BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156  Viernes 27 de junio de 2014  Sec. I.   Pág. 49412
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6726 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
El sector financiero y, en especial, el bancario desempeñan un papel económico vital, 
al operar como canal más potente de transformación del ahorro en financiación para 
empresas, familias y administraciones públicas. El acceso a este crédito en condiciones 
competitivas, tanto en términos de coste como de volumen, es condición indispensable 
para el crecimiento de la economía y está, por tanto, íntimamente vinculado a la creación 
de empleo y riqueza nacional. Al mismo tiempo, el riesgo y la incertidumbre son 
consustanciales a la actividad bancaria. La propia tendencia cíclica de las economías, el 
natural apetito de las empresas financieras por modelos de negocio que priorizan la 
optimización de beneficios a corto plazo, la impredecible evolución de la innovación 
financiera y la creciente y mundial interdependencia entre entidades y mercados 
financieros, pueden conducir a estas instituciones y al conjunto de las economías a 
situaciones de dificultad, con graves consecuencias sobre el funcionamiento global del 
sistema económico. Estas consecuencias alcanzan en ocasiones dimensiones tales que 
pueden llegar a exigir el apoyo financiero público, apartando de este modo al sector 
financiero de la regla del mercado, general y espontánea, de quiebra individual y selección 
de agentes. Es por todo lo anterior por lo que corresponde al ordenamiento jurídico 
articular, con una profundidad interventora mayor que las empleadas en otras áreas de 
actividad económica, la regulación necesaria para la mejor prevención y gestión de los 
riesgos financieros y, al tiempo, el fomento de las más favorables condiciones de 
financiación de la economía. Se puede decir que el fundamento último de toda la 
legislación financiera consiste en la necesidad de garantizar la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento de los mercados financieros con el fin de proteger a los agentes 
implicados, en especial a los clientes e inversores, y, en última instancia, proporcionar a 
las economías las condiciones de financiación, óptimas pero prudentes, para impulsar su 
prosperidad en el largo plazo.
En definitiva, la actividad bancaria debe estar sujeta a normas que concilien la 
necesaria capacidad de las entidades de crédito para el desarrollo de sus fines en el 
contexto de una economía de mercado, con la debida ordenación y disciplina sobre 
aquellos aspectos que pueden ocasionar, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, 
graves perjuicios a la economía.
Estas consideraciones, fruto de una experiencia sostenida en el tiempo y de la 
sucesión de crisis, fueron tomadas en cuenta por el legislador desde el instante en que la 
actividad financiera se posicionó en un lugar central de la economía, e impulsaron la 
creación del sistema español de regulación y supervisión de entidades de crédito. Las 
primeras normas referidas al sector bancario español, hasta entonces ajeno a cualquier 
injerencia pública, fueron la Ley de Bancos de Emisión y la Ley de Sociedades de Crédito 
de 1854. Pero la auténtica legislación inaugural de un marco comprensivo de regulación 
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prudencial fue la Ley Relativa a la Ordenación Bancaria de 1921, conocida como Ley 
Cambó, quien en la defensa en Cortes del proyecto de ley ya señalaba que «los 
quebrantos de un banco no afectan únicamente a sus accionistas, afectan a sus clientes, 
afectan a toda la economía del país...». Desde entonces se han sucedido las normas que 
han dado continuidad a la intervención de los poderes públicos, como la Ley de 
Ordenación Bancaria, de 31 de diciembre de 1946, que viene a derogar definitivamente 
esta Ley, o la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, de 14 de abril de 1962.
El último cuerpo legal de regulación prudencial bancaria, que se sustituye con esta 
Ley, es el formado por la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, 
recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Estas 
normas surgieron de dos circunstancias históricas que hoy resultan claramente 
reconocibles. En primer lugar, la profunda crisis que afectó al conjunto del sistema 
bancario entre los años 1977 y 1985 y que originó la quiebra de más de la mitad de los 
bancos que operaban en el país a principios de 1978. Y, en segundo lugar, la incorporación 
de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, que abrió la actual etapa de 
vinculación de la regulación financiera española a la prolífica evolución del acervo 
comunitario en esta materia.
Desde entonces, la legislación bancaria, influida por el Derecho de la Unión Europea 
y los acuerdos internacionales de la materia, ha ido configurando un entramado legal 
complejo y profundo que opera en la práctica como un auténtico estatuto profesional de 
las entidades de crédito. Este cuerpo legal se encarga, en primer lugar, de la vigilancia 
continuada de la solvencia y gestión de riesgos de las entidades, atribuida con amplias 
prerrogativas al Banco de España. Pero no se limita en absoluto a esa vigilancia y alcanza 
otros elementos muy sustantivos y peculiares de la regulación de las entidades de crédito 
como son la reserva de actividad, el control del acceso e idoneidad de directivos y 
accionistas más significativos, el refuerzo específico de las exigencias de gobierno 
corporativo o, en última instancia, el tratamiento singularísimo de las entidades con 
dificultades de viabilidad, que incluye la posibilidad de intervención y sustitución de sus 
administradores o la imposición de pérdidas a sus respectivos acreedores.
Del mismo modo que sucediera a mediados de los años ochenta, la nueva regulación 
que incorpora esta Ley viene impulsada por dos poderosas corrientes. Una es la evolución 
internacional del derecho bancario y la otra es la constatación que la crisis financiera ha 
dejado sobre la necesidad de mejorar la calidad de la regulación prudencial de entidades 
de crédito.
En efecto, uno de los cambios más sustanciales que se ha producido en el mercado 
financiero en las últimas décadas tiene que ver con la completa internacionalización de 
esta actividad, en paralelo, pero también a la vanguardia, del fenómeno de mayor alcance 
de globalización económica. Este hecho ha tenido importantes repercusiones en el ámbito 
normativo pues, al tiempo que se aplicaban los sistemas de supervisión y regulación a 
escala nacional, el negocio bancario se hacía global y se constataba la necesidad de 
adoptar una perspectiva regulatoria supranacional. Por ello, se pretende ahora armonizar 
los requisitos prudenciales de la normativa de solvencia a escala global, evitando 
indeseables arbitrajes regulatorios entre diferentes jurisdicciones y, al tiempo, mejorar las 
herramientas de cooperación internacional entre supervisores.
La autoridad internacional que lidera la armonización de la regulación financiera 
internacional es el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. A través de los acuerdos 
alcanzados por este Comité se articuló una primera regulación que fijó para las entidades 
de crédito un capital mínimo del 8% sobre el conjunto de sus riesgos (Basilea I, 1988). 
Posteriormente, en 2004, se sofisticó la normativa (Basilea II) mejorando la sensibilidad 
de los mecanismos de estimación del riesgo y construyendo dos nuevos pilares: la 
autoevaluación del riesgo por cada entidad en diálogo con el supervisor (Pilar II) y la 
disciplina de mercado (Pilar III).
Pero ninguna de las dos reformas anteriores, incorporadas en España a través de 
sendas transposiciones del Derecho de la Unión Europea, evitó los efectos de la crisis 
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desencadenada en 2008. La calidad y cantidad del capital de las entidades se ha 
mostrado insuficiente para absorber las pérdidas originadas en un contexto de fuertes 
turbulencias y la regulación tampoco ha logrado atemperar el comportamiento procíclico 
de las entidades, que incrementaron excesivamente el crédito en la fase de expansión y 
lo redujeron sustancialmente en recesión, lo que agravó inicialmente la inestabilidad 
financiera y después empeoró los efectos y duración de la crisis económica.
Dados los importantes desafíos que sobre la estabilidad de los mercados financieros 
y sobre la economía mundial surgieron a partir de 2008, y tras el impulso político de los 
grandes líderes mundiales reunidos en noviembre de aquel año en Washington en torno 
al Grupo de los Veinte, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó en diciembre 
de 2010 el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios» 
(Basilea III), que, tratando de evitar futuras crisis y mejorar la cooperación internacional, 
viene a reforzar significativamente las exigencias de capital de los bancos.
La Unión Europea trasladó a su ordenamiento jurídico los citados acuerdos mediante 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, 
cuya transposición a nuestro ordenamiento se inició con el Real Decreto-ley 14/2013, 
de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades 
financieras, y se continúa ahora. Estas normas de la Unión Europea tienen, a su vez, un 
cometido y dimensión mayores que la mera adopción de los Acuerdos de Basilea III, ya 
que, por una parte, profundizan en el objetivo de reducir la excesiva dependencia de las 
agencias de calificación crediticia para la medición de las exposiciones a distintos riesgos 
y, por otra, avanzan sustancialmente en la creación de una auténtica normativa bancaria 
única en materia de solvencia. Este ejercicio de armonización será imprescindible de cara 
a la constitución de la Unión Bancaria, que se apoyará firmemente en esta normativa 
financiera común para la constitución de los mecanismos únicos de supervisión y 
resolución de entidades de crédito de la zona euro. Asimismo, la reducción de la 
dependencia de las agencias de calificación externa resulta imprescindible para reforzar 
la solvencia en tanto que la crisis financiera ha puesto de manifiesto cómo los métodos de 
análisis de estas agencias infravaloraron los riesgos de determinados activos.
Durante los últimos años España ha conocido los graves efectos ocasionados por la 
crisis de entidades de crédito. La inviabilidad de ciertas entidades de crédito sin apoyos 
financieros ha exigido una decidida intervención pública para acometer su saneamiento y 
reestructuración. Realizado este esfuerzo, procede aprobar ahora una nueva regulación 
prudencial que asegure un marco en el que nuestras entidades financieras ejerzan sus 
actividades, por otro lado vitales para la economía, con el menor riesgo posible para la 
estabilidad financiera del país.
II
El objeto principal de esta Ley es adaptar nuestro ordenamiento a los cambios 
normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la Unión Europea, continuando 
la transposición iniciada por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre. En este 
sentido, el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y la Directiva 2013/36/UE, de 26 
de junio, suponen, como ya se ha mencionado, una alteración sustancial de la normativa 
aplicable a las entidades de crédito, toda vez que aspectos tales como el régimen de 
supervisión, los requisitos de capital y el régimen sancionador son profusamente 
modificados.
Pero esta Ley también acomete una empresa cuya realización ha sido vivida como 
una necesidad durante años, como es la refundición en un único texto de las principales 
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normas de ordenación y disciplina de entidades de crédito. La muy frecuente modificación 
de las leyes vigentes ha ido deteriorando su inteligibilidad de tal modo, que la regulación 
carecía ya del mínimo rigor sistemático necesario para garantizar la coherencia de 
conjunto y facilitar su correcta aplicación e interpretación. La elaboración, por lo tanto, de 
un texto normativo único, en el que, a la vez que se lleva a cabo la transposición de la 
normativa dictada recientemente por la Unión Europea, se integran las normas del ámbito 
nacional que regulan la materia de forma dispersa e inconexa, contribuye decisivamente 
a la mejora de la eficiencia y calidad de nuestro ordenamiento financiero.
Esta Ley contiene, por lo tanto, el núcleo esencial del régimen jurídico aplicable a las 
entidades de crédito, sin perjuicio de la existencia de otras normas especiales que regulan 
aspectos concretos de su actividad o el régimen jurídico particular de un tipo específico 
de entidad de crédito, como sucede con las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.
La estructura del texto debe explicarse partiendo de su imbricación con el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, de su vocación de transposición de la Directiva 
2013/36/UE, de 26 de junio, y de las disposiciones nacionales actualmente en vigor que 
es preciso refundir. El Reglamento y la Directiva constituyen el régimen jurídico 
fundamental de solvencia y acceso a la actividad de las entidades de crédito. Esta Ley 
regulará los aspectos generales del régimen jurídico de acceso a la condición de entidad 
de crédito, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y los instrumentos supervisores 
y sancionadores a emplear por las autoridades, en aras de garantizar la plena eficacia de 
la normativa. El Reglamento de la Unión Europea, por su parte, establece las obligaciones 
fundamentales de los requisitos de capital y solvencia y adecuada gestión de riesgos de 
las entidades.
El Título I incluye las disposiciones generales del régimen jurídico por el que han de 
regirse las entidades de crédito. Así, recoge su definición y enumera aquellas entidades 
que son consideradas de crédito, establece el contenido de la actividad cuyo ejercicio 
está reservado exclusivamente para estas entidades y las fuentes de su régimen jurídico.
Adicionalmente, dicho Título regula otros aspectos que, por su especialidad, están 
vinculados a la propia naturaleza de las entidades de crédito y que se desarrollan en los 
capítulos siguientes: su régimen de autorización y revocación, el régimen de 
participaciones significativas, el régimen de idoneidad e incompatibilidades de los 
miembros del consejo de administración u órgano equivalente y el régimen de gobierno 
corporativo y políticas de remuneraciones.
La norma realiza un avance muy sustantivo en materia de gobierno corporativo. Estas 
reformas surgen ante la evidencia de que la regulación prudencial de las entidades debe 
promover las prácticas de gestión más eficientes y óptimas para el desarrollo de una 
actividad compleja y arriesgada como es la financiera. Fundamentalmente, son dos las 
áreas afectadas: el establecimiento de sistemas de gobierno corporativo eficientes y el 
desarrollo de una política de remuneraciones mejor alineada con los riesgos en el medio 
plazo de la entidad.
Si bien la norma nuclear en materia de solvencia de entidades de crédito es desde el 1 
de enero de 2014 el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, el Título II recoge las 
disposiciones en la materia que se deben mantener en el ordenamiento nacional. Estas 
disposiciones se refieren, en primer lugar, a la evaluación de la adecuación del capital de 
las entidades para el riesgo que asumen. Esta evaluación constituye un complemento a 
los requisitos de recursos establecidos en el Reglamento con una vocación claramente 
generalista y automática, que podría no tener en cuenta las singularidades derivadas del 
perfil de riesgo de cada entidad. En definitiva, se trata de que cada entidad determine si 
los requisitos de capital establecidos en el Reglamento son suficientes o si por el contrario, 
dado su modelo de negocio y nivel de exposición al riesgo, precisa un nivel de capital 
mayor. La decisión final respecto a estos requisitos se determina en un diálogo entre el 
supervisor y la entidad que se conoce como Pilar II de Basilea.
Asimismo, en este Título se introducen los criterios que debe tener en cuenta el Banco 
de España para fijar posibles requisitos de liquidez en el marco de la revisión de las 
estrategias, procedimientos y sistemas implantados por las entidades para dar 
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cumplimiento a la normativa de solvencia. Esta facultad pretende contribuir a la prevención 
de las crisis de liquidez, durante las que las entidades encuentran dificultades de acceso 
a los mercados y ello termina por deteriorar su solvencia. Esta facultad es, asimismo, un 
complemento individualizado para cada entidad a los requisitos de liquidez que se 
exigirán a partir de 2016 conforme a lo dispuesto por el Reglamento.
En tercer lugar, se articula un conjunto de requisitos de capital de nivel 1 ordinario 
adicionales a los establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. Son 
los llamados colchones de capital. Dos de estos colchones tienen un carácter no 
discrecional: el de conservación de capital y el previsto para entidades de importancia 
sistémica mundial. Adicionalmente, el colchón para otras entidades de importancia 
sistémica otorga cierta discrecionalidad al Banco de España para su exigencia a 
determinadas entidades. Estos tres colchones obedecen a la necesidad de contar con 
suplementos de capital frente a pérdidas inesperadas o de cubrir los riesgos originados 
por el carácter sistémico de ciertas entidades. Por otro lado, el colchón anticíclico y el 
colchón contra riesgo sistémico son herramientas a disposición del Banco de España al 
objeto de atenuar el efecto procíclico sobre el crédito de los requerimientos de capital, y, 
en su caso, de abordar la aparición de riesgos que puedan afectar al sistema financiero 
en su conjunto. Frente a posibles incumplimientos de los preceptos que regulan el 
régimen de los colchones de capital se articula un sistema basado en restricciones a las 
distribuciones y la elaboración de un plan de conservación del capital.
En virtud del Título III y en línea con la legislación actualmente en vigor, se designa al 
Banco de España como autoridad supervisora de las entidades de crédito. Para ello, se le 
otorgan las facultades y poderes necesarios para realizar esta función, se delimita el 
ámbito subjetivo y objetivo de su actuación supervisora y se le concede la capacidad de 
tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa de solvencia. En materia 
contable, se prevé la posibilidad de que el Ministro de Economía y Competitividad habilite 
al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas para establecer y modificar las normas de contabilidad 
y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito 
y de las entidades reguladas en el artículo 84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, así como los grupos consolidables de determinadas empresas de 
servicios de inversión y otras entidades. Esta habilitación se entiende sin perjuicio de los 
informes que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deba solicitar en materia 
de planificación contable.
Asimismo, en tanto que la actividad de las entidades de crédito se circunscribe en un 
entorno cada vez más integrado, particularmente a nivel europeo, es preciso regular las 
relaciones del Banco de España con otras autoridades supervisoras y, en particular, con 
la Autoridad Bancaria Europea. En este contexto conviene subrayar que a partir de la 
entrada en vigor y completa efectividad del Mecanismo Único de Supervisión en la Unión 
Europea, el Banco de España habrá de ejercer sus funciones de supervisión de entidades 
de crédito en cooperación y sin perjuicio de las competencias que serán directamente 
atribuidas al Banco Central Europeo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
(UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco 
Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito. El Mecanismo Único de Supervisión desarrollará 
una función crucial para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las políticas de la 
Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito.
El Banco de España puede acceder a cuanta información de las entidades de crédito 
sea necesaria para realizar un seguimiento de las actividades realizadas por las 
entidades. Este seguimiento se refiere, en particular, a los sistemas, procedimientos y 
estrategias de las entidades para cumplir con la normativa de solvencia, a los riesgos a 
los que las entidades pueden estar expuestas y podrían deteriorar la solvencia de la 
entidad y a los sistemas de gobierno corporativo y de política de remuneraciones. Se 
trata, en definitiva, de detectar de forma temprana incumplimientos de la normativa de 
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solvencia y situaciones que pudieran dar lugar en el futuro a dichos incumplimientos y 
que suponen un peligro para la estabilidad del sistema financiero.
Esta labor supervisora debe ser desarrollada dentro de un marco ordenado y 
sistemático para lo cual el Banco de España elaborará anualmente un programa 
supervisor. Es de capital importancia proporcionar unos criterios claros a las entidades 
supervisadas de cómo debe aplicarse la normativa de solvencia y otro tipo de normativa 
de ordenación y disciplina de entidades de crédito.
La complejidad organizativa de las entidades, a menudo incluidas dentro de un grupo 
en el que participan sociedades no necesariamente reguladas, aconseja que el ámbito 
supervisor del Banco de España sea lo más amplio posible. Asimismo, conviene delimitar 
las capacidades supervisoras del Banco de España en relación con las sucursales, en 
tanto que, especialmente si se trata de sucursales de entidades europeas, su matriz ha 
sido autorizada y es supervisada en otro Estado miembro.
En el ejercicio de sus facultades, el Banco de España puede ser supervisor de una 
filial dentro de un grupo o de la propia matriz de un grupo. En tal caso, es imprescindible 
garantizar la necesaria coordinación con otros supervisores y arbitrar mecanismos tales 
como la toma de decisiones conjuntas o la formación de colegios de supervisores que 
permitan tomar decisiones coherentes y eficaces para todo el grupo. Asimismo, ha de 
garantizarse la cooperación entre el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para aquellos 
grupos en los que desarrollan su actividad entidades de crédito, empresas de seguros y 
empresas de servicios de inversión.
En caso de incumplimiento de la normativa de solvencia, se le otorgan al Banco de 
España poderes y facultades para intervenir en la actividad de la entidad, introduciendo 
exigencias mayores de capital, provisiones o restringiendo el reparto de dividendos, entre 
otras. Si la situación fuera de excepcional gravedad, el Banco de España podría llegar 
incluso a la intervención de la entidad y la sustitución de sus órganos de gobierno.
El Título IV recoge el procedimiento sancionador aplicable a las entidades de crédito, 
siguiendo el esquema marcado por la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito. Se introducen las modificaciones precisas para 
transponer la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, lo que afecta principalmente a la 
inclusión de nuevos tipos sancionadores y a la modificación de la cuantía y forma de 
cálculo de las infracciones aplicables, así como de su publicidad. Asimismo se han 
introducido modificaciones técnicas, menores, pero necesarias para actualizar algunos 
preceptos a las normas sobre procedimiento administrativo general actualmente en vigor.
La Ley concluye, finalmente con una serie de disposiciones que contienen, entre otros 
supuestos, el régimen de las participaciones preferentes o las normas aplicables a los 
sistemas institucionales de protección. Igualmente se recoge un número relevante de 
normas de derecho transitorio, en atención a que la propia normativa de la Unión Europea 
que se transpone prevé una aplicación escalonada de muchos de sus preceptos, como, 
por ejemplo, los relativos a la constitución de colchones de capital. Por otro lado, se 
modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos 
incorporando a representantes de los Ministerios de Economía y Competitividad y 
Hacienda y Administraciones Públicas.
III
En cuanto a las disposiciones finales, destaca la extensa modificación de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Esta modificación obedece a la extensión 
a las empresas de servicios del régimen de supervisión prudencial previsto para las 
entidades de crédito en la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio. Concretamente, este 
régimen se hace extensivo a todas aquellas empresas de servicios de inversión cuyo 
ámbito de actividad no se limite únicamente a la prestación de servicios de asesoramiento 
en materia de inversión o a la recepción y transmisión de órdenes de inversores sin 
mantener fondos o valores mobiliarios que pertenezcan a clientes.
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De este modo, los miembros del consejo de administración de las empresas de 
servicios de inversión sujetas al ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36/UE, de 26 
de junio, quedan sometidos al mismo régimen de idoneidad e incompatibilidades y de 
gobierno corporativo que sus homólogos de las entidades de crédito.
Aunque la norma principal en materia de solvencia de empresas de servicios de 
inversión es, al igual que en materia de solvencia de entidades de crédito, el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, estas entidades pueden presentar riesgos particulares 
en su actividad que no queden adecuadamente recogidos en dicho Reglamento. Por este 
motivo, se les obliga a llevar a cabo un proceso de autoevaluación de sus niveles de 
capital y liquidez con objeto de determinar si resulta preciso mantener unos niveles de 
recursos propios o de liquidez superiores a los establecidos en el Reglamento. La decisión 
final respecto a estos requisitos se determina a través del diálogo entre la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la empresa de servicios de inversión.
Adicionalmente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al igual que el Banco 
de España, cuenta con la capacidad para exigir un conjunto de requisitos de capital de 
nivel 1 ordinario adicionales, los denominados colchones de capital. No obstante, el 
régimen de colchones de capital no será aplicable a aquellas empresas de servicios de 
inversión que no lleven a cabo actividades de negociación por cuenta propia ni de 
aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de éstos sobre la base de un 
compromiso firme. En el caso de las empresas de servicios de inversión que tengan la 
consideración de pequeña y mediana empresa, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá optar por no aplicar el colchón de conservación de capital y el colchón 
anticíclico si considera que ello no supone una amenaza para la estabilidad del sistema 
financiero.
El adecuado ejercicio de estas funciones por parte de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores exige una cierta coordinación de este organismo supervisor con otros 
supervisores tanto nacionales como de otros países. Por ello, una parte sustancial de las 
modificaciones de la Ley 24/1988, de 28 de julio, obedecen a esta necesidad de refuerzo 
de la coordinación.
Además, la labor supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe 
ser desarrollada en un marco ordenado y sistemático, para lo cual este organismo deberá 
elaborar anualmente un programa supervisor que proporcione a las empresas de servicios 
de inversión supervisadas unos criterios claros de aplicación de la normativa.
Por otro lado, cabe destacar la adaptación del régimen sancionador previsto para las 
empresas de servicios de inversión. En este sentido, se actualiza el régimen actual para 
incluir las infracciones y sanciones pertinentes derivadas del incumplimiento de la 
normativa de solvencia.
Además de las modificaciones oportunas para la adecuada transposición de la 
Directiva 2013/36/UE, entre las modificaciones de la Ley 24/1988, de 28 de julio, debe 
destacarse la actualización de la regulación de las entidades de contrapartida central 
para hacerla compatible con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades 
de contrapartida central y los registros de operaciones y su normativa de desarrollo, que 
entraron en vigor en 2012 y 2013. Adicionalmente, se mejora el régimen sancionador 
aplicable a los incumplimientos de la normativa de la Unión Europea de ventas en corto. A 
estos efectos, en aras de la mejor claridad y mayor seguridad jurídica, se establecen tipos 
infractores expresamente referidos al Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados 
aspectos de las permutas de cobertura por impago, que serán adicionales al régimen ya 
vigente que opera sobre la base de tipificaciones más amplias y generales. Asimismo, se 
da nueva redacción al artículo 79 quáter con la finalidad de extender el régimen de 
información al cliente previsto, con carácter general, en los artículos 79 bis y 79 ter, a 
aquellos servicios de inversión que se pudieran ofrecer vinculados a otros productos 
financieros. Esto sin perjuicio de que estos otros servicios, como por ejemplo los 
préstamos hipotecarios, ya cuenten con su propia normativa de transparencia y protección 
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al cliente. De este modo, con el fin de elevar al máximo la protección a los inversores y 
garantizar la seguridad jurídica y la homogeneidad en la normativa de transparencia 
aplicable a la comercialización de servicios de inversión, se anticipa en España la 
extensión de este régimen de información al cliente, en línea con los proyectos normativos 
de la Unión Europea en materia de mercados de instrumentos financieros.
IV
La crisis financiera ha puesto de relevancia la necesidad de que los poderes públicos 
adopten perspectivas integradas a la hora de regular los mercados financieros. El hecho 
de que en el ámbito de la Unión Europea se estén dando los pasos necesarios para la 
creación de una Unión Bancaria, que conlleva la unificación de las competencias de 
supervisión y resolución en el ámbito europeo, es prueba de que la materia financiera, y 
en particular, la regulación de las entidades de crédito, requiere una legislación 
armonizada, unitaria, capaz de sentar bases comunes en todos los Estados miembros. El 
objetivo de alcanzar un auténtico mercado financiero interior y evitar, de este modo, las 
disfuncionalidades que la dispersión normativa e institucional origina, es un hecho que la 
nueva regulación europea certifica. El propio carácter transfronterizo de las entidades de 
crédito y su actividad financiera requiere la actuación de autoridades públicas, con 
potestades que transciendan las fronteras de los Estados miembros, tales como el 
Mecanismo Único de Supervisión y la Autoridad Única de Resolución. Trasladada esta 
filosofía a nuestro país, se hace palmaria la necesidad de que exista una regulación 
básica capaz de garantizar la aplicación de un régimen jurídico común para las entidades 
de crédito que, a su vez, sea plenamente respetuoso con el ordenamiento de la Unión 
Europea.
El sistema financiero y crediticio de un país difícilmente puede ser dividido en 
compartimentos, puesto que la estabilidad financiera, y sus posibilidades de contar con 
una circulación del crédito fluida, capaz de poner en marcha el resto de sectores 
económicos, depende de la situación en que se encuentren las entidades de crédito, 
incluso aquellas que a priori pudieran no tener un carácter sistémico. La normativa que 
incluye esta Ley respeta, por lo tanto, el concepto de básico que ha definido el Tribunal 
Constitucional a lo largo de los últimos años, y se asienta en la convicción de que la 
regulación de los mercados financieros debe hacerse desde la legislación básica estatal, 
de una manera unitaria, para evitar la fragmentación y asegurar que los poderes públicos 
puedan, efectivamente, ordenar una actividad sumamente globalizada y cuya regulación 
y supervisión deriva ya, fundamentalmente, de la acción de las autoridades e instituciones 
europeas.
ÍNDICE
Título I. De las entidades de crédito.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1.  Entidades de crédito.
Artículo 2. Normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito.
Artículo 3.  Reserva de actividad y denominación.
Artículo 4. Competencias del Banco de España.
Artículo 5.  Protección del cliente de entidades de crédito.
Capítulo II. Autorización, registro y revocación.
Artículo 6. Autorización.
Artículo 7. Denegación de la autorización.
Artículo 8.  Revocación de la autorización.
Artículo 9. Renuncia a la autorización.
Artículo 10.  Caducidad de la autorización.
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Artículo 11. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en otros Estados 
miembros de la Unión Europea por entidades de crédito españolas.
Artículo 12.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por 
entidades de crédito de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Artículo 13. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por 
entidades de crédito de un Estado no miembro de la Unión Europea.
Artículo 14.  Agentes de las entidades de crédito.
Artículo 15. Registros del Banco de España.
Capítulo III. Participaciones significativas.
Artículo 16.  Participación significativa.
Artículo 17. Deber de notificación de participaciones significativas.
Artículo 18.  Evaluación de la adquisición propuesta.
Artículo 19. Colaboración entre autoridades supervisoras.
Artículo 20.  Efectos del incumplimiento de las obligaciones.
Artículo 21. Reducción de participaciones significativas.
Artículo 22.  Deberes de información y comunicación de las entidades de crédito.
Artículo 23. Medidas para asegurar la gestión sana y prudente de la entidad.
Capítulo IV. Idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos.
Artículo 24.  Requisitos de idoneidad.
Artículo 25. Supervisión de los requisitos de idoneidad.
Artículo 26.  Régimen de incompatibilidades y limitaciones.
Artículo 27. Registro de altos cargos.
Capítulo V. Gobierno corporativo y política de remuneraciones.
Artículo 28. Normas de gobierno corporativo.
Artículo 29. Sistema de gobierno corporativo.
Artículo 30.  Plan General de viabilidad.
Artículo 31. Comité de nombramientos.
Artículo 32.  Política de remuneraciones.
Artículo 33. Principios generales de la política de remuneraciones.
Artículo 34.  Elementos variables de la remuneración.
Artículo 35. Entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.
Artículo 36.  Comité de remuneraciones.
Artículo 37. Responsabilidad en la gestión de riesgos.
Artículo 38.  Función de gestión de riesgos y comité de riesgos.
Título II. Solvencia de las entidades de crédito.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 39.  Normativa de solvencia.
Artículo 40. Ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de solvencia.
Capítulo II. Capital interno y liquidez
Artículo 41.  Autoevaluación del capital.
Artículo 42. Liquidez.
Capítulo III. Colchones de capital.
Artículo 43.  Requisito combinado de colchones de capital.
Artículo 44. Colchón de conservación del capital.
Artículo 45.  Colchón de capital anticíclico específico.
Artículo 46. Colchón de capital para entidades de importancia sistémica.
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Artículo 47.  Colchón contra riesgos sistémicos.
Artículo 48. Restricciones en materia de distribuciones.
Artículo 49.  Plan de conservación del capital.
Título III. Supervisión.
Capítulo I. Función supervisora.
Artículo 50.  Función supervisora del Banco de España.
Artículo 51. Supervisión de los mecanismos de cumplimiento normativo.
Artículo 52.  Supervisión de riesgos.
Artículo 53. Supervisión de sistemas de gobierno corporativo y políticas 
remunerativas.
Artículo 54.  Elaboración de guías en materia supervisora.
Artículo 55. Programa supervisor.
Capítulo II. Ámbito de la función supervisora.
Artículo 56.  Ámbito de la supervisión del Banco de España.
Artículo 57. Supervisión de los grupos consolidables.
Artículo 58.  Supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de las 
sociedades mixtas de cartera.
Artículo 59. Supervisión de sucursales de entidades de crédito de Estados miembros 
de la Unión Europea.
Artículo 60.  Supervisión de sucursales de entidades de crédito de Estados no 
miembros de la Unión Europea y evaluación de la equivalencia de la supervisión en base 
consolidada de dichos Estados.
Capítulo III. Colaboración entre autoridades de supervisión.
Artículo 61. Colaboración del Banco de España con autoridades de otros países.
Artículo 62. Colaboración con las autoridades supervisoras de la Unión Europea en 
su condición de autoridad responsable de la supervisión consolidada.
Artículo 63.  Colaboración en caso de incumplimientos de sucursales de entidades 
de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 64. Medidas provisionales en caso de incumplimientos de sucursales de 
entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 65.  Decisión conjunta.
Artículo 66. Colegios de supervisores.
Artículo 67.  Relaciones del Banco de España con otras autoridades financieras 
nacionales.
Capítulo IV. Medidas de supervisión prudencial.
Artículo 68. Medidas de supervisión prudencial.
Artículo 69. Requisitos adicionales de recursos propios.
Capítulo V. Medidas de intervención y sustitución.
Artículo 70. Causas de intervención y sustitución del órgano de administración.
Artículo 71. Competencia de intervención y sustitución.
Artículo 72.  Acuerdos de intervención o sustitución.
Artículo 73. Contenido del acuerdo de intervención y sustitución.
Artículo 74.  Requisitos de validez de los actos y acuerdos posteriores a la fecha de 
intervención.
Artículo 75. Administración provisional.
Artículo 76.  Cese de las medidas de intervención o sustitución.
Artículo 77. Disolución y liquidación voluntaria de la entidad de crédito.
Artículo 78.  Intervención de las operaciones de liquidación.
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Artículo 79. Comunicación a Cortes Generales.
Capítulo VI. Obligaciones de información y publicación.
Artículo 80.  Obligaciones de publicación del Banco de España.
Artículo 81. Obligaciones de información del Banco de España en situaciones de 
urgencia.
Artículo 82.  Obligación de secreto.
Artículo 83. Deber de reserva de información.
Artículo 84.  Información contable que deben remitir las entidades de crédito.
Artículo 85. Información con relevancia prudencial de las entidades de crédito.
Artículo 86.  Información exigible a las sucursales de entidades de crédito con sede 
en la Unión Europea.
Artículo 87. Informe bancario anual.
Artículo 88.  Información sobre participaciones en entidades de crédito.
Título IV. Régimen sancionador
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 89. Disposiciones generales.
Artículo 90. Competencia para la instrucción de expedientes.
Capítulo II. Infracciones.
Artículo 91. Clasificación de infracciones.
Artículo 92.  Infracciones muy graves.
Artículo 93. Infracciones graves.
Artículo 94.  Infracciones leves.
Artículo 95. Prescripción de infracciones y sanciones.
Capítulo III. Sanciones.
Artículo 96.  Sanciones.
Artículo 97. Sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
Artículo 98.  Sanciones por la comisión de infracciones graves.
Artículo 99. Sanciones por la comisión de infracciones leves.
Artículo 100.  Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección 
por la comisión de infracciones muy graves.
Artículo 101. Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección 
por la comisión de infracciones graves.
Artículo 102.  Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección 
por la comisión de infracciones leves.
Artículo 103. Criterios para la determinación de sanciones.
Artículo 104.  Responsabilidad de los cargos de administración o dirección.
Artículo 105. Responsabilidad de los grupos consolidables de entidades de crédito.
Artículo 106.  Nombramiento temporal de miembros del órgano de administración.
Capítulo IV. Normas de procedimiento.
Artículo 107.  Procedimiento para la imposición de sanciones.
Artículo 108. Procedimiento aplicable en el supuesto de infracciones leves.
Artículo 109.  Nombramiento de instructores o secretarios adjuntos.
Artículo 110. Práctica de pruebas.
Artículo 111.  Medidas provisionales.
Artículo 112. Suspensión provisional de las personas que ostenten cargos de 
administración o dirección.
Artículo 113.  Ejecutividad de las sanciones e impugnación en vía administrativa.
Artículo 114. Sanciones consistentes en multa.
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Artículo 115.  Publicidad de las sanciones.
Artículo 116. Notificación de infracciones.
Artículo 117.  Concurrencia con procedimientos penales.
Artículo 118. Remisión de memoria de actuaciones sancionadoras a las Cortes 
Generales.
Disposición adicional primera.  Requisitos para la computabilidad de las 
participaciones preferentes a efectos de la normativa de solvencia y régimen fiscal 
aplicable a las mismas así como a determinados instrumentos de deuda.
Disposición adicional segunda. Limitaciones a la emisión de obligaciones.
Disposición adicional tercera.  Operaciones de arrendamiento financiero.
Disposición adicional cuarta. Supervisión de entidades no inscritas en registros 
administrativos.
Disposición adicional quinta.  Régimen jurídico de los sistemas institucionales de 
protección.
Disposición adicional sexta. Referencias a la normativa derogada.
Disposición adicional séptima.  Acciones nominativas y ejercicio económico.
Disposición adicional octava. Régimen jurídico del Instituto de Crédito Oficial.
Disposición adicional novena.  Régimen de ordenación y disciplina de las sociedades 
de garantía recíproca.
Disposición adicional décima. Incompatibilidad de los auditores para realizar 
trabajos en entidades de crédito.
Disposición adicional decimoprimera.  Responsabilidad de los miembros de la 
comisión de control de las cajas de ahorros.
Disposición adicional decimosegunda. Autorización de operaciones de modificación 
estructurales.
Disposición adicional decimotercera.  Régimen para la adaptación de los Estatutos 
de las cooperativas de crédito.
Disposición adicional decimocuarta. Competencias sancionadoras del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional decimoquinta.  Autorización para los colaboradores de los 
organismos de supervisión.
Disposición adicional decimosexta. Integración del Banco de España en el 
Mecanismo Único de Supervisión.
Disposición adicional decimoséptima.  Planes de cumplimiento del nivel mínimo de 
capital social y de recursos propios por las sociedades de garantía recíproca.
Disposición adicional decimoctava. Refuerzo del marco institucional de estabilidad 
financiera.
Disposición adicional decimonovena.  Tasa por la realización de la evaluación global 
a las entidades de crédito.
Disposición adicional vigésima. Propuestas en materia de protección al cliente.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos sancionadores y de autorización en 
curso.
Disposición transitoria segunda. Régimen fiscal transitorio de las participaciones 
preferentes e instrumentos de deuda.
Disposición transitoria tercera.  Régimen de cuotas participativas.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de los requisitos de información 
impuestos a las sucursales de entidades de crédito de un Estado miembro de la Unión 
Europea.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio para las sucursales de entidades 
de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de medidas cautelares en 
situaciones de urgencia.
Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para la supervisión de las 
sucursales de entidades de crédito de Estados miembros de la Unión Europea.
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Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del colchón de conservación de 
capital.
Disposición transitoria novena.  Régimen transitorio del colchón de capital anticíclico 
específico de cada entidad.
Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de los colchones de capital para 
las entidades de importancia sistémica.
Disposición transitoria decimoprimera.  Régimen transitorio de las restricciones a la 
distribución de dividendos y del plan de conservación del capital en relación con los 
colchones de capital.
Disposición transitoria decimosegunda. Régimen transitorio del informe bancario 
anual y del informe anual de empresas de servicios de inversión.
Disposición transitoria decimotercera.  Régimen transitorio para las entidades de 
contrapartida central y los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones.
Disposición transitoria decimocuarta. Plan General de Viabilidad.
Disposición transitoria decimoquinta.  Designación de los miembros de la Comisión 
Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Disposición transitoria decimosexta. Supervisión de sucursales de entidades de 
crédito de Estados no miembros de la Unión Europea.
Disposición derogatoria.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Crédito.
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre 
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de 
medidas de reforma económica.
Disposición final sexta. Modificación del Texto Refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, 
de 29 de octubre.
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de 
supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del 
sector financiero.
Disposición final octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de 
octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Disposición final décima. Modificación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
Disposición final decimoprimera.  Título competencial.
Disposición final decimosegunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Disposición final decimotercera.  Desarrollo reglamentario.
Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor.
Anexo. Lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo.
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TÍTULO I
De las entidades de crédito
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Entidades de crédito.
1. Son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad consiste en 
recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por 
cuenta propia.
2. Tienen la consideración de entidades de crédito:
a) Los bancos.
b) Las cajas de ahorros.
c) Las cooperativas de crédito.
d) El Instituto de Crédito Oficial.
Artículo 2.  Normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito.
1. El régimen jurídico de las entidades de crédito será el establecido por las normas 
de ordenación y disciplina. Tienen esta consideración las siguientes normas:
a) Esta Ley y las disposiciones que la desarrollen.
b) El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.
c) El resto de las normas del ordenamiento jurídico español y del Derecho de la 
Unión Europea que contengan preceptos específicamente referidos a las entidades de 
crédito.
2. La normativa reguladora de las sociedades mercantiles será de aplicación a las 
entidades de crédito en cuanto no se oponga a las citadas en el apartado anterior y, en 
particular, a la normativa especial por la que se rigen las cajas de ahorros y las 
cooperativas de crédito.
Artículo 3.  Reserva de actividad y denominación.
1. Queda reservada a las entidades de crédito que hayan obtenido la preceptiva 
autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro, la captación de fondos 
reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, 
préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas.
2. Las entidades de crédito utilizarán denominaciones genéricas propias, que serán 
distintas para cada tipo de entidad de crédito, de conformidad con lo que se prevea 
reglamentariamente o en una ley específica.
3. Se prohíbe a toda persona, física o jurídica, no autorizada ni registrada como 
entidad de crédito el ejercicio de las actividades legalmente reservadas a las entidades de 
crédito y la utilización de las denominaciones propias de las mismas o cualesquiera otras 
que puedan inducir a confusión con ellas.
4. Las entidades de crédito extranjeras podrán usar en España sus denominaciones 
de origen siempre que no susciten dudas sobre su identidad. Si existiera peligro de 
confusión, el Banco de España podrá exigir que se añada alguna mención aclaratoria.
5. El Registro Mercantil y los demás registros públicos denegarán la inscripción de 
aquellas entidades cuya actividad u objeto social o cuya denominación resulten contrarios 
a lo dispuesto en este artículo. Las inscripciones realizadas contraviniendo lo anterior 
serán nulas de pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación de oficio o a 
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petición del órgano administrativo competente. Dicha nulidad no perjudicará los derechos 
de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes 
registros.
Artículo 4.  Competencias del Banco de España.
1. Corresponde al Banco de España el ejercicio de las competencias que le 
atribuyan las normas de ordenación y disciplina sobre las entidades de crédito y, cuando 
corresponda, sobre las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera.
El Banco de España ejercerá sus competencias sin perjuicio de las funciones 
atribuidas al Banco Central Europeo y en cooperación con esta institución, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, 
que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.
2. En particular, corresponderá al Banco de España:
a) Autorizar la creación de entidades de crédito y la apertura en España de 
sucursales de entidades de crédito extranjeras no autorizadas en un Estado miembro de 
la Unión Europea.
b) Autorizar la creación de una entidad de crédito extranjera o la adquisición de una 
participación significativa en una entidad ya existente, por una entidad de crédito o un 
grupo de entidades de crédito españolas, cuando dicha entidad de crédito extranjera vaya 
a ser constituida o se encuentre domiciliada en un Estado que no sea miembro de la 
Unión Europea.
c) Autorizar las modificaciones estatutarias de las entidades de crédito, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. En particular podrán determinarse 
reglamentariamente aquellas modificaciones estatutarias en las que la autorización pueda 
sustituirse por la preceptiva comunicación al Banco de España.
d) Revocar la autorización concedida a una entidad de crédito en los supuestos 
previstos en el artículo 8.
e) Practicar la inscripción en los registros a que se refiere el artículo 15, así como la 
gestión de los mismos y de los demás previstos en otras normas de ordenación y 
disciplina.
f) Ejercer la función supervisora y sancionadora de las entidades de crédito y, 
cuando corresponda, de las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera, para el cumplimiento de la normativa de ordenación y 
disciplina.
g) Conceder las autorizaciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 
de junio y, en su caso, revocarlas.
h) Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
el control e inspección de la aplicación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación 
del mercado hipotecario.
i) Cuantas otras competencias se establezcan en el ordenamiento jurídico.
Artículo 5.  Protección del cliente de entidades de crédito.
1. El Ministro de Economía y Competitividad, con el fin de proteger los legítimos 
intereses de los clientes de servicios o productos bancarios, distintos de los de inversión, 
prestados por las entidades de crédito, podrá dictar disposiciones relativas a:
a) La información precontractual que debe facilitarse a los clientes, la información y 
contenido de los contratos y las comunicaciones posteriores que permitan el seguimiento 
de los mismos, de modo que reflejen de forma explícita y con la máxima claridad los 
derechos y obligaciones de las partes, los riesgos derivados del servicio o producto para 
el cliente y las demás circunstancias necesarias para garantizar la transparencia de las 
condiciones más relevantes de los servicios o productos y permitir al cliente evaluar si 
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estos se ajustan a sus necesidades y a su situación financiera. A tal efecto, los contratos 
de estos servicios o productos siempre se formalizarán por escrito o en formato electrónico 
o en otro soporte duradero y el Ministro de Economía y Competitividad podrá, en 
particular, fijar las cláusulas que los contratos referentes a servicios o productos bancarios 
típicos habrán de tratar o prever de forma expresa.
b) La transparencia de las condiciones básicas de comercialización o contratación 
de los servicios o productos bancarios que ofrecen las entidades de crédito y, en su caso, 
el deber y la forma en que deben comunicar tales condiciones a su clientela o al Banco de 
España. Se podrán establecer, asimismo, condiciones básicas de los servicios o 
productos bancarios de debido cumplimiento para las entidades de crédito. En particular, 
solo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme 
o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios 
efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse.
c) Los principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria de los 
servicios o productos bancarios, y las modalidades de control administrativo sobre la 
misma, con la finalidad de que ésta resulte clara, suficiente, objetiva y no engañosa.
d) Las especialidades de la contratación de servicios o productos bancarios de 
forma electrónica o por otras vías de comunicación a distancia y la información que, al 
objeto de lo previsto en este artículo, debe figurar en las páginas electrónicas de las 
entidades de crédito.
e) El ámbito de aplicación de las normas dictadas al amparo de este artículo a 
cualesquiera contratos u operaciones de la naturaleza prevista en dichas normas, aun 
cuando la entidad que intervenga no tenga la condición de entidad de crédito.
2. En particular, en la comercialización de préstamos o créditos, el Ministro de 
Economía y Competitividad podrá dictar normas que favorezcan:
a) La adecuada atención a los ingresos de los clientes en relación con los 
compromisos que adquieran al recibir un préstamo.
b) La adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias que 
aseguren los préstamos de forma que se contemplen mecanismos que eviten las 
influencias indebidas de la propia entidad o de sus filiales en la valoración.
c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de los tipos en los 
préstamos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y 
todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia.
d) La obtención y documentación apropiada de datos relevantes del solicitante.
e) La información precontractual y asistencia apropiadas para el cliente.
f) El respeto de las normas de protección de datos.
Sin perjuicio de la libertad contractual, el Ministerio de Economía y Competitividad 
podrá efectuar, por sí o a través del Banco de España, la publicación regular, con carácter 
oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados 
por las entidades de crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso 
de créditos o préstamos hipotecarios.
3. Las disposiciones que en el ejercicio de sus competencias puedan dictar las 
Comunidades Autónomas sobre las materias contempladas en este artículo no podrán 
establecer un nivel de protección inferior al dispensado en las normas que apruebe el 
Ministro de Economía y Competitividad. Asimismo, podrán establecerse con carácter 
básico modelos normalizados de información que no podrán ser modificados por la 
normativa autonómica, en aras de la adecuada transparencia y homogeneidad de la 
información suministrada a los clientes de servicios o productos bancarios.
4. Las normas dictadas al amparo de lo previsto en este artículo serán consideradas 
normativa de ordenación y disciplina y su supervisión corresponderá al Banco de España.
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CAPÍTULO II
Autorización, registro y revocación
Artículo 6.  Autorización.
1. El Banco de España autorizará la creación de entidades de crédito y la libre 
prestación de servicios y creación de sucursales de entidades de crédito de Estados no 
miembros de la Unión Europea que pretendan establecerse en España en los términos 
que se prevean reglamentariamente. A estos efectos, y con carácter previo a la concesión 
de la autorización, solicitará, en los aspectos que sean de su competencia, informe al 
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. La falta de resolución en el plazo establecido en el 
apartado 8 implicará la denegación de la solicitud.
2. El Banco de España comunicará al Ministerio de Economía y Competitividad la 
apertura del procedimiento de autorización indicando los elementos esenciales del 
expediente a tramitar y también la finalización del mismo.
3. La autorización para la creación de una entidad de crédito deberá ser objeto de 
consulta previa con la autoridad supervisora competente del correspondiente Estado 
miembro de la Unión Europea, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad de crédito vaya a estar controlada por otra entidad de crédito, una 
empresa de servicios de inversión o una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada 
en ese Estado.
b) Que la entidad de crédito vaya a estar controlada por la entidad dominante de 
una entidad de crédito, de una empresa de servicios de inversión o de una entidad 
aseguradora o reaseguradora autorizada en ese Estado.
c) Que la entidad de crédito vaya a estar controlada por las mismas personas físicas 
o jurídicas que controlen una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o 
una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en ese Estado miembro.
Se entenderá que una entidad es controlada por otra cuando se dé alguno de los 
supuestos regulados en el artículo 42 del Código de Comercio.
4. La consulta prevista en el apartado anterior comprenderá, en especial, la 
evaluación de la idoneidad de los accionistas, de los miembros del consejo de 
administración y de los directores generales y asimilados de la nueva entidad o de la 
entidad dominante, cuando se trate de una sociedad financiera de cartera o sociedad 
financiera mixta de cartera, y podrá reiterarse a los efectos de evaluar el cumplimiento 
continuado de dichos requisitos por parte de las entidades de crédito españolas.
5. El Banco de España atenderá recíprocamente las consultas que le remitan las 
autoridades responsables de la autorización de la entidad de crédito de otro Estado 
miembro y, en su caso, también lo harán la Comisión Nacional del Mercado de Valores o 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, les facilitará de oficio y 
sin retrasos injustificados toda la información que resulte esencial para la autorización 
pretendida.
6. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderán por asimilados a los 
directores generales:
a) Aquellas personas que desarrollen en la entidad de crédito funciones de alta 
dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones 
ejecutivas o consejeros delegados del mismo, y las personas que dirijan las sucursales 
de entidades de crédito extranjeras en España.
b) Aquellas personas que reuniendo los requisitos de dependencia anteriores, 
limiten sus funciones de alta dirección a un área de actividad específica, siempre que se 
integren en una estructura organizativa de dirección que asuma al máximo nivel la gestión 
diaria de la entidad.
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c) Aquellas personas que tuvieran un contrato de trabajo de alta dirección sujeto al 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del personal de alta dirección.
7. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se equiparará el consejo de administración 
al consejo rector de las cooperativas de crédito y a cualquier órgano de administración 
equivalente de las entidades de crédito.
8. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses 
siguientes a su recepción en el Banco de España, o al momento en que se complete la 
documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su 
recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá 
entenderse desestimada.
No obstante lo anterior, el plazo de resolución al que se refiere el párrafo anterior será 
de tres meses para las solicitudes de autorización que se encuentren dentro del supuesto 
del artículo 7.3.
Artículo 7.  Denegación de la autorización.
1. La autorización para la creación de una entidad de crédito se denegará en los 
siguientes supuestos:
a) Cuando ésta carezca del capital mínimo requerido, de una estructura organizativa 
adecuada, de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de 
control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
b) Cuando alguno de los miembros de su consejo de administración, director general 
o asimilado no reúna los requisitos de idoneidad exigidos.
c) Cuando alguno de los miembros del consejo de administración, director general o 
asimilado de su entidad dominante, siempre que ésta sea una sociedad financiera de 
cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1, puntos 20 
y 21, respectivamente del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, no reúna los 
requisitos de idoneidad exigidos.
d) Cuando carezca de procedimientos internos adecuados de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
e) Cuando incumpla alguno de los demás requisitos que reglamentariamente se 
exijan para adquirir la condición de entidad de crédito.
2. También se denegará la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar 
una gestión sana y prudente de la entidad, no se consideran idóneos los accionistas que 
vayan a ostentar una participación significativa o, en defecto de accionistas con una 
participación significativa, si no se considera adecuada la idoneidad de cualquiera de los 
veinte mayores accionistas.
3. La autorización de las entidades a que se refiere el artículo 4.2.b) podrá 
denegarse en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) cuando, atendiendo a la situación financiera de la entidad de crédito o a su 
capacidad de gestión, se considere que el proyecto puede afectarle negativamente;
b) cuando, vistas la localización y características del proyecto, no pueda asegurarse 
la efectiva supervisión del grupo, en base consolidada, por el Banco de España;
c) cuando la actividad de la entidad dominada no quede sujeta a un efectivo control 
por parte de una autoridad supervisora nacional.
Artículo 8.  Revocación de la autorización.
1. Sólo podrá acordarse la revocación de la autorización concedida a una entidad de 
crédito, de conformidad con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, en los 
siguientes supuestos:
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a) Si interrumpe de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un 
período superior a seis meses.
b) Si la autorización se obtuvo por medio de declaraciones falsas o por otro medio 
irregular.
c) Si incumple las condiciones que motivaron la autorización, salvo que se prevea 
otra consecuencia en la normativa de ordenación y disciplina.
d) Si deja de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes 
tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o impuestas en 
virtud de los artículos 42 y 68.2.a) de esta Ley, o comprometa la capacidad de reembolso 
de los fondos que le han confiado los depositantes o no ofrezca garantía de poder cumplir 
sus obligaciones con acreedores.
e) Cuando se le imponga la sanción de revocación en los términos previstos en el 
Título IV.
f) Cuando concurra el supuesto previsto en el artículo 23.
g) Si la entidad es excluida del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito.
h) Cuando se hubiera dictado resolución judicial de apertura de la fase de liquidación 
en un procedimiento concursal.
2. La autorización de una sucursal de una entidad de crédito de un Estado no 
miembro de la Unión Europea será revocada si fuese revocada la autorización de la 
propia entidad de crédito. En el caso de las sucursales de una entidad de crédito de un 
Estado miembro de la Unión Europea, se entenderá revocada la autorización cuando 
haya sido revocada la autorización de la propia entidad por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen.
3. En el caso de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, la revocación de la autorización se entenderá sustituida 
por la prohibición de que inicie nuevas operaciones en el territorio español. Antes de 
adoptar dicha decisión, el Banco de España deberá consultar a la autoridad competente 
de dicho Estado.
Cuando el Banco de España tenga conocimiento de que a una entidad de crédito de 
otro Estado miembro de la Unión Europea que opera en España le ha sido revocada su 
autorización, acordará de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad no inicie 
nuevas actividades, así como para salvaguardar los intereses de los depositantes.
4. El Banco de España comunicará la revocación de la autorización otorgada a una 
entidad de crédito o sucursal al Ministerio de Economía y Competitividad.
5. En el caso de revocación de la autorización de una entidad de crédito española, 
el Banco de España lo comunicará inmediatamente a las autoridades competentes del 
Estado miembro en el cual la entidad tenga una sucursal o ejerza la libre prestación de 
servicios.
6. La revocación de la autorización llevará implícita la disolución de la entidad y la 
apertura del período de liquidación que se desarrollará conforme a las normas y estatutos 
por los que se rija aquélla.
No obstante la revocación de la autorización, en los supuestos del apartado 1.h), la 
administración concursal podrá continuar realizando las actividades de la entidad de 
crédito que sean necesarias para su liquidación, en los términos previamente autorizados 
por el Banco de España.
7. La revocación de la autorización se hará constar en todos los registros públicos 
correspondientes y, tan pronto sea notificada a la entidad de crédito, conllevará el cese de 
la actividad para la que estaba autorizada.
Artículo 9.  Renuncia a la autorización.
La renuncia a la autorización concedida para ser entidad de crédito deberá ser 
comunicada al Banco de España, que la aceptará expresamente a menos que existan 
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razones fundadas para considerar que la cesación de actividad puede ocasionar riesgos 
graves a la estabilidad financiera.
Artículo 10.  Caducidad de la autorización.
1. Se producirá la caducidad de la autorización para operar como entidad de crédito 
cuando dentro de los doce meses siguientes a su fecha de notificación, no se diere 
comienzo a las actividades específicas del objeto social de la entidad por causas 
imputables a la misma.
2. El Banco de España declarará expresamente la caducidad de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente.
Artículo 11.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en el extranjero por 
entidades de crédito españolas.
1. Cuando una entidad de crédito pretenda abrir una sucursal en el extranjero 
deberá solicitarlo previamente al Banco de España acompañando a la solicitud, la 
documentación establecida reglamentariamente.
El Banco de España comunicará a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria 
Europea el número y la naturaleza de los casos en los que se haya denegado la solicitud 
anterior.
2. Cuando una entidad de crédito española desee ejercer por primera vez, en 
régimen de libre prestación de servicios, algún tipo de actividad en el extranjero deberá 
comunicarlo previamente al Banco de España. Cuando los servicios vayan a prestarse en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de España, en el plazo máximo de 
un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, trasladará dicha información 
a la autoridad supervisora de dicho Estado miembro.
3. Reglamentariamente se especificará el procedimiento de las solicitudes previstas 
en este artículo.
Artículo 12.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por 
entidades de crédito de otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. Las entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en 
régimen de libre prestación de servicios, las actividades que gocen de reconocimiento 
mutuo dentro de la Unión Europea recogidas en el Anexo a esta Ley. A tal efecto la 
autorización, los estatutos y el régimen jurídico al que esté sometido la entidad deberán 
habilitarla para ejercer las actividades que pretenda realizar.
2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior deberán respetar, en el 
ejercicio de su actividad en España, las disposiciones de ordenación y disciplina de las 
entidades de crédito que, en su caso, resulten aplicables así como cualesquiera otras 
dictadas por razones de interés general, ya sean éstas de ámbito estatal, autonómico o 
local.
3. Reglamentariamente se establecerán las reglas de procedimiento y requisitos 
necesarios para la inscripción de la sucursal en el correspondiente Registro del Banco de 
España, o para el inicio en España de su actividad en régimen de libre prestación de 
servicios.
4. Cualquier entidad financiera de otro Estado miembro de la Unión Europea, ya sea 
filial de una entidad de crédito o filial común de varias entidades de crédito, podrá, tanto 
mediante el establecimiento de una sucursal, como mediante la prestación de servicios, 
realizar las actividades enumeradas en el Anexo siempre y cuando sus estatutos permitan 
el ejercicio de tales actividades y cumplan las condiciones siguientes:
a) Que la entidad o entidades matrices estén autorizadas como entidades de crédito 
en el Estado miembro de la Unión Europea a cuyo ordenamiento jurídico esté sujeta la 
entidad financiera.
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b) Que las actividades de que se trate se ejerzan efectivamente en el territorio del 
Estado miembro de origen.
c) Que la entidad o entidades matrices posean como mínimo el 90% de los derechos 
de voto vinculados a la posesión de participaciones o acciones de la entidad financiera.
d) Que la entidad o entidades matrices hayan demostrado, a juicio de la autoridad 
supervisora competente del Estado miembro de origen, que efectúan una gestión sana y 
prudente de la entidad financiera y se hayan declarado, con el consentimiento de las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen, solidariamente garantes de los 
compromisos asumidos por la entidad financiera.
e) Que la entidad financiera esté incluida de forma efectiva, en especial para las 
actividades referidas en el citado Anexo, en la supervisión consolidada a la que está 
sometida su entidad matriz o cada una de sus entidades matrices, de conformidad con el 
artículo 57 y con la parte primera, Título II, Capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, en particular a efectos de los requisitos de fondos propios establecidos en 
el artículo 92 de dicho Reglamento, para el control de grandes exposiciones previsto en la 
parte cuarta de dicho Reglamento y a efectos de la limitación de las participaciones 
prevista en los artículos 89 y 90 del mismo Reglamento.
Si la autoridades competentes del Estado miembro de origen informasen al Banco de 
España de que la entidad financiera ha dejado de cumplir alguno de los requisitos 
previstos en este apartado, las actividades llevadas a cabo por dicha entidad quedarán 
sometidas a la normativa de ordenación y disciplina española.
Las previsiones establecidas en este apartado serán asimismo de aplicación a las 
filiales de las entidades financieras previstas en el mismo.
Artículo 13.  Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por 
entidades de crédito de un Estado no miembro de la Unión Europea.
1. El establecimiento en España de sucursales de entidades de crédito autorizadas 
en Estados que no sean miembros de la Unión Europea requerirá autorización del Banco 
de España en la forma que reglamentariamente se determine. La falta de resolución en el 
plazo establecido supondrá denegación de la solicitud.
El Banco de España notificará a la Comisión Europea, a la Autoridad Bancaria 
Europea y al Comité Bancario Europeo todas las autorizaciones de sucursales concedidas 
a las entidades de crédito que tengan su administración central en un Estado no miembro 
de la Unión Europea.
2. La libre prestación de servicios sin sucursal abierta en España por entidades de 
crédito de un Estado no miembro de la Unión Europea quedará sujeta a autorización 
previa del Banco de España en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 14.  Agentes de las entidades de crédito.
Reglamentariamente podrán fijarse los requisitos que deban reunir quienes actúen 
con carácter habitual como agentes en España de entidades de crédito, y las condiciones 
a que estarán sometidos en el ejercicio de su actividad.
Artículo 15.  Registros del Banco de España.
1. Para ejercer sus actividades, las entidades de crédito deberán quedar inscritas en 
el Registro de entidades de crédito del Banco de España. La inscripción se practicará, 
una vez obtenida la preceptiva autorización y tras su constitución e inscripción en el 
registro público que corresponda según su naturaleza.
2. Igualmente, se inscribirán en el Registro de entidades de crédito, identificándose 
de manera singular:
a) Las sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea que ejerzan su actividad en España.
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b) Las sucursales de entidades de crédito extranjeras no autorizadas en un Estado 
miembro de la Unión Europea.
c) La libre prestación de servicios por entidades de crédito autorizadas en otro 
Estado miembro de la Unión Europea y las de terceros países que hayan comunicado 
conforme al artículo 13 el ejercicio de actividades en régimen de libre prestación de 
servicios
3. Las inscripciones en el Registro de entidades de crédito al que se refieren los 
apartados a) y b) anteriores, así como las bajas en el mismo, se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado», se comunicarán a la Autoridad Bancaria Europea y estarán disponibles 
en la página web del Banco de España.
4. Adicionalmente, el Banco de España se encargará de la inscripción y gestión de:
a) El Registro de sociedades dominantes de entidades de crédito españolas cuando 
tales entidades sean sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas 
de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1, puntos 20 y 21, respectivamente, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
b) El Registro de agentes de entidades de crédito.
CAPÍTULO III
Participaciones significativas
Artículo 16.  Participación significativa.
1. Se entenderá por participación significativa en una entidad de crédito española 
aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o 
de los derechos de voto de la entidad.
También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar al 
porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad.
Reglamentariamente se determinará, habida cuenta de las características de los 
distintos tipos de entidad de crédito, cuándo se deba presumir que una persona física o 
jurídica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, entre 
otros, la facultad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.
2. Lo dispuesto en este Capítulo para las entidades de crédito se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de las normas sobre ofertas públicas de adquisición e 
información sobre participaciones significativas contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores.
Artículo 17.  Deber de notificación de la adquisición o incremento de participaciones 
significativas.
1. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada 
con otras -en lo sucesivo, el adquirente potencial- haya decidido bien adquirir, directa o 
indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española, bien 
incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el 
porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 o 50 
por ciento, o que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de 
crédito -en lo sucesivo, la adquisición propuesta- lo notificará previamente al Banco de 
España, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información 
que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la 
evaluación, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la 
adquisición propuesta.
Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de este Capítulo siempre 
que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
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2. Cuando el Banco de España reciba varias propuestas de adquisición o incremento 
de participaciones significativas en una misma entidad de crédito tratará a todos los 
adquirentes potenciales de forma no discriminatoria.
3. Toda persona física o jurídica, que por sí sola o actuando de forma concertada 
con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una entidad de 
crédito española de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído 
resulte igual o superior al 5 por ciento, lo comunicará inmediatamente y por escrito al 
Banco de España y a la entidad de crédito correspondiente, indicando la cuantía de la 
participación alcanzada.
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo no se tendrán en cuenta los derechos 
de voto o el capital resultante del aseguramiento de una emisión o de una colocación de 
instrumentos financieros ni de la colocación de instrumentos financieros basada en un 
compromiso firme, siempre que dichos derechos no se ejerzan para intervenir en la 
administración del emisor y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición.
Artículo 18.  Evaluación de la adquisición propuesta.
1. Al examinar la notificación a la que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, el 
Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el ámbito de sus competencias, con 
la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito en la que 
se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente potencial 
sobre la misma, evaluará la idoneidad de éste y la solidez financiera de la adquisición 
propuesta.
2. Reglamentariamente, se determinarán los criterios y procedimiento que regirán 
esta evaluación y el plazo para realizarla.
Artículo 19.  Colaboración entre autoridades supervisoras.
1. El Banco de España al realizar la evaluación a la que se refiere el artículo anterior, 
deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión en otros Estados 
miembros de la Unión Europea, cuando el adquirente potencial sea:
a) una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa 
de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o 
de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea;
b) la sociedad matriz de una entidad de crédito, de una empresa de seguros o de 
reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de 
instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado 
miembro de la Unión Europea;
c) una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, de 
una empresa de seguros o de reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de 
una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, 
autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea.
2. El Banco de España, al realizar la evaluación a que se refiere el apartado anterior, 
consultará, en el ámbito de sus competencias, a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
3. El Banco de España atenderá recíprocamente las consultas que le remitan las 
autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes potenciales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea y, en su caso, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, les 
facilitará de oficio y sin retrasos injustificados, toda la información que resulte esencial 
para la evaluación, así como el resto de información que soliciten, siempre y cuando ésta 
resulte oportuna para la evaluación.
4. La consulta prevista en los apartados anteriores comprenderá, en especial, la 
evaluación de la idoneidad de los adquirentes potenciales y de la honorabilidad y 
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experiencia de los miembros del consejo de administración y de los directores generales 
y asimilados que, en su caso, se vayan a nombrar en la entidad que se pretende adquirir; 
y, en particular, la evaluación de los miembros que ocupen alguno de los cargos citados 
en otra sociedad del mismo grupo. La mencionada consulta podrá reiterarse a los efectos 
de evaluar el cumplimiento continuado de dichos cargos por parte de las entidades de 
crédito españolas.
5. Las decisiones adoptadas por el Banco de España en relación con la adquisición 
propuesta deberán mencionar las posibles observaciones o reservas expresadas por la 
autoridad competente responsable del adquirente.
Artículo 20.  Efectos del incumplimiento de las obligaciones.
La adquisición de participaciones significativas sin mediar notificación previa al Banco 
de España y las realizadas sin haber transcurrido el plazo para su evaluación o con la 
oposición expresa del Banco de España, producirán los siguientes efectos:
a) No se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones 
adquiridas irregularmente. Si, no obstante, llegaran a ejercerse, los votos emitidos en 
contravención con lo anterior serán nulos y los acuerdos adoptados serán impugnables 
en vía judicial siempre que los votos correspondientes a las participaciones irregularmente 
adquiridas hubieran sido determinantes para su adopción, según lo previsto en el Capítulo IX 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, estando legitimado al efecto el Banco de España.
b) Si fuera preciso, se acordará la intervención de la entidad o la sustitución de sus 
administradores, según lo previsto en el Título III.
c) Se impondrán las sanciones previstas en el Título IV.
Artículo 21.  Reducción de participaciones significativas.
Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o 
indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito, lo notificará con 
carácter previo al Banco de España, indicando la cuantía de su participación prevista. 
Asimismo, deberá notificar al Banco de España si ha decidido reducir su participación 
significativa de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído 
resulte inferior al 20, 30 o 50 por ciento o bien que suponga la pérdida del control de la 
entidad de crédito.
El incumplimiento de este deber podrá ser sancionado según lo previsto en el Título IV.
Artículo 22.  Deberes de información y comunicación de las entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito deberán comunicar al Banco de España, en cuanto 
tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital 
que traspasen alguno de los niveles señalados en los artículos 16, 17 y 21.
2. Adicionalmente, las entidades de crédito deberán informar al Banco de España, 
en la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, sobre la 
composición de su accionariado o sobre las alteraciones que en el mismo se produzcan. 
Tal información comprenderá, necesariamente, la relativa a la participación de otras 
entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera su cuantía.
Artículo 23.  Medidas para asegurar la gestión sana y prudente de la entidad.
Cuando existan razones fundadas y acreditadas para considerar que la influencia 
ejercida por las personas que posean una participación significativa en una entidad de 
crédito pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma, que dañe 
gravemente su situación financiera, el Banco de España podrá adoptar alguna o algunas 
de las siguientes medidas:
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a) Las previstas en las letras a) y b) del artículo 20, si bien la suspensión de los 
derechos de voto no podrá exceder de tres años.
b) Con carácter excepcional, la revocación de la autorización.
Además, se podrán imponer las sanciones que procedan según lo previsto en el Título IV.
CAPÍTULO IV
Idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos
Artículo 24.  Requisitos de idoneidad.
1. Las entidades de crédito, deberán contar con un consejo de administración 
formado por personas que reúnan los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio 
de su cargo. En particular, deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y 
profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y 
estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.
La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir 
conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de 
crédito para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, incluidos sus 
principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para 
tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. En todo 
caso, deberá velar porque los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan 
la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten la selección de consejeras y, 
en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna.
2. Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia anteriores deberán 
concurrir igualmente en los directores generales o asimilados, así como en los 
responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo 
diario de la actividad financiera de la entidad de crédito. Estos requisitos serán también 
exigibles a las personas físicas que representen en el consejo de administración a los 
consejeros que sean personas jurídicas. También serán de aplicación a las personas que 
determinen de modo efectivo la orientación de las sucursales de entidades de crédito no 
autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
3. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores:
a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta 
personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para 
desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de 
honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de acuerdo con los 
parámetros que se determinen reglamentariamente.
b) Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en 
las entidades de crédito quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuados, en 
particular en las áreas de banca y servicios financieros, y experiencia práctica derivada 
de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficiente.
c) Para valorar la capacidad de los miembros del consejo de administración de 
ejercer un buen gobierno de la entidad se tendrán en cuenta la existencia de potenciales 
conflictos de interés y la capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las 
correspondientes funciones.
Artículo 25.  Supervisión de los requisitos de idoneidad.
1. Las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito no autorizadas 
en un Estado miembro de la Unión Europea deberán contar, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y 
procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua 
de los cargos sometidos al régimen de idoneidad conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior.
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Asimismo, las entidades de crédito deberán identificar los puestos clave para el 
desarrollo diario de su actividad financiera y los responsables de las funciones de control 
interno, manteniendo a disposición del Banco de España una relación actualizada de las 
personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la entidad y la 
documentación que acredite la misma.
2. La valoración de los requisitos de idoneidad se realizará tanto por la propia 
entidad de crédito o, cuando proceda, por sus promotores, o por el adquirente de una 
participación significativa, si fuera el caso, así como, cuando corresponda, por el Banco 
de España.
3. Las entidades de crédito deberán velar en todo momento por el cumplimiento de 
los requisitos de idoneidad previstos en este Capítulo. A estos efectos, el Banco de 
España requerirá la suspensión temporal o cese definitivo en los cargos previstos en el 
artículo anterior o la subsanación de las deficiencias identificadas en caso de falta de 
honorabilidad, conocimientos o experiencia adecuados o de capacidad para ejercer un 
buen gobierno.
Si la entidad no procede a la ejecución de tales requerimientos en el plazo señalado 
por el Banco de España, éste acordará la suspensión temporal o el cese definitivo del 
cargo correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V del 
Título III. Todo ello, sin perjuicio, de la imposición de las sanciones correspondientes de 
acuerdo con el Título IV.
Artículo 26.  Régimen de incompatibilidades y limitaciones.
1. El Banco de España determinará el número máximo de cargos que un miembro 
del consejo de administración o un director general o asimilado puede ocupar 
simultáneamente teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la entidad de 
crédito y la naturaleza, dimensión y complejidad de sus actividades.
Salvo en el caso de los administradores designados en una medida de sustitución de 
administradores de las previstas en el Capítulo V del Título III, los miembros del consejo 
de administración y los directores generales y asimilados de entidades de crédito 
mayores, más complejas o de naturaleza más singular en función de los criterios del 
párrafo anterior no podrán ocupar al mismo tiempo más cargos que los previstos en una 
de las siguientes combinaciones:
a) Un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos.
b) Cuatro cargos no ejecutivos.
Se entenderá por cargos ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección 
cualquiera que sea el vínculo jurídico que les atribuya estas funciones.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se computarán como un solo 
cargo:
a) Los cargos ejecutivos o no ejecutivos ocupados dentro de un mismo grupo.
b) Los cargos ejecutivos o no ejecutivos ocupados dentro de:
1.º Entidades que formen parte del mismo sistema institucional de protección, 
siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 113.7 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o
2.º Sociedades mercantiles en las que la entidad posea una participación 
significativa.
3. Para la determinación del número máximo de cargos no se computarán los cargos 
ostentados en organizaciones o entidades sin ánimo de lucro o que no persigan fines 
comerciales.
4. El Banco de España podrá autorizar a los miembros del consejo de administración 
y directores generales o asimilados mencionados en el apartado 1 a ocupar un cargo no 
ejecutivo adicional si considera que ello no impide el correcto desempeño de sus 
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actividades en la entidad de crédito. Dicha autorización será comunicada a la Autoridad 
Bancaria Europea.
5. Las personas que ocupen los cargos a que se refieren los apartados anteriores 
no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la entidad de crédito en cuya dirección 
o administración intervengan, por encima del límite y en los términos que se determinen 
reglamentariamente, salvo autorización expresa del Banco de España.
Artículo 27.  Registro de altos cargos.
1. Sin perjuicio de su previa inscripción en el Registro Mercantil, el ejercicio de las 
funciones de miembro del consejo de administración o director general o asimilado de 
una entidad de crédito o de las sucursales de entidades de crédito extranjeras requerirá 
su previa inscripción en el Registro de altos cargos del Banco de España.
2. Con carácter previo a la inscripción en el Registro de altos cargos, el Banco de 
España verificará el cumplimiento por parte de los interesados de los requisitos previstos 
en esta Ley.
3. Adicionalmente, el Banco de España se encargará de la inscripción y gestión del 
Registro de consejeros y directores generales o asimilados de las entidades dominantes 
de entidades de crédito, cuando tales entidades sean sociedades financieras de cartera o 
sociedades financieras mixtas de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1, puntos 20 y 21, 
respectivamente, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
CAPÍTULO V
Gobierno corporativo y política de remuneraciones
Artículo 28.  Normas de gobierno corporativo.
Las entidades de crédito ejercerán su actividad con respeto a las normas de gobierno 
corporativo establecidas en esta Ley y a las demás que les resulten aplicables.
Artículo 29.  Sistema de gobierno corporativo.
1. Las entidades y los grupos consolidables de entidades de crédito se dotarán de 
sólidos procedimientos de gobierno corporativo, que incluirán:
a) Una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, 
transparentes y coherentes;
b) Procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los 
riesgos a los que estén expuestas o puedan estarlo;
c) Mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables correctos;
d) Políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión 
adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan.
Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en este apartado serán 
exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos 
inherentes al modelo empresarial y las actividades de la entidad. Asimismo, deberán 
respetar los criterios técnicos relativos a la organización y el tratamiento de los riesgos 
que se determinen reglamentariamente.
2. El consejo de administración de las entidades de crédito deberá definir un sistema 
de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y prudente de la entidad, y que 
incluya el adecuado reparto de funciones en la organización y la prevención de conflictos 
de intereses. El consejo de administración vigilará la aplicación del citado sistema y 
responderá de ella. Para ello deberá controlar y evaluar periódicamente su eficacia y 
adoptar las medidas adecuadas para solventar sus deficiencias.
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3. Serán funciones indelegables del consejo de administración las siguientes:
a) La vigilancia, control y evaluación periódica de la eficacia del sistema de gobierno 
corporativo así como la adopción de las medidas adecuadas para solventar, en su caso, 
sus deficiencias.
b) Asumir la responsabilidad de la administración y gestión de la Entidad, la 
aprobación y vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia de 
riesgo y su gobierno interno.
c) Garantizar la integridad de los sistemas de información contable y financiera, 
incluidos el control financiero y operativo y el cumplimiento de la legislación aplicable.
d) Supervisar el proceso de divulgación de información y las comunicaciones 
relativas a la entidad de crédito.
e) Garantizar una supervisión efectiva de la alta dirección.
4. El presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de consejero delegado, salvo que la entidad lo justifique y el Banco de España lo 
autorice.
5. Las entidades de crédito contarán con un página web donde darán difusión a la 
información pública prevista en este Capítulo y comunicarán el modo en que cumplen las 
obligaciones de gobierno corporativo, de acuerdo con lo que se disponga 
reglamentariamente.
6. Igualmente, como parte de los procedimientos de gobierno y estructura 
organizativa, las entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de crédito que 
presten servicios de inversión deberán respetar los requisitos de organización interna 
recogidos en el artículo 70 ter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
con las especificaciones que, en su caso, reglamentariamente se determinen.
La adopción de tales medidas se entiende sin perjuicio de la necesidad de definir y 
aplicar aquellas otras políticas y procedimientos de organización que, en relación 
específica con la prestación de servicios de inversión, resulten exigibles a dichas 
entidades en aplicación de la normativa específica del mercado de valores.
Artículo 30.  Plan General de Viabilidad.
Como parte de los procedimientos de gobierno y estructura organizativa a los que se 
refiere el apartado 1 del artículo anterior, las entidades de crédito y los grupos 
consolidables de entidades de crédito elaborarán y mantendrán actualizado un Plan 
General de Viabilidad que contemple las medidas que se vayan a adoptar para restaurar 
la viabilidad y la solidez financiera de las entidades en caso de que estas sufran algún 
deterioro significativo. El Plan será sometido a aprobación del Banco de España que 
podrá exigir la modificación de su contenido y, en caso de considerarlo insuficiente, 
imponer a las entidades las medidas previstas en el artículo 24 de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Reglamentariamente, 
se especificará el contenido que habrá de incluir el Plan General de Viabilidad.
Artículo 31.  Comité de nombramientos.
1. Las entidades de crédito deberán constituir un comité de nombramientos, 
integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones 
ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros y, en todo caso el 
presidente, deberán ser consejeros independientes.
El Banco de España podrá determinar que algunas entidades, en razón a su tamaño, 
su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus 
actividades, puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el 
comité de remuneraciones.
2. Las cajas de ahorros establecerán en todo caso un comité de remuneraciones y 
nombramientos conforme a lo establecido en su propia normativa, que ejercerá las 
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competencias y funciones atribuidas a los comités de remuneraciones y nombramientos 
previstos en este Capítulo.
3. El comité de nombramientos establecerá un objetivo de representación para el 
sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones 
sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
Artículo 32.  Política de remuneraciones.
1. Las entidades de crédito, al fijar y aplicar la política de remuneración global, 
incluidos los salarios y los beneficios discrecionales de pensión, de las categorías de 
personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de 
riesgo de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales, se atendrán a los principios 
establecidos en el artículo 33 de manera y en una medida acorde con su tamaño, su 
organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. En 
particular, estos principios se aplicarán a los altos directivos, los empleados que asumen 
riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una 
remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los 
altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil de riesgo.
2. Las entidades de crédito presentarán al Banco de España cuanta información 
éste les requiera para comprobar el cumplimiento de esta obligación y, en particular, una 
lista indicando las categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de 
manera significativa en su perfil de riesgo. Esta lista habrá de presentarse anualmente y, 
en todo caso, cuando se hayan producido alteraciones significativas. El Banco de España 
determinará la forma de presentación de dicha lista.
3. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 450 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, las entidades de crédito harán pública la remuneración 
total devengada en cada ejercicio económico de cada uno de los miembros de su consejo 
de administración.
4. Lo dispuesto en este artículo, así como lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 
y 36, será de aplicación a las entidades, a nivel de grupo, sociedad matriz y filial, incluidas 
las establecidas en centros financieros extraterritoriales.
Artículo 33.  Principios generales de la política de remuneraciones.
1. La política de remuneraciones de las categorías de personal a las que se refiere 
el artículo 32.1 se determinará de conformidad con los siguientes principios generales:
a) Promoverá y será compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos, y 
no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel tolerado por la entidad.
b) Será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los 
intereses a largo plazo de la entidad e incluirá medidas para evitar los conflictos de 
intereses.
c) El personal que ejerza funciones de control dentro de la entidad de crédito será 
independiente de las unidades de negocio que supervise, contará con la autoridad 
necesaria para desempeñar su cometido y será remunerado en función de la consecución 
de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de 
las áreas de negocio que controle.
d) La remuneración de los altos directivos encargados de la gestión de riesgos y con 
funciones de cumplimiento será supervisada directamente por el comité de 
remuneraciones.
e) Distinguirá de forma clara entre los criterios para el establecimiento de:
1.º la remuneración fija, que deberá reflejar principalmente la experiencia profesional 
pertinente y la responsabilidad en la organización según lo estipulado en la descripción 
de funciones como parte de las condiciones de trabajo, y
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2.º la remuneración variable, que deberá reflejar un rendimiento sostenible y 
adaptado al riesgo, así como un rendimiento superior al requerido para cumplir lo 
estipulado en la descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo.
2. El consejo de administración de la entidad adoptará y revisará periódicamente los 
principios generales de la política de remuneración y será responsable de la supervisión 
de su aplicación.
Adicionalmente, la política de remuneración será objeto, al menos una vez al año, de 
una evaluación interna central e independiente, al objeto de comprobar si se cumplen las 
pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el consejo de administración 
en su función de supervisión.
3. La política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración de 
las entidades de crédito se someterá a la aprobación de la junta de accionistas, asamblea 
general u órgano equivalente, en los mismos términos que se establezcan para las 
sociedades cotizadas en la legislación mercantil.
Artículo 34.  Elementos variables de la remuneración.
1. La fijación de los componentes variables de la remuneración de las categorías de 
personal a las que se refiere el artículo 32.1 deberá atenerse a los siguientes principios:
a) Cuando la remuneración esté vinculada a los resultados, su importe total se 
basará en una evaluación en la que se combinen los resultados del individuo, valorados 
conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de negocio 
afectada, y los resultados globales de la entidad de crédito.
b) La evaluación de los resultados se inscribirá en un marco plurianual para 
garantizar que el proceso de evaluación se asienta en los resultados a largo plazo, y que 
el pago efectivo de los componentes de la remuneración basados en resultados se 
escalona a lo largo de un período que tenga en cuenta el ciclo económico subyacente de 
la entidad de crédito y sus riesgos empresariales.
c) El total de la remuneración variable no limitará la capacidad de la entidad para 
reforzar la solidez de su base de capital.
d) La remuneración variable garantizada no es compatible con una gestión sana de 
los riesgos ni con el principio de recompensar el rendimiento, y no formará parte de 
posibles planes de remuneración.
e) La remuneración variable garantizada tendrá carácter excepcional, sólo se 
efectuará cuando se contrate personal nuevo y la entidad posea una base de capital sana 
y sólida y se limitará al primer año de empleo.
f) En la remuneración total, los componentes fijos y los componentes variables 
estarán debidamente equilibrados. El componente fijo constituirá una parte 
suficientemente elevada de la remuneración total, de modo que pueda aplicarse una 
política plenamente flexible en lo que se refiere a los componentes variables de la 
remuneración, hasta el punto de ser posible no pagar estos componentes.
g) Las entidades establecerán los ratios apropiados entre los componentes fijos y 
los variables de la remuneración total, aplicando los siguientes principios:
1.º El componente variable no será superior al cien por cien del componente fijo de 
la remuneración total de cada individuo.
2.º No obstante, la Junta General de Accionistas de la entidad podrá aprobar un 
nivel superior al previsto en el número anterior, siempre que no sea superior al doscientos 
por ciento del componente fijo. La aprobación del nivel más elevado de remuneración 
variable se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
i) La Junta General de Accionistas de la entidad tomará su decisión sobre la base de 
una recomendación pormenorizada del consejo de administración u órgano equivalente 
que exponga los motivos y el alcance de la decisión e incluya el número de personas 
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afectadas y sus cargos, así como el efecto previsto sobre el mantenimiento por la entidad 
de una base sólida de capital.
ii) La Junta General de Accionistas de la entidad adoptará su decisión por una 
mayoría de al menos dos tercios, siempre que estén presentes o representados en la 
votación al menos la mitad de las acciones o derechos equivalentes con derecho a voto. 
De no ser posible el quórum anterior, el acuerdo se adoptará por una mayoría de, al 
menos, tres cuartos del capital social presente o representado con derecho a voto.
iii) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará a todos los 
accionistas con antelación suficiente el asunto que se someterá a aprobación.
iv) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente 
al Banco de España la recomendación dirigida a la Junta General de Accionistas, incluido 
el nivel más alto del componente variable de la remuneración propuesto y su justificación, 
y acreditará que ese nivel no afecta a las obligaciones de la entidad previstas en la 
normativa de solvencia, y habida cuenta en particular de las obligaciones de recursos 
propios de la entidad.
v) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al 
Banco de España la decisión adoptada al respecto por la Junta General de Accionistas, 
incluido el porcentaje máximo más alto del componente variable de la remuneración 
aprobado. El Banco de España utilizará la información recibida para comparar las 
prácticas de las entidades en dicha materia, y facilitará esta información a la Autoridad 
Bancaria Europea.
vi) En su caso, el personal directamente afectado por la aplicación de niveles 
máximos más altos de remuneración variable no podrá ejercer, ni directa ni indirectamente, 
los derechos de voto que pudiera tener como accionista de la entidad y sus acciones se 
deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea 
necesaria en los acuerdos que se refieran a la aplicación de niveles máximos más altos 
de remuneración variable.
Las menciones efectuadas en esta letra a los accionistas se aplicarán igualmente a 
los miembros de las Asambleas generales de las cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito.
3.º El Banco de España podrá autorizar a las entidades a aplicar un tipo de 
descuento teórico, de acuerdo con la orientación que publique la Autoridad Bancaria 
Europea, a un 25 por ciento de la remuneración variable total, siempre que se abone 
mediante instrumentos diferidos por un plazo de cinco o más años. El Banco de España 
podrá establecer un porcentaje máximo inferior.
h) Los pagos por resolución anticipada de un contrato se basarán en los resultados 
obtenidos en el transcurso del tiempo y no recompensarán malos resultados o conductas 
indebidas. El Banco de España podrá definir los supuestos que puedan conducir a una 
reducción de la cuantía de los citados pagos por resolución anticipada.
i) Los paquetes de remuneración relativos a compensaciones o pagos por abandono 
de contratos laborales anteriores se adaptarán a los intereses de la entidad a largo plazo, 
para lo cual incluirán disposiciones en materia de retenciones, aplazamiento, rendimiento 
y recuperaciones.
j) Al evaluar los resultados con vistas a calcular los componentes variables de la 
remuneración, se efectuará un ajuste por todos los tipos de riesgos actuales y futuros, y 
se tendrá en cuenta el coste del capital y la liquidez necesarios.
k) La asignación de los componentes variables de remuneración en la entidad 
tendrá igualmente en cuenta todos los tipos de riesgos actuales y futuros.
l) Una parte sustancial, y en todo caso al menos el 50 por ciento de cualquier 
elemento de remuneración variable, ya sea diferido o no diferido, se fijará alcanzando un 
adecuado equilibrio entre:
1.º acciones o títulos de propiedad equivalentes, en función de la forma jurídica de 
la entidad de que se trate, o instrumentos vinculados con las acciones u otros instrumentos 
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no pecuniarios equivalentes, en el caso de una entidad de crédito que no cotice en un 
mercado organizado oficial y,
2.º cuando sea posible, otros instrumentos que pueda determinar el Banco de 
España, en el sentido del artículo 52 o del artículo 63 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, u otros instrumentos que puedan ser convertidos en su totalidad en 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, o capaces de absorber pérdidas, que reflejen 
de manera adecuada en cada caso la calificación crediticia de la entidad de crédito en 
cuanto empresa en funcionamiento y resulten adecuados a efectos de remuneración 
variable.
Los instrumentos mencionados en este apartado estarán sometidos a una política de 
retención adecuada concebida para que los incentivos estén en consonancia con los 
intereses a largo plazo de la entidad de crédito. El Banco de España podrá imponer 
restricciones al diseño o a los tipos de estos instrumentos e incluso prohibir algunos de 
ellos.
Lo dispuesto en esta letra será aplicable tanto a la parte del componente variable de 
remuneración diferida de acuerdo con la letra m) como a la parte del componente variable 
de remuneración no diferida.
m) Una parte sustancial, y en todo caso al menos el 40 por ciento del elemento de 
remuneración variable se diferirá durante un periodo no inferior a entre tres y cinco años y 
se adaptará correctamente a la naturaleza de los negocios, sus riesgos y las actividades 
del miembro del personal correspondiente.
No se percibirá la remuneración pagadera en virtud de las disposiciones de 
diferimiento más rápidamente que de manera proporcional. En el caso de un elemento de 
remuneración variable de una cuantía especialmente elevada, se diferirá como mínimo el 
60 por ciento. La duración del periodo de aplazamiento se determinará teniendo en cuenta 
el ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus riesgos y las actividades del miembro 
del personal de que se trate.
n) La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará o se consolidará 
únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la entidad en 
su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados de la entidad, de la unidad de 
negocio y de la persona de que se trate.
Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho en materia 
contractual y laboral, la remuneración variable total se reducirá de forma considerable 
cuando la entidad obtenga unos resultados financieros poco brillantes o negativos, 
teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las reducciones en los pagos de 
cantidades previamente devengadas, en su caso, a través de cláusulas de reducción de 
la remuneración o de recuperación de retribuciones ya satisfechas.
Hasta el cien por cien de la remuneración variable total estará sometida a cláusulas 
de reducción de la remuneración o de recuperación de las remuneraciones ya satisfechas. 
Las entidades establecerán criterios específicos para la aplicación de las cláusulas de 
reducción de la remuneración o de recuperación de las remuneraciones ya satisfechas. 
En dichos criterios se recogerán, en particular, situaciones en las que el empleado haya 
participado o sea responsable de conductas que hubieran generado importantes pérdidas 
para la entidad y en las que incumpla las oportunas exigencias de idoneidad y corrección.
ñ) La política de pensiones será compatible con la estrategia empresarial, los 
objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad.
Si el empleado abandona la entidad antes de su jubilación, la entidad conservará en 
su poder los beneficios discrecionales de pensión por un período de cinco años en forma 
de instrumentos como los mencionados en la letra l). Si un empleado alcanza la edad de 
jubilación, se le abonarán los beneficios discrecionales de pensión en forma de 
instrumentos como los mencionados en la letra l), con sujeción a un período de retención 
de cinco años.
o) No se podrán utilizar estrategias personales de cobertura o seguros relacionados 
con la remuneración y la responsabilidad que menoscaben los efectos de alineación con 
la gestión sana de los riesgos que fomentan sus sistemas de remuneración.
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p) La remuneración variable no se abonará mediante instrumentos o métodos que 
faciliten el incumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina.
2. Reglamentariamente podrán desarrollarse los principios previstos en este artículo.
Artículo 35.  Entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.
En el caso de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, se 
aplicarán, además de los establecidos en el artículo 33, los siguientes principios:
a) La remuneración variable se limitará estrictamente a un porcentaje de los ingresos 
netos cuando sea incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital y con 
la oportuna renuncia al apoyo público.
b) Se exigirá a las entidades que reestructuren las remuneraciones de modo que 
estén en consonancia con una adecuada gestión de riesgos y un crecimiento a largo 
plazo, incluso, si procede, estableciendo límites a la remuneración de los miembros del 
consejo de administración y los directivos de la entidad.
c) Los miembros del consejo de administración de las entidades de crédito no 
recibirán remuneración variable, a menos que se justifique.
Artículo 36.  Comité de remuneraciones.
1. Las entidades de crédito deberán constituir un comité de remuneraciones 
integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones 
ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros, y en todo caso el 
presidente, deberán ser consejeros independientes.
2. El Banco de España podrá determinar que algunas entidades, en razón a su 
tamaño, su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus 
actividades, puedan constituir el comité de remuneraciones de manera conjunta con el 
comité de nombramientos.
Artículo 37.  Responsabilidad en la gestión de riesgos.
1. El consejo de administración es el responsable de los riesgos que asuma una 
entidad de crédito. A estos efectos, las entidades de crédito deberán establecer canales 
eficaces de información al consejo de administración sobre las políticas de gestión de 
riesgos de la entidad y todos los riesgos importantes a los que esta se enfrenta.
2. En el ejercicio de su responsabilidad sobre gestión de riesgos, el consejo de 
administración deberá:
a) Dedicar tiempo suficiente a la consideración de las cuestiones relacionadas con 
los riesgos. En particular, participará activamente en la gestión de todos los riesgos 
sustanciales contemplados en la normativa de solvencia, velará por que se asignen 
recursos adecuados para la gestión de riesgos, e intervendrá, en particular, en la 
valoración de los activos, el uso de calificaciones crediticias externas y los modelos 
internos relativos a estos riesgos.
b) Aprobar y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción, gestión, 
supervisión y reducción de los riesgos a los que la entidad esté o pueda estar expuesta, 
incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que opera en relación con la 
fase del ciclo económico.
Artículo 38.  Función de gestión de riesgos y comité de riesgos.
1. Las entidades de crédito deberán disponer de una unidad u órgano que asuma la 
función de gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades, independiente de las funciones operativas, que tenga autoridad, rango y 
recursos suficientes, así como el oportuno acceso al consejo de administración.
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Núm. 156  Viernes 27 de junio de 2014  Sec. I.   Pág. 49445
2. El Banco de España determinará las entidades que, por su tamaño, su 
organización interna y por la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades, 
deban establecer un comité de riesgos. Este comité estará integrado por miembros del 
consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas y que posean los 
oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar 
la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la entidad. Al menos un tercio de estos 
miembros, y en todo caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.
3. Las entidades que a juicio del Banco de España no tengan que establecer un 
comité de riesgos, constituirán comisiones mixtas de auditoría que asumirán las funciones 
correspondientes del comité de riesgos.
TÍTULO II
Solvencia de las entidades de crédito
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 39.  Normativa de solvencia.
Constituye normativa de solvencia de las entidades de crédito la prevista en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 40.  Ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de solvencia.
1. La normativa de solvencia será de aplicación:
a) A las entidades de crédito.
b) A los grupos y subgrupos consolidables de entidades de crédito, en los que 
formarán parte las entidades financieras, incluidas las sociedades de gestión de activos y, 
definidas en el apartado 26 del artículo 4.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, en ellos integrados.
c) A las sociedades financieras de cartera y a las sociedades financieras mixtas de 
cartera.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán sociedades de 
gestión de activos las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las 
sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y las sociedades y fondos 
autogestionados.
Asimismo, las sociedades gestoras de fondos de titulización hipotecaria y de fondos 
de titulización de activos se entenderán incluidas dentro del concepto de entidad 
financiera.
CAPÍTULO II
Capital interno y liquidez
Artículo 41.  Autoevaluación del capital.
Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito 
no integradas en uno de estos grupos consolidables, dispondrán específicamente de 
estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener 
de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital interno que 
consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén 
o puedan estar expuestos. Dichas estrategias y procedimientos serán periódicamente 
objeto de examen interno a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionales 
a la índole, escala y complejidad de las actividades de la entidad de crédito interesada.
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Artículo 42.  Liquidez.
Con el fin de determinar el nivel adecuado de los requisitos de liquidez de las 
entidades de crédito, el Banco de España evaluará:
a) El modelo empresarial específico de la entidad.
b) Los sistemas, procedimientos y mecanismos de gobierno corporativo de las 
entidades a que se refiere el artículo 29.
c) Los resultados de la supervisión y la evaluación llevadas a cabo de conformidad 
con el artículo 52.
d) Todo riesgo de liquidez de carácter sistémico que comprometa la integridad de 
los mercados financieros.
CAPÍTULO III
Colchones de capital
Artículo 43.  Requisito combinado de colchones de capital.
1. Las entidades de crédito deberán cumplir en todo momento el requisito combinado 
de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 ordinario necesario 
para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de conservación de capital, y, si 
procede:
a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial.
c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica.
d) Un colchón contra riesgos sistémicos.
Esta obligación se cumplirá sin perjuicio de los requisitos de recursos propios 
establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y 
aquellos otros que, en su caso, pueda exigir el Banco de España, en virtud de lo 
establecido en el artículo 68.2.a).
2. El capital ordinario de nivel 1 requerido para satisfacer cada uno de los distintos 
colchones establecidos en virtud de los artículos 44 a 47 habrá de ser distinto y, por tanto, 
adicional, al requerido para satisfacer los restantes colchones y los demás requisitos de 
recursos propios exigidos de acuerdo con la normativa de solvencia, salvo lo dispuesto 
por el Banco de España en relación con los colchones para entidades de importancia 
sistémica, ya sean EISM u OEIS, y el colchón contra riesgos sistémicos.
3. El cumplimiento de los requisitos de colchones de capital deberá realizarse de 
manera individual, consolidada o subconsolidada, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente, y con arreglo a la parte primera, Título II, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio.
4. Cuando una entidad o grupo incumpla la obligación establecida en el apartado 1, 
quedará sujeto a las restricciones en materia de distribuciones que se establecen en el 
artículo 48 y deberá presentar un plan de conservación de capital conforme a lo dispuesto 
en el artículo 49.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación, cuando 
proceda, del régimen sancionador previsto en el Título IV y de las medidas que hubiera 
podido adoptar el Banco de España de conformidad con el artículo 68.
Artículo 44.  Colchón de conservación del capital.
Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de conservación de capital 
consistente en capital de nivel 1 ordinario igual al 2,5 por ciento del importe total de su 
exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio, y, en su caso, de acuerdo con las precisiones que pudiera 
establecer el Banco de España.
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Artículo 45.  Colchón de capital anticíclico específico.
1. Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de capital anticíclico 
calculado específicamente para cada entidad o grupo. Dicho colchón será equivalente al 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, con las precisiones que, en su caso, 
pudiera establecer el Banco de España, multiplicado por un porcentaje de colchón de 
capital específico.
2. El porcentaje de colchón de capital anticíclico específico consistirá en la media 
ponderada de los porcentajes de colchones anticíclicos que sean de aplicación en los 
territorios en que estén ubicadas las exposiciones crediticias pertinentes de la entidad.
3. Reglamentariamente se determinará:
a) El procedimiento de cálculo del porcentaje de colchón de capital anticíclico 
específico.
b) El procedimiento de fijación por el Banco de España de los porcentajes de los 
colchones anticíclicos por exposiciones ubicadas en España y su periodicidad.
c) El mecanismo de reconocimiento de porcentajes de colchones anticíclicos fijados 
por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea.
d) El mecanismo de reconocimiento de porcentajes de colchones anticíclicos fijados 
por la autoridad competente de un tercer país o de decisión respecto a dichos porcentajes.
e) El mecanismo de comunicación.
Artículo 46.  Colchón de capital para entidades de importancia sistémica.
1. El Banco de España identificará las entidades de crédito autorizadas en España 
que son:
a) Entidades de importancia sistémica mundial (EISM), en base consolidada.
b) Las demás entidades de importancia sistémica (OEIS), en base individual, 
subconsolidada o consolidada.
2. Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las EISM, 
que, en todo caso, se basará en las siguientes circunstancias:
a) El tamaño del grupo.
b) La interconexión del grupo con el sistema financiero.
c) La posibilidad de sustitución de los servicios o de la infraestructura financiera que 
presta el grupo.
d) La complejidad del grupo.
e) La actividad transfronteriza del grupo, incluyendo la actividad transfronteriza entre 
Estados miembros de la Unión Europea y entre un Estado miembro y un tercer país.
Asimismo, se establecerá reglamentariamente un método de clasificación de las 
entidades de crédito identificadas como EISM en varias subcategorías en función de su 
importancia sistémica.
3. Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las OEIS. 
Para la evaluación de su importancia sistémica deberá tenerse en cuenta al menos alguno 
de los siguientes criterios:
a) Tamaño.
b) Importancia para la economía española o de la Unión Europea.
c) Importancia de las actividades transfronterizas.
d) La interconexión de la entidad o grupo con el sistema financiero.
4. Cada EISM mantendrá, en base consolidada, un colchón para EISM 
correspondiente a la subcategoría en la que se clasifique la entidad, que, en todo caso, 
no podrá ser inferior al 1 por ciento ni superior al 3,5 por ciento.
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5. El Banco de España podrá imponer a cada una de las OEIS, en base consolidada, 
subconsolidada o individual, según sea el caso, la obligación de disponer de un colchón 
de hasta un 2 por ciento del importe total de exposición al riesgo, atendiendo a los criterios 
para la identificación de la OEIS, y conforme al procedimiento que reglamentariamente se 
determine.
6. El Banco de España notificará a la Comisión Europea, a la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y a la Autoridad Bancaria Europea las EISM y OEIS y las 
correspondientes subcategorías en las que se han clasificado las primeras, y hará 
públicos sus nombres. Asimismo, el Banco de España hará pública la subcategoría en la 
que se ha clasificado cada EISM.
7. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de aplicación conjunta de los 
colchones para EISM y OEIS, así como el de estos con el colchón contra riesgos 
sistémicos previsto en el artículo 47.
Artículo 47.  Colchón contra riesgos sistémicos.
1. El Banco de España podrá exigir la constitución de un colchón contra riesgos 
sistémicos de capital de nivel 1 ordinario con el fin de prevenir o evitar los riesgos 
sistémicos o macroprudenciales acíclicos a largo plazo que no estén cubiertos por el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. Estos riesgos se entenderán como 
aquellos que podrían producir una perturbación en el sistema financiero con 
consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la economía real.
2. El colchón contra riesgos sistémicos podrá aplicarse a todas o algunas de las 
exposiciones ubicadas en España o en el Estado miembro que fije dicho colchón, a las 
exposiciones en terceros países y a las exposiciones ubicadas en otros Estados miembros 
de la Unión Europea, con los límites que reglamentariamente se determinen.
3. El colchón contra riesgos sistémicos podrá exigirse a todas las entidades de 
crédito integradas o no en un grupo consolidable de entidades de crédito, o a uno o varios 
subsectores de dichas entidades. Podrán establecerse requisitos diferentes para 
diferentes subsectores.
4. El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito el porcentaje de 
colchón contra riesgos sistémicos fijado por las autoridades competentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, para las exposiciones ubicadas en el Estado 
miembro que fije dicho porcentaje, en los términos y con el procedimiento que 
reglamentariamente se determine.
Artículo 48.  Restricciones en materia de distribuciones.
1. Las entidades de crédito que cumplan el requisito combinado de colchones de 
capital podrán realizar distribuciones relativas al capital de nivel 1 ordinario siempre y 
cuando dicha distribución no conlleve una disminución de éste hasta un nivel en el que ya 
no se respete el requisito combinado, o cuando hayan sido adoptadas por el Banco de 
España alguna de las medidas previstas en el artículo 68.2, tendentes a reforzar los 
recursos propios o a limitar o prohibir el pago de dividendo.
2. Las entidades de crédito que no cumplan el requisito combinado de colchones de 
capital o que realicen una distribución de capital de nivel 1 ordinario que implique su 
disminución hasta un nivel en el que ya no se respete el requisito combinado deberán 
calcular el importe máximo distribuible, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.
Las entidades de crédito no podrán realizar ninguna de las siguientes actuaciones 
antes de haber calculado el importe máximo distribuible y haber informado inmediatamente 
al Banco de España de dicho importe:
a) Realizar una distribución relativa al capital de nivel 1 ordinario.
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b) Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de pago se 
asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requisito combinado de colchón.
c) Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
Las entidades de crédito dispondrán de mecanismos para garantizar que el importe 
de beneficios distribuibles y el importe máximo distribuible se calculen con exactitud, que 
habrá de poder demostrarse al Banco de España cuando se les solicite.
3. En tanto una entidad no cumpla o sobrepase su requisito combinado de colchón o 
el Banco de España haya adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 68 
tendentes a reforzar los recursos propios o a limitar o prohibir el pago de dividendos, 
dicha entidad no podrá distribuir más del importe máximo distribuible calculado conforme 
al apartado 2 para las finalidades previstas en dicho apartado.
4. Las restricciones impuestas por este artículo se aplicarán únicamente a los pagos 
que den lugar a una reducción del capital de nivel 1 ordinario o a una reducción de los 
beneficios, y siempre que la suspensión o cancelación del pago no constituyan un 
incumplimiento de las obligaciones de pago u otra circunstancia que conduzca a la 
apertura del oportuno procedimiento concursal.
5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderán como distribuciones 
relativas al capital de nivel 1 ordinario:
a) El pago de dividendos en efectivo.
b) La distribución de acciones total o parcialmente liberadas u otros instrumentos de 
capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio.
c) El rescate o la compra por una entidad de acciones propias u otros instrumentos 
de capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio.
d) El reembolso de importes pagados en relación con los instrumentos de capital a 
que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
e) La distribución de los elementos a que se refieren las letras b) a e) del artículo 26.1 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
f) Cualesquiera otros que el Banco de España pudiera determinar o considerar que 
tienen un efecto similar a los mencionados en las letras anteriores.
6. Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este artículo.
Artículo 49.  Plan de conservación del capital.
1. Cuando una entidad de crédito no cumpla el requisito combinado de colchón 
elaborará un plan de conservación del capital y lo presentará, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, al Banco de España.
El plazo para la presentación del plan al Banco de España será de cinco días, a contar 
desde la fecha en que la entidad compruebe el incumplimiento de dichos requisitos. No 
obstante, el Banco de España podrá ampliar ese plazo a diez días, basándose en la 
situación individual de la entidad de crédito y teniendo en cuenta su escala y la 
complejidad de sus actividades.
2. El Banco de España evaluará el plan de conservación del capital y lo aprobará si 
considera que, de ejecutarse, resulta razonablemente previsible la conservación u 
obtención de capital suficiente para que la entidad pueda cumplir el requisito combinado 
de colchones de capital en el plazo que el Banco de España juzgue adecuado.
3. En caso de que no apruebe el plan de conservación del capital presentado, el 
Banco de España podrá:
a) Exigir a la entidad que aumente sus recursos propios en el plazo que determine.
b) Emplear las facultades que le confiere el artículo 68 para imponer restricciones 
sobre las distribuciones más estrictas que las previstas en el artículo anterior.
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TÍTULO III
Supervisión
CAPÍTULO I
Función supervisora
Artículo 50.  Función supervisora del Banco de España.
1. El Banco de España es la autoridad responsable de la supervisión de las 
entidades de crédito y de las demás entidades previstas en el artículo 56, para garantizar 
el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. Para el ejercicio de esta 
función podrá desarrollar las actuaciones y ejercer las facultades previstas en esta Ley y 
cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que 
el ordenamiento jurídico atribuya a otras instituciones u órganos administrativos.
2. En el ejercicio de su función supervisora y, en particular, para la elección de los 
distintos instrumentos de supervisión y sanción, el Banco de España podrá:
a) Recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, y a 
terceros a los que dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones 
operativas, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de 
ordenación y disciplina.
Con el fin de que el Banco de España pueda obtener dichas informaciones, o 
confirmar su veracidad, las entidades y personas mencionadas quedan obligadas a poner 
a disposición del Banco de España cuantos libros, registros y documentos considere 
precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cuál sea su 
soporte físico o virtual.
A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco de 
España se encuentra amparado por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
b) Requerir y comunicar a las entidades sujetas a su función supervisora, por 
medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en la normativa de 
ordenación y disciplina. Las entidades referidas tendrán obligación de habilitar, en el plazo 
que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el Banco de España para la 
eficacia de sus sistemas de comunicación electrónica, en los términos que éste adopte al 
efecto.
c) Llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en relación con cualquier 
entidad o persona de las contempladas en la letra a), cuando sea necesario para 
desempeñar su función supervisora. A estos efectos, podrá:
1.º Exigir la presentación de documentos.
2.º Examinar los libros y registros y obtener copias o extractos de los mismos.
3.º Solicitar y obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier otra persona 
diferente de las previstas en la letra a) a fin de recabar información relacionada con el 
objeto de una investigación.
d) Realizar cuantas inspecciones sean necesarias en los establecimientos 
profesionales de las personas jurídicas contempladas en la letra a), y en cualquier otra 
entidad incluida en la supervisión consolidada.
3. Asimismo, en el ejercicio de su función supervisora, el Banco de España deberá:
a) Valorar, en la elección de las medidas que se vayan a adoptar, criterios como la 
gravedad de los hechos detectados, la eficacia de la propia función supervisora en 
términos de la subsanación de los incumplimientos detectados o el comportamiento 
previo de la entidad.
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b) Tomar en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad 
del sistema financiero de los demás Estados miembros de la Unión Europea afectados, 
particularmente en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el 
momento de que se trate.
c) Tener en cuenta la convergencia de instrumentos y prácticas de supervisión en el 
ámbito de la Unión Europea.
4. En los términos previstos por el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los órganos y organismos de cualquier Administración Pública, sin perjuicio del 
deber de secreto que les ampare conforme a la legislación vigente quedan sujetos al 
deber de colaborar con el Banco de España y están obligados a proporcionar, a 
requerimiento de éste, los datos e informaciones de que dispongan y puedan resultar 
necesarios para el ejercicio por parte de éste de la función supervisora.
Artículo 51.  Supervisión de los mecanismos de cumplimiento normativo.
Corresponderá al Banco de España supervisar los sistemas, estrategias, 
procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados por las entidades de crédito 
para dar cumplimiento a la normativa de ordenación y disciplina.
Artículo 52.  Supervisión de riesgos.
Corresponderá al Banco de España supervisar los riesgos a los cuales están o 
pueden estar expuestas las entidades, y con base en esta evaluación y en la prevista en 
el artículo anterior, determinar si los mecanismos de cumplimiento normativo, los recursos 
propios y la liquidez mantenidos por las entidades de crédito garantizan una gestión y 
cobertura sólida de sus riesgos.
Artículo 53.  Supervisión de sistemas de gobierno corporativo y políticas remunerativas.
Corresponderá al Banco de España supervisar el cumplimiento por parte de las 
entidades de crédito de las normas sobre idoneidad, remuneraciones y responsabilidad 
en la gestión de riesgos, así como de las demás normas sobre gobierno corporativo 
previstas en el Título I y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 54.  Elaboración de guías en materia supervisora.
1. El Banco de España podrá elaborar guías técnicas, dirigidas a las entidades y 
grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas, metodologías o procedimientos 
que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa de supervisión. Dichas 
guías, que deberán hacerse públicas, podrán incluir los criterios que el Banco de España 
seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión. El Banco de España podrá 
requerir a las entidades y grupos supervisados una explicación de los motivos por los 
que, en su caso, se hubieran separado de dichos criterios, prácticas, metodologías o 
procedimientos.
2. Las guías elaboradas por el Banco de España se referirán a las siguientes 
materias:
a) Evaluación de los riesgos a que las entidades están expuestas y adecuado 
cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina.
b) Prácticas de remuneración e incentivos de asunción de riesgos compatibles con 
una adecuada gestión del riesgo.
c) Información financiera y contable y obligaciones de someter a auditoría externa 
las cuentas anuales o estados financieros de las entidades y grupos supervisados.
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d) Adecuada gestión de los riesgos derivados de la tenencia de participaciones 
significativas de las entidades de crédito en otras entidades financieras o empresas no 
financieras.
e) Instrumentación de mecanismos de reestructuración o resolución de entidades 
de crédito.
f) Gobierno corporativo y control interno.
g) Cualquier otra materia incluida en el ámbito de competencias del Banco de 
España.
3. El Banco de España podrá hacer suyas, y transmitir como tales a las entidades y 
grupos, así como desarrollar, complementar o adaptar las guías que, sobre dichas 
cuestiones, aprueben los organismos o comités internacionales activos en la regulación y 
supervisión bancarias.
Artículo 55.  Programa supervisor.
1. El Banco de España aprobará, al menos una vez al año, un programa supervisor 
para todas las entidades de crédito sujetas a su supervisión prestando especial atención 
a las siguientes entidades:
a) Aquéllas cuyos resultados en las pruebas de resistencia o en el proceso de 
revisión supervisora y de evaluación, indiquen la existencia de riesgos significativos para 
su solidez financiera o revelen el posible incumplimiento de la normativa de solvencia.
b) Aquéllas que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero.
c) Cualesquiera otras que, a juicio del Banco de España, requieran una 
consideración especial en el ejercicio de la función supervisora.
2. El programa contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Una indicación de la forma en que el Banco de España se propone llevar a cabo 
su labor supervisora y asignar sus recursos.
b) La identificación de las entidades de crédito que está previsto someter a una 
supervisión reforzada y las medidas que prevén adoptar al efecto con arreglo al apartado 3.
c) Un plan de inspecciones in situ de las entidades de crédito.
3. El Banco de España, a la vista de los resultados de la revisión y evaluación 
supervisora prevista en los artículos 51 a 53, podrá adoptar las medidas que considere 
oportunas en cada caso, entre las que podrán encontrarse:
a) Aumento del número o la frecuencia de las inspecciones in situ de la entidad.
b) Presencia permanente en la entidad de crédito.
c) Remisión de información adicional o más frecuente por la entidad de crédito.
d) Revisión adicional o más frecuente de los planes operativo, estratégico o de 
negocio de la entidad de crédito.
e) Exámenes temáticos centrados en riesgos específicos.
4. El Banco de España tendrá en cuenta al establecer su programa supervisor la 
información recibida de las autoridades de otros Estados miembros en relación con las 
sucursales allí establecidas de entidades de crédito españolas. A estos mismos efectos, 
tendrá también en consideración la estabilidad del sistema financiero de dichos Estados 
miembros.
5. Al menos una vez al año, el Banco de España someterá a pruebas de resistencia 
a las entidades de crédito que supervisa, a fin de facilitar el proceso de revisión y 
evaluación previsto en este artículo.
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CAPÍTULO II
Ámbito de la función supervisora
Artículo 56.  Ámbito de la supervisión del Banco de España.
El Banco de España supervisará las entidades de crédito españolas, los grupos 
consolidables de entidades de crédito con matriz en España y las sucursales de entidades 
de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y su normativa de desarrollo. Asimismo, cuando la empresa matriz de una o de varias 
entidades de crédito sea una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera 
mixta de cartera, el Banco de España, como responsable de la autorización y de la 
supervisión de dichas entidades de crédito, supervisará a dicha sociedad con los límites y 
especificidades que reglamentariamente se determinen.
De la misma forma, la supervisión del Banco de España podrá alcanzar a las personas 
españolas que controlen entidades de crédito de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de la 
supervisión de dichas entidades de crédito.
Artículo 57.  Supervisión de los grupos consolidables.
1. El Banco de España supervisará los grupos consolidables de entidades de crédito 
con matriz en España, definidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio.
2. Cuando existan entidades extranjeras susceptibles de integrarse en un grupo 
consolidable de entidades de crédito, el alcance de la supervisión en base consolidada a 
cargo del Banco de España se determinará reglamentariamente y atenderá, entre otros 
criterios, al carácter de nacional o no de un Estado miembro de la Unión Europea de las 
entidades, a su naturaleza jurídica y a su grado de control.
Artículo 58.  Supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de las 
sociedades mixtas de cartera.
1. Cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la supervisión del 
Banco de España esté sometida a disposiciones equivalentes en virtud de esta Ley y de 
la Ley 5/2005 de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que 
se modifican otras leyes del sector financiero, en particular en términos de supervisión en 
función del riesgo, el Banco de España, previa consulta con las demás autoridades 
responsables de la supervisión de las filiales de la sociedad financiera mixta de cartera, podrá 
decidir que se apliquen a dicha sociedad únicamente las disposiciones de la Ley 5/2005, 
de 22 de abril, y su normativa de desarrollo.
2. Asimismo, cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la supervisión 
del Banco de España esté sometida a disposiciones equivalentes en virtud de esta Ley y 
del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en particular en 
términos de supervisión en función del riesgo, el Banco de España, previa consulta con 
las demás autoridades responsables de la supervisión de las filiales de la sociedad 
financiera mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha sociedad únicamente 
las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados.
3. El Banco de España deberá informar a la Autoridad Bancaria Europea y a la 
Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de las decisiones adoptadas en 
virtud de los apartados anteriores.
4. Sin perjuicio de lo previsto en la parte cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, cuando la empresa matriz de una o varias entidades españolas sea una 
sociedad mixta de cartera, el Banco de España efectuará la supervisión general de las 
operaciones entre la entidad y la sociedad mixta de cartera y sus filiales.
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5. Las entidades filiales de una sociedad mixta de cartera deberán contar con 
sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de control interno adecuados, incluidos 
procedimientos de información y de contabilidad sólidos, con el fin de identificar, medir, 
seguir y controlar debidamente las operaciones con su sociedad mixta de cartera matriz y 
las filiales de esta. El Banco de España exigirá que la entidad informe de cualquier otra 
operación significativa con dichos entes distinta de la mencionada en el artículo 394 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. Tales procedimientos y operaciones 
significativas estarán sujetos a la vigilancia del Banco de España.
Artículo 59.  Supervisión de sucursales de entidades de crédito de Estados miembros de 
la Unión Europea.
1. El Banco de España podrá llevar a cabo comprobaciones e inspecciones in situ 
de las actividades realizadas por sucursales de entidades de crédito de otros Estados 
miembros de la Unión Europea. A estos efectos, podrá requerir información a dicha 
sucursal sobre sus actividades por motivos ligados a la estabilidad del sistema financiero.
Antes de proceder a esas comprobaciones e inspecciones, el Banco de España 
consultará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Tras las 
comprobaciones e inspecciones, el Banco de España comunicará a esas autoridades la 
información obtenida y las circunstancias que sean relevantes para la evaluación del 
riesgo de la entidad o la estabilidad del sistema financiero.
2. El Banco de España podrá formular solicitudes a las autoridades competentes de 
la supervisión de una entidad de crédito autorizada en la Unión Europea con sucursales 
en España para que éstas sean consideradas como sucursales significativas, así como, a 
falta de decisión conjunta al respecto, resolver sobre su carácter significativo, conforme al 
procedimiento que reglamentariamente se determine.
En estos supuestos el Banco de España promoverá la adopción de una decisión 
conjunta sobre la solicitud con las demás autoridades competentes de otros Estados 
miembros encargadas de la supervisión de las distintas entidades integradas en el grupo.
Artículo 60.  Supervisión de sucursales de entidades de crédito de Estados no miembros 
de la Unión Europea y evaluación de la equivalencia de la supervisión en base 
consolidada de dichos Estados.
1. Las obligaciones establecidas en la normativa de solvencia serán exigibles a las 
sucursales de entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión 
Europea. Reglamentariamente se establecerán los criterios conforme a los que el Banco 
de España podrá introducir en ese régimen previsiones específicas para dichas 
sucursales. En todo caso, las obligaciones exigidas a las sucursales de Estados no 
miembros de la Unión Europea no podrán ser menos estrictas que las exigidas a las 
sucursales de Estados miembros de la Unión Europea.
2. Las entidades de crédito filiales de una entidad financiera con domicilio fuera de la 
Unión Europea no estarán sujetas a supervisión en base consolidada, siempre que ya estén 
sujetas a dicha supervisión por parte de la autoridad competente correspondiente del tercer 
país, que sea equivalente a la prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo, y en la 
parte primera, Título II, Capítulo 2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
El Banco de España deberá comprobar esta equivalencia, para lo cual tendrá en 
cuenta las orientaciones elaboradas a tal efecto por la Autoridad Bancaria Europea, a la 
que consultará antes de adoptar una decisión al respecto.
En el caso de que no se apreciase la existencia de un régimen de supervisión 
equivalente, resultará de aplicación a las entidades de crédito mencionadas en el primer 
párrafo de este apartado el régimen de supervisión en base consolidada previsto en la 
normativa de solvencia.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Banco de España podrá 
establecer otros métodos para la supervisión en base consolidada de los grupos a 
cve: BOE-A-2014-6726
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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que se refiere este apartado. Entre dichos métodos, figurará la potestad del Banco de 
España de exigir la constitución de una entidad financiera dominante que tenga su 
domicilio social en la Unión Europea. Los métodos deberán cumplir los objetivos de la 
supervisión en base consolidada definidos en esta Ley y ser comunicados a las demás 
autoridades competentes implicadas, a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria 
Europea.
CAPÍTULO III
Colaboración entre autoridades de supervisión
Artículo 61.  Colaboración del Banco de España con autoridades de otros países.
1. En el ejercicio de sus funciones de supervisión de las entidades de crédito, el 
Banco de España colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones 
semejantes en otros países y podrá o deberá, según los casos, comunicar informaciones 
relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas entidades, así como las que puedan 
facilitar el control de la solvencia y la liquidez de las mismas, los factores que puedan 
influir en el riesgo sistémico planteado por la entidad, y cualquier otra que pueda facilitar 
su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares. A tal 
efecto, podrá suscribir acuerdos de colaboración.
La comunicación de información a que se refiere el párrafo anterior estará 
condicionada al sometimiento de las autoridades supervisoras extranjeras a obligaciones 
de secreto profesional equivalentes, al menos, a las establecidas en el artículo 82.
Reglamentariamente se determinará el contenido y las condiciones de la colaboración 
prevista en este apartado.
2. Siempre que resulten importantes para la labor de supervisión de las autoridades 
competentes interesadas de otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de 
España consultará a dichas autoridades antes de adoptar:
a) Las decisiones contempladas en el artículo 17, sea cual sea el alcance del cambio 
en el accionariado que deba resolverse en la decisión correspondiente.
b) Las decisiones que le correspondan sobre operaciones de fusión, escisión o 
cualquier otra modificación importante en la organización o gestión de una entidad de 
crédito, y que esté sujeta a autorización administrativa.
c) Las sanciones por infracciones muy graves y graves que lleven aparejada 
amonestación pública o inhabilitación de administradores o directivos.
d) Las decisiones de intervención y sustitución recogidas en el Capítulo V del 
presente Título y las medidas derivadas de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
Reestructuración y Resolución de las Entidades de Crédito.
e) La solicitud de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el 
artículo 68.2 y la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de medición del 
riesgo operacional.
Asimismo, en los casos indicados en las letras c), d) y e) siempre se deberá consultar 
a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo 
eventualmente afectado.
En cualquier caso, el Banco de España podrá no llevar a cabo la consulta prevista en 
este apartado en casos de urgencia, o cuando entienda que la consulta puede 
comprometer la eficacia de las propias decisiones. En esos casos informará sin demora a 
las autoridades interesadas de la decisión final adoptada.
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Artículo 62.  Colaboración con las autoridades supervisoras de la Unión Europea en su 
condición de autoridad responsable de la supervisión consolidada.
1. El Banco de España, en su condición de autoridad responsable del ejercicio de la 
supervisión de los grupos consolidables de entidades de crédito, colaborará con las 
autoridades supervisoras de la Unión Europea para:
a) Coordinar la recogida de información y difundir entre las restantes autoridades 
responsables de la supervisión de entidades del grupo la información más pertinente y 
esencial, en situaciones tanto ordinarias como urgentes.
b) Planificar y coordinar las actividades de supervisión en situaciones ordinarias, en 
relación, entre otras, con las actividades contempladas en el Capítulo I vinculadas a la 
supervisión consolidada y en las disposiciones relativas a criterios técnicos concernientes 
a la organización y el tratamiento de los riesgos.
c) Planificar y coordinar las actividades de supervisión, en colaboración con las 
autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales, en 
situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones y, en particular, en aquellos 
casos en que exista una evolución adversa de las entidades de crédito o de los mercados 
financieros valiéndose, siempre que sea posible, de los canales de comunicación 
específicos existentes para facilitar la gestión de crisis.
d) Cooperar con otras autoridades competentes con responsabilidad supervisora 
sobre las entidades de crédito extranjeras, matrices, filiales o participadas del mismo 
grupo en los términos previstos en el artículo anterior.
e) Suscribir acuerdos de coordinación y cooperación con otras autoridades 
competentes que tengan por objeto facilitar y establecer una supervisión eficaz de los 
grupos encomendados a su supervisión y asumir las tareas adicionales que resulten de 
tales acuerdos y con el contenido que reglamentariamente se establezca.
En particular, el Banco de España podrá suscribir un acuerdo bilateral de conformidad 
con el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre, para delegar 
su responsabilidad de supervisión de una entidad filial en las autoridades competentes 
que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz, con el fin de que éstas se ocupen 
de la vigilancia de la filial con arreglo a las disposiciones previstas en esta Ley, en su 
normativa de desarrollo y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. El Banco 
de España deberá informar de la existencia y el contenido de tales acuerdos a la Autoridad 
Bancaria Europea.
f) Resolver mediante decisión conjunta, las solicitudes de declaración de sucursales 
significativas formuladas por las autoridades competentes de los países donde estén 
ubicadas sucursales de entidades de crédito españolas, así como, a falta de decisión 
conjunta al respecto, reconocer la resolución de dicha autoridad competente sobre su 
carácter significativo.
2. El Banco de España deberá atender las solicitudes de autoridades competentes 
de otro Estado miembro de la Unión Europea, al objeto de comprobar información sobre 
una entidad sometida a su supervisión.
Artículo 63.  Colaboración en caso de incumplimientos de sucursales de entidades de 
crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. Si el Banco de España comprueba que una entidad de crédito de un Estado 
miembro de la Unión Europea, con sucursal en España o que opera en territorio nacional 
en libre prestación de servicios incumple o existe un riesgo significativo de que incumpla 
la normativa de solvencia en España, lo comunicará a sus autoridades supervisoras, a fin 
de que adopten, sin dilación, las medidas que consideren apropiadas para que la entidad 
ponga fin a su actuación infractora o tome medidas para evitar el riesgo de incumplimiento 
y, en todo caso, evite su reiteración en el futuro. Dichas medidas serán comunicadas sin 
dilación al Banco de España.
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2. En el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen no 
cumplan las previsiones establecidas en el apartado anterior, el Banco de España podrá 
recurrir a la Autoridad Bancaria Europea y solicitar su asistencia, de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre.
Artículo 64.  Medidas provisionales en caso de incumplimientos de sucursales de 
entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. En situaciones de urgencia, antes de recurrir a la colaboración prevista en el 
artículo 63.1, y en tanto no se adopten las medidas de las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de conformidad con dicho precepto o las medidas de 
saneamiento a que se refiere el artículo 3 de la Directiva 2001/24/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de 
las entidades de crédito, el Banco de España podrá adoptar las medidas provisionales 
necesarias para evitar toda inestabilidad del sistema financiero que pudiera amenazar 
gravemente los intereses colectivos de depositantes, inversores o clientes en España. La 
adopción de estas medidas será comunicada inmediatamente a la Comisión Europea, a 
la Autoridad Bancaria Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea afectados.
2. Las medidas provisionales, que podrán incluir la suspensión del cumplimiento de 
las obligaciones de pago, serán en todo caso proporcionadas al objetivo de protección de 
intereses colectivos citado en el apartado anterior. En ningún caso, estas medidas podrán 
otorgar una preferencia a los acreedores de nacionalidad española de la entidad de 
crédito sobre los acreedores de otros Estados miembros.
3. Estas medidas provisionales quedarán sin efecto cuando las autoridades 
administrativas o judiciales del Estado miembro de origen adopten medidas de 
saneamiento.
4. El Banco de España podrá poner fin a las medidas provisionales cuando 
considere que ya no resulten necesarias.
Artículo 65.  Decisión conjunta.
En el marco de la colaboración establecido en el artículo 62, y de conformidad con los 
términos que se prevean reglamentariamente, el Banco de España, como supervisor en 
base consolidada de un grupo o como autoridad competente responsable de la 
supervisión de las filiales de una entidad de crédito matriz de la Unión Europea, de una 
sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la 
Unión Europea en España, procurará con todos sus medios alcanzar una decisión 
consensuada con las demás autoridades supervisoras de la Unión Europea sobre:
a) La aplicación de lo dispuesto en los artículos 41 y 51 para determinar la 
adecuación del nivel consolidado de recursos propios que posea el grupo en relación con 
su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de recursos propios necesario para la 
aplicación del artículo 68 a cada una de las entidades del grupo y en base consolidada.
b) Las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y 
constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez.
Artículo 66.  Colegios de supervisores.
1. Cuando al Banco de España corresponda la supervisión en base consolidada, 
designará colegios de supervisores con el objeto de facilitar el ejercicio de las tareas a 
que se refieren las letras a) a d) del artículo 62.1, el artículo 65 y el artículo 81. Asimismo, 
adoptará las medidas necesarias para garantizar un adecuado nivel de coordinación y 
cooperación con las autoridades competentes de terceros países, respetando, en todo 
caso los requisitos de confidencialidad previstos en la legislación aplicable y en el Derecho 
de la Unión Europea.
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2. Los colegios de supervisores proporcionarán el marco para que el Banco de 
España, como supervisor en base consolidada, la Autoridad Bancaria Europea y, en su 
caso, las demás autoridades competentes implicadas desarrollen las siguientes funciones:
a) Intercambiar información de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, de 24 de noviembre.
b) Acordar, cuando proceda, la atribución voluntaria de funciones y delegación 
voluntaria de responsabilidades.
c) Establecer los programas supervisores a los que se refiere el artículo 55, 
basados en una evaluación de riesgos del grupo, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51 y 52.
d) Aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación innecesaria 
de requerimientos prudenciales, incluidos los relacionados con las solicitudes de 
información a la que se refieren el artículo 81 y el artículo 61.1.
e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en esta Ley y 
su normativa de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, 
en todas las entidades de un grupo, sin perjuicio de las opciones y facultades que ofrece 
la legislación de la Unión Europea.
f) Aplicar el artículo 62.1.c) atendiendo a la labor realizada en otros foros que puedan 
constituirse en este ámbito.
3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de creación de colegios de 
supervisores y sus normas de funcionamiento.
Artículo 67.  Relaciones del Banco de España con otras autoridades financieras 
nacionales.
1. Toda norma que dicte el Banco de España en desarrollo de la normativa de 
ordenación y disciplina que pueda afectar directamente al ejercicio de las funciones 
legalmente atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección 
General de Seguros o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se dictará previo 
informe de estos.
2. Siempre que en un grupo consolidable de entidades de crédito existan entidades 
sujetas a supervisión en base individual por organismos distintos del Banco de España, 
éste, en el ejercicio de las competencias que esta Ley le atribuye, deberá actuar de forma 
coordinada con el organismo supervisor que en cada caso corresponda. El Ministro de 
Economía y Competitividad podrá dictar las normas necesarias para asegurar la adecuada 
coordinación.
3. El Banco de España trasladará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, 
de oficio o a instancia de este, la información derivada del ejercicio de su función 
supervisora que resulte necesaria para el desarrollo de las funciones atribuidas por la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de las Entidades de 
Crédito, al citado Fondo. A efectos de coordinar adecuadamente el ejercicio de sus 
respectivas funciones el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria podrán suscribir acuerdos de colaboración.
CAPÍTULO IV
Medidas de supervisión prudencial
Artículo 68.  Medidas de supervisión prudencial.
1. El Banco de España exigirá a las entidades de crédito o grupos consolidables de 
entidades de crédito que adopten inmediatamente las medidas necesarias para retornar 
al cumplimiento ante las siguientes circunstancias:
a) Cuando no cumplan con las obligaciones contenidas en la normativa de solvencia, 
incluida la liquidez, y las relativas a adecuación de la estructura organizativa o el control 
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interno de los riesgos, o considere que los recursos propios y la liquidez mantenidos por 
la entidad no garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.
b) Cuando, conforme a los datos a disposición del Banco de España, existan 
razones fundadas para considerar que la entidad va a incumplir las obligaciones descritas 
en la letra a) en los siguientes doce meses.
2. En las circunstancias previstas en el apartado anterior el Banco de España podrá 
adoptar, de entre las siguientes, las medidas que considere más oportunas atendiendo a 
la situación de la entidad o grupo:
a) Exigir a las entidades de crédito que mantengan recursos propios superiores a 
los establecidos en el Título II, Capítulo III y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 
de junio, en relación con riesgos y elementos de riesgo no cubiertos por el artículo 1 de 
dicho Reglamento.
b) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que refuercen los procedimientos, 
mecanismos y estrategias establecidos a fin de cumplir lo dispuesto en los artículos 29, 30 
y 41.
c) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que presenten un plan para retornar 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio, así como que introduzcan en el plan las mejoras necesarias 
en cuanto a su alcance y plazo de ejecución.
d) Exigir que las entidades de crédito y sus grupos apliquen una política específica 
de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en términos de 
requerimientos de recursos propios.
e) Restringir o limitar las actividades, las operaciones o la red de las entidades o 
solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de 
una entidad.
f) Exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de 
las entidades.
g) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que limiten la remuneración variable 
como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el mantenimiento 
de una base sólida de capital.
h) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que utilicen los beneficios netos 
para reforzar sus recursos propios.
i) Prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos o intereses a 
accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital adicional de nivel 1, siempre y 
cuando la prohibición no constituya un supuesto de incumplimiento de las obligaciones de 
pago de la entidad.
j) Imponer obligaciones de información adicionales o más frecuentes, incluida 
información sobre la situación de capital y liquidez.
k) Imponer la obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos que 
permitan hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y 
compromisos, incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a la liquidez, y la 
de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en 
sus activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar potenciales desequilibrios o 
tensiones de liquidez que puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la 
entidad.
l) Exigir la comunicación de información complementaria.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación del 
régimen sancionador previsto en el Título IV y las medidas de actuación temprana que 
puedan adoptarse de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
de Reestructuración y Resolución de las Entidades de Crédito.
4. El Banco de España comunicará al Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria su decisión de exigir a una entidad las medidas previstas en este artículo y el 
proceso de ejecución y cumplimiento posterior de las mismas. A estos efectos, el Fondo 
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de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá solicitar la información adicional que 
considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 69.  Requisitos adicionales de recursos propios.
1. El Banco de España exigirá a las entidades de crédito el mantenimiento de 
recursos propios superiores a los establecidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
68.2.a), al menos, en los siguientes supuestos:
a) Si la entidad no cumple los requisitos establecidos en los artículos 29, 30 y 41 o 
en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
b) Si hay riesgos o elementos de riesgo que no quedan cubiertos por los 
requerimientos de recursos propios establecidos en la normativa de solvencia.
c) Si existen razones fundadas para considerar que la aplicación de otras medidas 
no baste para mejorar suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y 
estrategias en un plazo adecuado.
d) Si la revisión de riesgos a que se refiere el artículo 52 pone de manifiesto que el 
incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de un método de cálculo de 
los requisitos de recursos propios que requiere autorización previa de conformidad con la 
parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, podría dar lugar a unos 
requerimientos de recursos propios insuficientes; o si los ajustes de valoración con 
respecto a posiciones o carteras específicas dentro de la cartera de negociación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, no permiten que la entidad venda o cubra sus posiciones en un corto periodo de 
tiempo sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales.
e) Si existiesen razones fundadas para considerar que los riesgos pudieran quedar 
subestimados a pesar del cumplimiento de los requisitos exigidos de conformidad con la 
normativa de solvencia.
f) Si la entidad notifica al Banco de España, de conformidad con el artículo 377.5 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, que los resultados de la prueba de 
resistencia a que se refiere dicho artículo exceden de forma significativa los requerimientos 
de recursos propios derivados de la cartera de negociación de correlación.
2. A efectos de la determinación del nivel adecuado de recursos propios sobre la 
base de revisión y la evaluación realizadas de conformidad con lo previsto en este Título, 
el Banco de España evaluará:
a) Los aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de evaluación de las 
entidades de crédito a que se refiere el artículo 41.
b) Los sistemas, procedimientos y mecanismos relacionados con los planes de 
viabilidad y resolución de las entidades de crédito.
c) Los resultados de la revisión y evaluación llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 51 a 53.
d) El riesgo sistémico.
CAPÍTULO V
Medidas de intervención y sustitución
Artículo 70.  Causas de intervención y sustitución del órgano de administración.
1. Procederá la intervención de una entidad de crédito o la sustitución provisional de 
su órgano de administración en los siguientes supuestos:
a) De acuerdo con lo previsto en Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración 
y Resolución de las Entidades de Crédito, en relación con la sustitución del órgano de 
administración.
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b) Cuando existan indicios fundados de que la entidad de crédito se encuentre en 
una situación distinta de las previstas en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de Reestructuración y Resolución de las Entidades de Crédito, pero de 
excepcional gravedad y que pueda poner en peligro su estabilidad, liquidez o solvencia.
c) Cuando se adquiera una participación significativa en una entidad de crédito sin 
respetar el régimen previsto en esta Ley o cuando existan razones fundadas y acreditadas 
para considerar que la influencia ejercida por las personas que la posean pueda resultar 
en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma, que dañe gravemente su 
situación financiera.
2. Las medidas de intervención o sustitución a que se refiere este artículo podrán 
adoptarse durante la tramitación de un expediente sancionador o con independencia del 
ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 71.  Competencia de intervención y sustitución.
1. Las medidas de intervención o sustitución a que se refiere el artículo anterior se 
acordarán por el Banco de España, dando cuenta razonada de su adopción al Ministro de 
Economía y Competitividad y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
2. El acuerdo podrá dictarse de oficio o a petición fundada de la propia entidad. En 
este caso, podrán formular la petición los administradores de la entidad de crédito, su 
órgano de fiscalización interna y, en su caso, una minoría de socios que sea, al menos, 
igual a la que exija la legislación mercantil para instar la convocatoria de una Asamblea o 
Junta General Extraordinaria.
Artículo 72.  Acuerdos de intervención o sustitución.
Los acuerdos de intervención o sustitución se adoptarán previa audiencia de la 
entidad de crédito interesada durante el plazo que se le conceda al efecto, que no podrá 
ser inferior a cinco días.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando la adopción de la medida se 
haya solicitado por la propia entidad o cuando dicho trámite comprometa gravemente la 
efectividad de la medida o los intereses económicos afectados. En este último supuesto, 
el plazo para la resolución del pertinente recurso de alzada será de diez días a contar 
desde la fecha de su interposición.
Artículo 73.  Contenido del acuerdo de intervención y sustitución.
1. El acuerdo designará la persona o personas que hayan de ejercer las funciones 
de intervención o hayan de actuar como administradores provisionales, e indicará si tales 
personas deben actuar conjunta, mancomunada o solidariamente.
2. Dicho acuerdo, de carácter ejecutivo desde el momento que se dicte, será objeto 
de inmediata publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de inscripción en los registros 
públicos correspondientes. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» determinará 
la eficacia del acuerdo frente a terceros.
3. Cuando ello resulte necesario para la ejecución del acuerdo de intervención o de 
sustitución de los administradores podrá llegarse a la compulsión directa para la toma de 
posesión de las oficinas, libros y documentos correspondientes o para el examen de 
estos últimos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 96.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Artículo 74.  Requisitos de validez de los actos y acuerdos posteriores a la fecha de 
intervención.
1. En el supuesto de intervención, los actos y acuerdos de cualquier órgano de la 
entidad de crédito que se adopten a partir de la fecha de publicación del acuerdo en el 
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«Boletín Oficial del Estado» requerirán, para su validez y efectos, la aprobación expresa 
de los interventores designados. Se exceptúa de esta aprobación el ejercicio de acciones 
o recursos por la entidad de crédito en relación con la medida de intervención o con la 
actuación de los interventores.
2. Los interventores designados estarán facultados para revocar cuantos poderes o 
delegaciones hubieren sido conferidos por el órgano de administración de la entidad de 
crédito o por sus apoderados o delegados con anterioridad a la fecha de publicación del 
acuerdo. Adoptada tal medida, se procederá por los interventores a exigir la devolución 
de los documentos en que constaren los poderes, así como a promover la inscripción de 
su revocación en los registros públicos competentes.
Artículo 75.  Administración provisional.
1. En el caso de sustitución del órgano de administración, los administradores 
provisionales designados tendrán el carácter de interventores respecto de los actos o 
acuerdos de la Junta General o Asamblea de la entidad de crédito, siendo de aplicación a 
los mismos cuanto dispone el apartado 1 del artículo anterior.
2. Las obligaciones de remisión de información pública periódica, de formulación de 
las cuentas anuales de la entidad y de aprobación de éstas y de la gestión social quedarán 
en suspenso, por plazo no superior a un año, a contar desde el vencimiento del plazo 
legalmente establecido al efecto, si el nuevo órgano de administración estimare 
razonadamente que no existen datos o documentos fiables y completos para ello.
Artículo 76.  Cese de las medidas de intervención o sustitución.
Acordado por el Banco de España el cese de las medidas de intervención o 
sustitución, los administradores provisionales procederán a convocar inmediatamente la 
Junta General o Asamblea de la entidad de crédito, en la que se nombrará el nuevo 
órgano de administración. Hasta la toma de posesión de éste, los administradores 
provisionales seguirán ejerciendo sus funciones.
Artículo 77.  Disolución y liquidación voluntaria de la entidad de crédito.
En el supuesto de que una entidad de crédito decida su disolución y correspondiente 
liquidación voluntaria, deberá comunicarlo al Banco de España, el cual podrá fijar 
condiciones a dicha decisión en el plazo de tres meses desde la presentación de la 
correspondiente solicitud.
Artículo 78.  Intervención de las operaciones de liquidación.
1. Cuando se produzca la disolución de una entidad de crédito, el Ministro de 
Economía y Competitividad podrá acordar la intervención de las operaciones de 
liquidación si tal medida resulta aconsejable por el número de afectados o por la situación 
patrimonial de la entidad.
2. Será de aplicación al acuerdo a que se refiere el apartado anterior lo dispuesto en 
el artículo 74, y a los actos de los liquidadores y a las facultades de los interventores lo 
establecido en el artículo 75.
Artículo 79.  Comunicación a Cortes Generales.
El Banco de España enviará anualmente a las Cortes Generales una Memoria de las 
actuaciones que hayan dado lugar a medidas de intervención o sustitución.
Asimismo, el Banco de España enviará a las Cortes Generales los resultados 
agregados de las pruebas de resistencia a las que se refiere el artículo 55.5 tan pronto 
como estén disponibles.
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CAPÍTULO VI
Obligaciones de información y publicación
Artículo 80.  Obligaciones de publicación del Banco de España.
1. Sin perjuicio de las obligaciones de secreto establecidas en esta Ley, el Banco de 
España publicará periódicamente la siguiente información relativa a la normativa de 
solvencia:
a) Los criterios y métodos generales empleados para la revisión y evaluación de los 
mecanismos de cumplimiento normativo, de supervisión de riesgos y de gobierno 
corporativo y políticas remuneratorias.
b) Datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales del ejercicio de 
la función supervisora, incluido el número y naturaleza de las medidas de supervisión 
adoptadas y las sanciones administrativas impuestas.
c) Los criterios generales y los métodos adoptados para comprobar el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio.
d) Una sucinta descripción del resultado de la revisión supervisora y la descripción 
de las medidas impuestas en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, sobre una base anual.
e) Los resultados de las pruebas de resistencia en los términos previstos en el 
artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre.
Cuando la Autoridad Bancaria Europea así lo determine, la información a que se 
refiere esta letra será transmitida a esta autoridad para la posterior publicación del 
resultado a nivel de la Unión Europea.
f) Las demás que se determinen reglamentariamente.
2. La información publicada de conformidad con el apartado 1 deberá ser suficiente 
para permitir una comparación significativa de los planteamientos adoptados por el Banco 
de España con los de las autoridades homólogas de los diferentes Estados miembros de 
la Unión Europea. La información se publicará en el formato que determine la Autoridad 
Bancaria Europea y se actualizará periódicamente. Será accesible en la página web del 
Banco de España.
Artículo 81.  Obligaciones de información del Banco de España en situaciones de urgencia.
El Banco de España advertirá, tan pronto como sea posible, al Ministro de Economía 
y Competitividad, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a los bancos 
centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales, a las restantes autoridades 
supervisoras, nacionales o extranjeras, afectadas, a la Autoridad Bancaria Europea y a la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico, del surgimiento de una situación de urgencia, 
incluida la definida en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de 
noviembre, o en aquellos casos en que exista una evolución adversa de los mercados 
financieros, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad del sistema 
financiero de cualquier Estado miembro de la Unión Europea en el que hayan sido 
autorizadas entidades de un grupo sujeto a la supervisión en base consolidada del Banco 
de España o en el que estén establecidas sucursales significativas de una entidad de 
crédito española, según se contemplan en el artículo 62.1.f).
Artículo 82.  Obligación de secreto.
1. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España 
en virtud del ejercicio de la función supervisora o cuantas otras funciones le encomiendan 
las leyes se utilizarán por este exclusivamente en el ejercicio de dichas funciones, tendrán 
carácter reservado y no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad. La reserva 
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se entenderá levantada desde el momento en que los interesados hagan públicos los 
hechos a que aquéllas se refieran. Tendrán asimismo carácter reservado los datos, 
documentos o informaciones relativos a los procedimientos y metodologías empleados 
por el Banco de España en el ejercicio de las funciones mencionadas, salvo que la 
reserva sea levantada expresamente por el órgano competente del Banco de España.
En cualquier caso, el Banco de España podrá publicar los resultados de las pruebas 
de resistencia realizadas de conformidad con el artículo 55.5 y con el artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre.
El acceso de las Cortes Generales a la información sometida a la obligación de 
secreto se realizará a través del Gobernador del Banco de España. A tal efecto, el 
Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la 
celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso 
a las materias clasificadas.
2. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para 
el Banco de España y hayan tenido conocimiento de datos, documentos e informaciones 
de carácter reservado están obligadas a guardar secreto sobre los mismos. Estas 
personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir 
datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, 
salvo autorización expresa del órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso 
no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la 
responsabilidad que de ello pudiera dimanar.
El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y 
cualesquiera otras previstas por las leyes.
3. Se exceptúan de la obligación de secreto regulada en el presente artículo:
a) Los supuestos en los que el interesado consienta expresamente la difusión, 
publicación o comunicación de los datos.
b) La publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en 
forma sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser 
identificadas ni siquiera indirectamente.
c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes en un 
proceso penal.
d) Las informaciones que, en el marco de los procedimientos mercantiles derivados 
del concurso o liquidación forzosa de una entidad de crédito, sean requeridas por las 
autoridades judiciales, siempre que no versen sobre terceros implicados en el 
reflotamiento de la entidad.
e) Las informaciones que, en el marco de recursos administrativos o jurisdiccionales 
interpuestos contra resoluciones administrativas dictadas en materia de ordenación y 
disciplina de las entidades de crédito, sean requeridas por las autoridades competentes 
para conocer el recurso.
f) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar para el cumplimiento 
de sus respectivas funciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la 
Dirección General de Seguros, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria, al Consejo de Estabilidad Financiera y a los interventores o a los 
administradores concursales de una entidad de crédito o de una entidad de su grupo, 
designados en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales, y a los 
auditores de las cuentas de las entidades de crédito y sus grupos.
g) Las informaciones que el Banco de España transmita a los Bancos centrales y 
otros organismos de función similar en calidad de autoridades monetarias, cuando la 
información sea pertinente para el desempeño de sus respectivas funciones legales, tales 
como la aplicación de la política monetaria y la correspondiente provisión de liquidez, la 
supervisión de los sistemas de pago, de compensación y liquidación, y la defensa de la 
estabilidad del sistema financiero.
h) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar, para el 
cumplimiento de sus funciones, a los organismos o autoridades de otros países en los 
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que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito, de las empresas 
de servicios de inversión, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y 
de los mercados financieros, o la gestión de los sistemas de garantía de depósitos o 
indemnización de los inversores de las entidades de crédito, de mantener la estabilidad 
del sistema financiero en los Estados miembros mediante la utilización de normas 
macroprudenciales, de actividades de reorganización encaminadas a mantener la 
estabilidad del sistema financiero, o de supervisión de los sistemas contractuales o 
institucionales de protección, siempre que exista reciprocidad, y que los organismos y 
autoridades estén sometidos a secreto profesional en condiciones que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.
i) Las informaciones que el Banco de España decida facilitar a una cámara u 
organismo semejante autorizado legalmente a prestar servicios de compensación o 
liquidación de los mercados españoles, cuando considere que son necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento de dichos organismos ante cualquier incumplimiento, 
o posible incumplimiento, que se produzca en el mercado.
j) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las autoridades 
responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
así como las comunicaciones que de modo excepcional puedan realizarse en virtud de lo 
dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo I del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, previa autorización del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. A estos efectos deberán tenerse en cuenta los acuerdos de 
colaboración firmados por el Banco de España con autoridades supervisoras de otros 
países.
k) Las informaciones que por razones de supervisión prudencial o de actuación 
preventiva en materia de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el Banco 
de España tenga que dar a conocer al Ministerio de Economía y Competitividad, al Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria o a las autoridades de las comunidades 
autónomas con competencias sobre entidades de crédito, así como, en las situaciones de 
urgencia a que se refiere el artículo 81, a las autoridades correspondientes de los Estados 
miembros de la Unión Europea afectados.
l) Las informaciones requeridas por el Tribunal de Cuentas o por una Comisión de 
Investigación de las Cortes Generales en los términos establecidos en su legislación 
específica.
m) La información comunicada a la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la 
normativa vigente, y en particular, la establecida en los artículos 31 y 35 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre. No obstante lo anterior, dicha información estará 
sujeta a secreto profesional.
n) La información comunicada a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, cuando esta 
información sea pertinente para el desempeño de sus funciones estatutarias conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la 
Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
ñ) La información comunicada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, cuando la información sea 
pertinente para el desempeño de sus funciones estatutarias conforme a los Reglamentos 
(UE) n.º 1094/2010 y 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010.
o) La información que el Banco de España tenga que proporcionar a los sistemas 
contractuales o institucionales de protección de conformidad con lo previsto en el 
artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
4. Las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de 
carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen 
la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate. Las restantes autoridades, 
personas o entidades que reciban información de carácter reservado quedarán sujetas a 
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la obligación de secreto regulada en este artículo y no podrán utilizarla sino en el marco 
del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente establecidas.
Los miembros de una Comisión de Investigación de las Cortes Generales que reciban 
información de carácter reservado vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes 
que garanticen la reserva.
5. La transmisión de información reservada estará condicionada, cuando la 
información se haya originado en otro Estado miembro, a la conformidad expresa de la 
autoridad que la hubiere transmitido, y sólo podrá ser comunicada a los destinatarios 
citados a los efectos para los que dicha autoridad haya dado su acuerdo. Esta limitación 
se aplicará a las informaciones a las cámaras y organismos mencionados en el 
apartado 3 h) e i), a las informaciones requeridas por el Tribunal de Cuentas y las 
Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y a las informaciones al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
6. El Banco de España comunicará a la Autoridad Bancaria Europea la identidad de 
las autoridades u organismos a los cuales podrá transmitir datos, documentos o 
informaciones de conformidad con lo previsto en el apartado 3, letras d) y f) en relación 
con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y h) en relación con los organismos 
supervisores de los sistemas contractuales o institucionales de protección.
Artículo 83.  Deber de reserva de información.
1. Las entidades y demás personas sujetas a la normativa de ordenación y disciplina 
de las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones 
relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin 
que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación.
2. Se exceptúan de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o 
las leyes permitan su comunicación o divulgación a terceros o que, en su caso, les sean 
requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión o en el marco 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este caso, la 
cesión de la información deberá ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.
3. Quedan asimismo exceptuadas del deber de reserva los intercambios de 
información entre entidades de crédito pertenecientes a un mismo grupo consolidable.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será considerado 
infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo al procedimiento previsto 
en el Título IV.
5. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa de protección de datos de carácter personal.
Artículo 84.  Información contable que deben remitir las entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito 
deberán suministrar al Banco de España y hacer públicos sus estados financieros, sin 
perjuicio de las obligaciones adicionales de información que les correspondan de 
conformidad con la normativa aplicable.
2. Sin perjuicio del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de 
contabilidad y de la normativa de información contable prevista en la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores y demás legislación mercantil que resulte de aplicación, 
el Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer y modificar las normas de 
contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las 
entidades de crédito, así como los estados financieros consolidados, con los límites y 
especificaciones que reglamentariamente se determinen, disponiendo la frecuencia y el 
detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de 
España y hacerse públicos con carácter general por las propias entidades de crédito. En 
el uso de esta facultad, cuyo ejercicio podrá encomendar el Ministro de Economía y 
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Competitividad al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no existirán más restricciones que la 
exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades 
de crédito de una misma categoría y análogos para las diversas categorías de entidades 
de crédito.
La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los informes 
que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación de las 
señaladas normas y modelos, así como para la resolución de consultas sobre esa 
normativa.
Artículo 85.  Información con relevancia prudencial de las entidades de crédito.
1. De conformidad con la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no 
integradas en uno de estos grupos consolidables harán pública, tan pronto como sea 
viable, al menos con periodicidad anual y debidamente integrada en un solo documento 
denominado Información con relevancia prudencial, información concreta sobre aquellos 
datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes 
interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan 
dichos grupos y entidades, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su 
organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias mínimas 
de recursos propios previstas en la normativa de solvencia.
2. Los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de 
dichos requisitos de divulgación, la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos 
divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que 
permitan evaluar la adecuación de dicha política.
3. El Banco de España podrá exigir a las empresas matrices que publiquen con 
periodicidad anual, ya sea íntegramente o mediante referencias a información equivalente, 
una descripción de la estructura jurídica y gobierno corporativo y de la estructura 
organizativa del grupo.
4. La divulgación, en cumplimiento de los requerimientos de la legislación mercantil 
o del mercado de valores, de los datos a que se refiere el apartado 1, no eximirá de su 
integración en la forma prevista por dicho apartado.
5. A las entidades de crédito obligadas a divulgar la información a que se refiere el 
apartado 1, el Banco de España podrá exigirles:
a) La verificación por auditores de cuentas o expertos independientes, o por otros 
medios satisfactorios a su juicio, de las informaciones que no estén cubiertas por la 
auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto respecto al régimen de 
independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el Capítulo III del 
Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
b) La divulgación de una o varias de dichas informaciones, bien de manera 
independiente en cualquier momento, bien con frecuencia superior a la anual, y a que 
establezcan plazos máximos para la divulgación.
c) La divulgación en medios y lugares distintos de los estados financieros.
Artículo 86.  Información exigible a las sucursales de entidades de crédito con sede en la 
Unión Europea.
1. El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito de otro Estado 
miembro de la Unión Europea que tengan una sucursal en España la remisión periódica 
de información sobre las operaciones que dicha sucursal efectúa en España.
2. Dicha información se exigirá únicamente con fines informativos o estadísticos, 
para la aplicación del artículo 59.2 en particular en lo que se refiere a la determinación de 
si una sucursal es significativa, y con fines de supervisión de conformidad con el presente 
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título. Estos informes estarán sujetos a la obligación de secreto a la que se refiere el 
artículo 82.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 84.2 se determinará el alcance de sus 
obligaciones contables y la información que con una finalidad estadística deban 
proporcionar.
4. Asimismo, las entidades de crédito españolas con sucursales en otros Estados 
miembros de la Unión Europea deberán atender las solicitudes equivalentes que les 
dirijan otros Estados miembros.
Artículo 87.  Informe bancario anual.
1. Las entidades de crédito remitirán al Banco de España y publicarán anualmente, 
especificando por países en donde estén establecidas, la siguiente información en base 
consolidada para cada ejercicio:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos.
e) Impuestos sobre el resultado.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
2. La información a la que se refiere el apartado anterior será publicada como un 
informe anexo de sus estados financieros auditados de acuerdo con la normativa 
reguladora de auditoría de cuentas y denominado informe bancario anual.
3. Las entidades harán público en su informe bancario anual, entre los indicadores 
clave, el rendimiento de sus activos, que se calculará dividiendo el beneficio neto por el 
balance total.
4. El Banco de España tendrá disponibles estos informes en su página web.
Artículo 88.  Información sobre participaciones en entidades de crédito.
Las entidades de crédito deberán hacer públicas, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, la participación de otras entidades de crédito, nacionales o 
extranjeras, en su capital, y su participación en el capital de otras entidades de crédito.
TÍTULO IV
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 89.  Disposiciones generales.
1. Las entidades de crédito, así como quienes ostenten cargos de administración o 
dirección en las mismas, que infrinjan normas de ordenación y disciplina incurrirán en 
responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en este Título.
La responsabilidad imputable a una entidad de crédito y a los cargos de administración 
o dirección de la misma serán independientes. La falta de incoación de expediente 
sancionador o el archivo o sobreseimiento del incoado contra una entidad de crédito no 
afectará necesariamente a la responsabilidad en que pueden incurrir los cargos de 
administración o dirección de la misma, y viceversa.
2. La responsabilidad administrativa contemplada en el apartado anterior podrá 
alcanzar igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación 
significativa según lo previsto en el Capítulo III del Título I, y a aquéllas que, teniendo 
nacionalidad española, controlen una entidad de crédito de otro Estado miembro de la 
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Unión Europea, así como a aquellas sujetas a la obligación de notificación establecida en 
el artículo 17. La responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de 
administración o dirección en las entidades responsables.
3. Son órganos de dirección de una entidad aquéllos que están facultados para fijar 
la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad y que se ocupan de la 
vigilancia y control del proceso de adopción de decisiones de dirección, incluidos quienes 
dirigen de forma efectiva la entidad.
Ostentan cargos de administración o dirección en las entidades de crédito, a los 
efectos de lo dispuesto en este título, sus administradores o miembros de sus órganos 
colegiados de administración, sus directores generales o los asimilados en los términos 
previstos en el artículo 6.6.
4. El régimen sancionador previsto en este Título será también de aplicación a:
a) Las sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras.
b) Las personas físicas o jurídicas y sus administradores de hecho o de derecho 
que infrinjan las prohibiciones contempladas en el artículo 3.
c) Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera y a los que ostenten cargos de administración o dirección en las mismas.
d) Todas las demás entidades que se prevean en el ordenamiento jurídico.
e) Aquellos terceros a los que las entidades de crédito o las entidades contempladas 
en las letras a), c) y d) hayan subcontratado funciones o actividades operativas.
5. El régimen sancionador previsto en este Título se aplicará sin perjuicio de las 
funciones atribuidas al Banco Central Europeo, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013, de 15 de octubre de 2013.
Artículo 90.  Competencia para la instrucción de expedientes.
1. Corresponde al Banco de España la competencia para la instrucción y resolución 
de los expedientes a que se refiere este Título, pudiendo imponer las sanciones en él 
descritas y las medidas administrativas que, en su caso, procedan.
2. El Banco de España dará cuenta razonada al Ministro de Economía y 
Competitividad de la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo 
caso, le remitirá con periodicidad trimestral la información esencial sobre los 
procedimientos en tramitación y las resoluciones adoptadas.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 91.  Clasificación de infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 92.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Ejercer con carácter profesional la actividad de recepción de depósitos u otros 
fondos reembolsables del público, así como hacer uso de las denominaciones reservadas 
de las entidades de crédito u otras que puedan inducir a confusión con ellas, sin haber 
sido autorizada como entidad de crédito.
b) Realizar los actos que a continuación se enumeran, sin autorización cuando ésta 
sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, o habiendo 
obtenido la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular:
1.º Fusiones o escisiones que afecten a las entidades de crédito así como la cesión 
global de activos o pasivos en los que intervenga una entidad de crédito.
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2.º Adquisición o cesión, directa o indirecta, de acciones u otros títulos 
representativos del capital, o de sus derechos políticos, de entidades de crédito 
extranjeras, por entidades de crédito españolas o por entidad filial o dominante de éstas.
3.º Distribución de reservas, expresas u ocultas.
4.º Apertura por entidades de crédito españolas de sucursales en el extranjero.
c) Mantener durante un período de seis meses unos recursos propios inferiores a 
los exigidos para obtener la autorización como entidad de crédito.
d) Incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidado o el conglomerado 
financiero a que pertenezcan en una cobertura insuficiente de los requerimientos de 
recursos propios exigidos, cuando estos se sitúen por debajo del 80 por ciento del mínimo 
establecido en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los 
requisitos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad 
determinada, permaneciendo en ambos casos en tal situación por un periodo de, al 
menos, seis meses.
e) Ejercer actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado, salvo 
que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
f) Realizar actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina 
con rango de ley o por reglamentos de la Unión Europea o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional 
o aislado.
g) Carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades 
esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad o del 
grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezcan.
h) Incumplir la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas 
conforme a la legislación vigente en la materia.
i) Negarse o resistirse a la actuación del Banco de España en ejercicio de la función 
supervisora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
j) No remitir al órgano administrativo competente cuantos datos o documentos 
deban serle remitidos o requiera en el ejercicio de sus funciones, o remitirlos de manera 
incompleta o inexacta, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia o la 
liquidez de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero a que 
pertenezca. A los efectos de esta letra, se entenderá, asimismo, como falta de remisión, 
la remisión extemporánea fuera del plazo previsto en la norma correspondiente o del 
plazo concedido por el órgano competente al efectuar, en su caso, el oportuno 
requerimiento.
En particular, se entienden incluidas en esta letra:
1.º La falta de remisión o la remisión incompleta o inexacta de:
i) Los datos mencionados en el artículo 101 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio.
ii) La información sobre grandes riesgos, incumpliendo con ello el artículo 394.1 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
iii) La información sobre el cumplimiento de la obligación de mantener recursos 
propios establecida en el artículo 92 del Reglamento 575/2013, de 26 de junio, 
incumpliendo con ello el artículo 99.1 del Reglamento.
iv) La información sobre liquidez, incumpliendo con ello los apartados 1 y 2 del 
artículo 415 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
v) La información sobre el ratio de apalancamiento, incumpliendo con ello el 
artículo 430.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
2.º La no comunicación o la comunicación incompleta o inexacta de la siguiente 
información, siempre que por su importancia o por el retraso en su envío, tales 
incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes:
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i) La información financiera a remitir con carácter periódico.
ii) Los datos declarados a la Central de Información de Riesgos.
k) Incumplir el deber de veracidad informativa debida a sus socios, contrapartes 
financieras, clientes y al público en general, así como el incumplimiento del deber de 
confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su 
uso para fines diferentes de los previstos en la normativa reguladora de la misma, o la 
solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente 
autorizados en la citada normativa. Todo ello salvo que, por el número de afectados o por 
la importancia de la información, tales incumplimientos puedan estimarse poco relevantes.
l) Las infracciones graves, cuando al cometerlas se hubieran realizado actos 
fraudulentos o utilizado personas físicas o jurídicas interpuestas.
m) Adquirir directa o indirectamente una participación significativa en una entidad de 
crédito o incrementar, directa o indirectamente tal participación, de tal manera que la 
proporción de derechos de voto o de capital poseída sea igual o superior a los umbrales 
indicados en el artículo 17, incumpliendo lo previsto en el Capítulo III del Título I, y en 
particular, el deber de notificación al Banco de España.
n) Ceder directa o indirectamente una participación significativa en una entidad de 
crédito, o reducirla, de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital 
poseída sea inferior a los umbrales indicados en el artículo 16, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 21.
ñ) Poner en peligro la gestión sana y prudente de una entidad de crédito mediante la 
influencia ejercida por el titular de una participación significativa.
o) Presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero 
a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de 
control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos 
a la gestión y control de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la 
solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero 
al que pertenezca.
p) Incumplir las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas 
por el Banco de España a una entidad determinada en materia de colchones de capital, 
provisiones, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, 
productos o sistemas, cuando las referidas políticas no se hayan adoptado en el plazo y 
condiciones fijados al efecto por el Banco de España y el incumplimiento ponga en peligro 
la solvencia o viabilidad de la entidad.
q) Incumplir las restricciones o limitaciones impuestas por el Banco de España 
respecto de los negocios, las operaciones o la red de una determinada entidad.
r) No remitir al Banco de España por parte de los administradores de una entidad de 
crédito el plan de retorno al cumplimiento de las normas de solvencia exigido en virtud del 
artículo 68.2 c) o de los planes de actuación o de reestructuración a los que se refiere la 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, cuando ello resulte procedente. Se entenderá que existe 
falta de remisión cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para efectuar la misma, 
a contar desde el momento en que los administradores conocieron o debieron conocer 
que la entidad se encontraba en alguna de las situaciones que determinan la existencia 
de dicha obligación.
s) Asumir una exposición que exceda de los límites establecidos en el artículo 395 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
t) Asumir una exposición al riesgo de crédito en una posición de titulización que no 
satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio.
u) Realizar pagos a los titulares de los instrumentos incluidos en los recursos 
propios que conduzcan al incumplimiento de los requisitos de capital de nivel I ordinario, 
capital de nivel I adicional, capital de nivel II o los niveles de colchón de capital 
establecidos en esta Ley o en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
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v) No publicar la información exigida incumpliendo con ello los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 431 o el artículo 451.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, así 
como la publicación de dicha información de forma incompleta o inexacta.
w) Incumplir los requisitos de idoneidad por parte de los miembros de los órganos 
de dirección, directores generales o asimilados y otras personas que desempeñen 
puestos claves para el desarrollo de la actividad de la entidad de crédito, cuando el Banco 
de España aprecie la existencia de un incumplimiento de los citados requisitos, que no se 
subsane tras la remisión del correspondiente requerimiento; así como incumplir las demás 
normas de gobierno corporativo y políticas de remuneraciones previstas en el Capítulo V 
del Título I, cuando se considere especialmente significativo el incumplimiento a la vista 
de la importancia de las concretas normas infringidas o la situación económico financiera 
de la entidad.
x) Ejercer actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo 
del artículo 5, siempre que por el número de afectados, la reiteración de la conducta o los 
efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema financiero, tales 
incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.
y) Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su comisión 
hubiera sido impuesta a la entidad de crédito sanción firme en vía administrativa por el 
mismo tipo de infracción.
Artículo 93.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Realizar actos u operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin 
observar las condiciones básicas de la misma, o habiendo obtenido la autorización por 
medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, siempre que ello no suponga la 
comisión de una infracción muy grave de conformidad con lo previsto en el artículo 
anterior.
b) No presentar comunicación, cuando ésta sea preceptiva, en los supuestos 
enumerados en la letra b) del artículo 92 y en los casos en que la misma se refiera a la 
composición de los órganos de administración de la entidad o a la composición de su 
accionariado.
c) Ejercer de manera meramente ocasional o aislada actividades ajenas a su objeto 
exclusivo legalmente determinado.
d) Ejercer de manera meramente ocasional o aislada actos u operaciones prohibidas 
por normas de ordenación y disciplina con rango de ley o establecidas en reglamentos de 
la Unión Europea, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.
e) Realizar actos u operaciones prohibidos por normas reglamentarias de 
ordenación y disciplina o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, 
salvo que tenga carácter ocasional o aislado.
f) Ejercer actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo 
del artículo 5, siempre que ello no suponga la comisión de una infracción muy grave de 
conformidad con lo previsto en el artículo anterior, salvo que tenga carácter ocasional o 
aislado.
g) Incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidable o conglomerado financiero 
a que pertenezcan en una cobertura insuficiente de los requerimientos de recursos 
propios establecidos en la normativa de solvencia o exigidos, en su caso, por el Banco de 
España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al 
menos, seis meses, siempre que ello no suponga la comisión de una infracción muy grave 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
h) Incumplir las normas vigentes en materia de límites de riesgos o de cualquier otra 
que impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de 
determinadas operaciones activas o pasivas, siempre que ello no suponga la comisión de 
una infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
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i) Incumplir la obligación de mantener activos líquidos establecida en el artículo 412 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
j) Incumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa correspondiente 
en las operaciones crediticias que gocen de subvención de intereses u otras ayudas 
públicas.
k) Dotar de manera insuficiente las reservas obligatorias y las provisiones para 
insolvencias o de los fondos o partidas compensatorias exigidas por la normativa contable 
para la cobertura de otros activos o contingencias.
l) No remitir al órgano administrativo competente los datos o documentos que deban 
serle remitidos o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, o su remisión 
incompleta o inexacta, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave. A 
los efectos de esta letra se entenderá, asimismo, como falta de remisión, la remisión 
extemporánea fuera del plazo previsto en la norma correspondiente o del plazo concedido 
por el órgano competente al efectuar, en su caso, el oportuno requerimiento.
m) No comunicar los administradores a la Junta General o Asamblea aquellos 
hechos o circunstancias cuya comunicación a la misma haya sido ordenada por el órgano 
administrativo facultado para ello, siempre que ello no suponga una infracción muy grave 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
n) Incumplir el deber de veracidad informativa debida a sus socios, contrapartes 
financieras, clientes y al público en general, así como el incumplir el deber de 
confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su 
uso para fines diferentes de los previstos en la normativa reguladora de la misma, o la 
solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente 
autorizados en dicha Ley, siempre que ello no suponga una infracción muy grave de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
ñ) Realizar actos fraudulentos o utilizar de personas físicas o jurídicas interpuestas 
con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de solvencia y disciplina, 
siempre que ello no suponga una infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo anterior.
o) Incumplir las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre 
formulación de los estados financieros de obligatoria comunicación al órgano 
administrativo competente.
p) Presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero 
a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de 
control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos 
a la gestión y control de los riesgos y siempre que ello no suponga una infracción muy 
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
q) Administrar o dirigir entidades de crédito personas que no ejerzan de derecho en 
las mismas un cargo de dicha naturaleza.
r) Incumplir las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas 
por el Banco de España a una entidad determinada en materia de provisiones, tratamiento 
de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas, 
cuando las referidas políticas no se hayan adoptado en el plazo fijado al efecto por el 
Banco de España y siempre que ello no suponga una infracción muy grave de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo anterior.
s) No existir o presentar un mal funcionamiento los departamentos o servicios de 
atención al cliente, en este último caso, una vez que, transcurrido el plazo concedido al 
efecto por el Banco de España, no se haya procedido a la subsanación de las deficiencias 
detectadas por éste.
t) Incumplir los requisitos de idoneidad por parte de los miembros de los órganos de 
dirección, directores generales o asimilados y otras personas que desempeñen puestos 
claves para el desarrollo de la actividad de la entidad de crédito; así como las demás 
normas de gobierno corporativo y políticas de remuneraciones previstas en el Capítulo V 
del Título I, cuando, en ambos casos, siempre que ello no suponga una infracción muy 
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
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u) Incurrir en infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su 
comisión, hubiera sido impuesta a la entidad de crédito sanción firme en vía administrativa 
por el mismo tipo de infracción.
Artículo 94.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves el incumplimiento de preceptos de obligada 
observancia para las entidades de crédito comprendidos en normas de ordenación o 
disciplina que no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los 
dos artículos anteriores.
Artículo 95.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los cuatro 
años y las leves a los dos años.
2. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera 
sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad u omisión continuadas, la 
fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el 
que la infracción se consume.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente 
permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra 
quienes se dirija.
No se entenderá que existe paralización a los efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, en el caso de que la misma se produzca como consecuencia de la adopción 
de un acuerdo de suspensión del procedimiento al amparo de lo establecido en el 
artículo 117.
4. El régimen de prescripción de las sanciones será el previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 96.  Sanciones.
1. La comisión de las infracciones a que se refieren los artículos anteriores darán 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en este Capítulo.
2. Las sanciones impuestas, así como cualquier recurso interpuesto contra las 
mismas y los resultados de estos recursos, habrán de ser comunicados a la Autoridad 
Bancaria Europea.
3. Salvo previsión en contrario, las sanciones reguladas en los artículos siguientes 
serán de aplicación a los sujetos mencionados en el artículo 89.4 y a sus cargos de 
administración o dirección, según corresponda. Los titulares de participaciones 
significativas o las personas sujetas a la obligación contemplada en el artículo 17 que 
cometan infracciones muy graves conforme a lo previsto en esta Ley serán sancionados 
conforme a lo previsto en el artículo 97, sancionándose a sus cargos de administración o 
dirección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.
Artículo 97.  Sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá a la entidad de crédito 
infractora, una o más las siguientes sanciones:
a) Multa, que podrá ser, a juicio del órgano competente para resolver:
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1.º De entre el triple y el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la 
infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse; o
2.º De entre el 5% y el 10% del volumen de negocios neto anual total, incluidos los 
ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los 
rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable y las comisiones o 
corretajes a cobrar que haya realizado la entidad en el ejercicio anterior; o multa de 
entre 5.000.000 y 10.000.000 de euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
Cuando la entidad infractora fuese una filial de otra empresa, se tendrán en 
consideración, a efectos de determinar el importe de la multa, los recursos propios de la 
empresa matriz en el ejercicio anterior.
b) Revocación de la autorización de la entidad.
En el caso de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro 
de la Unión Europea, la sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida 
por la prohibición de que inicie nuevas operaciones en territorio español.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes medidas accesorias:
a) Requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
b) Suspensión de los derechos de voto del accionista o accionistas responsables en 
los supuestos de comisión de infracciones muy graves derivadas del incumplimiento de 
los requisitos de autorización y de los aplicables a las adquisiciones de participaciones 
significativas.
c) Amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y las sanciones impuestas.
Artículo 98.  Sanciones por la comisión de infracciones graves.
1. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a la entidad de crédito una 
multa que podrá ser, a juicio del órgano competente para resolver:
a) De entre el doble y el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, 
cuando dichos beneficios puedan cuantificarse; o
b) De entre el 3% y el 5% del volumen de negocios neto anual total, incluidos los 
ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los 
rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable y las comisiones o 
corretajes a cobrar que haya realizado la entidad en el ejercicio anterior; o multa de 
entre 2.000.000 y 5.000.000 de euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
Cuando la entidad infractora fuese una filial de una empresa matriz, se tendrán en 
consideración, a efectos de determinar el importe de la multa, los recursos propios de la 
empresa matriz en el ejercicio anterior.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes medidas accesorias:
a) Requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
b) Amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor y la naturaleza de la infracción, y las sanciones o medidas 
accesorias impuestas; o amonestación privada.
Artículo 99.  Sanciones por la comisión de infracciones leves.
1. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la entidad de crédito una 
multa que podrá ser, a juicio del órgano competente para resolver:
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a) De entre el doble y el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, 
cuando dichos beneficios puedan cuantificarse; o
b) De entre el 0,5% y el 1% del volumen de negocios neto anual total, incluidos los 
ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los 
rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable y las comisiones o 
corretajes a cobrar que haya realizado la entidad en el ejercicio anterior; o multa de 
entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
Cuando la entidad infractora fuese una filial de una empresa matriz, se tendrán en 
consideración, a efectos de determinar la multa, los recursos propios de la empresa 
matriz en el ejercicio anterior.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes medidas accesorias:
a) Requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
b) Amonestación privada.
Artículo 100.  Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección por la 
comisión de infracciones muy graves.
1. Con independencia de la sanción que, en su caso, corresponda imponer a la 
entidad de crédito infractora por la comisión de infracciones muy graves, podrán 
imponerse una o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de 
administración o dirección, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la 
infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de hasta 5.000.000 de euros.
b) Suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección en la entidad 
de crédito por plazo no superior a tres años.
c) Separación del cargo en la entidad de crédito, con inhabilitación para ejercer 
cargos de administración o dirección en la misma entidad de crédito por un plazo máximo 
de cinco años.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier 
entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de 
administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad de crédito, por plazo no 
superior a diez años.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes medidas accesorias:
a) Requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
b) Amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y las sanciones o medidas accesorias 
impuestas.
Artículo 101.  Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección por la 
comisión de infracciones graves.
1. Con independencia de la sanción que, en su caso, corresponda imponer a la 
entidad de crédito infractora por la comisión de infracciones graves, podrán imponerse 
una o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o 
dirección, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de hasta 2.500.000 euros.
b) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a un año.
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c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en la misma entidad de crédito por un plazo máximo de dos años.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier 
entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de 
administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad de crédito, por plazo no 
superior a cinco años.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes medidas accesorias:
a) Requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de 
repetirla.
b) Amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y las sanciones o medidas accesorias 
impuestas.
Artículo 102.  Sanciones a los que ejerzan cargos de administración o de dirección por la 
comisión de infracciones leves.
1. Con independencia de la sanción que, en su caso, corresponda imponer a la 
entidad de crédito infractora por la comisión de infracciones leves, podrán imponerse una 
o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o 
dirección, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de hasta 500.000 euros.
b) Amonestación privada.
2. Adicionalmente a las sanciones previstas en el apartado anterior, podrá requerirse 
al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
Artículo 103.  Criterios para la determinación de sanciones.
Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, 
graves o leves se determinarán en base a los siguientes criterios:
a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) El grado de responsabilidad en los hechos.
c) La gravedad y duración de la infracción.
d) La importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas, en su caso, 
como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
e) La solidez financiera de la persona jurídica responsable de la infracción reflejada, 
entre otros elementos objetivables, en el volumen de negocios total de la persona jurídica 
responsable.
f) La solidez financiera de la persona física responsable de la infracción reflejada, 
entre otros elementos objetivables, en los ingresos anuales de la persona física 
responsable.
g) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la 
economía nacional.
h) La subsanación de la infracción por propia iniciativa del infractor.
i) La reparación de los daños o perjuicios causados.
j) Las pérdidas causadas a terceros por la infracción.
k) El nivel de cooperación con la autoridad competente.
l) Las consecuencias sistémicas de la infracción.
m) El nivel de representación que el infractor ostente en la entidad infractora.
n) En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que 
puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido.
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ñ) La conducta anterior del infractor en relación con las normas de ordenación y 
disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido 
impuestas, durante los últimos cinco años.
Artículo 104.  Responsabilidad de los cargos de administración o dirección.
1. Quien ejerza en la entidad de crédito cargos de administración o dirección será 
responsable de las infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o 
negligente.
2. No serán considerados responsables de las infracciones sus administradores o 
miembros de sus órganos de administración, en los siguientes casos:
a) Cuando quienes formen parte de órganos de administración no hubieran asistido 
por causa justificada a las reuniones correspondientes, hubiesen votado en contra o 
salvado expresamente su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen 
dado lugar a las infracciones.
b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 
ejecutivas, miembros del órgano de administración con funciones ejecutivas, directores 
generales u órganos asimilados, u otras personas con funciones ejecutivas en la entidad.
Artículo 105.  Responsabilidad de los grupos consolidables de entidades de crédito.
1. Cuando las infracciones tipificadas en los artículos 92, 93 y 94 se refieran a 
obligaciones de los grupos consolidables de entidades de crédito, se sancionará a la 
entidad obligada y, si procede, a sus administradores y directivos.
Asimismo, cuando tales infracciones se refieran a las obligaciones de los 
conglomerados financieros, las medidas sancionadoras previstas en esta Ley se aplicarán 
a la entidad obligada cuando esta sea una entidad de crédito o una sociedad financiera 
mixta de cartera, siempre que en este último caso corresponda al Banco de España 
desempeñar la función de coordinador de la supervisión adicional de dicho conglomerado 
financiero. Las referidas medidas sancionadoras podrán imponerse también, si procede, 
a los administradores y directivos de la entidad obligada.
2. Si la sanción que correspondiese aplicar fuera la de revocación de la autorización 
prevista en el artículo 97.1.b) y la entidad financiera cabeza del grupo consolidado no 
tuviera la condición de entidad de crédito, se impondrá a aquélla la sanción de disolución 
forzosa con apertura del período de liquidación.
3. Cuando, en virtud de lo previsto en los dos apartados anteriores o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 92.b) 2.º proceda imponer sanciones a personas físicas o a 
entidades que no ostenten la condición de entidades de crédito, será de aplicación lo 
establecido, a tal efecto, en esta Ley para las entidades que sí ostenten dicha condición, 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior.
Artículo 106.  Nombramiento temporal de miembros del órgano de administración.
En el caso de que, por el número y cargo de las personas afectadas por las sanciones 
de suspensión o separación, resulte estrictamente necesario para asegurar la continuidad 
en la administración y dirección de la entidad de crédito, el Banco de España podrá 
disponer el nombramiento, con carácter provisional, de los miembros que se precisen 
para que el órgano de administración pueda adoptar acuerdos o de uno o más 
administradores, especificando sus funciones. Dichas personas ejercerán sus cargos 
hasta que, por el órgano competente de la entidad de crédito, que deberá convocar de 
modo inmediato, se provean los correspondientes nombramientos y tomen posesión los 
designados, en su caso, hasta que transcurra el plazo de suspensión.
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CAPÍTULO IV
Normas de procedimiento
Artículo 107.  Procedimiento para la imposición de sanciones.
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ley se realizará de acuerdo con 
el procedimiento y los principios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes, y en las 
disposiciones que lo desarrollen.
2. Las sanciones que, en su caso, correspondan tanto a las entidades de crédito 
como a quienes ejerzan cargos de administración o dirección en ellas se impondrán, 
siempre que fuera posible, en una única resolución, resultado la tramitación de un único 
procedimiento sancionador.
Artículo 108.  Procedimiento aplicable en el supuesto de infracciones leves.
En el caso de infracciones leves, la sanción podrá imponerse previa la tramitación del 
procedimiento simplificado, siendo únicamente preceptiva la audiencia de la entidad 
interesada y de los cargos de administración o dirección correspondientes.
Artículo 109.  Nombramiento de instructores o secretarios adjuntos.
En el propio acuerdo de incoación del procedimiento, o a lo largo del mismo, podrán 
nombrarse instructores o secretarios adjuntos si la complejidad del expediente así lo 
aconseja. Los instructores adjuntos actuarán bajo la dirección del instructor.
Artículo 110.  Práctica de pruebas.
Contestado el pliego de cargos, el instructor podrá acordar, de oficio o a petición de 
los interesados formulada en sus alegaciones al mencionado pliego, la práctica de las 
pruebas adicionales que estime necesarias.
Artículo 111.  Medidas provisionales.
1. Antes de la iniciación del procedimiento, y siempre que concurran razones de 
urgencia, el Banco de España, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar las medidas 
provisionales que considere necesarias para garantizar el correcto ejercicio de su función 
supervisora y asegurar la eficacia de la resolución que, en su caso, pudiera dictarse. 
Estas medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de 
iniciación del procedimiento sancionador.
2. Asimismo, el órgano competente para incoar el procedimiento podrá adoptar, 
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, 
evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses 
generales.
3. El órgano que hubiera adoptado las medidas provisionales podrá disponer, si la 
naturaleza de las mismas y las circunstancias del caso así lo aconsejan, la publicación de 
aquéllas, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y su inscripción en los registros públicos que corresponda, especialmente en el 
caso de que su destinatario no las cumpliera voluntariamente.
4. Entre las medidas provisionales que podrán adoptarse se encuentran la 
suspensión de la actividad del presunto infractor o cualquier otra que se estime, siempre 
que ello resulte aconsejable para la protección del sistema financiero o de los intereses 
económicos afectados.
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Artículo 112.  Suspensión provisional de las personas que ostenten cargos de 
administración o dirección.
1. En el acuerdo de incoación del expediente o durante la tramitación del mismo, 
podrá disponerse la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones de las 
personas que, ostentando cargos de administración o dirección en la entidad de crédito, 
aparezcan como presuntos responsables de infracciones muy graves, siempre que ello 
resulte aconsejable para la protección del sistema financiero o de los intereses 
económicos afectados. Dicha suspensión se inscribirá en el Registro Mercantil y en los 
demás registros en que proceda.
2. La suspensión provisional, salvo en el caso de paralización del expediente 
imputable al interesado, tendrá una duración máxima de seis meses, y podrá ser 
levantada en cualquier momento de oficio o a petición de aquél.
3. El tiempo que dure la suspensión provisional se computará a efectos del 
cumplimiento de las sanciones de suspensión.
4. Resultará de aplicación a la suspensión provisional prevista en este artículo lo 
dispuesto en el artículo 106 en relación al nombramiento temporal de miembros del 
órgano de administración.
Artículo 113.  Ejecutividad de las sanciones e impugnación en vía administrativa.
1. Las sanciones impuestas conforme a esta Ley no serán ejecutivas en tanto no 
hayan puesto fin a la vía administrativa.
2. Las resoluciones del Banco de España que pongan fin al procedimiento 
sancionador serán recurribles en alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad, 
con arreglo a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Artículo 114.  Sanciones consistentes en multa.
1. Cuando la sanción consista en multa, su importe deberá ser ingresado en el 
Tesoro.
2. Si la sanción a que se refiere el apartado anterior no fuere cumplida en el plazo 
que se señale, se podrá reclamar en vía ejecutiva conforme a las normas de procedimiento 
que resulten aplicables.
Artículo 115.  Publicidad de las sanciones.
1. La imposición de las sanciones, con excepción de la de amonestación privada, se 
hará constar en los registros administrativos de entidades de crédito y altos cargos que 
correspondan.
2. Las sanciones de suspensión, separación y separación con inhabilitación, una 
vez sean ejecutivas, se harán constar, además, en el Registro Mercantil y, en su caso, en 
el Registro de Cooperativas.
3. El nombramiento de miembros del órgano de administración o de administradores 
provisionales a que se refiere el artículo 106, se hará constar también en los registros 
correspondientes.
4. Una vez que las sanciones impuestas a la entidad de crédito o a quienes ejerzan 
cargos de administración o dirección en la misma sean ejecutivas se comunicarán en la 
siguiente Junta o Asamblea General que se celebre.
5. Las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial 
del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. También será objeto de dicha 
publicación la de amonestación pública. Para las restantes sanciones por infracciones 
graves, el Banco de España podrá disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» una vez que las mismas adquieran firmeza en vía administrativa.
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6. Sin perjuicio de la normativa de protección de datos, las sanciones y 
amonestaciones por infracciones muy graves y graves deberán asimismo ser publicadas 
en la página web del Banco de España, en un plazo máximo de quince días hábiles desde 
que la sanción o amonestación sea firme en vía administrativa, con información sobre el 
tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la 
que recaiga la sanción o amonestación. Esta información deberá permanecer en la página 
web durante los cinco años siguientes.
El Banco de España podrá acordar que la sanción se publique manteniendo 
confidencial la identidad de los sujetos sancionados en cualquiera de las circunstancias 
siguientes:
a) Cuando la sanción se imponga a una persona física y, tras una evaluación previa, 
la publicación de los datos personales resulte ser desproporcionada.
b) Cuando la publicación pudiera poner en peligro la estabilidad de los mercados 
financieros o una investigación penal en curso.
c) Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades 
o personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño.
7. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida en vía 
administrativa o jurisdiccional, el Banco de España publicará, sin demora, información 
sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del mismo.
Artículo 116.  Notificación de infracciones.
Las entidades de crédito deberán disponer de procedimientos adecuados para que 
sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal 
independiente, específico y autónomo. Estos procedimientos deberán garantizar la 
confidencialidad tanto de la persona que informa de las infracciones como de las personas 
físicas presuntamente responsables de la infracción.
Asimismo, las entidades deberán garantizar la protección de los empleados que 
informen de las infracciones cometidas en la entidad frente a represalias, discriminaciones 
y cualquier otro tipo de trato improcedente.
Artículo 117.  Concurrencia con procedimientos penales.
El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere este Título será independiente 
de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando 
se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación 
de los hechos sancionables con arreglo a este Título no sea racionalmente posible, el 
procedimiento administrativo quedará suspendido respecto de los mismos hasta que 
recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Reanudado, en su caso, el 
procedimiento, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos 
que contenga dicho pronunciamiento.
Artículo 118.  Remisión de memoria de actuaciones sancionadoras a las Cortes 
Generales.
El Banco de España enviará anualmente a las Cortes Generales una Memoria de las 
actuaciones que hayan dado lugar a sanciones muy graves.
Disposición adicional primera.  Requisitos para la computabilidad de las participaciones 
preferentes a efectos de la normativa de solvencia y régimen fiscal aplicable a las 
mismas así como a determinados instrumentos de deuda.
1. Las participaciones preferentes se considerarán capital de nivel 1 adicional a los 
efectos previstos en el Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio, siempre que cumplan 
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con las condiciones establecidas en el Capítulo 3 del Título I de la parte segunda o en el 
Capítulo 2 del Título I de la parte décima de dicho Reglamento.
2. A las participaciones preferentes que cumplan las condiciones descritas en el 
apartado anterior les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto en los apartados 3 
y 4 de esta disposición adicional cuando cumplan con los siguientes requisitos adicionales:
a) Ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima 
residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de 
paraíso fiscal, cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o 
indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u objeto exclusivos sea 
la emisión de participaciones preferentes.
b) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas 
en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando 
gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en la entidad de crédito dominante 
de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos a los riesgos y situación 
financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo o subgrupo 
consolidable al que pertenece.
c) No otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales 
que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión.
d) No otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas 
emisiones.
e) Cotizar en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros 
mercados organizados.
f) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a 
clientes profesionales de al menos el 50 por ciento del total de la emisión, sin que el 
número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a 
este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores.
g) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los 
términos del artículo 495 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el valor nominal unitario 
mínimo de las participaciones preferentes será de 100.000 euros y en el caso de las 
restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes 
será de 25.000 euros.
3. El régimen tributario de las participaciones preferentes emitidas conforme a lo 
previsto en el apartado anterior será el siguiente:
a) Su remuneración tendrá la consideración de gasto deducible para la entidad 
emisora.
b) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes se calificarán como 
rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
c) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial, no estarán 
sometidos a retención alguna los rendimientos generados por el depósito de los recursos 
obtenidos en la entidad de crédito dominante, siendo de aplicación, en su caso, la 
exención establecida en el artículo 14.1.f) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.
d) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes obtenidas por sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente 
estarán exentas de dicho impuesto en los mismos términos establecidos para los 
rendimientos derivados de la deuda pública en el artículo 14 del Texto Refundido de la 
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Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
e) Las operaciones derivadas de la emisión de participaciones preferentes estarán 
exentas de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
4. La entidad de crédito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de 
entidades de crédito tendrá la obligación de informar a la Administración Tributaria y a las 
instituciones encargadas de la supervisión financiera, en la forma en que 
reglamentariamente se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se 
refiere el apartado 2.a) de esta Disposición adicional y de la identidad de los contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades, que sean titulares de los valores emitidos por aquéllas, así como los 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas 
procedentes de tales valores mediante establecimiento permanente situado en territorio 
español.
5. Lo dispuesto en esta Disposición adicional será igualmente aplicable en los 
supuestos en los que la entidad dominante a que se refiere el apartado 2.a) sea una 
entidad que se rija por el derecho de otro Estado.
6. El régimen previsto en los apartados 3 y 4 será también aplicable a las emisiones 
de instrumentos de deuda realizadas por entidades de crédito que cumplan con los 
requisitos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 2. En estos supuestos, la 
actividad u objeto exclusivos a que se refiere la letra a) del apartado 2 se referirá tanto a 
la emisión de participaciones preferentes como a la emisión de otros instrumentos 
financieros.
Igualmente, resultará aplicable el régimen previsto en los apartados 3 y 4 a los valores 
cotizados en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros 
mercados organizados y emitidos con cargo a fondos de titulización hipotecaria, regulados 
por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 
Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, y a fondos de titulización de 
activos regulados por la Disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por 
la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero.
7. El régimen fiscal previsto en los apartados 3 y 4 será aplicable, asimismo, a las 
participaciones preferentes emitidas por entidades cotizadas que no sean de crédito o por 
una sociedad residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la 
consideración de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, 
directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crédito. En estos 
supuestos, las participaciones preferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Los previstos en las letras b), c), d), e), f) y g) del apartado 2;
b) que hayan sido emitidas y desembolsadas;
c) que no hayan sido adquiridas por la entidad emisora o sus filiales, ni por una 
entidad en la que la entidad emisora posea una participación, en forma de propiedad 
directa o indirecta, del 20% o más de los derechos de voto o del capital;
d) que su adquisición no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad 
emisora;
e) se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás 
de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad emisora o de la dominante del 
grupo o subgrupo consolidable y delante de los accionistas ordinarios;
f) que no estén avaladas o cubiertas por una garantía que mejore la prelación del 
crédito en caso de insolvencia o liquidación por ninguna de las siguientes entidades:
i) la entidad o sus filiales,
ii) la empresa matriz de la entidad o sus filiales,
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iii) cualquier empresa que mantenga estrechos vínculos con las entidades a que se 
refieren los incisos i) y ii) anteriores. A estos efectos, se apreciará la presencia de 
estrechos vínculos de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.38 del Reglamento 
(UE) 575/2013, de 26 de junio;
g) que no estén sujetas a ningún acuerdo, ya sea contractual o de otro tipo, que 
eleve la prelación de los créditos derivados de las participaciones preferentes en caso de 
insolvencia o liquidación;
h) que sean de carácter perpetuo y las disposiciones que las regulen no prevean 
incentivos de la entidad para reembolsarlas;
i) que, si las disposiciones que las regulan prevén una o más opciones de compra, 
el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente de la voluntad del emisor;
j) que puedan ser reembolsadas o recompradas solo a partir del quinto año desde 
su fecha de desembolso;
k) para la retribución de las participaciones a sus tenedores deben concurrir las 
condiciones siguientes:
i) que se abonen con cargo a partidas distribuibles,
ii) que su nivel no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad 
emisora o de la empresa matriz,
iii) que las disposiciones que regulan los instrumentos concedan a la entidad plena 
discrecionalidad en todo momento para cancelar los pagos de las retribuciones por 
período indefinido y sin efectos acumulativos, y la entidad pueda utilizar esos pagos 
cancelados sin restricción para cumplir sus obligaciones a medida que lleguen a 
vencimiento,
iv) que la cancelación del pago de retribuciones no se considere impago de la 
entidad emisora,
v) que la cancelación del pago de retribuciones no comporte restricción alguna 
para la entidad emisora, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del 
Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio.
l) en los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo 
consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída relevante de sus 
fondos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán 
establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción 
de las pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de 
recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones 
ordinarias de la entidad emisora o matriz, ya mediante la reducción de su valor nominal.
8. El régimen fiscal previsto en los apartados 3 y 4 será aplicable, asimismo, a los 
instrumentos de deuda emitidos por sociedades residentes en España o entidades 
públicas empresariales. En estos supuestos, los instrumentos de deuda deberán cumplir 
con los requisitos previstos en las letras c), d) y e) del apartado 2.
Adicionalmente, este régimen fiscal será aplicable a los instrumentos de deuda 
emitidos por una sociedad residente en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la 
consideración de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, 
directa o indirectamente, a las entidades residentes en España a que se refiere el párrafo 
anterior. En estos supuestos, los instrumentos de deuda deberán cumplir con los 
requisitos previstos en las letras b), c), d) y e) del apartado 2.
9. A las emisiones de instrumentos de deuda a las que se refieren los apartados 6 
y 8 no les será de aplicación la limitación impuesta, por razones de capital y de reservas, 
en los artículos 405 y 411 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
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Disposición adicional segunda.  Limitaciones a la emisión de obligaciones.
Será de aplicación a las entidades de crédito, lo dispuesto en el artículo 510 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Disposición adicional tercera.  Operaciones de arrendamiento financiero.
1. Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos 
contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o 
inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, 
a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. Los 
bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus 
explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o 
profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una 
opción de compra, a su término, en favor del usuario.
Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, 
el arrendador podrá cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en el 
párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el 
bien de acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario.
2. Con carácter complementario, las entidades que realicen operaciones de 
arrendamiento financiero podrán realizar también las siguientes actividades:
a) Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos.
b) Conceder financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, 
actual o futura.
c) Intermediar y gestionar operaciones de arrendamiento financiero.
d) Actividades de arrendamiento no financiero, que podrán complementar o no con 
una opción de compra.
e) Asesorar y elaborar informes comerciales.
Disposición adicional cuarta.  Supervisión de entidades no inscritas en registros 
administrativos.
1. En relación con las personas físicas o jurídicas que, sin estar inscritas en algunos 
de los registros administrativos legalmente previstos para entidades de carácter 
financiero, ofrezcan al público la realización de operaciones financieras de activo o de 
pasivo o la prestación de servicios financieros, cualquiera que sea su naturaleza, se 
faculta al Ministerio de Economía y Competitividad, de oficio o a instancia del Banco de 
España o de cualquier otra autoridad, para:
a) Solicitar de los mismos, por sí o a través del Banco de España, el suministro de 
cualquier información, contable o de otra naturaleza, relativa a sus actividades financieras, 
con el grado de detalle y con la periodicidad que se estimen convenientes.
b) Realizar, por sí o a través del Banco de España, las inspecciones que se 
consideren necesarias a efectos de aclarar cualquier aspecto de las actividades 
financieras de dichas personas o entidades y su adecuación al ordenamiento jurídico o 
confirmar la veracidad de la información a la que se refiere el apartado anterior.
2. La falta de suministro de la información que se solicite con arreglo al apartado 1.a) 
anterior en el plazo que esté establecido o que se conceda al efecto, la falta de veracidad 
en la información suministrada y la negativa o resistencia a las actividades inspectoras a 
que se refiere el apartado 1.b), se considerarán infracciones muy graves a los efectos de 
lo previsto en el Título IV. Las sanciones previstas en el Título IV correspondientes a estas 
infracciones podrán ser impuestas cada una de las veces en que no se suministre en 
plazo la citada información o se produzca la negativa o resistencia a las mencionadas 
actividades inspectoras.
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Disposición adicional quinta.  Régimen jurídico de los sistemas institucionales de 
protección.
1. El Banco de España podrá eximir del cumplimiento individual de los requisitos 
previstos en las partes segunda a octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, a las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección 
cuando dicho sistema se constituya a través de un acuerdo contractual entre varias 
entidades de crédito, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10 del 
citado Reglamento y con los siguientes:
a) Que exista una entidad central que determine con carácter vinculante sus 
políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de 
gestión de riesgos. Esta entidad central será la responsable de cumplir los requerimientos 
regulatorios en base consolidada del sistema institucional de protección.
b) Que la citada entidad central sea una de las entidades de crédito integrantes del 
sistema institucional de protección u otra entidad de crédito participada por todas ellas y 
que forme asimismo parte del sistema.
c) Que el acuerdo contractual que constituye el sistema institucional de protección 
contenga un compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes 
del sistema que alcance a la totalidad de los recursos propios computables de cada una 
de ellas en lo que se refiere al apoyo de solvencia. El compromiso de apoyo mutuo incluirá 
las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a 
través de fondos inmediatamente disponibles.
d) Que las entidades integrantes del sistema institucional de protección pongan en 
común la totalidad de sus resultados, siendo estos distribuidos de manera proporcional a 
la participación de cada una de ellas en el sistema.
e) Que el acuerdo contractual establezca que las entidades deberán permanecer en 
el sistema un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con al menos 2 años de 
antelación su deseo de abandonarlo una vez transcurrido aquel período.
Adicionalmente, el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que 
refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el sistema institucional de 
protección.
f) Que a juicio del Banco de España se cumplan los requisitos previstos en la 
normativa sobre recursos propios de las entidades financieras para asignar una 
ponderación de riesgo del 0% a las exposiciones que tengan entre sí los integrantes del 
sistema institucional de protección.
2. Corresponderá al Banco de España la comprobación de los requisitos anteriores 
a los efectos de lo previsto en esta Disposición.
3. Con carácter previo al abandono de un sistema institucional de protección por 
cualquiera de las entidades que lo integran, el Banco de España valorará tanto la 
viabilidad individual de la entidad que pretenda abandonar el sistema como la de este 
último y la del resto de entidades participantes tras la pretendida desvinculación.
Cuando las entidades integradas conforme a lo previsto en esta Disposición sean 
Cajas de Ahorros, la entidad central tendrá la naturaleza de sociedad anónima y habrá de 
estar controlada conjuntamente por todas ellas, en los términos del artículo 42 del Código 
de Comercio.
Disposición adicional sexta.  Referencias a la normativa derogada.
Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen a las normas derogadas 
de conformidad con lo previsto en la Disposición derogatoria, se entenderán efectuadas a 
las previsiones correspondientes de esta Ley.
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Disposición adicional séptima.  Acciones nominativas y ejercicio económico.
1. El capital de las entidades de crédito que revistan la forma de sociedad anónima 
estará representado, en todo caso, por acciones nominativas.
2. Las entidades de crédito ajustarán el ejercicio económico al año natural.
Disposición adicional octava.  Régimen jurídico del Instituto de Crédito Oficial.
El Instituto de Crédito Oficial tendrá a todos los efectos la consideración de entidad de 
crédito, con las particularidades previstas en su legislación específica.
En particular, de lo previsto en esta Ley, le serán de aplicación los Títulos II, III y IV, 
con las excepciones que se determinen reglamentariamente, y lo previsto en materia de 
deber de reserva de información.
Disposición adicional novena.  Régimen de ordenación y disciplina de las sociedades de 
garantía recíproca.
1. Las Sociedades de Garantía Recíproca y las Sociedades de Reafianzamiento, 
así como quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección, que infrinjan 
normas de ordenación o disciplina, incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
2. A tal efecto, se considerarán normas de ordenación y disciplina los preceptos de 
obligada observancia para las mismas contenidos en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y en sus normas de 
desarrollo.
Disposición adicional décima.  Incompatibilidad de los auditores para realizar trabajos en 
entidades de crédito.
Cuando los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, y Organismos o 
Entidades dependientes de éstas acuerden, en el ejercicio de sus competencias en 
relación con Cajas de Ahorros u otras entidades, recabar la colaboración de auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría de cuentas para llevar a cabo trabajos distintos de los 
de auditoría regulados en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, la prestación de la 
colaboración en el ejercicio de esas facultades será incompatible con la realización 
simultánea o en los cinco años anteriores o posteriores de cualquier trabajo de auditoría 
de cuentas en estas mismas entidades o sus sociedades vinculadas, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en el Capítulo III, Sección 1.ª del Texto Refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas.
Disposición adicional decimoprimera.  Responsabilidad de los miembros de la comisión 
de control de las cajas de ahorros.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa los miembros de la comisión de 
control de las cajas de ahorros que resulten responsables de las infracciones relacionadas 
en los apartados siguientes, siéndoles de aplicación el procedimiento y las sanciones 
previstos en esta Ley.
2. Constituyen infracciones muy graves de los miembros de la comisión de control 
de las cajas de ahorros:
a) La negligencia grave y persistente en el ejercicio de las funciones que legalmente 
tienen encomendadas.
b) No proponer al órgano administrativo competente la suspensión de acuerdos 
adoptados por el órgano de administración cuando éstos infrinjan manifiestamente las 
disposiciones vigentes o afecten injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los 
resultados, o al crédito de la caja de ahorros o de sus impositores o clientes.
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c) Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su comisión 
les hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.
3. Constituyen infracciones graves de los miembros de la comisión de control de las 
cajas de ahorros:
a) La negligencia grave en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene 
encomendadas, siempre que no esté comprendida en el apartado 2.a) anterior.
b) La falta de remisión al órgano administrativo competente de los datos o informes 
que deban hacerle llegar o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, o su 
remisión con notorio retraso.
4. Constituyen infracciones leves imputables a los miembros de la comisión de 
control de las cajas de ahorros, el incumplimiento de cualesquiera obligaciones que no 
constituyan infracción muy grave o grave, así como la falta reiterada de asistencia de los 
mismos a las reuniones de la comisión.
Disposición adicional decimosegunda.  Autorización de operaciones de modificación 
estructurales.
1. Corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad autorizar las 
operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que 
intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos 
análogos a los anteriores. A estos efectos, y con carácter previo a la concesión de la 
autorización, se solicitará informe al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, en los aspectos de su competencia.
2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses 
siguientes a su recepción en la Secretaría General del Tesoro, o al momento en que se 
complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes 
a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anterior, podrá entenderse 
desestimada. Reglamentariamente se establecerá el resto de los términos del 
procedimiento de autorización.
3. La autorización de operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de 
activos y pasivos en las que intervenga una caja de ahorros o una cooperativa de crédito 
se regirán por su normativa específica.
Disposición adicional decimotercera.  Régimen para la adaptación de los Estatutos de 
las cooperativas de crédito.
Las cooperativas de crédito deberán adaptar sus Estatutos a lo establecido en la 
Disposición final segunda en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
Una vez transcurrido el plazo anterior, las aportaciones al capital que no cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, 
mantendrán su validez, sin perjuicio de la consideración que les corresponda a efectos de 
su cómputo de conformidad con la normativa de solvencia.
Disposición adicional decimocuarta.  Competencias sancionadoras del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.
1. Cuando el Banco de España tenga conocimiento de hechos que puedan ser 
constitutivos de infracciones distintas de las establecidas en la normativa básica de 
ordenación y disciplina que pudieran estar tipificadas por las Comunidades Autónomas, 
dará traslado de los mismos a la Comunidad Autónoma correspondiente.
2. Cuando una Comunidad Autónoma tenga conocimiento de hechos que, en virtud 
de lo previsto en la normativa básica de ordenación y disciplina, puedan ser constitutivos 
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de infracciones que deban ser sancionadas por el Banco de España, deberá dar traslado 
de los mismos al Banco de España.
3. Cuando las Comunidades Autónomas incoen expedientes por infracciones muy 
graves o graves a entidades de crédito, la propuesta de resolución deberá ser informada 
preceptivamente por el Banco de España.
4. En todo caso, corresponderá al Banco de España el ejercicio de la potestad 
sancionadora respecto de las entidades de crédito cuando se trate de infracciones de 
normas de carácter monetario o que afecten a la solvencia de las entidades, en la medida 
en que el adecuado funcionamiento de la política monetaria dentro del Sistema europeo 
de bancos centrales o la estabilidad del sistema financiero aconseje el ejercicio uniforme 
de dicha potestad.
Disposición adicional decimoquinta.  Autorización para los colaboradores de los 
organismos de supervisión.
Los organismos que ejerzan la supervisión de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión y que, conforme a su normativa, recaben la colaboración, para el 
ejercicio de sus competencias, de auditores de cuentas, sociedades de auditoría de 
cuentas, sociedades que ofrecen servicios de consultoría o cualesquiera otras de carácter 
privado deberán exigir, en los contratos correspondientes, su autorización previa para que 
dichos colaboradores puedan realizar, simultáneamente o en los dos años posteriores, 
cualquier trabajo de la misma naturaleza en las entidades objeto de supervisión o en sus 
sociedades vinculadas.
Asimismo, en el caso de auditores de cuentas y sociedades de auditoría, será de 
aplicación lo dispuesto respecto al régimen de independencia que se encuentran sujetos 
los auditores de cuentas en el Capítulo III del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Disposición adicional decimosexta.  Integración del Banco de España en el Mecanismo 
Único de Supervisión.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, 
de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas 
respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, el Banco de España, en su condición de autoridad nacional competente en virtud 
del artículo 50 de esta Ley, forma parte integrante del Mecanismo único de Supervisión 
junto al Banco Central Europeo y las restantes autoridades nacionales competentes.
En el marco del Mecanismo único de Supervisión, el Banco de España actuará bajo el 
principio de cooperación leal con el Banco Central Europeo y le prestará a éste la 
asistencia a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 y disposiciones 
de desarrollo.
Disposición adicional decimoséptima.  Planes de cumplimiento del nivel mínimo de 
capital social y de recursos propios por las sociedades de garantía recíproca.
1. Lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, relativo a la cifra mínima del capital social 
desembolsado y de recursos propios computables de las sociedades de garantía 
recíproca, entrará en vigor el 28 de febrero de 2015, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 3.
2. Antes del 30 de junio de 2014, las sociedades de garantía recíproca que no 
cumplan con los requisitos referidos en el párrafo anterior, presentarán al Banco de 
España un plan de cumplimiento en el que detallarán las medidas adoptadas o previstas 
para alcanzar, con un elevado grado de fiabilidad y en el plazo establecido, los niveles 
correspondientes de capital social y recursos propios. Este plan incluirá, en todo caso, la 
descripción detallada y calendario de todos los acuerdos, compromisos o autorizaciones 
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que sean relevantes para su ejecución, concretando aquellas medidas que ya se han 
adoptado.
El plan presentado deberá ser aprobado por el Banco de España en el plazo de un 
mes, quien podrá requerir modificaciones, medidas adicionales o cualquier información 
suplementaria necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta 
Disposición.
3. En caso de que el Banco de España considere que existen indicios fundados de 
que las medidas incluidas en el plan de cumplimiento previsto en el apartado anterior no 
permitirán alcanzar, con un elevado grado de fiabilidad y en el plazo establecido, los 
niveles correspondientes de capital social y recursos propios, se considerará, a todos los 
efectos y de manera inmediata, la existencia de un incumplimiento de los citados niveles.
Disposición adicional decimoctava.  Refuerzo del marco institucional de estabilidad 
financiera.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno 
informará a las Cortes Generales sobre las medidas a adoptar para potenciar a nivel 
nacional la supervisión de la estabilidad financiera, el análisis macroprudencial, la 
coordinación e intercambio de información en la prevención de crisis financiera, y en 
general la cooperación entre las autoridades con competencias en la preservación de la 
estabilidad financiera. Se deberá reforzar el marco institucional actual, haciendo participar 
de forma conjunta al Ministerio de Economía y Competitividad, al Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Disposición adicional decimonovena.  Tasa por la realización de la evaluación global a 
las entidades de crédito.
1. Creación. Se crea la tasa por la realización por parte del Banco de España de las 
tareas relacionadas con la evaluación global de las entidades de crédito prevista en el 
artículo 33.4 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013, 
que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.
2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por parte 
del Banco de España de las tareas relacionadas con la evaluación global de las entidades 
de crédito prevista en el artículo 33.4 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, 
de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas 
respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito.
3. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de la tasa las entidades de crédito 
incluidas en el apartado correspondiente a España del Anexo de la Decisión del Banco 
Central Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre identificación de entidades de crédito 
que están sujetas a la evaluación global (Decisión BCE/2014/3). En el caso de las Cajas 
de Ahorro incluidas en dicho apartado del Anexo, se considerará sujeto pasivo al banco al 
que las mismas hayan traspasado su negocio financiero.
4. Base imponible. La base imponible de la tasa estará constituida por el importe de 
los activos totales de los grupos consolidables en los que estén integrados los sujetos 
pasivos declarados al Banco de España a fecha 31 de diciembre de 2013.
5. Tipo de gravamen. El tipo de gravamen de la tasa será el 0,01048 por mil, a 
aplicar sobre la base imponible.
6. Cuota tributaria. La cuota tributaria de la tasa para cada sujeto pasivo será el 
resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible.
7. Devengo. La tasa se devengará, por una única vez, el 31 de diciembre de 2014.
8. Liquidación y pago. La tasa será objeto de liquidación por el Banco de España. El 
importe de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por el Banco 
de España, se integrará en su presupuesto y quedará afecto a financiar los gastos 
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incurridos por el Banco de España en la realización de las tareas descritas en el hecho 
imponible de la tasa.
9. El Banco de España, mediante circular, desarrollará los aspectos necesarios para 
proceder a la liquidación y pago de la tasa.
10. Gestión. La gestión recaudatoria de la tasa en período voluntario corresponderá 
al Banco de España. La gestión recaudatoria en período ejecutivo corresponderá a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, lo que se llevará a cabo mediante la 
formalización del correspondiente convenio.
Disposición adicional vigésima.  Propuestas en materia de protección al cliente.
En aras de mejorar la regulación en la protección del cliente bancario y, en particular, 
del deudor hipotecario, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley, un proyecto de ley para la incorporación de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, 
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles 
de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Asimismo, el Gobierno evaluará, de cara a incluirlas en 
el citado proyecto de ley, las posibilidades de mejora del actual sistema institucional de 
protección del cliente, y las alternativas para potenciar la eficacia de los actuales servicios 
de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al cliente.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos sancionadores y de autorización en curso.
Los procedimientos administrativos sancionadores y de autorización que a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley ya se hubieran incoado, se regirán por la normativa 
previamente vigente hasta su finalización.
Disposición transitoria segunda.  Régimen fiscal transitorio de las participaciones 
preferentes e instrumentos de deuda.
La entrada en vigor de esta Ley no modificará el régimen fiscal aplicable a las 
participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda que se hubieran emitido con 
anterioridad a dicha fecha.
Disposición transitoria tercera.  Régimen de cuotas participativas.
El régimen de cuotas participativas previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de 
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información permanecerá 
vigente hasta que se produzca la amortización total de las cuotas participativas vivas a la 
fecha de entrada en vigor de esta norma.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de los requisitos de información 
impuestos a las sucursales de entidades de crédito de un Estado miembro de la Unión 
Europea.
1. El Banco de España podrá exigir, con fines estadísticos, a las entidades de crédito 
de otro Estado miembro de la Unión Europea que tengan una sucursal en España que le 
remitan información periódica sobre las operaciones que dicha sucursal efectúa en 
España. Asimismo, las entidades de crédito españolas con sucursales en otros Estados 
miembros de la Unión Europea deberán atender las solicitudes equivalentes que les 
dirijan otros Estados miembros.
2. Para el adecuado ejercicio de su función supervisora, el Banco de España podrá 
recabar de las sucursales de las entidades de crédito de un Estado miembro de la Unión 
Europea la misma información que exija a las entidades españolas para la supervisión de 
la liquidez.
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará en sustitución del artículo 86 
hasta la fecha en la que el requisito de cobertura de liquidez sea aplicable de conformidad 
con el acto delegado adoptado por la Comisión Europa en virtud del artículo 460 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio para las sucursales de entidades de 
crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89.4, si el Banco de España comprueba 
que una entidad de crédito de un Estado miembro de la Unión Europea con sucursal en 
España o que opera aquí en libre prestación de servicios incumple la normativa relativa a 
requisitos de liquidez en España, incoará un expediente sancionador a dicha sucursal.
2. El régimen sancionador aplicable será el previsto para las entidades de crédito 
españolas. No obstante, el Banco de España deberá iniciar el procedimiento sancionador 
con un requerimiento a dicha entidad de crédito para que ponga fin a su conducta y se 
abstenga de repetirla y si esto no se produce, deberá informar a las autoridades 
competentes de la supervisión de dicha entidad.
3. Si a pesar de las medidas tomadas por el Estado miembro de origen de la entidad 
de crédito o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no están previstas en 
dicho Estado, la entidad de crédito siguiera infringiendo la normativa aludida en el 
apartado 1, el Banco de España, tras informar de ello a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen, proseguirá con el expediente sancionador. Resuelto el 
expediente, el Banco de España notificará la decisión adoptada a las citadas autoridades 
y, en los casos de infracciones graves o muy graves, a la Comisión Europea y a la 
Autoridad Bancaria Europea.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará en sustitución del artículo 63 
hasta la fecha en la que el requisito de cobertura de liquidez sea aplicable de conformidad 
con el acto delegado adoptado por la Comisión Europa en virtud del artículo 460 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio de medidas cautelares en situaciones 
de urgencia.
1. Antes de seguir el procedimiento previsto en el apartado 1 de la Disposición 
transitoria quinta, el Banco de España podrá, en caso de urgencia, adoptar las medidas 
provisionales oportunas para proteger los intereses de los depositantes, inversores u 
otros destinatarios de los servicios.
El Banco de España informará de tales medidas a la Comisión Europea y a las 
autoridades competentes de los Estados miembros afectados, en el plazo más breve 
posible.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará en sustitución del artículo 62 hasta la 
fecha en la que el requisito de cobertura de liquidez sea aplicable de conformidad con el 
acto delegado adoptado por la Comisión Europa en virtud del artículo 460 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para la supervisión de las sucursales 
de entidades de crédito de Estados miembros de la Unión Europea.
1. El Banco de España supervisará la liquidez de las sucursales de entidades de 
crédito de otros Estados miembros en colaboración con las autoridades competentes de 
dichos Estados miembros.
2. Asimismo, sin perjuicio de las medidas necesarias para el fortalecimiento del 
sistema monetario europeo, el Banco de España será responsable de las medidas 
resultantes de la aplicación de su política monetaria.
Estas medidas no establecerán un trato discriminatorio o restrictivo por el hecho de 
que la entidad de crédito haya sido autorizada en otro Estado miembro.
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3. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará hasta la fecha en la que el requisito de 
cobertura de liquidez sea aplicable de conformidad con el acto delegado adoptado por la 
Comisión Europea en virtud del artículo 460 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio.
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio del colchón de conservación de 
capital.
El requisito relativo al colchón de conservación de capital previsto en el artículo 44 de 
esta Ley y al que se refiere el párrafo primero del artículo 70 quinquies.1 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores no será de aplicación hasta el 1 de enero 
de 2016. Desde esta fecha hasta el 31 de diciembre de 2018, se aplicará, en términos de 
capital ordinario de nivel 1 sobre exposiciones totales ponderadas por riesgo, conforme al 
calendario siguiente:
a) Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016: 0,625%.
b) Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017: 1,25%.
c) Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018: 1,875%
Disposición transitoria novena.  Régimen transitorio del colchón de capital anticíclico 
específico de cada entidad.
El requisito relativo al colchón anticíclico previsto en los artículos 45 de esta Ley y 70 
quinquies.1.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores no resultará de 
aplicación hasta el 1 de enero de 2016. Desde esta fecha hasta el 31 de diciembre 
de 2018, este requisito no excederá los niveles siguientes en términos de capital ordinario 
de nivel 1 sobre exposiciones totales ponderadas por riesgo:
a) Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016: 0,625%.
b) Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017: 1,25%.
c) Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018: 1,875%.
Disposición transitoria décima.  Régimen transitorio de los colchones de capital para las 
entidades de importancia sistémica.
1. El artículo 46 de esta Ley será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016. En 
particular, el Banco de España podrá imponer el colchón de capital para OEIS a partir 
del 1 de enero de 2016.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá imponer el colchón para OEIS al 
que se refiere el artículo 70 quinquies.1.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores a partir del 1 de enero de 2016.
2. No obstante lo anterior, el colchón para EISM al que se refiere el artículo 46.4 de 
esta Ley y el artículo 70 quinquies.1.b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores dicho artículo se aplicará conforme al siguiente calendario:
a) 25% del colchón en 2016.
b) 50% en 2017.
c) 75% en 2018.
d) 100% en 2019.
Disposición transitoria decimoprimera.  Régimen transitorio de las restricciones a la 
distribución de dividendos y del plan de conservación del capital en relación con los 
colchones de capital.
Las restricciones a las distribuciones y la obligación de establecer un plan de 
conservación del capital a los que se refieren los artículos 48 y 49 de esta Ley, 
respectivamente, y el artículo 70 quinquies.6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
cve: BOE-A-2014-6726
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Mercado de Valores serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, salvo que se 
exigiera a la entidad cumplir con el colchón contra riesgos sistémicos.
Disposición transitoria decimosegunda.  Régimen transitorio del informe bancario anual 
y del informe anual de empresas de servicios de inversión.
1. La obligación de publicación prevista en el artículo 87.1 de esta Ley y el 
artículo 70 bis.Uno de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores tendrán 
plenos efectos a partir del 1 de enero de 2015.
2. El 1 de julio de 2014 las entidades de crédito y las empresas de servicios de 
inversión a las que les resulte de aplicación el artículo 70 bis.Uno, tendrán la obligación 
de publicar, por primera vez, la información contemplada en el artículo 87.1.a), b) y c) de 
esta Ley y en el artículo 70 bis.1.a), b) y c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores.
3. A más tardar el 1 de julio de 2014, todas las EISM, ya sean entidades de crédito o 
empresas de servicios de inversión, que estén autorizadas en España e identificadas a 
nivel internacional, presentarán a la Comisión Europea con carácter confidencial la 
información a la que se refieren el artículo 87.1.d), e) y f) de esta Ley y el artículo 70 bis.
Uno.d), e) y f) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores según 
corresponda.
Disposición transitoria decimotercera.  Régimen transitorio para las entidades de 
contrapartida central y los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones.
1. Las entidades de contrapartida central reguladas en el artículo 44 ter de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores deberán cumplir con lo dispuesto en 
el apartado 4 de dicho precepto en su nueva redacción dada por la Disposición final 
primera de esta Ley en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma. En 
el caso de que las entidades de contrapartida central estuviesen en trámite de autorización 
conforme al Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012, a la entrada en vigor de 
esta Ley, deberán cumplir con la nueva redacción en el plazo de tres meses desde que se 
concediese tal autorización.
2. Al Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, regido por MFAO, Sociedad Rectora 
del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A., solo le resultará de aplicación lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores en 
su nueva redacción dada por la Disposición final primera de esta Ley, a partir del 1 de 
enero de 2015.
Disposición transitoria decimocuarta.  Plan General de Viabilidad.
El Plan General de Viabilidad previsto en el artículo 30 resultará exigible a las 
entidades transcurridos seis meses desde que se complete el desarrollo reglamentario en 
que se especificará su contenido.
Disposición transitoria decimoquinta.  Designación de los miembros de la Comisión 
Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá 
al nombramiento de los representantes en la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito de conformidad con lo previsto en la Disposición final 
novena.
Disposición transitoria decimosexta.  Supervisión de sucursales de entidades de crédito 
de Estados no miembros de la Unión Europea.
En tanto no tenga lugar el desarrollo reglamentario al que se refiere el artículo 60.1, 
las sucursales de entidades de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea 
cve: BOE-A-2014-6726
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establecidas en España seguirán sujetas a la normativa de solvencia que les resultara de 
aplicación hasta la entrada en vigor de esta Ley, en lo que no sea contrario a lo dispuesto 
en el Reglamento 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
esta Ley y, en particular, las siguientes:
a) Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.
b) Ley 31/1968, de 27 de julio, de incompatibilidades y limitaciones de los 
Presidentes, Consejeros y altos cargos ejecutivos de la Banca privada.
c) Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 
obligaciones de información de los intermediarios financieros.
d) Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, por el que se adaptan las 
normas legales en materia de establecimientos de crédito al ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Económica Europea.
e) Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito.
f) El apartado 2 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.
g) El apartado g) de la Disposición final decimotercera de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada como 
sigue:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 44 ter, que queda redactado como sigue:
«1. La autorización para prestar servicios de compensación en calidad de 
entidad de contrapartida central, su revocación y su funcionamiento cuando dichas 
entidades estén establecidas en España, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida 
central y los registros de operaciones, por las disposiciones de esta Ley y cualquier 
otra normativa que resulte aplicable del ordenamiento jurídico o del Derecho de la 
Unión Europea.
2. La entidad de contrapartida central deberá estar reconocida como sistema 
a los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de 
liquidación de valores.
Para facilitar el ejercicio de sus funciones, las entidades de contrapartida 
central podrán acceder a la condición de participante o miembro de la Sociedad de 
Sistemas, de cualquier otra entidad nacional que tenga por función la llevanza del 
registro contable de valores representados por medio de anotaciones en cuenta 
autorizada de acuerdo con el artículo 44 bis.11, de las entidades extranjeras que 
ejerzan dicha función y la admitan como participante, de cualquier otro sistema de 
liquidación de valores e instrumentos financieros o de un mercado regulado o 
sistema multilateral de negociación, cuando cumplan con las condiciones que 
requiera cada sistema y la actuación de la entidad de contrapartida central en el 
mismo no comprometa la seguridad ni la solvencia de la misma.
3. Las entidades de contrapartida central revestirán la forma de sociedad 
anónima separada jurídicamente de la Sociedad de Sistemas, de cualquier otra 
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entidad que tenga por función la llevanza del registro contable de valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta, autorizadas de acuerdo con el 
artículo 44 bis.11 y de las entidades extranjeras que ejerzan dicha función.
4. Las entidades de contrapartida central elaborarán sus estatutos sociales 
así como un reglamento interno, que tendrá el carácter de norma de ordenación y 
disciplina del mercado de valores.
El reglamento interno regulará el funcionamiento de la entidad de contrapartida 
central y los servicios que presta. Los estatutos sociales regularán el funcionamiento 
interno de la entidad de contrapartida central como sociedad. El reglamento y los 
estatutos contendrán las obligaciones y los requisitos organizativos y 
procedimentales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, de 4 de julio. El Ministro de Economía y Competitividad o, 
mediante su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
podrán desarrollar la estructura y el contenido mínimo que deba tener el reglamento 
interno.
Sólo podrán acceder a la condición de miembro de las entidades de 
contrapartida central, las entidades a las que se refiere el artículo 37.2.a) a d) y f), 
el Banco de España y otras entidades residentes o no residentes que realicen 
actividades análogas en los términos y con las limitaciones que se prevean 
reglamentariamente y en el propio reglamento interno de la entidad de contrapartida 
central. El acceso de estas últimas a la condición de miembro estará sujeto a lo 
dispuesto en esta Ley, en su normativa de desarrollo, y en su reglamento interno, 
así como a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo, las entidades de contrapartida central elaborarán una memoria en la 
que deberán detallar la forma en que darán cumplimiento a los requisitos técnicos, 
organizativos, de funcionamiento, y de gestión de riesgos exigidos por el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio, para desempeñar sus funciones. El 
Ministro de Economía y Competitividad o, mediante su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán regular el modelo al que deba 
ajustarse dicha memoria. La entidad de contrapartida central mantendrá actualizada 
la citada memoria, cuyas modificaciones se remitirán a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, debidamente motivadas e incorporando, cuando afecten a la 
gestión de riesgos de conformidad con lo establecido en dicho Reglamento, el 
informe preceptivo del comité de riesgos y de la unidad u órgano interno que asuma 
la función de gestión de riesgos.
Con las excepciones que reglamentariamente se señalen, la modificación de 
los estatutos sociales de la entidad de contrapartida central o de su reglamento 
interno requerirá, previo informe del Banco de España, la autorización de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. El reglamento interno podrá ser 
completado mediante circulares aprobadas por la propia entidad de contrapartida 
central. Dichas circulares deberán ser comunicadas a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y al Banco de España en las veinticuatro horas siguientes a su 
adopción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá oponerse, así como 
suspender o dejar sin efecto las circulares cuando estime que las mismas infringen 
la legislación aplicable, o perjudican el funcionamiento prudente y seguro de la 
entidad de contrapartida central y de los mercados a los que presta servicio o la 
protección de los inversores.
El nombramiento de los miembros del consejo de administración, directores 
generales y asimilados de las entidades de contrapartida central estará sujeto a la 
previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las entidades de contrapartida central deberán contar al menos con un comité 
de auditoría, el comité de riesgos previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio, un comité de cumplimiento y un comité de 
nombramientos y remuneraciones. Adicionalmente, deberán contar con una unidad 
u órgano interno que asuma la función de gestión de riesgos, de manera 
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proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades. Esta unidad 
u órgano será independiente de las funciones operativas, tendrá autoridad, rango y 
recursos suficientes, y contará con el oportuno acceso al consejo de administración. 
Además deberán disponer de mecanismos y estructuras organizativas para que los 
usuarios y otros interesados puedan expresar sus opiniones sobre su 
funcionamiento, así como normas que tengan por objeto evitar los posibles 
conflictos de interés a los que pudiera verse expuesta como consecuencia de sus 
relaciones con accionistas, administradores y directivos, entidades participantes y 
clientes. Reglamentariamente se podrá desarrollar lo previsto en este párrafo.
La entidad de contrapartida central remitirá a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, antes del uno de diciembre de cada año, su presupuesto estimativo 
anual, en el que se expresarán detalladamente los precios y comisiones que vayan 
a aplicar, así como las ulteriores modificaciones que introduzcan en su régimen 
económico. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a la 
entidad de contrapartida central la ampliación de la documentación recibida y podrá 
establecer excepciones o limitaciones a los precios máximos de esos servicios 
cuando puedan afectar a la solvencia financiera de la entidad de contrapartida 
central, provocar consecuencias perturbadoras para el desarrollo del mercado de 
valores o los principios que lo rigen, o introducir discriminaciones injustificadas 
entre los distintos usuarios de los servicios de la entidad.
El Ministro de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá desarrollar la información que 
será necesaria aportar para evaluar la idoneidad de los accionistas que adquieran 
una participación cualificada en el capital de la entidad de contrapartida central de 
acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio.
5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la autoridad española 
que desempeñe las actividades de autorización y supervisión de las entidades de 
contrapartida central establecidas en España en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio.
6. La entidad de contrapartida central llevará el registro contable central 
correspondiente a los instrumentos financieros compensados junto con, en su 
caso, los miembros autorizados para llevar los registros de detalle correspondientes 
a los contratos de sus clientes.
La entidad de contrapartida central establecerá en su reglamento interno las 
condiciones de solvencia y los medios técnicos exigibles para que los miembros 
puedan ser autorizados a llevar los registros de los contratos de sus clientes, así 
como los procedimientos que salvaguarden la correspondencia entre el registro 
contable central y los registros de detalle. Las condiciones de solvencia y medios 
técnicos podrán diferir en función de los instrumentos financieros sobre los que 
dichos miembros intervengan en la llevanza del registro o en la compensación. 
Asimismo, la entidad de contrapartida central establecerá mecanismos de acceso a 
la información de los registros de detalle en los que los miembros mantengan los 
registros de contratos de sus clientes con el fin de identificar, vigilar y gestionar los 
posibles riesgos para la entidad derivados de las dependencias entre los miembros 
y sus clientes.
7. Las garantías que los miembros y los clientes constituyan de conformidad 
con el régimen contenido en el reglamento interno de la entidad de contrapartida 
central y en relación con cualesquiera operaciones realizadas en el ámbito de su 
actividad, sólo responderán frente a las entidades a cuyo favor se constituyeron y 
únicamente por las obligaciones derivadas de tales operaciones para con la entidad 
de contrapartida central o con los miembros de ésta, o derivadas de la condición de 
miembro de la entidad de contrapartida central.
El reglamento interno de la entidad y sus circulares podrán establecer los 
supuestos que determinen el vencimiento anticipado de todos los contratos y 
posiciones de un miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, lo 
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que, en los términos que se prevean en el citado reglamento y circulares, dará 
lugar a su compensación y a la creación de una única obligación jurídica que 
abarque todas las operaciones incluidas, y en virtud de la cual, las partes solo 
tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la compensación de 
dichas operaciones. Entre los supuestos anteriores podrá incluirse el impago de las 
obligaciones y la apertura de un procedimiento concursal en relación con los 
miembros y clientes o con la propia entidad de contrapartida central. Ese régimen 
de compensación  tendrá la consideración de acuerdo de compensación contractual 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para la Mejora de la 
Contratación Pública y sin perjuicio de la aplicación del régimen específico 
contenido en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre Sistemas de Pagos y de 
Liquidación de Valores.
Si un miembro o un cliente de un miembro dejara de atender, en todo o en 
parte, las obligaciones contraídas frente a la entidad de contrapartida central o 
frente al miembro, éstos podrán disponer de las garantías aportadas por el 
incumplidor, pudiendo a tal fin adoptar las medidas necesarias para su satisfacción 
en los términos que se establezcan en el reglamento de la entidad.
En caso de que algún miembro de una entidad de contrapartida central o 
alguno de sus clientes se vieran sometidos a un procedimiento concursal, la entidad 
de contrapartida central gozará de un derecho absoluto de separación respecto de 
las garantías que tales miembros o clientes hubieran constituido ante dicha entidad 
de contrapartida central. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después 
de la liquidación de las operaciones garantizadas se incorporará a la masa 
patrimonial concursal del cliente o del miembro.
En caso de que los clientes de los miembros de una entidad de contrapartida 
central se vieran sometidos a un procedimiento concursal, los miembros gozarán 
de un derecho absoluto de separación respecto a los instrumentos financieros y el 
efectivo en que estuvieran materializadas las garantías que sus clientes hubieran 
constituido a su favor de conformidad con el régimen contenido en el reglamento 
interno de la entidad de contrapartida central. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante 
que reste después de la liquidación de las operaciones, se incorporará a la masa 
patrimonial concursal del cliente.
Declarado el concurso de un miembro, la entidad de contrapartida central, 
dando previamente cuenta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
gestionará el traspaso de los contratos y posiciones que tuviera registrados por 
cuenta de los clientes, junto con los instrumentos financieros y el efectivo en que 
estuvieran materializadas las correspondientes garantías. A estos efectos, tanto el 
juez competente como los órganos del procedimiento concursal facilitarán a la 
entidad a la que vayan a traspasarse los contratos, registros contables y las 
garantías, la documentación y registros informáticos necesarios para hacer efectivo 
el traspaso. En el caso de que tal traspaso no pudiera llevarse a cabo, la entidad 
podrá acordar la liquidación de los contratos y posiciones que el miembro tuviera 
abiertos, incluyendo los que fueran por cuenta de sus clientes. En este supuesto, 
concluidas las actuaciones que deban llevarse a cabo en relación con las 
posiciones registradas y garantías constituidas por los clientes ante el miembro en 
cuestión, esos clientes tendrán un derecho de separación respecto del eventual 
sobrante.
Si la entidad de contrapartida central se viera sometida a un procedimiento 
concursal, y se procediese a la liquidación de todos los contratos y posiciones de 
un miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, los miembros y 
clientes que no hubieran incumplido sus obligaciones con la entidad de 
contrapartida central gozarán de un derecho absoluto de separación respecto del 
sobrante de las garantías que, habiéndose constituido a favor de la entidad de 
contrapartida central de conformidad con su reglamento interno, resulte de la 
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liquidación de las operaciones garantizadas con excepción de las contribuciones al 
fondo de garantía frente a incumplimientos.
8. La entidad de contrapartida central establecerá en su reglamento interno 
las reglas y procedimientos para hacer frente a las consecuencias que resulten de 
incumplimientos de sus miembros. Dichas reglas y procedimientos concretarán el 
modo en que se aplicarán los diversos mecanismos de garantía con que cuente la 
entidad de contrapartida central y las vías para reponerlos con el objetivo de 
permitir que la entidad de contrapartida central continúe operando de una forma 
sólida y segura.
9. Con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en la restante normativa nacional 
o de la Unión Europea que resulte aplicable, la entidad de contrapartida central 
podrá establecer acuerdos con otras entidades residentes y no residentes, cuyas 
funciones sean análogas o que gestionen sistemas de compensación y liquidación 
de valores. Dichos acuerdos, así como los que pueda celebrar con mercados o 
sistemas multilaterales de negociación, requerirán la aprobación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Banco de España, y deberán 
cumplir con los requisitos que se determinen reglamentariamente y en el reglamento 
interno de la propia entidad.»
Dos. Se da una nueva redacción al artículo 59, que queda redactado del siguiente 
modo:
«1. Podrán crearse mercados secundarios oficiales de futuros y opciones, de 
ámbito estatal, cuya forma de representación sea la de anotaciones en cuenta. 
Corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, autorizar dicha creación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis.
En el caso de mercados de ámbito autonómico, la autorización de la creación 
del mercado, así como el resto de autorizaciones y aprobaciones señaladas en 
este artículo corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la 
materia.
2. Estos mercados tendrán por objeto los contratos de futuros, de opciones y 
de otros instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea el activo 
subyacente, definidos por la sociedad rectora del mercado. La sociedad rectora 
organizará la negociación de los citados contratos.
La sociedad rectora del mercado asegurará por medio de una entidad de 
contrapartida central, previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, la contrapartida en todos los contratos que emita.
3. Podrán ser miembros de estos mercados las entidades a las que se refiere 
el artículo 37 de esta Ley. También podrán acceder a la condición de miembro, con 
capacidad restringida exclusivamente a la negociación, bien por cuenta propia o 
por cuenta de entidades de su grupo, aquellas entidades cuyo objeto social 
principal consista en la inversión en mercados organizados y reúnan las condiciones 
de medios y solvencia que establezca el Reglamento del mercado a que se refiere 
el apartado 7 de este artículo. En los mercados de futuros y opciones con 
subyacente no financiero, reglamentariamente se podrá determinar la adquisición 
de dicha condición por otras entidades distintas de las anteriormente señaladas, 
siempre que reúnan los requisitos de especialidad, profesionalidad y solvencia.
4. En los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones existirá, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 bis, una sociedad rectora, con forma de 
sociedad anónima, cuyas funciones básicas serán las de organizar, dirigir y 
supervisar la actividad del mercado. Estas sociedades no podrán realizar ninguna 
actividad de intermediación financiera, ni las actividades relacionadas en el 
artículo 63, a excepción de lo dispuesto en esta Ley.
5. La modificación de los estatutos sociales de la sociedad rectora requerirá 
la previa aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforme a 
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lo dispuesto en el artículo 31 bis, con las excepciones que reglamentariamente se 
señalen.
6. La sociedad rectora dispondrá de un consejo de administración con, al 
menos, cinco miembros, y, como mínimo, de un director general. Una vez recibida 
la autorización inicial, los nuevos nombramientos deberán ser aprobados por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en su caso, por la Comunidad 
Autónoma con competencia en la materia, a los efectos de comprobar que los 
nombrados reúnen los requisitos del artículo 67.2.f) de esta Ley.
7. Estos mercados, además de regirse por las normas previstas en esta Ley y 
su normativa de desarrollo, se regirán por un reglamento específico, que tendrá el 
carácter de norma de ordenación y disciplina del Mercado de Valores, cuya 
aprobación y modificación se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 31 
bis. En el citado reglamento se detallarán las clases de miembros, con 
especificación de los requisitos técnicos y de solvencia que deberán reunir en 
relación con las diversas actividades que desarrollen en el mercado, los contratos 
propios del mercado, las relaciones jurídicas de la sociedad rectora y de los 
miembros del mercado con los clientes que actúen en el mercado, las normas de 
supervisión, el régimen de contratación, así como cualesquiera otros aspectos que 
se precisen reglamentariamente.»
Tres. Las letras e) y f) del artículo 63.1 quedan redactadas como sigue:
«e) La colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso 
firme.
f) El aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos 
financieros sobre la base de un compromiso firme.»
Cuatro.  Los apartados 2 y 5 del artículo 65 bis quedan redactados del siguiente 
modo:
«2. Los agentes deberán cumplir los requisitos de honorabilidad, conocimiento 
y experiencia del artículo 67.2.f).»
«5. Las empresas de servicios de inversión que contraten agentes deberán 
comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien los inscribirá en 
el registro señalado en el artículo 92, previa inscripción de los poderes en el 
Registro Mercantil y una vez comprobado que el agente reúne acreditada 
honorabilidad, conocimiento y experiencia para poder comunicar con precisión al 
cliente o al posible cliente toda la información pertinente sobre el servicio propuesto. 
La inscripción en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores será 
requisito necesario para que los agentes puedan iniciar su actividad.
Cuando la empresa de servicios de inversión concluya su relación con un 
agente, deberá comunicarlo inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, para su anotación en el correspondiente registro.
Cuando una empresa de servicios de inversión española recurra a un agente 
vinculado establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea, el agente 
vinculado se inscribirá en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores cuando el Estado miembro en el que esté establecido no permita a sus 
empresas de servicios de inversión nacionales la utilización de agentes vinculados.»
Cinco. El último párrafo del artículo 66.4 queda redactado del siguiente modo:
«Esa consulta alcanzará, en especial, a la evaluación de la idoneidad de los 
accionistas y a la honorabilidad, conocimiento y experiencia de los administradores 
y directivos de la nueva entidad o de la entidad dominante, y podrá reiterarse para 
la evaluación continuada del cumplimiento, por parte de las empresas de servicios 
de inversión españolas, de dichos requisitos.»
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Seis. El artículo 67 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 67.  Denegación de la autorización y requisitos de acceso.
1. El Ministro de Economía y Competitividad o, en el caso de las empresas de 
asesoramiento financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sólo podrá 
denegar la autorización para constituir una empresa de servicios de inversión por 
las siguientes causas:
a) Cuando se incumplan los requisitos legales y reglamentarios previstos para 
obtener y conservar la autorización.
b) Cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y 
prudente de la entidad, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas 
que vayan a tener una participación significativa, tal como se define en el artículo 69. 
Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de:
1.º La honorabilidad de los accionistas.
2.º Los medios patrimoniales con que cuenten dichos accionistas para 
atender los compromisos asumidos.
3.º La posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma inapropiada al 
riesgo de las actividades no financieras de sus promotores; o, cuando tratándose 
de actividades financieras, la estabilidad o el control de la entidad puedan quedar 
afectadas por el alto riesgo de aquéllas.
Las referencias efectuadas a los accionistas en este artículo se entenderán 
realizadas a los empresarios en el caso de las empresas de asesoramiento 
financiero que sean personas físicas.
c) La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente 
pueda pertenecer la entidad, o la existencia de vínculos estrechos con otras 
empresas de servicios de inversión u otras personas físicas o jurídicas que impidan 
el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y, en general, la existencia de graves dificultades para 
inspeccionarla u obtener la información que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores estime necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones 
supervisoras.
d) Cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un 
Estado no miembro de la Unión Europea por las que se rijan las personas físicas o 
jurídicas con las que la empresa de inversión mantenga vínculos estrechos, o las 
dificultades que suponga su aplicación, impidan el ejercicio efectivo de las 
funciones de supervisión.
e) La falta de honorabilidad, conocimiento y experiencia, y capacidad para 
ejercer un buen gobierno de la empresa por parte de los miembros del consejo de 
administración y de las personas que se encarguen de la dirección efectiva de la 
sociedad financiera mixta de cartera, cuando la empresa de servicios de inversión 
vaya a ser dependiente de aquélla como integrante de un conglomerado financiero.
f) La existencia de graves conflictos de interés entre los cargos, 
responsabilidades o funciones ostentados por los miembros del consejo de 
administración de la empresa de servicios de inversión y otros cargos, 
responsabilidades o funciones que ostenten de forma simultánea.
2. Serán requisitos para que una entidad obtenga su autorización como 
empresa de servicios de inversión los siguientes:
a) Que tenga por objeto social exclusivo la realización de las actividades que 
sean propias de las empresas de servicios de inversión, según esta Ley.
b) Que revista la forma de sociedad anónima, constituida por tiempo 
indefinido, y que las acciones integrantes de su capital social tengan carácter 
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nominativo. Reglamentariamente, podrá preverse que la empresa de servicios de 
inversión revista otra forma de sociedad cuando se trate de empresas de 
asesoramiento financiero que sean personas jurídicas.
c) Que cuando se trate de una entidad de nueva creación se constituya por el 
procedimiento de fundación simultánea y que sus fundadores no se reserven 
ventajas o remuneraciones especiales de clase alguna.
d) La existencia de un capital social mínimo totalmente desembolsado en 
efectivo y de los recursos propios mínimos que reglamentariamente se determinen 
en función de los servicios y actividades que se presten y del volumen previsto de 
su actividad.
Cuando se trate de empresas de servicios de inversión que únicamente estén 
autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a 
recibir y transmitir órdenes de inversores sin mantener fondos o valores mobiliarios 
que pertenezcan a clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en 
situación deudora respecto de dichos clientes, deberán suscribir un capital social 
mínimo o un seguro de responsabilidad profesional, o bien una combinación de 
ambos, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente.
e) Que cuente con al menos tres administradores o, en su caso que el consejo 
de administración, esté formado por no menos de tres miembros. 
Reglamentariamente, podrá exigirse un número mayor de administradores, en 
función de los servicios de inversión y auxiliares que la entidad vaya a prestar. En 
el caso de las empresas de asesoramiento financiero que sean personas jurídicas, 
la entidad podrá designar un administrador único.
f) Que los presidentes, vicepresidentes, consejeros o administradores, 
directores generales y asimilados a estos últimos, posean reconocida honorabilidad, 
conocimiento y experiencia para el adecuado ejercicio de sus funciones y estén en 
disposición de ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión. 
En el caso de entidades dominantes de empresas de servicios de inversión, el 
requisito de honorabilidad también deberá concurrir en los presidentes, 
vicepresidentes, consejeros o administradores, directores generales y asimilados a 
estos últimos y la mayoría de los miembros del consejo de administración deberán 
poseer conocimiento y experiencia para el adecuado ejercicio de sus funciones.
Asimismo, los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia deberán 
concurrir en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos 
clave para el desarrollo diario de la actividad de una empresa de servicios de 
inversión y de su entidad dominante, conforme establezca la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.
g) Que cuente con los procedimientos, medidas y medios necesarios para 
cumplir los requisitos de organización previstos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 70 ter de esta Ley.
h) Que cuente con la existencia de un reglamento interno de conducta, 
ajustado a las previsiones de esta Ley, así como con mecanismos de control y de 
seguridad en el ámbito informático y de procedimientos de control interno 
adecuados, incluido, en particular, un régimen de operaciones personales de los 
consejeros, directivos, empleados y apoderados de la empresa.
i) Que se adhiera al Fondo de Garantía de Inversiones previsto en el Título VI 
de esta Ley, cuando la regulación específica de éste así lo requiera. Este requisito 
no resultará exigible a las empresas de servicios de inversión previstas en el 
artículo 64.1.d) de esta Ley.
j) Que haya presentado un plan de negocios que acredite razonablemente 
que el proyecto de empresa de servicios de inversión es viable en el futuro.
k) Que haya presentado documentación adecuada sobre las condiciones y 
los servicios, funciones o actividades que vayan a ser subcontratadas o 
externalizadas, de forma que pueda verificarse que este hecho no desnaturaliza o 
deja sin contenido la autorización solicitada.
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l) Que cuente con procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.
En el desarrollo reglamentario de los requisitos previstos en este apartado 
deberá tenerse en cuenta la clase de empresa de servicios de inversión de que se 
trate y el tipo de actividades que realice, en especial, en relación con el 
establecimiento del capital social mínimo y de los recursos propios mínimos, 
previstos en la letra d) anterior.
Cuando la sociedad rectora del mercado secundario oficial solicite la 
autorización y las personas que gestionen el sistema multilateral de negociación 
sean las mismas que las que gestionan dicho mercado, se presumirá que esas 
personas cumplen los requisitos establecidos en la letra f) anterior.
3. Además, cuando la solicitud de autorización se refiera a la prestación del 
servicio de gestión de un sistema multilateral de negociación, la empresa de 
servicios de inversión, la sociedad rectora o, en su caso, la entidad constituida al 
efecto por una o varias sociedades rectoras, deberán someter a la aprobación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores un Reglamento de funcionamiento que, 
sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas en el artículo 120, deberá:
a) Establecer normas claras y transparentes que regulen el acceso al sistema 
multilateral de negociación de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
artículo 37.2 y que fijen los criterios para determinar los instrumentos financieros 
que puedan negociarse en el sistema.
b) Establecer normas y procedimientos que regulen la negociación en estos 
sistemas de manera justa y ordenada, estableciendo criterios objetivos que 
permitan una ejecución eficaz de las órdenes.
4. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2:
a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta 
personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para 
desempeñar una gestión sana y prudente de la empresa de servicios de inversión.
Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la 
información disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen 
reglamentariamente. En todo caso, dicha información deberá incluir la relativa a la 
condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de 
infracciones administrativas.
b) Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones 
en las empresas de servicios de inversión quienes cuenten con la formación de 
nivel y perfil adecuado, en particular, en las áreas de valores y servicios financieros, 
y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante un tiempo 
suficiente.
c) Se tendrán en cuenta a efectos de valorar la disposición de los miembros 
del consejo de administración para ejercer un buen gobierno de la empresa de 
servicios de inversión, la presencia de potenciales conflictos de interés que generen 
influencias indebidas de terceros y la capacidad de dedicar el tiempo suficiente 
para llevar a cabo las funciones correspondientes.
5. Las empresas de asesoramiento financiero que sean personas físicas 
deberán cumplir los siguientes requisitos para obtener la correspondiente 
autorización:
a) Tener adecuada honorabilidad, conocimientos y experiencia de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2.f) anterior.
b) Cumplir con los requisitos financieros que se establezcan reglamentariamente.
c) Cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 2.g) y h) anterior, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente.»
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Siete. Se crea un nuevo artículo 67 bis.
«Artículo 67 bis.  Régimen de incompatibilidades y limitaciones.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará el número 
máximo de cargos que un miembro del consejo de administración o un director 
general o asimilado puede ocupar simultáneamente teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares y la naturaleza, dimensión y complejidad de las 
actividades de la entidad.
Los miembros del consejo de administración con funciones ejecutivas y los 
directores generales y asimilados de empresas de servicios de inversión no podrán 
ocupar al mismo tiempo más cargos que los previstos para las entidades de crédito 
en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades de Crédito.
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar a los cargos 
mencionados en el apartado anterior a ocupar un cargo no ejecutivo adicional si 
considera que ello no impide el correcto desempeño de sus actividades en la 
empresa de servicios de inversión. Dicha autorización deberá ser comunicada a la 
Autoridad Bancaria Europea.
3. No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas 
de servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes:
a) No están autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el 
artículo 63.2.a),
b) Prestan únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 
enumerados en el artículo 63.1 a), b) d) y g); y
c) No se les permite tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, 
por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos 
clientes.»
Ocho. Se eliminan los apartados 3 y 4 del artículo 70 y se da una nueva redacción al 
apartado 2, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así 
como las empresas de servicios de inversión no integradas en un grupo 
consolidable, excepto a las que se refiere el segundo párrafo de la letra a) del 
apartado anterior, dispondrán específicamente de estrategias y procedimientos 
sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de forma permanente 
los importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren adecuados 
para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o puedan estar 
expuestos. Dichas estrategias y procedimientos serán periódicamente objeto de 
examen interno a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionales a 
la índole, escala y complejidad de las actividades de la entidad interesada.»
Nueve. El artículo 70 bis queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70 bis.  Información sobre solvencia.
1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como 
las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos 
consolidables, deberán hacer pública, en cuanto sea posible y al menos con 
periodicidad anual, debidamente integrada en un solo documento denominado 
«Información sobre solvencia», la información a la que se refiere la parte octava del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y en los términos en los que en 
dicha parte se establecen.
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a las empresas 
matrices que publiquen con periodicidad anual, ya sea íntegramente o mediante 
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referencias a información equivalente, una descripción de su estructura jurídica y 
gobierno y de la estructura organizativa del grupo.
3. La divulgación, en cumplimiento de los requerimientos de la legislación 
mercantil o del mercado de valores, de los datos a que se refiere el apartado 1, no 
eximirá de su inclusión en el documento «Información sobre solvencia» en la forma 
prevista por dicho apartado.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a las entidades 
obligadas a divulgar la información a que se refiere el apartado 1:
a) La verificación por auditores de cuentas o expertos independientes, o por 
otros medios satisfactorios a su juicio, de las informaciones que no estén cubiertas 
por la auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del 
Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, respecto del régimen de independencia al que se 
encuentran sujetos los auditores de cuentas.
b) La divulgación de una o varias de dichas informaciones, bien de manera 
independiente en cualquier momento, bien con frecuencia superior a la anual, y a 
que establezcan plazos máximos para la divulgación.
c) El empleo para la divulgación de medios y lugares distintos de los estados 
financieros.
5. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 70.1.a).
Diez. Se añade el siguiente artículo 70 bis.Uno:
«Artículo 70 bis.Uno.  Informe anual de empresas de servicios de inversión.
1. Las empresas de servicios de inversión remitirán a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y publicarán anualmente, especificando los países en 
donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada para cada 
ejercicio:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos.
e) Impuestos sobre el resultado.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
2. La información a la que se refiere el apartado anterior será publicada como 
anexo de los estados financieros de la entidad auditados de acuerdo con la 
normativa reguladora de auditoría de cuentas.
3. Las entidades harán público en su informe anual de empresas de servicios 
de inversión, entre los indicadores clave, el rendimiento de sus activos, que se 
calculará dividiendo el beneficio neto por el balance total.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá disponibles estos 
informes en su página web.
5. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 70.1.a).»
Once. El artículo 70 ter queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70 ter.  Normas de gobierno corporativo y requisitos de organización interna.
1. Las empresas de servicios de inversión ejercerán su actividad con respeto 
a las normas de gobierno corporativo y los requisitos de organización interna 
establecidos en esta Ley y demás legislación aplicable.
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2. Las empresas de servicios de inversión y las restantes entidades que, de 
conformidad con lo dispuesto en este Título, presten servicios de inversión deberán 
definir y aplicar políticas y procedimientos adecuados para garantizar que la 
empresa, sus directivos, su personal y sus agentes cumplan las obligaciones que 
la normativa del Mercado de Valores les impone.
A tal efecto deberán:
a) En el caso de las empresas de servicios de inversión, contar con sólidos 
procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, 
adecuada y proporcionada conforme al carácter, escala y complejidad de sus 
actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y 
coherentes. Y, en el caso de las restantes entidades que presten servicios de 
inversión, de conformidad con lo dispuesto en este título, con una estructura 
organizativa igualmente clara, adecuada y proporcionada conforme al carácter, 
escala y complejidad de los servicios de inversión que presten.
b) Disponer de una unidad que garantice el desarrollo de la función de 
cumplimiento normativo bajo el principio de independencia con respecto a aquellas 
áreas o unidades que desarrollen las actividades de prestación de servicios de 
inversión sobre las que gire el ejercicio de aquella función. Deberá asegurarse la 
existencia de procedimientos y controles para garantizar que el personal cumple 
las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.
La función de cumplimiento normativo deberá controlar y evaluar regularmente 
la adecuación y eficacia de los procedimientos establecidos para la detección de 
riesgos, y las medidas adoptadas para hacer frente a posibles deficiencias así 
como asistir y asesorar a las personas competentes responsables de la realización 
de los servicios de inversión para el cumplimiento de las funciones.
c) Disponer de sistemas de información que aseguren que su personal 
conoce las obligaciones, riesgos y responsabilidades derivadas de su actuación y 
la normativa aplicable a los servicios de inversión que presten.
d) Disponer de medidas administrativas y de organización adecuadas para 
evitar que los posibles conflictos de interés regulados en el artículo 70.quáter 
perjudiquen a sus clientes.
Asimismo deberán establecer medidas de control de las operaciones que 
realicen, con carácter personal, los miembros de sus órganos de administración, 
empleados, agentes y demás personas vinculadas a la empresa, cuando tales 
operaciones puedan entrañar conflictos de interés o vulnerar, en general, lo 
establecido en esta Ley.
e) Llevar registros de todas las operaciones sobre valores e instrumentos 
financieros y servicios de inversión que presten de forma que se pueda comprobar 
que han cumplido todas las obligaciones que la presente Ley les impone en relación 
con sus clientes.
Los datos que se deben incluir en los registros de operaciones están 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto 
de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un 
registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la 
admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos 
de dicha Directiva. Los demás extremos relativos a la obligación de llevanza del 
registro se determinarán reglamentariamente.
Asimismo deberán informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 
la forma que reglamentariamente se determine, de las operaciones que efectúen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 bis.
f) Adoptar las medidas adecuadas para proteger los instrumentos financieros 
que les confían sus clientes y evitar su utilización indebida. En particular, no podrán 
utilizar por cuenta propia los instrumentos financieros de los clientes, salvo cuando 
éstos manifiesten su consentimiento expreso. Asimismo, deberán mantener una 
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separación efectiva entre los valores e instrumentos financieros de la empresa y 
los de cada cliente. Los registros internos de la entidad deberán permitir conocer, 
en todo momento y sin demora, y especialmente en caso de insolvencia de la 
empresa, la posición de valores y operaciones en curso de cada cliente.
Iniciado el procedimiento concursal de una entidad depositaria de valores, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del 
Banco de España, podrá disponer de forma inmediata el traslado a otra entidad 
habilitada para desarrollar esta actividad, de los valores depositados por cuenta de 
sus clientes, incluso si tales activos se encuentran depositados en terceras 
entidades a nombre de la entidad que preste el servicio de depósito. A estos 
efectos, tanto el juez competente como los órganos del procedimiento concursal 
facilitarán el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la 
documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo 
el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se haga 
llegar al cliente titular de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus 
derechos económicos o de su venta.
g) Elaborar y mantener actualizado un Plan general de viabilidad que 
contemple las medidas que se vayan a adoptar para restaurar la viabilidad y la 
solidez financiera de la empresa de servicios de inversión en caso de que estas 
sufran algún deterioro significativo. El plan será sometido a aprobación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores que podrá exigir la modificación de su 
contenido.
3. Asimismo, las entidades que presten servicios de inversión deberán:
a) Disponer de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y 
comunicación de los riesgos a los que estén expuestas o puedan estarlo, y disponer 
de mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables adecuados. Asimismo, deberán contar con políticas y 
prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión adecuada y 
eficaz de riesgos y que la promuevan.
La organización deberá contar con un órgano de verificación que desempeñe la 
función de auditoría interna bajo el principio de independencia con respecto a 
aquellas áreas o unidades que desarrollen las actividades de prestación de 
servicios de inversión sobre las que gire el ejercicio de aquella función.
La función de auditoría interna deberá elaborar y mantener un plan de auditoría 
dirigido a examinar y evaluar la adecuación y eficacia de los sistemas, mecanismos 
de control interno y disposiciones de la empresa de servicios de inversión, formular 
recomendaciones a partir de los trabajos realizados en ejecución del mismo y 
verificar su cumplimiento.
b) Adoptar medidas adecuadas para garantizar, en caso de incidencias, la 
continuidad y regularidad en la prestación de sus servicios. Deberán contar, 
especialmente, con mecanismos de control y salvaguarda de sus sistemas 
informáticos y con planes de contingencia ante daños o catástrofes.
c) Adoptar las medidas adecuadas, en relación con los fondos que les confían 
sus clientes, para proteger sus derechos y evitar una utilización indebida de 
aquéllos. Las entidades no podrán utilizar por cuenta propia fondos de sus clientes, 
salvo en los supuestos excepcionales que puedan establecerse reglamentariamente 
y siempre con consentimiento expreso del cliente. Los registros internos de la 
entidad deberán permitir conocer, en todo momento y sin demora, y especialmente 
en caso de insolvencia de la empresa, la posición de fondos de cada cliente.
En particular, las cuentas que mantengan a nombre de clientes serán de 
carácter instrumental y transitorio y deberán estar relacionadas con la ejecución de 
operaciones realizadas por cuenta de ellos. Los clientes de la entidad mantendrán 
el derecho de propiedad sobre los fondos entregados a la entidad incluso cuando 
éstos se materialicen en activos a nombre de la entidad y por cuenta de clientes.
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d) Adoptar las medidas necesarias para que el riesgo operacional no aumente 
de forma indebida cuando confíen a un tercero la realización de servicios de 
inversión o el ejercicio de funciones esenciales para la prestación de los servicios 
de inversión. Cuando se deleguen en terceros funciones de control interno, las 
entidades cuidarán que ello no disminuya su capacidad de control interno y 
garantizarán el necesario acceso del supervisor competente a la información. En 
ningún caso podrán delegar funciones en terceros cuando ello disminuya la 
capacidad de control interno o la de supervisión del órgano supervisor competente. 
Corresponderá a la entidad comprobar que la persona o entidad en la que pretenda 
delegar funciones cumple los requisitos establecidos en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo.
Las entidades de crédito que presten servicios de inversión deberán respetar 
los requisitos de organización interna contemplados en este apartado, con las 
especificaciones que reglamentariamente se determinen, correspondiendo al 
Banco de España las facultades de supervisión, inspección y sanción de estos 
requisitos. A las citadas entidades no les resultará aplicable la prohibición de utilizar 
por cuenta propia los fondos de sus clientes que se establece en la letra c) anterior.
4. Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en este artículo 
serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los 
riesgos inherentes al modelo empresarial y a las actividades de la entidad. 
Asimismo se configurarán con arreglo a criterios técnicos que garanticen una 
adecuada gestión y el tratamiento de los riesgos que reglamentariamente se 
determinen.
Reglamentariamente se establecerá el contenido y requisitos de los 
procedimientos, registros y medidas señaladas en este artículo. Asimismo, 
reglamentariamente se establecerán los requisitos de organización interna exigibles 
a las empresas de asesoramiento financiero que sean personas físicas.
5. En todo grupo de empresas de servicios de inversión, cada una de las 
entidades financieras integradas deberá adoptar las medidas precisas para resolver 
adecuadamente los posibles conflictos de interés entre los clientes de distintas 
entidades del grupo.
6. El consejo de administración de las empresas de servicios de inversión 
deberá definir un sistema de gobierno corporativo que garantice una gestión eficaz 
y prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones en la 
organización y la prevención de conflictos de intereses.
El consejo de administración vigilará la aplicación del sistema de gobierno 
corporativo y responderá de ella. Para ello deberá controlar y evaluar 
periódicamente la eficacia del sistema y adoptar las medidas adecuadas para 
solventar sus deficiencias.
7. El sistema de gobierno corporativo se regirá por los siguientes principios:
a) La responsabilidad de la administración y gestión de la entidad, la 
aprobación y vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia 
de riesgo y su gobierno interno, recaerá en el consejo de administración.
b) El consejo de administración garantizará la integridad de los sistemas de 
información contable y financiera, incluidos el control financiero y operativo y el 
cumplimiento de la legislación aplicable.
c) El consejo de administración deberá supervisar el proceso de divulgación 
de información y las comunicaciones relativas a la empresa de servicios de 
inversión.
d) El consejo de administración es responsable de garantizar una supervisión 
efectiva de la alta dirección.
e) El presidente del consejo de administración no podrá ejercer 
simultáneamente el cargo de consejero delegado, salvo que la entidad lo justifique 
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo autorice.
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8. Las empresas de servicios de inversión deberán contar, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades 
y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación 
continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores 
generales o asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno 
u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la empresa de 
servicios de inversión, conforme a lo establecido en este apartado.
La valoración de la idoneidad de los cargos anteriores de conformidad con los 
criterios de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en esta Ley se 
producirá tanto por la propia empresa de servicios de inversión, como por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los términos que se prevean 
reglamentariamente.
Las empresas de servicios de inversión deberán velar en todo momento por el 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en esta Ley.
9. Las empresas de servicios de inversión contarán con una página web 
donde darán difusión a la información pública prevista en este Capítulo y 
comunicarán el modo en que cumplen las obligaciones de gobierno corporativo.
10. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se equiparará el consejo de 
administración a cualquier órgano equivalente de las empresas de servicios de 
inversión.»
Doce. Se añade un nuevo artículo 70 ter.Uno:
«Artículo 70 ter.Uno. Comité de nombramientos.
1. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de 
nombramientos, integrado por miembros del consejo de administración que no 
desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores podrá determinar que una empresa de servicios de inversión, en razón 
a su tamaño, su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa 
complejidad de sus actividades, pueda constituir el citado comité de manera 
conjunta con el comité de remuneraciones, o bien quede exenta de este requisito.
2. El comité de nombramientos establecerá un objetivo de representación 
para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará 
orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
3. No obstante lo señalado en el apartado 1, este artículo no será de 
aplicación a las empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos 
siguientes:
a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el 
artículo 63.2.a).
b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 
enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g).
c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes 
y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de 
dichos clientes.
Este artículo tampoco será de aplicación a aquellas empresas de servicios de 
inversión autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el 
artículo 63.1.h).»
Trece. Se añade un nuevo artículo 70 ter.Dos:
«Artículo 70 ter.Dos. Obligaciones en materia de remuneraciones.
1. Las empresas de servicios de inversión dispondrán, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de políticas 
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de remuneraciones coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y 
efectiva.
2. La política de remuneraciones se aplicará a las categorías de empleados 
cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en su perfil de 
riesgo, a nivel de grupo, sociedad matriz y filial. En particular, se aplicará a los altos 
directivos, a los empleados que asumen riesgos para la empresa de servicios de 
inversión, a los que ejercen funciones de control, así como a todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración 
que los anteriores, cuyas actividades profesionales incidan de manera importante 
en el perfil de riesgo de la entidad.
3. Las empresas de servicios de inversión presentarán a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores cuanta información ésta les requiera para el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de remuneraciones y, en particular, una lista 
indicando las categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de 
manera significativa en su perfil de riesgo. Esta lista habrá de presentarse 
anualmente y, en todo caso, cuando se hayan producido alteraciones significativas 
en las listas presentadas.
4. La política de remuneraciones se determinará de conformidad con los 
principios generales previstos para las entidades de crédito en el artículo 33 de la 
Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.
5. En lo que respecta a los elementos variables de la remuneración se 
aplicarán los principios previstos para las entidades de crédito en el artículo 34 de 
la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.
6. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de 
remuneraciones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar 
que una empresa de servicios de inversión, en razón a su tamaño, su organización 
interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades, pueda 
constituir el citado comité de manera conjunta con el comité de nombramientos, o 
bien quede exenta de este requisito.
No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes:
a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 
63.2.a).
b) Prestar únicamente uno de los servicios o actividades de inversión 
enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g).
c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes 
y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de 
dichos clientes.
Este artículo tampoco será de aplicación a aquellas empresas de servicios de 
inversión autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el 
artículo 63.1 h).
7. En el caso de empresas de servicios de inversión que reciban apoyo 
financiero público, se aplicarán, además de las reglas establecidas en el artículo 33 
de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de 
Crédito, las contenidas, para las entidades de crédito, en el artículo 35 de dicha 
Ley y su normativa de desarrollo, con las adaptaciones que, en su caso, fueran 
necesarias debido a la naturaleza de la entidad.»
Catorce. Se añade un nuevo artículo 70 ter. Tres:
«Artículo 70 ter.  Tres. Gestión del riesgo y comité de riesgos.
1. El consejo de administración es el responsable de los riesgos que asuma 
una empresa de servicios de inversión. A estos efectos, las empresas de servicios 
de inversión deberán establecer canales eficaces de información al consejo de 
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administración sobre las políticas de gestión de riesgos de la empresa y todos los 
riesgos importantes a los que esta se enfrenta.
2. En el ejercicio de su responsabilidad sobre gestión de riesgos, el consejo 
de administración deberá:
a) Dedicar tiempo suficiente a la consideración de las cuestiones relacionadas 
con los riesgos. En particular, participará activamente en la gestión de todos los 
riesgos sustanciales contemplados en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, y en las normas de solvencia establecidas en esta Ley y sus disposiciones de 
desarrollo, velará por que se asignen recursos adecuados para la gestión de 
riesgos, e intervendrá, en particular, en la valoración de los activos, el uso de 
calificaciones crediticias externas y los modelos internos relativos a estos riesgos.
b) Aprobar y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción, 
gestión, supervisión y reducción de los riesgos a los que la empresa de servicios 
de inversión esté o pueda estar expuesta, incluidos los que presente la coyuntura 
macroeconómica en que opera en relación con la fase del ciclo económico.
3. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de una unidad u 
órgano que asuma la función de gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, 
escala y complejidad de sus actividades, independiente de las funciones operativas, 
que tenga autoridad, rango y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al 
consejo de administración.
4. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de 
riesgos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar que una 
empresa de servicios de inversión, en razón a su tamaño, su organización interna, 
la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades, pueda asignar 
las funciones del comité de riesgo a la comisión mixta de auditoría o bien quede 
exenta de la constitución de este comité.
No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes:
a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 
63.2.a).
b) Prestar únicamente uno de los servicios o actividades de inversión 
enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g).
c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes 
y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de 
dichos clientes.
Este artículo tampoco será de aplicación a aquellas empresas de servicios de 
inversión autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el 
artículo 63.1.h).»
Quince. Se da una nueva redacción al artículo 70 quinquies:
«Artículo 70 quinquies.  Requisito combinado de colchones de capital.
1. Las empresas de servicios de inversión deberán cumplir en todo momento 
el requisito combinado de colchones de capital, entendido, como el total del capital 
de nivel 1 ordinario definido en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón 
de conservación de capital, más, si procede:
a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM).
c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica (OEIS).
d) Un colchón contra riesgos sistémicos.
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Esta obligación se cumplirá sin perjuicio de los requisitos de recursos propios 
establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y 
de aquellos otros que, en su caso, pueda exigir la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, en virtud de lo establecido en el artículo 87 octies.
2. Estos colchones se calcularán conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del 
Título II de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades 
de Crédito.
3. No obstante lo anterior, estos colchones no se aplicarán a las empresas de 
servicios de inversión no autorizadas a realizar las actividades establecidas en las 
letras c) y f) del artículo 63.1.
Asimismo, no serán de aplicación a las pequeñas y medianas empresas de 
servicios de inversión, siempre que, a juicio de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, ello no suponga una amenaza para la estabilidad del sistema financiero 
español, el colchón de conservación del capital y el colchón anticíclico.
A estos efectos se entenderá por pequeña y mediana empresa la definida de 
conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
4. El capital ordinario de nivel 1 requerido para satisfacer cada uno de los 
distintos colchones conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no podrá ser 
utilizado para satisfacer el resto de colchones y los requisitos de recursos propios a 
los que se refiere el último párrafo del apartado 1, salvo lo dispuesto por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en relación con los colchones para entidades de 
importancia sistémica y los colchones contra riesgos sistémicos.
5. El cumplimiento de los requisitos de colchones de capital deberá realizarse 
de manera individual, consolidada o subconsolidada de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente, con arreglo a la parte primera, Título II, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
6. Cuando una empresa o grupo incumpla la obligación establecida en el 
apartado 1, quedará sujeta a restricciones en materia de distribuciones relacionadas 
con el capital ordinario de nivel 1, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito y 
deberá presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un plan de 
conservación de capital conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de dicha Ley.»
Dieciséis. Se introduce un nuevo artículo 70 sexies, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 70 sexies.  Notificación de infracciones.
Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de procedimientos 
adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a 
través de un canal independiente, específico y autónomo.
Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad tanto de la 
persona que informa de las infracciones como de las personas físicas 
presuntamente responsables de la infracción.
Asimismo, deberá garantizarse que los empleados que informen de las 
infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, 
discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.»
Diecisiete. El párrafo quinto del artículo 71 bis.2 queda redactado como sigue:
«La Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá la responsabilidad de 
asegurarse que los servicios prestados por la sucursal en territorio español cumplen 
las obligaciones establecidas en los artículos 59 bis, 79, 79 bis, 79 ter, 79 sexies y 
las obligaciones establecidas en el Capítulo III del Título XI y las medidas adoptadas 
de conformidad con los mismos. Consiguientemente, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores tendrá derecho a examinar las medidas adoptadas por la 
sucursal y a pedir las modificaciones estrictamente necesarias para garantizar el 
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cumplimiento de lo dispuesto en tales artículos y en las medidas adoptadas de 
conformidad con los mismos, respecto de los servicios o actividades prestados por 
la sucursal en territorio español.»
Dieciocho. Se modifica el primer párrafo de la letra e) del artículo 78 bis.3 que queda 
redactado como sigue:
«e) Los demás clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de 
forma expresa a su tratamiento como clientes minoristas. No obstante, en ningún 
caso se considerará que los clientes que soliciten ser tratados como profesionales 
poseen unos conocimientos y una experiencia del mercado comparables a las 
categorías de clientes profesionales enumeradas en las letras a) a d) de este 
apartado.»
Diecinueve.  Se modifica el párrafo d) del artículo 79 bis.8 que queda redactado 
como sigue:
«d) que la entidad cumpla lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.d).»
Veinte. Se modifica el artículo 79 quáter que queda redactado como sigue:
«Artículo 79 quáter.  Servicios de inversión como parte de un producto financiero.
Las obligaciones de información y registro contempladas en los artículos 79 bis 
y 79 ter anteriores serán de aplicación a los servicios de inversión que se ofrezcan 
como parte de otros productos financieros, sin perjuicio de la aplicación a estos 
últimos de su normativa específica, especialmente aquélla relacionada con la 
valoración de los riesgos y los requisitos de información a suministrar a los 
clientes.»
Veintiuno. Se añade un nuevo apartado 5 bis al artículo 84:
«5 bis. Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras 
mixtas de carteras y las sociedades mixtas de cartera, de acuerdo con el artículo 
4.1.20 y 21, respectivamente, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, 
entre cuyas filiales se encuentren empresas de servicios de inversión.»
Veintidós. Se añade un nuevo artículo 84 bis:
«Artículo 84 bis.  Programa supervisor.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará, al menos una vez 
al año, un programa supervisor en relación con las siguientes empresas de 
servicios de inversión:
a) Aquellas cuyos resultados en las pruebas de resistencia, a que se refiere el 
apartado 3, o en el proceso de supervisión y evaluación, pongan de manifiesto la 
existencia de riesgos significativos para su solidez financiera o revelen el 
incumplimiento de la normativa de solvencia.
b) Las que suponen un riesgo sistémico para el sistema financiero.
c) Cualesquiera otras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
considere necesario en el ejercicio de sus funciones supervisoras.
2. Este programa contendrá al menos la información a la que se refiere el 
artículo 55.2 de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades de Crédito y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la vista de 
los resultados del programa, podrá adoptar las medidas que considere oportunas 
en cada caso, entre las que se encuentran las establecidas en el artículo 55.3 de la 
citada Ley.
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3. Al menos una vez al año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
someterá a pruebas de resistencia a las empresas de servicios de inversión sujetas 
a su supervisión, a fin de facilitar el proceso de revisión y evaluación previsto en 
este artículo. A tal fin, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer 
suyas y transmitir como tales a las entidades y grupos, las guías que apruebe la 
Autoridad Bancaria Europea a estos efectos.
No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión no autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere 
el artículo 63.2.a), que presten únicamente uno o varios de los servicios o 
actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g), y a las que 
no se permite tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta 
razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta al 
establecer su programa supervisor la información recibida de las autoridades de 
otros Estados miembros en relación con las sucursales de empresas de servicios 
de inversión allí establecidas. A estos mismos efectos, tendrá también en 
consideración la estabilidad del sistema financiero de dichos Estados miembros.»
Veintitrés. La letra e) del artículo 85.2 y el primer párrafo del artículo 85.6 quedan 
redactados como sigue:
«e) Requerir el cese de toda práctica que sea contraria a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus normas de desarrollo, así como requerir que no se 
repita dicha práctica en el futuro.»
«6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el ejercicio de las 
facultades de supervisión e inspección contempladas en esta Ley, podrá comunicar 
y requerir, a las entidades previstas en los artículos 64, 65, 84.1 a) a e), y 84.2.a) a 
c), por medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta Ley y 
en sus disposiciones de desarrollo. Las entidades referidas, tendrán obligación de 
habilitar en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para la eficacia de sus sistemas de 
notificación electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.»
Veinticuatro. El artículo 86 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 86.  Obligaciones de información contable y de consolidación.
1. Las cuentas e informes de gestión individuales y consolidados 
correspondientes a cada ejercicio de las entidades citadas en el artículo 84.1 
deberán ser aprobadas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de aquél, 
por su correspondiente junta general, previa realización de la auditoría de cuentas.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el Título III del Libro I del Código de 
Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación 
expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España o al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para establecer y modificar en 
relación con las entidades citadas en el apartado anterior, las normas contables y 
los modelos a que se deben ajustar sus estados financieros, así como los referidos 
al cumplimiento de los coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y 
el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a la 
Comisión o hacerse públicos con carácter general por las propias entidades. Esta 
facultad no tendrá más restricciones que la exigencia de que los criterios de 
publicidad sean homogéneos para todas las entidades de una misma categoría y 
semejantes para las diversas categorías.
La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los 
informes que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación 
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de las señaladas normas y modelos, así como para la resolución de consultas 
sobre esa normativa.
Asimismo, se faculta al Ministro de Economía y Competitividad, y con su 
habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para regular los 
registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar las 
entidades enumeradas en el artículo 84.1, así como, en relación con sus operaciones 
de mercado de valores, las demás entidades contempladas en el artículo 65.
3. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tendrán las mismas facultades previstas en el 
apartado anterior en relación con los grupos consolidables de empresas de 
servicios de inversión contemplados en el apartado siguiente y con los grupos 
consolidables cuya entidad matriz sea alguna de las citadas en el artículo 84.1.a) 
y b). El ejercicio de estas facultades requerirá los informes preceptivos que, en su 
caso, se determinen en la orden ministerial de habilitación.
4. Para el cumplimiento de los niveles mínimos de recursos propios y 
limitaciones exigibles en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, 
las empresas de servicios de inversión consolidarán sus estados contables con los 
de las demás empresas de servicios de inversión y entidades financieras que 
constituyan con ellas una unidad de decisión, según lo previsto en el artículo 4 y 
conforme a lo dispuesto por dicho reglamento.
5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las 
entidades sujetas a consolidación cuanta información sea necesaria para verificar 
las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de 
las entidades consolidadas, así como, con igual objeto, inspeccionar sus libros, 
documentación y registros.
Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales de una 
empresa de servicios de inversión con otras entidades quepa presumir la existencia 
de una relación de control en el sentido del presente artículo, sin que las entidades 
hayan procedido a la consolidación de sus cuentas, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá solicitar información a esas entidades o inspeccionarlas, 
a los efectos de determinar la procedencia de la consolidación.
6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información 
de las personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que 
exista una relación de control conforme a lo previsto en el artículo 4, a efectos de 
determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las 
empresas de servicios de inversión y de sus grupos consolidables.
7. El deber de consolidación establecido en el artículo 42 del Código de 
Comercio se entenderá cumplido mediante la consolidación a que se refieren los 
números anteriores por aquellos grupos de sociedades cuya entidad dominante 
sea una empresa de servicios de inversión, o por aquellos otros que tengan como 
dominante una sociedad cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones 
en empresas de servicios de inversión. Dicho deber se entenderá cumplido, 
asimismo, para los grupos de los organismos rectores de los mercados secundarios 
oficiales y del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.
Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de consolidar entre sí que pueda 
existir para las filiales que no sean entidades financieras, en los casos que proceda 
de acuerdo con el señalado artículo 42 del Código de Comercio.»
Veinticinco. El artículo 87 queda redactado como sigue:
«Artículo 87.  Relaciones con otros supervisores en el ámbito de la supervisión en 
base consolidada.
1. Toda norma que se dicte en desarrollo de lo que esta Ley prevé y que 
pueda afectar a entidades financieras sujetas a la supervisión del Banco de España 
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o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se dictará previo 
informe de éstos.
2. Siempre que en un grupo consolidable de empresas de servicios de 
inversión existiesen entidades sujetas a supervisión en base individual por 
organismo distinto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ésta, en el 
ejercicio de las competencias que esta Ley le atribuye sobre dichas entidades, 
deberá actuar de forma coordinada con el organismo supervisor que en cada caso 
corresponda. El Ministro de Economía y Competitividad podrá dictar las normas 
necesarias para asegurar la adecuada coordinación.
3. El Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, a propuesta del Banco de España, podrá acordar 
que un grupo de empresas de servicios de inversión en el que se integren una o 
más entidades de crédito susceptibles de adherirse a un fondo de garantía de 
depósitos tenga la consideración de grupo consolidable de entidades de crédito y 
quede, por consiguiente, sometido a supervisión en base consolidada por el Banco 
de España.»
Veintiséis. Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 87 bis y a la 
letra a) del artículo 87 bis.3:
«1. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su 
condición de autoridad responsable de la supervisión de las empresas de servicios 
de inversión y sus grupos consolidables:
a) Revisar los sistemas, ya sean acuerdos, estrategias, procedimientos o 
mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de 
solvencia contenida en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen, así como en 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
b) Determinar si los sistemas, los recursos propios y la liquidez mantenidos 
por las empresas de servicios de inversión garantizan una gestión sana y prudente 
y una cobertura sólida de sus riesgos.
c) Determinar a partir de la revisión y la evaluación mencionadas en los 
párrafos precedentes si los sistemas mencionados en la letra a) y los fondos 
propios y la liquidez mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólida, 
respectivamente, de sus riesgos.
Los análisis y evaluaciones mencionados en los párrafos anteriores se 
actualizarán con periodicidad al menos anual.
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el desarrollo de sus 
funciones como autoridad responsable de la supervisión de las empresas de 
servicios de inversión y de sus grupos consolidables:
a) Tomará debidamente en consideración la posible incidencia de sus 
decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados 
miembros afectados, en particular, en situaciones de urgencia, basándose en la 
información disponible en el momento.
b) Tendrá en cuenta la convergencia de instrumentos y prácticas de 
supervisión en el ámbito de la Unión Europea.
c) Cooperará con las autoridades competentes de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, como partes en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera 
(SESF), con confianza y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el flujo 
de información pertinente y fiable entre ellas y otras partes del SESF, de 
conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del 
Tratado de la Unión Europea.
d) Participará en las actividades de la Autoridad Bancaria Europea y, cuando 
corresponda, en los colegios de supervisores.
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e) Hará lo posible por cumplir las directrices y recomendaciones que formule 
la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria 
Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE, 
de la Comisión, y atenerse a las advertencias y recomendaciones que formule la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico de conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1092/2010, de 24 de noviembre relativo a la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europa y por el que se crea 
una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
f) Cooperará estrechamente con la Junta Europea de Riesgo Sistémico.»
«a) Obligar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a mantener 
recursos propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie 
deficiencias graves en la estructura organizativa de la empresa de servicios de 
inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, contables o de 
valoración, incluyendo en especial los mencionados en el artículo 70.2, o siempre 
que advierta, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 c) de este artículo, que 
los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no 
garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos la 
medida deberá ser adoptada cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
considere improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas 
deficiencias o situaciones en un plazo adecuado.»
Veintisiete. Se añade el siguiente artículo 87 ter:
«Artículo 87 ter.  Supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de 
las sociedades mixtas de cartera.
1. Cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la supervisión de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores esté sometida a disposiciones 
equivalentes en virtud de esta Ley y de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión 
de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector 
financiero, en particular en términos de supervisión en función del riesgo, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, previa consulta con las demás 
autoridades responsables de la supervisión de las filiales de la sociedad financiera 
mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha sociedad únicamente las 
disposiciones de la Ley 5/2005, de 22 de abril, y su normativa de desarrollo.
2. Asimismo, cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la 
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores esté sometida a 
disposiciones equivalentes en virtud de esta Ley y del Texto Refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en particular en términos de supervisión en 
función del riesgo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previa consulta 
con las demás autoridades responsables de la supervisión de las filiales de la 
sociedad financiera mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha 
sociedad únicamente las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados.
3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá informar a la 
Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de 
Pensiones de las decisiones adoptadas en virtud de los apartados anteriores.
4. Sin perjuicio de lo previsto en la parte cuarta del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio, cuando la empresa matriz de una o varias empresas 
de servicios de inversión españolas sea una sociedad mixta de cartera, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores efectuará la supervisión general de las 
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operaciones entre la empresa de servicios de inversión y la sociedad mixta de 
cartera y sus filiales.
5. Las empresas de servicios de inversión filiales de una sociedad mixta de 
cartera deberán contar con sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de 
control interno adecuados, incluidos procedimientos de información y de 
contabilidad sólidos, con el fin de identificar, medir, seguir y controlar debidamente 
las operaciones con su sociedad mixta de cartera matriz y las filiales de esta. La 
Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá que la empresa de servicios de 
inversión informe de cualquier otra operación significativa con dichos entes distinta 
de la mencionada en el artículo 394 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio. Tales procedimientos y operaciones significativas estarán sujetos a la 
vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Veintiocho. Se añade el siguiente artículo 87 quáter:
«Artículo 87 quáter.  Supervisión de empresas de servicios de inversión de 
terceros países y de sus sucursales.
1. Las obligaciones establecidas en la normativa de solvencia no serán 
exigibles a las sucursales de empresas de servicios de inversión con sede en un 
Estado no miembro de la Unión Europea siempre que estén sujetas a obligaciones 
equivalentes en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. Las empresas de servicios de inversión cuya entidad dominante sea una 
entidad financiera con domicilio fuera de la Unión Europea no estarán sujetas a 
supervisión en base consolidada, siempre que ya estén sujetas a dicha supervisión 
por parte de la autoridad competente correspondiente del tercer país, que sea 
equivalente a la prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo, y en la parte 
primera, Título II, Capítulo 2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá comprobar esta 
equivalencia, para lo cual deberá tener en cuenta las orientaciones elaboradas por 
la Autoridad Bancaria Europea a tal efecto, a la que consultará antes de adoptar 
una decisión al respecto.
En el caso de que no se apreciase la existencia de un régimen de supervisión 
equivalente, resultará de aplicación a las empresas de servicios de inversión 
mencionadas en el primer párrafo de este apartado el régimen de supervisión en 
base consolidada previsto en la normativa de solvencia.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá establecer otros métodos para la supervisión en base 
consolidada de los grupos a que se refiere este apartado. Entre dichos métodos, 
figurará la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de exigir la 
constitución de una entidad financiera dominante que tenga su domicilio social en 
la Unión Europea. Los métodos deberán cumplir los objetivos de la supervisión en 
base consolidada definidos en esta Ley y ser comunicados a las demás autoridades 
competentes implicadas, a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria 
Europea.»
Veintinueve. Se añade el siguiente artículo 87 quinquies:
«Artículo 87 quinquies.  Elaboración de guías en materia supervisora.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá elaborar guías 
técnicas, dirigidas a las entidades y personas sometidas a su supervisión, indicando 
los criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para el 
cumplimiento de la normativa de los mercados de valores. Dichas guías, que 
deberán hacerse públicas, podrán incluir los criterios que la propia Comisión 
Nacional del Mercado de Valores seguirá en el ejercicio de sus actividades de 
supervisión.
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2. A tal fin, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas, y 
transmitir como tales, así como desarrollar las guías que, dirigidas a los sujetos 
sometidos a su supervisión, aprueben los organismos o comités internacionales 
activos, relativas a los criterios, prácticas o procedimientos convenientes para 
favorecer el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los 
mercados de valores y la supervisión de su cumplimiento.»
Treinta. Se añade el siguiente artículo 87 sexies:
«Artículo 87 sexies.  Obligaciones de información de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores en situaciones de urgencia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores advertirá, tan pronto como sea 
posible, al Ministro de Economía y Competitividad, a las restantes autoridades 
supervisoras, nacionales o extranjeras, afectadas, a la Autoridad Bancaria Europea 
y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, del surgimiento de una situación de 
emergencia, incluida una situación como la definida en el artículo 18 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad 
Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/78/CE de la Comisión, y, en particular, en aquellos casos en que exista una 
evolución adversa de los mercados financieros, que pueda comprometer la liquidez 
en el mercado y la estabilidad del sistema financiero de cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea en el que hayan sido autorizadas empresas de servicios de 
inversión de un grupo sujeto a la supervisión en base consolidada de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores o en el que estén establecidas sucursales 
significativas de una empresa de servicios de inversión española, según se 
contemplan en el artículo 91 quinquies.»
Treinta y uno. Se añade el siguiente artículo 87 septies:
«Artículo 87 septies.  Obligaciones de divulgación de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores divulgará periódicamente la 
siguiente información relativa a la normativa en materia de solvencia de las 
empresas de servicios de inversión:
a) Datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la 
aplicación del marco prudencial en España, incluido el número y la naturaleza de 
las medidas de supervisión adoptadas de acuerdo con los artículos 70, 70 
quinquies, 87 octies y 87 nonies y las sanciones administrativas impuestas; todo 
ello conforme al régimen de secreto profesional establecido en el artículo 90.
b) Los criterios generales y los métodos adoptados para comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio.
c) Una sucinta descripción del resultado de la revisión supervisora y la 
descripción de las medidas impuestas en los casos de incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, sobre una base anual, y sin perjuicio de las obligaciones de secreto 
establecidas en el artículo 90.
d) Los resultados de las pruebas de resistencia realizadas de conformidad 
con el apartado 3 del artículo 84 bis o el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
de 24 de noviembre.
Cuando la Autoridad Bancaria Europea así lo determine, la información a que 
se refiere este párrafo será transmitida a esta autoridad para la posterior publicación 
del resultado a nivel de la Unión Europea.
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e) Otra información que se determine reglamentariamente.
2. La información publicada de conformidad con el apartado 1 deberá ser 
suficiente para permitir una comparación significativa de los planteamientos 
adoptados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con los de las 
autoridades homólogas de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
La información se publicará en el formato que determine la Autoridad Bancaria 
Europea y se actualizará periódicamente. Será accesible en la sede electrónica de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Treinta y dos. Se añade el siguiente artículo 87 octies:
«Artículo 87 octies.  Medidas de supervisión prudencial.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas de 
servicios de inversión o grupos consolidables de empresas de servicios de inversión 
que adopten rápidamente las medidas necesarias para retornar al cumplimiento 
ante las siguientes circunstancias:
a) Cuando no cumplan con las obligaciones contenidas en la normativa de 
solvencia.
b) Cuando la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga datos 
conforme a los que resulte razonablemente previsible que la entidad incumpla las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior en los siguientes doce meses.
2. En las circunstancias previstas en el apartado anterior la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores podrá adoptar alguna o varias de las siguientes medidas 
que considere más oportunas atendiendo a la situación de la empresa de servicios 
de inversión o del grupo:
a) Exigir a las empresas de servicios de inversión que mantengan recursos 
propios superiores a los requisitos de capital establecidos en el artículo 70 
quinquies y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, en relación con 
riesgos y elementos de riesgo no cubiertos por el artículo 1 de dicho reglamento.
b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que 
refuercen los procedimientos, mecanismos y estrategias establecidos a fin de 
cumplir lo dispuesto en el artículo 70.2.
c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que 
presenten un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión 
establecidos en esta Ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, 
que fijen un plazo para su ejecución y que introduzcan en el plan las mejoras 
necesarias en cuanto a su alcance y plazo de ejecución.
d) Exigir que las empresas de servicios de inversión y sus grupos apliquen 
una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de 
los activos en términos de requerimientos de recursos propios.
e) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas 
de servicios de inversión o solicitar el abandono de actividades que planteen 
riesgos excesivos para la solidez de una empresa de servicios de inversión.
f) Exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y 
sistemas de las empresas de servicios de inversión.
g) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que limiten 
la remuneración variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte 
incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital.
h) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que utilicen 
los beneficios netos para reforzar sus recursos propios.
i) Prohibir o restringir la distribución por la empresa de servicios de inversión 
de dividendos o intereses a accionistas, socios o titulares de instrumentos de 
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capital adicional de nivel 1, siempre y cuando la prohibición no constituya un 
supuesto de incumplimiento de las obligaciones de pago de la empresa de servicios 
de inversión.
j) Imponer obligaciones de información adicionales o más frecuentes, incluida 
información sobre la situación de capital y liquidez.
k) La obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos que 
permitan hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y 
compromisos, incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a la 
disponibilidad de liquidez, y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de 
financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin de 
evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner 
en riesgo la situación financiera de la empresa de servicios de inversión.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la 
aplicación del régimen sancionador previsto en esta Ley.»
Treinta y tres. Se añade el siguiente artículo 87 nonies:
«Artículo 87 nonies.  Requisitos adicionales de recursos propios.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas de 
servicios de inversión el mantenimiento de recursos propios superiores a los 
establecidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 octies.2.a), al menos, en 
los siguientes supuestos:
a) Si la empresa de servicios de inversión no cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 70.2 o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 
de junio.
b) Si hay riesgos o elementos de riesgo que no quedan cubiertos por los 
requerimientos de recursos propios establecidos en el artículo 70 quinquies o en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
c) Si resulta probable que la aplicación de otras medidas no baste por sí sola 
para mejorar suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y 
estrategias en un plazo adecuado.
d) Si la revisión a que se refiere el artículo 87 bis.1, pone de manifiesto que 
el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de un método de 
cálculo de los requisitos de recursos propios que requiere autorización previa de 
conformidad con la parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, podría dar lugar a unos requerimientos de recursos propios insuficientes, o 
si los ajustes de valoración con respecto a posiciones o carteras específicas 
dentro de la cartera de negociación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, no permiten que la empresa 
de servicios de inversión venda o cubra sus posiciones en un corto periodo de 
tiempo sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales.
e) Si existiesen razones fundadas para considerar que los riesgos pudieran 
quedar subestimados a pesar del cumplimiento de los requisitos aplicables del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y de esta Ley y sus normas de 
desarrollo.
f) Si la empresa de servicios de inversión notifica a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 377.5 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio, que los resultados de la prueba de resistencia a que 
se refiere dicho artículo exceden de forma significativa los requerimientos de 
recursos propios derivados de la cartera de negociación de correlación.
2. A efectos de la determinación del nivel adecuado de recursos propios sobre 
la base de revisión y la evaluación realizadas de conformidad con el artículo 87 
bis.1, la Comisión Nacional del Mercado de Valores evaluará lo siguiente:
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a) Los aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de evaluación de las 
empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 70.2.
b) Los sistemas, procedimientos y mecanismos relacionados con los planes 
de rescate y resolución de las empresas de servicios de inversión.
c) Los resultados de la revisión y evaluación llevadas a cabo de conformidad 
con el artículo 87 bis.1.
d) El riesgo sistémico.»
Treinta y cuatro. Se añade el artículo 87 decies.
«Artículo 87 decies.  Supervisión de los requisitos de honorabilidad, conocimiento 
y experiencia y buen gobierno.
En sus funciones de supervisión de los requisitos de honorabilidad, 
conocimiento y experiencia y buen gobierno a que se refiere el artículo 70 ter.8, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá:
a) Revocar la autorización, de modo excepcional, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 73.
b) Requerir la suspensión temporal o cese definitivo del cargo de consejero o 
director general o asimilado o la subsanación de las deficiencias identificadas en 
caso de falta de honorabilidad, conocimientos o experiencia adecuados o de 
capacidad para ejercer un buen gobierno.
Si la empresa de servicios de inversión no procede a la ejecución de tales 
requerimientos en el plazo señalado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, ésta podrá acordar la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo 
correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 107.»
Treinta y cinco. El párrafo segundo del artículo 88 queda redactado como sigue:
«En todos los casos de confluencia de competencias de supervisión e 
inspección entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de 
España, ambas instituciones coordinarán sus actuaciones bajo el principio de que 
la tutela del funcionamiento de los mercados de valores, incluyendo las cuestiones 
de organización interna señaladas en el artículo 70 ter.2, corresponde a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, y la tutela de la solvencia así como las restantes 
cuestiones de organización interna recaen sobre la institución que mantenga el 
correspondiente registro. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco 
de España deberán suscribir convenios al objeto de coordinar las respectivas 
competencias de supervisión e inspección.»
Treinta y seis. Se da una nueva redacción a la letra f) del artículo 90.4 y se añaden 
dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 90:
«f) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga 
que facilitar, para el cumplimiento de sus respectivas funciones, a las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de Bolsas de Valores; al Banco de 
España; a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a las sociedades rectoras de los mercados 
secundarios oficiales con el objeto de garantizar el funcionamiento regular de los 
mismos; a los fondos de garantía de inversores; a los interventores o síndicos de 
una empresa de servicios de inversión o de una entidad de su grupo, designados 
en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales, y a los 
auditores de cuentas de las empresas de servicios de inversión y de sus grupos.»
«6. La transmisión de información reservada a los organismos y autoridades 
de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo a que se refiere el 
apartado 4.j) estará condicionada, cuando la información se haya originado en otro 
Estado miembro, a la conformidad expresa de la autoridad que la hubiere 
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transmitido, y sólo podrá ser comunicada a los destinatarios citados a los efectos 
para los que dicha autoridad haya dado su acuerdo. Igual limitación se aplicará a 
las informaciones a las cámaras y organismos mencionados en el apartado 4.i) y a 
las informaciones requeridas por el Tribunal de Cuentas y las Comisiones de 
Investigación de las Cortes Generales.»
«7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad 
Bancaria Europea la identidad de las autoridades u organismos a los cuales podrá 
transmitir datos, documentos o informaciones de conformidad con las letras d) y f) 
en relación con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas».
Treinta y siete. Se modifica el apartado 1 bis y se añade un nuevo apartado 6 en el 
artículo 91 con la siguiente redacción:
«1 bis. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cooperará con la 
Autoridad Bancaria Europea a efectos del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre.»
«6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su condición de 
autoridad responsable de la supervisión en materia de solvencia de los grupos 
consolidables de empresas de servicios de inversión, colaborará con las 
autoridades supervisoras de la Unión Europea. A tal fin:
a) Coordinará la recogida de información y difundirá entre las restantes 
autoridades responsables de la supervisión de empresas de servicios de inversión 
del grupo la información que considere importante en situaciones tanto normales 
como urgentes.
b) Planificará y coordinará las actividades de supervisión en situaciones 
normales, en relación, entre otras, con las actividades contempladas en los 
artículos 70, 70 quinquies, 87 octies y 87 nonies vinculadas a la supervisión 
consolidada, y en las disposiciones relativas a criterios técnicos concernientes a la 
organización y el tratamiento de los riesgos, en colaboración con las autoridades 
competentes implicadas.
c) Planificará y coordinará las actividades de supervisión, en colaboración 
con las autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales 
en situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones, y en particular, en 
aquellos casos en que exista una evolución adversa de las empresas de servicios 
de inversión o de los mercados financieros valiéndose, siempre que sea posible, de 
los canales de comunicación específicos existentes para facilitar la gestión de 
crisis. Reglamentariamente podrá determinarse el contenido de esta planificación y 
coordinación.
d) Cooperará estrechamente con otras autoridades competentes con 
responsabilidad supervisora sobre las empresas de servicios de inversión 
extranjeras, matrices, filiales o participadas del mismo grupo en los términos 
previstos en el artículo 91 quáter.
e) Suscribirá acuerdos de coordinación y cooperación con otras autoridades 
competentes que tengan por objeto facilitar y establecer una supervisión eficaz de 
los grupos encomendados a su supervisión y asumir las tareas adicionales que 
resulten de tales acuerdos y con el contenido que reglamentariamente se 
establezca.
En particular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suscribir un 
acuerdo bilateral de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
de 24 de noviembre, para delegar su responsabilidad de supervisión de una entidad 
filial en las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen a la 
empresa matriz, con el fin de que éstas se ocupen de la vigilancia de la filial con 
arreglo a las disposiciones previstas en esta Ley, en su normativa de desarrollo y 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. La Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores deberá informar de la existencia y el contenido de tales 
acuerdos a la Autoridad Bancaria Europea.»
Treinta y ocho. El apartado 8 del artículo 91 bis queda modificado como sigue:
«8. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter previo a la 
adopción de decisiones que puedan afectar al ejercicio de las funciones de 
supervisión por parte de las autoridades competentes interesadas de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, las consultará con dichas autoridades, facilitando la 
información que resulte esencial o pertinente, en atención a la importancia de la 
materia de que se trate.
En particular, se deberá realizar la oportuna consulta, antes de adoptar las 
siguientes decisiones:
a) Las contempladas en el artículo 69, con independencia del alcance del 
cambio en el accionariado que se vea afectado por la decisión correspondiente.
b) Los informes que se deban emitir en las operaciones de fusión, escisión o 
cualquier otra modificación relevante en la organización o en la gestión de una 
empresa de servicios de inversión.
c) Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves y graves que, a 
juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se consideren de especial 
relevancia.
d) Las medidas de intervención y sustitución, a las que se refiere el artículo 107.
e) La solicitud de recursos propios adicionales, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 87 octies.2, así como la imposición de limitaciones al uso de métodos 
internos de medición del riesgo operacional.
En los supuestos recogidos en los letras c), d) y e) anteriores, se deberá 
consultar en todo caso a la autoridad de la Unión Europea responsable de la 
supervisión consolidada del grupo eventualmente afectado por la decisión.
Con carácter excepcional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá 
omitir la consulta previa a la autoridad competente interesada de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, cuando concurran circunstancias de urgencia o 
cuando dicha consulta pudiera comprometer la eficacia de las decisiones a adoptar, 
debiendo informar sin demora a las citadas autoridades, en cuanto la decisión se 
haya adoptado.»
Treinta y nueve. El artículo 91 sexies queda redactado como sigue:
«Artículo 91 sexies.  Decisiones conjuntas en el marco de la supervisión de grupos 
de empresas de servicios de inversión que operan en varios Estados miembros.
En el marco de la cooperación a que se refiere el artículo 91.1, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, como supervisor en base consolidada de un 
grupo, o como autoridad competente responsable de la supervisión de las filiales 
de una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea o de una 
sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz 
de la Unión Europea en España hará cuanto esté en su poder por alcanzar una 
decisión conjunta sobre:
a) La aplicación del artículo 70.2 y del artículo 87 bis.1 para determinar la 
adecuación del nivel consolidado de recursos propios que posea el grupo en 
relación con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de recursos propios 
necesario para la aplicación del artículo 87 bis.2 a cada una de las entidades del 
grupo de empresas de servicios de inversión y en base consolidada.
b) Las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y 
constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez.
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La decisión conjunta se adoptará conforme al procedimiento que se prevea 
reglamentariamente.»
Cuarenta. El apartado 1 del artículo 91 septies queda redactado como sigue:
Artículo 91 septies.  Establecimiento de colegios de supervisores.
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores establecerá como 
supervisor en base consolidada colegios de supervisores, con el objeto de facilitar 
el ejercicio de las tareas que reglamentariamente se determinen en el marco de la 
cooperación a la que se refiere el artículo 91.1 y, de conformidad con los requisitos 
de confidencialidad previstos en la legislación aplicable y con el Derecho de la 
Unión Europea, velará, en su caso, por establecer una coordinación y una 
cooperación adecuadas con las autoridades competentes de terceros países.
Los colegios de supervisores constituirán el marco en el que se desarrollen las 
siguientes tareas:
a) Intercambiar información entre autoridades competentes y con la Autoridad 
Bancaria Europea de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010, de 24 de noviembre.
b) Acordar la atribución voluntaria de tareas y delegación voluntaria de 
responsabilidades si procede.
c) Establecer programas de examen prudencial basados en una evaluación 
de riesgos del grupo, con arreglo al artículo 87 bis.
d) Aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación de 
requisitos prudenciales innecesarios, concretamente en relación con las solicitudes 
de información a las que se refiere el artículo 91 bis.8.
e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, en todas las entidades de un grupo 
de empresas de servicios de inversión, sin perjuicio de las opciones y facultades 
que ofrece la legislación de la Unión Europea.
f) Planificar y coordinar las actividades de supervisión, en colaboración con 
las autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales, en 
situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones, atendiendo a la labor 
realizada en otros foros que puedan constituirse en este ámbito.»
Cuarenta y uno. Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 98 y 
se incluye un nuevo apartado 3 bis.
«1. En materia de procedimiento sancionador, resultará de aplicación la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su desarrollo reglamentario, 
con las especialidades recogidas en los artículos 108, 110 y 112 de la Ley 10/2014,  
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito así como en esta 
Ley y su desarrollo reglamentario.
Igualmente, en el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, será aplicable a las entidades comprendidas en 
el artículo 84.1 lo dispuesto en el artículo 106 de la citada Ley 10/2014, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.
3. La imposición de las sanciones se hará constar en el correspondiente 
Registro administrativo a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que será accesible a través de su página web. Cuando se publiquen sanciones 
recurridas, se incluirá, en dicha página web, información sobre el estado en que se 
encuentra el recurso y el resultado del mismo. Adicionalmente, las sanciones de 
suspensión, separación y separación con inhabilitación, una vez sean ejecutivas, 
se harán constar, además en su caso, en el Registro Mercantil.
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3 bis. En la publicación de las sanciones, tanto en la página web de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores como en el “Boletín Oficial del Estado”, 
se incluirá información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de 
la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar que las 
sanciones impuestas por aplicación de los tipos aplicables a las empresas de 
servicios de inversión contenidos en los apartados d), e), e) bis, e) ter, e) quáter, 
e) quinquies, e) sexies, k), l), l) bis), m), q), u), w), z), z) septies, z) octies y z) 
nonies del artículo 99, los apartados c), c) bis g), g) bis, k), n), ñ), p), t) y z) 
septies del artículo 100 y los apartados 3 a 7 del artículo 107 quáter, se publiquen 
manteniendo confidencial la identidad de los sujetos sancionados cuando, a juicio 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, concurra alguno de los 
supuestos siguientes:
a) Cuando la sanción se imponga a una persona física y, tras una evaluación 
previa, la publicación de los datos personales se considere desproporcionada.
b) Cuando la publicación pueda poner en peligro la estabilidad de los 
mercados financieros o una investigación penal en curso.
c) Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las 
entidades o personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar 
el daño.»
Cuarenta y dos. Se da una nueva redacción a los apartados c) bis, c) ter, c) quáter, 
l), l) bis y x) del artículo 99; se reenumeran los apartados z) quinquies y z) sexies, que 
pasan a ser, respectivamente, z) sexies y z) septies y se introducen los apartados e) 
sexies, k) bis y k) ter, z) octies y z) nonies.
«c bis)  La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
por las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) y b) en el plazo establecido en 
las normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos o informaciones 
deban remitírsele en virtud de lo dispuesto en la Ley, en sus normas de desarrollo o 
del Derecho de la Unión Europea, o que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores requiera en el ejercicio de sus funciones, cuando por la relevancia de la 
información o de la demora en que se hubiese incurrido se haya dificultado 
gravemente la apreciación sobre su situación o actividad, así como la remisión de 
información incompleta o con datos inexactos o no veraces, cuando en estos 
supuestos la incorrección sea relevante.
c) ter) El incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) y 
b) de las obligaciones relacionadas, en cada caso, con la autorización, aprobación 
o no oposición a sus estatutos, reglamentos, o con cualesquiera otra materia 
sometida al régimen anterior, prevista en esta Ley, sus normas de desarrollo o del 
Derecho de la Unión Europea.
c) quáter) El incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a) 
y b) de las exigencias de estructura de capital o nivel de recursos propios que les 
sean de aplicación, según lo previsto en esta Ley, sus normas de desarrollo o del 
Derecho de la Unión Europea, el incumplimiento de las obligaciones en las que 
deban conceder acceso a las mismas, según lo previsto en esta Ley, sus normas 
de desarrollo o del Derecho de la Unión Europea, así como el incumplimiento de 
las excepciones o limitaciones que sobre sus precios, tarifas o comisiones a aplicar 
les imponga la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
e) sexies) El pago o distribución a titulares de instrumentos que computen 
como recursos propios en la empresa de servicios de inversión cuando con ello se 
incumpla el artículo 70 quinquies.6 o los artículos 28, 51 o 63 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio.
k) bis) Asumir una exposición que exceda de los límites establecidos en el 
artículo 395 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
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k) ter) Asumir una exposición al riesgo de crédito en una posición de 
titulización que no satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 405 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
l) La falta de procedimientos, políticas o medidas a las que se refiere el 
artículo 70 ter; el incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, de las 
obligaciones de gobierno corporativo y requisitos de organización previstos en 
dicho artículo 70 ter o de las obligaciones en materia de remuneraciones derivadas 
del artículo 70 ter.Dos; y la no realización de plan general de viabilidad previsto en 
el artículo 70 ter.2.g).
l bis) La falta de remisión por las empresas de servicios de inversión a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de cuantos datos o documentos deban 
remitirle de acuerdo con esta Ley y sus normas de desarrollo, con el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores requiera en el ejercicio de sus funciones, o su remisión con datos inexactos, 
no veraces o engañosos, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia 
de la entidad o del grupo consolidable o conglomerado financiero en el que se 
integre.
A los efectos de este apartado, se entenderá, asimismo, como falta de remisión, 
la remisión fuera del plazo previsto en la norma correspondiente o del plazo 
concedido al efectuar, en su caso, el oportuno requerimiento.
En particular, se entienden incluidas en este apartado, la falta de remisión o la 
remisión incompleta o inexacta de:
1.º) Los datos mencionados en el artículo 101 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio.
2.º) La información sobre grandes exposiciones, incumpliendo con ello el 
apartado 1 del artículo 394 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
3.º) La información sobre el cumplimiento de la obligación de mantener 
recursos propios establecida en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, incumpliendo con ello el artículo 99.1 del Reglamento.
4.º) La información sobre requisitos de liquidez establecidos, así como el 
incumplimiento de los apartados 1 y 2 del artículo 415 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio.
5.º) La información sobre el ratio de apalancamiento, incumpliendo con ello el 
apartado 1 del artículo 430 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
x) El incumplimiento por las empresas de servicios de inversión, por otras 
entidades financieras, o por los fedatarios públicos, de las obligaciones, limitaciones 
o prohibiciones que derivan de lo dispuesto en el artículo 36, o de las disposiciones 
o reglas dictadas de acuerdo con lo previsto en los artículo 43 y 44, sin perjuicio de 
los dispuesto en el artículo 107 quáter.
z) sexies) La falta de remisión por las agencias de calificación crediticia a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cuantos datos o documentos deban 
aportársele de acuerdo con esta Ley y el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias 
de calificación crediticia, o ésta les requiera en el ejercicio de las funciones que le 
sean asignadas en régimen de delegación o de cooperación con otras autoridades 
competentes, así como la remisión de información a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con datos inexactos cuando con ello se dificulte la apreciación 
de la organización o funcionamiento de la entidad o de la forma de ejercicio de sus 
actividades.
z) septies) La ausencia de un departamento o servicio de atención al cliente.
z) octies) La no constitución del comité de nombramientos previsto en el 
artículo 70 ter.Uno o del comité de remuneraciones en los términos previstos en el 
artículo 70 ter.Dos.
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z) nonies) No publicar la información exigida incumpliendo con ello los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 431 o el artículo 451.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, así como la publicación de dicha información de forma incompleta o 
inexacta.»
Cuarenta y tres. Se da una nueva redacción a las letras e), g) bis y t) del artículo 100, 
y se introduce una nueva letra z) septies.
«e) El incumplimiento por aquéllos que no sean empresas de servicios de 
inversión, ni entidades financieras, ni fedatarios públicos, de las obligaciones, 
limitaciones o prohibiciones que deriven de lo dispuesto en el artículo 36 o de las 
disposiciones o reglas dictadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 44, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 quáter.
g) bis) El incumplimiento de la obligación de hacer pública la información a 
que se refiere el artículo 70 bis y el artículo 70 bis.Uno, así como la publicación de 
dicha información con omisiones o datos falsos, engañosos o no veraces.
t) La inobservancia ocasional o aislada por quienes presten servicios de 
inversión de las obligaciones de gobierno corporativo y requisitos de organización 
previstas en el artículo 70 ter, así como de las obligaciones en materia de 
remuneraciones previstas en el 70 ter.Dos o la inobservancia ocasional o aislada 
por quienes presten servicios de inversión de las obligaciones, reglas y limitaciones 
previstas en los artículos 70 quáter, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quinquies y 79 sexies.
z) septies) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de la obligación 
de mantener actualizado el Plan general de viabilidad a que se refiere el artículo 70 
ter.2 g).»
Cuarenta y cuatro. El artículo 102 queda redactado como sigue:
«Artículo 102.  Sanciones por infracciones muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor una o 
más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cantidades: el 
quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones 
en que consista la infracción; el 5 por ciento de los recursos propios de la entidad 
infractora, el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la 
infracción, o 600.000 euros.
En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas 
contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las 
infracciones muy graves a las que se refiere el artículo 98.3 bis, párrafo segundo, la 
multa que se imponga será por importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los 
actos u omisiones en que consista la infracción; el 10 por ciento del volumen de 
negocios neto anual total, incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a 
percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de acciones y otros valores de 
renta fija o variable, y las comisiones o corretajes a cobrar, de conformidad con el 
artículo 316 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, que haya realizado 
la empresa en el ejercicio anterior, los recursos propios de la entidad infractora, el 5 
por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, 
o 10.000.000 de euros.
Si la empresa a que se refiere este apartado es una filial, los ingresos brutos 
pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas consolidadas de la 
empresa matriz de la que dependa en el ejercicio anterior.
b) Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades 
que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no 
superior a cinco años.
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c) Suspensión de la condición de miembro del mercado secundario oficial o 
del sistema multilateral de negociación correspondiente por un plazo no superior a 
cinco años.
d) Exclusión de la negociación de un instrumento financiero en un mercado 
secundario o en un sistema multilateral de negociación.
e) Revocación de la autorización cuando se trate de empresas de servicios de 
inversión, Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Pública o de otras entidades 
inscritas en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si se trata 
de empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, esta sanción de revocación se entenderá sustituida por la prohibición 
de que inicie nuevas operaciones en el territorio español.
f) Suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que 
ocupe el infractor en una entidad financiera por plazo no superior a cinco años.
g) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor 
en una entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración 
o dirección en la misma entidad por un plazo no superior a cinco años.
h) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor 
en cualquier entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración 
o dirección en cualquier otra entidad de las previstas en el artículo 84.1 y 84.2 b), c) 
bis y d) por plazo no superior a diez años.
Cuando se trate de la infracción prevista en el apartado o) del artículo 99, se 
impondrá en todo caso la sanción recogida en el apartado a) anterior de este 
artículo, sin que la multa pueda ser inferior a 30.000 euros y, además una de las 
sanciones previstas en los apartados b), c) o e) de este artículo, según proceda por 
la condición del infractor.
Asimismo, cuando se trate del incumplimiento de la reserva de actividad 
prevista en el artículo 99.q), se impondrá al infractor la sanción recogida en la letra a) 
de este artículo, entendiendo en este caso por beneficio bruto, los ingresos 
obtenidos por el infractor en el desarrollo de la actividad reservada, sin que la multa 
pueda ser inferior a 600.000 euros.
En el caso de que una empresa de servicios de inversión adquiera una 
participación a pesar de la oposición de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, se 
dispondrá bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de 
votos, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.
Cuando se trate de infracciones cometidas por las personas a las que se refiere 
el artículo 85.8, las sanciones serán impuestas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 98, sin perjuicio de la capacidad de otras autoridades competentes de la 
Unión Europea para imponer sanciones de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia.
2. Las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el “Boletín 
Oficial del Estado” una vez sean firmes en vía administrativa.»
Cuarenta y cinco. El artículo 103 queda redactado como sigue:
«Artículo 103.
1. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor una o más 
de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cifras: el doble del 
beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que 
consista la infracción; el 2 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora, 
el 2 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, 
o 300.000 euros.
cve: BOE-A-2014-6726
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En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas 
contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las 
infracciones graves a las que se refiere el artículo 98.3 bis, párrafo segundo, la 
multa a imponer será por importe de hasta la mayor de las siguientes cifras: el 
doble del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en 
que consista la infracción; el 5 por ciento del volumen de negocios neto anual total, 
incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos 
asimilados, los rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable, y 
las comisiones o corretajes a cobrar, de conformidad con el artículo 316 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, que haya realizado la empresa en 
el ejercicio anterior; el 2 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados 
en la infracción, o 5.000.000 de euros.
Si la empresa a que se refiere este apartado es una filial de una empresa 
matriz, los ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las 
cuentas consolidadas de la empresa matriz en el ejercicio anterior.
b) Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades 
que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no 
superior a un año.
c) Suspensión de la condición de miembro del mercado secundario oficial o del 
sistema multilateral de negociación correspondiente por plazo no superior a un año.
d) Suspensión por plazo no superior a un año en el ejercicio del cargo de 
administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad financiera.
Cuando se trate de la infracción prevista en el artículo 100 x), en relación con el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 81, se impondrá en 
todo caso la sanción recogida en el letra a) anterior de este artículo y, además, una 
de las sanciones previstas en los letras b) o c) del mismo precepto, sin que la multa 
que, en su caso, se imponga, pueda ser inferior a 12.000 euros.
La comisión de la infracción prevista en el artículo 100 g) bis llevará, en todo 
caso, aparejada la cancelación de la inscripción del representante o apoderado en 
los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En el caso de que una empresa de servicios de inversión adquiera una 
participación significativa a pesar de la oposición de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, con independencia de cualquier otra sanción que pueda 
imponerse, se dispondrá bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes 
derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.
2. Las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el “Boletín 
Oficial del Estado” una vez sean firmes en la vía administrativa.»
Cuarenta y seis. El artículo 105 queda redactado como sigue:
«Artículo 105.
1. Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión 
de infracciones muy graves, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá 
imponerse una o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de 
administración o dirección en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa por importe de hasta 400.000 euros.
En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas 
contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las 
infracciones muy graves a las que se refiere el artículo 98.3 bis, párrafo segundo, la 
multa a imponer será, por importe de hasta 5.000.000 de euros.
b) Suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que 
ocupe el infractor en la entidad por plazo no superior a tres años.
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c) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en la misma entidad por un plazo no superior a cinco 
años.
d) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en cualquier entidad de las previstas en el artículo 84.1 o 
en una entidad de crédito por plazo no superior a diez años.
e) Amonestación pública en el «Boletín Oficial del Estado» de la identidad del 
infractor y la naturaleza de la infracción o amonestación privada.
Cuando se trate de la infracción prevista en el artículo 99 o), se impondrá en 
todo caso la sanción recogida en el letra a) anterior, sin que la multa pueda ser 
inferior a 30.000 euros.
2. En todo caso, las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1, serán publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” una vez sean firmes 
en vía administrativa.»
Cuarenta y siete. El artículo 106 queda redactado como sigue:
«Artículo 106.
1. Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión 
de infracciones graves, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá 
imponerse una o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de 
administración o dirección en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa por importe de hasta 250.000 euros.
En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas 
contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las 
infracciones graves a las que se refiere el artículo 98.3 bis, párrafo segundo, la 
multa a imponer será por importe de hasta 2.500.000 euros.
b) Suspensión en el ejercicio de todo cargo de administración o dirección que 
ocupe el infractor en la entidad por plazo no superior a un año.
c) Amonestación pública en el «Boletín Oficial del Estado» de la identidad del 
infractor y la naturaleza de la infracción o amonestación privada.
Cuando se trate de la infracción prevista en la letra x) del artículo 100, en 
relación con el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 81, se 
impondrá en todo caso la sanción recogida en la letra a) anterior de este artículo, 
sin que la multa pueda ser inferior a 12.000 euros.
2. En todo caso, las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1, serán publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” una vez sean firmes 
en vía administrativa.»
Cuarenta y ocho. El apartado 1 del artículo 106 ter queda redactado como sigue:
«Artículo 106 ter.  Criterios determinantes de las sanciones.
1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy 
graves, graves o leves se determinarán conforme a los criterios recogidos en el 
artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
siguientes:
a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) El grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de 
la infracción.
c) La solidez financiera de la persona física o jurídica responsable de la 
infracción reflejada, entre otros elementos objetivables, en el volumen de negocios 
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total de la persona jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona 
física.
d) La gravedad y persistencia temporal del peligro ocasionado o del perjuicio 
causado.
e) Las pérdidas causadas a terceros por la infracción.
f) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u 
omisiones constitutivos de la infracción.
g) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero 
o la economía nacional.
h) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por 
propia iniciativa.
i) La reparación de los daños o perjuicios causados.
j) La colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre 
que la persona física o jurídica haya aportado elementos o datos relevantes para el 
esclarecimiento de los hechos investigados.
k) En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas 
que puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido.
l) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación 
y disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido 
impuestas, durante los últimos cinco años.»
Cuarenta y nueve. Se da una nueva redacción al primer párrafo del artículo 107, con 
el siguiente tenor literal:
«Será de aplicación a las entidades enumeradas en el artículo 84.1.a), b), c), 
d), e) y f) lo dispuesto para las entidades de crédito en el artículo 106 y en el 
Capítulo V del Título III de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia 
de Entidades de Crédito. La competencia para acordar las medidas de intervención 
o sustitución corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Cincuenta. El artículo 107 ter queda redactado como sigue:
«Artículo 107 ter.  Información y notificación de infracciones y sanciones 
administrativas.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará cada año a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados información agregada relativa a las 
infracciones cometidas por incumplimiento de las obligaciones de esta Ley, así 
como de las sanciones impuestas.
En el caso de que se haya divulgado públicamente una medida administrativa o 
una sanción, la Comisión Nacional del Mercado de Valores notificará 
simultáneamente ese hecho a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Asimismo, con sujeción a los requisitos de secreto profesional, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores notificará a la Autoridad Bancaria Europea todas 
las sanciones administrativas impuestas a las empresas de servicios de inversión 
que tengan la consideración de entidad a efectos de la definición contemplada en 
el punto 3 del artículo 4.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.»
Cincuenta y uno. Se añade un nuevo artículo 107 quáter que queda redactado como 
sigue:
«1. Quedan sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción a cargo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores previsto en esta Ley, las 
personas físicas y jurídicas que realicen operaciones sometidas al Reglamento 
(UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, 
sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura 
por impago.
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Igualmente, quedan sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción a 
cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores previsto en esta Ley, las 
personas físicas y jurídicas que realicen operaciones sometidas al Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, dispondrá de las facultades 
contenidas en el artículo 85 de esta Ley que sean necesarias para cumplir con las 
funciones y tareas que le sean asignadas en régimen de delegación o de 
cooperación con otras autoridades competentes.
2. Sin perjuicio de los tipos infractores ya previstos en los artículos 99 a 101, 
las personas a las que se refiere el apartado 1, así como quienes ostenten cargos 
de administración o dirección en las personas jurídicas allí mencionadas, que 
infrinjan normas de ordenación o disciplina incluidas en los mencionados 
reglamentos de la Unión Europea, incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable y les será de aplicación el régimen sancionador previsto en este 
Capítulo con las particularidades previstas en este artículo.
3. Constituyen infracción muy grave los siguientes incumplimientos del 
Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 5 a 8 del 
Reglamento sin respetar lo especificado en el artículo 9 del mismo, en caso de que el 
retraso en la comunicación sea significativo o de que haya existido un requerimiento 
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el incumplimiento del 
deber de conservación de información contenida en dicho artículo 9.
b) El incumplimiento del deber de comunicación a que se refieren los 
apartados 9 y 10 del artículo 17 del Reglamento, cuando la demora en la 
comunicación o el número y volumen de operaciones sean significativos; así 
como el incumplimiento del deber de comunicación contenida en el apartado 11 
del artículo 17, cuando se haya producido un retraso en la comunicación o haya 
existido requerimiento por parte de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.
c) La realización de ventas en corto cuando no se cumplan las condiciones 
descritas en el artículo 12 del Reglamento, y concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias:
1.º) la realización de la venta en corto no sea meramente ocasional o aislada,
2.º) la realización tenga un impacto importante en los precios de la acción,
3.º) la operación tenga importancia relativa respecto al volumen negociado en 
el valor en la sesión en el mercado multilateral de órdenes,
4.º) exista alta volatilidad en el mercado o en el valor en particular,
5.º) la operación aumente el riesgo potencial de fallo o retraso en la 
liquidación.
d) La realización de operaciones con permutas de cobertura por impago 
soberano cuando no estén permitidas por el artículo 14 del mismo Reglamento, en 
un volumen significativo.
e) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 13, 15, 18 
y 19 del Reglamento.
f) La realización de operaciones que hayan sido prohibidas o limitadas por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en virtud de los artículos 20, 21 y 23 
del Reglamento.
4. Constituyen infracción grave los siguientes incumplimientos del Reglamento 
(UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo:
a) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación y publicación 
contenidas en el artículo 9 del Reglamento, y las contenidas en el artículo 17 del 
Reglamento, cuando no constituyan infracciones muy graves.
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b) Las conductas descritas en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, 
cuando no constituyan infracciones muy graves.
5. Sin perjuicio de los tipos infractores ya previstos en el artículo 99 de esta 
Ley, constituyen infracción muy grave los siguientes incumplimientos del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio:
a) El incumplimiento, cuando se ponga con ello en riesgo la solvencia o 
viabilidad de la persona infractora o su grupo, de las obligaciones contenidas en los 
artículos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 y en los Títulos IV y V del Reglamento.
b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 4 y 10 del 
Reglamento, con carácter no meramente ocasional o aislado o con irregularidades 
sustanciales.
c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 
artículo 9 del Reglamento por parte de las contrapartes financieras a las que se 
refiere el apartado 8 del artículo 2 de dicho Reglamento y de las entidades de 
contrapartida central, con carácter no meramente ocasional o aislado o con 
irregularidades sustanciales.
6. Sin perjuicio de los tipos infractores ya previstos en el artículo 100 de esta 
Ley, constituyen infracción grave los siguientes incumplimientos del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, de 4 de julio:
a) El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las letras a), b) y c) 
del apartado 5 anterior, cuando no constituyan infracción muy grave.
b) El incumplimiento con carácter no meramente ocasional o aislado o con 
irregularidades sustanciales, de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 
artículo 9 del Reglamento por las contrapartes no financieras a las que se refiere el 
apartado 9 del artículo 2 de dicho Reglamento.
7. Constituyen infracciones leves en relación con el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio, la falta de remisión en plazo a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de cuantos documentos, datos o informaciones deban 
remitírsele en el ejercicio de las funciones que le sean asignadas en régimen de 
delegación o de cooperación con otras autoridades competentes, así como faltar al 
deber de colaboración ante actuaciones de supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, incluyendo la no comparecencia ante una citación para la 
toma de la declaración, cuando estas conductas no constituyan infracción grave o 
muy grave de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores.
Asimismo, tendrán la consideración de infracciones leves el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo, y 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio, que no constituyan infracción 
grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
8. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá solicitar informe 
previo al Banco de España o a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, según corresponda, para la adopción de cualquiera de las siguientes 
decisiones en relación con las contrapartes sometidas a su respectiva supervisión 
prudencial:
a) Las decisiones relativas a la existencia de procedimientos de gestión del 
riesgo y a la suficiencia del capital de las contrapartes financieras a los efectos de 
lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio.
b) La aplicación de las exenciones a las operaciones intragrupo a las que se 
refiere el artículo 4.2 y los apartados 5 y siguientes del artículo 11 del citado 
Reglamento.
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Las decisiones que pueda adoptar la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores a las que se refiere la letra a) anterior, deberán basarse, en todo caso, en 
el informe que emita la autoridad responsable de la supervisión prudencial de la 
correspondiente entidad.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir al Banco de 
España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuanta 
información resulte necesaria para el ejercicio de las competencias de supervisión, 
inspección y sanción relativas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio.
9. Las infracciones previstas en este artículo serán sancionadas de 
conformidad con el régimen sancionador previsto en esta Ley.
10. Las multas y multas coercitivas adoptadas por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados en virtud de los artículos 65 y 66 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio, se someterán a un análisis de autenticidad por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y posteriormente serán ejecutadas.»
Cincuenta y dos. Se añade la Disposición transitoria decimocuarta, que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria decimocuarta.  Plan general de viabilidad.
El Plan general de viabilidad previsto en la letra g) del artículo 70 ter.2 resultará 
exigible a las entidades transcurridos seis meses desde que se complete el 
desarrollo reglamentario en que se especificará su contenido.»
Cincuenta y tres. Se modifica el tercer párrafo del apartado 1 de la Disposición 
adicional decimoséptima, que queda redactado de la siguiente forma:
«Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar los 
estatutos por los que se rijan esas entidades adquirentes y sus modificaciones, con 
las excepciones que se establezcan reglamentariamente, así como autorizar el 
nombramiento de los miembros de su consejo de administración y de sus directores 
generales, los cuales habrán de reunir los requisitos de la letra f) del artículo 67.2 
de la presente Ley. Si las entidades adquirentes no tuvieran su domicilio social en 
España y sus estatutos y modificaciones y los requisitos de los miembros del 
consejo de administración y directores generales hubieran sido verificados por la 
autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea o por la 
autoridad supervisora de un Estado no miembro de la Unión Europea cuyo régimen 
de organización y funcionamiento sea similar al de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, corresponderá a esta última comprobar tales verificaciones.»
Cincuenta y cuatro. Se modifica la Disposición final cuarta como sigue:
«Disposición final cuarta.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la autoridad competente 
en España a efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 236/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en 
corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago.
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será también la autoridad 
competente en España a efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de 
operaciones. Dicha Comisión llevará a cabo la supervisión inspección y sanción 
de las actividades de las entidades de contrapartida central, las contrapartes 
financieras y las contrapartes no financieras.
El Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
pondrán inmediatamente en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de 
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Valores cualquier incumplimiento efectivo, o la existencia de indicios fundados del 
previsible incumplimiento, de las obligaciones establecidas en los artículo 11.3 
y 11.4 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Crédito.
El apartado 4 del artículo 7 de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 
Crédito, queda modificado del siguiente modo:
«4. Las aportaciones serán reembolsadas a los socios en las condiciones que 
se señalen reglamentariamente y siempre que lo autorice el Consejo Rector. En 
todo caso, no podrá aprobarse dicho reembolso cuando ocasione una cobertura 
insuficiente del capital social obligatorio, reservas y coeficiente de solvencia.
Las aportaciones no podrán presentar entre sí privilegio alguno en su prelación 
en caso de concurso o liquidación de la cooperativa.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen 
jurídico de las sociedades de garantía recíproca.
La letra e) del apartado 1 del artículo 59 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre 
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, queda modificada como sigue:
«e) Por reducción del capital social desembolsado o de los recursos propios 
computables por debajo de las cifras mínimas exigidas en la presente Ley.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.
La letra g) del artículo 8 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de 
pagos y de liquidación de valores, queda modificada como sigue:
«g) La entidad de contrapartida central BME Clearing S.A.U., y el sistema de 
compensación y liquidación de valores e instrumentos financieros derivados 
gestionados por MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de 
Oliva, S.A., autorizados por el Ministro de Economía y Competitividad de 
conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de 
medidas de reforma económica.
El primer párrafo del artículo decimonoveno.2 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, 
de medidas de reforma económica queda redactado como sigue:
«2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior ofrecerán a quienes 
soliciten préstamos hipotecarios a tipo de interés variable al menos un instrumento, 
producto o sistema de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés, 
siempre que este resulte adecuado para el cliente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.»
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Disposición final sexta.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, 
de 29 de octubre.
El Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, queda modificado 
como sigue:
Uno. Se da nueva redacción a la letra a) del artículo 20.3 que queda redactada del 
siguiente modo:
«a) Se considera que un grupo de entidades financieras constituye un grupo 
consolidable de entidades aseguradoras, determinándose reglamentariamente los 
tipos de entidades integradas en aquél, cuando se dé alguna de las circunstancias 
siguientes:
1.ª Que una entidad aseguradora controle a las demás entidades.
2.ª Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad principal 
consista en tener participaciones en entidades aseguradoras.
3.ª Que una empresa cuya actividad principal consista en tener participaciones 
en entidades financieras, una sociedad financiera mixta de cartera, una persona 
física, un grupo de personas que actúen sistemáticamente en concierto o una 
entidad no consolidable con arreglo a esta Ley, controlen a varias entidades 
financieras, siendo al menos una de ellas una entidad aseguradora, y siempre que 
las entidades aseguradoras sean las de mayor dimensión relativa entre las 
entidades financieras, de conformidad con los criterios que establezca al efecto el 
Ministro de Economía y Competitividad.
Cuando se dé cualquiera de las dos últimas circunstancias, corresponderá a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones designar la persona o 
entidad obligada a formular y aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión 
consolidados y a proceder a su depósito, correspondiendo a la obligada el 
nombramiento de los auditores de cuentas. A efectos de la precitada designación, 
las entidades aseguradoras integrantes del grupo deberán comunicar su existencia 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con indicación del 
domicilio y la razón social de la entidad que ejerce el control, o su nombre, si es 
una persona física.
Cuando la entidad dominante del grupo consolidable de entidades aseguradoras 
sea una sociedad financiera mixta de cartera sometida a esta Ley y a la que le sean 
aplicables normas de supervisión equivalentes a las contenidas en el artículo 4.1 de la 
Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por 
la que se modifican otras leyes del sector financiero y en su normativa de desarrollo, 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, previa consulta con las 
demás autoridades responsables de la supervisión de las filiales de la sociedad 
financiera mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha sociedad 
únicamente las disposiciones de la Ley 5/2005, de 22 de abril, y su normativa de 
desarrollo o las disposiciones reguladoras del sector financiero más importante de 
esa sociedad financiera mixta de cartera.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá informar a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de la decisión adoptada 
en virtud del párrafo anterior.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 71 en los siguientes términos:
«6. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá elaborar 
guías técnicas, dirigidas a las entidades sometidas a su supervisión, indicando los 
criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento 
de la normativa de supervisión. Dichas guías, que deberán hacerse públicas, 
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podrán incluir los criterios que la propia Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.
A tal fin, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá hacer 
suyas, y transmitir como tales, así como desarrollar, complementar o adaptar las 
directrices que, dirigidas a los sujetos sometidos a su supervisión, aprueben los 
organismos o comités internacionales activos en la regulación o supervisión de 
seguros o planes de pensiones.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión 
de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector 
financiero.
La Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por 
la que se modifican otras leyes del sector financiero queda modificada como sigue:
Uno. Los párrafos sexto y séptimo de la exposición de motivos quedan redactados 
del siguiente modo:
«La Ley responde, por tanto, al objetivo fundamental de establecer un régimen 
prudencial específico aplicable a los conglomerados financieros. Existe, no 
obstante, un objetivo secundario: avanzar hacia una mayor coherencia entre las 
distintas legislaciones sectoriales, aplicables a los grupos «homogéneos», y entre 
éstas y la propia de los conglomerados financieros. Esta normativa sectorial, a la 
que el texto de la Ley hace continuas referencias, sería la contenida, para las 
entidades de crédito, en la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia 
de Entidades de Crédito; para el mercado de valores, en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores; para el sector de seguros, en el Texto Refundido de 
la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre; para las sociedades gestoras de 
instituciones de inversión colectiva, en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva; y para las sociedades gestoras de entidades 
de capital riesgo en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las 
entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. A ellas debe añadirse el 
Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
El Capítulo I se dedica al primero de los objetivos destacados: el diseño de un 
nuevo sistema de supervisión al que habrán de sujetarse las entidades de crédito, 
las empresas de servicios de inversión y las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, así como las sociedades gestoras de instituciones de inversión 
colectiva, las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y las entidades 
gestoras de fondos de pensiones (a las que tanto la Directiva 2011/89/UE, de 16 de 
noviembre, como la Ley se refieren genéricamente como «entidades reguladas») 
integradas en un conglomerado financiero. Así, primeramente se aporta una 
definición de conglomerado financiero, a partir de la ya clásica definición de grupo 
que ofrece el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio. A continuación, se 
enumeran los elementos vertebradores de dicha supervisión: solvencia, políticas 
de adecuación de capital, concentración de riesgos, operaciones intragrupo y 
procedimientos de gestión de riesgos y mecanismos de control interno.»
Dos. Los apartados 2, 3 y 5 y el primer párrafo del apartado 6 del artículo 2 quedan 
redactados como sigue:
«2. A los efectos de esta Ley, se estará a la definición de grupo de sociedades 
establecida en el artículo 42 del Código de Comercio.
Asimismo, se entenderá por participación todo derecho sobre el capital de otras 
sociedades que, creando con estas una vinculación duradera, esté destinado a 
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contribuir a la actividad de la sociedad, y, en todo caso, la tenencia, de manera directa 
o indirecta, de al menos el 20 por ciento del capital o de los derechos de voto.
En el grupo se integrarán todas las entidades que mantengan entre sí los 
vínculos señalados en los dos párrafos anteriores, cualquiera que sea su 
nacionalidad, domicilio o naturaleza jurídica, y con independencia del país donde 
desarrollen sus actividades.
3. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, serán entidades reguladas las 
entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva, las sociedades gestoras de 
entidades de capital riesgo, las entidades gestoras de fondos de pensiones y las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Las entidades reguladas comprenderán:
a) Las españolas inscritas en los registros especiales a cargo del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.
b) Las autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea.
c) Los organismos o empresas, tanto públicos como privados, que hayan sido 
autorizados en terceros Estados, cuando desarrollen actividades reservadas a las 
entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, entidades aseguradoras 
y reaseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, 
sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y entidades gestoras de fondos 
de pensiones.»
«5. Se entenderá que las actividades en un sector financiero son significativas 
si resulta ser superior al 10 por ciento la media del cociente entre el balance total 
de dicho sector y el balance total de las entidades del sector financiero del grupo y 
el cociente entre los requisitos de solvencia de dicho sector y los requisitos totales 
de solvencia de las entidades del sector financiero del grupo.
El requisito previsto en el apartado 1.c) se considerará igualmente satisfecho si 
el balance total del sector financiero de menor dimensión del grupo es superior 
a 6.000 millones de euros. Reglamentariamente, se determinarán los supuestos en 
que, de superarse únicamente el umbral previsto en este párrafo o el contemplado 
en el párrafo anterior, sin superarse simultáneamente el otro, el grupo podrá no ser 
considerado conglomerado financiero o no serle aplicadas las disposiciones 
recogidas en el artículo 4.1.c), d) y e).
A los efectos de esta Ley, el sector financiero de menor dimensión de un grupo 
será el sector con la media más baja y el sector financiero más importante será el 
sector con la media más alta. Para calcular el sector financiero de menor dimensión 
y el más importante, los sectores bancario y de servicios de inversión se 
considerarán conjuntamente y las sociedades gestoras de instituciones de inversión 
colectiva y las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo se añadirán al 
sector al que pertenezcan dentro del grupo. Si estas últimas no pertenecieran 
exclusivamente a un sector dentro del grupo se añadirán al sector financiero de 
menor tamaño.
6. En los casos y de acuerdo con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente, el balance total podrá ser sustituido o complementado en los 
cocientes previstos en los apartados 4 y 5 por uno o varios de los siguientes 
parámetros:
a) La estructura de ingresos.
b) Las actividades fuera de balance.
c) Total de activos gestionados.»
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Tres. Las letras b) y d) del artículo 3.2 quedan redactadas como sigue:
«b) Las sociedades financieras mixtas de cartera con domicilio social en 
España que sean sociedad dominante de conglomerados financieros señalados en 
la letra a) anterior.
d) Las entidades reguladas de conglomerados financieros a los que se 
aplique los supuestos de exención recogidos en el segundo párrafo del artículo 2.5, 
en los términos previstos en el artículo 4.3 de esta Ley.»
Cuatro. Los apartados 2 y 3 del artículo 4 quedan redactados como sigue:
«2. Cuando la entidad dominante del conglomerado financiero sea una 
sociedad financiera mixta de cartera a la que le sean aplicables normas sectoriales 
equivalentes a las contenidas en el apartado anterior y en su normativa de 
desarrollo, el coordinador, previa consulta con las demás autoridades competentes 
relevantes, podrá decidir que se apliquen a dicha sociedad únicamente las 
disposiciones de esta Ley y su normativa de desarrollo o las disposiciones 
reguladoras del sector financiero más importante del conglomerado financiero.
El supervisor en base consolidada deberá informar al Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión de la decisión adoptada en virtud de este 
apartado.
3. Reglamentariamente, podrán extenderse todas o algunas de las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.a aquellos grupos que cumplan todos 
los requisitos contemplados en los artículos 2 y 3 aunque se les aplique los 
supuestos de exención recogidos en el segundo párrafo del artículo 2.5.
A los grupos que queden sometidos a las citadas obligaciones les serán 
igualmente de aplicación los artículos 5, 6 y 7, con las especificaciones que se 
determinen reglamentariamente.»
Cinco. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«3. Las funciones del coordinador en relación con la supervisión adicional de 
las entidades reguladas de un conglomerado financiero son las siguientes:
a) La coordinación de la recopilación y la difusión de la información pertinente 
o esencial, incluida la difusión de la información que resulte relevante para la labor 
de supervisión de una autoridad competente con arreglo a las normas sectoriales.
b) La supervisión general y la evaluación de la situación financiera de un 
conglomerado financiero.
c) La evaluación del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
artículo anterior y sus normas de desarrollo.
d) La evaluación de la estructura, organización y sistemas de control interno 
del conglomerado financiero.
e) La planificación y coordinación de las actividades de supervisión cuando 
resulte necesario para los objetivos de la supervisión adicional y, en todo caso, en 
situaciones graves.
f) La identificación de la estructura jurídica y de la estructura de gobernanza y 
organizativa.
g) La realización de pruebas de resistencia periódicas a nivel de 
conglomerados financieros.
h) El resto de funciones que se le atribuyan por esta Ley y sus disposiciones 
de desarrollo.»
Seis. Se modifica el último párrafo del apartado 2 y se añade un nuevo apartado 5 
bis en el artículo 6:
«Sin perjuicio de los requisitos de confidencialidad y de la legislación de la 
Unión Europea, también deberán celebrar los referidos acuerdos cuando, siendo 
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autoridades competentes, sean requeridas para ello por las autoridades de otros 
Estados miembros o de terceros Estados que desempeñen las funciones descritas 
en el primer párrafo de este apartado.
Los acuerdos de coordinación referidos en este apartado se reflejarán por separado 
en las disposiciones consignadas por escrito a las que se refieren el artículo 66 de la 
Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito y el 
artículo 91 septies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»
«5 bis. Las funciones establecidas en el artículo 5 y la cooperación requerida 
en cumplimiento de este artículo y del artículo 5 se realizarán a través de colegios 
de supervisores establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de 
la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito y 
en el artículo 91 septies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
En tales casos, las disposiciones del colegio en materia de conglomerados deberán 
reflejarse por separado del resto de disposiciones.
Asimismo, sin perjuicio de los requisitos de confidencialidad y de la legislación de 
la Unión Europea, la adecuada coordinación y cooperación con las autoridades de 
supervisión de terceros Estados se realizará también a través de dichos colegios.
El coordinador, cuando actuare como presidente de alguno de estos colegios, 
decidirá qué otras autoridades competentes participarán en la actividad del colegio 
a efectos de la aplicación de esta Ley y su normativa de desarrollo. Asimismo, en 
su caso, velará por establecer una coordinación y cooperación adecuadas con las 
autoridades competentes de terceros países.
No obstante lo anterior, en ausencia de colegios sectoriales de supervisores, el 
coordinador de la supervisión de un conglomerado financiero, creará un colegio 
para llevar a cabo las tareas y la cooperación mencionadas en el primer párrafo de 
este apartado, en los términos que reglamentariamente se establezca.»
Disposición final octava.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
El Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, queda modificado como sigue:
Uno. Se añaden los apartados 4 a 7 al artículo 29:
«4. Las informaciones o datos que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de supervisión pública y 
control de la actividad de auditoría de cuentas previstas en esta Ley tendrán carácter 
confidencial y no podrán ser divulgados o facilitados a ninguna persona o autoridad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de los supuestos contemplados 
por el derecho penal, ninguna información confidencial que puedan recibir en el 
ejercicio de sus funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna.
5. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad 
para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y hayan tenido conocimiento 
de datos de carácter confidencial están obligadas a guardar secreto. El 
incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las 
demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni 
testimonio, ni publicar, comunicar, exhibir datos o documentos confidenciales, ni 
siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo expreso permiso otorgado 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Si dicho permiso no fuera 
concedido, la persona afectada mantendrá el deber de secreto y quedará exenta 
de la responsabilidad que de ello emane.
6. Se exceptúan de la obligación de secreto regulado en el presente artículo:
a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o 
comunicación de los datos.
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b) La publicación de datos agregados con fines estadísticos, o las 
comunicaciones en forma sumaria o agregada de manera que los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría no puedan ser identificadas, de acuerdo con la 
Disposición adicional quinta.
c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o 
por el Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un juicio civil.
d) Las informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o 
jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en el 
ejercicio de la competencia sancionadora a que se refiere el artículo 30, sean 
requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
e) La información que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
publique de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 38.
f) Los resultados de las actuaciones de control de calidad efectuados de 
forma individualizada a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
7. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 a 6 de este artículo, las 
informaciones confidenciales podrán ser suministradas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas a las siguientes personas y entidades para 
facilitar el cumplimiento de sus respectivas funciones, las cuales estarán a su vez 
obligadas a guardar el deber de secreto regulado en este artículo:
a) Quienes resulten designados por resolución judicial.
b) Quienes estén autorizados por ley.
c) El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los órganos 
autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades 
aseguradoras.
d) Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, así como las comunicaciones que de modo 
excepcional puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en la Sección 3.ª del 
Capítulo I del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
e) Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de terceros países en los términos a que se refieren, respectivamente, 
los artículos 42 y 43.»
Dos. Se añade un párrafo después de la letra c) de la Disposición final primera con 
el siguiente tenor literal:
«Salvo que razones significativas y justificadas lo impidan, esta comunicación 
se hará extensiva de forma simultánea al órgano de dirección de la entidad. En 
todo caso, se entenderá que no es posible tal comunicación cuando el citado 
órgano de dirección hubiese estado o pudiera estar o haber estado involucrado en 
los hechos que motivan la citada comunicación.»
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, 
por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
El artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 7.  Comisión Gestora.
1. El Fondo será regido y administrado por una Comisión Gestora integrada 
por once miembros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, 
uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por 
cve: BOE-A-2014-6726
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el Banco de España y cinco por las asociaciones representativas de las entidades 
de crédito adheridas, en los términos previstos reglamentariamente.
2. El representante del Ministerio de Economía y Competitividad será el 
Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ostentará la Vicepresidencia 
de la Comisión Gestora y sustituirá al Presidente en sus funciones en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad.
El representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el 
Interventor General del Estado.
Los representantes del Banco de España serán designados por su Comisión 
ejecutiva. Uno de ellos será el Subgobernador que ostentará la Presidencia de la 
Comisión.
Los representantes de las entidades adheridas serán designados tres por las 
asociaciones representativas de bancos, uno por las de cajas de ahorros y uno por 
las de Cooperativas de Crédito, en los términos que se prevean reglamentariamente.
Las personas designadas por las entidades adheridas serán personas de 
reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseerán conocimientos y 
experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones. En la determinación de 
las citadas condiciones se atenderá a los criterios contemplados en el artículo 2 del 
Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, Actividad 
transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen jurídico de las Entidades de 
crédito.
Los titulares de los respectivos departamentos ministeriales nombrarán un 
representante suplente del Ministerio de Economía y Competitividad y uno del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, por el mismo 
procedimiento previsto anteriormente se nombrarán dos suplentes por el Banco de 
España y uno por cada uno de los designados por las entidades adheridas, que 
sustituirán a los titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso 
de los representantes de las entidades, también deberán ser sustituidos por 
indicación del Presidente de la Comisión Gestora del Fondo, cuando la Comisión 
Gestora vaya a tratar cuestiones que afecten directamente a una entidad o grupo 
de entidades con los que esté vinculado como administrador, directivo, contrato 
laboral, civil o mercantil o cualquier otra relación que pudiese menoscabar la 
objetividad de sus decisiones, determinando su abstención.
3. La duración del mandato de los miembros de la Comisión Gestora será de 
cuatro años renovables.
4. Los representantes de las entidades de crédito adheridas al Fondo cesarán 
en su cargo por las causas siguientes:
a) Expiración del término de su mandato.
b) Renuncia.
c) Separación acordada por la Comisión Gestora por incumplimiento grave de 
sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función o falta 
sobrevenida de honorabilidad.
5. Para la validez de las reuniones de la Comisión Gestora será necesaria la 
asistencia de la mitad de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría 
de sus miembros.
No obstante, se requerirá mayoría de dos tercios para acordar la realización de 
aquellas derramas que establezcan la obligación de efectuar pagos adicionales a 
las aportaciones anuales ordinarias o que adelanten el pago de estas últimas, así 
como para las medidas contempladas en el marco de los planes de resolución a los 
que se hace referencia en el artículo 11.
6. La Comisión Gestora establecerá sus propias normas de funcionamiento 
para el debido ejercicio de sus funciones.
7. La pertenencia a la Comisión Gestora no dará derecho a ningún tipo de 
compensación económica.»
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Disposición final décima.  Modificación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas 
de ahorros y fundaciones bancarias.
La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifican los párrafos doce y siguientes del apartado III de la Exposición 
de Motivos, que queda redactada en los siguientes términos:
«Dentro del régimen de control, se regula el protectorado de las fundaciones 
bancarias, que corresponderá al Estado o a las Comunidades Autónomas 
atendiendo a su ámbito de actuación principal y a la participación que ostente en la 
entidad de crédito.
Respecto al ámbito de actuación, la peculiaridad de este tipo de fundaciones es 
que, según el artículo 32.2, su actividad principal queda definida tanto por la 
atención y desarrollo de la obra social como por la adecuada gestión de su 
participación en una entidad de crédito. Siendo el segundo de los criterios novedoso 
y específico de las fundaciones bancarias con respecto a las fundaciones 
ordinarias, conviene aclarar en la Ley, para evitar cualquier duda interpretativa, 
cuándo se considerará que dicho ámbito de actuación excede del de una 
Comunidad Autónoma. Siendo la actividad definitoria de las entidades bancarias la 
captación de fondos reembolsables del público, parece que el criterio más natural 
es el de la distribución territorial de los depósitos, evitándose al mismo tiempo que 
cualquier exceso respecto del ámbito de una Comunidad Autónoma, por pequeño 
que sea, pueda conducir a que el protectorado se considere de ámbito estatal. Se 
considera que el criterio del 40 por ciento de los depósitos fuera de la Comunidad 
Autónoma determina claramente un ámbito de actuación principal supra 
autonómico.
En cuanto al criterio correspondiente a la obra social, al no ser novedoso en 
sentido estricto respecto a criterios que ya venían aplicándose con carácter general 
en materia de fundaciones, no parece necesario hacer para las fundaciones 
bancarias ninguna precisión adicional. Además, según establece el artículo 45, el 
Ministerio de Economía y Competitividad –caso de ser el competente para ejercer 
el protectorado– deberá recabar necesariamente en esta materia el informe de las 
Comunidades Autónomas en las que las fundaciones ejerzan su obra social.
En todo caso, excediendo su ámbito de actuación principal de una Comunidad 
Autónoma, será necesario, para que el Estado ejerza el protectorado, que la 
participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito sea, al menos, un 10 
por ciento o, siendo inferior a dicho porcentaje, sea el primer accionista de la 
misma.
Por otro lado, y a efectos de garantizar la estabilidad en el ejercicio de las 
funciones de protectorado, evitando que por modificaciones puntuales de las 
condiciones descritas en el artículo 45 se altere la competencia, se prevé que ésta 
se mantendrá salvo que tenga lugar una modificación sustancial de las mismas.
Adicionalmente, y para los supuestos en que el protectorado sea asumido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, se regulan determinadas especialidades 
respecto a las funciones previstas por el artículo 35.1 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones.
Finalmente, la Ley incluye una serie de disposiciones entre las que destacan el 
establecimiento de un régimen especial en caso de ampliación de capital en 
entidades bancarias participadas por fundaciones bancarias, así como para la 
distribución de dividendos. En lo que se refiere, en particular, a las ampliaciones de 
la participación de las fundaciones bancarias con control de una entidad de crédito, 
la Disposición adicional octava impide el ejercicio de los derechos políticos de las 
acciones suscritas en las ampliaciones de capital de la entidad de crédito. No 
obstante, se garantiza al mismo tiempo que aquellas fundaciones que adquieran 
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acciones en una ampliación, puedan ejercer los derechos políticos necesarios para 
no diluirse más allá de lo indispensable para que su participación quede por debajo 
del 50 por ciento o de la posición de control de la entidad.
La Disposición transitoria primera prevé, por su parte, la transformación de las 
cajas de ahorros de ejercicio indirecto en fundaciones bancarias en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la Ley y la Disposición transitoria segunda prevé 
el régimen transitorio para la incompatibilidad prevista en el párrafo segundo del 
artículo 40.3.
En las disposiciones finales se especifica qué artículos tienen carácter básico, 
se realizan las habilitaciones normativas precisas para desarrollar la Ley, y se 
modifica la normativa tributaria, con el objeto de extender el tratamiento fiscal de 
las cajas de ahorros a las futuras fundaciones bancarias.»
Dos. El apartado 1.g) del artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«g) Requerir al presidente la convocatoria de la asamblea general con 
carácter extraordinario, en el supuesto previsto en la letra c).»
Tres. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Corresponderá al protectorado velar por la legalidad de la constitución y 
funcionamiento de las fundaciones bancarias, sin perjuicio de las funciones que le 
corresponden al Banco de España.
2. En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación 
principal exceda el de una Comunidad Autónoma, el protectorado será ejercido por 
el Ministerio de Economía y Competitividad siempre que individualmente ostenten 
una participación directa o indirecta en la entidad o entidades de crédito de, al 
menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto o, teniendo un 
porcentaje inferior, la fundación bancaria sea su mayor accionista. En caso 
contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente Comunidad 
Autónoma.
En todo caso, en relación con lo dispuesto en el artículo 32.2, se entenderá que 
el ámbito de actuación principal de la fundación bancaria excede de una Comunidad 
Autónoma cuando el 40 por ciento de la actividad de las entidades de crédito en las 
que participe directa o indirectamente, considerando la distribución territorial de los 
depósitos de sus clientes, se realice fuera de la Comunidad Autónoma en la que la 
fundación tiene su sede.
3. La competencia para ejercer el protectorado se mantendrá mientras que no 
tenga lugar una modificación sustancial de las circunstancias previstas en este 
artículo, entendiéndose por tal la alteración, durante un período de nueve meses 
consecutivos o alternos dentro de un mismo ejercicio económico, del ámbito 
principal de actuación de la fundación bancaria.
La adscripción al nuevo protectorado se producirá en el ejercicio económico 
siguiente a aquel en el que haya tenido lugar la modificación sustancial de las 
circunstancias.
4. Cuando el Ministerio de Economía y Competitividad asuma el protectorado 
de las fundaciones bancarias, ejercerá las funciones previstas en el artículo 35.1 
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con las siguientes 
especialidades:
a) Para el ejercicio de las funciones de verificación previstas en la letra f) que 
estén relacionadas con la aplicación y distribución de fondos que la fundación 
bancaria pueda destinar a su obra social, recabará informe previo y vinculante de la 
Comunidad Autónoma competente en función del ámbito territorial de la verificación. 
Este informe sustituirá al informe pericial previsto en el citado artículo 35.1.f).
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b) Cuando ejerza provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la 
fundación bancaria en los términos previstos en la letra g), recabará informe previo 
de las Comunidades Autónomas en las que la fundación desarrolle su obra social.
c) Cuando, conforme a lo previsto en la letra h), deba designar nuevos 
patronos, procurará que estén representadas las Comunidades Autónomas en las 
que la fundación bancaria desarrolle su obra social.»
Cuatro. El apartado segundo de la Disposición adicional primera, queda redactado 
como sigue:
«2. Las fundaciones que a la entrada en vigor de esta Ley mantengan una 
participación en una entidad de crédito que alcance los niveles previstos en el 
artículo 32, solo se transformarán en fundaciones bancarias en el caso de que 
incrementen su participación en la entidad de crédito y en el plazo de seis meses 
computados desde la fecha en que se produzca este incremento, o cuando tengan 
su origen en una caja de ahorros, en el plazo de nueve meses desde la entrada en 
vigor de esta Ley.»
Cinco. El apartado 3 de la Disposición transitoria primera, queda redactado de la 
siguiente manera:
«3. Las cajas de ahorros que hayan iniciado el proceso de transformación en 
fundación de carácter especial, sin estar incursas en causa legal para ello, 
continuarán el procedimiento y se transformarán en fundación bancaria o fundación 
ordinaria según corresponda, sin que el procedimiento pueda extenderse más allá 
de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En caso de superarse dicho 
plazo sin que se hubiera completado la transformación, resultará de aplicación lo 
previsto en el apartado siguiente.»
Seis. La letra c) de la Disposición transitoria segunda queda redactada como sigue:
«c) La compatibilidad de cada miembro se mantendrá como máximo hasta 
el 30 de junio de 2016.»
Siete. La Disposición final cuarta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.»
Se introduce una nueva Disposición adicional octava en la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Fundaciones bancarias.
Las fundaciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 
de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.»
Disposición final decimoprimera.  Título competencial.
1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 11.ª y 13.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases de la 
ordenación del crédito, banca y seguros y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, respectivamente.
2. No obstante, las disposiciones adicionales tercera y décima, la Disposición 
transitoria decimotercera y la Disposición final primera de esta Ley se dictan, además, al 
amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al 
cve: BOE-A-2014-6726
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Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil. Asimismo, la Disposición 
adicional primera y la Disposición transitoria segunda se dictan de conformidad con lo 
previsto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las 
competencias que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas en materia de 
supervisión de entidades de crédito y dentro del marco fijado por el Derecho de la Unión 
Europea.
Disposición final decimosegunda.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorporan parcialmente al Derecho español la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, relativa al 
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE y la Directiva 2011/89/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por la que se 
modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE en lo relativo 
a la supervisión adicional de las entidades financieras que formen parte de un 
conglomerado financiero.
Disposición final decimotercera.  Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo 
de lo dispuesto en esta Ley.
2. Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para dictar las disposiciones 
necesarias para modificar el Anexo de esta Ley de conformidad con lo que al respecto se 
determine en el Derecho de la Unión Europea.
3. Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley, el Banco de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrán hacer uso, de conformidad con sus respectivos 
ámbitos de competencia, de las opciones que se atribuyen a las autoridades competentes 
nacionales en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Disposición final decimocuarta.  Entrada en vigor.
1. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
2. Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones siguientes serán exigibles a partir de 
las fechas que se señalan a continuación, debiendo las entidades dar cumplimiento a 
todos los requerimientos legales o estatutarios necesarios para cumplir en las fechas 
indicadas:
a) A partir del 31 de octubre de 2014:
1.º) Las disposiciones contenidas en los artículos 26, apartados 1 a 4, 29.4, 34.1.d), g) 
e i) y 38. 2 y 3 de esta ley y en el artículo 70 ter. Tres.4 introducido en la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, por esta ley.
2.º) Las disposiciones contenidas en los artículos 67 bis y 70 ter.7.e) introducidos en 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por esta Ley, así como el 
artículo 34.1.d), g) e i) de esta Ley, en su aplicación a las empresas de servicios de 
inversión, en virtud de lo establecido en el artículo 70 ter. Dos.5 introducido, asimismo, en 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por esta Ley.
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Núm. 156  Viernes 27 de junio de 2014  Sec. I.   Pág. 49548
b) Las disposiciones contenidas en los artículos 31, 36 de esta ley y en los artículos 70 ter. 
Uno y 70 ter. Dos.6 introducidos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
por esta ley, a partir del 31 de octubre de 2014, excepto para aquellas entidades que con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley ya estuvieran obligadas, de acuerdo con la 
normativa anterior, a constituir un comité de nombramientos, un comité de remuneraciones 
o un comité conjunto de nombramientos y remuneraciones.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 26 de junio de 2014.
FELIPE R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
cve: BOE-A-2014-6726
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ANEXO
Lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo
1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
2. Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito 
relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de 
transacciones comerciales (incluido el forfaiting).
3. Arrendamiento financiero.
4. Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 1 de la Ley 16/2009, de 13 
de noviembre, de servicios de pago.
5. Emisión y gestión de otros medios de pago, tales como tarjetas de crédito, 
cheques de viaje o cheques bancarios, cuando dicha actividad no esté recogida en el 
punto 4.
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos.
7. Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto 
cualquiera de los siguientes instrumentos:
a) Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, 
etcétera).
b) Divisas.
c) Futuros financieros y opciones.
d) Instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés.
e) Valores negociables.
8. Participación en las emisiones de valores y prestación de los servicios 
correspondientes.
9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia 
empresarial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el ámbito de 
las fusiones y de las adquisiciones de empresas.
10. Intermediación en los mercados interbancarios.
11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios.
12. Custodia y administración de valores negociables.
13. Informes comerciales.
14. Alquiler de cajas fuertes.
15. Emisión de dinero electrónico.
Cuando los servicios y actividades previstos en el artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, se refieran a instrumentos financieros previstos en el 
artículo 2 de dicha Ley, serán objeto de reconocimiento mutuo de conformidad con esta Ley.
cve: BOE-A-2014-6726
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