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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
15838 Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, 
por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la Ley  34/2015, de 21 de 
septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria han supuesto la introducción de importantes modificaciones en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria orientadas a diversos objetivos como la lucha 
contra el fraude fiscal o la agilización de las relaciones jurídico–tributarias.
En este sentido, para conseguir de forma plena los objetivos perseguidos por las 
referidas normas legales se hace necesario como corolario lógico, la aprobación de una 
serie de modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, que se contienen en el artículo primero de este real decreto.
Las principales modificaciones son las siguientes:
En el ámbito de la gestión censal se incorpora la obligación de comunicar los sucesores 
en la declaración de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, en 
caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de entidades. Por otro lado, se 
permite la utilización del Documento Único Electrónico para presentar las declaraciones de 
modificación y baja en dicho censo, y no sólo la declaración de alta como hasta ahora, 
adaptándose la norma reglamentaria a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a 
los Emprendedores y su Internacionalización.
Con el objeto de evitar que el número de identificación fiscal provisional pueda devenir 
permanente en el caso de entidades que no se hayan constituido de manera efectiva, se 
establece un período de validez del mismo de seis meses, a efectos de aplicar los 
correspondientes procedimientos de rectificación censal y de revocación del número de 
identificación fiscal.
En el ámbito de los sujetos obligados a suministrar información a la Administración 
tributaria, se sustituye a los representantes de fondos de pensiones domiciliados en otro 
Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en España planes de pensiones de 
empleo sujetos a la legislación española, y a los representantes de entidades aseguradoras 
que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, por los propios fondos 
de pensiones, o en su caso, su entidad gestora, y por la propia entidad aseguradora, en 
consonancia con la regulación legal de esta materia.
Se traslada al reglamento la especificación legal sobre llevanza de libros registro por 
medios telemáticos.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido inscritos en el régimen de 
devolución mensual deben llevar los libros registro del impuesto a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, habiendo quedado exonerados de la obligación de 
presentar la Declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro 
(modelo 340).
Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información 
específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas 
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colaborativas», que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. 
Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal 
y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y 
los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica como establecimientos 
hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de turismo, entre 
otros. Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles.
El Reglamento se adapta a las novedades introducidas por la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal del 
impuesto, que prevé quién tendrá la consideración de sociedad representante del grupo 
fiscal cuando la entidad dominante no resida en territorio español. En materia de 
competencia se establece que en estos casos el cambio de sociedad representante del 
grupo no alterará la competencia del órgano actuante respecto de los procedimientos de 
aplicación de los tributos sobre el grupo ya iniciados.
En los mismos términos se incluye en la norma reglamentaria la referencia al régimen 
especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por ejemplo, en las 
diligencias en las que se hacen constar hechos que deban ser incorporados a otro 
procedimiento, se incluye el supuesto de los grupos de entidades del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, junto al ya contemplado de los grupos fiscales del Impuesto sobre 
Sociedades.
Se explicita en la norma reglamentaria como una actuación más de información 
tributaria las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la 
Administración tributaria que tienen atribuida la iniciativa para la elaboración de 
disposiciones en el orden tributario.
En materia de consultas tributarias se establece la presentación obligatoria por medios 
electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la 
Administración tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por otra parte, para facilitar el cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua y, 
en particular, de la Directiva 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio 
de información en el ámbito de la fiscalidad, se introduce reglamentariamente una 
información adicional que deberá suministrar el consultante en aquellas consultas 
tributarias en que la cuestión planteada verse sobre la existencia de un establecimiento 
permanente o sobre una transacción transfronteriza.
Se incorpora a la norma reguladora del certificado de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias, en los casos de delito contra la Hacienda Pública, las deudas 
derivadas no sólo de la responsabilidad civil sino también de la pena de multa.
Se incluye en el reglamento el reconocimiento legal de los colegios y asociaciones de 
profesionales de la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los 
tributos.
Se adapta el reglamento a la utilización de medios electrónicos en la emisión y 
notificación de comunicaciones, diligencias y actas.
Se ajusta la norma reglamentaria a la nueva regulación legal del plazo del 
procedimiento inspector que prevé, en lugar de las interrupciones justificadas y las 
dilaciones no imputables a la Administración, determinados supuestos de suspensión y de 
extensión del plazo, los cuales deberán documentarse adecuadamente para que el 
obligado pueda conocer la fecha límite del procedimiento.
En consecuencia, se eliminan las interrupciones justificadas que sólo pueden darse en 
el seno de un procedimiento inspector como la remisión del expediente a la Comisión 
consultiva para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, que pasa 
a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento. Siguiendo el mandato legal, se 
regula también la publicidad del criterio administrativo derivado de los informes en los que 
se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria a efectos 
de poder sancionar otros supuestos sustancialmente iguales.
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También se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la aportación 
del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación 
indirecta, o por el retraso en la notificación del acuerdo del órgano competente para liquidar 
por el que se ordena completar actuaciones, que sólo podían producirse en el 
procedimiento inspector.
Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los 
períodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el obligado tributario, los 
cuales tendrán una duración mínima de 7 días naturales.
En materia de solidaridad de obligados tributarios se corrige la referencia al precepto 
legal que la regula y, además, en el ámbito de la deuda aduanera, se reconoce a nivel 
reglamentario la aplicación prioritaria de la normativa comunitaria, al tiempo que se regulan 
algunas especialidades de los procedimientos de comprobación o investigación que se 
inicien en dicho ámbito.
Se actualiza la referencia a la normativa reguladora de la figura del representante 
aduanero.
El régimen de notificaciones electrónicas se regula por remisión a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a 
su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente se 
puedan establecer en materia tributaria no sólo mediante real decreto sino también a 
través de orden ministerial.
El procedimiento de gestión iniciado mediante declaración aduanera para la liquidación 
de los tributos correspondientes sobre el comercio exterior es objeto de actualización para 
solventar algunos problemas y atender debidamente las particularidades que presenta 
este procedimiento derivadas de la normativa de la Unión Europea.
Se modifican las circunstancias que posibilitan la rehabilitación por la Administración 
tributaria del número de identificación fiscal que ha sido previamente revocado para 
adaptarse al nuevo marco legal sobre esta materia.
Con el objeto de dar una mayor seguridad jurídica en el procedimiento inspector, se 
explicita en el reglamento un plazo, inferior al inicialmente concedido, para contestar las 
reiteraciones de requerimientos de información que no deba hallarse a disposición del 
personal inspector y que se hayan incumplido por el obligado tributario. Por otra parte, en 
aras del principio de eficacia administrativa, se regula el tratamiento que debe darse a la 
documentación que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la 
Administración entreguen directamente al órgano de inspección actuante.
En otro orden de cosas, desaparece la exigencia de que las actas se extiendan en un 
modelo oficial.
Se aclara en el reglamento la fecha en la que se entiende dictada y notificada la 
liquidación en los casos de confirmación tácita de la propuesta contenida en las actas con 
acuerdo y de conformidad del procedimiento inspector.
Con una finalidad aclaratoria, la norma explicita una serie de supuestos en los que la 
liquidación o liquidaciones derivadas del procedimiento de inspección tendrán carácter 
provisional como sucede cuando no se haya podido comprobar la obligación tributaria por 
no haberse obtenido los datos solicitados a otra Administración, cuando se realice una 
comprobación de valores y se regularicen también otros elementos de la obligación, y, por 
último, cuando se aprecien elementos de la obligación vinculados a un posible delito contra 
la Hacienda Pública junto con otros elementos que no lo están.
Se desarrolla reglamentariamente la obtención por los órganos de inspección de 
muestras de datos en poder de la propia Administración tributaria para la estimación 
indirecta de bases o cuotas del obligado, preservando el carácter reservado de los datos 
de terceros que se hayan utilizado.
En aras del principio de economía, y para que el procedimiento de declaración de 
responsabilidad pueda concluirse por el órgano inspector, no será necesaria la notificación 
efectiva al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al 
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deudor principal, bastando un intento de notificación del acuerdo de declaración de 
responsabilidad o, en su caso, la puesta a disposición de la notificación por medios 
electrónicos en dicho plazo.
Se corrige la referencia al precepto legal que regula la retroacción de las actuaciones 
inspectoras en ejecución de una resolución judicial o económico-administrativa.
Asimismo, es preciso adaptar el reglamento a la nueva tramitación administrativa del 
delito contra la Hacienda Pública que, como regla general, permite la práctica de liquidación 
administrativa en el seno del procedimiento inspector, la cual se ajustará al resultado del 
enjuiciamiento penal de la defraudación.
En este sentido, en primer lugar, se describen las distintas situaciones en que la 
Administración tributaria puede apreciar la existencia de indicios de delito teniendo en 
cuenta no sólo el órgano actuante sino también el momento procedimental en que dichos 
indicios pueden detectarse.
Asimismo, se desarrolla la tramitación a seguir cuando esos indicios de delito se 
aprecian en el curso de un procedimiento inspector, distinguiendo cuando no procede 
dictar liquidación y se suspende el procedimiento administrativo, y cuando procede dictar 
una liquidación vinculada a delito. La regulación reglamentaria se completa con la forma 
de cálculo de esta liquidación cuando por un mismo concepto impositivo y periodo existan 
elementos en los que se aprecie la existencia del ilícito penal y otros que no se vean 
afectados por éste, y, por último, con los efectos derivados de la devolución del expediente 
por el Ministerio Fiscal o de las distintas resoluciones judiciales que se hayan podido dictar 
en el proceso penal.
Se desarrolla reglamentariamente el procedimiento de recuperación de ayudas de 
Estado en supuestos de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, 
para regular determinados aspectos de su tramitación. En particular, cuando se realicen 
actuaciones respecto a entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal se 
aplicarán las disposiciones especiales del procedimiento inspector para este tipo de 
entidades, salvo en lo relativo a los supuestos de extensión del plazo.
El artículo segundo incorpora una serie de modificaciones en el Real 
Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa 
del Contribuyente para adaptarlo a las nuevas normas administrativas generales y a la 
nueva estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Durante los últimos años se han producido dentro del derecho administrativo español 
modificaciones normativas de gran calado dirigidas a la mejora de la gobernanza pública 
bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y servicio al ciudadano. En este 
sentido, el Consejo para la Defensa del Contribuyente como órgano asesor y de 
colaboración en materia de relación entre la Administración y los contribuyentes no puede 
ser ajeno a dichos cambios. En este contexto, se realizan una serie de modificaciones en 
su texto normativo básico, en un doble sentido.
En primer lugar, se limita el periodo de mandato de los miembros elegidos en 
representación de la sociedad civil para facilitar la diversidad en la composición del 
Consejo, en el bien entendido que ello potenciará la integración de perspectivas diferentes 
en el mismo.
Por otro lado, se realizan una serie de modificaciones técnicas para adaptar el régimen 
jurídico del Consejo al nuevo corpus normativo público.
Asimismo,  se introducen cambios en el régimen de inadmisión de las quejas y 
sugerencias con el objetivo de agilizar su trámite. En este sentido, se podrá inadmitir por 
reiteración aun cuando solo se hayan presentado y no resuelto las quejas o sugerencias 
que sirvan de antecedente a las que se consideran como reiteradas. Asimismo, para evitar 
la utilización abusiva del derecho a la presentación de quejas y sugerencias se recoge esta 
circunstancia como causa de inadmisión.
Finalmente, el real decreto incorpora un régimen transitorio y una disposición final que 
establece su entrada en vigor.
El presente Reglamento se aprueba al amparo de la habilitación legal señalada en la 
disposición final novena de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
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habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la Ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con 
el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 29 de diciembre de 2017,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, queda 
modificado como sigue:
Uno. Se introduce una nueva letra e) en el artículo 7, con la siguiente redacción:
«e) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal de los sucesores de entidades extintas ya sea por trasformación 
o en los supuestos mencionados en el artículo 40 de la Ley 58/2003, del 17 de 
diciembre, General Tributaria».
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. La declaración de baja deberá presentarse en el plazo de un mes desde 
que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1 de este artículo, sin 
perjuicio de que la persona o entidad afectada deba presentar las declaraciones y 
cumplir las obligaciones tributarias que le incumban y sin que a estos efectos deba 
darse de alta en el censo.
En los supuestos mencionados en los artículos  39 y  40 de la Ley  58/2003, del 17 
de diciembre, General Tributaria, se informará de los datos relativos a la identificación 
de los sucesores en la declaración de baja».
Tres. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 12, que quedan redactados de la 
siguiente forma:
«2. Las variaciones posteriores al alta censal, incluidas las relativas al inicio de 
la actividad, domicilio, nombre y apellidos o razón social o denominación completa 
y número de identificación fiscal de los socios o personas o entidades que la 
integren, se comunicarán mediante la declaración de modificación regulada en el 
artículo 10. No será necesario comunicar las variaciones relativas a los socios, 
miembros o partícipes de las entidades una vez que se inscriban en el registro 
correspondiente y obtengan el número de identificación fiscal definitivo.
No obstante, las entidades sin personalidad jurídica deberán comunicar las 
variaciones relativas a sus socios, comuneros o partícipes, aunque hayan obtenido 
un número de identificación fiscal definitivo, salvo que tengan la condición de 
comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal y 
estén incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Igualmente, las entidades a las que se refiere el artículo  4.2.l) deberán comunicar 
en el plazo de un mes desde la fecha de formalización de su transmisión las 
modificaciones que se hayan producido respecto de los datos consignados en las 
declaraciones anteriores, incluidos los relativos a los socios, miembros o partícipes.
En la declaración de baja se comunicarán los sucesores tal y como se establece 
en el artículo 11.2 de este reglamento.
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3. Las personas jurídicas y demás entidades deberán presentar copia de las 
escrituras o documentos que modifiquen los anteriormente vigentes, en el plazo de 
un mes desde la inscripción en el registro correspondiente o desde su otorgamiento 
si dicha inscripción no fuera necesaria, cuando las variaciones introducidas 
impliquen la presentación de una declaración censal de modificación o de baja».
Cuatro. Se modifica el artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 15.  Sustitución de las declaraciones censales por el Documento Único 
Electrónico
Las declaraciones censales de alta, modificación y baja previstas en los 
artículos 9, 10 y 11, respectivamente, de este Reglamento que deban realizar las 
personas o entidades para el desarrollo de su actividad económica, podrán 
realizarse mediante el Documento Único Electrónico (DUE), de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y 
su Internacionalización, en aquellos casos en que la normativa autorice su uso, sin 
perjuicio de la presentación posterior de las declaraciones censales que 
correspondan, en la medida en que varíe o deba ampliarse la información y 
circunstancias comunicadas mediante dicho Documento Único Electrónico».
Cinco.  Se modifica el apartado 3 del artículo 24, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3. Cuando se asigna un número de identificación fiscal provisional, la entidad 
quedará obligada a la aportación de la documentación pendiente necesaria para la 
asignación del número de identificación fiscal definitivo en el plazo de un mes desde 
la inscripción en el registro público correspondiente o desde el otorgamiento de las 
escrituras públicas o documentos fehacientes de su constitución y de los estatutos 
sociales o documentos equivalentes de su constitución, cuando no fuera necesaria 
la inscripción de los mismos en el registro correspondiente.
Trascurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, o vencido el plazo de 
seis meses desde la asignación de un número de identificación fiscal provisional, sin 
que se haya aportado la documentación pendiente, la Administración tributaria 
podrá requerir su aportación otorgando un plazo máximo de 10 días, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para su presentación 
o para que se justifiquen los motivos que la imposibiliten, con indicación del plazo 
necesario para su aportación definitiva.
La falta de atención en tiempo y forma del requerimiento para la aportación de 
la documentación pendiente podrá determinar, previa audiencia al interesado, la 
revocación del número de identificación asignado, en los términos a que se refiere 
el artículo 147».
Seis. Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 27, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a planes de pensiones 
o se perciban las correspondientes prestaciones. En estos casos, se deberá 
comunicar el número de identificación fiscal a las entidades gestoras de los fondos 
de pensiones a los que dichos planes se hallen adscritos o a los fondos de pensiones 
domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en 
España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española o, en su 
caso, a sus entidades gestoras, y deberá figurar aquel en los documentos en los 
que se formalicen las obligaciones de contribuir y el reconocimiento de 
prestaciones».
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Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. Cuando la normativa tributaria lo prevea, los obligados tributarios deberán 
llevar y conservar de forma correcta los libros registro que se establezcan. 
Igualmente, dicha normativa determinará los casos en los que la aportación o 
llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios 
telemáticos.
Los libros registro deberán conservarse en el domicilio fiscal del obligado 
tributario, salvo lo dispuesto en la normativa tributaria».
Ocho.  Se modifica el apartado 3 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3. Existirá obligación de presentar esta declaración informativa por cada 
periodo de liquidación del Impuesto General Indirecto Canario. Dicha declaración 
contendrá los datos anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que se 
refiera y deberá presentarse en el plazo establecido para la presentación de la 
autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho periodo».
Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 39, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3. Las entidades aseguradoras, incluidas las entidades aseguradoras 
domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen 
en España en régimen de libre prestación de servicios, así como las entidades 
financieras, deberán presentar una declaración anual comprensiva de la siguiente 
información:
a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores de un 
seguro de vida a 31 de diciembre, con indicación de su valor de rescate a dicha 
fecha.
b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las personas que 
sean beneficiarias a 31 de diciembre de una renta temporal o vitalicia, como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, 
con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio».
Diez.  Se modifica la letra c) del artículo 53, que queda redactada de la siguiente 
forma:
«c) Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión 
Europea que desarrollen en España planes de pensiones de empleo sujetos a la 
legislación española o, en su caso, sus entidades gestoras, que incluirán 
individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe de 
las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos, por 
personas autorizadas o por los promotores de los citados planes».
Once. Se introduce un nuevo artículo 54 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 54 ter.  Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con 
fines turísticos.
1. Las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios 
del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos 
establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente 
una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien.
cve: BOE-A-2017-15838
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2. A los exclusivos efectos de la declaración informativa prevista en este 
artículo, se entiende por cesión de uso de viviendas con fines turísticos la cesión 
temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en 
condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se 
comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.
En todo caso quedan excluidos de este concepto:
a) Los arrendamientos de vivienda tal y como aparecen definidos en la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, así como el 
subarriendo parcial de vivienda a que se refiere el artículo  8 de la misma norma 
legal.
b) Los alojamientos turísticos que se rigen por su normativa específica.
A estos efectos no tendrán la consideración de excluidos las cesiones 
temporales de uso de vivienda a que se refiere el artículo 5.e) de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con independencia del 
cumplimiento o no del régimen específico derivado de su normativa sectorial al que 
estuviera sometido.
c) El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
d) Los usos y contratos del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, salvo aquellas cesiones a las que se refiere la letra e) 
de este artículo.
3. A los efectos previstos en el apartado  1, tendrán la consideración de 
intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de 
intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado 
anterior, ya sea a título oneroso o gratuito.
En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que, 
constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso a que 
se refiere el apartado anterior y tengan la consideración de prestador de servicios 
de la sociedad de la información en los términos a que se refiere la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, con independencia de que presten o no el servicio subyacente objeto de 
intermediación o de que se impongan condiciones a los cedentes o cesionarios tales 
como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales.
4. La declaración informativa contendrá los siguientes datos:
a) Identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como 
del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si 
fueren distintos.
La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa, y número de identificación fiscal o en los términos de la 
Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente.
A estos efectos se considerarán como titulares del derecho objeto de cesión 
quienes lo sean del derecho de la propiedad, contratos de multipropiedad, propiedad 
a tiempo parcial o fórmulas similares, arrendamiento o subarrendamiento o cualquier 
otro derecho de uso o disfrute sobre las viviendas cedidas con fines turísticos, que 
sean cedentes, en última instancia, de uso de la vivienda citada.
b) Identificación del inmueble con especificación del número de referencia 
catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo 
de declaración correspondiente.
c) Identificación de las personas o entidades cesionarias así como el número 
de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa, y número de identificación fiscal o en los términos de la 
Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente.
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A estos efectos, los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos deberán 
conservar una copia del documento de identificación de las personas beneficiarias 
del servicio, anteriormente señalado.
d) Importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines 
turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.
5. La Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración 
correspondiente establecerá el plazo de presentación y contendrá la información a 
que se refiere el apartado anterior, así como cualquier otro dato relevante al efecto 
para concretar aquella información».
Doce. Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del artículo 59, y se suprime su apartado 6, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Las normas de organización específica a que se refiere el artículo 84 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuirán las competencias en 
la aplicación de los tributos, y podrán establecer los términos en los que el personal 
encargado de la aplicación de los tributos pueda realizar actuaciones fuera del 
ámbito competencial del órgano del que dependan.
En el caso de obligados tributarios no residentes sin establecimiento permanente 
en España, será competente el órgano de la Administración tributaria en cuyo 
ámbito territorial tenga el domicilio el representante del obligado tributario, el 
responsable, el retenedor, el depositario o el gestor de los bienes o derechos, o el 
pagador de las rentas al no residente, sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
propia de cada tributo».
«4. En el ámbito de competencias del Estado, el Director General del Catastro 
y los directores de departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
podrán modificar por razones de organización o planificación la competencia 
territorial en el ámbito de la aplicación de los tributos.
En el caso de los obligados tributarios regulados en el artículo 35.6 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria establecerá, en sus normas de organización específica, el 
órgano competente».
«5. En relación con los grupos fiscales que tributen en el régimen de 
consolidación fiscal en los que la entidad dominante sea no residente en territorio 
español respecto de los que se produzca un cambio de sociedad representante del 
grupo, se atenderá en los procedimientos de aplicación de los tributos a lo previsto 
en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 195 de este reglamento».
Trece. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 63, que quedan redactados de la 
siguiente forma:
«1. Las actuaciones de información se realizarán de oficio mediante la 
publicación de los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina 
administrativa de mayor trascendencia o mediante el envío de comunicaciones, 
entre otros medios.
La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias corresponderá 
a los órganos a los que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la 
Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de la Ley  58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, se publicarán en el boletín oficial que 
corresponda, pudiendo ser sometidas a información pública, cuando la naturaleza 
de las mismas lo aconseje, en la forma establecida en el artículo 26.2 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno».
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«2. Las actuaciones a las que se refiere el párrafo primero del apartado 
anterior, también deberán llevarse a cabo, a iniciativa del obligado tributario, 
mediante la contestación a solicitudes de información tributaria, cualquiera que sea 
el medio por el que se formulen.
Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter 
general podrá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados 
en su conocimiento.
En los supuestos en los que las solicitudes de información se formulen por 
escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación 
completa y el número de identificación fiscal del obligado tributario, así como el 
derecho u obligación tributaria que le afecta respecto del que se solicita la 
información».
Catorce.  Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 66, se suprime su apartado 6, 
renumerándose los actuales apartados 7 y 8 como apartados 6 y 7, respectivamente, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Las consultas se formularán por el obligado tributario mediante escrito 
dirigido al órgano competente para su contestación, que deberá contener como 
mínimo:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.
En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la 
documentación acreditativa de la representación.
b) Manifestación expresa de si en el momento de presentar el escrito se está 
tramitando o no un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa 
relacionado con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda 
planteado en la consulta, salvo que esta sea formulada por las entidades a las que 
se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c) Objeto de la consulta.
d) En relación con la cuestión planteada en la consulta, se expresarán con 
claridad y con la extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del caso.
e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad 
expresada por cualquier medio válido en derecho».
«2. En el caso de que la consulta verse sobre la existencia de un 
establecimiento permanente o sobre una transacción transfronteriza, el consultante 
deberá declarar dicha circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la 
apreciación de oficio por parte de la Administración tributaria competente para la 
contestación de la consulta.
Asimismo, el escrito de consulta deberá contener, además de los datos incluidos 
en el apartado 1 de este precepto, los siguientes datos:
a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que pertenece, en su caso, el 
consultante.
b) Descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de 
transacciones desarrolladas o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se 
realizará con pleno respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o 
profesional y al interés público.
c) Estados que pudieran verse afectados por la transacción u operación objeto 
de consulta.
d) Personas residentes en otros Estados que pudieran verse afectadas por la 
contestación a la consulta.
e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de asistencia mutua 
aplicable».
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«5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios electrónicos. No 
obstante lo anterior, la presentación deberá efectuarse por dichos medios en el caso 
de los obligados tributarios que estuvieran obligados a relacionarse con la 
Administración por los citados medios».
Quince. Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 74, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«h) No tener pendientes de ingreso multas ni responsabilidades civiles 
derivadas de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme».
Dieciséis. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 79, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«c) Instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses 
sociales, laborales, empresariales o profesionales. A estos efectos, se entienden 
incluidas las organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas.
En particular, tendrán especial consideración a efectos de la colaboración social 
los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal».
Diecisiete.  Se modifica el apartado 3 del artículo 97, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se incorporarán al 
expediente».
Dieciocho. Se modifica la letra g) del apartado 3 del artículo  98, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades 
dependientes integradas en un grupo que tributen en el régimen de consolidación 
fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido».
Diecinueve.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 99, que quedan redactados 
de la siguiente forma:
«1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. 
No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido por la 
correspondiente Administración tributaria. Las diligencias podrán suscribirse 
mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
2. Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración 
tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se 
entiendan estas, a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de diligencias 
que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá 
sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios 
electrónicos adecuados.
Cuando la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar 
la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la 
entrega del ejemplar correspondiente. Si se negase a recibir la diligencia o los datos 
necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados, se hará constar así 
en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el 
artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje 
en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la 
diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la 
actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá 
de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones».
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Veinte. Se modifican los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 102, que quedan redactados 
de la siguiente forma:
«3. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la 
Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los 
tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se 
considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración 
de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables 
a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del 
procedimiento de declaración de responsabilidad.
Los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento de 
inspección, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de 
responsabilidad, se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de resolución 
del procedimiento de declaración de responsabilidad.
4. Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no 
imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo 
del procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su 
constancia en el expediente.
5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos 
de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración 
se contarán por días naturales, y respecto del procedimiento inspector se estará a 
lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y 184 de este reglamento.
6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 de este Reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo de 
duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de 
este Reglamento y en los apartados  3, 4 y  5 del artículo 150 de la Ley  58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de las fechas de inicio y fin 
de cada periodo, siempre que lo solicite expresamente».
Veintiuno. Se modifica la letra c) y se suprime la letra d) del artículo 103, 
renumerándose las actuales e), f) y g) como d), e) y f), respectivamente, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se 
remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo 
que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la 
recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano 
competente para continuar el procedimiento».
Veintidós. Se modifica la letra e) y se suprime la letra f) del artículo 104, 
renumerándose las actuales letras g), h), i) y j) como letras f), g), h) e i), que queda 
redactada de la siguiente forma:
«e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de 
liquidación, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se 
haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya 
producido».
Veintitrés.  Se modifica el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 4 en el 
artículo 106, con la siguiente redacción:
«1. En el supuesto previsto en el artículo 35.7, párrafo primero, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y 
procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que 
concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o 
procedimientos».
cve: BOE-A-2017-15838
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«4. En el ámbito de la deuda aduanera, lo dispuesto en los apartados 
anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en su normativa 
específica. En particular, las actuaciones realizadas con cualquiera de las personas 
o entidades que con arreglo a la normativa de la Unión Europea tengan la 
consideración de deudores de la deuda aduanera serán válidas siempre que 
respecto a la persona o entidad con la que se hayan realizado se hayan respetado 
las disposiciones que resulten aplicables al procedimiento de que se trate, 
independientemente de que pudieran existir otros deudores. A estos efectos, la 
comunicación de la existencia del procedimiento a la que se refiere el apartado 2 
anterior podrá realizarse en cualquier momento siempre que se garantice el derecho 
a ser oído en los términos establecidos en la normativa de la Unión Europea».
Veinticuatro. Se modifica el apartado 7 del artículo 111, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo previsto en este artículo sin 
perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que 
se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante 
aduanero, y en su normativa de desarrollo».
Veinticinco. Se modifica el artículo  115 bis, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«Artículo 115 bis.  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
1. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios 
electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales con las 
especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de 
Hacienda y Función Pública se podrán regular las especialidades en la práctica de 
las notificaciones a través de medios electrónicos».
Veintiséis. Se suprime el artículo 115 ter.
Veintisiete.  Se modifica el apartado 4 del artículo 125, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«4. Cuando la Administración tributaria acuerde la devolución en un 
procedimiento de verificación de datos o de comprobación limitada o de inspección 
por el que se haya puesto fin al procedimiento de devolución, deberán satisfacerse 
los intereses de demora que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En el caso 
en que se acuerde la devolución en un procedimiento de verificación de datos o de 
comprobación limitada, a efectos del cálculo de los intereses de demora no se 
computarán los períodos de dilación por causa no imputable a la Administración a 
que se refiere el artículo 104 de este reglamento y que se produzcan en el curso de 
dichos procedimientos».
Veintiocho. Se modifica el artículo 134, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 134.  Especialidades del procedimiento iniciado mediante declaración en 
el ámbito aduanero
1. En el supuesto de que el procedimiento se haya iniciado mediante una 
declaración en aduana para la inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la 
Administración realizará las actuaciones necesarias para practicar la liquidación de 
los tributos sobre el comercio exterior que, en su caso, correspondan conforme a los 
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datos declarados, los documentos que aporte el obligado o le sean requeridos, así 
como los datos que se deduzcan de las mercancías presentadas a despacho o 
cualquier otro dato que obre en poder de la Administración.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 siguientes, cuando la 
Administración, para la práctica de la liquidación, no tome en consideración datos o 
elementos distintos de los aportados por el declarante la liquidación se considerará, 
en su caso, producida y notificada con el levante de las mercancías.
3. Cuando la Administración, para la práctica de la liquidación, tome en 
consideración datos o elementos distintos de los declarados por el interesado o 
pudiera llegar a tomarlos como consecuencia de las actuaciones a las que se refiere 
el apartado 1, se observarán las siguientes reglas:
a) La Administración formulará la correspondiente propuesta de liquidación, 
que será notificada al interesado, en la que se consignarán los hechos y fundamentos 
de derecho que la motiven, así como su cuantificación y el derecho a presentar las 
alegaciones que tenga por conveniente y aportar, en su caso, los documentos y 
justificantes que considere oportuno dentro de los treinta días naturales siguientes 
al de la notificación o manifestar expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta 
nuevos documentos o justificantes.
b) A solicitud del interesado, la Administración podrá autorizar el levante de la 
mercancía, previo el afianzamiento o, en su caso, el ingreso del importe de la 
liquidación que pudiera proceder.
c) Lo dispuesto en la letra b) podrá aplicarse igualmente cuando la 
Administración haya iniciado las actuaciones para determinar la obligación tributaria 
pero no disponga aún de los datos necesarios para formular propuesta de 
liquidación. En el momento en que la Administración disponga de los datos 
necesarios, será de aplicación lo dispuesto en la letra a) anterior.
4. En aquellos casos en los que, con arreglo a la normativa aduanera, sea 
posible la presentación de una declaración simplificada que no incluya todos los 
datos o documentos justificativos necesarios para determinar el importe de la 
obligación, así como en aquellos en que la inscripción en los registros del declarante 
equivalga a la presentación de la declaración, tanto la declaración simplificada inicial 
o la inscripción en los registros del declarante como la declaración complementaria 
o, en su caso, la presentación de los datos o documentos justificativos pendientes 
formarán parte del mismo procedimiento de declaración. No obstante, cuando la 
Administración dispense de la obligación de presentar declaración complementaria 
el procedimiento de declaración se limitará a la declaración simplificada o inscripción 
en los registros.
Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores será de aplicación, según 
proceda, a la declaración simplificada o inscripción en los registros del declarante. 
No obstante, en el caso de que la Administración, respecto de la declaración 
simplificada o de la inscripción en los registros del declarante, no tenga en 
consideración datos o elementos distintos a los declarados, el levante de las 
mercancías no supondrá la práctica y notificación de la liquidación, sino que se 
aplicará lo previsto en el apartado 5.
La admisión de la declaración complementaria equivaldrá a la práctica y 
notificación de la liquidación derivada de la misma, salvo que la Administración la 
someta a comprobación, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 3.
5. El procedimiento de declaración finalizará mediante la liquidación en cuya 
virtud la Administración determine el importe de la obligación tributaria nacida como 
consecuencia de la presentación de la declaración aduanera. En los casos previstos 
en el apartado 4 anterior, cuando deba presentarse declaración complementaria, 
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tendrá la consideración de liquidación en cuya virtud la Administración determina el 
importe de la obligación tributaria la derivada de la declaración complementaria o, 
en su caso, de la presentación de los datos o documentos justificativos pendientes.
No obstante, el procedimiento de declaración podrá finalizar también por el inicio 
de cualquier otro procedimiento de aplicación de los tributos que incluya la obligación 
derivada de la presentación de la declaración aduanera.
En aquellos casos en los que el obligado, conforme a lo previsto en las letras b) 
y c) del apartado 3 anterior, haya obtenido previamente el levante de la mercancía, 
las cantidades ingresadas como consecuencia del mismo minorarán el importe de 
la liquidación que finalmente se practique. El mismo efecto tendrán las cantidades 
ingresadas en virtud de la declaración simplificada o la inscripción en los registros 
del declarante en los casos previstos en el apartado 4 anterior, siempre que deba 
presentarse declaración complementaria.
En ningún caso se entenderá finalizado el procedimiento por el hecho de que se 
efectúe el ingreso de las cantidades mencionadas en el párrafo anterior.
6. Cuando el procedimiento iniciado con la declaración en aduana para el 
despacho de las mercancías no lleve aparejada la práctica de una liquidación, la 
Administración dictará, en su caso, los actos administrativos que procedan según el 
régimen aduanero solicitado, sin perjuicio de la exigencia de la garantía que pueda 
corresponder. En estos casos el procedimiento se considerará finalizado en el 
momento en que se dicten dichos actos y una vez constituida la garantía que 
corresponda».
Veintinueve. Se modifica el apartado 8 del artículo 147, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«8. La Administración tributaria podrá rehabilitar el número de identificación 
fiscal mediante acuerdo que estará sujeto a los mismos requisitos de publicidad 
establecidos para la revocación en el apartado 3 de este artículo.
Las solicitudes de rehabilitación del número de identificación fiscal sólo serán 
tramitadas cuando se acredite que han desaparecido las causas que motivaron la 
revocación y, en caso de sociedades, se comunique, además, quiénes ostentan la 
titularidad del capital de la sociedad, con identificación completa de sus 
representantes legales, el domicilio fiscal, así como documentación que acredite 
cuál es la actividad económica que la sociedad va a desarrollar. Careciendo de 
estos requisitos, las solicitudes se archivarán sin más trámite.
La falta de resolución expresa de la solicitud de rehabilitación de un número de 
identificación fiscal en el plazo de tres meses determinará que la misma se entienda 
denegada».
Treinta. Se modifica el apartado 3 del artículo  171, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«3. Los obligados tributarios deberán poner a disposición del personal 
inspector la documentación a la que se refiere el apartado 1.
Cuando el personal inspector solicite al obligado tributario datos, informes o 
antecedentes que no deban hallarse a disposición inmediata de la Administración 
tributaria, se concederá con carácter general un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con el 
deber de colaboración. El plazo concedido para la contestación a las reiteraciones 
de los requerimientos de información que no deba hallarse a disposición inmediata 
de la Administración tributaria será con carácter general de 5 días hábiles.
Cuando los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas a los que se refiere el artículo 14 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, aporten documentación directamente al órgano de 
inspección actuante en el curso de su comparecencia, la documentación podrá ser 
cve: BOE-A-2017-15838
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admitida por dicho órgano con el objeto de lograr la eficacia de la actuación 
administrativa. En caso de admitirse, el obligado tributario no estará obligado a 
remitir tales documentos por medios electrónicos».
Treinta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 173, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. Los obligados tributarios deberán atender a los órganos de inspección y 
les prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
Tratándose de un grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal, en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades, o en el régimen especial del grupo de 
entidades, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán atender a 
los órganos de inspección tanto la sociedad representante del grupo como las 
entidades dependientes».
Treinta y dos. Se modifica la letra b) del apartado 1 y se suprime el apartado 4 del 
artículo 176, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) La fecha de inicio de las actuaciones, el plazo del procedimiento y las 
circunstancias que afectan a su cómputo de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del 
artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».
Treinta y tres. Se modifica el artículo 184 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 184. Duración del procedimiento inspector
1. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de 
audiencia uno o varios periodos a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de un mínimo de 7 días 
naturales cada uno. Los periodos solicitados no podrán exceder en su conjunto 
de 60 días naturales para todo el procedimiento.
2. Para que la solicitud formulada pueda otorgarse serán necesarios los 
siguientes requisitos:
a) Que se solicite directamente al órgano actuante con anterioridad a los siete 
días naturales previos al inicio del periodo al que se refiera la solicitud.
b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.
c) Que se aprecie que la concesión de la solicitud no puede perjudicar el 
desarrollo de las actuaciones.
En caso de no cumplirse los requisitos anteriores, el órgano actuante podrá 
denegar la solicitud.
La solicitud que cumpla los requisitos establecidos en el primer párrafo de este 
apartado se entenderá automáticamente concedida por el periodo solicitado, hasta 
el límite de los 60 días como máximo, con su presentación en plazo, salvo que se 
notifique de forma expresa la denegación antes de que se inicie el periodo solicitado. 
Se entenderá automáticamente denegada la solicitud de un periodo inferior a 7 días.
La notificación expresa de la concesión antes de que se inicie el periodo 
solicitado podrá establecer un plazo distinto al solicitado por el obligado tributario.
3. La realización de actuaciones con conocimiento formal del obligado 
tributario con posterioridad a la finalización del plazo máximo de duración del 
procedimiento tendrá efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad 
de las obligaciones tributarias y periodos a los que se refiera el procedimiento. Si la 
superación del plazo máximo se constata durante el procedimiento de inspección, 
esta circunstancia se le comunicará formalmente al obligado tributario indicándole 
las obligaciones y periodos por los que se continúa el procedimiento».
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Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 185 que queda redactado de 
la siguiente forma:
«2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el obligado tributario. Si 
el obligado tributario no supiera o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el 
lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas 
sólo por el funcionario y se hará constar la circunstancia de que se trate. Las actas 
podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
En caso de que el acta se suscriba mediante firma manuscrita, de cada acta se 
entregará un ejemplar al obligado tributario, que se entenderá notificada por su 
firma.
En el caso de que el acta se suscriba mediante firma electrónica, la entrega del 
ejemplar se podrá sustituir por la entrega de datos necesarios para su acceso por 
medios electrónicos adecuados.
Si el obligado tributario no hubiera comparecido, las actas deberán ser 
notificadas conforme lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y se suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento inspector desde 
el intento de notificación del acta al obligado tributario hasta que se consiga efectuar 
la notificación. Si el obligado tributario compareciese y se negase a suscribir las 
actas se considerará rechazada la notificación a efectos de lo previsto en el 
artículo 111 de dicha ley.
Cuando el interesado no comparezca o se niegue a suscribir las actas, deberán 
formalizarse actas de disconformidad».
Treinta y cinco. Se modifica el apartado 7 del artículo 186 que queda redactado de la 
siguiente forma:
«7. Una vez firmada el acta con acuerdo, el órgano competente para liquidar 
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha del acta, para notificar al obligado tributario una liquidación que rectifique los 
errores materiales. Si dicha notificación no se produce en el plazo citado, la 
liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta 
contenida en el acta.
En el caso de que se hubiese notificado liquidación rectificando los errores 
materiales, se seguirán los siguientes trámites:
a) Si la liquidación es inferior al importe del depósito, se procederá a aplicar 
este al pago de la deuda y a liberar el resto.
b) Si la liquidación es superior al importe del depósito, se aplicará este al pago 
de la deuda y se entregará documento de ingreso por la diferencia.
c) Si la liquidación es superior al importe de la garantía, se entregará 
documento de ingreso por el importe de la liquidación».
Treinta y seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 187 que queda redactado de la 
siguiente forma:
«3. Una vez firmada el acta de conformidad, el órgano competente para 
liquidar dispone de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
fecha del acta, para notificar al obligado tributario un acuerdo con alguno de los 
contenidos previstos en el artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:
a) Si se confirma la propuesta de liquidación contenida en el acta o se rectifican 
errores materiales, se notificará el acuerdo al obligado tributario. El procedimiento 
finalizará con dicha notificación.
b) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha existido error en la 
apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, se notificará 
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al obligado tributario acuerdo de rectificación conforme a los hechos aceptados por 
este en el acta y se concederá un plazo de 15 días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que formule 
alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que 
deberá ser notificada.
c) Si se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones 
complementarias, se dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta 
circunstancia al obligado tributario y se realizarán las actuaciones que procedan 
cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la 
anteriormente formalizada y se tramitará según proceda.
De no notificarse alguno de dichos acuerdos en el plazo citado, la liquidación se 
entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta contenida en 
el acta.
El plazo del mes del que dispone el órgano competente para liquidar en los 
supuestos de las letras b) y c) anteriores se suspenderá cuando concurra la 
circunstancia a la que se refiere el apartado e) del artículo 150.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria».
Treinta y siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 189 que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre 
Sociedades de una entidad en régimen de consolidación fiscal o del Impuesto sobre 
el Valor Añadido de una entidad en régimen especial del grupo de entidades, que no 
sea la representante del grupo, terminarán conforme a lo dispuesto en el artículo  195 
de este reglamento y en la normativa reglamentaria reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, respectivamente».
Treinta y ocho. Se modifican la letra d) del apartado 2 y la letra b) del apartado 3, en 
el apartado 4, se modifica la letra c) y se introduce una nueva letra d), renumerándose la 
actual letra d) como letra e), y se modifica el apartado 6 del artículo 190, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«d) Cuando se dicte liquidación que anule o modifique la deuda tributaria 
inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos 
elementos de la obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado 
tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la liquidación 
resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza».
«b) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los 
elementos de la obligación tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los 
datos solicitados a terceros o debido a que no se hayan recibido los datos, informes, 
dictámenes o documentos solicitados a otra Administración».
«c) Cuando en un procedimiento de inspección se realice una comprobación 
de valores de la que se derive una deuda a ingresar y se regularicen otros elementos 
de la obligación tributaria. En este supuesto se dictarán dos liquidaciones 
provisionales, una como consecuencia de la comprobación de valores y otra que 
incluirá la totalidad de lo comprobado. Esta última tendrá carácter provisional 
respecto de las posibles consecuencias que de la comprobación de valores puedan 
resultar en dicha liquidación».
«d) Cuando por un mismo concepto impositivo y periodo se hayan diferenciado 
elementos respecto de los que se aprecia delito contra la Hacienda Pública, junto 
con otros elementos respecto de los que no se aprecia esa situación. En estos 
casos, ambas liquidaciones tendrán carácter provisional».
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«6. Los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en 
el curso de unas actuaciones que hubieran terminado con una liquidación provisional 
no podrán regularizarse nuevamente en un procedimiento inspector posterior, salvo 
que concurra alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 de 
este artículo y, exclusivamente, en relación con los elementos de la obligación 
tributaria afectados por dichas circunstancias. Cuando concurran las circunstancias 
del artículo 190.3.b) de este reglamento, la regularización se podrá realizar con los 
nuevos datos que se hayan podido obtener y los que se deriven de la investigación 
de los mismos».
Treinta y nueve.  Se modifican los apartados  1 y 4 del artículo 191 que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«1. La liquidación derivada del procedimiento inspector incorporará los 
intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, 
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 150 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los apartados 
siguientes».
«4. Cuando la liquidación resultante del procedimiento inspector sea una 
cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la 
siguiente forma:
a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a 
favor del obligado tributario intereses de demora en los términos del artículo 32.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A efectos del cálculo de los 
intereses, no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del 
artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni los 
periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, 
se liquidarán intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo 
previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
en el artículo 125 de este reglamento».
Cuarenta. Se modifica el apartado 5 del artículo 193 que queda redactado de la 
siguiente forma:
«5. Cuando los datos utilizados para la estimación indirecta a que se refiere la 
letra d) del apartado 3 del artículo 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, procedan de la propia Administración tributaria, se utilizarán 
aquellos métodos que permitan preservar el carácter reservado de los datos 
tributarios de terceros sin perjudicar el derecho de defensa del obligado tributario. 
En particular, se disociarán los datos de forma que no pueda relacionarse entre sí:
a) la identificación de los sujetos contenidos en la muestra.
b) los datos contenidos en sus declaraciones tributarias que sirvan para el 
cálculo de los porcentajes o promedios empleados para la determinación de las 
bases, los cálculos y estimaciones efectuados.
La Administración indicará las características conforme a las cuales se ha 
seleccionado la muestra elegida. Entre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito 
espacial y temporal de la muestra, la actividad que desarrollan o el intervalo al que 
corresponde su volumen de operaciones».
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Cuarenta y uno. Se modifican los apartados 2 y 5, y se introduce un nuevo apartado 6 
en el artículo 194, con la siguiente redacción:
«2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso, practicadas las pruebas 
procedentes, el órgano que esté tramitando el procedimiento emitirá un informe 
sobre la concurrencia o no de las circunstancias previstas en el artículo 15 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se remitirá junto con el 
expediente al órgano competente para liquidar.
En caso de que el órgano competente para liquidar estimase que concurren 
dichas circunstancias remitirá a la Comisión consultiva a que se refiere el 
artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el informe y 
los antecedentes. La remisión se notificará al obligado tributario con indicación de la 
suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector prevista en el 
apartado 3 del artículo 150 de dicha Ley.
En caso de que el órgano competente para liquidar estimase motivadamente 
que no concurren dichas circunstancias devolverá la documentación al órgano de 
inspección que esté tramitando el procedimiento, lo que se notificará al obligado 
tributario».
«5. La suspensión del cómputo del plazo de duración del procedimiento se 
producirá por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se 
refiere el apartado 2 de este artículo hasta la recepción del informe por el órgano 
competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo 
para su emisión.
Dicha suspensión no impedirá la práctica de las actuaciones inspectoras que 
durante esta situación pudieran desarrollarse en relación con los elementos de la 
obligación tributaria no relacionados con los actos o negocios analizados por la 
Comisión consultiva, en cuyo caso continuará el procedimiento respecto de los 
mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria».
«6. Trimestralmente se publicarán los informes de la Comisión consultiva en 
los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria. En el ámbito de competencias del Estado se publicarán en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que se trate de 
tributos cuyo órgano competente para la emisión de las consultas tributarias por 
escrito se integre en otras Administraciones tributarias, en cuyo caso deberán 
publicarse a través del medio que las mismas señalen.
En dichas publicaciones se guardará la debida reserva en relación a los sujetos 
afectados».
Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 195, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«Artículo 195.  Entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal
1. La comprobación e investigación de la sociedad representante y del grupo 
fiscal se realizará en un único procedimiento de inspección, que incluirá la 
comprobación de las obligaciones tributarias del grupo fiscal y de la sociedad 
representante objeto del procedimiento.
En relación con los grupos fiscales que tributen en el régimen de consolidación 
fiscal en los que la entidad dominante sea no residente en territorio español, cuando 
no se haya comunicado la entidad que ostente la condición de representante del 
grupo, la Administración tributaria podrá considerar como tal a cualquiera de las 
entidades integrantes del mismo. En estos grupos fiscales, cuando se comunique el 
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cambio de sociedad representante una vez iniciado el procedimiento, éste 
continuará por el mismo órgano actuante, por lo que afecta a las actuaciones 
relativas al grupo, con la nueva entidad representante.
2. En cada entidad dependiente, que no sea representante del grupo, que sea 
objeto de inspección como consecuencia de la comprobación de un grupo fiscal, se 
desarrollará un único procedimiento de inspección. Dicho procedimiento incluirá la 
comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de 
tributación individual del Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones 
tributarias objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración respecto 
de la tributación del grupo por el régimen de consolidación fiscal.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre 
Sociedades del grupo fiscal se interrumpirá:
a) Por cualquier actuación de comprobación e investigación realizada con la 
sociedad representante del grupo respecto al Impuesto sobre Sociedades.
b) Por cualquier actuación de comprobación e investigación relativa al 
Impuesto sobre Sociedades realizada con cualquiera de las sociedades 
dependientes, siempre que la sociedad representante del grupo tenga conocimiento 
formal de dichas actuaciones.
4. Las circunstancias a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 150 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se produzcan en el 
curso de un procedimiento seguido con cualquier entidad del grupo afectarán al 
plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la sociedad representante y 
del grupo fiscal, siempre que la sociedad representante tenga conocimiento formal 
de ello. La concurrencia de dichas circunstancias no impedirá la continuación de las 
actuaciones inspectoras relativas al resto de entidades integrantes del grupo.
El periodo de extensión del plazo a que se refiere el artículo 150.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se calculará para la sociedad 
representante y el grupo teniendo en cuenta los periodos no coincidentes solicitados 
por cualquiera de las sociedades integradas en el grupo fiscal. Las sociedades 
integradas en el grupo fiscal podrán solicitar hasta 60 días naturales para cada uno 
de sus procedimientos, pero el periodo por el que se extenderá el plazo de 
resolución del procedimiento de la sociedad representante y del grupo no excederá 
en su conjunto de 60 días naturales.
5. La documentación del procedimiento seguido cerca de cada entidad 
dependiente, que no sea representante del grupo, se desglosará, a efectos de la 
tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre Sociedades, en el que se incluirá 
la diligencia resumen a que se refiere el artículo 98.3.g) de este reglamento. Dicho 
expediente se remitirá al órgano que esté desarrollando las actuaciones de 
comprobación e investigación de la sociedad representante y del grupo fiscal.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del 
procedimiento.
6. La documentación del procedimiento seguido cerca de la entidad 
representante del grupo se desglosará, a efectos de su tramitación, de la siguiente 
forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal, que 
incluirá las diligencias resumen a que se refiere el apartado anterior.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del 
procedimiento».
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Cuarenta y tres. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 196, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«2. El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la 
formalización del acta al deudor principal y, cuando la responsabilidad alcance a las 
sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto 
infractor.
El responsable dispondrá de un plazo de 15 días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular las 
alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del 
presupuesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidaciones o sanciones 
a las que alcance dicho presupuesto.
Durante el trámite de audiencia se deberá dar, en su caso, la conformidad 
expresa a la que se refiere el artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo, el responsable no 
tendrá la condición de interesado en el procedimiento de inspección o en el 
sancionador y se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dichos 
procedimientos.
3. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano 
competente para dictar la liquidación y habrá de dictarse con posterioridad al 
acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción 
al sujeto infractor.
El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará al responsable. De 
no efectuarse la notificación antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso 
otorgado al deudor principal, o si en dicho plazo no se hubiera acreditado al menos 
un intento de notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo o, en su caso, 
de no haberse efectuado la puesta a disposición de la notificación en la sede 
electrónica de la Administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada, se 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio».
Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 8 del artículo 197, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«8. Para la ejecución de las resoluciones administrativas y judiciales, los 
órganos de inspección podrán desarrollar las actuaciones que sean necesarias 
pudiendo, en su caso, ejercer las facultades previstas en el artículo 142 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y realizar las actuaciones de 
obtención de información pertinentes. No obstante, cuando de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 66.4 del Reglamento General de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, las 
mencionadas resoluciones hayan ordenado la retroacción de actuaciones, éstas se 
desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.7 de la citada Ley».
cve: BOE-A-2017-15838
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Cuarenta y cinco. Se introduce un nuevo Capítulo IV en el Título V, con la siguiente 
redacción:
«Capítulo IV
Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Pública
Artículo 197 bis.  Actuaciones a seguir en caso de existencia de indicios de delito 
contra la Hacienda Pública.
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la 
Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el 
expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que, si esa apreciación se produjera 
en el seno de un procedimiento inspector, se seguiría la tramitación prevista en el 
Título VI de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en los artículos 
correspondientes de este reglamento.
2. La apreciación de dichos indicios de delito contra la Hacienda Pública, podrá 
tener lugar en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado 
liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción.
En estos casos, las propuestas de liquidación administrativa y de sanción que 
se hubieran formulado, quedarían sin efecto.
Asimismo, se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya 
impuestas, sin perjuicio de lo indicado en el apartado siguiente.
3. De no haberse apreciado la existencia de delito por la jurisdicción 
competente o por el Ministerio Fiscal, la Administración tributaria iniciará o 
continuará, cuando proceda, las actuaciones o procedimientos correspondientes, de 
acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
Las liquidaciones y sanciones administrativas que, en su caso, se dicten, así 
como aquellas liquidaciones y sanciones cuya ejecución proceda reanudar por 
haber quedado previamente suspendidas, se sujetarán al régimen de revisión y 
recursos regulado en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, pero sin que puedan impugnarse los hechos considerados probados en 
la resolución judicial.
Artículo 197 ter.  Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia 
de indicios de delito contra la Hacienda Pública y tramitación a seguir.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la 
Hacienda Pública en el seno de un procedimiento inspector, se abstendrá de 
practicar la liquidación vinculada a delito en los supuestos previstos en el 
artículo 251.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Todo ello, 
sin perjuicio de las restantes excepciones a la práctica de liquidación que pudieran 
derivarse de otras disposiciones legales.
En cualquier caso, estas excepciones afectarán, exclusivamente, al concepto 
impositivo y periodo en que concurra la circunstancia por la que no procede dictar 
liquidación.
2. En la tramitación a seguir en estos casos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) No se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario.
b) Se trasladará el expediente al órgano competente para interponer la 
denuncia o querella, para su remisión a la jurisdicción competente, o al Ministerio 
Fiscal, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
En caso de que el órgano competente para interponer la denuncia o querella no 
apreciara indicios de delito contra la Hacienda Pública, devolverá el expediente para 
su ultimación en vía administrativa, previa formalización, en su caso, del acta que 
corresponda.
cve: BOE-A-2017-15838
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c) Dicha remisión determinará la suspensión del cómputo del plazo del 
procedimiento inspector en los términos indicados en el artículo 150.3 de la 
Ley 58/2003, de  17 de diciembre, General Tributaria. Esta suspensión se comunicará 
al obligado tributario a efectos meramente informativos, salvo que con esta 
comunicación pudiera perjudicarse de cualquier forma la investigación o 
comprobación de la defraudación, circunstancia que deberá quedar motivada en el 
expediente.
3. La devolución del expediente por el Ministerio Fiscal que no vaya seguida 
de una interposición de querella ante la jurisdicción competente por parte de la 
Administración tributaria, así como la inadmisión de la denuncia o querella, o la 
resolución judicial firme en la que no se aprecie la existencia de delito, determinarán 
la continuación del procedimiento inspector.
Dicho procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste hasta la conclusión 
del plazo a que se refiere el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria o en el plazo de 6 meses, si éste último fuese superior, a computar 
desde la recepción del expediente, por el órgano competente que deba continuar el 
procedimiento inspector.
Artículo 197 quater. Reglas generales de la tramitación del procedimiento inspector 
en caso de liquidación vinculada a delito
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la 
Hacienda Pública en el seno de un procedimiento inspector y no concurran las 
circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 251.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se dictará 
una propuesta de liquidación vinculada a delito en la que se expresarán, con el 
detalle que sea preciso, los hechos y fundamentos de derecho en que se base la 
misma, haciendo constar el derecho del obligado tributario a efectuar las alegaciones 
que considere oportunas en el correspondiente trámite de audiencia, dentro del 
plazo de los 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha en 
que se haya notificado dicha propuesta de liquidación.
2. Esa notificación podrá efectuarse al obligado tributario o al representante 
autorizado por él en el procedimiento de inspección en el que se dicte la propuesta 
de liquidación vinculada a delito.
3. Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las 
alegaciones, en su caso, presentadas, el órgano competente para liquidar actuará 
de la siguiente forma:
a) Dictará una liquidación vinculada a delito, con la autorización previa o 
simultánea del órgano de la Administración tributaria competente para interponer la 
denuncia o querella, cuando considere que la conducta del obligado tributario 
pudiera ser constitutiva de un posible delito contra la Hacienda Pública.
Dicha autorización se otorgará previo informe del órgano con funciones de 
asesoramiento jurídico.
En caso de que el órgano competente para interponer la denuncia o querella no 
apreciara indicios de delito contra la Hacienda Pública, devolverá el expediente para 
su ultimación en vía administrativa, previa formalización, en su caso, del acta que 
corresponda.
b) Rectificará la propuesta de liquidación vinculada a delito, cuando considere 
que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación 
de las normas jurídicas.
En los casos en que esa rectificación afecte a cuestiones no alegadas por el 
obligado tributario, suponiendo además un agravamiento de la situación para dicho 
obligado tributario, se notificará el acuerdo de rectificación para que, en el plazo 
de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación, efectúe 
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alegaciones. Transcurrido dicho plazo, se dictará el acuerdo que proceda, que 
deberá ser notificado siguiéndose, respecto del mismo, la tramitación que 
corresponda.
En cualquier otro caso, se notificará sin más trámite la liquidación vinculada a 
delito.
c) Devolverá el expediente para su ultimación en vía administrativa, previa 
formalización, en su caso, del acta que corresponda, cuando considere que la 
conducta del obligado tributario no es constitutiva de delito contra la Hacienda 
Pública.
d) Acordará que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, 
cuando así lo estime conveniente, notificándoselo al obligado tributario. Una vez 
efectuadas las actuaciones complementarias, se procederá de la siguiente forma:
En el supuesto de que no se aprecien indicios de delito, se ultimará el expediente 
en vía administrativa, previa formalización, en su caso, del acta que corresponda.
En el supuesto de que se sigan apreciando indicios de delito contra la Hacienda 
Pública debiendo modificar la propuesta de liquidación vinculada a delito inicialmente 
formulada, se procederá a su rectificación otorgando nuevo trámite de alegaciones 
al obligado tributario por 15 días naturales, siguiendo la tramitación que corresponda.
En el supuesto de que se sigan apreciando indicios de delito contra la Hacienda 
Pública, pero sin necesidad de modificar la propuesta de liquidación vinculada a 
delito, ésta mantendrá su vigencia, procediendo el órgano competente para liquidar 
a dictar el acuerdo que corresponda, una vez otorgado nuevo trámite de alegaciones 
al obligado tributario por 15 días naturales.
4. Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria 
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al 
Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los 
elementos de la obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con 
la notificación al obligado tributario de la misma, en la que se advertirá de que el 
período voluntario de ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea 
notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella correspondiente, en los 
términos establecidos en el artículo 255 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
Artículo 197 quinquies.  Cálculo y tramitación de la liquidación vinculada a delito, 
en casos de concurrencia de cuota vinculada y no vinculada a delito contra la 
Hacienda Pública.
1. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa 
distinguir elementos vinculados a un posible delito contra la Hacienda Pública, junto 
con otros elementos no vinculados a dicho delito, se aplicará la normativa prevista 
en el artículo 197 quater de este reglamento, con las especialidades señaladas en 
este precepto.
Para verificar si los elementos vinculados al delito contra la Hacienda Pública 
determinan una cuota defraudada determinante de dicho ilícito penal, se tendrá en 
cuenta lo establecido en la letra a) del apartado siguiente.
2. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, se efectuarán dos 
liquidaciones provisionales de forma separada.
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará una 
propuesta de liquidación vinculada a delito y un acta de inspección, de acuerdo con 
las siguientes reglas:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos 
que hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos 
aquellos elementos en los que se aprecien indicios de delito, y se restarán los 
ajustes a favor del obligado tributario a los que éste pudiera tener derecho en ese 
periodo. Adicionalmente, se minorarán las partidas a compensar o deducir 
cve: BOE-A-2017-15838
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susceptibles de aplicación, salvo que el obligado tributario ejercite la opción a que 
se refiere el apartado siguiente de este mismo artículo. Si la declaración presentada 
en plazo hubiera determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará para el 
cálculo de esta propuesta de liquidación vinculada a delito.
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad 
de los elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados 
con el posible delito. En estos casos, la cantidad resultante de la propuesta de 
liquidación vinculada a delito, minorará la cuota de la propuesta de liquidación 
contenida en el acta.
3. No obstante, en caso de que el obligado tributario optara por la aplicación 
proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota a que 
se refiere el apartado anterior, el importe concreto a minorar por dichas partidas en 
la liquidación vinculada a delito, se determinará aplicando al importe total de las 
mismas, el coeficiente resultante de una fracción en la que figuren:
a) En el numerador, la suma de los incrementos y disminuciones en la base 
imponible, multiplicada por el tipo medio de gravamen, y los incrementos y 
disminuciones en la cuota, todos ellos vinculados con el posible delito contra la 
Hacienda Pública.
b) En el denominador, la suma de la totalidad de los incrementos y 
disminuciones en la base imponible multiplicada por el tipo medio de gravamen, y la 
totalidad de los incrementos y disminuciones en la cuota, con independencia de que 
se hallen o no vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
Se entenderá por tipo medio de gravamen, el resultado de dividir la cuota íntegra 
entre la base liquidable.
El cálculo de ese coeficiente se efectuará prescindiendo del importe de todas las 
partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota.
Artículo 197 sexies.  Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación vinculada 
a delito.
1. Cuando la Administración tributaria haya dictado una liquidación vinculada 
a delito, se tendrán en cuenta las distintas resoluciones judiciales, así como, en su 
caso, las decisiones del Ministerio Fiscal, en los términos que se indican en los 
apartados siguientes.
2. En caso de que en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por 
delito contra la Hacienda Pública, procederá actuar de la siguiente forma:
a) Si la cuota defraudada determinada en el proceso penal fuera idéntica a la 
liquidada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, 
sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora y recargos que 
correspondan.
Entre esos intereses de demora, se exigirán los devengados desde la fecha en 
que se dictó la liquidación vinculada a delito, hasta la fecha de notificación al 
obligado tributario de la admisión a trámite de la denuncia o querella.
b) Si la cuantía defraudada determinada en el proceso penal difiriera, en más 
o en menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación vinculada a delito 
deberá modificarse en ese sentido.
En esos casos, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el 
contenido de la sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal 
como cuota defraudada, sin que ello afecte a la validez de las actuaciones 
recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada en dicho proceso.
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Adicionalmente, se ajustarán los intereses de demora, procediendo, en todo 
caso, la exigencia de los devengados desde la fecha en que se dictó la liquidación 
vinculada a delito, hasta la fecha de notificación al obligado tributario de la admisión 
a trámite de la denuncia o querella.
Lo indicado anteriormente, se entenderá sin perjuicio de la procedencia de exigir 
en vía administrativa, en su caso, los importes que, de acuerdo con los hechos 
considerados probados en la resolución judicial, pudieran adeudarse a la Hacienda 
Pública, a pesar de no formar parte de la cuota defraudada. A esos efectos, y 
cuando sea necesario, se llevará a cabo la retroacción del procedimiento inspector 
para la liquidación de esos importes adicionales, en los términos indicados en el 
apartado 4 de este mismo precepto.
Por otra parte, cuando la cuantía defraudada determinada en el proceso penal 
fuese inferior a la fijada en vía administrativa, serán de aplicación las normas 
generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las 
devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
El acuerdo adoptado por la Administración tributaria en los dos casos previstos 
en las letras a) y b), se trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al 
obligado al pago y a las demás partes personadas en el proceso penal, a efectos de 
lo previsto en el artículo 999 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. En caso de que en el proceso penal no se apreciara la existencia de delito 
por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación vinculada a delito 
previamente dictada será anulada, siendo de aplicación las normas generales 
establecidas al efecto en la normativa tributaria, en relación con las devoluciones de 
ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
4. Finalmente, en los casos que se recogen a continuación, procederá la 
retroacción del procedimiento inspector al momento anterior a aquél en que se dictó 
la propuesta de liquidación vinculada a delito, formalizando el acta que pudiera 
corresponder:
a) Devolución del expediente por el Ministerio Fiscal que no vaya seguida de 
una interposición de querella ante la jurisdicción competente por parte de la 
Administración tributaria.
b) Inadmisión de la denuncia o querella.
c) Auto de sobreseimiento.
d) Resolución judicial firme en la que no se aprecie delito, por motivo diferente 
a la inexistencia de la obligación tributaria.
En estos casos, el procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste hasta 
la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 150.1 de la Ley  58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria o en el plazo de 6 meses, si éste último fuese superior, 
a computar desde la recepción del expediente, por el órgano competente que deba 
continuar el procedimiento inspector.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al 
procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma 
que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, hubiera correspondido a la liquidación 
anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la 
nueva liquidación.
El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector, producirá, 
respecto de las obligaciones tributarias pendientes de liquidar, los efectos previstos 
en el artículo 150.6 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».
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Cuarenta y seis. Se introduce un nuevo Título VII, con la siguiente redacción:
«Titulo VII
Procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización de 
los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación
Artículo 208. Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de 
los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de 
recuperación.
1. En el caso de que un obligado tributario deba ser objeto de actuaciones en 
relación con diferentes decisiones de recuperación, podrá iniciarse un único 
procedimiento para la ejecución de todas ellas o, si ya se estuviera tramitando un 
procedimiento de recuperación, incorporar al mismo la ejecución de otras decisiones 
de recuperación que afecten a la misma obligación tributaria.
2. Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución 
contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria 
como consecuencia de la comprobación realizada.
3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario o 
concluido el plazo para su presentación, el órgano competente para liquidar, a la 
vista de la propuesta de liquidación y de las alegaciones en su caso presentadas, 
dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.
Si el órgano competente para liquidar acordase la rectificación de la 
propuesta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los 
hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación 
afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo 
de rectificación para que en el plazo de 10 días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones. 
Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá 
ser notificada.
4. El órgano competente para liquidar podrá acordar que se complete el 
expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al obligado 
tributario y se procederá de la siguiente forma:
a) Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera 
necesario modificar la propuesta de liquidación se dejará sin efecto la propuesta 
formulada y se formalizará una nueva que sustituirá a todos los efectos a la 
anterior.
b) Si se mantiene la propuesta de liquidación, se concederá al obligado 
tributario un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de la apertura de dicho plazo, para la puesta de manifiesto del 
expediente y la formulación de las alegaciones que estime oportunas. Una vez 
recibidas las alegaciones o concluido el plazo para su realización, el órgano 
competente para liquidar dictará el acto administrativo que corresponda que 
deberá ser notificado.
5. En caso de tramitación simultánea de un procedimiento de recuperación en 
supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados 
por la decisión de recuperación y de un procedimiento inspector las liquidaciones 
que, en su caso, se dicten como consecuencia de los mismos tendrán el carácter 
que corresponda con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y el presente reglamento.
6. En relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá 
dictarse una única resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la 
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decisión de recuperación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la 
suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos impositivos o 
de liquidación comprobados.
7. En las actuaciones realizadas respecto a entidades que tributen en régimen 
de consolidación fiscal relativas al procedimiento de recuperación de ayudas de 
Estado en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria 
afectados por la decisión de recuperación, resultará, asimismo, aplicable lo 
dispuesto en el artículo 195 de este reglamento, salvo su apartado 4».
Cuarenta y siete. Se introduce una nueva disposición adicional decimoséptima, con 
la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoséptima.  Trámites de audiencia y de alegaciones en 
el ámbito de la deuda aduanera
En el ámbito de la deuda aduanera, resultarán de aplicación las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento en relación a los trámites de audiencia o 
alegaciones de acuerdo con las especialidades establecidas por la normativa de la 
Unión Europea en relación al derecho a ser oído».
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por 
el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
El Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para 
la Defensa del Contribuyente queda modificado como sigue:
Uno. Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 4, que quedan redactados de 
la siguiente forma:
«1. El Consejo para la Defensa del Contribuyente estará formado por dieciséis 
vocales. Los vocales serán nombrados y cesados por el Ministro de Hacienda y 
Función Pública mediante Orden ministerial, con excepción de los previstos en los 
apartados b).2.º, b).3.º y e) siguientes -que tendrán la condición de vocales natos en 
razón del cargo que ostentan-, de la siguiente forma:
a) Ocho vocales representantes de los sectores profesionales y académicos 
relacionados con el ámbito tributario y de la sociedad en general. Cuatro de dichos 
vocales deberán pertenecer al ámbito académico y los otros cuatro deberán ser 
profesionales en el ámbito tributario, todos ellos de reconocido prestigio. Los vocales 
serán nombrados por un periodo de cinco años renovables a propuesta del 
Secretario de Estado de Hacienda.
b) Cuatro vocales representantes de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, con la siguiente distribución:
1.º Dos representantes de los departamentos y servicios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, propuestos por el Secretario de Estado de Hacienda, 
oído el Director General de aquella.
2.º El Director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
3.º El Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
c) También serán vocales un representante de la Dirección General de Tributos 
y un representante de la Dirección General del Catastro, propuestos por el Secretario 
de Estado de Hacienda, oídos, en su caso, los titulares de los respectivos centros.
d) Igualmente será vocal un representante de los Tribunales Económico 
Administrativos, propuesto por el Secretario de Estado de Hacienda, oído, en su 
caso, el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central.
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e) Finalmente, será vocal el Abogado del Estado jefe de la Abogacía del 
Estado en materia de hacienda y financiación territorial de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, que, además, será el Secretario del Consejo para la Defensa del 
Contribuyente».
«2. El régimen de funcionamiento del Consejo, ya sea en pleno o en 
comisiones o grupos de trabajo, será el establecido en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera de este real 
decreto».
«4. Será de aplicación a los miembros del Consejo el régimen de abstención y 
recusación previsto en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».
«5. Los cargos de Presidente y vocal del Consejo tendrán carácter no 
retribuido, sin perjuicio del derecho a percibir las indemnizaciones a que hubiese 
lugar de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.
No obstante será de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.2.a).3.ª de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, respecto de los miembros del Consejo incluidos 
en su ámbito de aplicación».
Dos. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 5, que quedan redactados de la 
siguiente forma:
«2. El Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente será 
designado de entre sus miembros por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a 
propuesta del Consejo, por un plazo de tres años renovables. Transcurrido este 
plazo, el Presidente quedará en funciones en tanto no se proceda al nombramiento 
de su sucesor o sea renovado en su cargo, sin perjuicio de su condición de vocal, 
en la que podrá continuar tras la finalización del plazo de presidencia.
En todo caso, el Presidente cesará si perdiera la condición de miembro del 
Consejo.
El Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente ostenta su 
representación y es el órgano de relación con la Secretaría de Estado de Hacienda, 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con los demás centros, órganos 
y organismos, tanto públicos como privados.
3. El Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente pondrá en 
conocimiento inmediato del Secretario de Estado de Hacienda cualquier actuación 
que menoscabe la independencia del Consejo o limite sus facultades de actuación.
4. El Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente remitirá 
directamente al Secretario de Estado de Hacienda o, en su caso, a otros órganos de 
la Secretaría de Estado y al Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, los informes y propuestas que se elaboren en el ejercicio de las funciones 
del órgano que preside».
Tres. Se modifica la letra d) y se introducen las nuevas letras e) y f) en el apartado 1 
del artículo 9, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«d) Cuando se reiteren por el obligado tributario quejas o sugerencias 
anteriormente presentadas por él mismo, hayan sido o no resueltas, aunque se 
refieran a actos distintos, si entre la queja anterior y la nueva existe identidad 
sustancial de objeto.
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e) Cuando tengan un carácter abusivo no justificado de acuerdo con la 
finalidad de las quejas y sugerencias conforme a lo dispuesto en este real decreto.
f) Cuando impliquen la utilización de palabras ofensivas, insultos o falten al 
debido respeto al Consejo para la Defensa del Contribuyente, a sus miembros, a la 
Administración tributaria o a sus funcionarios o, en general, a los intereses públicos».
Cuatro. Se modifica la disposición final primera, que queda redactada de la siguiente 
forma:
«Disposición final primera.  Funcionamiento del Consejo.
1. De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde al pleno del Consejo la aprobación 
de sus propias normas de funcionamiento, con sujeción a lo establecido en la citada 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, en este real decreto y en las resoluciones aprobadas 
por el Secretario de Estado de Hacienda a las que se refiere el apartado siguiente.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el 
pleno del Consejo aprobará la adaptación de sus actuales normas de funcionamiento 
a lo previsto en este real decreto.
2. Las normas de desarrollo de la regulación del procedimiento para la 
formulación, tramitación y contestación de las quejas, sugerencias y propuestas a 
las que se refiere el presente real decreto serán aprobadas por resolución del 
Secretario de Estado de Hacienda, siendo de aplicación supletoria a estos efectos, 
en las cuestiones no expresamente previstas por el Consejo, las previsiones 
contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado así como en su normativa de aplicación y desarrollo.
3. Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sus normas 
de desarrollo, así como a la normativa tributaria, mediante resolución del Secretario 
de Estado de Hacienda, se determinarán los sistemas de firma electrónica admitidos 
para la presentación de quejas y sugerencias, la sede electrónica y, en su caso, 
subsedes del órgano u organismo, y los mecanismos técnicos de coordinación que 
aseguren la tramitación eficaz por la unidad operativa de las quejas y sugerencias 
presentadas por medios electrónicos».
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1. Lo dispuesto en el artículo primero de este real decreto será de aplicación a los 
procedimientos tributarios iniciados a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, 
salvo lo establecido en los apartados siguientes.
2. Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto lo dispuesto en los siguientes artículos del Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio:
a) La nueva redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 99, relativo a la tramitación 
de las diligencias, cuando la diligencia se firme a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto.
b) La nueva redacción del apartado 4 del artículo 125, relativo a la terminación del 
procedimiento de devolución, cuando el acuerdo de devolución se notifique a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto.
c) La nueva redacción del apartado  3 del artículo 171, relativo al examen de la 
documentación de los obligados tributarios, cuando el requerimiento se realice a partir de 
la entrada en vigor de este real decreto.
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d) La nueva redacción del apartado 2 del artículo 185, relativo a la formalización de 
las actas, cuando el acta se firme a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
e) La nueva redacción de la letra d) del apartado 2, la letra b) del apartado 3, las 
letras c) y d) del apartado 4, y el apartado 6 del artículo 190, relativo a las clases de 
liquidaciones derivadas de las actas de inspección, cuando la liquidación se dicte a partir 
de la entrada en vigor de este real decreto.
f) La nueva redacción del apartado 4 del artículo 191, relativo a la liquidación de 
intereses a favor del obligado tributario, cuando la liquidación se dicte a partir de la entrada 
en vigor de este real decreto.
g) La nueva redacción del apartado 3 del artículo 196, relativo a la declaración de 
responsabilidad en el procedimiento inspector, cuando el intento de notificación que 
contenga el texto íntegro del acuerdo o, en su caso, la puesta a disposición de la 
notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección 
electrónica habilitada se realicen a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
h) El Título VII, relativo al procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en 
supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión de recuperación, cuando los procedimientos se estén tramitando en la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto.
3. La nueva redacción de la letra e) del artículo 7, así como las nuevas redacciones 
del apartado 2 del artículo 11 y de los apartados  2 y 3 del artículo 12, relativas a la 
obligación censal de comunicar la identidad de los sucesores de personas físicas y 
entidades, serán de aplicación desde el día 1 de julio de 2018.
4. El vencimiento de los periodos a los cuales se refieren los artículos 4.1.a) y 5.2 del 
Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la 
Defensa del Contribuyente, en la nueva redacción dada por el artículo segundo, apartados 
uno y dos, de este real decreto solo resultará aplicable una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su entrada en vigor».
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.
Dado en Madrid, el  29 de diciembre de  2017.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Función Pública,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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