BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131  Jueves 2 de junio de 2011  Sec. I.   Pág. 54387
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
9617 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley.
ÍNDICE
Preámbulo
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Objetivos generales.
Artículo 3. Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Artículo 4. Principios.
Artículo 5. La evaluación en la asignación de los recursos públicos.
Título I. Gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Artículo 6. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.
Artículo 7. Estrategia Española de Innovación.
Artículo 8. Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
Artículo 9. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Artículo 10. Comité Español de Ética de la Investigación.
Artículo 11. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
Título II. Recursos humanos dedicados a la investigación.
Capítulo I. Personal Investigador al servicio de las Universidades públicas, de los 
Organismos Públicos de Investigación y de los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 12. Ámbito de aplicación.
Artículo 13. Personal investigador.
Artículo 14. Derechos del personal investigador.
Artículo 15. Deberes del personal investigador.
Artículo 16. Criterios de selección del personal investigador.
Artículo 17. Movilidad del personal investigador.
Artículo 18. Autorización para prestar servicios en sociedades mercantiles.
Artículo 19. Colaboradores científicos y tecnológicos.
Sección 2.ª Contratación del personal investigador de carácter laboral.
Artículo 20. Modalidades contractuales.
Artículo 21. Contrato predoctoral.
Artículo 22. Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
Artículo 23. Contrato de investigador distinguido.
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Capítulo II. Especificidades aplicables al personal al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
Sección 1.ª Personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
Artículo 24. Ámbito de aplicación.
Artículo 25. Carrera profesional del personal investigador funcionario.
Artículo 26. Acceso al empleo público y promoción interna.
Sección 2.ª Personal de investigación al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
Artículo 27. Personal de investigación.
Artículo 28. Derechos y deberes del personal técnico al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
Artículo 29. Personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
Artículo 30. Contratación de personal técnico laboral para la realización de proyectos 
específicos de investigación científica y técnica.
Capítulo III. Especificidades aplicables al personal docente e investigador al servicio 
de las Universidades públicas.
Artículo 31. Acceso a los cuerpos docentes universitarios de las Universidades 
públicas.
Artículo 32. Dedicación del personal docente e investigador.
Título III. Impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia 
del conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 33. Medidas.
Artículo 34. Convenios de colaboración.
Capítulo II. Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora.
Artículo 35. Valorización y transferencia del conocimiento.
Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, 
gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación.
Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
Artículo 38. Cultura científica y tecnológica.
Capítulo III. Internacionalización del sistema y cooperación al desarrollo.
Artículo 39. Internacionalización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
Artículo 40. Cooperación al desarrollo.
Título IV. Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la 
Administración General del Estado
Capítulo I. Gobernanza.
Artículo 41. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y 
de Innovación.
Artículo 42. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica.
Artículo 43. Plan Estatal de Innovación.
Artículo 44. Ejes prioritarios del Plan Estatal de Innovación.
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Capítulo II. Agentes de financiación.
Artículo 45. Agentes de financiación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación.
Capítulo III. Agentes de ejecución.
Artículo 46. Agentes de ejecución de la Administración General del Estado.
Artículo 47. Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
Disposición adicional primera. Aplicación de las disposiciones del título II de esta ley 
a otras entidades.
Disposición adicional segunda. Estatuto del personal investigador en formación.
Disposición adicional tercera. Joven empresa innovadora.
Disposición adicional cuarta. Personal del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional quinta. Supresión de escalas de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y 
de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
Disposición adicional sexta. Escalas de los Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado.
Disposición adicional séptima. Régimen retributivo de las escalas científicas y 
técnicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
Disposición adicional octava. Reorganización de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
Disposición adicional novena. Protección de datos de carácter personal.
Disposición adicional décima. Informes de evaluación de solicitudes de ayudas del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica.
Disposición adicional undécima. Subvenciones y ayudas concedidas por la 
Administración General del Estado.
Disposición adicional duodécima. Autorización legal para la creación de la Agencia 
Estatal de Investigación.
Disposición adicional decimotercera. Implantación de la perspectiva de género.
Disposición adicional decimocuarta. Otros agentes de ejecución de la Administración 
General del Estado.
Disposición adicional decimoquinta Consideración de actividades prioritarias a 
efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Disposición adicional decimosexta. Investigadores de los Programas Ramón y Cajal 
y Miguel Servet.
Disposición adicional decimoséptima. Mecanismos para facilitar la participación de 
entidades, personal o grupos de investigación españoles en los Consorcios de 
Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC).
Disposición adicional decimoctava. Seguridad Social en el contrato predoctoral.
Disposición adicional decimonovena. Compensación económica por obras de 
carácter intelectual.
Disposición adicional vigésima. Regulación de los centros de investigación propios 
de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva.
Disposición adicional vigesimoprimera. Regulación de las entidades de investigación 
compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional vigesimosegunda. Aplicación del artículo 18 de esta ley.
Disposición adicional vigesimotercera. Normas comunes a los contratos para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Disposición adicional vigesimocuarta. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto 
y Convenio.
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Disposición adicional vigesimoquinta. Promoción interna horizontal a las Escalas de 
Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación e Investigadores 
Científicos de Organismos Públicos de Investigación.
Disposición adicional vigesimosexta. Los centros tecnológicos y centros de apoyo a 
la innovación tecnológica de ámbito estatal.
Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico del Instituto de Astrofísica 
de Canarias.
Disposición adicional vigesimoctava. Programas de ayudas a la investigación 
dirigidas al personal de investigación.
Disposición transitoria primera. Órganos subsistentes.
Disposición transitoria segunda. Subsistencia del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de la Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología.
Disposición transitoria cuarta. Programas de ayuda a la formación del personal 
investigador.
Disposición transitoria quinta. Sistemas de evaluación del desempeño y régimen 
transitorio retributivo de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado.
Disposición transitoria sexta. Subsistencia de la Estrategia Estatal de Innovación.
Disposición derogatoria. Derogación normativa y vigencia de normas.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios.
Disposición final octava. Modificación de la Ley 14/2007, de 3 julio, de Investigación 
biomédica.
Disposición final novena. Título competencial y carácter de legislación básica.
Disposición final décima. Desarrollo reglamentario.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para 
la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el 
progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia 
económica y social de España en el entorno internacional. Este desarrollo, propiciado en 
gran medida por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica, tiene ante sí en la actualidad el reto de la consolidación 
e internacionalización definitiva de la ciencia.
Por otra parte, el sector productivo español, imponiéndose a una inercia histórica, está 
empezando a desarrollar desde fechas recientes una cultura científica, tecnológica e 
innovadora que es esencial para su competitividad. La economía española debe avanzar 
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hacia un modelo productivo en el que la innovación está llamada a incorporarse 
definitivamente como una actividad sistemática de todas las empresas, con independencia 
de su sector y tamaño, y en el que los sectores de media y alta tecnología tendrán un 
mayor protagonismo.
Ambas condiciones, así como la emergencia de una cultura de cooperación entre el 
sistema público de ciencia y tecnología y el tejido productivo, de la que España carecía 
hace unos años, permiten a nuestro país estar en las mejores condiciones para lograr una 
sociedad y una economía del conocimiento plenamente cohesionadas. El papel de la 
ciencia para tal fin, así como su difusión y transferencia, resultan elementos imprescindibles 
de la cultura moderna, que quiere regirse por la razón y el pensamiento crítico en la elección 
de sus objetivos y en su toma de decisiones.
La Ley 13/1986, de 14 de abril, estableció la organización básica del Estado en materia 
de ciencia y tecnología, definiendo un instrumento principal de planificación estratégica: el 
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. De forma más reciente, 
las Comunidades Autónomas han venido desarrollando sus propios instrumentos de 
organización y planificación de la ciencia y la tecnología, así como de apoyo a la innovación, 
de acuerdo con sus competencias. Todo ello junto a una creciente asignación de recursos 
públicos a estas políticas, especialmente significativa en los últimos años, ha configurado 
un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación robusto y complejo, con 
capacidades y con retos muy distintos a los de 1986; un sistema que demanda un nuevo 
marco legal que propicie la respuesta a los importantes desafíos que tiene el propio 
desarrollo científico, otorgando nuevos apoyos y mejores instrumentos a los agentes del 
sistema, para que puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio 
responsable de sus actividades.
En particular, hay cinco situaciones que distinguen el actual contexto del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación del que existía en el momento de aprobación 
de la mencionada ley.
En primer lugar, el desarrollo de las competencias en materia de investigación científica 
y técnica e innovación de las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de 
Autonomía y de la aprobación de sus marcos normativos. Este desarrollo ha dado lugar a 
verdaderos sistemas autonómicos de I + D + i con entidad propia, que coexisten con el 
sistema promovido desde la Administración General del Estado. Este «sistema de 
sistemas» demanda, en aras de una mayor eficiencia y búsqueda de sinergias, el 
establecimiento de nuevos mecanismos de gobernanza basados en la cooperación, desde 
el respeto a las respectivas competencias.
En segundo lugar, España se encuentra plenamente integrada en la Unión Europea. 
El nuevo marco legal debe, por tanto, establecer mecanismos eficientes de coordinación y 
de colaboración entre las Administraciones Públicas, y facilitar el protagonismo español en 
la construcción del Espacio Europeo de Investigación y del Espacio Europeo de 
Conocimiento. En este sentido, el Grupo de Análisis de la Estrategia de Lisboa establece, 
en particular, las siguientes recomendaciones:
a) Un cambio en las políticas, evolucionando hacia políticas abiertas, dinámicas y 
sistemáticas, basadas en una mezcla eficiente de políticas e instrumentos, adaptadas a 
diversos escenarios, actores y campos de la ciencia y la tecnología, incorporando aspectos 
multidimensionales.
b) Incorporar nuevos estilos de gobernanza de las políticas del conocimiento, 
reforzando las capacidades de inteligencia estratégica, incorporando la experimentación 
de políticas, dando poder a los agentes de cambio y estableciendo incentivos claros 
dirigidos a los objetivos de Lisboa.
c) Construir un nuevo modelo de políticas del conocimiento basado en la configuración 
dinámica del conocimiento, con combinación de políticas que tengan en cuenta las 
especificidades de sectores y actores, que supere las fronteras administrativas, regionales 
y nacionales. Es el modelo propuesto para construir el Espacio Europeo del Conocimiento 
con una perspectiva dinámica, multidimensional y con múltiples actores.
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En tercer lugar, el tamaño alcanzado por nuestro sistema, tanto en lo que hace 
referencia a la cuantía de los recursos públicos disponibles, como a la naturaleza de los 
instrumentos de financiación, exige una transformación profunda del modelo de gestión de 
la Administración General del Estado. Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema, la 
Agencia Estatal de Investigación, más eficiente y flexible pero igualmente transparente, 
que garantice un marco estable de financiación, y que permita la incorporación de las 
mejores prácticas internacionales en materia de fomento y evaluación de la investigación 
científica y técnica.
En cuarto lugar, la comunidad científica española, que es hoy seis veces mayor que en 
1986, ha de dotarse de una carrera científica y técnica predecible, basada en méritos y 
socialmente reconocida, de la que actualmente carece, y el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación debe incorporar los criterios de máxima movilidad y apertura que 
rigen en el ámbito científico internacional.
En quinto y último lugar, el modelo productivo español basado fundamentalmente en 
la construcción y el turismo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a 
través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una 
economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más 
equilibrado, diversificado y sostenible.
Estas cinco realidades: desarrollo autonómico, creciente dimensión europea, salto 
cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos, consolidación de una comunidad 
científica y técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y transición hacia una 
economía basada en el conocimiento y la innovación, exigen medidas transformadoras 
como las contempladas específicamente en la presente ley. Ésta reconoce, además, la 
diferencia sustancial entre la intervención pública que requiere el fomento de la investigación, 
incluida la investigación científica y técnica que realizan las empresas a través del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica, y la creación de un entorno favorable a la 
innovación, un reto mucho más transversal, a través del Plan Estatal de Innovación.
El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas por situar su ciencia a 
nivel internacional debe complementarse ahora con un mayor énfasis en la investigación 
técnica y el desarrollo tecnológico y en la transferencia de los resultados de investigación 
hacia el tejido productivo. No obstante, aunque necesario, este impulso a la llamada 
valorización del conocimiento no es suficiente para lograr el objetivo de una economía más 
innovadora; se precisa un enfoque más amplio. La apuesta por la innovación es 
estrictamente necesaria para el crecimiento y competitividad de nuestro sistema productivo. 
En este sentido, la presente ley recoge también otras medidas, como las relativas a una 
mayor movilidad de los investigadores entre sector público de I + D y empresas, o el apoyo 
a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica a través de la figura del 
estatuto de Joven empresa innovadora.
De igual manera, el texto contempla reformas orientadas a corregir algunas debilidades 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que el anterior marco legal no 
logró solventar, en particular, la baja contribución del sector privado a la financiación y 
ejecución de actividades de I + D + i. Por esta razón, incentiva el patrocinio y mecenazgo, y 
la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación.
La presente ley incorpora un conjunto de medidas de carácter novedoso que persiguen 
situar a la legislación española en materia de ciencia y tecnología e innovación en la 
vanguardia internacional. Entre estas medidas para una «Ciencia del siglo XXI» destacan 
la incorporación del enfoque de género con carácter transversal; el establecimiento de 
derechos y deberes del personal investigador y técnico; el compromiso con la difusión 
universal del conocimiento, mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso 
abierto a la información científica; la incorporación de la dimensión ética profesional, 
plasmada en la creación de un Comité que aplicará los criterios y directrices 
internacionalmente aceptados; o el concepto de cooperación científica y tecnológica al 
desarrollo.
Por último, la ley profundiza en la vertebración de las relaciones y en el diálogo entre 
ciencia, tecnología, innovación y sociedad. En particular, reconoce las actividades de 
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divulgación y de cultura científica y tecnológica como consustanciales a la carrera 
investigadora, para mejorar la comprensión y la percepción social sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas y la sensibilidad hacia la innovación, así como para promover 
una mayor participación ciudadana en este ámbito.
II
La ley desarrolla el título competencial contenido en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución Española e incorpora normas relativas a otros ámbitos de competencias de 
la Administración General del Estado. Se considera el concepto de investigación científica 
y técnica como equivalente al de investigación y desarrollo, entendido como el trabajo 
creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 
incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos 
para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.
La ley tiene en cuenta la pluralidad de agentes que conforman hoy día el sistema. 
Junto a las Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Sanitarios y 
Empresas, responsables de la mayor parte de la actividad investigadora, en la actualidad 
tienen un papel muy destacado otros agentes como los centros de investigación adscritos 
a las Comunidades Autónomas, a la Administración General del Estado o a ambas, como 
son los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tecnológicos y las Instalaciones 
Científico-Técnicas Singulares. Para este extenso conjunto de agentes la ley establece 
disposiciones de carácter general, y garantiza, en todo caso, el principio de neutralidad por 
el cual ningún agente debe resultar privilegiado debido a su adscripción o naturaleza 
jurídica.
Destacan entre los agentes las Universidades y los Organismos Públicos de 
Investigación; a todos ellos les es aplicable la gran mayoría de las normas contenidas en 
esta ley. En el ámbito particular de la investigación biomédica, se reconoce el papel clave 
que juegan los centros sanitarios. Además, se destaca el protagonismo de las empresas 
en el ámbito del desarrollo tecnológico y la innovación, ya que juegan un papel fundamental 
para transformar la actividad de investigación científica y técnica en mejoras de la 
productividad española y de la calidad de vida de los ciudadanos. Se reconoce asimismo 
el interés general de la actividad desarrollada por organismos de investigación privados 
como los Centros Tecnológicos y el papel de agentes más vinculados a favorecer la 
transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema como, 
entre otros, los Parques Científicos y Tecnológicos, las Plataformas Tecnológicas y las 
Agrupaciones de Empresas Innovadoras. Tanto estos agentes como aquellos de creación 
más reciente se ven ampliamente afectados por la presente regulación.
III
El título preliminar establece que el objeto de la presente ley es la consolidación de un 
marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de 
coordinación general con un fin concreto: contribuir al desarrollo económico sostenible y al 
bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la 
innovación.
A continuación se recoge un amplio catálogo de objetivos generales que se persiguen 
con la creación del nuevo marco legal, que abarcan todos los aspectos relevantes 
relacionados con el impulso de la investigación científica y técnica y la innovación. Así, la 
I + D + i constituye el camino mediante el cual se pretende dar respuesta a los grandes 
retos estratégicos del Estado en materia económica, conjugando la necesidad de cambio 
y la sostenibilidad.
El título preliminar define, acto seguido, el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con carácter inclusivo. Se define como un Sistema de sistemas que articula lo 
público y lo privado y que integra de forma colaborativa en el ámbito público el conjunto de 
los mecanismos, planes y actuaciones que puedan ser definidos e implementados, para la 
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promoción y desarrollo de la I + D + i, tanto por las administraciones autonómicas como por 
la Administración General del Estado.
El Sistema, que se rige por unos principios inspiradores entre los que se cuentan los 
de eficacia, cooperación y calidad, está integrado por el sistema de la Administración 
General del Estado y por los de las Comunidades Autónomas y está orientado a la 
promoción, el desarrollo y el apoyo de la investigación científica y técnica y la innovación.
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta en la actualidad con 
una diversidad de agentes, públicos y privados, de diverso alcance y significación, 
comprometidos en el fomento y desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación de 
las ciencias y de las tecnologías. Se caracterizan desde un punto de vista funcional como 
agentes de coordinación, de ejecución y de financiación.
La variedad de agentes constituye, en principio, muestra del amplio compromiso 
existente a favor de la I + D + i. Este compromiso, no es, sin embargo, por sí solo, garantía 
suficiente para que el sistema responda a los desafíos, necesidades y oportunidades que 
ofrece el siglo XXI con una economía y una sociedad progresivamente más globalizadas.
Constituyen, por ello, retos pendientes del sistema los siguientes:
— Un mayor y suficiente dimensionamiento del sistema y de sus agentes para 
responder a la escala de los problemas que tiene la economía y la sociedad a la que debe 
transferir sus conocimientos.
— Una mayor internacionalización.
— Una mayor participación y protagonismo de la iniciativa privada en el conjunto del 
sistema.
— Una mayor apertura y flexibilidad de los agentes públicos del sistema al sistema 
productivo y a la sociedad en su conjunto.
— Una mayor apuesta por la colaboración entre el conjunto de los agentes del Sistema.
— Una extensión y profundización de la cultura de la innovación y de la asunción del 
riesgo en todos los órdenes y escalas del sistema productivo y del conjunto de los sistemas 
de la sociedad, con especial incidencia en el ámbito educativo y formativo.
En esa dirección deben encaminarse, de forma preferente, los apoyos y medidas que 
desde las Administraciones Públicas vayan a establecerse en favor de la adecuación y 
potenciación del sistema.
Por ello, la participación de una amplia y diversa gama de agentes en el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación requiere, para una mayor eficacia y eficiencia 
del mismo, el diseño e implementación de una gobernanza que responda a los siguientes 
criterios:
— El reconocimiento de todos y cada uno de los agentes en el papel que desempeña 
cada cual en el marco del Sistema.
— El establecimiento de unas reglas de juego que, además de ser operativas, eficaces 
y eficientes, sean equitativas, basadas en la igualdad de oportunidades, para el conjunto 
y para cada uno de los agentes.
— La definición e implementación del papel propio del papel de las Administraciones 
Públicas, de cada una y del conjunto de las mismas.
— La definición e implementación de una gestión colaborativa del Sistema público-
privado.
Por último, el título preliminar contiene una significativa referencia a la evaluación 
científica y técnica como mecanismo que ha de garantizar la transparencia y la objetividad 
en la asignación de los recursos públicos en materia de investigación científica y técnica.
IV
El título I desarrolla las competencias del Estado en materia de coordinación general 
de la investigación científica y técnica e innovación y regula la gobernanza del sistema.
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La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología se concibe como el marco de referencia 
plurianual para alcanzar un conjunto de objetivos generales, compartidos por la totalidad 
de las Administraciones Públicas con competencias en materia de fomento de la 
investigación científica y técnica. Con ello, se dispone de un instrumento que servirá de 
referencia para la elaboración de los planes de investigación científica y técnica de las 
distintas Administraciones Públicas, y para su articulación con las políticas de investigación 
de la Unión Europea y de Organismos Internacionales.
Por su parte, la Estrategia Española de Innovación se configura como el marco de 
referencia plurianual con el que, desde una concepción multisectorial, se pretende implicar 
a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la consecución del objetivo común 
de favorecer la innovación y así transformar la economía española en una economía 
basada en el conocimiento.
Esta Estrategia debe atender a cinco ejes de actuación: generación de un entorno 
financiero proclive a la innovación, fomento de la innovación desde la demanda pública, 
proyección internacional, fortalecimiento de la cooperación territorial y capital humano, 
colocando a la transferencia de conocimiento como elemento transversal que unifica todos 
los ejes.
La Estrategia Española de Innovación deberá contemplar también la necesidad de 
impulsar la contratación pública destinada a fortalecer la demanda de productos 
innovadores, tal y como recomienda el Parlamento Europeo en su Resolución de 3 de 
febrero de 2009, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre 
de 2007, titulada «La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa 
servicios públicos de alta calidad y sostenibles» (COM(2007)0799), así como el informe 
del Grupo de expertos independientes sobre investigación, desarrollo e innovación, titulado 
«Creación de una Europa innovadora» (Informe Aho).
La formulación de una Estrategia Española de Innovación forma parte de las previsiones 
incluidas en la Estrategia para la Economía Sostenible, que el Gobierno aprobó en 
diciembre de 2009. Asimismo, la Estrategia Española de Innovación queda englobada 
dentro del marco planteado por la Unión Europea en la Estrategia Europa 2020 en la que, 
dentro de una visión conjunta y un cuadro común de objetivos globales, se persigue 
alcanzar el 1% sobre el PIB de inversión pública y el 2% de inversión privada en I + D + i, 
haciendo que la inversión global de los países en I + D + i llegue al 3% de su PIB.
El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación es el órgano encargado 
de la coordinación general del sistema y está formado por representantes del máximo nivel 
de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Consejo 
estará asesorado por el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, del que 
formarán parte las asociaciones empresariales y sindicatos más representativos y 
miembros destacados de la comunidad científica y tecnológica.
Por último, el título I crea el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con el objetivo de disponer de información global del conjunto de agentes del 
sistema para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología, la Estrategia Española de Innovación, y sus planes de desarrollo.
V
El título II se centra en los recursos humanos dedicados a la investigación en 
Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas.
El capítulo I se divide en dos secciones: la 1.ª regula las disposiciones generales 
aplicables a todo el personal investigador de su ámbito de actuación, y la 2.ª se refiere, 
específicamente, al personal investigador que desarrolla su labor vinculado con una 
relación de carácter laboral.
La sección 1.ª se inicia con una definición de la actividad investigadora. A continuación 
se recoge un catálogo de derechos y deberes específicos del personal investigador, de 
acuerdo con lo indicado en la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 
relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación 
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de investigadores, y sin perjuicio de aquellos que les son de aplicación en virtud de la 
relación, funcionarial o laboral, que les una con la entidad para la que prestan servicios en 
función de la normativa vigente. Además, se establecen los criterios de selección del 
personal investigador que garanticen un desarrollo profesional sobre la base del respeto a 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La movilidad juega un papel fundamental en el desarrollo profesional del investigador 
y, por consiguiente, en el progreso científico. Su organización y planificación, tanto a escala 
nacional como internacional, constituye un elemento fundamental en materia de política 
científica, como lo demuestran las distintas acciones emprendidas por las instituciones 
españolas responsables y por los programas de cooperación internacional y movilidad de 
científicos contemplados en los sucesivos Programas Marco de la Unión Europea. Esta ley 
establece el reconocimiento de la movilidad en los procesos de evaluación: por ello, la ley 
establece la posibilidad de que los investigadores sean adscritos temporalmente a otros 
agentes públicos de ejecución; se regulan nuevas situaciones de excedencia temporal 
para aquellos investigadores que se incorporen a otros agentes de naturaleza pública o 
privada, nacionales, internacionales o extranjeros; se recoge una autorización para realizar 
estancias formativas en centros de reconocido prestigio; y se establece la posibilidad de 
autorizar al personal investigador a prestar servicios a tiempo parcial en sociedades 
mercantiles creadas o participadas por los organismos en los que presta sus servicios.
La sección 2.ª establece tres modalidades contractuales a las que pueden acogerse 
tanto los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y 
los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, como las 
Universidades públicas cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la 
contratación del personal investigador. La implantación de estas nuevas modalidades 
contractuales no supondrá incremento presupuestario.
Los investigadores que, dentro de los estudios de doctorado, realicen tareas de 
investigación en un proyecto específico y novedoso, podrán ser contratados mediante un 
contrato predoctoral; se trata de un contrato temporal con una duración de hasta cuatro 
años o hasta seis si se trata de personas con discapacidad, para el que se establece una 
reducción del 30% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias 
comunes.
La consecución de la titulación de doctorado pone fin a la etapa de formación del 
personal investigador, y a partir de ese momento da comienzo la etapa postdoctoral, cuya 
fase inicial está orientada al perfeccionamiento y especialización profesional del personal 
investigador y se desarrolla habitualmente mediante procesos de movilidad o mediante la 
contratación laboral temporal.
El contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá 
suscribirse con quienes se encuentren en posesión del Título de doctor o equivalente. Este 
contrato temporal de hasta cinco años tendrá por objeto primordial la realización de tareas 
de investigación orientadas a la obtención de un elevado nivel de perfeccionamiento y 
especialización profesional por el personal investigador, que conduzcan a la consolidación 
de su experiencia profesional. Implica un considerable avance en la supresión de la 
temporalidad del personal investigador, pues a partir de la finalización del segundo año de 
contrato, éste puede someter a evaluación la actividad investigadora desarrollada y, de ser 
superada la evaluación, ésta se tendrá en cuenta como mérito en los procesos selectivos 
de personal laboral fijo que sean convocados por las Universidades públicas, Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y Organismos de 
investigación de otras Administraciones Públicas; además, de tratarse de personal 
investigador de Universidades públicas, se tendrá en cuenta la evaluación superada a 
efectos de la consideración de los méritos investigadores en la evaluación positiva 
requerida para la contratación como Profesor Contratado Doctor.
Por último, se crea el denominado contrato de investigador distinguido, al que se 
podrán acoger investigadores de reconocido prestigio para realizar actividades de 
investigación o dirigir equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas 
científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia.
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El artículo 2.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, permite la aprobación de normas singulares de adecuación del régimen establecido 
por el Estatuto a las peculiaridades del personal investigador. Haciendo uso de esta 
autorización, el capítulo II regula en su sección 1.ª las peculiaridades del régimen del 
personal investigador que preste servicio en los Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado. Por su parte, la sección 2.ª del capítulo II se refiere 
a determinados aspectos relacionados con el personal de investigación al servicio de esos 
agentes.
La carrera profesional del personal investigador funcionario se estructura en torno a un 
nuevo diseño de escalas científicas, que se reorganizan para homogeneizar su régimen 
de selección, retributivo y de promoción. Además, se prevé el establecimiento de un 
sistema objetivo para evaluar el desempeño del personal funcionario a los efectos de 
carrera profesional horizontal, formación, provisión de puestos de trabajo y percepción de 
retribuciones complementarias.
Los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas podrán prever un turno de 
promoción interna para el acceso, bien desde otras escalas científicas o desde las escalas 
técnicas, bien desde el contrato laboral fijo, o bien desde los cuerpos docentes universitarios 
de Universidades públicas.
Se regula la participación de extranjeros en los procesos selectivos de acceso a las 
escalas científicas, y se posibilita la realización de las pruebas pertinentes en idioma inglés 
para facilitar la participación de estos candidatos; el objetivo es favorecer la movilidad 
geográfica e interinstitucional del personal asociado a las actividades de I + D e innovación, 
y atraer talento a los centros españoles.
El personal de investigación al servicio de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado está compuesto por el personal investigador y el 
perteneciente a las escalas técnicas. Por otro lado, se establece la aplicación de la carrera 
profesional que regule la ley de ordenación de la función pública de la Administración 
General del Estado al personal funcionario perteneciente a Cuerpos o Escalas no incluidos 
en el ámbito de aplicación de esta ley, cuando preste servicios en los Organismos Públicos 
de Investigación de la Administración General del Estado.
La ley recoge un catálogo de derechos y deberes del personal técnico al servicio de los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, sin 
perjuicio de aquellos que les son de aplicación en virtud de la relación funcionarial o laboral 
que les una con la entidad para la que prestan servicios en función de la normativa 
vigente.
El personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado se agrupará en torno a seis escalas. Además se 
prevé la posibilidad de establecer procedimientos de promoción interna entre las escalas 
científicas y las técnicas del mismo subgrupo de clasificación para facilitar el desarrollo de 
la carrera profesional.
El capítulo III establece algunas especificidades para el personal investigador 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios al servicio de las Universidades 
públicas, como la posibilidad para el personal laboral fijo contratado por las Universidades 
públicas de acuerdo con el artículo 22.4 de la presente ley de ser acreditado para Profesor 
Titular de Universidad, siempre que obtenga un informe positivo de su actividad docente e 
investigadora de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno, y el 
establecimiento por las Universidades públicas de la distribución de la dedicación del 
personal docente e investigador a su servicio.
VI
El título III de la ley regula el fomento y la cooperación como elementos para el impulso 
de la investigación científica y técnica, la transferencia de los resultados de la actividad 
investigadora y la innovación como elemento esencial para inducir el cambio en el sistema 
productivo, así como la difusión de los resultados y la cultura científica y tecnológica.
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El capítulo I establece una lista abierta de medidas a adoptar por los agentes de 
financiación, que giran en torno al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, 
la inversión empresarial en estas actividades mediante fórmulas jurídicas de cooperación, 
la valorización y transferencia del conocimiento, la transferencia inversa, la difusión de los 
recursos y resultados, la capacidad de captación de recursos humanos especializados, el 
apoyo a la investigación, a los investigadores jóvenes y a las jóvenes empresas innovadoras, 
la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal, el refuerzo del papel 
innovador de las Administraciones Públicas a través del impulso de la aplicación de 
tecnologías emergentes y la promoción de las unidades de excelencia, entre otras.
En materia de cooperación entre agentes públicos y privados del Sistema, se prevé la 
posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización 
conjunta de proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación, de creación 
o financiación de centros, de financiación de proyectos singulares, de formación del 
personal, de divulgación, y de uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios 
materiales.
El capítulo II contiene el mandato a las Administraciones Públicas de fomentar la 
valorización del conocimiento, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido 
mediante el proceso de investigación, con objeto de que los resultados de la investigación 
promovidos o generados por ella se transfieran a la sociedad.
En este contexto se incluye el fomento de la transferencia inversa del conocimiento 
liderada por el sector empresarial en colaboración con los agentes de investigación para 
el desarrollo de los objetivos de mercado basados en dichos resultados.
En cuanto a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad 
investigadora, los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia 
de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica, estarán 
sujetos al derecho privado.
Una de las novedades de la ley es la previsión que establece sobre publicación en 
acceso abierto, que dispone que todos los investigadores cuya actividad haya sido 
financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados 
a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación. Para su desarrollo, se encomienda a los 
agentes del Sistema el establecimiento de repositorios institucionales de acceso abierto.
En materia de cultura científica y tecnológica, la ley impone a las Administraciones 
Públicas el deber de fomentar las actividades conducentes a la mejora de la cultura 
científica y tecnológica de la sociedad, con el objeto de facilitar el acceso de la sociedad a 
la ciencia. Además, se establece la inclusión de medidas en el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica para favorecer la cultura científica y tecnológica.
El capítulo III de este título III incorpora dos artículos relativos al ámbito internacional: 
el primero trata sobre la internacionalización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que se define como un componente intrínseco de las acciones de fomento y 
coordinación. Prevé la posibilidad de crear centros de investigación en el extranjero, 
además de promover acciones para aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de 
atracción de España en el ámbito de la investigación y transferencia del conocimiento; el 
segundo se refiere a la cooperación científica y tecnológica al desarrollo a través del 
fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales, especialmente en proyectos 
con países prioritarios para la cooperación española. Las Administraciones Públicas 
deberán reconocer en los procesos de evaluación las actividades de cooperación científica 
y tecnológica al desarrollo.
VII
El título IV contiene, en su capítulo I, la regulación relativa al fomento y coordinación 
de la investigación científica y técnica en el ámbito de la Administración General del Estado. 
Para coordinar las actividades en materia de investigación científica y técnica e innovación 
de los distintos departamentos ministeriales se contempla la existencia de un órgano de 
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alto nivel, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación.
Por otro lado, para llevar a cabo el desarrollo de la programación general en materia 
de investigación científica y técnica en la Administración General del Estado, se crea el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, instrumento de planificación plurianual 
cuyo fin es establecer los objetivos, las prioridades y la programación de las políticas a 
desarrollar por la Administración General del Estado en el marco de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología. Dicho plan tendrá la consideración de plan estratégico de 
subvenciones a los efectos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y será aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
En paralelo, los elementos e instrumentos que se ponen al servicio del cambio de 
modelo productivo se planificarán en el Plan Estatal de Innovación, cuyo objetivo es 
transformar la economía española en una economía basada en el conocimiento. Los ejes 
prioritarios de la actuación estatal incluirán análisis y medidas relativos a la modernización 
del entorno financiero, el desarrollo de mercados innovadores, las personas, la 
internacionalización de las actividades innovadoras y la cooperación territorial.
El capítulo I también señala que los Departamentos Ministeriales competentes 
aprobarán y harán público un plan que detalle su política de compra pública innovadora y 
precomercial.
Aunque existan otros agentes de financiación públicos, pertenecientes a las 
Comunidades Autónomas, a la Administración Local, o privados, como fundaciones, 
asociaciones, entre otros, en el capítulo II se contempla la existencia de dos agentes de 
financiación de la Administración General del Estado como instrumentos para el ejercicio 
de sus políticas de fomento: uno de nueva creación, la Agencia Estatal de Investigación, y 
otro, ya existente, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Ambos instrumentos 
son fundamentales para mejorar la implementación de las políticas y para ejercer labores 
de coordinación con sus homólogos europeos, aspecto esencial en el desarrollo del 
Espacio Europeo de Investigación, y con los de terceros países. Estos agentes de 
financiación llevarán a cabo su actividad de acuerdo con los principios de independencia, 
transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la gestión.
El capítulo III se dedica a los agentes de ejecución de la Administración General del 
Estado, entre los cuales se encuentran los Organismos Públicos de Investigación: Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Centro de 
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), e Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC).
VIII
La ley contiene un conjunto de disposiciones adicionales, que regulan en primer lugar 
la aplicabilidad de ciertos artículos del título II sobre recursos humanos a varios agentes 
del sistema.
También se incluyen disposiciones que reconocen como agentes ejecutores a otros 
agentes públicos y privados no directamente adscritos a la Administración General del 
Estado pero imprescindibles en la consecución de los objetivos de los Planes Estatales de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación, entre los que destacan las Universidades, 
las empresas, los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tecnológicos, así como 
cualquier otro que asuma entre sus objetivos los definidos en los sucesivos Planes 
Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y que participe en las 
acciones que de los mismos se deriven.
Otras disposiciones introducen los necesarios ajustes en cuanto a supresión, creación 
y régimen retributivo en las escalas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado.
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Se autoriza al Gobierno para aprobar una reorganización de los Organismos Públicos 
de Investigación, con el fin de adecuarlos a los objetivos de la presente ley en aras de una 
mayor eficiencia, y para crear la Agencia Estatal de Investigación.
La perspectiva de género se instaura como una categoría transversal en la investigación 
científica y técnica, que debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso para 
garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, se establecen medidas 
concretas para la igualdad en este ámbito.
Asimismo, se incluyen disposiciones que recogen entre otras cuestiones, la regulación 
de los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas con competencia 
exclusiva, el régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio, y el régimen 
jurídico del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Las disposiciones transitorias regulan la subsistencia temporal del Consejo Asesor 
para la Ciencia y la Tecnología, del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología y de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica. Se declaran 
también subsistentes el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011 hasta su finalización, la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 
aprobada en la III Conferencia de Presidentes hasta su sustitución por la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y del Plan Estatal de Innovación.
Se establece un régimen transitorio para la entrada en vigor de los contratos de personal 
investigador en formación que prevé esta ley. Asimismo, se establece un régimen transitorio 
para la aplicación de los sistemas de evaluación del desempeño en las escalas científicas de 
los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
La disposición derogatoria prevé la derogación, desde su entrada en vigor, de todas 
las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley.
Otro grupo de disposiciones finales modifican determinadas leyes como complemento 
a las disposiciones de esta ley. Así, se modifican la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad, la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley 
29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y los productos 
sanitarios, y la Ley 14/2007, de 3 julio, de investigación biomédica.
La ley concluye con tres disposiciones finales relativas al título competencial, desarrollo 
reglamentario y entrada en vigor.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley establece el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y 
sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación, difusión 
y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El 
objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la 
innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico 
sostenible y el bienestar social.
Artículo 2. Objetivos generales.
Los objetivos generales de la presente ley son los siguientes:
a) Fomentar la investigación científica y técnica en todos los ámbitos del conocimiento, 
como factor esencial para desarrollar la competitividad y la sociedad basada en el 
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conocimiento, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional 
favorable al conocimiento y a la innovación.
b) Impulsar la transferencia favoreciendo la interrelación de los agentes y propiciando 
una eficiente cooperación entre las distintas áreas del conocimiento y la formación de 
equipos multidisciplinares.
c) Fomentar la innovación en todos los sectores y en la sociedad, mediante la 
creación de entornos económicos e institucionales favorables a la innovación que estimulen 
la productividad y mejoren la competitividad.
d) Contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso social armónico y 
justo, sustentado a partir de los grandes retos sociales y económicos a los que la ciencia 
ha de dar respuesta.
e) Coordinar las políticas de investigación científica y técnica en la Administración 
General del Estado y entre las distintas Administraciones Públicas, mediante los 
instrumentos de planificación que garanticen el establecimiento de objetivos e indicadores 
y de prioridades en la asignación de recursos.
f) Potenciar el fortalecimiento institucional de los agentes del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la colaboración entre ellos.
g) Contribuir a la formación continua, la cualificación y la potenciación de las 
capacidades del personal de investigación.
h) Favorecer la internacionalización de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
i) Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, orientada al progreso social y productivo, bajo el 
principio de la responsabilidad social de las instituciones de investigación e innovación.
j) Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de la educación, la 
formación y la divulgación en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad.
k) Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en 
la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
l) Promover la participación activa de los ciudadanos en materia de investigación, 
desarrollo e innovación, y el reconocimiento social de la ciencia a través de la formación 
científica de la sociedad y de la divulgación científica y tecnológica, así como el 
reconocimiento de la actividad innovadora y empresarial.
m) Fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, 
productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad 
universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las personas con discapacidad 
o en situación de dependencia.
Artículo 3. Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1. A efectos de esta ley, se entiende por Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de 
financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el conjunto de 
relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar 
y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de 
la economía y de la sociedad.
Dicho Sistema, que se configura en los términos que se contemplan en la presente ley, 
está integrado, en lo que al ámbito público se refiere, por las políticas públicas desarrolladas 
por la Administración General de Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por 
las Comunidades Autónomas.
2. Son agentes de coordinación las Administraciones Públicas, así como las entidades 
vinculadas o dependientes de éstas, cuando desarrollen funciones de disposición metódica 
o concierto de medios y recursos para realizar acciones comunes en materia de investigación 
científica y técnica o de innovación, con el fin de facilitar la información recíproca, la 
homogeneidad de actuaciones y la acción conjunta de los agentes del Sistema Español de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación, para obtener la integración de acciones en la globalidad 
del sistema.
La coordinación general de las actuaciones en materia de investigación científica y 
técnica se llevará a cabo por la Administración General del Estado, a través de los 
instrumentos que establece la presente ley.
3. Son agentes de financiación las Administraciones Públicas, las entidades 
vinculadas o dependientes de éstas y las entidades privadas, cuando sufraguen los gastos 
o costes de las actividades de investigación científica y técnica o de innovación realizadas 
por otros agentes, o aporten los recursos económicos necesarios para la realización de 
dichas actividades.
4. Son agentes de ejecución las entidades públicas y privadas que realicen o den 
soporte a la investigación científica y técnica o a la innovación.
Artículo 4. Principios.
1. El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se rige por los principios 
de calidad, coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia, competencia, transparencia, 
internacionalización, evaluación de resultados, igualdad de oportunidades y rendición de 
cuentas.
2. El Sistema se basa en la colaboración, la coordinación y la cooperación 
administrativas interinstitucionales dentro del respeto al reparto competencial establecido 
en la Constitución y en cada uno de los Estatutos de Autonomía, y en el encaje y 
complementariedad del Sistema con el marco comunitario europeo.
Artículo 5. La evaluación en la asignación de los recursos públicos.
1. La asignación de los recursos públicos en el Sistema Español de Ciencia y 
Tecnología e Innovación se efectuará de acuerdo con los principios de transparencia y 
eficiencia, y sobre la base de una evaluación científica y/o técnica, en función de los 
objetivos concretos a alcanzar.
2. La evaluación será realizada por órganos específicos (que incluirán evaluadores 
internacionales en su caso) bajo los principios de autonomía, neutralidad y especialización, 
y partirá del análisis de los conocimientos científicos y técnicos disponibles y de su 
aplicabilidad. Los criterios orientadores de este análisis serán públicos, se establecerán en 
función de los objetivos perseguidos y de la naturaleza de la acción evaluada, e incluirán 
aspectos científicos, técnicos, sociales, de aplicabilidad industrial, de oportunidad de 
mercado y de capacidad de transferencia del conocimiento, o cualquier otro considerado 
estratégico. En todo caso, se respetarán los preceptos de igualdad de trato recogidos en 
la Directiva Europea 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, y los principios 
recogidos en la Carta Europea del Investigador y Código de Conducta para la contratación 
de investigadores (2005/251/CE).
3. En los procesos en que se utilice el sistema de evaluación por los pares se 
protegerá el anonimato de los evaluadores, si bien su identificación quedará reflejada en 
el expediente administrativo a fin de que los interesados puedan ejercer los derechos que 
tengan reconocidos.
TÍTULO I
Gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 6. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.
1. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología es el instrumento para alcanzar 
los objetivos generales establecidos en esta ley en materia de investigación científica y 
técnica, y en ella se definirán, para un periodo plurianual:
a) Los principios básicos, así como los objetivos generales y sus indicadores de 
seguimiento y evaluación de resultados.
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b) Las prioridades científico-técnicas y sociales generales y los instrumentos de 
coordinación que determinarán el esfuerzo financiero de los agentes públicos de 
financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas en relación con sus políticas públicas en 
investigación científica y técnica.
c) Los objetivos de los planes de investigación científica y técnica de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Los mecanismos y criterios de articulación de la propia Estrategia con las políticas 
sectoriales del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea y de los 
Organismos Internacionales, así como con la Estrategia Española de Innovación, 
necesarios para lograr la eficiencia en el sistema y evitar redundancias y carencias.
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Consejo de Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación, elaborará la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología, la someterá a informe del propio Consejo de Política Científica, Tecnológica y 
de Innovación, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los órganos de 
planificación económica de la Administración General del Estado, de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación y de los Órganos que 
resulten procedentes, y la elevará al Gobierno para su aprobación y posterior remisión a 
las Cortes Generales.
Artículo 7. Estrategia Española de Innovación.
1. La Estrategia Española de Innovación es el instrumento para alcanzar los objetivos 
generales establecidos en esta ley en materia de innovación, y en ella se definirán, para 
un periodo plurianual:
a) Los principios básicos, así como los objetivos generales y sus indicadores de 
seguimiento y evaluación de resultados.
b) Las prioridades de la política de innovación, que determinarán el esfuerzo financiero 
de los agentes públicos de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en relación 
con sus políticas públicas de innovación.
c) Los objetivos de los planes de innovación de la Administración General del Estado 
y de las Comunidades Autónomas.
d) Los mecanismos y criterios de articulación de la propia Estrategia con las políticas 
sectoriales del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea y de los 
Organismos internacionales, así como con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, 
necesarios para lograr la eficiencia en el sistema y evitar redundancias y carencias.
e) Los ejes prioritarios, que incluirán la modernización del entorno financiero, el 
desarrollo de mercados innovadores, las personas, la internacionalización de las actividades 
innovadoras, y la cooperación territorial como base fundamental de la innovación.
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Consejo de Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación, elaborará la Estrategia Española de Innovación, la 
someterá a informe del propio Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, 
del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los órganos de planificación 
económica de la Administración General del Estado, de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Política Científica, Tecnológica y de Innovación y de los órganos que resulten 
procedentes, y la elevará al Gobierno para su aprobación y posterior remisión a las Cortes 
Generales.
Artículo 8. Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
1. Se crea el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación como órgano 
de coordinación general de la investigación científica y técnica, que queda adscrito al 
Ministerio de Ciencia e Innovación.
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2. Son funciones del Consejo:
a) Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, e informar las 
propuestas de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Estrategia Española de 
Innovación, y establecer los mecanismos para la evaluación de su desarrollo.
b) Conocer el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, el Plan Estatal de 
Innovación y los correspondientes planes de las Comunidades Autónomas de desarrollo 
de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Española de 
Innovación, y velar por el más eficiente uso de los recursos y medios disponibles.
c) Aprobar los criterios de intercambio de información entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco del Sistema de Información sobre 
Ciencia, Tecnología e Innovación, respetando siempre el ámbito competencial de las 
distintas Administraciones y la normativa sobre confidencialidad y privacidad de la 
información.
Estos criterios se establecerán de acuerdo con los generalmente aceptados en el 
ámbito internacional, y su determinación garantizará la correcta recogida, tratamiento y 
difusión de datos. Además, se tendrá en cuenta la necesidad de minimizar la carga 
administrativa que pudiera suponer para los agentes suministrar la información requerida, 
por lo que se deberá optimizar a estos efectos la utilización de la información ya disponible 
en fuentes públicas.
Tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas podrán 
consultar la información procedente de dicho Sistema.
d) Promover acciones conjuntas entre Comunidades Autónomas, o entre éstas y la 
Administración General del Estado, para el desarrollo y ejecución de programas y proyectos 
de investigación.
e) Impulsar actuaciones de interés común en materia de transferencia del conocimiento 
y de innovación.
f) Proponer, para su estudio por la autoridad de gestión, los principios generales de 
la programación y de la distribución territorial de las ayudas no competitivas en investigación 
científica y técnica financiadas con fondos de la Unión Europea.
g) Emitir los informes y dictámenes que le sean solicitados por el Gobierno o por las 
Comunidades Autónomas.
3. Este Consejo está constituido por los titulares de los departamentos ministeriales 
que designe el Gobierno y los representantes de cada Comunidad Autónoma competentes 
en esta materia, y será presidido por el titular del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se 
establecerá una vicepresidencia que corresponderá, con carácter rotatorio y por períodos 
anuales, a los representantes de las Comunidades Autónomas.
4. La Administración General del Estado dispondrá, en conjunto, de un número de 
votos igual al de la suma de los votos de las Comunidades Autónomas. Cada Comunidad 
Autónoma dispondrá de un voto, con independencia del número de representantes 
asistentes.
La aprobación de los asuntos que se recogen en los párrafos a), c) y f) del apartado 2 
de este artículo y en el apartado 5 requerirá mayoría de dos tercios de los miembros del 
Consejo. De acuerdo con el principio de lealtad financiera, los acuerdos que afecten de 
manera significativa al presupuesto de las Comunidades Autónomas deberán contar con 
el voto favorable de aquellas que resulten directamente afectadas.
5. El Consejo aprobará su reglamento de régimen interior.
Artículo 9. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1. Se crea el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, como órgano de 
participación de la comunidad científica y tecnológica y de los agentes económicos y 
sociales en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
cve: BOE-A-2011-9617
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2. Las funciones del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación serán las 
siguientes:
a) Asesorar al Ministerio de Ciencia e Innovación en la elaboración e informar las 
propuestas de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Española de 
Innovación.
b) Asesorar al Ministerio de Ciencia e Innovación en la elaboración e informar las 
propuestas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de 
Innovación.
c) Proponer a iniciativa propia objetivos y modificaciones para su incorporación a los 
instrumentos indicados en los párrafos a) y b) anteriores, y conocer su desarrollo posterior 
mediante informes anuales.
d) Asesorar a los Gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas y al 
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación en el ejercicio de sus funciones, 
e informar los asuntos que éstos determinen.
e) Promover la introducción en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de mecanismos rigurosos de evaluación que permitan medir la eficacia social 
de los recursos públicos utilizados.
3. El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación determinará el 
número de miembros del Consejo Asesor, en el que estarán representados miembros de 
la comunidad científica y tecnológica de reconocido prestigio internacional, así como las 
asociaciones empresariales y los sindicatos más representativos. Al menos dos tercios de 
los miembros del Consejo Asesor deberán pertenecer a la categoría de miembros 
destacados de la comunidad científica, tecnológica o innovadora. Asimismo designará a 
los miembros y nombrará a la persona titular de la Presidencia del Consejo Asesor, que 
deberá tener prestigio reconocido en el ámbito de la investigación científica y técnica o de 
la innovación.
4. El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación queda adscrito al Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Por Real Decreto, a propuesta del propio Consejo Asesor y tras 
ser aprobado por una mayoría cualificada de sus miembros, se aprobará su reglamento de 
organización y funcionamiento que responderá a los principios de calidad, independencia 
y transparencia.
Artículo 10. Comité Español de Ética de la Investigación.
1. Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de 
Política Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano colegiado, independiente y 
de carácter consultivo, sobre materias relacionadas con la ética profesional en la 
investigación científica y técnica.
2. Son funciones del Comité Español de Ética de la Investigación:
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con 
la ética profesional en la investigación científica y técnica.
b) Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas 
prácticas de la investigación científica y técnica, que incluirán la resolución de conflictos de 
intereses entre las actividades públicas y privadas. Estos códigos serán desarrollados por 
los Comités de Ética de la Investigación y por el Comité de Bioética de España.
c) Representar a España en foros y organismos supranacionales e internacionales 
relacionados con la ética de la investigación, salvo en materia de bioética en la que la 
representación de España corresponderá al Comité de Bioética de España.
d) Impulsar la creación de comisiones de ética vinculadas a los agentes ejecutores 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
e) Elaborar una memoria anual de actividades.
f) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Política Científica, Tecnológica 
y de Innovación o la normativa de desarrollo de esta ley.
cve: BOE-A-2011-9617
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3. El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación determinará el 
número de miembros del Comité Español de Ética de la Investigación. Éstos serán 
nombrados por el presidente del Consejo, con la siguiente distribución: la mitad a propuesta 
de las Comunidades Autónomas y la otra mitad a propuesta de la Administración General 
del Estado.
4. Por real decreto, a propuesta del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación, se aprobará su reglamento de organización y funcionamiento, que podrá 
establecer la constitución de comités especializados dentro del mismo.
5. Los miembros del Comité, que deberán ser expertos reconocidos en el ámbito 
internacional, tendrán un mandato de cuatro años, renovable por una sola vez, salvo que 
sustituyan a otro miembro previamente designado antes de la expiración del plazo, en 
cuyo caso su mandato lo será por el tiempo que reste hasta completar cuatro años contados 
desde el nombramiento del miembro originario, sin perjuicio de la posibilidad de 
renovación.
6. La renovación de los miembros se realizará por mitades cada dos años, salvo la 
primera renovación, que se realizará por sorteo.
7. Los miembros del Comité cesarán por las causas siguientes:
a) expiración de su mandato;
b) renuncia, que surtirá efectos por la mera notificación al Consejo de Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación;
c) separación acordada por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación, previa audiencia del interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio 
de su función, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad sobrevenida o 
procesamiento por delito doloso. A estos efectos, el auto de apertura del juicio oral se 
asimilará al auto de procesamiento.
8. Los miembros del Comité actuarán con independencia de las autoridades que los 
propusieron o nombraron, y no podrán pertenecer a los órganos de gobierno de la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, a las 
Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Artículo 11. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
1. Se crea, bajo la dependencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Sistema de 
Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, como instrumento de captación de 
datos y análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología, de la Estrategia Española de Innovación, y de sus planes de desarrollo.
2. El Ministerio promoverá el diseño de un sistema de información unificado y 
homogéneo previo acuerdo del Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación. 
Tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas podrán 
consultar la información procedente de dicho Sistema.
3. Los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación cooperarán 
aportando información sobre sus actuaciones en materia de investigación científica y 
técnica, que se les solicitará de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de 
Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Dichos criterios deberán respetar el ámbito 
competencial de las distintas Administraciones y la normativa sobre confidencialidad y 
privacidad de la información.
4. El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación se articulará 
con los sistemas de las Comunidades Autónomas, a fin de facilitar la homogeneidad de 
datos e indicadores. Tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades 
Autónomas, podrán consultar la información almacenada en todos estos sistemas.
5. El cumplimiento de los criterios y procedimientos de intercambio de información 
podrá ser considerado como requisito para la participación de los agentes obligados en las 
convocatorias de las Administraciones Públicas.
cve: BOE-A-2011-9617
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TÍTULO II
Recursos humanos dedicados a la investigación
CAPÍTULO I
Personal Investigador al servicio de las Universidades públicas, de los Organismos 
Públicos de Investigación y de los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 12. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta sección serán de aplicación al personal investigador que 
preste sus servicios en las Universidades públicas, en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado y en los Organismos de investigación 
de otras Administraciones Públicas, salvadas las competencias que en dichos ámbitos 
tengan las Comunidades Autónomas y lo establecido por el resto de la legislación 
aplicable.
Artículo 13. Personal investigador.
1. A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, estando en 
posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, 
entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, 
el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su 
divulgación.
Será considerado personal investigador el personal docente e investigador definido en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, entre cuyas funciones se 
encuentre la de llevar a cabo actividades investigadoras.
2. El personal investigador podrá estar vinculado con la Universidad pública u 
Organismo para el que preste servicios mediante una relación sujeta al derecho 
administrativo o al derecho laboral, y podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino 
o personal laboral fijo o temporal, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. El personal investigador funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, por lo dispuesto en esta ley, y supletoriamente por la normativa de desarrollo 
de función pública que le sea de aplicación.
4. El personal investigador de carácter laboral se regirá por lo dispuesto en esta ley, 
en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus normas de desarrollo, y en las normas 
convencionales. Asimismo, se regirá por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
que le sean de aplicación.
5. No obstante, el personal investigador al servicio de las Universidades públicas se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y su normativa de 
desarrollo, en el real decreto que apruebe el estatuto del personal docente e investigador 
universitario, en los estatutos de las Universidades, en las disposiciones que dicten las 
Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
en el Real Decreto Legislativo 1/1995.
Artículo 14. Derechos del personal investigador.
1. El personal investigador que preste servicios en Universidades públicas, en 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado o en 
cve: BOE-A-2011-9617
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Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas tendrá los siguientes 
derechos:
a) A formular iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras 
organizativas correspondientes.
b) A determinar libremente los métodos de resolución de problemas, dentro del marco 
de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre 
propiedad intelectual, y teniendo en cuenta las posibles limitaciones derivadas de las 
circunstancias de la investigación y del entorno, de las actividades de supervisión, 
orientación o gestión, de las limitaciones presupuestarias o de las infraestructuras.
c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter 
científico en los que participe.
d) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones 
investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera 
profesional.
e) A la plena integración en los equipos de investigación de las entidades para las 
que presta servicios.
f) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus 
funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y 
eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por las 
entidades para las que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias.
g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de 
conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos.
h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad científica.
i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta 
servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad 
de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado. Dicha participación no 
tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal 
investigador.
j) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral que pongan en práctica las entidades para las que presta 
servicios.
k) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua 
para el desarrollo de sus capacidades y competencias.
l) A la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, para reforzar los 
conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador, en los 
términos previstos en esta ley y en el resto de normativa aplicable.
2. Estos derechos se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, así como de los restantes derechos que resulten de aplicación al personal 
investigador, en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad 
realizada.
Artículo 15. Deberes del personal investigador.
1. Los deberes del personal investigador que preste servicios en Universidades 
públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
o en Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas serán los 
siguientes:
a) Observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos correspondientes 
a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos 
deontológicos aplicables.
b) Poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los 
hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en 
los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones.
cve: BOE-A-2011-9617
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c) Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en 
esta ley.
d) Participar en las reuniones y actividades de los órganos de gobierno y de gestión 
de los que forme parte, y en los procesos de evaluación y mejora para los que se le 
requiera.
e) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad.
f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio.
g) Encaminar sus investigaciones hacia el logro de los objetivos estratégicos de las 
entidades para las que presta servicios, y obtener o colaborar en los procesos de obtención 
de los permisos y autorizaciones necesarias antes de iniciar su labor.
h) Informar a las entidades para las que presta servicios o que financian o supervisan 
su actividad de posibles retrasos y redefiniciones en los proyectos de investigación de los 
que sea responsable, así como de la finalización de los proyectos, o de la necesidad de 
abandonar o suspender los proyectos antes de lo previsto.
i) Rendir cuentas sobre su trabajo a las entidades para las que presta servicios o que 
financian o supervisan su actividad, y responsabilizarse del uso eficaz de la financiación 
de los proyectos de investigación que desarrolle. Para ello, deberá observar los principios 
de gestión financiera correcta, transparente y eficaz, y cooperar en las auditorías sobre 
sus investigaciones que procedan según la normativa vigente.
j) Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad científica, de acuerdo con la normativa interna de dichas 
entidades y los acuerdos, pactos y convenios que éstas suscriban.
k) Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa 
aplicable, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de prevención 
de riesgos laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con estas prácticas.
l) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y de confidencialidad.
2. Estos deberes se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, así como de los restantes deberes que resulten de aplicación al personal 
investigador, en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad 
realizada.
Artículo 16. Criterios de selección del personal investigador.
1. Los procedimientos de selección de personal investigador garantizarán los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y se realizarán de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y en el resto del ordenamiento jurídico, de 
forma que permitan un desarrollo profesional transparente, abierto, igualitario y reconocido 
internacionalmente.
En el caso de los Organismos Públicos de Investigación, la Oferta de Empleo Público 
contendrá las previsiones de cobertura de las plazas precisas de personal investigador 
funcionario de carrera y laboral fijo.
2. Los procesos de selección del personal investigador respetarán los principios de:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 
a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
g) No serán objeto de consideración las eventuales interrupciones que se hayan 
producido en la carrera investigadora y sus efectos en los currículos de los candidatos.
cve: BOE-A-2011-9617
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3. En los procesos selectivos de promoción interna de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado y de los Organismos de investigación 
de otras Administraciones Públicas se examinará la calidad y la relevancia de los resultados 
de la actividad investigadora y, en su caso, de la aplicación de los mismos.
4. Los procesos de selección de personal investigador que preste servicios en la 
Universidad se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
y su normativa de desarrollo.
Artículo 17. Movilidad del personal investigador.
1. Las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas y los centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste, promoverán la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, 
así como la movilidad entre los sectores público y privado en los términos previstos en este 
artículo, y reconocerán su valor como un medio para reforzar los conocimientos científicos 
y el desarrollo profesional del personal investigador. Este reconocimiento se llevará a cabo 
mediante la valoración de la movilidad en los procesos de selección y evaluación profesional 
en que participe dicho personal.
A tales efectos, se potenciarán la movilidad y el intercambio de investigadores entre 
distintos agentes de ejecución, públicos y privados, en el ámbito español, en el marco de 
la Unión Europea y en el de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los 
acuerdos de colaboración público-privada, que se desarrollarán en el marco de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología o de la Estrategia Española de Innovación, de acuerdo 
con los términos previstos en esta ley y en el resto de normativa aplicable.
2. Las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, los Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas y los centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste, podrán autorizar la adscripción del personal investigador que preste 
servicios en los mismos a otros agentes públicos de investigación, y a otros agentes 
privados sin ánimo de lucro que sus órganos de gobierno tengan participación de aquellas 
instituciones públicas. Asimismo, podrán autorizar la adscripción de personal investigador 
procedente de otros agentes públicos de investigación. En ambos casos el objeto de la 
adscripción será la realización de labores de investigación científica y técnica, desarrollo 
tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento, o de dirección de centros de 
investigación, instalaciones científicas o programas y proyectos científicos, durante el 
tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación, y previo informe favorable 
del organismo de origen y de acuerdo con lo que los estatutos, en su caso, establezcan 
respecto al procedimiento y efectos de la adscripción.
3. El personal investigador funcionario de carrera o laboral fijo que preste servicios 
en Universidades públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, en Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas o 
en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste con una 
antigüedad mínima de cinco años podrá ser declarado en situación de excedencia temporal 
para incorporarse a otros agentes públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, siempre que no proceda la situación administrativa de servicio 
activo.
La concesión de la excedencia temporal se subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la Universidad pública u Organismo para el que preste servicios tenga en 
la realización de los trabajos que se vayan a desarrollar en la entidad de destino, y se 
concederá, en régimen de contratación laboral, para la dirección de centros de investigación 
e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para el desarrollo de tareas 
de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del 
conocimiento relacionadas con la actividad que el personal investigador viniera realizando 
en la Universidad pública u Organismo de origen. A tales efectos, la unidad de la Universidad 
cve: BOE-A-2011-9617
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pública u Organismo de origen en la que preste servicios deberá emitir un informe favorable 
en el que se contemplen los anteriores extremos.
La duración de la excedencia temporal no podrá ser superior a cinco años, sin que sea 
posible, agotado dicho plazo, la concesión de una nueva excedencia temporal por la misma 
causa hasta que hayan transcurrido al menos dos años desde el reingreso al servicio 
activo o la incorporación al puesto de trabajo desde la anterior excedencia.
Durante ese período, el personal investigador en situación de excedencia temporal no 
percibirá retribuciones por su puesto de procedencia, y tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo, a su cómputo a efectos de antigüedad, a la consolidación de grado 
personal en los casos que corresponda según la normativa aplicable, y a la evaluación de 
la actividad investigadora en su caso.
Si antes de finalizar el período por el que se hubiera concedido la excedencia temporal, 
el excedente no solicitara el reingreso al servicio activo o, en su caso, la reincorporación a 
su puesto de trabajo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o situación análoga para el personal laboral que no conlleve la reserva 
del puesto de trabajo permitiendo, al menos, la posibilidad de solicitar la incorporación de 
nuevo a la Universidad pública u Organismo de origen.
4. El personal investigador funcionario de carrera o laboral fijo que preste servicios 
en Universidades públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, en Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas o 
en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste con una 
antigüedad mínima de cinco años podrá ser declarado en situación de excedencia temporal 
por un plazo máximo de cinco años, para incorporarse a agentes privados de ejecución del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes internacionales o 
extranjeros.
La concesión de la excedencia temporal se subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la Universidad pública u Organismo para el que preste servicios tenga en 
la realización de los trabajos que se vayan a desarrollar en la entidad de destino, y se 
concederá, en régimen de contratación laboral, para la dirección de centros de investigación 
e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para el desarrollo de tareas 
de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del 
conocimiento relacionadas con la actividad que el personal investigador viniera realizando 
en la Universidad pública u Organismo de origen. Además, la Universidad pública u 
Organismo de origen deberá mantener una vinculación jurídica con el agente de destino a 
través de cualquier instrumento válido en derecho que permita dejar constancia de la 
vinculación existente, relacionada con los trabajos que el personal investigador vaya a 
desarrollar. A tales efectos, la unidad de la Universidad pública u Organismo de origen 
para el que preste servicios deberá emitir un informe favorable en el que se contemplen 
los anteriores extremos.
La duración de la excedencia temporal no podrá ser superior a cinco años, sin que sea 
posible, agotado dicho plazo, la concesión de una nueva excedencia temporal por la misma 
causa hasta que hayan transcurrido al menos dos años desde el reingreso al servicio 
activo o la incorporación al puesto de trabajo desde la anterior excedencia.
Durante ese periodo, el personal investigador en situación de excedencia temporal no 
percibirá retribuciones por su puesto de origen, y tendrá derecho a la reserva del puesto 
de trabajo y a la evaluación de la actividad investigadora, en su caso.
El personal investigador en situación de excedencia temporal deberá proteger el 
conocimiento de los equipos de investigación conforme a la normativa de propiedad 
intelectual e industrial, a las normas aplicables a la Universidad pública u Organismo de 
origen, y a los acuerdos y convenios que éstos hayan suscrito.
Si antes de finalizar el periodo por el que se hubiera concedido la excedencia temporal, 
el empleado público no solicitara el reingreso al servicio activo o, en su caso, la 
reincorporación a su puesto de trabajo, será declarado de oficio en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular o situación análoga para el personal laboral que no conlleve 
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la reserva del puesto de trabajo permitiendo, al menos, la posibilidad de solicitar la 
incorporación de nuevo a la Universidad pública u Organismo de origen.
5. El personal investigador que preste servicios en Universidades públicas, en 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, en 
Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas o en centros del Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste, podrá ser autorizado por éstos 
para la realización de estancias formativas en centros de reconocido prestigio, tanto en 
territorio nacional como en el extranjero.
La concesión de la autorización se subordinará a las necesidades del servicio y al 
interés que la Universidad pública u Organismo para el que el personal investigador preste 
servicios tenga en la realización de los estudios que vaya a realizar el interesado. A tal 
efecto, la unidad de la Universidad pública u Organismo de origen en la que preste servicios 
deberá emitir un informe favorable que contemple los anteriores extremos.
La autorización de la estancia formativa se concederá para la ampliación de la formación 
en materias directamente relacionadas con la actividad de investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento que el personal 
investigador viniera realizando en la Universidad pública u Organismo de origen, o en 
aquellas otras consideradas de interés estratégico para la Universidad pública u Organismo. 
El personal investigador conservará su régimen retributivo.
La duración acumulada de las autorizaciones concedidas a cada investigador cada 
cinco años no podrá ser superior a dos años.
6. Las condiciones de concesión de las excedencias previstas en los apartados 3 y 4 
del presente artículo en el ámbito de los centros y estructuras de investigación de las 
Comunidades Autónomas serán establecidas por la Comunidad Autónoma correspondiente, 
en el ámbito de sus competencias. En su defecto, se aplicarán de forma supletoria las 
condiciones establecidas en los apartados 3 y 4 mencionados.
7. El personal investigador destinado en Universidades públicas se regirá, además 
de por lo dispuesto en este artículo, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y su 
normativa de desarrollo.
Artículo 18. Autorización para prestar servicios en sociedades mercantiles.
1. Las Universidades públicas, el Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública en el caso de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, o las autoridades competentes en el caso de Centros del Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste, o de Organismos de investigación 
de otras Administraciones Públicas, podrán autorizar al personal investigador la prestación 
de servicios, mediante un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada, en 
sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho personal 
preste servicios. Esta autorización requerirá la justificación previa, debidamente motivada, 
de la participación del personal investigador en una actuación relacionada con las 
prioridades científico técnicas establecidas en la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología o en la Estrategia Española de Innovación.
2. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada ni el horario 
del puesto de trabajo inicial del interesado, y quedarán automáticamente sin efecto en 
caso de cambio de puesto en el sector público.
3. Las limitaciones establecidas en los artículos 12.1.b) y d) y 16 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, no serán de aplicación al personal investigador que preste sus servicios en las 
sociedades que creen o en las que participen las entidades a que alude este artículo, 
siempre que dicha excepción haya sido autorizada por las Universidades públicas, el 
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas o las autoridades competentes 
de las Administraciones Públicas según corresponda.
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Artículo 19. Colaboradores científicos y tecnológicos.
Los agentes públicos de financiación y sus órganos, organismos y entidades podrán 
adscribir temporalmente, a tiempo completo o parcial, personal funcionario de carrera que 
sea investigador, experto en desarrollo tecnológico o especialista relacionado con el ámbito 
de la investigación, para que colabore en tareas de elaboración, gestión, seguimiento y 
evaluación de programas de investigación científica y técnica, previa autorización de los 
órganos competentes y de la entidad en la que el personal investigador preste sus 
servicios.
Sección 2.ª Contratación del personal investigador de carácter laboral
Artículo 20. Modalidades contractuales.
1. Las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador son 
las siguientes:
a) contrato predoctoral;
b) contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación;
c) contrato de investigador distinguido.
El régimen jurídico aplicable a estas modalidades de contrato de trabajo será el que se 
establece en esta ley y en sus normas de desarrollo, y en su defecto será de aplicación lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en sus 
normas de desarrollo.
2. Podrán contratar personal investigador a través de las modalidades de contrato de 
trabajo específicas que se establecen en esta sección las siguientes entidades:
a) Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
y los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas.
b) Las Universidades públicas, únicamente cuando sean perceptoras de fondos cuyo 
destino incluya la contratación de personal investigador o para el desarrollo de sus 
programas propios de I + D + i.
Además, las entidades citadas podrán contratar personal investigador a través de las 
modalidades de contrato de trabajo establecidas por el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de que corresponde a las 
Comunidades Autónomas que hayan asumido estatutariamente la competencia exclusiva 
para la regulación de sus propios centros y estructuras de investigación la definición y 
regulación del régimen de contratación de personal investigador de sus propios centros y 
estructuras de investigación, en el marco de la legislación laboral vigente.
3. En los Organismos Públicos de Investigación, los contratos laborales de duración 
determinada, en cualquiera de sus modalidades, estarán supeditados a las previsiones 
que las leyes anuales presupuestarias correspondientes determinen en relación con las 
autorizaciones para realizar este tipo de contratos. Los contratos fijos estarán supeditados 
a las previsiones de la Oferta de Empleo Público.
4. La consecución de la titulación de doctorado pondrá fin a la etapa de formación del 
personal investigador, y a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral. La 
fase inicial de esta etapa está orientada al perfeccionamiento y especialización profesional 
del personal investigador, y se podrá desarrollar, entre otros mecanismos, mediante 
procesos de movilidad y mediante contratación laboral de duración determinada.
5. Los programas de ayudas de las Administraciones Públicas que tengan por objeto 
la realización de tareas de investigación en régimen de prestación de servicios por personal 
investigador que no sea laboral fijo o funcionario de carrera, deberán requerir la contratación 
laboral del personal por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas para las que 
vaya a prestar servicios.
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Artículo 21. Contrato predoctoral.
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral se celebrarán de 
acuerdo con los siguientes requisitos:
a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el ámbito 
de un proyecto específico y novedoso, por quienes estén en posesión del Título de 
licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos 
ECTS (European Credit Transfer System) o master universitario, o equivalente, y hayan 
sido admitidos a un programa de doctorado. Este personal tendrá la consideración de 
personal investigador predoctoral en formación.
b) El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en 
formación, en su condición de trabajador, y la Universidad pública u Organismo de 
investigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador, y deberá 
acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad 
responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso.
c) El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo.
La duración del contrato será de un año, prorrogable por períodos anuales previo 
informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de 
la escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa. En 
ningún caso la duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas podrá exceder de 
cuatro años.
No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el 
contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas, teniendo 
en cuenta las características de la actividad investigadora y el grado de las limitaciones en 
la actividad.
Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a cuatro años, salvo en el caso de las personas 
con discapacidad indicadas en el párrafo anterior para las que el tiempo no podrá ser 
superior a seis años.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo 
de la duración del contrato.
d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado 
para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación 
durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante 
el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se 
establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.
Artículo 22. Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
1. Los contratos de trabajo de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Sólo podrán concertarse con quienes estén en posesión del Título de doctor o 
equivalente, sin que sean de aplicación los límites de cinco años, o de siete años cuando 
el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, a que se refiere el artículo 
11.1 del Estatuto de los Trabajadores.
b) El trabajo a desarrollar consistirá primordialmente en la realización de tareas de 
investigación, orientadas a la obtención por el personal investigador de un elevado nivel de 
perfeccionamiento y especialización profesional, que conduzcan a la consolidación de su 
experiencia profesional.
c) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cinco años. 
Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cinco años podrá 
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prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener una 
duración inferior al año.
Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a cinco años.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo 
de la duración del contrato.
d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior a la que corresponda al 
personal investigador que realice actividades análogas.
e) El personal investigador que sea contratado al amparo de lo dispuesto en este 
artículo podrá prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas 
con la actividad de investigación propuesta, hasta un máximo de 80 horas anuales, previo 
acuerdo en su caso con el departamento implicado, con la aprobación de la entidad para 
la que presta servicios, y con sometimiento a la normativa vigente de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
f) En lo no previsto en este artículo, será de aplicación el artículo 11.1 del Estatuto de 
los Trabajadores.
2. A partir de la finalización del segundo año de contrato, el personal investigador 
contratado por Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado u Organismos de investigación de otras Administraciones 
Públicas bajo esta modalidad podrá someter a evaluación la actividad investigadora 
desarrollada. Las evaluaciones tendrán en cuenta criterios de excelencia, serán realizadas 
conforme a las normas de la Universidad u Organismo contratante, y contarán con un 
informe externo que tendrá carácter vinculante en caso de ser negativo, y que será 
realizado por:
a) la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el 
órgano equivalente de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine, 
en el caso de personal investigador contratado por Universidades públicas;
b) la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o el órgano equivalente 
que se determine en el seno de la Agencia Estatal de Investigación, en el caso de personal 
investigador contratado por Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado;
c) el órgano equivalente a la ANEP en las Comunidades Autónomas, o en su defecto 
la ANEP, cuando el personal investigador haya sido contratado por Organismos de 
investigación de otras Administraciones Públicas diferentes de la Administración General 
del Estado.
3. En los procesos selectivos de personal laboral fijo que sean convocados por las 
Universidades públicas, por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado, y por los Organismos de investigación de otras Administraciones 
Públicas, la evaluación superada en el contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como méritos 
investigadores en dichos procesos selectivos.
La labor de investigación que pueda llevar a cabo el personal investigador laboral fijo 
estará en todo caso sometida a la normativa vigente. Las retribuciones que correspondan 
a este tipo de personal laboral fijo serán fijadas, en su caso, dentro de los límites establecidos 
por las leyes de presupuestos, por el órgano competente en materia de retribuciones sin 
que, en ningún supuesto, le sea de aplicación el modelo retributivo establecido para el 
personal investigador funcionario.
El personal laboral fijo contratado según lo dispuesto en este apartado por las 
Universidades públicas tendrá la consideración de personal docente e investigador a los 
efectos del desarrollo de la función investigadora.
4. Además, en caso de prestar servicios para Universidades públicas, se tendrá en 
cuenta la evaluación superada a efectos de la consideración de los méritos investigadores 
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en la evaluación positiva requerida para la contratación como Profesor contratado doctor, 
según el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
5. De resultar la evaluación negativa, el personal investigador podrá someter la 
actividad investigadora desarrollada a una segunda y última evaluación antes de finalizar 
el contrato o sus prórrogas, que de ser superada conllevará los efectos indicados en los 
apartados 3 y 4 de este artículo.
Artículo 23. Contrato de investigador distinguido.
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de investigador distinguido se podrán 
celebrar con investigadores españoles o extranjeros de reconocido prestigio en el ámbito 
científico y técnico, que se encuentren en posesión del título de doctor o equivalente, con 
arreglo a los siguientes requisitos:
a) El objeto del contrato será la realización de actividades de investigación o la 
dirección de equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas 
científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de conocimiento de 
que se trate, en el marco de las funciones y objetivos del empleador.
b) El contrato tendrá la duración que las partes acuerden.
c) La duración de la jornada laboral, los horarios, fiestas, permisos y vacaciones 
serán los fijados en las cláusulas del contrato.
d) El personal investigador contratado no podrá celebrar contratos de trabajo con 
otras entidades, salvo autorización expresa del empleador o pacto escrito en contrario, y 
sin perjuicio del respeto a la normativa sobre incompatibilidades del personal.
e) El contrato estará sometido al sistema de seguimiento objetivo que el empleador 
establezca.
f) El contrato podrá extinguirse por desistimiento del empleador, comunicado por 
escrito con un preaviso de tres meses, sin perjuicio de las posibilidades de rescisión del 
contrato por parte del empleador por causas procedentes. En el supuesto de incumplimiento 
total o parcial del preaviso, el personal investigador contratado tendrá derecho a una 
indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período 
incumplido.
En caso de desistimiento del empleador, el personal investigador contratado tendrá 
derecho a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la que pudiera 
corresponderle por incumplimiento total o parcial del preaviso.
CAPÍTULO II
Especificidades aplicables al personal al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado
Sección 1.ª Personal investigador al servicio de los organismos públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado
Artículo 24. Ámbito de aplicación.
Como consecuencia de las singularidades que concurren en el desarrollo de la labor 
investigadora del personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado, en esta sección se regulan las 
peculiaridades aplicables a dicho personal a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril.
En lo no dispuesto en esta ley, será de aplicación al personal investigador lo dispuesto 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo, y en las disposiciones reguladoras de la función 
cve: BOE-A-2011-9617
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pública de la Administración General del Estado que se aprueben para el resto de los 
empleados públicos.
Artículo 25. Carrera profesional del personal investigador funcionario.
1. El personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado tendrá derecho a la 
carrera profesional, entendida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional, conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.
2. El personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado se agrupa en las 
siguientes escalas científicas:
a) Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
b) Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación.
c) Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
Las escalas científicas tendrán el mismo régimen retributivo, de selección y de promoción. 
El personal perteneciente a estas escalas tendrá plena capacidad investigadora.
3. El personal investigador funcionario de carrera consolidará el grado personal 
correspondiente al nivel de su puesto de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa 
general de la función pública.
4. El Gobierno establecerá un sistema objetivo que permita la evaluación del 
desempeño del personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, a fin de posibilitar la 
carrera profesional horizontal prevista en el artículo 17 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 
Este sistema determinará los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, 
la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de las retribuciones 
complementarias previstas en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Los sistemas de evaluación del desempeño, a efectos de carrera profesional, se 
adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, se 
aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal investigador funcionario, y tendrán 
un tratamiento individualizado.
5. A efectos de la carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño tendrá 
en cuenta los méritos del personal investigador en los ámbitos de investigación, de 
desarrollo tecnológico, de dirección, de gestión o de transferencia del conocimiento. En la 
evaluación se incluirán las actividades y tareas realizadas a lo largo de toda la carrera 
profesional del personal investigador.
El reconocimiento de tales méritos tendrá los efectos económicos previstos en la 
normativa vigente para las retribuciones complementarias relacionadas con el grado de 
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento 
o resultados obtenidos.
En consecuencia, en el complemento específico, además del componente ordinario, 
que se corresponderá con el asignado al puesto de trabajo desempeñado, se reconoce un 
componente por méritos investigadores. A tales efectos, el personal investigador funcionario 
de carrera podrá someter a evaluación la actividad realizada en Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado en régimen de dedicación a tiempo 
completo cada cinco años, o período equivalente si hubiera prestado servicio en régimen 
de dedicación a tiempo parcial. El personal adquirirá y consolidará un componente del 
complemento específico por méritos investigadores por cada una de las evaluaciones 
favorables.
Asimismo, el personal investigador funcionario de carrera podrá someter la actividad 
investigadora realizada cada seis años en régimen de dedicación a tiempo completo, o 
período equivalente si hubiese prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo 
parcial, a una evaluación en la que se juzgará el rendimiento de la labor desarrollada 
cve: BOE-A-2011-9617
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durante dicho período. El personal adquirirá y consolidará un componente del complemento 
de productividad por cada una de las evaluaciones favorables.
Artículo 26. Acceso al empleo público y promoción interna.
1. La oferta de empleo público, aprobada cada año por el Gobierno para la 
Administración General del Estado, contendrá las previsiones de cobertura de las plazas 
con asignación presupuestaria precisas de personal investigador funcionario al servicio de 
los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, así como las de personal 
investigador laboral fijo.
Corresponderá a los Organismos Públicos de Investigación la constitución de los 
órganos de selección y la realización de los procesos selectivos.
2. Podrán participar en los procesos selectivos de acceso a la condición de personal 
investigador funcionario de carrera, siempre que posean el Título de doctor o equivalente 
y cumplan el resto de requisitos exigidos en la convocatoria de acceso:
a) Los españoles.
b) Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
c) Los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los 
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho cuando sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
d) Los extranjeros con residencia legal en España.
e) Los extranjeros incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.
No obstante, ni los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea ni los 
extranjeros podrán acceder a aquellos empleos públicos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio del poder público, o en las funciones que tengan 
por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.
3. La selección del personal funcionario de carrera o interino se llevará a cabo por los 
órganos de selección especificados en cada convocatoria.
Podrán formar parte de los órganos de selección aquellos españoles o extranjeros, 
tengan o no una relación de servicios con el Organismo Público de Investigación y con 
independencia del tipo de relación, que puedan ser considerados profesionales de 
reconocido prestigio científico o técnico en el ámbito de que se trate.
4. El sistema selectivo de acceso al empleo público en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado será el de concurso basado en la 
valoración del currículo del personal investigador, valoración que tendrá en cuenta la 
adecuación de las competencias y capacidades de los candidatos a las características de 
las líneas prioritarias de investigación, y las funciones de las escalas o plazas a las que 
pretendan acceder.
Los ciudadanos extranjeros y nacionales de otros Estados Miembros de la Unión 
Europea podrán realizar las pruebas en inglés.
5. El ingreso en las escalas científicas se realizará, a través de los procesos selectivos 
correspondientes, mediante un turno libre al que podrán acceder quienes posean el Título 
de doctor o equivalente y cumplan los requisitos a que se refieren los números anteriores, 
y un turno de promoción interna.
Para el acceso a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el personal funcionario 
perteneciente a la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
Para el acceso a la Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el personal funcionario 
perteneciente a las Escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación y de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
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Además, en los procesos selectivos convocados para el acceso a la Escala de 
Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, podrá participar en el turno 
de promoc ión interna el personal investigador contratado como personal laboral fijo por los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado de acuerdo 
con el artículo 22.3 de esta ley.
Asimismo, los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas podrán prever la 
participación de personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios al 
servicio de las Universidades públicas, y de personal contratado como personal laboral fijo 
por las Universidades públicas de acuerdo con el artículo 22.3 de esta Ley, en el turno de 
promoción interna.
La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como 
los contemplados en el artículo 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. El personal que 
acceda por el turno de promoción interna deberá poseer los requisitos exigidos para el 
ingreso, tener al menos una antigüedad de dos años de servicio en la condición de personal 
investigador contratado como laboral fijo, o de dos años de servicio activo en la escala o 
cuerpo de procedencia en el caso de personal funcionario de carrera, y superar los 
correspondientes procesos selectivos.
6. Se podrán prever procesos de promoción interna entre las escalas técnicas y las 
científicas del mismo subgrupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, para facilitar el desarrollo de la carrera profesional personal.
7. Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
podrán contratar personal investigador de carácter temporal para la realización de proyectos 
específicos de investigación científica y técnica de acuerdo con el artículo 15.1.a) del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Sección 2.ª Personal de investigación al servicio de los organismos públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado
Artículo 27. Personal de investigación.
1. Se considerará personal de investigación al servicio de los Organismos Públicos 
de Investigación de la Administración General del Estado el personal investigador y el 
personal técnico.
2. La carrera profesional y el régimen jurídico que regule la ley de ordenación de la 
función pública de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo serán 
aplicables al personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
3. En todo caso, la carrera profesional y el régimen jurídico que regule la ley de 
ordenación de la función pública de la Administración General del Estado y su normativa 
de desarrollo serán de aplicación al personal funcionario perteneciente a cuerpos o escalas 
no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, que preste servicios en los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
Artículo 28. Derechos y deberes del personal técnico al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
1. Serán de aplicación al personal técnico al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado los artículos 16.1 y 2 de esta ley. 
Además, serán de aplicación al personal técnico funcionario de carrera o laboral fijo al 
servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado los artículos 17, 18 y 19 de esta ley.
2. El personal técnico que preste servicios en Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado tendrá los siguientes derechos:
a) A determinar libremente los métodos de resolución de problemas, dentro del marco 
de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre 
propiedad intelectual, y teniendo en cuenta las posibles limitaciones derivadas de las 
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circunstancias de la actividad y del entorno, de las actividades de supervisión, orientación 
o gestión, de las limitaciones presupuestarias o de las infraestructuras.
b) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter 
técnico en los que participe.
c) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones, 
en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional.
d) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus 
funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y 
eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por la 
entidad para la que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias.
e) A la consideración y respeto de su actividad.
f) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad.
g) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta 
servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad 
en que haya participado el personal técnico. Los referidos beneficios no tendrán en ningún 
caso naturaleza retributiva o salarial para el personal técnico.
h) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral que pongan en práctica las entidades para las que presta 
servicios.
i) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua 
para el desarrollo de sus capacidades y competencias.
Estos derechos se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, de 
12 de abril, así como de los restantes derechos que resulten de aplicación al personal 
técnico, en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad 
realizada.
3. Los deberes del personal técnico que preste servicios en Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado serán los siguientes:
a) Observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos correspondientes 
a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos 
deontológicos aplicables.
b) Poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los 
hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en 
los procesos de protección y de transferencia de los resultados de su actividad.
c) Participar en las reuniones y actividades de los órganos de gobierno y de gestión 
de los que forme parte y en los procesos de evaluación y mejora para los que se le 
requiera.
d) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad.
e) Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad, de acuerdo con la normativa interna de dichas entidades y los 
acuerdos, pactos y convenios que éstas suscriban.
f) Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa 
aplicable, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de prevención 
de riesgos laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con estas prácticas.
g) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y de confidencialidad.
Estos deberes se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, de 12 
de abril, así como de los restantes deberes que resulten de aplicación al personal técnico, 
en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad realizada.
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Artículo 29. Personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
1. Las escalas del personal técnico funcionario de carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado son las siguientes:
a) Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación.
b) Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públic os de Investigación.
c) Científicos Superiores de la Defensa.
d) Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación.
e) Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
f) Auxiliares de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
2. Se podrán prever procesos de promoción interna entre las escalas técnicas y las 
científicas del mismo subgrupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, para facilitar el desarrollo de la carrera profesional personal.
Artículo 30. Contratación de personal técnico laboral para la realización de proyectos 
específicos de investigación científica y técnica.
Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado 
podrán contratar personal técnico de carácter temporal para la realización de proyectos 
específicos de investigación científica y técnica de acuerdo con el artículo 15.1.a) del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO III
Especificidades aplicables al personal docente e investigador al servicio de las 
Universidades públicas
Artículo 31. Acceso a los cuerpos docentes universitarios de las Universidades 
públicas.
1. Podrán obtener la acreditación nacional y, en consecuencia, presentarse a los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios, quienes posean de Título de 
doctor o equivalente, y cumplan los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa aplicable, y por las 
convocatorias correspondientes.
2. Las evaluaciones para la obtención de la acreditación nacional y de los concursos 
de acceso se llevarán a cabo por comisiones en las que podrán participar, tengan o no una 
relación de servicios con la Universidad y con independencia del tipo de relación, expertos 
españoles, así como hasta un máximo de dos expertos nacionales de otros Estados 
Miembros de la Unión Europea o extranjeros. Estos expertos deberán poder ser 
considerados profesionales de reconocido prestigio científico o técnico.
3. El personal contratado por las Universidades públicas como personal laboral fijo 
de acuerdo con el artículo 22.4 de esta ley podrá ser acreditado para Profesor Titular de 
Universidad, a los efectos de lo dispuesto en el Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, cuando obtenga el informe positivo de su actividad docente e investigadora 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.
Artículo 32. Dedicación del personal docente e investigador.
Las Universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la 
distribución de la dedicación del personal docente e investigador a su servicio en cada una 
de las funciones propias de la Universidad establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, siempre de acuerdo con lo establecido en dicha ley y en su desarrollo 
normativo.
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TÍTULO III
Impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del 
conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 33. Medidas.
1. Los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación impulsarán la participación activa de los agentes públicos de ejecución en el 
desarrollo de la investigación y en la implantación de la innovación para estimular la 
investigación de calidad y la generación del conocimiento y su transferencia, así como 
para mejorar la productividad y la competitividad, la sociedad del conocimiento y el 
bienestar social a partir de la creación de una cultura empresarial de la innovación. Con 
este fin llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas:
a) Medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, como el 
establecimiento de mecanismos para la colaboración público-privada en proyectos estables 
de investigación científica, desarrollo e innovación, o el fomento de la generación de 
nuevas empresas de base tecnológica y científica.
b) Medidas para fomentar la inversión en actividades de investigación, desarrollo e 
innovación y estimular la cooperación entre las empresas y entre éstas y los organismos 
de investigación, mediante fórmulas jurídicas de cooperación tales como las agrupaciones 
de interés económico y las uniones temporales de empresas en las que los colaboradores 
comparten inversión, ejecución de proyectos y/o explotación de los resultados de la 
investigación. Estas entidades se beneficiarán de los incentivos fiscales previstos en la 
legislación vigente, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha 
legislación.
c) Medidas para la valorización del conocimiento, que incluirán la potenciación de la 
actividad de transferencia desde los agentes públicos de ejecución a través de las oficinas 
de transferencia de resultados de investigación, y desde los parques científicos y 
tecnológicos, los centros tecnológicos y otras estructuras dinamizadoras de la innovación, 
así como el fomento de la cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector 
privado a través de los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico y, en particular, 
mediante la participación en sociedades mercantiles en los términos previstos en la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con el objeto de favorecer la diversificación 
empresarial y la transformación de los resultados de la investigación científica y técnica en 
desarrollo económico y social sostenible. También se impulsarán medidas de transferencia 
del conocimiento no orientadas a la comercialización o a la explotación mercantilizada, 
como la creación de espacios públicos comunes.
d) Medidas para el desarrollo de la transferencia inversa de conocimiento, que 
incluirán la puesta de manifiesto por los agentes del sector productivo de sus necesidades 
con el fin de contribuir a orientar las líneas y objetivos de investigación de los centros de 
investigación, de cara a alcanzar un mayor impacto socio-económico.
e) Medidas que impulsen la capacitación e incorporación de recursos humanos 
especializados en ciencia, tecnología e innovación en el sector empresarial, así como la 
articulación de un sistema de calidad en ciencia, tecnología e innovación que promueva la 
innovación entre los agentes económicos.
f) Medidas para la difusión de los recursos y resultados de la investigación científica, 
el desarrollo y la innovación para su utilización por todos los agentes del Sistema, así 
como para su protección.
g) Medidas para el apoyo a la investigación y la innovación, tales como el 
establecimiento de los programas de información y apoyo a la gestión necesarios para la 
participación en los programas de la Unión Europea u otros programas internacionales; la 
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creación de infraestructuras y estructuras de apoyo a la investigación y a la innovación; el 
impulso de los centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, parques 
científicos y tecnológicos, y cualesquiera otras entidades que desarrollen actividades 
referidas a la generación, aprovechamiento compartido y divulgación de conocimientos. 
Para ello se utilizarán instrumentos destinados al fortalecimiento y desarrollo de sus 
capacidades, a la cooperación entre ellos y con otros organismos de investigación, o la 
potenciación de sus actividades de transferencia a las empresas; o al apoyo a la 
investigación de frontera.
h) Medidas para el apoyo a los investigadores jóvenes.
i) Medidas para el apoyo a la Joven empresa innovadora.
j) Medidas para la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal 
en la ciencia, la tecnología y la innovación, y para impulsar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
k) Medidas que refuercen el papel innovador de las Administraciones Públicas a 
través del impulso de la aplicación de tecnologías emergentes.
l) Medidas para la promoción de unidades de excelencia. La consideración como 
unidad de excelencia podrá ser acreditada por el Ministerio de Ciencia e Innovación con el 
objetivo de reconocer y reforzar las unidades de investigación de excelencia, que 
contribuyen a situar a la investigación en España en una posición de competitividad 
internacional tanto en el sector público como en el privado, bajo la forma de centros, 
institutos, fundaciones, consorcios u otras.
m) Medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de 
entornos, productos y servicios y prestaciones dirigidos a la creación de una sociedad 
inclusiva y accesible a las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
n) Medidas para la promoción de la cultura científica, tecnológica y de innovación.
2. Las medidas indicadas se adecuarán a sus fines y se desarrollarán sobre la base 
del principio de neutralidad, según el cual el ámbito de aplicación de las medidas será 
general y no cabrá discriminación por razón de la adscripción de los agentes o por su 
forma jurídica.
Artículo 34. Convenios de colaboración.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
incluidos las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, los organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. Podrán 
celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados 
que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales 
o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:
a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.
b) Creación o financiación de centros, institutos y unidades de investigación
c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.
d) Formación de personal científico y técnico.
e) Divulgación científica y tecnológica.
f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el 
desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.
2. En estos convenios se incluirán las aportaciones realizadas por los intervinientes, 
así como el régimen de distribución y protección de los derechos y resultados de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. La transmisión de los derechos sobre estos 
resultados se deberá realizar con una contraprestación que corresponda a su valor de 
mercado.
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3. El objeto de estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos 
regulados en la legislación sobre contratos del sector público.
4. La creación de centros, institutos y unidades de investigación a través de convenios 
de colaboración tendrá en consideración en cada caso las normas propias de constitución 
que fueran de aplicación.
5. Podrán celebrarse asimismo convenios con instituciones y empresas extranjeras 
como forma de promoción de la internacionalización del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
CAPÍTULO II
Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo 
e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora
Artículo 35. Valorización y transferencia del conocimiento.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
fomentarán la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de 
que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad. En este mismo 
contexto se fomentará la transferencia inversa de conocimiento en proyectos liderados por 
el sector empresarial en colaboración con las entidades de investigación para el desarrollo 
de objetivos de mercado basados en los resultados de la investigación.
2. La valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido 
mediante el proceso de investigación, alcanzará a todos los procesos que permitan acercar 
los resultados de la investigación financiada con fondos públicos a todos los sectores, y 
tendrá como objetivos:
a) Detectar los grupos de investigación que realicen desarrollos científicos y 
tecnológicos con potenciales aplicaciones en los diferentes sectores.
b) Facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de la 
investigación, con el fin de facilitar su transferencia.
c) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y 
tecnología, con especial interés en la creación y apoyo a empresas de base tecnológica.
d) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, centros 
tecnológicos y empresas, en especial pequeñas y medianas, con el objeto de facilitar la 
incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de gestión, que impulsen el 
aumento de la productividad y la competitividad.
e) Fomentar las relaciones entre centros de investigación, personal de investigación 
y empresas.
f) Crear entornos que estimulen la demanda de conocimientos, capacidades y 
tecnologías generados por las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
g) Estimular la iniciativa pública y privada que intermedie en la transferencia del 
conocimiento generado por la actividad de investigación, desarrollo e innovación.
3. Se reconoce el papel de los parques científicos y tecnológicos como lugares 
estratégicos para la transferencia de resultados de investigación a los sectores 
productivos.
Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, 
gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación.
Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio 
de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos 
relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación, suscritos por los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado, las Universidades públicas, las 
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Fundaciones del Sector público Estatal y otras entidades dedicadas a la investigación y 
dependientes de la Administración General del Estado:
a) contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en 
sociedades;
b) contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la 
actividad de investigación, desarrollo e innovación;
c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con 
entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico 
o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del 
sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, 
ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del 
correspondiente contrato.
La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, 
bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de 
explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad 
intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa 
propia de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 
publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan 
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una 
versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como 
resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de 
publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos 
en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones 
Públicas en sus procesos de evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los 
repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se 
hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será 
de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.
Artículo 38. Cultura científica y tecnológica.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora 
de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación 
y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los agentes del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.
2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se 
incluirán medidas para la consecución de los siguientes objetivos:
a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, al objeto de que todas 
las personas puedan en todo momento tener criterio propio sobre las modificaciones que 
tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
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b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y 
tecnológica, mediante el fomento e incentivación de la actividad de museos, planetarios y 
centros divulgativos de la ciencia.
d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en 
todo el sistema educativo.
CAPÍTULO III
Internacionalización del sistema y cooperación al desarrollo
Artículo 39. Internacionalización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
1. La dimensión internacional será considerada como un componente intrínseco en 
las acciones de fomento, coordinación y ejecución de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de la Estrategia Española de Innovación.
2. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas promoverán 
acciones para aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de atracción de España 
en el ámbito de la investigación y la innovación.
3. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas fomentarán 
la participación de entidades públicas, empresas y otras entidades privadas en proyectos 
internacionales, redes del conocimiento y especialmente en las iniciativas promovidas por 
la Unión Europea, la movilidad del personal de investigación, y la presencia en instituciones 
internacionales o extranjeras vinculadas a la investigación científica y técnica y la 
innovación.
4. El Ministerio de Ciencia e Innovación articulará un sistema de seguimiento con el 
fin de garantizar que las aportaciones de España a Organismos Internacionales en materia 
de investigación e innovación tengan un adecuado retorno e impacto científico-técnico, 
con especial atención al Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Unión Europea.
5. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
podrán crear centros de investigación en el extranjero, por sí solos o mediante acuerdos 
con otros agentes nacionales, supranacionales o extranjeros, que tendrán la estructura y 
el régimen que requiera la normativa aplicable.
En el caso de las Universidades públicas, la creación de dichos centros estará sometida 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
En el caso de la Administración General del Estado y de las entidades a ésta adscritas, 
la creación de centros de investigación en el extranjero se ajustará a las disposiciones que 
regulan la Administración General del Estado en el exterior, y se realizará previa obtención 
de los informes favorables del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Presidencia.
Artículo 40. Cooperación al desarrollo.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán, en colaboración y coordinación con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la cooperación internacional al desarrollo 
en los ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación en los países prioritarios para la 
cooperación española y en los programas de los organismos internacionales en los que 
España participa, para favorecer los procesos de generación, uso por el propio país y 
utilización del conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida, 
el crecimiento económico y la equidad social en consonancia con el Plan Director de la 
Cooperación Española.
2. Se establecerán programas y líneas de trabajo prioritarias en el marco de la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Española de Innovación, y 
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se fomentará la transferencia de conocimientos y tecnología en el marco de proyectos de 
cooperación para el desarrollo productivo y social de los países prioritarios para la 
cooperación española.
3. Las Administraciones Públicas reconocerán adecuadamente las actividades de 
cooperación al desarrollo que lleven a cabo los participantes en las mismas.
TÍTULO IV
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la Administración 
General del Estado
CAPÍTULO I
Gobernanza
Artículo 41. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación será el órgano del Gobierno que llevará a cabo la planificación y el seguimiento 
de la política científica, tecnológica y de innovación, la coordinación entre los departamentos 
ministeriales y aquellas otras tareas que esta ley y el Gobierno le atribuyan en dichas 
materias.
2. El Gobierno determinará su composición y funciones, y podrá autorizar la 
delegación de las funciones que expresamente determine en otros órganos de inferior 
nivel.
3. La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación determinará el procedimiento por el que se evaluarán los resultados de la 
ejecución de la política científica, tecnológica y de innovación, a cuyo fin deberá realizarse 
un informe con carácter mínimo bienal en el que específicamente se contemplarán los 
resultados del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de 
Innovación.
Artículo 42. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica.
1. El desarrollo por la Administración General del Estado de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología se llevará a cabo a través del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica. Este Plan financiará las actuaciones en materia de investigación 
científica y técnica que se correspondan con las prioridades establecidas por la 
Administración General del Estado, y en él se definirán, para un periodo plurianual:
a) Los objetivos a alcanzar, y sus indicadores de seguimiento y evaluación de 
resultados.
b) Las prioridades científico-técnicas y sociales, que determinarán la distribución del 
esfuerzo financiero de la Administración General del Estado.
c) Los programas a desarrollar por los agentes de ejecución de la Administración 
General del Estado para alcanzar los objetivos. Dichos programas integrarán las iniciativas 
sectoriales propuestas por los distintos departamentos ministeriales, así como por los 
agentes de financiación y de ejecución adscritos a la Administración General del Estado. 
En cada programa se determinará su duración y la entidad encargada de su gestión y 
ejecución.
d) Los criterios y mecanismos de articulación del Plan con las políticas sectoriales del 
Gobierno, de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea, para evitar redundancias 
y prevenir carencias con objeto de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y alcanzar la mayor eficiencia conjunta del sistema.
e) Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación. Se detallará 
una estimación de las aportaciones de la Unión Europea y de otros organismos públicos o 
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privados que participen en las acciones de fomento, así como de aquellas que, teniendo 
en cuenta el principio de complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las 
subvenciones.
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación elaborará la propuesta del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica en coordinación con los departamentos ministeriales 
competentes, y tendrá en cuenta los recursos humanos, económicos y materiales 
necesarios para su desarrollo, así como sus previsiones de futuro.
El Plan Estatal será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, previo informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y de 
los órganos que proceda, y oída la Comisión Delegada de Gobierno para Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación.
3. La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo del 
Plan Estatal. Los resultados de seguimiento y evaluación deberán ser objeto de difusión.
4. El Plan Estatal se financiará con fondos procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado, cuya dotación estará supeditada al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y eficacia del gasto, y con aportaciones de entidades públicas 
y privadas y de la Unión Europea.
5. El Plan Estatal podrá ser revisado con periodicidad anual, mediante el procedimiento 
que se establezca en el mismo. Las revisiones podrán dar lugar a la modificación del Plan 
Estatal o a su prórroga.
6. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica tendrá la consideración de 
Plan estratégico de subvenciones a los efectos de lo establecido en el artículo 8 y en la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.
Artículo 43. Plan Estatal de Innovación.
1. El Plan Estatal de Innovación persigue transformar el conocimiento generado en 
valor económico, para así reforzar la capacidad de crecimiento y poder abordar con mayor 
eficacia los desafíos sociales y globales planteados. El Plan constituye el marco de 
referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración General del Estado 
en el marco de la Estrategia Española de Innovación y establecerá los ejes prioritarios de 
la actuación estatal que incluirán análisis y medidas relativos a la modernización del 
entorno financiero, el desarrollo de los mercados innovadores, las personas, la 
internacionalización de las actividades innovadoras y la cooperación territorial como base 
fundamental de la innovación.
2. El Plan Estatal de Innovación incluirá:
a) Los objetivos a alcanzar, y sus indicadores de seguimiento y evaluación de 
resultados.
b) Los ejes prioritarios de la actuación estatal, como vectores del fomento de la 
innovación.
c) Los agentes, entre los que se encuentran las Universidades, los Organismos 
Públicos de Investigación, otros organismos de I + D + i como los centros tecnológicos, o 
las empresas.
d) Los mecanismos y criterios de articulación del Plan con las políticas sectoriales del 
Gobierno, de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea, para lograr la eficiencia 
en el sistema y evitar redundancias y carencias.
e) Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación.
3. El Ministerio de Ciencia e Innovación elaborará la propuesta de Plan Estatal de 
Innovación en coordinación con los departamentos ministeriales competentes, y tendrá en 
cuenta los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para su desarrollo, así 
como sus previsiones de futuro.
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4. El Plan Estatal será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, previo informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de los órganos que proceda, y oída la Comisión Delegada de Gobierno para 
Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
5. El Plan Estatal de Innovación tendrá la consideración de Plan estratégico de 
subvenciones a los efectos de lo establecido en el artículo 8 y en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Artículo 44. Ejes prioritarios del Plan Estatal de Innovación.
1. El Plan Estatal de Innovación establecerá los ejes prioritarios de la actuación 
estatal, que incluirán análisis y medidas relativos a la modernización del entorno financiero, 
el desarrollo de mercados innovadores, las personas, la internacionalización de las 
actividades innovadoras, y la cooperación territorial como base fundamental de la 
innovación.
2. Se diseñarán instrumentos que faciliten el acceso de las empresas innovadoras a 
la financiación de sus actividades y proyectos, mediante la promoción de líneas específicas 
a estos efectos y fomentando la inversión privada en empresas innovadoras.
3. Se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras, con el fin de 
alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública, a través de actuaciones en 
cooperación con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, de acuerdo 
con lo señalado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Los departamentos ministeriales competentes aprobarán y harán público un plan que 
detalle su política de compra pública innovadora y precomercial.
4. Se apoyará la participación de entidades españolas en programas europeos e 
internacionales, y se impulsarán instrumentos conjuntos en el ámbito de la Unión Europea 
para proteger la propiedad industrial e intelectual.
Las convocatorias de ayudas a la innovación incorporarán, entre sus criterios de 
evaluación, la valoración del impacto internacional previsto por los proyectos.
5. Se fomentará la suscripción de convenios de colaboración, cooperación y gestión 
compartida por parte de la Administración General del Estado con las Comunidades 
Autónomas para el desarrollo de los objetivos del Plan Estatal de Innovación, en los que 
se establecerá el desarrollo de los ejes prioritarios del Plan.
6. Se desarrollarán programas de incorporación a las empresas de doctores y 
tecnólogos y de gestores de transferencia de conocimiento ligados a grupos de investigación, 
dedicados a proteger y transferir la propiedad industrial e intelectual generada por la 
investigación de excelencia.
CAPÍTULO II
Agentes de financiación
Artículo 45. Agentes de financiación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. Dentro de los agentes de financiación de la Administración General del Estado, 
son agentes de financiación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación la Agencia 
Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
2. Son funciones de la Agencia Estatal de Investigación y del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial:
a) Gestionar los programas o instrumentos que les sean asignados por el Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica o por el Plan Estatal de Innovación, y, en su caso, los 
derivados de convenios de colaboración con entidades españolas o con sus agentes 
homólogos en otros países.
b) Contribuir a la definición de los objetivos del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y del Plan Estatal de Innovación, y colaborar en las tareas de evaluación y 
seguimiento del mismo.
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c) Realizar la evaluación científico-técnica de las acciones del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica, del Plan Estatal de Innovación, y de otras actuaciones 
de política científica y tecnológica para la asignación de los recursos, así como la evaluación 
para la comprobación de la justificación de ayudas y de la realización de la actividad y del 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de las ayudas. Los 
resultados de las evaluaciones serán objeto de difusión.
d) Asesorar en materia de gestión, sistemas de financiación, justificación y seguimiento 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de Innovación.
e) Cualquier otra que les sea encomendada por su estatuto, su reglamento o la 
normativa vigente.
3. La Agencia Estatal de Investigación estará orientada al fomento de la generación 
del conocimiento en todas las áreas del saber mediante el impulso de la investigación 
científica y técnica, y utilizará como criterio evaluativo para la asignación de los recursos 
el mérito científico o técnico de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 de esta ley.
4. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estará orientado al fomento de 
la innovación mediante el impulso de la investigación, del desarrollo experimental y de la 
incorporación de nuevas tecnologías. Utilizará para la asignación de sus recursos criterios 
de evaluación que tomarán en cuenta el mérito técnico o de mercado y el impacto 
socioeconómico de los proyectos de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 de esta ley.
5. Tanto la Agencia Estatal de Investigación como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial desarrollarán su actividad como agentes de financiación de forma 
coordinada y de acuerdo con los principios de autonomía, objetividad, transparencia, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la gestión. Sus procedimientos de evaluación 
y financiación se ajustarán a los criterios vinculados a las buenas prácticas establecidas 
en el ámbito internacional. Además, cooperarán en el ámbito de sus funciones con sus 
homólogos españoles y extranjeros.
CAPÍTULO III
Agentes de ejecución
Artículo 46. Agentes de ejecución de la Administración General del Estado.
Son agentes de ejecución de la Administración General del Estado los Organismos 
Públicos de Investigación, así como otros Organismos de investigación públicos 
dependientes, creados o participados mayoritariamente por la Administración General del 
Estado.
Artículo 47. Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
1. Son Organismos Públicos de Investigación los creados para la ejecución directa de 
actividades de investigación científica y técnica, de actividades de prestación de servicios 
tecnológicos, y de aquellas otras actividades de carácter complementario, necesarias para 
el adecuado progreso científico y tecnológico de la sociedad, que les sean atribuidas por 
esta ley o por sus normas de creación y funcionamiento. Además, el Instituto de Salud 
Carlos III realizará actividades de financiación de la investigación científica y técnica.
2. Tienen la condición de Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica 
(CSIC), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), sin perjuicio de su propia 
naturaleza consorcial.
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Disposición adicional primera. Aplicación de las disposiciones del título II de esta ley a 
otras entidades.
1. El artículo 13.1 de la presente ley podrá ser también de aplicación a las 
Universidades privadas y a las Universidades de la Iglesia Católica. Los artículos 20, 21, 
22.1 y 23 también les podrán ser de aplicación, si bien únicamente cuando sean perceptoras 
de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador.
2. Los artículos 13.1, 20, 21 y 22.1 de esta ley podrán ser de aplicación a aquellas 
entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y 
trasferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las entidades empresariales. 
No obstante, los artículos 20, 21 y 22.1 sólo les podrán ser de aplicación cuando sean 
beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tengan como objeto la contratación 
de personal investigador mediante la utilización del contrato a que se refiera cada artículo, 
concedidas en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o de la Estrategia 
Española de Innovación.
3. Podrán ser de aplicación los artículos 13.1, 14, 15, 20, 21, 22.1 y 23 de la presente 
ley a los consorcios públicos y fundaciones del Sector público en los que la participación 
estatal sea igual o superior a la de cada una de las restantes Administraciones Públicas, 
cuyo fin u objeto social comprenda la ejecución directa de actividades de investigación 
científica y técnica o de prestación de servicios tecnológicos, o aquellas otras de carácter 
complementario necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la 
sociedad. Estas actividades deberán formar parte de los Programas de desarrollo del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica o del Plan Estatal de Innovación.
4. Podrán ser de aplicación los artículos 13.1, 20, 21, 22.1 y 23 de la presente ley a 
los consorcios públicos y fundaciones del sector público en los que la participación estatal 
sea inferior a la de cada una de las restantes Administraciones Públicas, cuyo fin u objeto 
social comprenda la ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica o 
de prestación de servicios tecnológicos, o aquellas otras de carácter complementario 
necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la sociedad. Estas 
actividades deberán formar parte de los programas de desarrollo del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación o del Plan Estatal de Innovación.
5. El artículo 13.1 de la presente ley podrá ser de aplicación a otros Organismos de 
investigación de la Administración General del Estado diferentes de los Organismos 
Públicos de Investigación que se regulan en la presente ley, cuando realicen actividad 
investigadora entendida tal como se indica en dicho artículo. Además, los artículos 20, 21 
y 22.1 también les podrán ser de aplicación si bien sólo cuando sean beneficiarios de 
ayudas o subvenciones públicas que incluyan en su objeto la contratación de personal 
investigador.
Disposición adicional segunda. Estatuto del personal investigador en formación.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará 
un estatuto del personal investigador en formación, que deberá someterse a informe previo 
del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Dicho estatuto sustituirá al 
actual Estatuto del personal investigador en formación, e incluirá las prescripciones 
recogidas en la presente ley para el contrato predoctoral.
Disposición adicional tercera. Joven empresa innovadora.
1. El Ministerio de Ciencia e Innovación otorgará la condición de joven empresa 
innovadora a aquella empresa que tenga una antigüedad inferior a 6 años y cumpla los 
siguientes requisitos:
a) Que haya realizado unos gastos en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica que representen al menos el 15% de los gastos totales de la empresa durante 
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los dos ejercicios anteriores, o en el ejercicio anterior cuando se trate de empresas de 
menos de dos años.
b) Que el Ministerio de Ciencia e Innovación haya constatado, mediante una 
evaluación de expertos, en particular sobre la base de un plan de negocios, que la empresa 
desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos tecnológicamente 
novedosos o sustancialmente mejorados con respecto al estado tecnológico actual del 
sector correspondiente, y que comporten riesgos tecnológicos o industriales.
2. El Gobierno, en el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta ley, aprobará el 
Estatuto de la joven empresa innovadora, inspirado en experiencias europeas de éxito, 
como aspecto clave para el apoyo de sociedades de reciente creación que dedican una 
parte significativa de su facturación a actividades de I + D + i.
Disposición adicional cuarta. Personal del Sistema Nacional de Salud.
El personal que preste servicios en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados 
o concertados con él que, junto a la actividad asistencial, desempeñe actividad investigadora, 
será considerado personal investigador a los efectos de lo establecido en el capítulo I, 
título II de esta ley, sin perjuicio de las condiciones de carrera y laborales que establezcan 
sus correspondientes regulaciones de trabajo.
Disposición adicional quinta. Supresión de escalas de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
y de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
Se suprimen las siguientes escalas, pertenecientes a los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado:
a) Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
b) Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
c) Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
d) Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.
e) Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
f) Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación.
g) Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
h) Escala de Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
i) Escala de Titulados Superiores de Servicios del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial.
j) Escala de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
k) Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial.
l) Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de 
Investigación.
m) Escala de Especialistas de Aviación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial.
n) Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial.
ñ) Escala de Personal de Taller del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
o) Escala de Delineantes y Proyectistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
p) Escala de Preparadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
q) Escala de Calcadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
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Disposición adicional sexta. Escalas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado.
1. Se crea la Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación, con adscripción al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el 
Grupo A, Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del Título de doctor o 
equivalente. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá encomendadas las 
funciones que correspondían a la Escala de Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas suprimida y, en concreto, las de especial exigencia 
y responsabilidad, dentro de las distintas actividades que constituyan la finalidad específica 
del Organismo, con una labor investigadora propia de singular relevancia.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, pertenezca a la Escala de Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas suprimida, cualquiera que fuera la situación 
administrativa en la que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en la Escala de 
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas suprimida, 
una vez supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario 
en la nueva Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación.
El personal funcionario perteneciente a la nueva Escala de Profesores de Investigación 
de Organismos Públicos de Investigación podrá ser acreditado para Catedrático de 
Universidad, a los efectos de lo dispuesto en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, cuando obtenga el informe positivo de su actividad docente e investigadora, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.
2. Se crea la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación, que queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el 
Grupo A, Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del Título de doctor o 
equivalente. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá encomendadas las 
funciones de la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas suprimida, y en concreto las funciones de alto nivel, dentro de las distintas 
actividades que constituyan la finalidad específica del Organismo.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, pertenezca a la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas suprimida, cualquiera que fuera la situación administrativa 
en la que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas suprimida, 
una vez supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario 
en la nueva Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación.
El personal funcionario perteneciente a la nueva Escala de Investigadores Científicos 
de Organismos Públicos de Investigación podrá ser acreditado para Profesor Titular de 
Universidad, a los efectos de lo dispuesto en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, cuando obtenga el informe positivo de su actividad docente e investigadora, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.
3. Se crea la Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, 
que queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el Grupo A, 
Subgrupo A1, previsto en el Artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del Título de doctor o 
equivalente. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá encomendadas las 
funciones que le correspondían a las Escalas de Científicos Titulares del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas y de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación suprimidas, y en concreto las funciones que comprendan a las 
actividades de investigación científica o tecnológica.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, pertenezca a las Escalas de Científicos Titulares del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas o de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación suprimidas, cualquiera que fuera la situación administrativa en la que se 
encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en las Escalas de 
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de Investigadores 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación suprimidas, una vez supere el 
proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario en la nueva Escala 
de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
El personal funcionario incluido en la relación de investigadores en funciones a la que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, podrá solicitar, desde la entrada en vigor de esta ley y 
durante un plazo máximo de tres años, la integración en la Escala de Científicos Titulares 
de Organismos Públicos de Investigación, cuando cumpla los requisitos exigidos en los 
párrafos a) y c) del artículo 35.2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, mediante la 
presentación de instancia dirigida al Secretario de Estado de Investigación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
El personal funcionario perteneciente a la nueva Escala de Científicos Titulares de 
Organismos Públicos de Investigación podrá ser acreditado para Profesor Titular de 
Universidad, a los efectos de lo dispuesto en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, cuando obtenga el informe positivo de su actividad docente e investigadora, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.
4. Se crea la Escala de Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación, que 
queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el Grupo A, Subgrupo 
A1, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
El personal funcionario perteneciente a esta escala tendrá encomendadas las funciones 
que supongan especial exigencia y responsabilidad, para desarrollar tareas de dirección 
de equipos humanos, valorización del conocimiento, formulación de iniciativas tecnológicas 
y de innovación, o estudio, inspección o supervisión en instalaciones científicas o técnicas, 
en sus especialidades respectivas dentro de las distintas actividades que constituyan la 
finalidad específica del Organismo.
5. Se crea la Escala de Científicos Superiores de la Defensa, que queda adscrita al 
Ministerio de Defensa, y clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Las funciones que desarrollará el personal que se adscriba o acceda a esta Escala 
serán las encomendadas a las Escalas de Científicos Superiores del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial y de Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial suprimidas.
Se integrarán en esta Escala los funcionarios que, en el momento de entrada en vigor 
de esta ley, pertenezcan a las Escalas de Científicos Superiores del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial o de Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial suprimidas, cualquiera que fuera la situación administrativa en la que se 
encuentren.
El personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre inmerso en la 
realización de procesos selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna 
en las Escalas de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o 
de Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimidas, 
una vez supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario 
en la nueva Escala de Científicos Superiores de la Defensa.
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6. Se crea la Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos 
de Investigación, que queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en 
el Grupo A, Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Las funciones que desarrollará el personal funcionario integrado en esta escala serán 
las encomendadas a las Escalas de Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación, de Titulados Superiores de Servicios del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, y de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial suprimidas, y en concreto el desarrollo de tareas de concepción, 
diseño, aplicación o mejora en instalaciones científicas experimentales, formulación de 
iniciativas tecnológicas y de innovación, o dirección, asesoramiento, análisis o elaboración 
de informes en sus especialidades respectivas, dentro de las distintas actividades que 
constituyan la finalidad específica del Organismo.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, pertenezca a las Escalas de Titulados Superiores Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Técnicos Superiores Especialistas de 
los Organismos Públicos de Investigación, de Titulados Superiores de Servicios del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, o de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial suprimidas, cualquiera que fuera la situación administrativa en la 
que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en las Escalas de 
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de Investigación, de 
Titulados Superiores de Servicios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, o de 
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimidas, una vez 
supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario en la 
nueva Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de 
Investigación.
7. Se crea la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de 
Investigación, que queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el 
Grupo A, Subgrupo A2, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Las funciones que desarrollará el personal funcionario integrado en esta escala serán 
las de apoyo y colaboración en materia de diseño, aplicación, mantenimiento y mejora de 
instalaciones científicas, elaboración de informes, estudios o análisis, y en general, 
participación en la gestión técnica de planes, proyectos, programas o aplicaciones y 
resultados de la investigación, dentro de las distintas actividades que constituyan la 
finalidad específica del Organismo.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, pertenezca a las escalas de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación o de Titulados Técnicos Especializados del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimidas, cualquiera que fuera la situación 
administrativa en la que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en las escalas de 
Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación o de 
Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
suprimidas, una vez supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal 
funcionario en la nueva Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de 
Investigación.
8. Se declara la subsistencia de la actual Escala de Ayudantes de Investigación de 
Organismos Públicos de Investigación.
Se integrará en la Escala de Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación el personal funcionario que, en el momento de entrada en vigor de esta ley, 
pertenezca a las Escalas de Especialistas de Aviación del Instituto Nacional de Técnica 
cve: BOE-A-2011-9617
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Aeroespacial, Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial, Personal de Taller del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, o 
Delineantes y Proyectistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimidas, 
cualquiera que fuera la situación administrativa en la que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en procesos 
selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en la Escala de Analistas 
y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimida, 
una vez supere el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario 
en la Escala de Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
9. Se declara la subsistencia de la actual Escala de Auxiliares de Investigación de 
Organismos Públicos de Investigación.
Se integrará en la Escala de Auxiliares de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación el personal funcionario que, en el momento de entrada en vigor de esta ley, 
pertenezca a las Escalas de Preparadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
o Calcadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimidas, cualquiera que 
fuera la situación administrativa en la que se encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente ley, esté participando en un 
proceso selectivos para el ingreso por acceso libre o por promoción interna en la Escala 
de Preparadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial suprimida, una vez supere 
el proceso selectivo correspondiente será nombrado personal funcionario en la Escala de 
Auxiliares de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
Disposición adicional séptima. Régimen retributivo de las escalas científicas y técnicas 
de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
1. El personal investigador funcionario que se integre en la Escala de Profesores de 
Investigación de Organismos Públicos de Investigación tendrá el sistema retributivo 
correspondiente a la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas suprimida, en los términos de lo establecido en esta ley sobre 
carrera profesional del personal funcionario investigador.
2. El personal investigador funcionario que se integre en la Escala de Investigadores 
Científicos de Organismos Públicos de Investigación tendrá el sistema retributivo 
correspondiente a la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas suprimida, en los términos de lo establecido en esta ley sobre 
carrera profesional del personal funcionario investigador.
3. El personal investigador funcionario que se integre en la Escala de Científicos 
Titulares de Organismos Públicos de Investigación tendrá el sistema retributivo 
correspondiente a la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas suprimida, en los términos de lo establecido en esta ley sobre carrera profesional 
del personal funcionario investigador.
4. A todo el personal investigador funcionario que, como consecuencia de esta 
integración, se vea afectado por una disminución de sus retribuciones en cómputo anual, 
le será de aplicación un complemento personal transitorio que la absorba.
5. El sistema retributivo de las escalas de personal técnico funcionario de carrera de 
los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado será el 
establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, la ley de ordenación de la función pública de 
la Administración General del Estado y demás normativa de desarrollo.
Disposición adicional octava. Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado.
1. Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto acordado en Consejo de 
Ministros a iniciativa de los Ministerios de adscripción y a propuesta conjunta de los 
Ministros de Economía y Hacienda y de la Presidencia, proceda a reorganizar los actuales 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado para 
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adecuarlos a los objetivos de la presente ley, con arreglo a los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha reorganización 
supondrá la extinción de aquellos Organismos Públicos de Investigación en que una parte 
sustancial de sus fines y objetivos coincida con los de otros Organismos Públicos de 
Investigación, que se subrogarán en los contratos de trabajo del personal de aquellos y a 
los que se adscribirán sus bienes y derechos.
2. El Gobierno aprobará los nuevos estatutos de los Organismos Públicos de 
Investigación resultantes. Además de los contenidos exigidos en función de su forma 
jurídica, los estatutos deberán ajustarse a los siguientes principios organizativos:
a) Se establecerán mecanismos de coordinación entre todos los Organismos Públicos 
de Investigación a través de la elaboración de sus Planes Plurianuales de Acción, de la 
representación recíproca en los Consejos Rectores y de la gestión conjunta de instalaciones 
y servicios. Todos los Planes Plurianuales de Acción tendrán una proyección plurianual 
coincidente en el tiempo; para su diseño y ejecución podrán incorporar la colaboración del 
resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
especialmente de Comunidades Autónomas y Universidades.
b) En el seno de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología se establecerán 
mecanismos de colaboración de los Organismos Públicos de Investigación con los demás 
agentes del sistema de ciencia y tecnología de las Comunidades Autónomas en las que 
estén ubicados sus centros.
c) Para el cumplimiento de sus fines, los Organismos Públicos de Investigación se 
organizarán en institutos como núcleo organizativo básico, a través de los que ejecutarán 
sus políticas específicas definidas en los Planes Plurianuales de Acción. Los institutos 
gozarán de autonomía para la gestión de los recursos que les sean asignados, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias y de las limitaciones establecidas en la normativa 
aplicable.
Los institutos podrán organizarse con recursos pertenecientes a un único Organismo 
o mediante la asociación con otros agentes del Sistema, a través de los instrumentos 
previstos en la presente ley.
d) En aquellos casos en que se considere necesario para alcanzar la masa crítica 
precisa para una actividad de excelencia, se podrán crear centros de investigación o de 
prestación de servicios mediante la agrupación, física o en red, de institutos del propio 
Organismo Público de Investigación y/o de otros agentes asociados al mismo, pertenecientes 
a la misma área temática. Los estatutos de los Organismos Públicos de Investigación 
determinarán la naturaleza y funciones de dichos centros, que podrán tener un ámbito de 
actuación territorial superior al de los agentes asociados al Organismo Público de 
Investigación.
e) Se promoverá la investigación en áreas temáticas prioritarias mediante la 
constitución de unidades de investigación, propias o en cooperación con otros agentes del 
Sistema, con la forma jurídica de fundación o cualquier otra adecuada a la naturaleza de 
las funciones que hayan de realizar. Dichas unidades tendrán la consideración de centros 
adscritos al Organismo Público de Investigación que los promueva y estarán sujetas a su 
coordinación y dirección estratégica.
Las fundaciones estarán bajo el protectorado establecido por la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones.
f) Los órganos de gobierno de los Organismos Públicos de Investigación podrán 
contar con miembros expertos en investigación científica y técnica, así como con gestores 
experimentados.
g) Cada Organismo podrá contar con un comité asesor, que estará integrado por 
expertos en investigación científica y técnica, y cuyos cometidos incluirán la propuesta y 
seguimiento de los Planes Plurianuales de Acción del Organismo.
h) En ningún caso esta reorganización podrá ocasionar incremento del gasto 
público.
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Disposición adicional novena. Protección de datos de carácter personal.
1. Lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, será de aplicación al tratamiento y cesión de datos derivados 
de lo dispuesto en esta ley.
2. Los agentes públicos de financiación y de ejecución deberán adoptar las medidas 
de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, tratamiento o acceso no autorizados.
3. El Gobierno regulará, previo informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos, el contenido académico y científico de los currículos del personal docente e 
investigador de Universidades y del personal investigador que los agentes de financiación 
y de ejecución pueden hacer público sin el consentimiento previo de dicho personal.
Disposición adicional décima. Informes de evaluación de solicitudes de ayudas del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica.
1. En el marco de los procedimientos de concesión de ayudas del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica, serán preceptivos y vinculantes, con los efectos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los informes del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), o de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) o del órgano equivalente que se determine en el seno de la Agencia 
Estatal de Investigación.
2. Con objeto de facilitar la evaluación de la solicitud, y en el marco de los 
procedimientos arriba indicados, las órdenes de bases podrán prever los supuestos en los 
que se deba emitir un informe tecnológico de patentes por parte de una Oficina de 
Propiedad Industrial.
Disposición adicional undécima. Subvenciones y ayudas concedidas por la Administración 
General del Estado.
1. Las bases reguladoras de subvenciones y ayudas impulsarán la aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos de gestión para reducir o suprimir 
la documentación requerida y reducir los plazos y tiempos de respuesta.
2. La Administración General del Estado promoverá la celebración de convenios con 
las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Universidades, con el objeto de 
coordinar el régimen de control de los agentes públicos de investigación y posibilitar la 
extensión del régimen de cuenta justificativa simplificada previsto en la normativa de 
subvenciones, con arreglo a los siguientes requisitos:
a) Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, cuando un organismo o 
ente perteneciente a una Comunidad Autónoma o Universidad perciba del sector público 
estatal una subvención o ayuda sometida a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, su justificación se realizará conforme al régimen de cuenta justificativa 
simplificada, sin que resulte de aplicación la cuantía máxima establecida para tal régimen 
en la normativa de subvenciones.
b) La entidad perceptora estará sometida a control financiero permanente del órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma o Universidad.
c) La modalidad de justificación de la subvención o ayuda revestirá la forma de cuenta 
justificativa prevista en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el ámbito del control financiero permanente de cada entidad se revisarán los 
sistemas y procesos de justificación empleados, así como una muestra de las cuentas 
justificativas presentadas ante los órganos administrativos competentes. Si, como 
consecuencia de la revisión llevada a cabo conforme a lo previsto en el apartado anterior, 
se observase una falta de concordancia entre las cuentas justificativas presentadas y los 
registros contables o justificantes que las acreditan, se emitirán informes separados 
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dirigidos a los órganos concedentes de las subvenciones o ayudas en los que se indicarán 
tales extremos.
3. Las subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica y 
técnica que sean consecuencia de convocatorias públicas efectuadas por las estructuras 
creadas por varios Estados miembros en ejecución del programa marco plurianual de la 
Unión Europea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 182, 185 y 186 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, seguirán el régimen previsto en el artículo 28.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones.
Disposición adicional duodécima. Autorización legal para la creación de la Agencia 
Estatal de Investigación.
1. Se autoriza al Gobierno para la creación de Agencia Estatal de Investigación, 
orientada al fomento de la generación del conocimiento en todas las áreas del saber 
mediante el impulso de la investigación científica y técnica, a la que será de aplicación la 
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos. 
La Agencia tendrá el mismo régimen fiscal que los Organismos Autónomos, y utilizará 
como criterio evaluativo para la asignación de los recursos el mérito científico o técnico.
La creación de la Agencia se realizará sin aumento de gasto público, y no se financiará 
con créditos del presupuesto financiero del Estado, salvo en los casos y con los límites que 
se establezcan mediante ley de presupuestos generales del Estado.
2. El Gobierno creará en el plazo máximo de un año la Agencia Estatal de Investigación 
mediante la aprobación de su estatuto.
Disposición adicional decimotercera. Implantación de la perspectiva de género.
1. La composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta ley, así 
como de los órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, se ajustará a los principios de composición y presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una 
categoría transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia sea 
considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos la definición de las prioridades 
de la investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos teóricos 
y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las 
aplicaciones y los desarrollos tecnológicos, y las propuestas para estudios futuros. 
Promoverán igualmente los estudios de género y de las mujeres, así como medidas 
concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en los equipos de 
investigación.
3. El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación recogerá, 
tratará y difundirá los datos desagregados por sexo e incluirá indicadores de presencia y 
productividad.
4. Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador al servicio 
de las Universidades públicas y de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, y los procedimientos de concesión de ayudas y 
subvenciones por parte de los agentes de financiación de la investigación, establecerán 
mecanismos para eliminar los sesgos de género que incluirán, siempre que ello sea 
posible, la introducción de procesos de evaluación confidencial.
Dichos procesos habrán de suponer que la persona evaluadora desconozca 
características personales de la persona evaluada, para eliminar cualquier discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.
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5. La Estrategia Española de Innovación y el Plan Estatal de Innovación promoverán 
la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en todos los 
aspectos de su desarrollo.
6. Los Organismos Públicos de Investigación adoptarán Planes de Igualdad en un 
plazo máximo de dos años tras la publicación de esta ley, que serán objeto de seguimiento 
anual. Dichos planes deberán incluir medidas incentivadoras para aquellos centros que 
mejoren los indicadores de género en el correspondiente seguimiento anual.
Disposición adicional decimocuarta. Otros agentes de ejecución de la Administración 
General del Estado.
1. El Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Instituto 
de Patrimonio Cultural de España (IPCE), la Filmoteca Española, adscrita al Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, los museos y archivos de titularidad y gestión 
estatal, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional de 
Información Geográfica, y las Reales Academias y Academias Asociadas vinculadas con 
el Instituto de España, tendrán la condición de agentes de ejecución a los efectos de lo 
dispuesto en esta ley.
2. Los agentes de ejecución a que se refiere el apartado anterior podrán contratar 
personal investigador de carácter temporal para la realización de proyectos específicos de 
investigación científica y técnica de acuerdo con el artículo 15.1.a) del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional decimoquinta. Consideración de actividades prioritarias a efectos 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado que declaren prioritarias de 
mecenazgo las referidas actividades de investigación, desarrollo e innovación, podrán 
declarar como beneficiarias del mecenazgo a las Instituciones de Excelencia, a los efectos 
previstos en los artículos 16 a 24, ambos inclusive, de la Ley 49/2002.
Disposición adicional decimosexta. Investigadores de los Programas Ramón y Cajal y 
Miguel Servet.
1. Serán de aplicación los efectos establecidos por el artículo 22, apartados 3 y 4 de 
esta ley, al personal investigador del Programa o Subprograma Ramón y Cajal y Miguel 
Servet del Ministerio de Ciencia e Innovación, que haya superado la doble evaluación 
referida al informe de la cuarta anualidad del contrato establecido en el Programa Ramón 
y Cajal y de la tercera y última anualidad del Programa Miguel Servet, y al cumplimiento de 
la posesión de una trayectoria investigadora destacada a los efectos del Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
2. Igualmente, serán de aplicación los efectos establecidos por el artículo 22 apartados 
3 y 4 de esta ley, al personal investigador de los Programas o Subprogramas Ramón y 
Cajal y Miguel Servet del Ministerio de Ciencia e Innovación, que supere una evaluación 
similar a la prevista en el artículo 22.2 de esta ley. En dicha evaluación, el informe externo 
será el previsto para la cuarta anualidad o última anualidad del contrato establecido en 
dichos Programas o Subprogramas.
3. En la oferta de empleo público, el Ministerio de Ciencia e Innovación por lo que se 
refiere a las plazas para ingreso como personal investigador laboral fijo, orientará su 
petición teniendo en cuenta los contratos de carácter temporal celebrados como personal 
investigador del Programa o Subprograma Ramón y Cajal para jóvenes investigadores.
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Disposición adicional decimoséptima. Mecanismos para facilitar la participación de 
entidades, personal o grupos de investigación españoles en los Consorcios de 
Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC).
Se habilita al Gobierno para que apruebe las normas oportunas para facilitar la 
participación de entidades, personal o grupos de investigación españoles en los Consorcios 
de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) creados según las normas de la 
Unión Europea relativas a los mismos.
Disposición adicional decimoctava. Seguridad Social en el contrato predoctoral.
Se establece una reducción del 30% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes en la cotización relativa al personal investigador contratado bajo la 
modalidad de contrato predoctoral establecida en el artículo 21 de esta ley, que quedará 
acogido al Régimen General de la Seguridad Social.
Disposición adicional decimonovena. Compensación económica por obras de carácter 
intelectual.
1. En los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual 
creada correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la 
investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados 
en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia 
comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado.
2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los 
centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o 
cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, 
las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características 
concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios no tendrá 
en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal 
investigador.
Disposición adicional vigésima. Regulación de los centros de investigación propios de 
las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva.
Los centros y estructuras de investigación propios de una Comunidad Autónoma que 
haya asumido estatutariamente la competencia exclusiva para la regulación de sus propios 
centros de investigación se regirán por la normativa aprobada a tal efecto por su Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final novena respecto de la 
extensión a los mismos de los artículos de carácter básico o de aplicación general de esta 
Ley.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por centros y estructuras de investigación 
propios aquellos que estén participados mayoritariamente en su capital o fondo patrimonial 
o en su órgano de gobierno por la Comunidad Autónoma o por entidades de su sector 
público, o cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones 
u otros ingresos procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma o de 
entidades de su sector público.
En el caso de los centros y estructuras de investigación en los que participen de forma 
mayoritaria entidades que forman parte del sector público de la Administración General del 
Estado o de Comunidades Autónomas que hayan asumido estatutariamente competencia 
exclusiva para la regulación de sus propios centros de investigación, se entenderá a los 
efectos de la aplicación de la normativa pública, que forman parte del sector público que 
detente una participación que, aunque siendo minoritaria, sea superior a la de cada una de 
las restantes entidades públicas, consideradas individualmente.
Para el cálculo de los cómputos de participación, no se tendrán en consideración las 
contribuciones económicas que, con carácter individual y específico, se realicen a cargo 
de los Presupuestos Generales del Estado.
cve: BOE-A-2011-9617
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Disposición adicional vigesimoprimera. Regulación de las entidades de investigación 
compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Las entidades de investigación dependientes, creadas o participadas a partes iguales 
por la Administración General del Estado o sus organismos y entidades, y por una 
Comunidad Autónoma o sus organismos y entidades, se regirán por la normativa que 
indiquen las normas o los instrumentos jurídicos de creación.
Disposición adicional vigesimosegunda. Aplicación del artículo 18 de esta ley.
El artículo 18 de esta ley también será de aplicación al personal investigador que, con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, viniera prestando sus servicios en las 
sociedades creadas o participadas por las entidades a que alude el apartado 1 de dicho 
artículo, siempre que dicha excepción sea autorizada por las Universidades públicas, el 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública o las autoridades competentes de 
las Administraciones Públicas, según corresponda.
Disposición adicional vigesimotercera. Normas comunes a los contratos para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta 
del Estatuto de los Trabajadores, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del 
mismo en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio a los contratos para 
la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica a que se refieren 
los artículos, 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta de 
esta ley.
Tampoco les resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 
de la disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional vigesimocuarta. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y 
Convenio.
1. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo 
dispuesto en esta ley se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
2. Lo dispuesto en la presente ley se entenderá sin perjuicio de las competencias 
transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de investigación y 
desarrollo científico y técnico, e innovación, conforme a los términos contemplados en el 
Real Decreto 3/2009, de 9 de enero, sobre traspaso de funciones.
Para garantizar una adecuada colaboración entre la Administración General del Estado 
y la Administración de la Comunidad Autónoma vasca en esta materia se articularán los 
adecuados instrumentos de cooperación, de acuerdo a lo establecido en el citado Real 
Decreto 3/2009, de 9 de enero, en los términos fijados en el Acuerdo de la Comisión Mixta 
de Transferencias que figura como Anexo del mismo.
Disposición adicional vigesimoquinta. Promoción interna horizontal a las Escalas de 
Profesores de investigación de Organismos Públicos de Investigación e Investigadores 
Científicos de Organismos Públicos de Investigación.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, en la primera oferta pública de empleo que se 
apruebe tras la entrada en vigor de esta ley, en su petición de plazas de personal 
investigador incluirá de modo preferente plazas de las Escalas de Profesores de 
Investigación e Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación para 
que a través del sistema de promoción interna horizontal puedan acceder a las citadas 
escalas los funcionarios pertenecientes a la Escala de Científicos Titulares de Organismos 
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Públicos de Investigación cuando acrediten estar en posesión de los requisitos y méritos 
para ingresar en las mismas en los términos previstos en esta ley.
Disposición adicional vigesimosexta. Los centros tecnológicos y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito estatal.
1. Se consideran centros tecnológicos aquellas entidades sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas y residentes en España, que gocen de personalidad jurídica propia 
y sean creadas con el objeto, declarado en sus estatutos, de contribuir al beneficio de la 
sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante la generación de 
conocimiento tecnológico, realizando actividades de I + D + i y desarrollando su aplicación.
Esta función de aplicación del conocimiento comprenderá, entre otras, la realización 
de proyectos de I + D + i con empresas, la intermediación entre los generadores del 
conocimiento y las empresas, la prestación de servicios de apoyo a la innovación y la 
divulgación mediante actividades de transferencia de tecnología y formativas.
2. Tendrán la consideración de centros de apoyo a la innovación tecnológica aquellas 
entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y residentes en España, que gocen 
de personalidad jurídica propia y sean creadas con el objeto, declarado en sus estatutos, 
de facilitar la aplicación del conocimiento generado en los organismos de investigación, 
incluidos los centros tecnológicos, mediante su intermediación entre éstos y las empresas, 
proporcionando servicios de apoyo a la innovación.
3. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, regulará el registro 
de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de carácter 
estatal.
Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico del Instituto de Astrofísica de 
Canarias.
1. El consorcio público Instituto de Astrofísica de Canarias, creado por el Real 
Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, por el que se crea el Instituto de Astrofísica de Canarias 
y se establece su régimen jurídico, e integrado por la Administración General del Estado, 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La 
Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se rige por lo dispuesto en la 
presente ley y en sus respectivos estatutos.
El Instituto de Astrofísica de Canarias tiene la consideración de Organismo Público de 
Investigación de la Administración General del Estado.
El Consorcio tendrá vigencia indefinida. No obstante, las Administraciones consorciadas 
podrán desvincularse del mismo o promover su extinción en la forma prevista en los 
estatutos.
2. El Instituto de Astrofísica de Canarias tiene personalidad jurídica y capacidad de 
obrar para el cumplimiento de los fines siguientes:
a) Realizar y promover cualquier tipo de investigación astrofísica o relacionada con 
ella, así como desarrollar y transferir su tecnología.
b) Difundir los conocimientos astronómicos, colaborar en la enseñanza universitaria 
especializada de astronomía y astrofísica y formar y capacitar personal científico y técnico 
en todos los campos relacionados con la astrofísica.
c) Administrar los centros, observatorios e instalaciones astronómicas ya existentes 
y los que en el futuro se creen o incorporen a su administración, así como las dependencias 
a su servicio.
d) Fomentar las relaciones con la comunidad científica nacional e internacional.
3. Los estatutos del Consorcio, que deberán ser aprobados por el Consejo Rector 
antes del comienzo del ejercicio económico siguiente al de la entrada en vigor de la 
presente ley, determinarán las peculiaridades de su régimen orgánico, funcional y 
financiero.
cve: BOE-A-2011-9617
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La aprobación de los estatutos requiere el voto favorable de los representantes de la 
Administración General del Estado y de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el órgano al que se refiere el párrafo anterior.
Hasta que se aprueben los estatutos, seguirá siendo de aplicación al Consorcio el 
régimen jurídico resultante del Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, y sus disposiciones 
de desarrollo.
4. El órgano supremo del Consorcio será el Consejo Rector, en el que deberán estar 
representadas las entidades que lo conforman, en la proporción que se fije en los 
estatutos.
Hasta la aprobación y entrada en vigor de los estatutos, continuarán en funcionamiento 
los órganos de decisión y gestión del Consorcio regulados en la normativa vigente. Una 
vez constituidos los órganos previstos en los estatutos, quedarán extinguidos aquéllos y 
serán sustituidos por éstos.
5. El Director del Instituto es el órgano ejecutivo del Consejo Rector, asimismo le 
corresponde resolver sobre las cuestiones de índole científica, por lo que debe ser un 
astrofísico de prestigio reconocido.
6. Los medios materiales al servicio del Consorcio para el cumplimiento de sus fines 
comprenden:
a) Los bienes y valores que integren su patrimonio, junto con los productos y rentas 
obtenidos del mismo, subvenciones y, en general, cuantos recursos perciba.
En caso de disolución del Consorcio, las Administraciones consorciadas fijarán 
libremente el destino de este patrimonio.
b) Bienes adscritos o cedidos en cualquier otro régimen por personal o entidades 
nacionales o extranjeras que conserven la titularidad de aquéllos.
Si respecto a estos bienes los órganos de gobierno del Consorcio estimasen conveniente 
la realización de actos de disposición, lo pondrán en conocimiento de la persona o entidad 
titular de los mismos para que por ésta se decida lo que corresponda, con sujeción en su 
caso al procedimiento que por razón de la naturaleza de los bienes sea de aplicación.
Producida la disolución del Consorcio, revertirán plenamente estos bienes a las 
personas o entidades que mantengan su titularidad.
7. Los medios personales al servicio del Consorcio para el cumplimiento de sus fines 
podrán comprender:
a) Personal laboral propio, contratado en los términos previstos en la presente ley 
para el personal laboral al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado y en los estatutos del Consorcio.
b) Personal funcionario propio, perteneciente a las Escalas previstas en la presente 
ley para los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado.
c) Personal, funcionario o laboral, perteneciente a las Administraciones consorciadas. 
Dicho personal quedará adscrito al Consorcio como personal vinculado, manteniendo la 
situación administrativa o laboral que tuviera en sus Administraciones de origen.
d) Personal al servicio de otras instituciones o entidades, públicas o privadas, 
adscritos al Consorcio en la forma prevista en los estatutos y previo convenio con la 
respectiva institución o entidad.
Será de aplicación al personal al servicio del Consorcio el régimen jurídico establecido 
en la presente ley, con el carácter que corresponda según la Administración a la que 
pertenezca dicho personal.
El personal funcionario que, al amparo del Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, por 
el que se crea el Instituto de Astrofísica de Canarias y se establece su régimen jurídico, 
esté prestando sus servicios en el Consorcio a la entrada en vigor de la presente ley, 
conservará su condición de funcionario de la Administración General del Estado, y se 
integrará en las Escalas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración 
General del Estado creados por la misma, en los mismos términos que el resto de los 
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funcionarios afectados por las disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima de la 
presente ley.
Todas las facultades, derechos y obligaciones, respecto del personal funcionario y 
laboral que, con arreglo a este artículo preste servicios en el consorcio publico Instituto de 
Astrofísica de Canarias, corresponderán exclusivamente a dicha entidad, que los ejercerá 
a través de los órganos que se determinen a través de sus estatutos. Específicamente 
corresponderán a los órganos competentes del Consorcio el ejercicio de las funciones 
relativas a la organización, sistema de puestos, condiciones de trabajo y las previstas en 
la normativa reguladora del régimen disciplinario.
8. El Instituto de Astrofísica de Canarias tiene la condición de medio propio y servicio 
técnico de la Administración General del Estado y podrá asumir las encomiendas de 
gestión realizadas por los departamentos ministeriales con competencias en la materia 
para la realización de actuaciones referidas a investigación astrofísica.
Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el Instituto de 
Astrofísica de Canarias, se retribuirán mediante tarifas o retribuciones sujetas al régimen 
previsto en el párrafo siguiente, y llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiere 
el encargo de dictar las instrucciones necesarias para su ejecución.
La tarifa o retribución de la encomienda deberá cubrir el valor de las prestaciones 
encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos y los indirectos, así 
como los márgenes razonables, acordes con el importe de aquellas prestaciones, para 
atender desviaciones e imprevistos.
La cuantía de la tarifa o retribución será fijada por la persona titular del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
El Instituto de Astrofísica de Canarias, actuando con el carácter de medio propio y 
servicio técnico de la Administración General del Estado, no podrá participar en licitaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores pertenecientes a la misma sin perjuicio 
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la 
prestación objeto de las mismas.
La Comunidad Autónoma de Canarias podrá otorgar al Instituto de Astrofísica de 
Canarias la condición de medio propio y servicio técnico en los términos que establezca su 
legislación específica.
9. El Consorcio asume las funciones, derechos y obligaciones que corresponden al 
Instituto de Astrofísica de Canarias, de conformidad con el Acuerdo de cooperación en 
materia de astrofísica firmado el 26 de mayo de 1979 entre los Gobiernos del Reino de 
España, del Reino de Dinamarca, del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del 
Reino de Suecia, y el Protocolo sobre cooperación en materia de astrofísica, firmado en la 
misma fecha por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la 
Secretaria de Investigación de Dinamarca, el Consejo de Investigaciones Científicas del 
Reino Unido y la Real Academia de Ciencias de Suecia, así como sus sucesivas prórrogas 
y adendas.
Asimismo, se mantiene la subrogación en los derechos y obligaciones de naturaleza 
contractual que el Instituto de Astrofísica de Canarias, dependiente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, hubiese adquirido con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, y especialmente en el Convenio de Cooperación 
celebrado el 16 de septiembre de 1975 entre el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, la Universidad de La Laguna y la Mancomunidad Provincial interinsular de 
Santa Cruz de Tenerife.
10. Por las administraciones competentes se iniciarán los trámites para la transmisión 
al consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias de los títulos representativos del capital 
social de la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias, S.A.
11. La modificación del régimen jurídico previsto en esta disposición para el Instituto 
de Astrofísica de Canarias no podrá ocasionar incremento de gasto público en ninguna de 
las administraciones consorciadas.
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12. El Instituto de Astrofísica de Canarias está sujeto a los límites sobre oferta de 
empleo público e incrementos retributivos que establecen las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.
Disposición adicional vigesimoctava. Programas de ayudas a la investigación dirigidas al 
personal de investigación.
Los Programas de ayudas a la investigación que impliquen la realización de tareas de 
investigación en régimen de prestación de servicios por personal de investigación deberán 
establecer la contratación laboral de sus beneficiarios por parte de las entidades a las que 
se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo establecido 
en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y en el convenio colectivo vigente en la entidad 
de adscripción.
Disposición transitoria primera. Órganos subsistentes.
1. Hasta la entrada en funcionamiento de los órganos de gobernanza establecidos 
en esta ley, continuarán realizando sus funciones el Consejo Asesor para la Ciencia y la 
Tecnología y el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología previstos en la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y 
Técnica.
2. La creación de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación será acordada por el Consejo de Ministros, mediante real 
decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. Hasta ese momento continuará 
realizando sus funciones la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y 
Tecnológica.
Disposición transitoria segunda. Subsistencia del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 14 de septiembre de 
2007, continuará vigente hasta su finalización.
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de la Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología.
La Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología aprobada en la III Conferencia de 
Presidentes, celebrada el 11 de Enero de 2007, continuará vigente hasta su sustitución por 
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología prevista en esta ley.
Disposición transitoria cuarta. Programas de ayuda a la formación del personal 
investigador.
1. Los programas de ayuda al personal investigador en formación financiados con 
fondos públicos, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de 
enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, existentes 
a la entrada en vigor del artículo 21 de esta ley, deberán adaptarse al contenido de dicho 
artículo únicamente por lo que respecta a las convocatorias que se publiquen a partir de 
ese momento.
2. Para las convocatorias de ayudas al personal investigador en formación que se 
encuentren en ejecución a la entrada en vigor del artículo 21 de esta ley, continuará en 
vigor la situación jurídica de beca durante los dos primeros años desde la concesión de la 
ayuda, y para la situación jurídica de contrato se continuará utilizando la modalidad de 
contrato de trabajo en prácticas, según lo establecido por el Real Decreto 63/2006, de 27 
de enero.
cve: BOE-A-2011-9617
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Núm. 131  Jueves 2 de junio de 2011  Sec. I.   Pág. 54447
3. Los contratos laborales financiados por programas de ayuda al personal 
investigador en formación que ya se hubieran suscrito a la entrada en vigor del artículo 21 
de esta ley se mantendrán en su forma jurídica inicial hasta finalizar su vigencia.
Disposición transitoria quinta. Sistemas de evaluación del desempeño y régimen 
transitorio retributivo de las escalas científicas de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado.
El personal investigador funcionario que se integre en las Escalas de Profesores de 
Investigación de Organismos Públicos de Investigación, de Investigadores Científicos de 
Organismos Públicos de Investigación, y de Científicos Titulares de Organismos Públicos 
de Investigación, mantendrá el sistema retributivo aplicable a la correspondiente escala 
suprimida de la que proceda hasta el 31 de diciembre de 2013 incluido. Hasta esa fecha, 
mantendrán también su vigencia los actuales sistemas de evaluación del desempeño del 
personal investigador funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado.
A partir del 1 de enero de 2014 incluido, le será de aplicación el sistema retributivo 
establecido en el artículo 25.5 y en la disposición adicional séptima, apartados 1, 2 y 3, de 
esta ley.
Disposición transitoria sexta. Subsistencia de la Estrategia Estatal de Innovación.
La Estrategia Estatal de Innovación aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión 
de 2 de julio de 2010, continuará vigente hasta su sustitución por la Estrategia Española 
de Innovación y el Plan Estatal de Innovación.
Disposición derogatoria. Derogación normativa y vigencia de normas.
1. Quedan derogadas las disposiciones generales que se opongan a lo dispuesto en 
esta ley, y en particular:
a) La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica.
b) El Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, por el que se crea el Instituto de 
Astrofísica de Canarias y se establece su régimen jurídico, a partir del momento en que se 
aprueben los estatutos del consorcio público Instituto de Astrofísica de Canarias de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimoséptima de esta ley.
2. El Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, mantendrá su plena vigencia, salvo en 
aquellos preceptos que pudieran verse afectados por la presente ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, queda modificada de la siguiente manera:
Uno. Se da nueva redacción al párrafo primero del artículo 4.2, que queda redactado 
como sigue:
«2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, 
cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño 
de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter 
exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, 
incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o 
estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento 
universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados 
como de prestación a tiempo parcial.»
cve: BOE-A-2011-9617
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Dos. Se da nueva redacción al artículo 6, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4. 3, excepcionalmente podrá 
autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el 
ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de 
asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a 
las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.
Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, 
o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el 
ámbito de aplicación de esta ley.
2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación 
dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar 
servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos 
establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes 
de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes 
de invención y modelos de utilidad.
El apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de 
invención y modelos de utilidad, queda redactado como sigue:
«9. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de 
entes del sector público de investigación en los beneficios que se obtengan de la 
explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el 
apartado 8 de este artículo serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las 
características concretas de cada ente de investigación. Esta participación no tendrá 
en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas 
podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en 
beneficios para el personal investigador de entes públicos de investigación de su 
competencia.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, queda modificada de 
la siguiente manera:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 7 en los siguientes términos:
«Artículo 7. Centros y estructuras.
Las Universidades públicas estarán integradas por Escuelas, Facultades, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado y 
por aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus 
funciones.»
Dos. Se modifica el enunciado del artículo 8 y se añade un apartado 4 con la siguiente 
redacción:
«Artículo 8. Facultades, escuelas y escuelas de doctorado.
4. Las escuelas de doctorado son unidades creadas por una o varias 
universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades de I + D + i, nacionales o extranjeras, que 
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tienen por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión, del 
doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.
Las universidades podrán crear escuelas de doctorado de acuerdo con lo 
previsto en su propia normativa y en la de la respectiva Comunidad Autónoma. Su 
creación deberá ser notificada al Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.»
Tres.
A) Se modifica la rúbrica del título IV del siguiente modo:
«TÍTULO IV
Coordinación, cooperación y colaboración universitaria»
B) Se añade un artículo 30 bis, con el siguiente tenor:
«Artículo 30 bis. Cooperación entre Universidades.
Las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de 
la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación, 
con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas 
estratégicas que permitan desarrollar programas y proyectos de excelencia nacional 
e internacional.
El Ministerio de Educación podrá impulsar estos procesos de cooperación para 
la excelencia, mediante su participación en dichos programas y proyectos.»
C) Se añade un artículo 30 ter, con el siguiente tenor:
«Artículo 30 ter. Convenios de colaboración para la creación y financiación de 
escuelas de doctorado.
Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
incluidos los Organismos Públicos de Investigación y los centros e instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración entre sí o 
con agentes de ejecución privados nacionales, supranacionales o extranjeros, para 
la creación o financiación conjunta de escuelas de doctorado. En todo caso, para la 
formalización de los referidos convenios será precisa la participación de, al menos, 
una universidad española a la que corresponderá la expedición de los títulos de 
doctor de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
Estos convenios quedarán sujetos al derecho administrativo, y en ellos se 
incluirá la totalidad de las aportaciones realizadas por los intervinientes. El objeto de 
estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en 
la legislación sobre contratos del sector público.»
Cuatro. Se introduce un apartado 3 bis en el artículo 48, con la siguiente redacción:
«3 bis. Asimismo podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto 
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.»
Cinco. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 48, en los siguientes 
términos:
«4. El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias 
a tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente 
e investigador de la universidad. No se computará como profesorado contratado a 
quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
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Títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación 
adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.»
Seis. El apartado 2 del artículo 57 queda redactado como sigue:
«2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la 
documentación presentada por los solicitantes, por comisiones compuestas por al 
menos siete profesoras y profesores de reconocido prestigio docente e investigador 
contrastado pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 
Tales profesores deberán ser Catedráticos para la acreditación al cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, y Catedráticos y Profesores Titulares para la 
acreditación al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Igualmente, tengan o no una relación de servicios con la Universidad y con 
independencia del tipo de relación, podrán formar parte de estas comisiones 
expertos españoles, así como hasta un máximo de dos expertos nacionales de 
otros Estados Miembros de la Unión Europea o extranjeros. Estos expertos deberán 
poder ser considerados profesionales de reconocido prestigio científico o técnico.
Los currículos de los miembros de las comisiones de acreditación se harán 
públicos tras su nombramiento.
Reglamentariamente se establecerá la composición de las comisiones reguladas 
en este apartado, la forma de determinación de sus componentes, así como su 
procedimiento de actuación y los plazos para resolver. En todo caso, deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, 
procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no 
sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.»
Siete. Se añade un apartado 5 al artículo 80, con la siguiente redacción:
«5. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad 
industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del 
desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. 
La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.»
Ocho. Se añade un último párrafo al artículo 82, con la siguiente redacción:
«A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector público, las Universidades tendrán la 
consideración de Organismo Publico de Investigación.»
Nueve. Se da nueva redacción al artículo 84, que queda redactado como sigue:
«Artículo 84. Creación de fundaciones y otras personas jurídicas.
Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, por sí solas o en 
colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la aprobación del 
Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de 
acuerdo con la legislación general aplicable. Será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como en la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras 
aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, que se realicen con cargo 
a los presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a la normativa vigente en 
esta materia.
Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación 
mayoritaria las Universidades quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas 
en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.»
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Diez. Se añade un apartado 1 bis a la disposición adicional décima, con la siguiente 
redacción:
«1 bis. Será de aplicación al personal docente e investigador de las 
Universidades públicas la regulación de movilidad del personal de investigación 
prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.»
Once. Se añade un apartado 3 a la disposición adicional décima, con la siguiente 
redacción:
«3. El personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios podrá 
ocupar puestos de trabajo adscritos a Organismos Públicos de Investigación para 
realizar labores relacionadas con la investigación científica y técnica, mediante los 
mecanismos de movilidad previstos en la normativa de función pública.»
Doce. Se añade una sección III, en los siguientes términos:
«Sección III. Funciones de dirección de tesis doctorales
El personal investigador en posesión del Título de doctor, perteneciente a los 
Organismos Públicos de Investigación, podrá realizar funciones de dirección de 
tesis doctorales, previo acuerdo del órgano responsable del programa de doctorado 
de la respectiva Universidad.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, queda modificada de la siguiente 
manera:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1. Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los 
de defensa de los derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, 
los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación 
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, 
defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores 
constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la 
tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la 
información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de 
transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la 
productividad y competitividad empresarial.»
Dos. Se añade un párrafo e) al artículo 16, con la siguiente redacción:
«e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la 
Administración General del Estado.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Se modifica el apartado 3 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
«3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público 
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
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características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Se añade un apartado 4 al artículo 67 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con la siguiente 
redacción:
«4. El personal estatutario podrá ser declarado en la situación de excedencia 
temporal en los términos y con los efectos establecidos por la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios.
Se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios, que queda redactado como 
sigue:
«1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de 
actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología y de la 
veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la 
dispensación de los medicamentos será incompatible con cualquier clase de 
intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución 
y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. Se exceptúa de lo 
anterior lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, respecto a la participación del personal de los centros de investigación 
dependientes de las Administraciones Públicas en las entidades creadas o 
participadas por aquellos, con el objeto previsto en la misma.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 14/2007, de 3 julio, de investigación 
biomédica.
La Ley 14/2007, de 3 julio, de investigación biomédica, queda modificada de la siguiente 
manera:
Uno. Se modifica el párrafo f) del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 
julio, de investigación biomédica, que queda redactado de la siguiente forma:
«f) Desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios 
establecidos por el Comité Español de Ética de la Investigación y gestionar los 
conflictos y expedientes que su incumplimiento genere.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 78 de la Ley 14/2007, de 3 julio, de 
investigación biomédica, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Son funciones del Comité de Bioética de España:
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos 
de ámbito estatal y autonómico en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes.
cve: BOE-A-2011-9617
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b) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas 
con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud que 
el Comité considere relevantes.
c) Representar a España en los foros y organismos supranacionales e 
internacionales implicados en la Bioética.
d) Elaborar una memoria anual de actividades.
e) Cualesquiera otras que le encomiende la normativa de desarrollo de esta 
ley.»
Tres. Se modifica el artículo 85 de la Ley 14/2007, de 3 julio, de investigación 
biomédica, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 85. Actividades investigadoras en los centros del Sistema Nacional de 
Salud.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán, en el marco del Planificación de 
sus recursos humanos, la incorporación a los servicios de salud de categorías de 
personal investigador en régimen estatutario.
En el supuesto de centros vinculados, concertados o acogidos a las nuevas 
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud de la Ley 15/1997, de 25 de abril, 
la incorporación de personal investigador se realizará en el régimen jurídico que 
corresponda.
En ambos supuestos, dicha incorporación se realizará a través de los 
procedimientos de selección legalmente establecidos, que en todo caso se atendrán 
a los principios rectores de acceso al empleo público a los que se refiere el artículo 
55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
2. Los centros del Sistema Nacional de Salud, incluidos los que se citan en el 
párrafo segundo del apartado anterior, cuando sean beneficiarios de ayudas o 
subvenciones públicas que incluyan en su objeto la contratación de personal 
investigador, podrán contratar personal laboral investigador con arreglo a las 
modalidades contractuales reguladas en los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y de acuerdo con lo 
preceptuado en dicha ley.
En el caso del contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación recogido en el artículo 22 citado, los centros podrán contratar doctores o 
especialistas que hayan superado la formación sanitaria especializada. La evaluación 
indicada en dicho artículo se valorará de la forma que se establezca 
reglamentariamente.
3. Las actividades de investigación, así como la movilidad nacional e 
internacional con fines de investigación, se tendrán en cuenta en los baremos de 
méritos para el acceso, promoción y en su caso desarrollo y carrera de los 
profesionales del Sistema Nacional de Salud que desarrollan actividad asistencial 
y/o investigadora.
4. En el ámbito de los respectivos servicios de salud se arbitrarán medidas que 
favorezcan la actividad asistencial e investigadora de sus profesionales, la 
participación de los mismos en programas internacionales de investigación y su 
compatibilidad con la realización de actividades en otros organismos de investigación, 
con sujeción a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en su caso, en 
las leyes autonómicas, sobre incompatibilidades.»
Cuatro. Se modifica el artículo 86 de la Ley 14/2007, de 3 julio, de investigación 
biomédica, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 86. Movilidad del personal investigador.
1. Se fomentará la movilidad y el intercambio de investigadores vinculados a 
la investigación en salud de distintos centros en el marco nacional y del espacio 
cve: BOE-A-2011-9617
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europeo de investigación y de los acuerdos de cooperación recíproca con otros 
Estados.
Los funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de investigación y el 
personal investigador laboral, podrán ser autorizados a realizar labores relacionadas 
con la investigación científica y tecnológica fuera del ámbito orgánico al que estén 
adscritos, mediante los mecanismos de movilidad previstos en la normativa de 
función pública y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.
2. El personal funcionario y el estatutario podrá ser declarado en situación de 
excedencia temporal para incorporarse a otros agentes públicos o privados de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o a otros agentes 
internacionales o extranjeros, así como prestar servicios en sociedades mercantiles, 
en los términos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación.»
Disposición final novena. Título competencial y carácter de legislación básica.
1. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre el fomento y la 
coordinación general de la investigación científica y técnica.
2. Las siguientes disposiciones de esta ley constituyen regulación de las condiciones 
básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con el artículo 149.1.1.ª de 
la Constitución: disposición adicional decimotercera.
3. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre legislación laboral, 
y son de aplicación general: artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, y 23 y disposición adicional 
decimosexta.
4. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artículo 149.1.9.ª 
de la Constitución, que atribuye al estado competencia exclusiva sobre legislación sobre 
propiedad intelectual e industrial, y son de aplicación general: disposición adicional 
decimonovena y disposición final segunda.
5. La siguiente disposición de esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre legislación sobre productos 
farmacéuticos y en materia de bases y coordinación general de la sanidad: disposición 
final séptima y disposición final octava.
6. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre Hacienda general: 
disposición adicional decimoquinta y disposición final cuarta.
7. Tienen el carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, las siguientes disposiciones de esta ley: artículos 16, 
17 y 18, disposición adicional undécima, disposición final primera, disposición final quinta 
y disposición final sexta.
8. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre el régimen 
económico de la Seguridad Social: disposición adicional decimoctava.
9. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de Títulos académicos y profesionales 
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia: capítulo III del 
título II y disposición final tercera.
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Disposición final décima. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, dictará en el ámbito 
de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo 
establecido en la presente ley.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», a excepción de las siguientes disposiciones:
a) El artículo 21 entrará en vigor al año de la publicación de esta ley en el «Boletín 
Oficial del Estado».
b) El apartado 5 del artículo 25, y los apartados 1, 2 y 3 de la disposición adicional 
séptima, entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.
c) La disposición adicional duodécima entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 1 de junio de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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