Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 236, de 02 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-2015-10566
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 3
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público .... 14
CAPÍTULO I. Disposiciones generales ............................................... 14
CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas ............................... 16
Sección 1.ª De los órganos administrativos ........................................... 16
Sección 2.ª Competencia ...................................................... 17
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas ....................... 19
Subsección 1.ª Funcionamiento ................................................ 19
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado ............... 21
Sección 4.ª Abstención y recusación ............................................... 24
CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora ..................................... 25
CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ................... 27
Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ....................... 27
Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas .... 29
CAPÍTULO V. Funcionamiento electrónico del sector público ................................. 30
CAPÍTULO VI. De los convenios ................................................... 33
TÍTULO I. Administración General del Estado ............................................. 37
CAPÍTULO I. Organización administrativa ............................................. 37
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CAPÍTULO II. Los Ministerios y su estructura interna ...................................... 38
CAPÍTULO III. Órganos territoriales ................................................. 44
Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado .................... 44
Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas ....................... 45
Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias ............................... 47
Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno ................................ 48
Sección 5.ª Órganos colegiados .................................................. 48
CAPÍTULO IV. De la Administración General del Estado en el exterior ........................... 49
TÍTULO II. Organización y funcionamiento del sector público institucional ........................... 49
CAPÍTULO I. Del sector público institucional ............................................ 49
CAPÍTULO II. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal .................. 50
CAPÍTULO III. De los organismos públicos estatales ...................................... 53
Sección 1.ª Disposiciones generales ............................................... 53
Sección 2.ª Organismos autónomos estatales ......................................... 58
Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal ........................... 59
CAPÍTULO IV. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal .................... 61
CAPÍTULO V. De las sociedades mercantiles estatales ..................................... 62
CAPÍTULO VI. De los consorcios ................................................... 64
CAPÍTULO VII. De las fundaciones del sector público estatal ................................. 68
CAPÍTULO VIII. De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal .............. 70
TÍTULO III. Relaciones interadministrativas .............................................. 70
CAPÍTULO I. Principios generales de las relaciones interadministrativas .......................... 70
CAPÍTULO II. Deber de colaboración ................................................ 71
CAPÍTULO III. Relaciones de cooperación ............................................. 72
Sección 1.ª Técnicas de cooperación .............................................. 72
Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación ........................................ 73
CAPÍTULO IV. Relaciones electrónicas entre las Administraciones ............................. 76
Disposiciones adicionales ...................................................... 78
Disposiciones transitorias ...................................................... 82
Disposiciones derogatorias ..................................................... 83
Disposiciones finales ......................................................... 83BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 07 de mayo de 2020
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral 
dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las 
duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los 
ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.
El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 
propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas 
Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los 
ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España 
para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación 
administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su 
productividad.
Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 de la 
Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación 
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los 
criterios de eficiencia y economía.
Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha 
pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos 
orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los 
procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que unificó en un solo instrumento estas materias.
La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales 
decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral 
del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas 
que regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como 
procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más 
relevantes.
Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho 
administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de 
mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se 
previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que 
integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, 
comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las 
disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes 
fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los 
ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada 
Administración y de las relaciones entre ellas.
La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la 
legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las 
Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración 
General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la 
Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de 
las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de 
actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. Queda así 
sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones, que se 
complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de 
Presupuestos Generales del Estado.
Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma 
específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones 
eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la 
Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo con este criterio, la presente Ley 
modifica aquella, con el objeto de extraer aquellas materias que, por ser más propias de la 
organización y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que órganos 
administrativos, deben regularse en este texto legal.
El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo 
por razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas, 
lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar 
la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello 
es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de órganos o 
entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes 
públicos, ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el 
cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento 
cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE), ha 
valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de forma muy positiva. En el 
informe emitido sobre ella, señala que el paquete de reforma es resultado de un riguroso 
proceso de recolección de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las debilidades 
de la Administraciones Públicas españolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos 
políticos incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico, relaciones de 
gobernanza multinivel, buena regulación, reformas presupuestarias), junto con las iniciativas 
paralelas adoptadas en los dos últimos años en áreas como estabilidad presupuestaria, 
transparencia y regeneración democrática, explica uno de los más ambiciosos procesos de 
reforma realizados en un país de la OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el 
único instrumento normativo que materializa la reforma, Pero sí constituye, junto con la que 
disciplinará el procedimiento administrativo, de tramitación paralela, y las ya aprobadas 
sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad presupuestaria, la piedra angular sobre la 
que se edificará la Administración Pública española del futuro, al servicio de los ciudadanos.
II
La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de 
actuación y de funcionamiento del sector público español.
Entre los principios generales, que deberán respetar todas las Administraciones Públicas 
en su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya mencionados 
en la Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, 
coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporación de los de 
trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes de los nuevos 
criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrativas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, 
y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la anterior. Se integran así materias que demandaban una 
regulación unitaria, como corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios 
electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio 
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa 
automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las Administraciones Públicas se 
relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el 
título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de 
las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como 
nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la 
prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.
La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones 
Públicas se completa con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad, 
calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.
El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos 
administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan ciertas novedades. La creación 
de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad 
con los existentes. Se completan las previsiones sobre los órganos de la Administración 
consultiva y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la 
Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios 
electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, 
elaborar y remitir las actas de sus reuniones.
También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de la potestad 
sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. Entre las novedades más destacables en este ámbito, merecen especial mención 
los cambios introducidos en la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos 
derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión 
Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en 
su caso, a la indemnización que corresponda.
Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos, en la línea 
prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que 
recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su 
validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla 
un régimen completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y 
extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.
III
En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de la regulación 
contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas mejoras que el tiempo ha 
revelado necesarias. Se establecen los órganos superiores y directivos propios de la 
estructura ministerial y también en el ámbito de la Administración periférica y en el exterior. 
En el caso de los organismos públicos, serán sus estatutos los que establezcan sus órganos 
directivos.
La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de los siguientes 
órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, 
Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.
Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas 
en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como celebrar en el 
ámbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones 
presupuestarias; decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos 
de trabajo; rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los 
recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y directivos del 
Departamento. La Ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios, 
atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora 
habitualmente se delegaban en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora de 
gestión propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una nueva 
competencia: la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de 
recursos y medios materiales en el ámbito de su Departamento.
Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las competencias 
propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la 
Presidencia del Gobierno. Debe recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno a la 
estructura del propio departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto en 
que se fije la estructura orgánica de aquél.
Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la prestación de 
servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que los mismos se provean por 
órganos especializados en el ámbito del Ministerio o de forma centralizada para toda la 
Administración, se prevé la posibilidad de que la organización y gestión de los servicios 
comunes de los Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien por la 
Subsecretaría de cada departamento.
IV
Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida en la 
Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del Estado de carácter 
territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Como principales novedades 
respecto a la regulación hasta ahora vigente, destacan las siguientes cuestiones.
En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político e institucional, se 
les define como órganos directivos, y se dispone que su nombramiento atenderá a criterios 
de competencia profesional y experiencia, siendo de aplicación al desempeño de sus 
funciones lo establecido en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad, correspondiendo al 
Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En caso de no haber realizado 
formalmente la designación, y cuando se trate de una Comunidad uniprovincial que carezca 
de Subdelegado, la suplencia recaerá sobre el Secretario General.
Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran recogidas en 
diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único artículo, sistematizándolas en cinco 
categorías: competencias de dirección y coordinación; de información de la acción del 
Gobierno y a los ciudadanos; de coordinación y colaboración con otras Administraciones 
Públicas; competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el 
desarrollo de las políticas públicas.
Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados del 
Gobierno en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, referente a la coordinación de los usos de los edificios de la Administración 
General del Estado en su ámbito de actuación, de acuerdo con las directrices establecidas 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de 
Patrimonio del Estado.
Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulación 
para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el 
subgrupo funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto a las competencias de los 
Subdelegados del Gobierno, y como novedad más relevante, se le atribuye la de coordinar la 
utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el 
ámbito de su provincia.
Se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado como fundamental 
en la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretaría General, encargada de 
la llevanza de los servicios comunes y de la que dependerán las áreas funcionales. También 
se establece a nivel legal que la asistencia jurídica y el control financiero de las BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del Estado y 
por la Intervención General de la Administración del Estado, respectivamente, cuestión 
anteriormente regulada por normativa reglamentaria.
La Ley también prevé expresamente la existencia de la Comisión Interministerial de 
Coordinación de la Administración Periférica del Estado, cuyas atribuciones, composición y 
funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria.
Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa 
una remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del 
Estado, y a su normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente 
Ley.
V
En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina y hace 
efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la 
necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la 
Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los 
recursos públicos, y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia 
y economía. De forma congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución 
establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria.
La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional se aprecia 
con el mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la componen. Un panorama en 
el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas perspectivas 
han diseñado el marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado dispone.
En primer lugar, la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos de entes y 
organismos públicos dependientes del Estado está prevista en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
que diferencia tres tipos de entidades: Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y Agencias Estatales, categoría que se añadió con posterioridad. Cada uno 
de estos organismos públicos cuenta con una normativa reguladora específica, que 
normalmente consta de una referencia en la ley de creación y de un desarrollo reglamentario 
posterior dictado al aprobar los correspondientes estatutos.
No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsión 
establecida en la disposición adicional décima de la Ley, 6/1997, de 14 de abril, que excluye 
de su aplicación a determinados entes que cuentan con previsiones legales propias, por lo 
que la Ley se les aplica de forma sólo supletoria. Esta excepción pone de relieve el principal 
obstáculo en la clarificación normativa de estos entes, que no es otro que el desplazamiento 
del derecho común en beneficio de un derecho especial normalmente vinculado a una 
percepción propia de un sector de actividad, social o corporativo, que a través de la 
legislación específica logra dotarse de un marco jurídico más sensible a sus necesidades.
Con posterioridad a la Ley 6/1997, de 14 de abril, la descentralización funcional del 
Estado recuperó rápidamente su tendencia a la diversidad. En primer lugar, por la 
aprobación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. En ella se diseña el 
régimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector 
público estatal, aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública.
Desde otra perspectiva, basada en el análisis de la actividad que realizan los diferentes 
entes, el ordenamiento vigente ha regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la totalidad del denominado «sector público estatal», que está formado por 
tres sectores: Primero, el Sector Público administrativo, que está constituido por la 
Administración General del Estado; los organismos autónomos dependientes de la 
Administración General del Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social; los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos 
Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la 
Administración General del Estado pero forman parte del sector público estatal; las entidades 
estatales de derecho público y los consorcios, cuando sus actos estén sujetos directa o 
indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado, su actividad principal no 
consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios y no se financien BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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mayoritariamente con ingresos comerciales. Segundo, el Sector Público empresarial, que 
está constituido por las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración 
General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes 
de ella; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y las Entidades estatales de 
derecho público distintas de las comprendidas en el Sector Público administrativo y los 
consorcios no incluidos en él. Tercero, el Sector Público fundacional, constituido por las 
fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
El siguiente hito normativo fue la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que regula el 
denominado «patrimonio empresarial de la Administración General del Estado», formado por 
las entidades públicas empresariales, a las que se refiere el Capítulo III del Título III de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, las entidades de Derecho público cuyos ingresos provengan, al 
menos en un 50 por 100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades 
mercantiles estatales.
La preocupación por la idoneidad de los entes públicos y la voluntad de abordar su 
reforma condujo a la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales 
para la Mejora de los Servicios Públicos, mediante la que se creó este nuevo tipo de ente. El 
objetivo prioritario de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección 
y gestión de los nuevos organismos públicos, vinculando el sistema retributivo al logro de 
sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestión 
presupuestaria.
La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se han 
constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
autorizada en otra Ley.
El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente público, 
pero nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional quinta de la Ley autorizaba 
al Gobierno para transformar en Agencia los Organismos Públicos cuyos objetivos y 
actividades se ajustasen a su naturaleza, lo que implicaba el reconocimiento de la existencia 
de entidades que, por no cumplir este requisito, no precisarían transformación, y que 
permanecerían en su condición de Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales o entes con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposición adicional 
séptima ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos públicos de futura creación 
«con carácter general».
Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso 
después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy 
limitado, y porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de 
dotar a las agencias de mayor autonomía financiera.
Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al ámbito y categoría del 
sector público. Es el caso de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que diferencia entre el «Sector Público» y las «Administraciones Públicas», 
introduciendo el concepto de «poderes adjudicadores». Distinción igualmente recogida en el 
posterior Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, llevó a cabo una regulación 
propia y especial para los seis organismos reguladores existentes en esos momentos, con 
especial atención a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado. 
Posteriormente la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia integró en esta supervisión hasta siete preexistentes. Incluso 
nos encontramos con que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar dudas interpretativas, se remite a la 
definición del «sector público» «en el ámbito comunitario».
El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la situación de los entes 
instrumentales en dos direcciones: medidas concretas de racionalización del sector público 
estatal, fundacional y empresarial, que se han materializado en sucesivos Acuerdos de 
Consejo de Ministros, y en otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable a los 
mismos, que se materializa en la presente Ley, y de la que ya se habían dado pasos en la 
reciente Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, que modificó el régimen jurídico de los consorcios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer lugar, dos 
normas básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un lado, la obligatoriedad de 
inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector 
público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de 
identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este 
Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de 
organismos públicos y entidades existentes en cada momento. Y por otro lado, se obliga a 
todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus 
entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de 
transformación, mantenimiento o extinción.
Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece una nueva 
clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir 
de la entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los 
siguientes tipos: organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las 
entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades 
mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad 
jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta ahora vigente en el ámbito estatal y 
mejorarlo siguiendo las pautas que se explican a continuación.
En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos tipos 
de entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de eficacia de 
los entes públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de 
las funciones legalmente encomendadas al sector público.
En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación, 
propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en 
toda actuación pública, en lo que ha venido en denominarse la «huida del derecho 
administrativo». La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de 
control de la gestión de fondos públicos.
Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos y 
a su transformación y extinción, materias éstas que, por poco frecuentes, no habían 
demandado un régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales 
carencias de la Ley de Agencias: la ausencia de una verdadera evaluación externa a la 
entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir 
los objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de que no sea 
así.
De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del 
sector público estatal.
Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos 
en esta Ley.
Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la 
actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté 
adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico 
financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
Este sistema, que sigue las mejores prácticas del derecho comparado, permitirá evaluar 
de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad 
y su sostenibilidad futura. Así se evitará tener que reiterar en el futuro el exhaustivo análisis 
que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y 
que están en proceso de extinción.
Se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y servicios 
técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la 
normativa de contratos del sector público. Como novedad, la creación de un medio propio o 
su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una memoria 
de la intervención general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los 
criterios de rentabilidad económica, y que resulta una opción más eficiente que la 
contratación pública para disponer del servicio o suministro cuya provisión le corresponda, o 
que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia, como la seguridad 
pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas entidades deberán estar BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor seguridad jurídica. Estos requisitos 
se aplicarán tanto a los medios propios que se creen en el futuro como a los ya existentes, 
estableciéndose un plazo de seis meses para su adaptación.
Bajo la denominación de «organismos públicos», la Ley regula los organismos 
autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal.
Los organismos públicos se definen como aquéllos dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo 
público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización 
funcional o de independencia, y que son creados para la realización de actividades 
administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de 
bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de 
contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. Tienen personalidad 
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión 
y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines 
salvo la potestad expropiatoria.
Se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal, 
articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme 
a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el 
que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades.
En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los 
siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido 
mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación; 
justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los 
indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro 
lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para toda la 
Administración General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector público 
estatal como los de nueva creación aplicarán una gestión compartida de los servicios 
comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe a la 
norma de creación por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que 
deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
Por primera vez, se incluye para el sector público estatal un régimen de 
transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien 
mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su 
absorción por otro ya existente. La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria, 
aunque suponga modificación de la ley de creación. Se establece un mayor control para la 
transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del 
sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho 
administrativo, para lo que se exige la elaboración de una memoria que lo justifique y un 
informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado. En cambio, 
se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos, 
que están sometidos a controles más intensos.
Se regula, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción de 
organismos públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que 
destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios 
consecutivos, circunstancia que no opera de modo automático, al poder corregirse mediante 
un plan elaborado al efecto.
El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deberá 
designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como 
liquidador, cuya responsabilidad será directamente asumida por la Administración que le 
designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquél cuando hubiera causa legal 
para ello.
Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente, y tendrá 
lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Administración General del Estado, que sucederá a la entidad extinguida en todos sus 
derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación se producirá la extinción automática.
En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las 
siguientes categorías de entidades: organismos públicos, que comprende los organismos 
autónomos y las entidades públicas empresariales; las autoridades administrativas 
independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público 
estatal; los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos 
correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico-financiero, 
presupuestario, de contratación, y de personal. Los organismos autónomos desarrollan 
actividades derivadas de la propia Administración Pública, en calidad de organizaciones 
instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas 
empresariales, se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de 
actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés 
público, susceptibles de contraprestación. Las autoridades administrativas independientes, 
tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad económica, para cuyo desempeño deben estar dotadas de 
independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del 
Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. En atención a esta 
peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su normativa especial, y 
supletoriamente, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la presente 
Ley.
Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que la 
responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administración designados por 
la Administración General del Estado será asumida directamente por la Administración 
designante. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del 
administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o 
negligencia graves.
La Ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de 
un régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas, siguiendo la 
línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. La creación de 
un consorcio en el que participe la Administración General del Estado ha de estar prevista en 
una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de Ministros. El consorcio se constituye 
mediante el correspondiente convenio, al que habrán de acompañarse los estatutos, un plan 
de actuación de igual contenido que el de los organismos públicos y el informe preceptivo 
favorable del departamento competente en la Hacienda Pública o la intervención general que 
corresponda. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca 
en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión global de 
activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la 
continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. Su 
disolución es automática mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno del consorcio, 
que nombrará a un órgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado 
público que sea nombrado liquidador será asumida por la entidad o la Administración que lo 
designó, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la 
responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor 
presupuestario de los consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, 
contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos y por tanto se 
integrarán o, en su caso, acompañarán a los presupuestos de la Administración de 
adscripción en los términos previstos en su normativa.
Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, 
manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones. La creación de las fundaciones, o la adquisición de forma sobrevenida de esta 
forma jurídica, se efectuará por ley. Se deberá prever la posibilidad de que en el patrimonio 
de las fundaciones del sector público estatal pueda existir aportación del sector privado de 
forma no mayoritaria. Como novedad, se establece con carácter básico el régimen de 
adscripción pública de las fundaciones y del protectorado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad jurídica del 
sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un 
régimen jurídico, y que deberán crearse por ley.
VI
El Título III establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a nuevos principios rectores cuya última 
ratio se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, como la adecuación al sistema 
de distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación 
de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave 
de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, 
que es obligatoria. Sobre esta base se regulan los diferentes órganos y formas de cooperar y 
coordinar.
Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de naturaleza 
orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula por primera 
vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Dentro de 
las funciones de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas 
sobre anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de 
los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cuando afecten de manera 
directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté 
previsto en la normativa sectorial aplicable. Con ello se pretende potenciar la planificación 
conjunta y evitar la aparición de duplicidades.
Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones, que 
implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa 
materia en el sentido acordado, con la obligación de motivar su no seguimiento; y acuerdos, 
que podrán adoptar la forma de planes conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para 
todos los miembros no discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones 
de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo será obligatorio 
para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.
Se prevé el posible funcionamiento electrónico de estos órganos, lo que favorecerá las 
convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrán ser más frecuentes, ahorrando 
costes de desplazamiento.
Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y 
cooperación puede negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las 
técnicas de colaboración: la creación y mantenimiento de sistemas integrados de 
información; el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras 
Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en la 
Ley. No obstante, el deber de colaboración al que están sometidas las Administraciones 
Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la normativa específica aplicable.
Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con 
efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la 
información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento.
Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido 
desarrollando durante los últimos años, propiciando la creación voluntaria de servicios 
integrados o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las 
competencias de otras Administraciones Públicas y conozca sus proyectos de actuación 
para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo.
También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua, 
cada vez más integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias, la mención a 
la Administración de los Territorios Históricos del País Vasco, los Delegados del Gobierno en 
las Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura administrativa en las islas menores, las BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla, la adaptación de organismos públicos y 
entidades existentes, la gestión compartida de servicios comunes de los organismos 
públicos existentes, la transformación de los medios propios existentes, el Registro estatal 
de órganos e instrumentos de cooperación, la adaptación de los convenios vigentes, la 
Comisión sectorial de administración electrónica, la adaptación a los consorcios en los que 
participa el Estado, los conflictos de atribuciones intraministeriales, así como el régimen 
jurídico del Banco de España, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la organización militar, únicos cuyas peculiaridades justifican un tratamiento 
separado.
En las disposiciones transitorias se establece el régimen aplicable al sector público 
institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, así como las reglas aplicables a los 
procedimientos de elaboración de normas en curso.
En la disposición derogatoria única se recoge la normativa y las disposiciones de igual o 
inferior rango que quedan derogadas.
Entre las disposiciones finales se incluye la modificación de la regulación del Gobierno 
contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; también se modifica la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre; se establecen los títulos competenciales en base a los cuales se dicta la Ley, 
la habilitación para su desarrollo normativo; y la entrada en vigor, prevista para un año 
después de la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen una serie de 
trascendentes novedades. Así, se adecúa el régimen de los miembros del Gobierno a las 
previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. En cuanto al Presidente del Gobierno, a los 
Vicepresidentes y a los Ministros, se introducen mejoras técnicas sobre el procedimiento y 
formalidades del cese. En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se 
determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los 
medios materiales y personales que queden adscritos a dichos órganos.
Además de ello, se prevé excepcionalmente la asistencia de otros altos cargos al 
Consejo de Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta ahora solo se 
contemplaba respecto de los Secretarios de Estado.
Se flexibiliza el régimen de la suplencia de los miembros del Consejo de Ministros, ya 
que no se considerará ausencia la interrupción transitoria de la asistencia de los Ministros a 
las reuniones de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran 
corresponder al miembro del Gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente 
autoridad en rango presente.
El Real Decreto de creación de cada una de las Comisiones Delegadas del Gobierno 
deberá regular, además de otras cuestiones, el régimen interno de funcionamiento y, en 
particular, el de convocatorias y suplencias. De esta manera, se completa el régimen de 
tales órganos.
Se contempla asimismo una habilitación al Gobierno para que defina determinadas 
cuestiones, como son la regulación de las precedencias en los actos oficiales de los titulares 
de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, autonómicas, los 
Departamentos ministeriales y los órganos internos de estos, así como el régimen de los 
expresidentes del Gobierno.
De acuerdo con el propósito de que la tramitación telemática alcance todos los niveles 
del Gobierno, se prevé que el Ministro de la Presidencia pueda dictar instrucciones para la 
tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno que regulen la posible 
documentación de propuestas y acuerdos por medios electrónicos.
Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos que en la 
normativa actual: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado 
del Gobierno y Gabinetes del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los 
Ministros y de los Secretarios de Estado. La Ley introduce mejoras en el funcionamiento de 
estos órganos, en particular, atribuyendo a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios el análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del 
Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean 
sometidos a la Comisión por su Presidente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Se recogen también a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno como 
órgano de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, y se le encomiendan otras que están relacionadas con la tramitación 
administrativa de la sanción y promulgación real de las Leyes, la expedición de los Reales 
Decretos, la tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al 
Presidente del Gobierno o al Presidente del Congreso de los Diputados y la tramitación de 
los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del 
Presidente del Gobierno, entre otras.
En cuanto al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca como 
novedad la regulación de la posibilidad de avocar, a propuesta del Presidente del Gobierno, 
las competencias cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Por último, se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con dos finalidades.
En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios establecidos con carácter 
general para todas las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo y que 
entrañan la elaboración de un Plan Anual Normativo; la realización de una consulta pública 
con anterioridad a la redacción de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la 
Presidencia para asegurar la calidad normativa; y la evaluación ex post de las normas 
aprobadas.
Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better 
Regulation en la Unión Europea, siguen asimismo las recomendaciones que en esta materia 
ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su 
informe emitido en 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement». 
Es la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio de 2008 (A «Small 
Bussiness Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la de fijar fechas 
concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a las pequeñas y medianas 
empresas, propuesta que se incorpora a la normativa estatal y que contribuirá a incrementar 
la seguridad jurídica en nuestra actividad económica.
En segundo lugar, se extrae el artículo dedicado al control del Gobierno del Título V, en 
el que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a constituir uno específico con este 
exclusivo contenido, con una redacción mas acorde con la normativa reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 
público
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional 
para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 2.  Ámbito Subjetivo.
1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que 
específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el 
artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2.
Artículo 3.  Principios generales.
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan 
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos 
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada 
una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán 
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación 
de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que 
establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento 
de sus fines con personalidad jurídica única.
Artículo 4.  Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de 
una actividad.
1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de 
proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos 
en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de 
carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, 
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
CAPÍTULO II
De los órganos de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª De los órganos administrativos
Artículo 5.  Órganos administrativos.
1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a 
las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya 
actuación tenga carácter preceptivo.
2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito 
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos 
propios de las especialidades derivadas de su organización.
3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate 
y su dependencia jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes 
si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este 
objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no 
existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo 
territorio y población.
Artículo 6.  Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón 
de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de 
servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la 
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Artículo 7.  Órganos consultivos.
La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de 
autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los 
servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.
En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea 
orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los 
órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, 
actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sección 2.ª Competencia
Artículo 8.  Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la 
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se 
efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la 
suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los 
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de 
aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución 
de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el 
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes 
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si 
existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad 
para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.
Artículo 9.  Delegación de competencias.
1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de 
las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun 
cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades 
de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias 
deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano 
delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, 
por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate 
de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del 
superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien 
dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes 
Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el 
ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o 
dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y 
mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los 
órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este 
último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado 
o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del 
Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos 
objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia 
de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se 
ejerzan por delegación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 
procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la 
competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente 
procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya 
conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, 
para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse 
observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.
Artículo 10.  Avocación.
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios 
asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano 
delegante.
2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser 
notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o 
simultáneamente a la resolución final que se dicte.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, 
en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Artículo 11.  Encomiendas de gestión.
1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a 
otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 
contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de 
los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad 
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del 
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de 
la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección 
de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o 
Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse 
en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de 
formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su 
eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o 
en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales 
acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que 
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho 
Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los 
servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso 
Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
Artículo 12.  Delegación de firma.
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, 
que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de 
sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades 
administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su 
validez no será necesaria su publicación.
3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta 
circunstancia y la autoridad de procedencia.
Artículo 13.  Suplencia.
1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos 
administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por 
quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será 
necesaria su publicación.
3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente 
podrá efectuarse:
a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos 
Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o 
dependientes según corresponda.
b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de 
nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la 
suplencia.
4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta 
circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien 
efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
Artículo 14.  Decisiones sobre competencia.
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto 
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo 
notificar esta circunstancia a los interesados.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se 
encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las 
actuaciones al órgano competente.
Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de 
inhibición al que esté conociendo del asunto.
3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo.
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas
Subsección 1.ª Funcionamiento
Artículo 15.  Régimen.
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en 
la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones 
Públicas en que se integran.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de 
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus 
propias normas de funcionamiento.
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la 
Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de 
ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o 
de la propia naturaleza del órgano colegiado.
3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en 
el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, 
las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento.
Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este 
artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la 
Presidencia.
Artículo 16.  Secretario.
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio 
órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones 
del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los 
procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano 
colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.
Artículo 17.  Convocatorias y sesiones.
1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros 
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas 
se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre 
los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las 
videoconferencias.
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de 
sus miembros.
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente 
podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si 
asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la 
condición de portavoces.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos 
los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán 
constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo 
decidan todos sus miembros.
3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste 
no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda 
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir 
válidamente el órgano.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del 
órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del 
día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las 
condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los 
lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en 
la reunión.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 
el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, 
los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado 
y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de 
un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La 
certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste 
expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones 
por esta vía.
Artículo 18.  Actas.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad 
del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de 
la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella 
los puntos principales de las deliberaciones.
2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata 
siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a 
través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán 
manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su 
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado
Artículo 19.  Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y 
de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas 
en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Corresponderá a su Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, 
siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de 
los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si 
así lo establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 
órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será 
sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano 
colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 
en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en 
cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
3. Los miembros del órgano colegiado deberán:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden 
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes 
por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que 
desempeñan.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de 
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una 
norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, 
si los hubiera.
Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las 
organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros 
titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las 
reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.
Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra 
conflicto de interés.
4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas 
específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.
Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del 
órgano la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así 
como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, 
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener 
conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de 
su voto favorable.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de 
la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con 
posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de 
éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación 
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 20.  Requisitos para constituir órganos colegiados.
1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 
tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, 
propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la 
Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en 
sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su 
norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho 
órgano se cree, de los siguientes extremos:
a) Sus fines u objetivos.
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes 
miembros.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como 
cualquier otra que se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de 
creación.
Artículo 21.  Clasificación y composición de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
públicos, por su composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes 
Ministerios.
b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un 
solo Ministerio.
2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber 
representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten 
voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las 
Administraciones afectadas lo determine.
3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se 
determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros 
que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que 
concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos.
Artículo 22.  Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes 
competencias:
a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de 
base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la 
Administración General del Estado.
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá 
revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales 
cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para 
los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este 
carácter.
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los 
órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser 
creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus 
acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones 
de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a 
cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo 
previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha 
señalada al efecto.
Sección 4.ª Abstención y recusación
Artículo 23.  Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir 
en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo 
y en cualquier circunstancia o lugar.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda 
intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en 
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la 
invalidez de los actos en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará 
lugar a la responsabilidad que proceda.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 24.  Recusación.
1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en 
que se funda.
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él 
la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de 
recusación, acordará su sustitución acto seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres 
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de 
la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que 
ponga fin al procedimiento.
CAPÍTULO III
Principios de la potestad sancionadora
Artículo 25.  Principio de legalidad.
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya 
sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del 
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se 
trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos 
que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén 
vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público 
o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Artículo 26.  Irretroactividad.
1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de 
cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Artículo 27.  Principio de tipicidad.
1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento 
jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la 
Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse 
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley 
contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de 
aplicación analógica.
Artículo 28.  Responsabilidad.
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las 
personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, 
los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o 
culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción 
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la 
potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se 
determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de 
Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las 
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, 
cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función 
del grado de participación de cada responsable.
4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como 
infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones 
administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. 
Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del 
pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén 
vinculadas.
Artículo 29.  Principio de proporcionalidad.
1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso 
podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de 
las normas infringidas.
3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de 
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y 
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de 
la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano 
competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.
5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave 
cometida.
6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Artículo 30.  Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un 
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso.
Artículo 31.  Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en 
los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos 
hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano 
competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, 
deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
CAPÍTULO IV
De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Artículo 32.  Principios de la responsabilidad.
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo 
de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la 
indemnización.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como 
consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de 
derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los 
propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes 
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la 
Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en 
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad 
posteriormente declarada.
5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al 
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya 
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la 
actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción 
del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse 
todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el 
daño sufrido por los particulares.
6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o 
declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos 
desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.
7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración 
de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar 
cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la 
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de 
las cuestiones de inconstitucionalidad.
El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el 
Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la 
ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la 
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las 
especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
Artículo 33.  Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente 
Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de 
forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar 
la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del 
daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de 
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad 
será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para 
incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad 
concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de 
la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 
Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.
4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 
Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar 
a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas 
puedan exponer cuanto consideren procedente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 34.  Indemnización.
1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños 
que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del 
artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años 
anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de 
la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, 
salvo que la sentencia disponga otra cosa.
2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en 
la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en 
su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones 
corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la 
normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión 
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al 
procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, 
fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en 
el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas 
presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o 
ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el 
interesado.
Artículo 35.  Responsabilidad de Derecho Privado.
Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de 
derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de 
conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con 
sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de 
derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su 
responsabilidad.
Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas
Artículo 36.  Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los 
particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su 
servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, 
exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se 
ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de 
culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones 
públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás 
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando 
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los 
apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano 
competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes 
trámites:
a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente 
estime oportunas durante un plazo de quince días.
c) Audiencia durante un plazo de diez días.
d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la 
finalización del trámite de audiencia.
e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.
5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si 
procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Artículo 37.  Responsabilidad penal.
1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así 
como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la 
legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden 
jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
CAPÍTULO V
Funcionamiento electrónico del sector público
Artículo 38.  La sede electrónica.
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a 
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración 
Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el 
ejercicio de sus competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los 
que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación 
de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la 
sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado 
por los ciudadanos.
6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación 
segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web 
o medio equivalente.
Artículo 39.  Portal de internet.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad 
corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede 
electrónica correspondiente.
Artículo 40.  Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello 
electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos 
incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en 
su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos 
administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los 
expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada 
Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus 
sellos electrónicos.
2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se 
publique como propia en su portal de internet.
Artículo 41.  Actuación administrativa automatizada.
1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación 
realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el 
marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa 
un empleado público.
2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el 
órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del 
sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación.
Artículo 42.  Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.
En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada 
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes 
sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 
derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, 
organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, 
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el 
acceso a la sede electrónica correspondiente.
Artículo 43.  Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una 
Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando 
utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o 
empleado público.
2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe 
utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de 
trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de 
seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de 
identificación profesional del empleado público.
Artículo 44.  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de 
los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma 
Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá 
que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza 
de los datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y 
garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre 
aquellas.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones 
y la protección de los datos que se transmitan.
Artículo 45.  Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.
1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan 
firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de firma electrónica.
2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la 
firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas 
de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o 
cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, 
entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada 
electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico 
reconocido o cualificado.
Artículo 46.  Archivo electrónico de documentos.
1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán 
por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro 
cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos 
y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, 
que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de 
los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de 
los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo 
requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y 
sistemas utilizados.
Artículo 46 bis.  Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro 
de datos.
Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, 
procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros 
registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de 
los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de 
datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.
Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un 
tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una 
decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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CAPÍTULO VI
De los convenios
Artículo 47.  Definición y tipos de convenios.
1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar 
con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos 
concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos 
del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y 
las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, 
deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o 
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de 
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de 
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, 
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus 
respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de 
derecho público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional 
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones 
Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, 
que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.
Artículo 48.  Requisitos de validez y eficacia de los convenios.
1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y 
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los 
titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas 
entidades y organismos públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar 
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados 
de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos 
convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 
durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán 
ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica 
de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una 
Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.
8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán 
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se 
podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que 
corresponda a la otra Administración firmante.
9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de 
gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
Artículo 49.  Contenido de los convenios.
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al 
menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de 
las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de 
los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para 
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación 
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de 
sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta 
prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 50.  Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será 
necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su 
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en 
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán 
además de:
a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando el 
convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico 
que corresponda.
b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.
c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 
firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes.
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan 
aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar 
exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de 
sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de 
anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes 
presupuestos.
e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas, serán 
remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 51.  Extinción de los convenios.
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.
Artículo 52.  Efectos de la resolución de los convenios.
1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los 
mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes.
2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se 
entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción 
de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna 
de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que 
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado 
la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior , sin 
que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo 
de un mes a contar desde ese momento , el interés de demora aplicable al citado 
reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general 
reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la 
aprobación de la liquidación , deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que 
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de 
ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes 
del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites 
máximos.
Téngase en cuenta que se declaran contrarios al orden constitucional de competencias, en 
los términos del fundamento jurídico 8.b), los incisos destacados del apartado 2, por Sentencia 
del TC 132/2018, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-457
3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión 
de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del 
mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las 
mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 53.  Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos 
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse 
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad 
Autónoma, según corresponda.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización 
de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones, prórrogas o variaciones 
de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la 
extinción de los convenios indicados.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades 
del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización 
externos de las Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos, documentos y 
antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y 
cuantía.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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TÍTULO I
Administración General del Estado
CAPÍTULO I
Organización administrativa
Artículo 54.  Principios y competencias de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado.
1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 
principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y 
desconcentración funcional y territorial.
2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, 
procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley 
a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, 
corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 55.  Estructura de la Administración General del Estado.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de 
división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas 
por esta Ley.
2. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:
a) Órganos superiores:
1.º Los Ministros.
2.º Los Secretarios de Estado.
b) Órganos directivos:
1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
3.º Los Subdirectores generales.
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos 
directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán 
rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales 
tendrán nivel de Subdirector general.
5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los 
embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto 
los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo 
la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.
8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos 
directivos.
9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la 
organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y 
ejecución.
10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos 
superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y 
experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus 
funciones:
a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo 
competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.
Artículo 56.  Elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las 
estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de 
plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una 
jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más 
unidades menores.
2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto 
funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.
3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de 
trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un 
determinado órgano.
CAPÍTULO II
Los Ministerios y su estructura interna
Artículo 57.  Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en 
Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente 
homogéneos de actividad administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos 
superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, 
respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se 
adscriban directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo 
de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del 
Presidente del Gobierno.
Artículo 58.  Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para 
la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los 
órganos directivos que se les adscriban.
2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella 
una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este 
Título.
3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas 
funcionalmente homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la 
distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades 
que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo 
anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos 
directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Artículo 59.  Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, 
las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los 
anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen 
por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y 
suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 60.  Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.
1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos 
directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan 
jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector 
general.
Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales 
Técnicos tienen categoría de Director general.
Artículo 61.  Los Ministros.
Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, 
dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la 
responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes 
funciones:
a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar 
los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones 
presupuestarias correspondientes.
c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos 
de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de 
acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los 
órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la 
actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los 
Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la 
competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, 
así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de 
órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.
g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para altos cargos dependientes del Ministro.
h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las 
Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias 
atribuidas a su Departamento.
i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, 
impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones 
cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la 
autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y 
comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar 
las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones 
económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro 
Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias 
corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, 
las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste.
m)   Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo 
en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que 
deba representar al Departamento.
n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la 
Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.
ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos 
administrativos cuando les corresponda.
o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que 
corresponda según sus normas reguladoras.
p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del 
Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por 
los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.
q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del 
Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia 
esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de 
organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
Artículo 62.  Los Secretarios de Estado.
1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción 
del Gobierno en un sector de actividad específica.
Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la 
representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con 
proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones 
de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones 
Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los 
objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:
a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les 
atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las 
relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al 
Ministro.
b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, 
impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, 
controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e 
impartiendo instrucciones a sus titulares.
c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas 
competentes por razón de la materia.
e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la 
Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la 
disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no 
reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización 
cuando sea preceptiva.
h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la 
Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos 
directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, 
así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia 
propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los 
mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las 
obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos 
del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al 
efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.
Artículo 63.  Los Subsecretarios.
1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los 
servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes 
y, en todo caso, las siguientes:
a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a 
través del correspondiente asesoramiento técnico.
b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como 
determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, 
dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y 
métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los 
servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, 
planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como 
en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los 
sistemas de información y comunicación.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las 
funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad 
normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así 
como a los demás órganos del Ministerio.
En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de 
normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.
A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones 
correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de 
intervenir en el procedimiento.
h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General 
Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia 
propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, 
aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones 
económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro 
Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y 
siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del 
Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.
k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el 
arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios 
a cargo del Departamento.
l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al 
resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.
m)   Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy 
graves, salvo la separación del servicio.
o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión 
centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento 
Ministerial.
p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para altos cargos dependientes del Subsecretario.
q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la 
representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.
2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría 
General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios 
comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.
3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de 
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a 
que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de 
idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 64.  Los Secretarios generales.
1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de 
un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un 
sector de actividad administrativa determinado.
2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad 
de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como 
todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.
3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y 
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o 
del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia 
en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo 
caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 65.  Los Secretarios generales técnicos.
1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, 
tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de 
estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia 
jurídica y publicaciones.
2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director 
General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano 
por el artículo siguiente.
3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto 
del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de 
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a 
que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir 
los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 66.  Los Directores generales.
1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la 
gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les 
corresponde:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos 
establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean 
desconcentradas o delegadas.
c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la 
resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del 
órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes 
y del personal integrado en los mismos.
e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.
2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo 
de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de 
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a 
que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de 
estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la 
Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse 
mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen 
esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad 
establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado.
Artículo 67.  Los Subdirectores generales.
1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del 
Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos 
proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria 
de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que 
dependan.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de 
otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al 
Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Artículo 68.  Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.
1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos 
superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz 
cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y 
recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.
Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, 
la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y 
presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos 
humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia 
jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, 
control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las 
disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas 
funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que 
determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan 
dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.
3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los 
servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán 
algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un 
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos 
servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida 
de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y 
funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
CAPÍTULO III
Órganos territoriales
Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado
Artículo 69.  Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.
1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.
2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros 
acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto 
de Autonomía.
3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, 
existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del 
Delegado del Gobierno.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el 
volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo 
justifiquen.
Artículo 70.  Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de 
la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de 
puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el 
procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo A1.
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo 
exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Artículo 71.  Los servicios territoriales.
1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad 
Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios 
integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del 
Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del 
Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia 
para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades 
con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a 
órganos inferiores.
3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente 
sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos 
concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los 
servicios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su 
caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo 
con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente 
por razón de la materia.
Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 72.  Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la 
respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en 
las mismas a través de sus respectivos Presidentes.
2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del 
Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, 
internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la 
de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que 
dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio 
competente por razón de la materia.
4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del 
Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a 
criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos 
de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, 
será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al 
de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las 
que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General.
Artículo 73.  Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las 
correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este 
Capítulo, las siguientes competencias:
a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos 
públicos:
1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a 
través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, 
instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios.
2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de 
actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y 
coordinar su actividad.
3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de 
órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos 
estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.
b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:
1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma.
2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de 
información al ciudadano.
3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan 
de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito 
territorial.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos 
estatales en el ámbito autonómico.
c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:
1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales 
en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad 
Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración 
de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en 
relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la 
ejecución y cumplimiento de los mismos.
3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales 
de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se 
determine.
d) Control de legalidad:
1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y 
actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio 
competente por razón de la materia.
Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de 
recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los 
órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se 
tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular 
de dicho Departamento.
2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la 
Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el 
artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos 
impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al 
Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según 
corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones 
legalmente procedentes.
e) Políticas públicas:
1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime 
convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de 
ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y 
periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas 
precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia 
Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a 
los principios de eficacia y eficiencia.
3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir 
en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.
4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito 
territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, 
corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la 
utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la 
Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su 
ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, 
expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean 
desconcentradas o delegadas.
3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y 
de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado 
del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la 
dependencia funcional del Ministerio del Interior.
4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio 
de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos 
servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos 
humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto 
que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los 
servicios estatales en el territorio.
Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
Artículo 74.  Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la 
respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de 
Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre 
designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el 
Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados 
del Gobierno en las provincias.
Artículo 75.  Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la 
respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre 
la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les 
corresponde:
1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad 
Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.
2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en 
su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad 
ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, 
dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, 
de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios 
correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios 
administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les 
sea desconcentrada o delegada.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno
Artículo 76.  Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real 
Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y 
contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su 
caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, 
y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos 
otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.
2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios 
territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real 
Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del 
Ministerio competente del área de actividad.
Artículo 77.  Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno.
La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en 
relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía 
del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de 
acuerdo con su normativa específica.
Sección 5.ª Órganos colegiados
Artículo 78.  La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del 
Estado.
1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado 
es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado 
se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los 
distintos Departamentos ministeriales.
3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento.
Artículo 79.  Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del 
Gobierno.
1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión 
territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características:
a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e 
integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio 
de ésta.
b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, 
tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.
c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:
1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través 
del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con 
las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.
3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de 
las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los 
recursos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y 
asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.
2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al 
Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los 
titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el 
Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado 
anterior.
3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al 
Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los 
titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el 
Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado 
primero, referidas al ámbito provincial.
CAPÍTULO IV
De la Administración General del Estado en el exterior
Artículo 80.  El Servicio Exterior del Estado.
El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, 
organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
TÍTULO II
Organización y funcionamiento del sector público institucional
CAPÍTULO I
Del sector público institucional
Artículo 81.  Principios generales de actuación.
1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su 
actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en 
materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa 
presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.
2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión 
continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los 
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la 
formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración 
autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de 
aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 
134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
Artículo 82.  El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se 
configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la 
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica.
La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la 
Intervención General de la Administración del Estado.
2. El Inventario de Entidades del Sector Público contendrá, al menos, información 
actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, 
presupuestario y de control así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de 
cada una de las entidades integrantes del sector público institucional.
3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad 
integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será 
inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
Artículo 83.  Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local.
1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la 
intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la 
inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, 
transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que 
ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación 
justificativa que determina tal circunstancia.
2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector 
público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas:
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención 
general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su 
inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la 
norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor 
de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o 
enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia 
del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, 
como los Estatutos o el plan de actuación.
b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud de inscripción.
c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra 
identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte 
de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la 
inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local.
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal
Artículo 84.  Composición y clasificación del sector público institucional estatal.
1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado, los cuales se clasifican en:
1.º Organismos autónomos.
2.º Entidades Públicas Empresariales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios.
e) Las fundaciones del sector público.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público 
institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o 
privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza 
y régimen jurídico.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en 
organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los 
organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo 
de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, que les sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo 
que no esté previsto en su normativa específica.
Artículo 85.  Control de eficacia y supervisión continua.
1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al 
control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.
Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, 
en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas 
estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se 
revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de 
creación para el ejercicio siguiente.
2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a 
través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los 
objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los 
recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones 
anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se 
ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas 
desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del 
Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular 
verificará, al menos, lo siguiente:
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b) Su sostenibilidad financiera.
c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al 
incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el 
medio más idóneo para lograrlos.
Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la 
supervisión continua se determinarán reglamentariamente.
4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en 
consideración:
a) La información económico financiera disponible.
b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades 
sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.
c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos 
ministeriales.
Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto 
a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá 
contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del 
organismo público o entidad.
Artículo 86.  Medio propio y servicio técnico.
1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas 
medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y 
sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, 
además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector 
de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo 
de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, 
aplicando criterios de rentabilidad económica.
b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de 
disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la 
comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.
En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que 
tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio 
Propio» o su abreviatura «M.P.».
3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá acompañarse 
una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y deberá ser 
informada por la Intervención General de la Administración del Estado que vaya a declarar el 
medio propio y servicio técnico.
Artículo 87.  Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional 
estatal.
1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil 
estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la 
naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.
2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e 
integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada 
con sucesión universal de derechos y obligaciones.
La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas 
ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga 
modificación de la Ley de creación.
4. Cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en una 
entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector 
público, el Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir 
acompañado de la siguiente documentación:
a) Una memoria que incluya:
1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones 
manteniendo su naturaleza jurídica originaria.
2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la 
transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya 
desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente.
3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, 
parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la 
entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la 
transformación.
b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en 
el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará:
a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos 
que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica.
b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la 
Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función 
pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.
Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos 
y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por 
sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que 
prestase servicios en la entidad transformada.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas 
a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», 
debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las 
necesidades de la entidad donde se integren.
De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno 
de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.
CAPÍTULO III
De los organismos públicos estatales
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 88.  Definición y actividades propias.
Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del 
Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la 
realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de 
servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de 
contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones 
Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas 
características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de 
independencia.
Artículo 89.  Personalidad jurídica y potestades.
1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas 
precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo 
la potestad expropiatoria.
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos 
secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el 
marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico 
de dicho servicio.
Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de 
potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 90.  Estructura organizativa en el sector público estatal.
1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que 
se determinen en su respectivo Estatuto.
Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto 
puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas.
La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a 
conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.
2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de 
las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, 
de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y 
directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se 
sitúa a efectos de:
a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así 
como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del 
complemento de puesto y variable.
Artículo 91.  Creación de organismos públicos estatales.
1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.
2. La Ley de creación establecerá:
a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así 
como el Departamento de dependencia o vinculación.
b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de 
personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, 
exijan norma con rango de Ley.
3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de 
Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de 
actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
Artículo 92.  Contenido y efectos del plan de actuación.
1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder 
asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no 
supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad 
preexistente.
b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más 
eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.
c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos 
directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.
d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un 
estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista 
inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, 
atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a 
la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.
e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores 
para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, 
especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último 
caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e 
indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del 
organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de 
los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del 
personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de 
productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales.
2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan 
inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del 
correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del 
plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del 
año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y 
deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa 
presupuestaria. El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la 
programación estratégica del organismo.
La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa 
imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra 
decisión.
3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la 
página web del organismo público al que corresponda.
Artículo 93.  Contenido de los estatutos.
1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades 
administrativas que pueda ostentar.
b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, 
funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo 
se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos.
d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible 
para la consecución de los fines asignados.
2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo 
de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 
del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en 
funcionamiento efectivo del organismo público.
Artículo 94.  Fusión de organismos públicos estatales.
1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse 
bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su 
extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.
2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga 
modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo 
organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 
sobre requisitos de creación de organismos públicos.
3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento 
para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos 
resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará 
la fusión.
Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero 
se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y 
derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que 
ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con 
contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según 
corresponda.
La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la 
fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.
El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de 
la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos 
fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según 
corresponda al tipo de fusión.
4. La aprobación de la norma de fusión conllevará:
a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, 
incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el 
plan de redimensionamiento.
b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la 
Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la 
fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en 
la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte 
aplicable.
Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los 
derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de 
aplicación.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas 
a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», 
debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las 
necesidades del organismos donde se integren.
Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición 
de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos 
fusionados.
De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la 
masa salarial en los organismos públicos afectados.
c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los 
organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en 
el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos 
sus derechos y obligaciones.
La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá 
ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y 
derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin 
personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público 
resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un 
liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 97.
La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de 
la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin 
perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación 
de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de 
la Administración del Estado.
Artículo 95.  Gestión compartida de servicios comunes.
1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la 
gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no 
compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos 
de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la 
organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma 
autónoma en atención a la independencia del organismo.
La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el 
Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un 
organismo público vinculado o dependiente del mismo.
2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los 
siguientes:
a) Gestión de bienes inmuebles.
b) Sistemas de información y comunicación.
c) Asistencia jurídica.
d) Contabilidad y gestión financiera.
e) Publicaciones.
f) Contratación pública.
Artículo 96.  Disolución de organismos públicos estatales.
1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:
a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la 
Administración General del Estado.
c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la 
pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de 
eficacia.
d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines 
que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo 
para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.
e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios 
presupuestarios consecutivos.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su 
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para 
los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en 
la existencia de resultados brutos negativos de explotación en dos ejercicios contables 
consecutivos.
f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
g) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento 
determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.
2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas 
en las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección 
del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos 
meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público 
quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los 
estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el 
párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, 
en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal 
que asumirá las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin 
que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará 
automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente 
necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la letra e) 
del apartado 1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo 
de dos meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la 
Administración General del Estado.
En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo 
anterior, el organismo público, previo informe de la Intervención General de la Administración 
del Estado deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte del 
mencionado plan de corrección, la Administración General del Estado podrá realizar 
aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.
El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en 
el siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el 
titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del 
departamento de adscripción en los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo 
mencionado. Recibida la comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2, salvo que el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
decida prorrogar la duración del plan de corrección. Si transcurre el citado plazo de cinco 
días sin que se haya producido dicha comunicación, el organismo público quedará 
automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente 
necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Téngase en cuenta que lo previsto en los apartados 1 e) y 3 no será de aplicación para las 
cuentas anuales aprobadas durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, según establece la 
disposición adicional 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Ref. BOE-A-2020-4705
Artículo 97.  Liquidación y extinción de organismos públicos estatales.
1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos 
los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá 
automáticamente iniciada la liquidación.
2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de 
todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que 
le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad 
designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la 
Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del 
activo y del pasivo del organismo público liquidado.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad 
u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General 
del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al 
empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido 
por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido 
dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en 
materia de responsabilidad patrimonial.
3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas 
las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de 
carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en 
su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y 
pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las 
obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones 
jurídicas.
4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática.
Sección 2.ª Organismos autónomos estatales
Artículo 98.  Definición.
1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad 
jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan 
actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés 
público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales 
diferenciadas y dependientes de ésta.
2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la 
que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el 
control de eficacia.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga 
la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la 
indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
Artículo 99.  Régimen jurídico.
Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de 
creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general 
y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el 
derecho común.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 100.  Régimen jurídico del personal y de contratación.
1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se 
regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los 
funcionarios públicos y por la normativa laboral.
El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá 
por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de 
gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.
El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos 
humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle 
a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen 
específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.
2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección 
del organismo autónomo será el órgano de contratación.
Artículo 101.  Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio 
propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y 
derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del 
Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será 
ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre.
2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las 
siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos 
generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o 
entidades públicas.
e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares.
f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por 
las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.
Artículo 102.  Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, 
de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal
Artículo 103.  Definición.
1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con 
personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian 
mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades 
administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de 
producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del 
Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le 
corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el 
control de eficacia.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga 
naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la 
indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 104.  Régimen jurídico.
Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la 
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas 
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta 
Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y 
el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.
Artículo 105.  Ejercicio de potestades administrativas.
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo 
pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne 
expresamente esta facultad.
2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas 
empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la 
Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se 
fijen, en cada caso, en sus estatutos.
Artículo 106.  Régimen jurídico del personal y de contratación.
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, 
con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los 
funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo 
previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios 
públicos o por la normativa laboral.
2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las 
siguientes reglas:
a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será 
nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, 
atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión 
pública o privada.
b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal 
directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad 
adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión 
de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.
5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las 
condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, 
podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que 
a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan 
legalmente atribuidas los Organismos autónomos.
6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones 
contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 107.  Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un 
patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de 
bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del 
Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será 
ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se 
deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades 
comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle 
atribuido.
Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los 
recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado.
b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.
c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares.
3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de 
mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando 
tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo 
de Cuentas.
A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades 
públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas 
Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, 
Autonómico y Local.
Artículo 108.  Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
CAPÍTULO IV
Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
Artículo 109.  Definición.
1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de 
derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad 
jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo 
sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de 
independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del 
Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su 
actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés 
empresarial o comercial.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la 
naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su 
denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura 
«A.A.I.».
Artículo 110.  Régimen jurídico.
1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus 
estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, 
supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto 
en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.
2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de 
sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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CAPÍTULO V
De las sociedades mercantiles estatales
Artículo 111.  Definición.
1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se 
ejerce control estatal:
a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General 
del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran 
el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea 
superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las 
participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las 
entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital 
social participen varias de ellas.
b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el 
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la 
Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de 
estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su 
abreviatura «S.M.E.».
Artículo 112.  Principios rectores.
La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público 
institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, 
perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades 
mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados 
a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que 
ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme 
prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 113.  Régimen jurídico.
Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo 
previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo 
en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de 
personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán 
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que 
excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 114.  Creación y extinción.
1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de 
forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá 
ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al 
menos:
a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas 
funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos 
efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o 
entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las 
razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades 
existentes.
b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a 
la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan 
descartado.
c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.
Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe 
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Intervención General de la Administración del Estado, según se determine 
reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que 
servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de 
actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se 
subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban 
realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.
2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la 
Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público 
institucional estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad 
u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General 
del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la 
responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia 
grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad 
patrimonial.
Artículo 115.  Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de 
administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración 
General del Estado.
1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del 
consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del 
Estado que lo designó.
2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que 
designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera 
incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera 
concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Artículo 116.  Tutela.
1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad 
anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias 
guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la 
misma.
2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad.
3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto 
a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las 
mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y 
Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos 
financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo 
capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo 
público que sea titular de su capital.
4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que 
corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen 
determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución.
5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación 
de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la 
instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la 
modificación correspondiente.
6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido 
estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la 
responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del 
cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.
Artículo 117.  Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de 
personal.
1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de 
explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se 
integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal 
del plan de creación a que se refiere el artículo 85.
2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo 
con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan 
General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.
3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión 
económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de 
la Intervención General de la Administración del Estado.
4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición 
de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de 
aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre 
las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado.
CAPÍTULO VI
De los consorcios
Artículo 118.  Definición y actividades propias.
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del 
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el 
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus 
competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión 
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco 
de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones 
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por 
España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación 
«consorcio» o su abreviatura «C».
Artículo 119.  Régimen jurídico.
1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica 
de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus 
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se 
estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, 
que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los 
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 120.  Régimen de adscripción.
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que 
estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y 
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará 
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración 
Pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal 
directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa 
especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la 
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 
patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines 
definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al 
desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no 
tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo 
con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere 
su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a 
seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se 
produjo el cambio de adscripción.
Artículo 121.  Régimen de personal.
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de 
proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el 
de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán 
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones 
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente 
de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa 
de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
Artículo 122.  Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y 
patrimonial.
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control 
de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones 
consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales 
existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de 
todas las aportaciones realizadas.
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será 
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el 
consorcio.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta 
general de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a 
la que estén adscritos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 123.  Creación.
1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, 
organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
a) Que su creación se autorice por ley.
b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La 
competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y 
corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los 
organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo 
informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe 
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio 
suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 124.  Contenido de los estatutos.
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará 
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
a) Sede, objeto, fines y funciones.
b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus 
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que 
limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los 
compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al 
aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con 
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, 
con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que 
contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación 
de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan 
manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere 
a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.
d) Causas de disolución.
Artículo 125.  Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un 
consorcio.
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre 
que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros 
podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio 
hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que 
impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de 
realizar aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que 
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo 
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el 
incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la 
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado 
para cumplir tras el requerimiento.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 126.  Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el 
resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su 
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o 
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio 
se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de 
separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo 
resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el 
criterio de reparto dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera 
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se 
tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio 
que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida 
cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por 
no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su 
caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la 
cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y 
condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación 
si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de 
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, 
si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la 
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el 
consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos 
públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, 
en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
Artículo 127.  Disolución del consorcio.
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será 
causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución 
nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la 
Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad 
u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública 
que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en 
su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a 
lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del 
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los 
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le 
corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta 
que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las 
aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del 
mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio 
no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la 
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha 
pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la 
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los 
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y 
pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de 
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se 
extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del 
consorcio cedente.
CAPÍTULO VII
De las fundaciones del sector público estatal
Artículo 128.  Definición y actividades propias.
1. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los 
requisitos siguientes:
a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del 
sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su 
constitución.
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por 
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público 
institucional estatal con carácter permanente.
c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del 
sector público institucional estatal.
2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, 
sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de 
que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las 
entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines 
de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo 
previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.
En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar 
necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.».
3. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe 
haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público 
pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.
Artículo 129.  Régimen de adscripción de las fundaciones.
1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que 
estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, 
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector 
público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la 
Administración Pública que:
a) Disponga de mayoría de patronos.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal 
directivo.
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.
e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la 
actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 
patrimonial como la financiación concedida cada año.
f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de 
lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de 
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, 
conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a 
tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se 
produjo el cambio de adscripción.
Artículo 130.  Régimen jurídico.
Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte 
aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las 
materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
económico-financiero y de contratación del sector público.
Artículo 131.  Régimen de contratación.
La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto 
en la legislación sobre contratación del sector público.
Artículo 132.  Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y 
de personal.
1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de 
explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán 
y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos 
en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones.
2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, 
económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán 
sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.
3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga 
condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean 
de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las 
mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 133.  Creación de fundaciones del sector público estatal.
1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este 
carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación 
y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se 
eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del 
plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto con el informe 
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la 
Intervención General de la Administración del Estado, según se determine 
reglamentariamente.
3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real 
Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estará 
determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá 
modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación.
Artículo 134.  Protectorado.
El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la 
Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin 
perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley.
Artículo 135.  Estructura organizativa.
En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán 
designados por los sujetos del sector público estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato 
será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo 
designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público 
que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y 
perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o 
negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de 
responsabilidad patrimonial.
Artículo 136.  Fusión, disolución, liquidación y extinción.
A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el régimen de 
fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.
CAPÍTULO VIII
De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal
Artículo 137.  Creación y extinción.
1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se 
efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la 
Administración General del Estado.
2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango 
reglamentario.
3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar 
necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura 
«F.C.P.J».
Artículo 138.  Régimen jurídico.
Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en 
su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sea de aplicación.
Artículo 139.  Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.
Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de 
presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
TÍTULO III
Relaciones interadministrativas
CAPÍTULO I
Principios generales de las relaciones interadministrativas
Artículo 140.  Principios de las relaciones interadministrativas.
1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras 
Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo 
con los siguientes principios:
a) Lealtad institucional.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y 
en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.
c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones 
Públicas para el logro de fines comunes.
d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en 
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción 
común.
e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la 
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las 
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia 
para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto 
del ordenamiento jurídico.
f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos 
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor 
aprovechamiento.
g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos.
h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus 
relaciones con las diferentes Administraciones.
i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la Administración General 
del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que 
integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen 
local.
CAPÍTULO II
Deber de colaboración
Artículo 141.  Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses 
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras 
Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad 
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que 
los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran 
solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
e) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las 
restantes que se establezcan normativamente.
2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo 
público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo 
previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, 
de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al 
cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter 
confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a 
la Administración solicitante.
3. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de 
las Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que 
hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los 
posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando 
así se acuerde.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 142.  Técnicas de colaboración.
Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través 
de las siguientes técnicas:
a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a 
disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la 
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa 
con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los 
diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.
c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras 
Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los 
efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial.
d) Cualquier otra prevista en una Ley.
CAPÍTULO III
Relaciones de cooperación
Sección 1.ª Técnicas de cooperación
Artículo 143.  Cooperación entre Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de 
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este 
principio.
2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las 
partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.
Artículo 144.  Técnicas de Cooperación.
1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas 
que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser:
a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, 
acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes 
Administraciones Públicas.
b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades 
dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras 
Administraciones Públicas.
e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa 
reguladora de una determinada materia.
f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes 
Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus 
competencias.
g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de 
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
h) Cualquier otra prevista en la Ley.
2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las 
condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los 
órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación
Artículo 145.  Órganos de cooperación.
1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de 
ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su 
caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el 
ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene.
2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por las 
disposiciones específicas que les sean de aplicación.
3. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que 
participe la Administración General del Estado, deberán inscribirse en el Registro estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva.
4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar 
acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, 
por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los términos que se establezcan de 
común acuerdo.
Artículo 146.  Conferencia de Presidentes.
1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el 
Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está 
formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la 
adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, estando 
asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman 
parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad 
Autónoma.
Artículo 147.  Conferencias Sectoriales.
1. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y 
ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en 
representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la 
materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación 
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra 
denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.
3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y 
funcionamiento interno aprobado por sus miembros.
Artículo 148.  Funciones de las Conferencias Sectoriales.
1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de 
coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.
2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes 
funciones:
a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del 
Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas 
cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones 
Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su 
pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto.
b) Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la 
materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución 
de una mejor eficiencia de los servicios públicos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas 
Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las 
otras Administraciones.
d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido 
estadístico.
e) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo.
f) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los 
créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Artículo 149.  Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales.
1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria 
de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al 
menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la 
propuesta de orden del día.
2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la 
suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que 
puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la 
Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será 
propuesto por el Presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de 
coordinación de cada uno de los asuntos a tratar.
3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de 
informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos 
podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la 
intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo 
electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno 
de la conferencia sectorial.
De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas 
podrá realizarse a través de medios electrónicos.
Artículo 150.  Secretaría de las Conferencias Sectoriales.
1. Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por el Presidente 
de la Conferencia Sectorial.
2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes 
funciones:
a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del 
Presidente.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y, por 
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 
escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y 
custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario.
Artículo 151.  Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.
1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la 
Conferencia Sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada 
Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas.
2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de:
a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas 
competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos 
con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta.
Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de 
acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material 
respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los 
votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las 
Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del 
sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio. El acuerdo será certificado en acta.
Las Conferencias Sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral, 
entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, para 
comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que 
tendrán la naturaleza de Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado».
El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los 
siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria:
1.º Los objetivos de interés común a cumplir.
2.º Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
3.º Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
4.º Los compromisos de aportación de recursos financieros.
5.º La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.
b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial 
sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia Sectorial se 
comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la 
Recomendación salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con 
posterioridad. Si algún miembro se aparta de la Recomendación, deberá motivarlo e 
incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente.
Artículo 152.  Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo.
1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la 
Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano superior de 
la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, 
que la presidirá, y un representante de cada Comunidad Autónoma, así como un 
representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones 
propias de la secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del 
Ministerio correspondiente.
Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, 
las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por 
medios telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la 
unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los 
acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial.
2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:
a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los 
asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.
c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos.
d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial.
3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter permanente 
o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de 
las diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar 
a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A 
estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a 
tratar.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General 
del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la 
participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con 
el fin de recabar propuestas o formular consultas.
Artículo 153.  Comisiones Bilaterales de Cooperación.
1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de 
composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del 
Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o 
de la Ciudad de Melilla.
2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y adopción 
de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas 
Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la 
Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla.
3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de Cooperación podrán 
crear Grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por 
medios electrónicos.
4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la 
forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, 
para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta.
5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, 
de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los Estatutos de 
Autonomía en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales.
Artículo 154.  Comisiones Territoriales de Coordinación.
1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo 
requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición 
multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para 
mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la 
eficiencia y calidad de los servicios. En función de las Administraciones afectadas por razón 
de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por:
a) Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las 
Entidades Locales.
b) Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades 
locales.
c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las 
Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales.
2. La decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la 
forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las 
Administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio.
3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para 
las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién 
debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de 
funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Relaciones electrónicas entre las Administraciones
Artículo 155.  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su 
normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes 
Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, 
especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para 
acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
2. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines 
incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales. De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679, no se 
considerará incompatible con los fines iniciales el tratamiento ulterior de los datos personales 
con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos.
3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior y siempre que las leyes especiales 
aplicables a los respectivos tratamientos no prohíban expresamente el tratamiento ulterior de 
los datos para una finalidad distinta, cuando la Administración Pública cesionaria de los 
datos pretenda el tratamiento ulterior de los mismos para una finalidad que estime 
compatible con el fin inicial, deberá comunicarlo previamente a la Administración Pública 
cedente a los efectos de que esta pueda comprobar dicha compatibilidad. La Administración 
Pública cedente podrá, en el plazo de diez días oponerse motivadamente. Cuando la 
Administración cedente sea la Administración General del Estado podrá en este supuesto, 
excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de 
seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su 
preservación. En tanto que la Administración Pública cedente no comunique su decisión a la 
cesionaria esta no podrá emplear los datos para la nueva finalidad pretendida.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos en que el tratamiento 
para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales esté previsto en 
una norma con rango de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del 
Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 156.  Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, 
de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 
Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad.
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad 
en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido 
por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad 
de la información tratada.
Artículo 157.  Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.
1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las 
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de 
cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que 
estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones 
cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación 
de las aplicaciones cedidas.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como 
de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento 
de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la 
Sociedad de la información.
3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al 
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con 
medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en 
el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, 
si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre 
que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración 
General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del 
resto de Administraciones.
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla 
se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 158.  Transferencia de tecnología entre Administraciones.
1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones 
para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio 
general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su 
compatibilidad informática e interconexión.
2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de 
aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e 
impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los 
esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.
Disposición adicional primera.  Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
segundo, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones Forales y las 
Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas.
Disposición adicional segunda.  Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla.
1. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que 
representará al Gobierno de la Nación en su territorio.
2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia a los 
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán entender también 
referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
3. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado 
del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los 
responsables de los servicios territoriales. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los 
órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado del 
Gobierno considere oportuno.
Disposición adicional tercera.  Relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla.
Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado 
y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones 
con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las 
competencias estatutariamente asumidas.
Disposición adicional cuarta.  Adaptación de entidades y organismos públicos existentes 
en el ámbito estatal.
Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal 
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido 
de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta 
que se realice la adaptación por su normativa específica.
La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y 
entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control 
económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, incluyendo, respecto a 
estas últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las 
especialidades se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio financiero en 
el momento de su adaptación.
Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador, preservarán esta 
especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria.
Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la 
economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones las 
especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria.
Disposición adicional quinta.  Gestión compartida de servicios comunes de los organismos 
públicos estatales existentes.
1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la entrada en vigor de 
esta ley compartirán la organización y gestión de sus servicios comunes salvo que la 
decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se 
dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de eficiencia, 
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en razones de seguridad 
nacional, o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban 
prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo público.
2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que se refiere el 
artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias en materia de 
Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo.
b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o del que 
dependa el organismo público.
c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté vinculado o del que 
dependa a su vez el organismo público.
Disposición adicional sexta.  Transformación de los medios propios estatales existentes.
Todas las entidades y organismos públicos que en el momento de la entrada en vigor de 
esta Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal deberán adaptarse a lo 
previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.
Disposición adicional séptima.  Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación.
1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico 
de los órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos 
o entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de 
Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas.
2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la 
suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la 
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades 
vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya 
suscrito, en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de 
cooperación deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos 
de cooperación que hayan extinguido.
4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo 
de Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así 
como sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis 
meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este 
Registro.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años 
desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley 
quedarán extinguidos.
Disposición adicional octava.  Adaptación de los convenios vigentes suscritos por 
cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a 
lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia 
del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los 
convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran 
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor 
de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar 
desde la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier 
Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el momento 
de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha 
entrada en vigor.
Disposición adicional novena.  Comisión Sectorial de administración electrónica.
1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia 
Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica.
2. La Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las 
siguientes funciones:
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones 
empleados por las Administraciones Públicas.
b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar 
información administrativa clara, actualizada e inequívoca.
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las 
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a 
participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial.
Disposición adicional décima.  Aportaciones a los consorcios.
Cuando las Administraciones Públicas o cualquiera de sus organismos públicos o 
entidades vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados 
a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan 
comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no 
hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios 
anteriores a las que estén obligados.
Disposición adicional undécima.  Conflictos de atribuciones intraministeriales.
1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo 
Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin que 
quepa recurso alguno.
2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá de 
inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de 
diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano 
requirente. En caso de considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al 
superior jerárquico común.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente remitirá 
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, quien decidirá en el plazo 
de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitirá acto seguido 
el expediente con su informe al superior jerárquico común.
4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14.
Disposición adicional duodécima.  Régimen Jurídico de las Autoridades Portuarias y 
Puertos del Estado.
Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación específica, 
por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de aplicación y, 
supletoriamente, por lo establecido en esta Ley.
Disposición adicional decimotercera.  Régimen jurídico de las Entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social.
1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades que 
conforme a la Ley integran la Administración de la Seguridad Social, les será de aplicación 
las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el 
párrafo siguiente.
2. El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, 
de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido por su 
legislación específica, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en 
las materias que sea de aplicación, y supletoriamente por esta Ley.
Disposición adicional decimocuarta.  La organización militar y las Delegaciones de 
Defensa.
1. La organización militar se rige por su legislación específica y por las bases 
establecidas en la ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de Defensa y 
se regirán por su normativa específica.
Disposición adicional decimoquinta.  Personal militar de las Fuerzas Armadas y del 
Centro Nacional de Inteligencia.
Las referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley se realizan a los 
funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al personal militar de 
las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a 
aquélla.
Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal del Centro 
Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su normativa estatutaria.
Disposición adicional decimosexta.  Servicios territoriales integrados en las Delegaciones 
del Gobierno.
Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen integrados 
en las Delegaciones del Gobierno continuarán en esta situación, siendo aplicable a los 
mismos lo previsto en la presente Ley.
Disposición adicional decimoséptima.  Régimen jurídico de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su legislación específica y 
únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica 
por lo previsto en esta Ley.
El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se regirán 
en todo caso por su legislación específica.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición adicional decimoctava.  Régimen jurídico del Centro Nacional de Inteligencia.
La actuación administrativa de los órganos competentes del Centro Nacional de 
Inteligencia se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo no previsto en ella, en 
cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones propias, por lo dispuesto en la presente 
Ley.
Disposición adicional decimonovena.  Régimen jurídico del Banco de España.
El Banco de España en su condición de banco central nacional se regirá, en primer 
término, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los 
Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 y la Ley 13/1994, 
de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su naturaleza y 
funciones será de aplicación lo previsto en la presente Ley.
Disposición adicional vigésima.  Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá la consideración de autoridad 
administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Disposición adicional vigesimoprimera.  Órganos Colegiados de Gobierno.
Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de 
aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las 
Entidades Locales.
Disposición adicional vigesimosegunda.  Actuación administrativa de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, 
del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal 
de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor 
del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios 
que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.
Disposición transitoria primera.  Composición y clasificación del sector público 
institucional.
La composición y clasificación del sector público institucional estatal prevista en el 
artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes del 
sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a los que 
se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.
Disposición transitoria segunda.  Entidades y organismos públicos existentes.
1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público estatal en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su normativa 
específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta su 
adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
cuarta.
2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica:
a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley 
y desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el Capítulo I del Título II, el 
régimen de control previsto en el artículo 85 y 92.2, y lo dispuesto en los 
artículos 87, 94, 96, 97 si se transformaran fusionaran, disolvieran o liquidaran tras la 
entrada en vigor de esta Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin 
personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley aplicarán 
desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo VII 
y Capítulo VIII del Título II.
Disposición transitoria tercera.  Procedimientos de elaboración de normas en la 
Administración General del Estado.
Los procedimientos de elaboración de normas que se hallaren en tramitación en la 
Administración General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarán de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en 
la disposición final novena.
Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a los expedientes de 
contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición. A estos 
efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera 
publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 
En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se 
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial:
a) El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.
b) El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
c) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.
d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
e) Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos.
f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
g) El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda y la 
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.
h) Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.
Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el 
plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en 
vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional.
El apartado uno del artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, quedará redactado en la forma siguiente:
«Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido 
por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos 
los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al 
Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del 
Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes 
a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.
Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y 
culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos de 
los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos 
en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio 
Nacional.
El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración 
serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de 
Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
Uno. Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta, renumerándose 
los apartados tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres tendrá la siguiente redacción:
«Tres. Consejo General.
1. El Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General, que tendrá 
a su cargo la superior dirección de su administración y gestión.
2. El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será 
también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, 
el Vicesecretario del mismo.
Todos los integrantes del Consejo General actuarán siempre en interés del 
Instituto de Crédito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del 
Consejo General.
3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde al 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que 
los designará entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el 
ámbito de actividad del Instituto de Crédito Oficial.
4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo serán independientes. A tal efecto, se 
entenderá independiente aquél que no sea personal al servicio del Sector Público.
5. El mandato de los vocales independientes será de tres años, tras el cual cabrá 
una sola reelección.
Reglamentariamente se establecerán las causas de cese de dichos Vocales, así 
como el régimen jurídico al que quedan sometidos los integrantes del Consejo 
General.
6. Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos 
exclusivamente para la adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras de 
activo y pasivo propias del negocio del Instituto.»
Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición transitoria quinta.  Operaciones y atribuciones vigentes.
La modificación de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995, 
de 28 de diciembre, introducida por la disposición final segunda de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no afectará al régimen de 
las operaciones del Instituto de Crédito Oficial actualmente en vigor, sin que por ello 
se modifiquen los términos y condiciones de los contratos y convenios suscritos.
Adicionalmente, se mantendrán las atribuciones, poderes y delegaciones 
conferidas por el Consejo General en otras autoridades y órganos del Instituto de 
Crédito Oficial hasta que el Consejo General decida, en su caso, su revisión.
Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formasen 
parte del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial continuarán en el ejercicio 
de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de sucederles.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en los siguientes 
términos:
Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir 
Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas 
funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real 
Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, 
así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.»
Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5.  Del Consejo de Ministros.
1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde 
el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en 
su caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su 
aplicación provisional.
e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos 
previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los 
Diputados la declaración del estado de sitio.
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido 
autorizado por una Ley.
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo 
dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias 
que procedan.
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos 
Ministeriales.
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de 
la Administración General del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y 
cualquier otra disposición.
2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de 
Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.»
Tres. El apartado segundo del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, 
en todo caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la 
integran.
c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.
e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y 
suplencias.»
Cuatro. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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«2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. 
Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del 
Presidente.»
Cinco. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8.  De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará 
integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de 
los distintos Departamentos Ministeriales.
Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con 
rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el 
Presidente por razón de la materia de que se trate.
2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al 
Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la 
presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia 
de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción 
transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones 
que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad 
en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos 
Departamentos ministeriales.
3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del 
Secretariado del Gobierno.
4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar 
decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.
5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios:
a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del 
Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de 
los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente 
y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de 
Ministros.
b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del 
Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y 
sean sometidos a la Comisión por su presidente.»
Seis. Se modifica el artículo 9 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 9.  Del Secretariado del Gobierno.
1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, 
de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:
a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos 
colegiados anteriormente enumerados.
c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno.
d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las 
reuniones.
e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a 
las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las 
disposiciones aprobadas por el Gobierno.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas 
del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro 
de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:
a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas 
por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.
b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde 
al Presidente del Gobierno.
c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico 
atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.
3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio 
de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese 
Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de 
la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las 
normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el 
Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de 
las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los 
órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de 
este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las 
propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la 
identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.»
Siete. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«10. De los Gabinetes.
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del 
Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. 
Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento 
especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que 
correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de 
las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a 
órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores 
de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la 
unidad que dirigen.
Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y 
Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las 
tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la 
organización administrativa.
El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del 
Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. 
El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley.
2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine 
reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado 
administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el 
Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al 
efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General 
del Estado.»
Ocho. Se modifica el artículo 11 con la siguiente redacción:
«Artículo 11.  De los requisitos de acceso al cargo.
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar 
de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para 
ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.»
Nueve. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12.  Del nombramiento y cese.
1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los 
términos previstos en la Constitución.
2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a 
propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el 
puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los 
Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del 
Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de 
Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo 
titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de 
dichos órganos.
3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la 
extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro 
vicepresidente en sustitución del separado.
4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes 
del Gobierno tras su cese.»
Diez. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13.  De la suplencia.
1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente 
del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el 
correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el 
orden de precedencia de los Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su 
competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 
debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto 
expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.
3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la 
reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran 
corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la 
siguiente autoridad en rango presente.»
Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 20.  Delegación y avocación de competencias.
1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de 
los Ministros.
b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios 
dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.
2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las 
funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del 
Gobierno.
3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al 
Consejo de Ministros.
c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción 
prevista en el apartado 2 de este artículo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.
4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del 
Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.
La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará 
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra 
el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en 
su caso, se interponga contra la decisión adoptada.»
Doce. El Título V queda redactado del siguiente modo:
«TÍTULO V
De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
Artículo 22.  Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del 
Gobierno.
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con 
los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
presente Título.
Artículo 23.  Disposiciones de entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones 
de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta 
corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a 
las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o 
profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su 
vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni 
cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras 
razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente 
acreditado en la respectiva Memoria.
Artículo 24.  De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del 
Gobierno de la Nación y de sus miembros.
1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las 
formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que 
aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la 
Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya 
adopción venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que 
aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que 
deban adoptar dicha forma jurídica.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado 
que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las 
disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán 
la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando 
la competencia corresponda a distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. 
Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 89
de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros 
interesados.
2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:
1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o 
acordado en el Consejo de Ministros.
2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Artículo 25.  Plan Anual Normativo.
1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las 
iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación 
en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se 
establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis 
sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que 
suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas 
impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta 
normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente 
artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, 
con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de 
evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector 
o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia 
elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que 
contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión 
en el Plan.
Artículo 26.  Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y 
reglamentos.
La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto 
legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento:
1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento 
competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará 
opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las 
organizaciones más representativas acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el 
caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la 
Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la 
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 
aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de 
consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se 
establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo.
La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales 
destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual 
deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a 
quince días naturales.
3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria 
del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:
a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que 
deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la 
alternativa de no aprobar ninguna regulación.
b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión 
Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán 
derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias.
d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su 
aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el 
efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje 
con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis 
incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión 
Europea.
e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la 
propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para 
los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y 
medianas empresas.
f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se 
puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación 
de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de 
situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto.
g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta 
pública regulado en el apartado 2.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo 
que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.
4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de 
real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los 
Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste 
decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e 
informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, 
sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan 
cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá 
prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real 
decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al 
Senado, según corresponda.
5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo 
competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten 
preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el 
acierto y la legalidad del texto.
Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se 
emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra 
Administración o a un órgano u Organismo dotado de espacial independencia o 
autonomía.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente 
de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser emitidos en un 
plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior.
En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y 
los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes.
Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización 
administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a 
los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la 
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes de 
ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. Si transcurridos 15 días 
desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte del citado Ministerio no se 
hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación.
Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, 
cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el 
centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, 
podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación 
directa con su objeto.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días 
hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones 
debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación 
urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello 
deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan 
graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones 
presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de 
las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.
8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de 
Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso 
de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de 
Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se 
refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de 
desarrollo.
9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la 
calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos:
a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.
b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 
y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios 
o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las 
que se estén tramitando en las Cortes Generales.
c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de 
refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito.
d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 
particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de 
la norma cuando fuere preceptivo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.
f)   El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción 
de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en 
disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del 
Estado.
g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de 
la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno.
Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la 
realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento.
10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 
electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 
recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y 
demás actuaciones practicadas.
11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la 
tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la 
memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los 
números 1, 8, 9 y 10.
Artículo 27.  Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la 
Administración General del Estado.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que 
corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del 
procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos 
legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido 
para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o 
normas de Derecho de la Unión Europea.
b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo 
podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto 
mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las 
circunstancias que le sirven de fundamento.
2. La tramitación por vía de urgencia implicará que:
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de 
elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su 
duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que 
hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho 
plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se 
recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo.
b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin 
perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información 
pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización 
será de siete días.
c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá 
la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y 
consideración cuando se reciba.
Artículo 28.  Informe anual de evaluación.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, 
aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el 
grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas 
adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las 
incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan 
producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las 
normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su 
respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La 
evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso:
a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido 
los fines pretendidos con su aprobación.
b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían 
no haber sido necesarias.
c) La sostenibilidad de la disposición.
El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su 
caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del 
análisis.»
Trece. Se añade un Título VI en el que se incluye el artículo 26 actual, que se renumera 
como artículo 29, y que queda redactado del siguiente modo:
«TÍTULO VI
Del control del Gobierno
Artículo 29.  Del control de los actos del Gobierno.
1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
en toda su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político 
de las Cortes Generales.
3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía 
de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley 
son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los 
términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.
El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
queda redactado en los siguientes términos:
«2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia 
estatal serán ejercidas por la Administración General del Estado a través de un único 
órgano administrativo, en la forma que reglamentariamente se determine.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
(Derogada).
Téngase en cuenta que esta disposición se deroga con efectos de 1 de septiembre de 
2020, por la disposición derogatoria única.2.v) del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo. Ref. BOE-A-2020-4859
Redacción anterior:
"Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el 
mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.
Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de 
administración o de liquidación.»
Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue:
«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.
1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se determine 
reglamentariamente, ya sea directamente o a través de terceros.
2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la aplicación 
informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los mecanismos adecuados 
de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas 
de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y 
saldos de las cuentas.
3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán 
emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos 
normalizados.
4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a los 
administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador concursal no 
hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le instará a 
que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hubiera cumplido con su obligación, será 
dado de baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal hasta que proceda a su abono.»
Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente redacción:
«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal deberá 
ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apartado 
anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración 
concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al secretario judicial del 
juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.»
Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue:
«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial 
cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con 
anterioridad a dicha declaración.
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la 
posesión, se haya inscrito en el registro público competente.
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión 
de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 166, queda redactado como sigue:
«1. Las disposiciones de este título serán de aplicación a las siguientes 
entidades:
a) Las entidades públicas empresariales, a las que se refiere la Sección 3.ª del 
capítulo III del Título II de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración General del 
Estado o a sus organismos públicos cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 
por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.
c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas sobre la 
que se ejerce control estatal:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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1.º Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración 
General del Estado o algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público integran el sector 
público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea 
superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las 
participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas 
las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que 
en el capital social participen varias de ellas.
2.º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el 
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la 
Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes.»
Dos. El apartado segundo del artículo 167 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Las entidades a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 del artículo anterior 
ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las 
disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicación.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones:
Uno. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.  Órganos competentes para la concesión de subvenciones.
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del 
Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas 
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que 
sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos 
competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa 
consignación presupuestaria para este fin.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesión 
de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo 
del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa 
reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.
En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, 
la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá 
obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado 
límite.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación del 
gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente.
3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, 
podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo 
de Ministros.
4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales 
corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de 
régimen local.»
Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta con el siguiente 
contenido:
«1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder 
subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma 
expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10.2.
La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, 
las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, 
así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades 
administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien 
en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible 
identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la 
Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.»
Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria tercera.  Convocatorias iniciadas y subvenciones 
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la 
disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
Las subvenciones públicas que se concedan en régimen de concurrencia 
competitiva cuya convocatoria se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la modificación del artículo 10 de la Ley General de Subvenciones, se 
regirán por la normativa anterior.»
Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta con el siguiente 
contenido:
«Disposición adicional vigésima quinta.  Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, integrado en la Intervención 
General de la Administración del Estado, coordinará las acciones encaminadas a 
proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y dar 
cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al 
artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF).
2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude:
a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y 
promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los 
intereses financieros de la Unión Europea.
b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión 
de fondos de la Unión Europea.
c) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y 
sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.
d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.
3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias 
con plena independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para 
atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.
4. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará asistido por un Consejo 
Asesor presidido por el Interventor General de la Administración del Estado e 
integrado por representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones 
nacionales que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha contra 
el fraude en relación con los intereses financieros de la Unión Europea. Su 
composición y funcionamiento se determinarán por Real Decreto.
5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas 
públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones 
públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá las mismas facultades que la 
OLAF para acceder a la información pertinente en relación con los hechos que se 
estén investigando.
6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la 
información y para la realización de investigaciones.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda 
redactada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2.  Sector público estatal.
1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:
a) La Administración General del Estado.
b) El sector público institucional estatal.
2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado, los cuales se clasifican en:
1.° Organismos autónomos.
2.° Entidades Públicas Empresariales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.
e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del 
Estado.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, así como sus centros mancomunados.
i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado.
3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del 
Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la 
Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, 
regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las 
especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y 
funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará 
sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable 
en dichas materias lo establecido en esta Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes 
Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación 
necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.»
Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Sector público administrativo, empresarial y fundacional.
A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:
1. El sector público administrativo, integrado por:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las 
autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no 
transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las 
entidades del apartado 3 del artículo anterior.
b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos 
sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes:
1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo 
caso sin ánimo de lucro.
2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, 
entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea 
su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios.
2. El sector público empresarial, integrado por:
a) Las entidades públicas empresariales.
b) Las sociedades mercantiles estatales.
c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos 
sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo.
3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público 
estatal.»
Disposición final novena.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 60.  Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente 
Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en quienes 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, 
blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la 
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean 
declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o 
representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y 
hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de 
extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia 
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que 
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más 
trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus 
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se 
refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 
solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a 
los registros de licitadores y empresas clasificadas.
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los 
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades 
Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en 
los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de 
las mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, 
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y 
descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o 
afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se 
produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares 
de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que 
ejerzan la sustitución del primero.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 100
h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los 
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber 
pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente 
relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años 
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá 
durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la 
persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como 
alto cargo.
2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que 
impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el 
artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis las 
siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 
procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a 
su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 dentro 
del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en 
los plazos previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario.
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo 
las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o 
en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el 
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la 
indemnización de daños y perjuicios.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las 
comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.»
Dos. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61.  Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y 
procedimiento.
1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las 
letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente 
por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias 
que en cada caso las determinan.
2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de 
contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera 
pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el 
plazo señalado en las mismas.
En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan 
pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los 
casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos 
contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y 
duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al 
efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar 
en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 101
que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la 
declaración de la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado 
primero del artículo anterior respecto de la obligación de comunicar la información 
prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas 
clasificadas, corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, o 
a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas en el caso de la letra e) citada.
A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el 
órgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución 
administrativa deberá remitir de oficio testimonio de aquélla o copia de ésta a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sin perjuicio de que por 
parte de éste órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido 
el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda 
solicitarlos al órgano del que emanaron.
En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior 
referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración 
responsable a que se refiere el artículo 146, y en los supuestos previstos en el 
apartado segundo del artículo 60, la declaración de la prohibición de contratar 
corresponderá al órgano de contratación.
4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos 
en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública 
corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al que 
esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela 
o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, 
será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o 
participación mayoritaria.
5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una 
declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de 
ésta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de 
esta Ley se establezca.
6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la 
prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que ésta no 
haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha 
de la condena por sentencia firme.
En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, 
para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del artículo 61 
bis.
7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, 
de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la 
prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2 del 
mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la 
adjudicación.
En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la 
declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido 
más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:
a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa 
prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo anterior;
b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella 
en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos 
previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior;
c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso 
previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior;
d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, desde 
la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la causa es la 
retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 102
debido procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en el 
incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 151.
e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la letra c) 
del apartado segundo del artículo 61 bis.»
Tres. Se introduce un artículo 61 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 61 bis.  Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado 
segundo del artículo 60 y en la letra e) del apartado primero del mismo artículo en lo 
referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del 
artículo 146 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la 
prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de contratación competente 
para su declaración.
Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el que 
se integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la 
extensión de efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo 
del apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del apartado primero 
del artículo 60, la competencia para la declaración de la prohibición de contratar 
corresponda a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas, la citada prohibición de contratar afectará a todos los 
órganos de contratación del correspondiente sector público.
Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al 
correspondiente sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar 
a las que se refieren los párrafos anteriores se podrán extender al conjunto del sector 
público. Dicha extensión de efectos a todo el sector público se realizará por el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y a solicitud de la Comunidad 
Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición de 
contratar provenga de tales ámbitos.
En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar 
corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma 
producirá efectos en todo el sector público.
2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de 
las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del 
artículo 60, se inscribirán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la 
haya declarado.
Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales situadas en su territorio notificarán la prohibición de contratar a los 
Registros de Licitadores de las Comunidades Autónomas correspondientes, o si no 
existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público.
La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 
correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, 
debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado 
plazo.
3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado 
primero del artículo 60 producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la 
sentencia o la resolución administrativa en los casos en que aquélla o ésta se 
hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición.
En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción 
en el registro correspondiente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del 
apartado primero del artículo 60 en los casos en que los efectos de la prohibición de 
contratar se produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán 
adoptarse, en su caso, por parte del órgano competente para resolver el 
procedimiento de determinación del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o 
a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar 
la eficacia de la resolución que pudiera adoptarse.
4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del 
apartado primero del artículo 60, producirán efectos respecto de las Administraciones 
Públicas que se establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la 
fecha en que ésta devino firme.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 150 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a 
aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de 
las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un 
procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente 
a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse 
un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no 
integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, 
o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos 
otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los 
supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así 
como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta 
valoración separada.
Cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios 
públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la 
construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de 
ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación 
evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores 
sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.»
Cinco. El artículo 254 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 254.  Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación.
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la obra 
mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las 
obras, tal como dispone el artículo 240 de esta Ley, o una vez concluidas éstas, y 
cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía 
máxima que establezcan los pliegos de condiciones.
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir 
en aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra 
Administración con la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la valoración de 
las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el 
patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de la 
obra, y revertirán a la Administración en el momento de su extinción, debiendo BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o 
sectorial que les afecten.
3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de 
condiciones determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no 
podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato.
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier 
tipo de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario 
que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.»
Seis. El artículo 256 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 256.  Aportaciones públicas a la explotación.
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes 
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la obra, 
que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no 
podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio 
del reequilibrio previsto en el artículo 258:
a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados 
o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra o 
en el transcurso de la misma. La devolución de los préstamos y el pago de los 
intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos 
previstos en la concesión.
b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, 
por razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de 
la obra pública antes de que su explotación alcance el umbral mínimo de 
rentabilidad.»
Siete. El artículo 261 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 261.  Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven 
incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación 
hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación.
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de 
deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente.
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en 
este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de 
un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resuelve y notifica en ese plazo.
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra 
o de gestión de servicio público, a que se refieren los primeros apartados de los 
artículos 271 y 288, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la 
ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo podrán 
pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el 
contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en el 
“Boletín Oficial del Estado” o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.»
Ocho. Los apartados 1 y 3 del artículo 271 quedan redactados de la siguiente manera:
«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta 
abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por 
razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y 
adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la 
concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio 
de amortización lineal. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis 
meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la 
Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración 
será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a 
la Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), 
b), c), e) y j) del artículo 269 de esta Ley.»
«3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente 
indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para 
determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos 
en la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un 
período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la 
concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se 
tomará como referencia este último.
La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio 
ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.
b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser 
entregadas a aquélla, considerando su grado de amortización.»
Nueve. Se añade un nuevo artículo 271 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 271 bis.  Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los 
casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el 
órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de 
licitación el que resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante 
subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio.
En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva 
licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 % de la 
primera.
El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo de 
dos meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se 
abone el citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará sin efecto, 
adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más 
licitadores, declarando la licitación desierta.
La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el 
expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que éste no haya 
concluido. En todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las 
ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses.
Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna 
autorización administrativa en los términos previstos en el apartado 2 del 
artículo 263.
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a 
causas no imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación de 
las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior.
En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión 
será el tipo de ésta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario 
originario o acreedores titulares al menos de un 5 % del pasivo exigible de la 
concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, 
un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el 
valor de la concesión será el importe abonado por el nuevo comprador.
La Administración abonará al primitivo concesionario el valor de la concesión en 
un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a 
la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya quedado 
desierta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo 
concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las 
subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para la 
que se concedió la subvención.
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo 
caso la naturaleza de contrato de concesión de obra pública, siendo las condiciones 
del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el 
plazo de duración.»
Diez. Se añade un nuevo artículo 271 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 271 ter.  Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en 
los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la 
Administración.
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 271 bis 
se seguirán las siguientes reglas:
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea 
obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el 
periodo que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados al 
tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años 
incrementado en 300 puntos básicos.
Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los 
últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del 
Mercado de Deuda Pública.
b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad 
razonable y el diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina Nacional de 
Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en 
los contratos del sector público.
c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los 
flujos de caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo equivalente a los 
años que restan hasta la terminación. En caso de que el tiempo restante fuese 
superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. No se incorporará 
ninguna actualización de precios en función de la inflación futura estimada.
d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad 
establece en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las 
Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos y cobros de 
intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre 
beneficios.
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la 
construcción de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 % del importe 
equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión 
ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas 
incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el 
cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la 
resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las subvenciones de 
capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.»
Once. El apartado 1 del artículo 288 queda redactado de la siguiente manera:
«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta 
abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por 
razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y 
adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la 
concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio 
de amortización lineal de la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el 
importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de 
la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 
bis.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución 
del contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras 
a) y b) del artículo 223 de esta Ley.»
Doce. Se incorpora una nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
«Disposición adicional trigésimo sexta.  La Oficina Nacional de Evaluación.
1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación que tiene como finalidad analizar la 
sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de 
concesión de servicios públicos.
2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se 
determinará la composición, organización y funcionamiento de la misma.
3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los 
contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos a celebrar por los 
poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de 
las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:
a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación 
de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del 
concesionario.
b) Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de servicios en las 
que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, 
cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un 
millón de euros.
Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del 
contrato, en los casos previstos en los artículos 258.2 y 282.4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de las concesiones de obras y 
servicios públicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las 
letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación 
en el contrato de alguno de los elementos previstos en éstas. Cada Comunidad 
Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice 
dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará 
estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión.
Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que la 
elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente homogéneos.
4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del 
proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los 
flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en atención 
al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en 
cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos 
distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los 
operadores económicos.
En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa 
concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluará previamente la 
transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume 
completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad 
en los términos previstos en el párrafo anterior.
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe 
evaluará si las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad 
razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado.
5. Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante, 
en el plazo de treinta días desde la petición o nueva aportación de información al que 
se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se 
justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán publicados a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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través de la central de información económico-financiera de las Administraciones 
Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 
estarán disponibles para su consulta por el público a través de medios electrónicos.
El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información necesaria a la 
Oficina, quien evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si dicha 
Oficina considera que la información remitida no es suficiente, no es completa o 
requiriere alguna aclaración se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que le 
facilite la información requerida dentro del plazo que ésta señale al efecto. La 
información que reciba la Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen 
el acceso a la información confidencial.
6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las 
recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá 
motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente 
contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración General 
del Estado esta publicación se hará a través de la central de información económico-
financiera de las Administraciones Públicas.
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.»
Trece. Se incorpora una nueva disposición transitoria con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria décima.  Prohibición de contratar por incumplimiento de la 
cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.d) relativa al 
incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para 
personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle 
reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de 
dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará el 
mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo 
correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación 
del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia 
figure inscrita en el mismo.
2. Hasta el momento en que se produzca la aprobación del desarrollo 
reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los órganos de contratación 
ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación de contar con un 
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta.»
Disposición final décima.  Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Se modifica la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que queda redactada 
en los siguientes términos:
«Décima tercera.  Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Uno. Con vigencia indefinida tendrán derecho a obtener bonificaciones en las 
tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo y aéreo de pasajeros, los 
ciudadanos españoles, así como los de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del 
derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos 
nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados miembros 
de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico 
Europeo se acreditará conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio 
Económico Europeo. El derecho de residencia de larga duración de los nacionales de 
terceros países a que se refiere el párrafo anterior se acreditará conforme a lo 
previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y su normativa de desarrollo.
Para ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea o de 
los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o 
Suiza, el documento acreditativo de su identidad será el documento nacional de 
identidad o pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de ciudadanos de 
Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo y los ciudadanos nacionales de terceros países 
residentes de larga duración, su identidad se acreditará mediante la tarjeta española 
de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o de identidad de extranjero en la 
que debe constar su condición de residente de larga duración, respectivamente. 
Dichos documentos deben encontrarse en vigor.
En el caso de que telemáticamente se haya constatado que el pasajero cumple 
las condiciones para ser beneficiario de la subvención, éste podrá acreditar su 
identidad en el modo aéreo a través de los mismos medios que los pasajeros sin 
derecho a bonificación. En este caso, el pasajero no tendrá que acreditar su 
condición de residente ni en facturación ni en embarque.
Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte 
marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida 
y vuelta, entre las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional será 
del 50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares será del 25 por 
ciento de dicha cuantía.
Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de 
transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e 
Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del 
territorio nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia indefinida, 
del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y 
vuelta.
A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza desde 
el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al 
de destino final, distinto del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin escalas 
intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las 12 horas de duración, 
salvo aquéllas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por 
razones de fuerza mayor.
A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá 
el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se 
refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al 
pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en 
la documentación justificativa de los cupones de vuelo.
Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias y 
las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las 
bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el certificado de 
empadronamiento en vigor.
Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la 
condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como 
adicionales de éste.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Cinco. En relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en esta disposición:
a) Los órganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento podrán 
acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de identidad, domicilio, 
residencia, nacionalidad y régimen de extranjería de la Plataforma de Intermediación 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y realizar las 
funciones de control encomendadas a dichos órganos, con las garantías previstas en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias, las 
compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los títulos de 
transporte bonificados y lo soliciten, la confirmación del cumplimiento de los 
requisitos para ser beneficiario de la subvención.
La cesión de datos prevista en los párrafos precedentes y su tratamiento, no 
requerirá el consentimiento de los interesados ni requerirá informarles sobre dicho 
tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artículos 11.2, 
letra a), y 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
La integración en el sistema telemático de acreditación de la residencia de los 
sistemas de emisión de billetes y su utilización al emitir billetes subvencionados será 
obligatoria para todas las compañías, aéreas o marítimas, que emitan billetes aéreos 
o marítimos subvencionados por razones de residencia en territorios no peninsulares, 
en todos sus canales de venta.
En el caso de la incorporación a un mercado subvencionado de una nueva 
compañía de transporte regular aéreo o marítimo, ésta podrá emitir billetes aéreos o 
marítimos con derecho a subvención, sin necesidad de hacer uso del sistema 
telemático, durante un máximo de tres meses hasta la implantación efectiva de dicho 
sistema en todos sus canales de venta.
Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de 
estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de 
Intermediación conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se 
acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación. A 
estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto 
reglamentariamente en la normativa de desarrollo de estas bonificaciones.
Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición, las 
bonificaciones previstas en él para familiares nacionales de terceros países 
beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los 
ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que 
acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e 
Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, surten efectos a partir del 1 de 
abril de 2013.
Ocho. Además de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las 
subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Illes 
Balears, Ceuta y Melilla y para familias numerosas y por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las compañías aéreas y marítimas, como entidades colaboradoras, 
deben cumplir lo siguiente:
a) En el caso de las compañías aéreas, presentarán las liquidaciones mensuales 
de los cupones bonificados volados durante un mes en el transcurso de los dos 
meses siguientes, salvo autorización expresa de la Dirección General de Aviación 
Civil por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener aquellos 
cupones volados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por 
causas justificadas, en los ficheros de meses pasados.
En el caso de las compañías marítimas, presentarán las liquidaciones en el 
transcurso de los dos meses siguientes al periodo reglamentario de liquidación, salvo 
autorización expresa de la Dirección General de la Marina Mercante por razones BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener aquellos embarques bonificados 
en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas 
justificadas, en los ficheros de liquidaciones pasadas.
b) En la documentación justificativa de la subvención desglosarán el precio y la 
identificación de todos los conceptos incluidos en el billete aéreo y marítimo, así 
como cualquier servicio adicional contratado por el pasajero incluido en el billete.
c) Levantarán un parte de incidente cuando un pasajero que posea un billete 
subvencionado no acredite su identidad y residencia de conformidad con la 
normativa aplicable. Los partes correspondientes a cada periodo de liquidación o, en 
otro caso, un certificado de inexistencia de incidentes en dicho período serán 
enviados al órgano gestor durante el periodo siguiente.
d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas reglamentariamente, así 
como registrar ante el órgano gestor, con anterioridad a su comercialización, las 
tarifas aéreas que incluyan servicios ajenos al transporte aéreo especificándolo en 
sus condiciones, así como los convenios, contratos o acuerdos de cualquier tipo, con 
sus anexos, adendas o modificaciones, susceptibles de generar la emisión de billetes 
subvencionados, con al menos un mes de antelación a la emisión del primer billete 
bonificado.
Nueve. Asimismo, las compañías marítimas y aéreas y sus agentes, incluidos los 
sistemas de reserva, habrán de conservar toda la información y documentación 
relativa a billetes bonificados tanto por razón de residencia no peninsular como por 
familias numerosas, cualquiera que sea su forma de almacenamiento, que acredite el 
importe de la subvención y el cumplimento de los procedimientos recogidos 
reglamentariamente para la concesión de la subvención, a disposición del Ministerio 
de Fomento, durante el plazo de prescripción previsto en el artículo 39 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A efectos de la liquidación de las bonificaciones aplicadas, las compañías 
marítimas, aéreas, y sus agentes, lo que incluye a los sistemas de reserva y a 
cualquier tercero que haya intervenido en la determinación de la tarifa bonificada, en 
el pago realizado por el pasajero o en la gestión o aplicación de la bonificación, 
estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les sea 
requerida en relación con las tarifas comercializadas objeto de bonificación, las 
bonificaciones aplicadas, los pagos realizados por el pasajero y las liquidaciones 
efectuadas.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, 
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
pudieran corresponder.
Diez. Se autoriza al órgano gestor a modificar mediante resolución, tras dar 
trámite de audiencia a las compañías aéreas que exploten los mercados sujetos a 
subvención y a las principales asociaciones de aerolíneas, el contenido de los 
modelos de los anexos, en lo que afecta a las bonificaciones al transporte aéreo, del 
Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en 
las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los 
residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla.
Once. No serán objeto de liquidación por las compañías marítimas y aéreas, ni 
de reembolso a éstas:
a) Los billetes subvencionados con tarifas marítimas y aéreas que incluyan 
respectivamente servicios ajenos al transporte marítimo y aéreo, sean o no 
repercutidos al pasajero.
b) Los billetes aéreos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios o 
acuerdos de cualquier tipo que no hayan sido registrados y expresamente aprobados 
por la Dirección General de Aviación Civil.
c) Los conceptos excluidos de bonificación por la normativa de aplicación, entre 
otros, las ofertas, descuentos, promociones o prácticas comerciales equivalentes, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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que deben ser aplicados de forma previa al cálculo de la subvención, así como los 
servicios opcionales del transporte comercializados por la compañía marítima y 
aérea.
Doce. Verificación de fichero informático de las liquidaciones solicitadas por las 
compañías marítimas con la relación de los embarques realmente producidos en 
puertos.
El procedimiento de inspección y control de las bonificaciones al transporte 
marítimo ha de incluir la comprobación de si los datos de los embarques contenidos 
en el fichero informático se corresponden con embarques reales producidos en los 
puertos. Para ello, las autoridades portuarias remitirán mensualmente a la Dirección 
General de la Marina Mercante la relación de todos los embarques reales producidos 
en los puertos correspondientes a los trayectos bonificables.
La relación mensual de todos los embarques reales producidos en cada puerto 
incluirá las relaciones de embarques de todas y cada una de las escalas que hayan 
tenido lugar durante ese período. Estas relaciones de embarques de cada trayecto 
serán recabadas directamente por las autoridades portuarias u organismos 
competentes en cada caso o, en su defecto, remitidas electrónicamente a éstas por 
las compañías marítimas. La remisión se realizará en el tiempo y forma que 
determine la Dirección General de la Marina Mercante, pero en todo caso, deberán 
haber sido recibidas por el órgano competente antes de que la nave llegue a su 
destino.
No podrá bonificarse ningún embarque contenido en el fichero informático que no 
esté incluido en la relación de embarques reales, salvo que se demuestre error u 
omisión.
Trece. El Gobierno dictará las normas de aplicación y desarrollo de las 
bonificaciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros.»
Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final vigésima primera de la ley 20/2015, 
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. No obstante, la disposición transitoria decimotercera y la disposición adicional 
decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Las disposiciones 
transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2015. La 
disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio de 2016. La disposición final 
duodécima entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Disposición final duodécima.  Restitución o compensación a los partidos políticos de 
bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades 
políticas.
El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de 
modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los 
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre 
responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución de 
los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirán suspendidos hasta que se 
verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin 
menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias.
Una vez se constate la concurrencia de las expresadas condiciones, el Gobierno 
aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual fijará un nuevo plazo para la 
presentación de las solicitudes de restitución o compensación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final decimotercera.  Referencias normativas.
Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas 
a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda.
Disposición final decimocuarta.  Título competencial.
1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 
relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 
del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general.
2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del 
Estado y al sector público estatal lo previsto en:
a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración General del 
Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar.
b) El Título I relativo a la Administración General del Estado.
c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del sector 
público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el Capítulo 
IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las sociedades 
mercantiles estatales, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consorcios, los 
artículos 128, 130, 131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector 
público estatal y el Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, todos ellos 
del Título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público institucional.
d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación de entidades y 
organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de servicios comunes en organismos 
públicos estatales, sexta, sobre medios propios, séptima, sobre el registro electrónico estatal 
de órganos e instrumentos de cooperación, undécima, sobre conflictos de atribuciones 
intraministeriales, duodécima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, 
decimotercera, relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta, sobre la 
organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta, sobre 
Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimoséptima, relativa 
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al Centro 
Nacional de Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de España y la vigésima relativa 
al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Disposición final decimoquinta.  Desarrollo normativo de la Ley.
Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así 
como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e 
implantación de las previsiones de esta Ley.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrollará lo previsto en el 
artículo 85 sobre la supervisión continua.
Disposición final decimosexta.  Precedencias en actos oficiales.
Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, se 
determinarán las precedencias de los titulares de los poderes constitucionales y de las 
instituciones nacionales, así como las de los titulares de los departamentos ministeriales y de 
los órganos internos de estos en relación con los actos oficiales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final decimoséptima.  Adaptación normativa.
1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a 
la misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en esta 
Ley.
2. Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes Generales con 
anterioridad a la aprobación de esta Ley seguirán rigiéndose por su legislación especial 
hasta que se produzca la citada adaptación normativa.
Disposición final decimoctava.  Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», a excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final 
novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final 
decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos 
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas que entrarán en 
vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el punto doce 
de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» la disposición final primera, de modificación de la Ley 23/1982, de 16 de 
junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda, de modificación del 
Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de 
modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de 
modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la 
disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera 
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, 
párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos 
a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 1 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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