas han supuesto un importante esfuerzo fiscal que se 
ha cubierto sin menoscabo del cumplimiento de objetivos de reducción del déficit y la 
deuda pública mediante una gestión eficiente del presupuesto aprobado. Durante 2022, 
se han movilizado unos 30.000 millones de euros de recursos públicos para cubrir las 
subvenciones al combustible y el transporte público, las bajadas de impuestos directos e 
indirectos, proporcionar ayudas directas a las empresas, aumentar las prestaciones para 
los colectivos más vulnerables (como el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no 
contributivas) y dar un cheque de apoyo a las familias de clase media.
La incertidumbre ligada a la duración de la guerra y a la persistencia de las presiones 
al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios, 
sigue afectando al conjunto de la economía europea y mundial.
Las medidas adoptadas hasta ahora han probado su eficacia atendiendo a la 
evolución de la inflación y las principales variables económicas a lo largo del año. En 
efecto, la inflación ha bajado cuatro puntos en cuatro meses desde el pico del mes de 
julio, mientras que las medidas de apoyo a las familias de menor renta han permitido 
compensar unos 3,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo, impidiendo un deterioro 
de los indicadores de desigualdad. El descenso registrado desde el mes de agosto ha 
colocado la tasa de inflación española por debajo de la media de la zona euro, mientras 
que el mantenimiento hasta ahora de una senda de fuerte aumento de la actividad real y 
del empleo, el sector exterior y la reducción del déficit y la deuda públicos, evidencian la 
solidez de la economía española en este entorno exterior y energético tan complejo.
En los últimos meses los precios energéticos se han venido moderando, siendo 
remplazados como factores de aumento del nivel general de precios por otros bienes 
fundamentales como los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios. Este 
aumento de precios, que se explica principalmente por el impacto de la guerra sobre 
cadenas de suministro y producción globales y por los aumentos previos del precio de la 
energía, es especialmente relevante en los alimentos, existiendo productos de primera 
necesidad, como la harina, la mantequilla o el azúcar que han experimentado 
incrementos cercanos al 40% interanual. Además, aunque recientemente se ha venido 
moderando el precio del gas natural y los carburantes, persisten importantes elementos 
que pueden llevar a que se revierta esta tendencia durante 2023.
En este escenario, resulta necesario seguir adoptando medidas para evitar que se 
produzca un efecto rebote de la inflación a la vez que se protege a los colectivos más 
afectados y vulnerables, todo ello sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
fiscales para 2023.
Para ello, con este real decreto-ley se adopta un sexto paquete de medidas, 
movilizando unos 10.000 millones de euros de recursos públicos para articular la 
respuesta de política económica frente a la guerra de Ucrania a partir del 1 de enero 
de 2023, adaptándola al contexto de inflación actual, concentrando su actuación en los 
colectivos vulnerables del incremento en el precio de los alimentos y otros bienes de 
primera necesidad y en los sectores más afectados por la subida de la energía. En 
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suma, se trata de seguir manteniendo un uso eficiente de los recursos públicos, 
aumentando su impacto.
Con el fin de seguir teniendo un enfoque flexible, que permita adaptar la respuesta a 
la evolución de la situación geopolítica, económica y social, se prevé que la mayoría de 
medidas tengan una duración de seis meses, aunque algunas (por ejemplo, la bajada de 
impuestos sobre la energía) se extienden durante todo el ejercicio 2023 con el fin de 
proporcionar un marco estable para la toma de decisiones económicas y en algunos 
casos se establece un mecanismo transitorio para su progresiva retirada sin generar 
ninguna disrupción en los sectores afectados.
Las medidas del real decreto-ley se orientan a contener los precios y apoyar a los 
ciudadanos y empresas más afectados en cinco ámbitos principales: (i) energía (ii) 
alimentos (iii) transporte (iv) industria gas intensiva (v) estabilidad económica y financiera 
(vi) escudo social. Adicionalmente, se incluyen medidas dirigidas a extender la 
protección a las familias y empresas afectadas todavía por la erupción de la isla de La 
Palma así como otras medidas de carácter urgente.
Estas ayudas, y la consiguiente bajada de los costes de producción, deberán 
repercutirse en los precios intermedios y finales, beneficiando así a toda la cadena de 
valor y, en última instancia, a los consumidores.
II
En primer lugar, el presente real decreto-ley introduce medidas en materia fiscal en el 
ámbito de la energía.
Habida cuenta de que la situación generada por el incremento de los precios del gas 
natural persiste, se considera oportuno prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2023, la 
reducción al 5 por ciento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
recae sobre todos los componentes de la factura de las entregas de gas natural, así 
como de las entregas de briquetas o «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera 
para leña utilizados como combustible en sistemas de calefacción, con el objeto de 
minorar su importe.
En relación con el IVA, este real decreto-ley incluye también una prórroga de la 
aplicación del tipo impositivo del 5 por ciento a determinados suministros de energía 
eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2023 para reducir la factura eléctrica de los 
hogares.
De igual modo, esta norma incorpora una prórroga de la medida consistente en la 
aplicación del tipo impositivo del 0,5 por ciento del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad; medida esta cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2023.
Adicionalmente, se considera necesario prorrogar la suspensión temporal, hasta 
el 31 de diciembre de 2023, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. Dicha suspensión, introducida inicialmente para el tercer trimestre de 2021 por 
el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre 
gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, y, desde entonces, 
extendida en sucesivas ocasiones hasta el segundo semestre de 2022, ha servido como 
instrumento de amortiguamiento de la escalada de precios mayoristas de electricidad. De 
esta forma, mediante dicha suspensión, los productores de electricidad, en tanto que 
sujetos obligados de dicho tributo, podrán seguir ofertando precios más competitivos que 
redunden favorablemente en los consumidores al verse reducido uno de sus costes 
operativos. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensará al sistema 
eléctrico por el importe equivalente a la reducción de recaudación consecuencia de esta 
medida, limitando este importe al mínimo necesario para asegurar el mencionado 
equilibrio entre los ingresos y los gastos asociados a los cargos del sistema eléctrico 
hasta el 31 de diciembre de 2023.
En segundo lugar, se extienden durante todo 2023 las medidas para, para garantizar 
un suministro mínimo, en materia energética, el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, 
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por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a 
aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, ya acordó dar 
continuidad a la intensa batería de instrumentos normativos que habían sido aprobados 
durante la pandemia del COVID-19 para combatir la pobreza energética.
En particular, destaca la prohibición del corte suministro eléctrico, también extendido 
al suministro de agua y gas natural, a aquellos consumidores en los que concurriese la 
condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
Si bien el contexto sanitario ha sufrido una favorable evolución en comparación con 
aquel que precipitó la aprobación de dichas medidas, otros desafíos derivados de la 
crisis energética han aflorado en los últimos meses, principalmente vinculados a la 
escalada de precios en los productos energéticos y otros componentes de la cesta de 
consumo de las familias.
Si bien los sucesivos paquetes de medidas adoptados en el curso de 2022 han 
permitido contrarrestar el incremento de los precios, todavía se encuentran por encima 
de niveles razonables, por lo que se juzga conveniente seguir prorrogando aquellas 
medidas que permiten proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad energética, 
de tal forma que estos tengan garantizado el acceso a los suministros básicos.
Asimismo, para evitar las graves consecuencias que tendría un escenario de 
repercusión del alza de los hidrocarburos para los consumidores finales, especialmente 
aquellos vulnerables, se considera necesario prorrogar la limitación del precio máximo de 
los gases licuados del petróleo (bombona de butano) hasta el 30 de junio de 2023, 
manteniendo la misma previsión de recuperar los incrementos no repercutidos en 
posteriores revisiones.
En tercer lugar, además de las bajadas de impuestos, se adoptan medidas para 
rebajar los cargos, cánones y peajes del sistema eléctrico, para flexibilizar los contratos y 
actualizar los regímenes retributivos, con una atención especial al alivio de costes de la 
industria electro y gas-intensiva.
El artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, configuró un mecanismo 
de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electro-intensiva basada en la 
reducción del 80 por ciento de los peajes que debían soportar dichos consumidores en 
sus facturas finales. Dicha medida, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2022, tenía 
por objeto contribuir a aliviar la presión de precios soportada por estas industrias.
Puesto que la coyuntura económica que motivó la aprobación de este mecanismo 
persiste en términos generales, se juzga necesario prorrogarlo hasta el 30 de junio 
de 2023, a fin de que las industrias afectadas puedan verse beneficiadas del descuento 
en peajes que supone este instrumento regulatorio, el cual, sumado a las restantes 
medidas en vigor, garantiza el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo 
asociado a esta.
El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, incrementó las obligaciones de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los comercializadores de gas 
natural y consumidores directos en mercado de 20 a 27,5 días de consumo firme.
Al objeto de reducir el impacto económico derivado de la inmovilización de este 
volumen de gas en un momento de altos precios internacionales, mediante la disposición 
transitoria segunda de dicho real decreto-ley se determinó que toda la capacidad de 
almacenamiento subterráneo contratada destinada a almacenar gas por encima de la 
obligación de 20 días de consumo firme, quedaría exenta del pago del canon de 
almacenamiento subterráneo durante el ciclo anual de inyección que daba comienzo el 1 
de abril de 2022 y terminaba el 31 de marzo de 2023. Esta exención estaba sujeta a la 
obligación de llenar al 100% la capacidad contratada destinada al almacenamiento de 
los 7,5 días adicionales y al 90% la capacidad contratada por encima de los 27,5 días 
el 1 de noviembre.
El 29 de junio de 2022, la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2022/1032 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 por el que se modifican los 
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Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.º 715/2009 en relación con el almacenamiento de 
gas, imponiendo a los Estados miembros la obligación de alcanzar un nivel de llenado 
del 80% de los almacenamientos subterráneos el 1 de noviembre de 2022 y del 90% en 
la misma fecha de 2023.
Esta nueva obligación de alcanzar un 90% de llenado el 1 de noviembre de 2023 va 
a suponer que los comercializadores y consumidores directos tendrán que almacenar un 
volumen de gas superior a los actuales 27,5 días de consumo firme, en concreto esta 
obligación superará los 30 días.
En consecuencia, para el ciclo de inyección-extracción 2023-2024, el coste de la 
obligación de existencias va a superar el actual, por lo que no estaría justificado eliminar 
la exención actual del peaje de almacenamiento. Por ello, se procede a prorrogar la 
medida incluida en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, hasta 31 de marzo de 2024.
No obstante incluir dicha disposición una habilitación para la prórroga de la medida 
mediante orden ministerial, se hace necesario incluir esta prórroga en una norma con 
rango de ley, ya que el objeto de la exención ya no es ahora el volumen fijo de 7,5 días 
de consumo, sino los días equivalentes a la que correspondan a la obligación de llenado 
del 90%.
La disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 29/2021 de 21 de diciembre, 
establecía una serie de medidas de flexibilización de contratos de suministro de gas 
natural con objeto de proteger al sector industrial ante el incremento de precios.
El artículo 6 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a 
la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio 
del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales 
afectadas por la sequía, prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación de 
esta medida de flexibilización (medida 49 del Plan +SE), que ya fue previamente 
ampliada en virtud de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo.
Adicionalmente, el referido Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, ampliaba el 
ámbito subjetivo de esta flexibilización a los puntos de suministro de gas natural 
titularidad de autónomos con objeto de reforzar la protección a este colectivo, 
independientemente de su consumo.
Las citadas medidas de flexibilización de contratos de suministro de gas natural, en 
la redacción original del referido Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, 
condicionaban su aplicación al mantenimiento durante diez sesiones diarias del precio 
del gas natural por debajo de un determinado valor. Los mercados de hidrocarburos, y en 
particular los del gas natural, están viéndose sometidos a una volatilidad sin precedentes 
que dificultan la aplicación de mecanismos vinculados a niveles concretos de precios, 
por lo que resulta necesario introducir mediante este real decreto-ley una modificación de 
la redacción de esta medida, de manera que la flexibilización de los contratos pueda ser 
de aplicación durante todo el restante ámbito temporal con independencia de la 
evolución de los índices de precio del gas natural.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, modificó el artículo 38 
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural, para limitar la duración de los contratos en el mercado 
liberalizado a un año prorrogable, estableciendo asimismo una penalización máxima por 
rescisión anticipada para los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso.
La duración de los contratos limita la capacidad de cambio de comercializador y 
puede suponer costes elevados de suministro a consumidores que han de esperar a su 
finalización para poder contratar ofertas más ventajosas. Como medida de protección de 
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los consumidores, en el citado real decreto-ley se limitó la duración de los contratos a un 
año prorrogable, sin ninguna distinción.
Sin embargo, no es razonable aplicar la misma limitación a los consumidores 
industriales, que disponen de suficiente información como para valorar las repercusiones 
económicas de la duración del contrato de suministro. Limitar la duración de este tipo de 
contratos puede suponer que estos consumidores no puedan disfrutar de ofertas más 
competitivas asociadas a periodos de suministro más largos.
Asimismo, se modificó el artículo 40 del citado Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, para establecer que, en todo caso, los servicios adicionales que hubiesen 
sido contratados por el consumidor junto con el suministro de gas natural debieren ser 
rescindidos a la vez que el suministro de gas natural, salvo que el consumidor indicase 
expresamente lo contrario en el momento de la finalización del contrato.
Se hace necesario precisar que dicha medida es aplicable exclusivamente a los 
consumidores domésticos, para los que esta obligación podría ser una dificultad para el 
cambio de suministrador. Para el resto de consumidores industriales, se considera que 
estos disponen de suficiente información como para decidir la duración de los servicios 
adicionales que contraten.
Por su parte, el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, regula los procesos de revisión y actualización periódica de los parámetros 
retributivos del régimen retributivo específico. Antes de cada periodo regulatorio, de seis 
años de duración, se podrá revisar y actualizar cualquiera de los parámetros retributivos, 
a excepción de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. 
Adicionalmente, antes de cada semiperiodo regulatorio, de tres años de duración, se 
podrán revisar las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, 
valorada al precio del mercado de producción. De esta forma, se prevé que pueda ser 
revisada de forma más frecuente una de las variables que tiene una influencia relevante 
en los valores de la retribución a la inversión y retribución a la operación y que, además, 
tiene una alta volatilidad. Asimismo, prevé que al menos anualmente se actualicen los 
valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de 
explotación dependan esencialmente del precio del combustible, ya que este 
componente de la estructura de costes también tiene una alta volatilidad.
Desde la aprobación del régimen retributivo específico, las revisiones antes citadas 
se han realizado según lo previsto mediante la aprobación de la Orden ETU/130/2017, 
de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones 
tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE), a efectos de su 
aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017, de la 
Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio, que tiene su inicio el 1 de 
enero de 2020, y del resto de órdenes de actualización semestral de la retribución a la 
operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible.
El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, actuó de forma urgente para revisar los 
parámetros retributivos del régimen retributivo específico para el año 2022. Además, 
previó que la revisión de parámetros del año 2022 se realizará de manera adicional a las 
revisiones previstas en la normativa, de modo que se mantiene la revisión que se 
realizará antes del semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2023.
El artículo 5.5.c) de dicho real decreto-ley establece que la estimación del precio del 
combustible para los dos semestres del año 2022 se llevará a cabo considerando las 
variaciones semestrales del coste de las materias primas y, en su caso, de los peajes de 
acceso previstas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la 
metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con 
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régimen retributivo específico. Sin embargo, no indica cómo se realizará la estimación 
del precio del combustible a partir del 1 de enero de 2023.
Por ello, en este real decreto-ley se establece con precisión cómo se debe realizar la 
estimación del precio del combustible a partir del 1 de enero de 2023 y hasta que sea de 
aplicación la nueva metodología de actualización de la retribución a la operación, de 
forma que proporcione seguridad jurídica a los titulares de las instalaciones cuyos costes 
dependen esencialmente del precio del combustible. De no llevarse a cabo esta 
precisión, los titulares de las instalaciones podrían verse inducidos a parar sus 
instalaciones, lo que tendría un impacto negativo por aumento del coste del mecanismo 
de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, ya que 
estas instalaciones, mayoritariamente cogeneraciones, serían sustituidas por ciclos 
combinados. Además, en determinadas circunstancias en las que la producción 
renovable es muy baja se tensionaría la seguridad de suministro, todo lo cual supondría 
un efecto negativo sobre la industria asociada.
Con el fin de contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, se 
aprueba un crédito extraordinario de 2.000 millones de euros para cubrir los costes 
financiados por los cargos que corresponden al ejercicio 2022. Con esta aportación de 
carácter extraordinario se pretende compensar el déficit del sistema eléctrico y contribuir 
al equilibrio del mismo.
La situación de altos precios de la electricidad ha hecho que se produzca un fuerte 
descenso en los cargos del sistema eléctrico, en tanto que los elevados precios del CO2 
ha tenido como efecto ingresos extraordinarios en el ejercicio 2022, lo que hace prever 
que este año se pueda saldar con un cierto superávit en lo relativo a cargos.
Si una vez realizada la última liquidación provisional, la conocida como 
«liquidación 14», se estima que pudiera haber un superávit, y si este fuera superior a los 
costes adicionales que pudieran aflorar entre la liquidación 14 y la liquidación de cierre, 
parece prudente inyectarlos en las liquidaciones del ejercicio 2023 con el fin de evitar 
tensiones en la tesorería de los sujetos de liquidaciones en el año 2023.
No obstante, lo anterior, si por circunstancias sobrevenidas finalmente fuesen 
necesarios más fondos para 2022, la disposición prevé un mecanismo que revierta dicho 
trasvase de fondos en caso de ser necesario.
Se modifica el procedimiento de liquidación con las comercializadoras de último 
recurso del déficit ocasionado por las medidas del artículo 2.10 del Real Decreto-
ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo 
de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, de 
forma que los abonos a las empresas tengan carácter trimestral.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida de protección a los 
consumidores, de carácter temporal y excepcional, se justifica ante la imprevisibilidad, 
gravedad e inmediatez de la coyuntura actual, y tiene por objeto modificar la forma de 
abonar el déficit generado por la medida a los comercializadores de último recurso.
La coyuntura actual de elevados precios del gas natural y de volatilidad ha llevado al 
gobierno a tomar medidas para reducir el impacto sobre el precio del mercado eléctrico, 
destacando en primer lugar la aprobación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se revisan los parámetros del régimen retributivo específico para el año 2022; 
la creación del mecanismo de ajuste del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo; y 
finalmente, la aprobación del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que 
se regula la renuncia al régimen retributivo específico para la participación en el citado 
mecanismo.
Determinadas instalaciones de valorización energética de residuos utilizan 
parcialmente gas natural como combustible junto con los residuos para generar 
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electricidad, prestando un servicio público y esencial de gestión de los residuos urbanos, 
contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.
A pesar de que los costes de operación de estas instalaciones están asociados al 
coste del gas natural, éstas no están consideradas como «instalaciones cuyos costes de 
explotación dependen esencialmente del precio del combustible», ya que en un contexto 
de normalidad de los mercados energéticos el coste del gas no es mayoritario y tienen 
capacidad para cubrir la compra de gas natural a largo plazo.
El mecanismo de ajuste del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, no incluye a 
estas instalaciones en su ámbito de aplicación, afectándoles la disminución de precio 
eléctrico que consigue este mecanismo, pero asumiendo el incremento del coste del gas 
natural.
Por tanto, resulta necesario, de manera temporal, mientras se mantenga la situación 
de altos precios de gas natural, una actuación para que estas instalaciones puedan 
seguir funcionando, evitando el impacto medioambiental derivado de su parada a partir 
del 1 de enero de 2023. Esto se lleva a cabo mediante la inclusión de este tipo de 
instalaciones en el ámbito de aplicación del mecanismo de ajuste, a la vez que se les 
permite renunciar al régimen retributivo específico para participar en el mismo.
En cuarto lugar, se adoptan medidas para facilitar el despliegue de renovables y el 
autoconsumo, en línea con las medidas de agilización de los permisos recientemente 
adoptadas a nivel europeo y el despliegue de las agendas de eficiencia energética del 
programa RepowerEU .
Con el fin de otorgar el acceso a la generación renovable y el almacenamiento de 
manera ordenada, existen casi doscientos noventa nudos de la red de transporte que se 
encuentran reservados para concurso de acceso al amparo de lo previsto en el Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica. En este momento, se encuentra en sus últimas fases 
de tramitación la orden por la que se convocará concurso en algunos esos nudos. Si bien 
la orden no se encuentra aprobada aún, en los borradores sometidos a trámite de 
audiencia se preveía una puntuación favorable a aquellos proyectos que pusiesen en 
servicio las instalaciones en el menor plazo de tiempo posible.
Las expectativas generadas por dicha orden hacen que se estén observando 
movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los 
primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos, con el fin de 
bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en 
desarrollar proyectos renovables. Estas actuaciones, han provocado que en los últimos 
meses se haya multiplicado la presentación de garantías y de solicitudes para iniciar las 
tramitaciones de autorizaciones administrativas, y la petición de documentos de alcance 
ambientales al amparo del artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 
evaluación ambiental, tramitaciones que requieren de consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas, así como también de información 
pública en el caso de las autorizaciones administrativas
Estos movimientos previos son perjudiciales para los agentes realmente interesados 
en construir instalaciones de generación renovable para la población en donde se ubican 
las instalaciones y para las administraciones. Para los agentes porque se produce el 
bloqueo de emplazamientos con elevado recurso renovable por parte de agentes que no 
están interesados en construir los proyectos. Para la sociedad donde se ubica el 
proyecto porque se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red, ni la 
zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber.
Y para las administraciones, porque, en un momento en que estas se encuentran 
tensionadas por el elevado volumen de proyectos en tramitación, supone un empleo 
ineficiente de los recursos en proyectos que no podrán ser viables.
Lo anteriormente señalado hace que resulte necesario suspender las tramitaciones 
de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no 
dispongan de permisos de acceso y conexión.
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Uno de los campos en que se ha ido legislando con profusión para evitar el impacto 
de la subida de precios de la electricidad a la vez que se avanza en la descarbonización 
de la economía y en el empoderamiento del consumidor ha sido en el campo del 
autoconsumo. En el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se aumentó la distancia 
permitida en aquellos casos de autoconsumo a través de la red, desde los 500 metros 
que se recogían originalmente en el artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica, hasta los 1.000 metros.
Si bien se considera importante ser prudente en el aumento de esta distancia con el 
fin de evitar pérdidas excesivas, a fin de seguir impulsando el autoconsumo incluso en 
aquellas viviendas que no disponen de cubiertas con buen recurso solar por las 
características de sus edificios (orientación, tipo de cubiertas, catalogación histórica del 
edificio…) y maximizar el aprovechamiento de superficies, se impulsa el autoconsumo a 
través de la red incrementando la distancia de este hasta los 2.000 metros en casos de 
plantas generadoras fotovoltaicas ubicadas en cubiertas, suelo industrial y estructuras 
artificiales destinadas a otros usos como pueden ser aquellas destinadas a cubrir 
espacios de aparcamiento u otras.
En su artículo 30, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural establece una fórmula para agilizar la 
contratación de las administraciones públicas en materia de eficiencia energética. Con 
ello, se debe dar cumplimiento a las medidas del Plan +SE Ahorro y eficiencia energética 
del Sector Público:1 Ahorro energético en edificios públicos; 2 Despliegue acelerado de 
autoconsumo en instalaciones y edificios públicos; 3 Contratos de rendimiento energético 
y cláusulas de ahorro en las administraciones públicas y 4 Plan de reducción de 
consumo energético en alumbrado exterior.
El plazo de vigencia para los supuestos especificados es hasta el 31 de diciembre 
de 2022. Dado que las razones de extraordinaria y urgente necesidad sobre ahorro y 
eficiencia energética del sector público que justificaron la aplicación de esta medida 
subsisten y que los resultados de esta previsión legal se reforzarían con una extensión 
de la fecha límite establecida en el artículo 30 citado, se amplía el plazo establecido, 
pasando a disponer como fecha límite el 30 de junio de 2023.
El «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», contempla entre sus medidas el 
lanzamiento de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica para 
dar cabida a las necesidades de refuerzo de la red que se han identificado con 
posterioridad a la aprobación de la vigente Planificación 2021-2026, y avanza que se 
tramitará una modificación puntual de la misma, que priorizará aquellas actuaciones que 
sean estratégicas para la transición energética y permitan desarrollar la cadena de valor 
industrial, bajo el principio de maximización del retorno social de las inversiones.
Con el fin de dar cumplimiento a esta medida, mediante este real decreto-ley se 
introduce un mandato al Gobierno para que, en el primer trimestre de 2023, inicie una 
modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica, previstos en el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, y con el fin de evitar el impacto en peajes de los consumidores se 
establece la posibilidad de que dichas actuaciones sean financiadas con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez estas actuaciones no computarán 
a la hora de calcular los límites máximos anuales de inversión en la red de transporte de 
energía eléctrica fijados por la normativa sectorial.
Concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para adoptar 
esta medida, ya que la misma es necesaria para que los proyectos sobre la red de 
transporte de energía eléctrica puedan beneficiarse de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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En el contexto actual de precios de la energía, y dada la necesidad urgente de 
reducir la dependencia europea del exterior, se han venido adoptando medidas para 
acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables a corto plazo. Resulta necesario 
reforzar el proceso de despliegue acelerado de estas fuentes de energía renovable 
mediante la simplificación administrativa, como ha venido acordando la Unión Europea 
en esta materia, a partir de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y 
sostenible» [COM(2022) 108 final].
En concreto, la Recomendación (UE) 2022/822, de la Comisión, de 18 de mayo, 
sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos 
de energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad, ha 
facilitado la previsión de equilibrio entre las necesidades de protección medioambiental y 
la aceleración del despliegue de estos proyectos.
Las conclusiones del Consejo Europeo de 20 y 21 de octubre de 2022, propusieron 
que la simplificación de los procedimientos de autorización se realizase por la vía rápida, 
con el fin de acelerar el despliegue de energías renovables y de redes, incluso mediante 
medidas de emergencia.
En cumplimiento de esta política, el Consejo de Ministros de Energía del 19 de 
diciembre de 2022, acordó la aprobación del Reglamento del Consejo, por el que se 
establece un marco para acelerar el despliegue de las energías renovables, sobre la 
base jurídica del su artículo 122.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Además, tras la reunión del Consejo de Ministros de Energía de 27 de junio, el 19 de 
diciembre de 2022 también aprobó las orientaciones generales sobre dos propuestas 
legislativas del paquete de medidas «Objetivo 55» que abordan los aspectos energéticos 
de la transición climática de la UE: la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la 
Directiva de eficiencia energética, a fin de que los Estados miembros puedan crear 
«zonas propicias» específicas para las energías renovables con procesos de concesión 
de autorizaciones más simples y cortos en zonas con menor riesgo medioambiental y se 
consiga el objetivo de una cuota de energía procedente de fuentes de energía 
renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión de al menos el 40 % 
en 2030.
Por su parte, en este contexto, la Medida 24 del Plan +SE recoge medidas de 
simplificación administrativa de estos procedimientos, «sin que esto suponga una 
desprotección de los bienes y derechos de terceros afectados o del medio ambiente».
A fin de atender las necesidades expuestas dentro del marco de la política de la 
Unión Europea, se establece un procedimiento de determinación de afección ambiental 
para proyectos de energías renovables con vigencia temporal, de acuerdo con el 
artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dentro de este marco de preservación de la conservación ambiental, se aplica este 
procedimiento de determinación de afección ambiental a proyectos de instalaciones de 
generación a partir de fuentes de energía renovables, salvo que su ubicación se 
proponga en superficies integrantes de la Red Natura 2000, en espacios naturales 
protegidos definidos en el artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o en el medio marino. Tampoco será de 
aplicación para la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual 
o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, de acuerdo con la 
Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011.
Respecto de la simplificación de los procedimientos de autorización de los proyectos 
de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General 
del Estado, se regula su aplicación a todos los proyectos de esta naturaleza. Estos 
procedimientos se declaran de urgencia por razones de interés público, a fin de lograr la 
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reducción de la dependencia energética, la contención de precios y la garantía del 
suministro, por lo que será de aplicación la reducción de plazos y demás efectos 
establecidos por el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se establece la tramitación y resolución conjunta de las autorizaciones previa y de 
construcción definidas, acumulándose los trámites de información y de remisión del 
proyecto de ejecución a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, 
empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte de la 
instalación que pueda afectar a bienes y derechos a su cargo, y simultaneándose con el 
trámite de información pública.
Es importante señalar que esta simplificación procedimental se adopta asegurando la 
estricta salvaguarda del medio ambiente. Con tal fin, y considerando el marco europeo 
expuesto, se opta por una medida legislativa de máximas garantías medioambientales y 
se excluye expresamente la posibilidad de aplicar estas medidas a proyectos que se 
ubiquen en superficies de la Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos, así 
como los ubicados en medio marino.
Por último, se prevé que estos dos procedimientos sean de aplicación a los iniciados 
tras la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Finalmente, se hace necesario ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia 
del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, 
mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de 
zonas degradadas a causa de la actividad minera, ya que la coyuntura económica de 
aumento de precios de los insumos necesarios para realizar los proyectos que se 
financian con cargo a estas ayudas ha dificultado los procedimientos de contratación 
pública de las obras en los términos inicialmente previstos.
Para poder culminar estos proyectos y financiarlos según lo acordado, resulta 
imprescindible ampliar el plazo de vigencia de los convenios específicos suscritos para 
su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, pues de otra forma se habrán consumido 
recursos económicos sin llegar a lograr su objetivo e incluso podría ser exigible el 
reintegro de las cantidades previamente abonadas a las Comunidades Autónomas en el 
marco de estas ayudas.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar esta modificación se justifica en 
que resulta necesario otorgar seguridad jurídica con la mayor urgencia posible a las 
entidades beneficiarias para que puedan continuar y completar el proceso a tiempo y no 
incurrir en reintegros que, en el contexto actual, podrían ser muy perjudiciales para los 
territorios afectados, lo que resultaría contrario al espíritu de esta línea de ayudas.
III
La actual coyuntura está afectando especialmente al sector agrario y pesquero, tanto 
de forma directa como de forma indirecta, por el incremento de sus costes de producción 
derivada de la subida concatenada de los precios de las materias primas de los piensos 
(trigo, maíz, cebada y aceite de girasol), de los costes de empaquetado, de reparación 
de útiles, aparejos o de medios de producción, como los fertilizantes o maquinaria 
agrícola, así como los de los servicios de transportes.
Debe recordarse que las actividades agraria y pesquera presentan una demanda y 
una oferta altamente inelásticas, lo que les hace sufrir en primer término y con efecto 
multiplicador cualquier variación en el precio de los inputs de producción. Así, en el 
marco de una afectación generalizada de los sectores productivos, el primario resulta 
especialmente perjudicado, lo que hace insostenible a corto plazo su actividad, 
comprometiendo la viabilidad empresarial y, con ello, el mantenimiento de tejido 
productivo y de empleo, así como de la provisión de bienes públicos que ofrece dicho 
sector, que van desde la preservación del paisaje y la protección ambiental hasta la 
fijación de población en el medio rural o la correcta redistribución de rentas.
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El aumento del gasóleo agrícola, del gasóleo pesquero y de os fertilizantes se sitúa 
en máximos desde 2010. Además, se ha reducido su disponibilidad por la reducción de 
las importaciones de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia. Estos medios de producción 
son esenciales para asegurar un nivel de rendimientos acorde con los objetivos de 
seguridad alimentaria.
A todo ello hay que sumar la prolongada duración de la sequía del anterior año 
hidrológico y su intensidad durante el periodo estival, que ha contribuido igualmente a la 
disminución de la viabilidad de los cultivos y a la merma de nuestras producciones.
Esta situación ha conducido a la bajada de actividad y la correspondiente 
disminución de la renta agraria en los hogares, lo que afecta potencialmente a toda la 
población española, pues se encuentra en peligro la viabilidad de un sector estratégico 
en España que resulta esencial para proporcionar alimentos básicos a la población a 
precios razonables, con un riesgo agravado para los sectores de población más 
vulnerables.
En resumen, se ha constatado que deben ampliarse las medidas adoptadas en el 
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo al sector agrario por causa de la sequía, para el mantenimiento de las rentas 
agrarias, en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, y en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de 
medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y 
ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia energética del gas natural, pues se encuentran afectados todos los 
eslabones de la cadena alimentaria, desde el sector primario hasta el consumidor final.
Así, se introducen medidas para amortiguar la finalización de la bonificación de los 
carburantes agrarios y pesqueros.  En el caso del sector agrario, se establece una 
ayuda directa, para cubrir los costes adicionales que se produzcan en las explotaciones 
agrarias, como consecuencia del incremento de los costes del gasóleo agrario, de 20 
céntimos por litro consumido. Esta ayuda se concederá a los agricultores, aprovechando 
los mecanismos y procedimientos asociados a la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos destinado en exclusiva al uso agrario, tomando como referencia el 
consumo realizado en 2022 por ser el último ejercicio con datos cerrados y ciertos, si 
bien se destina al coste de dichas actividades en 2023, ante el mantenimiento del alza 
de los costes energéticos.
En el caso del sector pesquero, se prevé que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación conceda una ayuda en régimen de concesión directa en función de la 
estimación del consumo gasóleo de la embarcación, conforme al artículo 22.2.b) de la 
Ley 38/2003, de 27 de noviembre, para cubrir los costes adicionales derivados del 
incremento de los costes del gasóleo de cada empresa pesquera. La estimación del 
consumo se efectúa a partir de los datos de consumo de gasóleo de la flota pesquera de 
la última Encuesta Económica de Pesca Marítima. De acuerdo con los consumos medios 
anuales establecidos en la mencionada Encuesta, que son diferentes en función de la 
modalidad de pesca, el rango de eslora y la zona de actividad (caladero) en la que se 
desarrolla de forma mayoritaria la misma, se establece una cuantía por buque, 
atendiendo a los anteriores criterios y teniendo en cuenta la intensidad que se pretende 
alcanzar con esta ayuda directa.
En segundo lugar, se contempla una línea de ayudas de Estado a los agricultores, en 
compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los 
fertilizantes. Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones directas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley General de Subvenciones y se 
concederán con base en el número de hectáreas determinadas para el cobro de las 
ayudas de la Política Agrícola Común correspondientes a la solicitud única 2022. En el 
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, el número de hectáreas será el que haya 
servido como base para el cálculo de las ayudas específicas del POSEI en 2022 a estos 
cultivos.
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En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión 
de 28 de octubre de 2022 sobre el Marco temporal de crisis para las medidas de ayuda 
estatal destinadas a apoyar la economía tras la agresión de Rusia contra Ucrania C 
(2022)7945 final, el importe máximo a percibir por cada beneficiario en las ayudas de 
Estado no podrá superar los importes establecidos en la citada comunicación.
Asimismo, en relación con la tasa portuaria de la pesca fresca, se establece una 
exención durante seis meses al armador del buque o embarcación pesquera y su 
substituto, en el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía marítima. Por otro 
lado, teniendo presente que la exención de esta tasa tendría una desigual afectación en 
el sistema portuario de interés general, pues atendiendo a toneladas movidas en 2022 
afectaría sobre todo a seis Autoridades Portuarias (Vigo, A Coruña, Avilés, Pasaia, Gijón 
y Bahía de Cádiz), se establece una medida para remediar en lo posible este 
desequilibrio financiero a través de la preferencia de estos organismos portuarios en el 
reparto del Fondo de Compensación Interportuario del año 2023.
IV
Además del sector primario, el alza del coste de la energía Derivada de la guerra en 
Ucrania ha tenido un impacto significativo sobre otros sectores e industrias, en particular 
el transporte, las industrias gas intensivas.
Por ello, el presente real decreto-ley incorpora un conjunto de medidas dirigidas a 
amortiguar el impacto de la subida de los costes de combustibles en el ámbito del 
transporte.
El alza en el precio de los combustibles derivado de la guerra en Ucrania ha 
ocasionado un shock en el precio de los servicios de transporte marítimo, que, si bien en 
aquellos segmentos del mercado de transporte marítimo donde no se establecen 
restricciones u obligaciones específicas a los operadores se ha podido traducir en un 
incremento del coste que pagan los cargadores y usuarios de estos servicios, en los 
servicios de línea regular de transporte de pasaje y pasaje y carga rodada ha supuesto 
un incremento en los costes de los operadores que conlleva, especialmente en los casos 
en que estos están sujetos a obligaciones de frecuencias mínimas, precios o 
mantenimiento de sus servicios, una difícil repercusión en los precios de estos servicios y 
comprometen, por lo tanto, la viabilidad económica y la continuidad en la prestación.
Ante esta situación, se establece una ayuda a los operadores de servicios de 
transporte marítimo que operan en líneas de navegación de interés público, que son 
aquellas sobre las que la administración establece determinadas obligaciones de servicio 
público en atención a su especial consideración e importancia para las comunidades 
autónomas de Baleares y Canarias y para Ceuta y Melilla. El objetivo de esta ayuda no 
es otro que el permitir la estabilidad del precio, cantidad, calidad y continuidad de los 
servicios marítimos de interés público, autonómicos o estatales, que para estos territorios 
tiene una consideración similar a la de los servicios de transporte público en territorio 
peninsular. Esta ayuda se configura como una ayuda por milla navegada y unidad de 
arqueo bruto (GT) del buque de manera que, por un lado, se adapta a la diversidad de 
tamaños de los buques que pueden operar en estas líneas y, por otro, a la diferente 
intensidad que el consumo de combustible representa en la estructura de costes para las 
diversas navegaciones comprendidas. Adicionalmente, la configuración de esta medida, 
centrada en el servicio que se pretende mantener, persigue fomentar el ahorro 
energético en los operadores marítimos. Por último, la medida se restringe a los 
combustibles de uso marítimo donde el alza de precios desde el pasado mes de febrero 
ha sido más notable y cuyo uso supone una menor emisión de contaminantes 
atmosféricos: gas natural licuado, gasóleo para uso marítimo y fuelóleo de bajo 
contenido en azufre.
Así mismo y con el fin de mitigar el impacto de la guerra en la escalada del precio de 
los carburantes sobre determinadas empresas de transporte de viajeros y mercancías, 
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resulta necesario mantener una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de 
determinados productos energéticos para este colectivo en particular.
Se trata de empresas de un sector altamente dependientes de estas fuentes de 
energía y que permitirá que sigan amortiguando de forma inmediata el efecto sobre su 
situación económica de la subida de los precios.
Para facilitar la viabilidad de la bonificación y evitar cargas adicionales en su 
implementación, se aprovechan los mecanismos y procedimientos asociados a la 
devolución parcial por el gasóleo de uso profesional para los beneficiarios que ya 
disfrutan de ésta y del sistema de ayudas directas ya empleado en el Real decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo y Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, para el resto de 
los beneficiarios.
Por su parte, el incremento del precio del combustible motivó la modificación 
temporal, hasta el 31 de diciembre de 2022, de la fórmula aplicable para la revisión del 
precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible 
para ajustar el peso real que el coste del combustible tiene respecto el total de costes.
Las previsiones económicas en torno al precio actual de los combustibles hacen 
aconsejable prorrogar durante 6 meses más la medida, adecuando el factor que 
determina el peso del coste de combustible en la determinación de la revisión del precio 
del transporte.
Además de las medidas de apoyo al sector, una de las medidas más importantes de 
respuesta a la guerra es la bonificación del transporte público de viajeros.
Así, se prorroga durante 2023 la gratuidad de los títulos multiviaje de transporte 
ferroviario de cercanías, rodalíes y media distancia competencia del Estado. Es el caso 
de Renfe Viajeros SME SA. para usuarios recurrentes en los servicios de cada uno de 
los núcleos de Cercanías y Rodalies, así como para los servicios ferroviarios de Media 
distancia declarados como obligación de servicio público por las administraciones 
competentes, resultando muy positiva la valoración de los resultados de la medida con 
los datos del último trimestre.
Por otra parte, la movilidad del eje Alicante-Murcia gracias a la puesta en servicio del 
último tramo de línea de altas prestaciones permite dotar a ese importante corredor de 
unas mejores prestaciones reduciendo de manera significativa los tiempos de viaje. Y, en 
este sentido, resulta procedente readecuar a este nuevo escenario la actual obligación 
de servicio público.
Para evitar asimetrías por modos de transporte, es necesario equiparar la reducción 
de precio para los títulos multiviaje en las concesiones de servicios públicos de 
transporte regular de viajeros por carretera de competencia de la Administración General 
del Estado al que se aplica a los títulos multiviaje de Renfe Viajeros SME SA. para 
usuarios recurrentes en los servicios de cada uno de los núcleos de Cercanías y 
Rodalies, así como para los servicios ferroviarios de Media distancia declarados como 
obligación de servicio público por las administraciones competentes.
A su vez, el presente Real Decreto-ley establece un sistema de ayudas directas, 
correspondiente al primer semestre de 2023, para la concesión de apoyo financiero a las 
comunidades autónomas y entidades locales que presten servicio de transporte colectivo 
urbano o interurbano, así como a los entes locales supramunicipales que agrupen varios 
municipios, creados por normas de rango legal y que presten servicio de transporte 
público colectivo, que cumplan determinadas condiciones. Esta ayuda permitirá bonificar 
el 30% del precio del transporte urbano e interurbano de competencia autonómica o 
municipal para aquellas comunidades y ayuntamientos que acuerden una bonificación 
adicional del 20%. Con ello, se podrá alcanzar una bonificación del 50% del precio para 
los viajeros habituales en transporte público en todo el territorio nacional.
Igualmente, se realizan ajustes menores en el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de 
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia 
de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de 
reducción de la dependencia energética del gas natural, se modificaron la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y la Ley 15/2009, 
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de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, para garantizar 
que en los contratos de transporte el precio cubre los costes mínimos de prestación del 
servicio, régimen que se completaba con un régimen sancionador de los incumplimientos 
de las nuevas obligaciones.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2022/738, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de abril de 2022, por la que se modifica la Directiva 2006/1/CE relativa a la 
utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por 
carretera, obliga a los Estados miembros a permitir a las empresas de transporte de 
mercancías la utilización de vehículos pesados alquilados en otros Estados miembros 
con una serie de condiciones. En España esta opción no es posible en el marco de la 
LOTT, puesto que se exige que, en todo caso, los vehículos vinculados a las 
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera estén matriculados en España. 
Por tanto, y con objeto de poder cumplir el plazo de transposición de la norma, es 
preciso hacer cambios que permitan la completa transposición de aquella mediante la 
modificación del Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.
Finalmente, en todo el contexto anteriormente descrito, es de extraordinaria y 
urgente necesidad adoptar medidas para moderar los efectos de la espiral inflacionista 
en los sectores más vulnerables de la economía, en particular evitando una brusca 
subida de las autopistas de peaje.
V
Además de las medidas orientadas a amortiguar el impacto del alza de los precios de 
la energía en la industria electrointensiva, el sector primario y los transportes, el presente 
Real Decreto-ley incorpora medidas dirigidas a ayudar a la industria manufacturera gas-
intensiva.
La Comisión Europea ha reconocido la sensibilidad que tienen las instalaciones 
industriales de elevada demanda energética al aumento del coste de sus consumos 
mediante el Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas 
a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia 
(Comunicación de la Comisión 2022/C 426/01).
Los sectores más intensivos en consumo de gas natural, como el de fabricación de 
fibras artificiales y sintéticas y el cerámico están registrando grandes caídas de la 
producción y recurriendo a ERTEs para mantener el empleo.
En este contexto, ante el deterioro de la competitividad de las empresas industriales 
afectadas por la actual crisis de Ucrania, es necesario y urgente arbitrar mecanismos 
que permitan reducir el coste que la energía tiene para estos consumidores intensivos en 
consumo de gas natural, de forma similar a las decisiones que se están tomando en 
otros Estados Miembros de la UE.
Este real decreto-ley recoge el mandato al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo para la articulación de una línea de ayudas en 2023 para la compensación de 
los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural 
durante 2022 para los consumidores industriales o sectores gasintensivos, recogidos en 
el Anexo, que reúnan unas ciertas características de consumo y que requieren de un 
tratamiento diferencial donde se reconozcan sus particularidades.
Para definir el ámbito de aplicación de esta medida se han tenido en cuenta 
parámetros vinculados al consumo intensivo de gas, a la evolución de precios y 
beneficios de las actividades industriales y a su impacto medioambiental.
Cabe señalar que, en paralelo con el presente Real Decreto-ley se adoptará un 
Acuerdo de Consejo de Ministros para crear un compartimento específico de 500 
millones de euros dentro de la línea ICO-Ucrania para las empresas de la industria gas-
intensiva, con el fin de poder proporcionar un apoyo público especial para la financiación 
de este sector especialmente afectado por el incremento de costes de la energía. 
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Asimismo, con los fondos europeos del Plan de Recuperación, se pondrá en marcha un 
proyecto estratégico (PERTE) para la descarbonización de la industria, que servirá para 
financiar las inversiones precisas para avanzar en la descarbonización y eficiencia 
energética de este importante sector.
VI
Además de medidas para contener el alza de los precios, el presente Real Decreto-
ley contiene un conjunto de medidas para impulsar la actividad y mantener la estabilidad 
económica y social, apoyando a los sectores estratégicos, en particular mediante la 
extensión durante dos años del procedimiento especial de control de inversiones 
extranjeras y de la moratoria contable para las empresas viables que vieron su equilibrio 
patrimonial roto como consecuencia de la pandemia, así como el refuerzo y agilización 
de procedimientos para el despliegue de las inversiones y proyectos estratégicos del 
Plan de Recuperación.
Hace dos años, se estableció un marco de control de las inversiones extranjeras en 
sectores estratégicos mediante la introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003, de 4 
de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 
económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo 
de capitales. Dicho régimen se amplió y extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 
mediante el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, el Real Decreto-ley 12/2021, 
y el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre.
El contexto actual y, en concreto, el impacto de la pandemia y las tensiones 
geopolíticas sobre distintos sectores, las cadenas de valor globales y la inestabilidad de 
los mercados financieros, hace necesario el mantenimiento de esta medida, por lo que 
se modifica la disposición transitoria única del referido Real Decreto-ley 34/2020, de 17 
de noviembre, para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 el régimen transitorio de 
suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas 
por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. Además, se mejora la redacción vigente para aclarar que dicho control se 
aplica a operaciones de inversión en activos o ramas de actividad, sin requerirse que 
éstas tengan forma societaria.
Por otro lado, el sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía 
española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y en el empleo directo e 
indirecto y su aportación en la balanza comercial y en la inversión en innovación que se 
refleja en una constante mejora de nuestra competitividad. Asimismo, genera un fuerte 
efecto multiplicador sobre la actividad económica, y es un sector con un fuerte 
componente vertebrador del territorio español.
La Estrategia de movilidad sostenible inteligente y su plan de acción, impulsados por 
la Comisión Europea, implica la necesidad de descarbonizar los ecosistemas de la 
movilidad para dar respuesta al cambio climático. A ello, se une la introducción de 
nuevos modelos de negocio y tecnologías cada vez más disruptivas, en un marco en el 
que la resiliencia de las economías y la consecución de un cierto grado de soberanía 
tecnológica e industrial en los países de la UE son objetivos irrenunciables.
Estos ambiciosos objetivos deben ir acompañados del desarrollo de la actividad 
industrial de producción de vehículos eléctricos a un ritmo superior al que se viene 
realizando y en unas condiciones tales que permita un crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo. Los agentes económicos deben ver los efectos positivos que para la 
economía europea tiene la apuesta por una movilidad cero emisiones a pesar del riesgo 
inherente al cambio en el modelo de fabricación de vehículos de combustión interna a 
vehículos no contaminantes.
Todos los análisis sobre el desarrollo del vehículo eléctrico consideran que lo relativo 
a las baterías (incluidas las materias primas) suponen un elemento fundamental, y 
pueden convertirse en un cuello de botella, en el ecosistema de producción del nuevo 
vehículo eléctrico y conectado. El despliegue de la batería eléctrica irá relacionado con la 
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reducción de los costes en la fabricación y comercialización del vehículo eléctrico, y sin 
duda será un factor de competitividad del sector. Por ello, el posicionamiento de España 
en el sector de automoción en los próximos años depende significativamente de tener un 
suministro de baterías garantizado, estable, y con los menores costes posibles. Y dadas 
las condiciones actuales geopolíticas, económicas, y de escasez de plantas 
suministradoras, urge dotar de elementos de apoyo para que España tenga asegurada la 
fabricación de baterías que asegure al menos una parte sustantiva de la demanda 
nacional.
La Comunitat Valenciana tiene una importante aportación al sector del automóvil. El 
sector representa en torno al 6% de la población activa de dicha Comunidad, y cerca 
del 5% de este empleo es de «Alta Intensidad Tecnológica». Adicionalmente, es un punto 
neurálgico para el desarrollo del sector por su buena comunicación con otros centros de 
producción de automóviles, uno de los cuales se ubica en la propia Comunidad. También 
es de destacar la situación estratégica que facilita los intercambios comerciales con 
terceros países.
Por tanto, es necesario apoyar a la Comunitat Valenciana, a través de una ayuda 
de 90 millones de euros, para facilitar que se realicen las inversiones en su territorio 
orientadas a la construcción de una fábrica de baterías, con un alto estándar de 
protección al medioambiente y eficiencia energética, y un alto grado de innovación, de 
forma que globalmente el sector avance en la senda de la doble transición verde y 
digital.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que la innovación dentro del sector 
juega un importante rol en la competitividad del sector para mantener la competitividad 
del ecosistema de producción de vehículos eléctricos, las políticas públicas deben 
fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad innovadora, la generación de 
alto valor añadido, considerando en cualquier caso la mejora de la eficiencia y del ahorro 
de energía, control de las emisiones de CO2 y reducción de la dependencia de los 
combustibles fósiles.
La necesidad de que esta importante innovación sea considerada en las inversiones 
productivas que pueda realizar el sector industrial en España, motiva la aprobación de un 
crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
para 2023, por importe de 40 millones de euros.
Además, se modifica la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
junio, con la finalidad de prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2023, lo establecido en la 
misma, en relación con la jubilación parcial de los trabajadores de la industria 
manufacturera, lo que resulta urgente, dado el plazo de aplicación de la disposición en 
vigor, para dar certeza y seguridad jurídica a los incluidos dentro de su ámbito de 
aplicación.
En otro orden de cosas, a través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 
de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó una 
moratoria contable para excluir las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de 
causas de disolución de sociedades de capital.
Gracias a dicha medida se ha logrado evitar la liquidación de empresas que 
resultaban viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que 
hubiera provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como 
sobre la preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La 
medida se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto 
económico de la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a 
financiación, pública o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
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Dado el impacto de la crisis sanitaria sobre los resultados empresariales 
durante 2021, resultó imprescindible extender este tratamiento durante un ejercicio 
adicional para que los objetivos perseguidos por la misma continúen vigentes.
Sin embargo, la crisis energética, acentuada por la guerra en Ucrania, junto a todos 
los efectos colaterales de este conflicto armado, aconsejan otorgar un margen de tiempo 
adicional para que las empresas viables que están pasando por mayores dificultades 
puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en 
concurso.
En consecuencia, se prorroga la medida excepcional prevista en el artículo 13 de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre y, en consecuencia, a los efectos de la causa legal de 
disolución por pérdidas, no se computarán las de los ejercicios 2020 y 2021 durante un 
período de 3 ejercicios contables; esto es, las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no 
se computarán ni en los ejercicios contables de 2022 y 2023 ni hasta el momento del 
cierre del ejercicio 2024. En el caso de que teniendo solo en cuenta el resultado de los 
ejercicios 2022, 2023 o 2024, resultaren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto 
a una cantidad inferior a la mitad del capital social, sí se apreciará concurrencia de la 
causa legal de disolución por pérdidas, debiendo actuarse por los órganos de 
administración en los términos previstos en el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de 
julio.
Por otro lado, las Corporaciones Locales deben contar con suficiente personal para 
realizar las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 
contabilidad, tesorería y recaudación, cuya responsabilidad administrativa está reservada 
a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
Ahora bien, la realidad actual evidencia un problema estructural de cobertura de los 
puestos reservados, que es ocasionado por el déficit de personal funcionario de carrera 
con habilitación nacional. En un contexto de importante aumento de los procedimientos y 
expedientes de gestión económico-financiera y fiscalización como consecuencia de la 
ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos 
europeos, Next Generation EU, se hace necesario reforzar a las administraciones 
locales.
Por ello, con carácter adicional y complementario a la oferta de empleo público 
correspondiente al año 2022, se aprueba una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 
plazas. La ejecución de esta oferta de empleo público extraordinaria deberá realizarse en 
el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias.
En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se 
especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como su 
distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada 
Comunidad Autónoma. De esta forma se trata de garantizar, en el marco de la 
planificación de recursos humanos, una adecuada distribución de las necesidades de 
personal en todas las entidades locales en el conjunto del territorio nacional.
La extraordinaria y urgente necesidad de acometer esta medida a través de un 
instrumento normativo como es el real decreto-ley deriva del elevado déficit de puestos 
vacantes y de la necesidad de garantizar el desempeño de las funciones reservadas en 
las entidades locales, que requiere de una correcta asignación de recursos públicos. En 
este caso, y para la consecución de estos objetivos, es preciso reforzar de manera 
inmediata los medios personales destinados a las funciones de secretaría, comprensiva 
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, 
y el asesoramiento legal, funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional.
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Igualmente, dadas las dificultades que se derivan del actual contexto económico, que 
inciden en el desarrollo de las actividades agrarias, pesqueras y de transporte, se 
considera oportuno prorrogar, igualmente por un plazo de tres meses más, el régimen 
extraordinario de aplazamientos en el pago de cuotas de la Seguridad Social a que se 
refieren el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, el artículo 37 del 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, y el artículo 28 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Finalmente, como consecuencia de la guerra en Ucrania se mantiene el impacto 
negativo de la pandemia de la COVID-19 en la actividad económica de muchas 
empresas y autónomos, con importante reducción de sus ingresos, afectando 
directamente a su liquidez y solvencia y, por ende, a su capacidad para hacer frente a 
sus obligaciones tanto con otras empresas como con las diversas administraciones 
públicas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de naturaleza no tributaria. 
Con lo que el objetivo de preservar el tejido productivo y garantizar el mantenimiento del 
empleo y la actividad, el presente real decreto-ley extiende las medidas adoptadas por el 
Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, en el ámbito de las deudas de 
naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, prorrogando durante el ejercicio 2023 el 
procedimiento excepcional y temporal para la concesión de aplazamientos y/o 
fraccionamientos con dispensa de garantía por las Delegaciones de Economía y 
Hacienda.
VII
Junto con las medidas de respuesta en el plano económico, se ha desplegado en 
España un importante escudo social desde el inicio de la guerra, con el fin de evitar un 
aumento de la desigualdad. Entre estas medidas, destacan las relativas al suministro 
mínimo y la lucha contra la pobreza energética, anteriormente expuestas, y las relativas 
al aumento del ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas y protección en el 
ámbito de la vivienda. Además de las medidas destinadas a los colectivos más 
vulnerables, se establece un abono extraordinario de 200 euros con el fin de apoyar las 
rentas de las familias de clase media en un contexto de inflación.
En materia de vivienda y por cuanto corresponde al alquiler, la variación anual del 
Índice de Precios al Consumo aconseja extender la aplicación de las medidas de 
limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de 
arrendamiento de vivienda con objeto de evitar un shock generado por factores 
exógenos, del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito del 
arrendamiento de vivienda. En consecuencia, se considera necesario prolongar hasta 
el 31 de diciembre de 2023 la limitación extraordinaria de la actualización anual de la 
renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de forma que, en defecto 
de acuerdo entre las partes, la actualización de la renta no pueda superar el resultado de 
aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que ofrece una 
evolución sujeta a una mayor estabilidad en el contexto actual.
La utilización de esta referencia como límite en la actualización de los contratos de 
arrendamiento de vivienda durante un periodo adicional responde a razones de 
extraordinaria y urgente necesidad, teniendo en cuenta que si, en la fecha de adopción 
de la referida medida a través del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se resaltaba que la 
variación anual del Índice de Precios al Consumo había alcanzado en el mes de febrero 
el 7,6%, lo que constituía el valor máximo de los últimos 35 años, y ello ponía de 
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manifiesto que dicho índice había dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia 
adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales los contratos de 
arrendamiento de vivienda, debe destacarse que, desde entonces, la variación del 
referido índice ha llegado a alcanzar el pasado mes de julio un 10,8% y, aunque en los 
últimos meses su evolución ha sido favorable, sigue estando en niveles elevados, por lo 
que resulta imprescindible extender temporalmente la aplicación de la medida por las 
razones anteriormente indicadas.
Asimismo, la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento inflacionario hace 
necesario extender determinadas medidas de protección de personas en situación de 
vulnerabilidad que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
En particular, se amplía hasta el 30 de junio de 2023 la suspensión de los 
procedimientos y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya 
establecidos, así como la posibilidad, hasta el 31 de julio de 2023, de solicitar 
compensación por parte del arrendador o propietario, medida ya recogida en el Real 
Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 
de transportes.
Por último, se contempla una prórroga extraordinaria del plazo de los contratos de 
arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán 
aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Aunque las medidas adoptadas por el Gobierno están consiguiendo la paulatina 
desaceleración de la inflación, el alza de los precios de los alimentos está reduciendo el 
poder adquisitivo de las familias. Mientras persista la escalada de precios, resulta 
conveniente rebajar del 4 al 0 por ciento el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que recae sobre los productos básicos de alimentación, hasta ahora sujetos al 
tipo reducido, así como minorar desde el 10 por ciento vigente al 5 por ciento el aplicable 
a los aceites y pastas alimenticias, para contribuir a la reducción del precio final de estos 
alimentos básicos. Ambas reducciones se establecen de forma temporal y extraordinaria 
desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, sujetas a la evolución de la 
tasa interanual de la inflación subyacente.
El tipo del recargo de equivalencia correspondiente a estas operaciones también se 
reduce en consonancia durante su vigencia y aplicación.
Por otra parte, se aclara el derecho a seguir percibiendo la deducción por maternidad 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de 1 de enero de 2023, 
aun cuando alguno de los progenitores tuviera derecho al complemento de ayuda para la 
infancia respecto del mismo descendiente, evitando de esta forma que el cambio 
normativo llevado a cabo en esta materia perjudique a las familias que hasta ahora 
venían disfrutando de aquélla.
Finalmente, se introduce así mismo una línea directa de ayuda a personas físicas de 
bajo nivel de ingresos y patrimonio, con el fin de paliar el efecto perjudicial en los precios 
ocasionado principalmente por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. 
Esta ayuda, de 200 euros de cuantía en pago único, se dirige a quienes hayan sido 
asalariados, autónomos o desempleados en 2022, con el fin de paliar situaciones de 
vulnerabilidad económica, no cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como 
es el caso de las pensiones o el ingreso mínimo vital. Para la percepción de esta ayuda, 
se establecen así mismo unos máximos de ingresos y patrimonios conjuntos en función 
de la convivencia en el domicilio, con el objetivo de que el colectivo de beneficiarios de la 
ayuda responda a los principios de necesidad y progresividad.
La experiencia de aplicación efectiva del régimen de las cuentas de pago básicas 
aconseja elevar el umbral de renta que se aplica a aquellas personas no integradas en 
una unidad familiar para considerarlas de especial vulnerabilidad o en riesgo de 
exclusión financiera. Así, dicho umbral de ingresos económicos brutos, regulado en el 
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de 
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cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con 
riesgo de exclusión financiera, se eleva desde dos veces el indicador público de rentas 
de efectos múltiples hasta tres veces, facilitando el acceso de las personas no integradas 
en una unidad familiar a la gratuidad de las cuentas de pago básicas.
El artículo 76 habilita a la Ministra de Hacienda y Función Pública para modificar las 
cuantías relativas a la indemnización por uso de vehículo particular por parte de los 
empleados públicos por desplazamientos profesionales. Tras diecisiete años sin que se 
hayan actualizado dichas cuantías, en el presente momento de difíciles consecuencias 
económicas y energéticas derivadas de la guerra de Ucrania, resulta especialmente 
urgente que se proceda a su modificación.
Junto a ello, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado con las 
organizaciones sindicales CCOO y UGT, recoge en su cláusula novena el compromiso 
del Gobierno de impulsar a lo largo de 2022 y 2023, a través de la negociación colectiva 
en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, la 
actualización de los importes de los gastos de desplazamiento consecuencia de la 
actividad de prestación de servicios.
En materia de Seguridad Social, se dispone extender, con efectos de 1 de enero 
de 2023, para todo el año, el incremento extraordinario de la prestación del ingreso 
mínimo vital que se estableció en el artículo 45 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de 
junio, a cuyo efecto se complementa el porcentaje que deba aplicarse a dicha prestación 
para su actualización de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2023 en un porcentaje igual a la diferencia entre aquél y el 15 por ciento, 
de modo que el ingreso mínimo vital experimente para 2023 un 15 por ciento de 
incremento respecto de la cuantía que tenía a 1 de enero de 2022. Esta medida se 
considera imprescindible dado el aumento que ha sufrido el índice de precios al consumo 
durante 2022, que sin duda ha afectado gravemente a las personas y unidades de 
convivencia más vulnerables, sin que las previsiones económicas auguren cambios en 
dicho parámetro para 2023 que desaconsejen la medida.
Lo mismo puede decirse del incremento extraordinario de las pensiones de jubilación 
e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que 
estableció en su día el artículo 45 bis del citado real decreto-ley.
Por otra parte, en atención al contexto en la que se adopta este real decreto-ley, la 
situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de la prestación del ingreso 
mínimo vital, especialmente de las unidades familiares con menores, requiere de la 
adopción de medidas con la mayor urgencia posible para evitar el daño derivado del 
reintegro inmediato de cantidades indebidamente percibidas. Así, no serán exigibles las 
cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las pensiones no 
contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un beneficiario 
menor de edad. En el supuesto que se regula, no hacerlo supondría que la unidad de 
convivencia tenga que devolver, mediante la aplicación de descuentos sobre las 
sucesivas mensualidades de la prestación de ingreso mínimo vital, o mediante las otras 
modalidades reguladas en los procedimientos general y especial de reintegro de 
prestaciones indebidamente percibidas, importes muy reducidos, lo que, lejos de paliar 
su situación, implicaría una reducción tal de la cuantía total mensual del ingreso mínimo 
que haría que la situación de especial protección se agravase, colocando al menor en 
una situación de precariedad mayor que la que se pretende evitar mediante el 
reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital.
VIII
Junto a las medidas generales de respuesta a la guerra, el presente Real Decreto-ley 
extiende algunas de las medidas específicas destinadas a apoyar a los ciudadanos y 
empresas afectados por la erupción del volcán de La Palma.
El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones 
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volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, estableció 
en el Capítulo Segundo de su Título IV la suspensión de las obligaciones de pago de 
intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria, 
independientemente de que estuvieran o no al corriente de pago, concedidos a 
afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de 
La Palma, regulando su régimen y efectos. La finalidad de tal suspensión era 
proporcionar un alivio temporal en la carga financiera de los afectados, con el fin de 
permitirles un mayor margen para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de 
la erupción, en particular del eventual desalojo y de los daños que hubieran podido sufrir 
como consecuencia de la misma. Aunque las autoridades competentes integrantes del 
Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias han certificado la finalización de la 
erupción el pasado 25 de diciembre de 2021, persiste la situación de necesidad 
abordada por la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para 
préstamos y créditos establecida en el Real Decreto-ley 20/2021, por lo que el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022 amplió la duración de la suspensión 
en seis meses adicionales.
El Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las 
instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de determinados combustibles, abrió un nuevo plazo de solicitud de la suspensión de 
obligaciones de pago establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de forma que hasta 
el 24 de octubre de 2022 los afectados por la erupción del volcán podrían solicitar una 
suspensión de sus obligaciones, de seis meses para aquellos afectados que no se 
beneficiaron de la suspensión original y de tres meses para quienes sí lo hicieron.
Actualmente, la isla se sigue enfrentando a una situación excepcional derivada de la 
erupción que generan una necesidad urgente de liquidez. Por ejemplo, el precinto de 
barrios por razones de salud pública y la subsiguiente evacuación de sus habitantes, 
debido a las emanaciones de gases, genera dificultades financieras adicionales y 
urgentes a los afectados. Asimismo, los afectados que se han beneficiado de la 
suspensión necesitan un plazo adicional ante la situación de desplazamiento, que 
determina sus dificultades financieras actuales.
Por ello, resulta de urgente y extraordinaria necesidad prorrogar la suspensión de 
obligaciones de pago para aquellos que la solicitaron entre el 21 de septiembre y el 24 
de octubre de 2022, así como quienes en esas mismas fechas solicitaron una prórroga 
de la suspensión previamente concedida. Dicha prórroga se establece por un periodo de 
seis meses adicionales, a contar desde el vencimiento del periodo ya concedido.
El título II del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La 
Palma, con sucesivas modificaciones, recoge una serie de actuaciones destinadas a 
paliar daños personales, en viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de 
servicios, así como para resarcir a las corporaciones locales de los gastos para hacer 
frente a la emergencia y a las personas por prestaciones personales y de bienes.
En particular, en los casos de destrucción o daños causados en la vivienda habitual 
de la unidad familiar o de convivencia económica causados directamente por las 
erupciones volcánicas, el artículo 4.2 prevé que se concedan las ayudas previstas en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, con 
determinadas especialidades, entre ellas, la flexibilización de los medios de prueba para 
acreditar la titularidad sobre los bienes inmuebles afectados.
La indeterminación del precepto citado acerca de cuál sea el título jurídico en virtud 
del cual se disfruta el uso de la vivienda y la remisión al Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, conducen a que, salvo en lo que se refiere a las especialidades mencionadas, se 
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aplique la regulación contenida en esta disposición reglamentaria, que en su 
artículo 15.1 establece la posibilidad de conceder subvenciones en caso de destrucción 
total de la vivienda habitual siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de 
convivencia que residieran en aquélla sea propietario de la misma. Por tanto, este real 
decreto y, por remisión, el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, no reconocen otro 
título jurídico que la propiedad del inmueble a efectos de percepción de las ayudas por 
destrucción de la vivienda habitual.
Sin embargo, son frecuentes las situaciones en las que el título jurídico en virtud del 
cual se dispone de la vivienda habitual no es la propiedad, sino el usufructo, que, si bien 
es un derecho real limitado, confiere al usufructuario una facultad de disfrute del 
inmueble análoga al dominio.
En consecuencia, es objeto también de este real decreto-ley extender la condición de 
beneficiarias de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual a las unidades 
familiares o de convivencia económica cuando ninguno de sus integrantes ostente la 
propiedad del inmueble, pero, al menos, uno de ellos sea titular del usufructo sobre dicha 
vivienda.
Por su parte, el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las 
subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su 
concesión, se inscribe en una de las fases integrantes de las actuaciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil, la fase de recuperación, regulada en la Ley 17/2015, de 9 
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Asimismo, la disposición adicional cuarta de dicha ley prevé que la normativa 
reglamentaria estatal en materia de subvenciones destinadas a situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica será de aplicación a las ayudas derivadas de 
situaciones en las que no se haya producido la declaración de zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, así como a las ayudas por daños 
personales del artículo 22 y por daños materiales del artículo 21 y en los párrafos a), b) 
c) y d) del apartado 1 del artículo 24.
Entre los beneficiarios de las ayudas que contempla el Real Decreto 307/2005, de 18 
de marzo, el artículo 5.1.a) se refiere a las unidades familiares o de convivencia 
económica que sufran daños personales o materiales. Respecto a estos últimos, el 
capítulo III regula las ayudas destinadas a paliar daños materiales en viviendas y 
enseres, en tanto que el artículo 16 regula el concepto de unidad familiar o de 
convivencia económica, no reconociendo otro título jurídico que la propiedad del 
inmueble, dejando fuera el disfrute en concepto de usufructuario ya señalado.
Por tanto, resulta necesaria la modificación del artículo 15.1 del Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, para poder extender la condición de beneficiarios de 
las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual a la unidad familiar o de 
convivencia económica, cuando ninguno de sus integrantes ostenta la propiedad del 
inmueble, pero, al menos, uno de ellos es titular del usufructo sobre dicha vivienda.
El artículo 44 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, prevé ayudas 
destinadas a recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la 
Biosfera de La Palma, declarada por la UNESCO en 2002, previendo una subvención 
directa a su órgano gestor que pertenece al sector público de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que 
deberá ser destinada a recuperar el entorno socioeconómico y ambiental de dicha 
Reserva.
La subvención se concedió mediante Resolución de fecha 1 de diciembre de 2021, 
en la que figuran los términos en los que deben ser ejecutados los fondos y anexado el 
Plan de actuaciones definido por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, con la inclusión del desglose económico de cada actividad, dentro de las 
líneas de actuación objeto de financiación previamente fijadas.
Sin embargo, la necesidad urgente de facilitar la gestión y ejecución de las ayudas, 
aconsejan ajustar la totalidad de los supuestos y gastos susceptibles de imputarse a esta 
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subvención, para lo que deben considerarse subvencionables los gastos financieros 
derivados de la gestión de los proyectos contemplados en el Plan de actuaciones a 
desarrollar con los fondos procedentes de la subvención concedida. Es por ello que se 
hace preciso modificar con carácter urgente, aquel artículo para incluir un nuevo 
apartado que permita la elegibilidad de los gastos financieros y que contribuya a la 
correcta ejecución de los fondos de la subvención, haciendo viable la implementación de 
los proyectos diseñados y otorgando al beneficiario un marco adecuado de certeza 
jurídica y financiera para la ejecución y justificación de la subvención concedida.
Asimismo, las circunstancias concurrentes en la isla de La Palma determina que se 
prorroguen para 2022 los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en 
el Impuesto sobre Actividades Económicas para la isla de La Palma. Como se ha 
señalado, si bien la erupción del volcán ha finalizado, este permanece vivo a través de la 
expulsión de gases que mantienen desalojadas varias áreas que no han sido sepultadas 
por la lava, pero en las que las mediciones de gases realizadas por el Instituto 
Geográfico Nacional impiden que los afectados puedan volver a sus casas o reabrir sus 
negocios. Igualmente, existen casas que no han quedado sepultadas, pero sí aisladas 
por la lava, por lo que los propietarios aún no han podido acceder ni vivir en ellas.
Por último, se aprueban beneficios fiscales como consecuencia de los incendios 
forestales acaecidos durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, lo que hizo que 
el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de agosto, acordara declarar zonas 
afectadas gravemente por emergencias de protección civil en diversas comunidades 
autónomas.
Por otra parte, se prorrogan las medidas para hacer frente a la situación excepcional 
que la erupción volcánica en la isla de La Palma ha generado, previstas en la disposición 
adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, y prorrogada por la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, y por el 
artículo 25 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.
Los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las situaciones de 
fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica todavía están dando cobertura a un 
número considerable de trabajadores de empresas que aún no han podido retornar a la 
actividad, por lo que concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para 
disponer de nuevo la prórroga de las medidas extraordinarias ya previstas para paliar 
dicha situación.
Asimismo, se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo 
el 31 de diciembre de 2022, la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en 
el apartado dos del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, a partir del 1 
de enero de 2023 podrán seguir percibiéndola. La cuantía de la prestación será del 70 
por 100 de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. 
La prestación tendrá una duración máxima de tres meses, finalizando el derecho el 31 de 
marzo de 2023 o el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las 
medidas, si esta fecha fuese anterior. Durante el tiempo que permanezca la actividad 
suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente quedando el 
trabajador autónomo exonerado de la obligación de cotizar. El tiempo de percepción de 
la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el 
beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Los trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como 
consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona 
de Cumbre Vieja de La Palma, que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2022 la 
prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado tres del 
artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, podrán seguir percibiéndola, a 
partir del 1 de enero de 2023, siempre que reúnan los siguientes requisitos exigidos.
La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada y su duración máxima será de tres meses y no 
podrá exceder del 31 de marzo de 2023.
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El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente e ingresar en la 
Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los 
tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador autónomo junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las 
cotizaciones por contingencias comunes.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
Por otra parte, se establece una exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social 
y conceptos de recaudación conjunta, de superior cuantía a la aplicable con carácter 
general, en los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación 
de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las 
islas Canarias, afectadas por la erupción volcánica registrada en la Isla de La Palma en 
la zona de Cumbre Vieja, respecto de las personas trabajadoras cuya actividad laboral 
se viniese desarrollando, hasta el inicio de la situación de fuerza mayor temporal, en las 
unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla, dada la especial incidencia de las 
consecuencias de dicho fenómeno natural en dichos núcleos urbanos.
A su vez, a fin de contribuir a la recuperación de las empresas y trabajadores 
autónomos afectados en su actividad por la erupción volcánica en la isla de La Palma se 
introduce una disposición dirigida a prorrogar durante tres meses más el régimen 
extraordinario de aplazamientos en el pago de cuotas de la Seguridad Social establecido 
en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica de la isla de La Palma, 
previamente prorrogados mediante la disposición adicional quinta del Real Decreto 
Ley 2/2022, de 22 de febrero.
IX
El presente real decreto-ley incorpora también otras medidas urgentes para cubrir 
algunas lagunas que están teniendo un impacto muy negativo desde el punto de vista 
económico o social.
Dada la acuciante escasez de facultativos en el Sistema Nacional de Salud, resulta 
urgente implementar medidas que faciliten o contribuyan a paliar su falta. Con este 
objetivo, en materia de Seguridad Social, se modifica el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, para permitir la actividad de los profesionales jubilados y 
contribuir así a paliar la falta de facultativos de atención primaria, médicos de familia o 
pediatras en el Sistema Nacional de Salud.
El pasado 26 de abril de 2022 el Consejo de Ministros autorizó la constitución de una 
Sociedad filial de Responsabilidad Limitada en el Reino Unido, íntegramente participada 
por Navantia SA, SME, dependiente a su vez de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). Dicha sociedad recibe el nombre de Navantia UK Ltd. El propósito de 
la constitución de Navantia UK Ltd. fue poder concurrir al proceso convocado por el 
Ministerio de Defensa Británico (MOD) para la adjudicación del Programa FSS.
El pasado 16 de noviembre de 2022 las autoridades británicas han seleccionado 
como licitador preferente al Consorcio Team Resolute integrado por las empresas 
Harland & Wolff (Belfast) Ltd, BMT Ltd, Navantia SA, S.M.E. y Navantia UK Ltd y liderado 
por esta última, lo que constituye un proyecto de gran envergadura y excepcional interés 
para España.
La inminente suscripción del denominado «Manufacture Contract» requiere el 
otorgamiento de una garantía que asegure la correcta ejecución de las obligaciones 
asumidas en el contrato.
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El artículo 11.d) de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas 
entidades de derecho público atribuye a SEPI, entre otras, la función de garantizar 
operaciones concertadas por empresas participadas directa o indirectamente. El 
artículo 52 de la vigente Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2022 autoriza a SEPI a prestar avales en el ejercicio del 
año 2022, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las 
obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado 
ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, 
hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros. La misma previsión incorpora el 
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se encuentra ultimando su 
tramitación parlamentaria para el ejercicio 2023.
Consecuentemente, de cara a la próxima suscripción del contrato por parte de 
Navantia UK Ltd. con las autoridades británicas es preciso que dicha sociedad cuente 
con la certeza de poder cumplir con el compromiso de aportar la garantía necesaria, lo 
cual requiere para su validez que SEPI cuente con la autorización legal necesaria que no 
ostentaría con arreglo a la ley de presupuestos generales de Estado vigente.
Se considera, pues, de extraordinaria y urgente necesidad la aprobación de una 
norma con rango de ley que autorice a SEPI para que, con independencia y sin perjuicio 
de la habilitación presupuestaria con que ya cuenta para el resto de operaciones de las 
empresas de su grupo, pueda suscribir la garantía exigida para la ejecución del contrato 
adjudicado a Navantia UK Ltd.
Este real decreto-ley incluye prorroga la vigencia del Real Decreto 152/2022, de 22 
de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022, durante el 
periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo 
social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo 
interprofesional.
En este sentido, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27.1 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, acerca de la previa consulta con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, se entiende preciso garantizar la 
efectiva participación de los agentes sociales en la fijación del salario mínimo 
interprofesional, en un contexto social y económico de especial dificultad, dando así 
continuidad a la senda de crecimiento de esta variable en cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional.
Dado que el citado Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, dejará de producir 
efectos el próximo 31 de diciembre, concurren razones de extraordinaria y urgente 
necesidad, que hacen ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del 1 de 
enero. Se garantiza de este modo la seguridad jurídica y se da continuidad a la función 
del salario mínimo interprofesional de servir de suelo o garantía salarial mínima para las 
personas trabajadoras.
Esta disposición supone una prórroga del vigente salario mínimo interprofesional de 
carácter temporal, hasta tanto se apruebe el real decreto que lo fije para el año 2023, en 
el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de 
los Trabajadores, según el cual este tipo de salario ha de tener en cuenta: el índice de 
precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación 
del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Junto a la prórroga de las medidas de apoyo público para evitar que se comprometa 
el tejido productivo y para reducir los efectos sociales y económicos, es preciso prorrogar 
las medidas de acompañamiento precisas para asegurar la protección social, evitando 
despidos y destrucción de puestos de trabajo en dichas circunstancias extraordinarias, 
temporales y urgentes.
Así, el presente real decreto-ley adapta al nuevo periodo de apoyo público que se 
extiende hasta el 30 de junio de 2023 las medidas en el ámbito laboral de apoyo a las 
personas trabajadoras del artículo 44 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
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consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, así como en el 
artículo 1.Diez del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se 
prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, de forma 
que:
a) Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos 
objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.
b) Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o 
suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por 
causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no 
podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
También en materia organizativa, las medidas en respuesta a la crisis requiere la 
adecuación de la organización de los recursos de la Administración en el ámbito de la 
transición energética.
Por ello, se incorpora una disposición final que modifica la disposición adicional 
duodécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que clarifica y actualiza las 
funciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), de modo 
que éste pueda prestar asistencia técnica, en sentido amplio, al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las materias relacionadas con las 
energías renovables, la eficiencia energética y la transición energética, con el objeto de 
acelerar las medidas en curso y dar cumplimiento, de forma urgente, a las actuaciones 
recogidas en el Plan Más Seguridad Energética (+SE) y el programa REPowerEU; así 
como el apoyo transversal al conjunto de la Secretaría de Estado de Energía en el 
seguimiento e implementación del resto de medidas del Plan.
Asimismo, se prevé la instrumentación jurídica de los medios que se necesitan para 
el apoyo a la gestión que implican los arbitrajes en materia de energías renovables, entre 
el Ministerio de Justicia (Abogacía General del Estado), el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico e IDAE.
También, se modifica la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 16/2022 con el fin de 
actualizar y clarificar el régimen de cobranza de los avales previsto en el artículo 16 del 
Real Decreto Ley 5/2021 y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de mayo 
de 2021 o los que posteriormente puedan dictarse al amparo de esa habilitación. El 
objetivo de la reforma es triple. En primer lugar, aclarar el régimen de representación y 
defensa de los créditos derivado de los avales públicos, que corresponderá en todo caso 
a las entidades financieras, salvo en los supuestos previstos en la disposición para que 
lo asuma los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. En 
segundo lugar, establecer un nuevo régimen de voto separado en los planes de 
reestructuración que permita a las entidades financieras votar de forma separada por la 
parte del crédito avalado respecto de la parte restante del crédito no avalado que les 
corresponda a la vez que se facilita la coordinación entre las partes en los convenios y 
planes de continuación previendo el ejercicio del derecho de voto, adhesión u oposición 
del órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que resulte competente. 
Por último, con la misma finalidad de facilitar las reestructuraciones, permitir que las 
entidades financieras puedan votar sin necesidad de recabar autorización de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuando concurran las circunstancias previstas en los 
correspondientes Reales Decretos y Acuerdos de Consejo de Ministros adoptados al 
amparo del Marco Temporal Europeo y el artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2021.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2022 instruye al Instituto de 
Crédito Oficial a que extienda, cuando se cumplan las condiciones establecidas en su 
anexo I, el vencimiento de los avales otorgados a empresas y autónomos en virtud del 
artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, del artículo 1 del Real Decreto-
ley 25/2020, y de los acuerdos de Consejo de Ministros de desarrollo de ambos. En 
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concreto, el referido Acuerdo, ante la inminente expiración el 30 de junio de 2022 del 
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del anexo de la 
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de 
crédito a la exportación a corto plazo (en adelante Marco Temporal Europeo COVID-19), 
introdujo la posibilidad de llevar a cabo extensiones de plazo de las garantías una vez 
expirado dicho Marco, con el fin de evitar restricciones innecesarias a la reestructuración 
de los préstamos y otras operaciones de financiación con avales otorgados al amparo de 
los Reales Decretos-leyes citados, si los beneficiarios finales, en su calidad de deudores, 
experimentasen dificultades tras la expiración del Marco Temporal Europeo COVID-19 y 
el intermediario financiero desease extender el vencimiento del préstamo u operación de 
financiación garantizada de conformidad con sus procedimientos y procesos internos 
estándar.
En lo que respecta a estas extensiones, el referido Acuerdo establece que el plazo 
máximo del aval desde la fecha de formalización de la operación avalada no podrá 
exceder de diez años en el caso de los avales que cumplan las condiciones para los 
importes limitados de ayuda del apartado 3.1 del Marco Temporal Europeo, ni de ocho 
años para los avales que cumplan las condiciones establecidas para las garantías de 
préstamos de conformidad con el apartado 3.2 del Marco Temporal Europeo.
En lo que respecta a estas extensiones, el referido Acuerdo establece que el plazo 
máximo del aval desde la fecha de formalización de la operación avalada no podrá 
exceder de diez años en el caso de los avales que cumplan las condiciones para los 
importes limitados de ayuda del apartado 3.1 del Marco Temporal Europeo, ni de ocho 
años para los avales que cumplan las condiciones establecidas para las garantías de 
préstamos de conformidad con el apartado 3.2 del Marco Temporal Europeo.
Con la misma finalidad de evitar restricciones innecesarias a la reestructuración de 
los préstamos y otras operaciones de financiación avaladas que presidió la adopción del 
citado Acuerdo, y dado que éste permite las extensiones de plazo señaladas sin más 
requisitos que el acuerdo entre el beneficiario final y la entidad financiera, se ha 
considerado que el mismo régimen debe aplicarse en sede concursal, por lo que no se 
exige, en estos casos, la autorización previa de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Por otro lado, se procede a modificar la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, con carácter urgente como consecuencia de la aprobación de la Directiva (UE) 
2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que 
se modifican el Reglamento (UE) no 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la 
Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de 
información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
Conforme a la norma europea todas las empresas incluidas en su ámbito de 
aplicación estarán obligadas a elaborar y presentar información en materia de 
sostenibilidad. Será la Comisión Europea la encargada de aprobar, mediante actos 
delegados, las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS). Las 
primeras NEIS se aprobarán antes del 30 de junio de 2023. En su tarea, la Comisión 
recibirá el asesoramiento técnico del European Financial Reporting Advisory Group, 
(EFRAG) del que Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) forma parte.
El contenido de las NEIS requiere de un conocimiento técnico específico sobre las 
áreas medioambientales, aspectos sociales y de gobernanza. Por lo tanto, se considera 
esencial que en el seno del ICAC se instrumente cuanto antes un mecanismo a través 
del cual pueda formarse la posición española respecto al contenido de estas NEIS, en el 
cual estén representadas todas las partes interesadas, para que pueda desarrollar su 
cometido en el futuro proceso de elaboración de las NEIS tal y como actualmente ocurre 
en relación con la normativa contable y de auditoría en los Comités del ICAC.
Por ello, el presente real decreto-ley crea en el ámbito del ICAC el Comité Consultivo 
de Sostenibilidad, dependiente del Consejo de Información Corporativa del que formarán 
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parte representantes de los supervisores españoles, preparadores de la información 
corporativa sobre sostenibilidad, usuarios de la información, representantes de los 
Ministerios competentes por razón de la materia y auditores, todos ellos expertos en 
sostenibilidad con objeto de contribuir a una adecuada formación de la posición española 
en Europa.
Además, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, dado que se mantiene la 
obligatoriedad de la utilización de las mascarillas como medida de prevención frente a la 
COVID-19 en ciertos ámbitos públicos, se considera oportuno prorrogar, hasta el 30 de 
junio de 2023, la aplicación del tipo del 4 por ciento del IVA a las entregas, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables referidas en 
el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de 
noviembre de 2020.
Por otra parte, las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2 y la 
generalización de las pruebas de diagnóstico suponen un pilar fundamental en la 
prevención y protección de los ciudadanos y la lucha contra la pandemia del COVID-19, 
por lo que se considera oportuno prorrogar la aplicación del tipo del 0 por ciento del IVA a 
estos productos durante el primer semestre de 2023.
Este real decreto-ley incluye una disposición final por la que se modifica el artículo 40 
del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, ampliando el ámbito objetivo del compartimento Fondo de Ordenación, del 
Fondo de Financiación a Entidades Locales,
Hasta ahora, las necesidades financieras de las Entidades Locales que pueden 
atenderse con cargo al compartimento Fondo de Ordenación se regulan en el 
artículo 40.1 del citado Real Decreto-ley 17/2014, así como en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas 
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Y en este esquema operativo, corresponde a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordar la distribución de la dotación 
del Fondo de Financiación a Entidades Locales por compartimentos, los importes 
máximos a percibir por las Entidades Locales beneficiarias para suscribir las 
correspondientes operaciones de crédito, y aprobar las condiciones financieras de las 
mismas.
Se amplía el ámbito objetivo del compartimento Fondo de Ordenación, al objeto de 
permitir que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos pueda 
establecer las necesidades financieras que las Entidades Locales incluidas en el ámbito 
subjetivo del artículo 39.1 del citado Real Decreto-ley 17/2014 pueden financiar con 
cargo a dicho compartimento.
Y al mismo tiempo, y por razones operativas, se habilita a la mencionada Comisión 
Delegada del Gobierno para que establezca mediante acuerdo, los requisitos que 
deberán reunir las obligaciones pendientes de pago a los proveedores, el importe 
máximo para financiar y el procedimiento aplicable, que en el caso de que el período 
medio de pago a proveedores supere el plazo máximo establecido en la normativa de 
morosidad se iniciará previa solicitud de las entidades locales que se determinen en 
dicho acuerdo, considerando, en su caso, a las entidades dependientes clasificadas en 
el sector de administraciones Públicas con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales. Sin embargo, en el caso de que aquel periodo medio de pago 
supere de forma reiterada en más de treinta días el plazo máximo antes citado, el 
procedimiento se iniciará de oficio por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El abono a favor de los proveedores conllevará la extinción del principal de la deuda 
contraída por las entidades locales, y de cualesquiera gastos accesorios de dicho 
principal, para lo que será necesaria la renuncia a su percepción por parte de los 
proveedores. Además, para proceder a aquel abono, será necesario que las entidades 
locales formalicen una operación de endeudamiento a largo plazo con el Fondo de 
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Financiación a Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, con las 
condiciones financieras que se fijen por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. Las entidades locales quedarán sujetas a la condicionalidad fiscal 
y financiera recogida en los artículos 45 y 46.2 del mismo Real Decreto-ley 17/2014. 
Como especialidad, si se iniciase el procedimiento de oficio por el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, y las entidades locales no formalizasen la operación de 
endeudamiento se aplicarían retenciones en su participación en tributos del Estado, 
siempre que se ejecuten los pagos a proveedores, ya que la medida se configura con 
carácter obligatorio para dichas entidades.
Por último, se recogen aspectos relacionados con la tesorería, que precisan norma 
con rango de ley, relacionados con la aplicación del plan de disposición de fondos, 
recogida en el artículo 187 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Aspectos 
relacionados con el presupuesto, como es la obligación del reconocimiento de las 
obligaciones en el presupuesto vigente para el año en el que se adopte aquel acuerdo, 
con cargo al importe que corresponda del total financiado.
X
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las 
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Se configura, por tanto, esta 
norma como un instrumento con unos contornos bien definidos en los que el juicio 
político de oportunidad y necesidad goza de un amplio margen, siempre que se oriente 
en alcanzar un resultado concreto ante una situación de urgencia ineludible.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4). Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y 
urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, «la 
presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el 
Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de 
urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)».
La extraordinaria y urgente necesidad de las medidas de prórroga de la suspensión 
de los cortes de suministros viene determinada por la necesidad de mantener la garantía 
de estos suministros básicos y la protección de los consumidores más vulnerables, que 
debe hacerse mediante este real decreto-ley para impedir que la efectividad de las 
medidas deje de tener aplicación el 31 de diciembre de 2022, como prevé la normativa 
en vigor.
La necesidad de establecer en este real decreto-ley por razones de urgencia una 
aportación extraordinaria al sector eléctrico para compensar los gastos y garantizar el 
equilibrio del sistema eléctrico, se debe a la coyuntura de precios y de mercado que 
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motiva la necesidad de aprobación inmediata de todas las medidas energéticas que se 
contienen en esta norma.
Los mismos argumentos son aplicables a la prórroga de la suspensión temporal del 
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica; a la prórroga del 
mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva; a 
la prórroga de la limitación del precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo 
envasados, y a la prórroga a las exenciones de pago de cánones de almacenamientos 
subterráneos básicos, ya que la inmediatez del término final de tales medidas hace 
ineludible el recurso a la figura del real decreto-ley, pues, de otro modo, esto es, su 
prórroga mediante una ley ordinaria, en ningún caso podría aprobarse, como 
consecuencia de los plazos de tramitación de aquellas, antes de la conclusión de su 
vigencia.
La extraordinaria y urgente necesidad de la limitación del precio máximo del GLP, se 
justifica, además, ante la imprevisibilidad, gravedad e inmediatez de la situación actual, y 
tiene por objeto mantener el precio máximo, con un valor igual al actualmente vigente 
durante las revisiones del precio que se lleven a cabo hasta el 30 de junio de 2023; con 
objeto de amortiguar la excepcional subida de cotizaciones internacionales del butano y 
del propano y proteger a los consumidores ante la volatilidad de las mismas.
Se considera urgente la necesidad de ajustar el método de liquidación de cargos en 
el sistema eléctrico y la creación de la figura de la previsión final de costes de cargos en 
el sistema eléctrico correspondiente a 2022, para tener previstos antes de final de este 
ejercicio todos los escenarios que puedan producirse, con objeto de mantener la 
neutralidad de los resultados de las liquidaciones para los sujetos del sistema.
En relación con la modificación de las condiciones de aplicación de las medidas de 
flexibilización de los contratos de gas natural, la extraordinaria y urgente necesidad viene 
determinada por la urgencia que existe de desligar cuanto antes la aplicación de la 
medida de la evolución de los precios del gas natural en los mercados, dada la extrema 
volatilidad de los mismos, lo que dificulta la aplicación del mecanismo.
La urgencia de la aplicación de las medidas destinadas a excluir a los consumidores 
industriales de la limitación de la duración de los contratos de suministro de gas y de 
desligar la cancelación de sus servicios adicionales de la rescisión de su contrato de 
suministro viene dada por el hecho de que su no aplicación inmediata podría ocasionar 
que esos consumidores vean limitada, durante un periodo de tiempo adicional 
incompatible con sus necesidades actuales, la posibilidad de disfrutar de condiciones 
más favorables ligadas a la duración más prolongada de los suministros.
En relación con la medida que define como se debe realizar la estimación del precio 
de los combustibles para la actualización de la retribución a la operación, a partir del 1 de 
enero de 2023, se considera de extraordinaria y urgente necesidad, para proporcionar 
seguridad jurídica a los titulares de las instalaciones, y evitar su parada, con el 
consecuente impacto negativo en los precios, en la seguridad de suministro y en la 
industria asociada.
Las reformas procedimentales que tienen por objeto agilizar la implantación y el 
despliegue de proyectos de generación de energía renovable, contribuyen a racionalizar 
los procedimientos de concesión de permisos aplicable a estos proyectos y garantizarán 
una aceleración positiva de este despliegue, que es imprescindible para remediar la 
emergencia energética a corto plazo, a fin de alcanzar el objetivo de contribución 
española a la cuota de energía procedente de fuentes de energía renovables en el 
consumo final bruto de energía del conjunto de la Unión Europea.
En cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad de la disposición relativa a la 
suspensión de tramitación de los nudos reservados a concurso de acceso, esta viene 
motivada por el fin de acomodar el número de solicitudes de nuevas instalaciones de 
generación renovable a la cantidad que, tanto la red como el territorio pueden absorber. 
El no hacerlo con carácter urgente puede suponer, además del empleo innecesario de 
recursos de las administraciones, la percepción artificial, por parte del territorio donde se 
ubican las plantas de generación, de una ocupación excesiva del mismo. Asimismo, el 
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inicio de las tramitaciones con instalaciones que aún no tienen posibilidad de evacuar su 
energía puede suponer un cambio de expectativas en el uso de los terrenos que puede 
perjudicar a otras actividades económicas sin que la sociedad obtenga ningún beneficio 
a cambio.
En cuanto a las medidas referentes al sector primario, las circunstancias obligan a 
adoptar medidas excepcionales y urgentes. En primer lugar, se articulan por medio de 
este real decreto-ley una batería de medidas de apoyo al sector, con el fin de paliar en la 
medida de lo posible la gravísima situación en que se encuentran, y en atención a la 
importancia de los mismos como provisores de bienes públicos, tales como la seguridad 
alimentaria nacional, la fijación de población en el territorio, el reequilibrio entre las 
diferentes partes de España o la oferta de oportunidades vitales para todos.
No en vano, el artículo 130.1 de la Constitución recoge que «los poderes públicos 
atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en 
particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de todos los españoles», mandato que constituye una 
manifestación más del Estado Social y Democrático de Derecho (artículo 1.1) y es reflejo 
de una de las funciones básicas de éste, la función promocional (artículo 9.2) para 
equiparar el nivel de vida de todos los españoles, sin olvidar el principio de solidaridad 
que proclama el artículo 2, conforme al cual el Estado velará por el establecimiento de un 
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
Es, por consiguiente, imperioso que los Poderes públicos atiendan a estas 
necesidades acuciantes en el sector para asegurar su viabilidad y sostenibilidad, 
ayudando a su mantenimiento en esta coyuntura tan delicada. Por ese motivo, no es 
susceptible de aprobarse un paquete de medidas de tal impacto y envergadura con la 
urgencia requerida si no es por medio de un real decreto-ley. En algunos casos, por 
cuanto se trata además de ayudas fundadas en el artículo 22.2 b) de la Ley General de 
Subvenciones, que por su propia naturaleza requieren de una norma con rango de ley 
para poder acordarse. Su adopción requiere de la celeridad e inmediatez que sólo una 
norma como la presente permite ofrecer, como soporte para la aplicación efectiva de una 
medida de crisis específica que se caracteriza. Otro tanto ocurre en el sector de la pesca 
para la financiación de los costes adicionales derivados del incremento del coste del 
gasóleo Una demora en cualquiera de estos sistemas de apoyo al sector supondría 
desbaratar la efectividad de dichas medidas y por lo tanto ha de recurrirse al mecanismo 
más urgente e inmediato para lograr sus fines, lo que se ve complementado con un 
diseño centrado en la rapidez y agilidad en la prestación de las ayudas y la canalización 
de los fondos de modo oportuno y lo más automático posible.
Las medidas tributarias en materia agraria y pesquera, contienen modificaciones 
concretas y puntuales que no suponen afectación al deber de contribución al 
sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Además, 
como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que la materia 
tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de que 
dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto «no se deriva necesariamente que se 
encuentre excluida del ámbito de regulación del Decreto-ley, que podrá penetrar en la 
materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto 
habilitante y no «afecte» en el sentido constitucional del término, a las materias 
excluidas» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 
y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, de 7 
de julio, FJ 7)(…)
Se considera, por lo expuesto, que en este caso estamos una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad que precisa de una respuesta normativa con rango de 
ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Española. Ello es así 
porque asistimos a circunstancias extraordinarias, en las que, a causa de la situación 
creada tras la invasión de Ucrania, que han encarecido por encima de lo que era 
previsible hace apenas unos meses los precios de combustible. Se trata de una 
coyuntura para la cual no se espera una salida a corto plazo, lo que conllevará la 
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paralización de servicios esenciales si no se adoptan medidas que permitan su 
continuidad. Puede afirmarse que hay una conexión clara entre esta situación y la 
compensación que, como medida excepcional, se prevé frente al alza de los precios del 
combustible. La ausencia de una respuesta inmediata por parte de la Administración 
pública a estos problemas supondrá un perjuicio muy grave a la continuidad de las 
comunicaciones con los territorios no peninsulares y el incumplimiento de la obligación 
que la Constitución Española impone al Estado en su artículo 138.1.
Estas circunstancias conllevan que la tramitación ordinaria legislativa retrasaría en 
demasía la aplicación de las medidas propuestas, cuando la realidad actual exige 
necesariamente adoptarlas urgentemente.
En cuanto a las medidas que se adoptan en el ámbito del transporte, cabe recordar 
que el uso del real decreto-ley procede en situaciones que se han calificado como 
«coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un 
instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que es pertinente y adecuado para la 
consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a 
«situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de 
prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, 
y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8)
La extraordinaria y urgente necesidad deriva de la necesidad de dar continuidad a la 
aplicación de los descuentos en el precio de los abonos y títulos multiviaje en los 
servicios de transporte de competencia y titularidad de las comunidades autónomas y las 
entidades locales a partir del 1 de enero de enero de 2023, sin solución de continuidad 
con la medida aprobada por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2022.
El Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de 
mayo (F.J. 9) 111/1983] sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio 
de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por 
lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria 
siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no 
afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho 
instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los 
tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son 
susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo.
Las medidas contienen modificaciones concretas y puntuales que no suponen 
afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el 
artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), 
«A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, 
es «al examen de si ha existido «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o 
libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la 
configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, 
FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de 
la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes 
cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga 
tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; 
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vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación 
normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición 
del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema 
tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por 
todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en 
qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la 
función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o 
medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del 
mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción 
normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se 
trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo demás, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, 
proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son 
congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada 
la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.
Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias.
El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, 
estructurada en ciento ocho artículos, tres disposiciones transitorias, y cuatro 
disposiciones finales, y se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 8.ª, 9.ª, 13.ª, 
14.ª, 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 25.ª, del artículo 149.1 de la Constitución 
Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral y civil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
de Hacienda general y deuda del Estado, de legislación básica y régimen económico de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios, pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en 
la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas; puertos de interés 
general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo; ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de 
una Comunidad Autónoma; legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad autónoma, 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, bases del 
régimen minero y energético, respectivamente, respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Ministra de Hacienda y Función 
Pública; la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía 
Social; la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico; la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Ministra 
de Industria, Comercio y Turismo; el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; el 
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Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2022,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en materia energética
Artículo 1.  Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable temporalmente a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y 
«pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
1. Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2023, se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y 
«pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
2. El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal 
mencionado en el apartado anterior, a las entregas de briquetas y «pellets» procedentes 
de la biomasa y a la madera para leña será el 0,625 por ciento.
Artículo 2.  Modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Con efectos desde el 1 de enero de 2023, se modifica la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición adicional primera.  Prórroga de medidas tributarias.
1. La aplicación del tipo impositivo del 0,5 por ciento del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad establecida en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de 
gas y electricidad, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
2. La aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
las mascarillas quirúrgicas desechables referidas en el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, 
prevista en el artículo 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria, se prorroga hasta el 30 de junio de 2023.
3. La aplicación del tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los 
efectos del SARS-CoV-2, así como a efectos del régimen especial del recargo de 
equivalencia, prevista en la disposición final séptima del Real Decreto-ley 35/2020, 
de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería 
y el comercio y en materia tributaria, se prorroga hasta el 30 de junio de 2023.»
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Artículo 3.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la 
isla de La Palma.
Se modifica el artículo 18 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 18.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
energía eléctrica.
Con efectos desde el 1 de julio de 2022 y vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2023, se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica 
efectuadas a favor de:
a) Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia 
contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW, con 
independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, 
cuando el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último 
mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado 
los 45 €/MWh.
b) Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores 
del bono social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable 
severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica.»
Artículo 4.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras 
la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
El apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, queda modificado en los 
siguientes términos:
«1.  Hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive, no podrá suspenderse el 
suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los 
que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo 
de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Para acreditar 
la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas 
natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la 
que se refleje la percepción del bono social de electricidad.»
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Artículo 5.  Determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados 
del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica durante el 
ejercicio 2023.
1. Para el ejercicio 2023 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda 
percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía 
eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo 
minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema 
durante el ejercicio.
A efectos de calcular los pagos fraccionados correspondientes a los cuatro trimestres 
de 2023, el valor de la producción de la energía eléctrica, medida en barras de central, e 
incorporada al sistema eléctrico durante dicho periodo será de cero euros.
2. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensará al sistema 
eléctrico por el importe equivalente a la reducción de recaudación consecuencia de la 
medida prevista en el apartado 1 anterior, con el límite máximo de la cantidad necesaria 
para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los gastos asociados a los cargos del 
sistema eléctrico.
A tal efecto y previo informe preceptivo y favorable de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, se autoriza el libramiento del importe preciso del crédito 
presupuestario 23.03.000X.738 «A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de 
acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética», sin necesidad de aplicar el 
procedimiento establecido en el apartado 2 de la Disposición adicional segunda de la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Artículo 6.  Aportación extraordinaria al sector eléctrico para compensar los gastos y 
garantizar el equilibrio del sistema eléctrico.
1. De forma extraordinaria, y de acuerdo con el apartado 2 e) del artículo 13 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se destinará al sistema de 
liquidaciones del sector eléctrico un importe de 2.000 millones de euros para cubrir los 
costes financiados por los cargos del sistema eléctrico correspondientes al ejercicio 2022 
y de esta manera compensar el eventual déficit del sistema eléctrico y garantizar el 
equilibrio del mismo en este ejercicio.
2. Con el fin de financiar la aportación al sistema eléctrico regulada en el apartado 
anterior, se aprueba un crédito extraordinario por importe de 2.000 millones de euros en 
el presupuesto para 2022 de la sección 23 «Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico», servicio 03 «Secretaría de Estado de Energía», programa 000X 
«Transferencias y libramientos internos», concepto 734 «A la CNMC para financiar 
aportación extraordinaria al sistema eléctrico para compensar los gastos y garantizar el 
equilibrio del sistema eléctrico».
El crédito extraordinario anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto 
del organismo 302 «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» de la 
Sección 27 «Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital»:
– En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 702.05 «Del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para compensar los gastos y garantizar el 
equilibrio del sistema eléctrico », por importe de 2.000 millones de euros.
– En el presupuesto de gastos, en el programa 425 A «Normativa y desarrollo 
energético», concepto 774 «Para compensar los gastos y garantizar el equilibrio del 
sistema eléctrico», 2.000 millones de euros.
La financiación del crédito extraordinario anterior se realizará de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022.
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Artículo 7.  Prórroga del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la 
industria electrointensiva.
1. La aplicación del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la 
industria electrointensiva contenida en el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se 
prorroga hasta el hasta el 30 de junio de 2023.
2. Al objeto de compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico 
consecuencia de la reducción de peajes prevista en el apartado anterior, se aprueba un 
crédito extraordinario por importe de 112,5 millones de euros en el presupuesto 
para 2023 de la sección 23 «Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico», servicio 03 «Secretaría de Estado de Energía», programa 000X 
«Transferencias y libramientos internos», concepto 732 « A la CNMC para compensar 
reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la reducción de peajes 
para consumidores electrointensivos».
El crédito extraordinario anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto 
del organismo 302 «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» de la 
Sección 27 «Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital»:
– En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 701.04 «Para compensar la 
reducción de ingresos en el sistema eléctrico como consecuencia de la reducción de 
peajes para consumidores electrointensivos», por importe de 112,5 millones de euros.
– En el presupuesto de gastos, en el programa 425 A «Normativa y desarrollo 
energético», concepto 773 «Ayudas para compensar la reducción de ingresos en el 
sistema eléctrico como consecuencia de la reducción de peajes para consumidores 
electrointensivos», por importe de 112,5 millones de euros.
La financiación del crédito extraordinario previsto en el apartado anterior se realizará 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Artículo 8.  Ampliación del alcance temporal de la limitación del precio máximo de venta 
de los gases licuados del petróleo envasados.
Se modifica el artículo 19 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma, de acuerdo al siguiente tenor literal:
«1.  En las revisiones correspondientes del precio máximo de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo que se aprueben desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley hasta el hasta el 30 de junio de 2023 el precio 
máximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados que resulte de la aplicación del sistema establecido en la Orden 
IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación 
automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación 
automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización, no podrá superar el precio máximo antes de impuestos, 
establecido por la Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de 
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en 
envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases 
de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
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2. La diferencia entre el precio máximo de venta teórico calculado conforme 
la metodología de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, y el precio máximo de 
venta, antes de impuestos, que resulte de la aplicación del apartado anterior se 
recuperará en posteriores revisiones del precio máximo. Esta diferencia, en cada 
actualización, se incluirá en el término de desajuste unitario del bimestre b-1 ("D 
b-1") contemplado en el artículo 3.4 de la mencionada Orden IET/389/2015, de 5 
de marzo.»
Artículo 9.  Uso de los almacenamientos subterráneos básicos del 1 de abril de 2023 
al 31 de marzo de 2024.
1. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo 
de 2024, se aplicarán las siguientes medidas:
a) A la capacidad de almacenamiento asignada de forma directa conforme a lo 
indicado en el punto 2, necesaria para cumplir la obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas operativas del usuario se le aplicará un canon de almacenamiento 
de 0 €/kWh/día/año. El resto de capacidad asignada de forma directa se facturará 
conforme al canon en vigor.
b) A la capacidad asignada en la subasta del producto anual, que no esté destinada 
al almacenamiento de existencias mínimas de seguridad estratégicas u operativas del 
sistema, ya sean propias o arrendadas a terceros, se le aplicará un canon de 
almacenamiento de 0 €/kWh/día/año más la prima resultante de la subasta.
c) Los usuarios beneficiarios del descuento referido en el apartado b) tendrán 
obligación de llenado del 90% de la misma a fecha 1 de noviembre de 2023 salvo en el 
caso del almacenamiento destinado al almacenamiento destinado al cumplimiento de la 
obligación de llenado establecida por la Unión Europea para dicha fecha, que tendrá una 
obligación de llenado del 100%. En caso de incumplimiento de esta obligación toda la 
capacidad adjudicada se facturará al precio del canon en vigor más la prima resultante 
de la subasta del producto anual, durante los doce meses de duración del producto.
2. El Gestor Técnico del Sistema procederá a asignar la capacidad de 
almacenamiento necesaria para cumplir con la obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad necesaria para cumplir con el nivel mínimo de llenado 
de los almacenamientos subterráneos el 1 de noviembre impuesto por la Unión Europea.
3. Para financiar la actividad de almacenamiento subterráneo regulada en este 
artículo, se aprueba un suplemento de crédito por importe de 23.167.530 euros en el 
presupuesto para 2023 de la sección 23 «Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico», servicio 03 «Secretaría de Estado de Energía», programa 000X 
«Transferencias y libramientos internos», concepto 731 «A la CNMC para para 
actuaciones de almacenamiento subterráneo».
El suplemento de crédito anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto 
del organismo 302 «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» de la 
Sección 27 «Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital»:
– En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 701.03 «Del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para actuaciones de almacenamiento 
subterráneo», por importe de 23.167.530 euros.
– En el presupuesto de gastos, en el programa 425A «Normativa y desarrollo 
energético», concepto 771 «Para actuaciones de almacenamiento subterráneo», 
23.167.530 euros.
La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se realizará 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
4. Se habilita al Gestor Técnico del Sistema para adquirir gas natural destinado a 
existencias mínimas de seguridad en el mercado organizado de gas en caso de 
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incumplimiento por parte de los sujetos obligados y a contratar y facturar la capacidad 
necesaria en los almacenamientos subterráneos.
5. Mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico se podrá prorrogar la aplicación de la presente disposición para 
periodos posteriores.
Artículo 10.  Modificación de Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
1. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Las medidas dispuestas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo 
y el despliegue de energías renovables, serán de aplicación hasta el 31 de 
diciembre de 2023, con independencia de la evolución de los precios del gas 
natural en el mercado MIBGAS.»
2. La financiación de los costes derivados de esta medida se realizará con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 11.  Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
El Real Decreto 1434/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Los suministros por terceros en el mercado liberalizado requerirán un 
contrato por escrito entre una empresa comercializadora debidamente autorizada 
y el consumidor en el que se recogerán todas las condiciones del suministro, 
seguridad, continuidad del servicio, calidad, repercusiones económicas por 
incumplimiento de la calidad del suministro, medición y facturación del mismo, 
causas de rescisión, mecanismos de subrogación y mecanismos de arbitraje en su 
caso.
Para aquellos consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso, y siempre que, a solicitud del consumidor, se rescindiera su contrato 
antes de iniciada la primera prórroga, la penalización máxima por rescisión de 
contrato no podrá exceder el 5% de la facturación prevista por el término variable 
de energía, que se calculará mediante la multiplicación del precio del contrato en 
el momento de su rescisión por la energía estimada pendiente de suministro. A 
este efecto, se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico a dictar el procedimiento a emplear para la 
estimación de la energía pendiente de consumo.
Con carácter general, los contratos de suministro de los consumidores con 
derecho a acogerse a la tarifa de último recurso tendrán una duración máxima de 
un año, pudiéndose prorrogar tácitamente por períodos de la misma duración. Las 
prórrogas de estos contratos podrán ser rescindidas por el consumidor con un 
preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo alguno en concepto 
de penalización por rescisión de contrato.
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Dichos contratos no podrán contener cláusulas contrarias a lo dispuesto en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y disposiciones de 
desarrollo, y las controversias que pudieran surgir en la aplicación de los mismos 
se resolverán en la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de 
los procedimientos de arbitraje previstos en el ordenamiento jurídico.»
Dos.  Se modifica en apartado 3 del artículo 40, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«3.  En todo caso, los servicios adicionales que hayan sido contratados por el 
consumidor con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, junto con el 
suministro de gas natural deberán ser rescindidos a la vez que el suministro de 
gas natural, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario en el 
momento de la finalización del contrato.»
Artículo 12.  Estimación del precio de los combustibles para la actualización de la 
retribución a la operación, a partir del 1 de enero de 2023.
A partir del 1 de enero de 2023, para la actualización de la retribución a la operación 
de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio 
del combustible, la estimación del precio de los combustibles se llevará a cabo 
considerando las variaciones semestrales del coste de las materias primas y, en su caso, 
de los peajes de acceso previstas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se 
establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las 
instalaciones con régimen retributivo específico.
Se utilizará la citada metodología de estimación del precio de los combustibles hasta 
que sea de aplicación la orden por la que se establezca la nueva metodología para la 
actualización de la retribución a la operación de aquellas instalaciones tipo cuyos costes 
de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, prevista en el 
artículo 5.9 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania.
Artículo 13.  Ordenación de las tramitaciones en nudos sujetos a concurso de capacidad 
de acceso.
1. Con carácter excepcional, durante un plazo de 18 meses desde la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, en aquellos nudos en los que la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Energía haya resuelto la celebración de un concurso de 
capacidad de acceso conforme a lo previsto en el artículo 20.5 del Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica, quedarán suspendidos los procedimientos que los 
promotores hubieran instado ante el órgano competente mediante cualquiera de los 
siguientes trámites:
i. Presentación de resguardos acreditativos de haber depositado la garantía 
económica para la tramitación de los permisos de acceso de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, ante el órgano competente para otorgar 
la autorización de la instalación.
ii. Presentación de solicitudes de las autorizaciones administrativas previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
iii. Presentación de solicitudes de determinación del alcance del estudio de impacto 
ambiental previstas en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.
iv. Presentación de solicitudes de determinación de afección ambiental para 
proyectos de energías renovables o de procedimientos simplificados de autorización de 
proyectos de energías renovables al amparo de lo previsto en capítulo III del Real 
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Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania.
Una vez que se haya resuelto el correspondiente concurso de capacidad de acceso 
en cada nudo, se iniciará la tramitación de las solicitudes correspondientes a los 
proyectos que hubieran resultado adjudicatarios. El órgano competente dictará 
resolución motivada en la que podrá acordar el archivo de los procedimientos de los 
restantes proyectos, o continuar su tramitación cuando concurran razones que lo 
justifiquen
2. La suspensión de la tramitación prevista en el apartado anterior no será de 
aplicación a aquellos proyectos que:
a) Hayan solicitado un permiso de acceso y conexión al amparo de lo previsto en el 
artículo 8 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.
b) Respondan a hibridaciones que cumplan con lo establecido en el artículo 27 del 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.
c) Respondan a solicitudes que, dispongan de permisos de acceso y conexión.
d) Hayan presentado solicitud de permiso de acceso y conexión a un nudo de la red 
al amparo del artículo 7 del Real Decreto 1183/2020, de 23 de diciembre, con 
anterioridad a la resolución por la que se acuerda que en ese nudo concreto se celebrará 
un concurso de capacidad de acceso y siempre que esta no haya sido denegada o 
inadmitida por el gestor de la red.
Artículo 14.  Destino de un eventual superávit del Sector Eléctrico en el ejercicio 2022.
1. Si en la última liquidación mensual a cuenta de la de cierre del ejercicio 2022, el 
saldo provisional correspondiente a cargos arrojase un superávit de ingresos, a esta 
cantidad se le denominará «superávit provisional de cargos».
Una vez realizada dicha liquidación, el organismo encargado de las liquidaciones 
efectuará para los cargos del ejercicio 2022 una previsión de costes e ingresos relativos 
adicionales a los ya incurridos en la última liquidación provisional. A la diferencia entre 
dichas cantidades se le denominará «previsión final de costes de cargos».
Si la diferencia entre el superávit provisional de cargos y la previsión final de costes 
de cargos fuese positiva, el organismo encargado de liquidaciones destinará en la 
siguiente liquidación mensual a cuenta del ejercicio 2023 un 90% de dicha diferencia 
para cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y 
costes del ejercicio 2023.
2. Si en los relativo a cargos del sistema eléctrico, por circunstancias sobrevenidas 
o errores en las estimaciones señaladas en el apartado anterior, para el cierre en 
equilibrio del ejercicio 2022 fuesen necesarios fondos adicionales, el organismo 
encargado de liquidaciones transferirá del ejercicio 2023 al ejercicio 2022 la cantidad 
necesaria para saldar en equilibrio. En ningún caso esta cuantía podrá superar la 
cantidad transferida en sentido contrario de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior.
Asimismo, si finalmente, en el cierre del ejercicio 2022 se generase superávit de 
ingresos del sistema eléctrico en lo relativo a cargos, la totalidad del mismo se aplicará 
para cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y 
costes del ejercicio 2023 correspondientes a cargos.
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Artículo 15.  Modificación del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se 
aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del 
personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía.
Se modifica el primer y el último párrafo del apartado 10 del artículo 2, con la 
siguiente redacción:
«10.  Para financiar el déficit por la aplicación tanto de la disposición adicional 
séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, y sus prórrogas, 
como de este artículo, se aprueba un crédito extraordinario por importe de 3.000 
millones euros en el presupuesto de la sección 23 "Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico", servicio 03 «Secretaria de Estado de Energía», 
programa 000 X, concepto 736 "A la CNMC para financiar la nueva tarifa de último 
recurso de gas natural aplicable temporalmente. Real Decreto-ley 18/2022, de 18 
de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 
de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 
sequía", que será transferido a la CNMC para la compensación a las CUR en base 
a lo establecido en este artículo. Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria 
para cubrir el déficit real causado por ambas medidas. Este crédito extraordinario 
tendrá la siguiente repercusión en el Presupuesto de ingresos y gastos de la 
CNMC:
a) En el presupuesto de ingresos en la aplicación 27.302.703.00 "para 
financiar la nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente, 
como consecuencia de las medidas del artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, 
de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de 
los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 
de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 
sequía" por importe de 3.000 millones euros, dentro del concepto 703 ''Del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 
compensación del sistema gasista''.
b) En el presupuesto de gastos en la aplicación 27.302.425 A.770 "para 
financiar la nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente, 
como consecuencia de las medidas del artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, 
de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de 
los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 
de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 
sequía" por importe de 3.000 millones euros. Esta partida se ampliará en la 
cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado por ambas medidas.
A los créditos anteriores se les otorga el carácter de incorporable de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, apartado a), de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
A las modificaciones presupuestarias recogidas en este artículo, incluyendo la 
incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio presupuestario de 2023, les 
resultará de aplicación, respecto a su financiación, las previsiones recogidas en el 
artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 185855
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Estos fondos tendrán la consideración de ingreso liquidable para 
compensación a las CUR del sistema gasista y serán ingresados en 2022 por la 
CNMC en la cuenta bancaria específica abierta a tal fin. Cualquier rendimiento 
financiero incrementará el saldo existente, mientras que cualquier gasto 
devengado, entre otros, intereses y comisiones de apertura o gestión será cargado 
a dicho saldo.
La CNMC librará estos fondos a las CUR, cuando éstas hayan acreditado la 
deuda soportada y la CNMC apruebe mensualmente con carácter provisional la 
liquidación correspondiente mediante resolución. Una vez finalizado el período de 
aplicación del presente artículo, la CNMC aprobará una resolución de liquidación 
definitiva para acreditar las cantidades abonadas a cada CUR y el saldo 
remanente, a favor o en contra, que deberá ser liquidado en el plazo de un mes.
Una vez concluido el procedimiento anterior y habiendo sido saldada la deuda 
con todos los CUR, cualquier saldo remanente en la cuenta bancaria será 
reintegrado al Tesoro Público.»
Artículo 16.  Modificación del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se 
establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción 
para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Real-Decreto-ley 10/2022, de 13 de 
mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes 
de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, 
que queda redactado como sigue:
«1.  El mecanismo de ajuste de los costes de producción de energía eléctrica 
regulado en este real decreto-ley será de aplicación a las siguientes instalaciones 
de producción en territorio peninsular que estén dadas de alta en el mercado en el 
día en que se produce la casación del mercado diario:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica correspondientes a 
centrales de ciclo combinado de gas natural.
b) Instalaciones de producción correspondientes a tecnologías de generación 
convencional que utilicen carbón como combustible.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica pertenecientes al grupo 
a.1 del artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las acogidas a la 
disposición transitoria primera del mismo que hubieran estado acogidas a la 
disposición adicional sexta.2 y la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, siempre que estas no cuenten con 
ningún marco retributivo de los regulados en el artículo 14 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como las instalaciones de 
cogeneración que utilicen gas natural como energía primaria y que estén acogidas 
a la modalidad general de régimen remuneratorio, en los términos previsto en el 
artículo 4.º-B del Decreto-Ley n.º 23/2010, de 25 de marzo ("Diário da República" 
n.º 59/2010, Série I, de 25 de marzo de 2010).»
Artículo 17.  Modificación del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen 
retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 del Real-Decreto-ley 17/2022, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la 
aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce 
temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, 
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importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, que 
queda redactado como sigue:
«1.  Las instalaciones de producción de energía eléctrica, situadas en 
territorio peninsular, pertenecientes al grupo a.1 definido en el artículo 2 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, así como las acogidas a la disposición transitoria primera de dicho real 
decreto que hubieran estado acogidas a la disposición adicional sexta.2 y la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 
podrán renunciar al régimen retributivo específico regulado en el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, a los efectos de la aplicación del mecanismo 
regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece 
con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la 
reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Dicha renuncia se 
podrá presentar siempre que el mecanismo regulado en el Real Decreto-
ley 10/2022, de 13 de mayo, se encuentre en vigor.»
Artículo 18.  Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica.
Se modifica el último párrafo del apartado iii., en la letra g) del artículo 3 del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«También tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las 
de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que 
empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la 
cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras 
artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de 
electricidad, esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas 
de transporte o distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia 
inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la 
distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.»
Artículo 19.  Modificación del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las 
comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de 
infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la 
actividad minera.
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, 
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de 
las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras 
y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«2. El pago de los compromisos adquiridos en dichos periodos se extenderán 
hasta la finalización de las actuaciones, siendo la fecha límite para el 
reconocimiento de las ayudas el 31 de diciembre de 2024.»
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Artículo 20.  Prórroga de las actuaciones de las Administraciones Públicas en edificios e 
instalaciones de titularidad o que estén ocupados o gestionados por las entidades 
públicas previstas en el artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de 
medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de 
reducción de la dependencia energética del gas natural.
Se prorroga hasta 30 de junio de 2023 la vigencia de las medidas excepcionales 
previstas en el artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural.
Artículo 21.  Modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la 
planificación de la red de transporte de energía eléctrica.
1. Antes del 31 de marzo de 2023, el Gobierno iniciará una modificación de 
aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la planificación de la red de transporte 
de energía eléctrica, previstos en el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, para incluir aquellas actuaciones urgentes que sean estratégicas y 
prioritarias para la transición energética y que permitan desarrollar la cadena de valor 
industrial.
2. Con carácter excepcional, las actuaciones incluidas en la planificación de la red 
de transporte de energía eléctrica podrán financiarse parcialmente con cargo a los 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuando contribuyan a 
sus objetivos y de conformidad con la normativa comunitaria.
3. El Gobierno establecerá los requisitos de elegibilidad de los proyectos, el 
procedimiento para la solicitud y concesión de la financiación y la intensidad de la 
misma, sujeta a las disponibilidades presupuestarias.
4. En aquellas actuaciones que sean susceptibles de ser financiadas con cargo a 
estos fondos, la parte no financiada por los mismos no computará a los efectos de los 
límites de inversión a que se hace referencia en Real Decreto 1047/2013, de 27 de 
diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 
actividad de transporte de energía eléctrica, o en su caso en la disposición adicional 
segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Artículo 22.  Procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de 
energías renovables.
1. Con carácter excepcional y transitorio, los proyectos de instalaciones de 
generación a partir de fuentes de energía renovables se someterán al procedimiento de 
determinación de las afecciones ambientales regulado en este artículo.
Se excluyen de este procedimiento los siguientes proyectos, que se someterán al 
correspondiente procedimiento de evaluación ambiental conforme a lo previsto en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:
1.º Los ubicados en superficies integrantes de la Red Natura 2000.
2.º  Los ubicados en espacios naturales protegidos definidos en el artículo 28 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
3.º Los ubicados en el medio marino.
4.º  La construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km
2. Los proyectos sometidos al procedimiento de determinación de las afecciones 
ambientales regulado en este artículo no estarán sujetos a una evaluación ambiental en 
los términos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en la medida en que así lo 
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determine el informe al que se refiere el apartado 3 de este artículo. No obstante, los 
términos empleados en este artículo se entenderán de conformidad con las definiciones 
recogidas en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
3. El procedimiento de determinación de las afecciones ambientales se desarrollará 
conforme a los siguientes trámites:
a) El promotor deberá presentar al órgano sustantivo para la autorización la 
siguiente documentación:
1.º  Solicitud de determinación de afección ambiental para proyectos de energías 
renovables. La solicitud de determinación de afección ambiental deberá cumplir los 
requisitos generales administrativos recogidos, con carácter general, en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas
2.º  El proyecto consistente en el anteproyecto previsto en el artículo 53.1.a) de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
3.º  El estudio de impacto ambiental con los contenidos previstos en los 
artículos 5.3.c) y 35 y en el anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
4.º  Un resumen ejecutivo que cuantifique los impactos acreditados respecto de los 
aspectos recogidos en el apartado 3.b).
Siempre que la documentación esté completa, el órgano sustantivo remitirá la 
documentación al órgano ambiental en un plazo de 10 días. En el caso de que no esté 
completa la documentación, previo trámite de subsanación de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas el órgano sustantivo tendrá al 
promotor por desistido.
b) El resumen ejecutivo elaborado por el promotor, deberá abordar de modo 
sintético las principales afecciones del proyecto sobre el medio ambiente en función de 
los siguientes criterios:
1.º  Afección sobre la Red Natura 2000, espacios protegidos y sus zonas periféricas 
de protección y hábitats de interés comunitario.
2.º  Afección a la biodiversidad, en particular a especies protegidas o amenazadas 
catalogadas
3.º Afección por vertidos a cauces públicos o al litoral.
4.º Afección por generación de residuos.
5.º Afección por utilización de recursos naturales.
6.º Afección al patrimonio cultural.
7.º Incidencia socio-económica sobre el territorio.
8.º  Afecciones sinérgicas con otros proyectos próximos al menos, los situados a 10 
km o menos en parques eólicos, a 5 km en plantas fotovoltaicas y a 2 km respecto de 
tendidos eléctricos.
c) A la vista de la documentación, el órgano ambiental analizará si el proyecto 
producirá, previsiblemente, efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y 
elaborará una propuesta de informe de determinación de afección ambiental, que 
remitirá al órgano competente en materia de medio ambiente, el cual dispondrá de un 
plazo de diez días para formular observaciones. Transcurrido dicho plazo, la falta de 
respuesta se considerará como aceptación del contenido de la propuesta de informe a 
efectos de proseguir las actuaciones.
d) En todo caso, el órgano ambiental formulará el informe de determinación de 
afección ambiental en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la 
documentación. En dicho informe se determinará si el proyecto puede continuar con la 
correspondiente tramitación del procedimiento de autorización por no apreciarse efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un 
procedimiento de evaluación ambiental o si, por el contrario, el proyecto debe someterse 
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al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental conforme a lo previsto en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
El informe podrá determinar también la obligación de someter la autorización del 
proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar posibles 
afecciones ambientales del mismo, así como a condiciones relativas al seguimiento y 
plan de vigilancia del proyecto. La instalación no podrá ser objeto de autorización de 
construcción o explotación si no se respetan dichas condiciones.
e) El informe de determinación de afección ambiental será publicado en la página 
web del órgano ambiental y será objeto de anuncio por parte de dicho órgano en el 
«Boletín Oficial del Estado». Asimismo será notificado al promotor y al órgano sustantivo 
en un plazo máximo de diez días.
4. El informe de determinación de afección ambiental perderá su vigencia y cesará 
en los efectos que le son propios si el proyecto no fuera autorizado en el plazo de dos 
años desde su notificación al promotor.
No obstante, cuando se trate de proyectos incluidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, si el informe 
determina que el proyecto puede continuar con la correspondiente tramitación del 
procedimiento de autorización por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, tendrá el plazo de vigencia y surtirá los efectos de cumplimiento de los 
hitos administrativos a los que se refieren sus apartados 1.a).2.º y 1.b).2.º
5. El informe de determinación de afección ambiental no será objeto de recurso 
alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial 
frente al acto de autorización del proyecto.
6. El procedimiento regulado en este artículo no tiene carácter básico y por tanto 
sólo será de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos 
públicos. No obstante, en su ámbito de competencias, las Comunidades Autónomas 
podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.
7. Este procedimiento será de aplicación a los proyectos respecto de los cuales los 
promotores presenten la solicitud de autorización administrativa de las previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ante el órgano 
sustantivo desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y antes del 31 de diciembre 
de 2024.
Los procedimientos ambientales que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
Artículo 23.  Procedimientos simplificados de autorización de proyectos de energías 
renovables.
Con el fin de lograr una reducción de la dependencia energética, la contención de 
precios y la garantía del suministro, se declaran de urgencia por razones de interés 
público, y se tramitarán en todo caso de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, los 
procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías 
renovables competencia de la Administración General del Estado, que hayan obtenido el 
informe de determinación de afección ambiental favorable.
Estos procedimientos se tramitarán conforme al Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, aplicándose la reducción de plazos prevista en este artículo y demás 
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efectos previstos por el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con 
las siguientes especialidades:
1. Se efectuará de manera conjunta la tramitación y resolución de las 
autorizaciones previa y de construcción definidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 
del artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. A este efecto:
a) De conformidad con lo indicado anteriormente, el promotor presentará una 
solicitud del procedimiento simplificado de autorización de proyectos de energías 
renovables acompañada del informe de determinación de afección ambiental favorable y 
del proyecto de ejecución.
El proyecto de ejecución deberá cumplir con los requisitos técnicos que están 
recogidos en la normativa sectorial de aplicación, en particular con los establecidos en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por el Real 
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y en el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de 
febrero.
b) Se unifican los trámites regulados en los artículos 127 y 131 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, relativos a la información y la remisión del 
proyecto de ejecución a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, 
empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte de la 
instalación que pueda afectar a bienes y derechos a su cargo. Los plazos previstos en 
estos artículos se reducirán a la mitad.
c) El trámite de información pública regulado en los artículos 125 y 126 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se realizará simultáneamente con el previsto en 
el apartado a) y sus plazos quedan reducidos a la mitad. En dicho trámite, se podrán 
realizar las observaciones de carácter medioambiental que procedan.
d) Finalizados dichos trámites, el área funcional o, en su caso, la dependencia de 
Industria y Energía competente para la tramitación remitirá, en el plazo de quince días, el 
expediente completo acompañado de su informe, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 127.5 y 131.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, a efectos de resolución.
2. En el supuesto de que se solicite la declaración de utilidad pública, esta deberá 
presentarse junto a las solicitudes de autorización administrativa previa y de 
construcción, acompañada de la documentación establecida por el artículo 143 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para su tramitación simultánea. A estos efectos:
a) El trámite de información a otras Administraciones públicas regulado en los 
artículos 146 y 147 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se unifica con el 
previsto en el apartado 1.b) de este artículo, y se realizará en los mismos plazos.
b) El trámite de información pública regulado en los artículos 144 y 145 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se unifica con el previsto en el apartado 1.c) de 
este artículo, se realizará en los mismos plazos.
c) El área funcional o, en su caso, la dependencia de Industria y Energía 
competente para la tramitación remitirá a la Dirección General de Política Energética y 
Minas el expediente e informe conjuntamente con el previsto en el apartado 1.d) anterior.
3. Este procedimiento será de aplicación a los proyectos respecto de los cuales los 
promotores presenten la solicitud de autorización administrativa de las previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ante el órgano 
sustantivo desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y antes del 31 de diciembre 
de 2024.
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Los procedimientos de autorización que se hallen en tramitación a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
TÍTULO II
Medidas de apoyo al sector primario
Artículo 24.  Ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo 
consumido por los productores agrarios.
1. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal para las personas físicas o 
jurídicas o entes sin personalidad que utilicen como carburante el gasóleo que tributa al 
tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 38/1992 en la agricultura, incluida la 
horticultura, ganadería y silvicultura, dirigida a compensar el posible incremento de 
costes provocados por el aumento del precio de los combustibles en 2023, derivado de 
la situación creada por la invasión de Ucrania.
2. Serán beneficiarios de dichas ayudas las personas o entidades a las que se 
reconozca el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
satisfechas o soportadas por los titulares de las explotaciones enumeradas en el 
apartado anterior conforme a lo establecido en el artículo 52 Ter de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales, con ocasión de las adquisiciones de gasóleo 
efectuadas durante el año 2022.
Los beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir con todas las obligaciones 
establecidas en el artículo 52. Ter de la Ley de Impuestos Especiales y su normativa de 
desarrollo.
3. Serán asimismo beneficiarios de estas ayudas los agricultores y ganaderos a los 
que se reconozca a la entrada en vigor de este real decreto-ley el derecho a la 
devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
Combustibles Derivados del Petróleo que grava el gasóleo utilizado en su actividad 
económica, conforme a lo establecido en la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución 
parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
Combustibles Derivados del Petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación del euríbor y su 
normativa de desarrollo.
4. El importe de la ayuda ascenderá a 0,20 euros por cada litro de gasóleo 
adquirido en 2022 y destinado exclusivamente al uso agrario por el que el beneficiario 
obtenga la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos prevista en el 
artículo 52 Ter de la Ley de Impuestos Especiales o del Impuesto Especial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo.
5. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la solicitud de 
devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y 
la ganadería conforme a lo establecido en la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril a partir 
del 1 de abril de 2023.
El procedimiento de gestión de la ayuda se tramitará de forma simultánea y conjunta 
con el procedimiento tramitado para la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería previsto en el 
artículo 52 Ter de la Ley de Impuestos Especiales y su normativa de desarrollo, excepto 
en lo que se refiere a ayuda destinada a los solicitantes de la devolución parcial del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles 
Derivados del Petróleo.
El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta a la que 
se ordene el pago devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos prevista en el artículo 52 
Ter de la Ley de Impuestos Especiales o, en su caso, en un único pago, a la cuenta a la 
que se ordena el pago de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo.
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Transcurrido el plazo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación 
de la solicitud sin haberse efectuado la concesión y el pago, la solicitud podrá 
entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta se podrá interponer 
recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los términos previstos 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función pública o del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su caso, podrá dictar las normas que resulten 
necesarias para desarrollar el procedimiento de gestión de las ayudas reguladas en este 
capítulo.
7. Las ayudas establecidas en este capítulo son compatibles con la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y 
ganadería regulada en el artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Especiales y con la 
devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
Combustibles Derivados del Petróleo.
8. Esta ayuda no estará sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 25.  Administración competente para la tramitación y pago de las ayudas para 
sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios.
1. Con excepción de lo señalado en el apartado segundo, se atribuye la 
competencia para la gestión de las ayudas a la Administración Tributaria que tenga 
atribuida la competencia para la gestión de la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería establecida en el 
artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Especiales. A estos efectos, se entenderá por 
Administración competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria, respecto de 
los beneficiarios que tengan su domicilio fiscal en territorio común, y la Administración 
Foral que corresponda, en el caso de beneficiarios cuyo domicilio fiscal se ubique en el 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra.
La Administración tributaria que resulte competente para gestionar las ayudas 
realizará todas las actuaciones de gestión, control y recaudación necesarias para la 
tramitación de las ayudas, con aplicación de los dispuesto en la Ley 58/2003, General 
Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, en lo no dispuesto expresamente en este 
capítulo.
2. Corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la gestión de 
las ayudas correspondientes a los agricultores y ganaderos a los que se reconozca el 
derecho a la devolución parcial Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo. Para ello la Administración 
tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias facilitará en un plazo inferior a dos 
meses desde la publicación del presente real decreto-ley al Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación una relación de aquellas personas físicas o jurídicas que se hayan 
visto beneficiadas de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo, consumidos durante 
el ejercicio de 2022, indicando el número de litros por el que se realiza la devolución de 
acuerdo con la Orden de 2 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se establecen las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los 
módulos de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles 
derivados del petróleo, el importe recibido y el número de cuenta del abono de dicha 
devolución. El listado de los potenciales beneficiarios será publicado en la sede 
electrónica del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, otorgándose un plazo de 
cinco días para poder ejercer el derecho de renuncia a esta ayuda que, caso de no 
ejercerse, equivaldría a la solicitud de la misma.
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Artículo 26.  Cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado de las ayudas para 
sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios.
1. El importe de las ayudas percibidas no podrá superar la cantidad máxima por 
beneficiario prevista para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con las 
Decisiones al respecto aprobadas de conformidad con las normas del Marco Temporal 
Europeo Ucrania.
El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse 
empresas asociadas, en los siguientes términos:
a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar 
como empresas vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación 
siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con 
una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 25 % o más del capital o de 
los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los 
accionistas o socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 
la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda 
empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de 
un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría 
de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
2. Los solicitantes serán integrados en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a los efectos de control del hecho de que no superan la cuantía máxima 
permitida, en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional 
Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en 
adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los mismos costes 
subvencionables que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de minimis, 
del Reglamento de Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 
y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por 
acontecimientos de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia.
Artículo 27.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Función Pública de 
las ayudas para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores 
agrarios.
1. Al objeto de financiar las ayudas previstas en los artículos anteriores se aprueba 
la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto para 2023 de la sección 15 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública», servicio 05 «Secretaria de Estado de 
Hacienda», en el programa 923 M «Dirección y Servicios Generales de Hacienda y 
Función Pública», concepto 476 «Ayudas a titulares de explotaciones agrarias», por 
importe de 1.000 euros.
2. Se transferirán a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las 
cantidades abonadas por las ayudas gestionadas y acordadas por estas Instituciones 
correspondientes a beneficiarios con domicilio fiscal en sus respectivos territorios, previa 
certificación.
3. El crédito extraordinario anterior tendrá carácter ampliable y su importe se 
ampliará por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta el 
importe que alcancen las obligaciones derivadas del programa de apoyo público al 
consumo de combustibles.
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4. La financiación del crédito extraordinario y de las ampliaciones de crédito se 
realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
5. Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, previa provisión de fondos por Tesoro Público, de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre 
de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
6. Los pagos se realizarán con cargo a un concepto no presupuestario que se 
cancelará posteriormente por la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios 
recogidos en este artículo.
7. La fiscalización previa de los actos administrativos recogidos en los apartados 
anteriores se sustituye por el control financiero permanente realizado por la Intervención 
General de la Administración del Estado.
Artículo 28.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación .
1. Al objeto de financiar las ayudas previstas en los artículos anteriores, cuando los 
beneficiarios hayan soportado el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo, gestionadas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, se aprueba la concesión de un crédito extraordinario 
en el presupuesto para 2023, por importe de dos millones de euros en la 
aplicación 21.01.411M.473 «Concesión de ayudas de Estado Marco Temporal».
2. La financiación del crédito extraordinario anterior se realizará de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
Artículo 29.   Ayudas de Estado por consumo de gasóleo a empresas armadoras de 
buques pesqueros y almadrabas para el ejercicio 2023.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la concesión, a lo 
largo del año 2023, de una subvención a las empresas armadoras de buques pesqueros 
y almadrabas en compensación por el incremento de costes productivos provocados por 
el aumento del precio combustible, derivado de la situación creada por la invasión de 
Ucrania, con objeto de reducir los efectos en los precios y los mercados en el sector 
durante dicho ejercicio. Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones directas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
2. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que, a 
fecha 1 de enero de 2023, sean armadores de buques de pesca marítima (Código 
CNAE 031) con licencia en vigor y que estén de alta en la lista tercera del Registro 
General de Flota Pesquera y mantengan el cumplimiento de estos requisitos a lo largo 
de todo el año 2023, sin perjuicio del apartado 5.
También podrán ser beneficiarios de estas ayudas las almadrabas que exploten 
buques auxiliares con motor que se encuentren de alta en la lista cuarta del Registro 
General de Flota Pesquera en fecha 1 de enero de 2023, y se encuentren en la lista de 
buques autorizados para la campaña relativa al año 2023.
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellos buques que, aun cumpliendo 
con los criterios del párrafo anterior, se encuentren en situación de irregularidad según lo 
recogido en el artículo 5 letra b) del Real Decreto 1081/2012, de 13 de julio, por el que se 
establece el procedimiento de regularización de buques pesqueros y su actualización en 
el censo de la flota pesquera operativa y en el registro de buques y empresas navieras.
3. Los beneficiarios habrán de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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4. Las ayudas ascenderán a un montante máximo de 120.000.000 euros, que se 
imputará a la aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en el presupuesto del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2023. La concesión de las ayudas 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la 
resolución de concesión.
5. La cuantía máxima de la ayuda a percibir se calculará de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
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Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 185866
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 CALADERO NACIONAL  
 
 
 
AGUAS COMUNITARIAS E INTERNACIONALES  
 
CENSO POR MODALIDAD ESLORA (metros)Ayuda por 
barco
Menor de 10 1.100                  
Igual o mayor de 10 y menor de 12 2.784                  
Igual o mayor de 12 6.621                  
ESLORA (metros)Ayuda por 
barco
Menor de 12 6.404                  
Igual o mayor de 12 y menor de 18 21.624               
Igual o mayor de 18 y menor de 24 40.725               
Igual o mayor de 24 99.119               
ESLORA (metros)Ayuda por 
barco
Menor de 12 2.697                  
Igual o mayor de 12 y menor de 18 9.263                  
Igual o mayor de 18 y menor de 24 17.876               
Igual o mayor de 24 43.071               
ESLORA (metros)Ayuda por 
barco
Menor de 12 1.922                  
Igual o mayor de 12 y menor de 18 6.591                  
Igual o mayor de 18 21.354               
Ayuda por barco
Buques auxliares con motor autorizados de Almadrabas 1.098VOLANTA/RASCO/PALANGRE DE FONDO/ATUNEROS 
CAÑEROSARRASTRE CANTÁBRICO NOROESTE/GOLFO DE 
CÁDIZ/MEDITERRÁNEO/AGUAS DE PORTUGAL
CERCO CANTÁBRICO NOROESTE/GOLFO DE 
CÁDIZ/MEDITERRÁNEOARTES MENORES TODOS LOS CALADEROS
ESLORA (metros) Ayuda por barco
ARTES FIJAS ZONA CIEM y PALANGREROS DE 
FONDOCualquier eslora 109.086,00                                             
ESLORA (metros) Ayuda por barco
Hasta 40 253.929,00                                             
Igual o mayor de 40 300.000,00                                             
ESLORA (metros) Ayuda por barco
Menor de 12 10.428,00                                               
Igual o mayor de 12 y menor de 18 14.592,00                                               
Igual o mayor de 18 y menor de 24 38.015,00                                               
Igual o mayor de 24 y menor de 40 133.920,00                                             
Igual o mayor de 40 258.650,00                                             OTROS CENSOS POR  MODALIDAD  EN AGUAS UE 
Y AGUAS INTERNACIONALES (ATUNEROS 
CONGELADORES, ARRASTREROS CONGELADORES 
EN AGUAS INTERNACIONALES, ZONA NAFO, 
ZONA CIEM y  BACALADEROS) 
CENSO UNIFICADO PALANGRE DE SUPERFICIE
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No obstante, a excepción de las almadrabas, a la hora de conceder las ayudas se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
– En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 2 del 
presente artículo hasta el momento de la resolución, solamente se concederá y pagará la 
parte de la ayuda correspondiente con los meses naturales completos, contados de 
primero a último día del mes, en que sí se hayan cumplido los citados requisitos. La 
parte de la ayuda a percibir se estimará prorrata temporis  por meses naturales 
completos, contados de primero a último día del mes, teniendo en cuenta los importes 
contenidos en la tabla.
– En caso de que se deje de cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 2 
del presente artículo tras la resolución de concesión, la ayuda se pagará en su totalidad, 
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9 de este artículo.
En todo caso, para poder percibir una parte de la ayuda, los interesados deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 2 de este artículo durante, al 
menos, un mes natural completo en 2023, contado de primero a último día del mes.
En todo caso, el importe máximo a percibir será el establecido en la Comunicación 
de la Comisión de 28 de octubre de 2022 sobre el Marco temporal de crisis para las 
medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía tras la agresión de Rusia 
contra Ucrania C(2022)7945 final). En este sentido, se deberán tener en cuenta las 
ayudas de Estado ya percibidas en este mismo marco temporal.
6. La adscripción de cada buque a los criterios establecidos en la tabla del apartado 
anterior se determinará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
de acuerdo con la información obrante en el Registro General de Flota Pesquera.
7. Las ayudas se instruirán por la Subdirección General de Acuicultura, 
Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales, y se concederán por orden del 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. A estos efectos, el procedimiento se 
ajustará a los siguientes puntos:
a) Desde el día 13 de febrero a 12 de marzo de 2023, los interesados que cumplan 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del presente artículo podrán solicitar la ayuda 
a través del procedimiento específico que esté disponible en la sede electrónica 
asociada https://sede.mapa.gob.es/. A través del formulario disponible en dicha sede, 
entre otros aspectos, el interesado deberá otorgar su consentimiento a la consulta de 
datos, aportar la cuenta corriente en que haya de ingresarse la ayuda, así el certificado 
de titularidad de esta, indicar el número de teléfono móvil del solicitante y los buques de 
los que es armador y por los que solicita la ayuda.
Las ayudas podrán solicitarse por los propios interesados o por sus representantes 
legales, debidamente acreditados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, y haciendo uso del modelo de autorización 
para la representación específica en este procedimiento que se ponga a su disposición 
en la sede electrónica asociada citada anteriormente, las cofradías de pescadores, las 
organizaciones de productores y otras entidades asociativas representativas de los 
sectores de la pesca y la acuicultura, así como otras entidades, también podrán 
presentar y firmar la solicitud y demás documentos que deban remitirse en nombre de 
los interesados.
b) Como consecuencia del análisis de las solicitudes y de las consultas efectuadas, 
el órgano instructor podrá requerir que se subsane cualquier extremo que estime 
conveniente, otorgando un plazo de diez días hábiles al interesado y advirtiendo de que, 
en caso de no atender dicho requerimiento, se le declarará desistido en el procedimiento.
c) Conforme a la información recibida y como resultado de comprobar que los 
interesados están al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como que no son deudores por resolución de procedencia de 
reintegro y no han sido inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones, el 
órgano instructor procederá a publicar en la sede electrónica asociada https://
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sede.mapa.gob.es/ la propuesta de resolución provisional, otorgando un plazo de 
audiencia de 15 días hábiles para que, en su caso, puedan presentarse alegaciones a 
través del procedimiento citado en apartado a).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada 
tendrá carácter de definitiva.
d) Mediante orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se resolverá la 
concesión de las ayudas y, en su caso, la declaración de desistimientos y la denegación 
de ayudas, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la finalización del periodo 
de presentación de solicitudes. La orden se publicará a efectos de notificación en la sede 
electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud del 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
directamente recursos contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este acto, según lo previsto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
e) Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo.
8. El pago de la ayuda concedida se realizará durante el ejercicio 2023 y estará 
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente, y a que se tenga 
constancia de que el beneficiario cumple con los requisitos establecidos al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no son 
deudores por resolución de procedencia de reintegro.
9. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comprobará de oficio si los 
beneficiarios a los que se ha pagado la ayuda completa han mantenido el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el apartado 2 de este artículo durante todo el año 2023. 
En caso de incumplimiento de esos requisitos, se procederá al reintegro de los importes 
recibidos prorrata temporis  de los meses naturales completos, contados de primero a 
último día del mes, en que estos no se han cumplido.
10.  Las ayudas contempladas en este artículo se exceptúan de la autorización 
prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.  Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar los 
requisitos y condiciones establecidos en este artículo, y para flexibilizar las condiciones 
previstas en el mismo en función de las disponibilidades presupuestarias, así como para 
introducir aquellos ajustes que se consideren necesarios de la tabla contenida en este 
artículo.
Artículo 30.  Ayudas de Estado por el incremento de los costes de los agricultores por el 
uso de productos fertilizantes.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la concesión de 
ayudas directas a los agricultores, en compensación por el incremento de costes 
provocados por el aumento del precio de los fertilizantes, derivado de la situación creada 
por la invasión de Ucrania. Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones 
directas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley General de 
Subvenciones.
2. Serán beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de 
explotaciones agrícolas que han sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la 
PAC en la campaña 2022, que cuenten con cultivos permanentes y superficies de tierras 
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de cultivo en dicha campaña. No obstante, en el caso de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los beneficiarios de estas ayudas serán las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones agrícolas con superficies de tierras de cultivo y cultivos 
permanentes recogidos en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REGEPA) a 31 de 
mayo de 2022 para dicha Comunidad Autónoma.
3. El número de hectáreas de cada beneficiario se determinará de oficio por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y corresponderá a la superficie 
determinada de cultivos permanentes y de tierras de cultivo, excluidas las tierras de 
barbecho y los pastos temporales, que se haya establecido para el cobro en la 
campaña 2022 de las ayudas directas en virtud del Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. En el caso de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, el número de hectáreas se determinará en base a las superficies 
correspondientes a tierras de cultivo, excluidas las tierras de barbecho y los pastos 
temporales, y cultivos permanentes que figuren en el REGEPA a 31 de mayo de 2022.
4. Los beneficiarios deberán estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.
5. Las ayudas ascenderán a un montante máximo de 300.000.000,00 euros, y se 
imputará a las aplicaciones presupuestarias que a tal efecto se creen en el presupuesto 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del FEGA en 2023. La concesión de 
las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de la resolución de concesión.
6. La cuantía total máxima de la ayuda se concederá por hectárea elegible, 
conforme a lo indicado en el apartado 3 de este artículo, diferenciando superficie de 
secano de la de regadío, con los siguientes importes unitarios máximos:
a) Superficie de secano: 22 euros por hectárea.
b) Superficie de regadío: 55 euros por hectárea.
No se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulte inferior a los 200 
euros. Así mismo, las mismas se concederán hasta un máximo de 300 hectáreas por 
beneficiario, priorizando la superficie en regadío. 
La superficie de secano y de regadío será la declarada en la solicitud única de la 
campaña 2022 y determinada tras los controles pertinentes realizados por las 
comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Canarias remitirá al órgano 
instructor de esta ayuda la clasificación de las superficies en sistema de explotación en 
secano y regadío.
7. Las ayudas se instruirán por el órgano del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) que determine la persona titular de la Presidencia y se concederán de oficio por 
resolución de la persona titular de la Presidencia del FEGA. A estos efectos, el 
procedimiento se ajustará a los siguientes puntos:
a) El FEGA publicará en el tablón de anuncios de su sede electrónica asociada 
(https://www.sede.fega.gob.es/), la relación de titulares de las explotaciones a las que se 
refiere el apartado 2 en los que concurran los requisitos de actividad requeridos, así 
como el número de hectáreas computadas y la cuantía provisional de la ayuda a recibir. 
Las comunidades autónomas facilitarán al FEGA, en su caso, los datos necesarios a 
estos efectos.
b) Los beneficiarios dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde la 
publicación para rechazar la ayuda. El rechazo se realizará exclusivamente por los 
medios electrónicos que se identifiquen en la resolución de publicación de la relación a la 
que se refiere la letra a).
c) Los beneficiarios, o aquellos interesados que no figuren en la relación, 
dispondrán del mismo plazo para alegar, aportando la documentación correspondiente, 
los errores, omisiones u otras circunstancias que estimen convenientes. Las alegaciones 
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se realizarán exclusivamente por los medios electrónicos que se identifiquen en la 
resolución de publicación de la relación a la que se refiere la letra a).
d) Transcurrido el plazo al que se refiere la letra b) se procederá mediante 
resolución de la persona titular de la presidencia del FEGA a la concesión de las ayudas 
correspondientes a los beneficiarios que no hubieran ejercido las facultades de rechazo 
o alegación de errores u omisiones, así como a su pago en la cuenta señalada en la 
solicitud única de la PAC del año 2022. Las CCAA proporcionarán al FEGA los datos 
necesarios relativos a dichas cuentas.
8. La resolución se publicará a efectos de notificación en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud 
del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
a) La resolución de las alegaciones que hubieran sido presentadas al amparo de lo 
dispuesto en la letra c) de este apartado se adoptará posteriormente. La resolución 
incluirá, si procede, el pago de las ayudas correspondientes.
b) Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
9. A los efectos de este artículo serán de aplicación las definiciones establecidas en 
el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre sobre la aplicación, a partir de 2023, de 
las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos 
comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación 
de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
10.  Los beneficiarios evitarán en el ámbito de sus respectivas responsabilidades 
que los costes en materia de fertilizantes, en el importe equivalente a la subvención 
percibida, se trasladen, total o parcialmente, a los precios de venta de los artículos 
producidos.
El seguimiento de la evolución de los precios permitirá verificar la efectividad de esta 
medida.
11.  Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la modificación 
y concreción mediante orden ministerial de las adaptaciones procedimentales y de 
gestión que resulten precisas.
Artículo 31.  Créditos extraordinarios en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
1. Para la financiación de las ayudas anteriores, se aprueban los siguientes créditos 
extraordinarios en el presupuesto para 2023:
Aplicación
Importe Denominación
Sección Servicio ProgramaConcepto
Subconcepto
21 04 000X 416 300.000.000Al FEGA., para concesión de ayudas 
de Estado Marco temporal.
21 11 415B 472 120.000.000Concesión de ayudas de Estado Marco 
temporal.
Los créditos extraordinarios que se conceden se financiarán de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023 e implican la siguiente repercusión en los presupuestos del 
FEGA.
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PresupuestoAplicación
Importe Denominación
Sección Organismo ProgramaConcepto
Subconcepto
Gastos. 21 103 412M 477 300.000.000 Concesión de ayudas directas a fertilizantes.
Ingresos. 21 103  40003 300.000.000 Del Estado, para concesión de ayudas de Estado Marco temporal.
2. De forma excepcional, los créditos de la partida 21.04.000X.416, se podrán librar 
de una sola vez.
Artículo 32.  Exención de la tasa de la pesca fresca.
1. Estarán exentos de la tasa de la pesca fresca (T-4) durante un periodo de seis 
meses, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el armador del buque o 
embarcación pesquera, y su sustituto, en el caso de que la pesca fresca acceda al 
puerto por vía marítima.
2. La pérdida de ingresos en que incurran las Autoridades Portuarias como 
consecuencia de la exención a la que hace referencia esté artículo, se tendrán en cuenta 
como criterio en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario del año 2023, 
priorizando su asignación a aquellas Autoridades Portuarias cuyo resultado previsto del 
ejercicio fuere negativo sin contar dicho reparto.
TÍTULO III
Medidas de apoyo a otros sectores e industrias
Artículo 33.  Ayudas a los servicios de transporte marítimo de pasaje, o de pasaje y 
carga rodada en régimen de pasaje, en navegaciones de línea regular de cabotaje 
declaradas de interés público de competencia estatal y sobre aquellas líneas 
marítimas interinsulares de régimen análogo de competencia autonómica.
1. Se establece un sistema de ayudas directas a los servicios de transporte 
marítimo regular de pasajeros, o de pasaje y carga rodada en régimen de pasaje, sobre 
las líneas de interés público de competencia estatal establecidas por el Real 
Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de 
las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, y por 
los Acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020 y 22 de febrero 
de 2022 y las conexiones derivadas del artículo 31 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre; sobre las líneas interinsulares de las Illes Balears declaradas de interés 
estratégico por el Art.º 14 de la Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación del 
transporte marítimo de las Illes Balears; y sobre las líneas que atienden las necesidades 
básicas de comunicación marítima interinsular de las Islas Canarias, enumeradas en los 
anexos I y II del Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen 
especial de prestación de los transportes marítimos regulares.
2. Cuantía de la ayuda: se establece en 0,1375266 céntimos de euro por cada milla 
navegada por tonelada de arqueo bruto (GT), calculada para cada uno de los buques de 
pasaje, o de pasaje y carga rodada en régimen de pasaje, que operen la línea.
3. Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas empresas que lo 
soliciten que estén reconocidas por la administración correspondiente como operadoras 
de las líneas regulares incluidas en el ámbito de aplicación. Si la línea fuese de 
competencia autonómica, el solicitante acompañará certificación del órgano competente 
de la comunidad autónoma.
4. Las empresas beneficiarias de esta medida se comprometen a cumplir con las 
obligaciones de servicio público impuestas a las Líneas de Interés Público (o de régimen 
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análogo de competencia autonómica) que estuvieran operando, durante todo el periodo 
de vigencia de la medida.
5. Condiciones de percepción: Será requisito imprescindible que en la operación de 
la línea el buque emplee en sus motores principales exclusivamente combustibles de 
bajo contenido de azufre, como son el gas natural licuado (GNL), el gasóleo de uso 
marino (MGO) y el fuelóleo de bajo contenido en azufre (VLSFO), debiendo acreditarse 
este extremo mediante la presentación de las «notas de entrega de combustible» que 
facilite el suministrador durante el período de aplicación de este real decreto-ley, 
incluyendo la inmediatamente anterior a dicho período.
6. El importe individual de la ayuda se determinará para cada buque en función de 
su arqueo bruto y de las millas recorridas en su servicio regular. A estos efectos, como 
arqueo bruto se aplicará el que conste en el certificado internacional de arqueo del 
buque en GT, y en su defecto por el certificado de arqueo expedido por la Autoridad 
Nacional. Cuando el buque no disponga de arqueo bruto en esta unidad de medida, se 
utilizará como unidad la TRB.
Así mismo, se tomará como distancia recorrida en una línea la distancia entre los 
puertos de origen y destino, o la suma de las distancias entre éstos y los diferentes 
puertos de escala intermedios que se recorran en el itinerario del buque, no pudiendo 
incluir en dicha distancia recorrida trayectos que hayan sido incluidos en otras líneas. 
Para determinar la distancia entre puertos se emplearán las distancias publicadas por el 
Instituto Hidrográfico de la Marina. Para las distancias no recogidas en la información 
publicada por este Organismo se empleará la consignada en la siguiente tabla o la que 
determine la Autoridad Marítima si no estuviera consignada en la misma:
Distancias entre puertos
Puerto A Puerto BMillas
náuticas
La Graciosa (Caleta de Sebo). Lanzarote (Órzola). 3,5
Lanzarote (Playa Blanca). Fuerteventura (Corralejo). 8
Fuerteventura (Morro Jable). Gran Canaria (Las Palmas). 59
Gran Canaria (Agaete). Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife). 36
La Gomera (S. Sebastián de la Gomera). La Gomera (Valle del Gran Rey). 16
Todo ello sin perjuicio de las condiciones que puedan ser establecidas por resolución 
de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación a 
determinación de distancias, cálculo de arqueos o configuración de trayectos mediante 
escalas en las líneas.
7. La realización efectiva de los servicios realizados se acreditará mediante 
certificación de las autoridades portuarias, u organismos competentes sobre los puertos 
autonómicos en su caso.
8. El órgano encargado de la gestión de estas ayudas será la Dirección General de 
la Marina Mercante.
9. Solicitudes: se formularán mediante comparecencia en la sede electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cumplimentando el formulario 
electrónico y aportando la documentación que a tal efecto requiera la Dirección General 
de la Marina Mercante.
10.  Plazo de presentación de solicitudes y periodos de liquidación: Las solicitudes 
serán trimestrales y se referirán a la ayuda correspondiente a los servicios prestados en 
el trimestre natural anterior.
11.  Las ayudas reguladas en este artículo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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12.  Duración de la medida: esta medida tendrá una duración de seis meses, 
prorrogable por otros seis meses adicionales.
13.  Para la financiación de la ayuda, se aprueba un suplemento de crédito por 
importe de 73 millones de euros en el presupuesto para 2023 de la sección 17 
«Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», servicio 32 «Dirección General 
de Marina Mercante», programa 441N «Subvenciones y apoyo al transporte marítimo», 
concepto 442 «Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte 
marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público».
14.  La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se 
realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
CAPÍTULO I
Ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio de determinados 
productos energéticos para las empresas de transporte por carretera que tienen 
derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo 
de uso profesional
Artículo 34.  Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.
1. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal para los titulares de los 
vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos 
prevista en el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, que durante el período de vigencia de esta medida figuren matriculados en 
España, con el fin de paliar el efecto perjudicial en la actividad del transporte por 
carretera ocasionado por el incremento de los costes de los productos petrolíferos como 
consecuencia de la guerra de Ucrania.
2. Serán beneficiarios de esta ayuda los titulares de los vehículos citados en el 
apartado 2 del artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales que tengan derecho a 
la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos respecto del gasóleo para uso 
general que haya sido utilizado como carburante en el motor de los vehículos de su 
titularidad que figuren matriculados en España.
Los beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir con todas las obligaciones 
establecidas en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales y su normativa de 
desarrollo.
Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de modo alguno a personas físicas o 
sociedades afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se extiende a empresas 
controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a 
empresas que estén activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea 
haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la medida 
en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
3. El importe de la ayuda ascenderá a 0,20 euros por cada litro de gasóleo para uso 
general utilizado como carburante en el motor de los vehículos citados en el apartado 2 
del artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales que figuren matriculados en 
España en los suministros realizados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, y 
a 0,10 euros en los suministros realizados entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023.
4. La obtención de la ayuda estará condicionada a que el pago del gasóleo 
adquirido en instalaciones de venta al por menor se realice mediante la utilización de las 
tarjetas gasóleo profesional reguladas en la Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por 
la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la que se modifica la Orden 
EHA/993/2010, de 21 de abril por la que se establece el procedimiento para la 
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devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los 
agricultores y ganaderos.
La utilización de las tarjetas gasóleo profesional como medio de pago específico para 
la adquisición del gasóleo tendrá la consideración solicitud de la ayuda.
Cuando el suministro de gasóleo se realice en instalaciones de consumo propio a las 
que se refiere el artículo 1.9 de la Orden HFP 941/2022, la obtención de la ayuda estará 
condicionada a que el titular de la instalación cumpla los requisitos y obligaciones 
establecidos la mencionada Orden para la gestión de la devolución del Impuesto sobre 
Hidrocarburos prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales.
5. Para la gestión y pago de la ayuda se aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 52bis de la Ley de Impuestos Especiales y su normativa de desarrollo. A estos 
efectos el procedimiento de gestión de la ayuda se tramitará de forma simultánea y 
conjunta con el procedimiento tramitado para la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional.
6. A la finalización de cada mes natural la Administración competente calculará el 
importe de la ayuda y, acordará, en su caso, el pago de la misma.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
beneficiario en la solicitud de inscripción en el Censo de beneficiarios de devoluciones 
por gasóleo profesional y de vehículos de su titularidad.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la finalización del mes natural en el que 
se realizaron las adquisiciones de gasóleo sin haberse efectuado la concesión y el pago, 
la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta se podrá 
interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los 
términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
7. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función pública podrá dictar las 
normas que resulten necesarias para desarrollar el procedimiento de gestión de las 
ayudas reguladas en este capítulo.
8. Las ayudas establecidas en este capítulo son compatibles con la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional regulada en 
el artículo 52. bis de la Ley de Impuestos Especiales.
9. Los vehículos que obtengan las ayudas reguladas en este artículo, no podrán ser 
objeto de la ayuda directa extraordinaria y temporal para sufragar el precio de 
determinados productos energéticos para las empresas de transporte por carretera que 
no se beneficien de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el 
gasóleo de uso profesional, reguladas en la Sección II, del Capítulo II del Título I de este 
real decreto-ley.
10.  Las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 35.  Administración competente para la tramitación y pago de las ayudas.
Se atribuye la competencia para la gestión de las ayudas reguladas en este capítulo 
a la Administración Tributaria que tenga atribuida la competencia para la gestión de la 
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional 
establecida en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales.
A estos efectos, se entenderá por Administración competente la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, respecto de los beneficiarios que tengan su domicilio fiscal en 
territorio común, y la Administración Foral que corresponda, en el caso de beneficiarios 
cuyo domicilio fiscal se ubique en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
o la Comunidad Foral de Navarra.
La Administración tributaria que resulte competente para gestionar las ayudas 
realizará todas las actuaciones de gestión, control y recaudación necesarias para la 
tramitación de las ayudas, con aplicación de los dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, en lo no dispuesto 
expresamente en este capítulo.
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Artículo 36.  Cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado.
1. El importe de las ayudas percibidas no podrá superar la cantidad máxima por 
beneficiario prevista para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con las 
Decisiones al respecto aprobadas de conformidad con las normas del Marco Temporal 
Europeo Ucrania.
El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse 
empresas asociadas, en los siguientes términos:
a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar 
como empresas vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación 
siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con 
una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 25 % o más del capital o de 
los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los 
accionistas o socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 
la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda 
empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de 
un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría 
de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
2. Con carácter previo a la percepción de las ayudas, los solicitantes deberán 
presentar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del 31 de enero 
de 2023 y hasta la finalización del plazo de vigencia de las ayudas:
a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la 
invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra 
Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta.
b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión SA.102771 (2022/N), modificada por las Decisiones 
SA.103941 y SA.104884, (en adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) haya recibido. 
Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los mismos costes subvencionables 
que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que 
hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos 
de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.
c) Una declaración por escrito en la que se identifiquen a las empresas con las que 
se encuentres vinculados y asociados, en los términos definidos en el apartado 1 
anterior.
3. Adicionalmente, los solicitantes deberán presentar, ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, una declaración responsable en el momento en el que superen 
la cuantía máxima permitida, en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del 
Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión S.A. 
102771 (2022/N), modificada por las Decisiones SA.103941 y SA.104884, (en adelante, 
Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los mismos costes subvencionables 
que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que 
hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos 
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de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.
4. Los solicitantes serán integrados en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a los efectos de control del hecho de que no superan la cuantía máxima 
permitida, en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional 
Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en 
adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los mismos costes 
subvencionables que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de minimis, 
del Reglamento de Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 
y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por 
acontecimientos de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia.
Artículo 37.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
financiar las ayudas al gasóleo profesional.
1. Al objeto de financiar las ayudas previstas en los artículos anteriores se aprueba 
la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto para 2023 de la sección 15 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública», servicio 05 «Secretaria de Estado de 
Hacienda», en el programa 923 M «Dirección y Servicios Generales de Hacienda y 
Función Pública», concepto 474 «Apoyo público a empresas por consumo de gasóleo. 
RDL 20/2022, de 27 de diciembre» por un importe de 1.000 euros.
2. Mensualmente se transferirán a las Instituciones Navarras y a las Instituciones 
Vascas las cantidades abonadas por las ayudas gestionadas y acordadas por estas 
Instituciones correspondientes a beneficiarios con domicilio fiscal en sus respectivos 
territorios.
3. El crédito extraordinario anterior tendrá carácter ampliable y su importe se 
ampliará por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta el 
importe que alcancen las obligaciones derivadas del programa de apoyo público al 
consumo de combustibles.
4. La financiación del crédito extraordinario y de las ampliaciones de crédito se 
realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
5. Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, previa provisión de fondos por Tesoro Público, de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre 
de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
6. Los pagos se realizarán con cargo a un concepto no presupuestario que se 
cancelará posteriormente por la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios 
recogidos en este artículo.
7. La fiscalización previa de los actos administrativos recogidos en los apartados 
anteriores se sustituye por el control financiero permanente realizado por la Intervención 
General de la Administración del Estado.
8. A los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados en este Real 
Decreto-Ley no le será de aplicación la restricción prevista en el artículo 52.1 c) de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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CAPÍTULO II
Ayuda directa extraordinaria y temporal para sufragar el precio de determinados 
productos energéticos para las empresas de transporte por carretera que no se 
beneficien de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el 
gasóleo de uso profesional
Artículo 38.  Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.
1. Se establece un sistema de ayudas directas para profesionales del transporte 
terrestre por carretera que, respecto de determinados de sus vehículos, no puedan ser 
beneficiarios de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos prevista en el 
artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y sean 
titulares de las autorizaciones y de los medios de transporte regulados en el apartado 2, 
con el fin de paliar el efecto perjudicial en la actividad del transporte por carretera 
ocasionado por el incremento de los costes de los productos petrolíferos como 
consecuencia de la guerra de Ucrania.
2. Serán beneficiarios de la ayuda los trabajadores autónomos y sociedades con 
personalidad jurídica legalmente constituidas en España que a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto-ley:
a) sean titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, 
VT, VTC, VSE, MDLE, y MDPE atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos a 
la autorización y que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se 
encuentren de alta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
Aplicando las especiales circunstancias del hecho diferencial de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla a la regulación de las licencias VT recogidas en los artículos 123 a 127 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y en la Orden de 4 de febrero de 1993 por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera, el requisito de disponer de autorización de transporte público de viajeros en 
vehículo turismo auto-taxi, VT, se considera cumplido con la disposición de la licencia 
expedida en Ceuta y Melilla para vehículos taxi.
b) Sean titulares de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de 
utilización del Reglamento General de Vehículos y que a la fecha de entrada en vigor del 
real decreto ley, se encuentren de alta en el Registro de vehículos de la Jefatura central 
de Tráfico.
Los beneficiarios deberán desarrollar una actividad que se encuadre entre los 
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real 
Decreto 475/2007, de 13 de abril que se mencionan en el apartado 3.
Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de modo alguno a personas físicas o 
sociedades afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se extiende a empresas 
controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a 
empresas que estén activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea 
haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la medida 
en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
3. El importe de las ayudas se distribuirá entre las siguientes actividades:
Código CNAE Actividad
 A. TRANSPORTES
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
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Código CNAE Actividad
4941 Transporte de mercancías por carretera.
4942 Servicios de mudanza.
8690 Servicio de transporte sanitario de personas.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
El importe individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de 
vehículo explotado por cada beneficiario que no sea susceptible de beneficiarse de la 
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional, 
de acuerdo con la tabla incluida a continuación.
VehículoImporte
(euros)
Mercancías pesado. Camión. MDPE con MMA ≥7,5 t y tipo de carburante GLP, GNC o GNL. 3.690
Mercancías pesado. MDPE con MMA ≥7,5 t, tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias, Ceuta o Melilla. 2.700
Mercancías pesado. Camión. MDPE con MMA<7,5 t 1.000
Mercancías ligero. Furgoneta. MDLE. 450
Ambulancia VSE. 450
Taxis. VT. con tipo de combustible GLP, GNC o GNL. 410
Taxis. VT con tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias o taxis domiciliados en Ceuta o Melilla. 300
Vehículo alquiler con conductor. VTC. 300
Autobús. VDE y tipo de carburante GLP, GNC o GNL 2.050
Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos y tipo de combustible GLP, 
GNC o GNL2.050
Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos, tipo de combustible gasóleo y 
domiciliado en Canarias, Ceuta o Melilla.1.500
4. Los beneficiarios deberán solicitar la ayuda, por vía electrónica a través de la 
Sede electrónica de la Administración Tributaria competente, mediante el formulario 
habilitado al efecto, en el que se indicará la cuenta bancaria designada para el pago de 
la ayuda.
La solicitud se presentará durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 
de mayo de 2023.
Los solicitantes deberán adjuntar a su solicitud:
a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la 
invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra 
Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta.
b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N), modificada por las Decisiones 
SA.103941 y SA.104884, (en adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) haya recibido. 
Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los mismos costes subvencionables 
que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que 
hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos 
de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por 
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parte de Rusia. Estas declaraciones deberán presentarse a efectos de que la autoridad 
concedente verifique el cumplimiento de las reglas de acumulación previstas en dichas 
normativas.
5. La Jefatura Central de Tráfico remitirá a la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes del 1 de 
febrero de 2023, un fichero informático, a partir de los datos del Registro de Vehículos, 
que incluyan NIF/CIF de las empresas titulares de autobuses urbanos conforme a la 
clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos con tipo de 
combustible GLP, GNC o GNL;, o tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias, 
Ceuta o Melilla; Camión-MDPE con MMA ≥7,5 t y tipo de combustible GLP, GNC o GNL, 
o tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias, Ceuta o Melilla; Taxis-VT con 
tipo de combustible GLP, GNC o GNL, o tipo de combustible gasóleo y domiciliado en 
Canarias y Autobús-VDE y tipo de combustible GLP, GNC o GNL, o tipo de combustible 
gasóleo y domiciliado en Canarias, Ceuta o Melilla, y matrícula de los vehículos de su 
titularidad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Los órganos competentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
remitirán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, antes del 15 de marzo, un 
fichero informático integrado, en formato compatible con las bases de datos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la información correspondiente al 
Registro de Empresas y Actividades de Transporte en cuanto a los titulares de una 
autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, 
MDLE, con la tipología definida en los apartados anteriores; a las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, en lo que a autorización de vehículo turismo auto-taxi se refiere; y a los titulares 
de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de utilización del 
Reglamento General de Vehículos, que se encuentren de alta en el Registro de 
vehículos de la Jefatura central de Tráfico. Todos ellos referido a los datos obrantes a la 
fecha de entrada de este real decreto-ley.
6. La Administración Tributaria competente tramitará la solicitud y acordará el pago 
de la misma.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
beneficiario en la solicitud de ayuda, a partir del 30 de abril de 2023.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
del formulario sin haberse efectuado la concesión y el pago, la solicitud podrá 
entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta se podrá interponer 
recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los términos previstos 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
7. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función pública podrá dictar las 
normas que resulten necesarias para desarrollar el procedimiento de gestión de las 
ayudas reguladas en este capítulo.
8. Las ayudas por vehículo reguladas en este artículo, no podrán aplicarse a los 
vehículos citados en el apartado 2 del artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales 
que tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos respecto 
del gasóleo para uso general que haya sido utilizado como carburante en el motor de 
aquellos, siendo incompatibles con las ayudas por vehículo que resulten de la aplicación 
de la ayuda extraordinaria y temporal sobre el precio de determinados productos 
energéticos para las empresas de transporte por carretera que tienen derecho a la 
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional 
regulada en el capítulo primero del Título III de este real decreto-ley.
9. Las ayudas reguladas en este capítulo serán objeto de publicidad en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas
10.  Las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 39.  Administración competente para la tramitación y pago de las ayudas.
Se atribuye la competencia para la gestión de las ayudas a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, respecto de los beneficiarios que tengan su domicilio fiscal en 
territorio común, y a la Administración Foral que corresponda, en el caso de beneficiarios 
cuyo domicilio fiscal se ubique en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
o la Comunidad Foral de Navarra.
La Administración tributaria que resulte competente para gestionar las ayudas 
realizará todas las actuaciones de gestión, control y recaudación necesarias para la 
tramitación de las ayudas, con aplicación de los dispuesto en la Ley 58/2003, General 
Tributaria y sus reglamentos de desarrollo en lo no previsto expresamente en este 
capítulo.
Artículo 40.  Cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado.
1. El importe de las ayudas percibidas no podrá superar la cantidad máxima por 
beneficiario prevista para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con el 
Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las Decisiones al respecto aprobadas de 
conformidad con las normas del Marco Temporal Europeo Ucrania.
El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse 
empresas asociadas, en los siguientes términos:
a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar 
como empresas vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación 
siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con 
una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 25 % o más del capital o de 
los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los 
accionistas o socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 
la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda 
empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de 
un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría 
de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
2. Los solicitantes deberán adjuntar a la solicitud de la ayuda:
a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la 
invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra 
Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta.
b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N), modificada por las Decisiones 
SA.103941 y SA.104884, (en adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) haya recibido. 
Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los mismos costes subvencionables 
que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que 
hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos 
de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.
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c) Una declaración por escrito en la que se identifiquen a las empresas con las que 
se encuentres vinculados y asociados, en los términos definidos en el apartado 1 
anterior.
3. Adicionalmente, los solicitantes deberán presentar, ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, una declaración responsable en el momento en el que superen 
la cuantía máxima permitida, en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del 
Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión S.A. 
102771 (2022/N), modificada por las Decisiones SA.103941 y SA.104884, (en adelante, 
Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los mismos costes subvencionables 
que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que 
hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos 
de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.
4. Los solicitantes serán integrados en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a los efectos de control del hecho de que no superan la cuantía máxima 
permitida, en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional 
Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en 
adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los mismos costes 
subvencionables que hayan recibido de conformidad con los Reglamentos de minimis, 
del Reglamento de Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 
y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por 
acontecimientos de carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia.»
Artículo 41.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
1. Al objeto de financiar las ayudas anteriores, se aprueba la concesión de un 
crédito extraordinario en el presupuesto para 2023 de la sección 15 «Ministerio de 
Hacienda y Función Pública», servicio 05 «Secretaria de Estado de Hacienda», en el 
programa 923 M «Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública», 
concepto 473 «Ayudas al sector del transporte y titulares de autobuses», por importe 
de 107 millones de euros.
2. La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
3. Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre 
de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. Los pagos se realizarán con cargo a un concepto no presupuestario que se 
cancelará posteriormente por la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios 
recogidos en este artículo.
5. La fiscalización previa de los actos administrativos recogidos en los apartados 
anteriores se sustituye por el control financiero permanente realizado por la Intervención 
General de la Administración del Estado.
Artículo 42.  Modificación temporal de la fórmula aplicable para la revisión del precio del 
transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible. .
En la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del 
precio del combustible que proceda llevar a cabo en los contratos de transporte de 
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mercancías por carretera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, a 
partir de la entrada en vigor de este decreto ley se aplicarán, hasta el 30 de junio 
de 2023, las siguientes fórmulas para su cálculo:
a) Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 
kilogramos, con excepción de los de obras:
 
b) Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e 
inferior a 20.000 kilogramos, con excepción de los de obras:
 
c) Vehículos de obras con una masa máxima autorizada superior a 3.500 
kilogramos:
 
d) Vehículos con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos:
 
En todas las fórmulas anteriores:
∆P = cantidad en que el porteador podrá incrementar el precio contratado en su 
factura;
G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la 
Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se 
realizó efectivamente;
P = precio del transporte establecido al contratar.
Artículo 43.  Ayudas directas al transporte de viajeros.
1. Se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al primer semestre 
de 2023, para la concesión de apoyo financiero a las comunidades autónomas y 
entidades locales que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, así 
como a los entes locales supramunicipales que agrupen varios municipios, creados por 
normas de rango legal y que presten servicio de transporte público colectivo, que 
cumplan las condiciones a las que se hace referencia en el artículo dos.
2. Para este sistema de ayudas directas no resultará de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni será de aplicación ningún otro 
requisito establecido en otras leyes para la recepción de subvenciones, más allá de lo 
establecido en el presente capítulo.
Artículo 44.  Beneficiarios.
1. Los beneficiarios del sistema de ayudas serán las comunidades autónomas y las 
entidades locales que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, así 
como los entes locales supramunicipales que agrupen varios municipios, creados por 
normas de rango legal y que presten servicio de transporte público colectivo, que hayan 
implantado desde el 1 de enero de 2023, con vigencia hasta el 30 de junio de 2023, una 
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reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, 
de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje mínimo de 
un 50% sobre el precio habitual. En caso de que la implantación efectiva sea posterior 
al 1 de enero y no sobrepase el 1 de febrero de 2023, deberán habilitar un procedimiento 
para la devolución o compensación de las cantidades que correspondan por la compra 
de títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la 
reducción o, en su defecto, se les descontará la parte proporcional de la ayuda a percibir 
por los días de enero que no hubiera estado implantado el descuento.
2. Las comunidades autónomas y entidades locales deberán financiar, con cargo a 
sus propios presupuestos, el descuento de al menos el 20% en el precio de los abonos y 
títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta. Para la financiación de esta partida 
presupuestaria en ningún caso podrá emplearse la cantidad resultante de aplicar lo 
dispuesto en el apartado 8 del artículo 18 de este real decreto-ley, que deberá utilizarse 
íntegramente a reducir de manera adicional, desde al menos el 1 de febrero de 2023, el 
precio de los títulos multimodales integrados en los que participen servicios de Cercanías 
de Renfe durante el mismo periodo.
3. Todo ello, con las limitaciones que se establezcan por Orden Ministerial de la 
persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Artículo 45.  Créditos extraordinarios.
1. Se aprueba la creación de dos créditos extraordinarios, que ascenderán a un 
total de 380 millones de euros.
Los créditos serán gestionados por la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», 
servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», en el programa 441M 
«Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre». El primer crédito extraordinario se 
recogerá en el concepto 450 «Ayudas directas a Comunidades Autónomas para 
reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales» con un importe 
de 240 millones de euros. El segundo crédito extraordinario se recogerá en el 
concepto 464 «Ayudas directas a Entidades Locales para reducción del precio del billete 
de transporte a usuarios habituales» con un importe de 140 millones de euros.
Los créditos extraordinarios que se conceden se financiarán de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
2. Los importes que con cargo a las aplicaciones presupuestarias anteriores 
correspondan a cada uno de los beneficiarios, se asignarán con arreglo a criterios 
objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinen por Orden Ministerial 
de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la 
misma metodología utilizada en la gestión de las ayudas directas al transporte público 
terrestre, urbano e interurbano establecidas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de 
junio, y que será publicada en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
3. En caso de que sea necesario elevar la cuantía aprobada en cualquiera de las 
dos aplicaciones presupuestarias para incrementar la financiación requerida a la vista de 
las solicitudes presentadas, y al mismo tiempo existiera un saldo sobrante en la otra 
aplicación, se podrán reajustar las cuantías de las aplicaciones presupuestarias entre sí 
mediante la correspondiente transferencia de crédito.
A las modificaciones presupuestarias aprobadas en este Real Decreto-ley no les 
serán de aplicación las limitaciones recogidas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.
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Artículo 46.  Gestión de las ayudas.
1. Los posibles beneficiarios a los que hace referencia el artículo 44 presentarán 
antes del 31 de enero de 2023 una solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electrónico que a tal 
efecto se ponga a su disposición y en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta 
bancaria en la que deseen que se les realice el abono. La solicitud deberá incluir, en todo 
caso, el compromiso de implantación desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023 
de una reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje de, al menos, el 50% en los 
términos del artículo 44, y de financiar con cargo a sus propios presupuestos la cuantía 
que resulte necesaria para compensar a las entidades y operadores de transporte por la 
aplicación del descuento y los costes a que se refiere el artículo 48. Asimismo, los 
beneficiarios de las ayudas deberán cumplir los requisitos y plazos que se establezcan 
por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
2. Las ayudas se otorgarán mediante resolución del titular de la Dirección General 
de Transporte Terrestre. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
La competencia para aprobar los gastos y autorizar los compromisos, 
reconocimientos de obligaciones y propuestas de pago que procedan, así como expedir 
y autorizar los documentos contables derivados de dichas operaciones, corresponderá a 
la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre.
La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará por el órgano instructor 
competente de dicha Dirección General.
3. El medio de publicación de todos los actos administrativos del procedimiento, 
surtiendo en todo caso los efectos de notificación, será la Sede Electrónica del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
4. El órgano instructor, a la vista del expediente formulará la propuesta de 
resolución provisional que contendrá la relación provisional de beneficiarios y la cuantía 
a percibir por cada uno de ellos. La propuesta se publicará en la Sede Electrónica, 
concediéndose un trámite de audiencia por plazo máximo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación, para recepción de alegaciones.
5. Se formulará una propuesta de resolución definitiva para las comunidades 
autónomas beneficiarias y otra para las entidades locales, que contendrán la relación 
definitiva de beneficiarios y la cuantía a percibir por cada uno de ellos. El expediente de 
concesión de las ayudas contendrá un informe del órgano instructor en el que conste que 
de la información que obra en su poder se desprende que todos los beneficiarios 
incluidos en la relación cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
ayudas.
Una vez aprobada la resolución definitiva, las ayudas se abonarán mediante 
transferencia bancaria. La resolución se notificará a los beneficiarios publicándola en la 
Sede Electrónica.
Artículo 47.  Cofinanciación por las entidades locales y las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas y entidades locales competentes deberán financiar, con 
cargo a sus propios presupuestos, la cuantía que resulte necesaria, una vez aplicada la 
ayuda estatal, para cubrir, el coste de los descuentos en los porcentajes y por los 
períodos establecidos en el artículo 46, más los costes a que se refiere el artículo 48.
Artículo 48.  Afectación de los recursos.
Los importes que perciban las comunidades autónomas y las entidades locales con 
cargo a los suplementos de crédito que se autorizan deberán destinarse exclusivamente 
a financiar la prestación del servicio de transporte público urbano o interurbano y, en todo 
caso, a compensar a las entidades y operadores de transporte que realicen los 
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descuentos efectivos por la merma de ingresos que ha supuesto la implantación de la 
medida.
Esta compensación cubrirá al menos los menores ingresos obtenidos durante los 
seis meses de aplicación del descuento, los costes de implementación de la medida y los 
costes financieros en que pudieran haber incurrido, por el procedimiento que se acuerde 
por cada administración.
Artículo 49.  Compatibilidad de las medidas de apoyo.
1. Estas medidas de apoyo son compatibles y acumulables con cualquier otra 
subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la 
finalidad de reducir el precio final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los 
prestadores del servicio.
2. En particular, serán compatibles con las ayudas y subvenciones a las entidades 
locales por servicios de transporte colectivo urbano interior que se puedan regular en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y con las subvenciones 
nominativas destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros que se 
puedan establecer en la misma Ley.
3. No obstante, estas ayudas serán incompatibles con aquéllas otras que, en 
reconocimiento del hecho insular, puedan otorgarse en 2023 a las comunidades 
autónomas de Illes Balears y Canarias para la implantación de un descuento del 100% 
en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público 
colectivo terrestre de las islas.
Artículo 50.  Especialidades en la gestión de las ayudas para la reducción del precio de 
los títulos de transporte público colectivo terrestre de usuarios recurrentes en las 
comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias.
1. En el caso de que, en reconocimiento del hecho insular, las comunidades 
autónomas de Illes Balears y Canarias fueran beneficiarias en 2023 de ayudas para 
implantar un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos 
multiviaje del transporte público colectivo terrestre, las administraciones titulares de los 
servicios podrán crear un nuevo abono gratuito para los usuarios recurrentes. En este 
caso, la administración titular del servicio podrá optar por mantener los precios originales 
de los restantes abonos o títulos multiviaje, aplicar algún descuento o suspender su 
comercialización.
La comunidad autónoma beneficiaria de la ayuda establecerá las condiciones de 
recurrencia para la gratuidad del abono o título multiviaje de transporte o habilitará su 
fijación por las administraciones titulares de los servicios.
2. Las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias beneficiarias de las 
ayudas para la gratuidad en los títulos de transporte para usuarios recurrentes que 
puedan aprobarse en 2023, podrán establecer las limitaciones y condiciones que 
estimen necesarias respecto a la aplicación de los descuentos establecidos en los 
apartados anteriores, entre otras, en cuanto a las condiciones de venta y utilización, de 
vigencia y caducidad de los títulos de viaje, a la limitación en el número de títulos con 
descuento, u otras condiciones que se consideren necesarias, así como para establecer 
la operativa necesaria para vincular la aplicación de la gratuidad y los descuentos a unas 
condiciones de recurrencia mínima en el viaje. En el caso de servicios que no sean 
competencia de la Comunidad Autónoma, ésta podrá optar por establecer estas 
condiciones o establecer que sean las administraciones competentes las que las 
establezcan.
3. Por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer condiciones en relación con la 
aplicación de la medida a que se refiere el presente artículo.
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Artículo 51.  Subvención extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peajes en 
las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado.
1. En las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado, 
la revisión ordinaria de las tarifas que corresponda aplicar en 2023 conforme al 
artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre será asumida por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la medida necesaria para que los usuarios 
solo soporten una subida máxima de tarifas del 4%.
2. La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje calculará de oficio el porcentaje de subida de las tarifas y su 
distribución entre la parte soportada por los usuarios y lo que corresponde asumir al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elevará la correspondiente 
propuesta al titular del Ministerio, para su aprobación por orden ministerial antes del 1 de 
enero de 2023.
3. A partir de 2024 se reducirá progresivamente el porcentaje asumido por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a los apartados primero 
y segundo de este artículo. El importe de la reducción se fijará motivadamente, por orden 
ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, antes del 1 de enero de cada año. 
Como máximo, el 31 de diciembre de 2026 deberá quedar suprimida esta subvención.
4. A partir de 2023 las sociedades concesionarias remitirán a la Delegación del 
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en los 
primeros 15 días naturales de cada trimestre, una relación de los tránsitos que se hayan 
producido en el trimestre anterior, indicando sus ingresos por peaje y los que habrían 
percibido si no se hubiesen aplicado las medidas reguladas en este artículo. Las 
sociedades concesionarias facilitarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana cualquier comprobación que se estime oportuna en relación con la 
documentación remitida.
La Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje calculará la compensación a percibir por cada sociedad 
concesionaria. Dicha cantidad se incrementará con los intereses devengados desde el 
día 16 del segundo mes, punto medio del trimestre, hasta la fecha de pago, calculados al 
tipo de interés legal del dinero.
5. La Administración General del Estado dotará las partidas presupuestarias 
necesarias para la subvención extraordinaria y temporal de los incrementos de tarifas.
Artículo 52.  Crédito extraordinario para la financiación de la subvención extraordinaria y 
temporal de la revisión de tarifas y peaje en las autopistas .
1. Al objeto de financiar la subvención de la revisión de tarifas para el 2023 
regulada en el artículo anterior, se aprueba un crédito extraordinario, por importe de 23,3 
millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para 2023, en la aplicación prevista en el apartado 2 de este artículo.
2. Los créditos serán gestionados por la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana con cargo a la aplicación presupuestaria sección 17 
«Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», servicio 20 «Secretaría de 
Estado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», programa 441 M «Subvenciones y 
apoyo al transporte terrestre», subconcepto 473.11 «Subvención de la limitación de 
revisión de tarifas en autopistas de peaje. RDL 20/2022, de 27 diciembre.».
3. La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
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Artículo 53.  Reducción del precio de los títulos multiviaje por parte de los 
concesionarios de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera 
competencia de la Administración General del Estado.
1. Entre el 1 de febrero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023 los usuarios 
recurrentes para un trayecto con origen-destino determinado de un servicio público de 
transporte por carretera de competencia de la Administración General del Estado tendrán 
derecho a una bonificación del 100% del precio del billete en los términos establecidos 
en los siguientes apartados.
2. Se considerarán usuarios recurrentes a quienes realicen, al menos, 12 viajes en 
el primer trimestre de aplicación de la medida y, al menos, 16 viajes al cuatrimestre, entre 
el 1 de mayo y el 31 de diciembre.
3. Para ser beneficiarios de las condiciones establecidas en el apartado 1, los 
usuarios deberán registrarse en el lugar que habilite cada empresa concesionaria del 
servicio que atiende el origen-destino concreto, con el fin de obtener un código único 
personalizado (en formato QR y/o alfanumérico).
4. Las empresas concesionarias, sin perjuicio de la situación administrativa de la 
concesión, deberán facilitar el ejercicio de este derecho e implantar antes del 1 de 
febrero de 2023 el Sistema de Información de Registro de Datos de Explotación 
(SIRDE). Además, estas empresas concesionarias deberán implementar en el plazo de 
tres meses desde su aprobación por Resolución del Director General de Transporte 
Terrestre, los requisitos de imagen corporativa con que deberán identificarse los 
autobuses adscritos a la prestación de los servicios públicos de transporte regular 
permanente y de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Administración 
General del Estado, así como, en su caso, los requisitos en relación con la emisión de 
billetes y otros aspectos que faciliten la identificación del servicio prestado con la 
Administración titular de los servicios.
5. Por resolución de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana se establecerán las condiciones de comercialización, utilización, vigencia y 
caducidad de los títulos de viaje, la limitación en el número de títulos con descuento, u 
otras limitaciones o condiciones que se consideren necesarias, así como las 
obligaciones a cumplir por los concesionarios y las necesarias para establecer la 
operativa necesaria para vincular la aplicación de la gratuidad y los descuentos a unas 
condiciones de recurrencia mínima en los viajes.
El medio de publicación de todos los actos administrativos del procedimiento, 
surtiendo en todo caso los efectos de notificación, será la Sede Electrónica del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La condición de la empresa como concesionaria de transporte regular de viajeros por 
carretera será acreditada mediante certificado emitido por el órgano competente de la 
Dirección General de Transporte Terrestre expresando dicha circunstancia.
6. Las bonificaciones establecidas en este artículo, se financiarán con cargo al 
presupuesto para 2023 de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», programa 441M 
«Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre» y concepto 477 «Ayudas para 
reducción del precio de títulos multiviaje en las concesiones de transporte regular de 
viajeros por carretera competencia de la AGE».
7. Los concesionarios de transporte regular de viajeros por carretera competencia 
de la Administración General del Estado deberán enviar a la Dirección General de 
Transporte Terrestre la información que ésta le requiera y con la desagregación 
adecuada, para poder valorar el efecto que haya tenido la implantación de los 
descuentos en el número de usuarios.
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Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 185888
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Artículo 54.  Liquidación a los concesionarios de servicios públicos de transporte regular 
de viajeros por carretera competencia de la Administración General del Estado.
1. En el primer trimestre de 2023 la Dirección General de Transporte Terrestre 
abonará, en concepto de anticipo a cuenta, a cada uno de los concesionarios de 
servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia de la 
Administración General del Estado, sin perjuicio de la situación administrativa en la que 
se encuentre la concesión, la cantidad resultante de aplicar el 15% al total de los 
ingresos por venta de títulos correspondientes al ejercicio 2019, tal y como quedó 
acreditado en la presentación de las cuentas conforme a lo establecido por la Orden 
PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de contabilidad 
analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de 
viajeros de uso general correspondientes a dicho ejercicio.
Estos pagos anticipados podrán realizarse sin necesidad de garantías, quedando 
exonerados los concesionarios de la necesidad de su constitución.
No tendrán derecho a dicho anticipo las empresas que no hayan presentado las 
últimas cuentas a que estén obligados o hayan comunicado su intención de abandonar la 
concesión.
2. La Dirección General de Transporte Terrestre practicará a cada concesionario, 
sin perjuicio de la situación administrativa de la concesión, una vez finalizado cada 
cuatrimestre natural de 2023, una liquidación sobre los títulos de transporte utilizados en 
los términos recogidos en la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, siempre que los servicios sigan prestándose en las mismas 
condiciones exigidas en el contrato.
3. En relación con los contratos de servicios públicos de transporte de viajeros por 
carretera que se suscribieran en el año 2020 o siguientes, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, si bien el anticipo a cuenta se calculará aplicando el porcentaje del 15 % 
al valor anual estimado del contrato reflejado en el pliego de bases de la licitación.
4. La cuantía de la liquidación será la cantidad resultante de sumar el 95% del 
importe total correspondiente a los billetes acogidos a las condiciones de la bonificación 
y validados en SIRDE en el período a liquidar y la cifra más alta entre 8.000 € y un 10% 
adicional por los costes de gestión y financieros. A la cantidad anterior se le restará el 
importe de las fianzas rescatadas que pudieran establecerse por incumplimiento de las 
condiciones de aplicación del bono conforme establezca la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Artículo 55.  Obligación de servicio público Alicante-Murcia.
1. Quedan sujetos a obligación de servicio público los servicios entre Murcia y 
Alicante prestados por la nueva línea de altas prestaciones.
2. Antes del 30 de junio de 2023 se procederá a modificar el «Contrato entre la 
Administración General del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal Renfe Viajeros, SME, 
S.A., para la Prestación de los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por 
Ferrocarril de «Cercanías», «Media Distancia Convencional», «Alta Velocidad Media 
Distancia (AVANT)» y «Ancho Métrico», Competencia de la Administración General del 
Estado, sujetos a Obligaciones de Servicio Público en el Periodo 2018 – 2027», con 
objeto de recoger el régimen de prestación del servicio a que hace referencia el apartado 
anterior, con efectos desde la fecha de inicio de la prestación de los servicios.
3. En el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley se establecerán por Resolución de la persona titular de la Secretaría General 
de Transportes y Movilidad las condiciones tarifarias, de frecuencia y horarios, en las que 
se prestará el servicio a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, y que tendrán 
validez desde la fecha en la que Renfe Viajeros SME, SA inicie la prestación del servicio, 
así como las modificaciones sobre el servicio actual. También se incluirán en dicha 
Resolución las condiciones de recurrencia que deberán cumplir los títulos multiviaje 
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adquiridos para ser utilizados en esta relación a efectos de su gratuidad en 2022 de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto.
Esta resolución surtirá efecto mediante su publicación en la Sede Electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
4. Esta declaración de OSP podrá ser revisada por Acuerdo de Consejo de 
Ministros.
Artículo 56.  Reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe 
Viajeros SME SA.
1. Renfe Viajeros SME, SA, creará un título multiviaje para los servicios de cada 
uno de los núcleos de Cercanías y Rodalies de la red ferroviaria de ancho convencional 
y de la red de ancho métrico, con vigencia para cada cuatrimestre natural de 2023. Será 
gratuito para los usuarios, sin perjuicio de las condiciones que serán establecidas por 
resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, tal y como se indica en el apartado 7 del presente artículo.
2. Renfe Viajeros SME, SA, creará un título multiviaje para cada origen-destino de 
los servicios ferroviarios de Media distancia que se presten tanto por la red de ancho 
convencional, como por la de ancho métrico declarados como obligación de servicio 
público por las administraciones competentes, incluyendo el servicio AVANT entre 
Ourense y A Coruña que se presta sobre la red de ancho convencional, el servicio 
AVANT entre Madrid-Salamanca y el nuevo servicio de media distancia entre Alicante y 
Murcia prestado sobre la red de altas prestaciones, con vigencia para cada cuatrimestre 
natural de 2023. Será gratuito para los usuarios, sin perjuicio de las condiciones que 
serán establecidas por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como se indica en el apartado 7 del 
presente artículo.
3. Todos los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de AVANT, declarados 
como obligación de servicio público, excepto los servicios entre Ourense y A Coruña y 
Madrid-Salamanca, así como los servicios de Media Distancia en la relación Murcia-
Alicante prestados sobre la red de altas prestaciones, que se regularán por lo recogido 
en el apartado 2 de este artículo, podrán beneficiarse de la aplicación de un descuento 
del 50 %, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre 
de 2023, con las condiciones que serán establecidas por resolución de la Secretaría de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como se indica en el 
apartado 7 del presente artículo. Quedan excluidos de la aplicación del presente 
apartado los títulos de ida y vuelta.
4. Las medidas establecidas en los apartados anteriores serán aplicables 
directamente a todos los servicios de competencia de la Administración General del 
Estado, incluidos en el contrato entre Renfe Viajeros SME SA y la AGE para la 
prestación de los servicios de Cercanías, Media Distancia Convencional y de Alta 
Velocidad, y Ancho métrico.
5. En relación con los servicios que Renfe Viajeros SME SA presta en Cataluña y 
que son de competencia autonómica, se aplicarán las condiciones anteriores durante el 
mes de enero de 2023. Para su aplicación entre el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de 
diciembre de 2023, la Generalidad de Cataluña deberá aceptar expresamente la 
aplicación de las condiciones anteriores para que puedan ser efectivas, mediante escrito 
remitido antes de que transcurran 15 días hábiles desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley, por parte del titular de la Consejería con competencias en materia de 
transporte, a la Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA.
6. En relación con los servicios regulares, no turísticos, que Renfe presta sobre la 
Red Ferroviaria de Interés General en virtud de convenios o contratos con las 
administraciones autonómicas, se aplicarán las condiciones anteriores durante el mes de 
enero de 2023. Para su aplicación entre el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre 
de 2023 estas administraciones deberán aceptar expresamente la aplicación de las 
condiciones anteriores, mediante escrito remitido antes mediante escrito remitido antes 
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de que transcurran 15 días hábiles de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 
por parte del titular de la Consejería con competencias en materia de transporte, a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA.
7. Las limitaciones y condiciones respecto a la aplicación de la gratuidad y los 
descuentos establecidos en los apartados anteriores, entre otras, las condiciones de 
venta y de utilización, de vigencia y caducidad de los títulos de viaje, la limitación en el 
número de títulos con descuento, u otras condiciones que se consideren necesarias, así 
como para establecer la operativa necesaria para vincular la aplicación de la gratuidad y 
los descuentos a unas condiciones de recurrencia mínima en el viaje serán las recogidas 
en la Resolución de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
por la que se establecen las condiciones de aplicación de las medidas de fomento del 
transporte colectivo establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de 
agosto en relación a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de 
RENFE VIAJEROS SME S.A. así como las relativas a la creación de títulos multiviaje y 
bonificación de su precio en determinados rutas de servicios ferroviarios prestados sobre 
la red ferroviaria de alta velocidad.
Esta resolución surtirá efecto mediante su publicación en la Sede Electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
8. En el caso de los acuerdos, convenios u otras fórmulas jurídicas existentes entre 
Renfe Viajeros SME, SA y los consorcios de transporte u otras entidades públicas que 
gestionen el transporte metropolitano, la liquidación de la compensación a favor de 
Renfe Viajeros que procediera en cumplimiento de los mismos para el año 2023 podrá 
ser asumida por la Administración General del Estado siempre que dichos consorcios y 
entidades públicas se comprometan expresamente a utilizar la cantidad íntegra que 
estimen que les correspondería abonar a Renfe por el año 2023 a reducir, desde al 
menos el 1 de febrero de 2023, el precio de los títulos multimodales integrados en los 
que participen servicios de Cercanías de Renfe durante el mismo periodo.
En cualquier caso, esta reducción deberá ser adicional a la que pudiera resultar de 
las obligaciones derivadas por la condición de beneficiario de la comunidad autónoma 
y/o entidad local correspondiente de las ayudas directas que se recogen el artículo 1 de 
este real decreto-ley para la reducción del precio de los abonos de transporte y títulos 
multiviaje.
A estos efectos, una persona con capacidad de representación por parte de cada 
consorcio de transporte u entidad pública que gestione el transporte metropolitano 
presentará en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana antes del 31 de enero de 2023, una declaración responsable asumiendo el 
compromiso indicado en los párrafos anteriores, según el modelo que se pondrá a 
disposición en la mencionada sede electrónica.
En caso de presentarse la mencionada declaración responsable, los Consorcios de 
Transportes u otras entidades públicas que gestionen el transporte metropolitano, 
quedarán exoneradas del abono a Renfe Viajeros de las liquidaciones que hubieran 
correspondido durante el año 2023. La compensación por la pérdida de ingresos de 
Renfe por esta exoneración está incluida en el importe establecido en el apartado 10 del 
presente artículo. La liquidación de la compensación a favor de Renfe Viajeros por parte 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se producirá sin perjuicio de 
que el importe de la misma no coincida con la cantidad que el consorcio o entidad 
pública que gestione el transporte metropolitano hubiera destinado a la reducción del 
precio de los títulos integrados de transporte en los que participan las Cercanías según 
se establece en este apartado.
9. Las bonificaciones establecidas en este artículo, se financiarán con cargo al 
presupuesto para 2023 de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», programa 441M 
«Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre» y concepto 445 «Ayudas para 
reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros SME SA» 
por un importe de 600 millones de euros.
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10.  Renfe Viajeros SME SA recibirá en el año 2023 600 millones de euros, como 
compensación por la reducción de ingresos y los costes de implementación y 
comunicación que las medidas del presente artículo le generen. Dicha cantidad no será 
revisable ni estará sujeta a liquidación. Renfe Viajeros SME SA asignará a los servicios 
prestados a las Comunidades Autónomas el importe de los ingresos que se hayan 
dejado de percibir como consecuencia de las medidas del presente artículo, y el resto 
será asignado al contrato para la prestación de servicios de Renfe a la AGE. Para 
realizar la asignación de la pérdida de ingresos de los servicios prestados a las 
Comunidades Autónomas, se tomará como referencia los ingresos del periodo entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019.
El exceso o defecto de esta consignación sobre el coste real de las medidas 
recogidas en este artículo formará parte de la liquidación provisional que presente Renfe 
Viajeros, SME, SA, por la ejecución de los servicios prestados en 2023 del contrato 
firmado entre dicha sociedad y la AGE. Asimismo, el exceso o defecto que pudiera 
corresponder a los servicios competencia de otras autoridades autonómicas se 
incorporará en las liquidaciones de la anualidad 2023 por los servicios prestados por 
Renfe Viajeros SME, SA.
11.  No resultara de aplicación a lo establecido en este artículo, la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las subvenciones y ayudas 
contempladas en el presente artículo no tendrán la consideración, a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, de subvenciones vinculadas al precio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 78.Dos.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, no integrando por tanto la base imponible de operaciones 
gravadas al citado impuesto.
12.  Renfe Viajeros SME SA deberá enviar a la Dirección General de Transporte 
Terrestre la información que ésta le requiera y con la desagregación adecuada, para 
poder valorar el efecto que haya tenido la implantación de los descuentos en el número 
de usuarios del transporte público.
Artículo 57.  Modificación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas 
al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural.
El Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así 
como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del gas natural, queda modificado como sigue:
Se modifica el apartado cinco del artículo 2 con la siguiente redacción:
«Cinco.  Se introduce un nuevo apartado 30 en el artículo 141 en los 
siguientes términos:
30.  La no inclusión de las menciones obligatorias que debe contener la carta 
de porte, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis de la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141.29.
Se presume que el cargador contractual es el responsable del cumplimiento de 
esta infracción, salvo que pruebe lo contrario.
No obstante, el transportista efectivo será el responsable de la no inclusión de 
la mención obligatoria de la fecha prevista de entrega de las mercancías en 
destino, salvo que pruebe lo contrario.»
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Artículo 58.  Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, queda 
modificada como sigue:
Uno.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 43, que queda redactado 
como sigue:
«d) Disponer de uno o más vehículos matriculados en España o en otro 
Estado miembro conforme a lo que en cada caso resulte exigible de acuerdo con 
lo que reglamentariamente se determine, atendiendo a razones de interés general, 
los cuales deberán cumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan, 
teniendo en cuenta principios de proporcionalidad y no discriminación.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 54, con la siguiente redacción:
«2.  A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, únicamente se 
considerará que los vehículos con capacidad de tracción propia utilizados se 
hallan integrados en la organización empresarial del porteador cuando disponga 
de ellos en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario, 
debiendo en este último caso, cumplir las condiciones establecidas al efecto en 
esta ley y en las normas dictadas para su desarrollo.
En todo caso, los referidos vehículos deberán estar matriculados en España o, 
en el caso del transporte público de mercancías, en otro Estado miembro, de 
conformidad con lo que se establezca reglamentariamente.
La utilización de remolques y semirremolques propios o ajenos será libre, sin 
perjuicio de las reglas a que esté sometido su uso por razones de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros deberán cumplir las 
condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad que 
reglamentariamente resulten exigibles.»
Tres.  Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 143, que queda redactado 
como sigue:
«e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en 
los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29 y 26 del artículo 141 cuando el precio 
del transporte, para esta última infracción esté comprendido entre 1.000 y 1.500 
euros.»
Artículo 59.  Línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos 
al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022.
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-
ley, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo articulará, mediante orden ministerial, 
una línea de ayudas dirigida a instalaciones o sectores industriales de elevado consumo 
de gas natural, con el objetivo de compensar el incremento de los costes asociados a 
sus consumos debidos al aumento excepcional en dichos ejercicios en los precios del 
gas. Esta línea de ayudas se fundamentará en el punto 2.4 del Marco Temporal de Crisis 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la 
agresión contra Ucrania por parte de Rusia (Comunicación de la 
Comisión 2022/C 426/01).
2. Dicha orden ministerial establecerá la caracterización de instalaciones o sectores 
industriales de elevado consumo de gas natural, atendiendo a variables objetivas 
vinculadas a las pautas y volúmenes de gas natural demandados, así como la capacidad 
de estos sectores para repercutir un aumento de los costes de sus productos en sus 
clientes y la evolución de los beneficios. Se considerarán, a la hora de calcular la cuantía 
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de la ayuda propuesta para cada consumidor, otras ayudas concedidas por otros 
instrumentos para la compensación del aumento de los costes del gas natural de las que 
los consumidores intensivos solicitantes sean beneficiarios.
Asimismo, se podrán incluir obligaciones a las empresas beneficiarias relacionadas 
con el consumo en parte de energías renovables, exigir inversiones en eficiencia 
energética como las derivadas de las recomendaciones de las auditorías energéticas, o 
inversiones para la reducción del consumo de gas natural, por ejemplo, mediante la 
electrificación.
3. El importe de las ayudas se distribuirá entre las actividades seleccionadas 
teniendo en cuenta parámetros vinculados al consumo intensivo de gas, a la evolución 
de precios y beneficios de las actividades industriales y a su impacto medioambiental, y 
que se recogen en el Anexo. Este anexo podrá ser modificado mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros.
Artículo 60.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
1. Al objeto de financiar las ayudas anteriores, se aprueba la concesión de un 
crédito extraordinario en el presupuesto para 2023 de la sección 20 «Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo», servicio 09 «Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa», en el programa 422B «Desarrollo industrial», 
concepto 774 «Compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional 
de los precios del gas natural», por importe de 450 millones de euros.
2. La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
TÍTULO IV
Medidas de impulso de la actividad y mantenimiento de la estabilidad económica y 
social
Artículo 61.  Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los 
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Se modifica el apartado 1 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 7 bis.  Suspensión del régimen de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas en España.
1. A efectos de lo establecido en este artículo se consideran inversiones 
extranjeras directas en España todas aquellas como consecuencia de las cuales el 
inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital 
social de una sociedad española, y todas aquéllas otras que como consecuencia 
de la operación societaria, acto o negocio jurídico que se efectúe se adquiera el 
control de la totalidad o de una parte de ella, por aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, siempre que concurra una de estas circunstancias:
a) Que se realicen por residentes de países fuera de la Unión Europea y de 
la Asociación Europea de Libre Comercio.
b) Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la 
Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a 
residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos 
posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje 
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superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por 
otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.»
Artículo 62.  Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria.
Se modifica la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, que queda redactada en los siguientes términos:
«El régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones 
extranjeras directas en España regulado en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis 
de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2024, a 
las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre 
empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, 
realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades 
cotizadas en España aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas 
a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio 
social en España.
A efectos de este régimen transitorio, se entenderá por inversiones extranjeras 
directas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a 
ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la 
sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto 
o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la 
Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a 
España, como si se realizan por residentes en España cuya titularidad real 
corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando 
estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un 
porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o 
cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.»
Artículo 63.  Concesión directa de subvención a la Comunitat Valenciana.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establece, con objeto de apoyar proyectos que 
faciliten el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado, la concesión 
directa de una subvención con cargo al Presupuesto General del Estado de 2023 a la 
Comunitat Valenciana, por importe de 90 millones de euros, para la implementación de 
un instrumento de apoyo a proyectos para el desarrollo de una fábrica de baterías.
Dicha subvención se autoriza atendiendo al carácter singular que se deriva de las 
excepcionales circunstancias en que ha de realizarse las actividades subvencionadas y 
dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su 
convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este 
real decreto-ley y en la correspondiente resolución de concesión, por lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y 
concurrencia; por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo previsto en las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
3. La concesión de la subvención se instrumentará mediante resolución de la 
persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La comunidad autónoma 
beneficiaria dispondrá de un plazo máximo de cinco días para aceptar la concesión de la 
subvención a contar desde la notificación de la resolución.
La resolución de concesión determinará el beneficiario, el objeto de la subvención, 
los compromisos asumidos por la beneficiaria, el crédito presupuestario y la cuantía, el 
plazo y forma de la justificación, así como el órgano del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo competente para realizar un seguimiento de las actividades objeto de la 
subvención.
El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de la subvención será de tres 
meses desde la publicación de este real decreto ley.
En el caso del cumplimiento de las obligaciones de reintegro, y de no incurrir en las 
prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, se 
acreditarán con sendas declaraciones responsables, según disponen los artículos 25 
y 26 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Será objeto de financiación la aprobación por la comunidad Autónoma de 
Valencia durante 2023 de un instrumento de ayudas que permitan la implantación y 
desarrollo en la misma de una fábrica de baterías. La ejecución de las actuaciones se 
realizará en el periodo 2023-2027.
5. Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se destinen a 
alcanzar el objetivo y resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo 
establecido por la correspondiente resolución de concesión, de acuerdo al marco 
regulatorio en materia de ayudas de estado de la Unión Europea.
6. La subvención se abonará de una sola vez con carácter anticipado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El pago de la subvención se realizará sin necesidad de constitución de fianza o 
garantía en virtud de lo previsto en el artículo 42.2.a) por su condición de Administración 
Pública.
7. El pago de la subvención quedará condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente.
8. La comunidad autónoma, en su condición de beneficiaria de la subvención, 
quedará sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, conforme 
con la normativa que sea aplicable, y en particular con arreglo al marco jurídico vigente 
de ayudas de Estado.
b) Justificar ante el órgano concedente la realización de las actividades 
subvencionadas.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado, conforme a la 
Ley 38/2003, de 17 de octubre, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones objeto de la subvención.
d) La entidad beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la 
condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
no ser deudora por procedimiento de reintegro, ni tener deudas por reintegro de ayudas 
o préstamos con la Administración Pública.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
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f) Hacer constar en todas las actuaciones de publicidad y comunicación relativas a 
las ayudas objeto de este real decreto-ley, la participación de la Administración General 
del Estado en su financiación, mediante la inclusión de la imagen institucional en los 
soportes correspondientes, conforme a la normativa vigente, y hacer figurar 
expresamente el logotipo, según el formato que indique el órgano concedente. Cuando la 
actuación disfrutara de otras fuentes de financiación y el beneficiario viniera obligado a 
dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión de la subvención concedida, 
así como su relevancia, deberán ser análogos a los empleados respecto a las otras 
fuentes de financiación. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en 
un lugar bien visible y de acceso al público.
g) En todo caso, la entidad beneficiaria deberá registrar las subvenciones y ayudas 
públicas que conceda o los contratos que celebre en ejecución de las actuaciones 
financiadas a través de este real decreto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, respectivamente.
9. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
Las ayudas concedidas en virtud de los instrumentos de apoyo a proyectos para el 
desarrollo de una fábrica de baterías financiados con esta subvención podrán 
acumularse con otras ayudas por los mismos costes subvencionables, siempre que se 
respeten las intensidades y los límites máximos establecidos en la normativa de ayudas 
de Estado. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
10.  La Comunitat Valenciana podrá solicitar, con carácter excepcional, la 
modificación del contenido de la resolución de concesión cuando aparezcan 
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma, 
siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la subvención. 
Entre otras posibles modificaciones, cabe solicitar la ampliación de plazo para realizar 
actividad, o la posibilidad de modificar los costes inicialmente presupuestados.
No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto y finalidad de la subvención, 
ni aquellas obligaciones relevantes a que se comprometen las entidades beneficiarias, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
El procedimiento para esta modificación se regulará en la resolución de concesión.
11.  La Comunitat Valenciana, además de someterse a los procedimientos de 
comprobación que determine el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, deberá de 
someterse a cualesquiera otras actuaciones que puedan realizar los órganos de control 
competentes, en particular, al control financiero de la Intervención de la Administración 
General del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
La Comunitat Valenciana deberá conservar toda la documentación original, 
justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las 
actividades de comprobación y control.
12.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas no justificadas por las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre en los 
siguientes términos:
a) El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en 
este real decreto ley y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que 
se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención y a la obligación de reintegrar esta.
b) Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
i. El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la 
subvención, o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a 
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partes esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la subvención, 
y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de 
percibir.
ii. En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto 
financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de 
las cantidades desviadas.
c) El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en título III, capítulo II del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Artículo 64.  Concesión de créditos extraordinarios para financiar las ayudas 
relacionadas con la automoción .
Al objeto de financiar la ayuda directa que se regula en el artículo anterior se aprueba 
un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo para 2023, por importe de 90 millones de euros, en la aplicación 
presupuestaria 20.08.422B.756 «A la Comunitat Valenciana para el Programa de apoyo 
público para el desarrollo de una fábrica de baterías».
Al objeto de financiar un programa de ayudas para el desarrollo de proyectos 
innovadores en el sector de la automoción, se aprueba un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 2023, por importe 
de 40 millones de euros, en la aplicación 20.08.467C.778 «Programa de apoyo público 
para el desarrollo de proyectos innovadores en el sector de la automoción».
La financiación de los créditos extraordinarios previstos en este artículo se realizará 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Artículo 65.  Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
Se modifica apartado 1 del artículo 13, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«1.  A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de 
disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 
hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024.
Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados 
en el apartado anterior, en el resultado del ejercicio 2022, 2023 o 2024 se 
apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior 
a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá 
solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre 
del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para 
proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el 
capital en la medida suficiente.»
Artículo 66.  Oferta extraordinaria en la Escala de funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional.
En el año 2022 se autoriza, adicionalmente al número de plazas autorizadas por el 
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2022 la convocatoria de hasta 1.000 plazas en la Escala de 
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funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, con el fin de 
garantizar el eficaz desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales.
En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se 
especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como su 
distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada 
Comunidad Autónoma.
La ejecución de esta oferta de empleo público extraordinaria deberá realizarse en el 
plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias, 
para lo cual podrán articularse las adaptaciones en el proceso selectivo que conlleven 
mayor agilidad y eficiencia en su celebración, garantizando en todo caso los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.
Artículo 67.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Se modifica el artículo 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, quedando redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 46.  Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los 
contratos de arrendamiento de vivienda.
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos cuya renta deba 
ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro 
del periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 
de diciembre de 2023, podrá negociar con el arrendador el incremento que se 
aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes 
condiciones:
a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento de la 
renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que pueda exceder 
del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad 
a fecha de dicha actualización, tomando como mes de referencia para la 
actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la 
fecha de actualización del contrato. En ausencia de este nuevo pacto entre las 
partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
Se entenderá como gran tenedor a los efectos de este artículo a la persona 
física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso 
residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, 
excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de 
la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este 
nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder del 
resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a 
fecha de dicha actualización, tomando como mes de referencia para la 
actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la 
fecha de actualización del contrato.»
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Artículo 68.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de 
junio de 2023, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de 
renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de 
duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se 
haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el 
apartado 5 del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este 
artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento 
ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que 
le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas 
con las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la 
vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 30 de junio de 2023.
2. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las 
situaciones de vulnerabilidad económica descritas en las letras a) y b) del 
artículo 5.1 del presente real decreto-ley mediante la presentación de los 
documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de 
diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse 
igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del 
artículo 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de 
suspensión del lanzamiento.
3. Una vez presentados los anteriores escritos, el Letrado de la 
Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente a los servicios 
sociales competentes toda la documentación y solicitará a dichos servicios 
informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se 
valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, 
y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.
4. El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de 
servicios sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del 
lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, 
en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se 
acreditara la vulnerabilidad por el arrendatario o bien debiera prevalecer la 
situación de vulnerabilidad del arrendador acordará la continuación del 
procedimiento. En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará 
expresamente que el 30 de junio de 2023 se reanudará automáticamente el 
cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
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enero, de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista 
y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de 
suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las 
medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren 
adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de 
vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas 
dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo 
inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento.
5. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del 
escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.»
Dos. El artículo 1 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 1 bis.  Suspensión hasta el 30 de junio de 2023 del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en 
aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de 
junio de 2023, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las 
demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos 
penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez 
tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 30 de junio de 2023.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 30 de junio de 2023.
2. Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto, teniendo en cuenta, entre otras que procedan, las siguientes 
circunstancias:
a) Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 
está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el 
estado de necesidad se valorará adecuadamente el informe de los servicios 
sociales emitido conforme al apartado siguiente.
b) Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la 
vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una 
alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
3. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien 
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
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situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, 
conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.
En todo caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán 
acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de 
vulnerabilidad económica descritas en la letra a) del artículo 5.1 del presente real 
decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el 
artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia, dará traslado de dicha 
acreditación al demandante o denunciante.
4. El Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar 
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y 
solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de 
quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o 
personas que hayan fijado en el inmueble su vivienda, y se identifiquen las 
medidas a aplicar por la administración competente.
5. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 
vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, 
este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste 
hasta el 30 de junio de 2023. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no 
se encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión conforme a lo 
señalado en el apartado 2 o concurriera alguna de las circunstancias previstas en 
el apartado 6, el juez acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una 
vez adoptadas dichas medidas la Administración competente habrá de 
comunicarlo inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el 
plazo máximo de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento y el correspondiente lanzamiento.
6. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7. En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia 
debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea 
propietario.
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 
persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia 
debidamente acreditada.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido 
mediando intimidación o violencia sobre las personas.
d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando 
para la realización de actividades ilícitas.
e) Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de 
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado 
la vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione 
dicha vivienda.
f) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.»
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Artículo 69.  Modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en 
el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Se modifica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de 
la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 2 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«2.  La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un 
alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a 
partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras 
referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los 
gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el 
período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la 
misma se levante por el Tribunal o hasta el 30 de junio de 2023. No obstante, si 
dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la 
compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el mismo período 
señalado anteriormente más los gastos corrientes.»
Dos.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«3.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de julio 
de 2023, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de 
la compensación que considere procedente sobre la base de los criterios 
indicados anteriormente.»
Tres.  El apartado 5 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«5.  Si se acreditara la concurrencia de perjuicio económico en los términos 
establecidos en el apartado anterior, la compensación consistirá en el valor medio 
que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el 
inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler 
de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de 
arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber 
asumido su propietario, por el período que medie entre que se acordare la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 30 de 
junio de 2023.»
Cuatro.  El apartado 6 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«6.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de julio 
de 2023, debiendo formular el titular de la vivienda una exposición razonada y 
justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los 
criterios indicados anteriormente.»
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Artículo 70.  Modificación del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 
aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan 
utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a 
las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para 
el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se 
refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 
aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar 
los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las 
compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren 
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de 
solicitudes formuladas por los arrendadores o propietarios de las viviendas 
afectadas.
1. El procedimiento para la obtención de compensaciones se iniciará a 
instancia de parte, mediante la correspondiente solicitud, que podrá presentarse 
hasta el 31 de julio de 2023.
2. El arrendador o el propietario dirigirán su solicitud al órgano competente 
en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que deberá ir acompañada de una exposición razonada y justificada de la 
compensación por el período que medie entre que se acordare la suspensión 
extraordinaria del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, o bien 
la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 30 de junio de 2023, y que considere procedente 
sobre la base de los siguientes criterios:
a) El valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno 
en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia 
del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del 
mercado de arrendamiento. Si dicho valor fuera superior a la renta que viniera 
percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir.
b) Los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el 
arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 30 de junio de 2023.
c) En el caso de la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real 
Decreto-ley citado, se deberá acreditar, por el propietario, el perjuicio económico 
que le ha ocasionado al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento 
con anterioridad a la entrada en el inmueble.
3. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tramitarán las 
compensaciones a arrendadores o propietarios previstas en el Real Decreto-
ley 37/2020, de 22 de diciembre, conforme con lo establecido en el presente real 
decreto y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud, así como el resto de trámites del procedimiento, se realizarán por 
medios electrónicos cuando el solicitante se encuentre entre los sujetos recogidos 
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en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las personas físicas podrán 
presentar su solicitud en cualquiera de los lugares del artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y realizar el resto de trámites del procedimiento por 
medios no electrónicos o bien ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será 
de tres meses, si bien excepcionalmente el órgano competente podrá acordar de 
manera motivada ampliar el plazo en tres meses más, circunstancia que se 
notificará expresamente al interesado. Vencido el plazo máximo sin haberse 
notificado resolución expresa, el interesado podrá entenderla estimada por silencio 
administrativo.
5. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán 
desarrollar o completar este procedimiento con objeto de facilitar su gestión y la 
percepción de las compensaciones por el arrendador o el propietario.»
Artículo 71.  Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual.
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo 
comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de junio 
de 2023, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1, o el periodo 
de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del 
arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento de seis 
meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán aplicando los términos 
y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga 
extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros 
términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador 
haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar 
la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en 
primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de 
sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La renta del contrato 
aplicable durante esta prórroga extraordinaria podrá actualizarse conforme a los términos 
establecidos en el contrato, con sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 46 
del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania.
Artículo 72.  Tipo impositivo aplicable temporalmente del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de alimentos, así como a efectos del recargo de equivalencia.
Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de junio de 2023:
1. Se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
a) Los aceites de oliva y de semillas.
b) Las pastas alimenticias.
El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,625 por 
ciento.
No obstante, el tipo impositivo aplicable será el 10 por ciento a partir del día 1 del 
mes de mayo de 2023, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del 
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mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento. En este caso, el tipo del 
recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 1,4 por ciento.
2. Se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común 
congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
b) Las harinas panificables.
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, 
certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en 
polvo.
d) Los quesos.
e) Los huevos.
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la 
condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.
El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0 por 
ciento.
No obstante, el tipo impositivo aplicable será el 4 por ciento a partir del día 1 del mes 
de mayo de 2023, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes 
de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento. En este caso, el tipo del 
recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,5 por ciento.
3. La reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, 
por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar 
el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la 
cadena de producción, distribución o consumo de los productos, sin perjuicio de los 
compromisos adicionales que asuman y publiciten los sectores afectados, por 
responsabilidad social.
La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la 
evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda 
realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de 
sus competencias.
Artículo 73.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Con efectos desde 1 de enero de 2023, se añade una nueva disposición transitoria 
trigésima séptima a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima séptima.  Deducción por maternidad.
Cuando en el período impositivo 2022 se hubiera tenido derecho a la 
deducción por maternidad y al complemento de ayuda para la infancia previsto en 
la Ley 19/2021 en relación con el mismo descendiente, se podrá seguir 
practicando la deducción por maternidad a partir de 1 de enero de 2023, aun 
cuando alguno de los progenitores tuviera derecho al citado complemento 
respecto de dicho descendiente, siempre que se cumplan el resto de los requisitos 
establecidos en la normativa vigente a partir de 1 de enero de 2023.»
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Artículo 74.  Nueva Línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos 
y patrimonio.
1. Se aprueba una nueva línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de 
ingresos, con el fin de paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado 
principalmente por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.
2. Serán beneficiarios de una ayuda, en pago único, de 200 euros de cuantía, las 
personas físicas que durante el ejercicio 2022 hayan realizado una actividad por cuenta 
propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social o mutualidad, o hayan sido beneficiarios de la prestación o subsidio por 
desempleo, siempre que en 2022 hubieran percibido ingresos íntegros inferiores 
a 27.000,00 euros anuales, y tuvieran un patrimonio inferior a 75.000,00 euros anuales 
a 31 de diciembre de 2022.
El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará considerando los importes 
previstos en el párrafo anterior de este artículo de manera conjunta con su cónyuge o 
pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho de la respectiva Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma, con aquellas personas que pudiesen dar derecho a 
aplicar el mínimo por descendientes regulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, así como con los ascendientes hasta segundo grado por línea directa que 
convivan en el mismo domicilio. Para la determinación de estas circunstancias se 
atenderá a la situación existente a 31 de diciembre de 2022.
Los beneficiarios deben tener la residencia habitual en España, en los términos 
previstos en el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el ejercicio 2022.
No obstante todo lo anterior, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de 
diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el 
Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen 
de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas a las 
anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las 
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la 
Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones 
idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.
Igualmente quedarán excluidos del derecho a esta ayuda, independientemente de la 
valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales cuando ellas 
mismas, o las personas a las que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, 
durante 2022 fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no 
hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores 
representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no 
negociados en mercados organizados.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, tanto los ingresos como la cuantía 
del patrimonio del beneficiario se calcularán con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se 
establece el Ingreso Mínimo Vital, con arreglo a la información de que disponga la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.
4. Al objeto de financiar esta línea de ayuda, se aprueba, en el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2023, la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 1.000 euros en la aplicación 
presupuestaria 15.05.923M.484 «Línea de ayudas a personas físicas de bajo nivel de 
ingresos. Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre de 2022».
Se transferirá a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las cantidades 
correspondientes a los NIF de los posibles beneficiarios que estén domiciliados en esas 
comunidades autónomas, correspondiendo a la Agencia gestionar el resto de las ayudas.
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El crédito anterior tendrá carácter ampliable y su importe se ampliará por la Ministra 
de Hacienda y Función Pública hasta el importe que alcancen las obligaciones derivadas 
de la línea de ayudas regulada en este artículo, incluyendo el importe a transferir a las 
Instituciones Vascas y Navarras.
La financiación del crédito extraordinario y las ampliaciones de crédito previstas en 
los apartados anteriores se realizará de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2023.
Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre de 1991, 
por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los pagos se realizarán con cargo a un 
concepto no presupuestario que se cancelará posteriormente por la aplicación del gasto 
a los créditos presupuestarios recogidos en este artículo. La fiscalización previa de los 
actos administrativos recogidos en los apartados anteriores se sustituye por el control 
financiero permanente realizado por la Intervención General de la Administración del 
Estado.
5. La solicitud se presentará en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto se ponga a 
disposición por la misma desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023 en el que, 
necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria del titular de la solicitud en la que se 
desee que se realice el abono.
6. Se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para 
gestionar las solicitudes de ayuda y todas las actuaciones de gestión, control y 
recaudación necesarias para su tramitación, con aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo en 
lo no previsto expresamente en este artículo.
La ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose 
notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia.
Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la 
ayuda, se notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se 
le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede 
Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El solicitante dispondrá de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la propuesta de resolución denegatoria, para alegar y presentar los 
documentos y justificantes que considere pertinentes. Transcurrido un plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la notificación de la citada propuesta, sin la 
presentación de alegaciones, documentos o justificantes, se producirá la finalización del 
procedimiento en los términos de la propuesta denegatoria, sin necesidad de resolución 
expresa de la Administración.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de la solicitud sin haberse efectuado el pago ni haberse notificado una propuesta de 
resolución denegatoria, la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta 
desestimación presunta se podrá interponer recurso de reposición y reclamación 
económico-administrativa, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
7. Cuando con posterioridad al abono de la ayuda se compruebe el incumplimiento 
de alguno de los requisitos para su obtención, procederá el reintegro de la ayuda 
percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
abono hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro incorporará una propuesta de 
resolución, concediendo al interesado un plazo de 10 días para alegar y presentar los 
documentos y justificantes que considere pertinentes.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de 6 meses desde la notificación del acuerdo de inicio.
La resolución del procedimiento de reintegro podrá revisarse conforme a lo 
establecido en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en 
su normativa de desarrollo.
8. Las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
9. Las Administraciones que dispongan de información relevante a los efectos de la 
gestión de esta ayuda, colaborarán con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
las administraciones forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la 
Comunidad Foral de Navarra, en función del lugar en que se encuentre el domicilio fiscal 
de los beneficiarios de esta ayuda a fecha 31 de diciembre de 2022, suministrando la 
misma.
10.  Por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública se 
podrán dictar las normas que resulten necesarias para desarrollar, interpretar o aclarar el 
contenido de este artículo.
Artículo 75.  Modificación del Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se 
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas 
en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
La letra a) del artículo 3.1 del Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, queda 
redactada del siguiente modo:.
«a) Los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad 
familiar, no superen los siguientes umbrales:
1.º Tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples de doce 
pagas, vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas 
no integradas en ninguna unidad familiar.
2.º Tres veces y media dicho indicador cuando se trate de personas integradas 
en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
3.º Cuatro veces dicho indicador cuando se trate de unidades familiares 
integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de 
familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.
4.º Cuatro veces dicho indicador cuando se trate de unidades familiares que 
tengan en su seno a una persona con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento reconocido oficialmente por resolución expedida por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales o por el órgano competente de las comunidades 
autónomas.»
Artículo 76.  Indemnizaciones por uso de vehículo particular previstas en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Se habilita a la Ministra de Hacienda y Función Pública para modificar mediante 
orden ministerial las cuantías relativas a la indemnización por uso de vehículo particular 
para 2023.
Artículo 77.  Incremento extraordinario de las pensiones de jubilación e invalidez del 
sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.
Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y para todo ese año, se aplicará a las 
pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 
no contributiva, un incremento extraordinario consistente en el resultado aplicar al 
importe de la pensión establecido a 1 de enero de 2022 un porcentaje que complemente 
el porcentaje que resulte de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Estado 
para 2023, hasta alcanzar un porcentaje total del 15 por ciento.
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Artículo 78.  Concesión de un suplemento de crédito para financiar el incremento de las 
Pensiones no Contributivas.
1. Al objeto de financiar el incremento extraordinario de las pensiones de jubilación 
e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se 
aprueba, en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
para 2023, un suplemento de crédito por importe de 180 millones de euros en la 
aplicación presupuestaria 32.02.000X.420.02 «Aportación del Estado al presupuesto de 
la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la 
Ley 26/1990, de 20 de diciembre. Pensiones, incluso para atender obligaciones de 
ejercicios anteriores».
2. La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se 
realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Artículo 79.  Incremento extraordinario de la prestación del ingreso mínimo vital 
para 2023.
Con efectos de 1 de enero de 2023 y para todo ese año, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social aplicará, sobre la cuantía de la renta garantizada a un beneficiario 
individual o unidad de convivencia a 1 de enero de 2022, el mismo incremento 
extraordinario hasta alcanzar al aplicado a las pensiones no contributivas, de manera 
que la renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital mantenga respecto de dicha pensión la 
relación establecida en el artículo 13 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se establece el ingreso mínimo vital.
El complemento a la infancia, con efectos 1 de enero de 2023, se incrementará en el 
porcentaje resultante de lo regulado en el párrafo anterior.
Artículo 80.  Concesión de un suplemento de crédito para financiar el incremento del 
Ingreso Mínimo Vital.
1. Al objeto de financiar el incremento extraordinario en la prestación de ingreso 
mínimo vital, se aprueba, en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones para 2023, un suplemento de crédito por importe de 103 millones de euros 
en la aplicación presupuestaria 32.02.000X.424 «Aportación del Estado a la Seguridad 
Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital».
2. La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se 
realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Artículo 81.  Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se 
establece el ingreso mínimo vital.
Uno. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:
«Artículo 19.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en 
perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo 
vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro 
años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido 
impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución 
de las prestaciones indebidamente percibidas.
La entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de 
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como a las revisiones 
motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones 
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del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se 
hubieran percibido indebidamente por tal motivo.
En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en 
perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de 
la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias 
que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a 
percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán 
obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el 
que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la 
Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio.
Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación 
de forma fraudulenta.
Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e 
intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se 
generen para el cobro de la deuda.
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en cada ejercicio 
económico, no serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de 
la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de 
convivencia se integre, al menos, un beneficiario menor de edad.
Solo en el caso de que el importe indebidamente percibido por la unidad de 
convivencia supere el 65 por ciento del referido indicador, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones 
indebidamente percibidas para exigir la devolución de la diferencia entre la 
cantidad no exigible y el importe indebidamente percibido.
A efectos de la consideración de la existencia de menores de edad en la 
unidad de convivencia se tomará como referencia la fecha de efectos económicos 
de la modificación de la cuantía o de la extinción de la prestación.
4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el 
plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los 
correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin 
perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de 
recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, 
la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del 
ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada 
mensualidad.»
Dos.  Se introduce una disposición transitoria novena que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición transitoria novena.  Reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
En los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 
declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, 
de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La 
Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, será de aplicación la legislación 
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vigente en la fecha de la resolución mediante la que se acordó su declaración y 
exigencia.»
Artículo 82.   Prórroga del aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social.
1. Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 10 del 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para 
la reconstrucción económica de la isla de La Palma, previamente prorrogados mediante 
la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, y 
prorrogados por segunda vez mediante el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 
junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, podrán solicitarse, igualmente, con relación al pago de las 
cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo 
tenga lugar entre los meses de enero a marzo de 2023, en el caso de empresas, y entre 
los meses de febrero a abril de 2023, en el caso de trabajadores autónomos. A estos 
aplazamientos les serán de aplicación las condiciones, plazo de presentación respecto a 
cada una de las mensualidades cuyo aplazamiento se solicita y el régimen jurídico 
establecido en el referido artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las tres 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo 
de esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del 
artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, o de la disposición adicional 
quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, o del artículo 27 del Real Decreto-
ley 11/2022, de 25 junio, las nuevas cuotas del aplazamiento se incorporarán, mediante 
una única resolución dictada al final de este nuevo periodo, al aplazamiento en vigor, 
siendo de aplicación un plazo de amortización de cuatro meses por cada nueva 
mensualidad de aplazamiento solicitada.
2. Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 
al sector agrario por causa de la sequía, modificado por la disposición final trigésima 
octava del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, y prorrogados mediante el artículo 27 del Real Decreto-
ley 11/2022, de 25 junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma, podrán solicitarse, igualmente, con relación al 
pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, 
cuyo devengo tenga lugar entre los meses de enero a marzo de 2023, en el caso de 
empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
y entre los meses de febrero a abril de 2023, para los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. A estos aplazamientos 
les serán de aplicación las condiciones, plazo de presentación respecto a cada una de 
las mensualidades cuyo aplazamiento se solicita y el régimen jurídico establecido en el 
referido artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo. 
En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las tres 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo 
de esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, o del artículo 27 del Real 
Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, las nuevas cuotas del aplazamiento se incorporarán, 
mediante una única resolución dictada al final de este nuevo periodo, al aplazamiento en 
vigor, siendo de aplicación un plazo de amortización de cuatro meses por cada nueva 
mensualidad de aplazamiento solicitada.»
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3. Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 37 del 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, prorrogados mediante el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, 
de 25 junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder 
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, podrán solicitarse, igualmente, por las empresas incluidas 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y los 
trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen, por las cuotas de la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar 
entre los meses de enero a marzo de 2023.  A estos aplazamientos les serán de 
aplicación las condiciones, plazo de presentación respecto a cada una de las 
mensualidades cuyo aplazamiento se solicita y el régimen jurídico establecido en el 
referido artículo 37 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. 
En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las tres 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo 
de esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del 
artículo 37 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, o del artículo 27 del Real 
Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, las nuevas cuotas del aplazamiento se incorporarán, 
mediante una única resolución dictada al final de este nuevo periodo, al aplazamiento en 
vigor, siendo de aplicación un plazo de amortización de cuatro meses por cada nueva 
mensualidad de aplazamiento solicitada.»
4. Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 28 del 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, y prorrogados mediante el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, 
de 25 junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder 
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, podrán solicitarse, igualmente, con relación al pago de las 
cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo 
tenga lugar en los meses de enero a marzo de 2023, en el caso de empresas, y entre los 
meses de febrero a abril de 2023, en el caso de trabajadores autónomos que, en ambos 
casos, desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano y por carretera 
(CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942) y se encuentren al corriente en sus obligaciones 
con la Seguridad Social. A estos aplazamientos les será de aplicación las condiciones, 
plazo de presentación respecto a cada una de las mensualidades cuyo aplazamiento se 
solicita y el régimen jurídico establecido en el referido artículo 28 del Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo.
En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las tres 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo 
de esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del 
artículo 28 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, o del artículo 27 del Real 
Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, las nuevas cuotas del aplazamiento se incorporarán, 
mediante una única resolución dictada al final de este nuevo periodo, al aplazamiento en 
vigor, siendo de aplicación un plazo de amortización de cuatro meses por cada nueva 
mensualidad de aplazamiento solicitada.
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Artículo 83.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se introduce una nueva disposición transitoria trigésima quinta en el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, que queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria trigésima quinta.  Compatibilidad de la pensión 
contributiva de jubilación con el trabajo de los facultativos de atención primaria 
médicos de familia y pediatras, adscritos al sistema nacional de salud con 
nombramiento estatutario o funcionario.
1. En los tres años a partir de la entrada en vigor de esta norma, los 
facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, adscritos al 
Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario podrán 
continuar desempeñando sus funciones durante la prórroga en el servicio activo y, 
simultáneamente, acceder a la jubilación percibiendo el setenta y cinco por ciento 
del importe resultante en el reconocimiento inicial de la pensión, una vez aplicado, 
si procede, el límite máximo de pensión pública.
Asimismo, podrán acceder a esta compatibilidad los facultativos de atención 
primaria adscritos al sistema nacional de salud con nombramiento estatutario o 
funcionario que hubieran accedido a la pensión contributiva de jubilación y se 
reincorporen al servicio activo, siempre que el hecho causante de dicha pensión 
haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 2022 o se hubieren acogido en su día 
a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal 
estatutario o funcionario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo 
del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización 
de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
2. La compatibilidad prevista en la presente disposición adicional exigirá el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la 
edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el 
artículo 205.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, sin que, a tales efectos, sean 
admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de 
jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los facultativos 
médicos que se hubieren acogido en su día a la compatibilidad de la pensión de 
jubilación con el nombramiento como personal estatutario o funcionario de las y 
los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 
de mayo.
b) La compatibilidad se aplicará en caso de jornada a tiempo completo, así 
como en caso de jornada parcial siempre que la reducción de jornada sea, en todo 
caso, del cincuenta por ciento respecto de la jornada de un trabajador a tiempo 
completo comparable.
c) El beneficiario tendrá derecho a los complementos para pensiones 
inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con sus 
funciones, siempre que reúna los requisitos establecidos para ello.
d) La percepción del complemento por demora de la pensión de jubilación es 
compatible con el acceso a la compatibilidad prevista en la presente disposición 
adicional, sin que su importe sea minorado.
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e) No podrá acogerse a esta modalidad de compatibilidad el beneficiario de 
una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que, además de 
desarrollar las funciones como facultativos médicos de atención primaria, realice 
cualquier otro trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia que dé lugar a su 
inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o de alguno de los 
regímenes especiales de la Seguridad Social.
3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4. Durante la realización del trabajo compatible con la pensión de jubilación, 
se aplicarán las obligaciones de afiliación, alta, baja y variación de datos prevista 
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la 
obligación de cotizar en los términos de los artículos 18 y 19 del mismo texto legal, 
no siendo de aplicación lo dispuesto en su artículo 153.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6, durante la realización del 
trabajo compatible estarán protegidos frente a todas las contingencias comunes y 
profesionales, siempre que reúnan los requisitos necesarios para causarlas, 
siendo de aplicación el régimen de limitación de las pensiones, incompatibilidades 
y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
No se requerirá periodo mínimo de cotización para acceder al subsidio por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común.
6. Si durante el periodo de compatibilización se iniciara un proceso de 
incapacidad temporal, en todo caso el abono de la pensión de jubilación se 
suspenderá el día primero del mes siguiente al de la baja médica y se reanudará 
el día primero del mes siguiente al del alta médica.
Lo establecido en el apartado anterior se aplicará igualmente en los supuestos 
de recaída.
En todo caso, el derecho al subsidio por incapacidad temporal se extinguirá 
por la finalización del trabajo compatible, además de por las causas generales 
previstas en la normativa vigente.
7. Una vez finalizado el trabajo compatible, las cotizaciones realizadas 
durante esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a 
la base reguladora de la pensión de jubilación, la cual permanecerá inalterable.
Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos para disminuir o, en su 
caso, suprimir, el coeficiente reductor que se hubiese aplicado, en el momento de 
causar derecho a la pensión, a aquellos facultativos médicos a los que se hace 
referencia en el párrafo segundo del apartado 2.a), que hubieren accedido a la 
jubilación anticipada.
Estas cotizaciones no surtirán efecto en relación con el complemento previsto 
en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 
en la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de Ley de Clases 
Pasivas del Estado.»
Artículo 84.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
que queda redactada en los siguientes términos:
«6.  Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial 
con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes 
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del 1 de enero de 2024, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice 
directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en 
tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de 
maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria 
manufacturera.
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un 
período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la 
antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de 
empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el 
porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por 
tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su 
plantilla.
d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle 
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento, 
o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea 
contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. 
Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo 
completo comparable.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del 
trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista 
no podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización 
correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la 
pensión de jubilación parcial.
f) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la fecha 
del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en 
cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años.»
Artículo 85.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por 
la pandemia de COVID-19.
El apartado 1 y la letra a) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-
ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 
empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, quedan redactados 
como sigue:
«1.  Los obligados al pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni 
aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos 
concedidos por la Administración General del Estado, cuya gestión recaudatoria 
corresponda a las Delegaciones de Economía y Hacienda, podrán solicitar el 
aplazamiento y/o fraccionamiento de las mismas, en los términos que se recogen 
en los apartados siguientes, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siempre y 
cuando la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas 
para controlar su propagación, así como las consecuencias económicas de la 
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guerra en Ucrania, hayan provocado periodos de inactividad del obligado al pago, 
reducción en el volumen de sus ventas, incrementos significativos en sus costes 
de producción o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Las solicitudes podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo 
voluntario de pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o 
fraccionadas por las Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre que no se 
encuentren en periodo ejecutivo de pago. En el supuesto de reconsideraciones de 
aplazamientos y/o fraccionamientos previos, la admisión a trámite de la solicitud 
suspenderá automáticamente el procedimiento de gestión recaudatoria de las 
deudas afectadas con efectos desde la presentación de la solicitud hasta que dicte 
la correspondiente resolución; y, en el caso de que su pago se encontrara 
domiciliado en una entidad bancaria, su domiciliación quedará automáticamente 
anulada para aquellos plazos que aún no se hubiesen enviado al cobro.»
«a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la 
dificultad de atender a las deudas de acuerdo con el vencimiento o el calendario 
de pagos vigente, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 y/o de la guerra en Ucrania. Se deberá justificar de forma detallada que 
las citadas dificultades tienen su origen en la pandemia y en las medidas 
adoptadas para controlar su propagación y/o en los efectos económicos 
provocados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con una explicación 
cualitativa y cuantitativa en términos de cómo se ha producido la afectación.»
TÍTULO V
Medidas de apoyo para la reparación de los daños y para la recontrucción 
económica y social de la isla de La Palma
Artículo 86.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 
de La Palma.
Se introduce una nueva disposición adicional quinta en el Real Decreto-ley 20/2021, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de 
los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica 
y social de la isla de La Palma, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta.  Apertura de nuevo plazo de solicitud de las 
medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para 
préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados por 
los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La 
Palma desde el pasado día 19 de septiembre de 2021.
Aquellos deudores que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones o 
la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
del del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La 
Palma, podrán solicitar, hasta el 30 de enero de 2023, una suspensión adicional 
de seis meses de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de 
préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria. En todo lo demás, serán de 
aplicación los artículos 15 a 24 de este real decreto-ley.»
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Artículo 87.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 
de La Palma.
Se modifica el párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2021, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de 
los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica 
y social de la isla de La Palma, que queda redactado en los siguientes términos:
«a)  Al objeto de acreditar la titularidad de la propiedad o usufructo sobre los 
inmuebles afectados por los siniestros se admitirá como medio de prueba 
cualquier documento que demuestre dicha titularidad, como los recibos de pago 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga naturaleza.»
Artículo 88.  Régimen de aplicación de la modificación del Real Decreto-ley 20/2021, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la 
reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
La modificación del párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto-
ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la 
reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, será aplicable a los siniestros 
producidos a partir del día 19 de septiembre de 2021. A tal efecto:
a) Las solicitudes que hubieran sido presentadas y desestimadas, serán revocadas 
y resueltas con arreglo a dicha modificación.
b) Las solicitudes presentadas que se encuentren en tramitación, serán resueltas 
con arreglo a la citada modificación.
c) Para quienes no hubieran formulado solicitud respecto de hechos acaecidos 
entre el 19 de septiembre de 2021 y la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, 
se abrirá un plazo de presentación de la misma de dos meses a contar desde la aludida 
entrada en vigor.
Artículo 89.  Modificación del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se 
regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el 
procedimiento para su concesión.
Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se 
establece el procedimiento para su concesión, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«a)  En caso de destrucción total de la vivienda habitual, siempre que uno de 
los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquélla sea 
propietario o usufructuario de la misma.»
Artículo 90.  Régimen de aplicación de la modificación del Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y 
se establece el procedimiento para su concesión.
La modificación del párrafo a) del apartado 1 del artículo 15 del Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, será aplicable a las situaciones de emergencia o de 
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naturaleza catastrófica acaecidas con posterioridad al día 1 de septiembre de 2021. A tal 
efecto:
1.º  Las solicitudes que hubieran sido presentadas y desestimadas, serán revocadas 
y resueltas con arreglo a dicha modificación.
2.º  Las solicitudes presentadas que se encuentren en tramitación, serán resueltas 
con arreglo a la citada modificación.
3.º  Para quienes no hubieran formulado solicitud respecto de hechos acaecidos 
entre el 1 de septiembre de 2021 y la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, 
se abrirá un plazo de presentación de la misma de dos meses a contar desde la aludida 
entrada en vigor.
Artículo 91.  Salvaguarda del rango reglamentario del Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y 
se establece el procedimiento para su concesión.
La modificación efectuada por este real decreto-ley del Real Decreto 307/2005, de 18 
de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se 
establece el procedimiento para su concesión, no implica cambio del rango 
reglamentario de este último.
Artículo 92.  Modificación del Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 
de La Palma.
Se añade un apartado 11 al artículo 44 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los 
daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y 
social de la isla de La Palma, con la siguiente redacción:
«11.  De conformidad con lo establecido en el apartado 7 del artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los gastos 
financieros serán subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma.»
Artículo 93.  Prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas para la isla de La 
Palma.
Se prorrogan para el ejercicio 2022 los beneficios fiscales establecidos en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el 
artículo 25 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La 
Palma.
Artículo 94.  Beneficios fiscales.
1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes al ejercicio 2022 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, 
turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y 
forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los 
incendios forestales que tuvieron lugar en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
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Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad 
Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, durante los meses de junio, julio y agosto, y que 
se relacionan en el Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de agosto 
de 2022, por el que se declara «zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil» el territorio afectado como consecuencia de los incendios forestales 
acaecidos durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, cuando se acredite que 
tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de 
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de 
los daños sufridos, o pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que 
constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante formula alguna de 
aseguramiento público o privado.
2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2022 a las industrias de cualquier naturaleza, 
establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos 
locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como 
consecuencia directa de los incendios a que se refiere el apartado anterior, siempre que 
hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que 
obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al 
tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta 
su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros 
habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños 
producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirá 
efectos desde el día 31 de diciembre de 2021.
3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos previstas en los 
apartados anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los 
mismos.
4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los 
apartados anteriores, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio 
fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5. Estarán exentas de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitación de las bajas de 
vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos por los incendios a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo, y la expedición de duplicados de permisos 
de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas, siempre que 
la persona titular del vehículo acredite disponer del seguro obligatorio de responsabilidad 
civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño.
6. La disminución de ingresos en tributos locales que las exenciones y reducciones 
previstas en los apartados anteriores produzcan en los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales, cabildos insulares, consejos insulares y comunidades autónomas será 
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas 
previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, por 
daños personales ocasionados por los incendios a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo.
Artículo 95.  Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños 
como consecuencia directa de los incendios forestales que tuvieron lugar en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, durante los 
meses de junio, julio y agosto, y que se relacionan en el Anexo del Acuerdo del Consejo 
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de Ministros, de 23 de agosto de 2022, por el que se declara «zona afectada gravemente 
por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de los 
incendios forestales acaecidos durante los meses de junio, julio y agosto de 2022,, y 
conforme a las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en el artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la 
persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de los informes 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter 
excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden 
HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 96.  Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados 
a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas 
trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en 
la zona de Cumbre Vieja.
Serán aplicables hasta el 30 de junio de 2023 los expedientes de regulación temporal 
de empleo a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto-
ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección 
de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de 
defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y 
se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica, de acuerdo con el régimen jurídico establecido en el artículo 47.5 del 
Estatuto de los Trabajadores y en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 97.  Prórroga de las medidas extraordinarias de Seguridad Social para los 
trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma.
Uno.  Prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos que se han 
visto obligados a cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
1. Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores autónomos que vinieran 
percibiendo el 31 de diciembre de 2022, las prestaciones por cese de actividad como 
consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de 
La Palma, prevista en el apartado uno del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 
de junio por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a 
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, seguirán percibiéndolas, sin que se computen, a efectos de 
consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los seis meses de 
prestación de cese de actividad prevista en este apartado.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a estas prestaciones 
por cese de actividad, el requisito de cotización, previsto en el artículo 338 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2. Estas prestaciones por cese de actividad podrán comenzar a devengarse con 
efectos de 1 de enero de 2023 y tendrán una duración máxima de seis meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de esta norma. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el 
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primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración de estas 
prestaciones no podrá exceder del 30 de junio de 2023.
Dos.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
1. Desde el 1 enero de 2023, los trabajadores autónomos afectados por una 
suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños ocasionados 
por la erupción volcánica que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2022 la 
prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado dos del artículo 26 
del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio por el que se adoptan y se prorrogan 
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, podrán acceder a la 
prestación de naturaleza extraordinaria de cese de actividad prevista en este apartado, 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el 19 de septiembre de 2021.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
3. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta 
en el régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de 
la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá hasta 
el 30 de junio de 2023, o hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad si 
fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en el párrafo 9.
4. El percibo de la prestación extraordinaria será incompatible con la percepción de 
una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de 
otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de la 
sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que 
el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad 
que desarrollaba.
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Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación extraordinaria 
por cese de actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la 
flota. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y previa 
acreditación de tal extremo, los trabajadores autónomos también quedarán exonerados 
de la obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 3.
5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial que corresponda tendrán derecho, igualmente, a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
6. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
7. El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación 
por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
8. La percepción de esta prestación extraordinaria tendrá una duración máxima de 
seis meses, finalizando el derecho el 30 de junio de 2023, o el último día del mes en que 
se acuerde el levantamiento de las medidas, si esta fecha fuese anterior.
9. La solicitud de la prestación extraordinaria deberá presentarse dentro de los 
primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el 
trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga 
derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando la solicitud. Finalizado el 
cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas, debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes 
a todo el periodo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento 
de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10.  Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar 
documento expedido por la administración pública competente que ponga de manifiesto 
la suspensión de la actividad, una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en 
su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así como una autorización a la 
Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la 
gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria correspondiente los 
datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. 
Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de 
presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de 
la prestación.
Tres.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que vean afectadas sus actividades como consecuencia de los daños 
ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La 
Palma.
1. Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores autónomos que hayan visto 
afectada su actividad como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma que vinieran percibiendo 
el 31 de diciembre de 2022 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en 
el apartado tres del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
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de La Palma, podrán acceder a la prestación de naturaleza extraordinaria de cese de 
actividad prevista en este apartado, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
como trabajador por cuenta propia el 19 de septiembre de 2021.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al 
pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección.
b) Tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2022 inferiores al 75 por 100 del 
salario mínimo interprofesional en dicho periodo.
c) Acreditar en el tercer y cuarto trimestre del 2022 un total de ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia con una reducción al menos 
en un 50 por 100 a los habidos en el tercer y cuarto trimestre del 2019.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en 
el tercer y cuarto trimestre del 2019 y se comparará con la parte proporcional de los 
ingresos habidos en el tercer y cuarto trimestre del 2022 en la misma proporción.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
3. En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a 
su cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal 
objeto, emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los 
documentos precisos que acrediten este extremo.
4. La solicitud de la prestación extraordinaria deberá presentarse dentro de los 
primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.
La percepción de esta prestación tendrá una duración máxima de seis meses y no 
podrá exceder del 31 de diciembre de 2022.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra 
actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una 
sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que 
el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad 
que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6. El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente e 
ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones 
aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina abonará al 
trabajador autónomo, junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las 
cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de 
encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
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Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en los párrafos 8 y 9 de este apartado.
7. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria 
en los términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos para ello.
8. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de 
los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión 
de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que 
asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la 
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
9. A partir del 1 de julio de 2023, se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a) A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto 
Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos 
tributarios relativos a los dos últimos trimestres de 2019 y 2022.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora o al Instituto Social de 
la Marina en los diez días siguientes a su requerimiento:
1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del tercer y cuarto 
trimestre del año 2022 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación del tercer y cuarto 
trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los 
años 2019 y 2022. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de 
empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de rendimientos netos, 
se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han 
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las personas 
trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad 
económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al 
que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 % al número medio diario 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
b) En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
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A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar, que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 
recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de 
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social.
10.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada 
en este apartado podrá:
a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 28 de febrero de 2023, 
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad 
de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer y cuarto 
trimestre del 2022 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos en el párrafo 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la 
prestación.
Artículo 98.  Exenciones en la cotización aplicables en las unidades poblacionales de 
Puerto Naos y la Bombilla.
En los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de 
fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las islas 
Canarias, afectadas por la erupción volcánica registrada en la Isla de La Palma en la 
zona de Cumbre Vieja, prorrogados hasta el 30 de junio de 2023, conforme a lo 
establecido en el artículo…., las empresas podrán acogerse, siempre y cuando 
concurran las condiciones y requisitos incluidos en la disposición adicional cuadragésima 
cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a una exención del 100 por ciento en la 
cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias 
comunes y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo se produzca en los 
meses de enero a junio de 2023, respecto de las personas trabajadoras cuya actividad 
laboral se viniese desarrollando, hasta el inicio de la situación de fuerza mayor temporal, 
en las unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla.
Para la aplicación del porcentaje anteriormente indicado, la autoridad laboral que 
hubiese autorizado el expediente de regulación temporal de empleo deberá comunicar 
fehacientemente a la Tesorería General de la Seguridad Social la identificación de las 
empresas y personas trabajadoras a las que se refiere el párrafo anterior. 
TÍTULO VI
Otras medidas urgentes
Artículo 99.  Autorización para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
suscriba una garantía que asegure las obligaciones contraídas por Navantia UK Ltd. 
en el proyecto FSS.
Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que en 
el marco del Programa FSS adjudicado a Navantia UK, Ltd. suscriba un documento de 
garantía a favor de las autoridades de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
por virtud del cual SEPI asuma frente a dichas autoridades una garantía por importe 
de 1.634.221.030,27 libras esterlinas.
La presente autorización se aplicará con independencia de la autorización contenida 
a favor de SEPI en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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Artículo 100.  Prórroga de la vigencia del Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para el año 2023 en el marco del diálogo social, en los términos 
establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia Real 
Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2022.
Artículo 101.  Prorroga de medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas 
públicas.
En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente 
real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva 
de despido hasta el 30 de junio de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará 
el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas 
de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que 
se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
Artículo 102.  Gestión de los medios en materia de arbitrajes internacionales sobre 
energías renovables para la defensa de los intereses del Reino de España en los 
arbitrajes internacionales referidos a materias relacionadas con las energías 
renovables.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de 
Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, articularán las medidas jurídicas 
necesarias para que este órgano asuma la gestión administrativa, contable, 
presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la 
defensa de los intereses del Reino de España en los arbitrajes internacionales referidos 
a materias relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la 
transición ecológica, así como en los procedimientos judiciales o extrajudiciales en el 
extranjero vinculados a este tipo de materias.
Artículo 103.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Se modifica el apartado b) de la disposición adicional duodécima del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, que queda redactado como sigue:
«b)  Prestar asistencia técnica al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, cuando expresamente se le requiera, en las materias 
relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la transición 
energética.»
Artículo 104.  Modificación del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Se modifica el apartado g) del artículo 3.1 del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), que queda redactado como sigue:
«g)  Prestar asistencia técnica al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, cuando expresamente se le requiera, en las materias 
relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la transición 
energética.»
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Artículo 105.  Modificación de la Disposición adicional octava de la Ley 16/20222 de 5 
de septiembre de reforma del texto refundido de la Ley Concursal: Régimen aplicable 
a los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, 25/2020, de 3 julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo, y 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
1. Los avales públicos otorgados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, así como 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se regirán por el 
artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 que lo desarrolla en relación 
con el régimen de cobranza de los avales otorgados en virtud de los referidos Reales 
Decretos-leyes y los sucesivos Acuerdos del Consejo de Ministros de desarrollo de los 
mismos. En todo caso, en los procedimientos previstos en la Ley Concursal se deberán 
tener en cuenta las especialidades recogidas en la presente disposición.
2. Los créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición 
tendrán la consideración de crédito financiero, a los efectos previstos en la Ley 
Concursal, incluyendo la formación de clases y la exoneración del pasivo insatisfecho, 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de la presente disposición adicional. Estos 
créditos tendrán el rango de crédito ordinario, sin perjuicio de la existencia de otras 
garantías otorgadas al crédito principal avalado, en que ostentará al menos el mismo 
rango en orden de prelación a los derechos correspondientes a la parte del principal no 
avalado.
3. En los procedimientos previstos en la Ley Concursal, corresponderá a las 
entidades financieras, por cuenta y en nombre del Estado, la representación de los 
créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición, en los términos 
previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 y los 
posteriores Acuerdos del Consejo de Ministros que lo modifiquen o desarrollen. 
Corresponderá a las entidades financieras titulares del crédito principal avalado el 
ejercicio por cuenta y en nombre del Estado de las comunicaciones y reclamaciones que 
fueran oportunas para el reconocimiento y pago de los créditos derivados de estos 
avales.
No obstante, los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado 
asumirán la representación y defensa de los créditos derivados de los avales públicos 
regulados en esta Disposición cuando el juez aprecie la existencia de conflicto de 
intereses o cuando por dicho motivo la Abogacía General del Estado, previa propuesta 
del Instituto de Crédito Oficial, entienda que la representación y defensa debe asumirse 
separadamente de la de los créditos de la entidad financiera.
Además, los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado 
también podrán intervenir en los procedimientos previstos en la Ley Concursal en 
defensa del crédito derivado de estos avales públicos conforme al régimen establecido 
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la intervención de sujetos 
originariamente no demandantes ni demandados. Esta intervención podrá tener lugar, sin 
necesidad de especial pronunciamiento del tribunal, cuando así se solicite 
motivadamente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, en 
todo caso y sin necesidad de que medie dicha solicitud, en los siguientes supuestos:
a) En la tramitación de la aprobación del convenio, en particular, para oponerse a la 
aprobación judicial del convenio.
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b) En la tramitación de la aprobación y homologación del procedimiento especial de 
continuación, en particular, para oponerse a la formación de clases y para la 
impugnación del auto de homologación del plan de continuación.
c) En la tramitación del plan de reestructuración, en particular, para oponerse a la 
formación de clases y para impugnar u oponerse a la homologación del plan de 
reestructuración.
d) Para el ejercicio de las acciones que fueran procedentes en los procedimientos 
de la ley concursal, cuando existan indicios de presunto fraude o irregularidades 
respecto a alguno de los intervinientes en la operación de financiación, sin perjuicio de 
otras actuaciones que pudieran llevarse a cabo en otros procedimientos judiciales fuera 
del ámbito de la Ley Concursal.
4. Los planes de reestructuración, de continuación o propuestas de convenios que 
puedan afectar a los créditos derivados de estos avales públicos no pueden imponer a 
estos créditos ninguno de los contenidos siguientes: el cambio de la ley aplicable; el 
cambio de deudor, sin perjuicio de que un tercero asuma sin liberación de ese deudor la 
obligación de pago; la modificación o extinción de las garantías que tuvieren; o la 
conversión de los créditos en acciones o participaciones sociales, en créditos o 
préstamos participativos o en cualquier otro crédito de características o de rango 
distintos de aquellos que tuviere el crédito originario.
5. El auto de declaración de concurso y el auto de apertura del procedimiento 
especial para microempresas del deudor avalado, independientemente de que se haya 
iniciado o no la ejecución del aval o se haya producido pago al acreedor principal, 
producirán la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital por la parte del crédito principal avalado, en particular, para que se ejercite la 
adhesión u oposición a las propuestas de convenio o el derecho de voto en los planes de 
continuación conforme a lo previsto en el apartado 6 de la presente disposición.
Con independencia de esa subrogación, la entidad financiera seguirá en todo caso 
representando el conjunto de los créditos derivados de la operación financiera, 
incluyendo la parte del principal subrogado, en los términos previstos en el apartado 
tercero y los derivados de los Acuerdos del Consejo de Ministros dictados en aplicación 
del artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
6. En el caso de los planes de continuación o propuestas de convenio, el ejercicio 
del derecho a voto o la adhesión u oposición a la propuesta de convenio corresponderá 
al órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que resulte competente para 
autorizar la suscripción y celebración de los acuerdos o convenios previstos en la 
legislación concursal conforme lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
7. En los planes de reestructuración corresponderá en todo caso el derecho de voto 
a la entidad financiera titular del crédito principal avalado. Este derecho de voto se 
emitirá de forma separada por la parte del crédito avalado respecto de la parte restante 
del crédito no avalado que corresponde a la entidad financiera.
Para que las entidades financieras puedan votar favorablemente por la parte del 
crédito principal avalado en los planes de reestructuración deberán ser autorizadas 
previamente por la persona titular del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.
No obstante, las entidades financieras podrán votar favorablemente las propuestas 
de planes de reestructuración sin necesidad de recabar autorización de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuando concurran las circunstancias previstas en los 
correspondientes Reales Decretos y Acuerdos de Consejo de Ministros adoptados al 
amparo del Marco Temporal Europeo y el artículo 16.2 del Real Decreto Ley 5/2021.
En el momento de presentar la solicitud de autorización, las entidades financieras 
deberán presentar informe motivado que justifique su propuesta y certificar que la 
solicitud no cumple las condiciones previstas para poder beneficiarse de las 
autorizaciones generales recogidas en los reales decretos y Acuerdos mencionados en 
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el párrafo anterior, siendo la solicitud objeto de inadmisión en caso de que no se 
certifique dicha circunstancia.
En caso de ser necesaria, la falta de autorización previa de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria determinará el perjuicio del aval, en la parte que no hubiera 
sido ejecutada y, en su caso, la conservación de los derechos de recuperación y 
cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el 
contenido del plan de reestructuración produzca efectos frente al mismo.
8. Las autorizaciones previas y los votos y adhesiones u oposiciones realizadas por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme a los dos apartados anteriores, 
se entienden emitidos exclusivamente respecto de los créditos derivados de los avales 
públicos previstos en esta disposición y no afectará ni vinculará al derecho de voto 
derivado de los restantes créditos públicos calificados como ordinarios cuya gestión 
corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
9. En todo caso, las autorizaciones, votos, adhesiones u oposiciones realizadas por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrán los exclusivos efectos previstos 
en esta disposición, sin perjuicio de las ulteriores responsabilidades que pudieran 
resultar de procedimientos administrativos o judiciales.
Artículo 106.  Modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 56.2, con el siguiente tenor:
«2.  Los órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
son: el Presidente, el Comité de Auditoría de Cuentas y el Consejo de Información 
Corporativa.»
Dos. Se modifica el artículo 59.2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 59.  El Consejo de Información Corporativa.
1. El Consejo de Información Corporativa es el órgano competente, una vez 
oído el Comité Consultivo de Contabilidad, para valorar la idoneidad y adecuación 
de cualquier propuesta normativa o de interpretación de interés general en materia 
contable con el Marco Conceptual de la Contabilidad regulado en el Código de 
Comercio.
Asimismo, es el órgano competente, una vez oído el Comité Consultivo de 
Sostenibilidad, para valorar la idoneidad y adecuación de cualquier propuesta 
normativa o de interpretación de interés general en materia de información 
corporativa sobre sostenibilidad.
A tales efectos, informará a los órganos y organismos competentes antes de la 
aprobación de las normas de contabilidad o de las normas de información 
corporativa sobre sostenibilidad y sus interpretaciones, emitiendo el 
correspondiente informe no vinculante.
2. El Consejo de Información Corporativa estará presidido por el Presidente 
del Instituto, que tendrá voto de calidad, y formado, junto con él, por un 
representante de cada uno de los centros, organismos o instituciones restantes 
que tengan atribuidas competencias de regulación en materia contable, y en su 
caso, de información corporativa sobre sostenibilidad del sistema financiero: 
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.
Asistirá con voz, pero sin voto, como Secretario del Consejo, un funcionario del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Igualmente formará parte del Consejo de Información Corporativa con voz pero 
sin voto un representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública designado 
por la persona titular del Departamento.
3. El Comité Consultivo de Contabilidad es el órgano de asesoramiento del 
Consejo de Información Corporativa en materia contable.  Dicho Comité estará 
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integrado por expertos contables de reconocido prestigio en relación con la 
información económica-financiera, en representación tanto de las administraciones 
públicas como de los distintos sectores implicados en la elaboración, uso y 
divulgación de dicha información. En cualquier caso, deberán estar representados 
los Ministerios de Justicia; de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 
través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, del Instituto Nacional de Estadística; de 
Hacienda y Función Pública, a través de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Dirección General de Tributos; el Banco de 
España; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; el Consejo General de 
Economistas de España;
Asimismo, estará integrado por un representante de las asociaciones u 
organizaciones representativas de los emisores de información económica de las 
empresas y otro de los usuarios de información contable; un representante de las 
asociaciones emisoras de principios y criterios contables; un profesional de la 
auditoría a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y otro de la 
Universidad.
La persona titular de la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas podrá nombrar hasta cinco personas de reconocido prestigio en materia 
contable. Adicionalmente, cuando la complejidad de la materia así lo requiera, 
podrá invitar a las reuniones a un experto en dicha materia.
A la deliberación del Comité Consultivo de Contabilidad se someterá cualquier 
proyecto o propuesta normativa o interpretativa en materia contable.
4. El Comité Consultivo de Sostenibilidad es el órgano de asesoramiento del 
Consejo de Información Corporativa en materia de información corporativa sobre 
sostenibilidad. Dicho Comité estará integrado por expertos de reconocido prestigio 
en relación con la información corporativa sobre sostenibilidad, en representación 
tanto de las administraciones públicas como de los distintos sectores implicados 
en la elaboración, uso, divulgación y verificación de dicha información. En 
cualquier caso, deberán estar representados los Ministerios de Justicia; de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas; de Hacienda y Función Pública; de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico; deberán nombrar de forma conjunta dos 
representantes los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y de Igualdad; deberá estar representada la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores; el Banco de España; la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones y el Consejo General de Economistas de España.
Asimismo, estará integrado por dos representantes de las asociaciones u 
organizaciones representativas de los emisores de información corporativa sobre 
sostenibilidad, siendo uno de ellos representante de las pequeñas y medianas 
empresas; un representante de los usuarios de información sobre sostenibilidad y 
un profesional de verificación de la información sobre sostenibilidad a propuesta 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.
La persona titular de la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas designará a un representante de dicho Instituto, un representante de la 
Universidad, un representante de las asociaciones emisoras de principios y 
criterios contables y podrá nombrar hasta cuatro personas de reconocido prestigio 
en materia de sostenibilidad. Adicionalmente, cuando la complejidad de la materia 
así lo requiera, podrá invitar a las reuniones a un experto en dicha materia.
A la deliberación del Comité Consultivo de Sostenibilidad se someterá 
cualquier proyecto o propuesta normativa o interpretativa en materia de 
información corporativa sobre sostenibilidad.
5. Las facultades de propuesta al Comité Consultivo de Contabilidad y al 
Comité Consultivo de Sostenibilidad corresponden, en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, con carácter general al Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de las referidas al sector 
financiero que corresponderán en cada caso al Banco de España, a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, de acuerdo con sus respectivas competencias, y sin perjuicio de 
realizar propuestas conjuntas.
La composición y forma de designación de sus miembros y la forma de 
actuación de ambos Comités serán las que se determinen reglamentariamente.
6. La asistencia al Comité Consultivo de Contabilidad y al Comité Consultivo 
de Sostenibilidad dará derecho a la correspondiente indemnización.»
Artículo 107.  Incorporación de remanentes de crédito en el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
Se podrán incorporar al Presupuesto del Estado para 2023, en su sección 32 
«Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», los remanentes de los 
suplementos de crédito destinados a financiar la atención de refugiados de Ucrania, 
dispuestos en virtud del artículo 51 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La financiación de estas incorporaciones de crédito se realizará de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023.
Artículo 108.  Modificación del artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico.
Se modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico, quedando redactado como sigue:
«1.  En el caso de los municipios incluidos en el artículo 39.1 la liquidez 
otorgada con este mecanismo deberá ser utilizada para:
a) Atender los vencimientos de principal, y sus intereses asociados, 
correspondientes a las operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el 
principio de prudencia financiera.
b) Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo 
formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a 
proveedores y atender los vencimientos derivados de las deudas que en este 
mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la participación en 
tributos del Estado.
c) Financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para 
abonar las liquidaciones negativas que resulten de la aplicación de las reglas 
contenidas en los capítulos II y IV de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.
d) Cubrir las necesidades financieras que apruebe la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos.
2. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el artículo 39.2, con la 
liquidez otorgada con este mecanismo se atenderán las deudas con proveedores 
que sean vencidas, líquidas y exigibles, hasta que su período medio de pago a 
proveedores se ajuste a los límites establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril. A estos efectos se aplicará el Programa que determine el Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas con la condicionalidad específica que, en su 
caso, proceda, además de la establecida en el artículo 47.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, por acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se podrá financiar la 
deuda que tengan pendiente de pago con proveedores las entidades locales que 
aquella determine, cuyo período medio de pago a proveedores global sea superior 
al plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra 
la morosidad. A estos efectos, se entiende por entidad local el conjunto de 
entidades citadas en el artículo 2 de este real decreto-ley y que estén sujetas al 
principio de garantía establecido en el artículo 4.2.
El citado acuerdo, definirá los requisitos que deberán reunir las obligaciones 
pendientes de pago a los proveedores, el importe máximo a financiar y el 
procedimiento aplicable, que, en todo caso, se iniciará previa solicitud de las 
entidades locales que se determinen en dicho acuerdo.
A todos los efectos, se tendrá en cuenta la información suministrada al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública y que se encuentre publicada.
El abono a favor de los proveedores conllevará la extinción de la deuda 
contraída por la entidad local con el proveedor por el principal, los intereses, 
costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios, por lo que, en los 
términos que determine la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, deberá quedar constancia de la renuncia de aquellos a la percepción 
de todos esos conceptos adicionales al principal de la deuda. Si no se produjese 
dicha renuncia, no se atenderá con cargo al Fondo de Financiación a Entidades 
Locales la obligación pendiente de pago y los proveedores mantendrán frente a la 
entidad local deudora el derecho a la percepción del principal de la deuda y, en su 
caso, de los conceptos accesorios.
Para materializar los pagos a proveedores será necesario que las entidades 
locales formalicen una operación de endeudamiento a largo plazo con el Fondo de 
Financiación a Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, con las 
condiciones financieras que se fijen por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos.
Las obligaciones pendientes de pago que se atiendan con arreglo a aquel 
acuerdo se considerarán excluidas de la aplicación del artículo 187 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En el supuesto de que la operación de endeudamiento se destine, total o 
parcialmente, a la cobertura de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 
éstas deberán reconocerse en su totalidad en el presupuesto vigente para el año 
en el que se adopte aquel acuerdo, con cargo al importe que corresponda del total 
financiado.
Las entidades locales que soliciten la aplicación del acuerdo citado en este 
apartado quedarán sujetas a las condiciones recogidas en los artículos 45 y 46.2 
de este real decreto-ley.
4. En el caso de que las entidades locales superen, de forma reiterada, en 
más de treinta días el plazo máximo de pago establecido en la normativa de 
medidas de lucha contra la morosidad, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos podrá acordar la inclusión, con carácter obligatorio, de 
aquellas entidades, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior, con las 
siguientes especialidades:
a) El procedimiento que se establezca en aquel acuerdo se iniciará de oficio 
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
b) Al ser obligatoria la medida para las entidades locales que se incluyan en 
aquel acuerdo, los interventores deberán facilitar información de las obligaciones 
pendientes de pago en los términos que se establezcan en aquel acuerdo, y se 
materializará el pago a proveedores siempre que renuncien a la percepción de 
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conceptos accesorios a la obligación principal con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 anterior.
c) En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de 
endeudamiento citada en el apartado 3 anterior, el órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública efectuará las retenciones que procedan 
con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en 
los tributos del Estado, para lo que se aplicará el régimen previsto en la 
disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y lo que dispongan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Las 
condiciones financieras aplicables en este caso por no haber formalizado la 
operación de endeudamiento se fijarán por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos.
5. El Estado, en nombre y por cuenta de las Entidades Locales mencionadas 
en los apartados anteriores, gestionará con cargo al crédito concedido el pago de 
los vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo, así como los pagos a 
proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos 
designado al efecto.»
Disposición transitoria primera.  Validez de los abonos y títulos multiviaje regulados en 
el artículo 11 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y 
se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la 
isla de La Palma.
1. La reducción del 50 % del precio de los títulos multiviajes de más de dos viajes, 
excluido, por tanto, el billete de ida y vuelta, que en la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto ley se estuviesen ofreciendo por los concesionarios de servicios 
públicos de transporte regular de viajeros por carretera a sus clientes, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma, se prorrogará hasta el 31 de enero de 2023.
2. En el primer cuatrimestre de 2023 cada concesionario, sin perjuicio de la 
situación administrativa en la que se encuentre la concesión, presentará un certificado de 
la reducción de ingresos por la aplicación de este descuento para el conjunto de los 
servicios referidos en el apartado 1, abonándose de manera conjunta con el resto de 
multiviajes contemplados en el artículo 11 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.
Disposición transitoria segunda.  Gestión transitoria por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) E.P.E, M.P., de los gastos y las 
contrataciones en materia de arbitrajes internacionales sobre energías renovables.
En tanto que se articulen las medidas referidas en el artículo 102, en el plazo máximo 
de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, seguirá 
correspondiendo al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) E.P.E, 
M.P., la gestión de los gastos y las contrataciones que sean precisas para la defensa de 
los intereses del Reino de España en los arbitrajes internacionales referidos a materias 
relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la transición 
ecológica, así como en los procedimientos judiciales o extrajudiciales en el extranjero 
vinculados a este tipo de materias.
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Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 185934
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Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio aplicable a la modificación de la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.
Lo dispuesto en el artículo 105 de este Real Decreto-Ley por la que se modifica la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, será de aplicación 
desde el 26 de septiembre de 2022 a los procedimientos concursales y a los trámites 
previstos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, 
sin perjuicio de que mantengan su validez las solicitudes de autorización previa que ya 
hayan sido tramitadas y las autorizaciones, votos y adhesiones u oposiciones realizadas 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de conformidad con la redacción 
anterior.
En particular, será de aplicación:
1. A los concursos de acreedores declarados a partir de esa fecha.
2. A los planes de reestructuración que se negocien y a las solicitudes de 
homologación que se hayan presentado a partir de esa fecha.
3. A las propuestas de convenio que se hubieran presentado a partir de esa fecha.
4. A los concursos consecutivos a un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo 
extrajudicial de pagos que se declaren a partir de esa fecha.
Disposición final primera.  Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para aprobar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real 
decreto-ley.
Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 8.ª, 9.ª, 
13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 25.ª, del artículo 149.1 de la Constitución 
española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral y civil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
de Hacienda general y deuda del Estado, de legislación básica y régimen económico de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios, pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en 
la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas; puertos de interés 
general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo; ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de 
una Comunidad Autónoma; legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad autónoma, 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, bases del 
régimen minero y energético, respectivamente, respectivamente.
Los artículos 22 y 23 no tienen carácter básico y por tanto sólo será de aplicación a 
la Administración General del Estado.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO
Actividades incluidas en la línea de ayudas para la compensación de los costes 
adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural 
durante 2022
Código CNAE Actividad
2343 Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico.
2433 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado.
2344 Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico.
1081 Fabricación de azúcar.
2445 Producción de otros metales no férreos.
2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción.
2349 Fabricación de otros productos cerámicos.
1044 Fabricación de otros aceites y grasas.
2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica.
1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares.
2320 Fabricación de productos cerámicos refractarios.
1712 Fabricación de papel y cartón.
1724 Fabricación de papeles pintados.
1711 Fabricación de pasta papelera.
2892 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción.
2313 Fabricación de vidrio hueco.
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.
2017 Fabricación de caucho sintético en formas primarias.
2311 Fabricación de vidrio plano.
2452 Fundición de acero.
2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica.
2060 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.
2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.
2442 Producción de aluminio.
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