I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12644 Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que 
faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de 
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas 
y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley orgánica:
PREÁMBULO
I
La lucha contra cualquier forma grave de delincuencia, en particular, contra el fraude 
financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una 
prioridad para la Unión Europea. En consecuencia, facilitar el intercambio y el acceso a 
los datos financieros resulta imprescindible al objeto de prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar, no sólo la comisión de estas acciones delictivas, sino también, respecto de 
otros delitos de especial gravedad.
No en vano, el modelo actual de acceso y de intercambio de información financiera 
es lento en comparación con el ágil ritmo con que los fondos pueden transferirse 
internacionalmente, dado que obtener información financiera requiere demasiado tiempo 
y ralentiza las investigaciones y las actuaciones judiciales.
Sin embargo, conviene recordar que el hecho de facilitar el acceso a la información 
financiera se compadece con la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos, 
reconocido y protegido en el artículo 18.4 de la Constitución al prever que «la ley limitará 
el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». La protección de los datos personales 
se reconoce, igualmente, en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 4 de noviembre 
de 1950 y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia 292/2000, de 30 de 
noviembre, declara la existencia del derecho fundamental a la protección de datos, ya 
abordado en la sentencia 254/1993, de 20 de julio, pero en este caso, la novedad estriba 
en reconocer el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal como 
una categoría autónoma y distinta del clásico derecho a la intimidad, desde una amplia 
perspectiva de la noción de vida privada.
Este pronunciamiento coincidió en el tiempo con varias resoluciones del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que entienden la protección de datos como un derecho 
fundamental autónomo, permitiendo a su titular disponer y controlar sus propios datos 
personales. Este derecho significa, en la práctica, que los ciudadanos tienen la facultad 
de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
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almacenamiento y tratamiento, así como su uso por un tercero, ya sea el Estado o un 
particular.
II
La correcta comprensión del sentido último de esta ley requiere conocer el contexto 
normativo europeo, que ha evolucionado hacia un marco más sólido y coherente al 
objeto de reforzar la seguridad, mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, 
luchar contra el blanqueo de capitales y prevenir los delitos fiscales en los Estados 
miembros.
Cabe mencionar, como el antecedente más lejano, la Directiva 91/308/CEE del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales. Posteriormente, se adoptó la 
Decisión 2000/642/JAI, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de 
cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para 
el intercambio de información.
La segunda Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
diciembre de 2001, por la que se modificó la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, amplió el concepto de delito, incluyendo una noción más extensa de 
blanqueo que comprende la posesión y transferencia de bienes a sabiendas de que 
proceden de cualquier actividad delictiva. La tercera Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, se completó con la Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 
de diciembre de 2007, sobre la cooperación entre los organismos de recuperación de 
activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de 
productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito.
Más próxima en el tiempo, se aprobó la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por 
la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión (IV Directiva antiblanqueo).
Esa Directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante el Real 
Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del 
blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países 
terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y que modificó la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.
A continuación, se adoptó la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (V Directiva antiblanqueo).
Esa Directiva impulsó la coordinación y colaboración, a todos los niveles, de las 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados miembros, tanto entre ellas 
como entre las UIF y las entidades obligadas. A este respecto, cabe recordar que las 
mencionadas UIF se encargan de recoger y analizar la información que reciben con el 
objetivo de establecer vínculos entre las transacciones sospechosas y la actividad 
delictiva subyacente, a fin de prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.
La regulación trae causa de los atentados terroristas en París y Bruselas, que 
amenazaron la paz y la seguridad de la Unión Europea, al tiempo que obligaron a 
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fortalecer la lucha contra la financiación del terrorismo. La Directiva se transpuso en 
nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 
medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa 
de los consumidores.
III
Por último, se aprobó la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar 
el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la 
Decisión 2000/642/JAI del Consejo, objeto de transposición por esta ley. La Directiva 
forma parte de la Agenda Europea de Seguridad adoptada en 2015 que reclamaba la 
adopción de medidas adicionales con el propósito de desarticular la delincuencia grave y 
organizada, toda vez que se inscribe en el correspondiente Plan de acción para reforzar 
la lucha contra la financiación del terrorismo.
La Directiva se articula como un instrumento jurídico independiente y específico que 
permite un acceso directo e inmediato a los registros centralizados de cuentas bancarias 
y de pagos. En España, ese registro se denomina Fichero de Titularidades Financieras, 
al que pueden acceder las autoridades competentes a efectos de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como también, los 
organismos de recuperación de activos.
Este Fichero contiene los datos identificativos (nombre y apellidos o denominación 
social y el tipo y número de documento identificativo) de los titulares o, en su caso, de 
representantes o autorizados, así como de cualquier otra persona con poderes de 
disposición; además, incluirá el tipo de cuenta o depósito y la fecha de apertura y 
cancelación. No obstante, se advierte que el Fichero de Titularidades Financieras no 
contiene ninguna información acerca de saldos y movimientos, sino exclusivamente la 
identificación del producto financiero, de la entidad de crédito en la que está y de los 
titulares y autorizados de la cuenta.
El acceso a esa información de manera directa e inmediata y en el marco de una 
cooperación leal y rápida, se entiende como indispensable para alcanzar el éxito de una 
investigación penal acerca de un delito considerado como grave. En efecto, la dificultad 
de acceder a determinada información financiera constituye un obstáculo para la 
investigación de delitos graves, y también entorpece la desarticulación de tramas 
terroristas o la localización e inmovilización de los ingresos procedentes de actividades 
delictivas. Interesa poner de relieve que numerosas investigaciones llegan a un punto 
muerto, precisamente, ante la imposibilidad de acceder de forma oportuna, exacta y 
completa a los datos financieros relevantes.
Con carácter previo a la aprobación de la Directiva, la mayor parte de las autoridades 
competentes en la Unión Europea carecían de acceso directo a la información 
almacenada en los registros centralizados de cuentas bancarias o en sistemas de 
recuperación de datos, respecto de la identidad de los titulares de cuentas bancarias. En 
la práctica, esta dificultad en el acceso provocaba retrasos significativos, susceptibles de 
afectar a las investigaciones penales.
Con el propósito de abordar esta situación, la Directiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, prevé el acceso directo de 
las autoridades competentes a los registros nacionales centralizados de cuentas 
bancarias o a los sistemas de recuperación de datos. En paralelo, se autorizará el 
acceso indirecto a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) 
a través de las unidades nacionales de los Estados miembros. Si bien Europol no lleva a 
cabo investigaciones penales, sí que apoya las acciones de los Estados miembros.
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A tenor de todo lo expuesto, resulta crucial reforzar la seguridad, mejorar el 
enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como prevenir los delitos fiscales. Para alcanzar este fin 
urge mejorar el acceso a la información por parte, no sólo de las UIF, sino también de las 
autoridades públicas responsables de la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos graves, así como potenciar su capacidad para llevar a cabo 
investigaciones financieras y mejorar la cooperación. La realidad reveló que las UIF de 
los Estados miembros contaban con diferentes grados de acceso a las bases de datos, 
lo que se traducía en un insuficiente intercambio de información entre los servicios 
policiales y judiciales y las propias UIF. En definitiva, se trata de reforzar la cooperación 
policial y judicial penal.
En España, las funciones propias de la UIF son asumidas por el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en 
adelante, Servicio Ejecutivo de la Comisión), responsable de analizar la información 
financiera y remitir un informe de inteligencia financiera a las autoridades designadas, si 
apreciara la existencia de indicios o certezas de blanqueo de capitales, delitos 
subyacentes conexos o financiación del terrorismo.
Dado el carácter sensible de los datos financieros, debe establecerse, de manera 
específica, el tipo y alcance de la información susceptible de intercambio para lograr un 
equilibrio entre la eficiencia y la protección de los datos personales. Para ello, se estará a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos 
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales; en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos); en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y en 
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
De este modo, la ley complementa el régimen de acceso a la información financiera y 
del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo; con la novedad de que ya no estará circunscrito solamente a 
esta esfera de actuación, sino que se ve ampliado al ámbito de la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales graves.
Esta nueva perspectiva obedece a que la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, no desplaza ni sustituye la acción de las 
Directivas antiblanqueo, sino que se sitúa en paralelo a las mismas, a fin de mejorar el 
acceso y el intercambio de información financiera; en rigor, las Directivas antiblanqueo se 
basan en la regulación del Mercado Interior, mientras que la Directiva objeto de 
transposición se centra en reforzar la cooperación policial y judicial penal.
IV
La Ley se estructura a lo largo de cuatro capítulos, en 14 artículos, tres disposiciones 
adicionales y once finales.
El capítulo I regula las disposiciones y obligaciones generales destinadas a facilitar el 
acceso a la información financiera contenida en el Fichero de Titularidades Financieras 
bajo el amparo de la protección de las libertades públicas y los derechos fundamentales.
Asimismo, se facilita el acceso a la información de las autoridades competentes por 
parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en su condición de UIF para la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo.
Del mismo modo, este capítulo recoge las definiciones a los efectos de esta ley, 
cobrando especial relevancia el concepto de «delitos graves» en base al anexo I del 
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Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 
(Europol).
Por último, se precisa que las autoridades competentes para acceder y consultar el 
Fichero de Titularidades Financieras, sin perjuicio de las incluidas en el artículo 43.3 de 
la Ley 10/2010, de 28 de abril, son: los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional 
penal; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado; las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la 
investigación de delitos graves; la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del 
Ministerio de Justicia; las oficinas de recuperación de activos designadas por España de 
conformidad con la Decisión 2007/845/JAI, de 6 de diciembre de 2007; y la Dirección 
Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estas 
autoridades lo serán en el ejercicio de sus competencias en materia de prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, puesto que son 
éstas las finalidades del uso de la información financiera que establece la Directiva 
objeto de transposición.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, también podrán 
solicitar y recibir información financiera o análisis financieros del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión: el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas 
para la investigación de delitos graves; además de los Jueces y Tribunales del orden 
jurisdiccional penal; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; así como la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del 
Ministerio de Justicia y las oficinas de recuperación de activos designadas por España.
En el capítulo II se establecen las medidas que permiten a las autoridades 
competentes acceder a la información contenida en el Fichero de Titularidades 
Financieras y su intercambio. El acceso o la consulta de esa información conlleva la 
existencia de un registro pormenorizado de los accesos (fecha, hora, número de 
referencia del expediente nacional, entre otros).
En cuanto al capítulo III, relativo al intercambio de información, se abordan las 
solicitudes de información de las autoridades competentes a la UIF, lo que significa que 
el Servicio Ejecutivo de la Comisión responderá a aquellas solicitudes de información 
financiera que obren en su poder. No obstante, no estará obligado a responder cuando 
concurran circunstancias que perjudiquen las investigaciones o los análisis en curso.
Paralelamente, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, junto con las autoridades 
competentes, responderá a las solicitudes de naturaleza policial a la mayor brevedad 
posible, y antes de las 72 horas en caso de información financiera. Cuando las 
solicitudes requieran o se refieran a análisis financieros, se responderán a la mayor 
brevedad posible.
Concluye este capítulo regulando el intercambio de información financiera y análisis 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión con las autoridades competentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y con Europol. Esta regulación responde a la necesidad 
de un intercambio más eficaz de información y de una coordinación más estrecha entre 
las autoridades nacionales a escala transfronteriza.
El capítulo IV establece una serie de disposiciones complementarias relativas al 
tratamiento de datos personales derivadas de la aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la 
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para 
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y 
de ejecución de sanciones penales, así como del Reglamento General de Protección de 
Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el Reglamento en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos.
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En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera establece el régimen del Centro 
Nacional de Inteligencia; la segunda pone de relieve la ausencia de incremento de gasto 
público; y la tercera concreta ciertos aspectos del acceso al Registro Común de Datos de 
Identidad de la Unión Europea en aplicación de los Reglamentos europeos de 
interoperabilidad en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración.
Por su parte, las once finales incorporan la reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en cuanto al 
acceso al Fichero de Titularidades Financieras; la modificación de la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas, respecto a la colaboración de los operadores críticos; la modificación de la Ley 
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, en cuanto a su régimen sancionador.
Finalmente, se introducen tres nuevas Disposiciones finales por las que se modifican 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA), la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía (LSFA) y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.
La modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, 
tiene por objeto articular la cesión a las Comunidades Autónomas del nuevo impuesto 
sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos.
Este impuesto ha sido creado mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular, cuyas disposiciones transitorias 
séptima y octava prevén un régimen transitorio de cesión del rendimiento, así como de 
competencias normativas y de gestión en relación con este impuesto. Así, se prevé que 
las Comunidades Autónomas puedan percibir transitoriamente el importe del impuesto 
correspondiente a los hechos imponibles que se produzcan en su territorio, así como 
asumir por delegación del Estado las competencias de gestión sobre el mismo, 
transitoriedad que se mantendrá en tanto no se produzcan los acuerdos en los marcos 
institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en 
nuestro ordenamiento y las modificaciones normativas necesarias para su configuración 
y aplicación plena como tributo cedido.
Las modificaciones normativas a que hacen referencia las disposiciones citadas, y 
que resultan necesarias para la configuración y aplicación plena de este impuesto como 
tributo cedido, implican también la modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Concretamente, en esta ley Orgánica se procede a incluir el impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos en la 
lista de figuras tributarias que pueden ser objeto de cesión a las Comunidades 
Autónomas, así como a habilitar la atribución a éstas de competencias normativas sobre 
los tipos impositivos y la gestión de este impuesto. En la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, se especifican las condiciones de la cesión y el punto de conexión, así como 
el alcance de las competencias normativas y de aplicación del impuesto que se atribuyen 
a las Comunidades Autónomas. La efectividad de lo establecido en ambas leyes queda, 
no obstante, supeditada a la adopción de los acuerdos necesarios en los marcos 
institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en 
nuestro ordenamiento.
En cuanto a la modificación del Código Penal, se modifica el artículo 234, apartado 2. 
Se acomete la reforma de los delitos de hurto para dar una respuesta adecuada a los 
casos de multirreincidencia. La reforma resulta necesaria porque, si bien la regulación 
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actual prevé expresamente la posibilidad de aplicar una modalidad agravada del delito 
de hurto cuando el autor es multirreincidente, el Tribunal Supremo considera que esta 
posibilidad debe reservarse para los casos en que los delitos de hurto cometidos con 
anterioridad superan los 400 euros, pues de lo contrario se produciría un 
desproporcionado salto punitivo entre la pena prevista en el artículo 234.2 del Código 
Penal para los delitos de hurto inferiores a 400 euros, que es una pena de multa de 1 a 3 
meses, y la pena prevista en el artículo 235.1.7.ª del Código Penal para los casos de 
multirreincidencia, que es una pena de prisión de 1 a 3 años. Esta regulación, conforme 
a la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo, está suponiendo que los delitos 
leves de hurto que se cometen de manera multirreincidente no cuenten con una 
suficiente respuesta penal, a pesar de que son delitos que están siendo objeto de una 
creciente preocupación por afectar directamente no solo al turismo, al comercio y a la 
economía en general, sino también a la propia seguridad de los ciudadanos. Por ese 
motivo, se considera necesaria una reforma del artículo 234.2 del Código Penal que 
permita sancionar más gravemente los casos de hurtos leves no superiores a 400 euros 
cuando se producen de forma multirreincidente. A estos efectos, para evitar el salto 
desproporcionado de pena criticado por el Tribunal Supremo, se opta por aumentar la 
pena de estos delitos de hurto leve, pero sin llegar a la pena de prisión del tipo agravado 
del artículo 235.1 del Código Penal. Se prevé así que en los casos de hurtos leves o 
inferiores a 400 euros se aumente la pena siempre que el autor sea multirreincidente y la 
cuantía total de lo sustraído, incluyendo los delitos de hurto cometidos con anterioridad, 
exceda los 400 euros. En tal caso, sin embargo, se deberá imponer no ya la pena del 
tipo agravado del artículo 235.1 del Código Penal, sino la pena del tipo básico del 
artículo 234.1 del Código Penal, que es una pena de prisión de 6 a 18 meses. De esta 
forma, se consigue dar a los casos de multirreincidencia una respuesta penal más 
disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta, sin incurrir en un incremento 
desproporcionado de la pena.
Asimismo, las demás disposiciones finales recogen la naturaleza de ley orgánica; el 
título competencial; la habilitación para el desarrollo reglamentario; la incorporación al 
Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019; y la entrada en vigor de la ley.
Entre las cuestiones más relevantes de esta ley destaca la supresión de la previa 
autorización judicial o del Ministerio Fiscal para acceder al Fichero de Titularidades 
Financieras, tal y como se recogía en el artículo 43.3 de le Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el fin de 
garantizar un acceso directo e inmediato, en los términos expresamente previstos por la 
Directiva. Ese mismo artículo creó el citado Fichero, operativo desde el 6 de mayo 
de 2016, entendido como un registro centralizado de cuentas bancarias en el que se 
encuentran millones de cuentas y depósitos.
En realidad, el Fichero de Titularidades Financieras contiene los datos identificativos 
de los titulares de las cuentas. No incluye información acerca de saldos ni movimientos 
(ingresos o transferencias), sino que únicamente permite acceder a la identificación del 
producto financiero, de la entidad de crédito y de los titulares y autorizados de la cuenta 
o producto. En el supuesto de requerir un acceso más allá de estos datos, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad solicitarán previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal.
En definitiva, el acceso al Fichero proporciona una foto estática, sin información 
alguna que revele la capacidad económica de las personas afectadas; si bien se trata de 
información sensible, de ahí que tanto la Directiva como esta ley aludan a la necesidad 
de un acceso proporcionado y dentro del concepto de «intimidad económica» que 
maneja nuestra jurisprudencia. De este modo, el ordenamiento jurídico español se 
inscribe en la misma realidad jurídica que el resto de los Estados miembros de la Unión 
Europea.
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V
En la elaboración de esta ley se han observado los principios de buena regulación 
exigidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En primer lugar, se trata de una norma necesaria, dado que la transposición de la 
Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
exige una ley de carácter orgánico, al afectar la norma comunitaria a un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución, y por imperativo del 
artículo 81 de la misma.
En este sentido, el artículo 18 de la Constitución dispone que se garantiza la 
intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como el secreto de las 
comunicaciones, además de advertir de que sólo una ley podrá limitar el uso de la 
informática para preservar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos.
El principio de necesidad está estrechamente vinculado al de seguridad jurídica, en 
cuanto a la materia objeto de regulación, puesto que la transposición de la citada 
Directiva se lleva a cabo mediante una ley orgánica. Por lo que la tramitación e 
integración en el ordenamiento jurídico goza de las garantías que amparan las normas 
de esta naturaleza.
Respecto al principio de proporcionalidad, esta ley contempla las garantías 
necesarias para que el acceso a la información financiera sea proporcional, oportuno, 
mínimo y suficiente, a fin de cumplir con los objetivos que se persiguen, es decir, la 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves. El 
acceso a la información financiera está sujeto a los principios que rigen todo tratamiento 
de datos personales, de resultas, se exige que no sean tratados para fines distintos de 
los establecidos en la norma.
Se cumple, también, con el principio de transparencia, puesto que esta ley ha sido 
sometida a los correspondientes trámites de participación pública, esto es, el de consulta 
pública previa y el de audiencia e información pública.
En la tramitación, además de los diversos Ministerios concernidos por razón de la 
materia, han emitido informe la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo 
Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo ha sido objeto de dictamen por 
parte del Consejo de Estado.
Por último, la ley se dicta al amparo de la regla 29.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad 
pública; regla 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado; y 6.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación penal.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas destinadas a facilitar:
a) El acceso a la información financiera y a la información del Fichero de 
Titularidades Financieras, así como su uso por las autoridades competentes para la 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves.
b) El acceso a la información de las autoridades competentes por parte del Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión), en su condición de 
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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para la prevención y la lucha contra el blanqueo 
de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.
2. Las obligaciones y disposiciones incluidas en esta ley se entenderán sin perjuicio de:
a) El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 
(Europol).
b) La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
c) Las obligaciones que resulten de los instrumentos de la Unión Europea en el 
ámbito de la asistencia judicial o del reconocimiento mutuo de resoluciones en materia 
penal y, en todo caso, de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo 
de resoluciones penales en la Unión Europea, y de la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre 
simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de 
seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.
d) Los canales para el intercambio de información entre las autoridades 
competentes o de la facultad de las autoridades competentes, en virtud del Derecho de 
la Unión Europea o de nuestro ordenamiento jurídico, para obtener información que obre 
en poder de los sujetos obligados.
Artículo 2.  Definiciones.
1. A efectos de esta ley se entenderá por:
a) «Organismos de recuperación de activos»: las oficinas nacionales establecidas o 
designadas por España de conformidad con la Decisión 2007/845/JAI, de 6 de diciembre 
de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los 
Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito 
o de otros bienes relacionados con el delito.
b) «Información financiera»: todo tipo de información o datos, como los relativos a 
activos financieros, movimientos de fondos y relaciones comerciales financieras que 
obren en poder del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en su condición de UIF, con la 
finalidad de prevenir, detectar y combatir eficazmente el blanqueo de capitales, sus 
delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.
c) «Análisis financiero»: los resultados del análisis operativo y estratégico que haya 
llevado a cabo el Servicio Ejecutivo de la Comisión, en su condición de UIF.
d) «Datos del Fichero de Titularidades Financieras»: la información acerca de 
productos declarables, como son las cuentas bancarias y de pago, así como las cajas de 
seguridad, que transmiten las entidades declarantes respecto a datos identificativos de 
los titulares y de sus titulares reales y datos identificativos de los representantes o 
autorizados y de cualquier otra persona con poderes de disposición. La información de 
los productos a declarar incluye la numeración que los identifique, el tipo de producto 
declarado y las fechas de apertura y de cancelación.
En el caso de las cajas de seguridad, se incluirá la duración del periodo de 
arrendamiento. También, se incluyen aquellos otros datos de identificación que se 
declaren al Fichero en virtud del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
e) «Información de naturaleza policial»: todo tipo de información o datos que obren 
en poder de las autoridades competentes en el contexto de la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, incluyendo todo tipo de 
información o datos que obren en poder de autoridades públicas o entes privados en el 
marco de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones 
penales y que esté a disposición de las autoridades competentes sin necesidad de 
adoptar medidas coercitivas.
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Dicha información puede consistir, entre otros, en registros de antecedentes penales, 
información sobre investigaciones, información sobre la inmovilización e incautación de 
activos u otras medidas de investigación o de carácter provisional, así como en 
información sobre condenas y decomisos, cuyo tratamiento está sujeto a los principios 
de necesidad y proporcionalidad.
f) «Delitos graves»: las formas de delincuencia enumeradas en el anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016.
g) «Delitos subyacentes conexos»: los delitos que den lugar a fondos, bienes o 
activos de origen ilícito conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.
2. A los efectos de esta ley serán de aplicación el resto de las definiciones incluidas 
en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de 
información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI 
del Consejo.
Artículo 3.  Autoridades competentes.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de los órganos autorizados en virtud del 
artículo 43.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, son autoridades competentes para acceder y consultar 
el Fichero de Titularidades Financieras, en el ejercicio de sus respectivas competencias 
para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales 
graves, las siguientes:
a) Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal.
b) El Ministerio Fiscal.
c) La Fiscalía Europea en el ámbito de sus competencias.
d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
e) Las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la 
investigación de delitos graves.
f) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y las 
oficinas de recuperación de activos designadas por España de conformidad con la 
Decisión 2007/845/JAI, de 6 de diciembre de 2007.
g) La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tienen 
la condición de autoridades competentes para solicitar y recibir información financiera o 
análisis financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales graves, las siguientes:
a) Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal.
b) El Ministerio Fiscal.
c) La Fiscalía Europea en el ámbito de sus competencias.
d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
e) Las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la 
investigación de delitos graves.
f) La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
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g) La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y las 
oficinas de recuperación de activos designadas por España de conformidad con la 
Decisión 200/845/JAI, de 6 de diciembre de 2007.
3. El uso de la información financiera o de los análisis financieros deberá atenerse 
al régimen de utilización de inteligencia financiera establecido en el artículo 46 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo.
CAPÍTULO II
Acceso al Fichero de Titularidades Financieras por parte de las autoridades 
competentes
Artículo 4.  Acceso y consulta al Fichero de Titularidades Financieras.
1. Las autoridades competentes incluidas en el apartado 1 del artículo 3 accederán 
y consultarán, de manera directa e inmediata, la información contenida en el Fichero de 
Titularidades Financieras, cuando sea necesario para el ejercicio de sus competencias y 
funciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de un delito grave o 
para apoyar una investigación penal en relación con un delito grave, incluida la 
identificación, localización e inmovilización de los activos relacionados con dicha 
investigación.
2. Las solicitudes de acceso y el tratamiento de la información y los datos 
personales podrán atenderse por las autoridades competentes en respuesta a las 
solicitudes remitidas mediante sistemas de cooperación internacional.
3. No será accesible, ni objeto de consulta por las autoridades competentes en 
virtud de la presente ley, la información suplementaria que pudiera contenerse en el 
Fichero de Titularidades Financieras en virtud del artículo 32.bis, apartado 4 de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.
Artículo 5.  Condiciones para el acceso y la consulta.
1. El acceso y la consulta al Fichero de Titularidades Financieras sólo podrán ser 
realizados, caso por caso, por personal específicamente designado y autorizado para 
realizar estas tareas a través de los puntos únicos de acceso establecidos por las 
autoridades competentes, en los términos que se determinan en la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en 
su Reglamento.
2. Este personal, en todo caso, estará debidamente cualificado, tendrá un elevado 
nivel de integridad y observará unas estrictas normas profesionales de confidencialidad y 
protección de datos personales.
3. Se adoptarán aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias a fin de 
garantizar la seguridad de los sistemas y los datos a efectos del acceso y consulta de 
esta información, a fin de hacer frente a los posibles riesgos y amenazas de 
ciberseguridad atendiendo, en particular, a las normas y recomendaciones que le sean 
de aplicación, tanto en el ámbito europeo como nacional.
Artículo 6.  Seguimiento del acceso y la consulta.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión llevará un registro de cada una de las 
operaciones de acceso y consulta al Fichero de Titularidades Financieras realizadas por 
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las autoridades competentes comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 que incluirá, al 
menos, los siguientes datos:
a) El número de referencia del expediente nacional.
b) La fecha y hora de la búsqueda o consulta.
c) El tipo de datos utilizados para iniciar la búsqueda o consulta.
d) El identificador único de los resultados.
e) La autoridad competente designada que haya consultado el registro.
f) El identificador de usuario único de la persona que haya realizado la búsqueda o 
consulta, así como, en su caso, el de la persona que la haya ordenado y, en la medida 
de lo posible, el identificador de usuario único del destinatario de los resultados de dicha 
búsqueda o consulta, si no fuera el mismo.
2. El registro de las operaciones de acceso y consulta del Fichero de Titularidades 
Financieras debe ser examinado regularmente por el delegado de protección de datos 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión y estará a disposición de la Agencia Española de 
Protección de Datos, a solicitud de ésta, para el ejercicio de sus potestades legalmente 
reconocidas.
3. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protección 
de datos, lo que incluye la comprobación de la admisibilidad de una solicitud y de la 
legalidad del tratamiento de los datos, así como para garantizar la seguridad de los 
datos. Dichos registros estarán protegidos por medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y serán suprimidos una vez transcurridos cinco años desde su creación, salvo 
que resulten necesarios a efectos de procedimientos de supervisión que estén en curso 
o que sean necesarios para cumplir con cualquier otra obligación legal del responsable 
del tratamiento.
4. El personal que gestione el Fichero de Titularidades Financieras participará en 
programas de formación especializados y tendrá la cualificación y el conocimiento 
pertinente del Derecho de la Unión Europea y de la normativa nacional aplicable, incluido 
en el ámbito de la protección de datos.
CAPÍTULO III
Intercambio de información y análisis financieros
Artículo 7.  Solicitudes de información dirigidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por 
parte de las autoridades competentes.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión cooperará con las autoridades competentes 
designadas en el apartado 2 del artículo 3 y responderá a las solicitudes de información 
financiera que obren en su poder y de análisis financieros ya realizados. En el caso de 
información financiera, el plazo de respuesta a las solicitudes será de 72 horas desde su 
recepción. Cuando las solicitudes requieran o se refieran a análisis financieros, se 
responderán a la mayor brevedad posible.
Las solicitudes de información estarán debidamente motivadas en función de la 
necesidad y de las circunstancias del caso y tendrán como finalidad la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión no atenderá estas solicitudes cuando 
concurran motivos objetivos por los que el traslado de la información solicitada podría 
resultar perjudicial para las investigaciones o los análisis en curso. Tampoco atenderá 
estas solicitudes en circunstancias excepcionales, cuando la transmisión de la 
información pudiera ser manifiestamente desproporcionada respecto de los intereses 
legítimos de una persona física o jurídica, o resulte irrelevante respecto al propósito para 
el que se haya solicitado.
3. La utilización de la información financiera o del análisis financiero con fines 
distintos de los originalmente aprobados estará sujeta a la autorización previa del 
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Servicio Ejecutivo de la Comisión, que atenderá las solicitudes efectuadas con arreglo al 
apartado 1, salvo que concurra alguna de las circunstancias del apartado 2, lo que 
deberá ser debidamente motivado.
4. La decisión de proceder a la transmisión de la información corresponderá al 
Servicio Ejecutivo de la Comisión, que motivará de manera adecuada toda negativa a 
atender una solicitud de información.
5. Las autoridades competentes designadas en el apartado 2 del artículo 3 podrán 
tratar la información financiera y los análisis financieros recibidos del Servicio Ejecutivo 
de la Comisión para fines específicos dirigidos a la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos graves, distintos de los fines para los que los datos 
personales incluidos en la información o los análisis hayan sido recogidos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de 
protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 
penales.
Artículo 8.  Solicitudes de información dirigidas a las autoridades competentes por parte 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
1. Las autoridades competentes colaborarán con el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y responderán a las solicitudes de información de naturaleza policial a la mayor 
brevedad posible.
2. Estas solicitudes estarán debidamente motivadas en función de las 
circunstancias del caso y dirigidas, en el ámbito de sus competencias, a la prevención, 
detección y lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo.
Artículo 9.  Intercambio de información financiera relativa al terrorismo entre el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión y las Unidades de Inteligencia Financiera de otros Estados 
miembros de la Unión Europea.
1. Con carácter excepcional y urgente, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá 
intercambiar con las UIF de otros Estados miembros de la Unión Europea, la información 
financiera o los análisis financieros que puedan ser pertinentes para el tratamiento o el 
análisis de información relacionada con el terrorismo o con la delincuencia organizada 
vinculada al mismo. Este intercambio de información se llevará a cabo a la mayor 
brevedad posible.
2. La transmisión de esta información deberá realizarse a través de 
comunicaciones electrónicas seguras y específicas que garanticen un elevado nivel de 
seguridad de los datos.
Artículo 10.  Intercambio de información financiera y análisis financieros con autoridades 
competentes de Estados miembros de la Unión Europea.
1. Las autoridades competentes españolas incluidas en el apartado 2 del artículo 3 
podrán intercambiar la información financiera o los análisis financieros obtenidos del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión con una autoridad competente designada para recibir 
dicha información de otro Estado miembro de la Unión Europea, previa solicitud 
debidamente motivada en función de las circunstancias del caso y dirigida a la 
prevención, detección y la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes 
conexos y la financiación del terrorismo, de acuerdo con los mecanismos vigentes de 
cooperación policial y judicial.
2. Las autoridades competentes españolas incluidas en el apartado 2 del artículo 3 
podrán solicitar a las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, la información y los análisis a los que se refiere el apartado anterior, 
procedentes de sus respectivas UIF, con las condiciones previstas en dicho apartado.
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3. Las autoridades competentes españolas únicamente podrán utilizar la 
información o los análisis financieros intercambiados a los fines para los que se 
solicitaron, salvo que obtengan la autorización previa de la UIF que los haya facilitado al 
objeto de su utilización para otros propósitos. Igualmente, toda transmisión de la 
información financiera o de los análisis financieros obtenidos por las autoridades 
competentes españolas del Servicio Ejecutivo de la Comisión, así como todo uso de 
dicha información con fines distintos de los originariamente aprobados, deberá contar 
con el consentimiento previo de dicho Servicio Ejecutivo.
4. La transmisión de esta información deberá llevarse a cabo a través de 
comunicaciones electrónicas seguras y específicas que garanticen un elevado nivel de 
seguridad de los datos.
Artículo 11.  Intercambio de información con Europol.
1. Las autoridades competentes incluidas en el apartado 1 del artículo 3 
responderán a las solicitudes de información sobre el Fichero de Titularidades 
Financieras formuladas por Europol a través de la Unidad Nacional de Europol. Las 
solicitudes de Europol deberán estar debidamente motivadas en función de las 
circunstancias del caso, encontrarse incluidas en el ámbito de su competencia y dirigirse 
al desempeño de sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 7, apartados 6 
y 7 del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2016.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión responderá a las solicitudes que formule 
Europol respecto a información financiera y análisis financieros a través de la Unidad 
Nacional de Europol. Las solicitudes de Europol deberán estar debidamente motivadas 
en función de las circunstancias del caso, encontrarse incluidas en el ámbito de su 
competencia y dirigirse al desempeño de sus funciones conforme a lo establecido en el 
artículo 7, apartados 6 y 7 del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2016.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión no atenderá estas solicitudes cuando concurran 
motivos objetivos por los que la comunicación de la información solicitada podría resultar 
perjudicial para las investigaciones o los análisis en curso. Tampoco atenderá estas 
solicitudes, en circunstancias excepcionales, cuando la transmisión de la información 
pudiera ser manifiestamente desproporcionada respecto de los intereses legítimos de 
una persona física o jurídica, o resulte irrelevante respecto al propósito para el que se 
haya solicitado.
En los demás supuestos, se responderán las solicitudes a la mayor brevedad posible 
y con la misma diligencia que si procedieran de otra UIF de un Estado miembro de la 
Unión Europea.
3. Los intercambios de información con Europol, de acuerdo con los apartados 1 
y 2, se efectuarán electrónicamente a través de los siguientes sistemas o de aquellos 
que los sustituyan:
a) SIENA, o
b) La Red de Unidades de Información Financiera (FIU.net), en su caso.
CAPÍTULO IV
Protección de datos de carácter personal
Artículo 12.  Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos de carácter personal, en aplicación de esta ley, estará a 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
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detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales y, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
2. En el ámbito de aplicación de esta ley se podrán tratar categorías especiales de 
datos personales cuando sea necesario para cumplir con los fines del artículo 1. En las 
solicitudes de información se motivará esta necesidad y solo se accederá a la misma en 
los supuestos en los que tal circunstancia pueda acreditarse.
3. El tratamiento de categorías especiales de datos personales efectuado por las 
autoridades competentes y por el Servicio Ejecutivo de la Comisión en el marco del 
intercambio de información y análisis financiero, así como el realizado en virtud del 
intercambio de información y de análisis financieros con la participación de la Unidad 
Nacional de Europol, únicamente podrá ser llevado a cabo por las personas que estén 
sometidas a un deber específico de confidencialidad y reserva, que hayan recibido una 
formación específica y sean individualmente autorizadas para ello. Este tratamiento se 
realizará de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos, 
de acuerdo con las orientaciones del delegado de protección de datos designado por la 
autoridad competente, y será igualmente aplicable a los datos de los menores de edad o 
a los antecedentes penales.
4. No obstante, cuando ese tratamiento de categorías especiales de datos 
personales se realice por órganos judiciales y fiscalías en actuaciones o procedimientos 
de su competencia, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y 
fiscal, en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de 
las autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales, se regirá por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las leyes procesales que le sean 
aplicables y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Artículo 13.  Registro de solicitudes de información.
1. Las autoridades competentes y el Servicio Ejecutivo de la Comisión deberán 
llevar un registro de solicitudes de información realizadas al amparo de esta ley, donde 
figurará, como mínimo, la información siguiente:
a) El nombre y los datos de contacto de la organización y del miembro del personal 
que hayan solicitado la información y, en la medida de lo posible, el nombre y los datos 
de contacto del destinatario de los resultados de la búsqueda o la consulta.
b) La referencia al asunto para el que se solicita la información.
c) El objeto de las solicitudes.
d) Cualquier medida de ejecución de las solicitudes.
2. Los registros se conservarán durante un período de 5 años desde que hayan 
sido realizados y se utilizarán solamente a efectos de comprobar la legalidad del 
tratamiento, controlar el cumplimiento de las medidas y de las políticas de protección de 
datos, así como de garantizar la integridad y la seguridad de los datos personales.
Dichos registros estarán a disposición de la autoridad de protección de datos 
competente a solicitud de ésta, de conformidad con las potestades establecidas en su 
normativa específica.
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Artículo 14.  Elaboración de estadísticas.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y las autoridades competentes, a fin de evaluar 
la eficacia de los sistemas de lucha contra los delitos graves de los Estados miembros, 
elaborarán la información estadística oportuna y completa relativa al cumplimiento de 
esta ley, que se facilitará a la Comisión Europea con una periodicidad anual y que 
incluirá al menos:
a) El número de consultas efectuadas por las autoridades competentes al Fichero 
de Titularidades Financieras de conformidad con el artículo 4 de esta ley.
b) El número de solicitudes cursadas por cada autoridad competente incluida en 
esta ley; el seguimiento dado a dichas solicitudes; el número de asuntos investigados; el 
número de personas enjuiciadas; y el número de personas condenadas por delitos 
graves, cuando se disponga de esta información.
c) La información sobre el tiempo de respuesta del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y de las autoridades competentes a las solicitudes que reciban, desde su 
recepción.
d) La información sobre el coste de los recursos humanos o tecnológicos dedicados 
a las solicitudes tanto nacionales como internacionales cursadas en aplicación de esta 
ley, en caso de que fuera posible.
Disposición adicional primera.  Centro Nacional de Inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder y consultar el Fichero de 
Titularidades Financieras, así como solicitar y recibir información financiera o análisis 
financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión, para el ejercicio de las funciones que le 
encomienda la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia.
Disposición adicional segunda.  No incremento de gasto público.
Las medidas contempladas en esta ley serán atendidas con las disponibilidades 
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de 
retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.
Disposición adicional tercera.  Acceso al Registro Común de Datos de Identidad de la 
Unión Europea.
En aplicación del artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo, relativo al establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816; así como del artículo 20 
del Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) n.° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, se establece lo siguiente:
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad designados, podrán acceder al Registro 
Común de Datos de Identidad (RCDI), a efectos de identificación de las personas, en los 
casos previstos en el artículo 20.1 y para los fines previstos en el artículo 2.1.b) y c) de 
dichos Reglamentos. Podrá, igualmente consultarse el RCDI en caso de catástrofe 
natural, accidente o ataque terrorista, solo con el fin de identificar a personas 
desconocidas o restos humanos sin identificar.
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En el marco de la aplicación del artículo 20.1 de los citados Reglamentos, no se 
realizará esta consulta en caso de personas menores de doce años, salvo en interés 
superior del menor.
2. Para ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de ambos 
Reglamentos, los cuerpos policiales designados podrán, únicamente a efectos de 
identificación, consultar el RCDI con los datos biométricos de la persona, tomados 
durante el control de identidad, siempre que el procedimiento se haya iniciado en 
presencia de esta. Se prohíbe cualquier tipo de práctica discriminatoria, incluida entre los 
nacionales de terceros países que no sean miembros de la Unión Europea.
Cuando no puedan ser utilizados los datos biométricos o cuando la consulta con 
dichos datos resulte infructuosa, se podrá consultar el RCDI con los datos de identidad 
de la persona en combinación con los datos del documento de viaje, o con los datos que 
facilite.
3. El procedimiento y los criterios para efectuar dichos accesos se establecerán por 
Orden del Ministerio del Interior.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 43.  Fichero de Titularidades Financieras.
1. Con la finalidad de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, así como para fines de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de delitos graves, las entidades de crédito, las 
entidades de dinero electrónico y las entidades de pago (en adelante, las 
entidades declarantes) deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con 
la periodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de 
cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de 
cuentas de pago, así como los contratos de alquiler de cajas de seguridad y su 
periodo de arrendamiento, con independencia de su denominación comercial.
Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de 
las sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares 
y de sus titulares reales y los datos identificativos de los representantes o 
autorizados y cualesquiera otras personas con poderes de disposición. La 
información de los productos a declarar incluirá en todo caso la numeración que 
los identifique, el tipo de producto declarado y las fechas de apertura y de 
cancelación. En el caso de las cajas de seguridad se incluirá la duración del 
periodo de arrendamiento. Reglamentariamente se podrán determinar otros datos 
de identificación que deban ser declarados.
(…)
3. Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, podrán acceder al Fichero de 
Titularidades Financieras los órganos jurisdiccionales con competencias en la 
investigación de estos delitos, el Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea en el 
ejercicio de sus competencias, así como:
Las Fuerzas  y Cuerpos  de Seguridad  del Estado  y las Policías  Autonómicas  con 
competencias estatutariamente asumidas para la investigación de los delitos graves.
Los organismos de recuperación de activos, incluida la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, podrán acceder al Fichero cuando les haya sido encomendada la 
localización  de activos  por los órganos  judiciales  o fiscalías,  así como  en la 
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realización  de sus funciones  de intercambio  de información  con otras  oficinas 
análogas  de la Unión  Europea  o instituciones  de terceros  Estados  cuyo fin sea el 
embargo  o decomiso  en el marco  de un procedimiento  penal  y se trate de delitos 
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Secretaría  de la Comisión  de Vigilancia  de Actividades  de Financiación  del 
Terrorismo  podrá  acceder  al Fichero  en el marco  de las competencias  que tiene 
atribuidas  en materia  de bloqueo  de los saldos,  cuentas  y posiciones,  incluidos  los 
bienes  depositados  en cajas  de seguridad  abiertas  por personas  o entidades 
vinculadas  a organizaciones  terroristas,  en virtud  de los artículos  1 y 2 de la 
Ley 12/2003,  de 21 de mayo,  de prevención  y bloqueo  de la financiación  del 
terrorismo,  y del Reglamento  de la Comisión  de Vigilancia  de Actividades  de 
Financiación del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo.
El Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder a los datos declarados en el 
Fichero de Titularidades Financieras para el cumplimiento de las funciones que 
tiene asignadas en su normativa reguladora.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acceder al Fichero de 
Titularidades Financieras para el ejercicio de sus competencias en materia de 
prevención y lucha contra el fraude, en los términos previstos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 7.3 bis del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude. Igual acceso dispondrán las Haciendas 
Forales para la mencionada finalidad.
Toda petición de acceso a los datos del Fichero de Titularidades Financieras habrá 
de realizarse  a través  de los respectivos  puntos  únicos  de acceso  que deberán 
asignarse  a todas  las autoridades  anteriormente  señaladas  y deberá  ser 
adecuadamente  motivada  por el órgano  requirente,  que será responsable  de la 
regularidad  del requerimiento.  En ningún  caso podrá  requerirse  el acceso  al Fichero 
para finalidades  distintas  de las previstas  en este artículo.  Los accesos  quedarán 
registrados y los datos de los registros se conservarán por un plazo de 5 años.
4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Agencia 
Española de Protección de Datos y al Consejo General del Poder Judicial en 
relación con los tratamientos con fines jurisdiccionales realizados por los órganos 
judiciales, un miembro del Ministerio Fiscal designado por el Fiscal General del 
Estado, de conformidad con los trámites previstos en el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, y que durante el ejercicio de esta actividad no se encuentre 
desarrollando su función en alguno de los órganos del Ministerio Fiscal 
encargados de la persecución de los delitos de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, velará por el uso adecuado del fichero, a cuyos efectos 
podrá requerir, con posterioridad a cualquier acceso, justificación completa de los 
motivos del mismo.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
1. Se modifican los apartados c) y d) del artículo 13 de la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, 
que quedan redactados como sigue:
«Artículo 13.  Operadores críticos.
(…)
c) Elaborar el Plan de Seguridad del Operador en los términos y con los 
contenidos que se determinen reglamentariamente, debiendo acreditar la 
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implantación de las medidas exigidas por la autoridad competente a través de la 
certificación oportuna.
d) Elaborar, según se disponga reglamentariamente, un Plan de Protección 
Específico por cada una de las infraestructuras consideradas como críticas en el 
Catálogo, debiendo acreditar la implantación de las medidas exigidas por la 
autoridad competente a través de la certificación oportuna.»
2. Se añade un nuevo apartado h) al artículo 13 con el siguiente tenor:
«h)  Constituir un Área de Seguridad del Operador, de la manera que 
reglamentariamente se determine.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de 
protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 
penales.
Se modifica el artículo 61 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección 
de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que queda 
redactado como sigue:
«Artículo 61.  Régimen jurídico.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a las 
autoridades de protección de datos competentes, se regirá por lo dispuesto en el 
presente capítulo, por los títulos VII y IX de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y, en cuanto no la contradiga, con carácter supletorio, por la normativa sobre el 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y el régimen 
jurídico del sector público.
2. En el supuesto de las infracciones recogidas en los artículos 58. j) y 59. j), 
el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá respectivamente, a las 
personas titulares de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las Delegaciones 
del Gobierno. Estos procedimientos se regirán por la normativa sobre 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y el régimen 
jurídico del sector público, sin perjuicio de las especialidades que se recogen en 
este capítulo.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Se modifica la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, que queda redactada en la forma siguiente:
Uno. Se modifica el artículo 11 que queda redactado de la siguiente manera:
«Solo pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, en las condiciones 
que establece la presente ley, los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial con 
el límite máximo del 50 por ciento.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
e) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite máximo 
del 50 por ciento.
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f) Los Impuestos Especiales de Fabricación, con carácter parcial con el límite 
máximo del 58 por ciento de cada uno de ellos, excepto el Impuesto sobre la 
Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.
g) El Impuesto sobre la Electricidad.
h) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
i) Los Tributos sobre el Juego.
j) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo 
del 58 por ciento para el tipo estatal general y en su totalidad para el tipo estatal 
especial y para el tipo autonómico.
k) El Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y 
la coincineración de residuos.
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«2.  En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, 
en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las 
siguientes competencias normativas:
a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la 
cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de 
la cuota.
b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y 
tarifa, deducciones y bonificaciones.
c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base 
imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, 
deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión.
d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en la modalidad "Transmisiones Patrimoniales Onerosas", la 
regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones 
administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la 
constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto 
los derechos reales de garantía; y en la modalidad "Actos Jurídicos 
Documentados", el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, 
podrán regular deducciones de la cuota, bonificaciones, así como la regulación de 
la gestión del tributo.
e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base 
imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la 
regulación de la aplicación de los tributos.
f) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la 
regulación de los tipos impositivos.
g) En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo 
autonómico.
h) En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, la regulación de los tipos impositivos 
y de la gestión del tributo.
En el ejercicio de las competencias normativas a que se refiere el párrafo 
anterior, las Comunidades Autónomas observarán el principio de solidaridad entre 
todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no 
adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, 
de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los 
servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una 
presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional.
Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá 
asumir por delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad 
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sancionadora y la revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la 
colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de 
acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la 
cesión.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido ni en los 
Impuestos Especiales de Fabricación. La aplicación de los tributos, potestad 
sancionadora y revisión de estos impuestos tendrá lugar según lo establecido en 
el apartado siguiente.
Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación 
con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte 
necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la 
Unión Europea.»
Tres.  Se añade una nueva disposición transitoria cuarta, que queda redactada de la 
siguiente manera:
«Cuarta.
Para que la cesión del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, 
la incineración y la coincineración de residuos sea efectiva en los términos 
establecidos en esta ley, deberán ser adoptados los acuerdos necesarios para su 
configuración y aplicación plena como tributo cedido en los marcos institucionales 
de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro 
ordenamiento.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias.
Se modifica la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en la forma que 
se indica a continuación:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Con el alcance y condiciones establecidos en este título, se cede a las 
Comunidades Autónomas, según los casos, el rendimiento total o parcial en su 
territorio de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
e) Tributos sobre el Juego.
f)  Impuesto sobre el Valor Añadido.
g) Impuesto sobre la Cerveza.
h) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
i)  Impuesto sobre Productos Intermedios.
j)  Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
k) Impuesto sobre Hidrocarburos.
l)  Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
m)  Impuesto sobre la Electricidad.
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n) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
o) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
p) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Se entiende por rendimiento cedido de los tributos que se señalan en el 
artículo anterior:
A) El importe de la recaudación líquida derivada de las deudas tributarias 
correspondientes a los distintos hechos imponibles cedidos, en el caso de:
a) El Impuesto sobre el Patrimonio.
b) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
c) El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
d) Los Tributos sobre el Juego.
e) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
f) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
g) El Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración 
y la coincineración de residuos.
B) El importe de la recaudación líquida efectivamente ingresada derivada de 
la parte de la deuda tributaria cedida, en el caso de:
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) El Impuesto sobre la Cerveza.
d) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
e) El Impuesto sobre Productos Intermedios.
f) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
g) El Impuesto sobre Hidrocarburos.
h) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
i) El Impuesto sobre la Electricidad.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 44 bis, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 44 bis.  Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre 
el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos.
1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el 
Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos producido en su territorio.
2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el 
rendimiento del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos cuando se ubique en su territorio el 
vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen 
los residuos objeto del impuesto.»
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Cuatro.  Se añade un nuevo artículo 52 bis, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 52 bis.  Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre 
el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos.
1. En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, las Comunidades Autónomas podrán 
incrementar los tipos de gravamen aplicables a cada una de las categorías de 
residuos e instalaciones previstas en el artículo 93 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular, respecto de los 
residuos depositados, incinerados o coincinerados en sus respectivos territorios. 
No obstante, no podrán regular la clasificación de residuos y de instalaciones 
contenida en dicho precepto que da lugar a la aplicación de tipos de gravamen 
diferenciados.
2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de 
gestión y liquidación.»
Cinco. Se modifica el artículo 53, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 53.  Supuesto de no uso de las competencias normativas.
Si una Comunidad Autónoma no hiciera uso de las competencias normativas 
que le confieren los artículos 46, excepto la letra b) del punto 1, a 52 bis, se 
aplicará, en su defecto, la normativa del Estado.»
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 54, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación del Estado y en 
los términos previstos en esta Sección, de la aplicación de los tributos, así como 
de la revisión de los actos dictados en ejercicio de la misma en los siguientes 
tributos:
a) Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
d) Tributos sobre el Juego.
e) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
f) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
g) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos.»
Siete. Se modifica el artículo 55, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.  En la gestión tributaria de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, de los Tributos sobre el Juego, del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos y del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos corresponderá a las 
Comunidades Autónomas:
a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, utilizando 
los mismos criterios que el Estado.
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En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial de 
una Comunidad Autónoma, la comprobación de valores corresponderá a la 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el domicilio fiscal de la 
entidad concesionaria.
b) La realización de los actos de trámite y la práctica de liquidaciones 
tributarias.
c) La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones tributarias.
d) La publicidad e información al público de obligaciones tributarias y su 
forma de cumplimiento.
e) La aprobación de modelos de declaración.
f) En general, las demás competencias necesarias para la gestión de los 
tributos.
2. No son objeto de delegación las siguientes competencias:
a) La contestación de las consultas reguladas en los artículos 88 y 89 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo que se refiera a la 
aplicación de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el 
ejercicio de sus competencias.
b) La confección de los efectos estancados que se utilicen para la gestión de 
los tributos cedidos.
c) Las que a continuación se citan, en relación con el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte:
a') La homologación por parte de la Administración tributaria de los vehículos 
automóviles, en los supuestos contemplados en el artículo 65, apartado 1, letra a), 
número 3.º de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
b') La aplicación del supuesto de no sujeción regulado en el número 9.º del 
precepto citado en la letra a') anterior, cuando se trate de vehículos destinados a 
ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y por el Resguardo Aduanero.
c') La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras e) y h) del 
apartado 1 del artículo 66 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, siempre que, en el caso de esta última letra, se trate de aeronaves 
matriculadas por el Estado o por empresas u organismos públicos o estatales.
d) Los acuerdos de concesión de las exenciones previstas en las letras a), 
b), y c) del apartado 1 de la Disposición Seis del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social.
3. Los documentos y autoliquidaciones de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
sobre Determinados Medios de Transporte, sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos y sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos se presentarán y surtirán efectos 
liberatorios exclusivamente ante la oficina competente de la Comunidad Autónoma 
a la que corresponda el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión 
aplicables. Cuando el rendimiento correspondiente a los actos o contratos 
contenidos en el mismo documento se considere producido en distintas 
Comunidades Autónomas, procederá su presentación en la oficina competente de 
cada una de ellas, si bien la autoliquidación que en su caso se formule solo se 
referirá al rendimiento producido en su respectivo territorio.
4. Las competencias en materia de gestión previstas en este artículo se 
podrán realizar mediante diligencias de colaboración entre las distintas 
Administraciones tributarias competentes.
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5. En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos los modelos de autoliquidación que 
aprueben las Comunidades Autónomas deberán contener los mismos datos que 
los aprobados por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Asimismo, las Órdenes reguladoras de la creación del Censo de obligados 
tributarios sujetos a este impuesto, así como del procedimiento para la inscripción 
de estos en el Registro territorial deberán ser sustancialmente iguales a las 
establecidas por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.»
Ocho.  Se modifica el apartado 1 del artículo 56, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1. Corresponderá a las Comunidades Autónomas la recaudación:
a) En período voluntario de pago y en período ejecutivo, de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos y los Tributos sobre el Juego.
b) En periodo voluntario de pago, las liquidaciones del Impuesto sobre el 
Patrimonio practicadas por la Comunidad Autónoma, y en período ejecutivo todos 
los débitos por este Impuesto.»
Nueve.  Se modifica el apartado 1 del artículo 58, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1.  Respecto de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y 
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos corresponden a las Comunidades Autónomas las 
funciones previstas en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las 
actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los planes de 
actuación inspectora, que habrán de ser elaborados conjuntamente por ambas 
Administraciones, y de cuya ejecución darán cuenta anualmente las Comunidades 
Autónomas al Ministerio de Economía y Hacienda, al Congreso de los Diputados y 
al Senado.»
Diez.  Se modifica el apartado 1 del artículo 60, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Todos los actos, documentos y expedientes relativos a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos de los que se deriven 
derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y 
contabilizados por las Comunidades Autónomas con arreglo a los principios 
generales de la Ley General Presupuestaria.»
Once.  Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 61, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«6.  Las Comunidades Autónomas facilitarán trimestralmente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en las condiciones concretas y por los medios 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 29 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108796
cve: BOE-A-2022-12644
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que se determinen, información detallada sobre la recaudación del Impuesto sobre 
el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos que incluirá de manera específica todos los datos incluidos en los 
modelos de autoliquidación del impuesto presentados por los contribuyentes y las 
liquidaciones practicadas por la administración.»
Doce.  Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1.  Corresponderá a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que estime 
constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública con arreglo al Código Penal 
respecto de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
d) Tributos sobre el Juego.
e) Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte.
f) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
g) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos.»
Trece.  Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1.  La investigación tributaria de las cuentas y operaciones activas y pasivas 
de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas 
físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se realizarán en 
orden a la aplicación de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, previa autorización de la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma respectiva.»
Catorce.  Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada 
de la siguiente manera:
«Disposición adicional novena.  Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
El rendimiento cedido del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos no será tenido en 
cuenta a los efectos del cálculo del Fondo de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales, del Fondo de Suficiencia Global, ni de los Fondos de 
Convergencia Autonómica previstos en esta ley.
La cesión de este tributo no supondrá la revisión del Fondo de Suficiencia 
Global en los términos previstos en el artículo 21.2 de la presente ley.»
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Quince.  Se añade una nueva disposición transitoria octava, que queda redactada 
de la siguiente manera:
«Disposición transitoria octava.  Efectividad de la cesión del Impuesto sobre el 
Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos.
Para que la cesión del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, 
la incineración y la coincineración de residuos sea efectiva en los términos 
establecidos en esta ley, deberán ser adoptados los acuerdos necesarios para su 
configuración y aplicación plena como tributo cedido en los marcos institucionales 
de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro 
ordenamiento.»
Disposición final sexta.
El apartado 2 del artículo 234 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal quedará redactado como sigue:
«Artículo 234.
2. Se  impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo 
sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las 
circunstancias del artículo 235. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera 
sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este 
Título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y 
que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 €, se impondrá 
la pena del apartado 1 de este artículo.
No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.»
Disposición final séptima.  Naturaleza de la ley.
Esta ley tiene naturaleza de ley orgánica. No obstante, tienen carácter ordinario:
a) El capítulo I.
b) El artículo 14.
c) La disposición adicional primera y segunda.
d) Las disposiciones finales primera, segunda, quinta, séptima, octava, novena y 
décima.
Disposición final octava.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de la regla 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
Las Disposiciones finales cuarta y quinta se dictan al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre 
Hacienda general y Deuda del Estado.
La Disposición final sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª 
de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación penal.
Disposición final novena.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias al objeto de 
desarrollar y aplicar lo previsto en esta ley.
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Disposición final décima.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen 
normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la 
que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
Disposición final undécima.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 28 de julio de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X