Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 179, de 27 de julio de 2011
Referencia: BOE-A-2011-12909
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 4
CAPÍTULO I. Disposiciones generales ............................................... 7
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. ......................................... 7
Artículo 2. Reserva de actividad. .............................................. 7
CAPÍTULO II. Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico ........................... 8
Artículo 3. Definición y reserva de denominación. ................................... 8
Artículo 4. Autorización y registro. ............................................. 8
Artículo 5. Revocación. .................................................... 9
Artículo 6. Capital inicial. ................................................... 10
Artículo 7. Recursos propios. ................................................ 10
Artículo 8. Actividades. .................................................... 11
Artículo 9. Requisitos de garantía. ............................................. 12
Artículo 10. Contabilidad y Auditoría. ........................................... 12
CAPÍTULO III. Actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico ...................... 13
Artículo 11. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Estado miembro de la Unión 
Europea por entidades de dinero electrónico españolas. ............................. 13
Artículo 12. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por entidades de dinero 
electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. .................... 13
Artículo 13. Actividad de las entidades de dinero electrónico españolas en un Estado no miembro de la 
Unión Europea. ....................................................... 14
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CAPÍTULO IV. Otras disposiciones relativas a las entidades de dinero electrónico .................... 14
Artículo 14. Delegación de la prestación de funciones operativas. ......................... 14
Artículo 15. Agentes. ...................................................... 14
Artículo 16. Conservación de documentos. ........................................ 14
Artículo 16 bis. Acceso a cuentas abiertas en entidades de crédito. ........................ 14
CAPÍTULO V. Emisión y reembolso de dinero electrónico ................................... 15
Artículo 17. Emisión y reembolso. ............................................. 15
Artículo 18. Prohibición de intereses. ........................................... 15
Artículo 19. Procedimientos de reclamación y recurso extrajudicial para la solución de litigios. ....... 16
CAPÍTULO VI. Régimen de supervisión y sancionador de las entidades de dinero electrónico ............ 16
Artículo 20. Supervisión. ................................................... 16
Artículo 21. Régimen de participaciones significativas. ................................ 17
Artículo 22. Información y secreto profesional. ..................................... 17
Artículo 23. Régimen sancionador. ............................................. 18
Disposición adicional primera. Aplicación a las entidades de dinero electrónico de determinados 
preceptos del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera. ............................................. 18
Disposiciones transitorias ...................................................... 19
Disposición transitoria. Régimen transitorio para las entidades de dinero electrónico autorizadas 
conforme al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema 
financiero. ........................................................... 19
Disposiciones derogatorias ..................................................... 19
Disposición derogatoria. ................................................... 19
Disposiciones finales ......................................................... 19
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre 
adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades 
Europeas. ........................................................... 19
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. .... 20
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención 
de las entidades de crédito. ................................................ 21
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 
inversión colectiva. ..................................................... 22
Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre. ............................................................ 22BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las 
entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras. ............................ 22
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. .. 22
Disposición final octava. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. ..................................... 23
Disposición final novena. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. .... 23
Disposición final décima. Títulos competenciales. ................................... 23
Disposición final undécima. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. .................. 24
Disposición final duodécima. Habilitación para el desarrollo reglamentario. ................... 24
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. ................................... 24BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 24 de noviembre de 2018
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley.
PREÁMBULO
I
La aparición en el mercado comunitario de los primeros instrumentos de prepago 
electrónicos dio lugar a la adopción de la Directiva 2000/46/CE, de 18 de septiembre de 
2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así 
como la supervisión cautelar de dichas entidades. Su propósito de crear un marco jurídico 
claro y armonizado que fortaleciera el mercado interior y estimulara la competencia en el 
sector de la emisión de dinero electrónico, al tiempo que garantizara un nivel de supervisión 
prudencial adecuado, se recogió en la primera regulación de las entidades de dinero 
electrónico en España.
La Directiva 2000/46/CE se incorporó a nuestro ordenamiento a través del artículo 21 de 
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero y el Real 
Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero 
electrónico, que lo desarrolla. Ambas respondían al propósito principal de estimular la 
competencia y abrir el sector de la emisión de dinero electrónico a instituciones distintas de 
las bancarias, permitiendo la creación de un nuevo tipo de entidades, las entidades de dinero 
electrónico.
Desde entonces se han venido produciendo una serie de desarrollos, tanto en la 
vertiente regulatoria como en la evolución del propio sector, que aconsejan una modificación 
del marco regulador de las entidades de dinero electrónico y la emisión de dinero 
electrónico. Transcurridos diez años desde la aprobación de aquella primera regulación 
comunitaria se ha comprobado tanto la oportunidad del modelo, como la necesidad de 
abordar algunas reformas que podrían mejorar su efectividad práctica y contribuir en mayor 
medida al desarrollo de este mercado.
Así, es aconsejable, en primer lugar, modificar la propia caracterización del dinero 
electrónico y de la actividad de emisión del mismo, de manera que aumente la seguridad 
jurídica en el desarrollo de esta actividad y el marco jurídico resultante sea, además, 
consistente con el nuevo régimen jurídico aplicable a los servicios de pago.
Por otro lado, a la luz de la experiencia acumulada en estos años, resulta necesario 
ajustar determinados requerimientos prudenciales o limitaciones a las actividades de las 
entidades de dinero electrónico, de manera que su régimen jurídico resulte más 
proporcionado.
La revisión de estos aspectos se sustanció finalmente en la Directiva 2009/110/CE, de 
16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por 
la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE, cuya transposición es objeto de la presente Ley.
Al hilo de lo previsto en la Directiva, son tres los objetivos fundamentales que pueden 
identificarse en la presente Ley.
En primer lugar, se trata de aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la 
emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la 
norma. De esta forma, al aumentar la seguridad jurídica de los intervinientes en el mercado, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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se facilitará el acceso a la actividad de emisión de dinero electrónico y se estimulará la 
competencia en dicho sector.
Por otro lado la norma persigue el diseño de un régimen jurídico más proporcionado, de 
modo que se eliminan determinados requerimientos de las entidades de dinero electrónico 
que, por resultar demasiado onerosos para las entidades, se han revelado inadecuados en 
relación con los riesgos que su actividad puede potencialmente generar. Así, no es preciso 
mantener a las entidades de dinero electrónico como una categoría adicional de entidad de 
crédito, por lo que dejan de tener tal consideración.
Por último, la norma pretende garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico 
de las entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico.
II
La presente Ley se estructura en seis capítulos.
El capítulo I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales de 
la norma. Se define el objeto de la Ley como la regulación de la emisión, con carácter 
profesional, de dinero electrónico, así como del régimen jurídico y prudencial de las 
entidades de dinero electrónico. En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, éste se 
delimita, por un lado, proporcionando una definición legal de dinero electrónico que se basa 
en tres criterios, de manera que todo aquel producto que reúna esas tres características 
podrá calificarse como dinero electrónico. Por otro, se excluye del ámbito de aplicación de la 
norma a aquel valor monetario almacenado en instrumentos específicos, diseñados para 
atender a necesidades concretas y cuyo uso esté limitado, bien porque el titular sólo pueda 
utilizarlo en los establecimientos del propio emisor o en una red limitada de proveedores de 
bienes o servicios, bien porque pueda adquirirse con él únicamente una gama limitada de 
bienes o servicios. Debe considerarse que un instrumento se utiliza dentro de una red 
limitada si solo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado 
establecimiento o cadena de establecimientos, o para una serie limitada de bienes y 
servicios, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta. Tales instrumentos 
podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de 
transporte público, vales de alimentación o vales de servicios (tales como vales de servicios 
de guardería, vales de servicios sociales o regímenes de vales de servicios que 
subvencionen el empleo de personal encargado de los trabajos domésticos como la 
limpieza, la plancha o la jardinería), sujetos a veces a un marco jurídico específico en 
materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los 
objetivos establecidos en la legislación social. No obstante, en caso de que un instrumento 
con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, habrá de 
entenderse incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley. Asimismo, los instrumentos 
que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no se 
encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley puesto que están pensados 
habitualmente para una red de proveedores de servicios que crece constantemente.
Es de destacar que la Ley establece la reserva de actividad para emitir dinero electrónico 
con carácter profesional en favor de una serie de entidades que, de modo exhaustivo, se 
enumeran como posibles emisores. Se trata de las entidades de crédito y de las entidades 
de dinero electrónico, cuyo régimen jurídico se establece en el capítulo II, además de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de las actividades para las que se 
encuentre facultada en virtud de su normativa específica, el Banco de España cuando no 
actúe en su condición de autoridad monetaria y las Administraciones Públicas cuando actúen 
en su condición de autoridades públicas.
Es importante señalar que se mantiene, en esta reforma del marco jurídico aplicable a 
las entidades de dinero electrónico, un régimen similar al aplicable a otras entidades 
financieras. No obstante, se introducen algunas novedades fruto de la adopción del nuevo 
régimen de las entidades de pago, con el que éste ha de mantener consistencia lógica.
Así, en virtud del capítulo II, las entidades de dinero electrónico quedan sometidas a un 
régimen de autorización y registro. Para merecer la autorización, que otorga el Ministerio de 
Economía y Hacienda, habrán de acreditarse una serie de aspectos que proporcionen 
garantías de que la entidad va a estar sometida a una gestión sana y prudente. En el plazo 
de tres meses, tras la recepción de la solicitud o el momento en que se complete la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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documentación exigible, deberá resolverse ésta, entendiéndose denegada si transcurrido 
ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa. El sentido del silencio 
administrativo en este caso responde a lo previsto por el artículo 3.1 de la Directiva 
2009/110/CE, en virtud del cual sólo procede otorgar la autorización cuando se cumplan 
todos los requisitos exigidos por la Directiva y si, una vez examinada la solicitud, las 
autoridades competentes han llegado a una evaluación favorable.
Un aspecto novedoso de la Ley es la posibilidad, recogida de manera expresa, de que 
las entidades de dinero electrónico realicen otras actividades económicas, además de la 
emisión de dinero electrónico. Éstas incluyen la prestación de servicios de pago, la gestión 
de sistemas de pago y cualesquiera otras actividades económicas, con arreglo a la 
legislación aplicable. Se establece, no obstante, una limitación a su actividad que las 
distingue sustancialmente de las entidades de depósito, que es la prohibición de captar 
depósitos u otros fondos reembolsables del público.
Con el objetivo de diseñar un régimen jurídico más proporcionado, se eliminan también 
las limitaciones a las inversiones vigentes en virtud de la normativa anterior. No obstante, 
persiste la necesidad de salvaguardar de manera adecuada los fondos recibidos a cambio 
del dinero electrónico emitido, previéndose para ello un régimen de garantías equivalente al 
de las entidades de pago.
El capítulo III se dedica a la regulación de la actividad transfronteriza de las entidades de 
dinero electrónico, previéndose un régimen de comunicación al Banco de España para el 
caso de actividad intracomunitaria y de autorización cuando ésta abarca terceros países.
En el capítulo IV se contempla la posibilidad de que las entidades de dinero electrónico 
deleguen en terceros la realización de determinadas actividades como son la prestación de 
funciones operativas o la distribución y el reembolso de dinero electrónico. Se establece, no 
obstante, la prohibición de emitir dinero electrónico a través de agentes.
El capítulo V aborda, con carácter general para todos los emisores de dinero electrónico, 
el régimen de emisión y reembolso de este producto, concretándolo en tres aspectos 
fundamentales. En primer lugar, se establece la obligación de emitir dinero electrónico por su 
valor nominal. Asimismo, se prevé la posibilidad de que el titular de dinero electrónico solicite 
y obtenga el reembolso, en cualquier momento y por su valor nominal, del dinero electrónico 
de que disponga. Con carácter general, la norma establece que el reembolso debe 
efectuarse libre de gastos. No obstante se prevén una serie de supuestos en los que el 
emisor podrá repercutir un gasto, proporcional y adecuado a los costes en que incurra, por 
efectuar el reembolso. En tercer lugar, se prohíbe la concesión de intereses o de cualquier 
otro beneficio que esté asociado al tiempo durante el cual el titular del dinero electrónico 
mantiene éste.
El capítulo VI detalla, por último, las facultades que corresponden al Banco de España 
para el adecuado ejercicio de la supervisión de las entidades de dinero electrónico, el 
régimen de participaciones significativas de estas entidades y el régimen sancionador 
aplicable a las mismas que, en lo fundamental, sigue lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 
de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
III
Se ha introducido en la presente Ley una disposición transitoria proveniente de la 
Directiva 2009/110/CE, que hace referencia a aquellas entidades de dinero electrónico que 
hubieran obtenido autorización en virtud del artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. No se requiere que estas 
entidades soliciten una nueva autorización, si bien se exige que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el desarrollo de esta actividad de acuerdo con esta Ley.
Cuenta adicionalmente la Ley con una disposición derogatoria, que contiene una 
cláusula de carácter general y otra específica referida al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 
de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
La Ley concluye con trece disposiciones finales. Las disposiciones finales primera y 
tercera modifican, respectivamente, el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, 
sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 
Comunidades Europeas y la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de 
las entidades de crédito. Estas modificaciones adaptan dichas normas a la pérdida, por parte BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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de las entidades de dinero electrónico, de su condición como entidad de crédito. Por su parte 
la disposición final octava modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar 
expresamente a las entidades de dinero electrónico como sujetos obligados por dicha 
normativa.
La Ley se dicta de conformidad con los títulos competenciales recogidos en los artículos 
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española, como señala la disposición final décima. 
Por último, las disposiciones finales undécima y duodécima contienen, respectivamente, la 
referencia a la incorporación del derecho comunitario y la habilitación al Gobierno para su 
desarrollo reglamentario. Se cierra la Ley con la disposición final decimotercera que 
establece la fecha de su entrada en vigor.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Ley es la regulación de la emisión de dinero electrónico, incluyendo 
el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y la supervisión prudencial de 
estas entidades.
2. Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios 
electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo 
de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 
2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por 
una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
3. Esta Ley no se aplicará a aquel valor monetario:
a) almacenado en instrumentos que puedan utilizarse para la adquisición de bienes o 
servicios únicamente en las instalaciones del emisor o, en virtud de un acuerdo comercial 
con el emisor, bien en una red limitada de proveedores de servicios o bien para un conjunto 
limitado de bienes o servicios, de acuerdo con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente;
b) utilizado para realizar operaciones de pago exentas en virtud del artículo 3.l) de la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Artículo 2.  Reserva de actividad.
1. Podrán emitir dinero electrónico las siguientes categorías de emisores de dinero 
electrónico:
a) Las entidades de crédito, a que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de 
crédito al de las Comunidades Europeas, y cualquier sucursal en España de una entidad de 
crédito cuya matriz esté domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.
b) Las entidades de dinero electrónico autorizadas conforme al artículo 4 de esta Ley y 
cualquier sucursal en España de una entidad de dinero electrónico cuya matriz esté 
domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.
c) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de las actividades de 
emisión de dinero electrónico a que se encuentre facultada en virtud de su normativa 
específica.
d) El Banco de España, cuando no actúe en su condición de autoridad monetaria.
e) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, cuando actúen en su condición de autoridades públicas.
2. Se prohíbe a toda persona física o jurídica distinta de las recogidas en el apartado 
anterior emitir, con carácter profesional, dinero electrónico tal y como se define en el artículo 
1.2 de la presente Ley.
3. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán 
sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que puedan resultar exigibles.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico
Artículo 3.  Definición y reserva de denominación.
1. Tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico aquellas personas 
jurídicas distintas de las contempladas en el artículo 2.1.a) de esta Ley, a las cuales se haya 
otorgado autorización para emitir dinero electrónico conforme a este capítulo.
2. La denominación «entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura «EDE», 
quedará reservada a estas entidades, las cuales podrán incluirlas en su denominación social 
en la forma que reglamentariamente se determine. Las personas físicas o jurídicas que 
infrinjan esta reserva serán sancionadas conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 
2.
Artículo 4.  Autorización y registro.
1. Corresponde al Banco de España, previo informe del servicio ejecutivo de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los aspectos de su 
competencia, autorizar la creación de las entidades de dinero electrónico, así como el 
establecimiento en España de sucursales de dichas entidades autorizadas o domiciliadas en 
un Estado no miembro de la Unión Europea. La solicitud de autorización deberá resolverse 
dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la 
documentación exigible. La autorización se entenderá desestimada por silencio 
administrativo si transcurrido ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa. 
La denegación de la autorización deberá motivarse.
El régimen de autorización de las entidades de dinero electrónico se orientará al 
mantenimiento del mayor nivel posible de competencia en la prestación de servicios de pago 
y el procedimiento de autorización estará presidido por los principios de celeridad, 
antiformalista y economía procedimental.
El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos 
esenciales del expediente que se ha de tramitar, y la finalización del mismo, así como 
cualquier otra información que reglamentariamente se determine.
2. La autorización para la creación de una entidad de dinero electrónico se denegará:
a) Cuando ésta carezca de procedimientos de gobierno corporativo adecuados, incluida 
una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno 
adecuados, que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
A estos efectos, las entidades de dinero electrónico dispondrán, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de una estructura 
organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y 
coherentes, así como de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y 
comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestos, junto con 
mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y 
contables sólidos. Tales métodos, procedimientos y mecanismos serán exhaustivos y 
proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de la actividad desarrollada por la 
entidad.
b) Si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad, 
no se considera adecuada la idoneidad de los accionistas o socios que vayan a tener una 
participación significativa.
A los efectos de esta ley se entenderá por participación significativa en una entidad de 
dinero electrónico española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 
por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, y aquéllas que, sin llegar al 
porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la entidad. Se podrá 
determinar reglamentariamente cuándo se deberá presumir que una persona física o jurídica 
puede ejercer una influencia notable.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La idoneidad se apreciará en función de:
1.º La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas o socios conforme al 
artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas o socios sean Administraciones 
públicas;
2.º Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas o socios para atender 
los compromisos asumidos;
3.º La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda 
pertenecer la entidad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la 
información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.
c) Cuando sus administradores y directores generales responsables de la gestión y de la 
prestación de los servicios de la entidad no tengan la honorabilidad comercial y profesional 
requerida conforme al artículo 30 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, o carezcan de la experiencia o los 
conocimientos mínimos necesarios.
d) Existan vínculos estrechos, según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 38, 
del Reglamento (UE) 575/2013, entre la entidad de dinero electrónico y otras personas 
físicas o jurídicas, que obstaculicen el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión
e) Cuando el buen ejercicio de la supervisión de la entidad por parte del Banco de 
España se vea obstaculizado por la normativa vigente en un Estado no miembro de la Unión 
Europea que resulte aplicable a una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que 
la entidad de dinero electrónico mantenga vínculos estrechos o a consecuencia de dicha 
reglamentación.
f) Cuando incumpla los requisitos de capital mínimo o los demás que 
reglamentariamente se establezcan para la autorización de las entidades de dinero 
electrónico.
g) La información y las pruebas que acompañen a la solicitud no obtengan una 
valoración favorable respecto del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta 
ley o en su desarrollo reglamentario para la autorización de las entidades de dinero 
electrónico.
3. Una vez obtenida la autorización y tras su inscripción en el Registro Mercantil, las 
entidades de dinero electrónico deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en 
el registro especial de entidades de dinero electrónico que se creará en el Banco de España. 
En ese registro figurarán además de las entidades de dinero electrónico autorizadas, sus 
agentes y sucursales. En él se harán constar las actividades para las que se haya autorizado 
a cada entidad de dinero electrónico. El registro será público, accesible a través de internet y 
se actualizará periódicamente.
4. La autorización de entidades de dinero electrónico con forma societaria requerirá que 
su administración central su domicilio social y una parte de sus actividades de prestación de 
servicios de pago se encuentren en España.
5. Reglamentariamente podrá establecerse el régimen jurídico aplicable a la creación y 
condiciones de ejercicio de la actividad de las entidades de dinero electrónico y, en 
particular, las exigencias de fondos propios y garantías, de acuerdo con las previsiones 
contenidas en esta ley.
6. Los requisitos exigibles para la autorización lo serán también, en los términos que se 
indiquen reglamentariamente, para conservarla.
Artículo 5.  Revocación.
1. La autorización concedida a una entidad de dinero electrónico podrá ser revocada si 
no se hace uso de ella en un plazo de doce meses.
2. Asimismo podrá revocarse la autorización concedida a una entidad de dinero 
electrónico como sanción por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de esta Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Además de por las causas señaladas en los dos apartados anteriores, sólo podrá 
revocarse la autorización concedida a una entidad de dinero electrónico en los siguientes 
supuestos:
a) Si se interrumpen de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un 
período superior a seis meses.
b) Si se acredita que obtuvo la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro 
medio irregular.
c) Si se incumplen las condiciones que motivaron la autorización.
d) Por renuncia expresa a la autorización.
e) Cuando constituya una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos en caso de 
seguir emitiendo dinero electrónico.
4. La autorización de una sucursal de una entidad de dinero electrónico de un Estado no 
miembro de la Unión Europea será revocada, en cualquier caso, cuando sea revocada la 
autorización de la entidad de dinero electrónico que ha creado la sucursal.
5. El Banco de España será competente para acordar la revocación.
6. Cuando el Banco de España tenga conocimiento de que a una entidad de dinero 
electrónico de otro Estado miembro de la Unión Europea que opera en España le ha sido 
revocada su autorización, acordará de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad 
no inicie nuevas actividades de emisión de dinero electrónico, así como para salvaguardar 
los intereses de los usuarios del dinero electrónico.
7. La revocación de la autorización figurará en todos los Registros públicos pertinentes y 
desde su notificación a la entidad, implicará el cese de todas las operaciones amparadas por 
la misma.
8. Cuando se hubiese acordado la revocación de la autorización de una entidad de 
dinero electrónico, el Banco de España informará de ello a las autoridades supervisoras 
competentes de los Estados miembros donde aquélla tenga una sucursal o actúe en régimen 
de libre prestación de servicios.
Artículo 6.  Capital inicial.
Las entidades de dinero electrónico deberán disponer de un capital inicial mínimo de 
350.000 euros. Éste se complementará con un volumen suficiente de recursos propios, 
conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 7.  Recursos propios.
1. Las entidades de dinero electrónico deberán mantener en todo momento, además del 
capital mínimo exigible, un volumen suficiente de recursos propios en relación con los 
indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan. A estos 
efectos, los recursos propios computables se definirán de acuerdo con lo dispuesto, a los 
mismos efectos, para las entidades de crédito.
2. En relación con las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, el Banco de 
España:
a) Podrá exceptuar a las entidades de dinero electrónico integradas en un grupo 
consolidable de entidades de crédito, tal y como se definen éstos en las letras a) y b) del 
artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios 
y obligaciones de información de los intermediarios financieros, del cumplimiento individual 
íntegro de las exigencias de recursos propios.
b) Podrá exigir, sobre la base de la evaluación de los procesos de gestión de riesgos y 
de los mecanismos de control interno de la entidad de dinero electrónico, que la entidad de 
dinero electrónico posea una cifra de fondos propios hasta un 20 por ciento superior, o 
permitir que la entidad de dinero electrónico posea una cifra de recursos propios hasta un 20 
por ciento inferior a la que resulte de las exigencias mínimas de capital requeridas a la 
entidad conforme a las normas del apartado 1 de este artículo.
c) Adoptará las medidas necesarias para impedir el uso múltiple de los elementos de 
recursos propios cuando la entidad de dinero electrónico pertenezca al mismo grupo de otra 
entidad de dinero electrónico o entidad financiera, así como para asegurar una distribución 
adecuada dentro del grupo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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d) Podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de capital 
suficiente para la emisión de dinero electrónico, en particular, cuando las actividades de la 
entidad de dinero electrónico en relación con servicios distintos a la propia emisión de dinero 
electrónico o a los estrictamente relacionados con ella, perjudiquen o puedan perjudicar la 
solidez financiera de la entidad.
3. Cuando una entidad de dinero electrónico no alcance los niveles mínimos de recursos 
propios establecidos de conformidad con el presente artículo, la entidad deberá destinar a la 
formación de reservas los porcentajes de sus beneficios o excedentes líquidos que 
reglamentariamente se determinen, sometiendo a tal efecto su distribución a la previa 
autorización del Banco de España.
Artículo 8.  Actividades.
1. Las entidades de dinero electrónico, cuando así se hubiera previsto en sus estatutos 
sociales, podrán realizar, además de la emisión de dinero electrónico, las actividades 
siguientes:
a) la prestación de los servicios de pago que se enumeran en el artículo 1.2 de la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre.
b) la concesión de créditos en relación con los servicios de pago contemplados en el 
artículo 1.2.d), e) y g) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:
1.º Que se trate de un crédito concedido exclusivamente en relación con la ejecución de 
una operación de pago;
2.º que el crédito concedido en relación con el pago, ejecutado con arreglo al artículo 11 
de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, sea reembolsado dentro de un plazo que, en ningún 
caso, supere los doce meses;
3.º que dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o mantenidos a 
efectos de la ejecución de una operación de pago; y,
4.º que los fondos propios de la entidad de dinero electrónico sean en todo momento 
adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España teniendo 
en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos.
Los créditos conforme a este apartado no se concederán con cargo a los fondos 
recibidos a cambio de dinero electrónico y salvaguardados de conformidad con el artículo 9.1 
de esta Ley.
c) la prestación de servicios operativos y servicios auxiliares estrechamente vinculados 
en relación con la emisión de dinero electrónico o en relación con la prestación de servicios 
de pago a que se refiere la letra a) de este apartado.
d) la gestión de sistemas de pago, tal como se definen en el artículo 2.6 de la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la misma.
e) otras actividades económicas distintas de la emisión de dinero electrónico, con arreglo 
a la legislación de la Unión Europea y nacional aplicable.
No obstante, cuando estas actividades puedan perjudicar la solidez financiera de la 
entidad de dinero electrónico o puedan crear graves dificultades para el ejercicio de su 
supervisión, el Banco de España podrá exigirle que constituya una entidad separada para la 
emisión de dinero electrónico y la realización, en su caso, de las actividades previstas en la 
letra a) de este apartado.
2. Las entidades de dinero electrónico no podrán llevar a cabo la captación de depósitos 
u otros fondos reembolsables del público en el sentido del artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
3. Los fondos que el titular del dinero electrónico entregue a la entidad de dinero 
electrónico se cambiarán de manera inmediata por dinero electrónico. Estos fondos no 
constituirán depósitos u otros fondos reembolsables del público en el sentido de lo 
establecido en el artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4. Tampoco constituirán depósitos u otros fondos reembolsables los fondos recibidos por 
las entidades de dinero electrónico en relación con las actividades recogidas en el apartado 
1.a) de este artículo y que no estén vinculados a la emisión de dinero electrónico.
5. Las entidades de dinero electrónico únicamente podrán mantener cuentas de pago, tal 
y como se definen en el artículo 2.14 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de 
pago, cuyo uso exclusivo se limite a operaciones de pago. Dichas cuentas no podrán 
devengar intereses y quedarán sujetas a las restantes limitaciones operativas que se 
determinen reglamentariamente para asegurar su finalidad.
Artículo 9.  Requisitos de garantía.
1. Las entidades de dinero electrónico salvaguardarán los fondos recibidos a cambio del 
dinero electrónico que haya sido emitido, conforme a lo previsto en el artículo 10.1.a) de la 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.
Los fondos entregados a cambio de la emisión de dinero electrónico, que sean recibidos 
por la entidad de dinero electrónico a través de un instrumento de pago, no deberán ser 
salvaguardados de acuerdo con el apartado anterior hasta que no hayan sido ingresados en 
la cuenta de pago de la entidad de dinero electrónico o se hayan puesto de alguna otra 
forma a disposición de ésta, conforme a los plazos de ejecución previstos en la sección II del 
capítulo III del título IV de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, cuando 
resulten aplicables.
En cualquier caso, estos fondos habrán de ser salvaguardados transcurridos, como 
máximo, cinco días hábiles desde la emisión del dinero electrónico.
2. Se salvaguardarán asimismo conforme a lo previsto en el primer párrafo del apartado 
anterior los fondos recibidos por las entidades de dinero electrónico en relación con las 
actividades enunciadas en el artículo 8.1.a) de esta Ley que no estén vinculadas a la emisión 
de dinero electrónico.
3. No obstante lo anterior, el Banco de España, atendiendo a la singularidad del negocio 
de las entidades de dinero electrónico y con el fin de mejorar la protección de los fondos 
recibidos por ellas, podrá autorizar, cuando así lo solicite la entidad, la utilización del método 
de salvaguarda previsto en el artículo 10.1.b) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago, ya sea para proteger los fondos que se hayan recibido a cambio del 
dinero electrónico emitido, ya sea los recibidos para la prestación de servicios de pago no 
vinculados a dicha emisión.
4. En caso de que una entidad de dinero electrónico tenga que salvaguardar fondos con 
arreglo a los apartados anteriores y de que una fracción de dichos fondos se destine a 
emisión futura de dinero electrónico y el resto se utilice para servicios distintos de la emisión 
de dinero electrónico, esa fracción de los fondos destinados a emisiones futuras de dinero 
electrónico también estará sujeta a los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 
En caso de que dicha fracción sea variable o no se conozca con antelación, las entidades de 
dinero electrónico podrán aplicar los apartados anteriores sobre la base de una hipótesis 
acerca de la fracción representativa que se destinará a dinero electrónico, siempre que esa 
fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción del Banco de España, de una 
estimación razonable a partir de datos históricos.
Artículo 10.  Contabilidad y Auditoría.
1. Se faculta al titular del Ministerio de Economía y Empresa para establecer y modificar 
las normas de contabilidad y los modelos de los estados financieros públicos y reservados 
de las entidades de dinero electrónico, disponiendo la frecuencia, forma y plazo con que los 
correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de España y hacerse públicos 
con carácter general por las propias entidades. En el ejercicio de esta facultad, para el cual 
podrá habilitarse al Banco de España, no existirán más restricciones que la exigencia de que 
los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de dinero electrónico.
2. Las entidades de dinero electrónico deberán someter sus cuentas anuales a la 
auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, de conformidad con lo previsto en su disposición adicional primera.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. Será de aplicación a los auditores de las entidades de pago lo dispuesto en la 
disposición adicional séptima de la Ley 22/2015. La obligación de informar que allí se 
establece se entenderá referida al Banco de España.
4. En lo que se refiere a la obligación de informar separadamente en la memoria de las 
cuentas anuales, de los activos, pasivos, ingresos y gastos correspondientes a las distintas 
actividades desarrolladas por las entidades de dinero electrónico, tal obligación deberá 
observarse respecto de las partidas correspondientes a la emisión de dinero electrónico, a la 
prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión y a las restantes actividades, 
de forma que los tres grupos de actividades aparezcan claramente identificados.
CAPÍTULO III
Actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico
Artículo 11.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Estado miembro de 
la Unión Europea por entidades de dinero electrónico españolas.
1. Las entidades de dinero electrónico españolas que pretendan emitir dinero electrónico 
o prestar servicios de pago no vinculados a dicha emisión en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, bien mediante el establecimiento de una sucursal o en régimen de libre 
prestación de servicios, deberán comunicarlo previamente al Banco de España.
A la comunicación se acompañará, al menos, la siguiente información:
a) Un programa de actividades en que se indiquen, en particular, las operaciones que la 
entidad de dinero electrónico pretenda llevar a cabo y, en su caso, la estructura de la 
organización de la sucursal y su domicilio social.
b) El nombre y la trayectoria profesional de los directivos responsables de la sucursal.
2. En el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, el 
Banco de España deberá comunicar a las autoridades competentes del Estado de acogida:
a) El nombre y la dirección de la entidad de dinero electrónico.
b) Los nombres de las personas responsables de la gestión de la sucursal así como su 
estructura organizativa y su domicilio social, y
c) Las actividades que pretenda llevar a cabo.
Reglamentariamente se determinará la forma de proceder en el caso de que la entidad 
pretenda efectuar cambios que entrañen modificación de las informaciones comunicadas al 
Banco de España.
Artículo 12.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por entidades 
de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. Las entidades de dinero electrónico de la Unión Europea que no se hayan acogido 
total o parcialmente a las excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE, 
podrán emitir dinero electrónico o prestar servicios de pago no vinculados a dicha emisión, 
bien mediante apertura de sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios.
Estas entidades deberán respetar en el ejercicio de su actividad en España las 
disposiciones dictadas por razones de interés general.
2. Recibida por el Banco de España una comunicación de la autoridad supervisora de la 
entidad de dinero electrónico, que contenga, al menos, la información prevista en el apartado 
2 del artículo 11 de esta Ley, y cumplidos los demás requisitos que reglamentariamente se 
determinen, se procederá a inscribir la sucursal en el correspondiente Registro Especial de 
Entidades de Dinero Electrónico, momento a partir del cual podrá la sucursal iniciar sus 
actividades en España.
Reglamentariamente se determinará la forma de proceder en el caso de que la entidad 
pretenda efectuar cambios que entrañen modificación de las informaciones comunicadas al 
Banco de España.
3. Las entidades de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán iniciar en España su actividad en régimen de libre prestación de servicios 
tan pronto como el Banco de España reciba una comunicación de su autoridad supervisora 
indicando qué actividades pretenden realizar en España. Este régimen será también de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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aplicación cuando la entidad de dinero electrónico pretenda iniciar por primera vez en 
España alguna otra actividad distinta a la emisión de dinero electrónico y la prestación de 
servicios de pago a que se refiere el artículo 8.1.a) de esta Ley.
4. Las entidades de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, podrán distribuir dinero electrónico en España mediante la contratación, para tal 
fin, de una o varias personas físicas o jurídicas. Para poder realizar tal actividad en España, 
el Banco de España habrá de recibir, con las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, una comunicación de su autoridad supervisora indicando qué actividades 
pretenden realizar en España y los nombres de las personas responsables de la red de 
distribuidores así como su estructura organizativa y su domicilio social.
Artículo 13.  Actividad de las entidades de dinero electrónico españolas en un Estado no 
miembro de la Unión Europea.
La emisión de dinero electrónico en Estados no miembros de la Unión Europea por parte 
de entidades de dinero electrónico españolas, incluso mediante la creación o adquisición de 
filiales, quedará sujeta, en los términos que reglamentariamente se determinen, a la previa 
autorización del Banco de España.
CAPÍTULO IV
Otras disposiciones relativas a las entidades de dinero electrónico
Artículo 14.  Delegación de la prestación de funciones operativas.
1. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en que las entidades de dinero 
electrónico podrán delegar la prestación de funciones operativas.
2. Las entidades de dinero electrónico que recurran a terceros para la realización de 
funciones operativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en esta Ley. Las entidades de dinero electrónico serán 
plenamente responsables de los actos de sus empleados y de cualesquiera agentes, 
sucursales, instituciones o personas en las que se haya delegado la prestación de funciones 
operativas.
Artículo 15.  Agentes.
1. Las entidades de dinero electrónico no emitirán dinero electrónico por intermediación 
de agentes.
2. Las entidades de dinero electrónico estarán capacitadas para prestar los servicios de 
pago a que se refiere el artículo 8.1.a) de esta Ley por intermediación de agentes 
únicamente si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 16/2009, 
de 13 de noviembre, de servicios de pago, y sus normas de desarrollo.
3. Las entidades de dinero electrónico podrán distribuir y rembolsar dinero electrónico 
por intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Si la entidad de 
dinero electrónico desea distribuir dinero electrónico en otro Estado miembro contratando a 
una persona física o jurídica, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 11 de 
esta Ley, con las especialidades que reglamentariamente se determinen.
Artículo 16.  Conservación de documentos.
Las entidades de dinero electrónico conservarán todos los documentos necesarios a 
efectos de esta Ley durante, al menos, cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo y sus disposiciones de desarrollo, así como en otras disposiciones de la Unión 
Europea o nacionales aplicables.
Artículo 16 bis.  Acceso a cuentas abiertas en entidades de crédito.
Las entidades de dinero electrónico tendrán acceso a los servicios de cuentas de pago 
de las entidades de crédito de forma objetiva, no discriminatoria y proporcionada. Dicho BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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acceso será lo suficientemente amplio como para permitir que las entidades de dinero 
electrónico presten servicios de pago sin obstáculos y con eficiencia.
En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una 
cuenta de pago por parte de una entidad de dinero electrónico o de la resolución unilateral 
por una entidad de crédito del contrato marco de una entidad de dinero electrónico, la 
entidad de crédito remitirá de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de dinero 
electrónico la decisión debidamente motivada y basada, en particular, en un análisis de los 
riesgos específicos de la entidad de dinero electrónico concreta de que se trate o en la falta 
de adecuación a los criterios objetivos, no discriminatorios y proporcionados que la entidad 
de crédito haya hecho públicos de forma previa y general.
CAPÍTULO V
Emisión y reembolso de dinero electrónico
Artículo 17.  Emisión y reembolso.
1. Los emisores de dinero electrónico emitirán, al recibo de los fondos, dinero electrónico 
por su valor nominal.
2. Los emisores de dinero electrónico reembolsarán al titular del mismo, cuando éste lo 
solicite, en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de 
que disponga.
3. El contrato entre el emisor de dinero electrónico y el titular del dinero electrónico 
estipulará clara y explícitamente las condiciones de reembolso, incluidos los gastos conexos, 
y se informará de esas condiciones al titular del dinero electrónico antes de que éste quede 
sujeto a un contrato u oferta.
4. El reembolso podrá estar sujeto a gastos únicamente si así se estipula en el contrato 
de conformidad con el apartado anterior y sólo en alguno de los siguientes casos:
a) cuando el reembolso se solicite antes de la finalización del contrato.
b) cuando el contrato determine una fecha de finalización y el titular del dinero 
electrónico haya resuelto el contrato con anterioridad a dicha fecha.
c) cuando el reembolso se solicite una vez transcurrido un año desde la fecha de 
finalización del contrato.
Todo gasto será proporcional y adecuado a los costes reales en que incurra el emisor de 
dinero electrónico.
5. Cuando el reembolso se solicite antes de la finalización del contrato, el titular del 
dinero electrónico podrá solicitar el reembolso total o parcial.
6. Cuando el titular del dinero electrónico solicite el reembolso en la fecha de finalización 
del contrato o hasta un año después de dicha fecha:
a) Se reembolsará el valor monetario total del dinero electrónico que se posea.
b) Cuando una entidad de dinero electrónico realice una o varias de las actividades que 
se enumeran en el artículo 8.1.e) de esta Ley, y se desconozca de antemano el porcentaje 
de fondos que se va a utilizar como dinero electrónico, se reembolsarán al titular del dinero 
electrónico todos los fondos que solicite.
7. Los derechos de reembolso de las personas físicas o jurídicas que acepten dinero 
electrónico se regirán por las estipulaciones contractuales acordadas con el emisor de dinero 
electrónico. No obstante, lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 anteriores les será de 
aplicación cuando soliciten el reembolso en su condición de titulares de dinero electrónico.
Artículo 18.  Prohibición de intereses.
Se prohíbe la concesión de intereses o cualquier otro beneficio relacionado con el tiempo 
durante el cual un titular de dinero electrónico está en posesión de dinero electrónico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 19.  Procedimientos de reclamación y recurso extrajudicial para la solución de 
litigios.
En sus relaciones con los titulares de dinero electrónico y, en su caso, con los usuarios 
de servicios de pago no vinculados a dicha emisión, será de aplicación a los emisores de 
dinero electrónico lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen.
CAPÍTULO VI
Régimen de supervisión y sancionador de las entidades de dinero electrónico
Artículo 20.  Supervisión.
1. Corresponderá al Banco de España el control e inspección de las entidades de dinero 
electrónico y su inscripción en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico que 
se creará al efecto. El citado control e inspección se realizará en el marco de lo establecido 
por el artículo 43 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Esta 
competencia se extenderá a cualquier oficina o centro, dentro o fuera del territorio español, 
y, en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España 
lo exija, a las sociedades que se integren en el grupo de la afectada.
A estos efectos, el Banco de España podrá recabar de las entidades y personas sujetas 
a su supervisión cuanta información sea necesaria para comprobar el cumplimiento de la 
normativa de ordenación y disciplina a que aquéllas estén sujetas. Con el fin de que el 
Banco de España pueda obtener dicha información o confirmar su veracidad, las entidades y 
personas mencionadas quedan obligadas a poner a disposición del Banco cuantos libros, 
registros y documentos considere precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y 
bases de datos, sea cual sea su soporte, físico o virtual.
También podrá emitir guías de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 bis.1.d) de la Ley 
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de 
información de los intermediarios financieros.
2. El Banco de España deberá informar a las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida siempre que desee efectuar inspecciones in situ en el territorio de este 
último. El Banco de España podrá encomendar a las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida la realización de inspecciones in situ en la entidad de que se trate.
3. El Banco de España podrá, en el ejercicio de sus propias competencias de control, en 
particular en lo que se refiere al adecuado funcionamiento del sistema de pagos, 
inspeccionar las sucursales de entidades de dinero electrónico autorizadas en otros Estados 
miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá asumir la realización de las inspecciones 
que en relación con esas sucursales le hayan sido encomendadas por las autoridades 
supervisoras del Estado miembro donde la entidad haya sido autorizada.
4. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Banco de España podrá recabar de las 
sucursales de las entidades de dinero electrónico de la Unión Europea la misma información 
que exija a las entidades españolas.
5. La supervisión del Banco de España podrá alcanzar igualmente a las personas 
españolas que controlen entidades de dinero electrónico de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de la 
supervisión de dichas entidades.
6. Las resoluciones que dicte el Banco de España en el ejercicio de las funciones a que 
se refieren los apartados anteriores serán susceptibles de recurso ante el Ministro de 
Economía y Hacienda.
7. Las medidas de intervención y de sustitución previstas en el título III y el artículo 62 de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, 
podrán aplicarse a las entidades de dinero electrónico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 21.  Régimen de participaciones significativas.
1. Cualquier persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada, 
haya adoptado la decisión de adquirir o ceder, directa o indirectamente, una participación 
significativa en una entidad de dinero electrónico española, notificará previamente al Banco 
de España su intención de efectuar dicha adquisición o cesión.
De manera análoga, cualquier persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de 
manera concertada, haya adoptado la decisión de aumentar o reducir, directa o 
indirectamente, su participación significativa en una entidad de dinero electrónico, como 
consecuencia de lo cual su porcentaje del capital o de derechos de voto poseídos 
ascendería, sobrepasaría o caería por debajo del 20 por ciento, el 30 por ciento o el 50 por 
ciento, o pasaría a controlar la entidad de dinero electrónico o dejaría de hacerlo, notificará 
previamente al Banco de España su intención de efectuar dicho aumento o reducción.
Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de este artículo siempre 
que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
2. El adquirente propuesto deberá facilitar al Banco de España información que indique 
el volumen de dicha participación así como la información pertinente a la que hace referencia 
el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito.
3. El Banco de España dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles, a contar desde la 
fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la notificación a la que se refiere el 
apartado 1 anterior, para valorar si la influencia ejercida por el adquirente propuesto puede ir 
en detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad y, en su caso, oponerse a la 
adquisición propuesta. El acuse de recibo se realizará por escrito en el plazo de dos días 
hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la notificación por el Banco de España, 
siempre que ésta se acompañe de toda la información que resulte exigible conforme a este 
artículo, y en él se indicará al adquirente potencial la fecha exacta en que expira el plazo de 
evaluación.
4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones reguladas en este artículo sin haber 
notificado previamente al Banco de España, o, habiéndole notificado, mediara la oposición 
expresa del Banco de España, formulada en el plazo previsto en el apartado anterior, se 
producirán los siguientes efectos:
a) En todo caso y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos políticos 
correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no obstante, llegaran a 
ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán impugnables en vía 
judicial, según lo previsto en el capítulo IX del título V del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital, 
estando legitimado al efecto el Banco de España.
b) Si fuera preciso, se acordará la intervención de la entidad o la sustitución de sus 
administradores, según lo previsto en el título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Además, se impondrán las sanciones previstas en el título I de la misma Ley.
Artículo 22.  Información y secreto profesional.
1. En el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección de las entidades de 
dinero electrónico, el Banco de España colaborará con las autoridades que tengan 
encomendadas funciones semejantes en otros Estados miembros de la Unión Europea y 
podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas 
entidades, así como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y su 
supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares; igualmente, 
podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboración.
En el caso de que las autoridades competentes no pertenezcan a otro Estado miembro 
de la Unión Europea, el suministro de estas informaciones exigirá que exista reciprocidad y 
que las autoridades competentes se hallen sujetas al deber de secreto profesional en 
condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes 
españolas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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En el caso de que las autoridades competentes pertenezcan a otro Estado miembro de 
la Unión Europea, el Banco de España facilitará a las interesadas, por propia iniciativa, 
cualquier información que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y, 
cuando se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.
2. Será asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de 
Crédito al de las Comunidades Europeas, tanto a los efectos previstos en el apartado 
anterior como a los restantes contemplados en el propio artículo.
3. Adicionalmente, el Banco de España podrá intercambiar información que sea 
relevante para el ejercicio de sus respectivas competencias con:
a) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea, en su calidad de autoridades monetarias y de supervisión, y, en su 
caso, con otras autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y 
liquidación;
b) otras autoridades pertinentes designadas en virtud de la presente Ley, de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, sus disposiciones de desarrollo y de otras disposiciones de Derecho de la Unión 
Europea aplicables a los emisores de dinero electrónico.
Artículo 23.  Régimen sancionador.
1. A las entidades de dinero electrónico les será de aplicación, con las adaptaciones que 
reglamentariamente se determinen, el régimen sancionador previsto en la Ley 26/1988, de 
29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. Dicho régimen 
alcanzará también a las personas físicas o jurídicas que posean una participación 
significativa en una entidad de dinero electrónico.
2. Tendrán la consideración de normas de ordenación y disciplina de los emisores de 
dinero electrónico a los que se refieren las letras a) y b) del artículo 2.1 las disposiciones 
contenidas en esta Ley. Su incumplimiento será sancionado como infracción grave, siempre 
que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Disposición adicional primera.  Aplicación a las entidades de dinero electrónico de 
determinados preceptos del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de 
pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, los artículos 10 a 13 y 22 a 27, del Real 
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera, y su normativa de desarrollo se aplicarán a las entidades de dinero 
electrónico.
2. Las entidades de dinero electrónico podrán distribuir y reembolsar dinero electrónico 
por intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Cuando las 
entidades de dinero electrónico distribuyan dinero en otros Estados miembros de la Unión 
Europea contratando a esas personas físicas o jurídicas, se les aplicarán los artículos, 22 
y 27 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras 
medidas urgentes en materia financiera, y su normativa de desarrollo.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades de dinero electrónico 
no emitirán dinero electrónico por intermediación de agentes. Las entidades de dinero 
electrónico estarán autorizadas para prestar los servicios de pago a los que se refiere el 
artículo 8, apartado 1, letra a), de esta ley, por intermediación de agentes únicamente si se 
cumplen las condiciones recogidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición transitoria.  Régimen transitorio para las entidades de dinero electrónico 
autorizadas conforme al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de 
reforma del sistema financiero.
1. Las entidades de dinero electrónico que hubieran sido autorizadas para la emisión de 
dinero electrónico antes del 30 de abril de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, 
podrán seguir emitiendo dinero electrónico en España o en cualquier otro Estado miembro 
de la Unión Europea, de conformidad con los acuerdos de reconocimiento mutuo 
mencionados en la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y 
su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades. Para ello, no será preciso 
solicitar la autorización prevista en el artículo 4 y no estarán obligadas al cumplimiento de 
aquellas otras disposiciones de esta Ley que se determinen reglamentariamente.
2. Las entidades de dinero electrónico a que se refiere el apartado anterior deberán 
presentar antes del 30 de octubre de 2011 ante la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera la información pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, a fin de 
que pueda determinarse si dichas entidades se ajustan a los requisitos establecidos en esta 
Ley y, en caso de que no sea así, las medidas que han de adoptarse para garantizar su 
cumplimiento o si procede retirar la autorización.
Las entidades de dinero electrónico que reúnan los requisitos anteriores serán 
autorizadas e inscritas en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico del Banco 
de España, según lo establecido en el artículo 4. Se prohibirá la emisión de dinero 
electrónico a aquellas entidades de dinero electrónico que no hayan acreditado a 30 de 
octubre de 2011 el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en la presente Ley y, en particular, el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
medidas de reforma del sistema financiero y el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, 
sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de 
junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 
Comunidades Europeas.
El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación 
del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1.  Definición.
1. A efectos de la presente disposición, y de acuerdo con la Directiva 2000/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, se entiende por «entidad de 
crédito» toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del 
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u 
otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por 
cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.
2. Se conceptúan entidades de crédito:
a) El Instituto de Crédito Oficial.
b) Los Bancos.
c) Las Cajas de Ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
d) Las Cooperativas de Crédito.
e) Los Establecimientos Financieros de Crédito.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 22, que queda redactado con el siguiente tenor:
«El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el 
órgano de asesoramiento de su Consejo. Dicho Comité será presidido por el 
Vicepresidente de la Comisión, que no dispondrá de voto en relación con sus 
informes, siendo el número de sus consejeros y la forma de su designación los que 
reglamentariamente se determinen. Los consejeros serán designados en 
representación de las infraestructuras de mercado, de los emisores, de los 
inversores, de las entidades de crédito y entidades aseguradoras, de los colectivos 
profesionales designados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de los 
fondos de garantía de inversiones, más otro representante designado por cada una 
de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de mercados de 
valores en cuyo territorio exista un mercado secundario oficial.»
Dos. El artículo 23 queda redactado con el siguiente tenor:
«El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores informará 
sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por el Consejo.
Su informe será preceptivo en relación con:
a) Las disposiciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que hace 
referencia el artículo 15 de esta Ley.
b) La autorización, la revocación y las operaciones societarias de las empresas 
de servicios de inversión y de las restantes personas o entidades que actúen al 
amparo del artículo 65.2, cuando así se establezca reglamentariamente, atendiendo 
a su trascendencia económica y jurídica.
c) La autorización y revocación de las sucursales de empresas de servicios de 
inversión de países no miembros de la Unión Europea, y los restantes sujetos del 
Mercado de Valores, cuando así se establezca reglamentariamente, teniendo en 
cuenta la relevancia económica y jurídica de tales sujetos.
Sin perjuicio de su carácter de órgano consultivo del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Comité Consultivo informará los proyectos de 
disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con el 
mercado de valores que le sean remitidos por el Gobierno o por el Ministerio de 
Economía y Hacienda con el objeto de hacer efectivo el principio de audiencia de los 
sectores afectados en el procedimiento de elaboración de disposiciones 
administrativas.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 87 bis que queda redactado como sigue:
«3. Asimismo, cuando una empresa de servicios de inversión no cumpla con las 
exigencias que, contenidas en esta Ley o en su normativa de desarrollo, determinen 
requerimientos mínimos de recursos propios o requieran una estructura organizativa 
o mecanismos y procedimientos de control interno, contables o de valoración 
adecuados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá adoptar, entre otras, 
las siguientes medidas:
a) Obligar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a mantener 
recursos propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie 
deficiencias graves en la estructura organizativa de la empresa de servicios de 
inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, contables o de 
valoración, incluyendo en especial los mencionados en el artículo 70.3 de la presente 
Ley, o siempre que determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis 1.c), 
que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos la medida 
deberá ser adoptada cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere 
improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o 
situaciones en un plazo adecuado.
b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que refuercen o 
modifiquen los procedimientos de control interno, contables o de valoración, los 
mecanismos o las estrategias adoptados para el cumplimiento de dichas exigencias 
organizativas o de recursos.
c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos la aplicación de 
una política específica, bien de dotación de provisiones, bien de reparto de 
dividendos o de otro tipo de tratamiento para los activos sujetos a ponderación a 
efectos de las exigencias de recursos propios, bien de reducción del riesgo inherente 
a sus actividades, productos o sistemas.
d) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas de 
servicios de inversión.
e) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que limiten la 
remuneración variable en forma de porcentaje de los ingresos netos totales cuando 
ello no sea compatible con el mantenimiento de una base de capital sólida.
f) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que utilicen 
beneficios netos para reforzar su base de capital.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que en cada caso procedan de acuerdo con los preceptos establecidos en 
esta Ley.»
Cuatro. Se modifica la letra b) del artículo 100, que queda redactada como sigue:
«b) La falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno 
corporativo o del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros a que se 
refieren respectivamente los artículos 61 bis y 61 ter, o la existencia en dichos 
informes de omisiones o datos falsos o engañosos; el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 512, 513, 514, 516 y 517 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio; y el carecer las entidades emisoras de valores admitidos a 
negociación en mercados secundarios oficiales de un Comité de Auditoría, en los 
términos establecidos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley.»
Cinco. Se suprime la letra b bis) del artículo 100.
Seis. Se modifica la letra h) del artículo 102 que queda redactada como sigue:
«h) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en 
cualquier entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración 
o dirección en cualquier otra entidad de las previstas en el artículo 84.1 y 84.2.b), c 
bis) y d) por plazo no superior a diez años.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito.
Uno. El artículo 28.2 queda redactado del siguiente modo:
«2. Se entenderán, en particular, reservadas a las entidades de crédito:
a) La actividad definida en el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en 
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
b) La captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su 
destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u 
otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del 
mercado de valores.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Dos. Se modifica el apartado 1 quáter del artículo 43 bis que queda redactado como 
sigue:
«1 quáter. El Banco de España podrá comunicar y requerir a las entidades 
sujetas a sus facultades de supervisión, inspección y sanción previstas en esta Ley, 
por medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo. Las entidades referidas tendrán obligación de habilitar, 
en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el Banco de 
España para la eficacia de sus sistemas de comunicación electrónica, en los 
términos que éste adopte al efecto.»
Tres. Se añade una nueva letra ñ) al artículo 52 con el siguiente contenido:
«ñ) La emisión de dinero electrónico.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva.
Se modifica el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, que queda redactado como sigue:
«1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy 
graves, graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el 
artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
siguientes:»
Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 11 del Texto Refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que pasa a tener la siguiente redacción:
«c) Indemnizar los daños, a las personas y en los bienes, ocasionados en 
España por un vehículo que esté asegurado y haya sido objeto de robo o robo de 
uso.
Los daños a las personas y en los bienes ocasionados en otro Estado por un 
vehículo con estacionamiento habitual en España que esté asegurado y haya sido 
robado o robado de uso se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de 
Seguros cuando el fondo nacional de garantía de ese Estado no asuma funciones de 
indemnización de los daños producidos por vehículos robados.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora 
de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.
Se modifica el artículo 55 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las 
entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras, que queda redactado como sigue:
«Artículo 55.  Otras disposiciones.
En materia de prescripción de infracciones y sanciones, de posible exención de 
responsabilidad administrativa, de imposición de multas coercitivas y de ejecutividad 
de las sanciones que se impongan conforme a esta Ley, resultará de aplicación lo 
dispuesto respectivamente en los artículos 83, 88 bis, 90 y 94 de la Ley 35/2003, de 
4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago.
El apartado 3 del artículo 51 queda redactado como sigue:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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«3. Tendrán la consideración de normas de ordenación y disciplina de los 
proveedores de servicios de pago a los que se refieren las letras a), b) y c) del 
apartado 1 del artículo 4, las disposiciones contenidas en los títulos I (a excepción 
del artículo 5) y II de esta Ley, las previstas en los artículos 18 y 19 del título III, el 
artículo 50, las disposiciones del Reglamento (CE) 924/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en 
la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) 2560/2001, así como 
cualesquiera otras leyes y disposiciones de carácter general que contengan 
preceptos específicamente referidos a los proveedores de servicios de pago y de 
obligada observancia para los mismos. Su incumplimiento será sancionado como 
infracción grave, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención 
de entidades de crédito.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se introduce un nuevo inciso en el apartado h) del artículo 2.1, que queda redactado del 
siguiente modo:
«h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado treinta y uno de la disposición final quinta, que queda 
redactado como sigue:
«Disposición final tercera.  
Los requisitos de información sobre el control interno previstos en el artículo 61 
bis.4, letra h), de esta Ley, y en el artículo 31 bis.dos.j) de la Ley 31/1985, de 2 de 
agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de 
ahorros, serán exigibles a partir de los ejercicios económicos que comiencen el 1 de 
enero de 2011 y su contenido será incluido en el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo que se publique en relación con dichos ejercicios.»
Dos. Se modifica la disposición final sexta, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que 
se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de 
las sociedades anónimas cotizadas.
Se añade una nueva letra j) en el apartado dos del artículo 31 bis de la Ley 
31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos 
rectores de las cajas de ahorros, con el siguiente tenor literal:
«j) Una descripción de las principales características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información 
financiera regulada.»
Disposición final décima.  Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 
13.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación 
mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, respectivamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición final undécima.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 
2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el 
acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la 
supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 
2005/60/CE, 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Disposición final duodécima.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 26 de julio de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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