I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12925 Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia energética del gas natural.
I
Mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de 
la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la 
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio 
de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios 
en los contratos públicos de obras, se adoptaron una serie de medidas dirigidas a 
diversos ámbitos de los sectores productivos de este país. Entre ellas, debe destacarse 
la finalidad de reforzar la sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por 
carretera.
Son diversos los factores que han urgido a plantear medidas específicas de 
sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera en la presente 
legislatura, muy especialmente, desde el comienzo de la pandemia motivada por el 
SARS-CoV-2. La estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido 
tamaño, el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo, 
agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una 
mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento 
de una actividad que representa en torno al 2 por ciento del PIB.
Por otra parte, la invasión militar no provocada e injustificada de Ucrania por parte de 
Rusia el pasado 24 de febrero de 2022 ha sido condenada por el Consejo Europeo con 
la máxima firmeza en reiteradas ocasiones, al considerar que supone una grave 
violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas. Este conflicto está socavando la seguridad y la estabilidad tanto a nivel europeo 
como a nivel mundial y su persistencia continúa generando importantes consecuencias 
en todos los órdenes. La incertidumbre ligada a la duración de la guerra agrava el 
contexto internacional y las excepcionales circunstancias sociales y económicas que se 
arrastran desde 2020 derivadas de la crisis sanitaria, el alza extraordinaria e inesperada 
de los precios de determinadas materias primas, bienes intermedios, energía y 
combustibles, la alta volatilidad de los precios de la electricidad y las dificultades de 
suministro de determinados productos y materiales esenciales. Todo ello está afectando 
también al conjunto de la economía española.
En este escenario, la sostenibilidad económica en el ámbito del transporte ha exigido 
la adopción urgente de medidas excepcionales. Como se ha indicado, a lo largo de 2022 
se han adoptado diferentes medidas regulatorias dirigidas a garantizar dicha 
sostenibilidad.
A tal fin, el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la 
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la 
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio 
de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios 
en los contratos públicos de obras, estableció unas primeras medidas para intentar 
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mitigar las alzas de precios que se estaban produciendo, agravadas por la guerra de 
Ucrania, e introdujo medidas específicas para el transporte de mercancías por carretera.
Con posterioridad al Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, anteriormente 
referenciado, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, contempló medidas adicionales como la 
bonificación del precio de los combustibles para el transporte e introdujo algunas 
modificaciones en relación a las medidas excepcionales en materia de revisión de 
precios en los contratos públicos de obras, y ayudas directas para el sector, con el fin de 
dar una respuesta más adecuada a los efectos del conflicto bélico.
Finalmente, el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se 
prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, 
estableció algunas normas dirigidas a evitar que el precio del transporte fuera inferior a 
los costes.
No obstante, el escenario económico en el que actualmente nos encontramos y la 
persistencia de las incertidumbres a escala internacional, continúa exigiendo la adopción 
urgente de medidas excepcionales a fin de garantizar la sostenibilidad en distintos 
ámbitos económicos y sociales.
Ello plantea la necesidad de adoptar un conjunto de medidas de diferente índole, 
todas ellas dirigidas bien a reducir la factura que los ciudadanos pagan como 
consecuencia de los incrementos en los costes ocasionados por las subidas producidas 
en los precios de las materias primas y especialmente de la energía, bien en la 
necesidad de promover, asegurar y hacer sostenible la prestación del servicio de 
transporte y otros sectores de actividad.
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del sector de transporte, se adoptan 
una serie de medidas complementarias a las ya aprobadas mediante la Ley 13/2021, 
de 1 de octubre, y mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, así como el Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y el Real Decreto-ley 11/2022.
Por otra parte, desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las amenazas de 
interrupción parcial total del suministro de gas natural desde Rusia hacia la Unión 
Europea han sido más frecuentes para menoscabar el apoyo y solidaridad de todos los 
europeos con la defensa de la soberanía nacional, los derechos fundamentales y 
libertades del pueblo ucraniano.
Esta tensión en el suministro físico de gas se ha hecho patente a través de la 
progresiva reducción del flujo de gas ruso que llega a Europa, impulsando al alza la 
cotización del gas natural en los principales mercados organizados de gas natural dado 
que Rusia ha sido durante años el principal proveedor de gas de la UE, llegando a 
representar aproximadamente un 40 % del total de gas importado durante el año 2021.
A modo ilustrativo, el precio del gas natural en el mercado TTF («Title Transfer 
Facility»), uno de los principales hubs  europeos, cotizaba a 89 €/MWh el 23 de febrero 
de 2022, el día anterior a la invasión de Ucrania. El pasado 27 de julio, cuando Rusia 
redujo aún más los flujos de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 1, la 
cotización alcanzó los 209 €/MWh.
En este contexto, junto a la crisis de precios que está sufriendo Europa desde el 
segundo semestre del año 2021, existe un riesgo real que se produzca una situación de 
escasez de gas natural durante el próximo invierno. Si Rusia interrumpe por completo las 
exportaciones de gas natural a hacia la Unión Europea, el 15 % de la demanda de gas 
europea durante el próximo invierno podría no ser satisfecha, según la Comunicación de 
la Comisión Europea «Ahorrar gas para un invierno seguro» («Save gas for a safe 
winter») de 20 de julio de 2022 COM (2022) 360 final bajo un escenario de invierno frío.
Con el propósito de estar preparados ante posibles interrupciones del suministro gas 
ruso hacia Europa, en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 
de julio, se alcanzó un acuerdo político de reducción voluntaria de la demanda de gas 
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natural del 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto a la 
media del mismo periodo de los últimos cinco años. Además, se acordó la posibilidad de 
establecer, en función de la evolución de la seguridad de suministro, un objetivo de 
reducción de demanda vinculante para cada Estado Miembro del 15 %, aunque dicho 
objetivo vinculante estaría sujeto a varias derogaciones que permiten limitarlo en función 
de las distintas contribuciones a la seguridad de suministro de los Estados Miembros. En 
el caso de España estas derogaciones llevan a un objetivo de reducción de la demanda 
de gas por debajo de del 7 %.
Mientras que un cese de las importaciones de gas ruso podría generar escasez de 
gas en buena parte de los Estados miembros, España cuenta con una elevada seguridad 
de suministro, fruto de la baja dependencia de gas ruso, así como de la gran capacidad 
de plantas de regasificación que permiten acceder al mercado global de gas natural 
licuado (GNL). En 2021, las importaciones de gas ruso solo supusieron menos del 9 % 
del total. Si dichas importaciones se suspendieran, España cuenta con el 34 % de 
capacidad de regasificación de la Unión Europea, que permitiría sustituir las 
importaciones de gas ruso por GNL de otros proveedores. De hecho, España se 
configura como la puerta de entrada del mercado de gas natural licuado de Europa.
Sin embargo, para cumplir con los acuerdos solidarios de reducción de demanda 
alcanzados en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del 26 de julio, así 
como para reducir la dependencia energética del gas natural, es necesario la adopción 
de medidas de efecto inmediato orientadas a un uso responsable de la energía que 
permite minimizar el impacto sobre la economía y la seguridad de suministro de una 
interrupción parcial o total del suministros de gas por parte de Rusia, y evitar que el peso 
de estas posibles situaciones recaiga sobre los más vulnerables.
Se trata de adoptar medidas tempranas sobre dos pilares que España lleva 
desplegando durante años en su política energética, por una parte, el fomento del ahorro 
y la eficiencia energética y, por otra, el fomento de la electrificación de la economía en 
paralelo con el despliegue de las energías renovables y el autoconsumo mediante la 
racionalización de los procedimientos administrativos y el desarrollo de nuevos vectores 
energéticos renovables alternativos al gas natural como el biogás y biometano.
Este real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, 
conformada por cinco títulos, divididos, a su vez, en treinta y cuatro artículos y una parte 
final integrada por dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y diecisiete disposiciones finales.
II
El título I contempla medidas en materia de transporte terrestre y se estructura en 
tres capítulos. El capítulo I recoge medidas en materia de sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera.
Debe tenerse en cuenta que la atomización estructural del sector, integrado por 
empresas de reducido tamaño (el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados 
tienen un solo vehículo) agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios en que 
se producen fuertes incrementos de los costes, lo que exige una mayor intervención de 
los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que 
representa en torno al 2 por ciento del PIB.
Por su parte, en este ámbito del transporte terrestre por carretera, el conflicto en 
Ucrania ha causado un aumento del precio de los combustibles extraordinario, una 
partida que supone del orden del 30 % de los costes de esta actividad, añadiéndose 
además la elevación de costes que también se está produciendo en otras partidas como 
neumáticos, lubricantes, etc. La dimensión de este aumento de costes en partidas 
esenciales dentro de esta actividad, y la rapidez con la que se ha producido, se focalizan 
en un segmento de la actividad del transporte que tiene una dificultad estructural para 
trasladar de manera inmediata estos aumentos de costes a sus clientes, lo que ha 
derivado en un deterioro extraordinario en la viabilidad económica de este segmento.
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En la línea emprendida por los Reales Decretos-ley 3/2022, de 1 de marzo; 6/2022, 
de 29 de marzo, y 11/2022 de 25 de junio, el artículo 1 del presente real decreto-ley 
incorpora modificaciones en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de 
transporte terrestre de mercancías, para tratar de garantizar que el precio del transporte 
sea superior a los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista, 
considerando necesario exigir que los contratos de transporte referidos a un único envío 
que se realicen con el transportista efectivo se documenten por escrito, así como que en 
la documentación contractual aparezca expresamente el precio del transporte con 
referencia a los gastos conexos, exigiéndose que dicho precio del transporte sea igual o 
superior a los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. A estos 
efectos, para poder determinar los costes individuales efectivos se establece que podrá 
utilizarse la estructura de partidas de costes del observatorio de costes del transporte de 
mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.
Asimismo, se exige la formalización por escrito de los contratos de transporte 
continuado, en los que también deberá aparecer el precio.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el artículo 2 del presente real 
decreto-ley incorpora a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, nuevas infracciones derivadas de la vulneración de las nuevas normas.
Por otra parte, la nueva disposición adicional decimotercera de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, introducida por el citado Real 
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, al establecer la prohibición general de participación 
de los conductores en las operaciones de carga y descarga, prevé el desarrollo 
reglamentario de algunos de los supuestos excluidos, así como que reglamentariamente 
puedan establecerse otras excepciones. Dado que estas normas entran en vigor en 
septiembre, es necesario y urgente concretar antes estos supuestos para que la nueva 
regulación pueda entrar en vigor de manera que no dificulte la realización de 
determinadas actividades.
El capítulo II recoge medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del 
transporte terrestre, con medidas para reforzar la liquidez de empresas y autónomos.
Como se ha indicado anteriormente, en el ámbito del transporte terrestre por 
carretera, el conflicto en Ucrania ha derivado en un aumento del coste de los 
combustibles extraordinario, lo que ha derivado a su vez en un deterioro extraordinario 
en la viabilidad económica de esta actividad, siendo además un sector esencial para el 
país ya que es responsable del 95 % del transporte de mercancías en España.
En el caso del transporte de viajeros, a los aumentos de costes derivados del 
aumento del precio de combustibles, se suma una menor demanda de estos servicios 
que aún pervive sin que se hayan recuperado los niveles previos a la pandemia, de 
modo que la actual coyuntura ha venido a profundizar las tensiones de viabilidad 
económica que ya se venían produciendo en esta rama de actividad tan necesaria para 
garantizar en todo el territorio la movilidad de las personas de manera eficiente y 
sostenible a través de los medios de transporte público de viajeros.
La persistencia de esta situación, justifica que se renueven las ayudas directas al 
sector del transporte por carretera establecidas por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, para apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector y para 
preservar el tejido empresarial, garantizando su liquidez y compensando los costes 
extraordinarios que soportan derivados de la guerra en Ucrania, siguiendo el espíritu y 
condicionantes marcados en el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia 
recientemente aprobado por la Comisión Europea.
El importe de las ayudas establecido en el artículo 4 del presente real decreto-ley se 
repartirá entre las diversas actividades: transporte por taxi, tipos de transporte terrestre 
de pasajeros n.c.o.p., transporte de mercancías por carretera, servicio de mudanzas, el 
servicio de transporte sanitario de personas y transporte terrestre urbano y suburbano de 
pasajeros. Se señala expresamente que el requisito de disponer de autorización de 
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transporte público de viajeros en la categoría correspondiente, exigido para ser 
beneficiario de estas ayudas, se considera cumplido con la disposición de la licencia 
expedida en Ceuta y Melilla para vehículos taxi, en aplicación de las especiales 
circunstancias del hecho diferencial de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Para la financiación de estas ayudas, se aprueba un suplemento de crédito por un 
importe total de 450 millones de euros.
Asimismo, con la finalidad de paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes 
de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania, 
el artículo 5 del presente real decreto-ley establece una línea de ayudas directas a 
empresas del sector público titulares de autobuses urbanos, cuyo importe total 
ascenderá a 12 millones de euros.
Por su parte, el ferrocarril es un modo de transporte esencial de cara a la promoción 
de un sistema de movilidad al servicio de todos los ciudadanos que garantice la equidad 
social en el conjunto del territorio. Asimismo, el incremento del coste de los combustibles 
está perjudicando de forma significativa las cuentas de resultados de los operadores del 
transporte ferroviario de mercancías, por lo que, con el objetivo de compensar con 
dotaciones económicas extraordinarias el sobrecoste que ya se ha producido, se 
renuevan las ayudas directas del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
correspondientes al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo financiero a empresas 
cuya actividad se encuadre en el código 4920 «Transporte de mercancías por ferrocarril» 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, cuya finalidad será paliar el 
efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados 
como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su 
causa.
El otorgamiento de estas ayudas es compatible con las que se hayan percibido en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.
El capítulo III incluye medidas de fomento del transporte público colectivo y de 
aseguramiento de la movilidad cotidiana obligada.
El aumento de los costes de los combustibles tiene un impacto muy notable en la 
capacidad de los ciudadanos para poder asumir el coste del transporte asociado a la 
movilidad cotidiana obligada, por motivos esencialmente de trabajo, pero también de 
atención familiar, o servicios esenciales como atención médica. La persistencia de esta 
situación puede derivar en una incapacidad para poder dar salida a esta movilidad 
cotidiana obligada por vehículo particular, un medio que, por otro lado, tiene asociados 
una serie de costes externos muy elevados que tampoco la sociedad actual puede 
soportar. Por ello, es necesario reforzar las medidas establecidas en el Real Decreto-
ley 11/2022, de 25 de junio, dando un nuevo un impulso al transporte público colectivo, 
aumentando las ayudas al ciudadano, para contribuir a fomentar el cambio a un medio 
de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo 
particular, pero también por otro lado reduciendo el coste del transporte obligado de 
movilidad cotidiana al ciudadano en una coyuntura extraordinaria. En este sentido, cabe 
destacar que el artículo 7 modifica el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, que 
estableció reducciones transitorias del 50 % en determinados títulos multiviaje, que ahora 
se incrementan hasta el 100 % desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 para los servicios de cada uno de los núcleos de Cercanías y Rodalies, así 
como para los servicios ferroviarios de Media distancia declarados como obligación de 
servicio público por las administraciones competentes.
III
El título II de este real decreto-ley contempla medidas en materia de transporte 
aéreo.
El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en 
su capítulo II, estableció diversas medidas de obligado cumplimiento para hacer frente 
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al COVID-19 en el sector del transporte aéreo. Entre esas medidas, en el artículo 3 se 
determinó el procedimiento para la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las 
Directrices operativas adoptadas por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación en 
relación con la pandemia COVID-19 en los aeropuertos, estableciendo su carácter 
obligatorio.
La evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, en particular 
por el grado de inmunización alcanzado y, como consecuencia de ello, la significativa 
reducción de la gravedad de sus efectos, exigen eliminar la obligatoriedad de la 
aplicación de dichas directrices operativas, que en el ámbito de la Unión Europea 
nacieron como recomendaciones, para dotarlas de este carácter, evitando imponer 
obligaciones adicionales a las exigibles en el ámbito de la Unión Europea, en particular 
en un contexto de reactivación del sector y del turismo asociado al período vacacional, 
en un momento en que la crisis ocasionada por la guerra en Ucrania y su impacto en la 
economía podría afectar a la competitividad del mercado español. Es necesario, no 
obstante, contemplar la eventualidad de que por la evolución de la pandemia debido a la 
aparición de variantes del SARS-CoV-2 que por su contagiosidad o la gravedad de las 
patologías que desencadene deban establecerse como obligatorias todas o algunas de 
esas Directrices operativas.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 9 de este real decreto-ley extiende la aplicación 
del procedimiento para la adopción de directrices operativas a otras situaciones de 
emergencia de salud pública de importancia internacional declaradas por la Organización 
Mundial de la Salud que por su impacto justifiquen la adopción, por parte de los 
organismos competentes de la Unión Europea o una organización internacional de la que 
España sea parte, de directrices operativas, guías o recomendaciones para la gestión de 
los pasajeros aéreos, del personal de aviación o del uso de los aeropuertos. Se 
aprovecha así, un procedimiento que se ha mostrado eficaz para la aplicación de las 
medidas de prevención y contención de la transmisión del SARS-CoV-2 en el ámbito del 
transporte aéreo, para disponer de un instrumento permanente de respuesta ante 
enfermedades tan contagiosas y de rápida propagación como la COVID-19.
Por otra parte, el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y 
Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada 
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los 
Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales 
y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos 
(CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (en lo sucesivo, Reglamento (UE) 2017/2226), 
establece la obligatoriedad de los Estados miembros de disponer de un Sistema de 
Entradas y Salidas (en lo sucesivo, SES) para registrar los datos de entrada y salida de 
todos los nacionales de terceros países que crucen las fronteras externas de los Estados 
miembros de la Unión Europea.
El Ministerio del Interior ha previsto los desarrollos necesarios para cumplir con los 
requisitos exigidos por el Reglamento (UE) 2017/2226, así como la dotación de nuevos 
efectivos policiales. Estos medios que satisfacen las obligaciones del citado reglamento, 
no obstante, no garantizan el mantenimiento de los actuales parámetros de calidad del 
servicio en determinados aeropuertos y durante picos de demanda puntuales, regulada a 
través del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 y sucesivos. 
Para mantener los tiempos de paso por la frontera en un rango similar a los actuales, 
una vez que se ponga en marcha el SES, y garantizar una calidad adecuada en los 
citados aeropuertos, adicionalmente a los medios previstos por el Ministerio del Interior 
se requiere la instalación de puestos de control automatizados que reduzcan los tiempos 
en el ejercicio de la función de control de fronteras. Adicionalmente, se hace preciso 
tener en cuenta también los sistemas de control fronterizo automatizado de pasaportes 
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(ABC) que se utilizan actualmente para los pasajeros de la UE, con el fin de poder dotar 
de una mayor optimización al conjunto de la infraestructura en fronteras.
Por todo cuando antecede, se considera necesario establecer la colaboración de 
Aena con el Ministerio de Interior mediante la puesta a disposición de éste de las 
instalaciones y personal de apoyo preciso para el mantenimiento de las condiciones de 
calidad de los servicios de control de fronteras, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al referido departamento en el ámbito transfronterizo. Para ello se ha de 
permitir a Aena la recuperación de los costes asociados a las inversiones que deba 
realizar para la adquisición e instalación de estos equipos automatizados, así como de 
los gastos de explotación y mantenimiento asociados y que resulten necesarios para 
lograr el cumplimiento de la calidad anteriormente señalada dentro del marco DORA. Se 
ha previsto que dicha recuperación se lleve cabo dentro del marco general de 
recuperación de costes eficientes que establece la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y 
los sucesivos DORA, pues dicho marco garantiza la aplicación de tales costes a las 
tarifas aeroportuarias bajo los principios de transparencia, consultas al sector y no 
discriminación, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia.
También hay que tener en cuenta que Aena quedó excluida del Real Decreto-
ley 3/2022, de 1 de marzo, en lo referente a la revisión excepcional de precios en los 
contratos de obras tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, ya que la Ley 18/2014, de 15 de octubre, establece que el DORA es el 
instrumento que debe determinar las condiciones de regulación quinquenal del conjunto 
de la red de aeropuertos y, entre estas, las inversiones previstas en el periodo. Las 
consecuencias para Aena de la no aplicación de la revisión de precios derivada de la 
disposición final trigésima séptima del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se 
concretan en un incremento de la litigiosidad, la posibilidad de licitaciones desiertas y la 
paralización de obras por contratistas al incurrir estos en costes superiores a los 
iniciales, que implican retrasos en la ejecución de contratos en vigor. Por todo ello, se 
suprime en el artículo 15 del presente real decreto-ley el apartado cuarto del artículo 6 
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, al objeto de que Aena pueda llevar a cabo 
la revisión excepcional de precios de los contratos de obras prevista en ese artículo.
Asimismo, dado que el plan de inversiones de Aena del próximo quinquenio se 
encuentra recogido en el DORA aprobado por el Consejo de Ministros, con fecha 28 de 
septiembre de 2021, y que la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, limita el nivel máximo de inversión para el quinquenio, la reducción de 
concurrencia y de las bajas medias de adjudicación junto a la subida de precios de 
licitación de los contratos, puede llegar a tener un impacto significativo en las inversiones 
que Aena podría llegar a ejecutar en el marco del DORA 2022-2026 al incrementarse el 
precio medio de cada actuación.
Por ello, se establece en el artículo 16 del presente real decreto-ley que el 
incremento del valor anual de inversión no se impute al DORA para los 
ejercicios 2022-2026 de forma que el gestor aeroportuario pueda hacer frente al mayor 
volumen de inversión por la evolución sobrevenida de los precios y se articule la 
recuperación de esos costes adicionales en el marco del Documento de Regulación 
Aeroportuaria que se apruebe para los ejercicios 2027-2031.
IV
El título III recoge medidas en materia de transporte marítimo.
La agresión rusa a Ucrania ha tenido efectos significativos en el transporte marítimo 
que van más allá de los obvios derivados de la imposibilidad de navegar en el entorno de 
las costas ucranianas del Mar Negro y Mar de Azov, y que justifican la adopción de 
determinadas medidas que den respuesta urgente a las necesidades derivadas del 
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empeoramiento de la seguridad de la navegación y de las condiciones de los marinos 
ucranianos que prestan o puedan prestar servicios en buques de pabellón español.
Fiel a su compromiso de apoyar al pueblo ucraniano en el contexto bélico actual que 
está sufriendo Ucrania, España ha emprendido numerosas iniciativas para favorecer y 
apoyar a los ciudadanos ucranianos, de modo que se contribuya a paliar sus 
padecimientos y a velar por mejorar sus condiciones de vida y atender sus necesidades 
en todo lo posible. Entre estos ciudadanos se incluye a aquellos que prestan servicio en 
el transporte marítimo internacional, un sector estratégico en el desenvolvimiento de la 
economía mundial.
Este amparo a los marinos ucranianos ya se inició con la aprobación del Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, en cuyo artículo 22 se estableció la prolongación 
voluntaria de los contratos temporales de trabajo y extensión de las autorizaciones de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, de los tripulantes ucranianos enrolados 
en buques mercantes de bandera española.
Continuando en esta línea de apoyo a los ciudadanos ucranianos y en favor del 
transporte marítimo nacional e internacional que acusa la escasez de personal marítimo 
a bordo de los buques, en particular de la categoría de oficiales desde hace varios años 
y más aún en esta época convulsa, sumado a los compromisos de España de apoyar a 
Ucrania y su población, se justifica la adopción de medidas urgentes y extraordinarias 
encaminadas a favorecer la prestación de servicios en buques a los marinos ucranianos.
La normativa  en materia  de marina  mercante  impone  limitaciones  sobre  la nacionalidad 
de las dotaciones,  como  una medida  de protección  de los marinos  europeos,  aplicables  en 
distintos  supuestos.  Así sucede,  en primer  lugar,  con los buques  inscritos  en el Registro 
Especial  de Buques  y Empresas  Navieras,  de acuerdo  con el apartado  6.a) de la 
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina  Mercante,  aprobado  por el Real Decreto  Legislativo  2/2011,  de 5 de septiembre. 
En segundo  lugar,  se prevé  para los buques  inscritos  en el Registro  de Buques  y de 
Empresas Navieras, de conformidad con el artículo 162 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación  Marítima.  Finalmente,  estas  restricciones  por razón  de nacionalidad  se 
establecen  para los buques  abanderados  en algún  Estado  miembro  de la Unión  Europea 
que no sea España  y que realicen  tráficos  regulares  de cabotaje  insular  que no sigan  o 
precedan  a un viaje internacional,  en aguas  en las que España  ejerce  soberanía,  derechos 
soberanos  o jurisdicción,  así como  servicios  de transporte  marítimo  de cabotaje  insular  de 
pasajeros no regular, a excepción de los servicios de crucero realizados con buques de más 
de 650 GT, en el ámbito  de aplicación  de la Orden  del Ministerio  de Fomento,  de 22 julio 
de 1999,  por la que se establecen  las condiciones  de tripulación  para los buques  que 
realicen  servicios  de cabotaje  insular.  Estas  limitaciones  consisten  básicamente  en que el 
capitán  y el primer  oficial  de cubierta  de los buques  deban  tener  la nacionalidad  de un 
Estado  miembro  del Espacio  Económico  Europeo,  y el resto  de la dotación,  en el caso de 
buques  mercantes,  deba  ser de nacionalidad  española  o de algún  otro Estado  miembro  del 
Espacio Económico Europeo, al menos en un 50 %.
En este sentido, en el artículo 1 del presente real decreto-ley se exceptúa la 
exigencia del requisito de nacionalidad para los ucranianos de las dotaciones de buques 
afectados por las anteriores limitaciones. Esta medida se prolongará durante el l periodo 
en que se encuentren vigentes las protecciones temporales que en España han sido 
moduladas por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que 
se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 
2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, a personas afectadas por el conflicto de 
Ucrania que puedan encontrar refugio en España, publicado en el anexo de la Orden 
PCM/170/2022, de 9 de marzo.
Por otro lado, en el artículo 18 de este real decreto-ley se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incluyendo una 
nueva disposición adicional trigésima sexta para permitir a las empresas navieras 
españolas contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando 
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naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería y puedan prevenirlos por 
efecto de la disuasión o la repulsión.
Mediante dicha disposición se pretende atender una necesidad ampliamente 
demandada por el sector marítimo español y otros sectores que se valen del transporte 
marítimo para el ejercicio de su actividad empresarial. En los últimos años se viene 
registrando en zonas concretas del planeta –significativamente en el Golfo de Guinea, 
Mar Rojo y en el denominado Cuerno de África– un creciente número de ataques piratas 
a buques mercantes y pesqueros, con riesgo para la integridad física de sus tripulantes y 
su impacto negativo en la libertad de navegación, en los intereses españoles, y en la 
seguridad de los buques de vinculación nacional de la región entre los que se 
encuentran los pesqueros, petroleros y gaseros. A la inseguridad marítima que ya se 
deriva de la persistente guerra en el Yemen, se ha añadido la enorme inestabilidad 
internacional y gran amenaza para la seguridad mundial producida por la invasión de 
Ucrania que ha empeorado la situación de seguridad en el transporte marítimo, como ha 
puesto de manifiesto la Organización Marítima Internacional en los pronunciamientos de 
su Consejo en la sesión extraordinaria celebrada el 10 y 11 de marzo de 2022.
De la gravedad de la situación y de los ataques producidos dan cuenta los Informes 
anuales de Seguridad Nacional, elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional. 
En este sentido, en los correspondientes a los años 2020 y 2021, se indica que el Golfo 
de Guinea tiene el mayor índice mundial de piratería, robo a mano armada, secuestro de 
marinos, pesca ilegal, contrabando y tráfico de drogas, y delincuencia transnacional 
organizada. En lo que respecta al Cuerno de África, se ha logrado contener la piratería y 
evitar la captura de barcos y los secuestros de tripulaciones gracias a la acción de la 
Operación Atalanta, pero esta actividad dista de estar erradicada. La Resolución 2608 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, adoptada 
el 3 de diciembre de 2021, ha prorrogado, de momento por tres meses, la autorización a 
operar en las aguas territoriales del país a los buques y aeronaves de EUNAVFOR 
Atalanta. Sin embargo, los grupos siguen activos, aunque en estos momentos dedicados 
a otras actividades delictivas. Puede asegurarse que, si las circunstancias se volviesen 
favorables para ellos, se relajasen las medidas de protección del tráfico marítimo o les 
surgiesen objetivos de oportunidad, estos grupos retomarían las actividades de piratería.
El artículo 19 recoge medidas en materia de ayudas de Estado complementarias a 
empresas armadoras de buques pesqueros. En fecha 21 de julio de 2022, a través de 
Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco temporal de ayudas de crisis para 
apoyar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Unión 
Europea ha elevado el importe máximo a percibir por empresa a los 75.000 euros, por lo 
que ha de tenerse en cuenta la posibilidad de aplicar este nuevo límite a determinados 
beneficiarios de las ayudas recogidas en el artículo 32 del Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, ampliando así una de las medidas ya adoptadas para beneficiar al 
sector pesquero, que ha visto notablemente incrementados los costes intermedios, 
siendo significativo la subida del precio del gasóleo, imprescindible para el desempeño 
de su labor.
V
El título IV incluye medidas económicas en materia de becas y ayudas al estudio en 
enseñanzas postobligatorias y para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo para el curso académico 2022-2023.
En particular, se establece una cuantía complementaria de cien euros al mes para el 
periodo de cuatro meses, comprendido entre septiembre y diciembre de 2022, para 
todas las personas beneficiarias de las becas, ayudas y subsidios de la Convocatoria de 
becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios, y de la Convocatoria de ayudas para alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023.
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La situación económica derivada del conflicto bélico provocado por de la invasión 
rusa de Ucrania y el incremento de la inflación, que se ha situado en el mes de julio en 
el 10,8 %, ha producido un fuerte impacto en las familias.
Este hecho, respecto de aquellas familias con hijos mayores de 16 años que estén 
cursando estudios postobligatorios y universitarios y de las que disponen de hijos 
también de más de 16 años, con necesidad específica de apoyo educativo, con derecho 
a beca de las gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha 
dado lugar a una evidente necesidad de reforzamiento de las cuantías, de forma que se 
asegure el menor impacto posible en la garantía de la igualdad de oportunidades e 
impida que las personas más vulnerables, y ya en edad laboral, deban abandonar sus 
estudios.
La cuantía incrementada, 400 euros, junto a la rapidez de su percepción, se 
considera suficiente para poder tener una incidencia directa en la decisión de continuar 
estudios en el próximo curso 2022-2023.
Se considera que la necesidad a cubrir, a saber, la compensación del incremento del 
coste de la vida respecto del valor nominal de las becas, de forma que el estudiantado 
pueda seguir asumiendo los gastos que requiere la enseñanza en condiciones similares 
a las anteriores a la crisis señalada, tiene carácter extremadamente urgente y supone 
una necesidad social inaplazable.
VI
El título V por su parte recoge un conjunto de medidas de fomento del ahorro y la 
eficiencia energética así como de fomento de la electrificación y despliegue de energías 
renovables, distribuidas en dos capítulos.
El ahorro de energía es la forma más rápida y económica de hacer frente a la actual 
crisis energética y de reducir las facturas. Las medidas de eficiencia energética ayudarán 
a contar con edificios más confortables, con un consumo energético menor, y a disponer 
de un sector productivo más competitivo y mejor preparado para el próximo invierno.
En este sentido, la climatización de espacios es uno de los ámbitos con mayor 
potencial de ahorro, con la posibilidad de actuar de forma inminente en medidas de 
gestión y conservación de energía que generen ahorros inmediatos.
En este ámbito, las administraciones públicas pueden y deben liderar este impulso. 
Así, la Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, publicaba el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de mayo de 2022, por el que se aprueba el Plan de medidas de ahorro y 
eficiencia energética en la Administración General del Estado y las entidades del sector 
público estatal. Este plan introduce medidas de racionalización del uso de edificios 
administrativos, incluido el establecimiento de horarios de encendido y apagado de 
instalaciones, el control de las condiciones de temperatura para minimizar el consumo en 
climatización, o el despliegue de instalaciones de autoconsumo en el ámbito de la 
administración estatal.
Por otra parte, España ya cuenta con un marco normativo exigente para el consumo 
racional de energía. Así, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, ya prevé obligaciones para 
una adecuada gestión y un consumo eficiente de energía en los sistemas de 
climatización o producción de agua caliente sanitaria. En particular, para edificios y 
locales de uso administrativo incluidas las administraciones públicas, establecimientos 
comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales como 
cines o centros de congresos, o infraestructuras destinadas al transporte de personas 
como estaciones y aeropuertos, prevé que no pueda utilizarse energía convencional para 
calefactar por encima de los 21 ºC ni refrigerar por debajo de los 26 °C. Asimismo, 
establece que estos edificios deben disponer de dispositivos que midan las condiciones 
de temperatura, y la obligación a disponer de sistemas de cierre de puertas que eviten el 
despilfarro energético que supondría que éstas se mantuvieran abiertas. Por último, 
establece unos regímenes de inspección de las instalaciones de climatización y agua 
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caliente sanitaria, que incluyen, para instalaciones de más de 70 kW, inspecciones 
específicas de eficiencia energética una vez cada cuatro años.
En el contexto actual, la necesidad de empezar abordando las medidas inmediatas 
de menor coste y complejidad requiere un refuerzo puntual de las obligaciones previstas 
en el RITE. Así, este real decreto-ley introduce una serie de obligaciones de forma 
temporal hasta el 1 de noviembre de 2023 sobre los edificios y locales sujetos a 
obligaciones de temperatura en el marco del RITE.
En primer lugar, se modifica la limitación de temperaturas de calefacción y 
refrigeración a 19 y 27 ºC, respectivamente. En este sentido, se estima que cada grado 
en el que se cambie la consigna de temperatura que suponga una menor necesidad de 
calefacción o refrigeración puede suponer un ahorro del 7 % del consumo.
En segundo lugar, dada la necesidad de ahorrar energía con carácter general, se 
hace extensiva tanto esta obligación, como la obligación relativa a los cierres 
automáticos de puertas, también a los edificios y locales que se climaticen con energía 
renovable, que hasta el momento estaban exentos de estas obligaciones.
En tercer lugar, dada la importancia de un adecuado cumplimiento y seguimiento de 
las medidas de ahorro energético, así como la sensibilización del conjunto de la 
ciudadanía, se introduce la obligación a estos locales y edificios, que actualmente ya 
deben contar con carteles o pantallas donde se hacen visibles al público las 
temperaturas y humedad relativa de los mismos, que incorporen carteles explicativos de 
las medidas obligatorias de ahorro, en las que también pueden incluir otras medidas que 
estén adoptando para reducir el consumo energético.
Por último, en línea con medidas similares adoptadas en países de nuestro entorno y 
de acuerdo con la necesidad de llegar al invierno con las instalaciones existentes en las 
mejores condiciones energéticas, se introduce la obligación de adelantar la siguiente 
inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados a ello cuya última 
inspección sea anterior al 1 de enero de 2021. De este modo, llegado el final del 
año 2022, todos los edificios con un consumo relevante de climatización habrán pasado 
por una inspección de este tipo en los últimos dos años.
Estas medidas, que son de aplicación tanto al conjunto de edificios y locales de las 
administraciones públicas como en el ámbito del sector terciario, podrán 
complementarse con medidas adicionales. En este sentido, el Gobierno impulsará 
medidas de coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades locales para 
hacer un seguimiento de las medidas adoptadas y la identificación de medidas 
adicionales a implantar en los edificios e infraestructuras públicas.
El capítulo II incluye medidas de fomento de la electrificación y despliegue de 
energías renovables. En este sentido, se aborda un bloque de medidas dirigido a la 
sustitución de combustibles fósiles en nuestro «mix» energético por una mayor 
penetración de renovables. En este contexto, se abordan medidas urgentes para facilitar 
la penetración de generación renovable eléctrica, en particular el autoconsumo, y su 
integración en el sistema eléctrico, así como la penetración de gases renovables.
Así, en primer lugar, el autoconsumo está experimentando una fortísima expansión. 
El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores, y la reglamentación posterior ha 
permitido que la ciudadanía, los sectores económicos y las administraciones públicas 
puedan aprovechar el elevado recurso renovable del país, llevando a niveles de 
despliegue de esta modalidad de generación que prácticamente se duplican año a año. 
Por otra parte, la Hoja de ruta de Autoconsumo, aprobada en el Consejo de Ministros 
del 21 de diciembre de 2021, plantea la necesidad de seguir abordando, entre otras, 
medidas normativas que faciliten el impulso de esta modalidad de generación y consumo 
de energía.
Así, el despliegue del autoconsumo y la experiencia acumulada han puesto de 
manifiesto algunas casuísticas concretas que retrasan la puesta en marcha de las 
instalaciones. El contexto actual exige abordar estas problemáticas con urgencia, 
eliminando las trabas identificadas con el fin de acelerar la puesta en marcha de forma 
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rápida de las instalaciones. Por ello, es imprescindible adoptar medidas que aseguren 
que cada uno de los sujetos que participan en la activación del autoconsumo ejecuten 
sus tareas correctamente y en los tiempos asignados, aportando así claridad y 
certidumbre a los hogares, empresas o administraciones que optan por el autoconsumo.
En el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables, se tomaron medias para impulsar 
el autoconsumo entre las que se cuentan la introducción de un régimen sancionador 
específico y una nueva obligación a los gestores de las redes de distribución consistente 
en disponer de canales de información abiertos para presentar quejas, atender consultas 
y obtener información relativas a los expedientes de instalaciones de autoconsumo. Así, 
una vez que debe de existir la posibilidad de realizar un seguimiento próximo de los 
expedientes y de interponer las correspondientes quejas, se considera necesario dar un 
paso más para explotar dicha herramienta de tal forma que si se producen grandes 
retrasos imputables a las empresas distribuidoras o a las comercializadoras estas 
asuman una compensación directa en la factura de los clientes que están tratando de 
activar sus instalaciones de autoconsumo y realizar vertidos. Con este fin, este real 
decreto-ley establece un tiempo máximo de dos meses desde la obtención del certificado 
de instalación eléctrica (CIE) y la transmisión de la información de las comunidades 
autónomas a las distribuidoras hasta el vertido a la red de los excedentes. Así, una vez 
que las comunidades autónomas ya han emitido en su caso la documentación 
correspondiente en materia de seguridad industrial, el incumplimiento de estos plazos sin 
causa imputable al consumidor ni a la administración competente en materia de energía 
y superados los dos meses, supondrá el descuento automático en factura por parte del 
comercializador en concepto de «descuento por retardo en activación de autoconsumo» 
que será asumido por el distribuidor o por el comercializador. El derecho a descuento se 
configura como un mecanismo similar al de compensación de excedentes, y tiene en 
cuenta que los excedentes que no están siendo compensados están contribuyendo, de 
facto, a una reducción de las pérdidas contabilizadas en la correspondiente red de 
distribución.
Por ello, este real decreto-ley, a efectos de aumentar la flexibilidad y que permita 
optimizar un mejor aprovechamiento de las instalaciones de autoconsumo, se revisa el 
periodo mínimo de permanencia de la modalidad de autoconsumo pasando de un año a 
cuatro meses.
Además, con el fin de descarbonizar la economía y de disminuir la dependencia de 
los hidrocarburos, resulta procedente acelerar en la medida de los posible las 
tramitaciones y autorizaciones de las instalaciones sin desproteger los bienes y derechos 
de terceros. A tal fin, se considera oportuno modificar el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. Así se establece un plazo de quince días a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) para la emisión de informe sobre autorizaciones de 
instalaciones de transporte, y el silencio administrativo pasado estos quince días será 
positivo, ya que en este caso carece de sentido hacer una evaluación sistemática de las 
capacidades en cada una de las instalaciones que se autorizan cuando el titular es 
siempre la misma persona jurídica y esta ejerce esta actividad en régimen de monopolio 
legal. Asimismo, y con el fin de impulsar la tramitación de la gran cantidad de 
instalaciones introducidas en la nueva planificación de la red de transporte de 
horizonte 2026 que resultan críticas para evacuar la generación renovable y minimizar 
vertidos se introduce una casuística para la cual las instalaciones de transporte no 
requerirán autorización administrativa previa.
Adicionalmente y como consecuencia de la elevada cantidad de actuaciones 
susceptibles de ser consideradas como singulares desde el punto de vista retributivo que 
se han introducido en la planificación de la red de transporte de horizonte 2026, se 
permite que las mismas puedan iniciar su tramitación aun cuando no hubieran obtenido 
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tal catalogación. Esta modificación permitirá avanzar en la tramitación mientras que en 
paralelo se profundizan tanto en los estudios necesarios como en la definición técnica y 
económica del proyecto.
Para impulsar el almacenamiento hidráulico, se introduce una modificación que 
permitirá a las centrales hidráulicas existentes (con o sin bombeo) introducir equipos 
electrónicos en los grupos electromecánicos sin que esto suponga la necesidad de 
obtener nuevos permisos de acceso. Esto permitirá modernizar grupos hidráulicos 
existentes haciéndolos más flexibles y permitiendo ser utilizados como bombeos.
Por otra parte, la implantación masiva de generación renovable requiere el 
despliegue del almacenamiento como un elemento clave para la integración de la 
generación renovable y dotar de flexibilidad al sistema eléctrico.
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, introdujo en la 
legislación la figura del almacenamiento.
En España la potencia eléctrica instalada con derecho al régimen retributivo 
específico asciende a 22 GW en la tecnología eólica y 8 GW en la tecnología 
fotovoltaica, siendo la incorporación de almacenamiento en estas instalaciones una 
oportunidad para la flexibilidad de la generación y mejora de su integración en el 
sistema.
Lo anterior unido al objetivo de instalar 6 GW de almacenamiento en 2030 de 
acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC 2021-2030), hace necesario habilitar con carácter urgente la posibilidad de 
instalar almacenamiento en instalaciones renovables existentes con derecho al régimen 
retributivo específico.
Para este fin, el artículo 33 modifica el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. Mediante este artículo se modifica la 
definición de las hibridaciones tipo 3 para incorporar las instalaciones de 
almacenamiento clarificando de esta forma la obligación relacionada con los equipos de 
medida necesarios para la determinación de la energía generada que permita la 
adecuada retribución de los regímenes económicos que les sean de aplicación, así como 
las consecuencias de su incumplimiento.
Por otra parte, acorde al Plan para poner fin a la dependencia de la UE con respecto 
a los combustibles fósiles rusos (REPowerEU), presentado por la Comisión Europea 
el 18 de mayo de 2022, el biogás y el hidrógeno renovable disminuyen la dependencia 
energética europea, proporcionando una solución sostenible clave en el proceso de 
descarbonización de la economía. Por tanto, en las actuales circunstancias geopolíticas, 
resulta de extraordinaria y urgente necesidad adoptar un conjunto de medidas 
encaminadas a favorecer el desarrollo de los gases renovables facilitando su inyección a 
la red de transporte y distribución de gas natural existente.
En la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable», 
aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre de 2020, la medida 3 está dedicada 
a la promoción del desarrollo de medidas regulatorias que simplifiquen y faciliten el 
despliegue de los hidroductos que transporten hidrógeno renovable en el marco de la 
normativa del sector de hidrocarburos.
Por su parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destina 
en torno a un 40 % de las inversiones a la transición ecológica. Entre las componentes 
integradas en el PRTR, se señala la Componente 7 «Despliegue e integración de 
energías renovables» y la Componente 9 Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su 
integración sectorial.
En la misma línea, en la Hoja de Ruta del Biogás, aprobada por el Consejo de 
Ministros el 22 de marzo de 2022, la medida 2 recoge la «agilización de procedimientos 
de autorización de plantas y otras infraestructuras y procesos asociados».
Por todo lo anterior, resulta necesario establecer con carácter de urgencia, 
modificaciones regulatorias que faciliten el desarrollo de los proyectos favorecidos por 
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las líneas de ayuda de las componentes 7 y 9 del PRTR, proporcionando una mayor 
claridad en la normativa de aplicación para el despliegue de infraestructuras dedicadas a 
los gases renovables.
En particular, en el artículo 34 se explicita que las modificaciones de las posiciones 
de conexión para adaptarlas a la inyección a red de gases renovables, tienen carácter de 
modificación menor y que su tramitación se podrá realizar conforme al artículo 70.3 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, es decir, sin necesidad de autorización administrativa ni 
aprobación del proyecto de ejecución.
Además, en la disposición final decimoprimera se incluye una modificación de los 
artículos 55 y 56 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, a fin de 
eximir a todas las líneas directas de la necesidad de ser autorizadas, aspecto ya 
previsto, pero solo para las líneas directas dirigidas a un único consumidor. Se dispone, 
por tanto, que también «podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos 
al cumplimiento de las disposiciones técnicas y de seguridad y medioambientales», «las 
líneas directas de conexión de una planta de producción de gases renovables con el 
sistema gasista destinada a la inyección de gas en él», según definición dada por el Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania.
Adicionalmente se ha añadido la disposición final decimosegunda, que añade un 
nuevo artículo 12 bis al Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, para establecer, de 
forma análoga a las actuales conexiones de transporte a distribución, una serie de 
principios básicos que no se encontraban explicitados para las conexiones de inyección 
de gases renovables a transporte y distribución y que buscan otorgar certidumbre a los 
promotores y otros agentes implicados.
Con todo ello se acelerará la tramitación de los proyectos de inyección de gases 
renovables a la red existente, que están a la espera de ser tramitados, bien por las 
comunidades autónomas, bien por la Administración General del Estado.
Por último, la disposición adicional segunda establece una aportación al sector 
eléctrico de 1.360 M€ procedente de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 
Esta aportación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo de 
la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Esta disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de 
diciembre, establecía la suspensión temporal del Impuesto del Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica (IVPEE) por la difícil situación de los mercados energéticos, pero a su 
vez determinaba la obligación de la compensación por el importe equivalente a la 
reducción de recaudación consecuencia de esta medida al sistema eléctrico, ya que la 
totalidad de la recaudación de este impuesto se destina al pago de los costes regulados 
del sistema, especialmente al fomento de las energías renovables.
Mediante este real decreto-ley se autoriza el libramiento de un importe de 1.360 
millones de euros al sistema eléctrico para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 29/2021 por la reducción de ingresos que se ha producido por la suspensión 
del IVPEE.
VII
La disposición derogatoria única deroga el capítulo II del Real Decreto-ley 26/2020, 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, sobre medidas en el sector del 
transporte aéreo; así como determinadas referencias del anexo 2 de la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 
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administrativas y del orden social, en relación con procedimientos aeronáuticos sobre 
aeronavegabilidad.
En cuanto a las disposiciones finales, la primera de ellas modifica el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, para aclarar que las ayudas previstas en su artículo 25 
también resultan de aplicación a los vehículos auto-taxi de Ceuta y Melilla que dispongan 
de la correspondiente licencia expedida por las Ciudades de Ceuta y Melilla, en 
aplicación de las especiales circunstancias del hecho diferencial de dichas Ciudades. Al 
igual que sucede con las ayudas directas establecidas en el artículo 4 de este real 
decreto-ley.
La disposición final segunda modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea. En primer lugar, se modifican sus artículos 20 y 21, en el marco de 
las medidas adoptadas para impulsar la recuperación del sector aéreo tras la eliminación 
de las restricciones de movilidad para la contención y prevención de la COVID-19, para 
establecer medidas de simplificación en orden a coadyuvar al desarrollo e impulso de la 
aviación general y deportiva, una de las que más ha sufrido por estas limitaciones.
Con este objeto, en coherencia con lo previsto en la normativa europea para 
operaciones equivalentes sobre las que la Unión Europea ha asumido competencias y 
atendiendo a una reivindicación del sector, se flexibilizan las exigencias sobre los 
documentos que deben llevarse a bordo de la aeronave permitiendo que se conserve en 
el aeródromo de salida y llegada. Esta medida, por otra parte, resulta especialmente 
pertinente en el momento actual por el incremento de las aeronaves afectadas como 
consecuencia de la aplicación de la normativa nacional a un mayor número de ellas, al 
ampliar, de conformidad con la posibilidad conferida a los Estados miembros por 
normativa europea, la masa máxima al despegue para considerar a una aeronave 
ultraligera y excluirla de la aplicación de la normativa europea.
Mantener el régimen vigente en un momento de necesario impulso de reactivación 
de la actividad, supone una dificultad añadida para la operación en España de aeronaves 
ultraligeras de otros países europeos, y, por tanto, para la atracción de este turismo 
internacional, que puede beneficiarse de las favorables condiciones climatológicas de 
nuestro país, en particular ante la temporada estival.
Adicionalmente, esta modificación incorpora la normativa de la Organización de 
Aviación Civil Internacional eliminando diferencias con lo previsto en el artículo 29 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago de 1944) y da cumplimiento a la 
normativa europea al excluir la aplicación del régimen sobre documentación a bordo de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, a las operaciones sujetas a 
normativa europea normativa.
En segundo lugar, se modifican los artículos 29 y 130 de la Ley 48/1960, de 21 de 
julio. En la actualidad, el régimen de inscripción en el Registro de Matrículas de 
Aeronaves civiles está regulado principalmente por la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
navegación aérea, y el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles («RMAC»), 
aprobado mediante Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo.
En su redacción actual, la Ley 48/1960, de 21 de julio, establece en sus artículos 29 
y 130 los actos que deberán ser inscritos en el Registro de matrícula de aeronaves 
civiles, así como sobre la necesidad de obtención de un certificado o comunicación del 
Registro de Bienes Muebles.
Es necesario modificar la redacción de los artículos 29 y 130 de la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, al objeto de permitir la introducción de los cambios normativos que 
faciliten un régimen de inscripción en el Registro de Matrículas de Aeronaves Civiles más 
flexible y con un carácter administrativo reforzado, a cuyo efecto es necesario establecer 
con claridad que las aeronaves obligadas a matricularse en el registro español se 
determinarán reglamentariamente y hacer posible la matriculación sin requerir la 
inscripción previa en el Registro de Bienes Muebles. De esta forma se reforzará la 
naturaleza administrativa del Registro de Matrícula de Aeronaves, diferenciando con 
claridad sus funciones de las atribuidas al Registro de Bienes Muebles, al tiempo que se 
contempla la necesaria coordinación entre ambos registros.
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En tercer lugar, se modifica la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de 
julio, al objeto de flexibilizar los instrumentos de coordinación con las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones locales en orden a la salvaguarda de las competencias 
estatales exclusivas en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo 
y aeropuertos de interés general, reforzando la autonomía de dichas administraciones. 
Con este fin, se establecen en norma con rango legal los supuestos en que se podrá 
excepcionar de la obtención de los informes previos al planeamiento territorial y 
urbanístico, o a los acuerdos previos a la construcción, instalación o plantación ubicada 
en zona de servidumbres aeronáuticas o propuestas de servidumbres exigidos por la 
normativa reglamentaria cuando, aun afectado a éstas, no comprometan la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas o el normal funcionamiento de las ayudas a la 
navegación aérea.
En el contexto de la crisis generada por la Guerra de Ucrania y su impacto en la 
economía, se considera de extraordinaria y urgente necesidad introducir esta medida de 
flexibilidad para facilitar el desarrollo de aquellas actividades económicas implantadas o 
en fase de implantación en el territorio afectado por las referidas servidumbres, de modo 
que, cuando sea compatible con la seguridad aérea, no tengan que retrasar las obras o 
actividades proyectadas. Lo propio cabe indicar en relación con la planificación territorial 
y urbanística en la medida en que esta contribuye, igualmente, a evitar demoras 
innecesarias en dicha tramitación, y al desarrollo de la actividad económica.
La disposición final tercera de este real decreto-ley modifica la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, relativa al silencio 
administrativo, para incluir por imperiosas razones de interés general entre las 
excepciones del silencio administrativo positivo los procedimientos de aeronavegabilidad, 
inicial y continuada, los procedimientos para la aprobación de las servidumbres 
aeronáuticas y la certificación del personal de formación de los pilotos a distancia.
Así, la aeronavegabilidad de las aeronaves, tanto inicial como continuada, es un 
aspecto esencial y crítico de la seguridad aérea, y esta a su vez es una razón imperiosa 
de interés general en tanto que manifestación de la seguridad pública, lo que justifica la 
aplicación de la excepción al silencio positivo prevista en el artículo 24.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según contempla ya la disposición adicional vigésima 
novena, apartado 2, y anexo 2, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aunque de manera incompleta y 
desactualizada para los procedimientos actualmente aplicables, que han ido 
evolucionando a medida que lo ha hecho la normativa sustantiva que los regula. A los 
procedimientos de aeronavegabilidad cubiertos por la normativa europea ya les aplica la 
excepción del silencio positivo ex artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al 
exigir un pronunciamiento expreso de la administración pública actuante, conforme 
reiterada y pacífica doctrina del Consejo de Estado, entre otros, en dictamen 382/2014.
Idénticas razones imperiosas de interés general concurren en las servidumbres 
aeronáuticas, esenciales para la salvaguardia de la seguridad del tránsito y el transporte 
aéreo, que adicionalmente imponen limitaciones de los usos del suelo a terceros que 
exceden de la esfera de los intereses de los gestores aeroportuarios y proveedores de 
servicios de navegación aérea legitimados para solicitar su aprobación, lo que requiere 
que en su adopción se salvaguarden sus derechos. La adopción de servidumbres 
aeronáuticas, por otra parte, implica el ejercicio de potestades públicas cuya 
transferencia al solicitante no se contempla expresamente en la actual redacción del 
artículo 24.1 de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que entre las excepciones al silencio positivo 
incluye aquéllos procedimientos «cuya estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas (…) o al servicio público», sin 
contemplar expresamente aquéllas otras funciones de las administraciones públicas que 
afectan a la esfera de los derechos e intereses de los particulares y que no se concretan 
en servicios públicos.
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En materia de certificación del personal de formación de los pilotos a distancia la 
excepción al silencio positivo queda justificada, igualmente, por razones de seguridad 
operacional en tanto que asegurar su cualificación a los efectos de la formación, 
instrucción práctica y evaluación de los pilotos remotos es esencial para asegurar que 
estos, los responsables en última instancia de la operación de la aeronave no tripulada, 
obtienen una formación y evaluación adecuada para el ejercicio de sus funciones. Así, ya 
la disposición adicional vigésima novena, apartado 2, y anexo 2, de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recoge el 
silencio administrativo negativo para los «Procedimientos sobre autorización de Centros 
de Formación Aeronáutica» y los «Procedimientos sobre autorización de cursos de 
formación aeronáutica». En el caso de la formación de los pilotos a distancia no se 
contempla la autorización de los centros y cursos de formación, optándose por asegurar 
la cualificación profesional del personal que imparte formación, lo que adicionalmente 
permite que estos profesionales puedan prestar sus servicios en diversos centros de 
formación.
La disposición final cuarta de este real decreto-ley modifica la disposición adicional 
segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios (ADR) en materia de 
consumo, que en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 3/2020, 
dispone que «… la decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por 
parte de la compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando 
considere que la misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la entidad 
acreditada no será vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá sin perjuicio 
de las acciones civiles que el pasajero tenga frente a la compañía aérea».
Se considera conveniente clarificar el régimen jurídico de este ADR para evitar un 
aspecto que podría resultar claramente perjudicial tanto para el funcionamiento de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como para su papel como entidad 
acreditada: la ratificación de la decisión impugnada en el juicio.
En efecto, la redacción actual de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, 
de 2 de noviembre, no aclara si en los casos en que la compañía aérea transportista 
impugne la decisión emitida por la entidad acreditada –AESA–, será parte demandada 
únicamente el pasajero o si AESA será demandada, exclusiva o conjuntamente, con el 
pasajero.
La actual redacción de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2017 no aclara 
quiénes son las partes en el proceso, por lo que es posible que se pueda considerar a 
AESA como demandada en cuanto que autora de la decisión. En este caso, su 
comparecencia en el proceso supondrá una carga procesal adicional tanto para la 
Agencia como para la Abogacía del Estado.
Adicionalmente, dado el elevado número de estos procesos que puede haber 
inicialmente, también resultaría muy gravoso para la Agencia el que alguno de sus 
empleados tenga que ratificar la decisión en cada uno de los juicios que pudieran tener 
lugar.
Por ello, se considera conveniente modificar el apartado 3 de esta disposición para 
equiparar la posición de AESA a la del pasajero no obligando a su comparecencia.
La disposición final quinta del presente real decreto-ley modifica la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en las Illes Balears que 
establece un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del 
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las Illes Balears, o entre estas y la 
península, así como del efectuado entre dichas islas y otros territorios de Estados 
miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el espacio 
económico europeo.
En dicho Real Decreto-ley se establece que el Gobierno solicitará a la Comisión la 
modificación del Reglamento (UE) 1407/2013, aumentando el límite de 200.000 euros de 
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ayudas de minimis . También que solicitará autorización para que las compensaciones al 
transporte aéreo y marítimo de mercancías, previstas en el artículo 11, queden excluidas 
del Reglamento citado.
La justificación de estas solicitudes consiste en que dichas compensaciones no son 
ayudas que distorsionen la competencia, sino precisamente compensaciones que 
restablecen las condiciones de competencia entre las empresas insulares y las radicadas 
en el continente.
La citada Comunicación de la Comisión contempla medidas temporales de ayuda 
estatal de importe limitado a las empresas afectadas por la agresión rusa contra Ucrania.
La Comisión considera tales ayudas estatales compatibles con el mercado interior 
con arreglo al artículo 107.3.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Además, las medidas de ayuda estatal adoptadas al amparo de la Comunicación 
pueden acumularse con las ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis, 
siempre y cuando se respeten las reglas en materia de acumulación contempladas en 
dichos reglamentos.
A su vez, se entiende que, cuando se trata de los mismos gastos subvencionables, 
con la acumulación no se puede exceder la intensidad de la ayuda o el importe máximo 
fijado en el marco temporal (400.000 euros).
Por todo lo expuesto, bajo el marco temporal asociado a la crisis en Ucrania, que 
permita elevar el techo de subvención de manera extraordinaria. Se trata de una ayuda 
complementaria a la existente, con un umbral máximo de 400.000 euros (contabilizando 
los 200.000 euros de minimis),  y solo aplicaría a las empresas a las que les hubiera 
afectado el umbral de minimis .
Ante este marco coyuntural, se ve pertinente realizar una modificación en la 
disposición adicional primera del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, para prever 
que estas ayudas puedan acogerse al Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión SA.102771(2022/N).
La disposición final sexta del presente real decreto-ley añade un nuevo apartado 6 
bis al artículo 4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, con el fin de facilitar la parada 
de servicios ferroviarios que circulen por la red ferroviaria de interés general del Estado, 
en estaciones o apeaderos destinados al trasbordo o al intercambio modal que no 
formen parte de esta red, fomentando así la intermodalidad y la óptima utilización de las 
infraestructuras.
En la actualidad, el citado artículo 4 ya promueve la cooperación entre el Estado y las 
Administraciones Autonómicas en este sentido, y la conexión entre las redes de 
diferentes administraciones. Un caso frecuente en el que se da esta situación es el de 
las estaciones, apeaderos u otras instalaciones de intercambio modal, en las que es 
conveniente, por razones de economía y eficiencia, que los servicios ferroviarios que se 
prestan sobre la Red Ferroviaria de Interés General del Estado utilicen algunas de las 
instalaciones o algunos elementos funcionales que formen parte de las infraestructuras, 
aunque no formen parte de esta red.
Por razones de eficiencia del uso de los recursos públicos, promover el uso 
compartido de las mencionadas instalaciones es del todo aconsejable, pero es preciso 
establecer un marco de reparto de funciones y responsabilidades concreto entre los 
distintos administradores de las infraestructuras, así como garantizar que dichos 
servicios solo se prestarán en las instalaciones que cumplan las prescripciones 
establecidas en materia de seguridad e interoperabilidad obligadas para la Red 
Ferroviaria de Interés General.
El objetivo por tanto de la modificación es establecer ese marco normativo que regule 
y garantice el adecuado funcionamiento y la correcta seguridad de estas situaciones, que 
debe ser adoptado a la mayor urgencia, ya que la coexistencia de infraestructuras ya se 
está produciendo, con lo que es preciso, a la mayor brevedad, regular estos aspectos 
para dar seguridad jurídica a situaciones que se van a producir en breve.
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La disposición final séptima del presente real decreto-ley modifica la disposición 
adicional centésima trigésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, sobre «Liquidación de situaciones 
pendientes sobre justiprecio y aprovechamientos urbanísticos en materia de autopistas», 
aplicable a las concesiones comprendidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 
de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de concesión de 
autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración», mediante la adición de un nuevo apartado.
A la vista de la complejidad del procedimiento que posibilita el pago por la 
Administración de las cantidades en materia de expropiaciones, acordadas en justiprecio 
o por los Jurados Provinciales, correspondientes a los expedientes pendientes de las 
autopistas objeto de los contratos concesionales en proceso de liquidación por 
producirse el concurso de acreedores de las sociedades concesionarias, se ha 
considerado muy beneficioso incluir un nuevo apartado en la citada disposición adicional 
que regule el procedimiento simplificándolo.
Dicha regulación representa un beneficio para el expropiado, que recibe las 
cantidades en un menor plazo de tiempo; para la Administración concedente, que 
economiza medios y reduce el importe a pagar en concepto de intereses y costas 
judiciales; y para la Administración de Justicia, que ve reducida la carga de trabajo y 
economiza medios.
Asimismo, se clarifica la liquidación de las situaciones pendientes en materia de 
expropiaciones en el momento de dictar la resolución definitiva en la determinación de la 
«Responsabilidad Patrimonial de la Administración».
Esta modificación es necesaria y urgente pues en estos momentos se están llevando 
a cabo el cálculo y pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración de los 
ocho contratos concesionales correspondientes a las autopistas de peaje que por 
problemas financieros han revertido en el Estado, aportando esta modificación mayor 
seguridad y agilidad al proceso en curso. Cualquier demora en la aprobación de esta 
disposición supone el aumento de los costes asociados tanto al pago de las 
expropiaciones pendientes como en el citado cálculo de la citada Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración, con el consiguiente perjuicio para el interés público.
La disposición final octava autoriza la convocatoria de los procesos selectivos 
correspondientes para la provisión de plazas en las especialidades de la Escala Superior 
de Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad de los Organismos 
Autónomos y las Agencias Estatales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, creada por la disposición adicional tercera de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de 
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del Real Decreto-
ley 19/2021, de 5 de octubre).
Esta Escala se creó con objeto de cubrir necesidades de selección de personal 
funcionario en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), en la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) y en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas O.A. y M.P. (CEDEX). En el caso de la AESF, se debe dar cumplimiento a los 
requerimientos de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2018/2261 
abierto por incumplimiento de las obligaciones de la Directiva 2004/49/CE en Carta de 
Emplazamiento de 25 de enero de 2019, entre los que se encuentra la dotación de 
recursos humanos a la misma.
Debe tenerse en cuenta que, durante los últimos años, las necesidades de personal 
de estos organismos no se han podido cubrir plenamente como consecuencia de la 
paralización de los procesos selectivos de la antigua Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, extinguida por la 
disposición adicional tercera de la Ley 10/2022, de 14 de junio. Por Sentencia del 
Tribunal Supremo 1679/2020, de 4 de diciembre, se anuló el proceso selectivo para el 
acceso a dicha escala correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2016, al 
determinar que se debía exigir la titulación de máster para el acceso a la misma, por 
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haberse creado en su momento con la exigencia de la titulación de ingeniero superior. 
Sin embargo, dado que las funciones a realizar por el personal que se seleccionaba con 
esta Escala no requerían la titulación de máster, siendo suficiente la titulación de grado, 
se paralizaron los procesos selectivos señalados, incluido el correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público para 2019, que se suspendió de oficio ante la interposición de un 
nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La disposición final novena del presente real decreto-ley modifica el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad 
del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y 
por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que 
se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios 
en los contratos públicos de obras. En efecto, las medidas adoptadas en el citado Real 
Decreto-ley establecen un mecanismo de revisión excepcional de precios en un contexto 
de alza elevada y extraordinaria de los precios de las materias primas en el ámbito de los 
contratos de obras. El impacto de dicha situación de los mercados se ha producido con 
un crecimiento de precios acelerado, y por tanto dicho impacto se aprecia en todo tipo de 
contratos. Por ello, en caso de que el contrato tenga una duración inferior a doce meses, 
el incremento del coste se calculará sobre la totalidad de los importes del contrato 
certificados, si bien, el periodo mínimo de duración del contrato para que pueda ser 
aplicable esta revisión excepcional de precios será de cuatro meses. Estas medidas se 
han de adoptar con urgencia dado que la aplicación del citado Real Decreto Ley se 
encuentra ya en aplicación, suponiendo un riesgo de paralización en la ejecución de 
estos contratos la ausencia de aplicación de la revisión excepcional, con el consiguiente 
perjuicio para el interés público.
La disposición final décima del presente real decreto-ley modifica el Real Decreto-
ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de 
actividad.
La reciente modificación del sistema de cotización de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y mejora de la protección por cese de actividad del Real Decreto-
ley 13/2022, de 26 de julio, supone cambios relevantes para este colectivo tanto desde la 
óptica contributiva, como de su protección social para tratar de converger con el régimen 
general.
Estas medidas atienden al Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, 
aprobado por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020, la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en sus 
recomendaciones 4.ª y 5.ª, como al apartado 4.º, de julio de 2021, de la mesa del diálogo 
social donde el Gobierno y agentes sociales buscan garantizar el poder adquisitivo de los 
pensionistas y asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
De igual forma, el Acuerdo se enmarca también en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno el 16 de junio de 2021, que es 
uno de los planes nacionales que han elaborado los Estados miembros de la Unión 
Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU y que 
tiene el triple objetivo de apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, 
impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo un 
desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, 
social, territorial y medioambiental.
El componente 30, reforma 3, de este Plan aborda la parte social y recuerda la 
necesaria garantía de la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en 
el marco del Pacto de Toledo, siendo la adaptación de las bases de cotización de los 
trabajadores autónomos para cotizar por ingresos reales presupuesto necesario para 
reforzar dicho sistema y garantizar la sostenibilidad financiera. El compromiso de reforma 
fijaba el primer semestre de 2022, para su implantación en el año 2023.
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Mediante la disposición final décima se procede a introducir diversas modificaciones 
en la regulación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. En primer lugar, se da 
nueva redacción a la regla 5.ª del apartado 1.a) del artículo 308 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, modificado por el apartado cinco del artículo primero del citado real 
decreto-ley, al objeto de que lo previsto en la citada regla concuerde con lo dispuesto en 
el artículo 44.3.d) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por el artículo quinto. 
Uno del propio Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio; con la nueva redacción, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá proponer una base de cotización 
superior a la mínima del tramo I de la tabla general en los supuestos de altas de oficio, 
en los que, asimismo, no procederá la regularización de la cotización en los períodos que 
se determinan.
En segundo lugar, se reforman tanto la regla 4.ª del apartado 1.c) del artículo 308 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por el apartado 
cinco del artículo primero del real decreto-ley, como la letra c) de la regla 5.ª del 
apartado 2 del artículo 46 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de 
otros Derechos de la Seguridad Social, modificado por el apartado uno de su artículo 
quinto, al objeto de reducir el plazo de devolución de las diferencias de cotización a los 
trabajadores por cuenta propia una vez efectuada la regularización correspondiente.
En tercer lugar, se da nueva redacción al artículo 38 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, modificado por el apartado ocho del artículo 
tercero del real decreto-ley, relativo a la bonificación de cuotas para los trabajadores 
autónomos durante los períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, a fin de que dicha bonificación pase a calcularse sobre la base media que 
tuvieran aquellos en los doce meses anteriores a la fecha en la se inicie esta 
bonificación, aplicándoseles el tipo de cotización dichas contingencias.
Similar modificación se efectúa en el artículo 38 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del trabajo autónomo, modificado por el apartado nueve del artículo tercero 
y relativo a la bonificación aplicable a las trabajadoras autónomas que se reincorporan al 
trabajo por cuenta propia tras haber cesado en la actividad por nacimiento de hijo o hija, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela; en este caso la 
bonificación se calculará sobre la base media que esas trabajadoras tuvieran en los doce 
meses anteriores a la fecha en que cesaron en su actividad.
También se incluye un nuevo apartado diez en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, sobre reducciones en la cotización 
aplicables por el inicio de una actividad por cuenta propia, que ha sido añadido por el 
apartado diez del artículo tercero del real decreto-ley, con la finalidad de que, cuando los 
trabajadores autónomos tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, o sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, puedan 
beneficiarse de la cuota reducida a que se refiere tal artículo durante unos periodos de 
tiempo superiores a los establecidos con carácter general.
Como consecuencia de la anterior modificación, se reforma también la disposición 
transitoria quinta del real decreto-ley para fijar la cuantía de la cuota reducida aplicable a 
los citados trabajadores autónomos durante el periodo 2023 a 2025.
Por último, se modifica la letra e) del apartado tres del artículo 44 del Reglamento 
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, que 
ha sido modificado por el apartado uno del artículo quinto del real decreto-ley, para 
acompasar su regulación a la del artículo 308.1.5.ª del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, de forma que, cuando los trabajadores autónomos no hubiesen 
presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
cuando, habiéndola presentado, no hayan declarado ingresos a efectos de la 
determinación de los rendimientos netos cuando resulte de aplicación el régimen de 
estimación directa, la base de cotización aplicable sea la base mínima de cotización para 
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contingencias comunes de los trabajadores incluidos en el grupo 7 de cotización del 
Régimen General de la Seguridad Social.
Es necesario, en este momento, completar la cobertura de la acción protectora de la 
prestación por cese de actividad de manera que se permita la compatibilidad, en los 
supuestos de pluriactividad del trabajador autónomo, del percibo de esta prestación y el 
alta en Seguridad social si bien con el límite del salario mínimo interprofesional en el 
momento del nacimiento del derecho. De esta manera, se facilita el mantenimiento de su 
actividad profesional lo que redundará en el mayor dinamismo de la actividad económica 
en el actual contexto.
Mediante la disposición final decimotercera se establece la salvaguarda de 
disposiciones reglamentarias modificadas por el presente real decreto-ley. La disposición 
final decimosegunda contempla los títulos competenciales de la Constitución Española 
que amparan al Estado para aprobar las distintas medidas recogidas en este real 
decreto-ley. La disposición final decimoquinta habilita al Gobierno y a las personas 
titulares de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Hacienda y 
Función Pública, de Educación y Formación Profesional, de Universidades y para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para aprobar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente real decreto-
ley. La disposición final decimocuarta establece que el Gobierno presentará ante las 
Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley limitando la 
subcontratación en el transporte de mercancías por carretera. Y finalmente, la 
disposición final decimoséptima establece la entrada en vigor de esta norma.
VIII
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general. El presente real decreto-ley, por una parte, responde al 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la 
utilización de este tipo de norma y, por otra, no afecta a las materias vedadas a este 
instrumento normativo. Ninguna de las medidas del presente real decreto-ley afecta a 
estas materias en el sentido restrictivo que la jurisprudencia constitucional ha otorgado a 
este término (STC 139/2016, de 31 de julio).
En relación con el primer aspecto, esto es, la concurrencia del presupuesto 
habilitante de «extraordinaria y urgente necesidad», el empleo de este instrumento 
normativo con rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas 
que «por razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en 
un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de 
febrero).
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación 
directa o de congruencia».
Por tanto, respecto de la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente 
necesidad, la doctrina del Tribunal Constitucional exige, por un lado, «la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para 
su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por 
otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la 
medida concreta adoptada para subvenir a ella» (STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).
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Así, como señala el Tribunal Constitucional, el real decreto-ley constituye un 
instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional, el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir 
a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones 
difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, F.5; 11/2002, de 17 de enero, F.4; 
137/2003, de 3 de julio, F.3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, 
de 14 de septiembre, FJ 6; y 100/2002, de 8 de mayo, FJ 8).
Y todo ello concurre en el presente caso.
Resulta absolutamente necesario acometer con carácter urgente nuevas reformas 
que garanticen la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera.
La extraordinaria urgencia en la regulación de todas estas cuestiones viene motivada 
por la importancia para el funcionamiento general de la economía de la actividad del 
transporte de mercancías por carretera, resultando completamente imperativo que el 
marco normativo asegure su funcionamiento equilibrado, además de garantizarse la 
seguridad jurídica necesaria a los operadores económicos del sector.
La nueva disposición adicional decimotercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, introducida por el citado Real Decreto-
ley 3/2022, de 1 de marzo, al establecer la prohibición general de participación de los 
conductores en las operaciones de carga y descarga, prevé el desarrollo reglamentario 
de algunos de los supuestos excluidos, así como que reglamentariamente puedan 
establecerse otras excepciones. Dado que estas normas entran en vigor en septiembre, 
es necesario y urgente concretar antes estos supuestos para que la nueva regulación 
pueda entrar en vigor de manera que no dificulte la realización de determinadas 
actividades.
Por lo que se refiere a las ayudas en materia de transportes, las empresas de este 
ámbito continúan viéndose afectadas por el alza de los precios del combustible que 
repercute de manera directa en sus costes de explotación, lo que está comprometiendo 
la viabilidad económica de este sector a corto plazo y ello determina la extraordinaria y 
urgente necesidad de renovar las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, con la finalidad de apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del 
sector, aclarando algunos aspectos para su eficaz implementación e incorporando 
sectores que también se están viendo seriamente afectados como los servicios de 
mudanzas.
En cuanto a las medidas que se adoptan en el ámbito del transporte aéreo, cabe 
recordar que el uso del real decreto-ley procede en situaciones que se han calificado 
como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un 
instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la 
consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a 
«situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de 
prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, 
y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Así, en el contexto de la recuperación del sector aéreo tras las limitaciones de 
movilidad para la prevención y contención de la COVID-19 y las consecuencias 
económicas derivadas de la guerra de Ucrania, las medidas previstas en este real 
decreto-ley son de extraordinaria y urgente necesidad en orden a salvaguardar y 
mantener dicha recuperación, así como la de la industria turística sobre la que el 
transporte aéreo tiene un fuerte impacto.
En concreto, la evolución de la pandemia, el avance de la vacunación e inmunidad 
de la población contra el SARS-CoV2, hace necesaria la progresiva adecuación de las 
obligaciones y restricciones previstas en las Directrices operativas para la gestión de los 
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pasajeros, el personal de aviación o el uso de los aeropuertos, todo ello en atención al 
elevado nivel de protección alcanzado por la ciudadanía y en orden a contribuir a la 
recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en 
particular de cara a la reactivación del turismo.
En el ámbito del transporte aéreo, en consonancia con las medidas adoptadas por 
los países de nuestro entorno, procede relajar la imposición de dichas medidas, 
manteniéndolas como recomendaciones, a través de materiales de guía u orientación, 
sin perjuicio de poder restablecer su obligatoriedad, adecuándolo a las necesidades de 
cada momento, en caso de que la evolución de la pandemia así lo requiriese para mitigar 
los efectos de un rebrote en los contagios con graves consecuencias para la salud 
pública, lo que, dada la impredecibilidad sobre futuras variantes y la duración de los 
efectos preventivos de la inmunidad alcanzada por la población, resulta igualmente de 
extraordinaria y urgente necesidad. El objetivo es mantener la necesaria 
proporcionalidad entre las necesidades de salud pública y las obligaciones impuestas a 
los pasajeros, las compañías aéreas que operan en los aeropuertos españoles y a los 
propios aeropuertos, al tiempo que, igualmente, resulta de extraordinaria y urgente 
necesidad que se mantenga dicha flexibilización en orden a la eliminación de 
restricciones inhabituales en otros mercados competencia directa del mercado turístico 
nacional, que pueden lastrar la recuperación del transporte aéreo y de la industria 
turística, en particular atendiendo a los riesgos económicos actuales derivados de la 
guerra en Ucrania y el encarecimiento de los combustibles.
No obsta a lo anterior que la propuesta opte por generalizar el mecanismo para la 
adopción de las medidas de gestión de pasajeros aéreos y del personal de aviación a las 
situaciones de emergencias de salud pública de importancia internacional declaradas por 
la Organización Mundial de la Salud, cuando por su impacto justifiquen la adopción de 
directrices operativas, guías o recomendaciones por los organismos competentes de la 
Unión Europea o una organización internacional de la que España sea parte. De un lado, 
porque la propuesta es eficaz a los efectos de flexibilización necesarios en orden a la 
aplicación de las Directrices Operativas frente a la COVID-19, cuyas razones de 
extraordinaria y urgente necesidad ya se han indicado. De otro, porque la 
impredecibilidad en cuanto al surgimiento de nuevas emergencias de salud pública de 
importancia internacional que requieran aplicar restricciones en el transporte aéreo, así 
como la evidencia de que la probabilidad de nuevas pandemias es cada vez más alta, 
determinan igualmente la extraordinaria y urgente necesidad de disponer de un 
mecanismo que se ha demostrado eficaz para la implementación de las medidas 
preventivas adoptadas en el ámbito europeo o internacional para mitigar la transmisión 
de las infecciones causantes de la declaración de una emergencia de salud pública de 
importancia internacional.
En cuanto a las medidas para facilitar la implementación de los puestos 
automatizados en el control de las fronteras exteriores en aplicación del Reglamento 
(UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, concurren los requisitos de 
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española. 
Extraordinaria y urgente necesidad que queda justificada, de un lado, por la dificultad de 
anticipar la evolución del tráfico internacional de pasajeros en un contexto actual 
gobernado por la incertidumbre que atraviesa el sector aéreo, fuertemente impactado por 
la pandemia de la COVID-19 y todavía en periodo de recuperación y sometido a las 
fluctuaciones que generan las continuas modificaciones en las medidas de contención 
del virus, vigentes en muchos países pero que ya comienzan a relajarse en muchos 
otros. De otro, en tanto que la adopción de estas medidas deviene perentoria con motivo 
de la inminente puesta en funcionamiento del SES, con un impacto en la calidad del 
servicio inasumible por sus indeseados efectos sobre la competitividad de las compañías 
aéreas que operan en los aeropuertos españoles, el turismo internacional y la imagen de 
país en particular en el contexto de la recuperación del sector del transporte y el turismo, 
y las dificultades económicas derivadas de la guerra de Ucrania, salvo que se 
implementen las medidas necesarias a la mayor brevedad.
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La modificación de los artículos 20 y 21 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea, resulta asimismo de extraordinaria y urgente necesidad en primer 
lugar, para no obstaculizar el desarrollo de la aviación general con cargas obsoletas y 
que se han considerado innecesarias, en particular teniendo en cuenta que, a corto plazo 
la aplicación de la nueva normativa sobre aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM) 
determinará un incremento de las operaciones de aviación general, sector dedicado 
fundamentalmente a actividades recreativas y deportivas y especialmente castigado por 
las restricciones motivadas por la pandemia cuya reactivación, por otra parte, puede 
contribuir a la actividad turística.
La modificación de los artículos 29 y 130 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, responde 
asimismo a circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, en tanto que las 
medidas de reactivación del sector deben ir acompañadas de medidas normativas que 
reduzcan trámites y cargas administrativas y, en concreto, de aquellas que permiten un 
régimen de matriculación de aeronaves más sencillo y flexible eliminando trámites para 
los administrados, que podrían así optar por matricular en mayor medida sus aeronaves 
en España frente a otras posibilidades a su alcance en nuestro entorno geográfico, al 
tiempo que agilizan el funcionamiento del registro de matriculación de aeronaves español 
y reducen los costes asociados a dicha matriculación. Todo ello con el fin de impulsar y 
hacer atractiva la realización de actividades aeronáuticas en el territorio español, que por 
sus características geográficas y climáticas resulta idóneo para la operación de 
aeronaves, en particular para la aviación general por su vinculación con la actividad 
turística, cuando el turismo es un sector económico estratégico para España y necesario 
para la recuperación económica.
En cuanto a la modificación de la Disposición adicional única de la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, en el contexto de la crisis generada por la Guerra de Ucrania y su impacto 
en la economía, se considera de extraordinaria y urgente necesidad introducir esta 
medida de flexibilidad para facilitar el desarrollo de aquellas actividades económicas que 
implantadas o en fase de implantación en el territorio afectado por las referidas 
servidumbres y propuestas de servidumbres, de modo que, cuando sea compatible con 
la seguridad aérea, no tengan que retrasar las obras o actividades proyectadas. Lo 
propio cabe indicar en relación con la planificación territorial y urbanística en la medida 
en que esta contribuye, igualmente, a evitar demoras innecesarias en dicha tramitación, 
y al desarrollo de la actividad económica.
Al respecto debe tenerse en cuenta que, en la actualidad hay más de 1200 
municipios afectados por las servidumbres aeronáuticas, que están obligados en la 
tramitación de sus planeamientos territoriales y urbanísticos a recabar de la Dirección 
General de Aviación Civil los informes previstos en el artículo 29 del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, y la disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
diciembre, en relación con las propuestas de servidumbres. Asimismo, los particulares, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 
antes de iniciar la construcción, instalación o plantaciones en los terrenos afectados por 
servidumbres aeronáuticas deben obtener el acuerdo favorable de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea.
La eliminación de estas trabas, cuando quede justificados por su no afectación a la 
seguridad y regularidad de las operaciones, o el normal funcionamiento de las ayudas a 
la navegación aérea, así como a la planificación aeroportuaria, debe contribuir al impulso 
de la actividad económica en la medida en que reduce los trámites exigidos por la 
normativa actualmente aplicable. Adicionalmente, se contribuye a optimizar los procesos 
y recursos de las Administraciones Públicas permitiendo focalizarlas a actuaciones más 
críticas, tanto desde la perspectiva de la seguridad aérea, como de la planificación 
aeroportuaria.
En cuanto a la modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en 
virtud de la disposición final tercera, el elevado número de procedimientos de 
certificación que se sustancian por la AESA y, a su vez, tienen marco normativo en 
disposiciones tanto europeas como nacionales, hace imprescindible el aseguramiento de 
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un criterio armonizado que garantice la seguridad jurídica en lo que se refiere al sentido 
del silencio administrativo.
En este sentido, concurren los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad por el 
carácter crítico de las autorizaciones, certificados y licencias gestionados, cuyas 
implicaciones sobre la seguridad aérea son muy significativas, en particular, en relación 
con las organizaciones y aeronaves sujetas a regulación nacional a las que no cabe 
hacer extensible el silencio administrativo negativo en base a la excepción al silencio 
positivo basada en la aplicación del Derecho de la Unión Europea, y dentro de estas, de 
las solicitudes que no quedan recogidas, o no al menos expresamente, dentro de la 
disposición adicional vigésima novena, apartado 2, y anexo 2, de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre.
En relación con las organizaciones y aeronaves de regulación europea, que exige un 
pronunciamiento expreso de la autoridad, es doctrina consolidada y pacífica del Consejo 
de Estado que aplica la excepción del silencio negativo, por imperativo del derecho 
europeo.
Para el caso de los procesos regulados por la normativa nacional, se considera 
inasumible el riesgo derivado de que el inicio de las actividades en el ámbito de la 
aeronavegabilidad, entendida ésta como la capacidad de una aeronave de operar en 
condiciones seguras, se produjese sin la preceptiva aprobación que asegura el 
cumplimiento con los requisitos aplicables, por lo que se hace necesario refrendar de 
manera clara e inequívoca en la normativa que el silencio aplicable será negativo. A lo 
que se añade, como circunstancia de carácter extraordinario, el potencial y previsible 
aumento de mercado nacional derivado de la aplicación del OPT IN por parte de España 
en materia de ULM hasta 650 kg. Esta situación hace necesario eliminar la exposición al 
riesgo de seguridad que supondría mantener en este entorno un régimen de silencio 
positivo.
Igualmente, por la razón imperiosa de interés general de seguridad pública, en su 
vertiente de seguridad aérea, y ante el incremento de la actividad de las aeronaves no 
tripuladas y, en consecuencia, de las actividades de formación, evaluación y examen de 
los pilotos a distancia, es de extraordinaria y urgente necesidad contemplar 
específicamente el silencio administrativo negativo en los procedimientos de certificación 
del personal de formación de los pilotos a distancia, al objeto de asegurar su 
competencia en el ejercicio de sus funciones esenciales para la seguridad de las 
operaciones de estas aeronaves, y, por tanto, de las personas y bienes subyacentes, así 
como de las operaciones de la aviación tripulada.
En materia de servidumbres aeronáuticas, la extraordinaria y urgente necesidad de la 
medida, además de justificada por razones imperiosas de seguridad aérea tendentes a 
evitar los riesgos para la navegación aérea, concurre la de salvaguardar los legítimos 
derechos e intereses de los sujetos afectados por las limitaciones propuestas, a cuyo 
efecto es preciso prevenir que puedan prosperar por silencio administrativo positivo 
solicitudes de servidumbres aeronáuticas que primen los intereses económicos de los 
solicitantes, valorando en mayor medida eventuales costes de expropiación, o no tengan 
en cuenta adecuadamente los derechos e interés legítimos de los propietarios y usuarios 
del territorio subyacente, en particular cuando no impliquen costes económicos. Y ello, 
en un contexto en el que se está procediendo a la actualización de un número 
significativo de las servidumbres de los aeropuertos y ayudas a la navegación aérea para 
adecuarlas a las necesidades actuales de la navegación aérea, eliminando aquellas 
servidumbres que, por la evolución, entre otros, de los procedimientos operativos o las 
modificaciones en las infraestructuras han devenido obsoletas.
La modificación por la disposición final cuarta del presente real decreto-ley de la 
Disposición adicional segunda de Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 
incorpora al Ordenamiento Jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios (ADR) en materia de consumo, la extraordinaria y urgente necesidad viene 
determinada por la inminente acreditación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
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como entidad de resolución alternativa de litigios en el ámbito de la protección de los 
usuarios del transporte aéreo y la necesidad de asegurar su posición procesal, 
aclarándola de modo que, sin perjuicio de la revisión judicial de sus decisiones y la tutela 
judicial de las compañías aéreas afectadas por ellas, no se impida o dificulte 
extraordinariamente el ejercicio de sus funciones como ADR por la eventual exigencia de 
comparecencia en aquellos procedimientos en que figure como demandada.
En el ámbito del transporte marítimo, la disposición prevista en el artículo 17 del 
presente real decreto-ley relativa a los tripulantes ucranianos responde al carácter 
extraordinario y excepcional de la situación originada por la invasión de Ucrania, que 
exige la adopción de medidas urgentes que proporcionen instrumentos para que 
ciudadanos ucranianos con competencias profesionales marítimas puedan prestar 
servicio en buques vinculados a España de manera inmediata. La tramitación ordinaria 
legislativa retrasaría en demasía la aplicación de las medidas propuestas, cuando la 
realidad actual exige necesariamente adoptarlas urgentemente.
La modificación por el artículo 18 del presente real decreto-ley del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en relación con los servicios de seguridad de las 
empresas navieras y armadores españoles en el extranjero, responde a la gravedad de 
la situación y de los ataques producidos que dan cuenta los Informes anuales de 
Seguridad Nacional, elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional. En este 
sentido, en los correspondientes a los años 2020 y 2021, se indica que el Golfo de 
Guinea tiene el mayor índice mundial de piratería, robo a mano armada, secuestro de 
marinos, pesca ilegal, contrabando y tráfico de drogas, y delincuencia transnacional 
organizada. En lo que respecta al Cuerno de África, se ha logrado contener la piratería y 
evitar la captura de barcos y los secuestros de tripulaciones gracias a la acción de la 
Operación Atalanta, pero esta actividad dista de estar erradicada. La Resolución 2608 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, adoptada 
el 3 de diciembre de 2021, ha prorrogado, de momento por tres meses, la autorización a 
operar en las aguas territoriales del país a los buques y aeronaves de EUNAVFOR 
Atalanta. Sin embargo, los grupos siguen activos, aunque en estos momentos dedicados 
a otras actividades delictivas. Puede asegurarse que, si las circunstancias se volviesen 
favorables para ellos, se relajasen las medidas de protección del tráfico marítimo o les 
surgiesen objetivos de oportunidad, estos grupos retomarían las actividades de piratería.
A la inseguridad marítima que ya se deriva de la persistente guerra en el Yemen, se 
ha añadido la enorme inestabilidad internacional y gran amenaza para la seguridad 
mundial producida por la invasión de Ucrania por Rusia el pasado 24 de febrero de 2022.
Estas circunstancias conllevan que la tramitación ordinaria legislativa retrasaría en 
demasía la aplicación de las medidas propuestas, cuando la realidad actual exige 
necesariamente adoptarlas urgentemente.
Por lo que respecta al artículo 19 de este real decreto-ley, el incremento actual del 
precio del carburante, que ha disparado el coste hasta el 50 % en algunos casos, hace 
inasumible la continuidad de la actividad, hasta el punto de que buena parte del sector 
pesquero mantiene los barcos amarrados en puerto sin salir a faenar.
Procede en este momento ampliar una de las medidas ya adoptadas para beneficiar 
al sector pesquero, que ha visto notablemente incrementados los costes intermedios, 
siendo significativo la subida del precio del gasóleo, imprescindible para el desempeño 
de su labor.
Las medidas no pueden demorarse puesto que los perjuicios a que se podría 
someter el correcto funcionamiento del mercado y el conjunto de la economía serían 
incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a estas 
circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto 
por motivos coyunturales como estructurales, derivadas de circunstancias ambientales 
crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y alteración 
secuencial de los elementos constitutivos de la actividad que han venido en eclosionar 
con ocasión de la invasión de Ucrania. Las pérdidas de rentabilidad comprometen a 
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corto plazo la viabilidad de muchas de las empresas y autónomos de los sectores 
pesquero y acuícola, pudiendo generar desde pérdidas de producción hasta la extinción 
de explotaciones, efectos susceptibles de producir consecuencias negativas tanto en la 
estabilidad de los suministros alimentarios como en el empleo y la renta de las personas 
que desarrollan su actividad profesional en los sectores afectados.
En cuanto a los artículos 20 a 28 de este real decreto-ley, cabe destacar que la 
situación económica derivada del conflicto bélico derivado de la invasión rusa de Ucrania 
y el incremento de la inflación, que se ha situado en el mes de junio en el 10,2 %, ha 
provocado un fuerte impacto en las familias.
Este hecho, respecto de aquellas familias con hijos que estén cursando estudios 
postobligatorios y universitarios y de las que disponen de hijos con necesidad específica 
de apoyo educativo, con derecho a beca de las gestionadas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, ha producido una evidente necesidad de 
reforzamiento de las cuantías, de forma que se garantice el menor impacto posible en la 
garantía de la igualdad de oportunidades.
Se considera que la necesidad a cubrir, a saber, la compensación del incremento del 
coste de la vida respecto del valor nominal de las becas, de forma que el estudiantado 
pueda seguir asumiendo los gastos que requiere la enseñanza en condiciones similares 
a las anteriores a la crisis señalada, tiene carácter urgente y supone una necesidad 
social inaplazable.
La alternativa de modificar determinadas disposiciones reglamentarias requería, por 
su complejidad en la tramitación y número de informes preceptivos, de un tiempo del que 
no se dispone, dado que la norma propuesta tiene como objeto poder abonar la cantidad 
adicional con motivo del inicio del nuevo curso escolar en septiembre de 2022, de forma 
que el estudiantado pueda afrontar los costes de sus estudios en una situación que 
compense los desequilibrios económicos señalados, así como le impida abandonar sus 
estudios. Una tramitación ordinaria haría inviable este objetivo.
La modificación por la disposición final quinta del presente real decreto-ley del Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías, con origen o destino en las Illes Balears, debe hacerse a través del 
procedimiento de real decreto-ley, dado que concurren los requisitos de extraordinaria y 
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española. Se constata la 
extraordinaria necesidad de tener que asegurar el tránsito de mercancías a los territorios 
extrapeninsulares, en concreto a las Illes Balears, en unas circunstancias extraordinarias 
de sobrecoste del transporte marítimo debido al incremento de los combustibles como 
consecuencia de la crisis de Ucrania.
Es urgente en cuanto a que la adopción de estas medidas deviene perentoria con 
motivo de la entrada en vigor del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia 
(2022/C 131 I/01).
Respecto a la modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario, por la disposición final sexta del presente real decreto-ley, puesto que la 
situación que se regula ya se está produciendo en determinadas actuaciones que se 
encuentran próximas a su puesta en servicio, se considera de extraordinaria y urgente 
necesidad introducir la medida para facilitar la parada de servicios ferroviarios que 
circulen por la Red Ferroviaria de Interés General del Estado, en estaciones o apeaderos 
destinados al trasbordo o al intercambio modal que no formen parte de esta red, con el 
fin de establecer los oportunos instrumentos que definan el reparto de responsabilidades 
y el cumplimiento de estas obligaciones, y garantizar así la seguridad en la explotación.
En cuanto a la modificación por la disposición final séptima del presente real decreto-
ley de la disposición adicional centésima trigésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, sobre «Liquidación 
de situaciones pendientes sobre justiprecio y aprovechamientos urbanísticos en materia 
de autopistas», aplicable a las concesiones comprendidas en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de 
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concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración», dado que se encuentra ya definido el método para 
calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración» (en adelante, RPA), y en 
la misma se recoge el plazo de un año para proceder a su cálculo y liquidación, resulta 
necesario resolver las situaciones pendientes en materia de expropiaciones, sin cuya 
resolución quedará retenida parte de la liquidación.
Una parte significativa de las situaciones pendientes de resolver se encuentra 
motivada por el pago de expropiaciones que dejaron pendientes de pago las sociedades 
concesionarias que finalmente está abonando el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana como resultado de las sentencias judiciales. Con el fin de dar mayor 
seguridad y agilidad a los procesos en curso, reduciendo la posibilidad de que se 
generen mayores intereses de demora por pagos posteriores, es por lo que se considera 
esta modificación de extraordinaria y urgente necesidad.
Por lo que se refiere a la modificación de la disposición adicional tercera de la 
Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la declaración a extinguir de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, llevada a cabo por esta Ley 
constituye una circunstancia extraordinaria que afecta a la capacidad de los Organismos 
Autónomos y las Agencias Estatales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para la cobertura de las plazas ya dotadas e incluidas en las ofertas de empleo 
público de 2021 y 2022, con carácter previo a la publicación de las convocatorias de 
pruebas selectivas.
Como resultado de ello, la regulación propuesta en la disposición final octava es de 
urgente necesidad, ante la incapacidad por parte de estos Organismos y Agencias para 
incorporar con la suficiente rapidez los recursos humanos necesarios para la realización 
de su actividad en áreas estratégicas, con la progresiva pérdida de efectivos en su 
plantilla.
Teniendo en cuenta que la provisión de plazas para la nueva Escala Superior de 
Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad es urgente y no se debe 
demorar hasta la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2023, prevista en el 
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, resulta necesaria la 
autorización de la convocatoria de los procesos selectivos citada mediante norma con 
rango de Ley con carácter urgente.
En cuanto a las modificaciones por la disposición final novena del presente real 
decreto-ley en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en lo referente a medidas 
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, 
resulta de extraordinaria y urgente necesidad clarificar el universo de aplicación del 
mecanismo de revisión excepcional para que no quepa duda sobre la aplicación del 
mismo a todos los contratos de obras que cumplan los requisitos establecidos, 
independientemente de su duración, pues el impacto de la escalada inflacionista de los 
precios y del incremento mantenido del precio medio de la electricidad se ha producido 
para todo tipo de contratos, incluidos los contratos de duración inferior a un año.
También hay que tener en cuenta que Aena quedó excluida en lo referente a la 
revisión excepcional de precios en los contratos de obras tras las modificaciones 
introducidas en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, por el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo. Como consecuencia de ello, los contratos de obras se están 
viendo dificultados notablemente; la paralización de obras por parte de los contratistas al 
incurrir estos en costes superiores a los iniciales, implica retrasos en la ejecución de 
contratos en vigor e incrementa la litigiosidad. Además, la situación está provocando 
que, en algunos casos, se queden desiertas licitaciones de nuevos contratos.
Por tanto, resulta urgente la adopción de medidas normativas inmediatas, ya que, en 
caso contrario, las consecuencias económicas y sociales derivadas de se verán 
agravadas.
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En cuanto a la disposición final décima del presente real decreto-ley, la extraordinaria 
y urgente necesidad deriva de los compromisos ya referidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno el 16 de junio de 2021, que es 
uno de los planes nacionales que han elaborado los Estados miembros de la Unión 
Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU y que 
tiene el triple objetivo de apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, 
impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo un 
desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, 
social, territorial y medioambiental.
En relación con las medidas a adoptar en el ámbito de la electrificación y el fomento 
de las energías renovables, como se ha expuesto anteriormente la eventualidad de un 
corte total del suministro de gas hacia Europa hace imprescindible la adopción de 
medidas urgentes dirigidas a aumentar la producción de energías renovables en nuestro 
sistema eléctrico, acelerando la puesta en marcha de estas instalaciones, e incluyendo 
aquí también el desarrollo del autoconsumo renovable, para disminuir la necesidad de la 
generación eléctrica a partir de gas natural y de esta manera reducir nuestra 
dependencia de este combustible, por lo que queda justificada la utilización del real 
decreto-ley.
De acuerdo con el reciente Plan aprobado por la Unión Europea con el objetivo de 
poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles de origen rusos (REPowerEU), 
presentado por la Comisión Europea el 18 de mayo de 2022 y el acuerdo alcanzado en 
el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía celebrado el 26 de julio, resulta de 
extraordinaria y urgente necesidad adoptar un conjunto de medidas encaminadas a 
favorecer el ahorro de energía, el fomento de la electrificación y el despliegue de las 
energías renovables y el desarrollo de los gases renovables de modo que se consiga un 
doble objetivo: avanzar en la descarbonización de la economía y fomentar la producción 
de fuentes renovables autóctonas, incrementando nuestra independencia energética.
Por ello, mediante este real decreto-ley se plantean una serie de medidas en el 
ámbito del ahorro y la eficiencia energética que son urgentes y necesarias para 
conseguir reducir el consumo energético en general, y con ello, reducir la dependencia 
energética del exterior de la economía española. Tal y como se refleja en el mencionado 
REPowerEU, el ahorro de energía es la forma más rápida y barata de hacer frente a la 
actual crisis energética y de reducir las facturas. En estimaciones de la Comisión 
Europea, los cambios de comportamiento a corto plazo podrían reducir la demanda de 
gas y petróleo en un 5 %, incluyendo en este porcentaje los ahorros que se producen a 
instancias de campañas de comunicación.
A tal efecto, el presente real decreto-ley aprueba una serie de medidas dirigidas a 
reducir el gasto en sistemas de climatización en edificios administrativos, comerciales y 
de pública concurrencia, incluyendo la comunicación y concienciación mediante carteles 
o pantallas. Se incluye también la obligación del cierre de puertas en edificios y locales 
con acceso desde la calle, una limitación en el alumbrado de escaparates, así como una 
campaña especial de inspección de sistemas de climatización y agua caliente sanitaria. 
En relación con las medidas a adoptar en el ámbito de la electrificación y el fomento de 
las energías renovables, como se ha expuesto anteriormente la eventualidad de un corte 
total del suministro de gas hacia Europa hace imprescindible la adopción de medidas 
urgentes dirigidas a aumentar la producción de energías renovables en nuestro sistema 
eléctrico, acelerando la puesta en marcha de estas instalaciones, e incluyendo aquí 
también el desarrollo del autoconsumo renovable, para disminuir la necesidad de la 
generación eléctrica a partir de gas natural y de esta manera reducir nuestra 
dependencia de este combustible.
En relación al autoconsumo se establecen medidas para acelerar la legalización de 
las instalaciones de autoconsumo con excedentes de manera que se reduzca el tiempo 
desde la puesta en servicio de una planta de autoconsumo y la posibilidad de cobro de 
los excedentes de la misma por parte de su titular.
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También se incluyen en este real decreto medidas para acortar los plazos de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, estas últimas son imprescindibles para 
facilitar la evacuación de energía desde las instalaciones de energía renovable, por lo 
que su aceleración resulta incluso más crítica que las de éstas.
Por otro lado, es esencial para el proceso de descarbonización de la economía y 
para la reducción de la dependencia energética del exterior, elemento clave en la 
situación geopolítica actual, el aumento de la participación de las energías renovables en 
el sistema eléctrico. Sin embargo, la elevada cuota de participación de las energías de 
generación renovable no gestionable en el sistema eléctrico, la implantación masiva de 
estas tecnologías que se ha producido en los últimos años y la previsión de integración 
de potencia adicional consecuencia de las subastas de Régimen Económico de Energías 
Renovables, están provocando la pérdida de gestionabilidad del sistema y la 
acumulación de producción de energía renovable en las horas centrales del día, 
principalmente por el efecto de la tecnología fotovoltaica, lo que puede suponer la 
paralización de las inversiones futuras en energías renovables que participen en el 
mercado. Por esta razón, resulta de extraordinaria y urgente necesidad regular la 
incorporación de almacenamiento en las instalaciones renovables con derecho a percibir 
el régimen retributivo específico, ya que son las mayoritarias en el sistema eléctrico, su 
potencia asciende a más de 22 GW de tecnología eólica y 8 GW de tecnología 
fotovoltaica, de forma estas instalaciones podrán desplazar su producción a horas del 
día donde exista un mayor hueco térmico.
Por ello, en las actuales circunstancias geopolíticas, este real decreto-ley aprueba 
una batería de medidas dirigidas a promover, clarificar y reducir los trámites 
administrativos asociados a la inyección de los gases renovables, como el biometano, en 
la red de transporte y distribución de gas natural, todo ello con el objetivo de impulsar su 
despliegue y de este modo contribuir a alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta del 
Biogás, así como del meritado REPowerEU.
En cuanto a las aportaciones al Sector Eléctrico correspondientes al presupuesto 
de 2022 hay que señalar que tras la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción 
de la Energía Eléctrica para 2022 introducida por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético, ha 
disminuido drásticamente la recaudación por las figuras impositivas introducidas en la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 
está causando una reducción del margen de cobertura de los sujetos de liquidación del 
Sector Eléctrico. Para mejorar esta situación se hace imprescindible la aplicación 
inmediata de la previsión contenida en apartado segundo del Real Decreto-ley 29/2021, 
de 21 de diciembre, para lo cual resulta imprescindible la utilización del real decreto-ley.
IX
Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines 
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado 
para garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real 
decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, 
habiéndose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o 
que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del 
principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un 
marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas afectadas.
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Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del 
texto y en el apartado correspondiente de la memoria del análisis de impacto normativo, 
sin que se hayan realizado los trámites de participación pública que se establecen en el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la 
excepción que, para los reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido 
precepto.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere 
las menores  cargas  administrativas  para los ciudadanos  y empresas,  de forma  que la norma 
no incorpora  ninguna  carga  administrativa  adicional  que no sea imprescindible  por el 
cumplimiento de la normativa comunitaria. Además, las medidas propuestas en la disposición 
final segunda que modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, suprimen 
cargas  administrativas  al permitir  reducir  los supuestos  en que deben  recabarse  los informes 
y acuerdos previos en el planeamiento territorial y urbanístico y las actividades planificadas en 
zonas de servidumbres aeronáuticas.
X
Los artículos 1 y 3 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación 
mercantil.
Los artículos 2 y 4 a 8 y la disposición final primera se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una comunidad autónoma.
Los artículos 9 a 13, la disposición transitoria primera, la disposición final segunda, la 
disposición final tercera y la disposición derogatoria única se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.16.ª y 20.ª de la Constitución Española, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad, y de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo y 
aeropuertos de interés general.
El artículo 15 y la disposición final novena se dictan al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en 
materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Los artículos 14 y 16 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo y aeropuertos de interés general.
El artículo 17 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
marina mercante.
El artículo 18 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública.
El artículo 19 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.19.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que, en la ordenación del sector, se 
atribuyan a las comunidades autónomas.
Los artículos 20 a 28 se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución 
Española, que reserva al Estado la competencia para dictar las normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
El título V, sobre medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural y las disposiciones finales decimoprimera y 
decimosegunda, se dictan al amparo de la competencia que las reglas 13.ª, 18.ª y 25.ª 
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del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación básica 
sobre contratos y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
La disposición final cuarta y, adicionalmente, el apartado quinto de la disposición final 
segunda, se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª y 8.ª que atribuye al Estado 
competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, procesal y civil.
La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre tránsito y transporte 
aéreo y marina mercante.
La disposición final sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una 
comunidad autónoma.
La disposición final séptima se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación sobre expropiación forzosa.
La disposición final octava se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva sobre las 
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de 
sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento 
común ante ellas.
La disposición final décima se dicta al amparo del artículo 149.117.ª de la 
Constitución Española, relativo a la competencia exclusiva del Estado sobre legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las comunidades autónomas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana; de la Ministra de Hacienda y Función Pública; de la Ministra de Educación y 
Formación Profesional; del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; de la Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones; y del Ministro de Universidades, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2022,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en materia de transporte terrestre
CAPÍTULO I
Medidas en materia de sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera
Artículo 1.  Modificación la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías.
La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se introduce un artículo 10 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis.  Carta de porte en los contratos celebrados con el porteador 
efectivo.
1. En los contratos celebrados con el porteador efectivo deberá formalizarse 
una carta de porte, con efectos probatorios, por cada envío siempre que el precio 
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del transporte sea superior a ciento cincuenta euros, que incluirá las siguientes 
menciones obligatorias:
a) Nombre o denominación social, NIF y dirección del cargador y, en su caso, 
del expedidor.
b) Nombre o denominación social y NIF del transportista efectivo.
c) Lugar, fecha y, en su caso, hora de la recepción de la mercancía por el 
porteador efectivo.
d) Lugar, fecha y, en su caso, hora prevista de entrega de la mercancía en 
destino.
e) Nombre y dirección del destinatario
f) Naturaleza y masa de las mercancías. En los supuestos en que, por razón 
de las circunstancias en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil 
determinación la masa exacta de la mercancía que se va a transportar, se buscará 
otro tipo de magnitud para determinarla.
g) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos 
relacionados con el transporte previstos en el artículo 20, salvo que consten en 
otro documento contractual por escrito. El precio y los gastos relacionados con el 
transporte deberán cubrir el total de costes efectivos individuales incurridos o 
asumidos por el porteador para su prestación.
La determinación del coste efectivo podrá realizarse tomando la referencia 
temporal que mejor se ajuste a las previsiones y estrategia empresarial del 
porteador.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en el supuesto 
de los transportes por carretera en los que no sea exigible el documento de control 
administrativo regulado en la normativa de transporte, que se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 10 de esta ley.
3. Será de aplicación en los supuestos incluidos en este artículo lo previsto 
en los apartados 2, 3,4 y 5 del artículo anterior.
4. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se 
negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos 
que, en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18.2 y 19.1 de esta ley, y en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.
5. El eventual incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1.g) 
de este artículo sólo producirá los efectos que, en su caso, establezca 
expresamente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres.
6. El cargador contractual y el porteador efectivo responderán de los gastos y 
perjuicios que se deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les 
corresponda incluir en la carta de porte, que deberán conservar durante el plazo 
de un año.»
Dos. El artículo 13 queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Irregularidad o inexistencia de la carta de porte.
1. La ausencia o irregularidad de la carta de porte prevista en el artículo 10 
bis no producirá la inexistencia o la nulidad del contrato.
2. La omisión de alguna de las menciones previstas en el artículo 10.1 y 10 
bis.1 no privará de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas.»
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Tres. El artículo 16 queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Formalización de los contratos de transporte continuado.
1. El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito, con efectos 
probatorios, y deberá reflejar el precio como mención obligatoria.
La ausencia de formalización por escrito o la no inclusión del precio no 
producirá la inexistencia o la nulidad del contrato.
2. Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emitirse 
para concretar los términos y condiciones de cada uno de los envíos a que diera 
lugar.
3. Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contrato 
se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida de este, con los efectos que, 
en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 
y 19.1de esta ley, y con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.
4. A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo 
autónomo, el contrato de transporte continuado celebrado con un trabajador 
autónomo económicamente dependiente deberá celebrarse por escrito y de 
conformidad con dicha normativa.»
Cuatro. Se añade una disposición adicional novena con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.  Determinación del coste efectivo individual de 
prestación del transporte por el porteador efectivo.
A efectos del cálculo del coste efectivo individual de prestación del transporte 
recogido en el artículo 10 bis.1.g) de esta ley, será válida la estructura de partidas 
de costes del observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera 
elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.»
Artículo 2.  Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, queda 
modificada como sigue:
Uno.  Se introduce un nuevo apartado 42 en el artículo 140 con la siguiente 
redacción:
«42.  En los contratos referidos a un único envío, el pago al transportista 
efectivo de un precio inferior al total de costes efectivos individuales incurridos o 
asumidos por él, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, siempre que exista 
una asimetría entre las partes en el contrato de transporte.
Se considerará, en todo caso, que existe la indicada asimetría cuando el 
cargador contractual sea titular de una autorización de operador de transporte y no 
lo sea el transportista efectivo, en el supuesto en que el cargador contractual no 
tenga la condición de Pyme y la tenga el transportista efectivo o cuando el 
cargador contractual no tenga la condición de pequeña empresa o microempresa y 
el transportista efectivo sea una microempresa.
El responsable de esta infracción será el cargador contractual, pero el 
transportista efectivo deberá probar que el precio pagado es inferior a sus costes 
efectivos individuales de prestación del servicio.»
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Dos. El apartado 17 del artículo 141 queda modificado como sigue:
«17.  La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la 
documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte 
obligatoria.
Incurrirán en esta infracción aquellas empresas que no velen debidamente 
porque los conductores dispongan en formato papel o electrónico de la 
documentación que resulte obligatoria en los controles en carretera.
Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de 
conservación de dicha documentación, así como su falta de comunicación a la 
Administración o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo 
que al efecto se determine reglamentariamente.
En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del 
documento o sistema informático en que preceptivamente hayan de formularse las 
reclamaciones de los usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten 
su contenido o retrasen injustificadamente su comunicación a los Servicios de 
Inspección del Transporte Terrestre que en cada caso resulten competentes.
No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos 
comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 12, 21, 22 o 35 del artículo 140 o calificarse conforme a lo 
señalado en los puntos 9 o 10 de este artículo.»
Tres.  Se introduce un nuevo apartado 28 en el artículo 141, en los siguientes 
términos:
«28.  La no formalización de la carta de porte o del contrato de transporte 
continuado por escrito, en los supuestos en los que fuera obligatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato 
de transporte terrestre de mercancías.
Se presume que el cargador contractual y el transportista efectivo son los 
responsables de esta infracción, salvo que prueben lo contrario.»
Cuatro.  Se introduce un nuevo apartado 29 en el artículo 141, en los siguientes 
términos:
«29.  La no inclusión del precio en la carta de porte u otros documentos 
contractuales en los supuestos en los que fuera obligatorio, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías.
Se presume que el cargador contractual y el transportista efectivo son los 
responsables de esta infracción, salvo que prueben lo contrario.»
Cinco. Se introduce un nuevo apartado 30 en el artículo, en los siguientes términos:
«30.  La no inclusión de las menciones obligatorias que como mínimo debe 
contener la carta de porte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141.29.
Se presume que el cargador contractual es el responsable del cumplimiento de 
esta infracción, salvo que pruebe lo contrario.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 143, que queda redactado como sigue:
«1.  Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores 
se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor y su 
intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con especial 
atención a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con 
la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad 
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en la conducta infractora, conforme a las reglas y dentro de las horquillas 
siguientes:
a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas 
en los puntos 13, 14, 15, 16, 17, 18 del artículo 142.
b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas 
en los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 142.
c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones previstas en 
los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 142.
d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas 
en los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 y 26 del artículo 141 cuando el 
precio del transporte, para esta última infracción sea inferior a 1.000 euros.
e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas 
en los puntos 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16,26 y 29 del artículo 141 cuando el 
precio del transporte, para esta última infracción esté comprendido entre 1.000 
y 1.500 euros.
f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas 
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 y 28 del artículo 141 y, cuando el precio del 
transporte esté comprendido entre 1.501 a 3.000 euros, la infracción prevista en el 
punto 26 del artículo 141.
g) Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones 
previstas en los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.3 
a 37.9, 38, y 39 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté 
comprendido entre 3.001 a 4.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del 
artículo 140.
h) Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones 
previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37.10, 37.11 y 42 del 
artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 4.001 
a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.
i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas 
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37.1, 37.2 y 41 del 
artículo 140 y, cuando el precio del transporte sea superior a 6.000 euros, la 
infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.
j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones 
reseñadas en el apartado i) y con multa de 2.001 a 6.000 euros las infracciones 
del apartado g) reseñadas en el artículo 140.39, cuando el responsable de las 
mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las 
previstas en esta Ley en los 12 meses anteriores, pudiendo ascender a 30.000 
euros el importe de la multa cuando se trate de infracciones contenidas en el 
apartado 40 del artículo 140 y se considere que la conducta afecta 
significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del acreedor o se 
haya superado en más de 120 días el plazo máximo legal de pago previsto en 
dicho precepto.
k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.25 y 142.19, la 
cuantía de la sanción que en su caso corresponda imponer estará comprendida, 
respectivamente, dentro de los límites establecidos en los apartados d), e) y f) y 
a), b) y c).»
Siete.  Se modifica la letra e) del apartado 1 de la disposición adicional 
decimotercera, que queda redactada como sigue:
«e)  Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto 
de venta, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la 
recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número 
de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona.
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A efectos de esta letra, se entenderá por transporte de carga fraccionada 
aquél en el que resulten necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, 
clasificación, u otras similares.
Un conductor podrá participar en la descarga de los transportes de carga 
fraccionada entre un centro de distribución y el punto de venta siempre que dicha 
actividad no afecte a su periodo de descanso diario o, en su caso, siempre que se 
lleve a cabo dentro de su jornada laboral diaria y siempre que ello le permita 
regresar al centro operativo habitual de trabajo o a su lugar de residencia.
No obstante, podrá participar en la carga y descarga de los transportes de 
carga fraccionada entre un centro de distribución y el punto de venta, o entre el 
punto de venta y un centro de distribución siempre que, además de la condición 
anterior, dicha actividad se efectúe en el marco de un contrato de duración igual o 
superior a un año entre el cargador y el porteador.»
Artículo 3.  Modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para 
la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por al que se fijan normas específicas con 
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 3/2022, de 1 de marzo, que queda redactado como sigue:
«2.  El Código establecerá unos compromisos sobre los que han de 
fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que 
intervienen en la cadena de contratación, con objeto de facilitar el desarrollo de 
sus relaciones contractuales, así como la observancia de las mejores prácticas en 
dichas relaciones. Dichos compromisos incluirán, en todo caso, el establecimiento 
de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de 
compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios 
que presten servicios a través de la sociedad de la información.»
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del transporte terrestre. 
Medidas para reforzar la liquidez de empresas y autónomos
Artículo 4.  Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente 
afectados por la subida de los precios de los carburantes.
1. Se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, 
para la concesión de apoyo financiero a empresas y trabajadores autónomos cuya 
actividad se encuadre entre las comprendidas en los códigos de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, que se 
mencionan en el apartado 4. En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas 
de Estado, esta ayuda se configura de conformidad con el Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra 
Ucrania por parte de Rusia (en adelante Marco Temporal Europeo Ucrania).
La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los 
costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de 
Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa.
2. Serán beneficiarios de las ayudas directas los trabajadores autónomos y 
sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, que 
sean titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, 
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VTC, VSE, MDPE, MDLE, atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos a la 
autorización y que a fecha 15 de julio de 2022, se encuentren de alta en el Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte, así como los trabajadores autónomos y 
sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, que 
sean titulares de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de 
utilización del Reglamento General de Vehículos y que a fecha 15 de julio de 2022, se 
encuentren de alta en el Registro de vehículos de la Jefatura central de Tráfico.
Aplicando las especiales circunstancias del hecho diferencial de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla a la regulación de las licencias VT recogidas en los artículos 123 a 127 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y en la Orden de 4 de febrero de 1993 por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera, el requisito de disponer de autorización de transporte público de viajeros en 
vehículo turismo auto-taxi, VT, se considera cumplido con la disposición de la licencia 
expedida en Ceuta y Melilla para vehículos taxi.
Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de ningún modo a empresas 
afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se extiende a empresas 
controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a 
empresas que estén activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea 
haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la medida 
en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
3. El importe total de las ayudas ascenderá a 450 millones de euros. De ellos, se 
transferirán a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las cantidades 
correspondientes a los NIF de los solicitantes que estén domiciliados en esas 
comunidades autónomas. El resto será gestionado por Agencia Estatal de 
Administración Tributaria con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.923M.472, salvo 
que los beneficiarios formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo 5, y la gestión corresponderá al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previa transferencia de crédito a la aplicación 
presupuestaria de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», servicio 20 «Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre» y 
concepto 466 «Ayudas al sector del transporte terrestre».
4. El importe de las ayudas se repartirá entre las diversas actividades de acuerdo 
con lo dispuesto en la siguiente tabla:
Código CNAE Actividad
 A. TRANSPORTES:
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
4941 Transporte de mercancías por carretera.
4942 Servicios de mudanza.
8690 Servicio de transporte sanitario de personas.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
5. Dentro de cada actividad, el importe individual de la ayuda se determinará 
atendiendo al número y tipo de vehículo explotado por cada beneficiario, de acuerdo con 
la tabla incluida a continuación.
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VehículoImporte
(euros)
Mercancías pesado. Camión. MDPE. 1.250
Mercancías ligero. Furgoneta. MDLE. 500
Autobús. VDE. 950
Taxis. VT. 300
Vehículo alquiler con conductor. VTC. 300
Ambulancia VSE. 500
Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del 
Reglamento General de Vehículos.950
El importe resultante no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista 
para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con las Decisiones al respecto 
aprobadas de conformidad con las normas del Marco Temporal Europeo Ucrania.
El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse 
empresas asociadas, en los siguientes términos:
a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar 
como empresas vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación 
siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con 
una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 25 % o más del capital o de 
los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los 
accionistas o socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 
la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda 
empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de 
un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría 
de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
La concesión de las ayudas a las empresas asociadas, en el caso de que la 
aplicación de la cantidad por número y tipo de vehículo explotado prevista en este 
apartado arroje para la asociación una cifra superior a la señalada cantidad máxima, se 
realizará de manera proporcional, en función de su contribución a esta cifra, es decir 
atendiendo al tipo y número de vehículos, entendiéndose que cada una de las empresas 
asociadas presta su consentimiento para que la Administración competente informe al 
resto de que se dan las circunstancias descritas.
Las autoridades concedentes de las ayudas reguladas en este artículo y en el 
artículo 5 podrán intercambiar información de las solicitudes de ayudas presentadas y 
concedidas, a los efectos de garantizar la observancia de las cantidades máximas por 
beneficiario.
6. La solicitud se presentará en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto ponga a 
disposición la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en el que necesariamente, 
deberá figurar la cuenta bancaria en la que desee que se le realice el abono. El 
formulario podrá presentarse desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2022.
No obstante, cuando el beneficiario forme parte del sector público, la solicitud se 
presentará en la Sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5.
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7. Los solicitantes deberán adjuntar a su solicitud:
a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la 
invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra 
Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta.
b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en adelante, Marco Nacional 
Temporal Ucrania) haya recibido. Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los 
mismos costes subvencionables que hayan recibido de conformidad con los 
Reglamentos de mínimis,  del Reglamento de Exención por Categorías, del Marco 
Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a 
reparar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter excepcional en 
aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas declaraciones 
deberán presentarse a efectos de que la autoridad concedente verifique el cumplimiento 
de las reglas de acumulación previstas en dichas normativas.
8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria tramitará la solicitud con 
aplicación del procedimiento de devolución y los procedimientos mencionados en el 
apartado 12 de este artículo.
Para agilizar la tramitación, los órganos competentes del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana remitirán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
antes del 15 de septiembre, un fichero informático integrado, en formato compatible con 
las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la información 
correspondiente al Registro de Empresas y Actividades de Transporte en cuanto a los 
titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, 
VSE, MDPE, MDLE, a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en lo que a autorización de 
vehículo turismo auto-taxi se refiere y a los titulares de autobuses urbanos conforme a la 
clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos que se 
encuentren de alta en el Registro de vehículos de la Jefatura central de Tráfico. Todo 
ellos referido a los datos obrantes el 15 de julio de 2022.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria facilitará al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, un fichero de potenciales beneficiarios de la ayuda regulada 
en el artículo 5, por estar su actividad encuadrada en el código de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 4931, Transporte terrestre urbano y suburbano de 
pasajeros, a los efectos de que el citado Ministerio pueda disponer de dicha información 
en la gestión de las solicitudes correspondientes.
9. La ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria, a partir del 31 
de octubre, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la 
transferencia.
10.  La ayuda se concederá, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo 
con las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y 
sus sucesivas modificaciones.
11.  Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse 
desestimada. Contra esta desestimación presunta se podrá interponer recurso de 
reposición y reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
12.  Se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia 
para gestionar las solicitudes de ayuda y todas las actuaciones de gestión, control y 
recaudación necesarias para su tramitación, con aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo en 
lo no previsto expresamente en este artículo, respecto de los solicitantes con domicilio 
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fiscal en territorio común que no formen parte del sector público, según se define en el 
artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
13.  Estas ayudas serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas
14.  La medida establecida en este artículo es compatible con las devoluciones 
parciales del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional 
reguladas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, así como 
con la bonificación establecida en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, sin perjuicio de que la 
tramitación de cada una de las medidas a las que les es de aplicación el procedimiento 
de las devoluciones tributarias se realice atendiendo a las características específicas de 
cada una de ellas.
15.  Las ayudas reguladas en este artículo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
16.  Por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública se 
podrán dictar las normas que resulten necesarias para desarrollar, interpretar o aclarar el 
contenido de este artículo.
17.  Al objeto de financiar la línea de ayudas directas prevista en este artículo, se 
aprueba un suplemento de crédito de 450 millones de euros en la sección 15 «Ministerio 
de Hacienda y Función Pública», servicio 05 «Secretaría de Estado de Hacienda», en el 
programa 923 M «Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública», 
concepto 472 « Ayudas al sector del transporte».
La financiación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022.
Cuando el suplemento de crédito aprobado en este artículo financie transferencias de 
crédito, no le será de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 52 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Los pagos correspondientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se 
realizarán por la misma previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre 
de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Estos pagos se realizarán con cargo a un concepto no presupuestario que se 
cancelará posteriormente por la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios 
recogidos en este artículo.
La fiscalización previa de estos actos administrativos se sustituye por el control 
financiero permanente realizado por la Intervención General de la Administración del 
Estado.
18.  Las solicitudes correspondientes a los titulares de licencia expedida en Ceuta y 
Melilla para vehículos taxi prevista en la Disposición final primera de este real decreto-
ley, deberán solicitarse en el mismo plazo que las ayudas reguladas en este mismo 
artículo y utilizando el mismo formulario electrónico que el previsto en el apartado 6 de 
este artículo.
A estos efectos si un titular tiene derecho a las dos ayudas deberá presentar un 
único formulario electrónico.
Artículo 5.  Línea de ayudas directas a empresas del sector público titulares de 
autobuses urbanos afectadas por la subida de los precios de los carburantes. 
1. Se  establece  un sistema  de ayudas  directas,  correspondiente  al ejercicio  2022,  para 
la concesión  de apoyo  financiero  a empresas  que formen  parte  del sector  público,  según  se 
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define  en el artículo  3 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del Sector  Público 
que presten el servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús.
La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los 
costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de 
Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa.
2. Serán beneficiarias de las ayudas las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente público, que presten el servicio público de transporte urbano de viajeros en 
autobús, como medio propio de la autoridad de transporte que corresponda o como 
operador interno en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, siempre que tales 
servicios se presenten en exclusiva para dicha autoridad de transporte.
Estas sociedades deberán ser titulares de autobuses urbanos conforme a la 
clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos y 
encontrarse de alta en el Registro de vehículos de la Jefatura Central de Tráfico a 
fecha 15 de julio de 2022.
Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de ningún modo a empresas 
afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se extiende a empresas 
controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a 
empresas que estén activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea 
haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la medida 
en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
3. El importe total de las ayudas ascenderá a 12.000.000 euros y serán 
gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con cargo a la 
aplicación presupuestaria de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana», servicio 20 «Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre» y 
concepto 466 «Ayudas al sector del transporte terrestre», previa transferencia del crédito 
correspondiente desde la aplicación presupuestaria 15.05.923M.472 «Ayudas al sector 
del transporte» de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. El importe individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de 
vehículo explotado por cada beneficiario, de acuerdo con la tabla incluida a continuación.
VehículoImporte
(euros)
Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del 
Reglamento General de Vehículos.950
5. Los solicitantes podrán presentar solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta el 30 de septiembre de 2022, 
rellenando el formulario que a tal efecto se ponga a disposición y en el que 
necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que desee que se le realice el 
abono. La cuenta deberá estar dada de alta en el Fichero Central de Terceros de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
6. Los solicitantes deberán adjuntar a su solicitud declaración responsable de que 
cumplen los requisitos para ser beneficiario de acuerdo con lo establecido en este 
artículo, según el modelo que se establezca.
7. Para agilizar la tramitación, la Jefatura Central de Tráfico remitirá a la Secretaría 
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes del 15 de septiembre, un 
fichero informático, a partir de los datos del Registro de Vehículos, que incluyan NIF/CIF 
de las empresas titulares de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios 
de utilización del Reglamento General de Vehículos y número de autobuses urbanos de 
su titularidad a 15 de julio de 2022.
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8. Las ayudas se otorgarán mediante resolución de la personal titular de la 
Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La resolución pondrá 
fin a la vía administrativa.
La competencia para aprobar los gastos y autorizar los compromisos, 
reconocimientos de obligaciones y propuestas de pago que procedan, así como expedir 
y autorizar los documentos contables derivados de dichas operaciones, corresponderá a 
la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana. 
Será igualmente dicha Secretaría de Estado el órgano competente para ordenar e 
instruir el procedimiento.
9. Durante la tramitación de este procedimiento, los plazos establecidos en los 
artículos 43.2, 68.1, y 77.2 y 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se reducirán a la 
mitad.
10.  Estas ayudas serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
11.  Las ayudas reguladas en este artículo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
12.  Se faculta a la persona titular del Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda 
Urbana para desarrollar los requisitos y condiciones de este artículo.
Artículo 6.  Línea de ayudas directas a empresas ferroviarias afectadas por la subida de 
los precios de los carburantes.
1. Se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, 
para la concesión de apoyo financiero a empresas cuya actividad se encuadre en el 
código 4920 «Transporte de mercancías por ferrocarril» de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. En 
relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, esta ayuda se 
configura de conformidad con el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia 
(en adelante Marco Temporal Europeo Ucrania).
La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los 
costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de 
Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa.
2. Serán beneficiarias de las ayudas las empresas ferroviarias con licencia de 
empresa ferroviaria que tengan inscrita en el Registro Especial Ferroviario definido en el 
artículo 61 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, alguna 
locomotora con tracción diésel empleada en el transporte de mercancías en calidad de 
poseedores y en estado activa. Con este fin, las empresas ferroviarias podrán actualizar 
ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, su situación como poseedores en dicho 
registro, en un plazo de quince días hábiles desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley.
Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de ningún modo a empresas 
afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se extiende a empresas 
controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a 
empresas que estén activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea 
haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la medida 
en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
3. El importe total de las ayudas ascenderá a 1.900.000 euros y serán gestionadas 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 17.39.441M.474 «A empresas ferroviarias para compensar 
la subida de los precios de los carburantes», dotada con un importe de 1.400.000 euros 
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y 17.39.441M.441. «A Renfe Mercancías SME SA para compensar la subida de los 
precios de los carburantes» dotada con un importe de 500.000 euros.
4. El importe por empresa de la ayuda se determinará atendiendo al número de 
locomotoras de tracción diésel explotadas por cada beneficiario, de acuerdo con la tabla 
incluida a continuación.
VehículoImporte 
(euros)
Locomotora con tracción diésel. 15.000
El importe resultante no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista 
para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con las Decisiones al respecto 
aprobadas de conformidad con las normas del Marco Temporal Europeo Ucrania.
El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo 
anterior teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse 
empresas asociadas, en los siguientes términos:
a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar 
como empresas vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación 
siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con 
una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 25 % o más del capital o de 
los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los 
accionistas o socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 
la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda 
empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de 
un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría 
de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
La concesión de las ayudas a las empresas asociadas, en el caso de que la 
aplicación de la cantidad por locomotora prevista en este apartado arroje para la 
asociación una cifra superior a la señalada cantidad máxima, se reducirá de manera 
proporcional hasta la cuantía máxima concesible, en función de su contribución a esta 
cifra, entendiéndose que cada una de las empresas asociadas presta su consentimiento 
para que la Administración competente informe al resto de que se dan las circunstancias 
descritas. La información será notificada a todas las empresas que conforman la 
asociación con la propuesta de resolución de concesión.
5. Para practicar la liquidación, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria remitirá 
a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en el plazo de veinte días a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, un fichero informático, a partir de los datos del Registro Especial Ferroviario, 
que incluyan NIF/CIF de la empresa ferroviaria transportista y material móvil diésel que 
tiene a su disposición.
Durante un plazo de treinta días desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
los solicitantes deberán presentar solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rellenando el formulario que a tal efecto se 
ponga a disposición y en el que necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la 
que desee que se le realice el abono. La cuenta deberá estar dada de alta en el Fichero 
Central de Terceros de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
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6. De conformidad con el Marco Nacional Temporal Ucrania, los solicitantes 
deberán adjuntar a su solicitud:
a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la 
invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra 
Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta.
b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Nacional Temporal Ucrania o del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de 
Rusia (en adelante, Marco Temporal Europeo Ucrania) haya recibido. Asimismo, deberán 
declarar las ayudas relativas a los mismos costes subvencionables que hayan recibido 
de conformidad con los Reglamentos de  mínimis,  del Reglamento de Exención por 
Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que hayan podido 
recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter 
excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas 
declaraciones deberán presentarse a efectos de que la autoridad concedente verifique el 
cumplimiento de las reglas de acumulación previstas en dichas normativas.
7. Las ayudas se otorgarán mediante resolución del titular de la Dirección General 
de Transporte Terrestre. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
La competencia para aprobar los gastos y autorizar los compromisos, 
reconocimientos de obligaciones y propuestas de pago que procedan, así como expedir 
y autorizar los documentos contables derivados de dichas operaciones, corresponderá a 
la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre.
La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará por el órgano instructor 
competente de dicha Dirección General.
8. Durante la tramitación de este procedimiento, los plazos establecidos en los 
artículos 43.2, 68.1, y 77.2 y 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se reducirán a la 
mitad.
9. La ayuda se concederá, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo 
con las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y 
sus sucesivas modificaciones.
10.  Estas ayudas serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
11.  Las ayudas reguladas en este artículo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
12.  Se faculta a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para desarrollar los requisitos y condiciones de este artículo.
CAPÍTULO III
Medidas de fomento del transporte público colectivo y de aseguramiento 
de la movilidad cotidiana obligada
Artículo 7.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la 
isla de La Palma.
El Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 
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guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, queda modificado en 
los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«4.  Los importes que con cargo a los créditos extraordinarios correspondan a 
cada uno de los beneficiarios, se asignarán con arreglo a criterios objetivos de 
demanda, de oferta o de población que se determinen en la metodología que se 
aprobará por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana antes del 15 de julio de 2022, y que será publicada en 
la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las 
transferencias deberán materializarse a favor de aquéllas a partir del último 
trimestre del año 2022.
El importe total de las ayudas no podrá superar el presupuesto total disponible. 
En el caso de que el importe total resultante de la aplicación de los criterios de 
asignación fuera superior, la cuantía de la ayuda correspondiente a cada 
beneficiario podrá ser modificada mediante prorrateo en función del número de 
solicitudes recibidas. Si el importe resultante fuera inferior al presupuesto total 
disponible, la cuantía de las ayudas podrá ser incrementada proporcionalmente 
hasta agotar el crédito disponible, sin que se supere en ningún caso un 10 % de la 
ayuda que les hubiera correspondido inicialmente.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«2.  Las ayudas se otorgarán mediante resolución del titular de la Dirección 
General de Transporte Terrestre. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
La competencia para aprobar los gastos y autorizar los compromisos, 
reconocimientos de obligaciones y propuestas de pago que procedan, así como 
expedir y autorizar los documentos contables derivados de dichas operaciones, 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre.
La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará por el órgano 
instructor competente de dicha Dirección General.
En caso de que durante la instrucción del procedimiento resultase necesario 
requerir subsanación o información adicional a los interesados, los plazos 
establecidos en los artículos 43.2, 68.1 y 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
reducirán a la mitad.
En la concesión de estas ayudas no será exigible el informe de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos previsto en la disposición adicional primera 
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022.»
Tres. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.  Reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de 
Renfe Viajeros SME SA.
1. Renfe Viajeros SME SA creará un título multiviaje para los servicios de 
cada uno de los núcleos de Cercanías y Rodalies de la red ferroviaria de ancho 
convencional y de la red de ancho métrico, con vigencia en el periodo desde el 1 
de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y que será gratuito para los 
usuarios, sin perjuicio de las condiciones que serán establecidas por resolución de 
la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como se 
indica en el apartado 7 del presente artículo.
2. Renfe Viajeros SME SA creará un título multiviaje para cada origen-
destino de los servicios ferroviarios de Media distancia que se presten tanto por la 
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red de ancho convencional como por la de ancho métrico, declarados como 
obligación de servicio público por las administraciones competentes, que tendrá 
vigencia desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y que será 
gratuito para los usuarios, sin perjuicio de las condiciones que serán establecidas 
por resolución de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, tal y como se indica en el apartado 7 del presente artículo.
3. Todos los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de AVANT, 
declarados como obligación de servicio público podrán beneficiarse de la 
aplicación de un descuento del 50 %, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, con las condiciones que serán 
establecidas por resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, tal y como se indica en el apartado 7 del presente artículo. 
Quedan excluidos de la aplicación del presente apartado los títulos de ida y vuelta.
4. Las medidas establecidas en los apartados anteriores serán aplicables 
directamente a todos los servicios de competencia de la Administración General 
del Estado, incluidos en el contrato entre Renfe Viajeros SME SA y la AGE para la 
prestación de los servicios de Cercanías, Media Distancia Convencional y de Alta 
Velocidad, y Ancho métrico.
5. En relación con los servicios que Renfe Viajeros SME SA presta en 
Cataluña y que son de competencia autonómica, la Generalidad de Cataluña 
deberá aceptar expresamente la aplicación de las condiciones anteriores para que 
puedan ser efectivas, mediante escrito remitido antes del 15 de agosto por parte 
del titular de la Consejería con competencias en materia de transporte, a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA.
6. En relación con los servicios regulares, no turísticos, que Renfe presta 
sobre la Red Ferroviaria de Interés General en virtud de convenios o contratos con 
las administraciones autonómicas, estas administraciones deberán aceptar 
expresamente la aplicación de las condiciones anteriores, mediante escrito 
remitido antes del 15 de agosto por parte del titular de la Consejería con 
competencias en materia de transporte, a la Dirección General de Transporte 
Terrestre del MITMA.
7. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, establecerá por 
Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, las limitaciones y condiciones que se consideren necesarias respecto a la 
aplicación de la gratuidad y los descuentos establecidos en los apartados 
anteriores, entre otras, las condiciones de venta y de utilización, de vigencia y 
caducidad de los títulos de viaje, la limitación en el número de títulos con 
descuento, u otras condiciones que se consideren necesarias, así como para 
establecer la operativa necesaria para vincular la aplicación de la gratuidad y los 
descuentos a unas condiciones de recurrencia mínima en el viaje.
8. En el caso de los acuerdos, convenios u otras fórmulas jurídicas existentes 
entre Renfe Viajeros SME y los consorcios de transporte u otras entidades 
públicas que gestionen el transporte metropolitano, la liquidación de la 
compensación a favor de Renfe Viajeros que procediera en cumplimiento de los 
mismos para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022 podrá ser asumida por la Administración General del Estado 
siempre que dichos consorcios y entidades públicas se comprometan 
expresamente a utilizar la cantidad que estimen que les correspondería abonar a 
Renfe por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 
de 2022 a reducir el precio de los títulos multimodales integrados en los que 
participen servicios de Cercanías de Renfe durante el mismo periodo.
A estos efectos, una persona con capacidad de representación por parte de 
cada consorcio de transporte u entidad pública que gestione el transporte 
metropolitano presentará en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana antes del 25 de agosto de 2022 una declaración 
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responsable asumiendo el compromiso indicado en el párrafo anterior, según el 
modelo que se pondrá a disposición en la mencionada sede electrónica.
En caso de presentarse la mencionada declaración responsable, los 
Consorcios de Transportes u otras entidades públicas que gestionen el transporte 
metropolitano, quedarán exoneradas del abono a Renfe Viajeros de las 
liquidaciones correspondientes al periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2022. En esos casos, la liquidación de la compensación que proceda 
a favor de Renfe Viajeros será asumida por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana que procederá a su abono a Renfe Viajeros. La compensación 
por la pérdida de ingresos de Renfe por esta exoneración está incluida en el 
importe establecido en el apartado 10 del presente artículo. La liquidación a favor 
de Renfe Viajeros por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana se producirá sin perjuicio de que el importe de la misma no coincida con la 
cantidad que el consorcio o entidad pública que gestione el transporte 
metropolitano hubiera destinado a la reducción del precio de los títulos integrados 
de transporte en los que participan las Cercanías según se establece en este 
apartado.
9. Para financiar las bonificaciones establecidas en este artículo, se aprueba 
la concesión de un crédito extraordinario en la sección 17 “Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, servicio 39 “Dirección General de 
Transporte Terrestre”, programa 441M “Subvenciones y Apoyo al Transporte 
Terrestre” y concepto 445 “Ayudas para reducción del precio de abonos y títulos 
multiviaje por parte de Renfe Viajeros SME SA” por un importe de 16 millones de 
euros y un suplemento de crédito, en la misma aplicación, por importe de 185 
millones de euros. Su financiación se realizará de conformidad con el artículo 47 
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
10.  Renfe Viajeros SME SA recibirá el importe total del crédito indicado en el 
apartado anterior, es decir, 201 millones de euros, en el último trimestre de 2022, 
como compensación por la reducción de ingresos y los costes de implementación 
y comunicación que las medidas del presente artículo le generen. Dicha cantidad 
no será revisable ni estará sujeta a liquidación. Renfe Viajeros SME SA asignará a 
los servicios prestados a las Comunidades Autónomas el importe de los ingresos 
que se hayan dejado de percibir como consecuencia de las medidas del presente 
artículo, y el resto será asignado al contrato para la prestación de servicios de 
Renfe a la AGE. Para realizar esta asignación se tomará como referencia los 
ingresos del periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, 
aplicándoles el porcentaje de viajeros del primer semestre de 2022 respecto al 
primer semestre de 2019. Para realizar esta asignación se tomará como referencia 
los ingresos del periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, 
aplicándoles el porcentaje de viajeros del primer semestre de 2022 respecto al 
primer semestre de 2019.
El exceso o defecto de esta consignación sobre el coste real de las medidas 
recogidas en este artículo formará parte de la liquidación provisional que presente 
Renfe Viajeros, SME SA, por la ejecución de los servicios prestados en 2022 del 
contrato firmado entre dicha sociedad y la AGE. Asimismo, el exceso o defecto 
que pudiera corresponder a los servicios competencia de otras autoridades 
autonómicas se incorporará en las liquidaciones de la anualidad 2022 por los 
servicios prestados por Renfe Viajeros SME SA.
11.  No resultara de aplicación a lo establecido en este artículo, la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las subvenciones y 
ayudas contempladas en el presente artículo no tendrán la consideración, a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de subvenciones vinculadas al precio 
de conformidad con lo establecido en el artículo 78.Dos.3.º de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no integrando por tanto 
la base imponible de operaciones gravadas al citado impuesto.
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12.  Renfe Viajeros SME SA deberá enviar a la Dirección General de 
Transporte Terrestre la información que ésta le requiera y con la desagregación 
adecuada, para poder valorar el efecto que haya tenido la implantación de los 
descuentos en el número de usuarios del transporte público.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«1.  Los concesionarios de transporte regular de viajeros por carretera 
competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio de la situación 
administrativa de la concesión, deberán reducir al 50 % los títulos multiviaje de 
más de dos viajes, excluido, por tanto, el billete de ida y vuelta que a fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto-ley estén ofreciendo a sus clientes y 
que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.»
Artículo 8.  Creación de títulos multiviaje y bonificación del 50 % de su precio en 
determinadas rutas de servicios ferroviarios prestados sobre la red ferroviaria de alta 
velocidad.
1. En los servicios comerciales que cumplan las condiciones que se detallan en el 
apartado 2, se podrá implantar un título multiviaje con precios y condiciones que se 
indican en el apartado 3 y siguientes que favorezcan el uso de este modo por los viajeros 
recurrentes. Este nuevo título será comercializado en el periodo el 1 de septiembre y 
el 31 de diciembre de 2022, y podrá ser utilizado de acuerdo con las condiciones 
indicadas en el apartado 2 del presente artículo.
2. Las relaciones en las que se podrán beneficiar de este nuevo título multiviaje 
deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Que se trate de servicios prestados en las líneas de la Red Ferroviaria de Interés 
General de Alta Velocidad, en las que no existan Acuerdos Marco de reserva de 
capacidad en vigor.
b) Que los orígenes-destino no se encuentren en relaciones declaradas como 
obligaciones de servicio público.
c) Que el tiempo de viaje entre el origen y el destino del bono sea inferior a 100 
minutos en el servicio de menor duración.
3. Los precios y condiciones de estos títulos multiviaje serán las aprobadas por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dentro del marco del 
contrato entre la AGE y RENFE Viajeros, SME para la prestación de servicios de 
transporte ferroviario de viajeros de competencia estatal sujetos a obligación de servicio 
público para el Abono Tarjeta Plus 10 en servicios AVANT.
4. Sobre estos abonos, en el período entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022 se aplicará el descuento del 50 % previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 11/2022 para los servicios AVANT. Por lo tanto, también serán aplicables las 
condiciones que se establezcan en la resolución de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la aplicación de este descuento.
5. La utilización de estos títulos multiviaje podrá llevarse a cabo en los servicios que 
discurran entre un origen y destino que cumpla las condiciones establecidas en el 
apartado 2, de cualquier operador que decida expresamente aceptar la utilización de 
estos títulos en sus trenes. En el caso de Renfe Viajeros SME SA, resultará obligatoria la 
aceptación de estos nuevos títulos, así como su emisión. Los operadores que decidan 
aceptar la utilización de estos títulos en sus trenes no podrán limitar el número de plazas 
para estos usuarios.
6. Los operadores ferroviarios que acepten la utilización de estos títulos en sus 
trenes emitirán una liquidación durante el primer semestre de 2023, correspondiente al 
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periodo desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, por los siguientes 
conceptos:
a) El importe de la reducción de ingresos por la aplicación del descuento del 50 % 
sobre el precio de los nuevos títulos.
b) La reducción de ingresos ocasionada por la aplicación de las condiciones 
establecidas en los apartados anteriores, respecto a los ingresos que hubiera obtenido 
de tratarse de servicios comerciales, calculado como la diferencia entre el ingreso medio 
comercial en cada origen/destino y el precio unitario del bono AVANT de referencia.
Las liquidaciones serán presentadas a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acompañadas de un 
certificado del ingreso medio comercial en cada origen/destino. La Administración 
General del Estado se reserva la posibilidad de auditar el citado certificado.
7. Las bonificaciones establecidas en este artículo se financiarán con cargo a 
aplicaciones presupuestarias de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», 
programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre», en los conceptos 445 
«Ayudas para reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de RENFE 
VIAJEROS SME SA» por un importe de 3,6 millones de euros y 471 «Ayudas a 
empresas ferroviarias para reducción del precio de abonos y títulos multiviaje» por un 
importe de 0,1 millones de euros.
8. Para este sistema de ayudas directas no resultará de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. Los operadores deberán enviar a la Dirección General de Transporte Terrestre la 
información que esta le requiera y con la desagregación adecuada, para poder valorar el 
efecto que haya tenido la implantación de los descuentos en el número de usuarios del 
transporte público.
TÍTULO II
Medidas en materia de transporte aéreo
Artículo 9.  Medidas en el ámbito del transporte aéreo en situaciones de emergencia de 
salud pública de importancia internacional.
1. En situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional 
declaradas por la Organización Mundial de la Salud que por su impacto justifiquen la 
adopción, por parte de los organismos competentes de la Unión Europea o una 
organización internacional de la que España sea parte, de directrices operativas, guías o 
recomendaciones para la gestión de pasajeros aéreos o personal de aviación, o acerca 
del uso de los aeropuertos, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo, en 
adelante Comité de Facilitación, adaptará tales guías, directrices o recomendaciones así 
como sus sucesivas modificaciones, en castellano a las especificidades de España y 
recomendará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) su adopción para su 
aplicación en los aeropuertos situados en territorio nacional y sobre las operaciones de 
transporte aéreo que en ellos se desarrollen.
Asimismo, el Comité de Facilitación podrá recomendar a la AESA la adopción de 
guías, directrices o recomendaciones nacionales, adoptadas o desarrolladas por las 
autoridades sanitarias españolas para hacer frente a estas situaciones de emergencia.
En ambos casos, las directrices adoptadas conforme a lo previsto en este real 
decreto-ley y a los efectos previstos en él, se denominarán «directrices operativas».
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente, estas directrices operativas 
tendrán naturaleza de recomendaciones.
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2. Las directrices operativas serán aplicables:
a) A las personas que transiten por los aeropuertos situados en territorio español y 
a las empresas y personal que desarrollen su actividad en dichas instalaciones.
b) A los gestores de los aeropuertos situados en el territorio nacional; compañías 
aéreas y operadores que operen en dichos aeropuertos, incluidas las operaciones de 
aerotaxi y de aviación general; empresas que desarrollen servicios auxiliares o 
relacionados con ellos y, en general, a todas las personas que transiten por las 
infraestructuras aeroportuarias mencionadas.
3. Sin perjuicio de lo anterior, para las medidas que deban implementar los 
aeropuertos de competencia autonómica y las empresas que prestan servicios auxiliares 
en ellos, se estará a lo que, en su caso, establezcan las respectivas comunidades 
autónomas.
Artículo 10.  Obligatoriedad de las directrices operativas.
1. Por orden del titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
previo informe favorable del titular del Ministerio de Sanidad, se podrá establecer el 
carácter obligatorio de la totalidad de las directrices operativas o de cualquiera de sus 
preceptos.
2. La orden prevista en el apartado 1 se tramitará por el procedimiento de urgencia, 
lo que determina que:
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de 
elaboración, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa 
reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario 
un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente.
b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, sin perjuicio de la realización de los 
trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto, cuyo plazo de 
realización será de siete días.
c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la 
continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y 
consideración cuando se reciba.
3. El Comité de Facilitación podrá recomendar a la AESA la declaración de 
equivalencia con respecto a las directrices operativas, de cualesquiera otras 
recomendaciones internacionales para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación que ofrezcan niveles de eficacia equivalentes a las directrices operativas, en 
orden a minimizar el riesgo sanitario en el transporte aéreo. En tal caso y sujeto al 
principio de reciprocidad, se entenderá que el cumplimiento por las compañías aéreas de 
terceros países de las recomendaciones internacionales declaradas equivalentes, 
satisface lo previsto en este capítulo.
Artículo 11.  Obligaciones de los gestores aeroportuarios y de las compañías aéreas.
1. Los gestores de los aeropuertos de interés general abiertos al tráfico civil 
situados en territorio español y las compañías aéreas de transporte aéreo de pasajeros 
que operen en los aeropuertos españoles, en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad y para las operaciones que desarrollen, observarán, en la medida de lo 
posible, las directrices operativas y, en cualquier caso, cumplirán aquellos preceptos que 
tengan la consideración de obligatorios.
2. Los gestores aeroportuarios y compañías aéreas informarán a los pasajeros, 
entre otros medios, por megafonía del aeropuerto, cartelería, medios digitales y 
señalética, sobre las medidas preventivas que éstos hayan adoptado en aplicación de 
las directrices operativas.
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3. A solicitud de las autoridades sanitarias, las compañías aéreas colaborarán 
facilitando la información a los pasajeros que les sea requerida por dichas autoridades y 
recabando de éstos la información precisa para la gestión de una emergencia de salud 
pública de importancia internacional.
Artículo 12.  Obligaciones de los pasajeros.
1. Los pasajeros colaborarán con los gestores aeroportuarios, las compañías 
aéreas y las autoridades sanitarias en la implementación de las medidas de las 
directrices operativas que les afecten, atendiendo, en todo caso, los requerimientos 
específicos dirigidos a ellos por las autoridades sanitarias u otras autoridades presentes 
en el aeropuerto.
2. Los pasajeros están obligados a someterse a los controles sanitarios 
establecidos por el Ministerio de Sanidad y adoptar las medidas preventivas establecidas 
conforme a lo previsto en este capítulo.
3. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el resultado en los controles sanitarios 
efectuados conforme a lo previsto en este capítulo podrá determinar la denegación de 
acceso a la infraestructura aeroportuaria, la denegación de embarque o el desalojo de la 
aeronave una vez embarcado.
Artículo 13.  Órganos de coordinación y aplicación de las Directrices Operativas 
adaptadas.
1. Además de las funciones previstas en los artículos 8 y 9, corresponde al Comité 
de Facilitación coordinar a todos los actores que tienen un rol en la definición y 
aplicación de las directrices operativas y de las recomendaciones internacionales 
declaradas equivalentes, la determinación sobre la aplicación del principio de 
reciprocidad, así como la elaboración de guías y otro material que se considere 
pertinente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea desarrollará y coordinará los aspectos prácticos de aplicación de las directrices 
operativas y la aplicación, conforme al principio de reciprocidad, de las recomendaciones 
internacionales declaradas equivalentes.
Artículo 14.  Medidas para facilitar la ejecución del Reglamento (UE) 2017/2226 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, en la red de 
aeropuertos de interés general de Aena SME, SA.
1. Para facilitar la ejecución del Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema 
de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación 
de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores 
de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines 
policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los 
Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (en adelante, Reglamento 
UE 2017/2226), Aena SME, SA (en adelante Aena), como gestora de la red de 
aeropuertos de interés general, deberá poner a disposición del Ministerio del Interior las 
infraestructuras y recursos de apoyo necesarios (humanos y materiales) para que la 
realización de los controles de pasajeros previstos en el Reglamento (UE) 2017/2226 en 
los aeropuertos gestionados por Aena, se pueda llevar a cabo en todo momento en las 
condiciones de seguridad que marca la normativa y sin menoscabo de la calidad del 
servicio, estableciendo los mecanismos de coordinación oportunos. Esta puesta a 
disposición de infraestructuras y recursos no altera en ningún caso la titularidad de las 
competencias que en materia transfronteriza corresponden al Ministerio del Interior, que 
ejercerá las funciones que le son propias en el control de fronteras.
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2. Cuando fuera necesario para garantizar una oportuna coordinación, Aena y el 
Ministerio del Interior determinarán los procedimientos, derechos, obligaciones y 
responsabilidades de cada una de ellas en relación con estos sistemas SES y los 
sistemas de control fronterizo automatizado de pasaportes (ABC), así como sus datos 
asociados.
3. Los datos de los pasajeros obtenidos en el ejercicio de estas funciones de 
control de fronteras serán de exclusiva titularidad del Ministerio del Interior, no pudiendo, 
en ningún caso, Aena almacenar, acceder ni tratar dichos datos por cuenta del Ministerio 
del Interior.
4. Aena tendrá derecho a recuperar los gastos, de operación y mantenimiento, en 
que efectivamente incurra como consecuencia de lo previsto en este artículo, 
descontando las posibles subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que 
eventualmente pueda recibir para llevar a cabo estas mismas actividades.
A estos efectos, dichos gastos de operación y mantenimiento, debidamente 
capitalizados, se recuperarán en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) y, por ello, serán analizados y supervisados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia durante el proceso de transparencia y consulta recogido en 
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Por su parte, el valor de las inversiones se 
incluirá, por el importe de adquisición debidamente capitalizado, en la Base de Activos 
Regulada (BAR) del DORA que se apruebe para los ejercicios 2027-2031.
5. En todo caso, para lo previsto en esta disposición no será de aplicación lo 
previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
Artículo 15.  Modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para 
la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con 
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Se modifica el artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, relativo a los 
casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos de obras, 
quedando redactado del siguiente modo:
«1.  Excepcionalmente, en los contratos públicos de obras, ya sean 
administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que 
formen parte del sector público estatal que se encuentren en ejecución, licitación, 
adjudicación o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-ley, o cuyo 
anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de 
contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión 
excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida en este 
real decreto-ley.
Igual posibilidad de revisión excepcional de precios se le reconocerá al 
contratista en aquellos contratos públicos de obras, ya sean administrativos o 
privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que forman parte del sector 
público estatal, cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de 
contratos del sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
este real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares 
establezca una fórmula de revisión de precios, siempre que concurra la 
circunstancia establecida en este real decreto-ley.
Dicha revisión excepcional se reconocerá con independencia del régimen 
jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato.
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Esta previsión será también aplicable a los contratos privados de obras a que 
alude el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
2. La posibilidad de revisión excepcional de precios a la que alude este real 
decreto-ley será igualmente aplicable, en las mismas condiciones establecidas en 
este real decreto-ley, a los contratos públicos de obras que se sometan a lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por 
el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; 
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales.
3. Lo dispuesto en este Título también será aplicable en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.»
Artículo 16.  Compensación de costes al gestor de los aeropuertos de interés general.
El incremento en los valores anuales de inversión previstos en el Plan de Inversiones 
correspondiente al Documento de Regulación Aeroportuaria para los 
ejercicios 2022-2026 («DORA»), aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de septiembre de 2021, que tenga lugar con motivo de la evolución sobrevenida 
de los precios de las materias primas, en el ámbito del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de 
marzo, y de los criterios en él establecidos para su estimación, así como de las futuras 
disposiciones normativas similares que sean de aplicación al gestor de los aeropuertos 
de interés general y que determine un incremento en el valor estimado de licitación de 
los contratos o una revisión de los precios de los contratos, no se imputará en el nivel 
máximo de inversión media anual prevista en el apartado segundo y tercero de la 
Disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ni en el importe 
total de las inversiones aprobadas para todo el quinquenio.
Estos costes de inversión adicionales a los previstos en el DORA 2022-2026 en 
materia de inversiones que deban ser asumidos por el gestor de la red de aeropuertos 
de interés general, se incluirán, por el importe de certificación y debidamente 
capitalizados, en la Base de Activos Regulada (BAR) del Documento de Regulación 
Aeroportuaria que se apruebe para los ejercicios 2027-2031.
TÍTULO III
Medidas en materia de transporte marítimo
Artículo 17.  Tripulantes ucranianos.
1. Los miembros con nacionalidad de Ucrania de las dotaciones de buques 
nacionales o, en su caso, abanderados en otro Estado miembro de la Unión Europea, 
tendrán la consideración de miembros nacionales de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) a los efectos de cumplir con los requisitos 
de nacionalidad de las dotaciones de los buques exigidos por la normativa española.
2. La duración de esta medida se prolongará hasta la finalización de la protección 
temporal otorgada a aquellas personas desplazadas por el conflicto de Ucrania en virtud 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la 
que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas 
procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el 
efecto de que se inicie la protección temporal, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 
de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, a personas 
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afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España, publicado 
en el anexo de la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo.
Cuando se ponga fin a la aplicación de la Directiva 2001/55/CE, los tripulantes 
ucranianos podrán permanecer prestando servicios en los buques a que se refiere el 
apartado 1 con la misma consideración de nacionales de un Estado del EEE hasta la 
conclusión de sus contratos y con un límite máximo de seis meses.
3. Las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de estos 
tripulantes se verán extendidas hasta la conclusión de sus contratos y con un límite 
máximo de seis meses desde el fin de la aplicación de la Directiva 2001/55/CE.
Artículo 18.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre.
Se añade una nueva disposición adicional trigésima sexta al Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre:
«Disposición adicional trigésima sexta.  Servicios de seguridad de las empresas 
navieras y armadores españoles en el extranjero.
Las empresas navieras y los armadores españoles cuyos buques de pabellón 
español naveguen por aguas de otros países o en aguas internacionales que 
hayan sido declaradas por organismos internacionales competentes como de alto 
riesgo de piratería podrán contratar el servicio de seguridad privada de embarque 
de vigilantes de seguridad con empresas dedicadas a esta actividad autorizadas 
para prestar estos servicios por un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo y que reúnan los requisitos del artículo 19.6 de la 
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Estos contratos se formalizarán por escrito y se comunicarán con una 
antelación mínima de tres días a su celebración al Ministerio de Defensa, al 
Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, justificando el problema de 
protección marítima de que se trate .»
Artículo 19.  Ayudas de Estado complementarias a empresas armadoras de buques 
pesqueros.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la concesión de 
ayudas directas complementarias a empresas armadoras de buques pesqueros que 
hubieran percibido la subvención prevista en el artículo 32 del Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
igualmente en compensación por el incremento de costes productivos provocados por el 
aumento del precio de la electricidad y los combustibles, derivado de la situación creada 
por la invasión de Ucrania, con objeto de compensar los efectos en los precios y los 
mercados en dicho sector.
Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones directas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley General de Subvenciones.
2. Serán beneficiarios de dichas ayudas las personas físicas o jurídicas y que 
mantengan la licencia en vigor y estén de alta en la lista tercera del Registro General de 
Flota Pesquera y que hubieran sido beneficiarias de dichas ayudas pero hubieran visto 
limitado el importe por superar el límite fijado en el Marco temporal de ayudas de crisis 
para apoyar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 
el momento de la concesión, el cual ascendió a 35.000 euros.
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3. Los beneficiarios habrán de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no ser deudores por 
resolución de procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por sentencia firme 
para obtener subvenciones. No se concederán ayudas a las empresas que estén sujetas 
a sanciones adoptadas por la Unión Europea.
4. Las ayudas se ascenderán con cargo al mismo montante presupuestario previsto 
en dicho artículo 32 y se imputará a las aplicaciones presupuestarias correspondientes 
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. La concesión de las ayudas 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la 
resolución de concesión.
5. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en la comunicación de 21 de julio 
de la Comisión Europea sobre el Marco temporal de ayudas de crisis para apoyar la 
economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el importe máximo 
a percibir por empresa no podrá superar los 75.000 euros.
6. Se abonará de oficio el montante complementario del importe que le hubiera 
correspondido hasta alcanzar el nuevo máximo establecido en el último párrafo del 
apartado precedente.
7. Las ayudas se instruirán por la Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura y se concederán de oficio por orden del Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. A estos efectos, el procedimiento se ajustará a los siguientes puntos:
a) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará en su sede 
electrónica asociada https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA, en el plazo máximo 
de diez días hábiles contados desde el día de la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, la relación de armadores a los que se refiere el apartado 2 en los que 
concurran los requisitos requeridos, así como la cuantía provisional de la ayuda a recibir.
b) Los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días hábiles desde la 
publicación citada en el apartado a) para rechazar la ayuda u oponerse a la consulta de 
sus datos prevista en el apartado 3, oposición que tendrá el mismo efecto que la 
renuncia a la ayuda. El rechazo o la declaración de oposición a la consulta de datos se 
realizará exclusivamente por los medios electrónicos que se identifiquen en la resolución 
de publicación de la relación a la que se refiere la letra a).
c) Los beneficiarios, o aquellos interesados que no figuren en la relación citada en 
el apartado a), dispondrán del mismo plazo de publicación citado en el apartado b) para 
alegar, aportando la documentación correspondiente, los errores, omisiones u otras 
circunstancias que estimen convenientes. Las alegaciones se realizarán exclusivamente 
por los medios electrónicos que se identifiquen en la resolución de publicación de la 
relación a la que se refiere la letra a).
d) Finalizados los plazos establecidos en las letras b) y c), el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación procederá a comprobar que los interesados están al 
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
que no son deudores por resolución de procedencia de reintegro y no han sido 
inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones.
e) Como consecuencia del resultado de tales consultas, el órgano instructor podrá 
requerir a que se subsane cualquier extremo que estime conveniente, otorgando un 
plazo de diez días al interesado y advirtiendo de que, en caso de no atender dicho 
requerimiento se le declarará desistido en el procedimiento.
f) Hechas las comprobaciones establecidas en la letra d), se procederá, mediante 
orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a la concesión de las ayudas 
correspondientes a los beneficiarios que no hubieran ejercido las facultades de rechazo, 
oposición a consulta de datos o alegación de errores u omisiones; así como a su pago 
en la cuenta corriente facilitada a la Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de que algún 
beneficiario de los establecidos en el apartado 2 no conste en la relación de cuentas 
corrientes enviada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura podrá solicitarla bien directamente al 
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beneficiario o a través de otras entidades de la Administración General del Estado. La 
orden se publicará a efectos de notificación en la sede electrónica asociada del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud del artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
g) Los beneficiarios que deseen modificar su cuenta corriente deberán hacerlo 
durante el trámite de alegaciones descrito en el apartado c), entendiéndose que de no 
hacerlo se procederá al pago en la consignada en sus datos fiscales de la AEAT.
h) La resolución de las alegaciones y requerimientos que hubieran sido 
presentados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de este apartado se adoptará en el 
plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la finalización del plazo de cinco 
días previsto para su formulación. La orden incluirá, en su caso, el pago de las ayudas 
correspondientes.
i) Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo.
8. Las ayudas contempladas en este artículo se exceptúan de la autorización 
prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la modificación y 
concreción mediante orden ministerial de las adaptaciones procedimentales y de gestión 
que resulten precisas.
TÍTULO IV
Medidas en materia de becas y ayudas al estudio
Artículo 20.  Objeto.
1. El presente título IV del real decreto-ley tiene por objeto establecer una cuantía 
complementaria de cien euros al mes para el periodo de cuatro meses, comprendido 
entre septiembre y diciembre de 2022, para todas las personas beneficiarias de las 
becas, ayudas y subsidios de la Convocatoria de becas de carácter general para el curso 
académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, aprobada 
por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 10 de marzo de 2022 
(anunciada en el BOE de 12 de marzo de 2022), y de la Convocatoria de ayudas para 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 
académico 2022-2023, aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación de 13 de mayo de 2022 (anunciada en el BOE de 18 de mayo de 2022).
2. Esta cuantía va destinada a reforzar la garantía de la igualdad de oportunidades 
y para ayudar al alumnado y a sus familias, a fin de que todas las personas beneficiarias 
puedan continuar sus estudios en los casos de carencia de recursos.
Artículo 21.  Nueva cuantía complementaria para las becas en las enseñanzas 
postobligatorias.
1. Las personas beneficiarias de las becas concedidas al amparo de la 
Convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para 
estudiantes que cursen estudios postobligatorios, tendrán derecho a una cuantía 
complementaria por importe de cien euros al mes para el periodo de cuatro meses 
comprendido entre septiembre y diciembre de 2022.
2. La cuantía complementaria regulada en el presente artículo será compatible con 
las restantes cuantías de la referida Convocatoria de becas de carácter general para el 
curso académico 2022-2023 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, a 
que tengan derecho las personas beneficiarias.
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Artículo 22.  Nueva cuantía complementaria para las ayudas para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.
1. Las personas beneficiarias de las ayudas y subsidios concedidos al amparo de la 
Convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
para el curso académico 2022-2023, tendrán derecho a una cuantía complementaria por 
importe de cien euros al mes para el periodo de cuatro meses comprendido entre 
septiembre y diciembre de 2022.
2. La cuantía complementaria regulada en el presente artículo será compatible con 
los componentes y subsidios de la referida Convocatoria de ayudas para alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023, a que 
tengan derecho las personas beneficiarias.
Artículo 23.  Edad necesaria para acceder a las cuantías complementarias.
Tendrán derecho a la cuantía complementaria regulada en el presente título del real 
decreto-ley, las personas beneficiarias que tengan 16 años de edad cumplidos a 31 de 
diciembre de 2022.
Artículo 24.  Procedimiento.
1. Para poder percibir las cuantías complementarias a que se refiere el presente 
título del real decreto-ley, no será necesario que las personas beneficiarias de las becas, 
ayudas y subsidios, que tengan derecho a ellas, efectúen ningún trámite adicional.
2. Por los órganos correspondientes del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y de las Administraciones educativas que tengan firmado convenio con dicho 
Ministerio para la gestión de las becas del curso 2022-2023, se desarrollará de oficio la 
gestión de las solicitudes y abonará a la persona beneficiaria la cuantía complementaria 
correspondiente.
Artículo 25.  Abono de la cuantía complementaria a las personas beneficiarias.
1. Las personas beneficiarias de las becas, ayudas y subsidios de las 
convocatorias a que se refiere el presente título del real decreto-ley recibirán dicha 
cuantía complementaria mediante cuatro abonos mensuales entre septiembre y 
diciembre de 2022.
2. A las personas solicitantes de beca o ayuda de la Convocatoria de becas de 
carácter general para el curso académico 2022-2023 para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios, y de la Convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023, que hubieran 
ostentado ya la condición de persona beneficiaria en la Convocatoria de becas de 
carácter general para el curso académico 2021-2022 para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios, o en la Convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022, se les abonará por 
adelantado a cuenta de la posterior resolución de las convocatorias la cuantía 
complementaria de 100 euros durante cuatro meses entre septiembre y diciembre, 
siempre que los solicitantes cumplan los requisitos económicos establecidos en la 
convocatoria. Según se produzca la resolución de las convocatorias correspondientes al 
curso académico 2022-2023, se regularizará su situación en el sentido que proceda.
3. En las resoluciones de concesión de las becas y ayudas de las convocatorias a 
que se refiere el presente título del real decreto-ley que se efectuasen con posterioridad 
al 30 de septiembre de 2022, se acumularán las cuantías complementarias de 100 euros 
correspondientes a los meses ya transcurridos entre septiembre y la fecha de la 
resolución, y se realizarán posteriormente los pagos mensuales que resten hasta 
diciembre de 2022 que no hubieran sido abonados.
4. La provisión de los fondos para el pago de la cuantía complementaria 
establecida en el presente título del real decreto-ley, destinada a las personas 
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beneficiarias comprendidas en el ámbito de aplicación de los convenios de colaboración 
regulados en el artículo 65 de la Convocatoria de becas de carácter general para el 
curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, se 
efectuará en los términos previstos en la referida convocatoria. En el caso de los fondos 
necesarios para los abonos adelantados a cuenta de la posterior resolución de la 
convocatoria previstos en el apartado 2 de este artículo, se ordenará su provisión por la 
Directora General de Planificación y Gestión Educativa, por delegación del Secretario de 
Estado de Educación, tras las estimaciones necesarias. Estos mismos procedimientos, 
se aplicarán para los abonos definitivos y a cuenta de la cuantía complementaria que 
pueda corresponder a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación, de los 
convenios de colaboración regulados en el artículo 28 de la Convocatoria de ayudas 
para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 
académico 2022-2023.
Artículo 26.  Financiación de la cuantía complementaria.
Se consideran a estos efectos modificadas, en las cuantías que corresponda, el 
importe establecido en el artículo segundo de la Convocatoria de becas de carácter 
general para el curso académico 2022-2023 para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios.
Artículo 27.  Modificación de la normativa reglamentaria.
1. Mediante el presente título del real decreto-ley se modifican para el curso 
académico 2022-2023, las disposiciones de carácter reglamentario establecidas en el 
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las 
becas y ayudas al estudio personalizadas; en el Real Decreto 154/2022, de 22 de 
febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, así como la Convocatoria de 
becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios, aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación de 10 de marzo de 2022 (anunciada en el BOE de 12 de marzo de 2022), y la 
Convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
para el curso académico 2022-2023, aprobada por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Educación de 13 de mayo de 2022 (anunciada en el BOE de 18 de mayo 
de 2022).
2. El crédito que se destine a la financiación de esta cuantía complementaria, 
tendrá la consideración de cuantía fija a los efectos de determinar el montante que se 
asigne a la cobertura de la cuantía variable, de acuerdo con lo establecido en la 
Convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023 para 
estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Igualmente, esta cuantía 
complementaria se integrará entre las cuantías a las que se asignarán en primer lugar 
los créditos destinados a la referida Convocatoria.
3. Las disposiciones de carácter reglamentario modificadas por el presente título 
del real decreto-ley, conservarán su carácter reglamentario.
Artículo 28.  Carácter supletorio de las Convocatorias.
La Convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023 
para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, y la Convocatoria de ayudas para 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 
académico 2022-2023, tendrán carácter supletorio respecto a lo no regulado en el 
presente título del real decreto-ley.
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TÍTULO V
Medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del gas natural
CAPÍTULO I
Fomento del ahorro y la eficiencia energética
Artículo 29.  Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización.
Uno.  La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se 
indican en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, se limitará a los 
siguientes valores:
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC.
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC.
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de 
una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %.
Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y 
mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con 
independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 
del citado Reglamento o en la reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el 
momento del diseño de la instalación térmica.
Los umbrales de temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, en su caso, 
para cumplir con lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que 
justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de 
una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación 
física entre el recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las 
condiciones indicadas anteriormente.
Dos.  Adicionalmente a las medidas de información previstas en la IT. 3.8.3 del 
RITE, los recintos habitables acondicionados a que hace referencia el apartado anterior 
deberán informar, mediante carteles informativos o el uso de pantallas, las medidas de 
aplicación que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las 
temperaturas del aire, información sobre temperatura y humedad, apertura de puertas y 
regímenes de revisión y mantenimiento y reguladas en el RITE y en el apartado anterior.
Dichos carteles o pantallas deberán ser claramente visibles desde la entrada o 
acceso a los edificios, así como en cada una de las ubicaciones en las que existan los 
dispositivos de visualización a los que hace referencia la citada I.T. Dichos carteles o 
pantallas podrán indicar, adicionalmente, otras medidas que se estén adoptando para el 
ahorro y la eficiencia energética.
Tres.  Los edificios y locales con acceso desde la calle incluidos en el ámbito de 
aplicación de la I.T. 3.8 del RITE dispondrán de un sistema de cierre de puertas 
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las 
puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, con el 
consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, 
independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada para la generación 
de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración.
Cuatro.  El alumbrado de escaparates regulado en el apartado 6 de la Instrucción 
Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, deberá mantenerse apagado desde las 22 horas. Está disposición también 
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aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren 
desocupados.
Cinco.  Todas aquellas instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
apartado Uno anterior, que tengan obligación de cumplir con las inspecciones de 
eficiencia energética incluidas en las IT 4.2.1 e IT 4.2.2, y cuya última inspección se haya 
realizado con anterioridad al 1 de enero de 2021, deberán adelantar de forma puntual la 
siguiente inspección de las mismas para cumplir con dichas obligaciones antes del 1 de 
diciembre de 2022, para que en esta fecha, las instalaciones obligadas hayan pasado 
por una inspección de este tipo en los últimos dos años. Las inspecciones deberán 
cumplir con lo previsto en las citadas ITs, y en particular, la obligación de incluir en el 
informe de inspección recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la 
eficiencia energética de la instalación inspeccionada.
Seis.  Asimismo, es de aplicación a las obligaciones previstas en este artículo lo 
establecido en el capítulo IX del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Artículo 30.  Actuaciones por parte de las administraciones públicas.
De forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2022, serán de aplicación las 
siguientes medidas excepcionales:
1. A  los contratos  de obras,  suministros  o servicios  que hayan  de realizar  las entidades 
indicadas  en el artículo  3 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del Sector 
Público,  por la que se transponen  al ordenamiento  jurídico  español  las Directivas  del 
Parlamento  Europeo  y del Consejo  2014/23/UE  y 2014/24/UE,  de 26 de febrero  de 2014, 
para la mejora  energética  de sus edificios  e instalaciones  en los términos  previstos  en el 
apartado  siguiente  les resultará  de aplicación  el procedimiento  negociado  sin publicidad  por 
causa de imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b) 1.º de dicha Ley, con las siguientes 
especialidades:
El órgano de contratación no estará sujeto al plazo general establecido en el 
artículo 164.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Podrá, en consecuencia, establecer 
justificadamente un plazo inferior de presentación de las proposiciones, nunca inferior a 
diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita.
Si fuera posible, se procederá a la negociación de los términos del contrato 
directamente con los candidatos invitados con carácter previo a la adjudicación del 
contrato. No obstante, si el órgano de contratación entendiera que no va a ser posible 
negociar, podrá reservarse el derecho a no negociar, siempre y cuando así lo haya 
indicado en la invitación a presentar ofertas.
Cualquier actuación que no sea estrictamente indispensable para dar respuesta a la 
necesidad de imperiosa urgencia a atender creada quedará excluida del objeto del 
contrato y habrá de tramitarse por los procedimientos que correspondan conforme a la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En este sentido, la atención de necesidades recurrentes 
o de situaciones que resulten de una falta de planificación o de mantenimiento por parte 
de la Administración, no se considerará una actuación estrictamente indispensable a los 
efectos de esta letra.
El inicio de la ejecución del contrato deberá tener lugar en todo caso en un plazo no 
superior a un mes desde su formalización.
Antes de formalizarse el contrato, el órgano de contratación deberá emitir una 
memoria justificativa en la que ponga de manifiesto:
1.º la  concurrencia  de una circunstancia  de imperiosa  urgencia  motivada  por los 
acontecimientos  imprevisibles  para el órgano  de contratación  y no imputables  al mismo 
derivados  de la situación  existente  tras la invasión  de Ucrania  que no hace  posible  la 
utilización  en dicho  contrato  de la tramitación  de urgencia  regulada  en el artículo  119 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, ni de otro procedimiento de licitación previsto en dicha ley.
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2.º  que el objeto del contrato se limita a lo estrictamente imprescindible en el ámbito 
objetivo y temporal para dar respuesta a la necesidad de imperiosa urgencia a satisfacer.
La interposición del recurso especial en materia de contratación en estos 
procedimientos, cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, no supondrá la 
suspensión automática de su tramitación, prevista en el artículo 53 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse 
conforme a lo previsto en el artículo 56.3 de dicha Ley.
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por mejora energética:
a) las obras de rehabilitación energética de los edificios e instalaciones,
b) la sustitución de sistemas de alumbrado interior o exterior por alternativas más 
eficientes,
c) la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica de fuentes 
renovables para autoconsumo,
d) la sustitución de sistemas o equipos de climatización o de producción de agua 
caliente sanitaria por sistemas o equipos que utilicen exclusivamente fuentes de energía 
renovable.
3. Lo previsto en este artículo será de aplicación a aquellas actuaciones que se 
realicen en edificios e instalaciones titularidad de las entidades públicas referidas en el 
apartado 1, o que estén ocupados o gestionados por éstas.
4. A las actuaciones a las que sea de aplicación lo previsto en este artículo les será 
de aplicación los efectos de la declaración de obras públicas de interés general previstos 
en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas.
CAPÍTULO II
Fomento de la electrificación y el despliegue de energías renovables
Artículo 31.  Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica.
Se modifica el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica:
Uno. Se modifica el artículo 8.5, que pasa a tener la siguiente redacción:
«5.  El tiempo de permanencia en la modalidad de autoconsumo elegida será 
como mínimo de cuatro meses desde la fecha de alta o modificación del contrato o 
contratos de acceso celebrados de acuerdo con lo previsto en los apartados 
anteriores, prorrogable automáticamente.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 16- bis con siguiente redacción:
«Artículo 16 bis.  Definición del término de descuento por retardo en activación de 
autoconsumo.
1. Para los consumidores que deseen realizar autoconsumo con excedentes 
y siempre que la instalación de producción asociada sea de hasta 100 kW y 
conectadas en baja tensión, el tiempo de activación del autoconsumo no podrá 
superar los dos meses.
Por tiempo de activación se entenderá el tiempo transcurrido desde el día en 
que la empresa distribuidora de energía eléctrica recibe la documentación 
necesaria para la realización de la modificación del contrato de acceso prevista en 
el artículo 8 del presente real decreto hasta el momento en que recibe la 
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comunicación de que ya puede iniciar vertidos a la red y éstos se consideran en la 
facturación.
2. En caso de superarse este tiempo por causas no imputables al 
consumidor ni a las administraciones públicas competentes en materia de energía, 
el comercializador incluirá con carácter automático en la facturación del 
consumidor un término de descuento por retardo en activación de autoconsumo en 
su facturación por un importe equivalente al del mecanismo de compensación 
simplificada recogido en el artículo 14 del presente real decreto con las siguientes 
particularidades:
a) Para el cálculo de la energía generada se supondrá un funcionamiento 
anual de la instalación de 1.200 horas equivalentes.
b) Para el cálculo de la energía horaria excedentaria se aplicará el perfilado 
previsto para las instalaciones fotovoltaicas en el anexo IV del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio.
c) Para el cálculo del valor económico se aplicará el precio previsto en el 
artículo 14.3.ii).
En ningún caso, el valor económico de este término de descuento por retardo 
en activación de autoconsumo podrá ser superior al valor económico de la energía 
horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser 
superior a un mes.
En lo no previsto expresamente en este artículo será de aplicación el 
artículo 14.
Este término deberá aparecer recogido expresamente en la factura del 
consumidor y será de aplicación en las facturas hasta el día de activación del 
autoconsumo.
3. El término de descuento por retardo en activación de autoconsumo será 
asumido por la empresa distribuidora de energía eléctrica a la que se encuentra 
conectado el consumidor, no pudiendo ser en ningún caso incorporado a la 
retribución de ésta a cargo del sistema.
No obstante lo anterior, las empresas distribuidoras podrán repercutir este 
coste a las empresas comercializadoras si los retrasos son debidos a inacciones, 
omisiones o errores de éstas. A este efecto la empresa distribuidora deberá 
justificar ante el comercializador y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia que dicho retraso en la activación del autoconsumo está acreditado 
mediante el sistema derivado de la obligación establecida en el artículo 40.2.u) de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, no se aplicará el término de descuento por retardo en activación de 
autoconsumo si las causas del retraso son imputables al consumidor o a las 
administraciones públicas competentes en materia de energía. Para que una 
causa sea imputable al consumidor o a las administraciones públicas competentes 
en materia de energía, el distribuidor, o en su caso el comercializador, deberá 
justificarlo mediante la información disponible en el sistema derivado de la 
obligación establecida en el artículo 40.2.u) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
y ante el órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma 
donde se localice el consumo.
4. Cuando el encargado de lectura remita la información desglosada al 
comercializador para su correcta facturación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11, este deberá remitir, en su caso, si resulta o no procedente la 
facturación por este concepto, quien es responsable de asumir su coste y la 
información con el suficiente detalle para poder aplicar, el mecanismo de previsto 
en el presente artículo.»
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Artículo 32.  Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica:
Uno. Se añade un nuevo párrafo en artículo 115.1 con la siguiente redacción:
«Las instalaciones de la red de transporte que pudieran ser susceptibles de 
ser catalogadas como inversiones singulares podrán iniciar su tramitación con 
carácter previo a la obtención de la resolución recogida en el artículo 9 de la 
Circular 5/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. No obstante, en 
ningún caso podrán obtener autorización administrativa previa sin que 
previamente hayan sido catalogadas como singulares mediante la resolución 
antes señalada.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo en artículo 115.2 con la siguiente redacción:
«De igual modo, las modificaciones de instalaciones de transporte y 
distribución que hayan obtenido autorización administrativa previa podrán obtener 
autorización administrativa de construcción sin requerir una nueva autorización 
administrativa previa cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Las modificaciones no deban ser objeto de una evaluación ambiental 
ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.
b) Las modificaciones no provoquen cambios que excedan de las 
condiciones establecidas en la autorización administrativa previa y en la 
declaración de impacto ambiental.
c) Las modificaciones no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la 
instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
d) No se requiera declaración, en concreto, de utilidad pública para la 
realización de las modificaciones previstas.
e) La modificación de subestaciones que suponga exclusivamente: el 
equipamiento de posiciones de reserva si éstas ya disponen de autorización 
administrativa, o la renovación de equipos sin cambio de características técnicas.
f) La repotenciación de líneas mediante retensado o cambio de conductores, 
recrecido de apoyos o instalación de dispositivos electrónicos.»
Tres. Se modifica el artículo 127.6, que pasa a tener la siguiente redacción:
«6.  En los expedientes de autorización de nuevas instalaciones, la Dirección 
General de Política Energética y Minas dará traslado de la propuesta de resolución 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deberá emitir 
informe con carácter preceptivo.
En el caso de autorizaciones de instalaciones de transporte, y siempre que el 
promotor sea el transportista único, el plazo de emisión de este informe será de 15 
días hábiles y la no emisión en el plazo señalado tendrá consideración de informe 
favorable.»
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Cuatro.  Se añade una frase al final del apartado 1.a) del anexo II con la siguiente 
redacción:
«Tampoco se considerará que se ha modificado la tecnología de generación 
cuando los cambios introducidos consistan en la adición de etapas de electrónica 
de potencia en instalaciones de generación hidráulicas ya en servicio siempre que 
su introducción permita el funcionamiento reversible de la instalación.»
Artículo 33.  Incorporación de almacenamiento en instalaciones con régimen retributivo 
específico.
Se modifica el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos.
Uno. Se modifica el artículo 4.1.c), que queda redactado en los siguientes términos:
«c)  Hibridación tipo 3: Aquella instalación con derecho a la percepción del 
régimen retributivo específico a la que se incorpore una tecnología renovable de 
las definidas en los grupos y subgrupos de la categoría b) del artículo 2 o 
instalaciones de almacenamiento y que, por sus características, no puedan ser 
consideradas de tipo 1 o tipo 2.»
Dos. Se añade un apartado n) en el artículo 49.1 con la siguiente redacción:
«n)  En el caso de las hibridaciones tipo 3, el incumplimiento de la obligación 
de disponer de los equipos de medida establecidos en el artículo 4.3 de este real 
decreto y en los artículos 27.5 y 28.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica.»
Artículo 34.  Tramitación de las modificaciones de instalaciones de la red de transporte o 
distribución del sistema gasista para adaptarlas a la inyección de gases renovables.
Las modificaciones de las posiciones existentes en la red de transporte o de distribución 
del sistema  gasista  que sean  precisas  para adaptar  estas  instalaciones  a la inyección 
de gases  renovables,  siempre  que no impliquen  la inserción  de una nueva 
válvula  de seccionamiento en la línea principal o de una nueva ERM/EM, se considerarán a 
efectos  de su tramitación,  como  modificaciones  que no implican  alteración  de las 
características  técnicas  básicas  y de seguridad.  Por tanto,  en el caso de que estas 
modificaciones  no requieran  declaración,  en concreto,  de utilidad  pública  se tramitarán  de 
acuerdo  con lo dispuesto  en el artículo  70.3 del Real Decreto  1434/2002,  de 27 de 
diciembre,  por el que se regulan  las actividades  de transporte,  distribución, 
comercialización,  suministro  y procedimientos  de autorización  de instalaciones  de gas 
natural.
La solicitud de tramitación de la modificación será responsabilidad del transportista o 
distribuidor titular de la posición, quien la solicitará ante el organismo competente de la 
comunidad autónoma o ante la Administración General del Estado, en función del órgano 
que otorgó la autorización a la instalación original.
Disposición adicional primera.
Se tramitarán las modificaciones presupuestarias que la aplicación del título IV de 
este real decreto-ley requiere, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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Disposición adicional segunda.  Aportaciones al Sector Eléctrico en el presupuesto 
de 2022.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 de la Disposición 
adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad 
eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, en la redacción dada 
por el artículo 17 apartado dos, del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que 
se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma, excepcionalmente en el presupuesto del corriente ejercicio 2022, se 
autoriza el libramiento de un importe de 1.360 millones de euros del crédito 
presupuestario 23.03.000X.738 «A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de 
acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética», sin necesidad de aplicar el 
procedimiento establecido en el apartado 2 de la Disposición adicional segunda de la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Disposición transitoria primera.  Vigencia y naturaleza de la actualización de las 
Directrices ya operativas adoptadas.
A la entrada en vigor de este real decreto-ley y en tanto no se modifiquen o 
actualicen, seguirán siendo aplicables las Directrices operativas para la gestión de 
pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 vigentes 
en dicha fecha, pasando a tener naturaleza de recomendaciones.
Disposición transitoria segunda.  Aplicación de la nueva redacción de los artículos 6 y 7 
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.
La nueva redacción dada a los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de 
marzo, podrá aplicarse a las reclamaciones formuladas bajo la vigencia de la redacción 
anterior que estén pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto Ley.
Disposición derogatoria única.  Derogaciones normativas.
1. Se deroga el capítulo II del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda.
2. Se derogan las referencias del anexo 2 de la disposición adicional vigésima 
novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, a:
a) Procedimiento sobre autorización de Centros de Mantenimiento Jar-145.
b) Procedimiento sobre expedición de certificación de primera aeronavegabilidad.
c) Procedimiento sobre aprobación de modificaciones que se introducen en las 
aeronaves.
d) Procedimiento sobre certificación de tipo de productos aeronáuticos.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta 
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Con efectos de 1 de abril de 2022, se modifica el apartado 2 del artículo 25 del Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
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marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, que queda redactado como sigue:
«2.  Serán beneficiarios de las ayudas directas los trabajadores autónomos y 
sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, 
que no formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que 
sean titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, 
VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atendiendo al número y tipología de vehículo 
adscritos a la autorización y que a fecha 29 de marzo de 2022, se encuentren de 
alta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
Aplicando las especiales circunstancias del hecho diferencial de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla a la regulación de las licencias VT recogidas en los 
artículos 123 a 127 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y en la 
Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 
transporte discrecional de viajeros por carretera, el requisito de disponer de 
autorización de transporte público de viajeros en vehículo turismo auto-taxi, VT, se 
considera cumplido con la disposición de la licencia expedida en Ceuta y Melilla 
para vehículos taxi.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea:
Uno. Se modifica el artículo 20 que queda redactado como sigue:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa europea de aplicación, las 
aeronaves tripuladas deberán llevar a bordo, los siguientes documentos o 
información:
a. El certificado matrícula;
b. El certificado de aeronavegabilidad y, si procede, el certificado de niveles 
de ruido;
c. La licencia, con la anotación de las habilitaciones correspondientes, de 
cada miembro de la tripulación;
d. El diario de a bordo de la aeronave o registro equivalente;
e. La licencia de estación de radio, si la aeronave está provista de ella;
f.  El manual de vuelo de la aeronave o documentación equivalente;
g. El certificado de los seguros que resulten exigibles;
h. En el caso de aeronaves que realicen transporte aéreo, una lista de sus 
nombres y lugares de embarque y puntos de destino, si transporta pasajeros; y un 
manifiesto y declaración de carga, si transporta carga;
i. Cualquier otro documento o información que reglamentariamente pueda 
exigirse.»
Dos. Se modifica el artículo 21 que queda redactado como sigue:
«No obstante lo dispuesto en el artículo veinte:
a. Podrán conservar en el aeródromo o zona de operación la documentación 
o información prevista en sus letras a), b), d), e) y g), las aeronaves que realicen 
operaciones de aviación general o deportiva con despegue y aterrizaje en el 
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mismo aeródromo o zona de operación, salvo que la normativa sectorial específica 
establezca otra cosa;
b. Reglamentariamente podrán establecerse otros supuestos en los que la 
documentación no exigible para la operación de la aeronave pueda conservarse 
en el aeródromo o lugar de operación.»
Tres. Se modifica el artículo 29 que queda redactado como sigue:
«Las aeronaves habrán de ser matriculadas necesariamente en el Registro de 
matrícula de aeronaves civiles, según las obligaciones establecidas 
reglamentariamente.»
Cuatro. Se modifica el artículo 130 que queda redactado como sigue:
«En su condición de bienes muebles de naturaleza especial las aeronaves 
pueden ser objeto de hipoteca, usufructo, arrendamiento y demás derechos que 
las leyes autoricen.
Las transferencias de propiedad de la aeronave, así como los actos a que se 
refiere el párrafo anterior, se inscribirán mediante el título correspondiente y con 
los efectos jurídicos establecidos en las leyes, en la Sección de Aeronaves del 
Registro de Bienes Muebles, cuya coordinación con el Registro de Matrícula de 
Aeronaves Civiles se verificará en la forma que se determine 
reglamentariamente.»
Cinco.  Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional única que pasa a 
quedar redactado en los siguientes términos:
«4)  El planeamiento territorial, el urbanístico y cualesquiera otro que ordenen 
ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, han 
de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que 
legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos 
referidos. Reglamentariamente se establecerán los instrumentos de coordinación 
con las administraciones territoriales para la salvaguarda de estas servidumbres y 
las actuaciones de control en zonas de servidumbres.»
Seis.  Se adiciona un nuevo apartado 4 bis) a la disposición adicional única, del 
siguiente tenor:
«4 bis)  Los órganos competentes para la adopción de los instrumentos de 
coordinación a que se refiere el apartado 4) y el control en las zonas de 
servidumbres, cuando conste acreditado que no se compromete la seguridad o 
regularidad de las operaciones, el normal funcionamiento de las ayudas a la 
navegación aérea y la planificación y desarrollo de los aeropuertos de interés 
general y de las instalaciones para la navegación aérea, podrán eximir de la 
aplicación de los instrumentos de coordinación y de control en las zonas de 
servidumbres a áreas delimitadas geográficamente comprendidas dentro de las 
servidumbres aeronáuticas, previo informe, cuando proceda, de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea.
Las resoluciones que adopten estas exenciones no serán aplicables en 
relación con la instalación de aerogeneradores o construcciones e instalaciones de 
altura igual o superior a cien metros, podrán establecer los requisitos adicionales 
aplicables para acogerse a ellas, y perderán su eficacia, salvo que se confirmen 
expresamente, cuando se modifiquen las servidumbres aeronáuticas o, en su 
caso, las propuestas de servidumbres, con posterioridad a su concesión.»
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Siete.  Se adiciona un nuevo apartado 6) a la disposición adicional única con la 
siguiente redacción:
«6)  Lo dispuesto en el apartado 4 bis) será aplicable además con relación a 
los instrumentos de coordinación para la salvaguarda de las competencias 
estatales exclusivas en materia de planificación de los aeropuertos de interés 
general y del sistema de navegación aérea.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea.
La disposición adicional decimonovena de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional decimonovena.  Silencio administrativo negativo.
En las actividades de la aviación civil, ya sean con aeronaves tripuladas o no 
tripuladas, sujetas a la normativa nacional, por razones imperiosas de interés 
general relativas a la seguridad aérea, se entenderán incluidos en la excepción 
prevista en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sobre 
autorización de operaciones aéreas, y uso de espacio aéreo, sobre operaciones 
especiales, así como autorizaciones de aeronavegabilidad inicial y continuada, 
incluyendo las emitidas al personal involucrado en este ámbito.
Además, la excepción prevista en el párrafo anterior es aplicable por idénticas 
razones imperiosas de interés general a la aprobación de servidumbres 
aeronáuticas y a la certificación del personal de formación de los pilotos a 
distancia.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la disposición adicional segunda, punto 3, de 
la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios (ADR) en materia de 
consumo.
El apartado 3 de la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de 
noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios (ADR) en materia de consumo, queda con la 
siguiente redacción:
«3.  La entidad acreditada pondrá fin al procedimiento anterior mediante 
decisión motivada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 de esta Ley sin 
que se haya notificado la decisión, se entenderá que la decisión es desestimatoria 
de la reclamación formulada por el pasajero.
El pasajero podrá retirarse en cualquier momento del procedimiento si no está 
satisfecho con su funcionamiento o tramitación, debiendo ser informado por la 
entidad acreditada de este extremo al inicio del procedimiento.
La decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por parte 
de la compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando 
considere que la misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la 
entidad acreditada no será vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá 
sin perjuicio de las acciones civiles que el pasajero tenga frente a la compañía 
aérea.
La impugnación de la decisión, mediante la formulación de la correspondiente 
demanda por la compañía, habrá de efectuarse dentro de los dos meses 
siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección o 
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aclaración, desde la notificación de la respuesta a esta solicitud, o desde la 
expiración del plazo de diez días desde que esta se efectuó sin que se haya 
notificado respuesta expresa. La demanda se tramitará por los cauces del juicio 
verbal.
El pasajero y la entidad acreditada podrán no comparecer en el procedimiento 
judicial, entendiéndose que se remiten a la decisión de la entidad acreditada. En 
este procedimiento nunca se impondrán las costas al pasajero.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, 
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o 
destino en las Illes Balears.
Se modifica la disposición adicional primera del Real Decreto 1034/1999, de 18 de 
junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o 
destino en las Illes Balears:
«Disposición adicional primera.  Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis .
La cuantía acumulada de las compensaciones contempladas en este real 
decreto, por cada persona física o jurídica, no podrá superar el importe máximo 
total señalado en el Reglamento (UE) 1407/2013, prorrogado por el Reglamento 
(UE) 2020/972, salvo que se obtenga autorización de la Comisión Europea. En 
este sentido, y mientras se encuentre vigente, esta ayuda se acoge al Marco 
Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión 
SA.102771(2022/N).
Las compensaciones previstas en este real decreto se aplicarán al transporte 
de los productos según el ámbito de aplicación y los condicionados que establece 
el citado Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión o norma que lo modifique o 
sustituya.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario.
Se añade un nuevo apartado 6 bis al artículo 4 de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del sector ferroviario, con la siguiente redacción:
«6 bis  A fin de promover la intermodalidad y una óptima utilización de las 
infraestructuras, los servicios ferroviarios que circulen por la Red Ferroviaria de 
Interés General podrán tener parada en estaciones o apeaderos destinados al 
trasbordo o al intercambio modal que no formen parte de ésta.
El administrador de la Red Ferroviaria de Interés General y el titular de la 
estación o apeadero destinado al trasbordo o al intercambio modal suscribirán un 
acuerdo en el que se concreten las condiciones de este, tanto en lo relativo a su 
operación, como a la seguridad en la misma y, en su caso, las condiciones para la 
utilización de la zona de dominio público perteneciente a la Red Ferroviaria de 
Interés General.
Los elementos de estas instalaciones que vayan a ser necesarios para los 
servicios ferroviarios que circulen por la Red Ferroviaria de Interés General 
deberán cumplir todos los requisitos establecidos para la autorización de entrada 
en servicio de los subsistemas estructurales fijos y para la autorización de puesta 
en servicio de las estaciones que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General. Para ello, antes del inicio de la operación comercial, será preceptivo que 
el titular de la estación o apeadero recabe el informe favorable de la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre este aspecto.
Dichos requisitos deberán cumplirse asimismo durante la vida útil de la 
estación o apeadero.»
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Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional centésima trigésima 
quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021, relativa a la liquidación de situaciones pendientes sobre justiprecio y 
aprovechamientos urbanísticos en materia de autopistas, con la siguiente redacción:
«Tres.  Para dictar la resolución definitiva de determinación de la 
“Responsabilidad Patrimonial de la Administración” se aplicará lo siguiente en 
cuanto a la “liquidación de las situaciones pendientes”:
1. En los expedientes expropiatorios en que no se haya abonado el 
justiprecio ya fijado por resolución firme del Jurado o que sigan pendientes de 
recurso contencioso-administrativo, la Administración podrá hacerse cargo de 
abonar a los expropiados las indemnizaciones derivadas de tales expedientes sin 
necesidad de esperar a que se dicte la correspondiente resolución judicial. Este 
abono solo se realizará por el importe que proceda y siempre que ambas partes lo 
pacten con los efectos del mutuo acuerdo.
2. Cuando no se hubiera podido efectuar el pago, el importe que se 
reconozca en la resolución definitiva se minorará con el justiprecio fijado en la 
resolución del Jurado o, a falta de esta, con el justiprecio reconocido en dichos 
expedientes por la Administración. En ambos casos se incluirá una estimación de 
los intereses de demora.»
Disposición final octava.  Plazas de la Escala Superior de Especialistas en Transporte, 
Infraestructuras y Seguridad de los Organismos Autónomos y las Agencias Estatales 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Se autoriza la convocatoria de 48 plazas de turno libre, de las cuales dos se 
reservarán para el turno de personas con discapacidad general, y 17 de promoción 
interna en la Escala Superior de Especialistas en Transporte, Infraestructuras y 
Seguridad de los Organismos Autónomos y las Agencias Estatales del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana según el siguiente desglose:
a) Especialidad de Transporte, Movilidad e Infraestructuras: 12 turno libre y 6 de 
promoción interna.
b) Especialidad Seguridad en el Transporte Aéreo: 25 de turno libre, de las cuales 2 
se reservarán para el turno de personas con discapacidad general, y 11 de promoción 
interna.
c) Especialidad de Operaciones y navegación aérea: 5 de turno libre.
d) Especialidad de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria: 6 turno libre.
La gestión de las convocatorias correspondientes se regirá por lo dispuesto en el 
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2022.
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Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de 
medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por 
carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de 
medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos 
de obras.
Se modifica el artículo 7, relativo al reconocimiento de la revisión excepcional de 
precios, que queda redactado en los siguientes términos:
«1.  La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento 
del coste de los materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un 
impacto directo y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y 
hasta su finalización, esto es, una vez formalizada el acta de recepción y emitida 
la correspondiente certificación final.
A estos efectos se considerará que existe tal impacto cuando el incremento del 
coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, 
calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el periodo, siempre 
posterior al 1 de enero de 2021, que determine el contratista en su solicitud y que 
no podrá ser inferior a doce ni superior a veinticuatro meses, su fórmula de 
revisión de precios si la tuviera, y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza 
de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, exceda del 5 por ciento del importe certificado del contrato en ese 
mismo período. El cálculo de dicho incremento se efectuará suprimiendo de la 
fórmula aplicable al contrato los términos que representan los elementos de coste 
distintos de los antes citados, e incrementando el término fijo, que representa la 
fracción no revisable del precio del contrato, en el valor de los coeficientes de los 
términos suprimidos, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos 
más el término fijo sea la unidad.
En caso de que el contrato tuviese una duración inferior a doce meses, el 
incremento del coste se calculará sobre la totalidad de los importes del contrato 
certificados. El periodo mínimo de duración del contrato para que pueda ser 
aplicable esta revisión excepcional de precios será de cuatro meses, por debajo 
del cual no existirá este derecho.
Por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe del 
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, se podrán establecer otros 
materiales cuyo incremento de coste deba tenerse también en cuenta a los efectos 
anteriores.
2. La cuantía de la revisión excepcional a la que se refiere este artículo no 
podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Dicha 
cuantía no se tomará en consideración a los efectos del límite del 50 por ciento 
previsto en el artículo 205.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en el 
artículo 111.2 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero; ni a los efectos de 
otros límites sobre modificaciones previstos en la normativa anterior que fuese de 
aplicación al contrato.»
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Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por 
el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de 
julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad:
Uno.  En el apartado cinco del artículo primero que modifica el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, se incluyen las siguientes modificaciones:
a) La regla 5.ª del apartado 1.a) del artículo 308 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, queda redactada como sigue:
«5.ª  En los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, durante el 
período comprendido entre la fecha del alta y el último día del mes natural 
inmediatamente anterior a la fecha de efectos del alta, así como durante el período 
comprendido entre el inicio de la actividad por cuenta propia y el mes en el que se 
solicite el alta, de formularse esta solicitud a partir del mes siguiente al del inicio de 
la actividad, la base de cotización mensual aplicable será la base mínima del 
tramo 1 de la tabla general a que se refiere la regla 1.ª, establecida en cada 
ejercicio, salvo que, en las altas de oficio efectuadas a propuesta de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, esta hubiese fijado expresamente otra base de 
cotización mensual superior. En los períodos indicados no resultará de aplicación 
el procedimiento de regularización a que se refiere el párrafo c) de este 
apartado 1.»
b) La regla 4.ª del apartado 1.c) del artículo 308 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, queda redactada como sigue:
«4.ª  Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota 
correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia deberá ingresar la 
diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes siguiente a aquel 
en que se le notifique el resultado de la regularización, sin aplicación de interés de 
demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo.
Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota correspondiente 
a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos, la 
Tesorería General de la Seguridad Social procederá a devolver de oficio la 
diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de interés alguno, antes del 30 
de abril del ejercicio siguiente a aquel en que la correspondiente Administración 
tributaria haya comunicado los rendimientos computables a la Tesorería General 
de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, determinada la base de 
cotización definitiva, las deudas generadas por las cuotas no ingresadas en 
período voluntario calculadas de acuerdo con las bases de cotización 
provisionales no serán objeto de devolución o modificación alguna. Con 
independencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el primer párrafo si la 
base de cotización definitiva fuese superior al importe de la base de cotización 
provisional por la que se generó deuda, la diferencia deberá ser ingresada 
conforme a lo indicado en dicho primer párrafo.
En ningún caso serán objeto de devolución los recargos e intereses.»
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Dos.  En el apartado dieciséis del artículo primero que modifica el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, se incluyen las siguientes modificaciones:
El apartado 1, letra f) del artículo 330, sobre requisitos para el nacimiento del 
derecho a la protección del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda redactado 
como sigue:
«f)  Para causar derecho al cese previsto en el artículo 331.1.a).4.º y 5.º, la 
persona trabajadora autónoma no podrá ejercer otra actividad salvo lo previsto en 
el apartado 3 del artículo 342.»
Tres.  Se incluye un nuevo apartado veinticuatro bis en el artículo primero que 
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el siguiente tenor:
«Veinticuatro bis.  Se incorpora un nuevo apartado 3 del artículo 342 sobre 
incompatibilidades, con la siguiente redacción:
''3.  En los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en 
situación de pluriactividad, en el momento del hecho causante de la prestación por 
cese de actividad, la prestación por cese será compatible con la percepción de la 
remuneración por el trabajo por cuenta ajena que se venía desarrollando, siempre 
y cuando de la suma de la retribución mensual media de los últimos cuatro meses 
inmediatamente anteriores al nacimiento del derecho y la prestación por cese de 
actividad, resulte una cantidad media mensual inferior al importe del salario 
mínimo interprofesional vigente en el momento del nacimiento del derecho''.»
Cuatro.  En el apartado veintinueve del artículo primero que modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se incluyen las siguientes modificaciones:
a) Se modifica el apartado dos, punto 1.3, de la disposición adicional cuadragésima 
octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sobre prestación para la 
sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de 
actividad afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en 
su modalidad cíclica, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado como sigue:
«1.3  No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o, siéndolo, no haber adoptado las 
medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores salvo lo dispuesto en al apartado cuarto de esta disposición 
adicional sobre incompatibilidades.»
b) Se modifica el apartado cuatro, punto 3, de la Disposición adicional 
cuadragésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado 
como sigue:
«3.  Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. En 
los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en situación de 
pluriactividad, en el momento del hecho causante de la prestación para la 
sostenibilidad de la actividad, esta prestación será compatible con la percepción 
de la remuneración por el trabajo por cuenta ajena que se venía desarrollando, 
siempre y cuando de la suma de la retribución mensual media de los últimos 
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cuatro meses inmediatamente anteriores al nacimiento del derecho y la prestación 
por cese de actividad, resulte una cantidad media mensual inferior al importe del 
salario mínimo interprofesional vigente en el momento del nacimiento del 
derecho.»
Cinco.  En el apartado treinta del artículo primero que modifica el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, se incluyen las siguientes modificaciones:
a) Se modifica el apartado dos, punto 1.4 de la disposición adicional cuadragésima 
novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sobre la prestación para la 
sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de 
actividad afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en 
su modalidad sectorial, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado como sigue:
«1.4  No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o siéndolo no haber adoptado las 
medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores salvo lo dispuesto en el apartado cuatro de esta Disposición 
adicional sobre incompatibilidades.»
b) Se modifica el apartado cuatro, punto 3, de la disposición adicional 
cuadragésima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado 
como sigue:
«3.  Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. En 
los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en situación de 
pluriactividad, en el momento del hecho causante de la prestación por cese de 
actividad, la prestación por cese será compatible con la percepción de la 
remuneración por el trabajo por cuenta ajena que se venía desarrollando, siempre 
y cuando de la suma de la retribución mensual media de los últimos cuatro meses 
inmediatamente anteriores al nacimiento del derecho y la prestación para la 
sostenibilidad de la actividad en cómputo mensual resulte una cantidad media 
mensual inferior al importe del salario mínimo interprofesional vigente en el 
momento del nacimiento del derecho.»
Seis.  El apartado ocho del artículo tercero que modifica la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, queda redactado como sigue:
«Ocho. El artículo 38 queda redactado en los siguientes términos:
''Artículo 38.  Bonificación de cuotas para trabajadores autónomos durante el 
descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, como trabajadores por cuenta 
propia, en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar tendrán derecho, durante los períodos de 
descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, a una 
bonificación del 100 por cien de la cuota por contingencias comunes resultante de 
aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la 
fecha en la que inicie esta bonificación, el tipo de cotización para contingencias 
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comunes vigente en cada momento, excluido el correspondiente a la incapacidad 
temporal derivada de dichas contingencias.
En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta continuada 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, la base media de cotización se calculará desde la última fecha de 
alta, siendo el resultado de multiplicar por 30 la cuantía resultante de dividir la 
suma de las bases de cotización entre el número de días de alta del período de 
alta continuada.
A efectos del cálculo de esta bonificación, la base media a la que se refiere 
este artículo se calculara con las bases de cotización, provisionales o definitivas, 
existentes en el momento de la aplicación inicial de la bonificación, sin que la 
cuantía de la bonificación sea objeto de modificación como consecuencia de la 
regularización de las bases de cotización provisionales a la que se refiere el 
artículo 308.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real Decreto-
ley 11/1998, de 4 de septiembre.''»
Siete.  El apartado nueve del artículo tercero que modifica la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, queda redactado como sigue:
«Nueve. El artículo 38 bis queda redactado en los siguientes términos:
''Artículo 38 bis.  Bonificación a las trabajadoras autónomas que se reincorporen 
al trabajo en determinados supuestos.
Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, como trabajadoras por cuenta 
propia, en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, que, habiendo cesado su actividad por 
nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y 
tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad 
por cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha 
efectiva del cese, tendrán derecho a una bonificación, durante los veinticuatro 
meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, 
del 80 por ciento de la cuota por contingencias comunes resultante de aplicar a la 
base media que tuvieran las trabajadoras en los doce meses anteriores a la fecha 
en que cesaron en su actividad, el tipo de cotización para contingencias comunes 
vigente en cada momento, excluido el correspondiente a la incapacidad temporal 
derivada de dichas contingencias.
En el caso de que la trabajadora lleve menos de 12 meses de alta continuada 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos antes del cese de la actividad, la base media de cotización se 
calculará desde la última fecha de alta, siendo el resultado de multiplicar por 30 la 
cuantía resultante de dividir la suma de las bases de cotización entre el número de 
días de alta del período de alta continuada.
A efectos del cálculo de esta bonificación, la base media a la que se refiere 
este artículo se calculará con las bases de cotización, provisionales o definitivas, 
existentes en el momento de la aplicación inicial de la bonificación, sin que la 
cuantía de la bonificación sea objeto de modificación como consecuencia de la 
regularización de las bases de cotización provisionales a la que se refiere el 
artículo 308.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social''.»
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Ocho.  En el apartado diez del artículo tercero que modifica la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, se incluyen las siguientes modificaciones:
a) Se incluye un nuevo apartado 10 en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, con la siguiente redacción:
«10.  Cuando los trabajadores por cuenta propia o autónomos a que se 
refiere este artículo tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, o sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, los 
periodos de aplicación de la cuota reducida a que se refieren los apartados 1 y 2 
serán, respectivamente, de 24 meses naturales completos y de 36 meses 
naturales completos.»
b) Los actuales apartados 10 y 11 del artículo 38 ter de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, quedan numerados como 11 y 12, 
respectivamente.
Nueve.  En el apartado uno del artículo quinto, que modifica el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, se incluyen las siguientes 
modificaciones:
a) La letra e) del apartado 3 del artículo 44 del Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactada como sigue:
«e)  En el caso de los períodos anuales respecto de los que el trabajador por 
cuenta propia hubiese incumplido la obligación de presentación de la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la base de cotización 
aplicable será la base mínima de cotización para contingencias comunes 
correspondiente a los trabajadores incluidos en el grupo 7 de cotización del 
Régimen General de la Seguridad Social.
Igual base de cotización resultará aplicable respecto a aquellos trabajadores 
autónomos que, habiendo presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, no hayan declarado ingresos a efectos de la 
determinación de los rendimientos netos, cuando resulte de aplicación el método 
de estimación directa.»
b) La letra c) de la regla 5.ª del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactada como sigue:
«c)  Si la base de cotización promedio mensual es superior a la base máxima 
del tramo que corresponda por aplicación de la regla 4.ª, la base de cotización 
definitiva será la base máxima de dicho tramo, y se procederá a devolver de oficio 
en un solo acto, a través de este procedimiento de regularización, las cuotas 
correspondientes al total de las diferencias, positivas o negativas, entre la base de 
cotización máxima correspondiente al tramo y las bases de cotización 
provisionales de cada mes.
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En este sentido, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá el 
importe que proceda sin aplicación de interés de demora alguno, antes del 30 de 
abril del ejercicio siguiente a aquel en que la correspondiente Administración 
tributaria haya comunicado los rendimientos computables.»
Diez. La disposición transitoria quinta queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria quinta.  Cuota reducida aplicable por el inicio de una 
actividad por cuenta propia en el periodo 2023 a 2025.
Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, la cuantía de la 
cuota reducida regulada en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, será de 80 euros mensuales.
En los supuestos previstos en el apartado 10 del citado artículo 38 ter, la 
cuantía de la cuota reducida será, entre los años 2023 y 2025, de 80 euros 
mensuales hasta la finalización de los primeros veinticuatro meses naturales 
completos, y de 160 euros a partir del mes vigesimoquinto.
A partir del año 2026, el importe de dichas cuotas será fijado por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.»
Disposición final decimoprimera.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos.
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifica de la letra d) del apartado 2 de artículo 55, que queda redactado 
como sigue:
«d) Las líneas directas.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 56, que queda redactado como 
sigue:
«4.  Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a las plantas 
de producción de gases renovables.»
Disposición final decimosegunda.  Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural.
Se añade un nuevo artículo 12 bis en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural, con la siguiente redacción:
«Artículo 12 bis.  Conexión de plantas de producción de gases renovables con las 
redes de transporte o distribución.
1. Los productores de gases renovables que deseen conectarse a una red de 
transporte o de distribución, enviarán al transportista o al distribuidor una solicitud 
de conexión a dicha red, indicando los caudales y presiones de inyección de gas 
previstos, así como la calidad prevista del gas a inyectar. Los costes que 
correspondan a dicha conexión serán, en cualquier caso, soportados por el 
productor solicitante.
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Mientras no exista un procedimiento específico de gestión de conexiones de 
las plantas de generación de gases renovables, el transportista o el distribuidor 
dispondrá de un plazo de cuarenta días hábiles para contestar a la solicitud, 
indicando el punto de conexión más adecuado, las condiciones técnicas de 
conexión, el caudal máximo admisible, los costes para efectuar la conexión y los 
plazos de ejecución previstos.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará un 
procedimiento de gestión de conexiones de las plantas de generación de gases 
renovables con la red de transporte o distribución, que podrá modificar o 
establecer nuevos plazos tanto a transportistas y distribuidores como a 
productores de gases renovables.
3. La posición, existente o nueva, o la modificación de la posición que 
permita la inyección, formará parte de la instalación de transporte o distribución en 
la que se inyecte el gas renovable.
Los costes de inversión reales incurridos para la realización de las 
instalaciones de conexión, serán soportados por el productor solicitante, como 
también lo será el coste de la posición, en caso de no existir, o la modificación de 
la misma, sin perjuicio de que el titular de la posición sea el transportista o 
distribuidor, que no tendrá derecho a retribución alguna por esa inversión.
4. En caso de discrepancias respecto a la conexión, podrán elevarse las 
actuaciones producidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, para que resuelva en un plazo de dos meses, cuando la 
competencia corresponda a la Administración General del Estado, o, en su caso, 
al órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma para que 
resuelvan en un plazo de tres meses.»
Disposición final decimotercera.  Salvaguardia del rango de disposiciones 
reglamentarias.
Mantiene su rango de real decreto la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías, con origen o destino en las Illes Balears, modificado por la Disposición 
final sexta del presente real decreto-ley. En consecuencia, podrá ser modificado por una 
norma de ese mismo rango.
Asimismo, las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto 
de modificación por el título IV, el título V y disposición final decimosegunda de este real 
decreto-ley podrán ser modificadas por normas reglamentarias del mismo rango.
Disposición final decimocuarta.  Título competencial.
1. Los artículos 1 y 3 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación 
mercantil.
2. Los artículos 2 y 4 a 8 y la disposición final primera se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª de la Constitución que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma.
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3. Los artículos 9 a 13, la Disposición transitoria primera, la disposición final 
segunda, la Disposición final tercera y la disposición derogatoria única se dictan al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª y 20.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y 
coordinación general de la sanidad, y de control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo y aeropuertos de interés general.
4. El artículo 15 y la Disposición final novena se dictan al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
5. Los  artículos  14 y 16 se dicta  al amparo  de lo dispuesto  en el 
artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva  en materia  de control  del espacio  aéreo,  tránsito  y transporte  aéreo  y 
aeropuertos de interés general.
6. El artículo 17 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
marina mercante.
7. El artículo 18 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública.
8. El artículo 19 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.19.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que, en la ordenación del sector, se 
atribuyan a las Comunidades Autónomas.
9. Los artículos 20 a 28 se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española, que reserva al Estado la competencia para dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
El título IV de este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2005, de 3 de mayo, de Educación y en 
el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
10.  El título V, sobre medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural y las disposiciones finales decimoprimera y 
decimosegunda, se dictan al amparo de la competencia que las reglas 13.ª, 18.ª y 25.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación básica de 
contratos y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
11.  La Disposición final cuarta y, adicionalmente, el apartado quinto de la 
disposición final segunda, se dictan al amparo del artículo 149.1. 6.ª y 8.ª que atribuye al 
Estado competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, procesal y civil.
12.  La Disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre tránsito y transporte 
aéreo y marina mercante.
13.  La Disposición final sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma.
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14.  La disposición final séptima se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1. 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación sobre expropiación forzosa.
15.  La disposición final octava se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva sobre las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 
sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento 
común ante ellas.
16.  La disposición final décima se dicta al amparo del artículo 149.1 17.ª de la 
Constitución española, relativo a la competencia exclusiva del Estado sobre legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas.
Disposición final decimoquinta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al Gobierno para dictar las normas de aplicación y desarrollo de lo 
previsto en este real decreto-ley, no obstante lo cual, se habilita a la persona titular del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de sus 
competencias, a dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de lo previsto en los 
artículos 9 a 13, ambos inclusive. Asimismo, se habilita a la persona titular del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
2. Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y Función 
Pública, de Educación y Formación Profesional y de Universidades a dictar, en el ámbito 
de sus propias competencias, cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y 
ejecución del título IV del presente real decreto-ley.
Cuando se trate de una disposición conjunta de varios Ministerios, esta se dictará 
mediante orden de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática.
Disposición final decimosexta.  Límites a la subcontratación del transporte de 
mercancías por carretera.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, y previa evaluación de la efectividad inicial de las medidas implantadas, 
presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la 
subcontratación en el transporte de mercancías por carretera para incentivar su uso 
eficiente evitando la pérdida de valor no productiva en la cadena de subcontratación del 
transporte terrestre de mercancías por carretera.
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Disposición final decimoséptima.  Entrada en vigor.
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:
a) Las obligaciones de los apartados uno y cuatro del artículo 29 entrarán en vigor 
a los siete días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto-
ley y tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
b) Las obligaciones del apartado dos del artículo 29 entrará en vigor tras un mes 
desde el día de la publicación de este real decreto-ley y tendrán vigencia hasta el 1 de 
noviembre de 2023.
c) Las obligaciones del apartado tres del artículo 29 deberán cumplirse antes del 30 
de septiembre de 2022.
d) La disposición final décima entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Dado en Palma, el 1 de agosto de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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