Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 153, de 20 de diciembre de 2000
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2001
Referencia: BOE-A-2001-3494
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 4
TÍTULO I. Principios generales del ordenamiento y derechos de los obligados tributarios ................. 11
TÍTULO II. Normas tributarias ....................................................... 13
CAPÍTULO I. Principios generales .................................................. 13
CAPÍTULO II. Aplicación de las normas ............................................... 14
TÍTULO III. Los tributos ........................................................... 15
CAPÍTULO I. Clases de tributos .................................................... 15
CAPÍTULO II. El hecho imponible .................................................. 15
CAPÍTULO III. Los obligados tributarios ............................................... 15
Sección 1.ª Sujeto pasivo ...................................................... 15
Sección 2.ª Responsables ..................................................... 18
Sección 3.ª Sucesores y adquirentes de bienes afectos ................................... 21
Sección 4.ª La capacidad de obrar ................................................ 22
Sección 5.ª El domicilio fiscal .................................................... 23
CAPÍTULO IV. La base ......................................................... 24
Sección 1.ª La determinación de la base imponible ...................................... 24
Sección 2.ª La comprobación de valores ............................................ 26
Sección 3.ª La base liquidable ................................................... 28
CAPÍTULO V. La deuda tributaria .................................................. 28
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Sección 1.ª El tipo de gravamen, la cuota y la deuda tributaria ............................... 28
Sección 2.ª El pago .......................................................... 29
Sección 3.ª La prescripción ..................................................... 31
Sección 4.ª Otras formas de extinción .............................................. 34
Sección 5.ª Las garantías ...................................................... 34
CAPÍTULO VI. Infracciones y sanciones tributarias ....................................... 35
Sección 1.ª Las infracciones .................................................... 35
Sección 2.ª Las Sanciones ..................................................... 37
TÍTULO IV. La gestión tributaria ..................................................... 44
CAPÍTULO I. Disposiciones generales ............................................... 44
CAPÍTULO II. Información y asistencia al obligado tributario .................................. 48
CAPÍTULO III. El procedimiento de gestión tributaria ...................................... 50
Sección 1.ª Iniciación y trámites .................................................. 50
Sección 2.ª Comprobación e investigación ........................................... 52
Sección 3.ª La prueba ........................................................ 58
CAPÍTULO IV. Las liquidaciones tributarias ............................................ 59
CAPÍTULO V. La recaudación ..................................................... 60
CAPÍTULO VI. La Inspección tributaria ............................................... 67
CAPÍTULO VII. Revisión en vía administrativa .......................................... 72
Sección 1.ª Normas comunes ................................................... 72
Sección 2.ª Procedimientos especiales de revisión ...................................... 75
Sección 3.ª Recurso de reposición ................................................ 78
Sección 4.ª Reclamaciones económico-administrativas ................................... 79
Sección 5.ª Recurso extraordinario de revisión ........................................ 81
TÍTULO V. Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda pública .......................... 82
TÍTULO VI. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario ...................... 87
CAPÍTULO I. Disposiciones generales ................................................. 87
CAPÍTULO II. Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación .............................. 89
CAPÍTULO III. Procedimiento de recuperación en otros supuestos ............................. 90
Disposiciones adicionales ...................................................... 91
Disposiciones transitorias ...................................................... 107BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposiciones derogatorias ..................................................... 108
Disposiciones finales ......................................................... 110BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 27 de febrero de 2021
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral General 
Tributaria.
I
Antecedentes y Fundamentos
La Ley Foral General Tributaria debe erigirse en la norma básica del ordenamiento 
tributario navarro ya que constituye el soporte esencial de las relaciones entre los 
contribuyentes y la Administración tributaria de la Comunidad Foral. Regula aspectos tan 
fundamentales como la definición del hecho imponible, la clasificación de los tributos, las 
infracciones y sanciones tributarias, así como los principios sobre los que se van a asentar 
los procedimientos de aplicación de los tributos, es decir, de gestión, inspección y 
recaudación. También describe las líneas básicas de la vía económico-administrativa foral 
para la revisión de los actos tributarios.
El artículo 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece que «Navarra tiene potestad para 
mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
correspondiente Convenio Económico».
El citado texto legal hace referencia a la potestad que tiene la Comunidad Foral de 
establecer su «propio régimen tributario». Por tanto, Navarra no es solamente titular de unos 
poderes concretos para regular los distintos tributos sino que tiene potestad para mantener y 
regular un régimen tributario propio, un ordenamiento jurídico tributario, de manera que 
forme una unidad y un sistema, con capacidad de autointegración y con vocación de 
complitud. Ahora bien, la autonomía fiscal de Navarra debe armonizarse con el sistema 
estatal y lo hace precisamente a través del Convenio Económico. Es decir, la autonomía 
tributaria de la Comunidad Foral no deriva del Convenio Económico sino que se articula por 
medio de él.
Esta Ley Foral viene a llenar un vacío importante en el sistema normativo de la 
Comunidad Foral ya que resulta sorprendente que un ordenamiento jurídico tributario 
carezca precisamente de su piedra angular, de su anclaje básico, características ambas que 
deben predicarse de una Ley General Tributaria.
Es cierto que tan importante carencia se ha intentado minimizar por medio del artículo 
149.3 de la Constitución, de acuerdo con el cual «el derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas».
No obstante, esta supletoriedad ha planteado importantísimos puntos de fricción ya que, 
aunque el artículo 40.3 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra insiste en que, en defecto de Derecho propio, se aplicará supletoriamente 
el Derecho del Estado, la citada supletoriedad no es automática con base en que el 
ordenamiento tributario navarro no es una yuxtaposición de normas sino que se trata de un 
régimen jurídico y, antes de acudir a la normativa estatal, debemos proceder a una 
integración normativa.
Por otro lado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incorpora el conjunto 
de los derechos básicos del ciudadano, los cuales han sido introducidos en el ordenamiento 
tributario estatal a través de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los 
Contribuyentes.
La promulgación de ambas normas constituye un paso significativo en la consecución de 
un equilibrio en las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes, 
incrementando la seguridad jurídica y facilitando el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Pues bien, con esta Ley Foral se pretende incorporar formalmente al ordenamiento 
jurídico navarro este conjunto de derechos y garantías de los contribuyentes, de tal manera 
que los obligados tributarios navarros gocen, como mínimo, de los mismos niveles de 
protección y tutela que sus homónimos estatales.
A estos efectos, se ha optado por refundir en esta Ley Foral los aspectos generales del 
sistema tributario navarro, juntamente con los derechos y garantías básicos de los obligados 
tributarios, ya que un texto legal único proporciona mayor seguridad jurídica así como una 
mayor facilidad en su aplicación.
El artículo 7.º, apartado 1, del Convenio Económico establece que la Comunidad Foral 
en la elaboración de la normativa tributaria «se adecuará a la Ley General Tributaria en 
cuanto a terminología y conceptos».
En este contexto, el artículo 1.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes, manifiesta que «la presente Ley regula los derechos y 
garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones 
tributarias, y será aplicable a todas ellas».
Una vez realizadas las anteriores consideraciones generales y fundamentada la 
necesidad de la norma, conviene referirse al efecto innovador y dinamizador que se pretende 
con esta Ley Foral. En efecto, la Ley Foral General Tributaria constituirá el eje sobre el que 
girará la aplicación de los tributos en Navarra y será el punto de partida para reformar en 
profundidad los procedimientos tributarios, lo cual contribuirá a incrementar la seguridad 
jurídica del contribuyente y a modernizar la maquinaria administrativo-tributaria para 
adaptarse al reto de las nuevas tecnologías. En este sentido se desarrollará el artículo 45 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Común de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, relativo a la incorporación de los medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos para facilitar a los obligados tributarios sus relaciones con la 
Administración tributaria de Navarra.
Hay que hacer notar que, por un lado, el paso de los años y, por otro, los profundos 
cambios operados en la normativa estatal, han producido un cierto grado de obsolescencia 
en la normativa tributaria navarra relativa a la aplicación de los tributos con el peligro que 
conlleva de que la citada aplicación se haya resentido en su operatividad y eficacia.
Con la presente Ley Foral se acomete una profunda reforma en la gestión de los tributos 
de la Comunidad Foral, lo cual demandará inexcusablemente cambios en la normativa 
procedimental de la Inspección tributaria así como en la vía económico-administrativa foral. 
Igualmente será necesario diseñar un nuevo marco para la imposición de las sanciones 
tributarias así como para agrupar y sistematizar las normas recaudatorias que se encuentran 
ubicadas en textos dispersos.
En este contexto, también deberá acometerse el estudio de las consecuencias de la 
puesta en marcha, o reforma, de otras figuras relacionadas con la gestión de los tributos 
tales como la delimitación procedimental del trámite de audiencia, la comprobación 
abreviada, las consultas tributarias, la devolución de ingresos indebidos, la impugnación de 
las autoliquidaciones, la revisión de las actuaciones de retención y repercusión tributaria, el 
reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una 
deuda tributaria, etc.
A tal efecto, la entrada en vigor de esta Ley Foral se pospone al 1 de abril del año 2001 
con el fin de que, durante la tramitación parlamentaria y en el período de vacatio legis, se 
puedan abordar adecuadamente los cambios normativos y organizativos necesarios, junto 
con la preparación adecuada de la «maquinaria administrativa» para hacer frente a estos 
nuevos retos.
Si bien esta norma parte de una mayoritaria voluntad política de proceder a la 
promulgación de la misma, es necesario destacar, por otra parte, su carácter técnico en el 
sentido de que desarrolla los principios básicos del sistema tributario navarro. Asimismo, se 
pretende dotarle de la suficiente flexibilidad para que no se vea afectado en el futuro, de una 
manera significativa, por las modificaciones de las leyes propias de cada tributo. No cabe 
duda que la relación armoniosa entre la normativa propia de cada tributo y la Ley Foral 
General tributaria, es decir, entre la ordenación de los tributos y la aplicación de los mismos, 
constituye la idea central que debe presidir la estructura tributaria de la Comunidad Foral.
La elaboración de esta Ley Foral ha estado enmarcada en un proceso de reflexión y 
debate a lo largo de los últimos meses. En él han participado tanto los técnicos de la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Administración tributaria foral como los Departamentos de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Se ha contado también 
con la opinión de las distintas unidades administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra 
en materias de gestión, inspección y recaudación, así como de la Secretaría Técnica y del 
Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. Igualmente ha tenido lugar un amplio 
intercambio de pareceres con otras Administraciones tributarias.
La Ley Foral se estructura en cuatro Títulos, 159 artículos, siete disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Se trata de una Ley Foral relativamente extensa si bien se ha procedido a estructurarla y 
sistematizarla en Títulos, Capítulos y Secciones con el objeto de que su manejo sea sencillo. 
Por otra parte, se ha procurado una regulación precisa de muchas cuestiones, lo cual 
aumenta la extensión de la Ley Foral pero contribuye a incrementar la seguridad jurídica de 
los obligados tributarios.
II
Principios generales del ordenamiento tributario y de su aplicación
El Título I incluye las normas relativas a los principios generales del ordenamiento 
tributario navarro, incorporando dentro de él los derechos generales de los obligados 
tributarios.
La Ley Foral desarrolla los principios básicos del régimen jurídico del sistema tributario 
de la Comunidad Foral. Teniendo en cuenta la autonomía de las entidades locales y la 
existencia de una regulación cuasicompleta en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, de los temas básicos propios de una Ley General Tributaria 
tales como procedimiento de gestión, liquidaciones tributarias, recaudación, infracciones y 
sanciones, etc., se ha considerado oportuno mantener la situación actual. En este sentido, el 
artículo 1.2 de esta Ley Foral indica que sus preceptos se aplican igualmente a los tributos 
de las entidades locales de Navarra, en lo que no resulte alterado por su normativa 
específica.
La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno de Navarra, 
pudiendo el Consejero de Economía y Hacienda ejercer dicha potestad en ejecución y 
aplicación de normas legales y reglamentarias. La gestión tributaria corresponderá al 
Departamento de Economía y Hacienda.
El artículo 9 describe los derechos generales del obligado tributario, los cuales serán 
desarrollados a lo largo del articulado de la Ley Foral. Los más relevantes son los siguientes: 
obtención de las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio con abono 
del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto; derecho a ser 
reembolsado del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de los actos 
tributarios, cuando éstos sean declarados improcedentes; derecho a ser oído en el trámite 
de audiencia; derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a 
ser objeto de adquisición o transmisión; derecho a ser informado de la naturaleza y alcance 
de las actuaciones de comprobación e investigación; derecho a conocer el estado de la 
tramitación de los procedimientos; obligación por parte de la Administración de publicar en el 
primer trimestre de cada ejercicio los textos actualizados de las Leyes y Decretos Forales 
que se hayan modificado en el año precedente; obligación de informar de los criterios 
administrativos, de las consultas más relevantes y de las resoluciones del Órgano de Informe 
y Resolución en Materia Tributaria que resulten más interesantes.
La Ley Foral introduce en el artículo 9.3 el término de obligado tributario, que incluye a 
los sujetos pasivos, responsables, sucesores, representantes y obligados a suministrar 
información o a prestar colaboración a la Administración tributaria, así como a cualesquiera 
otras personas que tengan la condición de interesado o de parte en un procedimiento 
tributario.
El Título II, dedicado a las normas tributarias, se compone de dos capítulos. El primero 
de ellos se denomina Principios Generales y el segundo se refiere a la aplicación de las 
normas.
El capítulo I regula cuatro aspectos importantes: las fuentes del Derecho Tributario 
navarro, las materias que deberán regularse por ley foral, la armonización de la normativa BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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navarra con la del Estado y la exigencia de que las leyes forales y los reglamentos que 
contengan normas tributarias deban mencionarlo en su título y en la rúbrica de los artículos 
correspondientes.
El capítulo II está dedicado a la aplicación temporal y espacial de las normas tributarias, 
así como a su interpretación.
III
Los tributos
El Título III aborda aspectos tan importantes como la clasificación de los tributos, el 
hecho imponible, los obligados tributarios, la base imponible, la deuda tributaria y las 
infracciones y sanciones. Consta de seis capítulos.
El primero de ellos clasifica a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones 
especiales.
El capítulo II está dedicado al hecho imponible, el cual es definido como el presupuesto 
de naturaleza jurídica fijado por la ley foral para configurar cada tributo y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria.
El tributo se exigirá de acuerdo con la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho 
definido por la ley, alejándose de las teorías que propugnan la interpretación funcional o 
económica.
El capítulo III regula los obligados tributarios, en relación con lo establecido en el artículo 
9.3 de la Ley Foral.
Este capítulo consta de cinco Secciones. La Sección 1.ª se refiere a los sujetos pasivos, 
que incluyen a los contribuyentes, sustitutos, retenedores y obligados a ingresar a cuenta.
La sección 2.ª regula el régimen jurídico de los responsables, mientras que la sección 3.ª 
se refiere a los sucesores y adquirentes.
La sección 4.ª regula la capacidad de obrar y la representación. De la regulación del 
domicilio fiscal se ocupa la sección 5.ª.
El capítulo IV de este Título está dedicado a la base imponible y se divide en tres 
Secciones.
La sección 1.ª contempla los regímenes de determinación de la base, los cuales serán 
establecidos por la ley foral propia de cada tributo. Se distingue entre estimación directa, 
objetiva e indirecta.
La sección 2.ª del capítulo está dedicada a la comprobación de valores y consta de dos 
artículos, uno de ellos referido a los medios de comprobación de valores y el otro a los 
acuerdos previos de valoración.
La sección 3.ª define la base liquidable como el resultado de practicar en la base 
imponible las reducciones establecidas por la ley foral de cada tributo.
El capítulo V de este Título III está dedicado a la deuda tributaria y está dividido en cinco 
Secciones.
La sección 1.ª regula los conceptos de tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.
Los tipos de gravamen, de carácter proporcional o progresivo, se aplicarán sobre la base 
liquidable para determinar la cuota.
La deuda tributaria está compuesta por la cuota, los pagos a cuenta o fraccionados, las 
cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener y por los ingresos a cuenta.
También podrán formar parte de la deuda tributaria los recargos exigibles legalmente, 
entre los que merece destacar los procedentes de declaraciones efectuadas fuera de plazo 
sin requerimiento previo, así como el interés de demora, el recargo de apremio y las 
sanciones pecuniarias.
El interés de demora será el interés legal del dinero, incrementado en un 25 por 100, 
salvo que una ley foral establezca otro diferente.
La sección 2.ª está dedicada al pago de la deuda tributaria. Ésta podrá hacerse en 
efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados. También podrá realizarse con entrega 
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o de otros bienes que, a estos solos 
efectos, sean declarados de interés cultural y social por el Gobierno de Navarra o se 
consideren de excepcional interés para la Comunidad Foral.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La sección 3.ª está dedicada a la prescripción y determina sus plazos, su cómputo, la 
interrupción y la aplicación de oficio.
Se fija en cuatro años el plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria, para 
exigir el pago de la deuda tributaria liquidada, para imponer sanciones y para tener derecho 
a la devolución de ingresos indebidos.
La sección 4.ª prevé la existencia de otras formas de extinción de las deudas tributarias y 
menciona la compensación, la condonación y la insolvencia probada.
Las garantías que se regulan en la sección 5.ª se refieren a la prelación de créditos, la 
llamada hipoteca legal tácita, la afectación de bienes y al derecho de retención.
El capítulo VI del Título III está dedicado a las infracciones y sanciones tributarias. Se 
divide en dos secciones, destinadas, respectivamente, a las infracciones y a las sanciones.
Se trata de un tema capital en la lucha contra el fraude y en el que se produce un cambio 
muy importante en relación con la normativa vigente en la actualidad en nuestra Comunidad 
Foral.
La Ley Foral acoge, entre otros, los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad o 
responsabilidad, punibilidad, prescripción y retroactividad de la norma más favorable, con la 
intención de aproximar el Derecho tributario sancionador a los principios básicos que 
disciplinan el Derecho Penal. En este contexto se hace referencia a la necesaria culpabilidad 
del infractor y se destierra la responsabilidad objetiva.
El concepto de infracción tributaria se regula en el artículo 66: «Son infracciones y 
sanciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes forales. 
Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. La 
actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe».
En el caso de infracciones simples nos encontramos ante vulneraciones de obligaciones 
formales ya que no provocan una disminución de ingresos, que es la característica general 
de las infracciones graves. Además, para poder tipificar el incumplimiento como infracción 
simple, no debe operar como criterio de graduación de la sanción.
Las infracciones graves se agrupan en cinco apartados:
Dejar de ingresar dentro del período voluntario la totalidad o parte de la deuda tributaria, 
salvo que se regularice de acuerdo con el artículo 52 del proyecto de Ley Foral (es decir, que 
se produzca un ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo) o proceda la aplicación del 
recargo de apremio.
No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento o de forma incompleta o 
incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración tributaria 
pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de 
autoliquidación.
Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 
devoluciones.
Determinar de manera improcedente partidas positivas o negativas o créditos de 
impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias 
o de terceros.
Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las 
entidades en régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad.
La sección 2.ª de este capítulo está dedicada a las sanciones tributarias y se inicia con 
una clasificación de las mismas, distinguiendo entre pecuniarias y no pecuniarias:
Multa pecuniaria fija o proporcional. Ésta se aplicará sobre las cantidades dejadas de 
ingresar o sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos.
Pérdida, hasta un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener ayudas públicas y del 
derecho a disfrutar de beneficios fiscales.
Prohibición, hasta un plazo de cinco años, de celebrar contratos con la Administración de 
la Comunidad Foral u otros entes públicos.
Suspensión, hasta el plazo de un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o 
cargo público.
En cuanto al procedimiento sancionador el artículo 70 recoge los aspectos básicos. 
Deberá instruirse un expediente distinto del tramitado, en su caso, para la comprobación de 
la situación tributaria del infractor y se le dará audiencia a éste. El plazo máximo de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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resolución del expediente será de seis meses y el acto de imposición de la sanción podrá ser 
objeto de reclamación independiente. La ejecución de las sanciones quedará 
automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación del 
recurso pertinente y no podrán ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Con respecto a la tipología de sanciones por infracciones simples hay que partir de un 
supuesto general, en el sentido de que, al tratarse de incumplimientos de obligaciones 
formales, cada una de ellas se sancionará con una multa fija, en función de su gravedad, si 
bien en ocasiones se establecen unos topes máximos. La Ley Foral realiza una exposición 
detallada de las sanciones.
Las sanciones por infracciones graves se sancionan con multa pecuniaria proporcional a 
las cuantías dejadas de ingresar o a los beneficios indebidamente obtenidos.
IV
La gestión de los tributos
Este Título está dedicado a regular la gestión tributaria y está dividido en siete capítulos.
El capítulo I recoge las disposiciones generales y se refiere inicialmente a la obligación 
de resolver expresamente y a la motivación de los actos tributarios.
A continuación, la Ley Foral regula una serie de derechos que refuerzan la posición del 
obligado tributario, así como su participación en el procedimiento de gestión, entendido en 
sentido amplio:
Derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento y a obtener copia de los 
documentos que figuren en el expediente, salvo en supuestos tasados.
Derecho a conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los 
procedimientos de gestión tributaria.
Derecho a que se le expida certificación de las declaraciones por él presentadas o de 
extremos concretos contenidos en las mismas.
Derecho a no presentar documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable, 
así como a no aportar aquellos documentos ya presentados y que se encuentren en poder 
de la Administración actuante.
Derecho a que las actuaciones de la Administración se lleven a cabo de la forma que 
resulte menos gravosa para el obligado tributario, siempre que ello no perjudique el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Derecho a que se le conceda audiencia en todo procedimiento de gestión, salvo cuando 
no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado.
El capítulo II recoge los aspectos relacionados con la información y asistencia al obligado 
tributario.
El capítulo III se refiere al procedimiento de gestión tributaria y consta de tres secciones. 
La primera de ellas contempla las formas de iniciación del procedimiento y las reduce a dos: 
por declaración o autoliquidación del obligado tributario y por actuación comprobadora e 
investigadora de los órganos administrativos.
La sección 2.ª se refiere a la comprobación e investigación. Ésta se realizará mediante el 
examen de documentos, libros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad, así como 
por la inspección de bienes, explotaciones y cualquier otro antecedente que sean necesarios 
para la determinación del tributo.
La sección 3.ª de este capítulo III está dedicada a la prueba y establece el principio 
general de que quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del 
mismo, siendo de aplicación las normas sobre medios y valoración de pruebas de la 
Compilación del Derecho Civil de Navarra, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
El capítulo IV regula las liquidaciones tributarias y las clasifica en provisionales y 
definitivas.
El capítulo V se ocupa de la recaudación de los tributos, respetándose la configuración 
actual de distinción entre pago en período voluntario o en período ejecutivo. El pago en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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período voluntario queda regulado en el artículo 52 de la Ley Foral y el artículo 116.3 
establece el momento de iniciación del período ejecutivo.
El capítulo VI está dedicado a la Inspección tributaria e incorpora importantes 
novedades.
En primer lugar, se refiere a las funciones de la Inspección y cita la investigación de los 
hechos imponibles, la integración definitiva de las bases imponibles a través de la estimación 
directa, objetiva o indirecta, así como la realización de aquellas actuaciones inquisitivas 
acerca de personas o entidades. Sin embargo, la novedad consiste en que podrá practicar 
las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación 
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
En lo referente al contenido de las actas se produce otra novedad importante ya que no 
deberá hacerse mención a las infracciones cometidas ni a las sanciones aplicables ya que 
se ha establecido una radical separación entre el procedimiento de comprobación y el 
sancionador, tramitándose dos expedientes distintos. Por tanto, todo lo relativo a las 
infracciones y sanciones se incorporará al expediente sancionador.
El obligado tributario sometido a una actuación inspectora de carácter parcial podrá 
solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general 
respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación.
Finalmente, la Ley Foral introduce un plazo máximo de doce meses para las actuaciones 
inspectoras. Este plazo podrá ampliarse, con el alcance y requisitos que reglamentariamente 
se establezcan, por otros doce meses cuando concurran determinadas circunstancias.
El capítulo VII del Título IV regula la revisión de actos en vía administrativa.
La sección 1.ª desarrolla los procedimientos especiales de revisión. Se refiere en primer 
lugar a la revisión de actos nulos, correspondiendo al Consejero de Economía y Hacienda la 
declaración de nulidad, previo dictamen del Consejo de Navarra, de los actos en los que 
concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y 
procedimiento administrativo común.
Podrán ser revisados por el Consejero de Economía y Hacienda, en tanto no hayan 
prescrito, los actos dictados en vía de gestión tributaria que se estimen que infringen 
manifiestamente la ley o cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del 
hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración tributaria al dictar el acto 
objeto de revisión.
La sección 2.ª aborda las normas generales de la revisión de actos y se refiere a la 
suspensión de la ejecución del acto y al reembolso de los costes de las garantías aportadas 
para suspender la ejecución de la deuda tributaria.
La sección 3.ª regula el recurso de reposición contra los actos tributarios, el cual tendrá 
carácter potestativo y se interpondrá ante el órgano que dictó el acto recurrido, el cual será 
competente para resolverlo. Hasta que el recurso de reposición no se haya resuelto expresa 
o presuntamente, el interesado no podrá interponer la reclamación económico-
administrativa. Se entenderá desestimado el recurso de reposición cuando transcurra un 
mes desde su interposición sin que se notifique resolución expresa sobre el mismo. El 
recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos.
La sección 4.ª disciplina las impugnaciones económico-administrativas y establece dos 
modalidades: la reclamación económico-administrativa y el recurso extraordinario de 
revisión. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá al 
Gobierno de Navarra, el cual podrá delegar el ejercicio de dichas funciones en un órgano 
creado al efecto. Las resoluciones del Gobierno de Navarra agotarán la vía administrativa y 
serán recurribles en vía contencioso-administrativa.
En las disposiciones adicionales se modifican diversos aspectos de la Ley Foral de la 
Hacienda Pública de Navarra relativos a la gestión de los tributos y al interés de demora. 
También se procede a modificar las Leyes Forales del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
el tema de las devoluciones de oficio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO I
Principios generales del ordenamiento y derechos de los obligados tributarios
Artículo 1.  Objeto.
1. La presente Ley Foral desarrolla los principios básicos y las normas fundamentales 
que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario de la Comunidad Foral de Navarra y 
establece las normas comunes aplicables a todos los tributos.
2. Los preceptos de esta Ley Foral se aplican igualmente a los tributos de las entidades 
locales de Navarra, en lo que no resulte alterado por su normativa específica.
Artículo 2.  Potestad tributaria.
La Comunidad Foral tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio 
régimen tributario de acuerdo con los principios contenidos en la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en el Convenio Económico.
Artículo 3.  Principios generales.
1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las 
personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, 
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de 
regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de 
acuerdo con la normativa vigente.
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, 
proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de 
obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del 
obligado tributario establecidos en la presente Ley Foral.
Artículo 4.  Fines de los tributos.
1. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir 
como instrumentos de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad 
y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta.
2. El rendimiento de los tributos de la Comunidad Foral se destinará a cubrir sus gastos 
generales, a menos que, mediante una ley foral, se establezca una afectación concreta.
Artículo 5.  Entidades de Derecho Público.
Los Municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las 
leyes y convenir su gestión con la Hacienda Foral de Navarra. Para el desarrollo de esos 
convenios, y en base al interés público común que debe fundamentarlos, la Hacienda Foral 
podrá aportar a las entidades locales los medios propios instrumentales de que disponga.
Las demás Entidades de Derecho Público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos, 
cuando la ley lo determine.
Artículo 6.  Potestad reglamentaria y gestión tributaria.
1. La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno de Navarra. 
Asimismo, la persona titular del departamento competente en materia tributaria ejercerá 
dicha potestad en ejecución y aplicación de normas legales y reglamentarias.
2. La gestión tributaria corresponde al departamento competente en materia tributaria, 
que podrá delegarla en organismos públicos creados a tal fin.
Artículo 7.  Impugnabilidad.
El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria son 
impugnables en la vía administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en las 
disposiciones vigentes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 8.  Presunción de legalidad. Ejecutividad.
Los actos dictados por la Administración tributaria gozan de presunción de legalidad y 
sólo podrán anularse mediante la revisión de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.
Asimismo serán inmediatamente ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley Foral.
Artículo 9.  Derechos generales de los obligados tributarios.
1. Constituyen derechos generales del obligado tributario los siguientes:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley Foral, las 
devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono 
del interés de demora previsto en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar requerimiento 
al efecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra 
pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto de aquel sujeto pasivo que no se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla 
con éstas.
En lo relativo a esas devoluciones no se devengarán intereses de demora en los 
periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, 
todas aquellas otras dilaciones en el procedimiento imputables al sujeto pasivo no serán 
tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley foral, del coste de los 
avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o 
fraccionar el pago de una deuda tributaria, si dicho acto o deuda es declarado total o 
parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del 
interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción 
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de 
la reclamación interpuesta.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea 
parte.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la 
Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión 
tributaria en los que tenga la condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.
g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder 
de la Administración tributaria.
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, a que se respete el carácter reservado 
de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
ésta enmendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los 
supuestos previstos en las leyes.
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio 
de la Administración tributaria.
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su 
intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta 
por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la resolución.
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser 
objeto de adquisición o transmisión.
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación 
llevadas a cabo por la Inspección tributaria, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, 
así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se 
desarrollen en los plazos previstos en la presente Ley Foral.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Los derechos que se reflejan en el presente artículo se entienden sin perjuicio de los 
derechos reconocidos en el resto del ordenamiento.
3. Las referencias que en esta Ley Foral se realizan a los obligados tributarios se 
entenderán aplicables a los sujetos pasivos, responsables, sucesores en la deuda tributaria, 
representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar 
colaboración a la Administración tributaria, así como a cualesquiera otras personas que 
tengan la condición de interesado o de parte en un procedimiento tributario.
TÍTULO II
Normas tributarias
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 10.  Fuentes del Derecho Tributario.
1. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán:
a) Por el Convenio Económico.
b) Por la presente Ley Foral y demás disposiciones de rango legal que la complementen.
c) Por las Leyes Forales propias de cada tributo.
d) Por los Reglamentos dictados en desarrollo de esta Ley Foral y por los propios de 
cada tributo.
e) Por las demás disposiciones reglamentarias emanadas del Gobierno de Navarra y de 
la persona titular del departamento competente en materia tributaria.
2. Tendrán carácter supletorio las normas tributarias de régimen común, las 
disposiciones generales de Derecho administrativo, las normas del ordenamiento civil foral y 
las restantes de Derecho común.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en los Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado, que hayan pasado a 
formar parte del ordenamiento interno.
Artículo 11.  Materias que serán reguladas por ley foral.
Se regularán, en todo caso, por ley foral:
a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, de la base, 
del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos directamente 
determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y demás 
bonificaciones tributarias.
c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67 
de esta Ley Foral.
d) Los plazos de prescripción o caducidad.
e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias.
f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter permanente 
en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas.
g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación 
tributaria.
Artículo 12.  Armonización.
(Derogado).
Artículo 13.  Normativa tributaria.
1. Las leyes forales y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán 
mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Las leyes forales y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una 
relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten 
modificadas.
CAPÍTULO II
Aplicación de las normas
Artículo 14.  Entrada en vigor.
1. Las normas tributarias de la Comunidad Foral entrarán en vigor a los veinte días de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de Navarra, si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como 
el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable 
para el afectado.
Artículo 15.  Ámbito de aplicación espacial.
Las normas tributarias dictadas por las instituciones de la Comunidad Foral obligarán en 
el territorio de la misma y en el del Estado de conformidad con lo dispuesto en los criterios 
de armonización establecidos en el Convenio Económico.
Salvo lo dispuesto por la ley en cada caso, los tributos se aplicarán conforme a los 
siguientes principios:
a) El de residencia de las personas físicas y jurídicas cuando el gravamen sea de 
naturaleza personal.
b) El de territorialidad en los demás tributos y, en especial, cuando tengan por objeto el 
producto, el patrimonio, las explotaciones económicas o el tráfico de bienes.
Artículo 16.  Interpretación.
1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en 
Derecho.
2. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en sus 
normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 
del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
Artículo 17.  Fraude de ley.
1. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del hecho imponible 
cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el 
pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre 
que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de ley 
tributaria deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al 
interesado.
2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no 
impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las 
ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de fraude 
de ley se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán los intereses de demora que 
correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
Artículo 18.  Simulación.
En los actos o negocios simulados, el hecho imponible gravado será el efectivamente 
realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas 
utilizadas por los interesados.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO III
Los tributos
CAPÍTULO I
Clases de tributos
Artículo 19.  Clasificación.
1. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales:
a) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de 
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de 
un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta.
b) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la 
realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las 
circunstancias siguientes:
Primera. Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los 
administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 
privada o social del solicitante.
Segunda. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su 
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
c) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 
servicios públicos.
CAPÍTULO II
El hecho imponible
Artículo 20.  Concepto.
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica fijado por la ley para 
configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho 
definido por la ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan 
dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
3. La ley foral, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible 
mediante la mención de supuestos de no sujeción.
CAPÍTULO III
Los obligados tributarios
Sección 1.ª Sujeto pasivo
Artículo 21.  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo la persona física o jurídica que según la ley foral resulta obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente, sustituto, retenedor u 
obligado a ingresar a cuenta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 22.  Contribuyente.
1. Es contribuyente la persona física o jurídica a quien la ley foral impone la carga 
tributaria derivada del hecho imponible.
2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley foral deba soportar la 
carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.
Artículo 23.  Sustituto.
Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que por imposición de la ley foral, y en 
lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la 
obligación tributaria.
Artículo 24.  Retenedor y obligado a ingresar a cuenta.
Es retenedor el sujeto pasivo que, con ocasión de las rentas que satisfaga, viene 
obligado por imposición de ley foral a detraer determinadas cantidades en concepto de pago 
a cuenta de un impuesto, asumiendo la obligación principal de efectuar su ingreso y las 
accesorias que se establezcan. En el caso de que las mencionadas rentas se satisfagan en 
especie la ley foral podrá establecer la obligación de efectuar un ingreso en concepto de 
pago a cuenta de un impuesto.
Artículo 25.  Entidades sin personalidad jurídica.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes forales en que así se 
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptibles de imposición.
Artículo 26.  Concurrencia de titulares.
La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto o elemento 
configurador de la obligación determinará que todos ellos queden solidariamente obligados 
frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones que se 
integren en dicha obligación, salvo que por norma de rango legal se disponga expresamente 
otra cosa.
Cuando la Administración solo conozca la identidad de un titular de la obligación, 
practicará y notificará la resolución o, en su caso, la liquidación tributaria únicamente a 
nombre de aquel, quien vendrá obligado a su íntegro cumplimiento salvo que, tratándose de 
obligaciones de carácter pecuniario, solicite su división. Para que proceda dicha división será 
indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes 
obligados al cumplimiento, así como la proporción que les corresponde.
Artículo 27.  Obligaciones tributarias.
1. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la deuda tributaria.
2. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal 
consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar 
pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta.
Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria 
principal.
El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos 
a cuenta soportados, salvo que la Ley Foral propia de cada tributo establezca la posibilidad 
de deducir una cantidad distinta a dicho importe.
3. Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las que tienen por objeto 
una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios. Entre otras, son 
obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de actos de repercusión, 
de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente.
4. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas 
en este artículo que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 
tributaria.
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer 
el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período 
ejecutivo, así como aquellas otras que se impongan por Ley Foral.
5. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son 
impuestas por la normativa tributaria a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y 
cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos 
tributarios. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados 
tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones formales:
a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que 
desarrollen o vayan a desarrollar en territorio navarro actividades u operaciones 
empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.
b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones 
de naturaleza o con trascendencia tributaria.
c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los 
programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de 
codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se 
cumpla con utilización de sistemas informáticos, incluyendo los medios para la conversión de 
dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera 
posible por estar encriptados o codificados.
En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o 
declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y 
archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados 
contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.
e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las 
facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.
f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o 
información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente 
y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en 
declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático 
deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.
g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones 
administrativas.
h) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta 
practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso 
a cuenta.
i) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los 
sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de 
facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas garanticen la 
integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros, sin interpolaciones, 
omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas. 
Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir 
dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente 
certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.
En desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las disposiciones reglamentarias podrán 
regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.
En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros 
registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.
Artículo 28.  Indisponibilidad de la obligación tributaria.
La posición del obligado tributario y los demás elementos de la obligación tributaria no 
podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no 
surtirán efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sección 2.ª Responsables
Artículo 29.  Régimen general.
1. La ley foral podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos 
pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el artículo 30.4, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la 
deuda tributaria existente en el periodo que, para pago voluntario, esté establecido para el 
deudor.
Cuando haya transcurrido el plazo para pago voluntario que se conceda al responsable 
sin haber realizado el ingreso, se iniciará el correspondiente periodo ejecutivo y se exigirá en 
vía de apremio la deuda junto con los recargos e intereses que procedan.
La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta o en 
otra Ley Foral se establezcan.
En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor 
principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 71.3, la deuda derivada 
será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor 
principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de 
responsabilidad.
La reducción por conformidad será la prevista en el referido artículo 71.3. La reducción 
obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente 
cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, 
fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a los supuestos de 
responsabilidad por el pago de deudas del artículo 30.4
4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda 
tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del 
interesado, se declare la responsabilidad y su clase y se determine su alcance.
Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la 
liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine.
Cuando al tiempo de iniciarse el expediente se encontrasen en poder del órgano 
competente todos los elementos que permitan formular una propuesta de acto de derivación 
de responsabilidad, se notificará dicha propuesta a los interesados indicándoles la puesta de 
manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para presentar las 
alegaciones que estimen convenientes.
Transcurrido el plazo de quince días sin que se hayan formulado alegaciones o habiendo 
renunciado expresamente en dicho plazo a su presentación, se entenderá dictado y 
notificado el acto de derivación de responsabilidad en los términos de la propuesta, 
advirtiéndolo así a los interesados en la notificación de esta. Será fecha determinante para el 
cómputo de los plazos de ingreso y para la interposición de recurso o reclamación aquella en 
que se entienda producida la notificación del acto de derivación de responsabilidad.
A tales efectos, la propuesta formulada deberá contener los elementos esenciales de la 
autoliquidación o liquidación administrativa generadora de la deuda, en la forma que 
reglamentariamente se determine, los medios y plazos de impugnación, el plazo y la forma 
en que debe ser satisfecha la deuda, así como indicación de la forma y momento en que 
deba entenderse producida la notificación del acto de derivación de responsabilidad de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, confiriéndole al responsable desde ese 
instante todos los derechos del deudor principal.
En el recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad podrá 
impugnarse no sólo el presupuesto de hecho habilitante sino también las liquidaciones a las 
que alcance dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos 
recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza 
para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable 
que haya interpuesto el recurso o la reclamación.
No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 30.4 no podrán impugnarse las 
liquidaciones a las que alcance dicho presupuesto, sino el alcance global de la 
responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado artículo no resultará de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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aplicación lo dispuesto en el artículo 70.6, tanto si el origen del importe derivado procede de 
deudas como de sanciones tributarias.
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la 
previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin 
perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro 
del marco legalmente previsto.
6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma 
deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
7. El responsable tendrá derecho a exigir al obligado principal, sea el contribuyente, el 
sustituto o el sucesor en la deuda tributaria, las cuotas que haya satisfecho o se hayan 
hecho efectivas con cargo a su patrimonio. Cuando se haya declarado la responsabilidad de 
varias personas en el mismo grado, solidario o subsidiario, quienes hayan satisfecho la cuota 
podrán ejercitar la acción de regreso contra los restantes responsables.
Artículo 30.  Supuestos especiales de responsabilidad solidaria.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que 
sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2. En los supuestos de declaración consolidada, las sociedades del grupo responderán 
solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones.
3. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere 
el artículo 25 de esta Ley Foral responderán solidariamente y en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
4. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en 
su caso, del de las sanciones tributarias, además del recargo y el interés de demora del 
período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que 
se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes 
personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o 
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración 
tributaria.
b) Las que, con culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, o de la existencia de una medida cautelar o 
de una garantía constituida, colaboren o consientan en el alzamiento de los bienes o 
derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera adoptado 
la medida cautelar o constituido la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida 
la notificación del embargo, colaboren o consientan en el alzamiento de aquellos.
5. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al 
sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido los destinatarios de las operaciones que, 
mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del impuesto.
6. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en 
su caso, del de las sanciones tributarias:
a) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o 
indirecto, de personas jurídicas, o en las que concurra una voluntad rectora común con 
estas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de 
forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la 
Hacienda pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o bien confusión o 
desviación patrimonial.
b) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control 
efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos 
obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de estos, cuando resulte acreditado que 
tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta 
como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda 
pública, siempre que concurran ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya 
una confusión o desviación patrimonial.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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7. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en 
su caso, del de las sanciones tributarias, además del recargo y el interés de demora del 
periodo ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que 
se hubieran ofrecido a la Administración tributaria, las personas o entidades que, habiendo 
ofrecido la constitución de garantía sobre bienes de su propiedad para solicitar el 
aplazamiento o fraccionamiento o la suspensión de la ejecución del acto impugnado por 
deudas de tercero, incumplan su compromiso de constitución de la garantía.
Se entenderá incumplido el compromiso cuando la garantía no se constituya en el plazo 
señalado en la resolución en la que se concedió el aplazamiento o fraccionamiento de pago 
o la suspensión de la ejecución del acto impugnado, o cuando, habiéndola depositado en la 
Tesorería de la Comunidad Foral, se apreciase la existencia de cargas sobre los bienes que 
no constasen en el momento del ofrecimiento.
Artículo 31.  Responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas.
1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y 
actividades económicas por personas físicas o jurídicas o por entidades a que se refiere el 
artículo 25 de esta Ley Foral, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto 
en la titularidad o en el ejercicio de aquellas, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
civil para la adquisición de la herencia.
Este tipo de responsabilidad no será aplicable a los adquirentes de la titularidad de 
explotaciones o de actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado, cuando 
la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.
2. La responsabilidad alcanza a las deudas liquidadas y a las pendientes de liquidación, 
originadas por el ejercicio de las explotaciones o actividades, incluso las rentas obtenidas de 
ellas. También se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de pago de los ingresos 
a cuenta debidos y de las retenciones efectuadas o que se hubieran debido efectuar, así 
como a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
3. La responsabilidad del adquirente será solidaria y no releva al transmitente de sus 
obligaciones tributarias.
4. El que pretenda adquirir la titularidad de la explotación o actividad económica, y previa 
la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación 
detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la 
explotación y actividad. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o 
no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará aquél exento de la responsabilidad 
establecida en este artículo.
Artículo 32.  Supuestos especiales de responsabilidad subsidiaria.
1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la 
totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas los administradores de hecho o de derecho de ellas que no hubiesen 
realizado los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias infringidas, o bien hubiesen consentido el incumplimiento por quienes 
de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que hicieron posibles tales infracciones.
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones 
tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los 
administradores de hecho o de derecho de ellas.
Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido para otros supuestos de 
responsabilidad en la legislación tributaria en vigor.
2. Serán responsables subsidiarios los integrantes de la correspondiente administración 
concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando no hubiesen 
realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean atribuibles a los 
respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias que fuesen exigibles y de las 
sanciones que fuesen impuestas con posterioridad a dichas situaciones responderán como 
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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También serán responsables de las mencionadas obligaciones tributarias cuando se 
hubiesen satisfecho créditos de terceros que no fueran preferentes a los tributarios, con el 
límite de los importes incorrectamente abonados.
3. (Suprimido).
4. Igualmente serán responsables subsidiarios las personas o entidades que contraten o 
subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su 
actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban 
repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros 
empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o 
subcontratación.
La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o 
subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria 
durante los doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación 
o subcontratación.
La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber 
aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el periodo de doce meses desde el 
anterior certificado sin haber sido renovado.
La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este apartado, o lo 
denegará, en las condiciones que establezca la persona titular del departamento competente 
en materia tributaria.
5. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que 
deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u 
otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad 
en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales 
conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece 
a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.
Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en 
un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la 
mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en 
plazo o de forma extemporánea.
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo 
existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de 
concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento 
de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido 
concedidos con garantía debidamente formalizada.
Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las 
autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en 
relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante 
de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 50 por 
ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.
Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de 
terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se 
extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron 
exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.
Sección 3.ª Sucesores y adquirentes de bienes afectos
Artículo 33.  Sucesores en los derechos y obligaciones tributarios.
1. Los sucesores «mortis causa» se subrogarán en la posición de su causante, 
respondiendo de las obligaciones tributarias pendientes con las limitaciones que resulten de 
lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso serán BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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transmisibles las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que 
se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a estos, que responderán 
de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiera adjudicado y demás percepciones patrimoniales recibidas por aquellos en los cuatro 
años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera 
responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30.4.a).
Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad 
jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los 
socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a estos, que quedarán obligados 
solidariamente a su cumplimiento.
En caso de disolución de fundaciones o de entidades a las que se refiere el artículo 25, 
las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de 
los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades, 
respectivamente, que quedarán obligadas solidariamente a su cumplimiento.
3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades 
con personalidad jurídica, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las 
personas o entidades que les sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente 
operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del 
activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.
4. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las 
sociedades y entidades a las que se refieren los apartados 2 y 3 serán exigibles a los 
sucesores de las mismas, en los términos establecidos en esos apartados y, en su caso, 
hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 2.
Artículo 34.  Adquirentes de bienes afectos.
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley foral a la deuda tributaria responderán con 
ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto 
administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar 
que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia 
de dicha derivación.
3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la ley foral al señalar la afección de 
los bienes.
Sección 4.ª La capacidad de obrar
Artículo 35.  Personas con capacidad de obrar.
En el orden tributario tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la 
ostentan con arreglo a las normas de Derecho privado, los menores de edad en las 
relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyo ejercicio les está permitido por 
el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela.
Artículo 36.  Representación.
1. El obligado tributario con capacidad de obrar podrá actuar por medio de 
representante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, si no se 
hace manifestación en contrario.
2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, 
asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario y solicitar devoluciones o 
reembolsos, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que 
deje constancia fidedigna o mediante comparecencia ante el órgano administrativo 
competente. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
Cuando en los procedimientos regulados en esta Ley Foral sea necesaria la firma del 
obligado tributario, la representación deberá acreditarse por alguno de los medios a los que BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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se refiere el párrafo anterior, siendo válidos, a estos efectos, los documentos normalizados 
que apruebe la Administración tributaria.
3. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto 
dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
4. En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de 
bienes que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado actuará en su 
representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de 
no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la 
gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o 
compongan la entidad o comunidad.
No obstante, en el caso de las herencias yacentes en las que, una vez justificado 
debidamente el fallecimiento, no sea posible dirigirse a ninguno de los representantes 
citados en el párrafo anterior por resultar desconocidos, bien por no existir testamento, bien 
por haber renunciado los designados en él, los órganos de la Administración tributaria 
dictarán diligencia de comunicación del procedimiento en curso a los interesados en la 
herencia.
Dicha diligencia hará referencia al último trámite pendiente de notificación a fecha de 
fallecimiento del causante y se comunicará mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial 
de Navarra». También se remitirá para su publicación en los tablones de anuncios de las 
entidades locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al del lugar 
del fallecimiento, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de 
difusión. Los edictos deberán estar expuestos durante un plazo de un mes.
Durante dicho periodo, los interesados en la herencia podrán acreditar su derecho ante 
los órganos de la Administración tributaria, la cual, en caso de que estime acreditado dicho 
derecho, los considerará representantes de la herencia yacente en los términos del primer 
párrafo de este apartado, comunicándoles el último trámite pendiente de notificación a fecha 
del fallecimiento del causante y los sucesivos que se deriven del procedimiento en curso en 
tanto no renuncien a su derecho.
De no comparecer ningún interesado en la herencia en el plazo señalado, se tendrá por 
notificado a los herederos desconocidos del último trámite pendiente de notificación a fecha 
del fallecimiento así como de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, 
y se mantendrá el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento. No 
obstante, en todo caso, las liquidaciones que se practiquen en el procedimiento y las 
resoluciones de enajenación de bienes embargados deberán ser notificadas con arreglo a lo 
establecido en el artículo 99.
5. Los obligados tributarios que carezcan de capacidad de obrar actuarán por medio de 
sus representantes legales.
6. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria se presente por 
medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador 
deberá ostentar la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración 
tributaria podrá instar, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.
Sección 5.ª El domicilio fiscal
Artículo 37.  Régimen general.
1. El domicilio a los efectos tributarios será:
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro 
caso se atenderá al lugar en que radique dicha gestión o dirección.
2. Los obligados tributarios que tengan su domicilio fiscal en Navarra están obligados a 
declarar el mismo a la Administración tributaria. Cuando el obligado tributario no haya 
declarado su domicilio fiscal, se considerará como tal a efectos de notificaciones el de la 
situación de cualquier inmueble o explotación económica del que figure como titular.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Cuando el obligado tributario cambie de domicilio deberá ponerlo en conocimiento de 
la Administración tributaria mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio 
produzca efectos frente a la misma hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. 
La Administración podrá rectificar el domicilio tributario mediante la comprobación pertinente.
Cuando no se haya declarado el cambio de domicilio, conforme a lo prevenido en el 
párrafo anterior, se estimará subsistente a todos sus efectos, incluso al de notificaciones, el 
último declarado o el consignado por el mismo en cualquier documento de naturaleza 
tributaria.
Artículo 38.  Supuestos especiales.
En supuestos excepcionales y debidamente justificados en cada caso, la Administración 
tributaria podrá exigir a los sujetos pasivos, domiciliados fiscalmente fuera de Navarra, la 
designación de un representante, a efectos de sus relaciones con aquélla.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación de régimen común para los no residentes en territorio español.
CAPÍTULO IV
La base
Sección 1.ª La determinación de la base imponible
Artículo 39.  Regímenes.
1. La ley foral propia de cada tributo establecerá los medios y métodos para determinar 
la base imponible, dentro de los siguientes regímenes:
a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva.
c) Estimación indirecta.
2. Las bases determinadas por los regímenes de las letras a) y c) del apartado anterior 
podrán enervarse por el sujeto pasivo mediante las pruebas correspondientes.
Artículo 40.  Estimación directa.
La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación directa 
corresponderá a la Administración y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o 
documentos presentados o de los datos consignados en libros y registros comprobados 
administrativamente.
Artículo 41.  Estimación objetiva.
El régimen de estimación objetiva se utilizará con carácter voluntario para los sujetos 
pasivos cuando lo determine la ley foral propia de cada tributo.
Artículo 42.  Estimación indirecta.
Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos 
pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos o cuando los mismos 
ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan 
sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en 
régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes 
y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales 
en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o 
familiares que deban compararse en términos tributarios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.
Artículo 43.  Procedimiento en la estimación indirecta.
1. Cuando la aplicación del régimen de estimación indirecta resulte de la actuación de la 
Inspección tributaria, a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria del sujeto 
pasivo se acompañará informe razonado sobre:
a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
b) Situación de la contabilidad y de los registros obligatorios del sujeto inspeccionado.
c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o 
rendimientos.
d) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores.
Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitarán por el procedimiento 
establecido según su naturaleza y clase.
2. En aquellos casos en que no medie actuación de la Inspección tributaria, el órgano 
gestor competente dictará acto administrativo de fijación de base y liquidación tributaria que 
deberá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 113 y 114 
de esta Ley Foral y con expresión de los datos indicados en las letras a), c) y d) del apartado 
anterior.
3. La aplicación del régimen de estimación indirecta no requerirá acto administrativo 
previo que así lo declare, sin perjuicio de los recursos que procedan contra los actos y 
liquidaciones resultantes de aquél. En los recursos interpuestos podrá plantearse la 
procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
4. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método de estimación 
indirecta podrán proceder de cualquiera de las siguientes fuentes:
a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, 
que se utilizarán preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado 
a dicho método. No obstante, si la Administración tributaria acredita la existencia de 
rendimientos o cuotas procedentes de la actividad económica por un importe superior, será 
este último el que se considere a efectos de la regularización.
b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado 
tributario.
Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que 
disponga de información que se considere suficiente y fiable. En especial, podrá utilizarse 
información correspondiente al momento de desarrollo de la actuación gestora o inspectora, 
que podrá considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique y 
cuantifique, por la Administración tributaria o por el obligado tributario, que procede efectuar 
ajustes en dichos datos.
Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones de características 
homogéneas del obligado tributario y este no aporte información al respecto, aporte 
información incorrecta o insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas 
en una muestra de dichas operaciones, la Administración tributaria podrá regularizarlas por 
muestreo. En estos casos, podrá aplicarse el promedio que resulta de la muestra a la 
totalidad de las operaciones del período comprobado, salvo que el obligado tributario 
acredite la existencia de causas específicas que justifiquen la improcedencia de dicha 
proporción.
c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públicos o 
por organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se 
refieran al periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la fuente de los 
estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere 
adecuado a su derecho en relación con los mismos.
d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Administración tributaria 
sobre empresas, actividades o productos con características relevantes que sean análogas o 
similares a las del obligado tributario. En este caso, la Administración tributaria deberá 
identificar la muestra elegida, de forma que se garantice su adecuación a las características BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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del obligado tributario, y señalar el Registro Público o fuente de la que se obtuvieron los 
datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia Administración tributaria, la 
muestra se realizará de conformidad con lo dispuesto reglamentariamente.
5. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método de estimación 
indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la 
actividad. La estimación indirecta puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones, si 
las compras y gastos que figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran 
suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse únicamente a las compras y gastos 
cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas.
En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el método de 
estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y 
deducible o ambos importes. La cuota que se estima soportada y deducible se calculará 
estimando las cuotas que corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente 
necesarios para la obtención de las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo en la 
cuantía en la que se aprecie que se ha repercutido el impuesto y que este ha sido soportado 
efectivamente por el obligado tributario. Si la Administración tributaria no dispone de 
información que le permita apreciar la repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado 
tributario aportar la información que permita identificar a las personas o entidades que le 
repercutieron el impuesto y calcular su importe.
Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio 
de estimación indirecta podrá ser objeto de deducción en un ejercicio distinto.
6. En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada por 
la Administración tributaria de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de 
liquidación correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un 
reparto temporal diferente.
7. Los datos, documentos o pruebas relacionados con las circunstancias que motivaron 
la aplicación del régimen de estimación indirecta únicamente podrán ser tenidos en cuenta 
en la resolución de los recursos o reclamaciones que se interpongan, cuando hubieran sido 
aportados con anterioridad a la finalización del procedimiento inspector, salvo que el 
obligado tributario demuestre que esos datos, documentos o pruebas fueron de imposible 
aportación durante el procedimiento.
Sección 2.ª La comprobación de valores
Artículo 44.  Medios de comprobación.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible 
podrá ser comprobado por la Administración tributaria con arreglo a los siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la Ley Foral reguladora 
de cada Tributo señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal.
Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como 
referencia para la valoración de dichos bienes será el Registro de la Riqueza Territorial de 
Navarra.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo 
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado respecto de otras transmisiones del mismo bien, teniendo en 
cuenta las circunstancias de estas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se 
establezca.
i) Valor resultante de la comparación con valores comprobados con anterioridad por la 
Administración tributaria.
j) Tasación pericial contradictoria.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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k) Cualquier otro medio que se determine en la Ley Foral reguladora de cada tributo.
2. Las personas interesadas podrán, en todo caso, promover la tasación pericial 
contradictoria en corrección de los demás procedimientos de comprobación fiscal de valores 
señalados en el apartado anterior, dentro de los siguientes plazos:
a) Cuando se realice conjuntamente la notificación del resultado de la comprobación y de 
la liquidación, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se entienda producida la 
notificación de la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 
administrativamente.
b) En el supuesto de notificación separada del resultado de la comprobación de valores, 
dentro del plazo de 15 días desde la notificación del acto de comprobación de valores.
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria determinará la 
suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o 
reclamación contra ésta.
Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que 
reglamentariamente se determinen, si existiera disconformidad de los peritos sobre el valor 
de los bienes o derechos y la tasación practicada por el de la Administración no excede en 
más del 10 por 100 y no es superior en 120.000 euros a la hecha por el de la persona 
interesada, esta última servirá de base para la liquidación.
En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el resultado de la tasación 
pericial contradictoria si fuese menor que el valor declarado por las personas interesadas.
Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados 
deberá designarse un perito tercero. A tal efecto, la Administración tributaria interesará en el 
mes de octubre y, al menos, una vez cada 3 años, a los distintos colegios profesionales y 
asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de 
colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Presentada la lista antes 
de concluir el mes de noviembre, será elegido por sorteo público llevado a efecto en el mes 
de diciembre un colegiado de cada lista, a partir del cual, durante los 3 siguientes ejercicios y 
hasta la celebración de un nuevo sorteo, las designaciones se efectuarán por orden 
correlativo teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o 
derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se interesará 
del Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el 
correspondiente registro oficial.
El perito de la Administración tributaria percibirá las retribuciones a que tenga derecho 
conforme a la legislación vigente. Los honorarios del perito de la persona interesada serán 
satisfechos por esta. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y 
el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor 
declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por la persona interesada y, en caso 
contrario, correrán a cargo de la Administración tributaria. En este supuesto, la persona 
interesada tendrá derecho a ser reintegrada de los gastos ocasionados por el depósito al 
que se refiere el párrafo siguiente.
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga 
provisión del importe de sus honorarios, lo que se realizará mediante depósito en la 
Tesorería de la Comunidad Foral en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera 
de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, 
cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
Entregada en la Administración tributaria la valoración por el tercer perito, se comunicará 
a la persona interesada y, al mismo tiempo, se le concederá, si procede, un plazo de 15 días 
para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición 
de la provisión de honorarios depositados en la Tesorería de la Comunidad Foral.
Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia 
tributaria, se podrán establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que 
deban ser designados de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. Será 
necesaria la aceptación de la designación por el perito elegido por sorteo. Dicha aceptación 
determinará, asimismo, la aceptación de los honorarios aprobados por la Administración.
3. Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de los medios de 
comprobación señalados en el apartado 1 de este artículo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 45.  Acuerdos previos de valoración.
1. Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando la normativa 
de cada tributo así lo prevea, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a 
efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho 
imponible.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible 
o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo y tendrá que 
acompañarse de una propuesta de valoración formulada por el sujeto pasivo.
3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las 
circunstancias declaradas por el sujeto pasivo.
4. La valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de 
su carácter vinculante, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se 
aplica, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada 
tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en los plazos indicados 
implicará la aceptación de los valores propuestos por el sujeto pasivo.
5. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación, o que varíen 
significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron su valoración, la 
Administración tributaria está obligada a aplicar al sujeto pasivo los valores expresados en el 
acuerdo.
6. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que en la 
normativa que lo establezca se prevea otro distinto.
7. Los sujetos pasivos no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos 
regulados en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las liquidaciones que 
pudieran dictarse ulteriormente.
Sección 3.ª La base liquidable
Artículo 46.  Concepto.
Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las 
reducciones establecidas por la ley foral propia de cada tributo.
CAPÍTULO V
La deuda tributaria
Sección 1.ª El tipo de gravamen, la cuota y la deuda tributaria
Artículo 47.  Tipos de gravamen.
Tendrán la consideración de tipo de gravamen los de carácter proporcional o progresivo 
que corresponda aplicar sobre la respectiva base liquidable para determinar la cuota.
Artículo 48.  Cuota tributaria.
La cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según 
cantidad fija señalada al efecto en las pertinentes leyes forales, o bien conjuntamente por 
ambos procedimientos.
Artículo 49.  Reducción de oficio de la cuota tributaria.
Deberá reducirse de oficio la cuota tributaria cuando de la aplicación de los tipos de 
gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior 
a dicho incremento. La reducción deberá comprender, al menos, dicho exceso. Se 
exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de 
efectos timbrados.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 50.  Deuda tributaria.
1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota a que se refiere el artículo 48 de 
esta Ley Foral, por los pagos a cuenta o fraccionados, las cantidades retenidas o que se 
hubieran debido retener y los ingresos a cuenta.
2. En su caso, también formarán parte de la deuda tributaria:
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, sean a favor de la 
Comunidad Foral o de otros entes públicos.
b) Los recargos previstos en el apartado 3 del artículo 52 de esta Ley Foral.
c) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo 
en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que por Ley Foral se 
establezca otro diferente.
No obstante, en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto, en los 
aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo, en los que se garantice la 
totalidad de la deuda con aval solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía 
recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el 
interés legal del dinero que corresponda hasta la fecha de su ingreso.
d) Los recargos del periodo ejecutivo.
e) Las sanciones pecuniarias.
Sección 2.ª El pago
Artículo 51.  Formas de pago.
1. El pago de la deuda tributaria podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de 
efectos timbrados, según se disponga reglamentariamente.
2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se ha realizado el ingreso 
de su importe en la Tesorería de la Comunidad Foral, Oficinas recaudadoras o entidades 
debidamente autorizadas que sean competentes para su admisión.
3. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria 
cuando se utilicen aquéllos en la forma que reglamentariamente se determine.
4. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante la entrega de bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario General de 
Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan.
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros 
bienes que, a estos solos efectos, sean declarados de interés cultural por el Gobierno de 
Navarra o se consideren de excepcional interés para la Comunidad Foral.
Artículo 52.  Plazos y recargos.
1. El pago deberá hacerse dentro de los plazos que determine la normativa reguladora 
del tributo o, en su defecto, la normativa recaudatoria.
2. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe determinará 
el devengo de intereses de demora.
De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la 
ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo. 
No se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto 
en los recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la 
finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la 
resolución que ponga fin a la vía administrativa.
No obstante, cuando se garantice la totalidad de la deuda con aval solidario de entidad 
de crédito o de sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, 
el interés de demora exigible será el interés legal del dinero que corresponda hasta la fecha 
de su ingreso.
3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo así como las liquidaciones derivadas de 
declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán los siguientes 
recargos:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Dentro del mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se 
aplicará un recargo del 1 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones 
que, en otro caso, hubieran podido exigirse.
b) Una vez transcurrido el primer mes, pero antes de que lleguen a transcurrir los tres 
meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un 
recargo del 5 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro 
caso, hubieran podido exigirse.
c) Una vez transcurridos los citados tres meses pero antes de que lleguen a transcurrir 
los doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se 
aplicará un recargo del 10 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones 
que, en otro caso, hubieran podido exigirse.
d) Una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo voluntario establecido 
para la presentación e ingreso, el recargo será del 15 por 100 y excluirá las sanciones que, 
en otro caso, hubieran podido exigirse. En estos casos se exigirán intereses de demora, que 
habrán de tenerse por devengados a lo largo del tiempo comprendido entre la conclusión de 
dicho plazo de doce meses y el momento del correspondiente ingreso.
Cuando se haya obtenido una devolución por cuantía superior a la que resulte de una 
autoliquidación presentada posteriormente, el recargo se girará sobre la parte de devolución 
que resulte improcedente. Cuando se haya obtenido una devolución derivada de una 
autoliquidación, y de la posterior autoliquidación presentada resulte una cuota a ingresar, el 
recargo se girará sobre la cantidad devuelta indebidamente más la cuota que resulte de la 
mencionada autoliquidación posterior. De igual manera que en los supuestos anteriores se 
actuará en el caso de devoluciones resultantes de liquidaciones derivadas de declaraciones 
tributarias.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el plazo para la determinación del 
recargo correspondiente al importe de la devolución obtenida indebidamente se computará 
desde la fecha de la devolución hasta la fecha de presentación de la autoliquidación 
posterior. Sin embargo, el plazo para la determinación del recargo correspondiente a la cuota 
a ingresar resultante de la autoliquidación posterior, se computará desde el término del plazo 
voluntario para la presentación e ingreso hasta la fecha de presentación de la referida 
autoliquidación.
Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el 
ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o de autoliquidación 
extemporáneas, con los recargos del periodo ejecutivo.
Para que resulten aplicables los recargos establecidos en este apartado, las 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo habrán de 
identificar expresamente el periodo impositivo de liquidación a que se refieran y deberán 
contener únicamente los datos relativos a dicho periodo.
4. En los casos y en la forma que determine la normativa recaudatoria, la Administración 
tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, siempre que la 
situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago 
en tiempo.
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en 
la normativa recaudatoria, excepto en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas sean inferiores a las cifras que se fijen reglamentariamente.
b) Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda, y la 
ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera 
graves quebrantos para los intereses de la Comunidad Foral.
5. Las referencias al artículo 118.2, contenida en el párrafo segundo, y al artículo 118.4, 
contenida en el párrafo cuarto del artículo 52.5, han de entenderse realizadas, 
respectivamente, a los artículos 118.3 y 118.5.
6. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, 
sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha 
satisfecho a la misma o a otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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repercusión de otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada 
fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no 
tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas 
tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los casos en que se hallen implicadas 
dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación entre estas.
Artículo 53.  Autonomía de las deudas tributarias.
1. Las deudas tributarias son autónomas.
2. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas 
tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran satisfacerse totalmente, la 
Administración tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago al 
crédito más antiguo, determinándose su antigüedad de acuerdo con la fecha en que fue 
exigible.
3. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la 
Comunidad Foral a percibir los anteriores no abonados o ingresados.
Artículo 54.  Consignación de la deuda tributaria.
Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, 
las costas reglamentariamente devengadas en la Tesorería de la Comunidad Foral, con los 
efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.
Sección 3.ª La prescripción
Artículo 55.  Plazos.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 
liquidadas y autoliquidadas.
c) La acción para imponer sanciones tributarias.
d) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
Artículo 55 bis.  Derecho a comprobar e investigar.
1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 55 no afectará al derecho de la 
Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 101, 
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, el derecho de la 
Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas 
compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de 
aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice 
el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación 
correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar 
dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.
En los procedimientos de inspección de alcance general, respecto de obligaciones 
tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá 
incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de 
compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no 
haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá 
hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación 
a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que 
se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a 
ser objeto de comprobación.
La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o 
regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese 
producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso 
de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo 
derecho a liquidar no se encuentre prescrito.
3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del 
derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de 
aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o 
deducciones, así como de la contabilidad que las soporte, con ocasión de procedimientos de 
comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las 
compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.
Artículo 56.  Cómputo.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se 
refiere el artículo anterior como sigue:
En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 
correspondiente declaración; en el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago 
voluntario; en el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas 
infracciones; y en el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.
2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo 
voluntario del deudor principal.
No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la 
responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho 
plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido 
lugar.
Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a 
computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor 
principal o a cualquiera de los responsables solidarios.
Artículo 57.  Interrupción.
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 55 se 
interrumpen:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal 
del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, 
aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de todos o de parte de los 
elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a 
una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado 
tributario.
Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, 
además de por las actuaciones mencionadas anteriormente, por la iniciación del 
correspondiente procedimiento sancionador.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las 
actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas 
reclamaciones o recursos, por la declaración de concurso del deudor, por el ejercicio de 
acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, por la remisión del tanto 
de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, 
así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se 
ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago, liquidación o 
autoliquidación de la deuda.
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 55 se interrumpirá por 
cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, 
o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su existencia.
3. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del 
recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o 
penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de 
paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo 
cuando la Administración reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al 
proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio 
Fiscal devolviendo el expediente.
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso 
del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de 
conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se 
iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas 
al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo 
del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de 
la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión 
en vía contencioso-administrativa.
4. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se 
extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la 
obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que 
le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la 
interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se refiera.
La interrupción del plazo de prescripción contenido en el artículo 55.b) por litigio, 
concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los 
responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente 
obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de 
que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.
5. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del 
artículo 55 relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del 
plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y d) del citado artículo 
relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en estas 
se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la 
aplicación, ya sea por la Administración tributaria o por los obligados tributarios, de los 
criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que 
estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias 
conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en 
función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.
Artículo 58.  Aplicación y efectos.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda 
tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior.
La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la 
deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.
La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
2. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a 
otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya 
expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.
3. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o 
entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en las 
letras d), e) y f) del apartado 5 del artículo 27 deberán cumplirse en el plazo previsto en la 
normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que 
se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior.
4. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en 
operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de 
prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación 
correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 55 bis.2 y 3BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sección 4.ª Otras formas de extinción
Artículo 59.  Compensación.
1. Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación en 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan:
a) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan derecho los 
obligados tributarios en virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo.
b) Con otros créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor del mismo 
obligado tributario.
c) Con las devoluciones de oficio que deba efectuar la Administración tributaria con 
arreglo a la normativa específica de cada tributo.
2. La extinción total o parcial de las deudas tributarias que las Entidades Locales de 
Navarra tengan con la Comunidad Foral podrá acordarse por vía de compensación, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 60.  Condonación.
Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley foral y en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.
Artículo 61.  Insolvencia probada.
Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos 
procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto pasivo y demás responsables, 
se declararán provisionalmente incobrables en la cuantía procedente, en tanto no se 
rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
Sección 5.ª Las garantías
Artículo 62.  Prelación de créditos.
1. La Comunidad Foral gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios 
vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean por un 
derecho de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en 
el correspondiente Registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en él el 
derecho de aquella, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de esta Ley Foral.
2. En el proceso concursal los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Artículo 63.  Hipoteca legal tácita.
En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un 
registro público, o sus productos directos, ciertos o presuntos, la Comunidad Foral tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus 
derechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que 
se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior.
Artículo 64.  Afectación.
1. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de 
las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales 
transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que 
éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de 
los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en el caso 
de bienes muebles no inscribibles.
2. Siempre que la ley foral reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención 
o bonificación cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el sujeto 
pasivo de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración tributaria hará figurar el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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total importe de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo 
que se hará constar por nota marginal de afección en los registros públicos.
Artículo 65.  Derecho de retención.
La Comunidad Foral tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías 
que se presenten a despacho y exacción de los tributos que gravan su tráfico o circulación, 
por el respectivo importe del crédito liquidado, de no garantizarse de forma suficiente el pago 
del mismo.
Artículo 65 bis.  Control de las obligaciones materiales y formales de los obligados 
tributarios y de los censos y registros.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 118 de esta Ley Foral, para garantizar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones materiales y formales por parte de los obligados 
tributarios, así como para asegurar que las declaraciones de alta, de modificación y de baja 
en los censos y registros establecidos en la normativa tributaria cumplen apropiadamente su 
cometido en la gestión de los tributos, la Administración tributaria podrá adoptar las 
siguientes medidas:
a) Exigencia de adecuada garantía para acceder a los citados censos y registros. Dicha 
garantía podrá consistir en fianza personal solidaria, hipoteca, prenda, aval solidario de 
entidad de crédito o de sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
b) Rectificar de oficio los datos censales y registrales en el caso de que se compruebe 
que no son verdaderos o exactos.
Las medidas señaladas habrán de ser notificadas a los obligados tributarios con 
expresión de los motivos que hayan fundamentado su adopción, y serán levantadas cuando 
desaparezcan los motivos que las ocasionaron.
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para su adopción y para su 
levantamiento.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones tributarias
Sección 1.ª Las infracciones
Artículo 66.  Régimen general.
1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las 
leyes forales. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple 
negligencia.
La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe.
Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias 
que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias.
2. Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en esta 
Ley Foral y en las restantes normas tributarias.
3. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas 
en el artículo 25 de esta Ley Foral que realicen las acciones u omisiones tipificadas como 
infracciones en las leyes forales y, en particular, las siguientes:
a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes, sustitutos, retenedores u 
obligados a ingresar a cuenta.
b) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal.
c) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o 
miembros.
d) Los obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración 
tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de esta Ley Foral y en las 
normas reguladoras de cada tributo.
e) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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f) La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del IVA.
4. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes forales no darán lugar a 
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no 
hubieran asistido a la reunión en que se tomó la misma.
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones 
y deberes tributarios. En particular se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria 
cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya 
practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una 
interpretación razonable de la norma.
e) Cuando los obligados tributarios adecúen su actuación a los criterios manifestados por 
la Administración tributaria en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a 
consultas en los términos establecidos en esta Ley Foral.
5. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, al regularizarse la situación 
tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes obligados tributarios, se exigirá, además 
de la cuota, importe de la retención o ingreso a cuenta, devolución, beneficio fiscal y 
recargos que, en su caso, procedan, el correspondiente interés de demora.
Artículo 67.  Infracciones simples.
1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios 
exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos, 
cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la 
sanción.
En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas:
a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, 
incompletas o inexactas.
Tiene esta misma consideración la presentación en formato papel de las declaraciones, 
comunicaciones, modelos informativos o demás documentos que, conforme a la normativa 
tributaria, debe hacerse obligatoriamente por vía telemática.
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con 
trascendencia tributaria relacionadas con el cumplimiento de sus propias obligaciones 
tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
terceras personas, establecidos en el artículo 103 y 104 de esta Ley Foral.
c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal.
d) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y, en general, de emisión, 
entrega y conservación de justificantes o documentos equivalentes.
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación 
fiscal.
f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en 
fase de inspección o de recaudación.
2. Las leyes forales de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones simples de 
acuerdo con la naturaleza y características de la gestión de cada uno de ellos, que, en su 
caso, podrán ser especificadas, dentro de los límites establecidos por la ley foral, por las 
normas reglamentarias de los tributos.
3. Por su parte, los Reglamentos de desarrollo de esta Ley Foral podrán especificar, 
dentro de los límites comprendidos en la misma, las infracciones y sanciones 
correspondientes al incumplimiento de los deberes de índole general antes mencionados.
Artículo 68.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o 
parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 52.3 de esta Ley 
Foral o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 117 también de esta Ley Foral.
b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la Administración 
tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios 
para que la Administración tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que 
no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.
c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 
devoluciones.
También constituirá infracción grave solicitar indebidamente devoluciones derivadas de 
la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos 
falsos en autoliquidaciones o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido.
d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos 
tributarios, a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias 
o de terceros.
También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, 
las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un 
período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de 
devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o 
investigación cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.
e) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las 
entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la 
realidad.
f) Expedir facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.
g) La fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o 
electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de 
las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a') Permitan llevar contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario.
b') Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas.
c') Permitan registrar transacciones ficticias.
d') Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.
e') No cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, 
conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte 
de los órganos competentes de la Administración tributaria, en los términos del artículo 
27.5.i).
f') No se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas 
fabricados, producidos o comercializados.
h) La tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se 
ajusten a lo establecido en el artículo 27.5.i), cuando los mismos no estén debidamente 
certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o 
modificado los dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada por la letra g) no podrá ser 
sancionada por lo dispuesto en esta letra.
Sección 2.ª Las Sanciones
Artículo 69.  Clases de sanciones.
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:
1. Multa pecuniaria, fija o proporcional. La multa pecuniaria proporcional se aplicará, 
salvo en los casos especiales previstos en el artículo 77, apartados 1 y 2, de esta Ley Foral, 
sobre la cuota tributaria, y, en su caso, los recargos enumerados en el artículo 50.2.a) de 
esta Ley Foral, sobre las cantidades que hubieran dejado de ingresarse, sobre el importe de 
los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos o sobre el importe del conjunto de las 
operaciones que hayan originado la infracción prevista en el artículo 68.f) de esta Ley Foral.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.
3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la 
Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos.
4. Suspensión por plazo de hasta un año de empleo o cargo público.
Artículo 70.  Órganos competentes para sancionar y procedimiento sancionador.
1. Las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por:
a) Si consisten en la suspensión del ejercicio de empleo o cargo público, en la pérdida 
del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales, en la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas, o en la prohibición para celebrar contratos con la 
Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos, el Gobierno de Navarra.
b) Tanto si consisten en multa pecuniaria por infracción simple como en multa pecuniaria 
por infracción grave, el órgano competente para dictar los actos administrativos de 
liquidación tributaria o, en su caso, el órgano superior inmediato del que haya iniciado el 
procedimiento sancionador.
Son órganos competentes para liquidar o para iniciar el procedimiento sancionador los 
que así se determinen en las normas de organización, en las de procedimientos para la 
aplicación de los tributos, en las del procedimiento sancionador o en las reguladoras de los 
propios tributos.
2. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o 
independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del 
sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al interesado antes de dictar la 
resolución correspondiente.
Los procedimientos sancionadores que deban incoarse como consecuencia de un 
procedimiento de comprobación e investigación no podrán iniciarse una vez transcurrido el 
plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o hubiese de entenderse notificada la 
correspondiente liquidación.
3. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, 
pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las 
actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o 
responsable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes 
del trámite de audiencia correspondiente a este último.
4. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses.
Cuando habiéndose iniciado el procedimiento sancionador concurra en el procedimiento 
inspector del que trae causa alguna de las circunstancias previstas en los apartados 4 o 5 
del artículo 139, el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extenderá por el 
mismo periodo que resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en dichos apartados.
El plazo del procedimiento sancionador se contará desde la fecha de notificación al 
obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda notificado el acto 
administrativo resultante del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar 
y de computar el plazo de resolución, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento 
de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
5. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación 
independiente, si bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota 
tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones.
6. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin 
necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o 
reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta 
que sean firmes en vía administrativa.
No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del 
plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin 
a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la 
finalización de dicho plazo.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones 
tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 29.4 
dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión 
automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.
Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago 
de deudas previstas en el artículo 30.4.
7. La imposición de sanciones no consistentes en multas se realizará mediante 
expediente distinto e independiente del instruido para regularizar la situación tributaria del 
sujeto infractor e imponer las multas correspondientes. Se iniciará a propuesta del 
funcionario competente, y en él se dará, en todo caso, audiencia al interesado antes de 
dictar el acuerdo correspondiente.
Artículo 71.  Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones tributarias.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje 
de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 50 puntos.
b) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria o la 
obstrucción a la acción investigadora de la misma, ya sea en fase de gestión, inspección o 
recaudación.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje 
de la sanción se incrementará entre 20 y 60 puntos.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción simple el importe 
de la sanción se incrementará entre un 20 y un 40 por ciento del importe de la cuantía 
máxima. Además, cuando el obligado tributario, debidamente notificado y apercibido al 
efecto, no haya atendido a requerimientos de dicha Administración, se incrementará en:
a) 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez un requerimiento.
b) 600 euros, si se ha incumplido por tercera o ulterior vez un requerimiento.
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de 
ésta por medio de persona interpuesta. A estos efectos, se considerarán principalmente 
medios fraudulentos los siguientes: La existencia de anomalías sustanciales en la 
contabilidad y el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, 
cuando este empleo no constituya, en sí mismo, la infracción grave prevista en el artículo 
68.f) de esta Ley Foral.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje 
de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos.
d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones 
o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la 
determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje 
de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos.
e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones o deberes formales o de colaboración.
f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o 
antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las obligaciones formales, 
de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración 
tributaria.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
Los criterios establecidos en las letras e) y f) del apartado anterior se emplearán, 
exclusivamente, para la graduación de las sanciones por infracciones simples. El criterio 
establecido en la letra d) del citado apartado se aplicará exclusivamente para la graduación 
de las sanciones por infracciones graves.
Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de 
graduación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 40 
por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable manifiesten su conformidad 
con las propuestas de regularización y de sanción que se les formule.
La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá 
adicionalmente en el 20 por 100 en los supuestos en que, además de cumplirse lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se realice el ingreso íntegro en efectivo de la deuda tributaria 
correspondiente a la totalidad de las propuestas de regularización y de sanción a las que se 
prestó conformidad, dentro del periodo voluntario de pago determinado por la normativa 
recaudatoria. A tal efecto, la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria correspondiente a las propuestas de regularización o de sanción supondrá la 
no aplicación de la reducción adicional regulada en este párrafo.
La interposición de recurso o reclamación contra la regularización practicada o contra la 
sanción determinará la inaplicación de las reducciones indicadas en este apartado, siendo 
exigible la deuda derivada de la propuesta de regularización desde la fecha de la conclusión 
del periodo voluntario de pago.
En el supuesto de que, siendo de aplicación la reducción del 40 por 100 establecida en 
el párrafo primero, no se realice el ingreso íntegro en los términos establecidos en el párrafo 
segundo, se exigirá el importe de la deuda derivada del expediente sancionador, una vez 
practicada la mencionada reducción del 40 por 100 y sin aplicación de la reducción del 20 
por 100, desde el vencimiento del periodo voluntario de pago determinado por la normativa 
recaudatoria.
4. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias simples se reducirá en un 30 
por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable manifiesten su conformidad 
con las propuestas de sanción que se les formulen y se realice el ingreso íntegro en efectivo 
del importe de la totalidad de las sanciones propuestas dentro del periodo voluntario de pago 
determinado por la normativa recaudatoria. A tal efecto, la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria correspondiente a las propuestas de sanción 
supondrá la no aplicación de la reducción establecida en este apartado.
En el supuesto de que no se realice el ingreso íntegro en los términos establecidos en el 
párrafo anterior, se exigirá el importe de la deuda derivada del expediente sancionador, sin 
aplicación de la reducción del 30 por 100, desde el vencimiento del periodo voluntario de 
pago determinado por la normativa recaudatoria.
La interposición de recurso o reclamación contra la sanción determinará igualmente la 
inaplicación de la reducción regulada en este apartado.
Artículo 72.  Sanciones por infracciones simples.
1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, salvo 
lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con 
trascendencia tributaria, bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado, a 
que se refieren los artículos 103 y 104 de esta Ley Foral, se sancionará con multas de 1.000 
a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las 
declaraciones correspondientes o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados, 
sin que la cuantía total de la sanción impuesta pueda exceder del 3 por 100 del volumen de 
operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la 
infracción. Este límite máximo será de 5.000.000 de pesetas cuando los años naturales 
anteriores no se hubiesen realizado operaciones, cuando el año natural anterior fuese el del 
inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Si los datos 
requeridos no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la 
cuantía total de la sanción impuesta no podrá exceder de 300.000 pesetas.
Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus 
obligaciones contables y formales, la Administración tributaria no pudiera conocer la 
información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción 
simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 
del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que 
se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser inferior a 901,52 euros 
con carácter general, o a 3.000 euros para el supuesto de incumplimientos derivados de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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requerimientos individualizados a que se refieren los artículos 103 y 104 de esta ley foral. El 
límite máximo será de 48.080 euros si los años naturales anteriores no se hubiesen 
realizado operaciones, o el año natural anterior fuese el de inicio de la actividad o si el ciclo 
de producción fuese manifiestamente irregular. Cuando los datos no se refieran a una 
actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, este límite máximo será de 3.005 
euros.
3. Serán sancionadas en cada caso con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas las 
siguientes infracciones:
a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y en los 
registros exigidos por normas de naturaleza fiscal.
b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su 
naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria.
c) La transcripción incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que figuran en 
los libros y registros obligatorios.
d) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros 
establecidos por las disposiciones fiscales.
e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los registros 
establecidos por las disposiciones fiscales.
f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.
g) La falta de aportación de pruebas y documentos contables requeridos por la 
Administración tributaria o la negativa a su exhibición.
h) El transcurso del plazo de tres meses sin que se cumpla con la obligación de 
comunicar el domicilio fiscal o el cambio de dicho domicilio.
4. El incumplimiento de la obligación de facilitar datos con trascendencia censal de 
actividades empresariales o profesionales será sancionado con multa de 1.000 a 150.000 
pesetas.
5. Cuando las infracciones tributarias simples sancionadas consistan en el 
incumplimiento o en el cumplimiento incorrecto de los deberes de expedir y entregar factura 
y, en su caso, de consignar la repercusión de cuotas tributarias, que incumben a los 
empresarios o profesionales, la cuantía total de las multas impuestas en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo no podrá exceder del 5 por 100 del importe de las 
contraprestaciones del conjunto de las operaciones que hayan originado las infracciones 
correspondientes.
Cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general los deberes de 
colaboración en la gestión tributaria a que se refiere el párrafo anterior, o la Administración 
tributaria no pueda por causa de aquél conocer el número de operaciones, facturas o 
documentos análogos, que hayan originado una infracción tributaria simple, en cada caso, 
será considerado responsable de una única infracción simple y sancionado con multa entre 
25.000 pesetas y una cantidad igual al 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el 
período de tiempo al que la comprobación se refiera.
6. Quienes en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria no utilicen o 
faciliten su número de identificación fiscal en la forma prevista reglamentariamente, serán 
sancionados con multa de 1.000 a 150.000 pesetas. Esta sanción se aplicará 
independientemente por cada infracción simple cometida. No obstante, cuando el sujeto 
infractor haya incumplido de manera general este deber de colaboración será considerado 
responsable de una única infracción simple y sancionado con multa entre 25.000 y 500.000 
pesetas o, si el incumplimiento se hubiese producido en el desarrollo de una actividad 
empresarial o profesional, del 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el período de 
tiempo al que la comprobación se refiera.
Cuando una entidad de crédito incumpla los deberes que específicamente le incumben a 
raíz de la indebida identificación de una cuenta u operación, de acuerdo con el número 2 del 
artículo 72 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra 
para 1988, será sancionada con multa del 5 por 100 de las cantidades indebidamente 
abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas, o si hubiera debido proceder a la 
cancelación de la operación o depósito, con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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El incumplimiento de los deberes relativos a la consignación del número de identificación 
fiscal en el libramiento o abono de los cheques al portador será sancionado con multa de 5 
por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas.
La falta de presentación de las declaraciones o comunicaciones que las entidades de 
crédito deban presentar acerca de las cuentas u otras operaciones cuyo titular no haya 
facilitado su número de identificación fiscal, así como la inexactitud u omisión de los datos 
que deban figurar en ellas, serán sancionadas en la forma prevista en el apartado 2 de este 
artículo.
7. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la Inspección o Recaudación 
tributaria relativa al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos 
de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control y de 
cualquier otro antecedente o información de los que se deriven los datos a presentar o a 
aportar así como a la comprobación o compulsa de las declaraciones o relaciones 
presentadas, se sancionará con multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.
8. El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro de facturas expedidas y 
facturas recibidas a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra 
mediante el suministro electrónico de los registros de facturación en los términos 
establecidos reglamentariamente, será sancionado con multa de 150 a 6.000 euros en cada 
trimestre natural.
Para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se tendrá en cuenta el conjunto de 
infracciones cometidas en cada trimestre natural.
Procederá una multa pecuniaria fija de 200 euros en los retrasos relativos a los Libros 
Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.
9. La cuantía de cada sanción de las previstas en este artículo, una vez aplicados en su 
caso los criterios de graduación, no podrá ser inferior a 300 euros, sin perjuicio de los 
supuestos que establezcan otro importe mínimo superior. Posteriormente se aplicará, si 
procede, la reducción fijada en el artículo 71.4.
Artículo 73.  Sanciones accesorias por infracciones simples.
Las infracciones establecidas en el apartado 2 del artículo anterior, sancionadas con 
multa igual o superior a 1.000.000 de pesetas, podrán ser sancionadas adicionalmente, 
cuando de la infracción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la 
eficacia de la gestión tributaria, con la pérdida, por un período máximo de dos años, del 
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales aplicables y de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la imposibilidad de contratar durante el 
mismo tiempo con la Administración de la Comunidad Foral y otros entes públicos.
Artículo 74.  Sanciones a cargos de entidades de crédito.
Si el sujeto infractor fuese una entidad de crédito, además de las sanciones que resulten 
procedentes de acuerdo con el apartado 7 del artículo 72 de esta Ley Foral, podrán ser 
impuestas a quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección y sean 
responsables de las infracciones conforme a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito, las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 
de esta última Ley.
Artículo 75.  Sanciones a autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones 
oficiales.
Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios o personas que ejerzan 
profesiones oficiales, y siempre que de la infracción cometida se deriven consecuencias de 
gran trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria, la multa que proceda conforme al 
apartado 2 del artículo 72 de esta Ley Foral llevará aparejada la suspensión por plazo de un 
mes, si su cuantía fuera superior a 1.500.000 pesetas; por plazo de seis meses, si fuera 
superior a 6.000.000 de pesetas, y por plazo de un año, si fuera superior a 30.000.000 de 
pesetas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 76.  Sanciones por infracciones graves.
1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional del 75 al 180 por 100 de las cuantías a que se refiere el articulo 69.1, salvo lo 
dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este apartado y en el artículo siguiente y sin 
perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3.
La falta de ingreso en plazo de tributos o de pagos a cuenta que hubieran sido incluidos 
o regularizados por el mismo obligado tributario en una autoliquidación presentada con 
posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 52.3 será 
sancionado con multa pecuniaria proporcional del 55 por 100 de las cuantías dejadas de 
ingresar, sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3. Lo previsto en este párrafo no 
será aplicable cuando la autoliquidación presentada incluya ingresos correspondientes a 
conceptos y periodos impositivos respecto a los que se hubiera notificado previamente un 
requerimiento de la Administración tributaria.
En los procedimientos sancionadores por infracción tributaria grave que se incoen como 
consecuencia de requerimientos efectuados por un órgano de la Administración tributaria 
que no sea competente para dictar los actos administrativos de liquidación tributaria del 
impuesto de que se trate, la multa pecuniaria proporcional será del 55 al 120 por 100 de las 
cuantías a que se refiere al artículo 69.1, y sin perjuicio de la reducción fijada en el 
artículo 71.3.
La infracción tributaria grave prevista en el párrafo segundo del artículo 68.c) se 
sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 sobre la cantidad 
indebidamente solicitada, sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3.
2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la 
finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que 
regularice la situación tributaria.
3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción tributaria 
grave represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse y 
excediera de 5.000.000 de pesetas, concurriendo, además, alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 71, apartado 1, letras b) o c), de esta Ley Foral, los sujetos infractores 
podrán ser sancionados, además, con:
a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la 
Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos.
Artículo 77.  Otras sanciones por infracciones graves.
1. En el supuesto de infracción previsto en el primer párrafo del artículo 68.d), la base de 
la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas. En 
el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 68.d), se entenderá que la cantidad 
indebidamente determinada o acreditada es el incremento de la renta neta o de las cuotas 
repercutidas, o la minoración de las cantidades o cuotas a deducir o de los incentivos 
fiscales, del periodo impositivo.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 si se trata de 
partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 40 por 100 si se trata de partidas 
a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, sin perjuicio de la reducción 
establecida en el apartado 3 del artículo 71.
Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado serán deducibles en la 
parte proporcional correspondiente de las que pudieran proceder por las infracciones 
cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la 
compensación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a deducir pueda 
exceder de la sanción correspondiente a dichas infracciones.
2. Las entidades en régimen de transparencia fiscal serán sancionadas:
a) Con multa pecuniaria proporcional del 20 al 60 por 100 de la diferencia entre las 
cantidades reales a imputar en la base imponible de los socios y las declaradas, sin perjuicio 
de la reducción establecida en el apartado 3 del artículo 71 de esta Ley Foral.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Tratándose de infracciones cometidas en la imputación de deducciones, 
bonificaciones y retenciones, con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100, de la 
cuantía indebida de las mismas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del 
artículo 71 de esta Ley Foral.
3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingreso de tributos repercutidos, de 
ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie o de cantidades retenidas o 
que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto serán sancionadas con multa 
pecuniaria proporcional en cuantía del 90 al 200 por 100, sin perjuicio de la reducción 
recogida en el apartado 3 del artículo 71.
4. Las infracciones graves consistentes en expedir facturas con datos falsos o falseados 
serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional en cuantía del 90 al 200 por 100 del 
importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción, sin perjuicio de la 
reducción recogida en el apartado 3 del artículo 71.
5.a) La infracción señalada en el artículo 68.g) se sancionará con multa pecuniaria fija de 
150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por 
cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la 
infracción. No obstante, las infracciones del artículo 68.g).f’) se sancionarán con multa 
pecuniaria fija de 1000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se 
produzca la falta del certificado.
b) La infracción señalada en el artículo 68.h), se sancionará con multa pecuniaria fija de 
50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas 
o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo 
que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos 
certificados.
Artículo 78.  Extinción de la responsabilidad.
La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento 
de la sanción, por prescripción y por fallecimiento del infractor.
TÍTULO IV
La gestión tributaria
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 79.  Obligación de resolver.
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las 
cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a 
instancia de parte excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo 
deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida 
sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria 
declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a 
resolver sobre su petición.
2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y 
reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión 
tributaria, los de imposición de sanciones, así como cuantos otros se establezcan en la 
normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 80.  Estado de tramitación de los procedimientos. Copia de los documentos.
El obligado tributario que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá 
conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del 
procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en 
el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras 
personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e 
investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se 
refiere el artículo 86 de esta Ley Foral.
Artículo 81.  Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos.
Los obligados tributarios podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al 
servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos de gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados.
Artículo 82.  Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de 
declaraciones y documentos.
Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 
declaraciones tributarias por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las 
mismas. Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la 
Administración tributaria, así como de la fecha de dicha presentación, los obligados 
tributarios tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten 
junto con los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban 
obrar en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales.
Artículo 83.  Presentación de documentos.
Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten 
exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión tributaria de que se trate. 
Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 
mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante.
Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de 
aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en 
dichos documentos.
Artículo 84.  Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los 
derechos.
1. La Administración tributaria facilitará en todo momento al obligado tributario el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los 
obligados tributarios deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para 
éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
3. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los 
procedimientos tributarios podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la 
videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea 
de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el 
órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en 
su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, 
autenticidad e integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración 
tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la 
fecha y hora de su desarrollo.
Artículo 85.  Alegaciones.
Los obligados tributarios podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión 
tributaria anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta de 
resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán 
tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de 
resolución.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 86.  Audiencia al interesado.
1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de 
dictar la resolución.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado.
Artículo 87.  Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla en los procedimientos de 
gestión tributaria será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente 
procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley 
fije un plazo mayor.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este 
será de seis meses.
2. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración 
tributaria, los períodos de interrupción justificada y los períodos de suspensión del plazo que 
se produzcan conforme a lo previsto en esta ley foral y sus normas de desarrollo, no se 
incluirán en el cómputo del plazo de resolución.
A estos efectos, el curso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución se 
suspenderá cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Requerimiento a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y para la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie 
entra la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su 
defecto, el transcurso del plazo concedido.
b) Solicitud de datos o informes que sean determinantes del contenido de la 
correspondiente resolución a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral o de 
otras Administraciones Públicas, por el tiempo que medie entra la solicitud y la recepción de 
aquellos.
Tanto la solicitud como la recepción de tales datos o informes habrán de ser puestas en 
conocimiento del interesado.
La suspensión por esta causa no podrá exceder, para todas las peticiones de informes y 
datos que pudieran efectuarse, de tres o de seis meses, dependiendo de que la 
Administración a la que se hubieran solicitado sea la de la Comunidad Foral u otra.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin 
haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada 
por silencio administrativo, excepto en los supuestos a que una norma con rango de ley 
establezca lo contrario.
4. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de revisión en vía 
administrativa regulados en el capítulo VII del título IV de esta ley foral.
5. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido 
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del 
procedimiento.
Una vez producida la caducidad, será declarada de oficio o a instancia del interesado, 
ordenándose el archivo de las actuaciones.
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la 
Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados 
no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a 
los efectos previstos en el artículo 52.3.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los 
documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su 
validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan 
iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.
6. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente 
regulado el régimen del silencio administrativo que le corresponda.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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7. En el procedimiento de apremio regulado en el capítulo V del título IV de esta ley foral, 
las actuaciones llevadas a cabo en el mismo podrán extenderse hasta el plazo de 
prescripción de la acción de cobro.
8. Los plazos se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo 
de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
9. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá 
de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
Artículo 88.  Devoluciones de oficio.
La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo 
con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido 
el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis 
meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la 
Administración tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora 
regulado en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos 
efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo del que dispone la 
Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se 
ordene el pago de la correspondiente devolución.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra 
pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto a aquel sujeto pasivo que no se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla 
con ellas.
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto 
pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del 
cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.
Artículo 89.  Órganos administrativos.
1. Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación 
en sus dos órdenes de gestión, para la liquidación y recaudación, y de resolución de 
recursos o reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas a 
órganos diferentes.
2. La competencia por razón de la materia de los distintos órganos, sean de liquidación y 
recaudación o de resolución de recursos o reclamaciones, se determinará en sus respectivas 
normas reglamentarias.
Artículo 90.  Colaboración social.
1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá instrumentarse a través de 
acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y organismos 
representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.
Dicha colaboración podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:
a) Campañas de información y difusión.
b) Educación tributaria.
c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.
d) Asistencia en la realización de declaraciones.
e) Régimen de estimación objetiva de bases tributarias.
f) Presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos 
tributarios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Asimismo, la colaboración social podrá llevarse a cabo mediante la participación de 
las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el apartado 1 anterior en la 
configuración de los principios inspiradores de las reformas tributarias.
CAPÍTULO II
Información y asistencia al obligado tributario
Artículo 91.  Información y asistencia.
1. La Administración tributaria deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria 
asistencia e información acerca de sus derechos.
Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: 
publicación de textos actualizados de las normas tributarias, remisión de comunicaciones, 
contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos de valoración.
2. En los términos establecidos por las leyes forales, quedarán exentos de 
responsabilidad por infracción tributaria los obligados tributarios que adecúen su actuación a 
los criterios manifestados por la Administración tributaria en las publicaciones, 
comunicaciones y contestaciones a consultas a las que se refiere el apartado anterior.
Artículo 92.  Publicaciones.
1. La persona titular del departamento competente en materia tributaria acordará y 
ordenará la publicación, en el primer trimestre de cada ejercicio, de los textos actualizados 
completos de las leyes y decretos forales en materia tributaria en los que se hayan producido 
variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la 
publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que 
se hayan aprobado en dicho ejercicio.
2. También publicará periódicamente por los procedimientos que en cada caso resulten 
adecuados las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas de 
mayor trascendencia y repercusión.
3. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto 
íntegro de consultas o resoluciones concretas, con supresión en ellas de toda referencia a 
los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere.
Artículo 93.  Comunicaciones.
La Administración tributaria informará a los obligados tributarios de los criterios 
administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria a través de los 
servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitará la consulta a las bases 
informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a 
informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
Artículo 94.  Consultas tributarias.
1. Los obligados tributarios podrán formular a la Administración tributaria consultas 
debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria 
que en cada caso les corresponda.
Las consultas se formularán por los obligados tributarios mediante escrito dirigido al 
órgano competente para su contestación en el que, con relación a la cuestión planteada, se 
expresarán con claridad y con la extensión necesaria:
a) Los antecedentes y las circunstancias del caso.
b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable.
c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte 
de la Administración tributaria.
2. El obligado tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta, hubiese 
cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la misma, no incurrirá en 
responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, importes, recargos e intereses de 
demora pertinentes, siempre que la consulta se hubiese formulado antes de producirse el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las 
circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de 
este artículo.
3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios 
profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de 
consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las 
federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se 
refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.
No incurrirán en responsabilidad, en los términos del apartado anterior, los obligados 
tributarios que hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la 
constestación a las referidas consultas.
4. La contestación a las consultas escritas tendrá carácter vinculante para la 
Administración tributaria en los siguientes supuestos:
a) Inversiones en activos empresariales cuando la consulta se formule con carácter 
previo a la realización de la inversión.
b) Incentivos fiscales a la inversión establecidos con carácter temporal o coyuntural.
c) Operaciones intracomunitarias realizadas por empresas de distintos Estados 
miembros de la Unión Europea.
d) Cuando las leyes de los tributos o los reglamentos comunitarios así lo prevean.
e) Interpretación y aplicación del capítulo VIII del título VIII de la Ley Foral 26/2016, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a las operaciones de reorganización 
empresarial.
f) Interpretación y aplicación a supuestos y proyectos específicos de los incentivos a la 
investigación científica y a la innovación tecnológica previstos en el artículo 61 de la Ley 
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Reglamentariamente se determinará el alcance de los supuestos previstos en las letras 
anteriores así como el procedimiento para la tramitación y contestación de estas consultas.
5. Tendrá, asimismo, carácter vinculante, en los términos que reglamentariamente se 
determinen, la contestación a consultas escritas formuladas por:
a) Las empresas o representantes de los trabajadores, en relación con el régimen 
tributario derivado de expedientes de regulación de empleo autorizados por la Administración 
competente y con la implantación o modificación de sistemas de previsión social que afecten 
a la totalidad del personal de la empresa.
b) Las entidades de crédito y las de seguros, en relación con el régimen fiscal de los 
activos financieros y de los seguros de vida ofrecidos con carácter masivo a través de 
contratos de adhesión, siempre y cuando la consulta se formule con carácter previo a su 
difusión o divulgación.
c) Cualquier otra consulta que afecte a colectivos diferenciados, acontecimientos, hechos 
o actuaciones puntuales, realizada en la forma indicada en el artículo 94 tendrá carácter 
vinculante para la Administración Tributaria.
6. En el caso de las consultas vinculantes contempladas en los apartados 4 y 5 
anteriores, salvo en el supuesto de que se modifique la legislación o que exista 
jurisprudencia aplicable al caso, la Administración tributaria estará obligada a aplicar al 
consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se 
hubiere formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su 
declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos 
descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo.
7. En el caso de que la consulta verse sobre la existencia de un establecimiento 
permanente o sobre una transacción transfronteriza, el consultante deberá declarar dicha 
circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte de la 
Administración tributaria competente para la contestación de la consulta.
Asimismo, el escrito de consulta deberá contener, además de los datos incluidos en el 
apartado 1, los siguientes datos:
a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que pertenece, en su caso, el 
consultante.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de 
transacciones desarrolladas o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se realizará 
con pleno respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesional y al interés 
público.
c) Estados que pudieran verse afectados por la transacción u operación objeto de 
consulta.
d) Personas residentes en otros Estados que pudieran verse afectadas por la 
contestación a la consulta.
e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de asistencia mutua aplicable.
CAPÍTULO III
El procedimiento de gestión tributaria
Sección 1.ª Iniciación y trámites
Artículo 95.  Iniciación del procedimiento de gestión tributaria.
1. El procedimiento de gestión tributaria podrá iniciarse de oficio o a instancia del 
obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier 
otro medio previsto en la normativa tributaria.
2. Los documentos de iniciación del procedimiento de gestión tributaria deberán incluir, 
en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del 
obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de 
autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto 
en la normativa tributaria de uso obligatorio para los casos en que se produzca la tramitación 
masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios.
4. Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia 
tributaria, se podrán determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados 
tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
Artículo 96.  Declaración tributaria.
1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o 
reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que se han dado o producido 
las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.
2. La presentación en una oficina tributaria de la correspondiente declaración no implica 
aceptación o reconocimiento de la procedencia del gravamen.
3. Se estimará declaración tributaria la presentación ante la Administración de los 
documentos en los que se contenga o que constituya el hecho imponible.
4. Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar 
con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese 
momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración.
Artículo 97.  Denuncia pública.
1. Mediante la denuncia pública se podrán poner en conocimiento de la Administración 
tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o 
tener trascendencia para la aplicación de los tributos. La denuncia pública es independiente 
del deber de colaborar con la Administración tributaria regulado en los artículos 103 y 104.
2. Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones 
que pudieran proceder. Este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se 
considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos o 
las personas denunciadas.
Se podrán iniciar las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de 
veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración 
tributaria. En este caso, la denuncia no formará parte del expediente administrativo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que 
se inicien como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de aquéllas. 
Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación 
con los resultados de dichas actuaciones.
Artículo 98.  Derecho de la Administración tributaria a recabar declaraciones.
La Administración tributaria puede recabar declaraciones, declaraciones-liquidaciones, la 
ampliación de ellas y la justificación de los antecedentes consignados en las mismas, así 
como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesario para la 
liquidación del tributo y su comprobación.
Artículo 99.  Notificaciones.
1. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y 
recaudación de los diferentes tributos, así como en los sancionadores y en los que se 
sustancien los recursos y reclamaciones tributarias, las notificaciones se practicarán por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por parte del interesado o de 
su representante, así como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el 
contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
2. La notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o de su 
representante, en el correspondiente centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la 
respectiva actividad económica, en su caso, o en el lugar señalado a tal efecto por el 
obligado tributario o por su representante o en cualquier otro adecuado a tal fin.
Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o 
de la extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar 
esta circunstancia y se comprobará por la Administración tributaria. En estos casos, cuando 
la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será 
considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida 
la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos.
En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al 
que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en 
el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona 
autorizada expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el 
transcurso de diez días naturales desde el depósito del envío en la oficina. La utilización de 
este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente.
3. Cuando la notificación se practique en el domicilio fiscal del obligado tributario o de su 
representante, o en el lugar señalado a tal efecto por uno u otro, en el caso de no hallarse 
presentes en el momento de la entrega podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que 
se encuentre en dicho domicilio o lugar y haga constar su identidad, así como los empleados 
de la comunidad de vecinos o de propietarios del inmueble en el que radique el domicilio 
fiscal del obligado o de su representante o el lugar señalado por éstos a efectos de 
notificaciones.
El rechazo de la notificación realizado por el interesado o por su representante implicará 
que se tenga por efectuada la misma.
4. Cuando no sea posible efectuar la notificación por causas no imputables a la 
Administración e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el lugar señalado a 
tal efecto por el obligado tributario o por su representante, se harán constar en el expediente 
las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el 
destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. Una vez realizados los dos 
intentos de notificación sin éxito, se procederá, cuando ello sea posible, a dejar al 
destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole, en la 
diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia 
al objeto de hacerle entrega de la notificación en el plazo que se establezca y las 
circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a 
efectos exclusivamente informativos.
En los casos previstos en este apartado en que no haya sido posible efectuar la 
notificación, se citará al obligado tributario o a su representante, para ser notificados por BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada 
interesado, en el “Boletín Oficial de Navarra”. Dicha publicación se efectuará los miércoles 
de cada mes o, en caso de no editarse número de Boletín Oficial en esos días, el primer día 
siguiente de edición. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en las oficinas de la 
Administración tributaria que reglamentariamente se determinen. La Administración tributaria 
podrá llevar a cabo los anteriores anuncios mediante el empleo y utilización de medios 
informáticos, electrónicos y telemáticos en los términos que establezca la normativa 
tributaria.
En la publicación en el “Boletín Oficial de Navarra” constará la relación de notificaciones 
pendientes con indicación del obligado tributario o representante, procedimiento que las 
motiva, órgano competente para su tramitación y lugar y plazo en que el destinatario de 
aquellas habrá de comparecer para recibir la notificación. En todo caso, la comparecencia 
tendrá que producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el “Boletín Oficial de Navarra”. Transcurrido dicho plazo sin 
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Cuando la iniciación de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, al 
correspondiente de ellos se le tendrá por notificado también de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en 
él en cualquier otro momento. No obstante, en todo caso, las liquidaciones que se practiquen 
en el procedimiento y las resoluciones de enajenación de bienes embargados deberán ser 
notificadas con arreglo a lo establecido en este artículo.
5. El régimen de las notificaciones que se practiquen al obligado tributario a través de 
medios electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales con las 
especialidades que reglamentariamente se establezcan.
En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones 
practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a 
disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración tributaria o en la 
dirección electrónica habilitada única.
Artículo 100.  Rectificación de errores materiales o de hecho.
Serán aplicables en el procedimiento de gestión las normas contenidas en el artículo 149 
de esta ley foral sobre la rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Sección 2.ª Comprobación e investigación
Artículo 101.  Facultades.
1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, 
elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias 
determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las 
normas aplicables.
Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aún en el caso de que las 
mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se 
hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 55.a), siempre que tal 
comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a 
los que se refiere el artículo 55 que no hubiesen prescrito, salvo lo establecido en la 
normativa propia de cada tributo y en los supuestos a los que se refiere el artículo 55 bis.2, 
en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido.
En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, 
actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o 
formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la 
prescripción regulada en el artículo 55.a), hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o 
periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.
2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere 
este artículo, la Administración Tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa 
calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la 
realizó, resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20.2.
La calificación realizada por la Administración Tributaria en los procedimientos de 
comprobación e investigación en aplicación de lo dispuesto en este apartado extenderá sus 
efectos respecto de la obligación tributaria objeto de aquéllos y, en su caso, respecto de 
aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la prescripción regulada en el 
artículo 55.a).
Artículo 102.  Medios.
La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de 
documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o 
auxiliar del obligado tributario, así como por la inspección de bienes, elementos, 
explotaciones y cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la 
Administración tributaria o que sean necesarios para la determinación del tributo.
Artículo 103.  Deber de colaboración.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades 
mencionadas en el artículo 25 de esta Ley Foral, estarán obligadas a proporcionar a la 
Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia 
tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o 
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:
a) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta deberán presentar relaciones de 
los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.
b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que entre sus 
funciones realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de 
honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los 
de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos en 
conocimiento de la Administración tributaria.
A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las 
bancarias, crediticias o de mediación financiera en general, que legal, estatutaria o 
habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o 
en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el 
mercado de capitales.
c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u 
otros bienes de deudores a la Administración tributaria en periodo ejecutivo, están obligados 
a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos que les sean 
efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.
2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con 
carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante 
requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en 
cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o 
antecedentes requeridos.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá 
ampararse en el secreto bancario.
Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas 
y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión 
de cheques u otras órdenes de pago de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de 
Crédito, y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse 
en el ejercicio de las funciones de inspección o de recaudación, previa autorización de la 
persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden 
de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados 
tributarios afectados, titulares o autorizados y el periodo de tiempo al que se refieren.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y 
destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago si bien en estos casos 
no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se 
encuentra dicho origen y destino.
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a 
colaborar con la Administración tributaria para suministrar toda clase de información con 
trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:
a) El secreto del contenido de la correspondencia.
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una 
finalidad exclusivamente estadística.
El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se refieren los 
artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a 
cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la 
sociedad conyugal.
5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia 
tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales 
que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la 
intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco alcanzará a aquellos datos 
confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la 
prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la 
comprobación de su propia situación tributaria.
A efectos del artículo 8.º1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se considerará 
autoridad competente a la persona titular del departamento competente en materia tributaria.
Artículo 104.  Obligación de facilitar datos por parte de autoridades e instituciones.
1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de 
oficinas civiles o militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, los 
organismos autónomos y sociedades estatales; las Cámaras y corporaciones, colegios y 
asociaciones profesionales; las Mutualidades de Previsión Social; las demás entidades 
públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan 
funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos 
datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de 
carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes 
apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.
Participarán, asimismo, en la gestión o exacción de los tributos mediante las 
advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo 
previsto en las Leyes o normas reglamentarias vigentes.
2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos políticos, sindicatos y 
asociaciones empresariales.
3. Los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a 
requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las 
actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las 
diligencias sumariales.
4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe 
efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 103, en los 
apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el 
consentimiento del afectado.
5. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias facilitará a la Administración tributaria cuantos datos de 
trascendencia tributaria obtenga en el ejercicio de sus funciones, con carácter general o 
mediante requerimiento individualizado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 105.  Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la 
efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
a) La investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a 
instancia de persona agraviada por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la 
cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en 
la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la 
determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud.
Y también, la colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra para 
el reintegro a los usuarios y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud del exceso de las 
aportaciones realizadas en el ámbito sanitario.
Asimismo, la colaboración con el correspondiente Departamento del Gobierno de 
Navarra para la determinación del porcentaje de aportación de cada usuario en las 
prestaciones del Servicio de Asistencia Sanitaria “Uso especial”.
d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones Públicas para la lucha contra 
el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a 
cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco 
legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los 
órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
g) La colaboración con la Cámara de Comptos en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización.
h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones 
judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa, en la que 
previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se 
trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia 
de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la 
Administración tributaria.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de 
Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus 
funciones respectivas.
j) La colaboración con la Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en el ejercicio de sus funciones.
k) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la 
recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los 
obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones 
a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.
l) La utilización de datos por los órganos competentes para la realización de estadísticas 
públicas incluidas en los instrumentos oficiales de programación estadística legalmente 
previstos, que tengan interés para Navarra o que vengan exigidas por alguna norma de 
Derecho de la Unión Europea. La solicitud de información deberá acreditar que la operación 
estadística para la que se requiere la cesión de los datos tributarios cumple alguna de las 
condiciones previstas en esta letra.
m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la 
cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes 
embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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n) La colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra para los datos que 
precisen relativos a la identificación y domicilios de personas físicas y jurídicas en el ámbito 
de sus competencias.
ñ) La colaboración con el Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia 
de vivienda en el ejercicio de sus funciones de fomento del acceso a la vivienda, de gestión 
de las ayudas públicas y de mantenimiento de los registros de viviendas que se encuentren 
a su cargo.
Esta colaboración se realizará de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional octava de esta ley foral.
o) La colaboración con el Servicio de Intervención General en el ejercicio de sus 
funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el 
control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales de las entidades del sector público foral.
2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter 
tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios 
informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la 
información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de 
certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.
3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.
Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o 
antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en 
los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que 
pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre 
falta disciplinaria muy grave.
Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a 
instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o 
remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen 
constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento 
mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.
4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la 
publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.
5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, 
informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento 
y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser 
comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de 
cada tributo.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes 
tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan 
sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.
6. En el marco previsto en los apartados anteriores, los obligados tributarios pueden 
acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los 
archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos 
terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.
Artículo 105 bis.  Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones 
tributarias.
1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 
comprensivos de deudores a la Hacienda Pública de Navarra por deudas tributarias cuando 
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el importe total de las deudas tributarias pendientes de ingreso supere el importe 
de 120.000 euros.
b) Que dichas deudas tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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A efectos de lo dispuesto en este artículo las deudas tributarias estarán integradas por 
los conceptos a que se refiere el artículo 50, y no se incluirán aquellas que se encuentren 
aplazadas o suspendidas.
2. En dichos listados se incluirá la siguiente información:
a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle:
– Personas físicas: nombre apellidos y NIF.
– Personas jurídicas y entidades del artículo 25: razón o denominación social completa y 
NIF.
b) El importe conjunto de las deudas pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de 
la publicación.
c) La distinción entre deudores principales y responsables.
3. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el 
listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo 
de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho 
acuerdo, salvo lo dispuesto en el apartado 5.
La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, que podrá 
formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción 
de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha 
comunicación la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un 
intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el 
domicilio fiscal del interesado.
Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores 
materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el apartado 1.
Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá acordar la 
rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos 
legales determinados en el apartado 1.
Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.
La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado.
La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse 
las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de 
búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres 
meses desde la fecha de publicación.
El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
4. Será competente para dictar los acuerdos de publicación regulados en este artículo la 
persona que ostente la Dirección Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra, debiendo 
producirse la publicación en todo caso durante el primer semestre de cada año.
5. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo reflejada es 
la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 3.
Sin perjuicio de ello, el deudor no será incluido en el listado en el caso de que, con 
posterioridad a dicha fecha de referencia y antes de dictarse el acuerdo de publicación, 
ingrese las deudas pendientes.
Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de impugnación 
establecido en esta ley foral en relación con las actuaciones y procedimientos de los que se 
deriven las deudas tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación 
de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las 
mismas.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en orden 
a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de interrupción 
a los efectos previstos en el artículo 57.
La comunicación al deudor de la propuesta de inclusión en el listado a que se refiere el 
apartado 3, constituirá causa de interrupción de la prescripción a los efectos previstos en el 
artículo 57.
6. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sección 3.ª La prueba
Artículo 106.  La carga de la prueba.
1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, 
quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los elementos 
de prueba en poder de la Administración tributaria.
Artículo 107.  Medios y valoración de pruebas.
1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y 
valoración de pruebas se contienen en la Compilación del Derecho Civil de Navarra, en el 
Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos 
siguientes.
2. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados 
por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma 
prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado 
la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado 
respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, una vez que la Administración 
cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas 
sobre la realidad de las operaciones.
Artículo 108.  Presunción de certeza de las declaraciones.
Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 96 de esta Ley Foral se 
presumen ciertas, y sólo podrán rectificarse por el obligado tributario mediante la prueba de 
que al hacerlas se incurrió en error de hecho.
Artículo 109.  La confesión.
1. La confesión de los obligados tributarios versará exclusivamente sobre supuestos de 
hecho.
2. No será válida la confesión cuando se refiera al resultado de aplicar las 
correspondientes normas legales.
Artículo 110.  Las presunciones.
1. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante 
prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.
2. Para que las presunciones no establecidas por la ley foral sean admisibles como 
medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de 
deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
3. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se 
podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de 
liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la 
información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a 
la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal 
efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.
Artículo 111.  Valor probatorio de los Registros públicos.
La Administración tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier 
bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función, a quien figure como tal en 
un Registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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CAPÍTULO IV
Las liquidaciones tributarias
Artículo 112.  Clases.
1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
2. Tendrán consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su 
valoración, haya mediado o no liquidación provisional.
b) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señale en la ley foral de 
cada tributo, sin perjuicio de la prescripción.
3. Cuando en una liquidación de un tributo la base se determine en función de las 
establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto estas últimas no adquieran 
firmeza.
4. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, 
complementarias, caucionales, parciales o totales.
También tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 160.2 y 163.3 b.
Artículo 113.  Liquidaciones provisionales de oficio. Comprobación abreviada.
1. La Administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos 
consignados en sus declaraciones por los obligados tributarios.
2. Los órganos de gestión podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo 
con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos 
presentados con la declaración o requeridos al efecto.
De igual manera podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos 
de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la 
existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de 
elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.
Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la 
práctica de devoluciones tributarias, el importe de la devolución efectuada por la 
Administración tributaria no coincida con el solicitado por el obligado tributario, siempre que 
concurran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos 
de prueba a que se refiere el párrafo segundo de este apartado.
3. Para practicar tales liquidaciones los órganos de gestión podrán efectuar las 
actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se 
puedan extender al examen de los libros contables de actividades empresariales o 
profesionales.
No obstante lo anterior, el obligado tributario deberá exhibir, si fuera requerido para ello, 
al objeto de que la Administración tributaria pueda realizar las comprobaciones procedentes, 
los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, cualquier otro libro, 
registro o documento de carácter oficial, incluida copia de la contabilidad mercantil, así como 
las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos 
libros, registros o documentos.
4. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados 
o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo no superior a 15 días, puedan 
alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Artículo 114.  Notificación de las liquidaciones tributarias.
1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los obligados tributarios con expresión:
a) De los elementos esenciales de aquéllas. La liquidación deberá expresar de forma 
concreta los hechos y elementos que la motivan.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y 
órganos en que habrán de ser interpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán 
acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria.
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación 
correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse 
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El 
aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 
obligado tributario con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo 
motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general 
autorizadas por leyes forales.
4. Podrá disponerse por vía reglamentaria en qué supuestos no sea preceptiva la 
notificación expresa, siempre que la Administración tributaria así lo advierta por escrito al 
presentador de la declaración, documento o parte de alta.
5. Cuando el obligado tributario rehúse recibir la notificación o cuando no sea posible 
realizar dicha notificación por causas ajenas a la voluntad de la Administración tributaria, se 
estará respectivamente a lo dispuesto en el artículo 99, apartados 3 y 4 de esta Ley Foral.
Artículo 115.  Notificación defectuosa.
1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el obligado 
tributario se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el 
ingreso de la deuda tributaria.
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas 
personalmente a los obligados tributarios que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren 
omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, en 
solicitud de que la Administración tributaria rectifique la deficiencia.
CAPÍTULO V
La recaudación
Artículo 116.  Períodos voluntario y ejecutivo.
1. La recaudación de los tributos se realizará en período voluntario o en período 
ejecutivo.
2. El pago en período voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el 
artículo 52 de esta Ley Foral.
3. El período ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del 
vencimiento del plazo reglamentariamente establecido para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación 
presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado 
para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al presentar aquélla.
4. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en 
período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos 
expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como 
las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo 
cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra 
solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en 
especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera 
producido el mismo.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción 
impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y 
haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas 
que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley 
Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de 
que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho Texto Refundido.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5. El régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación 
será el establecido en el artículo 99 de esta Ley Foral.
Artículo 117.  Recaudación en periodo ejecutivo.
1. El comienzo del período ejecutivo determinará el devengo de los intereses de demora 
y de los recargos propios de dicho período.
Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo reducido 
de apremio y recargo ordinario de apremio.
Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario.
2. El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de 
apremio.
3. El recargo reducido de apremio será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga 
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la 
finalización del plazo reglamentariamente establecido para el pago de las deudas para las 
que se haya iniciado el procedimiento de apremio.
4. El recargo ordinario de apremio será del 20 por 100 y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.
5. El recargo ordinario de apremio es compatible con los intereses de demora. Cuando 
resulten aplicables el recargo ejecutivo o el recargo reducido de apremio no se exigirán los 
intereses de demora que se hubieran devengado desde el comienzo del período ejecutivo 
sobre la deuda satisfecha antes de la finalización del plazo reglamentariamente establecido 
para el pago de las deudas para las que se haya iniciado el procedimiento de apremio.
6. Comenzado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación 
de las deudas liquidadas o autoliquidadas, a las que se refiere el artículo 116.3 de esta Ley 
Foral, por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
7. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor, en 
la que se identificará la deuda pendiente y se le requerirá para que efectúe su pago junto con 
los recargos del periodo ejecutivo y los intereses de demora correspondientes.
Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, 
se procederá al embargo de sus bienes, acerca de lo cual se le habrá hecho advertencia en 
la providencia de apremio.
8. La providencia de apremio, expedida por órgano competente, constituye título 
suficiente para iniciar el procedimiento de apremio, y tiene la misma fuerza ejecutiva que las 
sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
9. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio.
Artículo 118.  Medidas cautelares.
1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la 
Administración tributaria deberá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando 
existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente 
dificultado.
La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los 
motivos que justifican su aplicación.
2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la 
cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda, incrementada con los 
intereses, recargos y gastos de ejecución. En ningún caso se adoptarán aquellas que 
puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
3. Las medidas cautelares podrán consistir en:
a) La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar 
la Comunidad Foral. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá 
ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.
b) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, 
anotación preventiva.
c) La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o 
subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad 
principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones 
tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a 
trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o 
servicios objeto de la contratación o subcontratación.
e) Cualquier otra legalmente prevista.
4. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la 
tramitación de los procedimientos de gestión, de inspección y de recaudación desde el 
momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y 
suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el 
cumplimiento de los límites señalados en el apartado 2.
5. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas 
de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de 
garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que 
existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende 
suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas 
cautelares que aseguren el cobro de las mismas.
Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente, 
o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la solicitud de 
suspensión.
6. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su 
adopción, salvo en los siguientes supuestos:
a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas 
cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.
b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.
c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se 
estime suficiente.
En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario 
presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado 
de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el 
obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento 
aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración tributaria 
deberá abonar los gastos del aval aportado.
d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda 
exceder de seis meses.
e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 163 o 
tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses 
desde su adopción.
Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 163, una 
vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 160.2, podrá ampliarse el plazo 
mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda 
exceder de 18 meses.
Las medidas a que se refiere esta letra e) podrán convertirse en embargos del 
procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.
7. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente 
para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades lucrativas 
ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá acordarse 
el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido 
previamente declarados a la Administración tributaria.
8. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora 
se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda pública o se haya 
dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se 
refiere el artículo 160.2, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración 
tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición adicional decimonovena.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de 
comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el 
órgano competente de la Administración tributaria con posterioridad a la incoación de las 
correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su 
caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales.
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares 
podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como 
posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere 
el artículo 126 del Código Penal.
Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración 
tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se 
mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en 
medida jurisdiccional o levantamiento.
Artículo 119.  Naturaleza del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo. La competencia para 
entender del mismo y resolver todos sus incidentes es exclusiva de la Administración 
tributaria.
2. Dicho procedimiento no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de 
ejecución. Su iniciación o continuación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo 
cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, 
de Conflictos Jurisdiccionales, o en lo establecido en el apartado siguiente.
3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene 
establecido por la Ley en atención a su naturaleza, en el caso de concurrencia del 
procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de 
ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la 
ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las 
siguientes reglas:
a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el 
procedimiento de apremio será preferente siempre que el embargo efectuado en su curso 
sea el más antiguo.
b) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de 
ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o 
derechos que hayan sido objeto de embargo en su curso, siempre que el embargo acordado 
en él se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.
Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal y, en su caso, en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública 
de Navarra, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y se 
devenguen los recargos del periodo ejecutivo si se dieran las precisas condiciones antes de 
la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa.
Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los 
órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de 
ejecución que precisen para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo tendrán este deber 
de colaboración respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos administrativos con 
competencia para tramitar procedimientos de ejecución.
4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Comunidad Foral el 
derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, podrá suscribir los 
acuerdos o convenios concertados en el curso de los procesos concursales, así como 
acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas 
condiciones singulares de pago, que no podrán ser más favorables para el deudor que las 
recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá 
ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la 
compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.
Para concertar y suscribir los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se 
requerirá únicamente autorización del órgano competente de la Administración tributaria.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 120.  Ejecución de la garantía.
Si la deuda estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra 
garantía, se procederá en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo caso por los 
órganos de recaudación competentes a través del procedimiento administrativo de apremio.
No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de 
otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea 
proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes 
suficientes al efecto. En estos casos la garantía prestada quedará sin efecto en la parte 
asegurada por los embargos.
Artículo 121.  Orden de prelación.
1. El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir 
el importe de la deuda tributaria, los intereses que se hayan causado o se causen hasta la 
fecha del ingreso en la Tesorería de la Comunidad Foral y las costas del procedimiento, con 
respeto siempre al principio de proporcionalidad.
2. En el embargo se guardará el orden siguiente:
a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
c) Sueldos, salarios y pensiones.
d) Bienes inmuebles.
e) Establecimientos mercantiles o industriales.
f) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
g) Frutos y rentas de toda especie.
h) Bienes muebles y semovientes.
i) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.
3. Siguiendo el orden anterior, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos 
conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la 
deuda; se dejará para el último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el 
domicilio del deudor.
A solicitud del deudor se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale 
garantizan con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda que los que 
preferentemente deban ser trabados y no se causare con ello perjuicio a tercero.
4. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter 
general por las Leyes ni aquéllos de cuya realización se presuma que resultaría fruto 
insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.
Artículo 122.  Embargo de bienes entregados o depositados.
1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, 
valores u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de 
crédito o a otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que 
proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos y la situación de cada cuenta, 
depósito, valores u operación existentes en dicha persona o entidad.
2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de 
varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos efectos, en el 
caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de 
titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo 
que se pruebe una titularidad material diferente.
3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el cobro de 
sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil respecto del importe de dicha cuenta correspondiente al sueldo, salario 
o pensión de que se trate, considerándose como tal el último importe ingresado en dicha 
cuenta por ese concepto.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 123.  Comprobación e investigación de bienes y derechos.
1. Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación 
de los bienes o derechos de los obligados al pago de una deuda tributaria, para asegurar o 
efectuar su cobro, y ostentarán cuantas facultades reconocen a la Administración tributaria 
los artículos 102 a 104 de esta Ley Foral, con los requisitos allí establecidos. Asimismo, y a 
tales efectos, el órgano competente podrá autorizar que las investigaciones realizadas 
afecten al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si 
bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas 
en las que se encuentre dicho origen y destino.
2. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando la Administración 
tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con el orden previsto en el 
apartado 2 del artículo 121 de esta Ley Foral.
3. Los órganos de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales necesarias para 
la ejecución de los actos que se dicten en el curso del procedimiento de apremio.
Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se 
dictaren por los órganos de recaudación, éstos podrán proceder, previo apercibimiento, a la 
ejecución subsidiaria de los mismos, mediante acuerdo del órgano competente.
4. Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que 
desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación tendrán las facultades que se 
reconocen a la Inspección de los tributos en el artículo 131, con los requisitos allí 
establecidos.funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación, 
tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su 
formalización, salvo que se acredite lo contrario.
5. Las diligencias extendidas en el ejercicio de sus funciones recaudatorias a lo largo del 
procedimiento de apremio por funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos 
de recaudación, tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos 
que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
6. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación 
serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones 
recaudatorias que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el 
auxilio necesario para el ejercicio de la gestión recaudatoria.
Artículo 124.  Realización del embargo.
1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la 
persona con la que se entienda dicha actuación.
Hecho el embargo, se notificará al deudor y, en su caso, al tercero titular, poseedor o 
depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al 
cónyuge del deudor cuando los bienes sean gananciales o de conquistas y a los condueños 
o cotitulares de los mismos.
2. Si los bienes embargados fueren inscribibles en un registro público, la Administración 
tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro 
correspondiente, conforme a mandamiento expedido por funcionario del órgano competente, 
con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo. La anotación 
preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios 
establece el artículo 62 de esta Ley Foral.
3. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su 
depósito en la forma que se determine reglamentariamente.
4. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, 
de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se aprecia que la continuidad en la 
dirección de la actividad hace previsible la producción de perjuicios irreparables en la 
solvencia del deudor, el órgano competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano 
de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que 
intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se establezca, 
fiscalizando previamente a su ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo 
administrativo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5. La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes 
muebles e inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio 
se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o 
participaciones de aquélla y éste ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto 
sobre la sociedad titular de los bienes muebles e inmuebles en cuestión en los términos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular 
cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en 
la hoja abierta a las fincas en el Registro de la propiedad competente en virtud del 
correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida cautelar contra 
persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente 
relación de control cuyo presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento.
El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de 
alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción.
La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las 
participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Asimismo, la Administración 
tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su 
mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente 
acreditados por la sociedad, o cuando, a solicitud de interesado, se sustituya la medida por 
otra garantía que se estime suficiente.
Artículo 125.  Suspensión del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos 
en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-
administrativas.
2. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar 
garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, 
aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido 
ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
Artículo 126.  Tercerías.
1. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le 
pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados o cuando un tercero considere 
que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Comunidad Foral, 
formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
2. Tratándose de una reclamación por tercería de dominio, se suspenderá el 
procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes controvertidos, una vez que se 
hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan, sin perjuicio de que se pueda 
continuar dicho procedimiento sobre el resto de los bienes o derechos del obligado al pago 
que sean susceptibles de embargo hasta quedar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejará 
sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de la reclamación sin que ello suponga 
reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante.
3. Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización 
de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la tercería.
4. La normativa recaudatoria determinará el procedimiento para tramitar y resolver las 
reclamaciones de tercería.
Artículo 127.  Enajenación de bienes embargados.
1. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y 
derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de 
liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de dinero en 
efectivo o ingresado en entidades financieras, fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en 
los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de 
forma expresa su enajenación.
2. La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta, 
concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación a la Comunidad Foral 
de los bienes embargados cuando no lleguen a enajenarse por el procedimiento regulado 
reglamentariamente.
El importe por el que se adjudicarán dichos bienes será el de la deuda no pagada, sin 
que exceda del 75 por 100 de la valoración que sirvió de tipo inicial en el procedimiento de 
enajenación.
4. En cualquier momento anterior al de la adjudicación de bienes se podrán liberar los 
bienes embargados pagando la deuda tributaria, las costas y los intereses posteriores 
devengados durante el procedimiento.
Artículo 128.  Motivos de oposición al apremio.
1. Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes 
motivos de oposición:
a) Pago o extinción de la deuda.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.
2. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de 
los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio.
Artículo 129.  Competencia de la gestión recaudatoria.
1. Salvo precepto en contrario, la recaudación en periodo ejecutivo de las deudas 
tributarias cuya gestión corresponda a la Administración de la Comunidad Foral o a las 
entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma se efectuará, en su 
caso, a través del procedimiento de apremio, por el departamento competente en materia 
tributaria u organismo público que la tenga atribuida.
2. En virtud de convenio con la Administración o ente interesado, que habrá de 
publicarse en el «Boletín Oficial de Navarra», el organismo público que tenga atribuida, en su 
caso, la recaudación en período ejecutivo podrá asumir la gestión recaudatoria de recursos 
tributarios que no le corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.
CAPÍTULO VI
La Inspección tributaria
Artículo 130.  Funciones.
1. Corresponde a la Inspección tributaria:
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean 
ignorados por la Administración.
b) La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de 
comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva y a través de las 
actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta.
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación 
e investigación en los términos que reglamentariamente se establezcan.
d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, 
aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los 
particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación 
de los tributos.
2. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán 
considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que 
les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario 
para el ejercicio de la función inspectora.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 131.  Facultades de la inspección de los tributos.
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, 
contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con 
transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos 
informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, 
elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse 
a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen 
funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás 
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a 
gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos 
de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo 
anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tributos, se 
precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se 
determine.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el 
domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la Administración tributaria 
deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.
3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida 
colaboración en el desarrollo de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, 
por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las 
actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y 
demás elementos solicitados.
Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia 
personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo 
exija.
4. En el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares 
debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas 
determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue 
posteriormente su existencia o exhibición.
Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las 
mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, 
archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la 
información de que se trate.
Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines 
anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o 
imposible reparación.
Artículo 132.  Examen de la documentación.
1. Los libros y la documentación del obligado tributario, incluidos los programas 
informáticos y archivos en soporte magnético que tengan relación con el hecho imponible, 
deberán ser examinados por la Inspección tributaria en el domicilio, local, despacho u oficina 
de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.
No obstante, previa conformidad del interesado o de su representante, podrán 
examinarse en las oficinas del departamento competente en materia tributaria. En todo caso, 
la Inspección tributaria podrá analizar en sus oficinas las copias de los mencionados libros y 
documentos.
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o 
de justificantes exigidos por éstas, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la 
Administración tributaria para su examen.
Artículo 133.  Lugar de las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la 
inspección:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél donde su 
representante tenga su domicilio, despacho u oficina, siempre que este último esté situado 
en territorio navarro.
b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del 
presupuesto de hecho de la obligación tributaria.
d) En las oficinas públicas a que se refiere el artículo 135.2, cuando los elementos sobre 
los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.
e) En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando dichas 
actuaciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el artículo 84.3. La 
utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado tributario.
2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, 
dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las 
actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.
3. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad 
reducida, la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado a la misma, de 
entre los descritos en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 134.  Documentación de las actuaciones inspectoras.
Las actuaciones de la Inspección tributaria, en cuanto hayan de tener alguna 
trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documentarán en diligencias, 
comunicaciones y actas previas o definitivas.
Artículo 135.  Actas de inspección: Contenido y lugar de extensión.
1. En las actas de la Inspección tributaria que documenten el resultado de sus 
actuaciones se consignarán:
a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o 
representación con que comparece.
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al obligado tributario.
c) La regularización que la Inspección estime procedente de las situaciones tributarias.
d) La conformidad o disconformidad del obligado tributario.
2. La Inspección tributaria podrá determinar que las actas a que se refiere el apartado 
anterior sean extendidas bien en la oficina, local o negocio, despacho o vivienda del obligado 
tributario, bien en las oficinas de la Administración tributaria o del Ayuntamiento del término 
municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.
3. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección tributaria tienen naturaleza de 
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que 
se acredite lo contrario.
4. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se 
presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de 
hecho.
Artículo 136.  Actas en disconformidad y de prueba preconstituida. Actas suscritas sin 
autorización suficiente.
1. Cuando el obligado tributario no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste su 
conformidad a las circunstancias en ella consignadas, la tramitación de dichas actas se 
realizará de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
2. No será preciso que el obligado tributario suscriba la correspondiente acta de la 
Inspección tributaria cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien, en 
este caso, deberá notificarse a aquél la iniciación de las correspondientes actuaciones 
administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores 
o inexactitudes acerca de dicha prueba preconstituida.
3. Las actas suscritas por personas sin autorización suficiente se tramitarán según el 
apartado 1 de este artículo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 137.  Plan de control tributario.
La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que 
tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios 
generales que lo informen.
Artículo 138.  Iniciación del procedimiento de inspección y ampliación de las actuaciones.
1. El procedimiento de inspección se iniciará:
a) De oficio.
b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el apartado 3 de esta 
artículo.
2. Con anterioridad al inicio del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
verificación y de constatación, con el fin de conocer de manera más adecuada las 
circunstancias del caso concreto y de poder decidir sobre la conveniencia o no de iniciar 
dicho procedimiento.
En este caso, las actuaciones realizadas no se considerarán requerimientos 
administrativos a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 52.
3. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de 
carácter parcial, podrá solicitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter 
general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa 
las actuaciones en curso.
El obligado tributario deberá formular la solicitud en el plazo de 15 días desde la 
notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.
La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la 
inspección de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud. El 
incumplimiento de este plazo determinará que las actuaciones inspectoras de carácter 
parcial no interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo 
y período con carácter general.
Artículo 139.  Plazo de las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de:
a) 18 meses, con carácter general.
b) 27 meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de 
las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación:
1.º Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al 
requerido para auditar sus cuentas.
2.º Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de 
consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de 
comprobación inspectora.
Cuando se realicen actuaciones inspectoras con diversas personas o entidades 
vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, del 
Impuesto sobre Sociedades, la concurrencia de las circunstancias previstas en esta letra en 
cualquiera de ellos determinará la aplicación de este plazo a los procedimientos de 
inspección seguidos con todos ellos.
El plazo de duración del procedimiento al que se refiere este apartado podrá extenderse 
en los términos señalados en los apartados 4 y 5.
2. El plazo del procedimiento inspector se contará desde la fecha de notificación al 
obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda notificado el acto 
administrativo resultante del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar 
y de computar el plazo de resolución será suficiente acreditar que se ha realizado un intento 
de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
En la comunicación de inicio del procedimiento inspector se informará al obligado 
tributario del plazo que le resulte aplicable.
En el caso de que las circunstancias a las que se refiere la letra b) del apartado anterior 
se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras el plazo será de 27 meses, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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contados desde la notificación de la comunicación de inicio, lo que se pondrá en 
conocimiento del obligado tributario.
El plazo será único para todas las obligaciones tributarias y periodos que constituyan el 
objeto del procedimiento inspector, aunque las circunstancias para la determinación del 
plazo sólo afecten a algunas de las obligaciones o periodos incluidos en el mismo, salvo el 
supuesto de desagregación previsto en el apartado 3.
A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector no será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 87.2, respecto de las dilaciones en el procedimiento por causa no 
imputable a la Administración.
3. El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el momento en 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin 
practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 161.
b) La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 
suspensión o paralización respecto de determinadas obligaciones tributarias o elementos de 
las mismas de un procedimiento inspector en curso.
c) El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el 
procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en la 
normativa relativa a las Comunidades Autónomas, en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y en la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco o la recepción de la comunicación del mismo.
d) El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de 
liquidación o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones.
e) La concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender las 
actuaciones.
Salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra d) de este apartado, la inspección 
no podrá realizar ninguna actuación en relación con el procedimiento suspendido por las 
causas anteriores, sin perjuicio de que las solicitudes previamente efectuadas al obligado 
tributario o a terceros deban ser contestadas. No obstante, si la Administración Tributaria 
aprecia que algún periodo, obligación tributaria o elemento de esta no se encuentran 
afectados por la causas de suspensión, continuará el procedimiento inspector respecto de 
los mismos, pudiendo, en su caso, practicarse por ellos la correspondiente liquidación. A los 
solos efectos del cómputo del periodo máximo de duración, en estos casos, desde el 
momento en el que concurre la circunstancia de la suspensión, se desagregarán los plazos 
distinguiendo entre la parte del procedimiento que continúa y la que queda suspendida. A 
partir de dicha desagregación, cada parte del procedimiento se regirá por sus propios 
motivos de suspensión y extensión del plazo.
La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos desde que concurran las 
circunstancias anteriormente señaladas, lo que se comunicará al obligado tributario a efectos 
informativos, salvo que con esta comunicación pudiera perjudicarse la realización de 
investigaciones judiciales, circunstancia que deberá quedar suficientemente motivada en el 
expediente. En esta comunicación, se detallarán los periodos, obligaciones tributarias o 
elementos de estas que se encuentran suspendidos y aquellos otros respecto de los que se 
continúa el procedimiento por no verse afectados por dichas causas de suspensión.
La suspensión finalizará cuando tenga entrada en el registro de la correspondiente 
Administración Tributaria el documento del que se derive que ha cesado la causa de 
suspensión, se consiga efectuar la notificación o se constate la desaparición de las 
circunstancias determinantes de la fuerza mayor.
Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que reste 
hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o por seis meses, si este último fuera 
superior.
4. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, uno o varios periodos en los que la 
inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedará suspendido el 
plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento y supondrán una 
extensión del plazo máximo de duración del mismo.
El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se encuentra suficientemente 
justificada o si se aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La 
denegación no podrá ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa.
5. Cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario 
manifieste que no tiene o no va a aportar la información o documentación solicitada o no la 
aporta íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su aportación posterior 
determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector por un 
período de tres meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al 
menos nueve meses desde su inicio. No obstante, la extensión será de seis meses cuando 
la aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente 
para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias.
Asimismo, el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se extenderá por un 
periodo de seis meses cuando tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias 
determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, 
documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias.
6. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el 
apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará 
hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones 
tributarias pendientes de liquidar:
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones 
inspectoras desarrolladas durante el plazo señalado en el apartado 1.
La prescripción se entenderá interrumpida por la realización de actuaciones con 
posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 1. El obligado tributario 
tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las 
actuaciones que vayan a realizarse.
b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación 
practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento 
previsto en el apartado 1 y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y 
período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los 
efectos del artículo 52.3.
c) No se exigirán intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento 
hasta la finalización del procedimiento.
7. Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales 
y ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período 
que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del 
plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo 
se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la 
resolución.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. 
La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera 
correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que 
se haya dictado la nueva liquidación.
CAPÍTULO VII
Revisión en vía administrativa
Sección 1.ª Normas comunes
Artículo 140.  Medios de revisión.
1. Los actos de gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, los 
actos de gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público, los actos de imposición de 
sanciones tributarias, así como los actos administrativos a que se refiere el artículo 155.3, 
dictados por la Hacienda Tributaria de Navarra, podrán ser revisados conforme a lo 
establecido en este capítulo, utilizando alguno de los siguientes medios:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Los procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso de reposición.
c) Las reclamaciones económico-administrativas.
d) El Recurso extraordinario de revisión.
2. Las resoluciones firmes del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, así 
como los actos de gestión e inspección de los tributos, de imposición de sanciones y de 
gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público dictados por la Hacienda Tributaria 
de Navarra sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán 
ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los 
supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 146, rectificación de errores 
del artículo 149 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 159.
Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrán ser 
declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 147.
3. Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en 
ningún caso los actos de gestión e inspección de los tributos, de imposición de sanciones, y 
de gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público dictados por la Hacienda 
Tributaria de Navarra ni las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 141.  Capacidad, representación, prueba y notificaciones.
1. Sin perjuicio de las especialidades que resulten aplicables a cada procedimiento, son 
de aplicación en los procedimientos especiales de revisión, recursos de reposición, 
reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión las normas 
sobre capacidad, representación y prueba establecidas con carácter general en esta ley 
foral.
2. El régimen de las notificaciones será el establecido con carácter general en esta ley 
foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un 
intento de notificación que contenga el texto íntegro del acto o de la resolución.
Artículo 142.  Motivación de las resoluciones.
Las resoluciones de los procedimientos de revisión regulados en este capítulo deberán 
ser motivadas, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
También deberán ser motivados los siguientes actos que pudieran dictarse en los 
mencionados procedimientos:
a) La inadmisión de escritos presentados por los interesados.
b) La inadmisión o denegación de las solicitudes de suspensión de la ejecución de los 
actos impugnados.
c) La procedencia o improcedencia de la recusación presentada por los interesados para 
conocer de los asuntos.
d) La denegación de las solicitudes de práctica de pruebas.
e) Los que limiten derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento.
f) La suspensión del procedimiento en vía administrativa o las causas que impidan su 
continuación.
Artículo 143.  Suspensión de la ejecución del acto impugnado.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, la interposición del recurso 
de reposición o reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o 
derechos liquidados, intereses y recargos.
2. No obstante, la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a 
instancia del interesado si se garantiza el importe económico derivado de dicho acto, los 
intereses de demora que genere la suspensión así como los recargos y demás gastos que 
procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida 
automáticamente sin necesidad de aportar garantías, de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley foral.
El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá modificar la 
resolución sobre la suspensión en los casos previstos en el apartado 6 de este artículo.
3. Las garantías necesarias para la obtención de la suspensión automática son 
exclusivamente las siguientes:
a) Depósito de dinero o valores públicos en la Tesorería de la Comunidad Foral de 
Navarra.
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o certificado de seguro de caución.
c) Fianza personal y solidaria de otras personas físicas o jurídicas de reconocida 
solvencia, únicamente en los supuestos establecidos expresamente en la normativa 
tributaria.
4. Subsidiariamente, cuando el interesado no pueda aportar ninguna de las garantías 
mencionadas en las letras del apartado anterior, se podrá acordar la suspensión con 
prestación de otras garantías que se estimen suficientes previo informe favorable emitido por 
los órganos de recaudación.
5. El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá suspender la 
ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera 
causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
6. El órgano competente decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de 
suspensión en los supuestos a los que se refieren los apartados 5 y 9 de este artículo, y la 
inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud de 
suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los 
perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de 
hecho.
7. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de 
suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión 
automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error 
aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la 
Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad 
a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.
8. Se podrá modificar la resolución sobre la suspensión cuando se aprecie que no se 
mantienen las condiciones que motivaron la misma, cuando las garantías aportadas 
hubieran perdido valor o efectividad, o cuando se conozca de la existencia de otros bienes o 
derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en el 
momento de dictarse la resolución sobre la suspensión.
9. Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía 
cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error material, aritmético o de 
hecho.
10. Si la reclamación no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se 
referirá a la parte reclamada, y quedará obligado el reclamante a ingresar la cantidad 
restante.
11. La suspensión decretada en el recurso de reposición se podrá mantener en vía de 
reclamación económico-administrativa en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente.
12. Se mantendrá la suspensión vigente en vía económico-administrativa cuando el 
interesado comunique y acredite ante los órganos de recaudación de la Administración 
tributaria, en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo, que ha 
interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión 
continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve 
su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en 
relación con la suspensión solicitada.
Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el 
párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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13. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado 
como consecuencia de la resolución de la reclamación, se liquidará el interés de demora por 
todo el periodo de suspensión.
14. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad 
líquida, el órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá suspender 
su ejecución cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación.
15. La ejecución del acto o resolución impugnados mediante un recurso extraordinario de 
revisión no podrá suspenderse en ningún caso.
16. Iniciado el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho o el de 
declaración de lesividad, el órgano competente para su declaración podrá suspender, de 
oficio o a instancia del interesado, la ejecución del acto impugnado cuando se pudieran 
causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
17. Reglamentariamente se regularán los requisitos, órganos competentes y 
procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión.
Artículo 144.  Reembolso de los costes de las garantías.
1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste 
de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o 
fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por 
sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare 
parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de 
las garantías.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar 
el coste de las garantías.
2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará 
el interés legal vigente a lo largo del periodo en el que se devengue sin necesidad de que el 
obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha 
debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que 
se ordene el pago.
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de las garantías 
establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.
Sección 2.ª Procedimientos especiales de revisión
Artículo 145.  Clases de procedimientos especiales de revisión.
Son procedimientos especiales de revisión los de:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
b) Declaración de lesividad de los actos anulables.
c) Revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.
d) Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
e) Devolución de ingresos indebidos.
Artículo 146.  Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho.
1. La nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria que hayan 
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en tiempo y forma, así como 
de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra que no hayan 
sido recurridas en tiempo y forma, podrá ser declarada por el órgano competente en los 
siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico otorguen 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una norma con rango de ley.
2. Será órgano competente para la tramitación del procedimiento el órgano que dictó el 
acto impugnado.
3. Será órgano competente para la resolución del procedimiento la persona titular del 
departamento competente en materia tributaria, salvo que el acto haya sido dictado por el 
Gobierno de Navarra, en cuyo caso corresponderá a éste la competencia resolutoria.
4. El órgano competente para dictar resolución declarará en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, previo dictamen favorable del Consejo de Navarra, la 
nulidad de los actos administrativos, cuando concurran alguna de las causas a que se refiere 
el apartado 1 anterior.
5. No obstante, se podrá resolver motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de dictamen previo del órgano 
consultivo, en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud no se fundamente en los supuestos previstos en el apartado 1 
anterior.
b) Cuando no sea firme en vía administrativa.
c) Cuando carezca manifiestamente de fundamento.
d) Cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 
sustancialmente iguales.
6. Con carácter previo a la resolución se dará audiencia a los interesados para que, en el 
plazo de quince días hábiles, puedan presentar las alegaciones que crean convenientes. 
Igualmente y en el mismo plazo podrán formular alegaciones aquellos a quienes el acto 
recurrido reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por él.
7. El plazo máximo para notificar la resolución expresa será de un año desde que se 
presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique la iniciación de oficio del 
procedimiento.
El transcurso del plazo máximo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera 
notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos:
a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda 
iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.
b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se 
hubiera iniciado a solicitud del interesado.
8. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las 
solicitudes de los interesados pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 147.  Declaración de lesividad de actos anulables.
1. Fuera de los casos previstos en los artículos 146 y 149, la Administración tributaria no 
podrá anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones. Para ello, 
deberá declararlos motivadamente lesivos para el interés público siempre que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, con objeto de proceder a su posterior 
impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
2. Será órgano competente para la tramitación del procedimiento el órgano que dictó el 
acto impugnado.
3. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular del departamento 
competente en materia tributaria.
4. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al 
Consejo de Navarra.
5. La declaración de lesividad no podrá adoptarse con posterioridad al transcurso de 
cuatro años desde que se notificó el acto administrativo, y exigirá la previa audiencia de 
cuantos ostentaron la cualidad de interesados.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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6. Transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento sin que la 
declaración de lesividad se haya resuelto, se producirá la caducidad del procedimiento.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso administrativo 
alguno, si bien podrá ser notificada a los interesados a título meramente informativo.
Artículo 148.  Revocación de actos tributarios y de imposición de sanciones.
1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos tributarios y de imposición de 
sanciones en beneficio de los interesados, siempre que no haya transcurrido el plazo de 
prescripción, cuando concurra cualquiera de los siguientes motivos:
a) Infrinjan manifiestamente el ordenamiento jurídico.
b) Concurran circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular 
y pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
c) En la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión de los interesados.
2. La revocación no puede constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida 
por las normas jurídicas ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio. Se tramitará por el 
órgano que dictó el acto sometido al procedimiento.
4. Con carácter previo a la resolución se dará audiencia a los interesados para que, en el 
plazo de quince días hábiles, puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
5. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al 
Consejo de Navarra.
6. La competencia para dictar resolución corresponde a la persona titular del 
departamento competente en materia tributaria.
7. El plazo máximo para notificar la resolución expresa será de seis meses desde que se 
le notifique al interesado la iniciación del procedimiento.
8. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se producirá la 
caducidad del procedimiento.
9. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía 
administrativa.
Artículo 149.  Procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
1. El órgano administrativo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación 
económico-administrativa que pudiese contener errores materiales, de hecho o aritméticos, 
podrá rectificarlo en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, siempre 
que no hubiese transcurrido el plazo de prescripción.
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las 
reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho 
que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o 
resolución que se rectifica.
2. El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de seis meses desde que se 
presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique la resolución de inicio del 
procedimiento.
3. El transcurso del plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera notificado 
resolución expresa producirá los siguientes efectos:
a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda 
iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.
b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se 
hubiera iniciado a instancia del interesado.
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso 
de reposición y de reclamación económico-administrativa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 150.  Devolución de ingresos indebidos.
1. Los obligados tributarios y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la 
devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Tesorería de la 
Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de 
demora regulado en el primer párrafo del artículo 50.2.c). En ningún caso se devolverán las 
cantidades pagadas que hayan servido para obtener la exoneración de responsabilidad en 
los supuestos previstos en el artículo 162.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra 
pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto de aquel sujeto pasivo que no se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla 
con ellas.
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto 
pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del 
cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.
2. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los 
distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devolución y 
la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo 59, mediante 
compensación.
3. Cuando el acto administrativo en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiese 
adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar su devolución instando o promoviendo la 
revisión de dicho acto utilizando alguno de los procedimientos especiales de revisión de 
actos nulos de pleno derecho, de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, 
o mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en la presente ley foral.
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso 
de reposición y de reclamación económico-administrativa.
Sección 3.ª Recurso de reposición
Artículo 151.  Objeto y naturaleza del recurso de reposición.
1. Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación 
económico-administrativa podrán ser objeto de recurso previo de reposición, con carácter 
potestativo, de conformidad con lo dispuesto en esta sección.
2. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición, no podrá presentar reclamación 
económico-administrativa impugnando el mismo acto hasta que aquel se hubiese resuelto de 
forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. En 
caso de que la reclamación fuese presentada con anterioridad a dicha resolución o al 
transcurso de dicho plazo, será inadmitida por el órgano competente, con independencia de 
la posibilidad de una nueva interposición contra la resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición.
Artículo 152.  Iniciación, tramitación y resolución.
1. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de notificación del acto impugnado.
En los supuestos de silencio administrativo, dicho recurso podrá interponerse a partir del 
día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
2. Su interposición se realizará ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, que 
será el competente para su tramitación y resolución salvo que las normas de organización 
administrativa atribuyan su competencia a otro diferente.
3. La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas 
las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el escrito de 
interposición.
Si el órgano competente estima procedente resolver cuestiones no planteadas por los 
interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el de su notificación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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4. El plazo para notificar la resolución será de tres meses contado desde el día siguiente 
al de presentación del recurso. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución expresa haya 
sido notificada, el recurrente lo podrá considerar desestimado al objeto de interponer la 
reclamación procedente.
5. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse nuevamente este 
recurso.
6. Contra la resolución del recurso de reposición o de la solicitud de suspensión de la 
ejecución del acto impugnado presentada en esta vía, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa dentro de los plazos legalmente establecidos.
7. En todo lo no previsto en esta Sección, serán de aplicación supletoria las normas de 
procedimiento establecidas para las reclamaciones económico-administrativas.
Sección 4.ª Reclamaciones económico-administrativas
Artículo 153.  Órgano competente.
1. La competencia para el conocimiento, tramitación y resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas corresponde en única instancia al Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Navarra, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y son 
recurribles en vía contencioso-administrativa con arreglo a las normas propias de dicha 
Jurisdicción.
2. El ejercicio de la competencia del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 
será irrenunciable e improrrogable, y no podrá ser alterada por voluntad de los interesados.
3. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrá funcionar en Pleno o de 
forma unipersonal a través de la Presidencia o de cualquiera de sus vocalías, en los 
supuestos previstos reglamentariamente.
4. Reglamentariamente se regulará la composición, organización y funcionamiento del 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, así como el procedimiento económico-
administrativo y la ejecución de sus resoluciones.
Artículo 154.  Materias sobre las que pueden versar las reclamaciones económico-
administrativas.
Se entenderá por reclamación económico-administrativa, tanto si en ella se suscitan 
cuestiones de hecho como de derecho, la que verse sobre las siguientes materias:
a) La gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, así como la 
recaudación, en general, de todos los ingresos de Derecho Público de la Hacienda Pública 
de Navarra.
b) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria.
c) Cualesquiera otras respecto de las que así se establezca en virtud de ley foral.
Artículo 155.  Actos impugnables.
1. Podrán plantearse reclamaciones económico-administrativas sobre las materias 
delimitadas en el artículo anterior contra los siguientes actos:
a) Los que de forma provisional o definitiva reconozcan o denieguen un derecho o 
declaren una obligación.
b) Los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, pongan 
término al procedimiento, lo hagan imposible, suspendan su continuación, o produzcan la 
indefensión del interesado.
2. En particular son impugnables los actos administrativos siguientes:
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.
b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de 
autoliquidación.
c) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes y derechos, así como los 
actos de fijación de valores o bases, cuando su normativa reguladora lo establezca.
d) Los que, con carácter previo, reconozcan o denieguen regímenes de exención o 
bonificación tributarias.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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e) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto 
sea determinante de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
f) Los que impongan sanciones tributarias.
g) Los originados por la gestión recaudatoria de los ingresos de Derecho Público de la 
Hacienda Pública de Navarra.
h) Los que resuelvan la solicitud de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza 
tributaria.
i) Los que resuelvan la solicitud de suspensión de la ejecutividad de los actos 
administrativos impugnables en esta vía.
j) Los dictados por los órganos de gestión de los tributos en materia de rectificación de 
errores materiales, de hecho o aritméticos.
k) Los que, distintos de los anteriores, se consideren expresamente impugnables por las 
normas dictadas en materia tributaria.
3. Serán reclamables igualmente, con arreglo a los requisitos y en la forma que se 
determine reglamentariamente, las resoluciones administrativas dictadas por los órganos de 
la Hacienda Tributaria de Navarra en relación con las siguientes actuaciones tributarias:
a) Los actos de repercusión tributaria previstos legalmente.
b) Las retenciones o ingresos a cuenta efectuados por las personas obligadas por ley a 
practicar retención o a efectuar ingreso a cuenta.
c) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas.
d) Las derivadas del reembolso de tributos satisfechos por sustitutos del contribuyente.
4. No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes 
actos:
a) Los dictados por el Gobierno de Navarra o por la persona titular del departamento 
competente en materia tributaria.
b) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o 
laboral, o pongan fin a dicha vía.
c) Las liquidaciones administrativas a que se refiere el artículo 164.1.
d) Aquellos otros a los que una norma o disposición con rango legal excluya 
expresamente de reclamación económico-administrativa.
Artículo 156.  Legitimación para promover las reclamaciones.
1. Podrán promover reclamaciones económico-administrativas:
a) Los obligados tributarios.
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto 
administrativo.
2. No estarán legitimados:
a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un 
derecho que en particular les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.
b) Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o 
mandatarios de ella.
c) Los denunciantes.
d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.
e) Los órganos que hayan dictado el acto impugnado, salvo que se disponga otra cosa 
en norma con rango de ley foral.
Artículo 157.  Extensión de la revisión.
1. La reclamación económico-administrativa somete a conocimiento del órgano 
competente para su resolución todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión, 
hayan sido o no planteadas por los interesados.
2. Si el órgano estima conveniente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los 
interesados, las expondrá a quienes estuvieran personados en el procedimiento y les 
concederá un plazo de diez días hábiles para que puedan formular alegaciones.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 158.  Procedimiento.
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado.
Los plazos para la interposición de la correspondiente reclamación comenzarán a 
contarse desde el día siguiente al de la notificación expresa.
En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el 
día siguiente a aquel en que se produzcan sus efectos.
2. El plazo máximo para la notificación de la resolución de las reclamaciones económico-
administrativas será de un año. Transcurrido este plazo sin que la notificación haya sido 
realizada, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer 
el recurso procedente.
3. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto a los interesados a quienes 
se haya notificado la existencia de la reclamación, y será de obligado cumplimiento para los 
órganos administrativos afectados.
4. Si como consecuencia de la estimación de la reclamación interpuesta hubiera que 
devolver cantidades ingresadas, el interesado tendrá derecho al interés de demora previsto 
legalmente desde la fecha en que efectuó el ingreso hasta la fecha en que se ordene su 
pago.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra 
pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto de aquel sujeto pasivo que no se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla 
con ellas.
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto 
pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del 
cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.
Sección 5.ª Recurso extraordinario de revisión
Artículo 159.  Recurso extraordinario de revisión.
1. El recurso extraordinario de revisión únicamente puede interponerse contra los actos 
firmes de los órganos administrativos integrados en la Hacienda Tributaria de Navarra y 
contra las resoluciones firmes del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores al acto o resolución recurrida o de imposible aportación al tiempo 
de dictarse éstos, evidencien el error cometido.
b) Que en la resolución recurrida hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
c) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud 
de sentencia judicial firme.
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Navarra, que resulta competente para su conocimiento, tramitación y 
resolución.
3. El plazo para su interposición es de tres meses a contar desde el conocimiento de los 
documentos o de la fecha de firmeza de la sentencia judicial.
4. Están legitimados para la interposición del recurso extraordinario de revisión los 
interesados en el acto recurrido o en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra. Contra esta última también está legitimada para interponer recurso 
extraordinario de revisión la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de 
Navarra.
5. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrá resolver motivadamente 
la inadmisión a trámite del recurso si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se interponga contra actos que no hayan adquirido firmeza.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) Cuando no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 anterior.
c) Cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente 
iguales.
d) Cuando el escrito de interposición carezca de indicio o prueba alguna que permita 
sustentar la solicitud formulada.
6. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al 
Consejo de Navarra, que no tendrá carácter vinculante.
7. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5, si el recurso extraordinario de 
revisión fuese interpuesto por la persona titular de la dirección gerencia de la Hacienda Foral 
de Navarra contra una resolución firme dictada por el Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra, la tramitación del mismo corresponderá a la secretaría general técnica del 
departamento competente en materia tributaria, y la competencia para la resolución 
corresponderá al Gobierno de Navarra, previo dictamen preceptivo del Consejo de Navarra.
8. Transcurridos cuatro meses desde su interposición sin haberse notificado resolución 
expresa, se entenderá desestimado.
9. La resolución expresa o el transcurso del plazo previsto en el apartado anterior sin que 
la misma haya sido notificada pondrá fin a la vía administrativa.
10. Las normas reguladoras de las reclamaciones económico-administrativas en materia 
de tramitación procedimental tendrán carácter supletorio en cuanto resulten compatibles con 
lo establecido en esta Sección.
TÍTULO V
Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda pública
Artículo 160.  Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la 
Hacienda pública.
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 
pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales 
que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se 
establecen en el presente título.
Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación de 
los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones 
diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda 
pública y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda 
pública.
2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación 
tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda pública, se 
ajustará a lo establecido en este título.
En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá de 
iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos 
mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de no haber 
concluido este con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en 
el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el 
expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo 
procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el último párrafo de este apartado.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa por los mismos hechos.
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará, 
cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los hechos 
que los tribunales hubieran considerado probados.
3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se encuentren 
vinculados con el posible delito contra la Hacienda pública se ajustará en su tramitación al 
procedimiento ordinario que corresponda según lo dispuesto en el capítulo VI del título IV de 
esta ley foral y se sujetará al régimen de revisión establecido en el capítulo VII de ese mismo 
título IV.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 161.  Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios 
de delito contra la Hacienda pública.
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 
pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al 
Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 160.2, 
en los siguientes supuestos:
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción 
del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal.
b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con 
exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado 
tributario concreto.
c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la 
investigación o comprobación de la defraudación.
En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de denuncia o de querella 
presentado por la Administración tributaria, se trasladará también el acuerdo motivado en el 
que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de la 
decisión administrativa de no proceder a dictar liquidación.
En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado 
tributario.
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá de 
iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento administrativo, que quedará suspendido 
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el 
archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio 
Fiscal.
No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, este se 
entenderá concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la 
jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin perjuicio 
de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara 
delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los tribunales hubieran considerado 
probados.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de 
prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 57.1.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa por los mismos hechos.
Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación realizadas durante 
el periodo de suspensión respecto de los hechos denunciados se tendrán por inexistentes.
3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito, la 
Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos 
que los órganos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo que reste 
hasta la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 139.1 o en el plazo de 6 meses si 
este último fuese superior, a computar desde la recepción de la resolución judicial o del 
expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el 
procedimiento.
El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará de nuevo desde la entrada de la 
resolución judicial en el registro de la Administración tributaria competente.
Artículo 162.  Regularización voluntaria.
La Administración tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni 
remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, si consta que el obligado tributario ha regularizado 
su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria 
antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o 
investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización 
o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio 
Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, 
foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener 
conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el 
artículo 50, debiendo proceder el obligado tributario a la autoliquidación e ingreso simultáneo 
tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos legalmente devengados 
a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se 
exijan por el procedimiento de autoliquidación, el obligado tributario deberá presentar la 
declaración correspondiente, procediendo al ingreso de la totalidad de la deuda tributaria 
liquidada por la Administración en el plazo para el pago establecido en la normativa 
tributaria.
Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la regularización se 
hubiese producido una vez prescrito el derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria.
Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, la Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones 
de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso de que las 
mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido 
la prescripción regulada en el artículo 55.a).
Artículo 163.  Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda 
practicar liquidación.
1.  Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 
pública y no concurran las circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con el 
artículo 161.1, procederá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito, en la 
que se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma.
Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole el trámite de audiencia 
para que alegue lo que convenga a su derecho en el plazo de 15 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la propuesta.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante 
la tramitación administrativa producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la 
obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 
en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la 
liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en 
caso de devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial 
firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el artículo 167.2.c) por no apreciar la 
existencia de delito contra la Hacienda pública.
Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones 
presentadas en su caso, la persona titular de la dirección del Servicio de Inspección 
Tributaria dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea de la 
persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra, competente para 
interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización procedente pone 
de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda pública.
Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria pasará el tanto 
de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el 
procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los elementos de la obligación 
tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario 
de la misma, en la que se advertirá de que el período voluntario de ingreso solo comenzará a 
computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella 
correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 165.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de 
prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 57.1.
2. La inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción de las actuaciones 
inspectoras al momento anterior a aquel en que se dictó la propuesta de liquidación 
vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalización del acta que corresponda, que 
se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en los artículos 135 y 
136.
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se 
retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del 
artículo 139, o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará 
desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal 
por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. 
La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera 
correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que 
se haya dictado la nueva liquidación.
En estos casos se iniciará el cómputo de los plazos de prescripción del derecho a 
determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo indicado en el artículo 57.3.
3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir 
elementos en los que se aprecia una conducta dolosa que pueda ser determinante de un 
delito contra la Hacienda pública, junto con otros elementos y cuantías a regularizar respecto 
de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos liquidaciones de forma 
separada.
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará una propuesta de 
liquidación vinculada al delito y un acta de inspección, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos que hayan 
sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos aquellos elementos en 
los que se aprecie dolo, y se restarán los ajustes a favor del obligado tributario a los que este 
pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota 
que le correspondan adicionalmente de acuerdo con lo establecido en la normativa propia de 
cada tributo. Si la declaración presentada hubiera determinado una cuota a ingresar, esta se 
descontará para el cálculo de esta propuesta de liquidación.
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad de los 
elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el posible 
delito, y se deducirá la cantidad resultante de la propuesta de liquidación a que se refiere la 
letra anterior.
No obstante, el obligado tributario podrá optar por la aplicación de un sistema de cálculo 
de ambas cuotas basado en la aplicación proporcional de las partidas a compensar o deducir 
en la base o en la cuota, en los términos que se determinen reglamentariamente. Esta 
opción deberá comunicarse a la Administración en el plazo de alegaciones posterior a la 
notificación de la propuesta de liquidación vinculada al delito.
Artículo 164.  Impugnación de las liquidaciones.
1.  Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo 160.2, no procederá recurso o reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del 
ajuste que proceda con arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 305 del Código Penal y en el 167 de esta ley foral, correspondiendo 
al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la 
Hacienda pública que hubiese sido liquidada al amparo de lo previsto en el apartado 5 del 
artículo 305 del Código Penal y en el presente título.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante 
la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la 
obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 
en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la 
liquidación de la deuda tributaria.
2. Frente a la liquidación que resulte de la regularización de los elementos y cuantías 
que no se encuentren vinculados con el posible delito, cabrá interponer los recursos y 
reclamaciones previstos en el capítulo VII del título IV.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 165.  Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito 
contra la Hacienda pública.
En los supuestos a que se refiere el artículo 160.2, la existencia del procedimiento penal 
por delito contra la Hacienda pública no paralizará las actuaciones administrativas dirigidas 
al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión 
de las actuaciones de ejecución.
Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el párrafo anterior 
se regirán por las normas generales establecidas en el capítulo V del título IV, salvo las 
especialidades establecidas en el presente título.
Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda 
pública, la Administración tributaria procederá a notificar al obligado tributario el inicio del 
período voluntario de pago requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda tributaria 
liquidada.
Artículo 166.  Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación.
Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de la 
deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 160.2, solo serán oponibles 
en cada caso los motivos previstos en el artículo 128, así como los motivos de oposición 
previstos contra la diligencia de embargo y contra el acuerdo de enajenación de bienes 
embargados, y su revisión se realizará conforme a lo dispuesto en el capítulo VII del título IV.
Artículo 167.  Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación tributaria.
1. La liquidación dictada por la Administración tributaria en los supuestos a los que se 
refiere el artículo 160.2, se ajustará a lo que se determine finalmente en el proceso penal en 
relación con la existencia y la cuantía de la defraudación.
2. El ajuste se realizará de la siguiente forma:
a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda 
pública y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idéntica a la liquidada en 
vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la 
liquidación de los intereses de demora y recargos que correspondan.
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal difiriera, en más o en 
menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación dictada al amparo del artículo 160.2 
deberá modificarse. En este caso, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de acuerdo 
con el contenido de la sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como 
cuota defraudada.
Dicha modificación, practicada por la Administración tributaria al amparo de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, no afectará a la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas, 
respecto de la cuantía confirmada en el proceso penal.
El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al 
obligado al pago y a las demás partes personadas en el procedimiento penal.
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal fuese inferior a la fijada 
en vía administrativa, serán de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la 
normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de 
las garantías.
b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por 
inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación administrativa será anulada siendo de 
aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación 
con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose delito por motivo 
diferente a la inexistencia de la obligación tributaria, procederá la retroacción de las 
actuaciones inspectoras al momento anterior al que se dictó la propuesta de liquidación 
vinculada a delito prevista en el artículo 163.1, teniendo en cuenta los hechos que el órgano 
judicial hubiese considerado probados, procediendo la formalización del acta, que se 
tramitará de acuerdo con lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo.
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en los artículos 135 y 
136.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se 
retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del 
artículo 139, o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará 
desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación de las 
actuaciones.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. 
La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera 
correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que 
se haya dictado la nueva liquidación.
Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios de toda liquidación 
tributaria regulado en el capítulo VII del título IV, pero no podrán impugnarse los hechos 
considerados probados en la sentencia judicial.
En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho a determinar 
la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo indicado en el artículo 57.3.
Artículo 168.  Responsables.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo 
preceptuado en el artículo 160.2 quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado 
activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren 
imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados 
como consecuencia del citado proceso.
Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el 
procedimiento de liquidación y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento para 
exigir la responsabilidad establecida en este artículo deberán incorporarse formalmente al 
mismo antes de la propuesta de resolución.
2. En relación con las liquidaciones a que se refiere el artículo 160.2, también les 
resultará de aplicación el régimen de responsabilidad y de sucesión regulados, 
respectivamente, en las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo III del Título III.
3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista 
en el apartado 1 anterior solo podrá impugnarse el alcance global de la citada 
responsabilidad.
4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolución respecto de 
cualquiera de los responsables a que se refiere el apartado 1, la declaración de su 
responsabilidad será anulada, siendo de aplicación las normas generales establecidas en la 
normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y reembolso del coste de 
garantías.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.4, en los supuestos de responsabilidad a 
que se refiere el apartado 1, interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, 
dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables.
6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los 
supuestos regulados en los apartados 1 y 2 corresponderá al órgano de recaudación.
7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se entenderá 
suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentación de la 
denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la imputación formal 
de los encausados.
A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento de 
declaración de responsabilidad previsto en este artículo les será de aplicación lo previsto en 
el artículo 118.5.e).
TÍTULO VI
Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario
CAPÍTULO I
Disposiciones generalesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 169.  Disposiciones generales.
1. Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra la realización de las actuaciones 
necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que 
afecten al ámbito en el que, con arreglo a lo establecido en el Convenio Económico, ejerza 
su potestad tributaria la Comunidad Foral de Navarra.
2. Se consideran procedimientos de gestión tributaria el ejercicio de las actividades 
administrativas necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de 
Estado que afecten al ámbito tributario, así como las actuaciones de los obligados en el 
ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de 
dichas decisiones.
3. Además de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este 
artículo, lo dispuesto en este título resultará de aplicación en cualquier supuesto en que, en 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte procedente exigir el reintegro de 
cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
Artículo 170.  Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de 
Estado.
1. Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado 
los siguientes:
a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión.
b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos.
2. La ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado también se 
podrá llevar a cabo mediante el procedimiento de inspección regulado en el capítulo VI del 
título IV cuando el alcance de dicho procedimiento exceda de lo dispuesto en el artículo 
174.1.
En estos casos, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria 
objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos a los que se refiera 
la decisión y aquellos que no estén vinculados a la misma.
Artículo 171.  Prescripción.
1. Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para determinar y exigir el 
pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de 
recuperación.
2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la 
aplicación de la ayuda de Estado en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de 
regularización hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria.
3. El plazo de prescripción se interrumpe:
a) Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administración tributaria a petición de 
la Comisión que esté relacionada con la ayuda de Estado.
b) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal 
del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, 
inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de aquellos 
elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o 
pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes.
4. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de 
recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.
Artículo 172.  Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación.
1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración 
tributaria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de recuperación de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la 
resolución o liquidación, aunque sea firme.
2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión 
Europea.
Artículo 173.  Recursos contra el acto de ejecución.
La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación será 
susceptible de recurso de reposición y, en su caso, de reclamación económico-
administrativa, en los términos previstos en esta ley foral.
Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con el párrafo anterior, 
solo será admisible la suspensión de la ejecución de los actos administrativos mediante la 
aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Tesorería de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.
CAPÍTULO II
Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los 
elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación
Artículo 174.  Recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación.
1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos 
de la obligación tributaria afectados por la decisión, la Administración tributaria se limitará a 
la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha decisión.
2. En este procedimiento la Administración tributaria podrá realizar únicamente las 
siguientes actuaciones:
a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y 
de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria.
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de 
cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida la contabilidad 
mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las 
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.
d) Requerimientos de información a terceros.
3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las oficinas de la 
Administración tributaria, a cuyo efecto serán de aplicación las reglas contenidas en los 
artículos 131.2, 132 y 133.
4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en los apartados anteriores 
se entenderán efectuados a los solos efectos de determinar la procedencia de la 
recuperación de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación de los 
mismos hechos o documentos.
Artículo 175.  Inicio.
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de 
la obligación tributaria afectados por la decisión se iniciará de oficio por acuerdo de la 
persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.
2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados 
tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las 
mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular 
la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha 
propuesta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 176.  Tramitación.
1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de 
los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión, se efectuarán por la 
Inspección Tributaria y se documentarán en las comunicaciones y diligencias a las que se 
refiere el artículo 134 de esta ley foral y los artículos 46 y 47 del Reglamento de Inspección 
Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto 
Foral 152/2001, de 11 de junio.
2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán 
la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y 
hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de 
la Administración la documentación y demás elementos solicitados.
3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración 
tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que, en un 
plazo de 10 días, alegue lo que convenga a su derecho.
Artículo 177.  Terminación.
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de 
la obligación tributaria afectados por la decisión terminará de alguna de las siguientes 
formas:
a) Por resolución expresa de la persona titular de la dirección del Servicio de Inspección 
Tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
1.º Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación y 
ámbito temporal objeto de las actuaciones.
2.º Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
3.º Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede 
regularizar la situación tributaria como consecuencia de la decisión de recuperación.
b) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto del procedimiento de 
recuperación.
2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado en el artículo 87 
no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En 
este caso, no se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las 
actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo.
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de 
actuaciones con conocimiento formal del interesado con posterioridad a la finalización del 
plazo al que se refiere el párrafo anterior.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de 
las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar en el periodo que reste desde el 
momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se 
refiere el artículo 87, o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado 
plazo se computará desde la recepción del expediente por la persona titular de la dirección 
del Servicio de Inspección Tributaria.
CAPÍTULO III
Procedimiento de recuperación en otros supuestos
Artículo 178.  Procedimiento de recuperación en otros supuestos.
1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique la regularización de 
una obligación tributaria, el procedimiento a seguir será el regulado en este capítulo.
2. Para la ejecución de la decisión de recuperación, la Administración tributaria podrá 
hacer uso de las facultades que se contemplan en el artículo 123, con los requisitos allí 
establecidos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 179.  Inicio.
El procedimiento de recuperación se iniciará de oficio.
El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados 
tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza de las mismas e 
informará de sus derechos y obligaciones en el curso de aquellas.
La comunicación de inicio contendrá la propuesta de resolución, concediéndose un plazo 
de 10 días al obligado tributario para que alegue lo que convenga a su derecho.
Artículo 180.  Tramitación.
1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en los supuestos en que no 
implique la regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión se efectuarán por los órganos de Gestión Tributaria y se documentarán en las 
comunicaciones y diligencias.
2. En su caso, los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le 
prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y 
hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de 
la Administración la documentación y demás elementos solicitados.
Artículo 181.  Terminación.
1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa de la persona 
titular de la dirección del Servicio de Gestión Tributaria, que deberá notificarse en el plazo de 
cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del procedimiento, 
salvo que la decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 177.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos, el siguiente 
contenido:
a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la 
resolución previamente dictada por la Administración o, en su caso, manifestación expresa 
de que no procede modificación alguna como consecuencia de la decisión de recuperación.
b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de recuperación 
determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo de 
intereses de demora conforme a lo establecido en el artículo 172.2.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de 
las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar en el periodo que reste desde el 
momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se 
refiere el apartado 1, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado 
plazo se computará desde la recepción del expediente por la persona titular de la dirección 
del Servicio de Gestión Tributaria.
Disposición adicional primera  a quinta.  
(Derogadas)
Disposición adicional sexta.  Impugnación de declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones, de actos de repercusión tributaria y de retenciones o ingresos a cuenta.
La impugnación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, de actos de 
repercusión tributaria, así como de retenciones o ingresos a cuenta, se regulará por su 
normativa específica.
Disposición adicional séptima.  
Se autoriza a la persona titular del departamento competente en materia tributaria para 
que regule mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y 
las Entidades a que se refiere el artículo 90 de esta ley foral podrán presentar por medios BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa 
tributaria.
Disposición adicional octava.  Suministro de información de carácter tributario.
Cuando, para el desarrollo de las funciones que tengan atribuidas, los departamentos de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como sus órganos y las entidades 
dependientes de ella, precisaren conocer datos de carácter tributario de los solicitantes de 
subvenciones o de ayudas públicas, habrán de requerir esa información a la Hacienda Foral 
de Navarra de conformidad con lo establecido en una orden foral dictada por la persona 
titular del departamento competente en materia tributaria.
Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como 
sus órganos y las entidades dependientes de ella, no podrán exigir a los solicitantes de 
subvenciones o de ayudas públicas la acreditación de haber presentado la declaración por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a determinado período 
impositivo en el caso de que, según la normativa de este Impuesto, aquellos solicitantes no 
hubieran estado obligados a presentar dicha declaración.
Disposición adicional novena.  Exacción de la responsabilidad civil y multa por delito 
contra la Hacienda Pública.
1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil, 
que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Hacienda Tributaria de Navarra no 
haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en esta ley foral, 
incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa, se exigirá por el procedimiento 
administrativo de apremio.
2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que competa la ejecución 
remitirá testimonio a los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra, ordenando que se 
proceda a su exacción. En la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran 
acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida.
3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil o 
de la multa conforme al artículo 125 del Código Penal, el juez o tribunal lo comunicará a la 
Hacienda Tributaria de Navarra. En este caso, el procedimiento de apremio se iniciará si se 
incumplieran los términos del fraccionamiento.
4. La Hacienda Tributaria de Navarra informará al juez o tribunal sentenciador, a los 
efectos del artículo 117.3 de la Constitución Española, de la tramitación y, en su caso, de los 
incidentes relativos a la ejecución encomendada.
Disposición adicional décima.  Número de Identificación Fiscal.
1. Toda persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad a que se 
refiere el artículo 25 de esta Ley Foral, tendrán un Número de Identificación Fiscal para sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
Este Número de Identificación Fiscal será facilitado por la Administración, de oficio o a 
instancia del interesado.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de asignación, de invalidación y de 
revocación, así como la composición del Número de Identificación Fiscal y la forma en que 
deberá utilizarse en las relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
2. En particular, quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o 
valores en forma de depósitos u otras análogas, recaben de aquéllas créditos o préstamos 
de cualquier naturaleza o realicen cualquier otra operación financiera con una entidad de 
crédito, deberán comunicar previamente su Número de Identificación Fiscal a dicha entidad.
La citada obligación será exigible aunque las operaciones activas o pasivas que se 
realicen con las entidades de crédito tengan un carácter transitorio.
Reglamentariamente se podrán establecer reglas especiales y excepciones a la citada 
obligación, así como las obligaciones de información que deberán cumplir las entidades de 
crédito en tales supuestos.
3. Las entidades de crédito no podrán librar cheques contra la entrega de efectivo, 
bienes, valores u otros cheques sin la comunicación del Número de Identificación Fiscal del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificación del tomador. Se 
exceptúa de lo anterior, los cheques librados contra una cuenta bancaria.
De igual manera, las entidades de crédito exigirán la comunicación del Número de 
Identificación Fiscal a las personas o entidades que presenten al cobro, cuando el abono no 
se realice en una cuenta bancaria, cheques emitidos por una entidad de crédito. También lo 
exigirán en caso de cheques librados por personas distintas por cuantía superior a 3.000 
euros. En ambos casos deberá quedar constancia del pago del cheque, así como de la 
identificación del tenedor que lo presente al cobro.
Reglamentariamente se establecerá la forma en que las entidades de crédito deberán 
dejar constancia y comunicar a la Administración tributaria los datos a que se refieren los 
párrafos anteriores.
4. La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el 
Boletín Oficial de Navarra, determinará la pérdida de validez a efectos identificativos de 
dicho número en el ámbito fiscal.
Asimismo, la publicación anterior determinará que las entidades de crédito no realicen 
cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o 
autorizados los titulares de dichos números revocados, salvo que se rehabilite dicho número 
o se asigne un nuevo número de identificación fiscal.
Cuando la revocación se refiera a una entidad, la publicación anterior también 
determinará que el registro público en que esté inscrita, en función del tipo de entidad de que 
se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la revocación una 
nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción 
alguna que afecte a esta, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número 
de identificación fiscal.
Lo dispuesto en este apartado no impedirá a la Administración Tributaria exigir el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes. No obstante, la admisión de las 
autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que conste un número de 
identificación fiscal revocado quedará condicionada, en los términos reglamentariamente 
establecidos, a la rehabilitación del citado número de identificación fiscal o, en su caso, a la 
obtención de un nuevo número.
Disposición adicional undécima.  Obligación de informar sobre operaciones incluidas en 
los libros registro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27.5 de esta ley foral, los obligados 
tributarios habrán de presentar una declaración informativa con el contenido de los libros 
registro a que se refiere el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. La persona titular del departamento 
competente en materia tributaria establecerá las personas o entidades obligadas a presentar 
dicha declaración, así como el modelo, plazo, forma y contenido de ésta.
Disposición adicional duodécima.  Régimen fiscal de la titularidad compartida de 
explotaciones agrarias.
La titularidad compartida de explotaciones agrarias tendrá la consideración de entidad a 
los efectos del artículo 25.
Toda titularidad compartida de explotación agraria tendrá un Número de Identificación 
Fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, cuya composición, 
utilización, asignación y revocación será la establecida con carácter general.
Disposición adicional decimotercera.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante el año 2012.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2012 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda a aplazar sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, 
de 2 de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar 
no esté incluido dentro de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado 
Reglamente, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de 
las dos circunstancias siguientes:
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas en 
periodo voluntario, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, 
con un periodo de aplazamiento de hasta un año y periodicidad mensual, no se exigirán 
garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación que correspondiere.
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de tres o más aplazamientos 
de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda Pública 
de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se 
solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de 
garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento de 
Recaudación.
Disposición adicional decimocuarta.  Declaraciones, declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo.
1. Los recargos derivados de la aplicación de lo establecido en el artículo 52.3 de esta 
Ley Foral, en el caso de que las declaraciones, declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones extemporáneas se presenten entre el día de la entrada en vigor de la Ley 
Foral aprobada por el Parlamento de Navarra el día 14 de junio de 2012, por la que se 
introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos, y el 31 
de diciembre de 2012, tendrán una reducción del 90 por 100.
Los intereses de demora que se devenguen en las mismas circunstancias y condiciones 
que las establecidas en el párrafo anterior tendrán una reducción del 20 por 100.
2. Las reducciones señaladas en el apartado anterior serán aplicables a las 
declaraciones, declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas cuyo plazo 
de presentación hubiera finalizado con anterioridad al día 1 de abril de 2012.
3. Los recargos e intereses de demora que, en aplicación de los apartados anteriores, 
pudieran devengarse como consecuencia del comienzo del periodo ejecutivo no serán objeto 
de ninguna reducción.
4. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el citado artículo 52.3.
Disposición adicional decimoquinta.  Cesión de información tributaria.
La Administración tributaria de la Comunidad Foral facilitará, dentro de cada ejercicio, al 
órgano de la Administración pública responsable del reconocimiento y control de la condición 
de asegurado o de beneficiario de éste, los datos relativos a sus niveles de renta en cuanto 
sean necesarios para determinar el. porcentaje de participación en el pago de las 
prestaciones de la cartera común de servicios sujetas a aportación en el Sistema Nacional 
de Salud.
En el tratamiento de estos datos la Administración cesionaria deberá respetar la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Disposición adicional decimosexta.  Régimen fiscal sobre asistencia mutua. Obligaciones 
de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Convenio Económico suscrito 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en defecto de regulación propia, será de 
aplicación en Navarra el régimen fiscal sobre asistencia mutua previsto en el capítulo VI del 
título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones 
sobre dicha materia establecidas en la misma norma, y en particular lo relativo al cobro de 
intereses de demora, al aplazamiento y fraccionamiento del pago, a la interrupción de los 
plazos de prescripción, a la prelación y garantías de créditos, a la cesión de datos tributarios, 
a los medios y valoración de pruebas, a la adopción de medidas cautelares y al devengo de 
recargos en periodo ejecutivo.
2. Con arreglo igualmente a lo dispuesto en el apartado anterior, en defecto de 
regulación propia serán de aplicación en Navarra las obligaciones de información y de 
diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, 
reguladas en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y disposiciones concordantes.
A estos efectos, las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las 
personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y 
suministrar información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, conforme a 
lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, modificada por la Directiva 
2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, y a lo 
dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio 
automático de información de cuentas financieras.
Asimismo, las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras 
estarán obligadas a identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras en las 
que se encuentren abiertas las citadas cuentas. Reglamentariamente se desarrollarán las 
obligaciones de identificación de residencia y suministro de información, así como las 
normas de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones financieras respecto de las 
cuentas financieras abiertas en ellas para identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de aquellas.
También será de aplicación lo dispuesto en la citada disposición adicional vigésima 
segunda en relación con las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a 
cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de 
América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 
implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.
La presentación de las declaraciones informativas a que se refiere este apartado se 
realizará en la forma, lugar y plazo que determine la persona titular del Departamento de 
Hacienda y Política Financiera.
Disposición adicional decimoséptima.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante el año 2013.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2013 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda a aplazar sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, 
de 2 de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar 
no esté incluido dentro de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado 
Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de 
las dos circunstancias siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o 
fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento de hasta un año y 
periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su 
tramitación que correspondiere.
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de cuatro o más 
aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo 
aplazamiento se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, 
por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional decimoctava.  Obligación de información sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero.
1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 27.5 y 103 y en los términos que establezca la persona titular 
del departamento competente en materia tributaria, la siguiente información:
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se 
dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que 
figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del 
capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a 
terceros de capitales propios de los que sean titulares y que se encuentren depositados o 
situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean 
tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles contratados 
con entidades establecidas en el extranjero.
c) Información sobre los bienes muebles e inmuebles y derechos sobre bienes muebles 
e inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea 
titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de 
alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades 
que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de 
terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.
Las obligaciones previstas en este apartado se extenderán a quienes tengan la 
consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.
2. Régimen de infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones tributarias simples no presentar en plazo o presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta 
disposición adicional.
También constituirá infracción tributaria la presentación de esas declaraciones por 
medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 
hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones se sancionarán conforme a las siguientes reglas:
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades 
de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 
euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubieran debido BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, 
con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma 
cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará 
la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, 
valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero, 
la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase que 
hubieran debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, 
inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 
euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo 
de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la 
declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista 
obligación de hacerlo por dichos medios.
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes muebles e 
inmuebles y derechos sobre bienes muebles e inmuebles situados en el extranjero, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre un bien mueble o 
inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma 
incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo 
bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre un bien mueble o inmueble, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la 
presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
Las infracciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las 
establecidas en el artículo 67.
Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4.
d) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales 
situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por 
cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada 
según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de 
forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, 
cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 
Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración 
por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación 
de hacerlo por dichos medios.
3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas 
para el caso de incumplimiento de la obligación de información establecida en esta 
disposición adicional.
Disposición adicional decimonovena.  Competencias de investigación patrimonial en los 
procesos por delito contra la Hacienda Pública.
En los procesos por delito contra la Hacienda pública, y sin perjuicio de las facultades 
que corresponden a las unidades de la Policía Judicial, los órganos de recaudación de la 
Hacienda Tributaria de Navarra mantendrán la competencia para investigar, bajo la 
supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las 
cuantías pecuniarias asociadas al delito.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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A tales efectos, podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 103, 104 y 123, 
realizar informes sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito y 
adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 7 del artículo 118.
De tales actuaciones, sus incidencias y resultados se dará cuenta inmediata al juez 
penal, que resolverá sobre la confirmación, modificación o levantamiento de las medidas 
adoptadas.
Las actuaciones desarrolladas se someterán a lo previsto en la presente ley y su 
normativa de desarrollo, sin perjuicio de la posibilidad de que el juez decida la realización de 
otras actuaciones al amparo de lo previsto en el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
Disposición adicional vigésima.  Medidas específicas aplicables a la solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizados durante el año 2014.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2014 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo se les aplicarán 
las siguientes disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda a aplazar sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, 
de 2 de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar 
no esté incluido dentro de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado 
Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de 
las dos circunstancias siguientes:
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o 
fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de 
hasta un año y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior 
a su tramitación que correspondiere.
Esta regla no será aplicable en los casos en que, entre las deudas a aplazar o fraccionar 
en vía de apremio, se encuentren deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha 
vía y que hayan sido canceladas. En este caso se exigirá el pago del 30 por 100 del saldo de 
dichas deudas, cualquiera que sea la periodicidad y el plazo solicitado, así como el importe 
íntegro de los recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que 
se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya exigibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con la concesión del 
aplazamiento.
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de cuatro o más 
aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo 
aplazamiento se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, 
por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional vigésima primera.  Equiparación de las parejas estables a los 
cónyuges. Registro fiscal de parejas estables.
1. A efectos de lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y del Impuesto sobre Sociedades, los miembros de una pareja estable se BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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equipararán a los cónyuges cuando se cumplan los requisitos señalados en esta 
Disposición.
2. Los miembros de las parejas estables se equipararán a los cónyuges siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que formen una pareja estable con arreglo a lo dispuesto en la normativa civil que les 
sea de aplicación.
2.º Que se inscriban en el Registro fiscal de parejas estables.
De conformidad con ello, cuantas menciones se efectúen a las parejas estables en la 
normativa de los impuestos señalados en el apartado anterior se entenderán referidas 
solamente a las parejas estables que cumplan los citados requisitos.
3. Se crea un Registro fiscal de parejas estables en el que se inscribirán las que soliciten 
su equiparación fiscal a los cónyuges.
El citado Registro tendrá carácter administrativo y será gestionado por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. La cesión o comunicación de datos a terceros se acomodará a lo 
dispuesto en el artículo 105.
4. La solicitud de inscripción en el Registro se realizará mediante formulario por los dos 
miembros de la pareja estable, surtiendo efectos la inscripción respecto de los impuestos 
devengados desde la fecha de solicitud.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los efectos de la inscripción solicitada 
mediante formulario antes del fin del plazo de presentación de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas se retrotraerán a la fecha de devengo del Impuesto a 
que corresponda la declaración si así se solicita y se acredita la existencia de la pareja 
estable en dicha fecha.
La solicitud de inscripción en el Registro también se podrá realizar al presentar, dentro 
del plazo legalmente establecido, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, marcando la casilla habilitada al efecto. En el supuesto de que los 
miembros de la pareja estable opten por presentar declaraciones separadas, dicha casilla 
deberá ser marcada por ambos. Esta solicitud sólo se admitirá para las parejas que 
acrediten que ya eran pareja estable en la fecha de devengo del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas del periodo impositivo al que corresponda la declaración, y surtirá 
efectos desde dicha fecha. En ningún caso se admitirá la solicitud de inscripción realizada 
tras el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.
La inscripción en el Registro tendrá efectos mientras no se cancele de conformidad con 
lo establecido en el apartado siguiente. No se admitirá una nueva solicitud de inscripción sin 
haber cancelado la anterior.
5. Cuando se produzca la extinción de la pareja estable, deberá solicitarse mediante 
formulario la cancelación de la inscripción en el Registro. Dicha solicitud podrá realizarse por 
ambos miembros de la pareja o por uno solo de ellos. Igualmente se producirá la 
cancelación cuando, existiendo pareja estable, así lo solicite cualquiera de los miembros de 
la pareja.
La Hacienda Tributaria de Navarra cancelará de oficio la inscripción cuando le conste de 
manera fehaciente que no se cumplen los requisitos para ser considerados como pareja 
estable o se haya producido la extinción de ésta.
La cancelación tendrá efectos desde la fecha de la solicitud, o desde que se acuerde de 
oficio por la Hacienda Tributaria de Navarra.
6. Se habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que 
mediante Orden Foral regule el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas 
estables, y apruebe los formularios que resulten necesarios para realizar las solicitudes de 
inscripción y de cancelación.
Disposición adicional vigésima segunda.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2015.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2015 y cuya gestión recaudatoria tenga BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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encomendada el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo se les aplicarán 
las siguientes disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, siempre 
que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro 
de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento 
tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de las dos circunstancias siguientes:
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su 
tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o 
fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de 
hasta un año y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior 
a su tramitación que correspondiere.
3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio, se encuentren 
deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía y que hayan sido canceladas, se 
exigirá el pago del 30 por 100 del saldo de dichas deudas así como el importe íntegro de los 
recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se 
consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya exigibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con la concesión del 
aplazamiento.
Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o fraccionamientos 
para los que sea exigible la constitución de garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 del citado Reglamento de Recaudación.
Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, si 
las hubiere, se aplicará lo establecido en las disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores.
4.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de cuatro o más 
aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo 
aplazamiento se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, 
por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional vigésima tercera.  Interés de demora.
Con efectos desde el 1 de enero de 2015, el tipo de interés de demora a que se refiere el 
artículo 50.2.c) de esta ley foral queda establecido en el 4,375 por 100 anual.
Disposición adicional vigésima cuarta.  Interés de demora.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2016, el interés de demora a que se refiere el 
artículo 50.2.c) queda establecido en el 3,75 por 100 anual.
Disposición adicional vigésima quinta.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2016.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2016 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicará lo 
establecido en la disposición adicional vigésima segunda.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición adicional vigésima sexta.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas 
durante 2017.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2017 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicarán las 
siguientes disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, siempre 
que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro 
de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento 
tenga periodicidad mensual, que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con 
anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o 
fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de 
hasta doce meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso 
anterior a su tramitación.
3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio se encuentren 
deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía y que hayan sido canceladas, 
junto con el pago del 30 por 100 indicado en la anterior disposición 1.ª, se exigirá el pago del 
importe íntegro de los recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las 
deudas que se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya 
exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con la 
concesión del aplazamiento.
Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o fraccionamientos 
para los que sea exigible la constitución de garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 del citado Reglamento de Recaudación.
Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, si 
las hubiere, se aplicará lo establecido en las disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores.
4.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de tres o más aplazamientos 
de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda pública de 
Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita 
se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía 
indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional vigésima séptima.  Condiciones especiales de aplazamiento en 
2017 para los clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de 
carácter profesional.
La persona titular del departamento competente en materia tributaria podrá conceder a 
los clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 
profesional condiciones especiales en cuanto al plazo de fraccionamiento de las deudas 
tributarias con la Comunidad Foral de Navarra, devengadas antes del día 1 de enero de 
2017 y liquidadas o regularizadas con anterioridad al treinta de junio de ese mismo año.
En ningún caso se concederán periodos de carencia en el pago de la deuda ni periodos 
totales de fraccionamiento superiores a diez años. Las cuotas deberán ser mensuales y no 
podrán ser crecientes en el tiempo.
Durante la vigencia de los fraccionamientos se compensarán de oficio todas las 
subvenciones que se les pudieran otorgar, así como los importes derivados de los contratos 
de patrocinio que pudieran suscribir con cualquiera de las entidades incluidas en el sector 
público foral, definido en el artículo 2 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra.
En lo no previsto en esta disposición se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Veasé, sobre aplazamientos concedidos a clubes deportivos que no participen en 
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, la disposición adicional única del 
Decreto-ley 2/2021, de 24 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5952
Disposición adicional vigesimoctava.  Procedimientos que podrán entenderse 
desestimados por haber vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado 
resolución expresa.
A) Procedimientos iniciados a solicitud del interesado que podrán entenderse 
desestimados cuando no se haya notificado resolución expresa dentro del plazo de seis 
meses.
1. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre Sociedades:
a) Procedimiento para la solicitud de acuerdos previos de valoración de operaciones 
entre personas o entidades vinculadas.
b) Procedimiento para la solicitud de modificación del acuerdo previo de valoración de 
operaciones entre personas o entidades vinculadas.
c) Procedimiento para la solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración de 
operaciones entre personas o entidades vinculadas.
d) Procedimiento para la solicitud de acuerdos previos de determinación del porcentaje 
de reducción y de valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles.
e) Procedimiento para la solicitud de modificación del acuerdo previo de determinación 
del porcentaje de reducción y de valoración de rentas procedentes de determinados activos 
intangibles.
f) Procedimiento para la solicitud de prórroga del acuerdo previo de determinación del 
porcentaje de reducción y de valoración de rentas procedentes de determinados activos 
intangibles.
2. Procedimientos del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación:
a) Procedimiento de solicitud de validación de otros medios propuestos por los 
interesados para garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la 
factura electrónica.
b) Procedimiento de solicitud de autorización para no identificar las facturas rectificadas 
en las facturas rectificativas.
3. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre el Valor Añadido:
a) Autorización para la presentación conjunta en un solo documento de las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos sujetos pasivos.
b) Reconocimiento del derecho a la exención en las entregas de bienes a determinados 
organismos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad.
4. Otros procedimientos:
a) Procedimiento de solicitud de rectificación de declaraciones-liquidaciones y de 
autoliquidaciones.
b) Procedimiento de suspensión de la ejecución patrimonial de la vivienda habitual en los 
casos de aportaciones económicas por parte de los usuarios de centros de la Tercera Edad.
c) Procedimiento de compensación a instancia del obligado al pago.
d) Procedimiento de impugnación de actuaciones de retención o ingreso a cuenta y de 
repercusión tributaria
B) Procedimientos iniciados a solicitud del interesado que podrán entenderse 
desestimados cuando no se haya notificado resolución expresa dentro del plazo de tres 
meses.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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1. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre el Valor Añadido:
a) Procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Devolución Mensual.
b) Procedimiento de solicitud de alta o de baja en el Registro de Operadores 
Intracomunitarios.
c) Procedimiento de reconocimiento del derecho a la aplicación del tipo impositivo 
reducido a autotaxis y vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad y 
movilidad reducida.
d) Procedimiento de solicitud de devolución por entregas a título ocasional de medios 
de transporte nuevos.
e) Procedimiento de solicitud de reducción de los índices o módulos que resulten 
aplicables en el régimen simplificado.
f) Procedimiento de solicitud de reintegro de compensaciones en el régimen especial 
para la agricultura, ganadería y pesca.
g) Procedimiento de solicitud de reintegro a comerciantes minoristas de las cantidades 
que hubiesen reembolsado a viajeros por entregas de bienes exentas.
2. Procedimientos recogidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación:
a) Procedimiento de solicitud de autorización para exceptuar de la obligación de 
expedir factura, en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas 
determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de sus actividades.
b) Procedimiento de solicitud de autorización para la expedición de factura simplificada.
c) Procedimiento de solicitud de autorización para que en la factura simplificada no 
consten determinadas menciones.
3. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Procedimiento de solicitud de reducción de los signos, índices o módulos que resulten 
aplicables en el régimen de estimación objetiva.
b) Procedimiento de reconocimiento de exención de determinados premios literarios, 
artísticos y científicos.
C) Procedimientos iniciados a solicitud del interesado en el ámbito de los Impuestos 
Especiales y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
1. Con carácter general, en los procedimientos regulados en los Impuestos Especiales 
y en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se atenderá a lo 
establecido en la normativa estatal en lo relativo al sentido del silencio y al plazo máximo 
establecido para su notificación expresa.
2. El procedimiento recogido en el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero, de desarrollo 
de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, referente al 
reconocimiento previo de la no sujeción y exención en el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, podrá entenderse desestimado cuando no se haya 
notificado resolución expresa dentro del plazo de tres meses.
3. El procedimiento para la práctica de la devolución parcial por el gasóleo empleado 
en la agricultura y ganadería, recogido en el artículo 52.ter de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, podrá entenderse desestimado cuando no se haya 
notificado resolución expresa dentro del plazo de seis meses.
Disposición adicional vigésima novena.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2018.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2018 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo 
establecido en la Disposición adicional vigésimo sexta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición adicional trigésima.  Prestaciones patrimoniales de carácter público.
1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el 
artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior 
podrán tener carácter tributario o no tributario.
Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1 
que tengan la consideración de impuestos, tasas y contribuciones especiales a las que se 
refiere el artículo 19 de esta ley foral.
Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás 
prestaciones que, exigidas coactivamente, respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio 
gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás 
fórmulas de Derecho privado.
Disposición adicional trigésima primera.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2019.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2019 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo 
establecido en la disposición adicional vigesimosexta.
Disposición adicional trigésima segunda.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2020.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2020 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo 
establecido en la disposición adicional vigesimosexta.
Disposición adicional trigésima tercera.  Obligación de información de determinados 
mecanismos de planificación fiscal.*.
1. Los intermediarios y los obligados tributarios interesados deberán suministrar a la 
Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 
15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y 
por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y los artículos 27.5 y 103 de esta ley foral y en 
los términos que establezca la persona titular del Departamento competente en materia 
tributaria, la siguiente información:
a) Mecanismos transfronterizos en los que intervengan o participen cuando concurran 
algunas de las señas distintivas determinadas conforme a la normativa a que se refiere el 
párrafo anterior.
b) Información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables.
c) Información de la utilización de los mecanismos transfronterizos de planificación.
2. Se consideran titulares del deber de secreto profesional al que se refiere el artículo 8 
bis ter.5) de la Directiva 2011/16/UE, los que tuvieran la consideración de intermediarios 
conforme a dicha directiva, con independencia de la actividad económica desarrollada, con 
respecto a los datos privados no patrimoniales y datos confidenciales a los que se refiere el 
artículo 103.5 de esta ley foral que reciban y obtengan de los obligados tributarios 
interesados en un mecanismo transfronterizo de los definidos en la directiva.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del 
mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tributario 
interesado.
3. Exención de responsabilidad.
El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de mecanismos de 
planificación fiscal a que se refiere la Directiva 2011/16/UE, en los términos legalmente 
exigibles, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información 
impuestas por vía contractual o normativa, no implicando para los sujetos obligados ningún 
tipo de responsabilidad respecto del obligado tributario interesado titular de dicha 
información.
4. Régimen de infracciones y sanciones.
a) Constituyen infracciones tributarias simples no presentar en plazo y presentar de 
forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere 
esta disposición adicional, así como la presentación de las mismas por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos o telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de 
hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones se sancionarán con una multa pecuniaria fija de 1.000 euros 
por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma declaración o que hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo 
equivalente a los honorarios percibidos o a percibir o al valor del efecto fiscal derivado del 
mecanismo transfronterizo calculado en los términos establecidos en la letra b), dependiendo 
de que el infractor sea el intermediario o el obligado tributario interesado, respectivamente. 
El límite máximo no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 3.000 euros.
No obstante lo anterior, cuando el mecanismo transfronterizo carezca de valor y el 
infractor lo sea en su condición de obligado tributario interesado, el límite máximo será el 
equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.
En caso de no existencia de honorarios, el límite se referirá al valor de mercado de la 
actividad cuya concurrencia hubiera dado lugar a la consideración de intermediario calculado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de la aplicación de los límites máximos anteriores, el infractor deberá aportar 
prueba fehaciente de la concurrencia y magnitud de los mismos.
La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en este apartado se reducirán a la 
mitad cuando la información haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de 
la Administración tributaria.
La presentación de la información por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, se sancionará con una 
multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma declaración con un 
mínimo 750 euros y un máximo de 1.000 euros.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles 
con las establecidas en los artículos 67 y 72 respectivamente.
Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4.
b) Tendrá la consideración de valor del efecto fiscal el resultado producido, en términos 
de deuda tributaria, del mecanismo declarado que deberá incluir, en su caso, el ahorro fiscal.
A estos efectos será ahorro fiscal cualquier minoración de la base o la cuota tributaria, en 
términos de deuda tributaria, incluyendo el diferimiento en el devengo de la misma, que 
hubiera correspondido si no se hubiese realizado el mecanismo transfronterizo sometido a 
declaración o cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible 
mediante la realización de dicho mecanismo. Igualmente se considerará ahorro fiscal la 
generación de bases, cuotas, deducciones o cualquier otro crédito fiscal susceptible de 
compensación o deducción en el futuro.
Cuando en el mecanismo participen personas o entidades que tuvieran la consideración 
de empresas asociadas a las que se refiere el artículo 3.23) de la Directiva 2011/16/UE, la 
calificación de la existencia de ahorro fiscal a los efectos de esta letra se efectuará 
considerando los efectos a los que se refiere el párrafo anterior en el conjunto de las 
entidades asociadas, con independencia de la jurisdicción de tributación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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* Véase sobre los mecanismos transfronterizos de planificación cuyo deber de declaración haya nacido entre el 
25 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, la disposición adicional 4 del Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de 
abril. Ref. BOE-A-2020-6928
Disposición adicional trigésima cuarta.  Obligaciones entre particulares derivadas de la 
obligación de declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
1. Los intermediarios eximidos por el deber de secreto profesional de la presentación de 
la declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal deberán comunicar 
fehacientemente dicha exención a los intermediarios y obligados tributarios interesados que 
participen en los citados mecanismos en los términos que establezca la persona titular del 
departamento competente en materia tributaria.
2. Las personas o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a declarar y 
que hubieran presentado la declaración, determinando dicha presentación la exención del 
resto de las personas o entidades intermediarias o, en su caso, del resto de obligados 
tributarios interesados que participen en los citados mecanismos transfronterizos, deberán 
comunicar fehacientemente dicha presentación a los citados obligados eximidos, en los 
términos que establezca la persona titular del departamento competente en materia 
tributaria.
3. Régimen sancionador.
Constituye infracción tributaria no efectuar las comunicaciones a las que se refiere esta 
disposición adicional en el plazo establecido o efectuar las comunicaciones omitiendo datos 
o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos.
La infracción regulada en esta disposición adicional será considerada simple y se 
sancionará con una multa fija de 600 euros.
Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4.
Disposición adicional trigésima quinta.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes 
de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante 2021.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2021 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicarán las 
siguientes disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177 /2001, de 2 de julio, siempre 
que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro 
de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento 
tenga periodicidad mensual, que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con 
anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o 
fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de 
hasta doce meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso 
anterior a su tramitación.
3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio se encuentren 
deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía y que hayan sido canceladas, 
junto.con el pago del 30 por 100 indicado en la anterior disposición 1.ª, se exigirá el pago del 
importe íntegro de los recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las 
deudas que se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya 
exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con la 
concesión del aplazamiento.
Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o fraccionamientos 
para los que sea exigible la constitución de garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 del citado Reglamento de Recaudación.
Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, si 
las hubiere, se aplicará lo establecido en las disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de cuatro o más 
aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo 
aplazamiento se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, 
por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación.
Disposición transitoria primera.  Responsabilidad de los contratistas y subcontratistas.
El supuesto de responsabilidad a que se refiere el apartado 4 del artículo 32 de esta Ley 
Foral no se aplicará a las obras o a las prestaciones de servicios contratadas o 
subcontratadas y cuya ejecución o prestación se haya iniciado antes del 1 de enero de 2009.
Disposición transitoria segunda.  Aplicación del interés legal del dinero.
Lo dispuesto en los artículos 50.2.c) y 52.2 respecto del interés legal del dinero será de 
aplicación a los procedimientos y solicitudes que se inicien o se presenten a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley Foral.
Disposición transitoria tercera.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante el año 2010.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2010 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas:
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda a aplazar sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 
de julio, siempre que el plazo no exceda de tres años, el solicitante ingrese con anterioridad 
a su tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite y el aplazamiento 
tenga periodicidad mensual.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas en 
periodo voluntario, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 12.000 euros, 
con un periodo de aplazamiento de hasta dos años y periodicidad mensual, no se exigirán 
garantías ni tampoco el ingreso del 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento se solicite.
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de tres o más aplazamientos 
de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda Pública 
de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se 
solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de 
garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
No obstante lo anterior, en el caso de solicitudes de concesión de aplazamientos o de 
fraccionamientos de la deuda tributaria que afecten a declaraciones cuyo periodo de 
presentación y de pago tenga lugar durante el año 2010, siempre que dichas solicitudes se 
realicen dentro del plazo reglamentario señalado para efectuar dicha presentación y pago, 
no se tendrá en cuenta el número de aplazamientos pendientes de cancelación existentes 
hasta el 1 de enero de 2010.
Disposición transitoria cuarta.  Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean 
realizadas durante el año 2011.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante el año 2011 y cuya gestión recaudatoria tenga 
encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la 
deuda a aplazar sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, 
de 2 de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar 
no esté incluido dentro de las excepciones señaladas en el artículo 48.3 del citado 
Reglamente, que el plazo no exceda de tres años, que el solicitante ingrese con anterioridad 
a su tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite y el aplazamiento 
tenga periodicidad mensual.
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas en 
periodo voluntario, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 12.000 euros, 
con un periodo de aplazamiento de hasta dos años y periodicidad mensual, no se exigirán 
garantías ni tampoco el ingreso del 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento se solicite.
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de 
la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de tres o más aplazamientos 
de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda Pública 
de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se 
solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de 
garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento de 
Recaudación.
No obstante lo anterior, en el caso de solicitudes de concesión de aplazamientos o de 
fraccionamientos de la deuda tributaria que afecten a declaraciones cuyo periodo de 
presentación y de pago tenga lugar durante el año 2011, siempre que dichas solicitudes se 
realicen dentro del plazo reglamentario señalado para efectuar dicha presentación y pago, 
podrán concederse hasta tres aplazamientos más correspondientes a las deudas a las que 
se refiere este párrafo, siempre que el número total de aplazamientos pendientes de 
cancelación en ningún momento exceda de seis y no se concedan en el año más de tres 
aplazamientos sin garantía.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio derivado de la nueva redacción dada al 
artículo 119.3.
La nueva redacción del artículo 119.3 se aplicará a los concursos que se encuentren en 
tramitación a 1 de enero de 2012 respecto de las ejecuciones que respectivamente no se 
hubieran reanudado o iniciado tras la declaración de concurso.
Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio de las obligaciones de declaración de 
los mecanismos transfronterizos sometidos a declaración que se hayan realizado con 
anterioridad a 1 de julio de 2020.
(Derogada).
Disposición derogatoria.  
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, las siguientes:
a) Hacienda Pública de Navarra:
La disposición adicional de la Ley Foral 4/1996, de 2 de abril, de modificación del artículo 
17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
El capítulo décimo del Decreto Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
De la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los capítulos I, IV y VI del Título VIII; los Títulos IX y X, y los artículos 68, 
83, 87, 88, 89 y 90.
c) Impuesto sobre el Patrimonio:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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El último párrafo del artículo 27, el artículo 35 y la disposición adicional primera de la Ley 
Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.
d) Impuesto sobre Sociedades:
El capítulo IX del Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.
Los capítulos IV y VI del Título VII y los Títulos VIII y IX de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
e) Impuesto sobre el Valor Añadido:
El artículo 117 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.
f) Impuestos Especiales:
Los artículos 49.2 y 50 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.
g) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 38 y el apartado 2 del artículo 39 del Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 85, así como los artículos 86, 87, 96, 97, 100, 101, 
102, 109 y 110 del Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
h) Impuesto sobre Sucesiones:
Los artículos 8, 22, 202, 203, 204, 205, 206, 222, 223, 226, 228, 232, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 248, 249 y 290 del Acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 
1970, que aprueba las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones.
Los capítulos IX, X y XI del Título V del acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 
1970, que aprueba las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones, salvo los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 338.1.o
i) Otras disposiciones:
El número 3 del artículo 40 y los artículos 44 y 45 del Acuerdo del Parlamento Foral de 
19 de mayo de 1981, de Presupuestos Generales de Navarra para 1981.
Los artículos 38 y 40 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el ejercicio de 1987.
El artículo 70 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio de 1988.
El artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio 1989.
El artículo 14.4 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el 
Número de Identificación Fiscal.
El artículo 60 de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio 1991.
El artículo 4.º de la Ley Foral 3/1994, de 19 de abril, por la que se regulan diversas 
materias tributarias.
La disposición adicional primera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de 
modificaciones tributarias.
2. a) Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en 
esta Ley Foral y en las restantes normas tributarias.
b) Conservará su vigencia el artículo 116.2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan 
expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley Foral que 
regulan la misma materia que aquéllas.
Disposición final primera.  Entrada en vigor.
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de abril de 2001, aplicándose:
a) A las infracciones que se cometan a partir de dicha fecha, así como a los recargos 
exigibles legalmente que se devenguen a partir de la misma, cualquiera que sea la fecha del 
devengo de los tributos con que guardan relación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
14.2 de esta Ley Foral.
Los recargos establecidos en el artículo 52.3 de esta Ley Foral serán de aplicación a los 
ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas 
fuera de plazo sin requerimiento previo, así como a las liquidaciones derivadas de 
declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, que se presenten a partir 
de la entrada en vigor de la misma.
Los recargos establecidos en el artículo 117.1 de esta Ley Foral serán de aplicación a 
los ingresos de las deudas tributarias en período ejecutivo cuando la iniciación del mismo se 
haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.
b) A los procedimientos, tanto de gestión tributaria como de recaudación, inspección 
tributaria y revisión de actos en vía administrativa, iniciados con posterioridad a dicha fecha, 
rigiéndose los iniciados antes por la normativa anterior hasta su conclusión.
No obstante, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto e 
independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del 
sujeto infractor en todos aquellos procedimientos de comprobación en los que, a la entrada 
en vigor de la presente Ley Foral, aun no se haya documentado el resultado de las 
actuaciones en las actas correspondientes.
Disposición final segunda.  Desarrollo de la Ley Foral.
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente Ley Foral.
2. Hasta tanto dichas normas se aprueben, conservarán su vigencia las normas 
reglamentarias en cuanto no se opongan a la presente Ley Foral.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 14 de diciembre de 2000.
 
MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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