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Núm. 272  Jueves 9 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 107714
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12902 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
Índice
Título Preliminar. Disposiciones generales.
Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos.
Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de 
la Seguridad.
Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.
Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional.
Artículo 8.  Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación.
Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del 
dominio público y en el ámbito patrimonial.
Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.
Capítulo II. Contratos del sector público.
Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales.
Artículo 12. Calificación de los contratos.
Artículo 13. Contrato de obras.
Artículo 14. Contrato de concesión de obras.
Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.
Artículo 16. Contrato de suministro.
Artículo 17. Contrato de servicios.
Artículo 18. Contratos mixtos.
Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada.
Artículo 19. Delimitación general.
Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios 
sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
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Artículo 22. Contratos d e servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados.
Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público.
Artículo 25. Contratos administrativos.
Artículo 26. Contratos privados.
Artículo 27. Jurisdicción competente.
Libro primero. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales de los contratos.
Título I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público.
Capítulo I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público.
Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la 
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.
Artículo 31.  Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical 
y horizontal.
Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la 
consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
Capítulo II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato.
Artículo 34. Libertad de pactos.
Artículo 35. Contenido mínimo del contrato.
Capítulo III. Perfección y forma del contrato.
Artículo 36. Perfección de los contratos.
Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público.
Capítulo IV. Régimen de invalidez.
Artículo 38. Supuestos de invalidez.
Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.
Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.
Artículo 41. Revisión de oficio.
Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad.
Artículo 43. Causas de invalidez de derecho civil.
Capítulo V. Del recurso especial.
Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles.
Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración 
General del Estado.
Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales.
Artículo 47. Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean 
Administración Pública.
Artículo 48. Legitimación.
Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares.
Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.
Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial.
Artículo 52. Acceso al expediente.
Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.
Artículo 54. Comunic aciones y notificaciones.
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Artículo 55. Inadmisión.
Artículo 56. Tramitación del procedimiento.
Artículo 57. Resolución del recurso especial.
Artículo 58. Indemnizaciones y multas.
Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial.
Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Título II. Partes en el contrato.
Capítulo I. Órgano de contratación.
Artículo 61. Competencia para contratar.
Artículo 62. Responsable del contrato.
Artículo 63. Perfil de contratante.
Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
Capítulo II. Capacidad y solvencia del empresario.
Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público.
Subsección 1.ª Normas generales y normas especiales sobre capacidad
Artículo 65. Condiciones de aptitud.
Artículo 66. Personas jurídicas.
Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
Artículo 68. Empresas no comunitarias.
Artículo 69. Uniones de empresarios.
Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar.
Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento.
Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
Subsección 3.ª Solvencia.
Artículo 74. Exigencia de solvencia.
Artículo 75. Integración de la solvencia y clasificación con medios externos.
Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.
Subsección 4.ª Clasificación de las empresas.
Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación.
Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación.
Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.
Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y 
clasificaciones divergentes.
Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación.
Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.
Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación.
Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar.
Subsección 1.ª Capacidad de obrar.
Artículo 84. Acreditación de la capacidad de obrar.
Subsecc ión 2.ª Prohibiciones de contratar.
Artículo 85. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar.
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Subsección 3.ª Solvencia.
Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia.
Artículo 87. Solvencia económica y financiera.
Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras.
Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.
Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad.
Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.
Artículo 95. Documentación e información complementaria.
Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de 
Registros o listas oficiales de contratistas.
Artículo 96. Certificaciones de Registros Licitadores.
Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
Capítulo III. Sucesión en la persona del contratista.
Artículo 98. Supuestos de sucesión del contratista.
Título III. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato 
y su revisión.
Capítulo I. Normas generales.
Artículo 99. Objeto del contrato.
Artículo 100. Presupuesto base de licitación.
Artículo 101. Valor estimado.
Artículo 102. Precio.
Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.
Artículo 103. Procedencia y límites.
Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución.
Artículo 105. Pago del importe de la revisión.
Título IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Capítulo I. Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones 
Públicas.
Sección 1.ª Garantía provisional.
Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional.
Sección 2.ª Garantía definitiva.
Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.
Artículo 108. Garantías definitivas admisibles.
Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías.
Artículo 110. Responsabilidades a que están afectas las garantías.
Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías.
Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de 
garantías.
Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros.
Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías.
Capítulo II. Garantías exigibles en otros contratos del sector público.
Artículo 114. Supuestos y régimen.
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Libro segundo. De los contratos de las Administraciones Públicas.
Título I. Disposiciones generales.
Capítulo I. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones 
Públicas.
Sección 1.ª De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.
Subsección 1.ª Expediente de contratación.
Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Artículo 117. Aprobación del expediente.
Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.
Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.
Artículo 120. Tramitación de emergencia.
Subsección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales.
Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Artículo 123. Pliegos de prescripciones técnicas generales.
Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas.
Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
Artículo 127. Etiquetas.
Artículo 128. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección 
del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje 
específico de personas con discapacidad.
Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
Sección 2.ª De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.
Subsección 1.ª Normas generales.
Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
Artículo 132. Principios de igualdad y transparencia.
Artículo 133. Confidencialidad.
Artículo 134. Anuncio de información previa.
Artículo 135. Anuncio de licitación.
Artículo 136. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las 
proposiciones.
Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.
Artículo 138. Información a interesados.
Artículo 139. Proposiciones de los interesados.
Artículo 140. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos.
Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación.
Artículo 142. Admisibilidad de variantes.
Artículo 143. Subasta electrónica.
Artículo 144. Sucesión en el procedimiento.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.
Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación.
Artículo 147. Criterios de desempate.
Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida.
Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas.
Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.
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Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación.
Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la Administración.
Artículo 153. Formalización de los contratos.
Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos.
Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores.
Subsección 2.ª Procedimiento abierto.
Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de 
publicación del anuncio de licitación.
Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.
Artículo 158. Adjudicación.
Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.
Subsección 3.ª Procedimiento restringido.
Artículo 160. Caracterización.
Artículo 161. Solicitudes de participación.
Artículo 162. Selección de candidatos.
Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos.
Artículo 164. Proposiciones.
Artículo 165. Adjudicación.
Subsección 4.ª Procedimientos con negociación.
Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación.
Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.
Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.
Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación.
Artículo 170.  Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin 
publicidad.
Artículo 171. Información a los licitadores.
Subsección 5.ª Diálogo competitivo.
Artículo 172. Caracterización.
Artículo 173. Primas o compensaciones.
Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.
Artículo 175. Diálogo con los candidatos.
Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación.
Subsección 6.ª Procedimiento de asociación para la innovación.
Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación.
Artículo 178. Preparación.
Artículo 179. Publicidad del procedimiento.
Artículo 180. Selección de candidatos.
Artículo 181. Estructura y desarrollo de la asociación.
Artículo 182. Contratos derivados del procedimiento de asociación para la innovación.
Subsección 7.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.
Artículo 183. Ámbito de aplicación.
Artículo 184. Bases del concurso.
Artículo 185. Participantes.
Artículo 186. Publicidad.
Artículo 187. Jurado y decisión del concurso.
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Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Subsección 1.ª Efectos de los contratos.
Artículo 188. Régimen jurídico.
Artículo 189. Vinculación al contenido contractual.
Subsección 2.ª Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos 
administrativos.
Artículo 190. Enumeración.
Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.
Subsección 3.ª Ejecución de los contratos.
Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
Artículo 193. Demora en la ejecución.
Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades.
Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los 
contratos.
Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.
Artículo 197. Principio de riesgo y ventura.
Artículo 198. Pago del precio.
Artículo 199. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones 
Públicas.
Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro.
Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 
ético, medioambiental o de otro orden.
Subsección 4.ª Modificación de los contratos.
Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.
Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares: Prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales.
Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
Artículo 207. Especialidades procedimentales.
Subsección 5.ª Suspensión y extinción de los contratos.
Artículo 208. Suspensión de los contratos.
Artículo 209. Extinción de los contratos.
Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.
Artículo 211. Causas de resolución.
Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución.
Artículo 213. Efectos de la resolución.
Subsección 6.ª Cesión de los contratos y subcontratación.
Artículo 214. Cesión de los contratos.
Artículo 215. Subcontratación.
Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.
Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
Capítulo II. Racionalización técnica de la contratación.
Sección 1.ª Normas generales.
Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones 
Públicas.
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Secci ón 2.ª Acuerdos marco.
Artículo 219. Funcionalidad y límites.
Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.
Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.
Artículo 222. Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un 
acuerdo marco.
Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición.
Artículo 223. Delimitación.
Artículo 224. Implementación.
Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema.
Artículo 226.  Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición.
Sección 4.ª Centrales de contratación.
Subsección 1.ª Normas generales.
Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.
Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales.
Subsección 2.ª  Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de 
contratación centralizada.
Artículo 229. Régimen general.
Artículo 230. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de 
la información.
Título II. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas.
Capítulo I. Del contrato de obras.
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Artículo 231. Proyecto de obras.
Artículo 232. Clasificación de las obras.
Artículo 233.  Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario.
Artículo 235. Supervisión de proyectos.
Artículo 236. Replanteo del proyecto.
Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras.
Artículo 237. Comprobación del replanteo.
Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.
Artículo 239. Fuerza mayor.
Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta.
Artículo 241. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.
Sección 3.ª Modificación del contrato de obras.
Artículo 242. Modificación del contrato de obras.
Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de obras.
Artículo 243. Recepción y plazo de garantía.
Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos.
Sección 5.ª Resolución del contrato de obras.
Artículo 245. Causas de resolución.
Artículo 246. Efectos de la resolución.
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Capítulo II. Del contrato de concesión de obras.
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras.
Artículo 247. Estudio de viabilidad.
Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.
Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este.
Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Sección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones.
Artículo 251. Efectos, cumplimiento y extinción.
Sección 3.ª Construcción de las obras objeto de concesión.
Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras.
Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.
Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.
Artículo 255. Modificación del proyecto.
Artículo 256. Comprobación de las obras.
Sección 4.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la 
administración concedente.
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario.
Artículo 257. Derechos del concesionario.
Artículo 258. Obligaciones del concesionario.
Artículo 259. Uso y conservación de las obras.
Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial.
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración.
Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración.
Artículo 262. Modificación de las obras.
Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión.
Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario.
Sección 5.ª Régimen económico financiero de la concesión.
Artículo 265. Financiación de las obras.
Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación.
Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras.
Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación.
Artículo 269. Obras diferenciadas.
Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
Sección 6.ª Financiación privada.
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario.
Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos.
Artículo 272. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del 
concesionario.
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión.
Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario.
Artículo 275. Ejecución de la hipoteca.
Artículo 276.  Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión 
para el caso de resolución concesional.
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Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación.
Artículo 277. Créditos participativos.
Sección 7.ª Extinción de las concesiones.
Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por 
transcurso del plazo.
Artículo 279. Causas de resolución.
Artículo 280. Efectos de la resolución.
Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en 
los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los 
casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión.
Capítulo III. Del contrato de concesión de servicios.
Sección 1.ª Delimitación del contrato de concesión de servicios.
Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.
Sección 2.ª Régimen jurídico.
Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios.
Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.
Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios.
Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción.
Sección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios.
Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.
Artículo 288. Obligaciones generales.
Artículo 289. Prestaciones económicas.
Sección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios.
Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.
Sección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios.
Artículo 291. Reversión.
Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.
Artículo 293. Incumplimiento del concesionario.
Sección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios.
Artículo 294. Causas de resolución.
Artículo 295. Efectos de la resolución.
Sección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios.
Artículo 296. Subcontratación.
Sección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios.
Artículo 297. Regulación supletoria.
Capítulo IV. Del contrato de suministro.
Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro.
Artículo 298. Arrendamiento.
Artículo 299. Contratos de fabricación.
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Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro.
Artículo 300. Entrega y recepción.
Artículo 301. Pago del precio.
Artículo 302. Pago en metálico y en otros bienes.
Artículo 303. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación.
Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de suministro.
Artículo 304. Gastos de entrega y recepción.
Artículo 305. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
Sección 4.ª Resolución del contrato de suministro.
Artículo 306. Causas de resolución.
Artículo 307. Efectos de la resolución.
Capítulo V. Del contrato de servicios.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 308. Contenido y límites.
Artículo 309. Determinación del precio.
Artículo 310. Régimen de contratación para actividades docentes.
Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios.
Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los 
contratos de servicios.
Artículo 312.  Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones 
directas a favor de la ciudadanía.
Sección 3.ª Resolución de los contratos de servicios.
Artículo 313. Causas y efectos de la resolución.
Sección 4.ª De la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en 
el contrato de elaboración de proyectos de obras.
Artículo 314. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.
Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y 
responsabilidad por defectos o errores del proyecto.
Libro tercero. De los contratos de otros entes del sector público.
Título I. Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de 
Administraciones Públicas.
Artículo 316. Régimen jurídico.
Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada.
Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.
Artículo 319. Efectos y extinción.
Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto.
Título II. Contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de 
poderes adjudicadores.
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no 
tengan el carácter de poderes adjudicadores.
Artículo 322. Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del 
contratista por defectos o errores del proyecto.
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Libro cuarto. Organización administrativa para la gestión de la contratación.
Título I. Órganos competentes en materia de contratación.
Capítulo I. Órganos de contratación.
Artículo 323. Órganos de contratación estatales.
Artículo 324. Autorización para contratar.
Artículo 325. Desconcentración.
Capítulo II. Órganos de asistencia.
Artículo 326. Mesas de contratación.
Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación 
para la innovación.
Capítulo III. Órganos consultivos.
Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública.
Artículo 330.  Órganos consultivos en materia de contratación pública de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación.
Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública.
Capítulo IV. Elaboración y remisión de información.
Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.
Artículo 336. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de 
los contratos.
Título II. Registros Oficiales.
Capítulo I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.
Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público.
Artículo 338. Inscripciones y publicaciones de oficio.
Artículo 339. Inscripciones a solicitud de los interesados.
Artículo 340. Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público.
Artículo 341. Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades 
Autónomas.
Artículo 342. Voluntariedad de la inscripción.
Artículo 343. Actualización de la información registral.
Artículo 344. Publicidad.
Artículo 345. Colaboración entre Registros.
Capítulo II. Registro de Contratos del Sector Público.
Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público.
Título III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos.
Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las 
Entidades Locales.
Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las 
Entidades Locales.
Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
Disposición adicional quinta. Publicación de anuncios.
Disposición adicional sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas.
Disposición adicional séptima. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los servicios postales.
Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del acceso a 
bases de datos y la suscripción a publicaciones.
Disposición adicional décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas 
de los Anexos de directivas comunitarias.
Disposición adicional undécima.  Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos.
Disposición adicional decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición adicional decimocuarta. Sustitución de letrados en las Mesas de 
contratación.
Disposición adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación 
utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.
Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.
Disposición adicional decimoséptima. Requisitos específicos relativos a las 
herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos.
Disposición adicional decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con 
discapacidad.
Disposición adicional decimonovena.  Conciertos para la prestación de asistencia 
sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, 
la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Disposición adicional vigésima. Reglas especiales sobre competencia para adquirir 
equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones.
Disposición adicional vigésima primera.  Contratos de suministro con empresas 
extranjeras.
Disposición adicional vigésima segunda. Adjudicación de contratos de concesión de 
obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta.
Disposición adicional vigésima tercera.  Coordinación entre los órganos de resolución 
de recursos especiales en materia de contratación.
Disposición adicional vigésima cuarta. Régimen jurídico de la «Empresa de 
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y 
Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).
Disposición adicional vigésima quinta. Protección de datos de carácter personal.
Disposición adicional vigésima sexta.  Agrupaciones europeas de cooperación territorial.
Disposición adicional vigésima séptima. Adquisición Centralizada de medicamentos 
y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Disposición adicional vigésima novena. Régimen de los órganos competentes para 
resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes 
adscritas a ella.
Disposición adicional trigésima.  Autorización del Consejo de Ministros en concesiones 
de autopistas de competencia estatal.
Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de acuerdos marco 
para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
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Disposición adicional trigésima segunda. Obligación de presentación de facturas en 
un registro administrativo e identificación de órganos.
Disposición adicional trigésima tercera. Contratos de suministros y servicios en 
función de las necesidades.
Disposición adicional trigésima cuarta. Referencias a contratos de gestión de 
servicios públicos.
Disposición adicional trigésima quinta. Publicación de datos en e-Certis e informe sobre 
la dirección del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Disposición adicional trigésima sexta. Convocatoria de la licitación de contratos de 
concesión de servicios especiales del Anexo IV.
Disposición adicional trigésima séptima. Contratos declarados secretos o reservados.
Disposición adicional trigésima octava. No incremento de gastos.
Disposición adicional trigésima novena.  Régimen de contratación de Puertos del 
Estado y de las Autoridades Portuarias.
Disposición adicional cuadragésima. Operadores públicos del sector de las 
telecomunicaciones.
Disposición adicional cuadragésima primera. Normas específicas de contratación 
pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Disposición adicional cuadragésima segunda. En relación con la actividad comercial 
del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Disposición adicional cuadragésima tercera.  Naturaleza jurídica de las 
contraprestaciones económicas por la explotación de obras públicas o la prestación de 
servicios públicos en régimen de Derecho privado.
Disposición adicional cuadragésima cuarta.  Régimen de contratación de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Disposición adicional cuadragésima quinta. Remisión de contratos de concesión de 
obras y de concesión de servicios al Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
Disposición adicional cuadragésima sexta. Remisión de información relativa a 
contratación del Sector Público Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas 
Nacionales.
Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios aplicables a los contratos 
de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, 
sanitario o educativo del anexo IV.
Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos de servicios 
sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.
Disposición adicional cuadragésima novena.  Legislación de las Comunidades 
Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestación por estas de 
servicios públicos de carácter social.
Disposición adicional quincuagésima. Paraísos Fiscales.
Disposición adicional quincuagésima primera. Pagos directos a los subcontratistas.
Disposición adicional quincuagésima segunda.  Referencias en la Ley a las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla.
Disposición adicional quincuagésima tercera. Servicio público de noticias de 
titularidad estatal.
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria segunda.  Determinación de cuantías por los departamentos 
ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador 
y que estén adscritos a los primeros.
Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro de Licitadores en el 
procedimiento abierto simplificado del artículo 159.
Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios personificados.
Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Disposición final segunda. Comunidad Foral de Navarra.
Disposición final tercera. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición final cuarta. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta 
Ley y a los medios propios personificados.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho comunitario.
Disposición final sexta.  Habilitación normativa en materia de uso de medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.
Disposición final séptima. Fomento de la celebración de negocios y contratos en 
materia de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
Disposición final novena. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen 
jurídico de las tasas y los precios públicos.
Disposición final décima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición final undécima. Modificación de la Disposición adicional primera de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición final duodécima. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.
Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público.
Disposición final decimocuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo  1/2013, de 29 de noviembre.
Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
Anexo I. Trabajos contemplados en el artículo 13.
Anexo II. Lista de productos contemplados en el artículo 21.1.a), en lo que se refiere 
a los contratos de suministro adjudicados por los órganos de contratación en el sector de 
la defensa.
Anexo III. Información que debe figurar en los anuncios.
Anexo IV. Servicios especiales a que se refieren los artículos 22.1.c), 135.5 y la 
Disposición Adicional Trigésima sexta.
Anexo V. Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental 
a que se refiere el artículo 201.
Anexo VI. Códigos CPV de los servicios y suministros a los que se refiere la 
Disposición adicional cuarta relativa a los contratos reservados.
PREÁMBULO
I
La legislación de contratos públicos, de marcado carácter nacional, encuentra, no 
obstante, el fundamento de muchas de sus instituciones más allá de nuestras fronteras, en 
concreto, dentro de la actividad normativa de instituciones de carácter internacional, como 
es el caso de la OCDE, de UNCITRAL –en el ámbito de la ONU–, o, especialmente, de la 
Unión Europea. La exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a esta 
normativa ha dado lugar, en los últimos treinta años, a la mayor parte de las reformas que 
se han ido haciendo en los textos legales españoles.
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En concreto, la última Ley de Contratos del Sector Público encontró su justificación, 
entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva 
disposición comunitaria, como fue la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la 
denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública 
desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos 
basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor 
racionalidad económica de los fondos públicos.
Con este fin, aparecen las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la 
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa 
comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión.
Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la 
Unión Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones 
primero en la Comisión, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el 
Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, 
siendo publicadas estas normas en el DOUE el 28 de marzo de 2014.
Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios y Directiva  2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que habían sido transpuestas 
al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de  30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público –posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre–, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
respectivamente.
Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y 
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan 
incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir 
que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. 
Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para 
garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación 
pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.
II
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer 
lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de 
conseguir una mejor relación calidad-precio.
Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los 
órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita 
obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la 
inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados 
al objeto del contrato.
También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y 
con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las 
PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las 
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cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este 
ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.
Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus 
trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta 
materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los 
órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas 
porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Por último, conviene señalar que, mediante la presente Ley se incorporan al 
ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, institución de larga tradición jurídica 
en el derecho español, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública, dejando la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales a otra ley específica, que asimismo 
incorporará al ordenamiento jurídico español la parte de la Directiva 2014/23/UE que 
resulte de aplicación a los sectores citados.
Asimismo, también hay que destacar que, si bien el motivo determinante de la presente 
Ley es la transposición de las dos Directivas citadas, no es el único. Así, esta Ley, teniendo 
como punto de partida dicha transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un 
sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se 
consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción 
de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las 
condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores 
económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios 
de los mismos.
III
El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue 
aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir 
que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto 
europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, 
de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se 
constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento la 
eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no 
discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
En este sistema, se sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que 
establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, 
que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior 
Directiva comunitaria de 2004. Así, tradicionalmente, la normativa de contratos públicos se 
hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Pública. Sin embargo, la 
incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio lugar a un cambio de 
planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, salvo lo referente a las 
instrucciones internas de contratación, y que permitía distinguir los regímenes jurídicos de 
los contratos públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador. No 
obstante, este cambio de planteamiento no impide que la regulación de los contratos de 
las Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de 
cada tipo de contrato, siga siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier 
contrato que se haga por una entidad del sector público.
Desde un punto de vista objetivo, el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema 
de la regulación de los contratos públicos contenido en la presente Ley, como ya se hacía 
en la regulación anterior, es el relativo a la distinción entre los contratos sujetos a 
regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas 
cuantías económicas, o umbrales comunitarios, lo que nos permite, a su vez, diferenciar el 
régimen jurídico que se aplica a cada uno de ellos, proveniente de la anterior regulación 
de 2007 y que se mantiene en la actualidad.
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IV
El articulado de esta Ley se ha estructurado en un Título Preliminar dedicado a recoger 
las disposiciones generales en esta materia y cuatro libros sucesivos, relativos a la 
configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales 
de los contratos (Libro I), la preparación de los contratos administrativos, la selección del 
contratista y la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, cumplimiento y 
extinción de estos contratos (Libro II), los contratos de otros entes del sector público 
(Libro III), y, por último, la organización administrativa para la gestión de la contratación 
(Libro IV).
Las principales novedades que presenta esta Ley se han introducido a lo largo de todo 
su articulado, si bien queda a salvo el régimen jurídico específico correspondiente al 
contrato de obras, al de suministro y al contrato de servicios, en cuyas disposiciones no se 
han incluido, salvo en cuestiones muy concretas, excesivas reformas.
En el Título Preliminar, relativo a las disposiciones generales, se mantiene la existencia 
de tres niveles de aplicabilidad de la Ley respecto de las entidades del sector público que 
configuran su ámbito, y asimismo se mantiene la tradicional configuración negativa o de 
exclusión de los contratos y negocios no regulados en la misma.
Respecto de la delimitación de los diferentes tipos de contratos, las principales 
novedades en este ámbito se han introducido en la regulación del contrato de concesión, 
en el contrato mixto y en el contrato de colaboración público privada que se suprime.
En el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de 
servicio público y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de 
los servicios públicos que se hacía en el artículo 277 del anterior texto refundido. Surge en 
su lugar, y en virtud de la nueva Directiva relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión, la nueva figura de la concesión de servicios, que se añade dentro de la 
categoría de las concesiones a la ya existente figura de la concesión de obras.
Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente 
a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras o de concesión de 
servicios en los términos recogidos en la Disposición adicional vigésima segunda, 
siguiendo el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la 
Sentencia 196/08 en el caso ACOSET, y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión 
Europea relativa a la aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública 
y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada de 5 de febrero de 2008.
En lo que respecta a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, 
merece destacarse que en ambas figuras necesariamente debe haber una transferencia 
del riesgo operacional de la Administración al concesionario, delimitándose en el artículo 14 
de la Ley, en línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos 
de concesión, los casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo 
operacional.
Por otra parte, como es sabido, el contrato de gestión de servicios públicos hasta la 
regulación de esta Ley era un supuesto de gestión indirecta del servicio, lo que implicaba 
que mediante este contrato, la Administración le encomendaba a un tercero, el empresario 
(normalmente, el concesionario), que gestionase un determinado servicio público. El que 
gestionaba el servicio, por lo tanto, era el empresario o el concesionario, por lo que en todo 
lo relativo a la utilización del servicio suponía el establecimiento de una relación directa 
entre el concesionario y el usuario del mismo.
Por ello, en la medida en que el que gestionaba el servicio público y, por tanto, se 
relacionaba con el usuario era el concesionario, era preciso determinar previamente el 
régimen jurídico básico de ese servicio, que atribuyera las competencias y determinara las 
prestaciones a favor de los administrados. Igualmente había que establecer que la 
actividad que realizaba el concesionario quedaba asumida por la Administración respectiva, 
puesto que no era la Administración la que prestaba directamente ese servicio.
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En definitiva, había dos tipos de relaciones, la que se establecía entre la Administración 
y el empresario, concesionario, que era contractual (contrato de gestión de servicios 
públicos), y la que se establecía entre el concesionario y el usuario del servicio, que se 
regulaba por la normativa propia del servicio que se prestaba.
Por el contrario, en las prestaciones susceptibles de ser objeto de un contrato de 
servicios, quien las prestaba, y, por tanto, se relacionaba con el usuario era la 
Administración, quien, en el caso de insuficiencia de medios, celebraba un contrato 
(contrato de servicios), con un empresario particular.
Pues bien, en este esquema incide la regulación de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Para esta Directiva el 
criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios 
es, como se ha dicho antes, quién asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma 
el contratista, el contrato será de concesión de servicios. Por el contrario, cuando el riesgo 
operacional lo asuma la Administración, estaremos ante un contrato de servicios.
Este criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de 
servicios ha sido asumido por la presente Ley. Por ello, determinados contratos que con 
arreglo al régimen jurídico hasta ahora vigente se calificaban como de gestión de servicios 
públicos, pero en los que el empresario no asumía el riesgo operacional, pasan ahora a ser 
contratos de servicios. Ahora bien, este cambio de calificación no supone una variación en 
la estructura de las relaciones jurídicas que resultan de este contrato: mediante el mismo el 
empresario pasa a gestionar un servicio de titularidad de una Administración Pública, 
estableciéndose las relaciones directamente entre el empresario y el usuario del servicio.
Por esta razón, en la medida que la diferencia entre el contrato al que se refiere el 
párrafo anterior y el contrato de concesión de servicios es la asunción o no del riesgo 
operacional por el empresario, es preciso que todo lo relativo al régimen de la prestación 
del servicio sea similar. Por ello, se ha introducido un artículo, el 312, donde se recogen 
las normas específicas del antiguo contrato de gestión de servicios públicos relativas al 
régimen sustantivo del servicio público que se contrata y que en la nueva regulación son 
comunes tanto al contrato de concesión de servicios cuando estos son servicios públicos, 
lo que será el caso más general, como al contrato de servicios, cuando se refiera a un 
servicio público que presta directamente el empresario al usuario del servicio.
Para identificar a estos contratos que con arreglo a la legislación anterior eran contratos 
de gestión de servicios públicos y en esta Ley pasan a ser contratos de servicios, se ha 
acudido a una de las características de los mismos: que la relación se establece 
directamente entre el empresario y el usuario del servicio, por ello se denominan contratos 
de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos.
Por último a este respecto, la Ley, siguiendo la Directiva 2014/23/UE, no limita la 
concesión de servicios a los servicios que se puedan calificar como servicios públicos. En 
consecuencia, se establece la aplicación específica y diferenciada de determinadas normas 
a la concesión de servicios cuando esta se refiera a servicios públicos. Así, por ejemplo, la 
aplicación de las normas específicas de estos servicios a las que se hacía referencia 
anteriormente, esto es, el establecimiento de su régimen jurídico y, entre otras cuestiones, 
los aspectos jurídicos, económicos y administrativos relativos a la prestación del servicio (lo 
que se viene a denominar su «publicatio»); la imposibilidad de embargo de los bienes 
afectos; el secuestro o la intervención del servicio público; el rescate del mismo; o el ejercicio 
de poderes de policía en relación con la buena marcha del servicio público de que se trate.
Por otra parte, debe señalarse que los poderes públicos siguen teniendo libertad para 
prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que 
se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, 
incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea 
necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de 
estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin 
límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste 
a los principios de transparencia y no discriminación.
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En la regulación del contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del 
contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y 
extinción. Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato 
mixto se le aplican, según los casos, las normas del contrato cuya prestación sea la 
principal o cuyo valor estimado sea más elevado. En cuanto a los efectos y extinción, la 
Ley hace remisión a lo que se establezca en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas.
Por otra parte, se suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como 
consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. La experiencia ha 
demostrado que el objeto de este contrato se puede realizar a través de otras modalidades 
contractuales, como es, fundamentalmente, el contrato de concesión.
En lo que respecta a los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el 
ámbito de la Defensa y Seguridad, estos seguirán rigiéndose por su correspondiente Ley 
específica, en los supuestos en ella determinados. Sin embargo, las concesiones de obras 
y servicios celebradas en estos mismos ámbitos sí se sujetan a esta Ley.
Por último, en lo que respecta a los procedimientos de contratación que tengan por 
objeto contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, se ha pretendido establecer un esquema lógico y consecuente con las 
correspondientes Directivas a efectos de la aplicación a aquellos bien de la presente Ley, 
o bien de la Ley de procedimientos de contratación en los citados sectores. Así, todos los 
contratos que celebren las entidades que tengan la consideración de Administraciones 
Públicas, independientemente del sector al que se refieran, se regirán por la presente Ley.
Por su parte, los contratos que celebren las entidades que no gocen de la consideración 
de Administraciones Públicas se regirán por la Ley de procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales cuando operen 
en estos ámbitos y los contratos superen los umbrales establecidos en la citada Ley de 
procedimientos de contratación en dichos sectores. Si por el contrario, las entidades que 
no gocen de la consideración de Administraciones Públicas celebran contratos que no 
superen los mencionados umbrales, aunque la actividad se refiera a los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará la presente Ley.
En el Libro I, relat ivo a la configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos, aparece en primer lugar una nueva regulación 
del llamado «medio propio» de la Administración, encomiendas de gestión o aplicación 
práctica de la técnica denominada «in house», que pasa ahora a llamarse «encargos a 
medios propios». Así, nos encontramos los casos de encargos entre entidades del sector 
público, como supuestos de ejecución directa de prestaciones a través de medios propios 
personificados, distinguiéndose entre el encargo hecho por un poder adjudicador, de aquel 
que se hubiera realizado por otra entidad que no tenga la consideración de poder 
adjudicador, manteniéndose los casos de la ejecución directa de prestaciones por la 
Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de 
medios propios no personificados. En la Ley, siguiendo las directrices de la nueva Directiva 
de contratación, han aumentado las exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo 
que se evitan adjudicaciones directas que pueden menoscabar el principio de libre 
competencia. Se encuentran aquí requisitos tales como que la entidad que tenga el 
carácter de «medio propio» disponga de medios personales y materiales adecuados para 
cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador 
del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda 
realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento de su actividad.
Dentro del Libro I se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas podrán hacerse 
valer a través del recurso especial en materia de contratación; y se mantiene la regulación 
del régimen de invalidez de los contratos del sector público y del recurso especial en 
materia de contratación.
Se amplía el ámbito de aplicación de este recurso, sin que dicha ampliación afecte a 
la necesaria agilidad que debe tener el sistema en la resolución de estos recursos, dejando 
de estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada, de tal manera que se 
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puede interponer en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de servicios 
cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo 
valor supere los cien mil euros.
El recurso, que mantiene el carácter potestativo que tiene en la actualidad, tendrá 
efectos suspensivos automáticos siempre que el acto recurrido sea el de adjudicación, 
salvo en el caso de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en 
el marco de un sistema dinámico de adquisición. Esta última salvedad encuentra su 
fundamento en que en este tipo de contratos un plazo suspensivo obligatorio podría afectar 
a los aumentos de eficiencia que se pretende obtener con estos procedimientos de 
licitación, tal y como establece el considerando 9 de la Directiva 2007/66/CE, por la que se 
modifican las Directivas  89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la 
eficacia en los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
Para concluir la referencia al recurso especial, este se podrá interponer contra los 
anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones 
que deban regir la contratación, actos de trámite que cumplan los requisitos de esta Ley, 
acuerdos de adjudicación adoptados por poderes adjudicadores, así como modificaciones 
contractuales, encargos a medios propios siempre que no cumplan las condiciones 
previstas en esta Ley y acuerdos de rescate de concesiones.
También dentro del Libro I se introduce una norma especial relativa a la lucha contra la 
corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los 
órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra 
el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo 
los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. En línea 
con las medidas para luchar contra la corrupción, se hace una nueva regulación de las 
prohibiciones de contratar que aumenta los casos de prohibición modificando la 
competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo; al tiempo que 
transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como «medidas de 
autocorrección», de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien no se 
declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa hubiera adoptado 
medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita, 
en las condiciones que se regulan en esta Ley.
Destaca también dentro de este Libro la regulación del régimen de clasificación 
empresarial, en el que se incluyen las últimas novedades legislativas existentes en esta 
materia hasta ahora.
Asimismo, se han revisado a efectos de su homogeneización las diversas expresiones 
que se utilizaban en el texto refundido anterior para referirse al valor de los contratos, por 
ejemplo «cuantía» o «importe del contrato», reconduciéndose en la mayor parte de los 
casos al concepto de «valor estimado» del contrato, que resulta ser el correcto. Este 
concepto queda perfectamente delimitado en la nueva Ley, al igual que lo están el de 
«presupuesto base de licitación» y el de «precio del contrato», evitándose, de esta forma, 
cualquier posible confusión entre ellos.
Por otra parte, se acomodan las normas correspondientes a la revisión de precios en 
los contratos públicos, a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices 
generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que 
reflejen los componentes de coste de la prestación contratada.
En el Libro II, dentro de la parte correspondiente a la preparación de los contratos, se 
incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de 
preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los 
planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para 
concurrir al procedimiento.
Se extiende la regulación de nuevos medios de acreditación que confirmen que las 
obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trata cumplen 
determinados requisitos, para ello se incorporan aquí las nuevas etiquetas, informes de 
pruebas, certificaciones y otros medios. Por otra parte, se incorpora el régimen comunitario 
de publicidad de los contratos establecidos en las nuevas Directivas, el cual, dentro del 
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margen permitido por estas, se ha intentado simplificar lo más posible para facilitar la labor 
de los órganos de contratación a la hora de publicar los distintos anuncios relativos a los 
contratos que celebren.
En la regulación de la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas 
destaca especialmente la regulación de la declaración responsable, cuyo contenido recoge 
lo establecido en la nueva Directiva de Contratación y guarda coherencia con el formulario 
del Documento europeo único de contratación establecido en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de  2016; así como la definición y cálculo del 
coste del ciclo de vida y de las ofertas anormalmente bajas.
En la parte correspondiente a los procedimientos de adjudicación, además de los 
procedimientos existentes hasta la actualidad, como el abierto, el negociado, el dialogo 
competitivo y el restringido, que es un procedimiento, este último, especialmente apto para 
la adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, se introduce un nuevo procedimiento 
denominado asociación para la innovación, al que más adelante se hará referencia.
En el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto 
simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales determinados, y nace con la 
vocación de convertirse en un procedimiento muy ágil que por su diseño debería permitir 
que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la 
licitación. Sus trámites se simplifican al máximo, por ejemplo, se presentará la 
documentación en un solo sobre; no se exigirá la constitución de garantía provisional; 
resultará obligatoria la inscripción en el Registro de Licitadores; y la fiscalización del 
compromiso del gasto se realizará en un solo momento, antes de la adjudicación.
Respecto del procedimiento negociado, se suprime la posibilidad del uso del 
procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime la 
aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios; y 
aparece una nueva regulación de las primas y compensaciones que se pueden entregar a 
los licitadores en el diálogo competitivo.
Respecto de la parte correspondiente a la ejecución de los contratos, hay que hacer 
una especial referencia a la novedad que supone el régimen de modificación del contrato, 
en línea con lo establecido en las Directivas comunitarias, que por primera vez regulan 
esta materia, a la subcontratación y a las medidas de racionalización técnica de la 
contratación, estructuradas en dos elementos, los acuerdos marco y los sistemas 
dinámicos de adquisición, destacando aquí el nuevo régimen que se establece en esta Ley 
respecto de la contratación centralizada. Toda esta materia, la racionalización técnica de 
la contratación, se regula en un capítulo específico dentro del Título I del Libro Segundo, 
diferente a las normas referidas a la preparación y a la adjudicación de los contratos, por 
cuanto aquella tiene sustantividad propia, y aunque muchos de los artículos que la regulan 
entrarían dentro de esa preparación y adjudicación de los contratos, también hay otros que 
regulan aspectos referidos a los efectos y extinción.
En el Libro III se recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores no 
Administración Pública, en donde la principal novedad es la supresión de las instrucciones 
de contratación, así como del resto de entes del sector público que no tengan el carácter 
de poderes adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que les resulta 
aplicable. En efecto, como se ha dicho antes, se suprimen para los contratos no sujetos a 
regulación armonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores no 
Administraciones Públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos 
procedimientos establecidos para dichas Administraciones Públicas, si bien se les permite 
utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, 
que solo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas 
Administraciones. Por otra parte, cabe destacar la introducción de la necesaria 
autorización, previo dictamen del Consejo de Estado, de la Administración de tutela o 
adscripción para modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, en el caso de contratos de importe superior a seis millones de euros.
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En el Libro IV se establece un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel 
estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que 
establecen las Directivas Comunitarias y de combatir las irregularidades en la aplicación 
de la legislación sobre contratación pública.
En primer lugar, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es 
designada como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, en 
consecuencia, se le atribuye la obligación de remisión de los informes que establecen las 
Directivas Comunitarias, y que continúa siendo el órgano específico de regulación y 
consulta en materia de contratación pública del sector público estatal.
Por otra parte, se crea en el seno de la Junta Consultiva el denominado Comité de 
Cooperación en materia de contratación pública, principalmente, para articular un espacio 
de coordinación y cooperación en áreas de acción común con las Comunidades Autónomas 
y con las Entidades Locales, así como para elaborar la propuesta de Estrategia Nacional 
de Contratación Pública, sin que ello impida la aprobación de estrategias, coherentes con 
la primera, por parte de las Comunidades Autónomas para sus respectivos ámbitos 
territoriales.
En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, también a nivel 
estatal, con plena independencia orgánica y funcional, integrada por un Presidente y 
cuatro vocales que gozan de la condición de independientes e inamovibles, que debe 
rendir cuentas anualmente a las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas sobre sus 
actuaciones. La misma deberá coordinar la supervisión en materia de contratación púbica 
de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público con la finalidad de velar por 
la correcta aplicación de la legislación en esta materia, dado que las Comunidades 
Autónomas pueden crear sus propias Oficinas de Supervisión. La Oficina está facultada 
para dar traslado a la Fiscalía u órganos judiciales o administrativos competentes de 
hechos de los que tenga conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. 
Adicionalmente, es el órgano competente para la aprobación de la ya mencionada 
Estrategia Nacional, en cuya ejecución se verán involucrados los tres órganos que se han 
relacionado, así como sus equivalentes a nivel autonómico.
Adicionalmente en el Libro IV se hace una nueva regulación de la Mesa de contratación 
y de la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de Cuentas u 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
Por último en este apartado, se incluye en el Anexo III del texto la información que 
debe figurar en los distintos anuncios, la cual ha sido normalizada por la Comisión Europea 
en el Reglamento de Ejecución  2015/1986, de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, 
por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el 
ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 842/2011.
V
Por lo que respecta al contenido, tomando como referencia las Directivas europeas y 
los principios que han guiado la elaboración de esta Ley, las principales novedades que 
presenta afectan, en primer lugar, a su ámbito de aplicación, dentro del cual se ha 
extendido el ámbito subjetivo, con la idea de aplicar estas normas a entidades no sujetas.
Así, se han incluido los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las 
empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos 
siempre que se cumplan determinadas circunstancias como que su financiación sea 
mayoritariamente pública y respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada. 
Por otra parte, se ha adaptado la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito 
subjetivo a la establecida en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. En el ámbito objetivo de aplicación, se han estructurado de 
forma más definida los supuestos de contratos y negocios jurídicos no incluidos en la 
legislación contractual, aclarándose algunos supuestos, como los contratos patrimoniales 
y añadiéndose algún caso nuevo, como los contratos que tengan por objeto la realización 
de campañas políticas, que no seguirán las normas de esta Ley.
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Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y 
de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los 
criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-
precio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada 
a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las 
condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación al órgano de contratación 
de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo 
medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202.
En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de gestión medioambiental a las 
empresas licitadoras, como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la 
experiencia o el «buen hacer» de esa empresa en el ámbito de la protección del medio 
ambiente. Respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados 
a centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de 
programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción 
y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de 
trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación. En el ámbito 
de la discapacidad, se recoge como causa de prohibición de contratar con las entidades 
del sector público el no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de los 
empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, 
cuestión ya adelantada mediante la modificación del hasta ahora vigente texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial 
hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños 
productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los 
criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos 
sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o 
servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá 
exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución 
del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2.
En el ámbito de la innovación y desarrollo, con la idea de favorecer a las empresas 
más innovadoras, destaca especialmente la introducción del nuevo procedimiento de 
asociación para la innovación, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos en 
que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, 
servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se 
trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no 
satisfagan las necesidades del órgano de contratación.
En relación con este nuevo procedimiento, la nueva Directiva perfila un proceso en el 
que tras una convocatoria de licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud 
de participación, tras lo cual, los candidatos que resulten seleccionados podrán formular 
ofertas, convirtiéndose así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Este 
podrá desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para 
la innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases 
sucesivas, pero ya no tendrá lugar entre el órgano de contratación y los licitadores, sino 
entre aquel y uno o más socios; y generalmente culminará con la adquisición de los 
suministros, servicios u obras resultantes.
Se trata, por tanto, de un procedimiento en el que podrían distinguirse, esquemáticamente, 
cuatro momentos diferenciados: selección de candidatos, negociación con los licitadores, la 
asociación con los socios, y la adquisición del producto resultante. A este esquema 
responden los artículos de la Ley dedicados a la regulación de este nuevo procedimiento.
Con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la 
corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los 
contratos. Así, debe mencionarse, entre otras cuestiones, la introducción de una novedad 
significativa: la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de cuantía.
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Dicho procedimiento, muy utilizado en la práctica, resultaba muy ágil pero adolecía de 
un déficit de transparencia, al carecer de publicidad, corriendo el riesgo de generar 
desigualdades entre licitadores. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley un nuevo 
procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto Simplificado, ya 
citado anteriormente al aludirse a los procedimientos de adjudicación, en el que el proceso 
de contratación está concebido para que su duración sea muy breve y la tramitación muy 
sencilla, pero sin descuidar, sin embargo, la necesaria publicidad y transparencia en el 
procedimiento de licitación del contrato. En este procedimiento se habilita además una 
tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la 
consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la 
contratación directa a situaciones extraordinarias.
A todo lo anterior, debe añadirse la nueva regulación de la figura del perfil de 
contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como 
instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos 
de cada entidad, así como la regulación del Registro de Contratos del Sector Público, en 
el que se inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público, 
siendo obligatoria, a dichos efectos, la comunicación de los datos relativos a todos los 
contratos celebrados por importe igual o superior a cinco mil euros.
Con el objetivo de conseguir una simplificación y reducción de las cargas 
administrativas, se mantiene el uso de la declaración responsable, pero se amplía el 
espectro de casos en los que se utiliza y se regula pormenorizadamente su contenido 
según lo establecido en la nueva Directiva de Contratación y de forma coherente, como ya 
se ha señalado, con el formulario del Documento europeo único de contratación aprobado 
por la Comisión Europea.
Junto a todo lo anteriormente señalado, debe necesariamente aludirse a la decidida 
apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, 
estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su entrada en 
vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario.
Como medidas en beneficio de las PYMES, se incluyen en este texto legal las 
medidas que ya aparecían dentro de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, con lo que pasan a estar comprendidas dentro 
de su ámbito natural de aplicación; y se da un paso más allá al establecerse la obligación 
para el órgano de contratación, en los contratos que más frecuentemente acuden a la 
subcontratación, como son los de obras y de servicios de un determinado importe, de 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al 
subcontratista, así como el régimen más rigorista que respecto de los plazos de pago 
debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal, con el fin de evitar la 
lacra de la morosidad que pesa sobre las Administraciones Públicas, cumpliendo así lo 
dispuesto dentro de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.
Además de las anteriores, se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES 
todas las medidas de simplificación del procedimiento y reducción de cargas 
administrativas, introducidas con el objetivo de dar un decidido impulso a las empresas. 
Como medidas más específicas, se ha introducido una nueva regulación de la división en 
lotes de los contratos (invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo 
justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará el 
acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas); y se incluye, de forma 
novedosa, como criterio de solvencia que tendrá que justificar el adjudicatario del contrato, 
el cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente sobre pago a proveedores, 
medida que pretende contribuir a que las PYMES con las que subcontrate el adjudicatario 
cobren sus servicios en plazo.
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Debe recordarse que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y 
medianas empresas impregna las nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus 
primeros Considerandos, medida destacada en la Estrategia Europa 2020, en la que la 
contratación pública desempeña un papel esencial y que se traslada al ordenamiento 
jurídico español mediante el presente texto legal.
Por último, no pueden dejar de mencionarse las medidas incorporadas en la Ley en 
materia de defensa de la competencia, pretendiendo que se produzca un avance 
significativo en este ámbito, con medidas que persiguen su realización efectiva. Así, por 
ejemplo, se contempla la obligación de poner a disposición de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia una mayor información en materia de contratación pública 
(por ejemplo, se remitirá a la misma copia del informe de supervisión que en la materia ha 
de enviarse cada tres años a la Comisión Europea).
Especialmente destacable resulta, además, la regulación que realiza el artículo 150.1 
de la Ley al prever que las mesas de contratación puedan trasladar, con carácter previo a 
la adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, 
en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, indicios fundados 
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación. El procedimiento a través del 
cual se pronunciarán aquellas será sumarísimo y será definido reglamentariamente. Sí se 
contemplan en la Ley, sin embargo, los efectos suspensivos en el procedimiento de 
contratación de dicho traslado.
VI
La Ley en sus disposiciones finales modifica la regulación establecida en determinadas 
normas tributarias.
Así, se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la 
utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión 
directa de estos, a través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión 
indirecta, a través de concesionarios, como prestaciones patrimoniales de carácter público 
no tributario. A estos efectos, se le da nueva redacción a la disposición adicional primera 
de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la 
Ley 8/1989, de  13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos 
añadiéndole una nueva letra c).
Igualmente, es precisa la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, con la finalidad de aclarar la no sujeción al impuesto de 
determinadas operaciones realizadas por entes públicos, así como clarificar el concepto 
de subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA.
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, modificó el artículo 7.8.º de la Ley del IVA con el 
objetivo de establecer la no sujeción de las operaciones que las Administraciones Públicas 
realicen sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria, así como de 
los servicios que las entidades del sector público prestan en el ámbito interno a las 
Administraciones Públicas de las que dependen.
No obstante, la normativa comunitaria establece expresamente una serie de sectores 
de actividad que, en todo caso, deben quedar sujetos al Impuesto aunque sean realizados 
por una Administración Pública, y que se señalan en la propia Ley. Dentro de estas 
actividades, el mismo acomodo a la normativa y jurisprudencia comunitarias (sentencia 
de 22 de junio de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recaída en el asunto 
Ceský Rozhlas) exige clarificar el régimen de sujeción de la actividad de radiotelevisión 
efectuadas por las entidades del sector público que solo deben quedar sujetas al Impuesto 
y ser generadores del derecho a la deducción cuando tengan carácter comercial.
Por todo lo anterior se da una nueva redacción al número 8.º del artículo 7 de la Ley 
del IVA.
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Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación 
normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones 
que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones 
financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados 
servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, 
generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la 
Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los 
servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con 
estas aportaciones.
Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio 
de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por 
estos operadores.
Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención 
vinculada al precio las aportaciones efectuadas por la Administración Pública para financiar 
actividades de interés general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir 
un destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. 
Este sería el caso de las aportaciones efectuadas para financiar actividades de 
investigación, desarrollo e innovación o los servicios de radiodifusión pública, en las 
condiciones señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que de ello se puedan derivar 
en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción.
Con independencia de lo anterior, y con el objetivo de facilitar la determinación del 
régimen de deducción de las entidades del sector público que realizan simultáneamente 
operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, se da nueva redacción al artículo 93. Cinco.
Procede adaptar el vigente régimen de financiación del servicio público de noticias de 
titularidad estatal, prestado por la sociedad mercantil estatal Agencia EFE, SAU, a las 
exigencias del artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 
conformidad con la Decisión de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2016. La 
adaptación, sujeta a reserva de Ley en virtud de lo dispuesto en artículo 128, apartado 2 
de la Constitución Española, exige regular los requisitos básicos de este servicio público, 
definiendo su función y el método para el cálculo de las modalidades de compensación 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de 
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación 
de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, 
la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa.
2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines 
institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
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3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del 
contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-
precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización 
de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las 
pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente 
Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista 
obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, 
los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes 
adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos 
en el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación 
armonizada.
3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades 
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos 
dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de 
estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la Disposición final primera de 
la presente Ley relativa a los títulos competenciales.
4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos 
regulados en esta Ley, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado 
por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), o normativa comunitaria que le sustituya.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las 
siguientes entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 
Administración Local.
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes.
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de 
régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera.
e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones 
públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha 
aportación con posterioridad a su constitución.
2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por 
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con 
carácter permanente.
3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes 
del sector público.
f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
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g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector 
público o dependientes del mismo.
h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del 
presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese 
porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el 
artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
i) Los fondos sin personalidad jurídica.
j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público 
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras 
anteriores.
l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público 
las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País 
Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.
2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 
Administraciones Públicas las siguientes entidades:
a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del presente 
artículo.
b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las 
circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser 
considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones 
Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de 
mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando 
tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo 
de Cuentas.
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes 
entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las 
expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo 
con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien 
controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia.
e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras 
anteriores.
4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos; así como las organizaciones 
sindicales reguladas en la Ley Orgánica  11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y 
las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, además 
de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los 
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requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente 
artículo, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar 
conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no 
discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad 
cuando sea procedente.
Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de 
contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa 
comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que 
corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en sus 
respectivas páginas web.
5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho público 
cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado 
tercero, letra d) del presente artículo.
Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos
Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos 
del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la 
Seguridad.
1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios incluidos en el 
ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se 
concluyan en el sector de la defensa y la seguridad.
2. Se excluyen, asimismo, del ámbito de la presente Ley los contratos de obras, 
suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o de la defensa que 
estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad; así como los 
contratos a los que no resulte de aplicación la citada Ley en virtud de su artículo 7.
Quedan también excluidos los contratos de concesiones de obras y concesiones de 
servicios, que se celebren en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en los que 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que sean adjudicados en el marco de un programa de cooperación basado en la 
investigación y el desarrollo de un nuevo producto y, en su caso, también relacionados con 
el ciclo de vida del mismo o partes de dicho ciclo, siempre que participen en el programa 
al menos dos Estados miembros de la Unión Europea.
b) Los que se adjudiquen en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea para 
efectuar compras, incluidas las de carácter civil, cuando las Fuerzas Armadas estén 
desplegadas fuera del territorio de la Unión y las necesidades operativas hagan necesario 
que estos contratos se concluyan con empresarios situados en la zona de operaciones. A 
los efectos de esta Ley, se entenderán incluidos en la zona de operaciones los territorios 
de influencia de esta y las bases logísticas avanzadas.
c) Las concesiones que se adjudiquen a otro Estado en relación con obras y servicios 
directamente relacionados con el equipo militar sensible, u obras y servicios 
específicamente con fines militares, u obras y servicios sensibles.
3. Lo establecido en los dos apartados anteriores se aplicará aún en el supuesto de 
que parte de las prestaciones correspondientes estén sometidas a la presente Ley, y no se 
haya optado por adjudicar un contrato separado por cada una de las distintas prestaciones 
que constituyan el objeto del contrato.
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No obstante, constituirá una condición necesaria para la aplicación de lo señalado en 
el párrafo anterior el hecho de que la opción entre adjudicar un único contrato o varios 
contratos por separado no se ejerza con el objetivo de excluir el contrato o contratos del 
ámbito de aplicación de la presente Ley.
4. Quedan excluidos, también, del ámbito de la presente Ley los contratos y 
convenios que se celebren en los ámbitos de la defensa o de la seguridad y que deban 
adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya 
sido establecido de alguna de las siguientes maneras:
a) En virtud de un acuerdo o convenio internacional celebrado de conformidad con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios Estados no signatarios 
de este último, relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la 
explotación o el desarrollo conjunto de un proyecto por los Estados firmantes.
b) En virtud de un acuerdo o convenio internacional relativo al estacionamiento de 
tropas y que se refiera a las empresas de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un 
tercer Estado.
c) En virtud de las normas de contratación establecidas por una organización 
internacional o por una institución financiera internacional, cuando además los contratos 
que se adjudiquen estén financiados íntegramente o en su mayor parte por esa institución.
Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.
1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no 
esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades 
Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades 
locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las 
entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último caso, tengan la 
condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se 
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por 
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se 
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador 
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación 
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la 
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o 
a la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo 
de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres 
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el 
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante 
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades 
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se 
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público.
2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos 
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.
3. Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la presente Ley las encomiendas de 
gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector 
público.
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Artículo 7.  Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional.
1. Se excluyen del ámbito de la presente Ley los acuerdos que celebre el Estado con 
otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que deban 
adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya 
sido establecido en virtud de un instrumento jurídico, celebrado de conformidad con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios Estados no signatarios 
de este último, que cree obligaciones de derecho internacional relativo a las obras, 
suministros o servicios que resulten necesarios para la ejecución o la realización conjunta 
de un proyecto por sus signatarios.
3. Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que 
deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que 
haya sido establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas por una 
organización internacional o por una institución financiera internacional, siempre y cuando 
estén financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.
Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación.
Quedan excluidos de la presente Ley los contratos de investigación y desarrollo, 
excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 (servicios 
de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicio de 
investigación y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 
73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 73112000-0 (servicios de 
investigación marina); 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 
(diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de 
previabilidad y demostración tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), cumplan 
las dos condiciones siguientes:
a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su 
utilización en el ejercicio de su propia actividad.
b) Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.
Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio 
público y en el ámbito patrimonial.
1. Se encuentran excluidas de la presente Ley las autorizaciones y concesiones 
sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales 
distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica 
salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de 
la presente Ley.
2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 
inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, 
que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación 
patrimonial. En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los 
contratos típicos regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor 
estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su 
vez, mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de 
vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.
Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios 
financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de 
otros instru mentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE, del Consejo y 
la Directiva 2000/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 
Directiva  93/22/ CEE, del Consejo. Asimismo quedan excluidos los servicios prestados por 
el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y los contratos de préstamo y 
operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o 
transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.
Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.
1. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la 
legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.
2. Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas consistentes en 
la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de 
una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
3. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación quedan excluidos de 
la presente Ley.
4. Asimismo, están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público 
se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio, sin perjuicio de que el 
adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público 
sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del 
correspondiente contrato.
5. Se encuentran, asimismo, excluidos los contratos que tengan por objeto servicios 
relacionados con campañas políticas, incluidos en los códigos CPV 79341400-0, 
92111230-3 y 92111240-6, cuando sean adjudicados por un partido político.
6. Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por 
entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos 
públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la 
concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones 
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.
CAPÍTULO II
Contratos del sector público
Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales
Artículo 12. Calificación de los contratos.
1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de 
acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de 
derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
Artículo 13. Contrato de obras.
1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, 
o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados 
por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o 
el proyecto de la obra.
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2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción 
o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, 
que tenga por objeto un bien inmueble.
También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o 
sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 
las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del 
órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.
Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los 
supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la 
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse de un 
supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública.
Artículo 14. Contrato de concesión de obras.
1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas 
las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y 
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de 
aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del 
apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido:
a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las 
características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los 
servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación 
con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de 
que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados 
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.
3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté 
obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla 
la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y 
explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas 
que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan 
ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al 
concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma 
determinada por los pliegos respectivos.
4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de 
este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en 
la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o 
ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras 
o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras 
o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios 
no se ajuste a la demanda.
Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté 
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar 
las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como 
consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de 
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los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las 
incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que 
incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.
Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.
1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, 
la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya 
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del 
contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del 
artículo anterior.
Artículo 16. Contrato de suministro.
1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto 
de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la 
consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales 
o valores negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de 
forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo 
de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, 
y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta 
a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por 
el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas 
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 
parcialmente, los materiales precisos.
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
Artículo 17. Contrato de servicios.
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una 
obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el 
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos.
Artículo 18. Contratos mixtos.
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes 
a otro u otros de distinta clase.
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el 
artículo 34.2 de la presente Ley.
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se 
determinará de conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, 
cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.
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Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos 
mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se 
estará a las siguientes reglas:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos 
de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del 
anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en 
parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función 
de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, 
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones 
de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo:
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal.
2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato 
único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios 
cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere 
las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, respectivamente. 
En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y 
concesión de servicios.
2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta 
Ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para 
determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas:
a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal.
b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se 
aplicará lo dispuesto en esta Ley.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del 
contrato mixto sea una obra y esta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto 
y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente Ley.
En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de 
obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio 
de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras 
previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente Ley.
Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada
Artículo 19. Delimitación general.
1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de 
concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y los de servicios, 
cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, 
sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que 
la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la 
consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados 
por estas entidades a los que se refiere el artículo 23.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a 
regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes:
a) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la 
coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o 
servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio 
de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al 
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suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación 
audiovisual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por «servicio de comunicación 
audiovisual» y «proveedor del servicio de comunicación» se entenderá, respectivamente, 
lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 2010/13/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por 
«programa» se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha 
Directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los 
programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, «contenidos del 
programa» tendrá el mismo significado que «programa».
b) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.
c) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada 
de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la 
protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los 
intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las 
normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada en esta Ley.
La declaración de que concurre la circunstancia relativa a la protección de intereses 
esenciales para la seguridad del Estado deberá hacerse de forma expresa en cada caso por el 
titular del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de 
la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas integrantes del sector 
público estatal, por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, o por el órgano al que esté atribuida la competencia para celebrar 
el correspondiente contrato en las Entidades locales. La competencia para efectuar esta 
declaración no será susceptible de delegación, salvo que una ley expresamente lo autorice.
d) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta 
a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al 
público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. A efectos del presente 
apartado «red pública de comunicaciones» y «servicio de comunicaciones electrónicas» 
tendrán el mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
e) Aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos:
1.º La representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, 
ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia 
internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los 
órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos 
jurisdiccionales o instituciones internacionales.
2.º El asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los 
procedimientos mencionados en el apartado anterior de la presente letra, o cuando exista 
una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de dichos 
procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado.
3.º Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser 
prestados por un notario público.
4.º Los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios 
jurídicos cuyos prestadores sean designados por un órgano jurisdiccional o designados 
por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de dichos órganos 
jurisdiccionales.
5.º Otros servicios jurídicos que estén relacionados, incluso de forma ocasional, con 
el ejercicio del poder público.
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f) Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención 
de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e 
incluidos en los siguientes códigos CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 
75251120-7, 75252000-7, 75222000- 8; 98113100-9; 85143000-3, salvo los servicios de 
transporte en ambulancia de pacientes.
g) Los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril o en metro, así como las concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin 
perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 
y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
h) Los contratos de concesión adjudicados para:
1.º La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua 
potable;
2.º El suministro de agua potable a dichas redes.
Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de 
concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén 
relacionadas con una de las actividades contempladas en los números 1.º y 2.º anteriores:
I. Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de 
agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 por ciento del 
volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de 
irrigación o drenaje, o
II. Eliminación o tratamiento de aguas residuales.
Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios 
sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de 
obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros.
2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado 
en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor 
acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el 
apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación 
de cada lote.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán 
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros, 
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del 
valor acumulado de la totalidad de los mismos.
Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor 
estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 135.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 
del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación 
que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos 
de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II.
b) 209.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del 
sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.
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2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en 
los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes 
en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado 
anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. 
No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo 
valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes 
exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos.
Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 135.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 
General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.
b) 209.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del 
sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos 
o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios 
sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV.
2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado 
en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los 
lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados 
en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 
adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de 
estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el 
importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor 
acumulado de la totalidad de los mismos.
Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos 
de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 
y 17, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más de un 
50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes 
adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes:
a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la 
sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas 
de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, 
recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, 
siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros.
b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la 
letra a), cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros.
2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a aquellos 
celebrados por particulares o por entidades del sector público que no tengan la 
consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último caso, con las 
establecidas en el Título II del Libro Tercero de esta Ley. Cuando el contrato subvencionado 
se adjudique por entidades del sector público que tengan la consideración de poder 
adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas para estas entidades, de 
acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación de la competencia para 
resolver el recurso especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares 
en el procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla establecida 
en el apartado 2 del artículo 47.
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Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados
Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público.
Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de 
derecho administrativo o de derecho privado.
Artículo 25. Contratos administrativos.
1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren 
por una Administración Pública:
a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y 
servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos:
1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número 
de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e 
interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 
79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 
92231000-9 y 92232000-6.
2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y 
bases de datos.
b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto 
distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa 
especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o 
por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 
competencia de aquella.
2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos 
especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en 
primer término, sus normas específicas.
Artículo 26. Contratos privados.
1. Tendrán la consideración de contratos privados:
a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los 
referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior.
b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no 
reúnan la condición de Administraciones Públicas.
c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de 
poder adjudicador.
2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en 
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 
Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con 
carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las 
restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, 
según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su 
efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los 
números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de 
aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo de la misma en 
cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán 
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aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta Ley 
relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación 
y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a 
regulación armonizada.
3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan 
a la categoría de Administraciones Públicas mencionados en la letra b) del apartado 
primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente 
Ley, se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su 
preparación y adjudicación.
En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho 
privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en 
materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de 
modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la 
contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la 
prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el 
contrato conforme a los artículos 204 y 205.
4. Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean la 
condición de poder adjudicador, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322.
En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción se regularán por las normas 
de derecho privado que les resulten de aplicación.
Artículo 27. Jurisdicción competente.
1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las 
siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 
los contratos administrativos.
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos 
privados de las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la letra 
a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulación 
armonizada, las impugnaciones de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación 
debió ser objeto de una nueva adjudicación.
c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, 
cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación 
debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes 
adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos 
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así 
como en el artículo 321.5.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y 
modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley.
2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y 
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de 
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 
modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.
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b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las 
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del 
contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a 
las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las 
que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
LIBRO PRIMERO
Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales de los contratos
TÍTULO I
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
CAPÍTULO I
Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos 
que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal 
efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, 
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los 
términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán 
la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, 
medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de 
contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el 
acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley.
3. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en 
este artículo, las entidades del sector público podrán, previo cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la 
iniciativa privada, en particular con respecto a los contratos de concesión de obras y 
concesión de servicios, incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta.
4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, 
que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer 
su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa 
previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a 
una regulación armonizada.
Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 
necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin 
perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.
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2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las 
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los 
artículos 203 a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación 
a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el 
contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los 
contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el 
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en 
el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de 
seis meses.
3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de 
ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicables 
en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de 
esta Ley.
4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un 
plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en 
aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, 
respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de 
duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de 
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean 
susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su 
utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un 
coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas 
en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de 
su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio 
será objeto de desarrollo reglamentario.
El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la 
compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por 
razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo 
de duración el de la vida útil del producto adquirido.
Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a 
las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad 
de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera 
repercutir negativamente.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la 
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del 
nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las 
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato 
se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario.
5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá 
exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de 
este artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años.
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6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo 
de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que 
constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración 
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el 
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o 
servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las 
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las 
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión 
de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá 
exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de 
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios 
siempre que no estén comprendidos en la letra a).
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 
por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las 
circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión 
y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que estas deban 
suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza 
mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se 
estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de 
la concesión.
7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean 
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de 
vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de 
duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos 
relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del 
mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario 
a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de 
su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato 
principal.
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de 
dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la 
correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.
8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6 de 
este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se 
refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española.
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Artículo 30.  Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la 
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.
1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración 
Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la 
colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias:
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o 
servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, 
en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga 
una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto del contrato o una mayor 
celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma.
c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada.
d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 120.
e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación previa de un 
precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.
f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra 
por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.
g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo 232.5.
h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, 
cuando no se aplique el artículo 146.2 relativo a la valoración de las ofertas con más de un 
criterio de adjudicación.
En los supuestos contemplados en las letras a), b), c), e) y f) anteriores, deberá 
redactarse el correspondiente proyecto, cuyo contenido se fijará reglamentariamente.
2. La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por los servicios de la 
Administración, ya sea empleando de forma exclusiva medios propios no personificados o 
con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en las letras a), c), d) y e) del apartado anterior, o cuando, en el 
supuesto definido en la letra b) de este mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse 
sea superior al 20 por 100 del presupuesto del suministro o pueda obtenerse una mayor 
celeridad en su ejecución.
Se exceptúan de estas limitaciones aquellas fabricaciones de bienes muebles que, por 
razones de defensa o de interés militar, resulte conveniente que se ejecuten por la 
Administración.
3. La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración 
por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la 
debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley.
4. Cuando, de conformidad con los apartados anteriores de este artículo, la ejecución 
de las obras o la fabricación de los bienes muebles se efectúe en colaboración con 
empresarios particulares, el régimen jurídico aplicable a estos contratos será el previsto 
para los contratos de obras o de suministro en la presente Ley. La selección del empresario 
colaborador se efectuará por los procedimientos de adjudicación establecidos en el 
artículo 131, salvo en el caso previsto en la letra d) del apartado 1 del presente artículo.
En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del presente 
artículo, la contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 60 por ciento del 
importe total del proyecto.
5. La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes muebles y, 
en su caso, la aprobación del proyecto, corresponderá al órgano competente para la 
aprobación del gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las 
Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los encargos a 
medios propios personificados regulados en los artículos 32 y 33.
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Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y 
horizontal.
1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna 
de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de 
contractual:
a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios 
propios personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 32 para los 
poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector público que no tengan 
la consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de su potestad de auto organización, 
mediante el oportuno acuerdo de encargo.
b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al 
sector público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones 
y con los límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades pertenecientes al 
sector público podrán en todo caso, acordar la realización conjunta de contrataciones 
específicas.
3. Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su totalidad de forma 
conjunta en nombre y por cuenta de varias entidades, estas tendrán la responsabilidad 
conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. Ello se aplicará también en aquellos casos 
en que una sola entidad administre el procedimiento, por cuenta propia y por cuenta de las 
demás entidades interesadas.
Cuando un procedimiento de contratación no se desarrolle en su totalidad en nombre 
y por cuenta de las entidades interesadas, estas solo tendrán la responsabilidad conjunta 
por aquellas partes que se hayan llevado a cabo conjuntamente. Cada entidad será única 
responsable del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las partes que lleve a 
cabo en su propio nombre y por cuenta propia.
Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras 
y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra 
persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo 
encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona 
jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto 
de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio 
de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única 
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de 
derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a 
continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente 
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre 
sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el 
segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos 
ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o 
personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos 
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que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo 
los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre 
ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar 
el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de 
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente 
se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las 
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los 
casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades 
subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización 
de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder 
adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 
controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario 
del encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los 
gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la 
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones 
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea 
fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que 
hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global de 
negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización 
del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del nivel 
de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar 
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del 
encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la 
realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-
privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o 
aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo 
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente 
en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya 
a ser medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio 
propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización 
de los encargos de conformidad con su objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: 
el poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y 
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de 
que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean 
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, 
pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la 
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los 
Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente.
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3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la 
persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder 
adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, 
por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital 
privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más 
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de 
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que 
se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el 
ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus 
propios servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén 
representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada 
representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva 
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario 
del encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los 
intereses de los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de 
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente 
se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las 
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los 
casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades 
subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización 
de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes 
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos 
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado 
en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en 
consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la 
auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).
5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los 
apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición 
de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando 
encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que 
estuvieran en fase de ejecución.
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de 
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado 
como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración 
jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de 
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores 
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la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto 
social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del 
artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de 
poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán 
autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del 
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá 
obtenerse antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida 
la autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto y 
suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas.
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir 
al menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; 
así como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores 
con presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de 
financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las 
modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen 
el 20 por cien del importe del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción 
del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni 
exima de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta 
tramitación y realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en 
ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las 
siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los 
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le 
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con 
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los 
medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de 
servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del 
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público 
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho 
privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la 
consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de poder 
adjudicador podrán ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos de 
obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a cambio de 
una compensación valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, previo encargo a 
esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que 
utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. El encargo que cumpla estos 
requisitos no tendrá la consideración de contrato.
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2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad 
perteneciente al sector público que no tenga la consideración de poder adjudicador, 
aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos 
y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el sentido 
del artículo 42 del Código de Comercio, sobre el ente destinatario del mismo.
b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo 
sea de titularidad pública.
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que 
realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo 
modo por la entidad que realiza el encargo.
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar 
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del 
encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la 
realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que una 
persona jurídica del sector público estatal realice un encargo a otra persona jurídica del 
sector público estatal, siempre que una de ellas, ya sea la que realiza el encargo o la que lo 
recibe, ejerza el control de la otra o participe directa o indirectamente en su capital social.
CAPÍTULO II
Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
Artículo 34. Libertad de pactos.
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas 
y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico 
y a los principios de buena administración.
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en 
un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre 
sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y 
tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante.
Artículo 35. Contenido mínimo del contrato.
1. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades 
del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, 
necesariamente, las siguientes menciones:
a) La identificación de las partes.
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del 
objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.
d) Referencia a la legislación aplicable al contrato.
e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en 
el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de 
prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el 
orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que 
existan contradicciones entre diversos documentos.
f) El precio cierto, o el modo de determinarlo.
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución 
y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
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h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
i) Las condiciones de pago.
j) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
k) Los supuestos en que procede la resolución.
l) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se 
abonará el precio, en su caso.
m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, 
se imponga al contratista.
n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de 
ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.
2. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, 
en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de 
adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquellos.
CAPÍTULO III
Perfección y forma del contrato
Artículo 36. Perfección de los contratos.
1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 
contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el 
apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.
2. Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 
de esta Ley, deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán de 
conformidad con la legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar su 
formalización al órgano que otorgó la subvención.
3. Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su adjudicación.
4. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se 
entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público.
1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el 
contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.
2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos 
menores en el artículo 118.
3. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores que no tengan la 
consideración de Administraciones Públicas cuando sean susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación conforme al artículo 44 deberán formalizarse en los plazos 
establecidos en el artículo 153.
CAPÍTULO IV
Régimen de invalidez
Artículo 38. Supuestos de invalidez.
Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos 
subvencionados a que se refiere el artículo 23, serán inválidos:
a) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad 
con las disposiciones del derecho civil.
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b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de 
adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo 
a que se refieren los artículos siguientes.
c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.
Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.
1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes 
adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de 
clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar 
este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71.
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias 
de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de 
emergencia.
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información 
similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en 
el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la 
formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos:
1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 
interponer recurso contra alguno de los actos del procedimiento de adjudicación y,
2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el 
procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener esta.
e) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se 
hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los 
artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los 
casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada por el 
órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se 
hubiera interpuesto.
f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos 
basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos 
específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos 
varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación 
del contrato de que se trate a otro licitador.
g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de 
contratación pública que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al 
contratista, declarado por el TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 260 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.
Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del 
ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el 
párrafo anterior, las siguientes:
a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación 
de los contratos en los artículos 204 y 205.
b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de 
cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las 
empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
c) Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa 
de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos 
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio 
propio.
Artículo 41. Revisión de oficio.
1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de 
los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
2. A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos 
administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las 
entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas, así como los actos 
preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere 
el artículo 23 de la presente Ley. La revisión de oficio de dichos actos se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan 
sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano 
cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la 
nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los apartados anteriores el órgano de 
contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del 
departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al 
que corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En 
este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, 
será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria.
En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al titular 
del departamento, presidente o director de la entidad que hubiese otorgado la subvención, 
o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el 
carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por 
parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a 
la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la subvención 
primeramente concedida.
4. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad 
o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No 
obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no 
será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano 
delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una indemnización, se 
elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y 
expresa, resolverá lo procedente sobre la declaración de nulidad conforme a lo previsto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
5. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la suspensión de la 
ejecución de los actos de los órganos de contratación, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
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Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad.
1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que 
entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas 
que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. 
La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios 
que haya sufrido.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus 
consecuencias.
3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave 
trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los 
efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes 
para evitar el perjuicio.
4. Los efectos establecidos en los apartados anteriores podrán ser acordados por la 
sentencia que ponga fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto previa 
declaración de lesividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 43. Causas de invalidez de derecho civil.
La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto 
resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 38, se sujetará a los 
requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil, pero 
el procedimiento para hacerlas valer, cuando el contrato se haya celebrado por una 
Administración Pública, se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos 
y contratos administrativos anulables.
CAPÍTULO V
Del recurso especial
Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y 
decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los 
siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes 
entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y 
de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la 
celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos 
basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones 
de euros.
Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus 
características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor 
estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.
Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus 
características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su 
duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos 
de servicios.
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2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 
estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 
anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la 
admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, 
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 
consecuencia de la aplicación del artículo 149.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto 
de una nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no 
cumplan los requisitos legales.
f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
3. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en 
el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 
corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su 
corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten 
puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
4. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que 
se sigan por el trámite de emergencia.
5. Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de 
ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos 
administrativos ordinarios.
6. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de 
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la 
condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, 
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda 
su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria.
7. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 
potestativo y será gratuito para los recurrentes.
Artículo 45.  Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración 
General del Estado.
1. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el 
conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará 
encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano 
especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales. Mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros, podrá incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el 
Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje.
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2. Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de 
cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan 
desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en 
el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.
3. El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala 
para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y 
haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, 
preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la 
contratación pública.
En el caso de que los Vocales o el Presidente fueran designados entre funcionarios de 
carrera incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, estos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el 
Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha Ley.
4. La designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el 
Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro 
de Justicia. Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y no podrán ser 
removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de 
inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) anteriores se acordará 
por el Gobierno previo expediente.
5. La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será 
de seis años y no podrá prorrogarse. Durante el tiempo en que se hallen prestando servicio 
en el Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de Servicios 
Especiales dentro de su cuerpo de origen.
6. En cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el ejercicio 
de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
7. Formará parte del Tribunal, con voz pero sin voto, el Secretario General del mismo.
El Tribunal contará con los servicios administrativos precisos para su funcionamiento.
El nombramiento del Secretario General y el del personal integrante de los servicios 
administrativos se harán en los términos previstos en la legislación reguladora de la 
Función Pública.
8. Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las 
disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales.
1. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los 
recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano 
independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, 
ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento 
de las materias que sean de su competencia. El nombramiento de los miembros de esta 
instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la 
autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad 
a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad.
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2. Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la 
resolución de los recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A 
tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del 
Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos 
derivados de esta asunción de competencias.
3. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos 
independientes ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los 
órganos de las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales celebrando al efecto un convenio en los 
términos previstos en el apartado anterior.
4. En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones Locales, la 
competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las 
Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de 
ejecución en materia de régimen local y contratación.
En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos 
corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se 
integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los 
recursos de su ámbito.
En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se 
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y 
funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. Su 
constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su 
nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la 
legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. 
El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y 
remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia 
para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de la provincia a la que 
pertenezcan.
5. En lo relativo a la contratación en el ámbito de los Territorios Históricos Forales, la 
competencia para resolver los recursos podrá corresponder a los órganos y Tribunales 
administrativos forales de Recursos Contractuales.
Artículo 47.  Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración 
Pública y en relación con contratos subvencionados.
1. Cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes 
adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la 
competencia estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la 
Administración a que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido.
Si la entidad contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el órgano 
competente para resolver el recurso será aquel que tenga atribuida la competencia 
respecto de la que ostente el control o participación mayoritaria y, en caso de que todas o 
varias de ellas, ostenten una participación igual, ante el órgano que elija el recurrente de 
entre los que resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado.
2. En los contratos subvencionados la competencia corresponderá al órgano 
independiente que ejerza sus funciones respecto de la Administración a que esté adscrito 
el ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad 
que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En 
el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector 
público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a 
igualdad de importe, al órgano ante el que el recurrente decida interponer el recurso de 
entre los que resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado.
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Artículo 48. Legitimación.
Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona 
física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan 
visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las 
decisiones objeto del recurso.
Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de 
ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles 
pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato 
se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 
trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá 
legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares.
1. Antes de interponer el recurso especial, las personas legitimadas para ello podrán 
solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas cautelares. 
Tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen 
otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a 
suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión 
o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
2. El órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma 
motivada sobre las medidas cautelares dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito en que se soliciten.
A estos efectos, el órgano que deba resolver, en el mismo día en que se reciba la 
petición de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que 
dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere 
oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el 
propio órgano decisorio. Si transcurrido este plazo no se formulasen alegaciones se 
continuará el procedimiento.
Si antes de dictar resolución se hubiese interpuesto el recurso, el órgano competente 
para resolverlo acumulará a este la solicitud de medidas cautelares.
Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento no cabrá recurso alguno, sin 
perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.
3. Cuando de la adopción de las medidas cautelares puedan derivarse perjuicios de 
cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o garantía 
suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan efectos hasta que dicha 
caución o garantía sea constituida.
Reglamentariamente se determinará la cuantía y forma de la garantía a constituir así 
como los requisitos para su devolución que en todo caso deberán atender al principio de 
proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados.
4. Salvo que se acuerde lo contrario por el órgano competente, la suspensión del 
procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la 
presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.
5. Las medidas cautelares que se soliciten y acuerden con anterioridad a la 
presentación del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez transcurra 
el plazo establecido para su interposición sin que el interesado lo haya deducido.
Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.
1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse 
en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a 
contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que 
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se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este 
se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se 
hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su 
contenido a través del perfil de contratante.
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará 
desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la 
presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, 
el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.
Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos 
contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a 
su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación 
correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno 
derecho.
c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de 
adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido 
conocimiento de la posible infracción.
d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que 
hubieran sido admitidos en el procedimiento.
e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en 
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día 
siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.
f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a 
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.
g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al 
de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 
decimoquinta.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna 
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, 
el plazo de interposición será el siguiente:
a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la 
forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha 
publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los 
candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su 
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron 
determinantes de la adjudicación a su favor.
b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la 
formalización del contrato.
Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial.
1. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que 
fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en 
su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49, cuya 
adopción solicite, acompañándose también:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase 
unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso 
podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.
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b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la 
ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en 
que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.
d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad 
con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.
2. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se 
requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a 
su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida 
la tramitación del expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presentación 
de documentación subsanada se hará, necesariamente, en el registro del órgano 
competente para la resolución del recurso.
3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano 
de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en 
el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma 
más rápida posible.
4. El órgano competente para la resolución del recurso hará públicas a través de su 
página web, mediante resolución de su Presidente, las direcciones de registro en las que 
debe hacerse la presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el propio 
Tribunal.
Artículo 52. Acceso al expediente.
1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a 
la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual 
tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad 
establecidos en la Ley.
2. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo 
de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso 
en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. La presentación de esta 
solicitud no paralizará en ningún caso el plazo para la interposición del recurso especial.
3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no 
eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo 
legalmente establecido. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por 
el recurrente en su recurso, en cuyo caso el órgano competente para resolverlo deberá 
conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas por plazo 
de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a completar 
su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de 
contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes 
interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran por conveniente.
Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.
Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento 
cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados 
en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían 
adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.
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Artículo 54. Comunicaciones y notificaciones.
Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes 
para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el 
procedimiento se harán por medios electrónicos.
Artículo 55. Inadmisión.
El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del 
expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de modo 
inequívoco y manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos:
a) La incompetencia del órgano para conocer del recurso.
b) La falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación de la 
persona que interpone el recurso en nombre de otra, mediante poder que sea suficiente a 
tal efecto.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actos no susceptibles de impugnación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.
d) La interposición del recurso, una vez finalizado el plazo establecido para su 
interposición.
Si el órgano encargado de resolverlo apreciara que concurre alguno de ellos, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 51.2, dictará resolución acordando la inadmisión del 
recurso.
Artículo 56. Tramitación del procedimiento.
1. El procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación 
se regirá por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades que se 
recogen en los apartados siguientes.
2. Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución del recurso lo 
notificará en el mismo día al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de 
interposición y reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que 
lo hubiese tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes 
acompañado del correspondiente informe.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto 
impugnado, este deberá remitirlo al órgano competente para la resolución del recurso 
dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción acompañado del expediente 
administrativo y del informe a que se refiere el párrafo anterior.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 con respecto al acceso al expediente 
por parte del recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el 
órgano competente para la resolución del recurso dará traslado del mismo a los restantes 
interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, 
que deberán presentarse necesariamente, en el registro del órgano competente para la 
resolución del recurso.
De forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca 
de las medidas cautelares, si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de 
interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación, en el caso de que la 
solicitud de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la presentación del 
recurso.
Asimismo en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el mantenimiento 
de la suspensión automática prevista en el artículo 53, entendiéndose vigente esta en 
tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las medidas cautelares 
se hubieran solicitado después de la interposición del recurso, el órgano competente 
resolverá sobre ellas en los términos previstos en el párrafo anterior sin suspender el 
procedimiento principal.
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En todo caso, las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano 
competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de 
contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días.
4. Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho. Cuando los interesados lo soliciten o el 
órgano encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos alegados 
por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura 
del período de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes.
El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las pruebas 
propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada.
La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los interesados.
5. El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, 
garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en 
relación con la información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de que 
pueda conocer y tomar en consideración dicha información a la hora de resolver. 
Corresponderá a dicho órgano resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad y el 
secreto de la información que obre en el expediente de contratación, sin que por ello, 
resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica 
efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento.
Artículo 57. Resolución del recurso especial.
1. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo 
señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá 
resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación 
la resolución a todos los interesados.
2. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas 
cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la 
petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones no 
conformes a derecho adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la 
supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias 
contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras 
del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así 
como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones. En todo caso la estimación del 
recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación 
contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de 
contratación relacionados con su aprobación.
3. La resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las 
restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías 
cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.
4. En caso de estimación total o parcial del recurso, el órgano de contratación deberá 
dar conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución, de las actuaciones 
adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
5. Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso 
sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a 
los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
Artículo 58. Indemnizaciones y multas.
1. El órgano competente para la resolución del recurso, a solicitud del interesado, 
podrá imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada 
por los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese 
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dado lugar al recurso, resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasionados por la 
preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación. La cuantía 
de la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios establecidos en el 
Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
2. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la 
interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la 
imposición de una multa al responsable de la misma.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía 
en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a 
los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro Público.
Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden del 
Ministro de Hacienda y Función Pública.
Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial.
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) 
del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente 
ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos 
dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso. Tampoco estarán 
sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que 
cada uno de ellos se encuentre adscrito.
Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.
Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
1. Cuando contra una resolución del órgano competente para la resolución del recurso 
se interponga recurso contencioso administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del 
Tribunal jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, procederá a emplazar para 
su comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que 
hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento.
2. El emplazamiento indicado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
TÍTULO II
Partes en el contrato
CAPÍTULO I
Órgano de contratación
Artículo 61. Competencia para contratar.
1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre.
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2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en 
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 
trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de 
órganos societarios o de una fundación.
Artículo 62. Responsable del contrato.
1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 
del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un 
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a 
la entidad contratante o ajena a él.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.
3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la 
Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para 
obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.
Artículo 63. Perfil de contratante.
1. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su 
perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a 
su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los 
mismos. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos 
y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos. La 
difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad 
adicionales en los casos en que así se establezca.
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo 
identificación previa. No obstante, podrá requerirse esta para el acceso a servicios 
personalizados asociados al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, 
envío de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la 
información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y 
reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior 
a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes 
de información.
2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a 
la actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener 
tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano 
de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y 
dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las 
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información 
particular relativa a los contratos que celebre.
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos 
la siguiente información:
a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el 
caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación 
cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o 
documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.
b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el 
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de 
adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su 
justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de 
proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.
d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los 
enlaces a esas publicaciones.
e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así 
como todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación 
o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación 
correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables 
mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo 
caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la 
declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de 
los contratos con motivo de la interposición de recursos.
4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, 
su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y 
la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos 
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de 
pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema 
similar para realizar pagos menores.
5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los 
procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los 
órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos 
o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación 
que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios.
En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación 
y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o 
que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen 
o en la que prestasen sus servicios.
6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior 
a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de contratante.
La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá 
publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos 
será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio 
destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio.
7. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un 
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información que se incluya en el mismo.
8. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato en 
los supuestos que establece el artículo 154.7.
En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.
Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar 
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo 
efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación 
con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en 
el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
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2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier 
situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe 
en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, 
tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera 
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de licitación.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 
interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.
CAPÍTULO II
Capacidad y solvencia del empresario
Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público
Subsección 1.ª Normas generales y normas especiales sobre capacidad
Artículo 65. Condiciones de aptitud.
1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 
adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.
2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato.
3. En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, el 
contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de 
contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 71.
Artículo 66. Personas jurídicas.
1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
2. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una 
concesión de obras o de servicios, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una 
sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su caso, la forma de la 
sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, 
la correspondiente legislación específica.
Artículo 67.  Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
1. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
2. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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Artículo 68. Empresas no comunitarias.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes 
del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y 
Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
2. Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a 
las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran 
una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
Artículo 69. Uniones de empresarios.
1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas 
en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
2. Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, 
el órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que 
concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas 
para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones 
para concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada 
por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los 
trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa 
sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer 
párrafo, se pronuncie sobre aquellos.
3. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
4. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, 
con la del contrato hasta su extinción.
5. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o 
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
6. A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, 
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que 
reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, 
expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder 
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a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación 
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo.
7. Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere 
el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran 
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se 
establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.
8. Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, 
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedase incursa en prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad 
de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 
impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que 
la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
9. Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se 
observarán las siguientes reglas:
a) Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el 
aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o 
varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de 
contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su 
importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, 
que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del plazo de 
duración del contrato. En todo caso será necesario que se mantenga la solvencia o 
clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las empresas 
que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de 
contratar.
b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la 
unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, 
continuará la ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En el caso de que 
la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
c) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen 
declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de 
liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes 
siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos.
10. La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los 
nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas 
en la Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial 
de Uniones Temporales de Empresas.
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Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad.
1. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la 
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar 
a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose 
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó 
en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su 
participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o 
de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Entre las medidas a las que se refiere el primer párrafo del presente apartado, se 
encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información 
intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de 
contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la 
presentación de ofertas.
Las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos previstos en el 
artículo 336.
2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección 
de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de 
seguridad y salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 
correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido 
en el apartado anterior.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley 
con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, 
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos 
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico 
y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas 
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean 
de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran 
en la situación mencionada en este apartado.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de 
falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y 
no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con 
lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia 
medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción 
muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido 
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de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en 
este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo 
extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, 
no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores 
con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 
trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad 
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando 
las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con 
ocasión de la impugnación de tales deudas.
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 
por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de 
igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación 
de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real 
Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será 
bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima 
de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, 
en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere 
el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, 
o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la 
información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1.
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de 
contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe que la empresa 
ha cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al 
pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados o las 
multas impuestas.
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las 
Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los 
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a 
que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
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La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, 
así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a 
que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el 
titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado 
la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.
h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a 
prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las 
competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese 
en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 
dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos 
años a contar desde el cese como alto cargo.
2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán 
a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente 
Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 73 las siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento 
de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no 
cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los 
plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al adjudicatario.
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las 
condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el 
contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, 
y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de 
daños y perjuicios.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en 
el artículo 3 de la presente Ley.
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 
en las que hubiesen concurrido aquellas.
Artículo 72.  Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento.
1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las 
letras c), d), f), g) y  h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por 
los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en 
cada caso las determinan.
2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de contratación, 
cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente 
sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas.
En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan 
pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los casos 
de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos contemplados 
en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y duración de la 
prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en este artículo.
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3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el 
caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en que no figure 
en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la declaración de la 
prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artículo anterior 
respecto de la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el 
artículo 343, corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública previa propuesta de 
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, o a los órganos que resulten 
competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en el caso de la letra e) citada.
A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano 
judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución administrativa deberá 
remitir de oficio testimonio de aquella o copia de esta a la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado, sin perjuicio de que por parte de este órgano, de tener conocimiento 
de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la 
resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que emanaron.
En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior referido a 
casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que 
se refiere el artículo 140, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 
solvencia, y en los supuestos previstos en el apartado segundo del artículo 71, la 
declaración de la prohibición de contratar corresponderá al órgano de contratación.
4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos en 
que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública corresponderá al 
titular del departamento, presidente o director del organismo al que esté adscrita o del que 
dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. Si la entidad 
contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano 
correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.
5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración 
previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de esta se 
determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se 
establezca.
No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del 
trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de 
prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones 
fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición 
de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables 
del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas 
técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras 
infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de 
clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de 
aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el 
artículo 71.1, letra a).
La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento 
de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de 
contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El 
órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución 
de declaración de prohibición de contratar.
6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la 
prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya 
establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la 
condena por sentencia firme.
En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, para 
cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del artículo 73.
7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, de 
ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción 
de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, 
si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación.
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En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la 
declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más 
de tres años contados a partir de las siguientes fechas:
a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa prevista en 
la letra b) del apartado 1 del artículo anterior;
b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella en 
que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos previstos en 
la letra e) del apartado 1 del artículo anterior;
c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso previsto 
en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior;
d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, desde la 
fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la causa es la retirada 
indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido 
procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en el incumplimiento de lo 
establecido en el apartado segundo del artículo 150;
e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la letra c) del 
apartado segundo del artículo 71.
Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado 
segundo del artículo 71 y en la letra e) del apartado primero del mismo artículo en lo 
referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del 
artículo 140 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la prohibición de 
contratar afectará al ámbito del órgano de contratación competente para su declaración.
Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el que se 
integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la extensión de 
efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del apartado primero del artículo 71, 
la competencia para la declaración de la prohibición de contratar corresponda a los 
órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la citada 
prohibición de contratar afectará a todos los órganos de contratación del correspondiente 
sector público.
Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al correspondiente 
sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar a las que se refieren 
los párrafos anteriores se podrán extender al conjunto del sector público. Dicha extensión 
de efectos a todo el sector público se realizará por el Ministro de Hacienda y Función 
Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y a 
solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que 
la prohibición de contratar provenga de tales ámbitos.
En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar 
corresponda al Ministro de Hacienda y Función Pública, la misma producirá efectos en 
todo el sector público.
2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las 
circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del artículo 71, 
una vez adoptada la resolución correspondiente, se comunicará sin dilación para su 
inscripción al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la 
prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado.
Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas, de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla o de las entidades locales situadas en su territorio 
notificarán la prohibición de contratar a los Registros de Licitadores de las Comunidades 
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Autónomas correspondientes, o si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público.
La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 
correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo 
procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado 
primero del artículo  71 producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la 
sentencia o la resolución administrativa en los casos en que aquella o esta se hubieran 
pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición.
En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el 
registro correspondiente.
No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 
primero del artículo 71 en los casos en que los efectos de la prohibición de contratar se 
produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán adoptarse, en su 
caso, por parte del órgano competente para resolver el procedimiento de determinación 
del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, las medidas 
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
adoptarse.
4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del 
apartado primero del artículo 71, producirán efectos respecto de las Administraciones 
Públicas que se establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la fecha 
en que esta devino firme.
Subsección 3.ª Solvencia
Artículo 74. Exigencia de solvencia.
1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar 
estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será 
sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en 
esta Ley.
2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación 
y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser 
proporcionales al mismo.
Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos.
1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente 
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 
durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 
profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, 
las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas 
van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.
2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante 
la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
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El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, 
previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140.
3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que 
respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador 
podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la 
ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o 
trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los 
poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su 
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de 
una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, 
siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los 
trabajos a los que se refiera.
Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.
1. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de 
servicios, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de 
colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la 
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación.
2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, 
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el 
contrato, debiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, 
conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario.
En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la 
concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del 
contrato, los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo 
anterior.
3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia 
adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional 
a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las 
empresas en la licitación.
Subsección 4.ª Clasificación de las empresas
Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación.
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 
de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación 
de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
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corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y 
financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia 
se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso 
del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los 
mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.
b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En 
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los 
artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de 
categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de 
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo 
para ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos 
aprobado por Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002.
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación 
correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran 
los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos 
y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán 
carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado 
en los pliegos.
c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato.
2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en 
que hubiese sido requerida al cedente.
3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para 
determinados tipos de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo 
motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes 
en los mismos.
4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá 
excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque 
para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se alteren sus condiciones, 
precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de 
la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 87 y 88.
5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores 
podrán acordar la aplicación del régimen dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación.
1. No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.
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2. Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la 
contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y entidades 
de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por el 
Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la autorización será otorgada por 
los órganos que estas designen como competentes.
Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.
1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada 
conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los 
artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u 
optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en 
grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, 
en función de su cuantía.
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
2. Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite su 
personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente habilitado para 
realizar la correspondiente actividad, por disponer de las correspondientes autorizaciones 
o habilitaciones empresariales o profesionales, y reunir los requisitos de colegiación o 
inscripción u otros semejantes que puedan ser necesarios, y que no está incurso en 
prohibiciones de contratar.
3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, y 
a efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando la 
persona jurídica en cuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición, durante 
el plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo 82, los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos.
En el caso de puesta a disposición de medios personales, tal circunstancia deberá en 
todo caso ser compatible con las disposiciones aplicables en materia laboral y de derecho 
del trabajo, y contar con el consentimiento de los trabajadores afectados.
El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, en ningún caso, la 
puesta a disposición exclusivamente de medios personales.
4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación 
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras afectadas por una prohibición 
de contratar.
5. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 
correspondiente.
Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes 
a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 
también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 
superior a cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales, que deberán acreditarse razonadamente en 
los pliegos.
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Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y 
clasificaciones divergentes.
1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con 
eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones 
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos 
podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar 
decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos 
de contratar con la Comunidad Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades 
locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector 
público dependientes de una y otras. En la adopción de estos acuerdos, deberán 
respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo.
No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un 
determinado grupo o subgrupo otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, 
o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. A tal 
efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de 
clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras 
Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo otorgarse 
a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya 
disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo.
Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la 
coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma 
empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación.
Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación.
Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por las Comisiones 
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se inscribirán de 
oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido dicha competencia 
serán inscritos de oficio en el Registro de Licitadores de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si dispone de tal Registro, y comunicados por el órgano que los adoptó al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para su 
inscripción.
Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.
1. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se 
mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.
2. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el 
artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente 
el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la 
solvencia técnica y profesional, a cuyo efecto el empresario aportará la correspondiente 
declaración responsable o en su defecto la documentación actualizada en los términos que 
se establezcan reglamentariamente.
La no aportación en los plazos reglamentariamente establecidos de las declaraciones 
o documentos a los que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la suspensión automática 
de las clasificaciones ostentadas, así como a la apertura de expediente de revisión de 
clasificación. La suspensión de las clasificaciones se levantará por la aportación de dichas 
declaraciones o documentos, si aún no se ha comunicado al interesado el inicio del 
expediente de revisión, o por el acuerdo de revisión de clasificación adoptado por el órgano 
competente, en caso contrario.
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3. La clasificación será revisable a petición de los interesados o de oficio por la 
Administración en cuanto varíen las circunstancias tomadas en consideración para 
concederla.
4. En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano 
competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias que 
hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la 
misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir al empresario en la prohibición de 
contratar prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 71.
Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación.
Los órganos competentes en materia de clasificación podrán solicitar en cualquier 
momento de las empresas clasificadas o pendientes de clasificación los documentos que 
estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos manifestados por las 
mismas en los expedientes que tramiten, así como pedir informe a cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas sobre estos extremos.
Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar
Subsección 1.ª Capacidad de obrar
Artículo 84. Acreditación de la capacidad de obrar.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.
2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Artículo 85. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar.
Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140, la 
prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar 
podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.
Subsección 3.ª Solvencia
Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia.
1. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se 
acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de 
contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la presente Ley.
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente, para los contratos que no estén 
sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación, además de los documentos a 
los que se refiere el párrafo primero, podrá admitir de forma justificada otros medios de 
prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 87 a 91.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que 
el poder adjudicador considere apropiado.
2. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la clasificación de 
empresas se acreditará mediante la aportación de los documentos reglamentariamente 
establecidos de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la presente Ley.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma.
3. En los contratos de concesión de obras y concesiones de servicios en los que 
puedan identificarse sucesivas fases en su ejecución que requieran medios y capacidades 
distintas, los pliegos podrán diferenciar requisitos de solvencia, distintos para las sucesivas 
fases del contrato, pudiendo los licitadores acreditar dicha solvencia con anterioridad al 
inicio de la ejecución de cada una de las fases.
En el caso de aquellos empresarios que acogiéndose a la posibilidad prevista en el 
párrafo anterior, no acreditaran su solvencia antes del inicio de la ejecución de la 
correspondiente fase, se resolverá el contrato por causas imputables al empresario.
Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido 
no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos 
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará 
las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación 
o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.
Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con 
cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen 
de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso 
de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo 
tiempo.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro 
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en 
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por 
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder 
adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y criterios que se 
utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.
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Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano 
de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, 
siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del 
Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.
d) Para los contratos de concesión de obras y de servicios, o para aquellos otros que 
incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el contratista, 
el órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia 
económica y financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad 
del contratista de aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato.
2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera 
del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que 
para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: certificación 
bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y 
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En 
todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios 
que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, 
expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de 
clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su 
acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su 
caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los 
siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen 
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y 
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del 
volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 
mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente 
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado 
del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice 
el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 
entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se 
refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga 
o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
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4. La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al 
objeto contractual de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no debiendo en 
ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas 
empresas.
Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras.
1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser 
acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras 
pertinentes efectuadas más de cinco años antes.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista 
de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella 
en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la 
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en 
el capital social de esta.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los 
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un 
criterio de adjudicación.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación.
2. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los 
medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable 
lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 
exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la 
clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de 
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obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de 
clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 
ciento de la anualidad media del contrato.
Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá 
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de 
contratación:
a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los 
suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el 
objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además 
de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código 
normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación 
central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación 
del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de 
los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones 
se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación 
pública.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 
encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, 
por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean 
complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control 
versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los 
medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas 
para controlar la calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas 
técnicas.
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los 
que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 
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Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato.
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a 
que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo 
establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de suministros.
2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos 
para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo 
en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 
exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas 
respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la 
acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales 
suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al  70 por ciento de la anualidad media del contrato.
Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los 
medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los 
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios 
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente 
al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá 
acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos 
como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), 
a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la 
adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las 
respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más 
habituales en la contratación pública.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de 
calidad.
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c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, 
en nombre de este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que 
esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control 
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios 
de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así 
como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen 
como un criterio de adjudicación.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 
exigidos para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, con 
especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e 
investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la 
maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental 
exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará 
mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato.
3. Si el objeto contractual requiriese aptitudes específicas en materia social, de 
prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como 
requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y 
medios en las referidas materias, lo que deberá acreditarse por los medios que establece 
el apartado 1 de este artículo.
4. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior 
a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se 
refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en 
la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios.
Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.
La acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de los de 
obras, servicios o suministro podrá realizarse por los documentos y medios que se indican 
en el artículo anterior.
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Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios 
admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará 
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará 
en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los 
umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores 
o candidatos. En su ausencia serán de aplicación los establecidos en los artículos 87 a 90 
para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para 
los no concretados en los pliegos.
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se 
tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o 
se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo 
importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación 
en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario 
«Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los 
cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se 
considera incluido el contrato.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia 
económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo 
importe no supere un determinado umbral.
Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad.
1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de 
contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 
garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las 
normas europeas relativas a la certificación.
2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también 
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten 
los empresarios.
Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.
1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de 
contratación exijan como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que 
el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, 
o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o a otras normas de 
gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de 
organismos acreditados.
2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también 
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presente 
el licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental 
ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las 
exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.
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Artículo 95. Documentación e información complementaria.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los 
artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.
Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros 
o listas oficiales de contratistas
Artículo 96. Certificaciones de Registros de Licitadores.
1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia 
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
2. La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma 
acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las 
entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos 
o entidades del sector público dependientes de una y otras.
3. La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante 
certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. Los certificados deberán indicar las referencias 
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como, en su caso, la clasificación obtenida.
Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
1. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la 
llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por 
los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el 
Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con 
respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.
2. Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 
certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las 
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado 
miembro en que esté establecido el empresario.
3. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de 
la certificación, así como la clasificación obtenida.
CAPÍTULO III
Sucesión en la persona del contratista
Artículo 98. Supuestos de sucesión del contratista.
1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y 
la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades 
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beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el párrafo 
primero se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, 
a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva 
garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales 
características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la antigua 
garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.
2. Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo 
establecido en el artículo 69.
TÍTULO III
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 99. Objeto del contrato.
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden 
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán 
de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse 
innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad 
de los bienes, obras o servicios que se contraten.
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan.
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano 
de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el 
punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda 
de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de 
las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en 
lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán 
ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.
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4. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, 
este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:
a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede 
presentar oferta.
b) También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
Cuando el órgano de contratación considere oportuno introducir alguna de las dos 
limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo expresamente 
en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Cuando se introduzca la limitación a que se refiere la letra b) anterior, además deberán 
incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios o normas que 
se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, 
un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo 
indicado en el anuncio y en el pliego. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser 
objetivos y no discriminatorios.
Salvo lo que disponga el pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos de 
las limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios 
serán estas y no sus componentes las consideradas candidato o licitador.
Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o 
para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición adicional cuarta. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las 
entidades a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, en las condiciones 
establecidas en la citada disposición.
5. Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes 
del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo 
licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan 
todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se 
recoja en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o 
combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida en 
cada una de ellas.
b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.
c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si 
las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes 
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con 
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se 
trate, considerados aisladamente.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica 
correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.
6. Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y de 
publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada 
se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, calculado según lo 
establecido en el artículo 101, salvo que se dé alguna de las excepciones a que se refieren 
los artículos 20.2, 21.2 y 22.2.
7. En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en 
el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se 
presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
Artículo 100. Presupuesto base de licitación.
1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite 
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
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2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el 
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el 
presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e 
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en 
que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del 
precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y 
con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia.
3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico 
de adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.
Artículo 101. Valor estimado.
1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será 
determinado como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de 
contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según sus estimaciones.
b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el 
órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa 
concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los 
servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y 
servicios.
2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además 
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes 
que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura 
y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:
a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos.
c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación 
la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato 
el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 
modificaciones al alza previstas.
En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la 
mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo 
anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los 
convenios colectivos sectoriales de aplicación.
3. Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, en el cálculo del valor 
estimado de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios se tendrán 
en cuenta, cuando proceda, los siguientes conceptos:
a) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o 
servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador.
b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al 
concesionario por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, incluida la 
compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a 
la inversión pública.
c) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, 
procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión.
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d) El precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión.
e) El valor de todos los suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a 
disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras 
o la prestación de servicios.
4. La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la 
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que 
correspondan.
5. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 
estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.
6. Cuando un órgano de contratación esté compuesto por unidades funcionales 
separadas, se tendrá en cuenta el valor total estimado para todas las unidades funcionales 
individuales.
No obstante lo anterior, cuando una unidad funcional separada sea responsable de 
manera autónoma respecto de su contratación o de determinadas categorías de ella, los 
valores pueden estimarse al nivel de la unidad de que se trate.
En todo caso, se entenderá que se da la circunstancia aludida en el párrafo anterior 
cuando dicha unidad funcional separada cuente con financiación específica y con 
competencias respecto a la adjudicación del contrato.
7. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el 
mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que 
no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie 
el procedimiento de adjudicación del contrato.
8. En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el 
importe de las mismas así como el valor total estimado de los suministros necesarios para 
su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de 
contratación.
9. En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, 
el arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para 
calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:
a) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o 
inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su duración 
sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor residual.
b) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de 
tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 48.
10. En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de 
periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, 
se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las 
siguientes cantidades:
a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el 
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en 
función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al 
contrato inicial.
b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce 
meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior 
a doce meses.
11. En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se 
tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:
a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, 
los intereses y otras formas de remuneración.
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c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su 
caso, se fijen para los participantes en el concurso.
d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen 
una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado 
correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y ocho meses o 
no se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el valor mensual 
multiplicado por 48.
12. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la 
obtención de unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a 
la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el 
valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.
Igualmente, cuando una obra o un servicio propuestos puedan derivar en la 
adjudicación simultánea de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios 
por lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor global estimado de todos los lotes.
13. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá 
en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 
conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco o del sistema 
dinámico de adquisición.
14. En el procedimiento de asociación para la innovación se tendrá en cuenta el valor 
máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de 
investigación y desarrollo que esté previsto que se realicen a lo largo de la duración total 
de la asociación, y de los suministros, servicios u obras que esté previsto que se ejecuten 
o adquieran al final de la asociación prevista.
Artículo 102. Precio.
1. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará 
al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. 
En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
2. Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su 
pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que 
esta u otras Leyes así lo prevean.
No obstante lo anterior, en los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del 
precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará en la 
correspondiente divisa el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una 
estimación en euros del importe total del contrato.
3. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el 
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, 
atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de 
licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o 
desproporcionados.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, 
deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, 
nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los 
servicios.
4. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que 
se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la 
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.
5. Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados en los 
términos previstos en el Capítulo II de este Título, cuando deban ser ajustados, al alza o a 
la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante 
la ejecución del contrato.
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6. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas 
de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados 
objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos 
en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que 
el precio sea determinable en todo caso.
7. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, 
tras la tramitación de un procedimiento negociado, de un diálogo competitivo, o de un 
procedimiento de asociación para la innovación, se ponga de manifiesto que la ejecución 
del contrato debe comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la 
complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no 
existe información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos 
técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto.
En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro 
de los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente 
incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se 
detallarán en el contrato los siguientes extremos:
a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes 
efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio.
b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste 
de las prestaciones.
c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador 
podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción.
En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios.
8. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones 
Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la 
modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así 
como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.
CAPÍTULO II
Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público
Artículo 103. Procedencia y límites.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 
periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica 
de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del 
contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios 
solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los 
contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de 
recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se 
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revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 
años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo 
con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el 
derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que 
deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de 
los costes de las prestaciones del mismo.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, 
la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del 
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine 
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 
periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será 
exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de 
concesión de servicios.
6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada para los contratos 
previstos en el apartado 2.
A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité 
Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde 
resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para 
su aprobación al Consejo de Ministros.
Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento 
descrito, fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión 
diferente a esta en los pliegos y contrato.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías 
contenidos en el Real Decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición 
reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes 
relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.
8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios 
de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios 
de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la 
energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el 
territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes a 
incluir en las fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada por 
Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado cuando así lo exija la evolución de los procesos 
productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el coste de 
determinados contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto 
en esta Ley y su desarrollo.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en 
las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
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9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas 
en el apartado  6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones 
previstas en el apartado 7 a los índices de precios, que se determinen conforme al 
apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en 
el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones 
realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que 
corresponda satisfacer.
10. Lo establecido en este artículo y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de la 
posibilidad de mantener el equilibrio económico en las circunstancias previstas en los 
artículos 270 y 290.
Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución.
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el 
contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren 
procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos 
que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de 
la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución 
produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.
Artículo 105. Pago del importe de la revisión.
El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el 
abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto 
se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su 
cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto 
aprobado en el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la 
aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en 
la certificación final o en la liquidación del contrato.
TÍTULO IV
Garantías exigibles en la contratación del sector público
CAPÍTULO I
Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Garantía provisional
Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional.
1. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía 
provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de 
interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En 
este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que 
responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.
2. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de 
garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará 
el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 
licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su 
devolución. La garantía provisional podrá prestarse en alguna o algunas de las formas 
previstas en el apartado 1 del artículo 108.
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En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo 
exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no 
en función del importe del presupuesto total del contrato.
En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la 
garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin 
que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.
3. Cuando se exijan garantías provisionales, estas se depositarán, en las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, del modo siguiente:
a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente 
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efecto cuando se trate de garantías en efectivo.
b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización 
de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.
4. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía 
provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya 
constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.
Sección 2.ª Garantía definitiva
Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.
1. A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones 
de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios 
provisionales a que se refiere el apartado 7 del artículo 102, el porcentaje se calculará con 
referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de 
contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, 
justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción 
deba efectuarse antes del pago del precio, contratos que tengan por objeto la prestación 
de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos 
en riesgo de exclusión social, así como en los contratos privados de la Administración a los 
que se refieren los puntos 1.º y 2.º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la 
presente Ley. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras, ni de 
concesión de obras.
2. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía a que se refiere el 
apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final 
ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía 
total un 10 por 100 del citado precio.
A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en 
los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su 
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte 
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el 
apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. En particular, se 
podrá prever la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la 
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
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3. Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe 
de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA 
excluido.
4. En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía 
definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la 
concesión de que se trate.
5. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición 
establecerán si la garantía definitiva se fija estimativamente por la Administración o se fija 
para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación.
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco o del 
sistema dinámico de adquisición fijada estimativamente por la Administración, cuando la suma 
de los importes, IVA excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco o sistemas 
dinámicos de adquisición exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 
el importe de la garantía definitiva, esta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente.
La garantía definitiva a que se refieren los párrafos anteriores responderá respecto de 
los incumplimientos tanto del acuerdo marco y de los sistemas dinámicos de adquisición, 
como del contrato basado o específico de que se trate.
Artículo 108. Garantías definitivas admisibles.
1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las 
Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, 
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El 
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la 
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, 
en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin 
perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.
2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la 
garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de 
concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá 
constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se fijará la forma y condiciones de la retención.
3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 
medios electrónicos.
Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías.
1. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 deberá acreditar en el plazo señalado en el apartado 2 del 
artículo 150, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este requisito por 
causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150.
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2. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.
3. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro.
4. Cuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante contrato de seguro 
de caución y la duración del contrato excediera los cinco años, el contratista podrá 
presentar como garantía definitiva un contrato de seguro de caución de plazo inferior al de 
duración del contrato, estando obligado en este caso, con una antelación mínima de dos 
meses al vencimiento del contrato de seguro de caución, bien a prestar una nueva 
garantía, o bien a prorrogar el contrato de seguro de caución y a acreditárselo al órgano 
de contratación. En caso contrario se incautará la garantía definitiva por aplicación del 
artículo 110.c).
Artículo 110. Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 
de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato.
Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas.
1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 
trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.
2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 
dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable a la Administración.
3. En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución 
o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación 
de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario.
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo 
de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas 
no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 
de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.
Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de 
contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las 
empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según 
lo establecido en el Reglamento (CE) n.º  800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla 
tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.
Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de garantías
Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros.
1. Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de 
este no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y 
concordantes del Código Civil.
2. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos 
que afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en la legislación vigente en 
materia de procedimiento administrativo común.
3. En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas:
a) Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la 
Administración contratante.
b) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni 
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que este deba hacer efectiva la 
garantía.
c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro.
Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías.
1. Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la 
Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere 
la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito.
2. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que 
está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en el caso de concurso los créditos derivados de las obligaciones ex lege o los 
surgidos en virtud de actos administrativos tendrán la consideración de créditos con 
privilegio general conforme a lo establecido en el artículo 91.4 de la Ley 22/2003.
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CAPÍTULO II
Garantías exigibles en otros contratos del sector público
Artículo 114. Supuestos y régimen.
1. En los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan la 
consideración de Administraciones Públicas, los órganos de contratación podrán exigir la 
prestación de una garantía a los licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento 
de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su caso, formalización del contrato o al 
adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución de la prestación.
2. El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas previstas 
en el artículo  108, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de 
Depósitos, así como el régimen de su devolución o cancelación serán establecidos por el 
órgano de contratación, atendidas las circunstancias y características del contrato, sin que 
pueda sobrepasar los límites que establecen los artículos 106.2 y 107.2, según el caso.
LIBRO SEGUNDO
De los contratos de las Administraciones Públicas
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.
1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir 
consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad 
de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para 
ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán 
ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter 
excepcional operadores económicos activos en el mercado. Antes de iniciarse la consulta, 
el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 
contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, 
el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de los terceros que 
vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de 
realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante 
se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten 
seleccionados.
2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano 
de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la 
sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la 
competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia.
De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y 
delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los 
consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la 
introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que 
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aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan 
las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para 
las empresas participantes en aquellas.
3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el 
presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se 
relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará 
motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en 
el perfil del contratante del órgano de contratación.
En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo, 
el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones 
propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente 
por aquel.
Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en 
cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia 
de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior.
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento 
de contratación que en su caso se tramite.
Subsección 1.ª Expediente de contratación
Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá 
la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 
de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de 
lo previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes.
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en 
la subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro II, los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento 
descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de 
procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una 
nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el 
documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.
Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente 
que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su 
caso, en los términos previstos en la Ley  47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
4. En el expediente se justificará adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las 
condiciones especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo 
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
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e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.
5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta 
procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se 
tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la 
adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas 
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para 
su efectividad.
Artículo 117. Aprobación del expediente.
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el 
órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento 
de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el 
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido 
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen 
establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano 
competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.
2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán 
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.
1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas 
específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o 
unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que 
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el 
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el 
artículo 168.a).2.º
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.
1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener 
la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
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2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo 
procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:
a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos 
órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para 
emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.
Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada 
impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo 
pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. 
En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.
b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos 
en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la 
mitad, salvo los siguientes:
1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, 
como período de espera antes de la formalización del contrato.
2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los 
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá 
reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156.
3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los 
procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, 
suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo  161 y en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 164, según el caso.
4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo 
competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y 
servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.
5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación 
faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar 
antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos 
a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.
La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento 
de adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.
6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del 
procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de 
dicho artículo.
Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se 
aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de 
servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de 
adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos 
contratos, susceptibles de reducción alguna.
c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado 
desde la formalización.
Artículo 120. Tramitación de emergencia.
1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, 
sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la 
existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, 
una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo 
establecido en la Ley General Pres upuestaria.
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b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de 
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese 
este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 
procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo 
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la 
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a 
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta 
justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán 
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.
Subsección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales.
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá 
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse en su 
contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, para su 
utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la 
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición 
de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.
2. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 
podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus 
normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.
Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la 
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la 
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de 
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales 
que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de 
ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los 
casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de 
los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás 
menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos 
mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.
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Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de 
propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto 
de los contratos de servicios.
3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer 
penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 1 del artículo 192, para los casos de 
incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características 
de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211. Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los 
artículos  130 y 201.
4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.
5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de 
pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con 
carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se 
proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos 
generales.
7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas 
integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos 
requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario 
cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego 
que haya sido previamente objeto de este informe.
Artículo 123. Pliego de prescripciones técnicas generales.
Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de 
prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del 
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones 
Públicas integrantes del sector público estatal.
Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, 
antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones 
técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus 
calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con 
posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del 
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas.
A efectos de la presente Ley se entenderá por:
1. «Prescripción o especificación técnica»:
a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas 
contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las 
características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan 
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine el poder 
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adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, el impacto 
social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o actividades que se 
desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las 
personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, 
marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración 
del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las 
obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de 
carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación 
general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que 
las constituyan;
b) Cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, aquella especificación 
que figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un 
producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades (incluida la 
accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas) y la evaluación 
de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus 
dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la 
denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, 
el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de 
producción en cualquier fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la conformidad.
2. «Norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización 
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio 
y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a) «Norma internacional»: Norma adoptada por un organismo internacional de 
normalización y puesta a disposición del público.
b) «Norma europea»: Norma adoptada por un organismo europeo de normalización 
y puesta a disposición del público.
c) «Norma nacional»: Norma adoptada por un organismo nacional de normalización 
y puesta a disposición del público.
3. «Evaluación técnica europea»: La evaluación documentada de las prestaciones de 
un producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al 
correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, 
punto 12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo.
4. «Especificación técnica común»: la especificación técnica en el ámbito de las TIC 
elaborada de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.
5. «Referencia técnica»: Cualquier documento elaborado por los organismos 
europeos de normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos 
adaptados a la evolución de las necesidades del mercado.
Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
1. Las prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 124, 
proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad al procedimiento de 
contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura 
de la contratación pública a la competencia.
2. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de 
producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un 
proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, según la definición establecida en el 
artículo 148, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de 
las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y 
guarden proporción con el valor y los objetivos de este.
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3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya 
sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las 
prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de 
manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad 
universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos 
estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre.
De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá 
motivarse suficientemente esta circunstancia.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios 
adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán 
ser definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de accesibilidad 
para las personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios.
4. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las 
prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección 
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación.
5. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, las 
prescripciones técnicas se formularán de una de las siguientes maneras:
a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y al órgano de 
contratación adjudicar el mismo;
b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a 
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas 
europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a 
normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas 
nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; 
acompañando cada referencia de la mención «o equivalente»;
c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en 
la letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos 
requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones contempladas 
en la letra b);
d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) para 
determinadas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias 
funcionales mencionados en la letra a) para otras características.
6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán 
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento 
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario 
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, 
con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal 
referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer 
una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención «o equivalente».
7. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción prevista en el 
apartado 5, letra a), de formular prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras, de suministros o de 
cve: BOE-A-2017-12902
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servicios que se ajusten a una norma nacional que transponga una norma europea, a un 
documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una 
norma internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo 
europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales exigidos por las prescripciones técnicas, siempre que 
en su oferta, el licitador pruebe por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de 
prueba mencionados en los artículos 127 y 128, que la obra, el suministro o el servicio 
conforme a la norma reúne los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales 
establecidos por el órgano de contratación.
8. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción de referirse a las 
especificaciones técnicas previstas en el apartado 5, letra b), no podrán rechazar una 
oferta basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se ajustan 
a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, siempre que en su oferta 
el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 128, que las soluciones que propone cumplen de forma 
equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.
Artículo 127. Etiquetas.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «etiqueta»: cualquier documento, 
certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o 
procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos.
2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u 
otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las 
condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de 
que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas 
de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la 
ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el 
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente 
a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características 
de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho objeto.
b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios 
verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente 
en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos 
gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los 
distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por 
un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), 
d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los órganos de 
contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán definir 
las prescripciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta 
o, en su caso, a partes de esta, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características de dicho objeto.
3. Los órganos de contratación que exijan una etiqueta específica deberán aceptar 
todas las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos 
que sean equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.
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El órgano de contratación aceptará otros medios adecuados de prueba, incluidos los 
mencionados en el artículo 128, que demuestren que las obras, suministros o servicios 
que ha de prestar el futuro contratista cumplen los requisitos de la etiqueta específica 
exigida.
4. Cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos que las obras, 
suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la obtención de una 
etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia.
5. La indicación de una etiqueta específica en las prescripciones técnicas en ningún 
caso exime al órgano de contratación de su obligación de detallar con claridad en los 
pliegos las características y requisitos que desea imponer y cuyo cumplimiento la etiqueta 
específica exigida pretende probar.
6. La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o 
licitador.
Artículo 128. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
1. Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos proporcionen 
un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado 
expedido por este último, como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas 
exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato.
Cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados emitidos por 
un organismo de evaluación de la conformidad determinado, los certificados de otros 
organismos de evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser aceptados 
por aquellos.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por «organismo de evaluación de 
la conformidad» aquel que desempeña actividades de calibración, ensayo, certificación e 
inspección, y que están acreditados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008, 
del Parlamento Europeo y del Consejo.
2. Supletoriamente los órganos de contratación deberán aceptar otros medios de prueba 
adecuados que no sean los contemplados en el apartado primero, como un informe técnico del 
fabricante, cuando el empresario de que se trate no tenga acceso a dichos certificados o 
informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados, siempre que la falta de 
acceso no sea por causa imputable al mismo y que este sirva para demostrar que las obras, 
suministros o servicios que proporcionará cumplen con las prescripciones técnicas, los criterios 
de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, según el caso.
Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del 
medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje 
específico de personas con discapacidad.
1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos 
de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las 
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados 
en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.
2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1, el órgano de 
contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de 
adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus 
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.
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Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 sobre verificación 
de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.
Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como 
empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de 
contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que 
resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará 
tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en 
cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 
adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento 
de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del 
personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los 
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del 
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor 
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará 
al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.
2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores resultará 
igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos 
estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la 
obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que 
vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.
3. En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio 
que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a 
la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente la 
imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 
para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
5. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran 
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista 
al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el 
artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo  2/2015, de 23 de octubre, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios 
impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 
corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de 
pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al 
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la 
garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
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Sección 2.ª De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con 
arreglo a las normas de la presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin 
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo 
o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el 
procedimiento de asociación para la innovación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las 
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato.
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse 
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá 
la ejecución.
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la 
Subsección 7.ª de esta sección.
Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
1. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y 
proporcionalidad.
En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro 
en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la 
disposición adicional cuarta.
2. La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir 
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a 
determinados empresarios.
3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por 
la salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado o, en su caso, los órganos consultivos o equivalentes en 
materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas, y los órganos 
competentes para resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, 
notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las 
autoridades autonómicas de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.
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Artículo 133. Confidencialidad.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar 
su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a 
todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en 
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 
plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo 
mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.
Artículo 134. Anuncio de información previa.
1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con 
el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando 
sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere 
el apartado 5 del presente artículo.
2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado anterior se 
publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de 
contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del 
órgano de contratación a que se refiere el artículo 63 que se encuentre alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel 
autonómico.
3. Los anuncios de información previa se enviarán a la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea o, en su caso, se publicarán en el perfil de contratante, lo antes posible, 
una vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que se contemple la 
celebración de los correspondientes contratos, en el caso de los de obras, o una vez 
iniciado el ejercicio presupuestario, en los restantes.
En cualquier caso, los poderes adjudicadores deberán poder demostrar la fecha de 
envío del anuncio de información previa.
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la 
recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de 
dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.
4. En el caso de que el anuncio de información previa se publique en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea», no se publicará a nivel nacional antes de aquella publicación. 
No obstante, podrá en todo caso publicarse a nivel nacional si los poderes adjudicadores 
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no han recibido notificación de su publicación a las cuarenta y ocho horas de la 
confirmación de la recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea.
5. En el caso de que la publicación del anuncio de información previa a que se refiere 
el primer apartado se vaya a efectuar en el perfil de contratante del órgano de contratación, 
este último deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de 
la publicación en su perfil.
El anuncio de información previa no se publicará en el perfil de contratante antes de 
que se envíe a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de su 
publicación en la citada forma, e indicará la fecha de dicho envío.
6. El periodo cubierto por el anuncio de información previa será de un máximo 
de 12 meses a contar desde la fecha de envío del citado anuncio a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea o, en su caso, a partir de la fecha de envío también a 
esta última, del anuncio de publicación en el perfil de contratante a que se refiere el 
apartado cuarto anterior.
Sin embargo, en el caso de los contratos de servicios que tengan por objeto alguno de 
los servicios especiales del Anexo IV, el anuncio de información previa podrá abarcar un 
plazo superior a 12 meses.
7. La publicación del anuncio previo a que se refiere el primer apartado de este 
artículo, cumpliendo con las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 156 
y en el apartado 1 del artículo 164, permitirá reducir los plazos para la presentación de 
proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos en la forma que en esos 
preceptos se determina.
Artículo 135. Anuncio de licitación.
1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones 
Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el 
perfil de contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, 
o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones 
Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá 
publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes 
adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la 
recepción del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de 
dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.
2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para 
la adjudicación de contratos de obras, suministros, servicios, concesiones de obras y 
concesiones de servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, 
además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
3. Los anuncios de licitación y los anuncios de información previa a que se refiere la 
disposición adicional trigésima sexta no se publicarán en los lugares indicados en el primer 
párrafo del apartado primero anterior antes de su publicación en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo 
indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de 
contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones 
distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si 
el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la 
confirmación de la recepción del anuncio enviado.
4. Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el 
anexo III.
5. En los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV la convocatoria 
de licitación se realizará en todo caso mediante el anuncio de información previa a que se 
refiere la Disposición adicional trigésima sexta.
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Artículo 136. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las 
proposiciones.
1. Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y 
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser 
necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en 
todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley.
2. Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de 
las ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles interesados en la 
licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas, cuando 
por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran 
atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la 
debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138.
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter 
irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas.
En todo caso se considerará información relevante a los efectos de este artículo la 
siguiente:
a) Cualquier información adicional trasmitida a un licitador.
b) Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos 
de contratación.
Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las 
ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan 
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado 
en los artículos 122.1 y 124.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:
a) La clasificación requerida.
b) El importe y plazo del contrato.
c) Las obligaciones del adjudicatario.
d) Al cambio o variación del objeto del contrato.
La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado.
3. Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el 
terreno o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos 
mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación que establece 
esta Ley, se ampliarán de forma que todos los que interesados afectados puedan tener 
conocimiento de toda la información necesaria para preparar aquellas.
4. La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato 
electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no 
podrá suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores.
Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.
En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación 
urgente, los plazos establecidos en esta Sección se reducirán en la forma prevista en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 119 y en las demás disposiciones de esta Ley.
Artículo 138. Información a interesados.
1. Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás 
documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, 
acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde 
la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación 
a los candidatos seleccionados.
cve: BOE-A-2017-12902
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2. Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, los órganos de 
contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la 
licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el anuncio de licitación o la 
invitación a los candidatos seleccionados advertirán de esta circunstancia; y el plazo de 
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se prolongará cinco 
días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente a que se refiere el artículo 119.
El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la 
licitación estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados 
en la Disposición adicional decimoquinta.
b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133.
c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad 
excepcionales.
3. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el 
procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido 
al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de 
las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se 
estableciera otro plazo distinto. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, 
el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 
de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos 
de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se 
adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o 
resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse 
públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad 
y concurrencia en el procedimiento de licitación.
Artículo 139. Proposiciones de los interesados.
1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano 
de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 143, 175 y 179 en cuanto a la información que debe facilitarse a los 
participantes en una subasta electrónica, en un diálogo competitivo, o en un procedimiento 
de asociación para la innovación.
3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre 
presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
4. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
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Artículo 140.  Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos.
1. En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:
a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una 
declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de 
contratación de conformidad con lo indicado en el artículo siguiente, que deberá estar 
firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto 
lo siguiente:
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la 
debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión 
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya 
optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá 
recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) En el caso de solicitudes de participación en los procedimientos restringido, de 
licitación con negociación, en el diálogo competitivo y en el de asociación para la 
innovación, la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior pondrá de 
manifiesto adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan 
establecido de acuerdo con el artículo 162 de la presente Ley, en las condiciones que 
establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
c) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también 
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente 
para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación a que se refiere el artículo siguiente.
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo.
d) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de 
garantía provisional, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.
e) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante 
en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento 
europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de 
esta Ley.
f) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
cve: BOE-A-2017-12902
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g) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos 
de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a 
otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se 
apliquen los mismos requisitos de solvencia.
2. Cuando de conformidad con la presente Ley, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación de otras circunstancias distintas 
de las que comprende el formulario del documento europeo único de contratación a que se 
refiere el artículo siguiente, los mismos deberán indicar la forma de su acreditación.
3. El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 
que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares.
4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación.
1. Los órganos de contratación incluirán en el pliego, junto con la exigencia de 
declaración responsable, el modelo al que deberá ajustarse la misma. El modelo que 
recoja el pliego seguirá el formulario de documento europeo único de contratación 
aprobado en el seno de la Unión Europea, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del 
apartado 4 del artículo 159.
2. En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta 
calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el artículo 
anterior.
Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario 
para que los corrija.
Artículo 142. Admisibilidad de variantes.
1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 
precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan 
los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos. Se considerará que se 
cumple este requisito cuando se expresen los requisitos mínimos, modalidades, y 
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio 
de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda 
autorizada su presentación.
Las precisiones de las variantes que se puedan admitir podrán hacer referencia a 
determinadas funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o servicios objeto del 
contrato, o a la satisfacción adecuada de determinadas necesidades.
3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, 
los órganos de contratación que hayan autorizado la presentación de variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato 
de servicios en vez de a un contrato de suministro o a un contrato de suministro en vez de 
a un contrato de servicios.
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Artículo 143. Subasta electrónica.
1. A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, 
articulada como un proceso electrónico repetitivo, que tiene lugar tras una primera 
evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de 
nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su 
conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de 
métodos de evaluación automatizados, debiendo velarse por que el mismo permita un 
acceso no discriminatorio y disponible de forma general, así como el registro inalterable de 
todas las participaciones en el proceso de subasta.
2. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los 
restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del 
contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que 
rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. No podrá recurrirse 
a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o 
falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.
3. La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios:
a) únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo 
exclusivamente al precio;
b) o bien en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta 
que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, 
cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación.
4. Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta electrónica 
deberán indicarlo en el anuncio de licitación e incluir en el pliego de condiciones, como 
mínimo, la siguiente información:
a) Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica.
b) En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resulten 
de las especificaciones relativas al objeto del contrato.
c) La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta 
electrónica y, cuando proceda, el momento en que se facilitará.
d) La forma en que se desarrollará la subasta.
e) Las condiciones en que los licitadores podrán pujar y, en particular, las mejoras 
mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja.
f) El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de 
conexión.
5. Antes de proceder a la subasta electrónica, el órgano de contratación efectuará 
una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con los criterios de 
adjudicación y, a continuación, invitará simultáneamente, por medios electrónicos, a todos 
los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que participen en la subasta 
electrónica.
Una oferta se considerará admisible cuando haya sido presentada por un licitador que 
no haya sido excluido y que cumpla los criterios de selección, y cuya oferta sea conforme 
con las especificaciones técnicas sin que sea irregular o inaceptable, o inadecuada, en los 
términos de los artículos 167 y 168 de la presente Ley.
6. La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al 
dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta 
electrónica.
Igualmente se indicará en la invitación el resultado de la evaluación completa de la 
oferta del licitador de que se trate y la fórmula matemática que se utilizará para la 
reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios, revisados a la 
baja, o de los nuevos valores, que mejoren la oferta, que se presenten.
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Excepto en el supuesto de que la oferta más ventajosa económicamente se determine 
sobre la base del precio exclusivamente, esta fórmula incorporará la ponderación de todos 
los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se 
haya indicado en el anuncio de licitación o en la invitación inicialmente enviada a los 
candidatos seleccionados y en el pliego, para lo cual, las eventuales bandas de valores 
deberán expresarse previamente con un valor determinado.
En caso de que se autorice la presentación de variantes, se proporcionará una fórmula 
para cada una de ellas.
7. Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica 
habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.
8. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.
A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se comunicará 
a los licitadores, como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva 
clasificación en cada momento.
Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores 
presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego 
que rige la licitación, y anunciarse el número de los que están participando en la 
correspondiente fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.
9. El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes 
criterios:
a) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser 
indicadas en la invitación a participar en la subasta.
b) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que 
cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas.
De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará 
el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar 
su cierre.
c) Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la 
subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la 
invitación a participar en la misma indicará el calendario a observar en cada una de sus 
fases.
10. Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150, en función de sus resultados.
11. No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo objeto tenga 
relación con la calidad alimentaria.
Artículo 144. Sucesión en el procedimiento.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o 
de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a 
criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la 
base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148.
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2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y 
cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la 
mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, 
vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, 
que podrán ser, entre otros, los siguientes:
1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones;
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del 
nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y 
eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables 
durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 
o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de 
Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la 
contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de 
las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un 
mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad 
social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de 
productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que 
vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de 
manera significativa a su mejor ejecución.
3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como 
la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o 
ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.
Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los 
costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 148.
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la 
adjudicación de los siguientes contratos:
a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos 
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.
b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es 
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo 
de ejecución.
c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante 
materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte 
de los contratistas.
d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya 
ejecución sea particularmente compleja.
e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente 
definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de 
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 
de la adjudicaci ón.
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g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas 
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de 
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 
de la adjudicación.
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de 
servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros 
de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven 
el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o 
cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se 
refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de 
obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en 
el caso de los contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un 
criterio de adjudicación.
h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales 
como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de 
los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de 
producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales 
reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos.
4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de 
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que 
respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de 
contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 
servicios de ingeniería y arquitectura.
En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por 
objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad 
deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración 
de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.
5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de 
convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en 
el apartado siguiente de este artículo.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de 
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de 
contratación una libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones 
de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar 
de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la 
medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá 
comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas 
por los licitadores.
6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato 
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho 
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos 
los factores que intervienen en los siguientes procesos:
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, 
las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción, 
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de su sustancia material.
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7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas 
deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia 
cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades 
y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del 
contrato.
En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo 
establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele 
una valoración superior al 2,5 por ciento.
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que 
figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que 
aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no 
podrán ser objeto de modificación.
Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo anterior, 
cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los 
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del 
ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148.
2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, 
siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a 
características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:
a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los 
órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener 
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de 
forma automática, a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que 
cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios 
dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al 
órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; 
o encomendar esta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los 
pliegos.
b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables 
mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, 
o por los servicios dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo 
efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con 
lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley.
La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente.
En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la 
apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la 
mera aplicación de fórmulas.
Cuando en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios se prevea la 
posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como 
cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará 
como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que 
oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.
cve: BOE-A-2017-12902
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3. Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá 
precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento 
descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 
indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo 
un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios 
cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los 
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Artículo 147. Criterios de desempate.
1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los 
casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate 
entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y se referirán a:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo 
de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con 
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo 
para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista 
alternativa de Comercio Justo.
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 
empate, y no con carácter previo.
2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el 
empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato 
se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos 
al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas.
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c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate.
Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida.
1. A los efectos de esta Ley se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de vida» 
de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se 
sucedan durante su existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba 
llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que 
esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las 
materias primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca 
la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.
2. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte 
de los costes siguientes en que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo de vida de un 
producto, un servicio o una obra:
a) Los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, tales como:
1.º Los costes relativos a la adquisición.
2.º Los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos.
3.º Los costes de mantenimiento.
4.º Los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.
b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, 
servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda 
determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de 
mitigación del cambio climático.
En los casos en que una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método 
común para calcular los costes del ciclo de vida, se aplicará el mismo a la evaluación de 
los citados costes.
3. Cuando los órganos de contratación evalúen los costes mediante un planteamiento 
basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos los datos que 
deben facilitar los licitadores, así como el método que aquellos utilizarán para determinar 
los costes de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.
El método utilizado para la evaluación de los costes imputados a externalidades 
medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:
a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en 
particular, si no se ha establecido para una aplicación repetida o continuada, no favorecerá 
o perjudicará indebidamente a empresas determinadas;
b) ser accesible para todas las partes interesadas;
c) la información necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo razonable por 
parte de las empresas, incluidas aquellas procedentes de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio o de otros Estados 
signatarios de algún otro Acuerdo Internacional que vincule a España o a la Unión Europea.
4. Los órganos de contratación calcularán los costes a que se refieren los apartados 
primero y segundo del artículo 145 atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas.
1. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta 
inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá 
excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece 
este artículo.
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2. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá 
identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo 
contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán 
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal.
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación realizará la función 
descrita en el párrafo anterior con sujeción a los siguientes criterios:
a) Salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, cuando el único criterio de 
adjudicación sea el del precio, en defecto de previsión en aquellos se aplicarán los 
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y que, en todo caso, 
determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que 
se hayan presentado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo 
establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los 
parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se 
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.
3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo 
grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para 
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurran en unión temporal.
4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere 
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir 
al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que 
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, 
o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a 
estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén 
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que 
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que 
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cum -
plen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigen -
tes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico.
5. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido 
a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición 
por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de 
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión 
Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a 
regulación armonizada.
6. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda 
la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que 
se trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará 
la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este 
sentido esté debidamente motivada.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 
los informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y 
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo 
señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas 
en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas 
desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
7. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá 
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del 
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca 
una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.
1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, 
por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se 
realice por la mesa de contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor 
oferta es la que incorpora el precio más bajo.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano 
de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del 
contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios 
tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la 
mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente 
se regulará el procedimiento al que se refiere el presente párrafo.
2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
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presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de 
lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva 
que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
3. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados, de 
diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará 
los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del 
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del 
contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que 
cumplimente los trámites que resulten oportunos.
Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación.
1. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos 
y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la 
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria 
que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso 
deberá figurar la siguiente:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados 
en el artículo 126, apartados 7 y  8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la 
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de 
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a 
los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo 
con los licitadores.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del 
contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.
3. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta.
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Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la Administración.
1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de 
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la 
correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando 
también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado 
en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. 
En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en 
el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el 
cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones 
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 
para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de 
la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 
licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos 
o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su 
celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la 
decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de 
oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación.
Artículo 153. Formalización de los contratos.
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación.
En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro 
de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.
2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su 
existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo.
3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo  44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores 
y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que 
exceda de un mes.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para 
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión 
de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.
4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en el apartado 2 del artículo  150 de la presente Ley, resultando de aplicación 
los plazos establecidos en el apartado anterior.
5. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos 
menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los 
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la 
tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 
formalización.
Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos.
1. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en 
el perfil de contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a 
regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea».
2. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las 
entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas 
el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo señalado en el apartado 
anterior, en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al 
«Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del 
contrato.
Los anuncios de formalización no se publicarán en los lugares indicados en los 
apartados primero y segundo del presente artículo antes de su publicación en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario 
Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del 
órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener 
indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrán 
publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a 
las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.
4. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en 
virtud de lo establecido en el artículo 36.3, se publicará trimestralmente por el órgano de 
contratación dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista 
en el presente artículo.
5. Los contratos menores serán objeto de publicación en las condiciones establecidas 
en el apartado  4 del artículo 63.
6. Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en 
el anexo III.
7. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 
cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de 
esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés 
público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
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competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o 
reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 
conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales 
de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 19.
En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la 
celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de 
informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en 
el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a 
los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un 
plazo máximo de diez días.
No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de 
contratación consulta sobre una materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación 
debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos en este apartado.
Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores.
1. Los órganos de contratación informarán a cada candidato y licitador en el plazo 
más breve posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo 
marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de 
adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo 
marco, no adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de 
licitación o volver a iniciar el procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de 
adquisición.
2. A petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación 
comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de 
la recepción de una solicitud por escrito:
a) A todos los candidatos descartados, los motivos por los que se haya desestimado 
su candidatura.
b) A todos los licitadores descartados, los motivos por los que se haya desestimado 
su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los 
motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, los 
suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 
funcionales.
c) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y 
ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las 
partes en el acuerdo marco.
d) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las 
negociaciones y el diálogo con los licitadores.
3. Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos, 
mencionados en los apartados 1 y 2, relativos a la adjudicación del contrato, la celebración 
de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición, cuando su 
divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o 
privada, o perjudicar la competencia leal entre empresarios.
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Subsecció n 2.ª Procedimiento abierto
Artículo 156.  Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de 
publicación del anuncio de licitación.
1. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.
2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación 
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco 
días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las 
concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de 
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
3. En los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo general previsto en el 
apartado anterior podrá reducirse en los siguientes casos:
a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el 
plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta 
reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa 
se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses y 
mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre 
que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.
b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por 
tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el 
órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados 
desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en 
cinco días.
4. En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general 
cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) del apartado anterior.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la 
obligación de publicar previamente en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los 
procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante 
deberá hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para 
la presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.
6. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a 
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince 
días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del 
contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y 
concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.
Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.
1. La Mesa de contratación calificará la documentación a que se refiere el artículo 140, 
que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que 
contenga la proposición.
Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las 
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario.
2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 se utilicen una 
pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en 
dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que deba ser valorada 
conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, y el otro con la 
documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación  de fórmulas.
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3. En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo 
máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 
mismas.
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma 
que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá 
cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos 
electrónicos que componen la proposición.
4. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo 
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.
5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de 
formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán 
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas del pliego.
También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios 
destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad 
al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación de las consideraciones sociales y ambientales.
6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
Artículo 158. Adjudicación.
1. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 
siguiente al de apertura de las proposiciones.
2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad 
de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el 
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma 
que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará 
desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte 
de la proposición.
3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 149 de la presente Ley.
4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores 
tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de 
existir esta.
Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.
1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento 
abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan 
las dos condiciones siguientes:
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de 
contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor 
estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco 
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por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación 
no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
2. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. Toda la documentación necesaria para la 
presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día 
de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días 
a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 
licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.
4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:
a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 
limitada la concurrencia.
b) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.
c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro 
indicado en el anuncio de licitación.
La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a 
ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; 
a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en 
prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que 
se refiere el artículo 75.2. A tales efectos, el modelo de oferta que figure como anexo al 
pliego recogerá esa declaración responsable.
Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración 
responsable incluirá el sometimiento al fuero español.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.
d) La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el 
procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres.
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda 
de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para 
valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la 
mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. 
En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la 
oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como 
anexo al pliego se contendrán estos extremos.
e) En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las 
proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no 
superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 
valoración.
f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En 
dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.
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Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos 
del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante 
para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso 
la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de 
que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 
días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, 
la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el 
procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su 
oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación.
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 
constituir la citada garantía definitiva.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación 
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el 
plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.
g) En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido 
para la presentación de la garantía definitiva.
h) En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables 
al procedimiento abierto.
5. En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que 
el procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado 
regulado en el presente artículo, no se producirá la reducción de plazos a la que se refiere 
la letra b) del apartado 2 del artículo 119.
6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de 
suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este 
apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:
a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 
contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes 
disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.
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b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional.
c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en 
todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante 
dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano 
de contratación.
Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las 
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo 
que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
e) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas 
serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el 
momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por 
el contratista de la resolución de adjudicación.
En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del 
procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.
Subsección 3.ª Procedimiento restringido
Artículo 160. Caracterización.
1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una 
solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
2. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en 
atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán contemplar primas o 
compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta en 
contratos de servicios en los casos en los que su presentación implique la realización de 
determinados desarrollos.
3. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del 
contrato con los solicitantes o candidatos.
4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios 
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, 
de arquitectura o de ingeniería.
Artículo 161. Solicitudes de participación.
1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación 
armonizada, el plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá ser el 
suficiente para el adecuado examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones 
relevantes para la ejecución del contrato, todo ello en atención al alcance y complejidad 
del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a treinta días, contados a partir de la 
fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse 
de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de 
contratación para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que 
no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la 
obligación de publicar en primer lugar en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los 
procedimientos restringidos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 
contratante deberá hacerse con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la 
presentación de las solicitudes de participación en el apartado siguiente.
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3. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la 
presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, contados 
desde la publicación del anuncio de licitación.
4. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a 
que se refiere el artículo 140, con excepción del documento acreditativo de la constitución 
de la garantía provisional.
Artículo 162. Selección de candidatos.
1. Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá 
haber establecido los criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los 
artículos 87 a 91, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán 
invitados a presentar proposiciones.
2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que 
invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco. Cuando el 
número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número 
mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las 
condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado 
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.
Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número 
máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para 
garantizar una competencia efectiva.
3. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se 
seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número 
máximo de aquellos a los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el 
anuncio de licitación.
4. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los 
solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, 
simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo que proceda 
conforme a lo señalado en el artículo 164.
Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos.
1. Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e 
indicarán la fecha límite para la recepción de ofertas; la dirección a la que deban enviarse 
y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas; los documentos que, en su caso, se 
deban adjuntar complementariamente; los criterios de adjudicación del contrato que se 
tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de 
importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de licitación; y el lugar, 
día y hora de la apertura de proposiciones.
2. La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir 
el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138, estuviera 
permitido dar acceso por medios no electrónicos a los pliegos y demás documentación 
complementaria, la invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la 
documentación será puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si además la 
citada documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el 
procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha 
documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las 
modalidades de pago de la cantidad que, en su caso, haya de abonarse; los servicios 
competentes remitirán dicha documentación sin demora a los interesados tras la recepción 
de su solicitud.
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Artículo 164. Proposiciones.
1. El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos 
restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la 
adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del 
contrato. En cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de 
envío de la invitación escrita.
El plazo general previsto en el párrafo anterior podrá reducirse en los siguientes casos:
a) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general podrá 
reducirse a diez días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de 
información previa se hubiese enviado cumpliéndose los requisitos que establece la 
letra a) del apartado 3 del artículo 156.
b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por 
tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el 
órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a diez días contados 
desde la fecha del envío de la invitación escrita.
c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en 
cinco días.
En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general 
cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) anterior.
2. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación 
armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a diez días, 
contados desde la fecha de envío de la invitación.
Artículo 165. Adjudicación.
En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en esta Ley para el 
procedimiento abierto, salvo lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la 
documentación a que se refiere el artículo 140.
Subsección 4.ª Procedimientos con negociación
Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación.
1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios candidatos.
2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación 
con las empresas; la descripción de las necesidades de los órganos de contratación y 
de las características exigidas para los suministros, las obras o los servicios que hayan 
de contratarse; el procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento 
garantizará la máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la 
no discriminación entre los licitadores que participen; los elementos de la prestación 
objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas 
las ofertas; los criterios de adjudicación.
La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los operadores 
económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si 
solicitan participar en el procedimiento.
3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados 
en los artículos  167 y 168. Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que 
recoge el artículo 168, los órganos de contratación deberán publicar un anuncio de 
licitación.
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Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de 
licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de 
obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte 
imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea 
objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores.
b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones 
innovadoras.
c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a 
circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración 
jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes 
a la misma.
d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión 
las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, 
especificación técnica común o referencia técnica, en los términos establecidos en esta 
Ley.
e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo 
se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables.
Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los 
pliegos de la contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de 
colusión o corrupción o que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano 
de contratación. Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas presentadas por 
licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio rebase el 
presupuesto del órgano de contratación tal como se haya determinado y documentado 
antes del inicio del procedimiento de contratación.
f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por 
una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención 
social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención 
a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.
Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento 
negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes 
casos:
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión 
de servicios, en los casos en que:
1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna 
solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un 
procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones 
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda 
incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que 
se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.
Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el 
contrato, por resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios 
sustanciales, las necesidades y los requisitos del órgano de contratación especificados en 
los pliegos que rigen la contratación. Se considerará que una solicitud de participación no 
es adecuada si el empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en virtud de 
los motivos establecidos en la presente Ley o no satisface los criterios de selección 
establecidos por el órgano de contratación.
2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados 
a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga 
por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no 
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integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones 
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.
La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos 
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán 
cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia 
no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para 
adjudicar el contrato.
3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su 
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 
legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 19.
b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que:
1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del 
contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia 
regulada en el artículo 119.
2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo 167, siempre y 
cuando en la negociación se incluya a todos los licitadores que, en el procedimiento 
antecedente, hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales del 
procedimiento de contratación, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el precio de 
licitación ni modificar el sistema de retribución.
c) En los contratos de suministro, además, en los siguientes casos:
1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, 
experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie 
destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los costes de 
investigación y desarrollo.
2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o 
bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, si el cambio de 
proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características 
técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de 
mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, no podrá, por regla 
general, ser superior a tres años.
3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias 
primas de suministros que coticen en los mismos.
4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente 
ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con 
los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de 
la misma naturaleza.
d) En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en 
cuestión sea la consecuencia de un concurso de proyectos y, con arreglo a las normas 
aplicables deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios ganadores, se 
deberá invitar a todos ellos a participar en las negociaciones.
Asimismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente 
ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o 
con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un 
procedimiento de la misma naturaleza.
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e) En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios 
que constituyan su objeto consistan en la repetición de otros similares adjudicados al 
mismo contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en esta 
ley previa publicación del correspondiente anuncio de licitación, siempre que se ajusten a 
un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos 
procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el 
anuncio de licitación del contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se 
haya tenido en cuenta al calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan 
transcurrido más de tres años a partir de la celebración del contrato inicial. En el proyecto 
base se mencionarán necesariamente el número de posibles obras o servicios adicionales, 
así como las condiciones en que serán adjudicados estos.
Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación.
1. Cuando se acuda al procedimiento de licitación con negociación por concurrir las 
circunstancias previstas en el artículo 167, el órgano de contratación, en todo caso, deberá 
publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 135.
2. Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación, 
las normas contenidas en el apartado 1 del artículo 160, y en los artículos 161, 162, 163 
y 164.1 relativos al procedimiento restringido. No obstante, en caso de que se decida 
limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, el órgano de contratación 
y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán asegurarse de que el número 
mínimo de candidatos invitados será de tres. Cuando el número de candidatos que 
cumplan con los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de 
contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnen las condiciones exigidas, 
sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a 
candidatos que no posean esas condiciones.
3. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento regulado en el 
presente artículo en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas 
a negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio 
de licitación o en el pliego de cláusulas administrativas particulares, indicándose en estos 
si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase 
final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, 
siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos 
adecuados.
4. Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación 
velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto.
Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas 
no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra 
documentación de la contratación que no establezca los requisitos mínimos a que se 
refiere el artículo 166, y les darán plazo suficiente para que presenten una nueva oferta 
revisada.
5. Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos 
dependientes, negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas 
ulteriores presentadas por éstos, excepto las ofertas definitivas a que se refiere el apartado 
octavo del presente artículo, que estos hayan presentado para mejorar su contenido y para 
adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el anuncio de licitación, en su caso, y en los posibles documentos complementarios, 
con el fin de identificar la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el artículo 145.
No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni 
tampoco los criterios de adjudicación.
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6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas 
en la negociación.
7. En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de 
contratación cumplirán con su obligación de confidencialidad en los términos establecidos 
en esta Ley, por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados como 
confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo 
consentimiento de este. Este consentimiento no podrá tener carácter general, sino que 
deberá especificar a qué información se refiere.
8. Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a 
todos los licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas 
o revisadas. A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas 
se ajustan a los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el 
pliego; valorará las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la 
correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato.
Artículo 170.  Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin 
publicidad.
1. Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento negociado 
sin publicación previa de un anuncio de licitación cuando se dé alguna de las situaciones 
que establece el artículo 168 y lo tramitarán con arreglo a las normas que establece el 
artículo 169, en todo lo que resulten de aplicación según el número de participantes que 
concurran en cada caso, a excepción de lo relativo a la publicidad previa.
2. Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su 
defecto, el órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él 
en los términos que se señalan en el apartado 5 del artículo 169.
Artículo 171. Información a los licitadores.
A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de 
contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, 
comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de 
recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones.
No obstante lo anterior, la mesa o en su defecto, el órgano de contratación, podrá no 
comunicar determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad 
contenida en el apartado 3 del artículo 155.
Subsección 5.ª Diálogo competitivo
Artículo 172. Caracterización.
1. En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo 
con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una 
o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base 
para que los candidatos elegidos presenten una oferta.
2. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en 
respuesta a un anuncio de licitación, proporcionando la información y documentación para 
la selección cualitativa que haya solicitado el órgano de contratación.
3. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados 
en el artículo  167 y deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación.
4. El órgano de contratación podrá acordar en el documento descriptivo la aplicación 
de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 234 a los contratos que se adjudiquen 
mediante dialogo competitivo.
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Artículo 173. Primas o compensaciones.
1. Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer 
las soluciones más apropiadas e innovadoras, los órganos de contratación podrán 
establecer en el documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de 
los participantes en el diálogo.
En el supuesto de que no se reconozcan primas o compensaciones para todos los 
participantes, estas se reconocerán a los que obtuvieron los primeros puestos en el orden 
de clasificación de las ofertas. Las cantidades que se fijen deberán ser suficientes para el 
cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo anterior.
2. En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de 
contratación se deberá acreditar la cobertura financiera necesaria para hacer frente al 
pago derivado de las mismas.
3. El pago de las cantidades a las que se refiere el primer apartado de este artículo, 
se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 198, contándose los plazos 
previstos en él a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la formalización del 
contrato.
Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.
1. Los órganos de contratación darán a conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo, que 
no podrá ser modificado posteriormente. Al mismo tiempo y en los mismos documentos, 
los órganos de contratación también darán a conocer y definirán los criterios de 
adjudicación elegidos y darán un plazo de ejecución aproximado.
2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas del procedimiento 
restringido contenidas en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 160; en el 
artículo 161, excepto el segundo párrafo de su apartado primero; y en los apartados 1, 2, 3 
y lo relativo a selección de los solicitantes del apartado 4, todos ellos del artículo 162. No 
obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a 
dialogar, el órgano de contratación en todo caso deberá asegurase de que el número 
mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de tres.
3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de 
licitación publicado e indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua 
o lenguas que vayan a utilizarse, los documentos relativos a las condiciones de aptitud que, 
en su caso, se deban adjuntar, y la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del 
contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos criterios.
La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el 
acceso por medios electrónicos al documento descriptivo y demás documentación 
complementaria.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138, estuviera permitido 
dar acceso por medios no electrónicos al documento descriptivo y demás documentación 
complementaria, la invitación indicará esta circunstancia y la forma en que la documentación 
será puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si además la citada documentación 
obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el procedimiento, la 
invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha documentación y, en su 
caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago de la cantidad 
que, en su caso, haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha documentación 
sin demora a los interesados tras la recepción de su solicitud.
Artículo 175. Diálogo con los candidatos.
1. La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos 
seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para 
satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los 
aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.
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2. Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los licitadores y, en 
particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto.
La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un 
participante u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento 
de este, en los términos establecidos en el apartado 7 del artículo 169.
3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir 
progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante 
la aplicación de los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta posibilidad.
El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente 
amplio como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan 
presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.
4. A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa 
informará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de 
recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores.
5. La mesa proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de 
determinar, después de compararlas, si es preciso, la solución o soluciones presentadas 
por cada uno de los participantes durante la fase de diálogo, que puedan responder a sus 
necesidades.
Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para la 
última fase del proceso de licitación por el órgano de contratación, la mesa propondrá que 
se declare el fin del diálogo, así como las soluciones a adoptar, siendo invitados a la fase 
final los participantes que hayan presentado las mejores soluciones.
Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de contratación e informar de ello a 
todos los participantes, la mesa invitará a los participantes cuyas soluciones hayan sido ya 
adoptadas a que presenten su oferta definitiva, basada en su solución o soluciones viables 
especificadas durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que 
deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas.
Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación.
1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la 
realización del proyecto.
La mesa podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, 
ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no 
suponga una modificación de los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación 
pública, en particular de las necesidades y de los requisitos establecidos en el anuncio de 
licitación o en el documento descriptivo, cuando implique una variación que pueda falsear 
la competencia o tener un efecto discriminatorio.
2. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los 
criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo y seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad precio de 
acuerdo con la letra b) del apartado 3 del artículo 145.
3. La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el licitador cuya oferta se considere 
que presenta la mejor relación calidad-precio de acuerdo con la letra b) del apartado 3 del 
artículo 145 con el fin de confirmar compromisos financieros u otras condiciones contenidas 
en la oferta, para lo cual se ultimarán las condiciones del contrato, siempre que con ello no 
se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación pública, en particular 
las necesidades y los requisitos establecidos en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la competencia ni tenga un efecto 
discriminatorio.
4. Elevada la propuesta, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del 
contrato.
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Subsección 6.ª Procedimiento de asociación para la innovación
Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación.
1. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 
desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los 
suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los 
participantes.
A tal efecto, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el órgano de 
contratación determinará cuál es la necesidad de un producto, servicio u obra innovadores 
que no puede ser satisfecha mediante la adquisición de productos, servicios u obras ya 
disponibles en el mercado. Indicará asimismo qué elementos de la descripción constituyen 
los requisitos mínimos que han de cumplir todos los licitadores, y definirá las disposiciones 
aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial. La información facilitada 
será lo suficientemente precisa como para que los empresarios puedan identificar la 
naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si solicitan participar en el 
procedimiento.
2. El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con 
uno o varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo.
El socio o socios habrán sido previamente seleccionados en la forma regulada en los 
artículos 178 y 179 de esta Ley.
3. Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán:
a) En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan 
reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes 
pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de servicios.
b) En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este 
procedimiento, por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que 
se trate.
Artículo 178. Selección de candidatos.
1. En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario podrá presentar una 
solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación, proporcionando la 
información sobre los criterios objetivos de solvencia que haya solicitado el órgano de 
contratación.
2. El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de treinta 
días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté sujeto 
a regulación armonizada. En otro caso, dicho plazo no podrá ser inferior a veinte días 
contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
3. A los efectos de seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación 
aplicarán, en particular, criterios objetivos de solvencia relativos a la capacidad de los 
candidatos en los ámbitos de la investigación y del desarrollo, así como en la elaboración 
y aplicación de soluciones innovadoras.
Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados 
a responder a las necesidades señaladas por el órgano de contratación que no puedan 
satisfacerse con las soluciones existentes.
Los órganos de contratación podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan 
de ser invitados a participar en el procedimiento, de conformidad con el artículo 162.2, 
siendo tres el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar.
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Artículo 179. Negociación y adjudicación de la asociación.
1. Concluida la selección de los candidatos, el órgano de contratación les invitará a 
presentar sus proyectos de investigación e innovación para responder a las necesidades 
a cubrir.
2. Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación 
calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 145.2.
3. Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación negociarán con 
los candidatos seleccionados las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas 
por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.
No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.
4. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la 
innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de reducir el número de ofertas 
que haya que negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y recogidos en el anuncio de licitación. El órgano 
de contratación indicará claramente en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares si va a hacer uso de esta opción.
5. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto a otros. 
Informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de 
conformidad con el apartado anterior de todo cambio en las especificaciones técnicas u 
otros documentos de la contratación que no sea la que establece los requisitos mínimos. 
A raíz de tales cambios, los órganos de contratación darán a los licitadores tiempo 
suficiente para que puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según 
proceda.
6. Los órganos de contratación no revelarán a los demás participantes los datos 
confidenciales que les hayan sido comunicados por un candidato o licitador participante en 
la negociación sin el acuerdo previo de este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de 
una renuncia general, sino que deberá referirse a la comunicación intencionada de 
información específica.
Artículo 180. Estructura de la asociación para la innovación.
1. La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la 
secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, que podrá incluir la 
fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las obras. La 
asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los 
socios y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados.
Sobre la base de esos objetivos, el órgano de contratación podrá decidir, al final de 
cada fase, resolver la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para 
la innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la resolución de los 
contratos individuales, siempre que el órgano de contratación haya indicado en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que puede hacer uso de estas posibilidades y las 
condiciones en que puede hacerlo.
En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del 
número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la 
contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los 
trabajos realizados.
2. En el caso de las asociaciones para la innovación con varios socios, el órgano de 
contratación no revelará a los otros socios las soluciones propuestas u otros datos 
confidenciales que comunique un socio en el marco de la asociación sin el acuerdo de este 
último. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá 
referirse a la comunicación intencionada de información específica.
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Artículo 181. Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación.
1. Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación 
analizará si sus resultados alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y 
resolverá lo procedente sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros 
resultantes.
2. Las adquisiciones derivadas de asociaciones para la innovación se realizarán en 
los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Cuando la 
asociación se realice con varios empresarios la selección del empresario al que se deba 
efectuar dichas adquisiciones se realizará sobre las base de los criterios objetivos que se 
hayan establecido en el pliego.
3. En el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la 
realización de prestaciones sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo durante un 
periodo máximo de cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición 
de las obras, servicios o suministros a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 182. Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte 
del órgano de contratación.
El órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación y, en particular, 
la duración y el valor de las diferentes fases reflejen el grado de innovación de la solución 
propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución innovadora aún no disponible en el mercado. El valor 
estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con respecto a la 
inversión necesaria para su desarrollo.
Subsección 7.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
Artículo 183. Ámbito de aplicación.
1. Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención de 
planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la 
ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la 
correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.
2. Las normas de la presente sección se aplicarán a los concursos de proyectos que 
respondan a uno de los tipos siguientes:
a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de 
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder 
premios o pagos.
El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá 
tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando 
así se indique en el anuncio de licitación del concurso.
b) Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes.
3. Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la 
redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial 
complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos 
anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de las obras, los órganos de 
contratación deberán aplicar las normas de esta sección.
4. Se consideran sujetos a regulación armonizada los concursos de proyectos cuyo 
valor estimado sea igual o superior a los umbrales fijados en las letras a) y b) del apartado 1 
del artículo 22 en función del órgano que efectúe la convocatoria.
El valor estimado de los concursos de proyectos se calculará aplicando las siguientes 
reglas a los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo: en el caso de la letra a), 
se tendrá en cuenta el valor estimado del contrato de servicios y los eventuales premios o 
pagos a los participantes; en el caso previsto en la letra b), se tendrá en cuenta el importe 
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total de los premios y pagos, e incluyendo el valor estimado del contrato de servicios que 
pudiera adjudicarse ulteriormente con arreglo a la letra d) del artículo 168, si el órgano de 
contratación hubiere advertido en el anuncio de licitación de su intención de adjudicar 
dicho contrato.
Artículo 184. Bases del concurso.
1. Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se 
establecerán de conformidad con lo regulado en la presente Subsección y se pondrán a 
disposición de quienes estén interesados en participar en el mismo.
2. En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del concurso deberán 
indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará en concepto de premios o bien en 
concepto de compensación por los gastos en que hubieren incurrido los participantes.
3. En los concursos de proyectos, la valoración de las propuestas se referirá a la 
calidad de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y 
medioambientales.
Artículo 185. Participantes.
1. El órgano de contratación podrá limitar el número de participantes en el concurso 
de proyectos. Cuando este fuera el caso, el concurso constará de dos fases: en la primera 
el órgano de contratación seleccionará a los participantes de entre los candidatos que 
hubieren presentado solicitud de participación, mediante la aplicación de los criterios a que 
se refiere el apartado siguiente; y en la segunda el órgano de contratación invitará 
simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados para que presenten sus 
propuestas de proyectos ante el órgano de contratación en el plazo que proceda conforme 
a lo señalado en el artículo 136.
2. En caso de que se decida limitar el número de participantes, la selección de estos 
deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, claros y no discriminatorios, que deberán 
figurar en las bases del concurso y en el anuncio de licitación, sin que el acceso a la 
participación pueda limitarse a un determinado ámbito territorial, o a personas físicas con 
exclusión de las jurídicas o a la inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos 
invitados a participar, deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia real.
3. La segunda fase a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá realizarse en 
dos sub-fases sucesivas, a fin de reducir el número de concursantes.
En la primera sub-fase se invitará simultáneamente y por escrito a los candidatos 
seleccionados para que presenten una idea concisa acerca del objeto del concurso ante el 
órgano de contratación en el plazo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 136, debiendo estas ser valoradas por el Jurado con arreglo a los criterios de 
adjudicación previamente establecidos de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
En una segunda sub-fase los participantes seleccionados serán invitados, también 
simultáneamente y por escrito, para que presenten sus propuestas de proyectos en 
desarrollo de la idea inicial en el plazo que proceda de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 136, debiendo ser valorados por el Jurado de conformidad con los criterios de 
adjudicación que se hubieren establecido previamente.
En cualquier caso el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para 
garantizar una competencia real. El número mínimo de candidatos será de tres.
En todo caso los participantes en el concurso de proyectos cuyas ideas hubieran 
resultado seleccionadas y, por lo tanto, hubieren superado la primera sub-fase, tendrán 
derecho a percibir la compensación económica por los gastos en que hubieran incurrido, 
a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.
En los pliegos, el órgano de contratación indicará si va a hacer uso de esta opción.
4. En el caso de que el órgano de contratación se proponga adjudicar un contrato de 
servicios ulterior a un concurso de proyectos, mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad, y deba adjudicarse, con arreglo a las normas previstas en el concurso de 
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proyectos, al ganador o a uno de los ganadores del concurso de proyectos, en este último 
caso, todos los ganadores del concurso deberán ser invitados a participar en las 
negociaciones.
Artículo 186. Publicidad.
1. La licitación del concurso de proyectos se publicará en la forma prevista en el 
artículo 135 y en las demás disposiciones de esta Ley que resulten de aplicación.
2. Cuando el órgano de contratación se proponga adjudicar un contrato de servicios 
ulterior mediante un procedimiento negociado sin publicidad, deberá indicarlo en el anuncio 
de licitación del concurso.
3. Los resultados del concurso se publicarán en la forma prevista en el artículo 154. 
No obstante, el órgano de contratación podrá no publicar la información relativa al resultado 
del concurso de proyectos cuando prevea que su divulgación dificultaría la aplicación de la 
ley, sería contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de 
empresas públicas o privadas, o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores 
de servicios.
Artículo 187. Jurado y decisión del concurso.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se 
constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido 
en las bases del concurso.
En los concursos de proyectos no habrá intervención de la mesa de contratación. 
Todas aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al 
Jurado serán realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación.
2. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los 
participantes en el concurso de proyectos.
3. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un 
concurso de proyectos, al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer 
dicha cualificación u otra equivalente.
4. El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total autonomía e 
independencia, sobre la base de proyectos que le serán presentados de forma anónima, y 
atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de licitación del concurso.
A estos efectos se entenderá por proyectos presentados de forma anónima aquellos 
en los que no solo no figure el nombre de su autor, sino que además no contengan datos 
o indicios de cualquier tipo que permitan conocer indirectamente la identidad del autor o 
autores del mismo.
5. El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de 
los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, junto con sus 
observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración, del que se dará traslado 
al órgano de contratación.
6. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o decisión.
7. De ser necesario, podrá invitarse a los participantes a que respondan a preguntas 
que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos, 
debiendo levantarse un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los 
participantes.
8. Una vez que el jurado hubiere adoptado una decisión, dará traslado de la misma 
al órgano de contratación para que este proceda a la adjudicación del concurso de 
proyectos al participante indicado por el primero.
9. Los premios y los pagos que, en su caso, se hubieren establecido en las bases del 
concurso, se abonarán de conformidad con lo establecido en el artículo 198, contándose 
los plazos fijados en él a partir de que la adjudicación sea notificada.
A tales efectos, en el expediente de gasto se acreditará la cobertura financiera 
necesaria para poder hacer frente a dichos premios o pagos.
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10. En lo no previsto por esta Subsección el concurso de los proyectos se regirá por 
las normas del procedimiento restringido en caso de que se limite el número de 
participantes, y en caso contrario del procedimiento abierto, en todo aquello en que no 
resulten incompatibles y, también, por las disposiciones reguladoras de la contratación de 
servicios.
11. Las normas relativas a los concursos de proyectos previstas en esta subsección 
serán objeto de desarrollo reglamentario.
Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
Subsección 1.ª Efectos de los contratos
Artículo 188. Régimen jurídico.
Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace 
referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a 
éstos.
Artículo 189. Vinculación al contenido contractual.
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
Subsección 2.ª Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
Artículo 190. Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente 
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En 
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del 
órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos 
en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus 
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 
contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y 
detallada en el expediente administrativo.
Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.
1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a 
las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas 
integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los 
casos previstos en los artículos 109 y 195.
cve: BOE-A-2017-12902
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3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y 
respecto de los contratos que se indican a continuación:
a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule 
oposición por parte del contratista.
b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior 
a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros.
c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la 
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las 
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía 
se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Subsección 3.ª Ejecución de los contratos
Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 
del artículo 202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien 
del precio del contrato.
2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de 
las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco podrán prever las penalidades 
establecidas en el presente artículo en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo 
marco y de los contratos en él basados.
Artículo 193. Demora en la ejecución.
1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.
2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración.
3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido.
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo 
anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.
cve: BOE-A-2017-12902
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4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.
5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados 
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, 
cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad 
de cumplir el plazo total.
Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no 
cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización 
por daños y perjuicios.
2. Las penalidades previstas en los dos artículos anteriores se impondrán por 
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si 
se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de los mencionados pagos.
Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.
1. En el supuesto a que se refiere el artículo 193, si la Administración optase por la 
resolución esta deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga 
atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo 
que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el 
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva.
2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano 
de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato 
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables 
al contratista.
Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.
1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los 
límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de 
obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 
del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a 
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio 
de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
cve: BOE-A-2017-12902
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Artículo 197. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.
Artículo 198. Pago del precio.
1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación 
realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato.
En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos 
específicos derivados de un sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá 
hacer por el peticionario.
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a 
cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los 
vencimientos que se hubiesen estipulado.
En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior 
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, 
las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de 
acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención 
correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones 
de comprobación material de la inversión.
3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de 
las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 
objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del 
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la 
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes 
o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono.
5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar 
a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en esta Ley.
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6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, 
los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser 
embargados en los siguientes supuestos:
a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la 
ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los 
subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro 
meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
Artículo 199. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones 
Públicas.
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta Ley, los 
contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de 
la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo 
de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 
vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-
administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida 
cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, 
salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el 
pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la 
medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la 
Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.
Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro.
1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho.
2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, 
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.
3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro 
cedidos por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el 
número anterior.
4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.
5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el 
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas 
de la relación contractual.
Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en 
la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, 
el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V.
cve: BOE-A-2017-12902
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Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los 
órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a 
que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave 
y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192.
Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden.
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en 
relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del 
contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, 
sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y 
en los pliegos.
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución 
de entre las que enumera el apartado siguiente.
2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones 
económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental 
que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora de los 
valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una 
gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la 
promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la 
entrega de productos a granel y la producción ecológica.
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre 
otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con disca -
pacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legis -
lación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción 
en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que 
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participa -
ción de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; com -
batir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; 
favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la 
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en 
el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto 
a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigen -
cia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños 
productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que 
les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores 
o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.
3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 
del artículo  192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de 
ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 
señalados en la letra f) del artículo 211. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no 
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se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los 
pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a 
los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.
4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
Subsección 4.ª Modificación de los contratos
Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.
1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la 
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de 
ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés 
público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.
2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo 
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase 
en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo 
las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva 
licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que 
resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta 
posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación 
deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias 
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de 
seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, 
asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo 
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla 
de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar 
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
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2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen 
las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato 
cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
Artículo 205.  Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones 
no sustanciales.
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo 
podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
este artículo, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano 
de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar 
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que 
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que 
esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
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Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. 
En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes:
1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos 
de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, 
más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista 
diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto 
inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se 
refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de 
contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación.
Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que 
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no 
resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de 
contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso 
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
Artículo 207. Especialidades procedimentales.
1. En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones contractuales se 
acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.
2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones 
técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente.
3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto 
a regulación armonizada, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de 
servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del 
apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 
correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.
cve: BOE-A-2017-12902
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Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su 
vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la 
causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de 
modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días 
desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del 
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter 
previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por 
el propio órgano de contratación.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 191.
Subsección 5.ª Suspensión y extinción de los contratos
Artículo 208. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a 
solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado 
y la situación de hecho en la ejecución de aquel.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo 
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 
suspensión.
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 
contrato durante el período de suspensión.
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de 
trabajo o en el propio contrato.
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados 
en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba 
la orden de reanudar la ejecución del contrato.
Artículo 209. Extinción de los contratos.
Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución, acordada de 
acuerdo con lo regulado en esta Subsección 5.ª
cve: BOE-A-2017-12902
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Artículo 2 10. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.
1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de la prestación.
2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal 
y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del 
objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración 
correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, 
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o 
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los 
supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida 
la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en 
que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse 
debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.
4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción 
o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, 
y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en 
su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con 
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se 
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en 
los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se 
produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 
percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Artículo 211. Causas de resolución.
1. Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 
relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego 
o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de 
duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo 
de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en 
los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos 
requisitos siguientes:
1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece 
para la libertad de pactos.
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o 
en el documento d escriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.
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g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando 
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, 
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o 
en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista 
a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 
también durante la ejecución del contrato.
2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución.
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de 
desarrollo de esta Ley se establezca.
No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) 
del artículo  211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes 
de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados 
por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de 
conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa 
contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la 
resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del 
contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 
y 205, darán siempre lugar a la resolución del contrato.
Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes 
modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido.
En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le 
sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.
3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del 
contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus 
herederos o sucesores.
4. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra 
causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará 
el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista 
prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución.
En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:
a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, 
que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.
b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula 
penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista.
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6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra d) del apartado primero del 
artículo anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del 
plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 193.
7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley.
8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el 
plazo máximo de ocho meses.
Artículo 213. Efectos de la resolución.
1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes 
se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato 
determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por 
tal causa se irroguen al contratista.
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 
artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe 
de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este 
rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del 
artículo 205.
5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca 
de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su 
caso, hubiese sido constituida.
6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por 
las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá 
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación 
de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará 
la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma 
y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 
servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del 
contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos 
los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la 
celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de 
contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en 
el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas 
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.
Subsección 6.ª Cesión de los contratos y subcontratación
Artículo 214. Cesión de los contratos.
1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin 
perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario 
conforme al artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
en virtud del artículo 275, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible 
por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro 
de los límites establecidos en el párrafo siguiente.
cve: BOE-A-2017-12902
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A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, 
letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial 
del contrato.
Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan 
una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad 
de cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por 
implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser 
equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo 
previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la 
cesión de participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén 
suficientemente justificados.
2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los 
pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 
o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que 
haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 
concursal.
No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar 
la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión 
de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad 
de subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en 
caso de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente 
o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.
Artículo 215. Subcontratación.
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las 
letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de 
ser ejecutada directamente por el primero.
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En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 
restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley 
respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba 
ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales 
o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad 
del Estado.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 
la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.
c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las 
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se 
ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de 
este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 
siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a 
los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente.
d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución 
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones 
legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del 
órgano de contratación.
e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos 
de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación 
en el contexto de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer 
en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, 
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación 
de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.
cve: BOE-A-2017-12902
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3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se 
hubiera previsto en los pliegos:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 
del subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, 
o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 
a 217 tendrán en todo caso naturaleza privada.
8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera 
los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos.
Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.
1. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene 
lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, 
siempre que el subcontratista o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos 
legalmente establecidos.
3. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la 
entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán 
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no 
se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de 
conformidad la prestación de los servicios.
4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el 
suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley  3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
cve: BOE-A-2017-12902
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5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la 
remisión electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se encuentren 
en los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
del sector público, deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura 
electrónica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros, que deberán presentar 
al contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición 
adicional trigésima segunda, a partir de la fecha prevista en dicha disposición.
En supuestos distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la 
utilización de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el 
apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda.
La cuantía de 5.000 euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de Hacienda 
y Función Pública.
6. Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de 
aplicación a este respecto el artículo  1110 del Código Civil.
Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los 
contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada 
la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los 
correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones 
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por 
el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 
contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se 
impongan por este motivo.
2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 
incumplimiento previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las Administraciones 
Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos 
de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de 
la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación 
a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 
principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito de 
los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de penalidades 
previstas en el apartado 1 sean obligatorias.
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CAPÍTULO II
Racionalización técnica de la contratación
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones 
Públicas.
Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas 
podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación 
de obras, servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las normas de 
este capítulo.
Sección 2.ª Acuerdos marco
Artículo 219. Funcionalidad y límites.
1. Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos 
marco con una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, en 
particular por lo que respecta a los precios, y en su caso, a las cantidades previstas, 
siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo 
que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
2. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en 
casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la duración del acuerdo 
marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las 
peculiaridades y características del sector de actividad a que se refiere su objeto.
3. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de 
la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente 
Ley, relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, así como 
por los pliegos reguladores del acuerdo marco.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del 
acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será:
a) En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con el 
artículo 221 requieran la celebración de una licitación, la fecha de envío a los adjudicatarios 
del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que las 
propuestas de adjudicación se reciban dentro del plazo establecido para ello en el acuerdo 
marco correspondiente.
b) En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de 
licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del contrato basado.
Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.
1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento 
establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la 
presente Ley.
2. La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará 
condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido 
el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su 
publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial 
del Estado» en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del 
Estado.
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3. En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, el órgano de 
contratación podrá no publicar determinada información relativa al acuerdo marco, 
justificándolo debidamente en el expediente.
Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.
1. Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las 
empresas y los órganos de contratación que hayan sido originariamente partes en el 
mismo, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 227 en relación con los acuerdos 
marco celebrados por centrales de contratación.
2. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo.
3. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con una única empresa, los 
contratos basados en aquel se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. 
Los órganos de contratación podrán consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si 
fuere necesario, que complete su oferta.
4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas, la 
adjudicación de los contratos en él basados se realizará:
a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitación, 
bien con nueva licitación. La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberá estar prevista 
en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego deberá determinar los supuestos 
en los que se acudirá o no a una nueva licitación, así como los términos que serán objeto 
de la nueva licitación, si este fuera el sistema de adjudicación aplicable. Para poder 
adjudicar contratos basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos sin 
nueva licitación, será necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones 
objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberá ser adjudicatario 
del contrato basado y ejecutar la prestación.
Las previsiones anteriores serán también aplicables a determinados lotes de un 
acuerdo marco, siempre que, en relación con ese lote o lotes en concreto, se hubiera 
cumplido con los requisitos fijados en el citado apartado y con independencia de las 
previsiones de los pliegos en relación con el resto de lotes del acuerdo marco.
b) Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, invitando a una nueva 
licitación a las empresas parte del acuerdo marco.
5. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 anterior, para la adjudicación 
de un contrato basado en un acuerdo marco procediera una nueva licitación, esta se 
basará, bien en los mismos términos aplicados a la adjudicación del acuerdo marco, 
precisándolos si fuera necesario, bien en otros términos. En este último caso, será 
necesario que dichos términos hayan sido previstos en los pliegos de contratación del 
acuerdo marco y se concreten con carácter previo a la licitación para la adjudicación del 
contrato basado.
Por otra parte, si los pliegos del acuerdo marco no recogieran de forma precisa la 
regulación aplicable a los contratos basados, esta deberá necesariamente incluirse en los 
documentos de licitación correspondientes a dichos contratos basados.
6. La licitación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco 
tendrá lugar con arreglo al procedimiento siguiente:
a) Por cada contrato que haya de adjudicarse se invitará a la licitación a todas las 
empresas parte del acuerdo marco que, de acuerdo con los términos de la adjudicación del 
mismo, estuvieran en condiciones de realizar el objeto del contrato basado. La invitación 
se realizará por los medios que se hubieran establecido a tal efecto en el pliego regulador 
del acuerdo marco.
No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a regulación 
armonizada, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el 
expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las empresas, siempre que, como 
mínimo, solicite ofertas a tres.
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b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada 
contrato basado teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del 
contrato, la pluralidad o no de criterios de valoración, así como su complejidad, y el tiempo 
necesario para el envío de la oferta.
c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el 
momento fijado para su apertura.
Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación de conformidad con lo 
dispuesto en la letra a) anterior, estarán obligadas a presentar oferta válida en la licitación 
para la adjudicación del contrato basado, en los términos fijados en el pliego del acuerdo 
marco.
d) El órgano de contratación podrá optar por celebrar la licitación para adjudicar los 
contratos basados en un acuerdo marco a través de una subasta electrónica para la 
adjudicación del contrato basado conforme a lo establecido en el artículo 143 de la 
presente Ley, siempre que así se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo 
marco.
e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, valorada según los criterios fijados en el 
acuerdo marco.
f) La notificación a las empresas no adjudicatarias de la adjudicación de los contratos 
basados en un acuerdo marco, podrá sustituirse por una publicación en el medio 
determinado en los pliegos reguladores del acuerdo marco.
Artículo 222. Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un 
acuerdo marco.
1. Los acuerdos marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo 
con las reglas generales de modificación de los contratos. En todo caso, no se podrán 
introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en 
el acuerdo marco.
Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán 
superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso 
podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan 
en el mercado para los mismos productos.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los adjudicatarios de un 
acuerdo marco podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes 
adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren 
las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente 
en más del 10 por 100 el inicial de adjudicación, salvo que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, hubiese establecido otro límite.
Junto a ello, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del 
suministrador, o a instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o 
similares al mismo cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o 
configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con 
posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda 
del límite que se establece en el párrafo anterior.
Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición
Artículo 223. Delimitación.
1. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición 
de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente 
disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos 
instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida 
o falseada.
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2. El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una 
duración limitada y determinada en los pliegos, y debe estar abierto durante todo el período 
de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección.
3. Los órganos de contratación podrán articular el sistema dinámico de adquisición 
en categorías definidas objetivamente de productos, obras o servicios.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios objetivos válidos para 
definir las categorías, entre otros, el volumen máximo admisible de contratos que el órgano 
de contratación prevea adjudicar en el marco del sistema, o la zona geográfica específica 
donde vayan a ejecutarse estos contratos específicos.
Artículo 224. Implementación.
1. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de 
contratación seguirán las normas del procedimiento restringido, con las especialidades 
que se establecen en esta Sección.
2. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de 
selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema.
3. Cuando los órganos de contratación hayan dividido el sistema en categorías de 
productos, obras o servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, especificarán 
los criterios de selección que se apliquen a cada categoría.
4. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico 
de adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley.
5. Con carácter previo a la adjudicación, en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, de contratos específicos, los órganos de contratación deberán:
a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el cual se precise 
que se trata de un sistema dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo.
b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de compras 
previstas, así como la información necesaria relativa al sistema dinámico de adquisición, 
en particular el modo de funcionamiento del mismo, el equipo electrónico utilizado y las 
modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las 
características que definen dichas categorías.
d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia 
del sistema, a los pliegos de la contratación, de conformidad con el artículo 138.
6. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se 
podrá cargar ningún gasto.
7. Los órganos de contratación informarán a la Comisión Europea de cualquier 
cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio de licitación de la siguiente 
forma:
a) En los casos en que el periodo de vigencia se modifique sin que se haya terminado 
el sistema, a través del modelo de anuncio utilizado inicialmente para la convocatoria de 
licitación del sistema dinámico de adquisición.
b) En los casos en que haya concluido el sistema, a través del anuncio de 
adjudicación del contrato.
Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema.
1. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier 
empresario interesado podrá solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas 
en el artículo anterior.
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2. El plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de 
treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea. En ningún caso podrá ampliarse este plazo una vez 
enviada la invitación escrita a los candidatos para la primera contratación específica en el 
marco del sistema dinámico de adquisición.
3. Los órganos de contratación evaluarán estas solicitudes de participación, de 
conformidad con los criterios de selección, en el plazo de los diez días hábiles siguientes 
a su recepción.
Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, 
en particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro 
modo si se cumplen los criterios de selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mientras la invitación para la primera 
contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya sido 
enviada, el órgano de contratación podrá ampliar nuevamente el plazo de evaluación. 
Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, el órgano de contratación 
no podrá enviar ninguna invitación para la presentación de ofertas.
Los órganos de contratación deberán indicar en los pliegos si hay posibilidad de 
prórroga del plazo a que se refiere este apartado y, en caso afirmativo, su duración.
4. Los órganos de contratación informarán lo antes posible a la empresa que solicitó 
adherirse al sistema dinámico de adquisición de si ha sido admitida o no.
5. Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios de 
selección mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 140 de la presente Ley, los órganos de contratación podrán exigirles en cualquier 
momento del período de vigencia del sistema dinámico de adquisición que presenten una 
nueva declaración responsable renovada y actualizada. La misma deberá ser aportada por 
el candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que 
este fue requerido.
Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición será de 
aplicación el apartado 3 del artículo 140.
Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición.
1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición deberá ser objeto de una licitación.
2. Los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que hubieran sido 
previamente admitidas al sistema dinámico de adquisición a presentar una oferta en cada 
licitación que se celebre en el marco de dicho sistema, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 162 y en el apartado 2 del artículo 163.
Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías 
de productos, obras o servicios, los órganos de contratación invitarán a todas las empresas 
que previamente hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.
3. El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a 
partir de la fecha de envío de la invitación escrita.
4. Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados 
en el anuncio de licitación para el sistema dinámico de adquisición. Cuando proceda, estos 
criterios podrán formularse con más precisión en la invitación a los candidatos. Según lo 
dispuesto en el artículo 167 letra e), se considerarán irregulares o inaceptables las ofertas 
que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado fuera de 
plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas 
anormalmente bajas por el órgano de contratación; o aquellas cuyo precio supere el 
presupuesto base de licitación.
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Sección 4.ª Centrales de contratación
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.
1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, 
servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para 
otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y 
sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios 
destinados a los mismos.
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos, 
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que celebren, a las disposiciones de 
la presente Ley y sus normas de desarrollo.
4. En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse contratos 
basados entre las empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco, así como 
por otros entes del sector público, siempre que dichos entes, entidades u organismos se 
hubieran identificado en el pliego regulador del acuerdo marco, y se hubiera hecho constar 
esta circunstancia en la convocatoria de licitación.
Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales.
1. La creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y el 
ámbito subjetivo a que se extienden, se efectuará en la forma que prevean las normas de 
desarrollo de esta Ley que aquellas dicten en ejercicio de sus competencias.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de la Disposición adicional tercera, 
en el ámbito de la Administración Local, las Corporaciones Locales podrán crear centrales 
de contratación por acuerdo del Pleno. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
también podrán crear sus propias centrales de contratación.
3. Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades locales así como los organismos 
y entidades dependientes de los anteriores, podrán adherirse a sistemas de adquisición 
centralizada de otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta Ley. La adhesión al sistema estatal de contratación centralizada, se efectuará de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 229 de la presente Ley. En 
ningún caso una misma Administración, ente u organismo podrá contratar la provisión de 
la misma prestación a través de varias centrales de contratación.
Subsección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal 
de contratación centralizada
Artículo 229. Régimen general.
1. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá declarar de contratación 
centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con 
características esencialmente homogéneas determinando las condiciones en las que se 
producirá el proceso de centralización.
2. La declaración a que se refiere el apartado anterior implicará que la contratación 
de los suministros, obras y servicios en ella incluidos deberá efectuarse, con carácter 
obligatorio, a través del sistema estatal de contratación centralizada por los entes, 
entidades y organismos indicados en las letras a), b), c), d) y  g) del apartado 1.º del 
artículo 3 de la presente Ley que pertenezcan al sector público estatal, salvo que los 
contratos hayan sido declarados de carácter secreto o reservado de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales.
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3. El resto de entidades del sector público podrán concluir un acuerdo de adhesión 
con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública para contratar las obras, servicios y suministros 
declarados de contratación centralizada, a través del sistema estatal de contratación 
centralizada.
4. El contenido y procedimiento de los acuerdos de adhesión a que se refiere el 
apartado anterior se establecerá mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública.
5. El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada es la 
Junta de Contratación Centralizada, adscrita a la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 siguiente sobre la competencia para contratar en 
el caso de contratos basados cuyos destinatarios sean entidades adheridas.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación prestará 
el apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento del sistema estatal de 
contratación centralizada y ejercerá el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento 
jurídico.
6. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos basados en un 
acuerdo marco o de los contratos adjudicados en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición cuyo destinatario fuera una Administración, organismo o entidad adherida, 
será el previsto en las normas generales aplicables a dichas Administraciones, organismos 
o entidades.
La Junta de Contratación Centralizada establecerá para cada acuerdo marco y sistema 
dinámico de adquisición las medidas que considere adecuadas para garantizar que los 
expedientes de contratación tramitados por las entidades adheridas, su aplicación de las 
reglas de licitación y selección de los contratistas, las adjudicaciones que acuerden y la 
ejecución de los contratos basados, cumplen los términos y condiciones establecidos en 
los pliegos que rigen dichos acuerdos y sistemas, para lo que podrá acordar la utilización 
de herramientas informáticas específicas, la emisión de informes preceptivos y vinculantes 
o cualquier otro medio adecuado a este fin.
7. La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse a 
través de los siguientes procedimientos:
a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo 
a las normas procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I del presente Libro.
b) A través de acuerdos marco.
c) A través de sistemas dinámicos de adquisición.
En los casos en los que el órgano de contratación de los contratos basados en un 
acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición sea la Junta de Contratación Centralizada y sea necesario realizar una nueva 
licitación, las actuaciones relativas a dicha licitación previas a la adjudicación se realizarán, 
con carácter general por el organismo destinatario de la prestación.
En el caso de que fueran varios los destinatarios, dichas actuaciones se realizarán por 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación o bien por el 
organismo destinatario designado por esta, en aplicación de los criterios que a tal efecto 
se hubieran establecido en los pliegos. En su defecto, las actuaciones serán realizadas por 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
8. La conclusión por los entes integrados en el ámbito obligatorio del sistema estatal 
de adquisición centralizada de acuerdos marco que tengan por objeto bienes, servicios u 
obras no declarados de contratación centralizada y que afecten a más de uno de ellos, o 
de acuerdos marco cuyo objeto sean bienes, servicios u obras que se contraten de forma 
general y con características esencialmente homogéneas, requerirá el previo informe 
favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que deberá obtenerse antes de iniciar el 
procedimiento dirigido a su adjudicación.
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9. La recepción y pago de los bienes y servicios será efectuada por los organismos 
peticionarios de los mismos en los contratos basados en un acuerdo marco y en los 
contratos específicos adjudicados en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
Artículo 230.  Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información.
1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información y sus elementos complementarios o auxiliares en el ámbito obligatorio definido 
en el apartado 2 del artículo anterior que no hayan sido declarados de adquisición 
centralizada conforme a lo señalado en el mismo corresponderá, en todo caso, al órgano 
de contratación del sistema estatal de contratación centralizada, oídos los Departamentos 
ministeriales u organismos interesados en la compra en cuanto sus necesidades.
2. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá atribuir la competencia para 
adquirir los bienes a que se refiere este artículo a otros órganos de la Administración 
General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social y Entidades públicas estatales, cuando circunstancias 
especiales o el volumen de adquisiciones que realicen así lo aconsejen.
TÍTULO II
De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I
Del contrato de obras
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras
Artículo 231. Proyecto de obras.
1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras 
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente 
proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto 
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente 
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta 
quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano 
de contratación.
Artículo 232. Clasificación de las obras.
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su 
objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 
reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien 
inmueble.
3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, 
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un 
menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando 
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afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran 
reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras 
necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de 
mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.
6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción 
conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción 
conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva 
funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de 
un bien inmueble.
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación 
de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres 
y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 
las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a 
cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en 
que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos 
para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 
con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o 
gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, 
refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que 
en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación 
resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No 
obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado 
anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula.
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como 
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 
contrato.
4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la 
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos 
establecidos en esta Ley. En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en 
colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se limitarán 
al ámbito de la colaboración.
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Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto 
determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del 
precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la 
indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que 
este indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento.
5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento.
6. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el 
proyecto deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos 
a obtener por la Administración que vaya a explotar la obra.
Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario.
1. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras 
correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse en los siguientes 
supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el expediente:
a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al 
empresario a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a 
las técnicas de ejecución de la obra.
b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas 
singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las 
empresas.
2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por 
la Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento 
similar y solo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá 
limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
3. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 
aprobación y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados 
en el proyecto recibido se requerirá su subsanación del contratista, en los términos del 
artículo 314, sin que pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una 
nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano 
de contratación y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último 
quedará exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al órgano de contratación 
que el pago de los trabajos de redacción del correspondiente proyecto.
4. En los casos a que se refiere este artículo, la iniciación del expediente y la reserva 
de crédito correspondiente fijarán el importe máximo previsto que el futuro contrato puede 
alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así 
como a la adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el 
importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, 
circunstancias que serán recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
5. Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de 
infraestructuras hidráulicas o de transporte cuya entidad o complejidad no permita 
establecer el importe estimativo de la realización de las obras, la previsión del precio 
máximo a que se refiere el apartado anterior se limitará exclusivamente al proyecto. La 
ejecución de la obra quedará supeditada al estudio de la viabilidad de su financiación y a 
la tramitación del correspondiente expediente de gasto.
En el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca 
pronunciamiento en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera 
otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en 
el 5 por 100 como compensación.
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Artículo 235. Supervisión de proyectos.
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe 
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será 
igualmente preceptivo.
Artículo 236. Replanteo del proyecto.
1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación 
de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar 
la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el 
proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.
2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de 
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito 
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las 
obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa.
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será 
suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de 
cesión y aceptación por los órganos competentes.
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de 
contratación.
Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras
Artículo 237. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá 
ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 
y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la 
Dirección facultativa de las obras.
2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse.
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Artículo 239. Fuerza mayor.
1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se 
le hubieren producido en la ejecución del contrato.
2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u 
otros semejantes.
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 
o alteraciones graves del orden público.
Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta.
1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 
en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden.
En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 198.
2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe 
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y 
los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
Artículo 241. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.
1. Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de 
retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido 
en los apartados siguientes cuando el criterio de retribución se configure como de precio 
cerrado o en las circunstancias y condiciones que se determinen en las normas de 
desarrollo de esta Ley para el resto de los casos.
2. El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como de 
precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá 
invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para 
corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto.
3. La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se 
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato, pudiendo este establecer que algunas unidades o partes de la obra se excluyan 
de este sistema y se abonen por precios unitarios.
b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema 
deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de la 
licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados el acceso al 
terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo las 
comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha límite de 
presentación de ofertas.
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c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra 
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado mensualmente, 
en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el 
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
d) Cuando en el pliego se autorice a los licitadores la presentación de variantes sobre 
determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por el precio cerrado, las 
citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad.
En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico cuyo 
contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato.
El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el 
proyecto de construcción de las variantes ofertadas, para su preceptiva supervisión y 
aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como 
consecuencia de la aprobación de este proyecto.
Sección 3.ª Modificación del contrato de obras
Artículo 242. Modificación del contrato de obras.
1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados 
por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, 
ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de 
esta Ley.
3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, 
deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una 
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho 
acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, 
una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará 
con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:
i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
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ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto 
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.
5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, 
si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas 
integrantes del sector público estatal, podrá acordar que continúen provisionalmente las 
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la 
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de 
la modificación del contrato.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades 
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas.
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso, 
únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del Departamento 
Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado la aprobación 
del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación 
de la modificación del contrato.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:
Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de 
pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan 
resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de obras
Artículo 243. Recepción y plazo de garantía.
1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta 
Ley, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que 
las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos 
podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que 
se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso 
los cinco meses.
2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 
el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato.
3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a 
un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.
4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como 
las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no 
se exigirá plazo de garantía.
5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 
el contrato.
6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan.
Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos.
1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción.
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Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
2. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por 
daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años 
a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.
3. Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este 
artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida cualquier responsabilidad del contratista.
Sección 5.ª Resolución del contrato de obras
Artículo 245. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, 
las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 
Administración.
d) El desistimiento.
Artículo 246. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el 
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.
2. Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una 
indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
3. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización 
del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
4. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 
suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de 
las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, 
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha 
de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado.
5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina 
de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de 
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.
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CAPÍTULO II
Del contrato de concesión de obras
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras
Artículo 247. Estudio de viabilidad.
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión 
unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la 
realización de un estudio de viabilidad de las mismas.
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o 
estudios que procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características 
esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización 
del contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los 
niveles de calidad que resulta necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria 
para verificar la prestación, así como las variables en relación con el impacto de la 
concesión en la estabilidad presupuestaria.
c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras 
en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 
sectorial, territorial o urbanístico.
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la 
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las 
correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas 
si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 
para la construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, 
en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.
j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, 
a efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos 
para valorar la tasa de descuento.
k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de 
la concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información 
pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad 
del mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando 
la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en 
el plazo de un mes.
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también 
para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la 
declaración de impacto ambiental resulte preceptiva.
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de 
eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para 
que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar 
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el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis 
meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no 
aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la 
correspondiente concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de 
acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación 
a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de 
adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá derecho al 
resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 
cien como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición 
contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
importe de los gastos será determinado en función de los que resulten justificados por 
quien haya presentado el estudio.
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del 
estudio de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad 
económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de las obras o por la cuantía de 
la inversión requerida considerara que este es suficiente. En estos supuestos la 
Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente 
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del 
artículo siguiente.
7. El órgano que corresponda de la Administración concedente deberá aprobar el 
estudio de viabilidad o, en su caso, adoptar la decisión de sustitución mencionada en el 
apartado anterior, y publicar estas decisiones en el correspondiente perfil del contratante.
Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.
1. En función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus 
características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá 
acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. Este podrá incluir, de acuerdo con 
la naturaleza de las obras, zonas complementarias de explotación comercial.
2. El anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá contener, como 
mínimo, la siguiente documentación:
a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores 
sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados para 
atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se propone. La memoria se 
acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes.
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de 
las obras.
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el 
coste de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las 
correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del coste de las 
expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones vigente.
d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con 
indicación de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión, 
incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en estas de los rendimientos que 
pudieran corresponder a la zona de explotación comercial.
3. El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, 
prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse 
cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de las 
obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública, 
y dará traslado de este para informe a los órganos de la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados. Este trámite de 
información pública servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de 
impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte 
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preceptiva y no se hubiera efectuado dicho trámite anteriormente por tratarse de un 
supuesto incluido en el apartado 6 del artículo anterior.
4. La Administración concedente aprobará el anteproyecto de las obras, considerando 
las alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de impacto 
ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la utilidad pública de esta a los efectos 
previstos en la legislación de expropiación forzosa.
5. Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los 
términos que este establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el 
anteproyecto las variantes que estimen convenientes.
Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este.
1. En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus características por la 
Administración concedente, se procederá a la redacción, supervisión, aprobación y 
replanteo del correspondiente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes 
artículos de esta Ley y al reconocimiento de la utilidad pública de la obra a los efectos 
previstos en la legislación de expropiación forzosa.
2. Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el 
proyecto, antes de su aprobación definitiva, a la tramitación establecida en los apartados 3 
y 4 del artículo anterior para los anteproyectos.
3. Será de aplicación en lo que se refiere a las posibles mejoras del proyecto de las 
obras lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior.
4. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto 
cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su presentación o haya 
introducido mejoras en el propuesto por la Administración.
Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión 
de obras deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que 
se trate y mención expresa de los documentos de este que revistan carácter contractual. 
En su caso determinación de la zona complementaria de explotación comercial.
b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean 
exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de 
las diferentes fases del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los 
efectos de una posible cesión en los términos establecidos en el artículo 214.2.c).
c) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de 
conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las participaciones en la 
sociedad concesionaria cuando se constituyera una sociedad de propósito específico por 
los licitadores para la ejecución del contrato.
Asimismo, establecerán criterios para la determinación de cuándo la cesión de las 
participaciones deberá considerarse por suponer un efectivo cambio de control y, en el 
caso de que estuviera justificado por las características del contrato, se establecerán 
también mecanismos de control para cesiones de participaciones en la sociedad 
concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del contrato. En todo caso se 
considerará que se produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento 
de las participaciones.
d) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los 
siguientes extremos:
1.º Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de 
que estuviera prevista su constitución, y características de la misma tanto jurídicas como 
financieras.
2.º Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su 
inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen.
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3.º Plazo de duración de la concesión vinculado al sistema de financiación de la 
concesión.
4.º Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le 
son propios, el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación, la tasa interna 
de rentabilidad o retorno estimada, y las obligaciones de pago y gastos financieros, 
directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la 
incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo 
concesional y en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los 
rendimientos de la demanda de utilización de las obras y, cuando exista, de los beneficios 
derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen 
los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. En 
cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo 
fijado en el pliego de cláusulas administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse 
a los efectos de la revisión de los elementos señalados anteriormente.
5.º En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje de 
financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
6.º Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad 
que establezca el pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera 
corresponder a la gestión de las zonas complementarias de explotación comercial, sin 
perjuicio de que los rendimientos de estas se integren a todos los efectos en los de la 
concesión.
7.º En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán 
introducir las mejoras que consideren convenientes, y que podrán referirse a características 
estructurales de la obra, a su régimen de explotación, a las medidas tendentes a evitar los 
daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su 
ubicación.
e) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones 
posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de 
actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su 
repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión.
f) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial 
por debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la concesión, 
quedando el mismo a riesgo del concesionario.
g) Cuantía y forma de las garantías.
h) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.
i) Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las 
obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en función de los 
criterios establecidos en el pliego.
j) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de 
las obras y durante su explotación.
k) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro o 
intervención de la concesión.
l) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.
m) Distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos relevantes 
en función de las características del contrato, si bien en todo caso el riesgo operacional le 
corresponderá al contratista.
2. Sin perjuicio del derecho de información a que se refiere el artículo 138, el órgano 
de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de 
este, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen 
pertinentes sobre su contenido. Este plazo, como mínimo, deberá respetar lo establecido 
en el apartado 3 del artículo 138. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán 
hacerse públicas en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de 
licitación.
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Sección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones
Artículo 251. Efectos, cumplimiento y extinción.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de obras se 
regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de 
aplicación, salvo en la fase de construcción, el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 
y el artículo 195.
Sección 3.ª Construcción de las obras objeto de concesión
Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras.
1. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de 
contratación y en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ejecución de la 
obra que corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en parte con 
terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
2. La ayuda de la Administración en la construcción de las obras podrá consistir en la 
ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su financiación parcial. En el primer 
supuesto la parte de obra que ejecute deberá presentar características propias que 
permitan su tratamiento diferenciado, y deberá ser objeto a su terminación de la 
correspondiente recepción formal. Si no dispusiera otra cosa el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el importe de la obra se abonará de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 240.
En el segundo supuesto, el importe de la financiación que se otorgue podrá abonarse 
en los términos pactados, durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 240, o bien una vez que aquellas hayan concluido, en la forma en que se 
especifica en el artículo 266.
3. El sistema de ayudas públicas deberá respetar en todo caso la transferencia 
efectiva del riesgo operacional.
Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.
Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con 
terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte 
aprobado por el órgano de contratación. Este podrá en cualquier momento recabar 
información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que 
estime oportunas.
Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.
1. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá 
el riesgo operacional de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 239, 
salvo para aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la 
Administración, según lo previsto en el apartado  2 del artículo 252, en cuyo caso regirá el 
régimen general previsto para el contrato de obras.
2. Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario 
se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor impidiera por 
completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar 
el órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los 
mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento con 
terceros.
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Artículo 255. Modificación del proyecto.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir 
modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.ª, Sección 3.ª, 
Capítulo I, Título I, del Libro Segundo de esta Ley y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261. 
El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los 
oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.
Artículo 256. Comprobación de las obras.
1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento 
del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de 
comprobación por parte de la Administración concedente. El levantamiento y contenido del 
acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra 
pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de 
contratación y en el que se hará constar la inversión realizada.
3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante 
abonos parciales al concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra 
ejecutada, la certificación final de la obra acompañará al documento de valoración y al acta 
de comprobación a que se refiere el apartado anterior.
4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la 
Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas 
al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando 
haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de 
explotación.
Sección 4.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración 
concedente
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo 257. Derechos del concesionario.
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:
a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato 
durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica.
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma 
y con la extensión prevista en el artículo 270.
c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente 
necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de las obras. 
Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de las obras, las 
aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización 
de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público 
correspondiente.
d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de 
expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten 
necesarios para la construcción, modificación y explotación de las obras, así como la 
realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los 
derechos del concesionario.
En todo caso, los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión 
se incorporarán al dominio público.
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e) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 y a 
hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del 
órgano de contratación en ambos casos.
f) La facultad de titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley.
g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por esta u otras Leyes o por los 
pliegos de condiciones.
Artículo 258. Obligaciones del concesionario.
Serán obligaciones generales del concesionario:
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.
b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la 
continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por 
el órgano de contratación.
c) Admitir la utilización de las obras por todo usuario, en las condiciones que hayan 
sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no 
discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.
d) Cuidar del buen orden y de la calidad de las obras, y de su uso, pudiendo dictar 
las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al 
órgano de contratación.
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de 
las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 196 
de la presente Ley.
f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, 
preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.
g) Cualesquiera otras previstas en esta u otra Ley o en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
Artículo 259. Uso y conservación de las obras.
1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre 
uso, policía y conservación de las obras.
2. El personal encargado de la explotación de las obras, en ausencia de agentes de 
la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de las obras, 
formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de 
prueba las obtenidas por el personal del concesionario debidamente acreditado y con los 
medios previamente homologados por la Administración competente, así como cualquier 
otro admitido en derecho.
3. El concesionario podrá impedir el uso de las obras a aquellos usuarios que no 
abonen la tarifa correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en 
la legislación sectorial correspondiente.
4. El concesionario deberá mantener las obras de conformidad con lo que, en cada 
momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, 
de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de 
aplicación.
5. La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos para 
medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o 
penalizaciones económicas a este en función de los mismos.
En todo caso esta opción no podrá ser utilizada para limitar el riesgo operacional de la 
concesión.
Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial.
1. Atendiendo a su finalidad, las obras podrán incluir, además de las superficies que 
sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades 
complementarias, comerciales o industriales que sean necesarias o convenientes por la 
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utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles de un 
aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de hostelería, 
estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros 
susceptibles de explotación.
2. Estas actividades complementarias se implantarán de conformidad con lo 
establecido en los pliegos generales o particulares que rijan la concesión y, en su caso, 
con lo determinado en la legislación o el planeamiento urbanístico que resulte de 
aplicación.
3. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de unidad de 
gestión y control de la Administración Pública concedente y serán explotados 
conjuntamente con las obras por el concesionario, directamente o a través de terceros, en 
los términos establecidos en el oportuno pliego de la concesión.
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración
Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración.
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en 
esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la 
legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con 
los contratos de concesión de obras:
a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b) Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público debidamente 
justificadas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
c) Decidir el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión a favor del 
interés público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se 
establecen en los artículos 279 y 280.
e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras.
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo 
efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la 
documentación, relacionados con el objeto de la concesión.
g) Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el 
secuestro o intervención de la concesión.
h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra.
i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los términos 
que se establezcan en la legislación sectorial específica.
j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las obras que sean 
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la 
indemnización que en su caso proceda.
k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en esta o en otras leyes.
2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se 
ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.
Artículo 262. Modificación de las obras.
1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si 
concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como 
su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al 
objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por 
las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 de la presente 
Ley.
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Artículo 26 3. Secuestro o intervención de la concesión.
1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el 
secuestro o intervención de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda 
hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra por 
causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que 
pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado 
al concesionario y si este, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la 
deficiencia se ejecutará el secuestro o intervención. Asimismo, se podrá acordar el 
secuestro o intervención en los demás casos recogidos en esta Ley con los efectos 
previstos en la misma.
2. Efectuado el secuestro o intervención, corresponderá al órgano de contratación la 
explotación directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, 
pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación 
designará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal 
directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra objeto de secuestro o 
intervención se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al 
finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos 
los honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades 
impuestas.
3. El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que 
determine el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles 
prórrogas, de tres años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del 
concesionario el cese del secuestro o intervención cuando resultara acreditada la 
desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar 
en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra. Transcurrido el plazo fijado 
para el secuestro o intervención sin que el concesionario haya garantizado la asunción 
completa de sus obligaciones, el órgano de contratación resolverá el contrato de concesión.
Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de 
incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter 
leve y grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el 
concesionario de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones 
que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos 
para la ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, 
policía y conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su 
utilización, y el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas.
2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que 
se establecerán en los pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la 
importancia económica de la explotación. El límite máximo de las penalidades a imponer 
no podrá exceder del 10 por cien del presupuesto total de la obra durante su fase de 
construcción. Si la concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las 
penalidades anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos obtenidos por la 
explotación de la obra pública durante el año anterior.
Los límites establecidos para las penalizaciones serán los fijados en el párrafo anterior 
siempre que el daño causado no supere la cuantía máxima fijada en los mismos. Si la 
cuantía del daño causado es superior a la penalización máxima establecida en este 
artículo, se ampliará el límite hasta el valor del daño causado.
3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión 
en los casos previstos en el correspondiente pliego.
4. Además de los supuestos previstos en esta Ley, en los pliegos se establecerán los 
incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro temporal de la concesión, con 
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razón del incumplimiento.
5. Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al 
concesionario será el estab lecido en el artículo 192 de la presente Ley.
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6. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la 
Administración podrá también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista 
en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente 
y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de determinación por la legislación 
específica, el importe diario de la multa será de 3.000 euros.
Sección 5.ª Régimen económico financiero de la concesión
Artículo 265. Financiación de las obras.
1. Las obras objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el 
concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo operacional en los términos definidos 
en el apartado cuarto del artículo 14.
2. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares 
exigencias derivadas del fin público o interés general de las obras objeto de concesión, la 
Administración podrá también aportar recursos públicos para su financiación, que adoptará 
la forma de financiación conjunta de la obra, mediante subvenciones o préstamos 
reintegrables, con o sin interés, de acuerdo con lo establecido en el artículo 252 y en esta 
Sección, y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción del 
riesgo operacional por el concesionario.
3. La construcción de las obras objeto de concesión podrá asimismo ser financiada 
con aportaciones de otras Administraciones Públicas distintas a la concedente, en los 
términos que se contengan en el correspondiente convenio, y con la financiación que 
pueda provenir de otros organismos nacionales o internacionales.
Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación.
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de las obras 
mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal 
como dispone el artículo 252, o una vez concluidas estas, y cuyo importe será fijado por 
los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que establezcan los pliegos de 
condiciones.
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en 
aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra Administración 
con la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la valoración de las mismas que se 
contenga en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el patrimonio 
afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de las obras, y revertirán 
a la Administración en el momento de su extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo 
dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial que les afecten.
3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones 
determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse 
con posterioridad a la adjudicación del contrato.
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo 
de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en 
todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.
Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras.
1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración 
una retribución por la utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo, que se 
denominará tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no 
tributario.
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2. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras serán fijadas por 
el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de 
máximas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen 
conveniente.
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II 
del Título III del Libro I de la presente Ley.
4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la Administración 
teniendo en cuenta el grado de disponibilidad ofrecido por el concesionario y/o su 
utilización por los usuarios, en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En caso de que la retribución se efectuase mediante pagos por disponibilidad 
deberá preverse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la inclusión de 
índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad independientes de las 
posibles penalidades en que pueda incurrir el concesionario en la prestación del servicio.
5. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de la 
explotación de la zona comercial directamente vinculada a la concesión, en el caso de 
existir esta, según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de las 
aportaciones públicas y aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas por los 
usuarios de las obras y, en su caso, los procedentes de la explotación de la zona comercial.
Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación.
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes 
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de las obras, 
que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán 
incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del reequilibrio 
previsto en el artículo 270:
a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o 
de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación de las obras o en 
el transcurso de las mismas. La devolución de los préstamos y el pago de los intereses 
devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos previstos en la 
concesión.
b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, por 
razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de las obras 
antes de que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad.
Artículo 269. Obras diferenciadas.
1. Cuando dos o más obras mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato 
de concesión de obras no pierde su naturaleza por el hecho de que la utilización de una 
parte de las obras construidas no esté sujeta a remuneración siempre que dicha parte sea, 
asimismo, competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la 
concesión.
2. El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares especificará 
con claridad los aspectos concernientes a las obras objeto de concesión, según se 
determina en esta Ley, distinguiendo, a estos efectos, la parte objeto de remuneración de 
aquella que no lo es.
Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan económico-financiero que 
contemple ambas partes de las obras.
3. En todo caso, para la determinación de las tarifas a aplicar por la utilización de las 
obras objeto de concesión se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas.
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Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
1. El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico en los 
términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés 
general y el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
siguiente.
2. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte 
que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el 
artículo 262.
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter 
obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato.
Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos 
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239.
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de 
la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada 
caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas 
establecidas por la utilización de las obras, la modificación en la retribución a abonar por 
la Administración concedente, la reducción del plazo concesional, y, en general, en 
cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado 2 anterior, 
y siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de 
tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un 
período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial.
4. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte 
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes 
circunstancias:
a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la 
concedente con posterioridad a la formalización del contrato.
b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o 
contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren 
notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, 
se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.
Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso 
para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o 
el importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto 
anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de 
negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para 
el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que 
la medida pudiera generar.
Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en 
este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las 
partes.
5. En el caso de que los acuerdos que dicte el órgano de contratación respecto al 
desarrollo de la explotación de la concesión de obras carezcan de trascendencia 
económica el concesionario no tendrá derecho a indemnización o compensación por razón 
de los mismos.
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Sección 6.ª Financiación privada
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario
Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos.
1. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior 
como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos 
semejantes admitidos en derecho.
2. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha 
posterior al término de la concesión.
3. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus 
organismos públicos, que se otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa 
presupuestaria. La concesión del aval por parte de las Comunidades Autónomas, entidades 
locales, de sus organismos públicos respectivos y demás sujetos sometidos a esta Ley se 
otorgará conforme a lo que establezca su normativa específica.
4. La emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser 
comunicada al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en 
que cada emisión se realice.
5. A las emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les resultará 
de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo  4/2015, de 23 de octubre.
6. Si la emisión ha sido objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el riesgo financiero correspondiente a los valores ha sido evaluado positivamente 
por una entidad calificadora reconocida por dicha entidad supervisora, no será de 
aplicación el límite del importe previsto en el artículo  401 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Artículo 272.  Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del 
concesionario.
1. Podrán emitirse valores que representen una participación en uno o varios de los 
derechos de crédito a favor del concesionario consistentes en el derecho al cobro de las 
tarifas, los ingresos que pueda obtener por la explotación de los elementos comerciales 
relacionados con la concesión, así como los que correspondan a las aportaciones que, en 
su caso, deba realizar la Administración. La cesión de estos derechos se formalizará en 
escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones a efectuar por la 
Administración, se deberá notificar al órgano contratante y ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo quinto de este apartado.
Los valores negociables anteriormente referidos se representarán en títulos o en 
anotaciones en cuenta, podrán realizarse una o varias emisiones y podrán afectar 
derechos de crédito previstos para uno o varios ejercicios económicos distintos.
Tanto las participaciones como directamente los derechos de crédito a que se refiere 
el primer párrafo de este apartado podrán incorporarse a fondos de titulización de activos 
que se regirán por la normativa específica que les corresponda.
De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores 
institucionales o profesionales, se dejará nota marginal en la inscripción registral de la 
concesión correspondiente. Asimismo, las características de las emisiones deberán 
constar en las memorias anuales de las sociedades que las realicen.
La emisión de estos valores requerirá autorización administrativa previa del órgano de 
contratación, cuyo otorgamiento solo podrá denegarse cuando el buen fin de la concesión 
u otra razón de interés público relevante lo justifiquen. El plazo para notificar la resolución 
sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual sin resolución 
expresa la solicitud deberá entenderse estimada.
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2. Siempre que desig nen previamente a una persona física o jurídica que actúe como 
representante único ante la Administración a los solos efectos previstos en este apartado, 
los tenedores de valores a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrán ejercer las 
facultades que se atribuyen al acreedor hipotecario en el artículo 274. Si, además, las 
operaciones a que dicho apartado 1 se refiere hubieran previsto expresamente la 
satisfacción de los derechos de los tenedores antes del transcurso del plazo concesional, 
estos podrán ejercer las facultades a que se refiere el apartado 3 del citado artículo 274, a 
partir del vencimiento de los títulos.
3. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al 
concesionario sin que los acreedores hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus 
títulos, la Administración concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones:
a) Salvo que las causas de resolución fuesen las previstas en la letra b) del apartado 1 
del artículo 211, acordar el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto 
en el artículo 263 de esta Ley a los solos efectos de satisfacer los derechos de los 
acreedores sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno.
b) Resolver la concesión, quedando la Administración liberada con la puesta a 
disposición de los acreedores de la menor de las siguientes cantidades:
1.º El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación 
de lo previsto en el artículo 280.
2.º La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las cantidades percibidas 
hasta el momento de resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de 
amortizaciones parciales.
4. Si se produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores 
no se hubiesen satisfecho íntegramente de sus derechos, la Administración podrá optar 
por actuar conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior o bien por resolver 
la concesión acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y 
las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración 
quedará liberada con la puesta a disposición de la diferencia entre el valor nominal de su 
inversión y las cantidades percibidas hasta el momento de resolución de la concesión 
tanto en concepto de intereses como de amortizaciones parciales.
5. Quedará siempre a salvo la facultad de acordar la licitación de una nueva 
concesión una vez resuelta la anterior.
6. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este 
artículo se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo 
entenderse desestimadas si no resolviera y notificara en ese plazo.
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión
Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
1. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados 
serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa 
autorización del órgano de contratación.
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que no 
guarden relación con la concesión correspondiente.
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este 
artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, 
debiendo entenderse desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo.
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras o de 
concesión de servicios, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 282 y 295, 
así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías 
establecidos en los artículos 266 y 268, solo podrán pignorase en garantía de deudas que 
guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de 
contratación, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente 
boletín oficial autonómic o o local.
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Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario.
1. Cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por causa 
imputable al concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del órgano de 
contratación pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho deterioro. Si este se 
confirmara podrá, asimismo, solicitar de la Administración que, previa audiencia del 
concesionario, ordene a este hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el 
daño, sin perjuicio del posible ejercicio de la acción de devastación prevista en el 
artículo 117 de la Ley Hipotecaria. No obstante, en el caso de ejercitarse la acción 
administrativa prevista en este apartado, se entenderá que el acreedor hipotecario 
renuncia a la acción prevista en el citado artículo 117 de la Ley Hipotecaria.
2. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de alguna de 
las obligaciones del concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al 
acreedor hipotecario por si este ofreciera subrogarse en su cumplimiento y la Administración 
considerara compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión.
3. Si la obligación garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al 
tiempo de su vencimiento, antes de promover el procedimiento de ejecución 
correspondiente, el acreedor hipotecario podrá ejercer las siguientes facultades siempre 
que así se hubiera previsto en la correspondiente escritura de constitución de hipoteca:
a) Solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia del concesionario, 
disponga que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las 
cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 
A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar un interventor que 
compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que se haya señalado, 
la cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine.
b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar de la Administración concedente 
que, previa audiencia al concesionario, le otorgue la explotación durante un 
determinado período de tiempo de todas o de parte de las zonas complementarias de 
explotación comercial. En el caso de que estas zonas estuvieran siendo explotadas por 
un tercero en virtud de una relación jurídico-privada con el concesionario, la medida 
contemplada por este apartado deberá serle notificada a dicho tercero con la indicación 
de que queda obligado a efectuar al acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer 
al concesionario.
Artículo 275. Ejecución de la hipoteca.
1. El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado 
en la posición del concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se 
establecen en el apartado siguiente.
2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en 
calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la 
legislación sectorial no lo impidiera, deberá comunicarlo al órgano de contratación para 
obtener la oportuna autorización administrativa, que deberá notificarse al interesado en el 
plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento. La autorización 
tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos 
exigidos al concesionario.
Si hubiera finalizado la fase de construcción o esta no formara parte del objeto de la 
concesión, solo se exigirán los requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de 
la obra.
3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano 
de contratación para participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la 
Administración concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones en el 
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supuesto de que el acreedor hipotecario autorizado, en su caso, para ser concesionario no 
opte por el ejercicio del derecho que le atribuye el artículo 671 de la Ley  1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil:
a) Acordar el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto en el 
artículo 263 de esta Ley sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. Se dará 
trámite de audiencia al acreedor hipotecario para ofrecerle la posibilidad de proponer un 
nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el candidato propuesto no 
cumpliera los requisitos exigibles conforme a lo establecido en el apartado anterior, se 
procederá a la licitación de la misma concesión en el menor plazo posible.
b) Resolver la concesión quedando la Administración liberada con la puesta a 
disposición de los acreedores del importe de la indemnización que correspondiera al 
concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 280.
Artículo 276. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión 
para el caso de resolución concesional.
Cuando procediera la resolución de la concesión y existieran titulares de derechos o 
cargas inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad sobre la concesión, se 
observarán las siguientes reglas:
a) La Administración, comenzado el procedimiento, deberá solicitar para su 
incorporación al expediente certificación del Registro de la Propiedad, al objeto de que 
puedan ser oídos todos los titulares de tales cargas y derechos.
b) El registrador, al tiempo de expedir la certificación a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá extender nota al margen de la inscripción de la concesión sobre la 
iniciación del procedimiento de resolución.
c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares de las citadas 
cargas y derechos, deberá mediar resolución administrativa firme que declare la 
resolución de la concesión y el abono o depósito a favor de dichos titulares de la 
cantidades garantizadas por las indicadas cargas con el límite de las eventuales 
indemnizaciones que la Administración debiera abonar conforme a lo previsto en el 
artículo 280.
Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación
Artículo 277. Créditos participativos.
1. Se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y 
explotación, o solo la explotación, de las obras objeto de concesión. En dichos supuestos 
la participación del prestamista se producirá sobre los ingresos del concesionario.
2. El concesionario podrá amortizar anticipadamente el capital prestado en las 
condiciones pactadas.
3. Excepcionalmente, las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación 
de la obra mediante el otorgamiento de créditos participativos. En tales casos, y salvo 
estipulación expresa en contrario, el concesionario no podrá amortizar anticipadamente el 
capital prestado, a no ser que la amortización anticipada implique el abono por el 
concesionario del valor actual neto de los beneficios futuros esperados según el plan 
económico-financiero revisado y aprobado por el órgano competente de la Administración 
en el momento de la devolución del capital.
4. La obtención de estos créditos deberá comunicarse al órgano de contratación en 
el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada uno hubiera sido concedido.
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Sección 7.ª Extinción de las concesiones
Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por 
transcurso del plazo.
1. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 29, solo podrán ser prorrogados de acuerdo con lo establecido en el último inciso 
del apartado 3 del artículo 270.
2. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su duración, 
por el artículo  134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
3. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme 
al apartado 3 del artículo  270, o de las reducciones que se hubiesen decidido.
4. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y 
a la explotación de sus zonas comerciales.
Artículo 279. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las 
señaladas en el artículo  211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), 
las siguientes:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en 
los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
b) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la 
entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares 
a que se obligó según el contrato.
c) El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. Se 
entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, adoptada por 
razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante la buena 
gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración. El rescate de la 
concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y 
eficiente que la concesional.
d) La supresión de la explotación de las obras por razones de interés público.
e) La imposibilidad de la explotación de las obras como consecuencia de acuerdos 
adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato.
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la 
asunción completa de sus obligaciones.
Artículo 280. Efectos de la resolución.
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta 
abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón 
de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes 
que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a 
su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La 
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la 
Administración, el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles 
será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en 
el artículo 281.
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En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la 
Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b) y f) 
del artículo 211, así como en las letras a) y f) del artículo 279.
2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.
3. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 279, y en general en los 
casos en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la 
Administración y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la 
Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se 
le irroguen.
Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
a) Los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en 
la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de 
tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de 
que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este 
último. La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio 
ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.
b) La pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas 
a aquella, considerando su grado de amortización.
4. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los contratos 
otorgados por el concesionario para el aprovechamiento de las zonas complementarias. El 
órgano de contratación podrá acordar también, como consecuencia de la resolución de la 
concesión, la resolución de los contratos otorgados de explotación comercial, abonando la 
indemnización que en su caso correspondiera. Esta indemnización será abonada con 
cargo al concesionario cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa 
imputable a este. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los titulares 
de los derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al 
órgano de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran frente al concesionario, 
salvo que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato.
5. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las 
expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la 
Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los 
expropiados, esta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el 
momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, 
las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.
6. En el supuesto de la letra b) del artículo 279, el contratista tendrá derecho al abono 
del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las 
cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo 
previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la 
resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los 
que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el 
órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación 
el que resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante subasta al alza 
siendo el único criterio de adjudicación el precio.
En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación 
en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 por ciento de la primera.
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El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de esta en el plazo de dos 
meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se abone el 
citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al 
siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más licitadores, declarando la 
licitación desierta.
La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el 
expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que este no haya concluido. 
En todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las ofertas de la primera 
licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses.
Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna 
autorización administrativa en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 275.
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a causas 
no imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones 
a las que se refiere el apartado anterior.
En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será 
el tipo de esta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o 
acreedores titulares al menos de un 5 por ciento del pasivo exigible de la concesionaria, 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, un nuevo comprador 
que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será 
el importe abonado por el nuevo comprador.
La Administración abonara al primitivo concesionario el valor de la concesión en un 
plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que 
se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya quedado desierta.
En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo 
concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las 
subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para la que se 
concedió la subvención.
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo caso 
la naturaleza de contrato de concesión de obras, siendo las condiciones del mismo las 
establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de duración.
Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos 
en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 281, se 
seguirán las siguientes reglas:
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea 
obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo 
que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados al tipo de 
descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años incrementado en 300 
puntos básicos.
Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos 
datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda 
Pública.
b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad razonable 
y el diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluación, para 
adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector 
público.
c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los flujos 
de caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo equivalente a los años que 
restan hasta la terminación. En caso de que el tiempo restante fuese superior al 
transcurrido, se tomará como referencia este último. No se incorporará ninguna 
actualización de precios en función de la inflación futura estimada.
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d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad establece 
en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de 
Explotación sin computar en ningún caso los pagos y cobros de intereses, los cobros de 
dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre beneficios.
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción 
de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 por cien del importe equivalente a la 
inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión ejecutada el importe que 
figure en las últimas cuentas anuales aprobadas incrementadas en la cantidad resultante 
de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las últimas cuentas 
aprobadas hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el 
correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad 
no se haya cumplido.
Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión.
1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, 
en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como 
de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones 
incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido 
en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción.
Cuando se proceda al término de la concesión a la entrega de bienes e instalaciones 
al órgano de contratación, se levantará un acta de recepción formal. El levantamiento de 
este acta y su contenido se ajustarán a lo establecido en el artículo 243 de esta Ley.
2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la concesión, estas 
obras, bienes e instalaciones, o algunos de ellos, deban ser demolidos por el concesionario, 
reponiendo los bienes sobre los que se asientan al estado en que se encontraban antes 
de su construcción.
3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración no 
podrán ser objeto de embargo.
CAPÍTULO III
Del contrato de concesión de servicios
Sección 1.ª Delimitación del contrato de concesión de servicios
Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.
1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión 
de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles 
de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante 
concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes 
públicos.
2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos 
en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que 
declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de 
los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo 
relativos a la prestación del servicio.
3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto 
en el orden funcional, como en el territorial.
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Sección 2.ª Régimen jurídico
Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios
Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Definirán el objeto del contrato, debiendo prever la realización independiente de 
cada una de sus partes mediante su división en lotes, sin merma de la eficacia de la 
prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.3, con la finalidad de promover la 
libre concurrencia.
b) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas 
que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o 
participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de 
tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el 
Capítulo II, del Título III, del Libro Primero.
c) Regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el 
concesionario en función de las características particulares del servicio, si bien en todo 
caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista.
d) Definirán los requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que 
sean exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de 
las diferentes fases del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los 
efectos de una posible cesión en los términos establecidos en el artículo 214.2.c).
e) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de 
conformidad con lo previsto en el artículo 214, así como de las participaciones en la 
sociedad concesionaria cuando se constituyera una sociedad de propósito específico por 
los licitadores para la ejecución del contrato. Asimismo, establecerán criterios para la 
determinación de cuándo la cesión de las participaciones deberá considerarse por suponer 
un efectivo cambio de control y, en el caso de que estuviera justificado por las 
características del contrato, se establecerán también mecanismos de control para cesiones 
de participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión 
del contrato. En todo caso se considerará que se produce un efectivo cambio de control 
cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones.
En los casos en que la concesión de servicios se refiera a servicios públicos, lo 
establecido en el presente apartado se realizará de acuerdo con las normas reguladoras 
del régimen jurídico del servicio a que se refiere el artículo 284.2.
2. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá 
precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su 
caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en 
los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los 
contratos de concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la tramitación de 
aquel irá precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 248.1, de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de 
construcción y explotación de las obras que resulten precisas, con especificación de las 
prescripciones técnicas relativas a su realización; y, además, de la redacción, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de las obras.
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la 
construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la 
existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios
Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se 
regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de 
aplicación, salvo en la fase de construcción cuando comprenda la ejecución de obras, el 
apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195.
Sección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios
Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.
1. El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados 
en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por 
el órgano de contratación.
2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración 
conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 
servicios de que se trate.
3. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los 
casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la 
prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con 
la concesión.
Artículo 288. Obligaciones generales.
El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, 
en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. En 
caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir 
prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 
sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido 
por causas imputables a la Administración.
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de 
las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de 
suministro consecuencia del de concesión de servicios.
e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual.
Artículo 289. Prestaciones económicas.
1. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en 
el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del 
servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de 
los usuarios o de la propia Administración.
2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y 
tendrán la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, serán 
revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo 
caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la presente Ley, 
relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.
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En la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los 
ingresos y gastos de la concesión, y que deberá estar a disposición de la entidad 
contratante, quedarán debidamente reflejados todos los ingresos derivados de las 
contraprestaciones pactadas en la forma prevista en el apartado 6 del artículo 267.
3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
concesionario abonará a la Administración concedente un canon o participación, que se 
determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado pliego y en la 
restante documentación contractual.
Sección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios
Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.
1. La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las 
tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés 
público y si concurren las circunstancias previstas en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª 
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá 
compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los 
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del 
contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo 
del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos.
4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte 
que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el apartado 1 
del presente artículo concurriendo las circunstancias allí establecidas.
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter 
obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato.
Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos 
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la 
presente Ley.
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de 
la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.
5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada 
caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar 
por los usuarios, la modificación de la retribución a abonar por la Administración 
concedente, la reducción del plazo de la concesión y, en general, en cualquier modificación 
de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos 
previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado anterior, podrá ampliarse el plazo 
del contrato por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, 
respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.
6. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte 
extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes 
circunstancias:
a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la 
concedente con posterioridad a la formalización del contrato.
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b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o 
contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren 
notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, 
se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.
Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso 
para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o 
el importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto 
anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de 
negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para 
el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que 
la medida pudiera generar.
Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en 
este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las 
partes.
Sección 5.ª  Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios
Artículo 291. Reversión.
1. Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, 
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo 
al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el 
pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas 
a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.
3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud 
de lo establecido en el presente artículo, no podrán ser objeto de embargo.
Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.
Si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la contraprestación económica 
o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos 
previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el 
concesionario, este tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores 
económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.
Artículo 293. Incumplimiento del concesionario.
1. Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al 
concesionario o bien del incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave 
y no reparable por otros medios en el servicio, la Administración podrá acordar el secuestro 
o intervención del mismo en los términos establecidos en el artículo 263. En todo caso, el 
concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente 
le haya ocasionado.
2. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario 
resultará de aplicación el régimen de penalidades establecidas en el artículo 264 de la 
presente Ley respecto de la concesión de obras, siempre que resulte compatible con la 
naturaleza de la concesión de servicios.
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Sección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios
Artículo 294. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios, además de las 
señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), 
las siguientes:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en 
los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al 
concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el 
contrato.
c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de 
interés público. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha 
gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
d) La supresión del servicio por razones de interés público.
e) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos 
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la 
asunción completa de sus obligaciones.
Artículo 295. Efectos de la resolución.
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta 
abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón 
de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes 
que sean necesarios para la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo 
a su grado de amortización. Al efecto, se aplicara un criterio de amortización lineal de la 
inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe 
a abonar al concesionario por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y 
adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la 
valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del 
contrato cuando esta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) y 
f) del artículo 211, así como a las causas establecidas en las letras a) y f) del artículo 294.
2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 213, el incumplimiento por parte 
de la Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos 
que según las disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos.
3. En el supuesto de la letra b) del artículo 294, el contratista tendrá derecho al abono 
del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, de las 
cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo 
previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la 
resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos.
4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en general en los 
casos en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la 
Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la 
Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, 
incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, cuantificados conforme a lo establecido 
en la letra a) del apartado 3 del artículo 280 y a la pérdida del valor de las obras e 
instalaciones que no hayan de revertir a aquella, habida cuenta de su grado de amortización.
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Sección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios
Artículo 296. Subcontratación.
En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer sobre 
prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los 
artículos 215, 216 y 217 de la presente Ley.
Sección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios
Artículo 297. Regulación supletoria.
En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de concesión de 
servicios, le será de aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al 
contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de 
aquel.
CAPÍTULO IV
Del contrato de suministro
Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro
Artículo 298. Arrendamiento.
En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo 
de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las 
cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de 
mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.
Artículo 299. Contratos de fabricación.
A los contratos de fabricación se les aplicarán directamente las normas generales y 
especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo las relativas a su 
publicidad y procedimiento de adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al contrato 
de suministro.
Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro
Artículo 300. Entrega y recepción.
1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el 
tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas.
2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes 
antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al 
recibirlos.
3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las 
condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de 
la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
4. Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos 
perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
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Artículo 301. Pago del precio.
1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato.
2. En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice 
mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta 
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, 
sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que 
así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya 
acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.
Artículo 302. Pago en metálico y en otros bienes.
1. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente 
lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la 
entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos 
pueda superar el 50 por cien del precio total.
A estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que, 
del precio total del contrato, no se satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista, 
sin que tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, en el apartado 3 del artículo 165 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, 
o en análogas regulaciones contenidas en las normas presupuestarias de las distintas 
Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
2. La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano de 
contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, en su caso, la 
desafectación de los bienes de que se trate.
3. En este supuesto el importe que del precio total del suministro corresponda a los 
bienes entregados por la Administración será un elemento económico a valorar para la 
adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus 
ofertas.
4. El contenido de este artículo será de aplicación a los contratos de servicios para la 
gestión de los sistemas de información, los de servicios de telecomunicación y los 
contratos de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y 
adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas, siempre que 
vayan asociadas a la prestación de estos servicios y se contraten conjuntamente con ellos, 
entendiéndose que los bienes a entregar, en su caso, por la Administración han de ser 
bienes y equipos informáticos y de telecomunicaciones.
Artículo 303. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación.
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar 
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de suministro
Artículo 304. Gastos de entrega y recepción.
1. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto 
del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
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2. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta 
de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Artículo 305. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 
los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la 
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese 
suficiente.
2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído 
sobre la aplicación de los bienes suministrados.
3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la 
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, 
antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.
4. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno 
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
Sección 4.ª Resolución del contrato de suministro
Artículo 306. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, las 
siguientes:
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación 
del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses 
a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale 
otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del 
suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que 
en el pliego se señale otro menor.
Artículo 307. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Administración, habrá de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos 
de conformidad.
2. En los supuestos establecidos en la letra a) del artículo anterior, solo tendrá 
derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por 
ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
3. En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo anterior, el contratista 
tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación 
del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA 
excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia 
entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta 
la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado.
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CAPÍTULO V
Del contrato de servicios
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 308. Contenido y límites.
1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en 
el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y 
la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. En todo 
caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el 
órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los 
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.
2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 
personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se 
tramiten como contratos menores.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades 
que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
3. En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de 
aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a 
componentes de prestación del servicio. A estos efectos, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares se establecerá el precio referido a cada componente de la 
prestación en términos de unidades de actividad, definidas en términos de categorías 
profesionales o coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en 
una combinación de ambas modalidades.
Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar, 
cuyo marco deberá quedar determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan 
concretarse dichas funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones 
técnicas, económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución, en los 
términos en que se prevean en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución 
de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el 
responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las 
anualidades y durante el período de ejecución.
Artículo 309. Determinación del precio.
1. El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del 
precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la 
prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado 
cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de 
honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante 
la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser 
recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior 
al 10 por ciento del precio del contrato.
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2. En determinados servicios complejos en los que la ejecución del contrato lleve 
aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se 
generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o 
resolverse el contrato, podrá establecerse un sistema de retribución que compense por las 
mismas.
Artículo 310. Régimen de contratación para actividades docentes.
1. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en 
centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o 
perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de 
seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo 
similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, 
las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del 
contrato.
2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa 
constitución de garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.
3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará 
la designación o nombramiento por autoridad competente.
Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios
Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos 
de servicios.
1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 
el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta 
función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.
2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle 
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
3. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 
a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su 
caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 
observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 
podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, 
en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
4. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 
los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos.
5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno 
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad 
en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.
6. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento 
del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa 
de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual 
incumplimiento detectado con posterioridad.
7. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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Artículo 312.  Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones 
directas a favor de la ciudadanía.
En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones:
a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá 
haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que 
se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine 
el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de 
carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las 
obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y 
mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del buen 
orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que 
sean producidos por causas imputables a la Administración; y de entregar, en su caso, las 
obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados.
c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser 
objeto de embargo.
d) Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del 
contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella 
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y 
perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.
e) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía 
de que se trate.
f) Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones 
directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones 
diferenciadas de las de la propia Administración contratante. Si ello no fuera posible, se 
harán constar las razones objetivas que lo motivan. En estos casos, a efectos de evitar la 
confusión de plantillas, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no 
compartan espacios y lugares de trabajo con el personal al servicio de la Administración, 
y los trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán mediante los 
correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones.
g) Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313, 
serán causas de resolución de los contratos de servicios tratados en el presente artículo, 
las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294.
Sección 3.ª Resolución de los contratos de servicios
Artículo 313. Causas y efectos de la resolución.
1. Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, 
las siguientes:
a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por 
causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior 
a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en 
el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo 
que en el pliego se señale otro menor.
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c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 
resuelva el contrato principal.
2. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el 
precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese 
realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.
3. En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero 
del presente artículo, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, 
una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
En los supuestos de resolución contemplados en la letra b) del apartado 1 del presente 
artículo, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del 
precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de 
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que 
resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones 
aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran prestado.
Sección 4.ª De la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades 
en el contrato de elaboración de proyectos de obras
Artículo 314. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.
1. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto 
de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales 
o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo 
que no podrá exceder de dos meses.
2. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la 
Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución 
del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.
3. En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá 
en la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por 
ciento del precio del contrato.
4. En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no 
corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad 
equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.
5. De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con 
obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización igual 
al precio pactado con pérdida de la garantía.
6. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último 
plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la 
mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía.
Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y 
responsabilidad por defectos o errores del proyecto.
1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el 
proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del 
coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista 
consultor, se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de 
indemnización, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la 
mitad de aquel. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 
por ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del precio de 
adjudicación del contrato, IVA excluido.
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b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 
por ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del precio de 
adjudicación del contrato, IVA excluido.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la indemnización 
correspondiente será del 50 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes 
a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa 
tramitación de expediente con audiencia del interesado.
2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, en el artículo precedente 
y en el artículo 233.4, segundo párrafo, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de 
contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los 
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que 
el mismo haya incurrido, imputables a aquel.
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 
por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco 
veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, 
contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de estas, en 
su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.
LIBRO TERCERO
De los contratos de otros entes del sector público
TÍTULO I
Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición 
de Administraciones Públicas
Artículo 316. Régimen jurídico.
Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de 
Administraciones Públicas se regirán por las normas del presente Título.
Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada.
La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que 
concierten los poderes adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las 
normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta 
Ley.
Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las 
siguientes disposiciones:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente 
a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los 
contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior 
a 209.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la 
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Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción 
del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos 
previstos en el artículo 168.
Artículo 319. Efectos y extinción.
1. Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores 
que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas se regirán por normas de 
derecho privado. No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 
sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones 
especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 
sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la 
contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del 
artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243.
Asimismo, en los casos en que la modificación del contrato no estuviera prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que su importe sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros y la cuantía de la modificación, aislada o conjuntamente, 
fuera superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, será necesaria 
la autorización del Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica o 
local al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante, previo dictamen 
preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma.
2. En estos contratos será en todo caso causa de resolución la imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 así como la recogida en la letra i) 
del artículo 211.
A los contratos de concesión de obras y concesión de servicios les será de aplicación 
las causas de resolución establecidas en los artículos 279 y 294, para cada uno de ellos. 
No obstante lo anterior, el rescate de la obra o el servicio, la supresión de su explotación 
así como el secuestro o intervención de los mismos, se tendrá que acordar por el 
Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica o local al que esté 
adscrita o corresponda la tutela del poder adjudicador.
Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto.
En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de 
obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 314.
TÍTULO II
Contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes 
adjudicadores
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan 
el carácter de poderes adjudicadores.
La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no tengan la 
condición de poderes adjudicadores se ajustará a las siguientes reglas:
1. Los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las 
que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la 
efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes 
presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.
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Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en 
los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en 
el perfil de contratante de la entidad.
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el 
informe previo del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad.
2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de las 
entidades a que se refiere este artículo podrán adjudicar contratos sin aplicar las 
instrucciones aprobadas por ellos con sujeción a las siguientes reglas:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y 
suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación que, en su caso, sea necesaria para realizar la 
prestación objeto del contrato.
b) Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los indicados en la 
letra anterior o los que se concierten para la selección de proveedores se sujetarán, como 
mínimo, a las siguientes reglas, respetándose en todo caso los principios de igualdad, no 
discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia:
1.º El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la entidad, sin 
perjuicio de que puedan utilizarse otros medios adicionales de publicidad. Toda la 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas deberá estar disponible por 
medios electrónicos desde la publicación del anuncio de licitación.
2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante teniendo 
en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la preparación de aquellas, sin que en 
ningún caso dicho plazo pueda ser inferior a diez días a contar desde la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante.
3.º La adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 145. Excepcionalmente la adjudicación podrá efectuarse 
atendiendo a otros criterios objetivos que deberán determinarse en la documentación 
contractual.
4.º La selección del contratista, que deberá motivarse en todo caso, se publicará en 
el perfil de contratante de la entidad.
3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se refiere este 
artículo podrán establecer sistemas para la racionalización de la contratación, tales como 
acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición o la homologación de proveedores. El 
procedimiento para ser incluido en dichos sistemas deberá ser transparente y no 
discriminatorio debiendo publicarse el mismo en el perfil de contratante.
4. En los términos que reglamentariamente se determinen, y sin perjuicio de lo que 
para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus respectivas normas, el 
Departamento ministerial y organismo al que esté adscrita o corresponda la tutela de la 
entidad contratante controlará la aplicación por esta de las reglas establecidas en los 
apartados anteriores.
5. Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por 
las entidades a las que se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía administrativa 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, 
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda 
su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria.
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Artículo 322.  Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del 
contratista por defectos o errores del proyecto.
1. Los efectos, modificación y extinción de los contratos de las entidades del Sector 
Público que no ostenten la condición de poder adjudicador se regularán por las normas de 
derecho privado que les resulten de aplicación.
2. En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto 
de obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314.
LIBRO CUARTO
Organización administrativa para la gestión de la contratación
TÍTULO I
Órganos competentes en materia de contratación
CAPÍTULO I
Órganos de contratación
Artículo 323. Órganos de contratación estatales.
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la 
Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en 
su nombre los contratos en el ámbito de su competencia.
En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, 
la competencia para celebrar los contratos de suministro y de servicios que afecten al 
ámbito de más de uno de ellos corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que la 
misma se atribuya a la Junta de Contratación.
2. Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal y los 
Directores generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, a falta de disposición 
específica sobre el particular, recogida en las correspondientes normas de creación o 
reguladoras del funcionamiento de esas entidades.
3. Corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de 
Contratación Centralizada, las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de 
contratación centralizada regulado en los artículos 229 y 230 de la presente Ley.
4. En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, 
así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, podrán 
constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como órganos de contratación, con los 
límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el 
titular del departamento, en los siguientes contratos:
a) Contratos de obras comprendidas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 232, 
salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada.
b) Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro 
por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de adquisición centralizada.
c) Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada.
d) Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia 
de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de 
contratación, exceptuando los que tengan por objeto bienes o servicios de contratación 
centralizada.
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La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo 
figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, 
el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor. En ningún caso 
podrán formar parte de las Juntas de Contratación ni emitir informes de valoración de las 
ofertas los cargos públicos representativos, los altos cargos, el personal de elección o 
designación política ni el personal eventual. Podrá formar parte de las Juntas de 
Contratación personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de 
carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá 
formar parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate.
En el supuesto de contratos en que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el 
procedimiento abierto simplificado, la Junta de Contratación en todo caso se entenderá 
válidamente constituida cuando asistan el Presidente, el Secretario, el funcionario que 
tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y el interventor, salvo en el supuesto del artículo 159.6, en el que no será 
obligatoria la constitución de la Mesa conforme a lo dispuesto en el artículo 326.1.
Las Juntas de Contratación podrán solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto 
del contrato. Dicha asistencia deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con 
referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su 
experiencia profesional.
5. Cuando el contrato resulte de interés para varias entidades o departamentos 
ministeriales y la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de 
contratación, las demás entidades o departamentos interesados podrán contribuir a su 
financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la 
normativa presupuestaria, en la forma que se determine en convenios o protocolos de 
actuación.
6. La capacidad para contratar de los representantes legales de las sociedades y 
fundaciones del sector público estatal se regirá por lo dispuesto en los estatutos de estas 
entidades y por las normas de derecho privado que sean en cada caso de aplicación.
Artículo 324. Autorización para contratar.
1. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan 
la consideración de poder adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 3 de la presente Ley necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para 
celebrar contratos en los siguientes supuestos:
a) Cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el 
artículo 101, sea igual o superior a doce millones de euros.
b) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento 
financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de 
anualidades supere cuatro años.
c) En los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones 
de euros. Una vez autorizada la celebración de estos acuerdos marco, no será necesaria 
autorización del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos basados en 
dicho acuerdo marco.
2. La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado anterior 
deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. A efectos de obtener la citada 
autorización, los órganos de contratación deberán remitir al menos los siguientes 
documentos:
a) Justificación sobre la necesidad e idoneidad del contrato a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley.
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b) Certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público 
estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de 
financiación.
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) El informe del servicio jurídico al pliego.
e) Y, de resultar preceptivo, el informe previsto en el apartado 6 de este artículo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la celebración 
del contrato, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados por 
el órgano de contratación, ni exima de la responsabilidad que corresponda a este respecto 
de la tramitación y aprobación de los distintos documentos que conformen el expediente.
Con carácter posterior a la obtención de la autorización del Consejo de Ministros, al 
órgano de contratación le corresponderá la aprobación del expediente y la aprobación del 
gasto.
3. El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y 
autorización de cualquier otro contrato.
4. En los casos en que el Consejo de Ministros autorice la celebración de un contrato 
deberá autorizar igualmente sus modificaciones, siempre que, no encontrándose las 
mismas previstas en el pliego, representen un porcentaje, aislada o conjuntamente, 
superior al 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución 
misma, en su caso.
Esta información se publicará en las referencias del Consejo de Ministros del día de su 
aprobación.
5. Los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos 
ministeriales a que se hallen adscritas las entidades que tengan la consideración de poder 
adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley 
podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización 
para la celebración de los contratos.
A tal efecto, dichas entidades podrán elevar a la Secretaría de Estado a la que se 
hallen adscritas, o en su defecto, al titular del departamento ministerial de adscripción, la 
correspondiente propuesta.
6. En el ámbito del Sector Público Estatal, antes de celebrar un contrato de concesión 
de obras o de concesión de servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce 
millones de euros, será preceptivo y vinculante un informe del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos 
financieros que implique, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Asimismo, en estos contratos, y con independencia de la cuantía del contrato, será 
igualmente necesario recabar el informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública cuando, en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación 
estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos.
A tal efecto, el órgano de contratación deberá proporcionar información completa 
acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los 
mecanismos de captación de financiación y garantías que se prevea utilizar, durante toda 
la vigencia del mismo.
En la elaboración del informe al que se refieren los dos primeros párrafos del presente 
apartado se deberá tener en cuenta, en el ámbito del sector público estatal, el informe que 
al respecto emita el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, creado por la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En los casos en que se trate de contratos de concesión de obras o de servicios cuyo 
valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros y en los que en su financiación 
se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos 
o anticipos, el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública al que hacen referencia 
el párrafo primero y segundo del presente apartado, será único.
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Por otro lado, los informes citados en el primer y segundo párrafo del presente 
apartado se solicitarán por el órgano de contratación con carácter previo a la tramitación 
de la autorización del Consejo de Ministros a la que se refiere el apartado primero del 
presente artículo en los supuestos en que la misma sea preceptiva, y en todo caso, con 
carácter previo a la aprobación del expediente de contratación y a la aprobación del gasto.
Artículo 325. Desconcentración.
1. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no 
dependientes del órgano de contratación.
2. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las 
competencias en materia de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse en la 
forma y con los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
CAPÍTULO II
Órganos de asistencia
Artículo 326. Mesas de contratación.
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta 
de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de 
diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los 
órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa 
de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar 
anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de 
contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia 
prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la 
mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente 
potestativa la constitución de la mesa.
2. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, 
ejercerá las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su 
desarrollo reglamentario:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los 
candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de 
subsanación.
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente 
baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del 
licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rija la licitación.
e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con 
negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos 
cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen 
reglamentariamente, y un Secretario.
La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente.
4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
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5. El Secretari o deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo 
de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar 
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o 
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, 
o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas 
las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las 
relativas a su control económico-presupuestario.
Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse 
los supuestos en que, en sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de 
contratación funcionarios del citado Centro específicamente habilitados para ello.
En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de 
valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá 
formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan 
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 
Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado 
en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los 
supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda.
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o 
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con 
el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y 
deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de 
los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.
6. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación 
que intervenga en el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la 
presente Ley se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el 
Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las 
funciones relativas a su control económico-presupuestario.
7. Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán 
establecer que las mesas de contratación puedan ejercer también aquellas competencias 
relativas a la adjudicación que esta Ley atribuye a los órganos de contratación.
Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación 
para la innovación.
Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o 
de asociación para la innovación que se sigan por las Administraciones Públicas, se 
constituirá una mesa con la composición señalada en el apartado 3 del artículo anterior a 
la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que 
verse el diálogo o la asociación para la innovación, designadas por el órgano de 
contratación. El número de estas personas será igual o superior a un tercio de los 
componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto.
CAPÍTULO III
Órganos consultivos
Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
1. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de 
regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal, con 
independencia de que las entidades contratantes operen en los sectores a que se refiere 
la disposición adicional octava.
2. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es un órgano colegiado con 
composición abierta a la participación del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, al que serán de aplicación las disposiciones relativas a órganos colegiados 
de la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Su composición  y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente, teniendo en 
cuenta que el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia formarán parte de la misma como vocales natos, con voz pero sin voto.
3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que 
le atribuyen esta Ley y su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a 
continuación:
a) Promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere 
procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, 
técnicos y económicos.
b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación 
que serán publicadas, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato 
particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.
c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter 
preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en 
materia de contratación pública de competencia estatal.
d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las 
Directivas de Contratación.
4. Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y 
remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes 
adjudicadores estatales, autonómicos y locales que, respecto de la licitación pública y 
ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión 
de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre otras, si 
procede, las siguientes cuestiones:
a) La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 8 
del artículo  332 que remita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación.
b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública.
c) Un informe estadístico sobre los contratos públicos de obras, suministros y 
servicios no sujetos a regulación armonizada por no superar los umbrales establecidos en 
los artículos 20, 21 y 22, haciendo una estimación del valor agregado total de dichos 
contratos durante el periodo de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, 
en los datos disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones 
realizadas a partir de muestras.
d) Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las 
obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la 
contratación pública.
e) Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda 
gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación 
pública o para dar respuesta a las dificultades que plantee su aplicación, así como para 
planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.
Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a 
su adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en 
el plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en 
los correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.
5. A todos los efectos, se designa a la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado como punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea en lo que se 
refiere a la aplicación de la legislación relativa a la contratación pública. Asimismo, se 
encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con el resto de Estados miembros 
de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de información sobre las 
cuestiones que se establecen en la normativa comunitaria, garantizando su confidencialidad.
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dispondrá de los recursos 
económicos y hum anos suficientes y adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
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Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública.
1. Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el 
Comité de cooperación en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus 
competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas 
Administraciones Públicas, conforme a los principios del artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular, entre otros, la 
cooperación tendrá por objeto:
a) Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones Públicas 
en relación con las normas de la contratación pública.
b) Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública que se 
someterá a la aprobación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, conforme al 
apartado 6 a) del artículo 332.
c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la 
contratación, así como elaborar una metodología básica común para las mismas.
d) Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
y del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
e) Analizar las cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés 
común; y
f) Recopilar la información a la que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 4 
del artículo 328, a cuyo efecto podrán establecer las instrucciones necesarias, y ponerla a 
disposición de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
El Comité de Cooperación en materia de contratación pública, asimismo, es el 
encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector 
público y de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las directivas 
comunitarias en la materia.
El Comité de Cooperación es un órgano colegiado que actúa en Pleno o en Secciones. 
Asimismo, podrán crearse en su seno, para el adecuado desarrollo de sus funciones, los 
grupos de trabajo que se decida por el Pleno o por cada una de las Secciones. El Pleno 
del Comité de Cooperación elaborará un reglamento interno de funcionamiento.
2. Corresponden al Pleno del Comité de Cooperación el ejercicio de las funciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos expuestos en el apartado anterior y el 
conocimiento de aquellos asuntos que el presidente considere en atención a su importancia,
El Pleno del Comité está presidido por el Director General del Patrimonio del Estado 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y lo integran tanto representantes de la 
Administración General del Estado, como de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así 
como de las organizaciones representativas de las Entidades locales, en los términos que 
se detallan a continuación:
a) En representación de la Administración General del Estado, se nombrarán cinco 
vocales: uno en representación de la Intervención General de la Administración del Estado, 
a propuesta de la misma; uno en representación de la Abogacía General del Estado, a 
propuesta de la misma; uno en representación de la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
propuesta de la misma; uno en representación de la Dirección General de Coordinación de 
competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales del Ministerio de 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a propuesta de la misma; y el titular 
del órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado al 
que correspondan las materias referidas en el apartado 4 del artículo anterior.
Formará parte asimismo, como vocal nato, el Presidente de la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión de la Contratación.
b) En representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, integran el Pleno, un representante designado por cada una de ellas. Uno 
de los representantes, según su elección, ocupará la Vicepresidencia del Pleno del Comité.
cve: BOE-A-2017-12902
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c) En representación de las Entidades Locales, un representante de la asociación o 
federación de Entidades Locales con mayor implantación, designado por la misma.
La secretaría recaerá en el titular de la Secretaría de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, tendrá voz, pero no así voto.
Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los asuntos a 
tratar, podrán asistir a las reuniones del Pleno los expertos o representantes de otros 
Ministerios, entidades u organismos que fueran convocados al efecto.
Asimismo, participarán en las sesiones del Comité de Cooperación y sus Secciones, 
cuando proceda, los vocales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 
la Contratación, con voz y sin voto.
3. Las Secciones se encargarán de la preparación de los asuntos para su toma en 
consideración por el Pleno, bien por iniciativa propia, en el ámbito que les corresponde, o 
bien por indicación del Presidente.
El Comité de Cooperación tendrá las Secciones que se determinen reglamentariamente, 
contando en todo caso con las cinco siguientes:
a) Sección relativa a la regulación de la contratación, en los términos de las letras a) y b) 
del apartado 3 del artículo 328 de esta Ley.
b) Sección relativa a la información cuantitativa y estadística en materia de 
contratación pública para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) 
del apartado 3 del artículo 328 y de la obligación de información a que se refiere la letra c) 
del apartado 4 del artículo 328.
c) Sección relativa a la supervisión de la contratación pública para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los apartados 6, 8 y 9 del artículo 332.
d) Sección de contratación pública electrónica, encargada de ejecutar las 
competencias del Comité de Cooperación en esta materia y de la supervisión del 
funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público; y
e) Sección relativa a la supervisión del funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
4. La Sección relativa a la regulación estará presidida por el titular de la Secretaría 
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y ejercerá la secretaría de esta 
Sección el Vicesecretario de la Junta Consultiva. La Sección relativa a la supervisión 
estará presidida por el Vicepresidente del Comité de Cooperación en materia de 
contratación pública.
Cada una de las restantes Secciones del Comité estará presidida por el Subdirector 
General de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública que resulte competente respecto a la materia de que se trate.
5. Cada una de las secciones estará integrada por representantes de la Administración 
General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y, cuando proceda, de las 
organizaciones representativas de las Entidades Locales en los siguientes términos:
a) Por parte de la Administración General del Estado, los vocales que formen parte 
del Pleno del Comité en representación de la Oficina de Regulación y Supervisión de la 
Contratación, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Abogacía 
General del Estado; y el titular del órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado al que correspondan las materias referidas en el apartado 4 
del artículo 328, en las Secciones que no presida; así como el Secretario de la indicada 
Junta Consultiva que ejercerá la secretaría de la Sección, que contará con voz y voto en 
la misma.
b) Por parte de las Comunidades Autónomas, tres representantes designados 
rotatoriamente por periodos de un año, en función del orden de creación de las mismas.
c) Además de los indicados en las letras a) y b) anteriores, el representante de la 
asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación, designado por la 
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misma, que forme parte del Pleno, formará parte, a su vez, de las siguientes secciones: 
Sección relativa a la supervisión de la contratación pública, Sección relativa a la información 
cuantitativa y estadística y Sección de contratación pública electrónica.
d) En el caso de la Sección de contratación pública electrónica, además de los 
indicados en las letras a), b) y c) anteriores, se incorporarán como vocales un representante 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y un representante del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Los representantes de las Comunidades Autónomas en esta Sección serán cinco, 
designados según lo previsto en la letra b) anterior. Tres de ellos serán designados entre 
las Comunidades Autónomas que hubieran firmado con la Administración General del 
Estado el correspondiente convenio para la utilización de los servicios que ofrece la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y los dos restantes representarán al resto 
de las Comunidades Autónomas.
e) En el caso de la Sección que tiene por objeto la supervisión del funcionamiento del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, los tres 
representantes de las Comunidades Autónomas serán designados entre las que hubieran 
firmado con la Administración General del Estado el correspondiente convenio de 
utilización de los servicios que ofrece el mencionado Registro Oficial.
La Vicepresidencia de cada Sección corresponde a uno de los representantes de las 
Comunidades Autónomas, elegidos entre ellos.
6. Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los 
asuntos a tratar, podrán asistir a las reuniones de cada una de las Secciones los expertos 
o representantes de otros Ministerios, entidades u organismos que fueran convocados al 
efecto. En el caso de la Sección que tenga por objeto la información cuantitativa y estadística 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) del apartado 3 del 
artículo 328, y de la obligación de información a que se refiere la letra c) del apartado 4 del 
artículo 328, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, y sean convocados al efecto, 
podrán asistir a sus reuniones representantes de todas las Comunidades Autónomas.
7. El funcionamiento del Comité de cooperación en materia de contratación pública 
será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Artículo 330.  Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades 
Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la 
contratación de las Entidades que integren el sector público autonómico, y, de establecerse 
así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo, sin 
perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las 
Administraciones Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con la finalidad 
de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con las 
obligaciones establecidas en el artículo 328 respecto a la Comisión Europea, las 
Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación 
regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus 
respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación:
a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las 
letras b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al menos– 
cada tres años.
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b) Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 7 del artículo 332 
con una periodicidad de –al menos– cada tres años.
La documentación remitida incluirá información referida a las Entidades Locales sitas 
en sus respectivos ámbitos territoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior.
Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
1. Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
como órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, con la finalidad de velar por la correcta aplicación 
de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en 
relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el 
cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional.
Estará integrada por un presidente y cuatro vocales que no podrán solicitar ni aceptar 
instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la 
Oficina se adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la 
Subsecretaría del Departamento.
La Oficina Nacional de Evaluación regulada en el artículo 333 se integrará en la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
2. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación serán funcionarios de carrera, incluidos en el 
ámbito de la aplicación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pertenecientes al 
Subgrupo A1 del artículo 76 de dicho texto refundido, que cuenten, al menos, con 10 años 
de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública.
Reglamentariamente se establecerá el nivel administrativo del titular de la presidencia y 
demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 
que estarán asistidos por los órganos auxiliares que correspondan a dicho nivel.
Durante el desempeño de sus cargos, estarán sujetos a la regulación prevista en los 
artículos 13, 14 y 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo en la Administración General del Estado.
3. El presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación serán designados por el Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Hacienda y Función Pública, por un periodo improrrogable de seis años.
No obstante, la primera renovación de la Oficina se hará de forma parcial a los tres 
años del nombramiento. Antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante 
sorteo, los dos vocales que deban cesar. Transcurrido este plazo, quedarán en funciones 
en tanto no se proceda al nombramiento de su sucesor.
Los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación tendrán la condición de independientes e inamovibles durante el periodo de 
su mandato y solo podrán ser removidos de su puesto por las causas siguientes:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertado o de 
inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas, salvo expiración y renuncia, se acordará por el 
Gobierno previo expediente.
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4. El titular de la presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión 
de la Contratación, representará al órgano colegiado y se relacionará, en su nombre, con 
las entidades públicas sobre las que se proyecten sus actuaciones. Igualmente se 
relacionará con el Ministerio de adscripción, a efectos organizativos y presupuestarios. 
Será vocal nato de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y del Comité de 
Cooperación en materia de contratación pública. En el primer caso, asistirá a sus sesiones 
con voz pero sin voto.
El titular de la presidencia de la Oficina remitirá a las Cortes y al Tribunal de Cuentas 
un informe anual sobre las actuaciones de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación y comparecerá en las Cortes para la presentación del 
informe anual y sus conclusiones, o cuando se solicite por las correspondientes Comisiones 
del Congreso o el Senado, en relación con los asuntos que formen parte de su ámbito 
funcional. Dicho informe será objeto de publicación dentro del mes siguiente a su remisión 
a las Cortes y al Tribunal de Cuentas.
Los vocales de la oficina, en la forma que determine en las normas de funcionamiento 
que apruebe el órgano colegiado, asumirán responsabilidades funcionales específicas en 
materia de supervisión, en relación con la Oficina Nacional de Evaluación y de metodología 
y formación. En el ejercicio de estas funciones participaran en las sesiones del Comité de 
Cooperación en materia de contratación pública y sus Secciones, con voz pero sin voto.
5. Como órgano de apoyo y asesoramiento a la Presidencia de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, se podrá crear, mediante 
Real Decreto, un Consejo Asesor formado por académicos, profesionales y técnicos 
independientes de reconocido prestigio en el ámbito de la contratación de las 
Administraciones Públicas.
6. Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación las siguientes funciones:
a) Coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores 
del conjunto del sector público.
b) Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los 
efectos de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos.
c) Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público 
y, de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las 
prerrogativas de la Administración en la contratación.
d) Promover la concurrencia en la contratación pública y el seguimiento de las 
buenas prácticas.
e) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas 
prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar 
las irregularidades que se produzcan en materia de contratación.
En el caso de que la Oficina tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o 
infracción a nivel estatal, autonómico o local, dará traslado inmediato, en función de su 
naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las entidades u órganos 
administrativos competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.
7. En ejercicio de las funciones previstas en el apartado anterior, la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación:
a) Aprobará, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación 
pública, la Estrategia Nacional de Contratación Pública vinculante para el sector público 
prevista en el artículo 334, que se diseñará y ejecutará en coordinación con las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
b) Podrá realizar encuestas e investigaciones, para lo que tendrá acceso a los 
órganos y servicios de contratación, que deberán facilitar los datos, documentos o 
antecedentes o cualquier información que aquella les reclame, salvo que tengan carácter 
secreto o reservado.
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c) Podrá remitir informes, a la vista del resultado de las encuestas e investigaciones 
y a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a las Cortes Generales o, en su 
caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) Podrá aprobar instrucciones fijando las pautas de interpretación y de aplicación de 
la legislación de la contratación pública, así como elaborar recomendaciones generales o 
particulares a los órganos de contratación, si de la supervisión desplegada se dedujese la 
conveniencia de solventar algún problema, obstáculo o circunstancia relevante a los 
efectos de dar satisfacción a los fines justificadores de la creación de la Oficina. Las 
instrucciones y las recomendaciones serán objeto de publicación. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
serán obligatorias para todos los órganos de contratación del Sector público del Estado.
e) Podrá elaborar estudios relativos a las funciones atribuidas.
8. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará 
un informe de supervisión que remitirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, que se integrará en el informe nacional a remitir a la Comisión Europea cada tres 
años.
Dicho informe comprenderá respecto de la licitación pública y ejecución de los 
contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios 
que estén sujetos a regulación armonizada, entre otras, si procede, las siguientes 
cuestiones:
a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, 
instituciones y poderes con competencia supervisora o jurisdiccional en materia de 
contratación pública.
b) Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la 
legislación de contratación pública o de inseguridad jurídica.
c) Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos 
de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la 
contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados.
9. Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual que recogerá las conclusiones 
derivadas de toda la actividad de supervisión realizada por las administraciones 
competentes. El informe incluirá las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior y, 
en particular, una relación expresiva de los principales incumplimientos constatados y de 
los órganos responsables de los mismos. Dicho informe será remitido por la Oficina de 
Supervisión a la Comisión Europea, a través de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado.
Las distintas autoridades de supervisión, designadas por las administraciones 
competentes en sus respectivos ámbitos territoriales, y la Oficina, que consolidará toda la 
información, pondrán a disposición del público el resultado del proceso de supervisión, que 
se publicará en las correspondientes plataformas de contratación. En todo caso, el informe 
de la Oficina al que se refiere el inciso anterior se publicará por esta en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público dentro del mes siguiente a su remisión a la Comisión 
Europea.
10. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, a través de una ponencia de carácter permanente que se constituirá en los 
términos que dispongan los Reglamentos de las Cámaras, recibirá de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la más amplia información 
para hacer posible el control y la vigilancia de la contratación pública y la participación en 
las iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia.
11. La función de supervisión se realizará sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado en cuanto órgano 
de control de la gestión económico-financiera del sector público estatal y a las que, en su 
ámbito territorial, correspondan a los órganos equivalentes a nivel autonómico y local. 
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A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado, y los órganos 
equivalentes a nivel autonómico y local, remitirán anualmente a la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión un informe global, que se hará público dentro del mes 
siguiente a su recepción, con los resultados más significativos de su actividad de control 
en la contratación pública.
12. Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propias Oficinas de Supervisión 
de la Contratación.
13. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, colaborará con las instituciones y organismos de la Unión 
Europea, en especial con la Comisión Europea, en el ejercicio de las funciones de 
regulación y supervisión de la contratación. También podrá cooperar con las autoridades 
de supervisión de la contratación independientes de otros estados miembros.
Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación.
1. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tiene como finalidad 
analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos 
de concesión de servicios, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo de la letra 
b) del apartado 3.
2. La Oficina Nacional de Evaluación estará presidida por el Presidente de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Formarán parte de la misma el Vocal de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación que se determine; y un representante con rango de 
Subdirector General o equivalente de la Intervención General de la Administración del 
Estado, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, y de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Asimismo, formará 
parte de la misma, dos vocales, uno nombrado a propuesta de las organizaciones 
empresariales representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa, 
y otro, designado entre académicos, profesionales y técnicos, de reconocido conocimiento 
y competencia en la materia de la contratación pública, sin relación directa o indirecta con 
las empresas contratistas a las que se refiere el primer apartado de este artículo. Estos 
vocales contarán con voz pero no así con voto.
A las reuniones de la Oficina Nacional de Evaluación en que se traten informes 
referidos a una Comunidad Autónoma que se hubiera adherido a la Oficina Nacional de 
Evaluación en virtud de lo dispuesto en el apartado siguiente, asistirá un representante de 
la misma. En el caso de reuniones en que se traten informes de las Corporaciones Locales, 
asistirá a las mismas un representante de la Federación de Entidades Locales con mayor 
implantación, junto con un representante de la propia Corporación en el caso de que se 
tratara de Municipios de gran población a los que se refiere el Título X de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la 
organización y funcionamiento de la misma, sin perjuicio de la utilización de medios 
especializados complementarios que sean aportados por los órganos representados en la 
Oficina Nacional de Evaluación.
Los miembros de la Oficina Nacional de Evaluación y el personal a su servicio no 
podrán, en el ejercicio de sus funciones, solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna 
entidad pública o privada.
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3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a celebrar por los poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y 
entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones 
Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:
a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de 
la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea 
asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de 
las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
Asimismo, informará los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los 
casos previstos en los artículos 270.2 y 290.4 respecto de las concesiones de obras y 
concesiones de servicios que hayan sido informadas previamente de conformidad con las 
letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el 
contrato de alguno de los elementos previstos en estas.
La Oficina Nacional de Evaluación podrá proponer, en atención a los resultados 
obtenidos de las actuaciones previstas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública, 
la ampliación del ámbito de aplicación de este artículo a contratos distintos de los recogidos 
en los párrafos anteriores. La ampliación del ámbito, se aprobará mediante Orden del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos.
Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para 
que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente 
solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión.
Por el Comité de Cooperación en materia de contratación pública se fijarán las 
directrices apropiadas para asegurar que la elaboración de los informes se realiza con 
criterios suficientemente homogéneos.
4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del 
proyecto, obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de 
caja esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al riesgo de 
demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la 
mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de 
demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos.
En los contratos de concesión de obras en los que el abono de la tarifa concesional se 
realice por el poder adjudicador, la Oficina evaluará previamente la transferencia del riesgo 
de demanda al concesionario. Si este no asume completamente dicho riesgo, el informe 
evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos previstos en el párrafo anterior.
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si 
las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable según 
lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado.
5. Los informes preceptivos serán evacuados en el plazo de treinta días desde la 
solicitud del poder adjudicador u otra entidad contratante o nueva aportación de información 
a que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se 
justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán publicados a través 
de la central de información económico- financiera de las Administraciones Públicas 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y estarán disponibles para su 
consulta pública a través de medios electrónicos.
La entidad que formule la solicitud remitirá la información necesaria a la Oficina, quien 
evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera 
que la información remitida no es suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración, 
se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que le facilite la información requerida 
dentro del plazo que esta señale al efecto. La información que reciba la Oficina deberá ser 
tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial.
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6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las 
recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en 
un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto 
de publicación en su perfil de contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. En el caso de la Administración General del Estado esta publicación se hará, 
además, a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones 
Públicas.
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.
Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública.
1. La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refieren el artículo 332 
apartado 7 en su letra a) y el artículo 333 apartado 3, es el instrumento jurídico vinculante, 
aprobado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 
que se basará en el análisis de actuaciones de contratación realizadas por todo el sector 
público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras 
comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local, así como las de otros entes, 
organismos y entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de 
poderes adjudicadores.
Tendrá un horizonte temporal de cuatro años y abordará, entre otros, los siguientes 
aspectos:
a) El análisis de los datos disponibles, en las distintas fuentes de información 
cualitativas y cuantitativas: plataformas de contratación nacionales, información abierta de 
la Unión Europea en materia de contratación pública (TED), informes de órganos de 
supervisión y control y de asesoramiento legal, para elaborar un diagnóstico de la situación 
de la contratación pública y proponer medidas prioritarias para la corrección de las 
disfunciones que se identifiquen.
A tales efectos, las indicadas bases de datos nacionales y los correspondientes 
órganos de supervisión, control y asesoramiento deberán facilitar la información necesaria 
para la elaboración, aprobación y ejecución de la mencionada Estrategia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá remitir a la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación sus propuestas en materia 
de contratación pública que afecten a la competencia, para su posible inclusión en la 
Estrategia Nacional de Contratación Pública.
b) La mejora de la supervisión de la contratación pública, coordinando criterios y 
metodologías comunes para la realización de las actuaciones de supervisión, y 
garantizando, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de supervisión impuestas 
por las Directivas de contratación pública y por las instituciones comunitarias.
Contemplará, asimismo, la coherencia de las actuaciones de seguimiento precisas 
para garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos previstos por el artículo 333, 
para lo que incluirá las estrategias y metodología adecuada para realizar la evaluación con 
criterios homogéneos y las reglas que deben informar los acuerdos de establecimiento del 
equilibrio económico de estos contratos.
c) El análisis de los mecanismos de control de legalidad ex-ante y ex-post de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesiones en todo el sector 
público. Se preverán actuaciones con vistas a reforzar dichos mecanismos de control entre 
otras, mediante la definición de objetivos y prioridades, así como la propuesta de 
reasignación de efectivos encargados de dichos controles. Igualmente, se analizarán los 
procedimientos establecidos para identificar las irregularidades en las que se pudiera 
incurrir y el desarrollo de las medidas correctoras que deban aplicarse por los responsables 
de la gestión.
d) La elaboración de manuales de buenas prácticas o guías que establezcan 
recomendaciones para aplicar en los procedimientos de contratación, que permitan 
preventivamente evitar la posible realización de malas prácticas en los mismos.
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e) Promover la profesionalización en contratación pública mediante actuaciones de 
formación del personal del sector público, especialmente en aquellas entidades que 
carecen de personal especializado, mediante el diseño de un plan específico en materia 
de formación en contratación pública y otras actuaciones complementarias de promoción 
de la profesionalización en la contratación pública.
2. La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer 
medidas que permitan cumplir los siguientes objetivos:
a) Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre 
contratación pública.
b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los 
procesos de contratación.
c) Promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, 
servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y 
la adecuada utilización de criterios de adjudicación.
d) Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del 
procedimiento.
e) Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas 
ambientales, sociales y de innovación.
f) Promover la participación de las PYME, en el mercado de la contratación pública.
3. Los funcionarios que realicen las funciones de supervisión previstas en las letras b) 
y c) del apartado primero de este artículo gozarán de independencia funcional respecto de 
los titulares de los órganos cuyos contratos supervisen.
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o directores de oficinas 
públicas, los de las entidades integrantes del sector público y quienes en general, ejerzan 
funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar a los 
funcionarios encargados de la supervisión de los contratos el apoyo, concurso, auxilio y 
colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e información necesaria 
para dicha supervisión.
4. Tras la elevación de su propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública 
por el Comité de cooperación en materia de contratación pública y su aprobación por la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, se remitirá a la 
Comisión Europea. Por su parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, tomará conocimiento de la misma y la elevará para 
conocimiento a las Cortes Generales. Transcurrido un mes desde la remisión a la Comisión 
Europea de la Estrategia aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación se hará público su contenido en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.
5. El Comité de cooperación en materia de contratación pública, transcurridos los dos 
primeros años de la aprobación de la Estrategia, hará una primera valoración de la 
aplicación de la misma, pudiéndose modificar o ajustar aquellos aspectos de la Estrategia 
que resultaran necesarios al objeto de conseguir los objetivos perseguidos por la misma. 
Tras ello, elevará tales modificaciones o ajustes a la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación para su aprobación. Dichas modificaciones o ajustes 
serán objeto de publicación dentro del mes siguiente a su aprobación.
6. Finalizado el ámbito temporal de la Estrategia, el Comité de cooperación en 
materia de contratación pública elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación 
de la misma. El informe se comunicará a la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación y a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
que lo remitirá a la Comisión Europea y lo pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, haciendo público su contenido en el plazo de un mes 
desde dicha remisión.
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Por su parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, tomará conocimiento del informe y lo elevará para conocimiento a las Cortes 
Generales.
El informe servirá para la definición y aprobación de una nueva Estrategia Nacional de 
Contratación, por el mismo procedimiento y con las mismas características y duración 
mencionadas en este artículo. La nueva Estrategia será aprobada en el plazo de seis 
meses contados desde la adopción del informe.
7. La primera Estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación en el plazo de nueve meses desde la publicación de la 
presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado.»
8. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla podrá elaborarse una estrategia de contratación pública que deberá ser 
coherente con la estrategia nacional de contratación.
CAPÍTULO IV
Elaboración y remisión de información
Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio 
de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se 
hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, 
siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el 
valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, 
concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; 
y de  150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales.
Asimismo, serán objeto de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma la copia certificada y el extracto del expediente a 
los que se refiere el párrafo anterior, relativos a los contratos basados en un acuerdo 
marco y a los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda en función de su 
naturaleza de las cuantías señaladas en el citado párrafo.
Además, se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los 
contratos menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco mil euros se 
satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar 
pagos menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato 
y su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán por adjudicatario. Esta remisión podrá 
realizarse directamente por vía electrónica por la Plataforma de Contratación donde tenga 
ubicado su perfil del contratante el correspondiente órgano de contratación.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de 
plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o 
anormal de los contratos indicados.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de 
fiscalización externos de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos datos, 
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier 
naturaleza y cuantía.
4. Las comunicaciones a que se refiere este artículo se efectuarán por el órgano de 
contratación en el ámbito de la Administración General del Estado y de entidades del 
sector público dependientes de ella.
5. La forma y el procedimiento para hacer efectivas las remisiones a que se refiere el 
presente artículo podrán determinarse por el Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la Comunidad Autónoma mediante las correspondientes instrucciones.
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Artículo 336. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los 
contratos.
1. Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de 
obras, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, así 
como cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición, que incluya al menos 
lo siguiente:
a) El nombre y dirección del poder adjudicador, y el objeto y precio del contrato, del 
acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición;
b) En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del número 
de ofertas y de soluciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley para los 
procedimientos restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, y de 
asociación para la innovación, concretamente:
i) Los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y los motivos que 
justifican su selección,
ii) Los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos que justifican 
su exclusión;
c) Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente 
bajas;
d) El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así 
como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros; y, en caso de que existan, y si se conocen en ese 
momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal;
e) Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo, las circunstancias establecidas en el artículo 167 y en el apartado 3 
del artículo 172 que justifiquen el recurso a estos procedimientos;
f) Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, las 
circunstancias contempladas en el artículo 168 que justifiquen el recurso a dicho 
procedimiento;
g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no 
adjudicar o celebrar un contrato o un acuerdo marco o haya renunciado a establecer un 
sistema dinámico de adquisición;
h) En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de comunicación 
distintos de los electrónicos para la presentación electrónica de ofertas;
i) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al 
respecto.
j) En su caso, la medidas tomadas en el marco del artículo 70.
Dicho informe no será exigido por lo que respecta a contratos basados en acuerdos 
marco, cuando estos se hayan celebrado con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del 
artículo 221.
En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la información 
requerida en el presente apartado, los poderes adjudicadores podrán hacer referencia a 
dicho anuncio.
2. El informe, o sus elementos principales, se remitirán a la Comisión Europea o al 
Comité de cooperación en materia de contratación pública regulado en el artículo 329, 
cuando lo soliciten.
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TÍTULO II
Registros Oficiales
CAPÍTULO I
Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
1. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tiene 
por objeto la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para 
acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las 
Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público, incluidas 
las facultades de sus representantes y apoderados, así como la acreditación de todo ello 
ante cualquier órgano de contratación del sector público.
2. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y su llevanza corresponderá a 
los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
3. Las Comunidades Autónomas que opten por no llevar el registro al que se refiere 
el artículo 341 podrán practicar inscripciones en el registro al que se refiere el presente 
artículo, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 340.
4. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
estará interconectado y será interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos 
de la Administración General del Estado.
Los órganos de contratación consultarán el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público para verificar la inscripción de los poderes. Si los poderes 
no estuvieran inscritos, consultarán subsidiariamente los registros generales de 
apoderamientos de las Administraciones Públicas. La consulta a dichos registros se 
realizará a través del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General 
del Estado.
En caso de discrepancia entre los poderes inscritos, prevalecerá el inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público frente a los 
inscritos en cualquier otro registro de apoderamientos.
Artículo 338. Inscripciones y publicaciones de oficio.
1. En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público se 
harán constar de oficio los datos relativos a las clasificaciones otorgadas a los empresarios 
por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Asimismo, se harán constar las 
otorgadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que ejerzan 
competencias en materia de clasificación de empresas, siempre que no resulten 
contradictorias con las otorgadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
En los casos en que con respecto a la empresa de cuya clasificación se trate, no 
constasen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público las circunstancias a que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del 
artículo 339, se inscribirán estas de oficio, tomando como base los documentos adecuados 
para ello y que se hubiesen aportado al procedimiento de clasificación.
2. Se harán constar igualmente los datos relativos a las prohibiciones de contratar a 
las que se refiere el apartado 2 del artículo 73.
3. A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, el 
órgano del que emane la sentencia o resolución que impone la prohibición de contratar 
deberá remitir de oficio testimonio de aquella o copia de esta a la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, sin perjuicio de que por parte de este órgano, de tener 
conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia 
o copia de la resolución pueda solicitarlos al órgano del que emanaron.
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4. Las prohibiciones de contratar que, en función de su ámbito y del órgano que las 
haya declarado, deban ser inscritas en el registro de licitadores y empresas clasificadas de 
una Comunidad Autónoma que cuente con dicho registro, serán comunicadas al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, por el órgano de dicha 
Comunidad Autónoma competente para la llevanza del registro, para su publicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 345.
Artículo 339. Inscripciones a solicitud de los interesados.
1. En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, los siguientes 
datos y circunstancias relativas a los empresarios:
a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de 
personas jurídicas.
b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados 
con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente.
c) Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás 
requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad.
d) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de 
forma independiente de la clasificación que, en su caso, tenga el empresario.
e) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen 
reglamentariamente.
2. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento y requisitos para la 
inscripción de dichos datos y circunstancias.
Artículo 340.  Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público.
1. Las inscripciones de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público indicadas en el artículo 338, con excepción de las 
indicadas en el apartado siguiente, serán practicadas por el órgano del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública designado para su llevanza. Igualmente corresponderá a 
dicho órgano la adopción de los acuerdos de inscripción de los datos y circunstancias 
indicados en el artículo 339 derivados de las solicitudes de inscripción de los interesados 
que así se lo soliciten.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no 
llevar su propio Registro de licitadores y empresas clasificadas practicarán en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las inscripciones de 
oficio a las que se refieren el primer párrafo del apartado 1 del artículo 341 y el segundo 
inciso del primer párrafo del apartado 1 del artículo 338. Podrán practicar igualmente en 
el Registro las inscripciones indicadas en el apartado segundo del artículo 341 cuando 
se refieran a empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por 
el interesado.
La práctica de inscripciones en el Registro por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas exigirá la previa suscripción de un convenio a tal efecto con el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
3. Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público tendrán, sin distinción alguna, los mismos 
efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del 
Sector Público.
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Artículo 341. Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades 
Autónomas.
1. Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros de licitadores y 
empresas clasificadas, en los que inscribirán las clasificaciones a las que se refiere el 
segundo párrafo del artículo  81 y, en todo caso, las prohibiciones de contratar que sean 
declaradas por sus órganos competentes, por los de las entidades locales de su ámbito 
territorial, o por los de los organismos y entidades dependientes de una u otras.
A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano 
del que emane la resolución que impone la prohibición de contratar deberá remitir de 
oficio copia de esta al órgano competente de la llevanza del registro, sin perjuicio de que 
por parte de este órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido 
copia de la resolución pueda solicitarla al órgano del que emanó.
Las restantes prohibiciones de contratar que deban ser inscritas en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público serán igualmente publicadas 
en los registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas, 
aplicándose a tal efecto lo dispuesto en el artículo 345.
2. Podrán igualmente ser inscritos en el registro, cuando así lo solicite el interesado 
a la Comunidad Autónoma, los datos y circunstancias indicados en el artículo 339.
3. La inscripción en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una 
Comunidad Autónoma acreditará los datos y circunstancias de los empresarios ante los 
órganos de contratación de la propia Comunidad Autónoma, de las entidades locales de 
su ámbito territorial, y de los organismos y entidades dependientes de una u otras.
Artículo 342. Voluntariedad de la inscripción.
1. Sin perjuicio de la práctica de oficio de las inscripciones obligatorias a las que se 
refieren el artículo 338 y el apartado 1 del artículo 341, la inscripción en los Registros de 
licitadores y empresas clasificadas es voluntaria para los empresarios, los cuales podrán 
determinar qué datos de entre los mencionados en el artículo anterior desean que se 
reflejen en ellos. La inscripción implicará el consentimiento del empresario para la difusión 
por medios electrónicos de sus datos inscritos, en los términos y con los límites y 
restricciones que legal o reglamentariamente se determinen.
2. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación de las 
inscripciones a ellos referidas, salvo en los casos y circunstancias de inscripción 
obligatoria.
Artículo 343. Actualización de la información registral.
1. Los empresarios inscritos en los registros de licitadores y empresas clasificadas 
están obligados a poner en conocimiento del registro cualquier variación que se produzca 
en sus datos en él reflejados, así como la superveniencia de cualquier circunstancia que 
determine la concurrencia de una prohibición de contratar susceptible de inscripción en 
dichos registros.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 71, la omisión de 
esta comunicación, mediando dolo, culpa o negligencia podrá dar lugar a la suspensión de 
la inscripción del empresario y de sus efectos para la contratación pública, así como del 
derecho a la expedición de certificados del empresario, salvo en lo relativo a las 
inscripciones practicadas de oficio. En todo caso, la falta de actualización de los datos de 
un empresario que figuren inscritos en un registro de licitadores y empresas clasificadas 
no perjudicará a la Administración Pública, organismo o entidad que haya celebrado un 
contrato con el empresario con base en los datos obrantes en el registro.
2. El órgano competente de la llevanza del Registro procederá a la rectificación de 
oficio de los datos inscritos cuando se verifique que los datos de un asiento son incorrectos, 
incompletos o no actualizados.
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Artículo 344. Publicidad.
1. El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación 
de la persona que accede. Además contará con un buscador que facilite su uso.
2. Reglamentariamente se determinarán las modalidades y requisitos para la 
publicidad de los asientos del Registro, pudiéndose excluir mediante Orden del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública la publicidad de las empresas clasificadas en los casos en 
que el número de empresas clasificadas en determinados grupos, subgrupos y categorías 
sea lo suficientemente reducido para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.
Artículo 345. Colaboración entre Registros.
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los 
Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se 
facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar en ellos 
inscritas.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se establecerán el 
procedimiento y las especificaciones necesarias para el intercambio de dicha información 
por medios electrónicos.
CAPÍTULO II
Registro de Contratos del Sector Público
Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público.
1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, 
en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas 
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley.
2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de 
información sobre la contratación pública en España. La información sobre la contratación 
pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares abiertos adoptados a 
nivel internacional.
3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector 
Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre 
los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, 
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de 
plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos. El contenido y el formato de 
dichas comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán 
reglamentariamente.
Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos excluidos 
por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido, 
siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo 
de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos 
inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación 
u objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe 
final.
4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector 
Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que 
determine el Ministro de Hacienda y Función Pública.
5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso 
a sus datos a los órganos de las Administraciones Públicas que los precisen para el 
ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y con las limitaciones que 
imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso 
público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido 
previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.
6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de 
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se 
refiere el apartado 3 del presente artículo podrá ser sustituida por comunicaciones entre 
los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública 
determinará las especificaciones y requisitos para el intercambio de datos entre el Registro 
de Contratos del Sector Público y los demás Registros de Contratos.
7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las 
Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código 
identificador, que será único en su ámbito de competencias. El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública determinará las reglas de asignación de dichos identificadores únicos que 
resulten necesarios para asegurar la identificación unívoca de cada contrato dentro del 
Registro de Contratos del Sector Público, así como para su coordinación con los demás 
Registros de Contratos.
8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la 
contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el 
Registro de Contratos del Sector Público.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia el informe al que se refiere el párrafo anterior, 
tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales.
TÍTULO III
Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos
Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público.
1. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector 
público una plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus 
perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al 
tratamiento informático de estos datos.
2. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades 
del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través 
de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a 
su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán 
establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto 
sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y entidades 
vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de los 
mismos y constituyendo estos servicios un punto de acceso único a los perfiles de contratante 
de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por 
establecer sus propios servicios de información, y alojen, por tanto, sus perfiles del 
contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, podrán 
utilizar todos los servicios que ofrezca la misma, así como participar en su gestión en los 
términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo con los 
convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.
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En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades 
Autónomas o las Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros 
párrafos del presente apartado, estas deberán publicar, bien directamente o por 
interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de 
que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las 
licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En relación con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a 
cabo directamente o bien por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de 
la información, en caso de una eventual discrepancia entre la información recogida en el 
servicio de información de la Comunidad Autónoma y la de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, prevalecerá la primera.
Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus 
entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien 
por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a 
tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
4. La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita 
acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se incluya 
en la misma.
5. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los perfiles 
de contratante surtirá los efectos previstos en la presente Ley cuando los mismos estén 
alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de 
información similares que se establezcan por las Comunidades Autónomas o las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 
del presente artículo, y siempre que, en este último caso, se cumpla con lo dispuesto en el 
párrafo tercero del citado apartado 3.
6. El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación del Sector Público se 
efectuará a través de un portal único.
7. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán las 
especificaciones relativas a la operación y utilización de los servicios prestados por la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.
8. La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables.
Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.
1. Los contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero, sin perjuicio de tener 
en cuenta los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que, en su 
aplicación, puedan presentarse, se regirán por las siguientes normas:
a) En la Administración General del Estado, la formalización de estos contratos 
corresponderá al Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que podrá delegarla 
en favor de otros órganos, funcionarios o personas particulares. Sin embargo, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, la formalización de los mismos corresponderá al titular de este 
Departamento, que podrá delegar esta competencia y, cuando se trate de contratos 
necesarios para el cumplimiento de misiones de paz en las que participen las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad españoles, su formalización corresponderá al Ministro del Interior.
En los Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social la formalización de estos contratos corresponde a sus representantes 
legales o a las personas en quienes los mismos deleguen.
En los demás organismos y entidades sujetos a esta Ley, la formalización de los 
contratos corresponderá a sus representantes legales.
Los artículos 323 a 325 de la presente Ley serán de aplicación a estos contratos.
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b) Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las Leyes del Estado 
en que se celebre el contrato, para empresas de Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se estará a lo 
dispuesto en esta Ley.
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá ser sustituido por el propio 
clausulado del contrato.
d) Sin perjuicio de lo establecido para los contratos menores, los contratos podrán 
adjudicarse por procedimiento negociado, debiendo conseguirse, siempre que sea posible, 
al menos tres ofertas de empresas capaces de cumplir los mismos.
e) La formalización se llevará a cabo mediante documento fehaciente, remitiendo los 
datos de estos contratos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a los efectos 
previstos en el artículo 346 relativo al Registro de Contratos del Sector Público, sin 
perjuicio de la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas prevista en el artículo 335. En 
cuanto a los contratos menores se estará a lo dispuesto con carácter general para los 
mismos en esta Ley.
f) Al adjudicatario se le podrán exigir unas garantías análogas a las previstas en esta 
Ley para asegurar la ejecución del contrato, siempre que ello sea posible y adecuado a las 
condiciones del Estado en que se efectúa la contratación y, en su defecto, las que sean 
usuales y autorizadas en dicho Estado o resulten conformes con las prácticas comerciales 
internacionales.
En la Administración General del Estado, las garantías se constituirán en la Misión 
Diplomática, Representación Permanente u Oficina Consular correspondiente. En el caso 
de que se trate de Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social y demás entidades públicas del sector público estatal, las garantías se 
constituirán en el propio organismo, de contar el mismo con representación en el exterior, 
o, en su defecto, en la Misión Diplomática, Representación Permanente u Oficina Consular 
correspondiente.
g) El pago del precio se condicionará a la entrega por el contratista de la prestación 
convenida, salvo que se oponga a ello el derecho o las costumbres del Estado, en cuyo 
supuesto se deberá exigir garantía que cubra el anticipo, prestada en la forma prevista en 
la letra e) anterior.
Excepcionalmente, por resolución motivada del órgano de contratación, y cuando las 
circunstancias así lo impongan, podrá eximirse de la prestación de esta garantía, siempre 
que ello sea conforme con las prácticas comerciales internacionales.
h) En estos contratos se procurará incluir estipulaciones tendentes a preservar los 
intereses de la Administración ante posibles incumplimientos del contratista y, sin perjuicio 
de los establecido en el apartado cuarto del presente artículo, a autorizar las modificaciones 
del contrato que puedan hacerse convenientes.
i) Por el órgano de contratación podrá establecerse en la documentación contractual 
un régimen de revisión de precios diferente al previsto con carácter general en esta Ley, 
atendiendo a la legislación del país en que haya de ejecutarse el contrato y a sus 
circunstancias socioeconómicas. En cualquier caso, el régimen de revisión de precios que 
se establezca se basará en parámetros objetivos y, a ser posible, públicos o, cuando 
menos, fácilmente medibles, pudiendo utilizarse a estos efectos los calculados por 
Organismos Internacionales.
2. En los contratos con empresas españolas se incluirán cláusulas de sumisión a los 
Tribunales españoles.
3. En los contratos con empresas extranjeras se procurará la incorporación de 
cláusulas de sumisión a los Tribunales españoles para resolver las discrepancias que 
puedan surgir. Cuando no sea posible, se procurará la incorporación de cláusulas de 
arbitraje. En estos contratos se podrá transigir previa autorización del Consejo de Ministros 
o del órgano competente de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
4. Las reglas contenidas en este artículo no obstan para que, en los contratos sujetos 
a regulación armonizada que se formalicen y ejecuten en los restantes Estados miembros 
de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
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Europeo, deban cumplirse las normas de esta Ley referentes a la publicidad comunitaria; 
los procedimientos de adjudicación de los contratos; régimen de modificaciones 
contractuales; subcontratación; control del cumplimiento de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales aplicables; la resolución como consecuencia de una 
modificación esencial durante la ejecución del contrato y a la declaración de nulidad del 
contrato como consecuencia de hallarse incurso el adjudicatario en causa de prohibición 
para contratar cuando celebró el contrato o como consecuencia de un incumplimiento 
grave del derecho de la Unión Europea.
5. Los contratos formalizados en el extranjero que deban ejecutarse total o 
parcialmente en España y que estén vinculados directamente a la realización de programas 
o proyectos de cooperación en materia cultural o de investigación o de cooperación al 
desarrollo, podrán adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad y con sujeción 
a las condiciones libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, 
cuando la intervención de este sea absolutamente indispensable para la ejecución del 
proyecto o programa, por requerirlo así las condiciones de participación en los programas 
o proyectos de cooperación, y así se acredite en el expediente.
6. Los documentos contractuales y toda la documentación necesaria para la 
preparación, adjudicación y ejecución de los contratos deberá estar redactada en 
castellano o lengua cooficial correspondiente, a las que, en su caso, deberán traducirse 
desde el idioma local que corresponda. No obstante, por el órgano de contratación y bajo 
su responsabilidad podrán aceptarse, sin necesidad de traducción al castellano, los 
documentos redactados en otras lenguas. En estos casos, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación garantizará la disponibilidad de la traducción al castellano de 
los documentos redactados en lengua extranjera, a efectos de la fiscalización del contrato.
7. En los casos en los que un poder adjudicador se presente a una licitación 
internacional acompañado por medios propios personificados, para los que resulte 
obligatorio participar en el proceso de licitación en los términos definidos por el poder 
adjudicador, las relaciones jurídicas entre el poder adjudicador y sus medios propios se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley, considerándose a todos los efectos 
que estas relaciones constituyen encargos a dichos medios propios personificados.
Igualmente será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior cuando las actuaciones 
del poder adjudicador en el extranjero se realicen en el marco de tratados internacionales, 
acuerdos internacionales administrativos o acuerdos internacionales no normativos.
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las 
Entidades Locales.
1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de 
los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por 
su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme 
al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de 
cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente 
competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes 
relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un 
presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el 
sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.
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4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias 
del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por 
la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del 
mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas 
generales.
5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación 
que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por 
objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos 
de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los 
contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el 
presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en 
las bases de ejecución de este.
Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y 
determinar su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el 
Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico 
de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser 
inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los referentes a las características de los 
contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se 
determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno Local y en las 
restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del Alcalde o del Presidente cuando 
sea, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo con 
el apartado 2.
En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la 
intervención de la Mesa de contratación.
6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en 
materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales 
de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente Ley, 
mediante acuerdos al efecto.
Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la 
gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las 
Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.
7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control 
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a 
tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no 
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán 
integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones 
Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de 
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal 
funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente 
cualificados y así se acredite en el expediente.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.
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8. El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 146 de 
la presente Ley, para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, 
podrá estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de 
carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal 
deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública.
9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las 
Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como 
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de 
licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del 
patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias 
que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, 
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
12. Las referencias a las Diputaciones provinciales contenidas en esta Ley también 
se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los 
correspondientes Estatutos de Autonomía con competencias en materia de asistencia y de 
cooperación a los municipios, y de prestación de servicios públicos locales.
Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las 
Entidades Locales.
1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley, 
con las especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente.
2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de 
comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, 
un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la 
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que 
han de financiar el contrato correspondiente.
3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local. 
Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de 
contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos 
menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los 
contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones 
que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podrá 
estar asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que 
deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de 
asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos 
efectos y los demás previstos en la Ley.
4. En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la 
aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito que 
se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación.
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5. En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo 
de la conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido 
reglamentariamente determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad 
regulado en esta Ley.
6. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión de 
proyectos establecidas en el artículo 235. La supervisión podrá efectuarse por las oficinas 
o unidades competentes de la propia entidad contratante o, en el caso de municipios que 
carezcan de ellas, por las de la correspondiente Diputación provincial o Administración 
autonómica uniprovincial. En el acuerdo de aprobación de los proyectos se recogerá 
expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo.
7. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de 
obras cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean 
susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan 
ser sustancialmente definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto 
de un contrato diferente, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 99 y 101.
8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el 
Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de 
expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, 
mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. 
Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e 
información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en los municipios 
acogidos al régimen regulado en su Título  X, corresponderá al titular de la asesoría jurídica 
la emisión de los informes atribuidos al Secretario en el presente apartado. La coordinación 
de las obligaciones de publicidad e información antedichas corresponderá al titular del 
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.
9. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el 
importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con 
sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para 
los compromisos de gastos futuros. Este aplazamiento también podrá ser utilizado para la 
adquisición de títulos representativos de la titularidad del capital de entidades que formen 
parte del sector público de la Entidad local para su reestructuración.
10. Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al sistema 
estatal de contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades 
Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228, 
podrán adherirse también a las centrales de contratación que creen conforme a esta Ley 
las asociaciones de entidades locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, así como a las creadas por la Administración General del Estado.
11. Los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes podrán licitar contratos 
no sujetos a regulación armonizada de concesión de servicios que se refieran a la gestión 
de dos o más servicios públicos diferentes siempre y cuando la anualidad media del 
contrato no supere los 200.000 euros, y el órgano de contratación justifique en el 
expediente de contratación esta decisión en base a la necesidad objetiva de proceder a la 
gestión unificada de dichos servicios. En todo caso, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares precisará el ámbito funcional y territorial del contrato de concesión de servicios.
Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes 
mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de 
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Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener 
esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos 
en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de 
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales 
de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones 
mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse 
en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si 
transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los 
órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de 
reserva de 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de 
la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de 
adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el 
anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los 
términos indicados en el primer párrafo de este apartado.
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que 
establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a 
que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de 
contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique 
motivadamente en el expediente.
Disposición adicional quinta. Publicación de anuncios.
1. Los anuncios de información previa, de publicación de información previa en el perfil 
de contratante, de licitación, de formalización, de concurso de proyectos, del resultado de 
concurso de proyectos, y de modificación, a que se refieren los artículos 134, 135, 154 y 186 
y el apartado 3 del artículo 207, cuando vayan a ser publicados en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», incluirán la información mencionada en el Anexo III, según el formato de 
los formularios normalizados correspondientes, incluidos aquellos destinados a la 
corrección de errores.
2. Los órganos de contratación que vayan a publicar en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» un anuncio de los referidos en el apartado primero, deberán enviarlo por medios 
electrónicos a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, la cual confirmará al 
órgano de contratación la recepción del mismo. Una vez publicado el anuncio en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea» el órgano de contratación recibirá una notificación de la 
publicación que servirá de prueba de esta última. Asimismo los órganos de contratación 
deberán poder demostrar la fecha de envío de los anuncios a la Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea.
3. Cuando los anuncios a que se refiere el apartado primero, excepto el anuncio de 
modificación, se publiquen a nivel nacional, estos deberán contener, además de la 
información indicada en este artículo, la fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea o de su publicación en el perfil de contratante del 
órgano de contratación, según proceda en cada caso.
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Disposición adicional sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas.
1. A efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 80, para los contratos que 
adjudiquen las Universidades Públicas dependientes de las Comunidades Autónomas, 
surtirán efecto los acuerdos de clasificación y revisión de clasificaciones adoptados por los 
correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma respectiva.
2. No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser 
adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 83 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Disposición adicional séptima. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
La adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español se 
regulará por su normativa específica.
Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los servicios postales.
1. La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas que tengan por 
objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la 
legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por la presente Ley, resultando 
de aplicación la mencionada legislación vigente únicamente para determinar qué contratos 
tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada.
2. La adjudicación por las entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas de contratos que tengan por objeto alguna de las actividades 
enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, se regirá por dicha legislación, salvo que una Ley sujete estos contratos 
al régimen previsto en la presente Ley, en cuyo caso se les aplicarán las normas previstas 
para los contratos sujetos a regulación armonizada.
A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los que al menos 
una de ellas esté comprendida en el ámbito de la Ley sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará 
el régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente.
En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a qué actividad se 
destina principalmente el contrato, se aplicará la presente Ley.
Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales por las entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, 
sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen 
exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada.
3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades a que se refiere el 
apartado anterior, que no tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el 
ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por 
lo establecido en la presente Ley, en los términos establecidos en la misma.
Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del acceso a 
bases de datos y la suscripción a publicaciones.
1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así 
como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos 
especializadas, y en la medida en que resulten imprescindibles, la contratación de los 
servicios necesarios para la suscripción o la contratación citadas anteriormente, podrán 
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efectuarse, cualquiera que s ea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos 
sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley 
para los contratos menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los 
proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos 
casos, se hará en la forma prevista en las condiciones que rijan estos contratos, siendo 
admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que 
ello responda a los usos habituales del mercado.
2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, las entidades del sector público contratantes 
tendrán la consideración de consumidores, a los efectos previstos en la legislación de 
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Disposición adicional décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de 
los anexos de directivas comunitarias.
Se autoriza al Consejo de Ministros a modificar, mediante Real Decreto, previa 
audiencia de las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con la coyuntura económica, las 
cuantías que se indican en los artículos de esta Ley. Igualmente, se autoriza al Ministro de 
Hacienda y Función Pública a incorporar a la Ley las oportunas modificaciones derivadas 
de los Anexos de las directivas comunitarias que regulan la contratación pública.
Disposición adicional undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que 
figuran en el texto de esta Ley. El Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las 
medidas pertinentes para asegurar su publicidad.
Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, 
salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días 
hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente.
Disposición adicional decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al 
Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas.
Disposición adicional decimocuarta. Sustitución de letrados en las Mesas de contratación.
Para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán 
establecerse reglamentariamente los supuestos en que formarán parte de la Mesa de 
contratación letrados habilitados específicamente para ello en sustitución de quienes tengan 
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
Disposición adicional decimoquinta.  Normas relativas a los medios de comunicación 
utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.
1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante 
dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 
misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre 
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante 
del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción 
de la notificación por el  interesado.
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No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará 
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial 
por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de 
envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.
2. La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la 
presente Ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de 
los mismos por medios exclusivamente electrónicos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la comunicación oral 
para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un 
procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté 
suficientemente documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un 
procedimiento de contratación incluyen: los pliegos de la contratación, las solicitudes de 
participación y las ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que 
puedan incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán 
documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales como los 
archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.
3. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo 
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
presente disposición adicional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán 
obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación 
de ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios 
electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no 
están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por 
otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de 
licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga 
o utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos 
especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos 
o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios 
electrónicos con arreglo al presente apartado, el envío de información se realizará por 
correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de 
cualquier otro medio apropiado y de medios electrónicos. En este caso, los órganos de 
contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya 
considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.
4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios 
electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de medios no 
electrónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios 
electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan 
alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y 
herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o 
de los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido 
expresado en el apartado 7 de la presente disposición adicional. En este caso, los órganos 
de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya 
considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.
5. Los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán 
por que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de 
almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los datos y la 
confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Además, deberán 
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garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será 
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación y hasta el momento 
fijado para su apertura.
6. Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos 
de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos 
de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como 
herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas 
similares. En esos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en 
el apartado 7 de la presente Disposición adicional hasta el momento en que dichas 
herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos.
7. Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la utilización de 
herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que 
ofrezcan medios de acceso alternativos. Se considerará que los órganos de contratación 
ofrecen medios de acceso alternativos apropiados cuando:
a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a 
dichas herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio 
correspondiente o a partir de la fecha de envío de la invitación, en su caso. El texto del 
anuncio o de la invitación especificará la dirección de Internet en la que puede accederse 
a dichas herramientas y dispositivos, o bien,
b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y 
dispositivos de que se trate, o que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, 
siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener 
acceso al procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales 
disponibles gratuitamente en línea; o bien,
c) admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas.
8. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimosexta de la presente 
Ley.
Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.
1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos 
contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes:
a) Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por 
medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, 
estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos 
de uso general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento 
de contratación.
b) La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de las ofertas, solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos 
en los concursos de proyectos, incluido el cifrado y la validación de la fecha, deberán estar 
a disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios y ser conformes con 
estándares abiertos, de uso general y amplia implantación.
c) Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las 
ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no 
discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por el órgano de 
contratación.
d) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de 
información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, 
la integridad de los datos transmitidos y que solo los órganos competentes, en la fecha 
señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de quebrantamiento 
de esta prohibición de acceso, la violación pueda detectarse con claridad. Estos sistemas 
deberán asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica, 
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frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo 
establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de 
confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a 
minimizar su incidencia en los procedimientos.
e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y, notificaciones 
entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar la fecha 
y hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, 
la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma.
f) Los órganos de contratación deberán especificar el nivel de seguridad exigido para 
los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de cada 
procedimiento de contratación que deberá ser proporcional a los riesgos asociados a los 
intercambios de información a realizar.
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se establecerán las 
condiciones de utilización de las firmas electrónicas en los procedimientos de contratación 
del Sector Público.
g) Las referencias de esta Ley a la presentación de documentos escritos no obstarán 
a la presentación de los mismos por medios electrónicos ni, en su caso, a la generación de 
soportes físicos electrónicos y su posterior presentación, de acuerdo con las normas 
fijadas en el presente artículo y en sus disposiciones de desarrollo.
h) En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios 
electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. 
De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta 
ha sido retirada.
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la 
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de 
esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban 
incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación 
vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos 
establecidos en la misma.
i) Los licitadores o candidatos que presenten sus documentos de forma electrónica 
podrán presentar al órgano de contratación, en soporte físico electrónico, una copia de 
seguridad de dichos documentos de acuerdo con los términos fijados mediante Orden del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, y siempre de acuerdo con lo establecido a tal 
efecto por el órgano de contratación.
j) Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de 
contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y de uso no 
sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena accesibilidad a los mismos por el 
órgano de contratación, los órganos de fiscalización y control, los órganos jurisdiccionales 
y los interesados, durante el plazo por el que deba conservarse el expediente. En los 
procedimientos de adjudicación de contratos, los formatos admisibles deberán indicarse 
en el anuncio o en los pliegos.
k) Como requisito para la tramitación de procedimientos de adjudicación de contratos 
por medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la 
previa inscripción en el Registro de Licitadores que corresponda de los datos necesarios.
Cuando a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado Miembro de 
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de empresarios autorizados para 
contratar establecida por un Estado Miembro de la Unión Europea, o bien mediante la 
aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 
definitiva.
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2. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se definirán las 
especificaciones técnicas para la utilización de medios electrónicos en los procedimientos 
de contratación del Sector Público.
Disposición adicional decimoséptima. Requisitos específicos relativos a las herramientas 
y los dispositivos de recepción electrónica de documentos.
Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las 
solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en los concursos de 
proyectos y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación 
deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos adecuados, 
que:
a) Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las 
ofertas, de las solicitudes de participación, de la documentación asociada a estas y las del 
envío de los planos y proyectos.
b) Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos y 
documentos transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los 
plazos especificados.
c) Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de 
apertura de los datos y documentos recibidos.
d) En las diferentes fases del procedimiento de contratación o del concurso de 
proyectos, solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de los 
datos y documentos presentados.
e) Solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y documentos 
transmitidos, y solo después de la fecha especificada.
f) Los datos y documentos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes 
requisitos solo sean accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los 
mismos.
g) En caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones 
de acceso a que se refieren las letras b) a f) anteriores, pueda garantizarse razonablemente 
que las infracciones o tentativas sean claramente detectables.
Disposición adicional decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con 
discapacidad.
En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de 
comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de 
los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como 
son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.
Disposición adicional decimonovena.  Conciertos para la prestación de asistencia 
sanitaria celebrados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la 
Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia 
sanitaria y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades 
médicas y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, 
tendrán la naturaleza de contratos de concesión de servicios regulándose por la normativa 
especial de cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de 
contratos del sector público.
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2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su intención de celebrar los 
mencionados conciertos mediante un anuncio de información previa en el que figurará el 
contenido recogido en el anexo  III. B. Sección 3 de la presente Ley, que deberá publicarse 
en su perfil de contratante y en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
Asimismo, les será de aplicación lo señalado en el artículo 154 y en el Capítulo V del 
Título I del Libro Primero de la presente Ley, referidos respectivamente a la publicación del 
anuncio de formalización y al recurso especial en materia de contratación.
Disposición adicional vigésima.  Reglas especiales sobre competencia para adquirir 
equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones.
No obstante lo señalado en el artículo 230, la competencia para adquirir equipos y 
sistemas para el tratamiento de la información y elementos complementarios o auxiliares 
que no hayan sido declarados de adquisición centralizada corresponderá al Ministro de 
Defensa, y a los órganos de contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en el ámbito de 
sus respectivas competencias.
Disposición adicional vigésima primera. Contratos de suministro con empresas extranjeras.
Los contratos de suministro que se celebren con empresas extranjeras, cuando su 
objeto se fabrique o proceda de fuera del territorio nacional, así como los contratos de 
suministros que, con estas empresas, celebre el Ministerio de Defensa y que deban ser 
ejecutados fuera del territorio nacional, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo 
que se convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el 
comercio internacional.
Disposición adicional vigésima segunda. Adjudicación de contratos de concesión de 
obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta.
1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una 
sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con 
capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de 
conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato 
cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el 
objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio 
privado.
La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios 
que se adjudiquen directamente según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se 
podrá realizar de conformidad con lo establecido en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo, relativa a la modificación de los contratos.
2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como 
concesionaria a otros contratos distintos de los referidos en el apartado 1 anterior, deberá 
concurrir al correspondiente procedimiento de licitación de conformidad con lo establecido 
en la presente Ley.
3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión 
de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta 
constituidas para la ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de 
servicios, podrán:
a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no 
modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista 
en el contrato.
b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del 
contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, 
cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.
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Disposición adicional vigésima tercera. Coordinación entre los órganos de resolución de 
recursos especiales en materia de contratación.
Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de 
coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus 
pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que 
sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes 
normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de 
los mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos.
Disposición adicional vigésima cuarta. Régimen jurídico de la «Empresa de 
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y 
Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).
1. La «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y su 
filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), tienen por 
función entre otras, la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, 
conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, 
con arreglo a lo establecido en esta disposición.
2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios 
personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos 
y Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones 
Provinciales y de las entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas 
que tengan la condición de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el punto 2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y 
b) del apartado 4 del mismo artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, 
los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, 
dando una especial prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como 
consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta 
obligación, los bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en 
los planes y dispositivos de protección civil y de emergencias.
Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de 
los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza 
instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente 
y subordinado.
La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una 
actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla, sin 
perjuicio de la observancia de lo establecido en el artículo 32.6.b).
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios 
propios personificados y servicios técnicos de las entidades pertenecientes al sector 
público que no tengan la consideración de poder adjudicador y podrán recibir sus encargos, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 33.
3. El capital social de TRAGSA será íntegramente de titularidad pública.
Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los 
Cabildos y Consejos Insulares, las Diputaciones Forales del País Vasco y las Diputaciones 
provinciales deberán participar en el capital de esta sociedad mediante la adquisición de 
acciones cuya enajenación será autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública a iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
Las Comunidades Autónomas y las demás entidades a que se refiere este artículo solo 
podrán enajenar sus participaciones a favor de la Administración General del Estado o de 
organismos de derecho público vinculados o dependientes de aquella.
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4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del 
sector público de los que son medios propios personificados, las siguientes funciones:
a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de 
servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección 
del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la 
realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, 
siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos 
incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y de acuicultura y la 
comercialización de sus productos, la administración y la gestión de fincas, montes, 
centros agrarios, forestales, medioambientales o de conservación de la naturaleza, así 
como de espacios y de recursos naturales.
c) La promoción, investigación, desarrollo, innovación, y adaptación de nuevas 
técnicas, equipos y sistemas de carácter agrario, forestal, medioambiental, de acuicultura 
y pesca, de protección de la naturaleza y para el uso sostenible de sus recursos.
d) La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento de sus 
funciones.
e) La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y animales y 
contra los incendios forestales, así como la realización de obras y tareas de apoyo técnico 
de carácter urgente.
f) La financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de la 
construcción o de la explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales, y de 
equipamientos de núcleos rurales, del desarrollo de sistemas informáticos, sistemas de 
información frente a emergencias y otros análogos, así como la constitución de sociedades 
y la participación en otras ya constituidas, que tengan fines relacionados con el objeto 
social de la empresa.
g) La planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, 
administración y supervisión de cualquier tipo de servicios ganaderos, veterinarios, de 
seguridad y sanidad animal y alimentaria.
h) La recogida, transporte, almacenamiento, transformación, valorización, gestión y 
eliminación de productos, subproductos y residuos de origen animal, vegetal y mineral.
i) El mantenimiento, el desarrollo, la innovación y la adaptación de equipos y sistemas 
informáticos que den soporte a las diferentes administraciones.
j) La realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la urgencia o de 
emergencia, o actividades complementarias o accesorias a las citadas anteriormente.
TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades 
de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la 
consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los 
mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, 
administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los 
ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y 
aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros 
sectores de la actividad administrativa.
Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC estarán obligadas a participar y actuar, por 
encargo de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados, 
en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en 
catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario o 
ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y emergencias de todo tipo; y a 
realizar actividades de formación e información pública en supuestos de interés público y, 
en especial, para la prevención de riesgos, catástrofes o emergencias.
5. TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán realizar actuaciones de apoyo y servicio 
institucional a la cooperaci ón española en el ámbito internacional.
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6. TRAGSA y su filial TRAGSATEC no podrán participar en los procedimientos para 
la adjudicación de contratos convocados por las entidades del sector público de las que 
sea medio propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá 
encargarse a estas sociedades la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 
TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente 
ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma que 
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio 
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios 
particulares.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización 
y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los 
servicios realizados directamente por el medio propio.
La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las 
que el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido 
reglamentariamente.
8. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, TRAGSA y su filial TRAGSATEC 
tendrán la consideración de poderes adjudicadores de los previstos en el apartado 3 del 
artículo 3 de la presente Ley.
Disposición adicional vigésima quinta. Protección de datos de carácter personal.
1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos 
de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá 
la consideración de encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, 
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar 
por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento 
que esta hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en 
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del 
tratamiento.
3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, 
encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad 
contratante y el contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del 
responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en 
los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del 
tratamiento.
Disposición adicional vigésima sexta. Agrupaciones europeas de cooperación territorial.
Las Agrupaciones europeas de cooperación territorial reguladas en el Reglamento 
(CE) número  1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
cuando tengan su domicilio social en España, ajustarán la preparación y adjudicación de 
sus contratos a las normas establecidas en esta Ley para los poderes adjudicadores.
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Núm. 272  Jueves 9 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 107970
Disposición adicional vigésima séptima. Adquisición Centralizada de medicamentos, 
productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud.
1. Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo 
informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrá declarar de 
adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como 
los servicios sanitarios, que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y 
organismos. Esta contratación deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. La financiación de los correspondientes contratos correrá a 
cargo del organismo o entidad peticionarios. Las competencias que el artículo 229 atribuye 
a la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
corresponderán en relación al suministro de medicamentos, productos sanitarios y 
servicios sanitarios al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como las entidades y 
organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán 
adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos, productos y 
servicios sanitarios, para la totalidad o solo para determinadas categorías de ellos. La 
adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.
2. Los órganos de contratación de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales, así como las entidades y organismos 
dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán concluir de 
forma conjunta acuerdos marco de los previstos en el artículo 219, con uno o varios 
empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos a 
que se refiere el apartado primero de esta disposición que pretendan adjudicar durante un 
período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma 
abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General de Sanidad y 
Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y 
conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema 
Nacional de Salud, para todos o algunos de los medicamentos, productos y servicios 
sanitarios.
4. No serán de aplicación las medidas establecidas en los artículos 9 y 10, párrafo 
tercero, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, a los contratos derivados de 
adquisición de medicamentos promovidos al amparo de lo previsto en esta disposición 
adicional siempre que los ahorros que resulten de la compra centralizada sean superiores 
a las deducciones fijadas en dichos artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo.
Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.
1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación pública, 
tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración, se exigirá con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de  1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como en la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma.
2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley 
por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas dará lugar a 
responsabilidad disciplinaria, que se exigirá conforme a la normativa específica en la 
materia.
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Núm. 272  Jueves 9 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 107971
Disposición adicional vigésima novena.  Régimen de los órganos competentes para 
resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes 
adscritas a ella.
1. A medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo exija se podrán constituir 
Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una 
de las capitales de Comunidad Autónoma.
Estos Tribunales tendrán competencia exclusiva para la resolución de los recursos a 
que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, interpuestos contra los actos de la 
Administración territorial del Estado o de los Organismos y Entidades dependientes del 
mismo que tengan competencia en todo o parte del territorio de la correspondiente 
Comunidad Autónoma.
El nombramiento del Presidente y los vocales de estos Tribunales se hará en los 
mismos términos y requisitos previstos para el del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, si bien solo se le exigirán diez años de antigüedad.
2. Reglamentariamente se incrementará el número de vocales que hayan de integrar 
los Tribunales Territoriales a medida que lo requiera el volumen de asuntos sometidos a su 
conocimiento.
La primera renovación de los Tribunales se hará de forma parcial a los tres años del 
nombramiento. A este respecto, antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, 
mediante sorteo, los que deban cesar.
En cualquier caso, cesado un vocal, este continuará en el ejercicio de sus funciones 
hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
Disposición adicional trigésima. Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de 
autopistas de competencia estatal.
Será necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la celebración, y, en su 
caso, modificación y resolución de los contratos de concesión de autopistas de 
competencia estatal.
Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de acuerdos marco para 
la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de 
contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades y 
organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, podrán 
concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar 
las condiciones a que habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de 
características homogéneas definidos en los convenios a que se refiere el párrafo siguiente 
para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se 
pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos 
instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.
Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo dispuesto en 
la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la presente Ley y previa 
adopción del correspondiente convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las 
Comunidades Autónomas o las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados 
en el Sistema Nacional de Empleo.
No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de intermediación 
laboral que puedan preverse en los procedimientos de selección de personal laboral 
temporal por parte de las Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha 
intermediación exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios 
públicos de empleo.
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Disposición adicional trigésima segunda. Obligación de presentación de facturas en un 
registro administrativo e identificación de órganos.
1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo 
a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma.
2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos 
que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la 
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que 
deberán constar en la factura correspondiente.
3. Antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se 
pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico 
Único que, entre otras funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en que se presenten 
facturas por los subcontratistas al contratista principal y traslade dichas facturas al 
destinatario de las mismas conforme a la configuración para recibir las facturas electrónicas 
que consignen en el directorio de empresas.
Disposición adicional trigésima tercera. Contratos de suministros y servicios en función 
de las necesidades.
En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones 
Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el 
empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas 
en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar 
subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un 
presupuesto máximo.
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen 
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. 
A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad 
de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los 
términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse 
antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal 
fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
Disposición adicional trigésima cuarta. Referencias a contratos de gestión de servicios 
públicos.
Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios 
públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente Ley al contrato 
de concesión de servicios, en la medida en que se adecuen a lo regulado para dicho 
contrato en la presente Ley.
Disposición adicional trigésima quinta. Publicación de datos en e-Certis e informe sobre 
la dirección del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a través de sus órganos de 
apoyo técnico, publicará y mantendrá actualizado en el depósito de certificados en línea 
e-Certis, la relación de bases de datos que contengan información relevante para la 
acreditación de las condiciones de solvencia y aptitud de los empresarios españoles a 
efectos de la contratación pública.
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público constituirá 
la base de datos primaria de la información a la que se refiere el párrafo anterior.
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Núm. 272  Jueves 9 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 107973
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, asimismo, informará a la 
Comisión Europea y a los demás estados miembros de la dirección del citado registro, al 
que deberán remitirse las solicitudes de consulta por los poderes adjudicadores de los 
demás estados miembros, así como de cualquier otra información relativa al mismo.
Disposición adicional trigésima sexta. Convocatoria de la licitación de contratos de 
concesión de servicios especiales del anexo IV.
Los órganos de contratación que celebren contratos de concesiones de servicios 
especiales del anexo IV utilizarán como medio de convocatoria de licitación un anuncio de 
información previa que deberá tener el contenido establecido en el anexo III. B. Sección 3.
Estos anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y en el perfil 
de contratante.
Disposición adicional trigésima séptima. Contratos declarados secretos o reservados.
A los contratos declarados secretos o reservados de conformidad con la Ley 9/1968, 
de 5 de abril, sobre secretos oficiales, se les aplicará dicha norma y, en defecto de lo 
establecido en la misma, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición adicional trigésima octava. No incremento de gastos.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal salvo los gastos derivados de las funciones 
atribuidas en esta Ley a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Disposición adicional trigésima novena. Régimen de contratación de Puertos del Estado 
y de las Autoridades Portuarias.
El régimen jurídico de los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias será el establecido en esta Ley para las entidades del sector público que, 
siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de Administración Pública.
Disposición adicional cuadragésima. Operadores públicos del sector de las 
telecomunicaciones.
En los supuestos de ejecución directa por la Administración Pública de prestaciones en 
el área de las telecomunicaciones a través de medios propios personificados, en orden a 
la valoración del cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 32.2.b), se 
procederá a detraer del volumen global de negocios del ente destinatario del encargo las 
cantidades correspondientes a la actividad realizada como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por razones de interés general en su condición de operador 
público por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y normativa de 
desarrollo.
En todo caso el medio propio del que pretenda valerse una Administración Pública, 
cuando esta última ostente un control análogo sobre el primero al que ejercería sobre sus 
propios servicios, deberá realizar la parte esencial de su actividad para esta Administración 
Pública.
Disposición adicional cuadragésima primera. Normas específicas de contratación pública 
de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de 
arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las 
previsiones contenidas en esta Ley.
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Disposición adicional cuadragésima segunda. En relación con la actividad comercial del 
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En los contratos relacionados con la actividad comercial, a los que se refieren el 
artículo 16.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del 
Prado, y el artículo 18.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, estas entidades seguirán aplicando las normas previstas para 
los contratos de poderes adjudicadores que no tengan la naturaleza de Administraciones 
Públicas. Estos contratos no tendrán carácter de contratos administrativos.
Disposición adicional cuadragésima tercera. Naturaleza jurídica de las contraprestaciones 
económicas por la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos 
en régimen de Derecho privado.
Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por 
la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos, de forma directa 
mediante personificación privada o gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de 
la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o 
la prestación de servicios, en régimen de concesión, mediante sociedades de economía 
mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y 
demás fórmulas de derecho privado.
Disposición adicional cuadragésima cuarta.  Régimen de contratación de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del 
Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de 
las instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su 
contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su 
caso, el órgano que deba conocer en su ámbito de contratación, del recurso especial 
regulado en el Capítulo V del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de 
cualificación, independencia e inamovilidad previstas en el artículo 45 de la presente Ley.
Disposición adicional cuadragésima quinta. Remisión de contratos de concesión de 
obras y de concesión de servicios al Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales creado por la Disposición adicional primera 
de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, emitirá un informe sobre los efectos de la celebración del 
contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante, en relación con los 
contratos de concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en los ámbitos 
del sector público autonómico y local, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce 
millones de euros, o en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación 
estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos. A tales efectos estos contratos deberán 
remitirse al citado Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
Disposición adicional cuadragésima sexta. Remisión de información relativa a 
contratación del Sector Público Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas 
Nacionales.
En el ámbito de los sectores públicos autonómico y local, deberán remitirse al Comité 
Técnico de Cuentas Nacionales citado en la Disposición adicional anterior, todos los 
contratos de concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en sus 
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respectivos ámbitos, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, o 
en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el 
otorgamiento de préstamos o anticipos.
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitirá en relación con los mismos un 
informe sobre los efectos de la celebración del contrato en las cuentas económicas de la 
Administración contratante.
Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios aplicables a los contratos de 
concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, 
sanitario o educativo del anexo IV.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de esta Ley y, entre otras, de las 
relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las condiciones mínimas de 
solvencia, de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución, en 
los procedimientos de licitación de contratos de concesión de los servicios que figuran en 
el anexo IV y de contratos de carácter social, sanitario o educativo también del anexo IV, 
los órganos de contratación velarán en todas sus fases por la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad 
de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, 
incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los 
servicios; y la innovación en la prestación del servicio.
Asimismo, al establecer los criterios de adjudicación de los contratos a que se refiere 
esta disposición adicional, el órgano de contratación podrá referirlos a aspectos tales 
como: la experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos 
a sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar 
naturaleza en los términos establecidos en el artículo 145; la reinversión de los beneficios 
obtenidos en la mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de 
participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos.
Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos de servicios 
sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional cuarta, los órganos de 
contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones 
el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de 
carácter social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos 
CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 
80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 
y 98133110-8.
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada 
una de las condiciones siguientes:
a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la 
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la 
organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o 
redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el 
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o 
exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un 
contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años 
precedentes.
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3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en 
esta disposición adicional no excederá de tres años.
4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia 
a la presente Disposición adicional.
Disposición adicional cuadragésima novena. Legislación de las Comunidades Autónomas 
relativa a instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de 
carácter social.
Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el 
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando instrumentos no 
contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades 
de carácter social.
Disposición adicional quincuagésima. Paraísos Fiscales.
1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la 
calificación de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional 
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude 
fiscal. Dicha actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas de 
jurisdicciones no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea 
para que puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos.
2. El Gobierno deberá modificar antes del 31 de diciembre de 2017 el artículo 13 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 
de julio en relación con la información país por país que deben suministrar determinadas 
entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos de 750 
millones de euros. Esta modificación debe permitir ajustarse plenamente al marco 
establecido en el ámbito internacional así como utilizar de modo más eficiente los recursos 
públicos y reducir la carga administrativa que recae sobre los grupos de empresas 
multinacionales, al permitir a otras entidades distintas de la matriz última presentar el 
informe país por país.
No obstante, se mantendrán las obligaciones ya establecidas para estos grupos 
multinacionales de suministrar datos relativos a ingresos, resultados, impuestos, activos o 
plantilla desglosados por cada país o jurisdicción. Los grupos multinacionales del sector 
bancario y de las industrias extractivas deberán hacer públicos los datos relativos a esta 
información país por país que así se requiera en la normativa internacional.
Disposición adicional quincuagésima primera. Pagos directos a los subcontratistas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los 
pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas.
2. El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá 
ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200.
3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por 
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante 
la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
4. En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado 
de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el 
subcontratista.
5. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para desarrollar, en el 
ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados anteriores 
relativas a las características de la documentación que debe aportarse, el régimen de 
notificaciones, y el de certificaciones, operativa contable y facturación.
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Disposición adicional quincuagésima segunda. Referencias en la Ley a las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla.
Cuando en esta Ley un artículo haga referencia a las Comunidades Autónomas 
también se entenderá referido a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuando 
conforme a sus Estatutos de Autonomía estas Ciudades Autónomas tengan competencia 
en las materias que regule el referido precepto.
Disposición adicional quincuagésima tercera. Servicio público de noticias de titularidad 
estatal.
1. El servicio público de noticias de titularidad estatal, encomendado a la sociedad 
mercantil estatal Agencia EFE, S. A. U., es un servicio de interés económico general que 
tiene como misión la recogida, elaboración y distribución de noticias y de información 
general y especializada en todos los soportes de forma imparcial, independiente y objetiva, 
con el fin de garantizar las necesidades de información de la sociedad española y de 
fomentar la proyección exterior de España.
2. La función de servicio público comprende la cobertura de los eventos y 
acontecimientos de especial interés para España, y en particular, de las actividades de la 
Familia Real, la Jefatura del Estado, los miembros del Gobierno y las altas instituciones del 
Estado; la cobertura informativa en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas; la 
prestación de servicios informativos a la Administración del Estado; la difusión de la imagen 
de España y de su diversidad cultural y el intercambio informativo entre España y el resto 
del mundo, con especial atención a los ámbitos prioritarios para la acción exterior española.
3. La compensación anual por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 
se efectuará con arreglo al método del coste evitado neto y no podrá superar en el ejercicio 
presupuestario lo necesario para cubrir el coste neto de la ejecución de las obligaciones 
de servicio público. El importe del coste neto se actualizará anualmente, será revisado por 
la Comisión de Control del SIEG, que encargará a un auditor o empresa auditora 
independiente la tarea de fiscalización, revisión y control del SIEG.
4. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, informará a las Cortes Generales, y dictará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y, en particular, para 
establecer las obligaciones asociadas a la función de servicio público y las modalidades 
para el cálculo de la correspondiente compensación.
Disposición transitoria primera.  Expedientes iniciados y contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley 
se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 
procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin 
publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de 
aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
3. La presente Ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los encargos que 
se realicen con posterioridad a su entrada en vigor. Deberá entenderse que un encargo se 
ha realizado cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización documental.
4. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los 
artículos 34 y  40, respectivamente, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo.
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Núm. 272  Jueves 9 de noviembre de 2017  Sec. I.   Pág. 107978
En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley 
podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles de ser 
recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
5. Los contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición 
se regirán por la normativa aplicable a estos.
6. Los pliegos de cláusulas administrativas generales que a la entrada en vigor de 
la presente Ley ya se encontraran aprobados por las Comunidades Autónomas, 
dispondrán de un plazo de seis meses para su adaptación a lo previsto en el apartado 2 
del artículo 121.
Disposición transitoria segunda. Determinación de cuantías por los departamentos 
ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder 
adjudicador y que estén adscritos a los primeros.
Hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de 
los departamentos ministeriales fijen la cuantía para la autorización establecida en el 
apartado 5 del artículo 324 será de aplicación la cantidad, calculada de conformidad con 
el artículo 101, de 900.000 euros.
Disposición transitoria tercera.  Inscripción en el Registro de Licitadores en el 
procedimiento abierto simplificado del artículo 159.
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte 
exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con 
carácter general.
Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios personificados.
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte 
exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido 
de los estatutos de las entidades que ostenten la condición de medio propio personificado, 
estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32.
Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones 
internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de 
cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán 
contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan 
lo establecido en los citados artículos.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Queda derogado el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
1. El artículo 27 se dicta al amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia sobre «legislación procesal, sin perjuicio de las 
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas».
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2. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado para dictar la legislación civil y 
mercantil en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, 
artículo 271.1, artículo 272.1 y 2, artículo 273.1, artículo 274, artículo 275 y artículo 276.
3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo del 
artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de «bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas». Por su parte, los restantes artículos de la presente Ley 
constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y, en 
consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades dependientes de ellas.
No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: 
letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; artículo 30; la 
letra c) del apartado 5 del artículo 32; artículo 45 y 46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); 
artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 
del artículo 107; segundo párrafo del apartado  3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; 
letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del 
artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto párrafo del apartado 4 
del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo  192.2 y 3; 
artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; 
artículo  228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del 
artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 232; artículo 234; artículo 235; 
artículo 236; artículo 237; artículo 238.2; artículo 240; apartado 1 del artículo  241; el apartado 4, 
salvo la previsión de la letra b) del primer párrafo y el segundo párrafo, y 5 del artículo 242; 
artículo 243; artículo 253; artículo  256; artículo  260; apartados 2 y 3 del artículo 263; 
artículo 266; apartado 5 del artículo 267; artículo 268; artículo 272.6; artículo 273.2; 
artículo  294.b; artículo 298; apartados 2 y 3 del artículo 300; artículo 302; artículo 303; 
artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del artículo 307; apartados 2 y 3 del artículo 313; 
apartados 3,  4, 5 y 6 del artículo 314; artículo 315; artículo 323; artículo  324; artículo 325; 
artículos 326 y 327; artículo  328, salvo el apartado 4; artículo 335.4; apartados  1, 2 y 7 del 
artículo 347; letra a) y segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional 
primera; el párrafo tercero, apartado 1 de la disposición adicional cuarta; disposición adicional 
decimocuarta; disposición adicional décimo novena; disposición adicional vigésima; disposición 
adicional vigésimo cuarta; disposición adicional vigésimo novena; disposición adicional 
trigésima; disposición transitoria primera; disposición final séptima; y disposición final octava.
A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de 
mínimas las exigencias que para los contratos menores se establecen en el artículo 118.1 
y tendrán la consideración de máximos los siguientes porcentajes, cuantías o plazos:
El porcentaje del 3 por 100 del artículo 106.2.
El porcentaje del 5 por 100 del artículo 107.1 y 2.
Las cuantías del artículo 131.4.
Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210.
4. Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades Autónomas de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las 
posiciones singulares que en materia de sistema institucional, y en lo que respecta a las 
competencias exclusivas y compartidas, en materia de función pública y de auto 
organización, en cada caso resulten de aplicación en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.
Disposición final segunda. Comunidad Foral de Navarra.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo 
dispuesto en esta Ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
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Disposición final tercera. Comunidad Autónoma del País Vasco.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
de lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico Vasco de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
Disposición final cuarta. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley 
y a los medios propios personificados.
1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los 
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.
2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los 
que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la 
reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra 
cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción de un contrato administrativo, 
una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el 
interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin 
perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.
3. En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no 
previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final quinta. Incorporación de derecho comunitario.
Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión, sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última Directiva 
a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales.
Disposición final sexta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.
1. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para aprobar, previo 
dictamen del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional 
decimosexta que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en esta Ley.
2. Igualmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, mediante Orden, definirá 
las especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en 
cumplimiento de la presente Ley y establecerá los modelos que deban utilizarse.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Función 
Pública y de Energía, Turismo y Agenda Digital, adoptará las medidas necesarias para 
facilitar la emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con 
el sector público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que se 
establezcan para las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamente anterior 
y para el conjunto de sus actividades sea inferior al umbral que se fije en la Orden a que 
se refiere el párrafo anterior.
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Disposición final séptima. Fomento de la celebración de negocios y contratos en materia 
de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Mediante Acuerdo de Ministros podrán reservarse fondos destinados a la financiación 
de negocios y contratos relacionados con el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación a los que se refiere el artículo 8.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.
Disposición final novena. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen 
jurídico de las tasas y los precios públicos.
Se añade una nueva letra c) al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen 
jurídico de las tasas y los precios públicos, con la siguiente redacción:
«c) Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la 
prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la 
legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributarias.»
Disposición final décima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas 
directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se 
refieren los apartados C) y D) de este número, sin contraprestación o mediante 
contraprestación de naturaleza tributaria.
B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias 
Estatales.
d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, 
dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial 
autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control 
de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas 
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las 
Comunidades Autónomas y Entidades locales.
C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los 
encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que 
ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador 
que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido 
artículo 32.
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D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por 
cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a 
que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de 
las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente 
dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la 
titularidad íntegra de los mismos.
E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen 
los dos apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios 
prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente 
dependientes de la misma Administración Pública.
F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades 
del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se 
relacionan:
a´) Telecomunicaciones.
b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades 
de energía.
c´) Transportes de personas y bienes.
d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras 
ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones 
exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el número 9.º siguiente.
e´) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión 
posterior.
f´) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del 
mercado de estos productos.
g´) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.
h´) Almacenaje y depósito.
i´) Las de oficinas comerciales de publicidad.
j´) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, 
cooperativas y establecimientos similares.
k´) Las de agencias de viajes.
l´) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, 
incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones.
m´) Las de matadero.»
Dos. Se modifica el número 3.º del apartado Dos del artículo 78, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«78. Dos.3.º  Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las 
operaciones sujetas al Impuesto.
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 
Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades 
entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con 
anterioridad a la realización de la operación.
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran 
en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno 
del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, 
que las Administraciones Públicas realicen para financiar:
a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no 
exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de 
gestión.
b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean 
identificables y no satisfagan contraprestación alguna.»
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Tres. Se modifica el apartado Cinco del artículo 93 que queda redactado de la 
siguiente forma: 
«93. Cinco. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones 
sujetas al Impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el 
artículo 7.8.º de esta Ley podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de 
bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras 
operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las 
cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las 
operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a 
que se refiere el artículo 94.Uno.2.º de esta Ley. Este criterio deberá ser mantenido 
en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, determinado para cada año natural, de 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al 
Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año 
natural por el conjunto de su actividad.
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar 
provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de 
la regularización que proceda a final de cada año.
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas 
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios 
destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se 
refiere el artículo 7.8.º de esta Ley.
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las 
condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en 
particular, los que se refieren a la regla de prorrata.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de 
servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3.º de 
esta Ley.»
Cuatro. Se suprime el número 4.º del apartado Tres del artículo 78.
Disposición final undécima. Modificación de la Disposición adicional primera de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional primera. Prestaciones patrimoniales de carácter público.
1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se 
refiere el artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado 
anterior podrán tener carácter tributario o no tributario.
Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el 
apartado 1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e 
impuestos a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás 
prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un 
servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante 
gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de 
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de 
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.»
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Disposición final duodécima.  Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.
Se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un 
nuevo apartado 6 al artículo 20, en los siguientes términos:
«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se 
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de 
este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante 
gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario conforme a lo previsto en el artículo  31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de 
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de 
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado 
se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha 
ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas 
Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna 
facultad de intervención sobre las mismas.»
Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público.
Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 
del sector público en los siguientes términos:
Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de 
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando 
ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y 
entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.»
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Dos. Se modifica el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:
«La presente Ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por 
las Administraciones y organismos del sector público.»
Tres. Se modifica el artículo 7.1 en los siguientes términos:
«Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización 
en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la 
normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la 
misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a 
disposición y difusión.
En caso de que una Administración u organismo del sector público reutilice los 
documentos como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias 
que tenga atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas 
actividades las mismas tasas o precios públicos y condiciones que se apliquen a los 
demás usuarios.»
Cuatro. Se modifica el artículo 7.6, que queda redactado como sigue:
«Las Administraciones y organismos del sector público publicarán por medios 
electrónicos, siempre que sea posible y apropiado, las tarifas fijadas para la 
reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público, 
así como las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base 
de cálculo utilizada.
En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, el organismo del sector 
público de que se trate indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta 
para el cálculo de la misma. Cuando se solicite, dicho organismo también indicará 
cómo se ha calculado esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización 
concreta.»
Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo  1/2013, de 29 de noviembre.
Se añade un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:
«4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa 
social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º 
y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, 
directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, 
que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus 
Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, 
cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como 
también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que 
la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas 
anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de 
sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre 
que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la 
reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo 
para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su 
actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por 
reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de 
empleo de iniciativa social.»
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Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que queda redactada como sigue:
Uno. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la 
Intervención General de la Administración del Estado.»
Dos. El último párrafo del apartado 2 del artículo 84, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del 
Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la 
participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en 
sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión 
y reindustrialización.»
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del 
artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, 
así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que 
lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 8 de noviembre de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO I
Trabajos contemplados en el artículo 13
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura 
CPV.
NACE Rev.2 (1)
Código CPV Sección F Construcción
División Grupo Clase Descripción Observaciones
45 Construcción. Esta división comprende:
–  las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones 
corrientes.45000000
45,1 Preparación de obras. 45100000
45,11 Demolición de inmuebles; 
movimientos de tierras.Esta clase comprende:
–  la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras,
–  la limpieza de escombros,
–  los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado y 
nivelación de emplazamientos de obras, excavación de zanjas, 
despeje de rocas, voladuras, etc.,
–  la preparación de explotaciones mineras:
–  obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de 
preparación de minas. 
Esta clase comprende también:
–  el drenaje de emplazamientos de obras,
–  el drenaje de terrenos agrícolas y forestales.45110000
45,12 Perforaciones y sondeos. Esta clase comprende:
–  las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, 
geofísicos, geológicos u otros. 
Esta clase no comprende:
–  la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural 
(véase 11.20),
–  la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25),
–  la excavación de pozos de minas (véase 45.25),
–  la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios 
geofísicos, geológicos o sísmicos (véase 74.20).45120000
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NACE Rev.2 (1)
Código CPV Sección F Construcción
División Grupo Clase Descripción Observaciones
45,2 Construcción general de inmuebles 
y obras de ingeniería civil.45200000
45,21 Construcción general de edificios y 
obras singulares de ingeniería 
civil (puentes, túneles, etc.).Esta clase comprende:
–  la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras de 
ingeniería civil:
–  puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y 
pasos subterráneos,
–  redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia,
–  instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de 
comunicaciones,
–  obras urbanas anejas,
–  el montaje in situ  de construcciones prefabricadas. 
Esta clase no comprende:
–  los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo 
(véase 11.20),
–  el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de 
piezas de producción propia que no sean de hormigón (véanse las 
divisiones 20, 26 y 28),
–  la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, 
pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, 
excluidos sus edificios (véase 45.23),
–  las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3),
–  el acabado de edificios y obras (véase 45.4),
–  las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20),
–  la dirección de obras de construcción (véase 74.20).45210000
Excepto:
– 45213316
45220000
45231000
45232000
45,22 Construcción de cubiertas y 
estructuras de cerramiento.Esta clase comprende:
–  la construcción de tejados,
–  la cubierta de tejados,
–  la impermeabilización de edificios y balcones.45261000
45,23 Construcción de autopistas, 
carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos.Esta clase comprende:
–  la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de 
circulación de vehículos y peatones,
–  la construcción de vías férreas,
–  la construcción de pistas de aterrizaje,
–  la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, 
pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, 
excluidos sus edificios,
–  la pintura de señales en carreteras y aparcamientos. Esta clase no 
comprende:
–  el movimiento de tierras previo (véase 45.11).45212212 y DA03
45230000
Excepto:
– 45231000
– 45232000
– 45234115
45,24 Obras hidráulicas. Esta clase comprende:
–  la construcción de:
–  vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos 
deportivos, esclusas, etc.,
–  presas y diques,
–  dragados,
–  obras subterráneas.45240000
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NACE Rev.2 (1)
Código CPV Sección F Construcción
División Grupo Clase Descripción Observaciones
45,25 Otros trabajos de construcción 
especializados.Esta clase comprende:
–  las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto 
común a diferentes tipos de estructura y que requieran aptitudes o 
materiales específicos,
–  obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
–  construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos 
de minas,
–  montaje de piezas de acero que no sean de producción propia,
–  curvado del acero,
–  colocación de ladrillos y piedra,
–  montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, 
incluido su alquiler,
–  montaje de chimeneas y hornos industriales. 
Esta clase no comprende:
–  el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 
71.32).45250000
45262000
45,3 Instalación de edificios y obras. 45300000
45,31 Instalación eléctrica. Esta clase comprende:
la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
–  cables y material eléctrico,
–  sistemas de telecomunicación,
–  instalaciones de calefacción eléctrica,
–  antenas de viviendas,
–  alarmas contra incendios,
–  sistemas de alarma de protección contra robos,
–  ascensores y escaleras mecánicas,
–  pararrayos, etc.45213316
45310000
Excepto:
– 45316000
45,32 Trabajos de aislamiento. Esta clase comprende:
–  la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento 
térmico, acústico o antivibratorio. 
Esta clase no comprende:
–  la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22).45320000
45,33 Fontanería. Esta clase comprende:
–  la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
–  fontanería y sanitarios,
–  aparatos de gas,
–  aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o 
aire acondicionado,
–  la instalación de extintores automáticos de incendios. Esta clase no 
comprende:
–  la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica 
(véase 45.31).45330000
45,34 Otras instalaciones de edificios y 
obras.Esta clase comprende:
–  la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, 
puertos y aeropuertos,
–  la instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y 
dispositivos no clasificados en otra parte.45234115
45316000
45340000
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NACE Rev.2 (1)
Código CPV Sección F Construcción
División Grupo Clase Descripción Observaciones
45,4 Acabado de edificios y obras. 45400000
45,41 Revocamiento. Esta clase comprende:
–  la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y 
estuco interior y exterior, incluidos los materiales de listado 
correspondientes.45410000
45,42 Instalaciones de carpintería. Esta clase comprende:
–  la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, 
escaleras, mobiliario de trabajo y similares de madera u otros 
materiales, que no sean de producción propia,
–  acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para 
paredes, tabiques móviles, etc. 
Esta clase no comprende:
–  los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 
45.43).45420000
45,43 Revestimiento de suelos y paredes. Esta clase comprende:
–  la colocación en edificios y otras obras de construcción de:
–  revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y 
suelos,
–  revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y 
revestimientos de moqueta y linóleo para suelos,
–  incluidos el caucho o los materiales plásticos,
–  revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y 
suelos,
–  papeles pintados.45430000
45,44 Pintura y acristalamiento. Esta clase comprende:
–  la pintura interior y exterior de edificios,
–  la pintura de obras de ingeniería civil,
–  la instalación de cristales, espejos, etc. 
Esta clase no comprende:
–  la instalación de ventanas (véase 45.42).45440000
45,45 Otros acabados de edificios y obras. Esta clase comprende:
–  la instalación de piscinas particulares,
–  la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de 
los edificios,
–  otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte. 
Esta clase no comprende:
–  la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).45212212 y DA04
45450000
45,5 Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operario.45500000
45,50 Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operario.Esta clase no comprende:
–  el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición 
desprovisto de operario (véase 71.32).45500000
(1) Reglamento (CEE) n.º 1893/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
que establece la clasificación europea de actividades económicas.
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ANEXO II
Lista de productos contemplados en el artículo 21.1.a) en lo que se refiere a los contratos 
de suministros adjudicados por los órganos de contratación del sector de la defensa
Capítulo 25: Sal, azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.
Capítulo 26: Minerales, escorias y cenizas.
Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas, ceras minerales.
excepto:
ex ex 27.10: carburantes especiales.
Capítulo 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
excepto:.
 ex ex 28.09: explosivos.
 ex ex 28.13: explosivos.
 ex ex 28.14: gases lacrimógenos.
 ex ex 28.28: explosivos.
 ex ex 28.32: explosivos.
 ex ex 28.39: explosivos.
 ex ex 28.50: productos toxicológicos.
 ex ex 28.51: productos toxicológicos.
 ex ex 28.54: explosivos.
Capítulo 29: Productos químicos orgánicos.
excepto:
 ex ex 29.03: explosivos.
 ex ex 29.04: explosivos.
 ex ex 29.07: explosivos.
 ex ex 29.08: explosivos.
 ex ex 29.11: explosivos.
 ex ex 29.12: explosivos.
 ex ex 29.13: productos toxicológicos.
 ex ex 29.14: productos toxicológicos.
 ex ex 29.15: productos toxicológicos.
 ex ex 29.21: productos toxicológicos.
 ex ex 29.22: productos toxicológicos.
 ex ex 29.23: productos toxicológicos.
 ex ex 29.26: explosivos.
 ex ex 29.27: productos toxicológicos.
 ex ex 29.29: explosivos.
Capítulo 30: Productos farmacéuticos.
Capítulo 31: Abonos.
Capítulo 32: Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas.
Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.
Capítulo 34: Jabones, operadores de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras 
para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso.
Capítulo 35: Materias albuminóideas; colas; enzimas.
Capítulo 37: Productos fotográficos o cinematográficos.
Capítulo 38: Productos diversos de las industrias químicas
excepto:
ex ex 38.19: productos toxicológicos.
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Capítulo 39: Materias plásticas, éteres y esteres de la celulosa, resinas artificiales y manufacturas de estas materias.
excepto:
ex ex 39.03: explosivos.
Capítulo 40: Caucho natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de caucho.
excepto:
ex ex 40.11: neumáticos para automóviles.
Capítulo 41: Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Capítulo 42: Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y 
continentes similares; manufacturas de tripa.
Capítulo 43: Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o facticia.
Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas.
Capítulo 46: Manufacturas de espartería o de cestería.
Capítulo 47: Materias destinadas a la fabricación de papel.
Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Capítulo 49: Artículos de librería y productos de las artes gráficas.
Capítulo 65: Sombreros y demás tocados, y sus partes.
Capítulo 66: Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes.
Capítulo 67: Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello.
Capítulo 68: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.
Capítulo 69: Productos cerámicos.
Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas.
Capítulo 71: Perlas finas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y 
manufacturas de estas materias; bisutería.
Capítulo 73: Fundición, hierro y acero.
Capítulo 74: Cobre.
Capítulo 75: Níquel.
Capítulo 76: Aluminio.
Capítulo 77: Magnesio, berilio.
Capítulo 78: Plomo.
Capítulo 79: Cinc.
Capítulo 80: Estaño.
Capítulo 81: Otros metales comunes.
Capítulo 82: Herramientas, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común..
excepto:
 ex ex 82.05: herramientas.
 ex ex 82.07: piezas de herramientas.
Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común.
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Capítulo 84: Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
excepto:
 ex ex 84.06: motores.
 ex ex 84.08: los demás propulsores.
 ex ex 84.45: máquinas.
 ex ex 84.53: máquinas automáticas de tratamiento de la información.
 ex ex 84.55: piezas del n.º 84.53.
 ex ex 84.59: reactores nucleares.
Capítulo 85: Máquinas y aparatos eléctricos y objetos que sirvan para usos electrotécnicos.
excepto:
 ex ex 85.13: telecomunicaciones.
 ex ex 85.15: aparatos de transmisión.
Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas, aparatos de señalización no eléctricos para vías de comunicación.
excepto:.
 ex ex 86.02: locomotoras blindadas.
 ex ex 86.03: las demás locomotoras blindadas.
 ex ex 86.05: vagones blindados.
 ex ex 86.06: vagones taller.
 ex ex 86.07: vagones.
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres.
excepto:.
 ex ex 87.08: tanques y demás vehículos automóviles blindados.
 ex ex 87.01: tractores.
 ex ex 87.02: vehículos militares.
 ex ex 87.03: vehículos para reparaciones.
 ex ex 87.09: motocicletas.
 ex ex 87.14: remolques.
Capítulo 89: Navegación marítima y fluvial.
excepto:.
ex ex 89.01A: barcos de guerra.
Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y 
aparatos medicoquirúrgicos.
excepto:
 ex ex 90.05: binoculares.
 ex ex 90.13: instrumentos diversos, láser.
 ex ex 90.14: telémetros.
 ex ex 90.28: instrumentos de medida eléctricos o electrónicos.
 ex ex 90.11: microscopios.
 ex ex 90.17: instrumentos médicos.
 ex ex 90.18: aparatos para mecanoterapia.
 ex ex 90.19: aparatos para ortopedia.
 ex ex 90.20: aparatos de rayos X.
Capítulo 91: Fabricación de relojes.
Capítulo 92: Instrumentos musicales, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción 
de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Capítulo 94: Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares
excepto:
ex ex 94.01A: asientos para aeronaves.
Capítulo 95: Materias para tallar o moldear, trabajadas (incluidas las manufacturas).
Capítulo 96: Manufacturas de cepillería, brochas y pinceles, escobas, borlas, tamices, cedazos y cribas.
Capítulo 98: Mercancías y productos diversos.
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ANEXO III
Información que debe figurar en los anuncios
A) Información que debe figurar en los anuncios de publicación de un anuncio de 
información previa en un perfil de contratante, de información previa, de licitación, de 
formalización y de modificación de contratos de obras, suministros y servicios.
Sección 1. Información que debe figurar en los anuncios de la publicación de un 
anuncio de información previa en un perfil de contratante:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
3. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de 
compras, o de que se va a utilizar, o se puede utilizar, alguna otra forma de contratación 
conjunta.
4. Códigos CPV.
5. Dirección de internet del «perfil de contratante» (URL).
6. Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio de información 
previa en el perfil de contratante.
Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de información previa 
cuando no proceda la aplicación de la sección 3 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la 
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos 
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de 
la contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de 
compras, o de que se va a utilizar, o se puede utilizar, alguna otra forma de contratación 
conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de 
suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
7. Breve descripción de la contratación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza 
y cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios.
8. Cuando este anuncio no se utilice como medio de convocatoria de licitación, las 
fechas estimadas para la publicación de uno o varios anuncios de licitación con respecto 
al contrato o los contratos a los que se refiera este anuncio de información previa.
9. Fecha de envío del anuncio.
10. Si procede, otras informaciones.
11. Indicación de si el ACP es aplicable al contrato.
Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de 
servicios especiales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional), 
dirección, incluido código NUTS, dirección electrónica y de internet del poder adjudicador.
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2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos el valor estimado total del 
contrato y los números de referencia a la nomenclatura CPV.
3. En la medida en que ya se conozcan:
a) Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, 
o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en el caso de los suministros 
y los servicios;
b) Calendario de entrega de los bienes, la realización de las obras o la prestación de 
los servicios y duración del contrato;
c) Condiciones para la participación, y, en concreto:
Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres 
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de 
empleo protegido,
Cuando proceda, indicar si con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión;
d) Breve descripción de las características principales del procedimiento de 
adjudicación que se va a aplicar.
Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de licitación cuando no 
proceda la aplicación de la sección 5 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la 
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos 
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de 
la contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de 
compras, o de que se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de 
suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
7. Descripción de la licitación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza y 
cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios. Si el contrato 
está dividido en lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción 
de posibles variantes.
8. Orden de magnitud total estimado del contrato o los contratos: cuando los 
contratos estén divididos en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
9. Admisión o prohibición de variantes.
10. Calendario para la entrega de los suministros o las obras o para la prestación de 
los servicios y, en la medida de lo posible, duración del contrato.
a) Cuando se utilice un acuerdo marco, indicación de su duración prevista, 
justificando, en su caso, toda duración superior a cuatro años; en la medida de lo posible, 
indicación del valor o del orden de magnitud y de la frecuencia de los contratos que se van 
a adjudicar, el número y, cuando proceda, número máximo propuesto de operadores 
económicos que van a participar.
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b) En el caso de un sistema dinámico de adquisición, indicación de la duración 
prevista del sistema; en la medida de lo posible, indicación del valor o del orden de 
magnitud y de la frecuencia de los contratos que se van a adjudicar.
11. Condiciones de participación, entre ellas:
a) Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres 
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de 
empleo protegido;
b) Cuando proceda, indicación de si las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas reservan la prestación del servicio a una profesión determinada; referencia 
a dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c) Enumeración y breve descripción de los criterios relativos a la situación personal 
de los operadores económicos que pueden dar lugar a su exclusión, así como de los 
criterios de selección; niveles mínimos aceptables; indicación de la información exigida 
(declaraciones de los interesados, documentación).
12. Tipo de procedimiento de adjudicación; cuando proceda, motivos para la 
utilización de un procedimiento acelerado (en los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación).
13. Si procede, indicación de si:
a) Se aplica un acuerdo marco;
b) Se aplica un sistema dinámico de adquisición;
c) Se utiliza una subasta electrónica (en los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación).
14. Cuando el contrato vaya a subdividirse en lotes, indicación de la posibilidad de 
presentar ofertas para uno de los lotes, para varios, o para todos ellos; indicación de si el 
número de lotes que podrá adjudicarse a cada licitador estará limitado. Cuando el contrato 
no esté subdividido en lotes, indicación de las razones para ello, salvo que esta información 
se facilite en el informe específico.
15. En el caso de los procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de 
diálogo competitivo o de asociación para la innovación, cuando se haga uso de la facultad 
de reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas, a negociar o 
a participar en el diálogo: número mínimo y, en su caso, máximo propuesto de candidatos 
y criterios objetivos que se utilizarán para elegir a los candidatos en cuestión.
16. Para el procedimiento de licitación con negociación, el diálogo competitivo o la 
asociación para la innovación, se indicará, si procede, que se recurrirá a un procedimiento 
que se desarrollará en fases sucesivas con el fin de reducir progresivamente el número de 
ofertas que haya que negociar o de soluciones que deban examinarse.
17. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del 
contrato.
18. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos. Excepto en 
el supuesto en que la mejor oferta se determine sobre la base del precio exclusivamente, 
se indicarán los criterios que determinen esta, de conformidad con el artículo 145, así 
como su ponderación, cuando dichos criterios no figuren en el pliego de condiciones o, en 
caso de diálogo competitivo, en el documento descriptivo.
19. Plazo para la recepción de ofertas (procedimientos abiertos) o solicitudes de 
participación (procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación, 
sistemas dinámicos de adquisición, diálogos competitivos y asociaciones para la 
innovación).
20. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas o solicitudes de participación.
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21. Cuando se trate de procedimientos abiertos:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta;
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las plicas;
c) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de 
participación.
23. Si procede, indicación de si:
a) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de participación;
b) Se utilizarán pedidos electrónicos;
c) Se aceptará facturación electrónica;
d) Se utilizará el pago electrónico.
24. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa 
financiado con fondos de la Unión.
25. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de recurso y, 
en su caso, de mediación. Indicación de los plazos de presentación de recursos o, en caso 
necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección 
electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
26. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
27. En el caso de los contratos periódicos, calendario estimado para la publicación 
de ulteriores anuncios.
28. Fecha de envío del anuncio.
29. Indicación de si el ACP es aplicable al contrato.
30. Si procede, otras informaciones.
Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de licitación relativos a 
contratos de servicios especiales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, dirección 
electrónica y de internet del poder adjudicador.
2. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
3. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los números de 
referencia a la nomenclatura CPV.
4. Condiciones para la participación, y, en concreto:
– Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres 
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de 
empleo protegido,
– Cuando proceda, indicar si con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión.
5. Plazo(s) para ponerse en contacto con el poder adjudicador, con vistas a participar.
6. Breve descripción de las características principales del procedimiento de 
adjudicación que se va a aplicar.
Sección 6. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de 
contratos cuando no proceda la aplicación de la sección 7 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
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3. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras 
o de si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
4. Códigos CPV.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
6. Descripción de la licitación: naturaleza y alcance de las obras, naturaleza y 
cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance de los servicios. Si el contrato 
está dividido en lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción 
de posibles variantes.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación; en caso de que se haya utilizado un 
procedimiento negociado sin publicación previa, se deberá justificar esta elección.
8. Si procede, indicación de si:
a) Se aplicó un acuerdo marco;
b) Se aplicó un sistema dinámico de adquisición.
9. Criterios previstos en el artículo 145 que se utilizaron para la adjudicación del 
contrato o los contratos. Cuando proceda, indicación de si se utilizó una subasta electrónica 
(en los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación con negociación).
10. Fecha de la adjudicación del contrato o contratos o del acuerdo o acuerdos 
marco tras la decisión de concesión o celebración.
11. Número de ofertas recibidas con respecto a cada adjudicación, y, en concreto:
a) El número de ofertas recibidas de operadores económicos que sean pequeñas y 
medianas empresas;
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país;
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica.
12. Para cada adjudicación, nombre, NIF, dirección, incluido código NUTS, número 
de teléfono y de fax, dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores 
seleccionados, especificando:
a) Si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b) Si el contrato se ha adjudicado a una agrupación de empresas.
13. Valor de la oferta u ofertas seleccionadas o valores de las ofertas de mayor y de 
menor coste tomadas en consideración para la adjudicación o las adjudicaciones de 
contratos.
14. Cuando proceda, para cada adjudicación, valor y proporción de los contratos que 
se prevea subcontratar a terceros.
15. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa 
financiado con fondos de la Unión.
16. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, 
en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos o, en caso 
necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección 
electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
17. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
18. Fecha de envío del anuncio.
19. Si procede, otras informaciones.
Sección 7. Información que debe figurar en el anuncio de formalización de los 
contratos de servicios sociales y otros servicios específicos:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional), 
dirección, incluido código NUTS, dirección electrónica y de internet del poder adjudicador.
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2. Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos el número o números de 
referencia de la nomenclatura CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
4. Número de ofertas recibidas.
5. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) pagados.
6. Para cada adjudicación, nombre y dirección, incluido código NUTS, NIF, dirección 
electrónica y de internet del operador u operadores económicos adjudicatarios.
7. Si procede, otras informaciones.
Sección 8. Información que debe figurar en los anuncios de concursos de proyectos:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la 
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos 
contemplados en el artículo 138, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de 
la contratación.
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras 
o de si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
5. Códigos CPV cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
6. Descripción de las principales características del proyecto.
7. Si procede, número e importe de los premios.
8. Tipo de concurso (abierto o restringido).
9. Cuando se trate de concursos abiertos, plazo para la presentación de proyectos.
10. Cuando se trate de concursos restringidos:
a) Número de participantes considerado;
b) Nombres de los participantes ya seleccionados, en su caso;
c) Criterios de selección de los participantes;
d) Plazo para las solicitudes de participación.
11. En su caso, indicación de si la participación está restringida a una profesión 
específica.
12. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.
13. Indicación de si la decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador.
14. Si procede, posibles pagos a todos los participantes.
15. Se indicará si los contratos subsiguientes al concurso serán o no adjudicados al 
ganador o a los ganadores de dicho concurso.
16. Fecha de envío del anuncio.
17. Si procede, otras informaciones.
Sección 9. Información que debe figurar en los anuncios sobre los resultados de un 
concurso de proyectos:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
3. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras 
o de si se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta.
4. Códigos CPV.
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5. Descripción de las principales características del proyecto.
6. Importe de los premios.
7. Tipo de concurso (abierto o restringido).
8. Criterios que se aplicaron para valorar los proyectos.
9. Fecha de la decisión del jurado.
10. Número de participantes.
a) Número de participantes que sean PYME.
b) Número de participantes extranjeros.
11. Nombre, dirección, incluido código NUTS, NIF, número de teléfono y de fax, y 
dirección electrónica y de internet del ganador o los ganadores del concurso e indicación 
de si se trata de pequeñas y medianas empresas.
12. Información sobre si el concurso de proyectos está relacionado con un proyecto 
o programa financiado con fondos de la Unión Europea.
13. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» relevantes para el proyecto o los proyectos que se den a conocer en el anuncio.
14. Fecha de envío del anuncio.
15. Si procede, otras informaciones.
Sección 10.  Información que debe figurar en los anuncios de modificación de un 
contrato durante su vigencia:
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Códigos CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de 
suministro y de servicios.
4. Descripción de la contratación antes y después de la modificación: naturaleza y 
alcance de las obras, naturaleza y cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance 
de los servicios.
5. Cuando proceda, incremento de precio causado por la modificación.
6. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7. Fecha de adjudicación del contrato.
8. Cuando proceda, nombre y dirección, incluido código NUTS, NIF, número de 
teléfono y fax, dirección electrónica y de internet del nuevo operador u operadores 
económicos.
9. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa 
financiado con fondos de la Unión.
10. Nombre y dirección del organismo de supervisión y del órgano responsable de 
los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de 
presentación de recursos o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de 
teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha 
información.
11. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio.
12. Fecha de envío del anuncio.
13. Si procede, otras informaciones.
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B) Información que debe figurar en los anuncios de licitación, formalización y 
modificación de contratos de concesión de obras y concesión de servicios.
Sección 1. Información que debe figurar en los anuncios de licitación de los contratos 
de concesión de obras y de concesión de servicios:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional), 
dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y 
de internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, 
del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Si las solicitudes van a ir acompañadas de ofertas, dirección electrónica y de 
internet donde pueden consultarse con un acceso directo, completo, gratuito y sin 
restricciones, los documentos de concesión. Cuando no se disponga de un acceso directo, 
completo, gratuito y sin restricciones en los casos contemplados en el artículo 138, una 
indicación sobre el modo de consulta de la documentación de la contratación.
4. Descripción de la concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza y 
magnitud de los servicios, orden de magnitud o valor indicativo y, si es posible, duración 
del contrato. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para 
cada lote. Si procede, descripción de posibles variantes.
5. Número(s) de referencia de la nomenclatura del CPV. Cuando la concesión esté 
dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de concesiones 
de obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de servicios; 
cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
7. Condiciones de participación, entre ellas:
a) Si procede, indicación de si la concesión está restringida a talleres protegidos o si 
su ejecución está restringida al marco de programas de protección de empleo;
b) Si procede, indicación de si la prestación del servicio está reservada, con arreglo 
a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, a una determinada profesión; 
referencia de dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c) Lista y descripción breve de los criterios de selección, si procede; nivel o niveles 
mínimos que pueden exigirse; indicación de la información exigida (declaraciones de los 
interesados, documentación).
8. Fecha límite de presentación de las solicitudes o de recepción de las ofertas.
9. Criterios que se aplicarán en la adjudicación de la concesión, cuando no aparezcan 
en otros documentos relativos a la concesión.
10. Fecha de envío del anuncio.
11. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, 
si procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en 
caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica 
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
12. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución de la 
concesión.
13. Dirección a la que deban enviarse las solicitudes de participación o las ofertas.
14. Si procede, indicación de las condiciones y requisitos relativos al uso de medios 
electrónicos de comunicación.
15. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa 
financiado por la Unión Europea.
16. Para las concesiones de obras, indicar si la concesión está cubierta por el ACP.
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Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios cuando no proceda la 
aplicación de la sección 5 siguiente:
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS) y, si 
procede, número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, del servicio del que 
pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV.
4. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de concesiones 
de obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de servicios.
5. Descripción de la concesión: naturaleza y magnitud de las obras, naturaleza y 
magnitud de los servicios, duración del contrato. Cuando la concesión esté dividida en 
lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de posibles 
variantes.
6. Descripción del procedimiento de adjudicación utilizado; en caso de adjudicación 
sin publicación previa, justificación de la misma.
7. Criterios previstos en el artículo 145 que se utilizarán para la adjudicación de la 
concesión o concesiones.
8. Fecha de la decisión o decisiones de adjudicación de las concesiones.
9. Número de ofertas recibidas para cada adjudicación, especificando:
a) El número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y 
medianas empresas;
b) El número de ofertas recibidas del extranjero;
c) El número de ofertas recibidas por vía electrónica.
10. Para cada adjudicación, nombre, dirección (incluido el código NUTS), NIF, y, si 
procede, número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del licitador o 
licitadores seleccionados, especificando:
a) Si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b) Si la concesión se ha adjudicado a un consorcio.
11. Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada, en 
particular:
a) Honorarios, precios y multas de haberlas;
b) Primas y pagos de haberlos;
c) Cualesquiera otros detalles pertinentes para el valor de la concesión conforme a 
lo establecido en el apartado 3 del artículo 101.
12. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión.
13. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, 
si procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en 
caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica 
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
14. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
15. Fecha de envío del anuncio.
16. Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión, si no se 
especifica en otros documentos relativos a la concesión de conformidad con el 
artículo 101.
17. Si procede, otras informaciones.
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Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de 
concesiones de servicios especiales del anexo IV:
1. Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información 
complementaria.
2. Si procede, dirección electrónica o de internet donde estarán disponibles las 
especificaciones y posibles documentos adicionales.
3. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
4. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
5. Código NUTS del emplazamiento principal de realización o prestación de las 
concesiones de servicios.
6. Descripción de los servicios, orden indicativo de magnitud o valor.
7. Condiciones de participación.
8. Si procede, plazo(s) para ponerse en contacto con el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, con vistas a participar.
9. Si procede, descripción breve de las principales características del procedimiento 
de adjudicación.
10. Si procede, otras informaciones.
Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de modificación de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional), 
dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y 
de internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de ser diferente, 
del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Códigos CPV.
3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, tratándose de concesiones 
de obras, o código NUTS del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de 
servicios.
4. Descripción de la concesión antes y después de la modificación: naturaleza y 
magnitud de las obras, naturaleza y magnitud de los servicios.
5. Si procede, modificación del valor de la concesión, incluido el incremento de 
honorarios o precios causado por la modificación.
6. Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7. Fecha de adjudicación de la concesión.
8. Si procede, nombre y dirección (incluido el código NUTS), NIF, número de teléfono 
y de fax y dirección electrónica y de internet del nuevo operador u operadores económicos.
9. Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión.
10. Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, 
si procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de presentación de recursos o, en 
caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección electrónica 
del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
11. Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
12. Fecha de envío del anuncio.
13. Si procede, otras informaciones.
Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de 
concesiones de servicios sociales del Anexo IV:
1. Nombre, número de identificación (cuando esté previsto en la legislación nacional), 
dirección (incluido el código NUTS), si procede, número de teléfono y de fax, y dirección 
cve: BOE-A-2017-12902
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electrónica y de internet del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora y, en caso de 
ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2. Tipo de poder adjudicador o entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada.
3. Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
4. Indicación resumida del objeto de la concesión.
5. Número de ofertas recibidas.
6. Valor de la oferta adjudicada, incluidos honorarios y precios.
7. Nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, 
dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados.
8. Si procede, otras informaciones.
ANEXO IV
Servicios especiales a que se refieren los artículos 22.1.C), 135.5 Y la disposición 
adicional trigésima sexta
Código CPV Descripción
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de 
suministro de personal doméstico] 79624000-4 [Servicios de suministro de 
personal de enfermería] y 79625000-1 [Servicios de suministro de personal 
médico] de 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-
5; 98500000-8 [Casas particulares con personas empleadas] y 98513000-2 
a 98514000-9 [Servicios de mano de obra para particulares, Servicios de 
personal de agencia para particulares, Servicios de personal administrativo 
para particulares, Personal temporal para particulares, Servicios de ayuda en 
tareas domésticas y Servicios domésticos].Servicios sociales y de salud y servicios 
conexos.
85321000-5 y 85322000-2, 75000000-6 [Servicios de administración pública, 
defensa y servicios de seguridad social], 75121000-0, 75122000-7, 
75124000-1; de 79995000-5 a 79995200-7; de 80000000-4 Servicios 
educativos y de formación a 80660000-8; de 92000000-1 a 92342200-2; de 
92360000-2 a 92700000-8;
79950000-8 [Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos], 
79951000-5 [Servicios de organización de seminarios], 79952000-2 
[Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización de eventos 
culturales], 79953000-9 [Servicios de organización de festivales], 79954000-6 
[Servicios de organización de fiestas], 79955000-3 [Servicios de organización 
de desfiles de modas], 79956000-0 [Servicios de organización de ferias y 
exposiciones].Servicios administrativos sociales, educativos, 
sanitarios y culturales.
75300000-9. Servicios de seguridad social de afiliación 
obligatoria.
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1.Servicios de prestaciones sociales.
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 y 98130000-3. Otros servicios comunitarios, sociales y 
personales, incluidos los servicios prestados 
por sindicatos, organizaciones políticas, 
asociaciones juveniles y otros servicios 
prestados por asociaciones.
98131000-0. Servicios religiosos.
cve: BOE-A-2017-12902
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Código CPV Descripción
55100000-1 a 55410000-7; 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios 
de suministro de comidas para hogares, 55521100-9 Servicios de entrega de 
comidas a domicilio, 55521200-0 Servicios de entrega de comidas].
55520000-1 Servicios de suministro de comidas desde el exterior, 55522000-5 
Servicios de suministro de comidas para empresas de transporte, 
55523000-2 Servicios de suministro de comidas para otras empresas e 
instituciones, 55524000-9 Servicios de suministro de comidas para escuelas.
55510000-8 Servicios de cantina, 55511000-5 Servicios de cantina y otros 
servicios de cafetería para clientela restringida, 55512000-2 Servicios de 
gestión de cantina, 55523100-3 Servicios de comidas para escuelas.Servicios de hostelería y restaurante.
79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5. Servicios jurídicos distintos de los referidos en 
el artículo 19.2.d).
75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 a 75131000-3. Otros servicios administrativos y servicios 
gubernamentales.
75200000-8 a 75231000-4. Prestación de servicios para la comunidad.
75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 
98113100-9.Servicios relacionados con las prisiones, 
servicios de seguridad pública y servicios de 
salvamento distintos de los referidos en el 
artículo 19.2.f).
79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de 
seguridad, Servicios de vigilancia de sistemas de alarma, Servicios de 
vigilancia, Servicios relacionados con el sistema de localización, Servicios de 
búsqueda de prófugos, Servicios de patrullas, Servicios de expedición de 
distintivos de identificación, Servicios de investigación y Servicios de agencia 
de detectives] 79722000-1 [Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios 
de análisis de residuos].Servicios de investigación y seguridad.
98900000-2 [Servicios prestados por organizaciones y entidades 
extraterritoriales] y 98910000-5 [Servicios específicos de organizaciones y 
entidades extraterritoriales].Servicios internacionales.
64000000-6 [Servicios de correos y telecomunicaciones], 64100000-7 
[Servicios postales y de correo rápido], 64110000-0 [Servicios postales], 
64111000-7 [Servicios postales relacionados con periódicos y revistas], 
64112000-4 [Servicios postales relacionados con cartas], 64113000-1 
[Servicios postales relacionados con paquetes], 64114000-8 [Servicios de 
ventanilla de correos], 64115000-5 [Alquiler de apartados de correos], 
64116000-2 [Servicios de lista de correos], 64122000-7 [Servicios de correo 
interno].Servicios de correos.
50116510-9 [Servicios de recauchutado de neumáticos], 71550000-8 [Servicios 
de herrería].Servicios diversos.
ANEXO V
Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a que se 
refiere el artículo 201
– Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación,
– Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
– Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso,
– Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso,
– Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,
– Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),
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– Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración,
– Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,
– Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono,
– Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos 
peligrosos (Convenio de Basilea),
– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),
– Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus 
tres Protocolos regionales.
ANEXO VI
Códigos CPV de los servicios y suministros a los que se refiere la disposición 
adicional cuarta relativa a los contratos reservados
Servicios de limpieza:
90610000-6, 90611000-3, 77211500-7, 77310000-6, 77311000-3, 77313000-7, 
77314000-4, 90917000-8, 77211400-6, 90910000-9, 90911300-9, 90919200-4, 
90690000-0.
Servicio de recogida y reciclaje:
90511300-5, 90511400-6, 90531000-8.
Servicios forestales:
77200000-2, 77231000-8, 77231800-6, 77312000-0, 77312100-1, 79930000-2.
Servicios de lavandería:
98311100-7, 98311200-8, 98312100-4, 98314000-7, 98315000-4, 98311000-6.
Servicio de hostelería y catering:
79952000-2, 55130000-0, 79952100-3, 55120000-7, 79950000-8, 55512000-2, 
55330000-2, 55400000-4, 55410000-7.
Servicios de transporte:
60112000-6.
Servicios de imprenta:
79824000-6, 79821000-5, 79820000-8, 79800000-2, 79810000-5, 79823000-9, 
79971000-1, 79971200-3, 79971100-2.
Servicios sociales:
85320000-8, 85312000-9, 85300000-2, 85310000-5.
Servicios de almacenamiento y reparto:
63100000-0, 63120000-6, 63121100-4.
Servicios de hospedaje y turismo rural:
63500000-4, 75125000-8.
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Servicios de trabajos administrativos:
92500000-6, 92510000-9, 92511000-6, 92512000-3, 79500000-9, 98341120-2, 
98341130-5, 79511000-9, 92520000-2, 92521000-9, 92521100-0, 72312000-5.
Servicios de gestión y trabajos auxiliares:
45233294-6, 45316000-5, 79993100-2, 79993000-1.
Servicios de correo y publicidad:
79571000-7, 79340000-9, 79341000-6, 64121100-1, 64121200-2, 79520000-5, 
79920000-9, 79921000-6.
Servicios de mantenimiento y reparación:
45422000-1, 45420000-7, 50850000-8, 45262500-6, 45262520-2, 50000000-5, 
71314100-3, 45330000-9, 45442100-8, 50232200-2, 45262680-1, 45259000-7, 
50115000-4.
Producción y venta de plantas de temporada, de compost, de planta y arbusto, de 
mobiliario de jardín…
03121100-6, 03451300-9, 39142000-9, 03110000-5.
Producción y venta de jabones de mano:
33711900-6, 33741100-7, 39831700-3.
Producción y venta de herramientas de cocina de madera:
39220000-0, 44410000-7, 39221100-8, 39221180-2, 39141000-2.
Producción y venta de mobiliario de carpintería:
39100000-3, 03419100-1, 37800000-6, 37810000-9.
Venta y distribución:
30199000-0, 39000000-2.
Artículos para eventos:
18530000-3.
Regalos y obsequios de empresa:
39516000-2, 39295500-1, 39561140-5, 39200000-4, 39290000-1, 39170000-4, 
44111300-4, 39298900-6, 44812400-9.
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