I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17040 Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas 
de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 
«Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 
personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
I
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como las situaciones derivadas de 
este conflicto, están generando importantes consecuencias en todos los órdenes con 
especial relevancia en los mercados energéticos internacionales. Esta situación se está 
trasladando a todos los consumidores europeos tanto en el aspecto de precios de la 
energía como en el incremento de riesgos en la seguridad de suministro.
Si bien España se encuentra en una posición de menor exposición a los riesgos en 
materia de seguridad de suministro gracias a las inversiones realizadas en las últimas 
décadas en su sistema gasista, así como al cuerpo normativo vigente en esta materia, es 
cierto que los efectos económicos indirectos son considerables a través del aumento 
experimentado en los precios de la energía y especialmente en el caso del gas natural.
En este contexto de incertidumbre energética, no han sido pocos los esfuerzos de 
naturaleza política y regulatoria llevados a cabo en los últimos meses, tanto a nivel 
nacional como europeo, para tratar de paliar los efectos negativos de la crisis, tanto 
desde una perspectiva económica como desde la óptica de la seguridad de suministro.
Así, en el ámbito nacional, ha sido intensa la producción normativa llevada a cabo 
desde el comienzo de la crisis de precios en el segundo semestre de 2021. Entre otras 
medidas regulatorias, pueden citarse tanto el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en 
materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa 
de utilización del agua, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas 
urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 
mercados minoristas de gas y electricidad, el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de 
octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los 
consumidores, y la introducción de transparencia en los mercados mayoristas, o el Real 
Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables. Todas ellas trataban de abordar la crisis de precios 
desde la perspectiva de los diferentes productos energéticos afectados –principalmente 
gas natural y electricidad– y su impacto en los consumidores finales de dichos productos.
Ya en el año 2022, cabe destacar el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que volvió a profundizar 
en medidas de apoyo a los diferentes sectores de la economía –aprobando, a modo 
meramente ilustrativo, un mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la 
industria electrointensiva y gas intensiva– y los consumidores domésticos, con especial 
énfasis en aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad energética –relajando, por 
ejemplo, los umbrales de renta para que un mayor número de personas pudiesen 
beneficiarse del descuento en factura eléctrica que supone el bono social–.
También, por medio del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, se aprobó un 
mecanismo temporal de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de 
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la electricidad en el mercado mayorista. El denominado «mecanismo ibérico» ha sido 
una de las piezas normativas fundamentales para abordar de forma estructural el 
problema del contagio de los precios del gas natural en la formación de los precios de la 
electricidad en los mercados mayoristas, de tal forma que, a pesar del continuo 
agravamiento del contexto geopolítico internacional y de intensificación de la escalada de 
los precios del gas natural, su implementación ha traído ahorros potenciales para todos 
los consumidores finales de energía eléctrica próximos a los 3.000 millones de euros en 
los primeros cuatro meses de funcionamiento.
Además, este instrumento regulatorio ha servido de punto de partida para el inicio de 
un proceso de reflexión a nivel europeo en torno a la necesidad de abordar una profunda 
reforma del mercado eléctrico que logre atenuar el efecto contagio de los combustibles 
fósiles en la formación de los precios de la electricidad, y que al mismo tiempo permita 
capturar los beneficios derivados de la continua penetración renovable en el mix de 
producción eléctrica.
Más recientemente, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural, ha incorporado al ordenamiento jurídico 
nacional mandatos precisos para motivar el ahorro de energía final, en un contexto en el 
que la falta de abastecimiento y los riesgos de seguridad de suministro han tomado 
mayor protagonismo ante el recrudecimiento de la crisis energética.
Finalmente, el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a 
las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre 
el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles, con varias medidas de ámbito 
energético, como la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 5% en los suministros del gas 
natural, pellets, briquetas y leña; la posibilidad de que la cogeneración abandone 
temporalmente su régimen retributivo regulado, de modo que se le aplique el Mecanismo 
Ibérico; o la creación de un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que 
aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico.
Asimismo, en el ámbito europeo, cabe mencionar el Reglamento (UE) 2022/1369 del 
Consejo, de 5 de agosto de 2022, sobre medidas coordinadas para la reducción de la 
demanda de gas, y el Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo de 6 de octubre de 2022, 
relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la 
energía, todas ellas medidas que, de algún modo, han tratado de ampliar la respuesta a 
la crisis energética desde un enfoque transnacional, aprovechando los beneficios de la 
coordinación y cooperación entre los Estados miembros, articulando medidas 
armonizadas que mejoren la eficacia en el logro de los objetivos perseguidos, que son 
otros que garantizar el suministro energético y contrarrestar el incremento de precios por 
medio de medidas de refuerzo y apoyo a todos los sectores de la economía.
En definitiva, las medidas adoptadas en el pasado han servido de refuerzo y apoyo 
indispensable para todos los consumidores finales. Sin embargo, tras la aprobación del 
Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, y en este contexto 
de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad de precios energéticos, resulta 
imprescindible y urgente abordar nuevas medidas de protección de los consumidores de 
energía y en particular los consumidores de gas natural domésticos, que permitan 
reforzar su protección y coadyuven al necesario esfuerzo de reducción del consumo de 
gas natural en solidaridad con el resto de la Unión Europea.
Como respuesta a la situación descrita, el Consejo de Ministros adoptó el pasado 11 
de octubre el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), que contiene setenta y tres 
medidas agrupadas en torno a seis objetivos: ahorro y eficiencia; transformación del 
sistema energético; ampliación de la protección a los ciudadanos, especialmente los 
vulnerables; medidas fiscales; transformación de la industria gracias a las energías 
renovables o el hidrógeno, y solidaridad con el resto de los países europeos. Mediante 
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este real decreto-ley se adoptan dieciocho de las medidas del Plan +SE, particularmente 
aquellas de carácter normativo cuyos efectos en el corto plazo contribuirán a mitigar los 
efectos de la crisis energética sobre ciudadanos y empresas y acelerar la transición 
energética.
II
En primer lugar, y considerando lo anteriormente expuesto, mediante este real 
decreto-ley y a la vista de la situación de crisis energética que aún se cierne sobre la 
Unión Europea, se prorroga la aplicación de la limitación de la tarifa de último recurso 
para los consumidores de menos de 50.000 kWh/año hasta finales del año 2023.
En segundo lugar, mediante este real decreto-ley se da la posibilidad a las 
comunidades de propietarios de acogerse a la tarifa de último recurso de gas natural 
(medida 48 del Plan +SE). A este respecto, la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se 
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del 
gas natural, modificó el artículo 93 de la citada ley para crear la tarifa de último recurso 
de gas natural, como precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la ley, hayan sido designados como 
suministradores de último recurso, a los consumidores que tengan derecho a acogerse a 
la misma. La disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007, de 2 de julio, determinó los 
umbrales de consumo anual por debajo de los cuales los consumidores podían acogerse 
a la tarifa de último recurso, habilitando al Gobierno para modificar dichos límites de 
consumo para aquellos consumidores conectados a gasoductos cuya presión sea menor 
o igual a 4 bar, si así lo recomiendan las condiciones de mercado.
Conforme a dicha habilitación, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
abril de 2009, se determinó que a partir del día 1 de julio de 2009 únicamente podrían 
acogerse a la tarifa de último recurso aquellos consumidores conectados a gasoductos 
cuya presión sea menor o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh, 
umbral que ha permanecido inalterado hasta la fecha.
El Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, fijó en un 15% el incremento 
máximo del coste de la materia prima empleada en el cálculo de la tarifa de último 
recurso. Esta medida se adoptaba al constatar que desde marzo de 2021 los precios del 
gas natural en los principales mercados europeos mantenían una tendencia alcista muy 
acusada, impulsada por la recuperación de la demanda de gas en Asia, los bajos niveles 
de stock a nivel mundial y las altas cotizaciones del Brent.
El preámbulo del citado real decreto-ley hacía notar que «el precio del gas natural en 
Europa se encuentra a día de hoy en el rango de los 50-60 €/MWh, marcando máximos 
históricos y triplicando los precios de los últimos años. Así mismo las cotizaciones de los 
futuros y la situación de los mercados indican que los precios podrían mantenerse este 
invierno en valores similares o incluso superiores». Esto se traducía en que «el 
incremento medio en la tarifa de último recurso con entrada en vigor el próximo 1 de 
octubre de 2021 que podría alcanzar el 30-40% según la banda de consumo, derivado 
del incremento superior al 100 % en el coste de la materia prima, respecto a la última 
actualización de julio de 2021. Este elevado incremento entre actualizaciones, máximo 
histórico, supondría un importante esfuerzo económico que deberían afrontar estos 
clientes, muchos de ellos vulnerables».
La invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa que dio comienzo el 24 de 
febrero de 2022 ha estado acompañada de restricciones en el flujo normal de gas ruso 
hacia Europa que culminaron con la clausura total del gasoducto Nord-Stream I el 2 de 
septiembre de 2022. Esta disminución de las entradas de gas ha tenido un reflejo en el 
incremento del coste del gas natural en el mercado nacional MIBGAS, donde el gas 
natural con entrega el día siguiente cerró el 17 de septiembre a 167,50 €/MWh, con un 
promedio de 115,70 €/MWh en el mes de septiembre y habiéndose alcanzado un 
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máximo histórico el 27 de agosto con un valor de 240,00 €/MWh. En consecuencia, el 
encarecimiento del gas es muy superior al que motivó las medidas adoptadas en el Real 
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre.
Sin embargo,  y de acuerdo  al umbral  de consumo  máximo  aprobado  en el Acuerdo  de 
Consejo  de Ministros  de 3 de abril de 2009,  solo se pueden  acoger  a la disposición  adicional 
séptima  del Real Decreto-ley  17/2021,  de 14 de septiembre,  aquellos  consumidores  con 
consumo  anual  inferior  a 50.000  kWh/año  y presión  de suministro  igual o inferior  a 4 bar, lo 
que descarta  a las comunidades  de propietarios  que cuentan  con calefacción  central  por gas 
natural.  Según  los datos  disponibles  del Instituto  Nacional  de Estadística,  el 6,6%  de 
las 25.849.338  viviendas  existentes  en España  disponen  de calefacción  central  por gas 
natural,  es decir,  1.706.056,  mientras  que 6.048.745  (el 23,4%)  contarían  con calefacción 
individual  de gas natural.  En ambos  casos,  estas  viviendas  están  ocupadas  en su gran 
mayoría por familias que usan el gas natural para calefacción y agua caliente sanitaria, ya sea 
mediante calderas colectivas o individuales.
En general, las comunidades de propietarios se encontraban excluidas de la tarifa de 
último recurso por ser grandes consumidores al agregar demanda. Sin embargo, la 
presente situación excepcional de restricción de importaciones y altos precios ha 
ocasionado que estas comunidades tengan que enfrentarse a precios muy superiores a 
la tarifa de último recurso, situación que se agravará con la llegada del invierno y el inicio 
de la temporada de calefacción. Estos altos precios se a traducir en un endeudamiento 
de las comunidades con un incremento de los impagos y consiguientes cortes de 
suministro. En consecuencia, al objeto de minorar las adversas consecuencias que los 
altos precios del gas natural van a hacer recaer en un número tan elevado de familias 
durante el próximo invierno, se toma la decisión de permitir temporalmente que este tipo 
de consumidores se puedan acoger a la tarifa de último recurso, a los que se exigirá 
como medida de eficiencia energética la instalación de contadores individuales de 
calefacción (medida 10 del Plan +SE). Se habilita una partida presupuestaria para cubrir 
el futuro déficit que pueda generarse por la aplicación de esta medida y por la 
continuidad de la limitación de las tarifas de último recurso: TUR 1, 2 y 3.
Asimismo,  mediante  este real decreto-ley  se aumenta  la ayuda  mínima  por beneficiario 
del bono  social  térmico  (medida  47 del Plan +SE),  incrementándose  de 25 a 40 euros  con la 
intención  de disminuir  la brecha  entre  las ayudas  asignadas  a los beneficiarios  residentes  en 
las diferentes  zonas  climáticas.  Además,  para el ejercicio  2022,  se destina  una nueva 
dotación  presupuestaria  de 225 millones  de euros,  con el objetivo  de complementar  la actual 
asignación  de 228 millones  de euros,  y que será sufragada  con cargo  a los Presupuestos 
Generales  del Estado.  Adicionalmente,  considerando  la actual  coyuntura  nacional  de precios 
de la energía,  para el año 2023  se deberá  dotar  con el crédito  suficiente  el bono  social 
térmico para apoyar a las familias y consumidores vulnerables.
El bono social térmico fue creado mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, como parte de la política de lucha contra la pobreza energética e 
inspirado en los principios reformadores que se formularían en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética 2019-2024. A diferencia del bono social eléctrico, el bono 
social térmico se configura como un programa de concesión directa de ayudas 
destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que 
respecta a energía destinada a usos térmicos, tales como calefacción, agua caliente 
sanitaria o cocina. Con este espíritu, el bono social térmico se configura como una 
medida protectora basada en una ayuda económica directamente dispensada sobre los 
consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por consiguiente, con las medidas contenidas en este real decreto-ley, se persigue 
ampliar la protección de los consumidores de energía térmica más vulnerables ante la 
escalada generalizada de los precios de la energía, y en concreto del gas natural y otros 
hidrocarburos afectados por las fuertes tensiones en los mercados internacionales, en un 
porcentaje considerable y en una duración suficiente para asegurar la efectividad de esta 
política protectora.
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De forma adicional, con intención de agilizar y facilitar la gestión del bono social 
térmico por parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, 
este real decreto-ley incorpora en su disposición final cuarta una modificación del Real 
Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para 
colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social 
térmico correspondiente al ejercicio 2020, con el fin de extender el plazo de justificación 
de las subvenciones de que disponen las citadas comunidades autónomas y ciudades 
con estatuto de autonomía como órganos encargados del bono social térmico.
En tercer lugar, a través de este real decreto-ley se aprueban varias modificaciones 
en la normativa sectorial que refuerzan la protección de los consumidores con derecho a 
acogerse a la tarifa de último recurso como es el caso habitual de las viviendas y 
PYMES (medida 49 del Plan +SE).
El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural, regula varias cuestiones con marcada influencia en la 
protección de los consumidores de gas natural, como pueden ser las características de 
los contratos entre consumidores y comercializadoras, los términos en los que se pueden 
resolver dichos contratos y la información a incluir en las facturas.
A través del presente real decreto-ley se introducen tres modificaciones en el 
redactado del citado real decreto conducentes a reforzar la protección de los 
consumidores ante cambios de comercializadora y mejorar la información que estos 
reciben tanto de su consumo como de las ofertas existentes en el mercado.
El artículo 38 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural, establece las características básicas que 
han de poseer los contratos de gas natural celebrados entre un consumidor y una 
empresa comercializadora en el mercado liberalizado. Se fija para estos contratos, con 
carácter general, una duración máxima de un año, prorrogable tácitamente, por periodos 
de la misma duración. En la actualidad, a diferencia de lo que ocurre en el sector 
eléctrico, no se regula la cuantía máxima de penalización a aplicar por el comercializador 
en caso de que el consumidor rescindiese el contrato con anterioridad a la primera 
prórroga de este, es decir, durante su primer año de suministro. A través de la 
modificación del citado real decreto se establece una cuantía máxima de penalización 
dando certidumbre y reforzando al consumidor ante estas situaciones, que se prevén se 
produzcan con mayor número en la actual coyuntura de precios y ante el inicio de la 
temporada invernal en la que se producirá un incremento natural del consumo doméstico 
que incentivará el cambio de comercializador.
El artículo 40 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, fija las condiciones 
que justifican la resolución de un contrato de gas natural entre un consumidor y una 
empresa comercializadora de gas natural. Actualmente, se establece como causa de 
resolución de los contratos, de aquellos consumidores con consumo anual inferior 
a 50.000 kWh/año, la solicitud de baja o de cambio de comercializador por parte del 
usuario. Sin embargo, no se hace referencia expresa a lo que debe ocurrir con los 
servicios adicionales al propio suministro de gas que pueda tener contratado el 
consumidor y que pueden comprender, entre otros, el mantenimiento de las 
instalaciones. A través de la modificación del citado real decreto se establece la 
obligatoriedad de rescindir los servicios adicionales contratados a la vez que la rescisión 
del suministro, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario, reforzando la 
protección del consumidor ante cambios de comercializador.
Finalmente, el apartado 2 del artículo 53 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, establece el contenido mínimo que han de incluir todas las facturas emitidas 
por las empresas comercializadoras de gas natural a sus consumidores. Para ello, este 
apartado desarrolla una relación con toda aquella información considerada necesaria 
para el efectivo conocimiento por parte del consumidor de su factura, de tal forma que se 
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facilite su comprensión. Por otra parte, Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo de 5 de 
agosto de 2022 sobre medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas, 
aboga por la reducción voluntaria de la demanda de gas natural en los diferentes 
Estados Miembros, para hacer frente a una situación de graves dificultades en el 
suministro de gas natural a Europa. A través de la modificación del citado real decreto se 
establece la obligatoriedad para los comercializadores de informar sobre el consumo del 
consumidor en comparación con los consumidores de mismo código postal y escalón de 
peaje, así como incluir un enlace al comparador de ofertas de la CNMC (medida 7 del 
Plan +SE). Esta medida favorecerá la reducción del consumo de gas natural 
voluntariamente por parte de los consumidores y favorecerá la competencia entre 
comercializadoras facilitando el acceso a la información sobre tarifas al consumidor.
Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación de las medidas 
de flexibilización de contratos de suministro de gas natural para proteger al sector 
industrial ante el incremento de precios, previstas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre (medida 49 del Plan +SE). El plazo de 
aplicación de esta medida ya fue ampliado, hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante 
el apartado 14 del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma. Adicionalmente se amplía el ámbito subjetivo de esta flexibilización a los 
puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos, con objeto de reforzar la 
protección a este colectivo, independientemente de su consumo.
III
Por otro lado, por medio de este real decreto-ley se aprueba una nueva batería de 
medidas pertenecientes al sector eléctrico que trata de abordar la actual crisis energética 
desde una faceta omnicomprensiva, actuando sobre el mercado minorista de 
electricidad, y con especial énfasis en aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad 
energética, reimpulsando el autoconsumo como fórmula de empoderamiento de los 
consumidores finales, y articulando medidas temporales para aprovechar las máximas 
capacidades actuales de producción renovable que logren reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica en el territorio nacional.
Así, por un lado, la extraordinaria situación de escalada de precios hace necesario 
continuar la senda iniciada meses atrás centrando esfuerzos y recursos en seguir 
reforzando la cobertura al colectivo de consumidores en situación de vulnerabilidad 
energética, máxime con la llegada del invierno (medida 45 del Plan +SE).
Y es que en un contexto como el actual, caracterizado por el alza de precios 
energéticos y el encarecimiento de bienes y servicios, se pone de manifiesto la 
necesidad de incrementar los esfuerzos para aliviar la factura eléctrica de los hogares 
más vulnerables, que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 897/2017, 
de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, 
para tener acceso al descuento en factura que supone el bono social eléctrico, deben 
suscribir, con carácter previo, el contrato de suministro de energía eléctrica al precio 
voluntario al pequeño consumidor (PVPC). El PVPC, regulado en el Real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por la que se establece la metodología de cálculo de 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de 
contratación, recoge fielmente la variación horaria del precio de la energía del mercado 
diario e intradiario y de los mercados de ajuste, por lo que los consumidores acogidos a 
esta modalidad de contratación están experimentando directamente en sus facturas de 
electricidad la escalada de los precios mayoristas de electricidad.
Además,  debe  recordarse  que, de manera  general,  los consumos  de los hogares  más 
vulnerables  son superiores  a los consumos  medios,  al ser más intensivos  en el uso de la 
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electricidad y tener electrodomésticos menos eficientes y viviendas peor aisladas, por lo que 
el impacto del alza de los precios sobre este colectivo puede incluso ser mayor.
Teniendo en cuenta lo anterior, se juzga necesario introducir un nuevo incremento 
temporal en los descuentos asociados al bono social, de manera que se aumenten los 
actuales, ya considerablemente reforzados, desde el 60 al 65% para los consumidores 
vulnerables y desde el 70% hasta el 80% para los consumidores vulnerables severos, 
coadyuvando así a aliviar el peso de la factura eléctrica a más de un millón doscientos 
mil hogares. Asimismo, la medida se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
También  se estima  conveniente  incrementar  en un 15% los límites  de energía  anual  con 
derecho  al descuento  del bono  social,  de manera  que se compensen,  en parte,  los 
incrementos  de precios  que se están  produciendo  y se acerquen  estos  límites  a los 
consumos  reales  de los hogares  más vulnerables.  Esta medida,  que ha sido defendida  por 
numerosas  asociaciones,  representantes  del tercer  sector  e incluso  administraciones, 
facilitará la traslación del remanente de energía con descuento sobrante entre períodos, pues 
las necesidades energéticas no son las mismas a lo largo de todo el año.
Finalmente, teniendo en cuenta el referido contexto de precios actual y la verdadera 
dimensión de la pobreza energética en España, que ha podido conocerse tras la 
experiencia adquirida en los últimos años por medio de la ejecución de la Estrategia 
Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en concreto su eje primero dedicado 
al conocimiento del fenómeno de la pobreza energética y a la obtención de indicadores, 
que permiten conocer su extensión y evolución, se revela oportuno crear una nueva 
categoría temporal de consumidor vulnerable a los efectos de la percepción del bono 
social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro.
Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad 
al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, hasta el 31 de diciembre 
de 2023, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a 2 veces 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 
veces el IPREM de 14 pagas, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha 
condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de 
supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos. Para estos hogares de trabajadores con bajos ingresos, 
particularmente afectados por la crisis energética, la tarifa de último recurso de 
aplicación será el precio resultante de aplicar un descuento del 40 por ciento en todos los 
términos que componen el PVPC.
Por último,  en línea  con la recomendación  del Defensor  del Pueblo,  se agiliza  la 
tramitación  del reconocimiento  del bono  social  para el conjunto  de sus beneficiarios,  al 
introducir la declaración responsable como medio suficiente para acreditar su estado civil.
También, en el ámbito minorista del sector eléctrico, se incluye una medida de 
flexibilización de contratos de suministro de energía eléctrica (medida 49 del Plan +SE), 
de tal forma que se puedan realizar modificaciones de la potencia contratada con una 
flexibilidad superior a la que actualmente ofrece el marco general de aplicación fijado por 
el artículo 79.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Esta medida se fundamenta en la 
necesidad de ofrecer a todos los consumidores la posibilidad de adaptar sus consumos 
en el contexto de crisis energética actual, donde la escalada de precios está provocando 
que algunos colectivos tengan que adaptar patrones de consumo a esta nueva realidad.
Esta posibilidad regulatoria se fija para el periodo comprendido entre el día de 
entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2023, y se prevé la 
disponibilidad presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado en cada 
ejercicio en que resulte de aplicación la referida medida para compensar al sistema 
eléctrico en una cuantía equivalente a la merma de ingresos ocasionada por dicha 
medida.
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Asimismo, por medio de este real decreto-ley se fija la incorporación en la factura de 
electricidad de los consumidores domésticos de información sobre el consumo medio de 
los hogares de la misma zona (medida 7 del Plan +SE). De esta manera, los 
consumidores tendrán acceso a información de utilidad a la hora de valorar posibles 
mejoras de eficiencia energética y de un consumo más responsable. Esta información irá 
acompañada de recomendaciones y consejos para una gestión eficiente de la energía en 
los hogares y un consumo responsable (medida 5 del Plan +SE).
Esta medida se puede encuadrar en el desarrollo de un marco favorable al 
empoderamiento de los consumidores, que permita a los consumidores gestionar 
activamente su demanda con el fin de reducir su factura.
También, se incluyen medidas para homogeneizar y clarificar el término asociado al 
instrumento regulatorio establecido en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por 
el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de 
producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Así, 
conforme se están produciendo renovaciones de los contratos de suministro eléctrico, 
algunas empresas comercializadoras de mercado libre han optado por incluir un nuevo 
concepto en factura asociado al pago del coste del ajuste a que se refiere el artículo 7 
del citado real decreto-ley. Al objeto de evitar disparidad en la fórmula planteada para 
recoger dicho concepto, así como para clarificar algunos conceptos fundamentales de 
esta regulación, por medio de este real decreto-ley se han establecido determinados 
preceptos para homogeneizar y clarificar la incorporación del coste del ajuste en las 
facturas de electricidad.
IV
El fomento de los gases renovables es una de las medidas de descarbonización 
recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021 – 2030) 
plasmándose entre otros aspectos en la aprobación de las Hojas de Ruta del Hidrógeno: 
Una apuesta por el hidrógeno renovable y la Hoja de Ruta del biogás.
En lo referente al biometano, la Comisión Europea en su Comunicación 
«RePowerEU» ha reconocido su relevancia como combustible sustitutivo del gas natural, 
reduciendo por tanto la dependencia europea del gas ruso, estableciéndose un objetivo 
europeo de producción a 2030 de 35 bcm de biometano (aproximadamente un 8,5% de 
la demanda europea de gas natural). En este sentido, la Hoja de Ruta del biogás 
contempla varias medidas regulatorias para facilitar el despliegue del biogás y el 
biometano en España, entre las que se encuentra la modificación de la normativa actual 
para reducir las barreras que frenan o dificultan la tramitación de los proyectos de 
instalaciones.
Por ello, este real decreto-ley incluye medidas con el objeto de facilitar la tramitación 
de los proyectos de inyección de gases renovables en la red existente de gas natural, 
declarando la utilidad pública de las líneas directas de conexión de una planta de 
producción de gases renovables con el sistema gasista destinada a la inyección de gas 
en él (medida 39 del Plan +SE). Esta modificación contribuye a la aceleración del 
despliegue de estos proyectos que conllevarán una sustitución del consumo de gas 
natural de origen fósil por gases de origen renovable.
Asimismo, mediante este real decreto-ley se autoriza el despliegue de contadores 
inteligentes para consumidores domésticos (medida 11 del Plan +SE), elementos que 
resultan esenciales para fomentar el ahorro de gas natural al proporcionar al consumidor 
información actualizada de su consumo diario, y cuya rentabilidad fue puesta de 
manifiesto en el informe INF/DE/023/21 «Análisis coste beneficio de la implantación de 
contadores inteligentes en el suministro de gas» aprobado por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en noviembre de 2021.
Los contadores de lectura y/o gestión remota presentan una serie de importantes 
ventajas frente a los contadores de gas analógicos. Entre ellas cabe destacar la 
reducción de consumos de gas natural debido al empoderamiento del consumidor con 
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información en tiempo real, el aumento de la frecuencia en las lecturas que permite 
eliminar las estimaciones, la mejora del servicio al cliente con la consecuente reducción 
de reclamaciones, el aumento de la capacidad de detección y prevención del fraude, así 
como la disminución de los desplazamientos de lectura de contadores a realizar por las 
empresas distribuidoras, con las emisiones de gases de efecto invernadero que 
conllevan. Por todo lo anterior, y especialmente por su impacto positivo en la reducción 
de consumo de gas natural, se considera necesario implementar la instalación de estos 
equipos con carácter general.
V
Tal y como se ha venido recogiendo en sucesivas normas desde la aprobación del 
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores, el autoconsumo es una apuesta urgente 
y necesaria que permite disminuir la factura de los consumidores de manera inmediata, 
aumentar el grado de implicación de los consumidores en el proceso de transición 
energética y en la coyuntura actual disminuir el grado de dependencia energética en 
general y el consumo de gas en particular. Por este motivo se considera necesario y 
urgente dar un paso más en la normativa de autoconsumo.
Una de las solicitudes realizada principalmente por empresas instaladoras que podría 
contribuir a impulsar en algunos casos el autoconsumo consiste en aumentar la distancia 
permitida en aquellos casos de autoconsumo a través de la red, por encima de los 500 
metros que se recogen en el artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el 
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica. En primer lugar, conviene señalar que la generación ligada al 
autoconsumo es principalmente fotovoltaica y por tanto se genera en baja tensión. Este 
hecho hace que las distancias máximas a las que resulta razonable transportar esta 
energía generada a ese nivel de tensión, sin provocar fuertes caídas de tensión y 
elevadas pérdidas, no sean elevadas. No obstante, a fin de permitir participar del 
autoconsumo a aquellas viviendas que por las características de sus edificios 
(orientación, tipo de cubiertas, catalogación histórica del edificio…) y sin que esto se 
traduzca en ser invasivo con los espacios no edificados circundantes, se impulsa el 
autoconsumo a través de la red incrementando la distancia de este hasta los 1.000 
metros en casos de plantas generadoras ubicadas en cubiertas (medida 33 del Plan 
+SE). En relación con la conexión de plantas generadoras y consumidores, otro de los 
sentidos en los que se considera necesario avanzar es en el de las líneas directas. Las 
líneas directas son aquellas que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, permiten la conexión de un productor y un consumidor 
mediante líneas propias sin necesidad de conexión a través de redes de transporte y/o 
distribución. La ley del año 2013 introdujo la necesidad de que ambas empresas, 
generador y consumidor, perteneciesen al mismo grupo empresarial. Con el fin de 
estimular el autoconsumo renovable, se opera una modificación en el artículo antes 
señalado a fin de suprimir el requisito de que ambos pertenezcan al mismo grupo 
empresarial para las líneas directas que conectan plantas de generación renovables con 
consumidores (medida 31 del Plan +SE).
Por otro lado, gran parte de las actuaciones que hoy día se publicitan como 
comunidades renovables están realizando actuaciones que en realidad, 
regulatoriamente, se corresponden con el autoconsumo colectivo. Con el fin de dar una 
mayor visibilidad a esta figura, mediante una modificación normativa se permite a estas 
comunidades actuar como representantes de todos los consumidores (medida 30 del 
Plan +SE). Asimismo, este cambio favorecerá y agilizará la tramitación de gran cantidad 
de actuaciones, así como la profesionalización de las mismas.
Finalmente, en lo que a autoconsumo se refiere, en el año 2011 y con el fin de evitar 
la fragmentación de parques fotovoltaicos, se estableció que dos o más instalaciones 
ubicadas en una misma referencia catastral se considerarían una misma instalación a los 
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efectos de obtención de obtención de los permisos de acceso y conexión. Este hecho 
está produciendo limitaciones en la expansión del autoconsumo en ubicaciones donde 
previamente existía una planta (habitualmente fotovoltaica o de cogeneración) que 
percibe régimen retributivo específico, ya que para no perder este no instalan una nueva 
planta renovable. Si bien cabría suponer que el Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, ha superado esta limitación, con el objetivo de evitar los bloqueos que han 
puesto de manifiesto tanto promotores de plantas de generación renovable como 
algunas comunidades autónomas se procede a derogar expresamente la disposición que 
recoge esta limitación (medida 32 del Plan +SE).
Por último, el enorme desarrollo que está experimentando el autoconsumo en 
España, que será todavía mayor al aplicar las medidas incluidas en este real decreto-ley, 
especialmente el incremento de la distancia máxima sobre la que se puede realizar 
autoconsumo a través de red, están generando un cierto desacople entre los datos sobre 
el desarrollo del autoconsumo que maneja el propio sector y la información recogida en 
los registros oficiales. Para evitar que estas discrepancias puedan llegar a suponer un 
riesgo para la operación del sistema eléctrico y la garantía de suministro se establece 
una nueva obligación de información de los gestores de las redes al operador del 
sistema para permitir identificar cada una de las instalaciones de autoconsumo en el 
concentrador principal de medidas eléctricas.
VI
En el ámbito del sector eléctrico se considera necesario introducir una serie de 
medidas relacionadas con el acceso a las redes eléctricas con distintos objetivos. Con el 
fin de otorgar el acceso a la generación renovable y el almacenamiento de manera 
ordenada, existen aproximadamente doscientos nudos de la red de transporte que se 
encuentran reservados para concurso de acceso al amparo de lo previsto en el Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica. En este momento, se encuentra en sus últimas fases 
de tramitación la orden por la que se convocan los concursos en dichos nudos y durante 
la etapa de audiencia de la misma se han puesto de manifiesto diversas situaciones que 
aconsejan introducir precisiones en el articulado. Estas modificaciones se requieren de 
manera urgente para así lograr los objetivos para los que fueron diseñados dichos 
concursos. En concreto, a fin de evitar el vaciado de capacidad de estos nudos, en este 
real decreto-ley se establece expresamente que los nudos que se encuentran 
reservados para concurso por cumplir las condiciones recogidas en el real decreto, lo 
seguirán estando hasta la celebración del concurso aun cuando dejen de cumplirse 
alguna de estas. Asimismo, se regula que cuando uno de los adjudicatarios del concurso 
sea para la repotenciación de una instalación ya en servicio, el permiso de acceso por 
capacidad adicional será tratado como una actualización del permiso de acceso y de 
conexión en vigor.
Por otra parte, tanto en los nudos reservados para los concursos de acceso 
regulados en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, como en los nudos de 
transición justa, existe una capacidad de acceso de la red que no está siendo utilizada 
en este momento. En estos nudos, podría ocurrir que existieran instalaciones ya en 
servicio, cuya potencia instalada, por diversos motivos, sea superior a la capacidad de 
acceso recogida en sus permisos, lo que podría conducir a que, en algunos momentos, 
aun siendo posible generar una cantidad de energía superior esta no pueda ser 
inyectada en la red y deba de ser reemplazada por tecnologías marginales, entre ellas 
centrales de ciclo combinado, con el consiguiente consumo de gas natural. Con el fin de 
minimizar los vertidos de producible renovable y con ello la generación de energía 
eléctrica empleando gas natural, de modo excepcional, se habilita la posibilidad de que 
los titulares de estas plantas obtengan unos permisos de inyección excepcional que les 
otorguen temporalmente la posibilidad de inyectar hasta la totalidad de su potencia 
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instalada siempre que sigan cumpliendo con los requisitos técnicos que les sean de 
aplicación (medida 26 del Plan +SE).
Finalmente, y con el fin de facilitar la construcción de plantas de generación de 
energía eléctrica de origen renovable, se introducen medidas de simplificación 
administrativa para las instalaciones de producción de pequeña potencia (medida 24 del 
Plan +SE). Las modificaciones introducidas permiten, a las administraciones 
competentes que así lo dispongan reglamentariamente, suprimir la obtención de 
autorización administrativa previa y de construcción a las plantas de hasta 500 kW de 
potencia instalada, en lugar de los 100 kW actuales. Asimismo, se introduce una 
modificación reglamentaria en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para que 
esta modificación sea directamente aplicable a las plantas de producción competencia 
de la Administración General del Estado y a aquellas administraciones que utilicen esta 
norma como derecho supletorio.
Adicionalmente, con respecto a los territorios no peninsulares, actualmente, la 
situación de elevados precios de la electricidad en la península junto con la inestabilidad 
en los mercados de combustibles, especialmente de gas natural, está derivando en una 
menor utilización de la interconexión eléctrica entre Illes Balears y la Península. 
Efectivamente, los precios de despacho en Baleares, en los que los ciclos combinados 
que operan con gas natural operan en base, requieren de un plazo para su actualización, 
de modo que no siguen la evolución que se está observando en los precios de este 
combustible en el corto plazo. Esto supone que gran parte de la energía que se recibía 
desde la península está siendo generada por los ciclos de Illes Balears, que, una vez 
que se actualicen los precios de combustibles, supondrán un aumento de costes para el 
sistema que no pudo observarse en el despacho.
Por ello, resulta necesario establecer unos precios de combustibles a efectos de 
despacho más dinámicos, calculados mensualmente en función de referencias 
internacionales, de forma que el despacho de producción resulte lo más eficiente posible 
(medida 64 del Plan +SE). No obstante, si bien resulta urgente el establecimiento de 
estos precios debe de tenerse en cuenta que se hace con carácter transitorio ya que se 
encuentra en tramitación una propuesta de orden por la que se aprueban los 
componentes del precio de los combustibles fósiles a efectos de liquidación y de 
despacho en los territorios no peninsulares de acuerdo a lo previsto en el artículo 40.5 
del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares, dando así cumplimiento a la Sentencia del Tribunal 
Supremo 1337/2021, de 16 de noviembre de 2021. Esta medida transitoria supondrá un 
mayor funcionamiento del cable Península-Baleares y con ello una mayor inyección de 
energía eléctrica peninsular en el sistema insular, lo que supone un menor consumo de 
gas natural al tener un mix más renovable la Península frente a Illes Balears.
VII
Por lo que se refiere al alumbrado exterior, el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07, supuso un primer paso para la racionalización y mejora de la eficiencia 
energética en este ámbito. No obstante, se ha ganado experiencia y conocimiento tras 
estos años, así como la incorporación de avances tecnológicos y de gestión que 
permiten una mejora de los estándares de eficiencia energética, gestión inteligente e 
impacto ambiental del alumbrado público. En este sentido, está en curso una 
actualización del reglamento acorde con estas mejoras.
Sin embargo, la previsible renovación de alumbrado público que pueda darse en los 
próximos meses como consecuencia de la progresiva obsolescencia de los sistemas 
existentes, junto con los elevados precios de electricidad que están viendo las distintas 
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administraciones públicas, hace imprescindible aportar, de forma urgente, certidumbre 
sobre los criterios y requisitos con los que deben realizarse dichas renovaciones.
Por ello, este real decreto-ley adelanta la modificación de la ITC-EA-01 del Real 
Decreto 1890/2008 para introducir mejoras que se han puesto de manifiesto en estos 
años gracias a los avances técnicos producidos (medida 4 del Plan +SE).
La finalidad es contemplar nuevas tecnologías de alumbrado que no se 
contemplaban en el 2008, aumentar la exigencia de la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado exterior y dar visibilidad a la etiqueta energética al 
ciudadano, fomentando la eficiencia energética, dado que se exige su exposición al 
exterior. De esta manera, se actualiza el sistema de clasificación de modo que sólo las 
instalaciones de alumbrado más eficientes alcanzarán un etiquetado A o B.
A su vez, se mejoran significativamente los requisitos mínimos de eficiencia 
energética ( Ԑ), mejorando un 119% de promedio para alumbrado funcional y un 163% 
para alumbrado ambiental, así como exigiendo un nuevo requisito de potencia unitaria 
máxima (Pu), que limita la potencia a instalar por superficie.
En definitiva, esta nueva redacción del ITC-EA-01 supone una actualización 
necesaria dados los grandes avances técnicos producidos. Con este nuevo 
procedimiento de cálculo, el etiquetado refleja fielmente el estado de la técnica, dando al 
usuario final información más realista de la eficiencia de su instalación. Esta información 
favorecerá la instalación del alumbrado más eficiente, permitiendo a las administraciones 
públicas u otras entidades que instalen o renueven alumbrado exterior descartar aquellas 
alternativas que no lo sean.
Esta actualización puntual se complementará con la actualización del resto del 
reglamento, incorporando nuevos criterios de eficiencia energética, mantenimiento y 
gestión de las instalaciones, así como prevención y reducción de la contaminación 
lumínica.
VIII
Asimismo, se adoptan medidas fiscales contenidas en el Plan +SE aprobado en 
Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2022 (medida 55).
En primer lugar, con la finalidad de mejorar la eficiencia energética de viviendas se 
amplía un año más el ámbito temporal de aplicación de la deducción prevista al efecto en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta forma, se dispone de un 
mayor plazo para poder acometer tales obras que permiten reducir el consumo de 
energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración de las 
mismas.
Por otro lado, se introduce en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que 
los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en 
instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas 
instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que utilicen energía 
procedente de fuentes no renovables fósiles. La entrada en funcionamiento de las 
nuevas instalaciones deberá producirse en el año 2023.
El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles 
fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la 
mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio 
climático y la mejora de la seguridad energética del país. Todo esto alineado con las 
políticas nacionales y europeas de mejora de la seguridad de suministro y de lucha 
contra el cambio climático, entre las que destaca el citado Plan +SE y el Plan 
REPowerEU presentado por la Comisión Europea el 18 de mayo de 2022, para dar 
respuesta a la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
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IX
Igualmente, es preciso abordar un incremento adicional en las retribuciones de las 
empleadas y empleados públicos. La situación económica generada tras la pandemia se 
ha visto agravada por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética derivada 
de la misma y el consiguiente aumento del coste de la vida por el impacto de una 
inflación, que se ha visto incrementada de manera sustancial en la segunda mitad del 
año. Esto hace necesario paliar los efectos en el poder de compra ocasionados por la 
inflación en este mismo ejercicio presupuestario.
En este escenario,  se aprueba  una subida  adicional  del 1,5%  de las retribuciones  del 
personal  al servicio  del sector  público  con el fin de compensar  los efectos  de la inflación. 
Así, para el año 2022 el incremento salarial de las empleadas y empleados públicos será de 
un máximo  del 3,5%  con carácter  consolidable,  con efectos  desde  el 1 de enero  de 2022. 
La diferencia resultante entre el incremento salarial aprobado y el que ya se había realizado 
con la entrada  en vigor  de la Ley de Presupuestos  Generales  del Estado  para el año 2022, 
del 2%, se materializará  a partir  del mes de noviembre,  abonándose  como  atrasos  el 
incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año.
Se establecen igualmente reglas específicas para que las Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales puedan materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en 
todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023, así como para adoptar las 
actuaciones presupuestarias que deban realizar las entidades locales a fin de poder 
aplicar el incremento retributivo, estableciendo en su caso reglas concretas para permitir 
la incorporación a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del 
ejercicio inmediato siguiente, y ejecutar el pago antes de 31 de marzo de 2023.
Cada Administración deberá, en su respectivo ámbito, actualizar las cantidades en 
aquellos casos en que las retribuciones previstas en los capítulos I y II del título III de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022, y preceptos concordantes, no vengan referidas al porcentaje de incremento 
previsto por el artículo 19.Dos, de conformidad con el incremento aprobado, y para dictar 
las instrucciones que sean precisas para hacer efectivo el abono de las cuantías 
correspondientes.
En cuanto a las medidas de protección de las personas trabajadoras agrarias, se ha 
tenido presente que el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas al 
comienzo del año hidrológico 2021/2022 (en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 27 de 
septiembre de 2022) ha sido de 472,5 mm, un 25,6% inferior al valor normal, si bien la 
situación ha sido más acuciante en Extremadura cuyo valor es inferior un 43,9%, y 
Andalucía un 33,3%, al valor normal.
En cuanto a las reservas hídricas, la situación es muy compleja en las 
demarcaciones del Guadalquivir y del Guadiana, lo que se ha traducido en que en los 
Avances de Superficie y Producciones se espera un descenso de la producción de la 
práctica totalidad de los grupos de cultivos analizados, por fenómenos climatológicos, 
especialmente en el olivar, cultivo que demanda una gran cantidad de mano de obra.
Es por ello que se reduce el número de jornadas de 35 a 10 para que las personas 
trabajadoras agrarias eventuales, en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria, dada la 
afección de esta situación a sus posibilidades de empleo.
X
La Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P, es una Fundación del Sector 
Público de las previstas en el artículo 84.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Está adscrita al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa, O.A. y 
tiene por objeto, de acuerdo con las directrices del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, promover una transición energética hacia la 
descarbonización que genere desarrollo económico, social y empleo.
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La necesidad de materializar los compromisos asumidos por España en el ámbito 
europeo e internacional de lucha contra el cambio climático e impulso de una transición 
energética justa, ampliando su ámbito de actuación nacional como herramienta de la 
Administración General del Estado, aconsejan reforzar la Fundación CIUDEN como un 
actor clave en la transición energética y en la implantación de las políticas de Transición 
Justa a nivel nacional, lo que requiere actualizar su marco normativo de conformidad con 
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la misma, por un 
lado, en marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y por 
otro, en el ámbito nacional dirigidos a promover el desarrollo económico alternativo de 
los territorios afectados por la transición energética, necesitan con carácter extraordinario 
y urgente de la adaptación de su regulación a fin de cumplir dichos objetivos en los 
plazos temporales acordados con la Comisión Europea para el PRTR y el marco 
temporal de la Estrategia de Transición Justa que alcanza el 31 de diciembre de 2024.
Por ello, se debe reconsiderar la integración de la Fundación Ciudad de la Energía 
en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) (E.P.E.), con excepción 
de las actividades museísticas, tal como se recogió en el punto 9 del anexo II, 
apartado 1. b) del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, por el 
que se aprueban medidas de reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal, publicado a través de la Orden HAP/1816/2013, de 2 
de octubre y se instrumentó mediante la disposición final vigésima sexta de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
que modificó el artículo 4 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Por otro lado, se recoge un régimen especial de los fondos gestionados por el SEPIE 
en relación con el programa Erasmus+ para permitir que el procedimiento para la gestión 
de la Cofinanciación del Ministerio de Universidades al Programa Erasmus+ en el 
ejercicio 2022 se ajuste a lo establecido en la normativa europea en relación con la 
acreditación de sus beneficiarios de no estar incursos en alguna de las causas de 
exclusión establecidas por la legislación vigente.
La disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, estableció un mecanismo 
de garantía de la sostenibilidad financiera de los servicios de Rodalies y Regionales 
sobre ancho ibérico de la Red Ferroviaria de Interés General objeto de traspaso a la 
Generalitat de Catalunya mediante los Reales Decretos 2034/2009, de 30 de diciembre 
y 1598/2010, de 26 de noviembre, respectivamente, disponiendo unos pagos a cuenta 
en tanto no se produjese una normalización del marco presupuestario de prestación de 
los servicios a través de la formalización del correspondiente contrato de servicio público 
entre la Generalitat de Cataluña y Renfe Viajeros S.M.E., SA en calidad de operador de 
aquéllos.
La necesidad de acometer con la urgencia requerida decisiones en materia de 
inversión pública en material rodante destinado a los referidos servicios previa a la 
formalización del citado contrato, trata de garantizar la homogeneidad en el derecho a la 
movilidad y su nivel de calidad que se presta en todo el territorio del Estado.
La asunción por parte de la Administración General del Estado del compromiso de 
anticipar los fondos necesarios para el ejercicio de las correspondientes opciones deberá 
ser objeto de compensación con las transferencias que aquélla realice a la Generalitat de 
Cataluña.
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, fue objeto de modificación por la Directiva (UE) 
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo que se refiere a las asimetrías 
híbridas con terceros países. Las disposiciones para neutralizar las asimetrías híbridas 
que contiene la citada Directiva son coherentes con las normas recomendadas en el 
informe de la Acción 2, «Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos», del 
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proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios («BEPS» por 
sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La Directiva (UE) 2016/1164 es objeto de transposición mediante este real decreto-
ley en relación con el precepto sobre asimetrías híbridas invertidas que contiene, 
incorporándose a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
El artículo 9 bis de la Directiva (UE) 2016/1164, en la redacción dada por la Directiva 
(UE) 2017/952 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, regula 
el caso de las asimetrías híbridas invertidas obligando a los Estados miembros a tratar 
fiscalmente como residentes a las entidades fiscalmente transparentes que sean 
consideradas por la legislación de los países de residencia de sus partícipes mayoritarios 
como entidades sujetas a imposición personal sobre la renta para evitar una situación de 
asimetría híbrida en la que determinadas rentas no tributen en ningún país o territorio, 
esto es, no tributen ni en sede de las entidades en régimen de atribución de rentas ni en 
sede de sus partícipes ni de la entidad pagadora de dichas rentas.
Mediante la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se incorpora el 
mandato del artículo 9 bis de la Directiva (UE) 2016/1164 al artículo de dicha Ley que 
regula las asimetrías híbridas, de forma que, las entidades en régimen de atribución de 
rentas situadas en territorio español no den lugar a la asimetría híbrida señalada en el 
párrafo anterior, convirtiéndose en contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
cuando se den las condiciones y respecto de las rentas señaladas en el apartado 
incorporado al citado artículo de dicha Ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad en régimen de atribución de rentas que 
deba aplicar lo preceptuado en este nuevo apartado está obligada al cumplimiento de las 
obligaciones contables y registrales que corresponda al método de determinación de sus 
rentas, incluidas las que tributan según este Impuesto.
Por otra parte, la incorporación en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades de un nuevo apartado 12 en el artículo 15 bis, hace necesario 
complementar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley del Impuesto y 
efectuar la correlativa modificación del contenido del apartado 3 del artículo 87 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Por último, en la disposición final tercera se añade una nueva disposición adicional 
octava en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Hay que señalar al respecto que el artículo 10.2.c) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, posibilita establecer otros sistemas de identificación de los 
interesados y de firma válidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
dichos preceptos, previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, exigiendo el transcurso 
de dos meses desde dicha comunicación para la eficacia jurídica del sistema.
Mediante Orden de 21 de julio de 2022, del Ministerio de Cultura y Deporte, se 
convocó el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono Cultural 
Joven 2022, en desarrollo de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 210/2022, 
de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural 
Joven, estableciendo un plazo para la presentación de solicitudes hasta el 15 de octubre 
de 2022. Este programa busca facilitar el acceso universal y diversificado de las 
personas jóvenes a la cultura, generar nuevos hábitos de consumo cultural y afianzar los 
existentes, crear nuevos públicos, estimular la demanda y reducir el impacto negativo 
causado por la pandemia en los diversos sectores culturales en nuestro país, estando 
destinado a aquellas personas que cumplan dieciocho años durante el año 2022.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de las solicitudes para solicitar 
el Bono Cultural Joven finaliza el próximo 31 de octubre, queda justificada la 
extraordinaria y urgente necesidad de modificar la Ley 39/20015, de 1 de octubre en los 
términos recogidos en la Disposición final tercera de modo que se suprima el plazo de 
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dos meses para la eficacia de la modificación de los sistemas de identificación y firma no 
criptográfica que se establezcan en las Resoluciones de la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 
pueda aplicarse a las solicitudes pendientes de presentación, facilitando el acceso a 
estas ayudas por parte de los beneficiarios, simplificando la obtención de los medios 
necesarios de identificación y firma, con el objetivo de garantizar la más alta participación 
de los jóvenes en el programa.
XI
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4).
En relación con las medidas en materia de pobreza energética con aplicación al 
sector eléctrico, todas ellas se apoyan en las extraordinarias circunstancias vividas en 
los últimos meses marcadas por la escalada sin precedentes de los precios de la 
electricidad.
Así, el incremento del porcentaje de descuento del bono social contenido en este real 
decreto-ley da continuidad al refuerzo sustancial de los mismos operado por el Real 
Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre. Este nuevo refuerzo, si bien más modesto que el 
anterior, permite proteger a los consumidores domésticos en situación de vulnerabilidad 
energética ante nuevas escaladas de precios que puedan producirse en los próximos 
meses, sirviendo por tanto como escudo social ante la incertidumbre existente en el 
contexto geopolítico internacional.
Un argumento similar puede emplearse en relación con el incremento de los límites 
de energía susceptibles de descuento del bono social. Esta medida tiene un impacto 
inmediato en la factura de la electricidad, ya que se da cobertura a una mayor parte del 
consumo de estos colectivos, por lo que su eficacia es inmediata y con ella se contribuye 
a aliviar el coste excesivo ocasionado por la escalada de los precios de la electricidad 
experimentada en los últimos meses.
También resulta evidente que la escalada de los precios minoristas de todos los 
productos, y en especial de los productos energéticos, ha provocado que familias y 
hogares particularmente afectados hayan visto reducida su disponibilidad presupuestaria 
familiar para hacer frente a todos los gastos del hogar. Por ello, por medio de este real 
decreto-ley se ha creado un mecanismo temporal de protección para hogares con rentas 
por encima de los umbrales actualmente existentes para acceder al bono social eléctrico, 
de tal forma que estos también puedan beneficiarse del descuento en factura que 
supone el bono social. Este nuevo colectivo podrá disfrutar de un descuento del 40% en 
todos los términos del PVPC hasta el 31 de diciembre de 2023.
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Las mismas razones justifican la urgente necesidad de introducir la declaración 
responsable para acreditar el estado civil en el procedimiento de solicitud del bono 
social, a fin de que la protección que estos descuentos dispensa a los consumidores 
domésticos en situación de vulnerabilidad energética se haga efectiva y alcance a sus 
beneficiarios sin mayor demora.
En cuanto a las medidas de simplificación administrativa para las instalaciones de 
producción de energía eléctrica, de acceso a las redes de electricidad y del nuevo 
impulso al autoconsumo, la urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por el 
hecho de que la instalación de generación renovable supone un menor consumo de 
energías fósiles y un abaratamiento de los precios de la electricidad.
En lo relativo a medidas en los sistemas no peninsulares, la urgente y extraordinaria 
necesidad radica en lograr una mayor programación del cable Península-Baleares para 
conseguir una mayor inyección de la energía eléctrica peninsular que se encuentra más 
descarbonizada y producida con un mix con mayor peso de energía renovable.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-
ley se inscribe en el criterio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en 
cuanto órgano de dirección política del Estado, y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación, centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la garantía de precios justos y competitivos a los ciudadanos y las 
empresas.
Asimismo, se destaca que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
En lo relativo al capítulo de medidas de refuerzo a la protección a los consumidores 
de gas natural, se considera que tales medidas en lo relativo a gas natural son de 
extraordinaria y urgente necesidad en tanto que incrementan la protección de los 
consumidores ante situaciones de cambio de comercializador, las cuales se prevé que se 
produzcan con asiduidad en la actual coyuntura de altos precios y volatilidad y 
contribuyen a la reducción del consumo de gas natural y la reducción de los precios 
finales mediante el incremento de la información disponible para el consumidor y la 
mejora de la certidumbre en los procedimientos de cambio de comercializadora. En 
relación a la declaración de utilidad pública de las líneas directas de conexión de plantas 
de producción de gases renovables con la red de transporte y distribución de gas natural, 
ésta se considera de extraordinaria y urgente necesidad en tanto que facilita el necesario 
e inaplazable desplazamiento del gas natural de origen fósil por el uso de otros gases 
renovables, como el biometano.
La ampliación del ámbito temporal para la deducción en el Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) para obras de rehabilitación tendentes a la reducción del 
consumo de calefacción y refrigeración de las viviendas y la modificación en la Ley sobre 
el Impuesto de Sociedades que permite amortizar libremente las inversiones destinadas 
a la instalación de autoconsumo de energía eléctrica y de uso térmico para consumo 
propio aseguran, a corto plazo, la mejora de la eficiencia energética y, con ello, la 
reducción del consumo.
Las circunstancias de crisis de suministro energético en la que se adoptan estas 
medidas justifican la extraordinaria y urgente necesidad de que entren en vigor con la 
mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación parlamentaria, 
puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su 
esperada eficacia en el fin último de las mismas.
Estas medidas tributarias preservan adecuadamente las garantías constitucionales 
en la relación entre el principio de legalidad tributaria y el límite a la facultad de dictar 
decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los 
gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales de los tributos afectados 
ni en la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto 
del sistema tributario.
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La ampliación del ámbito temporal en la deducción del IRPF así como la libertad de 
amortización para determinadas inversiones que se introduce en la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades constituyen modificaciones concretas y puntuales que no suponen 
afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el 
artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), 
«a lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, 
es «al examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o 
libertad regulado en el título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la 
configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, 
FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de 
la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes 
cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga 
tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; 
vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación 
normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición 
del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema 
tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por 
todas)». De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en 
qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la 
función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o 
medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del 
mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción 
normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se 
trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). A la luz de estas 
consideraciones, cabe afirmar que no se vulnera el citado artículo 31 de la Constitución 
ya que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), «(…) no ha provocado 
un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema 
tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
Respecto de la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición de 
la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, fue objeto de modificación por la Directiva (UE) 
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo que se refiere a las asimetrías 
híbridas con terceros países, cabe indicar que el Tribunal Constitucional, en la 
Sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que aquel constituye un instrumento 
constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su 
Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la existencia del presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran 
«el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de 
incumplimiento contra el Reino de España».
En cuanto a los motivos de extraordinaria y urgente necesidad, es preciso recordar la 
STC 1/2012, de 13 de enero, cuyo Fundamento Jurídico 10 señala:
«De lo expuesto se deriva, en suma, que debemos considerar como factores 
relevantes para nuestro examen no solo el elemento temporal (el patente retraso en la 
transposición de las directivas correspondientes) sino muy especialmente el elemento 
causal (la existencia de dos procedimientos de incumplimiento contra el Reino de 
España, cuya terminación mediante sendas sentencias que constataran el 
correspondiente incumplimiento se quería evitar a todo trance) así como el elemento 
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material (la importancia que, conforme al art. 45 CE, cabe conferir a que la casi totalidad 
de los proyectos con relevancia económica y social quedara sometida cuanto antes a 
evaluación de impacto ambiental), por lo que, a la vista de la incidencia conjunta de 
estos tres factores en el presente caso, es preciso concluir que concurre el presupuesto 
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art. 86.1 CE.»
En este sentido, se produce la existencia del elemento temporal citado ya que se 
cumple con la obligación de transposición de las modificaciones en el régimen de las 
asimetrías híbridas con terceros países incorporadas a la Directiva (UE) 2016/1164, por 
la Directiva (UE) 2017/952, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 31 de diciembre 
de 2019, siendo sus disposiciones de aplicación a partir del 1 de enero de 2020 
conforme al artículo 2.1 de la citada Directiva.
Se produce, además, el elemento causal, ya que el pasado 15 de julio de 2022 la 
Comisión Europea, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 258, párrafo 
primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dirigió al Reino de España 
un dictamen motivado mediante el que le invita a que adopte y comunique las medidas 
requeridas para la transposición de la mencionada Directiva en el plazo de dos meses 
desde la recepción de dicho dictamen, al que este respondió comprometiéndose a 
adoptar las medidas necesarias para dicha transposición, lo que fue aceptado por la 
Comisión.
Por último, se cumple también con el elemento material de justificación que exige la 
referida doctrina constitucional en tanto que es precisa una acción normativa inmediata 
para eliminar o combatir la evasión fiscal que se produce cuando determinados 
contribuyentes sometidos a dos jurisdicciones fiscales distintas se benefician de un 
tratamiento fiscal dispar o no coordinado entre las mismas erosionando así las bases 
imponibles correspondientes. Dicha erosión de las bases imponibles limita la capacidad 
recaudatoria de los Estados, por lo que se han elaborado soluciones a nivel global, tanto 
en el marco de la OCDE como de la Unión Europea, en cuyo seno se aprobó la 
Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que ahora se transpone.
La situación descrita demanda, como queda dicho, una acción normativa inmediata 
en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de 
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, 
FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), para evitar de este 
modo que el Reino de España pueda ser sancionado pecuniariamente por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.
Además, como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de 
que la materia tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 
CE) y de que dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto «no se deriva 
necesariamente que se encuentre excluida del ámbito de regulación del Decreto-ley, que 
podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales 
del presupuesto habilitante y no “afecte” en el sentido constitucional del término, a las 
materias excluidas» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7)(…).
En el caso del incremento retributivo adicional para el personal al servicio del sector 
público en el año 2022, la extraordinaria y urgente necesidad viene justificada por 
razones materiales y operativas. Desde un prisma material, por las circunstancias 
excepcionales que han motivado la adopción de un incremento retributivo de este tipo. 
Así, en los últimos meses y como ya se ha apuntado, el estallido de la invasión de 
Ucrania ha supuesto una importante crisis energética que ha disparado la inflación a sus 
tasas más altas desde 1985, llegando a superar el 10%. Sin perjuicio de que las 
previsiones son de una moderación en la tasa, el grave incremento del coste de la vida 
ya producido y que se mantiene desde varios meses en tasas excesivamente elevadas 
ha producido ya, y continúa produciendo un impacto sustancial en las empleadas y 
empleados públicos que, dada su excepcionalidad, debe atenderse sin demora a fin de 
sirva efectivamente para paliarlo.
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Desde un prisma operativo, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la 
articulación de esta medida a través de un real decreto-ley viene motivada por la 
imposibilidad material de articular una medida normativa que habilite la realización del 
incremento retributivo en el ejercicio presupuestario de 2022 a través de la tramitación 
urgente de un proyecto de ley. Si bien el proyecto de ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023 recoge un incremento retributivo para ese ejercicio, el objetivo 
de paliar el impacto económico causado por el aumento de la inflación en el año 2022 
únicamente puede llevarse a cabo a través de la tramitación de una norma de urgencia 
que pueda, con carácter inmediato, desplegar sus efectos y permitir que las distintas 
Administraciones Públicas puedan llevar a cabo las actuaciones precisas para aplicarla 
efectivamente el incremento retributivo en sus respectivos ámbitos en este ejercicio 
presupuestario.
Respecto de la adopción de medidas excepcionales y urgentes en materia de empleo 
para evitar situaciones de desprotección de quienes sean trabajadores como 
consecuencia de la disminución de la necesidad de mano de obra en las zonas 
afectadas, se trata de una medida que sigue múltiples precedentes, como los Reales 
Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo; 1/2013, de 25 de 
enero; 1/2015, de 27 de febrero; 28/2018, de 28 de diciembre; 5/2020, de 25 de febrero, 
y, por último, el 4/2022, de 15 de marzo, que reconocían la reducción del número mínimo 
de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones señaladas. Por lo tanto, esta 
medida se ha venido realizando de manera frecuente en el tiempo, sin que haya habido 
cuestionamiento constitucional alguno sobre la posibilidad de regularlo por medio de este 
instrumento.
Estos perjuicios, que por sí mismos suponen un elemento adicional que considerar 
para la necesidad de atender de urgencia estas medidas, tienen un efecto específico en 
el ámbito de esta concreta medida, pues la renta y el subsidio agrarios sólo se verifican 
en comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Los perjuicios en la actividad 
tendrán como consecuencia inmediata el descenso drástico de la contratación de 
personal eventual en tales explotaciones, de modo que el número de jornadas cotizadas, 
exigido como requisito para el acceso a tales mecanismos protectores, ha decaído 
también, lo que conlleva la imposibilidad de buena parte de los perceptores de cumplir 
con un requisito habilitante esencial. Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que 
los aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la 
cosecha de las actividades oleícolas –predominantes precisamente en el territorio de 
ambas regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir 
el número de jornadas exigidas para acceder a ambas prestaciones, en línea con lo que 
en ocasiones similares se ha venido acordando en el pasado a través también de la 
figura del real decreto-ley.
Por otro lado, parte de la gestión presupuestaria de los Fondos Erasmus+ se realiza 
de forma indirecta por el SEPIE, aunque estos formen parte del presupuesto comunitario 
de la Comisión Europea. A estos Fondos Erasmus+, se le suman anualmente fondos 
nacionales destinados a cofinanciar el Programa para lograr un mayor impacto del 
mismo.
Esta formulación que se inició en 2016, y la aplicación de la normativa comunitaria al 
conjunto de fondos destinados al programa Erasmus+, ha supuesto una reducción de las 
cargas de gestión y, en definitiva, una mejora en la prestación del servicio público que se 
da a los estudiantes que ha servido para consolidar a España como uno de los líderes 
europeos en movilidad.
Durante el año 2022, se ha modificado el procedimiento de gestión de los fondos 
nacionales para cofinanciar el Programa Erasmus+. Con el nuevo procedimiento, los 
beneficiarios de la cofinanciación se corresponden con el total de beneficiarios de los 
fondos europeos para Erasmus+ que organicen movilidades de estudiantes. Esto implica 
que el número de beneficiarios de la cofinanciación ascienda a más de 1.000. Todos 
estos beneficiarios deberán presentar también la documentación acreditativa recogida en 
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la Ley General de Subvenciones, relativa a no estar incurso en alguna de las causas de 
exclusión recogidas en la misma.
El cambio de procedimiento junto con el requerimiento de la documentación 
acreditativa, aconseja el ajuste normativo que se prevé en este real decreto-ley, a fin de 
evitar un retraso significativo en la concesión de estos fondos, que pudiera llegar a 
implicar que los beneficiarios pierdan la financiación nacional.
Según el principio de anualidad presupuestaria recogido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, las partidas de gastos deberán ejecutarse en el 
mismo ejercicio presupuestario, por lo que sólo se necesita agilizar lo máximo posible los 
trámites administrativos pendientes para la concesión de la financiación nacional al 
programa Erasmus+ recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022.
Por ello, se requiere de una ley que garantice que el procedimiento para la gestión de 
la Cofinanciación del Ministerio de Universidades al programa Erasmus+ se ajuste a lo 
establecido en la normativa europea para la gestión del Programa Erasmus+. Según el 
Derecho comunitario, para poder ser beneficiario del programa, se deberá presentar 
exclusivamente una declaración responsable firmada en la que se certifique no estar 
incurso en alguna de las causas de exclusión recogidas en los artículos 136 a 141 del 
Reglamento Financiero de la Unión, que se corresponden con los requisitos recogidos en 
la Ley General de Subvenciones. Este hecho, agilizará la tramitación de la cofinanciación 
nacional y garantizará la adjudicación de las ayudas nacionales al programa Erasmus+ 
en el ejercicio de 2022.
En ausencia de contrato entre la Generalitat de Cataluña y Renfe Viajeros S.M.E., 
SA y la previsión contenida en la ya citada Ley 22/2013, de 23 de diciembre, es 
imprescindible acotar con carácter urgente el riesgo de un transporte público deficitario 
en Cataluña, ampliando con carácter extraordinario la extensión de la garantía del 
Estado a la ampliación de la flota de material rodante destinado a la prestación de 
servicios sometidos a obligaciones de servicio público competencia de la Generalitat de 
Cataluña.
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes.
XII
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente 
interés general que sustenta la medida que se aprueba en la norma, siendo así el real 
decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se 
respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación 
meramente imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados.
A su vez, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como 
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define 
claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria 
que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real 
decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
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El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 
13.ª, 14.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, de Hacienda general y deuda del Estado, de legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas, y de bases del régimen minero y energético, 
respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, la Ministra de Hacienda y Función Pública, la Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministro de Universidades, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de octubre de 2022,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de refuerzo de la protección a los consumidores de gas natural 
y electricidad
Artículo 1.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
quedando redactada como sigue:
«Disposición adicional sexta.  Prórroga de la disposición adicional séptima del 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para 
mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 
minoristas de gas y electricidad.
Se prorroga en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas 
natural correspondientes al 1 de abril de 2022, 1 de julio de 2022, 1 de octubre 
de 2022, 1 de enero de 2023, 1 de abril de 2023, 1 de julio 2023 y 1 de octubre 
de 2023, la aplicación de la disposición adicional séptima del Real Decreto-
ley 17/2021, de 14 de septiembre, estableciéndose en un 15 por ciento el 
incremento máximo del coste de la materia prima, término Cn.
Al objeto de calcular la deuda acumulada por las comercializadoras de último 
recurso por la diferencia entre el término Cn que resulta de la aplicación de del 
artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la 
metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, y el realmente 
aplicado en la tarifa de último recurso, las CUR deberán remitir a la Dirección de 
Política Energética y Minas, antes del día 1 de diciembre, los siguientes datos 
mensuales de facturación de las tarifas de último recurso desde la entrada en 
vigor de la actualización de las tarifas de último recurso correspondiente al 1 de 
octubre de 2021, hasta el 30 de septiembre de 2022: número de clientes, volumen 
de gas facturado en unidades de energía, así como la facturación por término fijo y 
variable conforme a la tarifa aplicada y la que hubiera resultado de la fórmula del 
artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, distinguiendo entre las 
lecturas de contadores reales y las estimadas.»
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Núm. 251 Miércoles 19 de octubre de 2022 Sec. I.   Pág. 141790
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Artículo 2.  Nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las 
comunidades de propietarios de hogares.
1. Durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley 
y hasta el 31 de diciembre de 2023, se habilita temporalmente a las comunidades de 
propietarios de viviendas de uso residencial o agrupaciones de comunidades de 
propietarios de viviendas de uso residencial, constituidas conforme los artículos 5 y 24 
de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de la propiedad horizontal, con un consumo anual 
superior a 50.000 kWh, así como a las empresas de servicios energéticos que les 
presten servicio, a acogerse a la nueva tarifa de último recurso de gas natural, siempre y 
cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artículo.
Las empresas de servicios energéticos que se acojan a esta tarifa deberán trasladar 
de manera íntegra el ahorro obtenido en el coste de adquisición del gas natural al precio 
unitario aplicado por el servicio prestado de calefacción y agua caliente sanitaria.
2. Para acogerse a la nueva tarifa de último recurso, las comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios deberán cumplir las 
siguientes condiciones:
a) La comunidad deberá estar al corriente del pago de todas las obligaciones 
económicas contraídas con su actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades 
que estén sujetas a reclamación o discrepancia.
b) Las viviendas deberán disponer a 30 de septiembre de 2023 de contadores 
individuales de calefacción o repartidores de costes siempre que las instalaciones 
térmicas no se encuentren eximidas de esta obligación por inviabilidad técnica en los 
términos establecidos en el punto a) del anexo I del Real Decreto 736/2020, de 4 de 
agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones 
térmicas de edificios. Además, deberán aplicar un coste unitario calculado en base a la 
tarifa aplicada para el agua caliente sanitaria y de calefacción a partir del momento en 
que dispongan de dichos contadores individuales o repartidores de coste.
c) Deberán haber realizado en plazo la inspección de eficiencia energética con 
resultado positivo, conforme el artículo 31 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
3. La solicitud de la nueva tarifa último recurso deberá ser realizada por el 
presidente de la comunidad de propietarios o agrupaciones de comunidades de 
propietarios o, en su caso, por un representante de la misma autorizado para usar el 
certificado digital de la comunidad de propietarios o por la persona responsable de la 
empresa de servicios energéticos que preste servicios a la comunidad, debiendo ir 
acompañada de una declaración responsable en la que certifique el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos en este artículo, incluyendo el informe de la 
inspección de eficiencia energética y, en su caso, el de inviabilidad técnica, expedido en 
los términos dispuestos en el artículo 4 del Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, así 
como la autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas referida en 
la disposición adicional tercera, o en su caso, de un acuerdo de la Junta de propietarios 
en virtud del cual se haya aprobado la instalación de los citados contadores o 
repartidores de costes antes del 30 de septiembre de 2023.
4. La solicitud de la nueva tarifa de último recurso se deberá dirigir a la 
comercializadora de último recurso (CUR) conforme al siguiente orden:
a) En primer lugar, se deberá dirigir a la CUR que pertenezca al grupo empresarial 
de la comercializadora que actualmente llevaba a cabo el suministro,
b) En su defecto, a la CUR del grupo empresarial de la distribuidora propietaria de 
la red a la que están conectados,
c) En último lugar a la CUR de mayor cuota de mercado de la comunidad autónoma 
en la que se ubique la comunidad de propietarios.
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5. Los traspasos o cambios de las comunidades de propietarios o agrupaciones de 
comunidades de propietarios a las CUR se realizarán aplicando el procedimiento de 
estimación o medición de consumo y calendario establecidos en el artículo 46 del Real 
Decreto 1434/2022, de 27 de diciembre.
6. La nueva tarifa de último recurso aplicable a las comunidades de propietarios o 
agrupaciones de comunidades de propietarios, se calculará conforme la metodología y 
periodicidad establecida en la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, empleando el peaje 
de red local que corresponda al nivel de consumo anual de la comunidad de propietarios. 
Como coste de la materia prima (término Cn), se aplicará la suma del valor que resulte 
de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, multiplicado 
por 0,3 y el valor que resulte de la aplicación de la disposición adicional séptima del Real 
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, multiplicado por 0,7. Cuando el término Cn 
resultante de la aplicación de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, sea inferior al de 
la aplicación de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, se aplicará directamente el valor del término Cn de este último, sin ninguna 
ponderación.
La tarifa calculada conforme este apartado únicamente se aplicará al consumo 
facturado que sea menor o igual a la media del mismo periodo de facturación durante los 
últimos cinco años o los años disponibles si su historial de consumo fuera menor. Al 
resto del consumo se le aplicará el término variable calculado conforme este apartado 
incrementado en un 25%. Las empresas distribuidoras comunicarán a las empresas 
comercializadoras, junto con la lectura correspondiente al periodo de facturación, el 
consumo medio del mismo periodo de facturación durante los últimos cinco años o los 
años disponibles si su historial de consumo fuera menor.
7. El valor concreto de la tarifa último recurso para comunidades de propietarios o 
agrupaciones de comunidades de propietarios, será aprobado por resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, que incluirá tanto el valor del término 
Cn que resulte de la aplicación del apartado 6 como el que resulte de la fórmula del 
artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio.
8. A las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de 
propietarios que hubiesen solicitado la tarifa de último recurso y, no encontrándose en 
una situación de inviabilidad técnica debidamente acreditada, no hubiesen remitido a la 
CUR, antes del 1 de octubre de 2023, certificado de instalación por parte del instalador 
de los contadores individuales de calefacción/repartidores de coste, se le aplicará el 
término variable calculado conforme al apartado 6 incrementado en un 25%, a todo su 
consumo y desde el momento en que la CUR comenzó a suministrar a la comunidad de 
propietarios.
9. Al objeto de calcular la deuda acumulada por las CUR por la diferencia entre el 
término Cn que resulte de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de 
junio y el realmente aplicado en la tarifa de último recurso, las CUR deberán remitir 
mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), antes 
del día 20 del mes, los datos mensuales de facturación de cada tarifa de último recurso 
incluyendo las recogidas en este artículo, incluyendo al menos: número de clientes, 
volumen de gas facturado en unidades de energía, así como la facturación por término 
fijo y variable conforme a la tarifa aplicada y la que hubiera resultado de la aplicación de 
la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, distinguiendo entre 
las lecturas que provengan de contadores reales y las estimadas. Se deberá incluir 
también el desglose de ventas y facturaciones por aplicación del apartado 6, así como la 
facturación por la aplicación del incremento referido en el apartado 8, para cada escalón 
de tarifas.
10.  Para financiar el déficit previsto hasta el 31 de diciembre de 2023 por la 
aplicación tanto de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 
de septiembre, y sus prórrogas, como de este artículo, se aprueba un crédito 
extraordinario por importe de 3.000 millones euros en el presupuesto de la sección 23 
«Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», servicio 03 «Secretaria 
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de Estado de Energía», programa 000 X, concepto 736 «A la CNMC para financiar la 
nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente. Real Decreto-
ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo 
de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía», 
que será transferido a la CNMC para la compensación a las CUR en base a lo 
establecido en este artículo. Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para 
cubrir el déficit real causado por ambas medidas. Este crédito extraordinario tendrá la 
siguiente repercusión en el Presupuesto de ingresos y gastos de la CNMC:
a) En el presupuesto de ingresos en la aplicación 27.302.703.00 «para financiar la 
nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente, como 
consecuencia de las medidas del artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de 
octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 
aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 
trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía» por importe de 3.000 millones 
euros, dentro del concepto 703 ''Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para la compensación del sistema gasista''.
b) En el presupuesto de gastos en la aplicación 27.302.425 A.770 «para financiar la 
nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente, como 
consecuencia de las medidas del artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de 
octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 
aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 
trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía» por importe de 3.000 millones 
euros. Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real 
causado por ambas medidas.
A los créditos anteriores se les otorga el carácter de incorporable de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58, apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
A las modificaciones presupuestarias recogidas en este artículo, incluyendo la 
incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio presupuestario de 2023, les 
resultará de aplicación, respecto a su financiación, las previsiones recogidas en el 
artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La CNMC librará en 2022 estos fondos a las CUR a cuenta de la posterior 
liquidación. A estos efectos, la CNMC mediante resolución determinará mediante la 
correspondiente liquidación trimestralmente la cuantía de la deuda soportada por cada 
CUR y procederá, según el caso, al pago de la liquidación a su favor o, en el caso de 
que la liquidación salga a favor de la CNMC, procederá a exigir su reintegro.
11.  Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y a la CNMC para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo de este artículo. Asimismo se habilita a la CNMC para solicitar a las CUR 
cuanta información sea necesaria para realizar las tareas encomendadas en el presente 
artículo.
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12.  Las tarifas, antes de impuestos, de aplicación desde la entrada en vigor de este 
real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022 para los escalones de peajes de red 
local RL4 a RL8, serán las siguientes:
 Término Fijo (€/
cliente)/mesTermino variable (cts/kWh)
Aplicado al 
consumo menor 
o igual al 
promedio 
históricoAplicado al 
consumo 
superior al 
promedio 
histórico
Consumo superior a 50.000 kWh/año e 
inferior o igual a 300.000 kWh/año.58,48 8,210413 10,263017
Consumo superior a 300.000 kWh/año e 
inferior o igual a 1.500.000 kWh/año.164,82 8,114849 10,143562
Consumo superior a 1.500.000 kWh/año e 
inferior o igual a 5.000.000 kWh/año.1.143,93 7,420087 9,275109
Consumo superior a 5.000.000 kWh/año e 
inferior o igual a 15.000.000 kWh/año.3.189,46 7,084196 8,855245
Consumo superior a 15.000.000 kWh/año e 
inferior o igual a 50.000.000 kWh/año.6.937,62 7,057774 8,822218
a) Coste de la materia prima aplicado: 6,7543173 cts/kWh.
b) Coste de la materia prima conforme la fórmula del artículo 8 de la Orden 
ITC/1660/2009, de 22 de junio: 11,883288 cts/kWh.
Artículo 3.  Incremento de la cuantía de la ayuda mínima por beneficiario del bono social 
térmico.
Se modifica el apartado 3 del anexo I por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la cuantía de la ayuda del Bono Social Térmico del Real Decreto-ley 15/2018, 
de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, que pasa a tener la siguiente redacción:
«3.  La ayuda mínima por beneficiario, para el caso de que exista 
disponibilidad presupuestaria, será de 40 euros.
La ayuda para un consumidor vulnerable en la zona climática «i» se calculará 
conforme a la siguiente fórmula:
𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎  𝑐𝑙𝑖𝑚 á𝑡𝑖𝑐𝑎  "𝑖"(€)=40+α×𝑆𝐶𝐼 𝑖
𝑆𝐶𝐼 𝐴 
Donde:
i = zona climática comprendida entre los valores α y E.
SCI i = valor medio del rango de SCI para la zona climática ''i''.
En el caso de la zona α, se utilizará una SCI=0.
En el caso de la zona E, se utilizará una SCI=1,51.
SCI A = valor medio del rango de SCI para la zona climática A.
α = coeficiente a calcular en función de la disponibilidad presupuestaria anual, 
siendo siempre a > 0.»
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Artículo 4.  Refuerzo presupuestario para el Bono Social Térmico 2022.
1. Se aprueba un suplemento de crédito de 225 millones de euros en la sección 23 
«Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», servicio 03 «Secretaría 
de Estado de Energía», programa «425A Normativa y Desarrollo Energético», 
concepto 450 «Bono Social Térmico».
2. Este suplemento de crédito se destinará a financiar la ampliación de la cobertura 
necesaria para sufragar el incremento de los precios de la energía.
3. Al suplemento de crédito recogido en este artículo le resulta de aplicación, 
respecto a su financiación, las previsiones recogidas en el artículo 59 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 5.  Refuerzo de la protección a los consumidores en materia de rescisiones y 
resoluciones de contratos de suministro de gas natural.
Se modifica la redacción del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, en los siguientes 
términos:
Uno. Se modifica el artículo 38 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 38.  Contratos en el mercado liberalizado.
Los suministros por terceros en el mercado liberalizado requerirán un contrato 
por escrito entre una empresa comercializadora debidamente autorizada y el 
consumidor en el que se recogerán todas las condiciones del suministro, 
seguridad, continuidad del servicio, calidad, repercusiones económicas por 
incumplimiento de la calidad del suministro, medición y facturación del mismo, 
causas de rescisión, mecanismos de subrogación y mecanismos de arbitraje en su 
caso.
Con carácter general, estos contratos de suministro tendrán una duración 
máxima de un año, pudiéndose prorrogar tácitamente por períodos de la misma 
duración. Las prórrogas de estos contratos podrán ser rescindidas por el 
consumidor con un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo 
alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato.
Para aquellos consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso, y siempre que, a causa del consumidor, se rescindiera su contrato antes 
de iniciada la primera prórroga, la penalización máxima por rescisión de contrato 
no podrá exceder el 5% de la facturación prevista por el término variable de 
energía, que se calculará mediante la multiplicación del precio del contrato en el 
momento de su rescisión por la energía estimada pendiente de suministro. A este 
efecto, se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico a dictar el procedimiento a emplear para la estimación de la 
energía pendiente de consumo.
Dichos contratos no podrán contener cláusulas contrarias a lo dispuesto en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y disposiciones de 
desarrollo, y las controversias que pudieran surgir en la aplicación de los mismos 
se resolverán en la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de 
los procedimientos de arbitraje previstos en el ordenamiento jurídico.»
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Dos. Se modifica el artículo 40 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 40.  Resolución de los contratos de suministro.
1. La resolución de los contratos de suministro de aquellos consumidores sin 
derecho a acogerse a la tarifa de último recurso estará sujeta a las condiciones 
que hubieran pactado entre las partes.
2. En caso de consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso, serán causas de resolución de los contratos las siguientes:
a) La solicitud de baja por parte del usuario, o el cambio de comercializador 
por parte del usuario. El contrato con el comercializador saliente quedará resuelto 
en la fecha en la que se active el contrato de suministro con el nuevo 
comercializador.
b) La interrupción del suministro durante más de dos meses desde la fecha 
de suspensión.
c) La suspensión del suministro en los casos de fraude dará lugar a la 
resolución automática del contrato.
3. En todo caso, los servicios adicionales que hayan sido contratados por el 
consumidor junto con el suministro de gas natural deberán ser rescindidos a la vez 
que el suministro de gas natural, salvo que el consumidor indique expresamente lo 
contrario en el momento de la finalización del contrato.»
Artículo 6.  Ampliación del ámbito subjetivo y el alcance temporal de las medidas de 
flexibilización de contratos de suministro de gas natural.
Se modifica la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que pasa 
a tener el siguiente tenor:
«Disposición adicional tercera.  Flexibilización de contratos de suministro de gas 
natural.
1. Las medidas dispuestas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo 
y el despliegue de energías renovables, serán de aplicación hasta que la 
cotización del producto diario con entrega al día siguiente en el Punto Virtual de 
Balance, publicada por el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) se mantenga 
durante diez sesiones diarias de negociación consecutivas por debajo de 60 
€/MWh y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023.
2. Se podrán acoger a estas medidas todos los consumidores que a la 
entrada en vigor de la citada disposición quinta cumplían los requisitos exigidos 
para acogerse a la misma, así como los puntos de suministro de gas natural 
titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o asimilable.
3. A estos efectos, el número máximo de modificaciones permitidas de 
caudal y peajes referidas en los apartados 1.a) y 1.b) de la citada disposición 
adicional quinta del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, a realizar 
serán:
a) Desde la entrada en vigor de la presente disposición hasta el 30 de junio 
de 2022 será de 3 y de 1 respectivamente,
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b) Desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambos días 
incluidos, el número máximo de modificaciones permitidas de caudal y peajes será 
de 3 y 1 respectivamente,
c) Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, ambos 
días incluidos, el número máximo de modificaciones permitidas de caudal y peajes 
será de 5 y 2, respectivamente.
4. Asimismo, los consumidores que hubieran suspendido su suministro, 
conforme el apartado 1.c) de la citada disposición adicional quinta podrán 
prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2023 o solicitar una nueva suspensión de 
suministro en el caso de que ya lo hubieran restablecido.»
Artículo 7.  Flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que 
acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas 
podrán solicitar un cambio de potencias contratadas, con independencia de que el 
consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato 
de acceso de terceros a la red, incluida la propia modificación de potencias contratadas, 
en un plazo inferior a doce meses y aunque no se haya producido ningún cambio en la 
estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte.
La anterior solicitud podrá realizarse a la comercializadora de energía eléctrica 
cuando las condiciones del contrato de acceso de terceros a la red se encuentren 
subsumidas en el contrato de suministro suscrito con aquella, o directamente con al 
distribuidor de energía eléctrica en caso de que las condiciones de acceso a la red se 
encuentren contratadas directamente con el distribuidor.
En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación 
conjunta de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen 
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá 
solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa 
de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán 
atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los 
consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los 
distribuidores.
2. Para los puntos de suministro en los segmentos tarifarios 3.0TD, 6.1TD, 6.2TD, 
6.3TD y 6.4TD, establecidos en la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para 
el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, en el caso de 
solicitudes de reducción de potencias contratadas, estas deberán afectar a periodos 
horarios de aplicación en el mes o meses para los que se solicite dicha reducción y por 
ciclos de facturación completos. Asimismo, la reducción de potencias sobre periodos 
horarios no contenidos en dichos meses no podrá ser superior a la mayor reducción de 
las potencias contratadas en periodos horarios contenidos en los mismos.
3. Una vez finalizado el plazo al que hace referencia el apartado 1, en el plazo de 
tres meses, el consumidor que haya solicitado una modificación de las potencias 
contratadas, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos 
nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. 
Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una 
única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética 
y Minas dicha solicitud.
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4. Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el 
plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno 
sobre el consumidor, a excepción de:
a) Los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada 
por encima del umbral contratado antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley,
b) Los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
c) En el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el 
pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII 
del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo 
previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía 
eléctrica.
En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado 
antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, tampoco se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro de electricidad y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre la revisión de 
las instalaciones de más de veinte años.
5. A los efectos de financiar la flexibilización temporal de los contratos de suministro 
de energía eléctrica prevista en este artículo se aprueba un crédito extraordinario por 
importe de 187,4 millones euros en el presupuesto de la sección 23 «Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico», servicio 03 «Secretaria de Estado de 
Energía», programa 000 X, concepto 735 «A la CNMC para financiar la flexibilización 
temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica. Real Decreto-ley 18/2022, 
de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 
aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 
trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía», que será transferido a la 
CNMC. Este crédito extraordinario tendrá la siguiente repercusión en el Presupuesto de 
ingresos y gastos de la CNMC:
a) En el presupuesto de ingresos en la aplicación: 27.302.702.04 «para financiar la 
flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica. Real Decreto-
ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo 
de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía» 
por importe de 187,4 millones de euros.
b) En el presupuesto de gastos en la aplicación: 27.302.425 A.771 «para financiar 
la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica. Real 
Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de 
la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del 
consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así 
como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía» 
por importe de 187,4 millones de euros.
A los créditos anteriores se les otorga el carácter de incorporable de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58, apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
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A las modificaciones presupuestarias recogidas en este artículo, incluyendo la 
incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio presupuestario de 2023, les 
resultará de aplicación, respecto a su financiación, las previsiones recogidas en el 
artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 8.  Mejora de la información disponible para el consumidor de gas natural en 
materia de consumo energético y elección de comercializadora.
Se añaden dos letras m) y n) al apartado 2 del artículo 53 del Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, con la siguiente redacción:
«m)  En el caso de consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso se incluirá el consumo medio durante el periodo de facturación de aquellos 
consumidores que compartan código postal y escalón de peajes de red local. A los 
efectos del cálculo del valor promedio se tomará el consumo de aquellos puntos 
de suministro cuyos contadores hayan sido leídos durante los tres días hábiles, 
anteriores y posteriores, a la lectura del cliente.
n) Enlace y código QR a la página web del comparador de ofertas de energía 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.»
Artículo 9.  Información sobre el consumo medio de energía eléctrica en la factura..
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, todas las 
comercializadoras de energía eléctrica deberán incluir en sus facturas de potencia 
contratada menor o igual a 15 kW, en sitio visible e identificado claramente, la 
información sobre el consumo medio de los consumidores que compartan el mismo 
código postal.
El consumo medio se referirá al mes natural al que correspondan más días del ciclo 
de facturación. En caso de que corresponda el mismo número de días del ciclo de 
facturación a dos meses diferentes, se hará la media del consumo de los dos meses.
A tal fin, las comercializadoras de energía eléctrica podrán solicitar información sobre 
consumos a las distribuidoras correspondientes.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) 
establecerá, en un plazo inferior a un mes, el fichero de intercambio de información para 
dicha remisión en el marco de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia de 20 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los formatos de 
intercambio de información entre distribuidores y comercializadores.3. La obligación de 
incorporación de dicha información en las facturas finales a que hace referencia el 
apartado 1 surtirá efectos desde el momento en que la CNMC haya aprobado los 
ficheros de intercambio establecidos en el apartado 2, y estos sean de aplicación, 
incorporándose en los siguientes ciclos de facturación que se realicen.
Artículo 10.  Aplicación temporal del bono social de electricidad a los hogares 
trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, a los consumidores finales de energía eléctrica que cumplan los 
requisitos de renta del apartado 2 de este artículo les resultará de aplicación los 
preceptos y disposiciones contenidas en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por 
el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de 
protección para los consumidores domésticos, con las particularidades contenidas en 
este artículo.. Podrán acogerse a esta medida las personas titulares de un punto de 
suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo persona física, estén 
acogida al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumpla los restantes 
requisitos de este artículo y de la normativa general de aplicación.
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2. Para poder adquirir la condición de consumidor final de energía eléctrica referida 
en el apartado anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de 
suministro, o en caso de formar parte de una unidad de convivencia, la renta conjunta 
anual de la unidad de convivencia a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior a 2 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces el 
IPREM de 14 pagas.
Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el 
multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por 
cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y 0,5 por 
cada menor de edad de la unidad de convivencia.
A los efectos de este artículo, se entiende por unidad de convivencia lo dispuesto en 
el artículo 3.2 del referido Real Decreto 897/2017, de 6 octubre.
Asimismo, los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 se 
incrementarán en la misma proporción y bajo los mismos criterios que los establecidos 
en el artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, la tarifa de último recurso de aplicación al consumidor vulnerable definido en 
este artículo será el precio resultante de aplicar un descuento del 40 por ciento en todos 
los términos que componen el PVPC.
4. El derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda de 
conformidad con lo establecido en este artículo, se extinguirá cuando dejen de concurrir 
las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al 
comercializador de referencia (COR) en el plazo máximo de un mes.
5. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 
anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un 
comercializador de referencia el modelo de solicitud establecido en el anexo I de la 
Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, junto con la documentación acreditativa definido 
en el artículo 2 y, en su caso, en el artículo 3 de la precitada orden.
6. En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable prevista en este 
artículo y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, 
se extinguirá con fecha 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de 
acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al 
amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
En cualquier caso, la COR deberá comprobar, de oficio y en los términos 
establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, si se cumplen 
los requisitos que otorgan a la persona titular del punto de suministro el derecho a 
percibir el bono social, conforme a los criterios de renta fijados en el artículo 3 del 
referido real decreto.
En el caso de que no proceda la renovación conforme a los criterios de renta 
generales antes referidos, o según lo dispuesto en el apartado 4, la empresa 
comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última 
factura que emita antes de la fecha prevista en el apartado anterior, la fecha de tal 
vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a 
ser facturado a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor por la misma 
comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, 
alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.
7. Los consumidores finales de energía eléctrica a los que les resulte de aplicación 
el descuento del bono social de conformidad con lo establecido en este artículo, no serán 
beneficiarios del bono social térmico regulado en los artículos 5 y siguientes del Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores.
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Artículo 11.  Nuevo incremento de los porcentajes de descuento del bono social 
eléctrico.
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de 
octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los 
consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista 
de electricidad y gas natural, de la siguiente manera:
«1.  Excepcionalmente, con efectos desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, los descuentos del bono 
social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica recogidos en 
el artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica, serán los siguientes:
a) En el caso del consumidor vulnerable, el descuento será del 65 por ciento.
b) En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 80 
por ciento.»
Artículo 12.  Incremento de los límites máximos de consumo sujetos al descuento en 
factura del bono social eléctrico.
Se modifica la tabla del apartado 2 del anexo I del Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica de la 
siguiente manera:
«CategoríasLímites 
máximos al 
consumo (kWh)
Demandante individual / Unidad de convivencia formada por dos 
personas.1.587
Unidad de convivencia formada por tres personas / Pensionistas (cuantía 
mínima) / Unidad de convivencia formada por dos personas siendo una 
de ellas un menor.2.222
Unidad de convivencia formada por cuatro personas / Unidad de 
convivencia formada por tres personas siendo dos de ellas menores.2.698
Unidad de convivencia formada por cinco o más personas / Unidad de 
convivencia formada por cuatro personas siendo tres de ellas menores / 
Familias numerosas.4.761»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de fomento de gases renovables y digitalización
Artículo 13.  Declaración de utilidad pública de las líneas directas de conexión de 
plantas de producción de gases renovables con la red de transporte y distribución de 
gas natural.
Uno.  Se modifica el artículo 78, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 78.  Líneas directas.
1. Se entiende por línea directa al gasoducto complementario del sistema 
gasista, destinado al suministro exclusivo de un consumidor mediante una 
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conexión directa con la red de transporte o a la conexión de una planta de 
producción de gases renovables con el sistema gasista destinada a la inyección 
de gas en él.
2. Las líneas directas destinadas al suministro exclusivo de un consumidor 
mediante una conexión directa con la red de transporte quedarán excluidas de la 
planificación en materia de hidrocarburos y de la aplicación de las disposiciones 
en materia de expropiación y servidumbres establecidas en la presente ley, 
sometiéndose al ordenamiento jurídico general.
Las líneas directas de conexión de una planta de producción de gases 
renovables con el sistema gasista destinada a la inyección de gas en él quedarán 
excluidas de la planificación en materia de hidrocarburos y se declaran de utilidad 
pública a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de 
paso, aplicándose lo dispuesto en el título V de esta ley.
3. Los consumidores, así como los productores de gases renovables, podrán 
construir las líneas directas por sus propios medios, o solicitar su construcción a 
una empresa transportista o a la empresa distribuidora con autorización 
administrativa en la zona. La titularidad de la línea directa será del consumidor o 
productor de gas renovable. Las líneas directas estarán excluidas del régimen 
retributivo de las actividades de transporte y distribución.
4. El titular de la línea directa deberá permitir la apertura a terceros conforme 
a lo que reglamentariamente se disponga. La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia resolverá los conflictos de conexión y acceso que se produzcan.
5. Con independencia de su presión máxima de diseño, la tramitación de 
estas instalaciones corresponderá al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma por donde discurren, excepto cuando atraviesen más de una, en cuyo 
caso la autorización corresponderá a la Administración General del Estado 
conforme al procedimiento general de autorización, establecido en el título IV del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.
En el caso de líneas directas de inyección será necesario informe vinculante 
del Gestor Técnico del Sistema.
6. Los consumos que se alimenten mediante una línea directa o acometida 
desde una planta de regasificación de la red básica cumplirán las obligaciones 
establecidas en la presente ley, y en particular las derivadas del artículo 98, con 
infraestructuras que no se encuentren incluidas en la red básica.»
Dos.  Se modifican los artículos 92 y 93 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, que tendrán la siguiente redacción:
«Artículo 92.  Reconocimiento de utilidad pública.
1. Para el reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones 
a que se refiere el título IV de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo 
una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante 
considere de necesaria expropiación u ocupación.
2. Los titulares de las instalaciones referidas en el apartado anterior gozarán 
del beneficio de expropiación forzosa y ocupación temporal de los bienes y 
derechos que exijan las instalaciones y servicios necesarios, así como la 
servidumbre de paso y limitaciones de dominio, en los casos en que sea preciso 
para vías de acceso y líneas de conducción de gas e instalaciones auxiliares 
necesarias para su funcionamiento, tales como instalaciones de suministro 
eléctrico, protección catódica, telemando y teleproceso y distribución de gas, 
incluyendo las necesarias para atender a la vigilancia, conservación y reparación 
de las instalaciones. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
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Artículo 93.  Líneas directas.
La construcción de líneas directas destinadas al suministro exclusivo de un 
consumidor mediante una conexión directa con la red de transporte queda 
excluida de la declaración de utilidad pública, así como de las disposiciones que 
en materia de expropiación y servidumbres se establecen en el presente capítulo, 
quedando sujetas al ordenamiento jurídico general.
Las líneas directas de conexión de una planta de producción de gases 
renovables con el sistema gasista destinadas a la inyección de gas en él, son 
susceptibles de reconocimiento en concreto de utilidad pública.»
Artículo 14.  Despliegue de contadores inteligentes de gas natural.
1. Se aprueba la implantación de contadores inteligentes de gas natural para 
aquellos clientes con un consumo igual o inferior a 50.000 kWh. La persona titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establecerá mediante 
orden ministerial los correspondientes planes de desarrollo para la implantación de 
contadores inteligentes de gas natural, así como sus especificaciones mínimas.
2. En el marco de sus competencias y en un plazo no superior a 3 meses desde la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial referida en el apartado 
anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fijará un precio 
transitorio de alquiler de contadores inteligentes.
3. La cuantía que resulte de la diferencia entre el precio de alquiler transitorio y el 
definitivo, ya sea positiva o negativa, se adicionará a la retribución reconocida a las 
empresas distribuidoras en el primer ejercicio disponible.
CAPÍTULO III
Impulso al autoconsumo
Artículo 15.  Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica.
Se modifica el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica, en los siguientes aspectos:
Uno.  Se añade un nuevo párrafo en el apartado iii., en la letra g) del artículo 3, con 
la siguiente redacción:
«También tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las 
de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que 
empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la 
cubierta de una o varias edificaciones esta se conecte al consumidor o 
consumidores a través de las líneas de transporte o distribución y siempre que 
estas se encuentren a una distancia inferior a 1.000 metros de los consumidores 
asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su 
proyección ortogonal en planta.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 4, con la siguiente redacción:
«7.  Para la realización del autoconsumo colectivo podrá constituirse una 
comunidad de energías renovables siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos para las mismas. Esta comunidad podrá actuar como representante 
de los consumidores a los efectos previstos en este real decreto siempre que 
estos otorguen las correspondientes autorizaciones.»
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Tres.  Se añade un nuevo apartado 4 en la disposición adicional segunda, con la 
siguiente redacción:
«4.  Al menos con carácter trimestral, los gestores de las redes de transporte 
y distribución remitirán al operador del sistema en su calidad de responsable del 
sistema de medidas, exclusivamente por vía electrónica, la información relativa a 
las instalaciones de autoconsumo conectadas a las redes que gestionan. Esta 
información deberá permitir identificar cada una de las instalaciones de 
autoconsumo en el concentrador principal de medidas eléctricas. Asimismo, el 
operador del sistema remitirá esta información agregada a la Dirección General de 
Política Energética y Minas con carácter trimestral.
La Dirección General de Política Energética y Minas, a propuesta del operador 
del sistema, aprobará por resolución los formatos para la remisión de dicha 
información, la frecuencia, así como los parámetros de desagregación y aquellos 
otros aspectos necesarios para identificar las instalaciones de autoconsumo en el 
concentrador principal de medidas eléctricas, garantizar la homogeneidad de los 
datos y el detalle de los mismos de tal forma, que permitan al operador del sistema 
cumplir sus funciones relativas a la seguridad de suministro. Estas resoluciones 
establecerán también los formatos de entrega de la remisión de información del 
operador del sistema a la Dirección General de Política Energética y Minas.»
Artículo 16.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los 
siguientes aspectos:
Uno. Se añade un nuevo párrafo en el artículo 42.1, con la siguiente redacción:
«En el caso de plantas de generación renovable no será de aplicación el 
requisito de pertenencia a la misma empresa o al mismo grupo empresarial 
recogido en el párrafo anterior.»
Dos.  Se modifica el primer párrafo del artículo 53.3, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Reglamentariamente se podrá eximir a determinadas instalaciones de 
producción de hasta 500 kW de potencia instalada del régimen de autorizaciones 
previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del presente artículo.»
CAPÍTULO IV
Modificaciones en acceso y conexión para inyección rápida de energía en la red
Artículo 17.  Utilización temporal de la capacidad reservada en los nudos de concurso.
1. Con carácter excepcional, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 
el operador del sistema podrá otorgar permisos de inyección excepcional que permitirán 
incorporar en la red de transporte una potencia activa superior a la que recojan los 
permisos de acceso otorgados e inferior o igual la a la potencia instalada de la 
instalación de producción.
Estos permisos solo podrán otorgarse a instalaciones conectadas a la red de 
transporte que cuenten con autorización de explotación definitiva y se encuentren 
conectadas en nudos reservados a concurso de acceso de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre o en alguno de los nudos de 
transición justa definidos en anexo del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica.
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2. Para el otorgamiento de un permiso de inyección excepcional, el titular de la 
instalación de producción deberá presentar al gestor de la red de transporte una solicitud 
que incluya tanto la potencia de inyección excepcional que se solicita, como la 
documentación necesaria que permita identificar la instalación y el nudo de la red de 
transporte al que se encuentra conectado. Asimismo, esta solicitud deberá acompañarse 
de toda la documentación necesaria para poder realizar los análisis señalados en este 
artículo.
En la ordenación de las solicitudes que se presenten en aplicación de este artículo, el 
gestor de la red de transporte deberá aplicar el criterio de prelación temporal.
3. Para la emisión del permiso de inyección excepcional el gestor de la red de 
transporte deberá analizar que se cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Que la instalación se encuentre conectada a la red de transporte en alguno de 
los nudos reservados para concurso por resolución del titular de la Secretaría de Estado 
de Energía, de acuerdo con lo previsto en artículo 20 del Real Decreto 1183/2020, de 29 
de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, o en alguno de los nudos de transición justa definidos en anexo del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. En el caso de nudos 
reservados para concurso, deberá cumplirse no se haya resuelto ninguno de los 
concursos convocados en dichos nudos.
b) La existencia de capacidad de acceso reservada en el nudo de acuerdo con los 
criterios establecidos en la normativa en vigor en el momento de evaluar la solicitud.
c) Que, en el caso de que sean de aplicación, el solicitante haya aportado la 
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos técnicos de la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan 
aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de 
determinadas instalaciones eléctricas y su normativa de desarrollo que le sean de 
aplicación. A tal efecto, se entenderá que la capacidad máxima, tal como está definida 
en el artículo 4.4 de dicho real decreto, no variará con respecto a lo declarado en su 
permiso inicial.
4. Una vez el titular de la instalación haya respondido a los requerimientos de 
subsanación realizados por el gestor de la red de transporte, este dispondrá de un plazo 
de dos meses para otorgar o denegar el permiso de inyección excepcional y notificarlo al 
solicitante.
5. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 647/2020, 
de 7 de julio, o de aquellos otros que pudiera contener el permiso de inyección 
excepcional otorgado relacionados con la operación del sistema supondrá la caducidad 
automática del mismo.
6. La resolución del concurso en los nudos en los cuales se hayan otorgado 
permisos de inyección excepcionales supondrá la caducidad automática de los mismos 
desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la resolución del concurso.
7. En ningún caso, las eventuales discrepancias que pudieran surgir tendrán 
consideración de conflictos de acceso o de conexión.
8. Mediante Orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico se podrán desarrollar el procedimiento y los requisitos adicionales 
para el otorgamiento de los permisos de inyección excepcionales.
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Artículo 18.  Modificación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Se modifica el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 18, que queda redactado como sigue:
«3.  En todo caso, para acodar la convocatoria de concurso en los nudos a 
los que se refiere el apartado anterior se deberá cumplir que la disponibilidad, 
liberación o afloramiento de capacidad en los nudos, según proceda en cada caso, 
será igual o superior a 100 MW, en el caso de nudos ubicados en el sistema 
eléctrico peninsular, o igual y superior a 50 MW, en nudos ubicados en los 
territorios no peninsulares.».
Dos.  Se introduce un nuevo apartado 11 en el artículo 20 con la siguiente 
redacción:
«11.  Los nudos para los que la Secretaría de Estado de Energía haya dictado 
resolución acordando la celebración de concurso de acceso, de acuerdo con lo 
previsto en este artículo, permanecerán reservados para concurso con 
independencia de que la capacidad reservada para concurso se haya reducido por 
debajo del límite establecido en el artículo 18.3 de este real decreto. Asimismo, 
permanecerán reservados con independencia de que las condiciones a las que se 
refiere el artículo 18.2 de este real decreto dejen de cumplirse después de haberse 
dictado la resolución.».
Tres.  Se introduce una nueva disposición adicional séptima con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional séptima.  Tratamiento de determinadas solicitudes de 
otorgamiento de permisos de acceso y de conexión de instalaciones 
adjudicatarias en concursos.
A efectos de lo previsto en el artículo 20.7 de este real decreto, en el caso de 
que la instalación adjudicataria en un concurso sea el resultado de modificar una 
instalación que cuente con autorización de explotación, las solicitudes de acceso y 
de conexión serán tratadas como actualizaciones de los permisos de acceso y de 
conexión ya otorgados.»
CAPÍTULO V
Simplificación administrativa para la construcción de instalaciones de pequeña 
potencia
Artículo 19.  Exención de autorizaciones a instalaciones de pequeña potencia.
Se añade un apartado 5 en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, con la siguiente redacción:
«5.  Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 53 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de producción de energía 
eléctrica con potencia instalada de hasta 500 kW, quedan excluidas del régimen 
de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de 
construcción previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del mencionado artículo 53.»
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CAPÍTULO VI
Ahorro y eficiencia energética en alumbrado exterior
Artículo 20.  Ahorro y eficiencia energética en alumbrado exterior.
Se modifica la instrucción técnica complementaria EA-01, «Eficiencia Energética», 
aprobada por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, que pasa a tener el 
contenido recogido en el anexo.
CAPÍTULO VII
Medidas fiscales
Artículo 21.  Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
obras de mejora de eficiencia energética en viviendas.
Con efectos desde 1 de enero de 2023, se modifica la disposición adicional 
quincuagésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional quincuagésima.  Deducción por obras de mejora de la 
eficiencia energética de viviendas.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades 
satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2023 por las obras realizadas durante dicho período 
para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda 
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso 
como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este 
último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2024.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha reducido la demanda de 
calefacción y refrigeración de la vivienda cuando se reduzca en al menos un 7 por 
ciento la suma de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del 
certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico 
competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes 
del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el 
certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras. 
Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el 
que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este 
último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho 
período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2024.
La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
2. Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades 
satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2023 por las obras realizadas durante dicho período 
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para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda 
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso 
como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este 
último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2024.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de 
energía primaria no renovable en la vivienda en la que se hubieran realizado tales 
obras cuando se reduzca en al menos un 30 por ciento el indicador de consumo 
de energía primaria no renovable, o bien, se consiga una mejora de la calificación 
energética de la vivienda para obtener una clase energética ''A'' o ''B'', en la misma 
escala de calificación, acreditado mediante certificado de eficiencia energética 
expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas, 
respecto del expedido antes del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el 
certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras. 
Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el 
que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este 
último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho 
período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2024.
La base máxima anual de esta deducción será de 7.500 euros anuales.
3. Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso 
predominante residencial en el que se hayan llevado a cabo desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2024 
obras de rehabilitación energética, podrán deducirse el 60 por ciento de las 
cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras. A estos efectos, 
tendrán la consideración de obras de rehabilitación energética del edificio aquéllas 
en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que 
se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia 
energética del edificio expedido por el técnico competente después de la 
realización de aquéllas una reducción del consumo de energía primaria no 
renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, 
o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase 
energética ''A'' o ''B'', en la misma escala de calificación, respecto del expedido 
antes del inicio de las mismas.
Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran 
adquirido con estas.
No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la 
parte de la vivienda que se encuentre afecta a una actividad económica.
La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022, 2023 
y 2024 en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre 
que se hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo en el que 
se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética. 
Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el 
que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este 
último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho 
período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2025.
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Núm. 251 Miércoles 19 de octubre de 2022 Sec. I.   Pág. 141808
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La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima 
anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios 
siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda 
exceder de 15.000 euros.
4. No darán derecho a practicar las deducciones previstas en los apartados 1 
y 2 anteriores, cuando la obra se realice en las partes de las viviendas afectas a 
una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e 
instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
En ningún caso, una misma obra realizada en una vivienda dará derecho a las 
deducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores. Tampoco tales 
deducciones resultarán de aplicación en aquellos casos en los que la mejora 
acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el 
conjunto del edificio y proceda la aplicación de la deducción recogida en el 
apartado 3 de esta disposición.
La base de las deducciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores 
estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o 
débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en 
entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así 
como a las personas o entidades que expidan los citados certificados, debiendo 
descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a 
través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de resolución 
definitiva de la concesión de tales ayudas. En ningún caso, darán derecho a 
practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de 
curso legal.
A estos efectos, se considerarán como cantidades satisfechas por las obras 
realizadas aquellas necesarias para su ejecución, incluyendo los honorarios 
profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, 
coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y 
otros gastos necesarios para su desarrollo, así como la emisión de los 
correspondientes certificados de eficiencia energética. En todo caso, no se 
considerarán en dichas cantidades los costes relativos a la instalación o 
sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil.
Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la 
cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente a que 
se refiere el apartado 3 anterior vendrá determinada por el resultado de aplicar a 
las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios, a las que se refiere el 
párrafo anterior, el coeficiente de participación que tuviese en la misma.
5. Los certificados de eficiencia energética previstos en los apartados 
anteriores deberán haber sido expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto 
en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios.
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
práctica de estas deducciones serán válidos los certificados expedidos antes del 
inicio de las obras siempre que no hubiera transcurrido un plazo de dos años entre 
la fecha de su expedición y la del inicio de estas.
6. El importe de estas deducciones se restará de la cuota íntegra estatal 
después de las deducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, y 5 del 
artículo 68 de esta ley.»
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Artículo 22.  Libertad de amortización en inversiones que utilicen energías procedentes 
de fuentes renovables en el Impuesto sobre Sociedades.
Se introduce una nueva disposición adicional decimoséptima en la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoséptima.  Libertad de amortización en inversiones 
que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
1. Las inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía 
eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables de acuerdo con lo 
definido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio 
que utilicen energía procedente de fuentes renovables, que sustituyan 
instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables fósiles y 
que sean puestas a disposición del contribuyente a partir de la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de 
refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 
reducción del consumo de gas natural en aplicación del ''Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)'', así como medidas en materia de retribuciones del personal al 
servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía, y entren funcionamiento en 2023, podrán ser 
amortizadas libremente en los períodos impositivos que se inicien o concluyan en 
dicho año, siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del 
período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la 
plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los 
doce meses anteriores.
Los edificios no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en 
esta disposición.
La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de 
libertad de amortización será de 500.000 euros.
Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad se tomarán las personas 
empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en 
cuenta la jornada contratada en relación a la jornada completa.
2. A efectos de la presente disposición, se considerará energía renovable la 
procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía 
solar (solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, 
energía mareomotriz, energía undimotriz y otros tipos de energía oceánica, 
energía hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases 
de plantas de depuración, y biogás, tal y como se definen en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
En el caso de las instalaciones de producción de energía eléctrica, solo se 
considerará energía renovable aquella que proceda de instalaciones de la 
categoría b) del artículo 2.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos.
3. En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor accionadas 
eléctricamente solo se considerará energía renovable su uso para calor a partir de 
un rendimiento de factor estacional (SCOPnet) de 2,5 de acuerdo con la 
Decisión 2013/114/UE de la Comisión de 1 de marzo de 2013, por la que se 
establecen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía 
renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.
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En el caso de que tales bombas se usen para frío, solo se considerará que 
producen energía renovable cuando el sistema de refrigeración funcione por 
encima del requisito de eficiencia mínimo expresado como factor de rendimiento 
estacional primario y este sea al menos 1,4 (SPFplow), de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2022/759 de la Comisión de 14 de 
diciembre de 2021 por el que se modifica el anexo VII de la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a una metodología 
para calcular la cantidad de energías renovables utilizada para la refrigeración y 
los sistemas urbanos de refrigeración.
4. En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor 
y frío) para climatización o generación de agua caliente sanitaria, únicamente se 
entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable 
cuando se reduzca al menos un 30 por ciento el indicador de consumo de energía 
primaria no renovable, o bien se consiga una mejora de la calificación energética 
de las instalaciones para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma 
escala de calificación.
5. No podrán acogerse a la libertad de amortización a que se refiere esta 
disposición aquellas instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la 
normativa del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, salvo que la instalación tenga una potencia 
nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de la libertad 
de amortización aquella parte del coste de la instalación proporcional a la potencia 
instalada por encima de ese mínimo exigido.
6. Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en esta 
disposición, los contribuyentes deberán estar en posesión, según proceda, de la 
siguiente documentación que acredite que la inversión utiliza energía procedente 
de fuentes renovables:
a) En el caso de generación de energía eléctrica, la Autorización de 
Explotación y, en el caso de las instalaciones con excedentes, la acreditación de la 
inscripción en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica (RAIPREE) o, en el caso de instalaciones de menos de 100kW, el 
Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
b) En el caso de sistemas de producción de gases renovables (biogás, 
biometano, hidrógeno renovable), la acreditación de inscripción en el Registro de 
instalaciones de producción de gas procedente de fuentes renovables regulado en 
el artículo 19 del Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los 
criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así 
como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
c) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor 
y frío) industrial o de proceso, acreditación de la inscripción en registro o informe 
del órgano competente en la Comunidad Autónoma.
d) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor 
y frío) para climatización o generación de agua caliente sanitaria, certificado de 
eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización 
de las inversiones, que indique la incorporación de estos sistemas respecto del 
certificado expedido antes del inicio de las mismas.
7. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de mantenimiento de 
la plantilla en los términos establecidos en el apartado 1 de esta disposición, se 
deberá proceder a ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la 
cantidad deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes. El 
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ingreso de la cuota íntegra y de los intereses de demora se realizará 
conjuntamente con la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el 
que se haya incumplido la obligación.
8. Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 
de esta Ley, les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de 
reducida dimensión previstos en el capítulo XI del título VII de esta Ley, podrán 
optar entre aplicar el régimen de libertad de amortización previsto en el 
artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de libertad de amortización regulado 
en esta disposición.»
CAPÍTULO VIII
Medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 
de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 
sequía
Artículo 23.  Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público 
para el año 2022.
1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las 
retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento 
adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.
2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el 
artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas:
1.ª  Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de 
forma que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global 
máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.
2.ª Se  materializará  en la nómina  del mes de noviembre  de 2022,  abonándose  como 
atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año.
3.ª  En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que 
materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad 
al 31 de marzo de 2023.
3. Excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades 
autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar 
recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los 
que se refiere el apartado dos de la disposición adicional octogésima novena de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022, por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento 
retributivo previsto en este artículo.
4. En el caso de que se tramiten en 2022 modificaciones de crédito consistentes en 
suplementos de créditos o créditos extraordinarios, podrá ser de aplicación el 
artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Con arreglo al artículo 182 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el crédito extraordinario o suplemento de crédito aprobado para 
financiar el incremento retributivo regulado en el presente artículo podrá incorporarse a 
los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato 
siguiente, debiendo ejecutarse el pago antes de 31 de marzo de 2023.
Con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos 
suficientes para dar cumplimiento al artículo 177.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, para financiar las modificaciones de crédito 
citadas en el apartado anterior de esta disposición adicional, podrán formalizar un 
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préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, por 
lo que se amplía el ámbito objetivo establecido en los artículos 40 y 52 del Real Decreto-
ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. El importe 
del citado préstamo no podrá exceder del 1,5 por ciento de las obligaciones reconocidas 
netas en el capítulo 1 del estado de gastos según la liquidación del presupuesto de 2021. 
En estos supuestos, las entidades locales deberán ejecutar el pago antes de 31 de 
marzo de 2023.
Las condiciones de acceso a esta financiación, así como las condiciones financieras 
de dicha operación se aprobarán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.
Se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
dictar las instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreción del 
procedimiento para la aplicación de este apartado.
5. En el ámbito estatal, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos para actualizar las cantidades determinadas de aquellos artículos del capítulo I 
del título II y sus respectivos anexos, así como los capítulos I y II del título III de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022 que no vengan expresamente referidas al porcentaje de su artículo 19.Dos con 
las cantidades que correspondan, de conformidad con el incremento aprobado, y para 
dictar las instrucciones oportunas para hacer efectivo el abono de las cuantías 
correspondientes.
6. Este artículo tiene carácter básico salvo el apartado 5, y se dicta al amparo del 
artículo 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución.
Artículo 24.  Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder 
al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales 
agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura.
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha fecha, 
residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, 
podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, 
de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los 
trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, o de la renta agraria, establecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, 
por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto en el citado 
Sistema de la Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas 
establecido, respectivamente, en el artículo 2.1.c) del primero o en el artículo 2.1.d) del 
segundo de los reales decretos citados, siempre que tengan cubierto en dicho Sistema 
Especial un mínimo de 10 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales 
inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, y reúnan el resto de los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 288 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con lo establecido en los citados reales decretos.
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará 
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
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3. En las solicitudes que se presenten en el ámbito territorial indicado en el 
apartado 1 de este artículo, se estará a lo siguiente:
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, se deberá completar un número mínimo de 10 jornadas reales, cotizadas, en la 
forma prevista en dicha disposición.
b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, cuando se acredite un número igual o superior a 10 jornadas cotizadas, se 
considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará a las solicitudes 
presentadas a partir del día 1 de noviembre de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, 
ambos inclusive.
Disposición adicional primera.  Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P.
1. La Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., es una Fundación del 
Sector Público de las previstas en el artículo 84.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrita al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa, O.A., 
siendo su ámbito de actuación de carácter nacional.
Los fines de la Fundación de acuerdo con las directrices del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son la promoción de una transición 
energética hacia la descarbonización, que genere desarrollo económico, social y empleo, 
teniendo en cuenta los principios de la economía verde y economía circular; el 
fortalecimiento del tejido empresarial y el apoyo al desarrollo de iniciativas empresariales 
y sociales orientadas a los fines señalados anteriormente; la conservación y restauración 
del patrimonio cultural e industrial en las zonas afectadas por la transición energética y la 
promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en fuentes 
alternativas de energía para impulsar la transición energética en todos sus aspectos.
El desarrollo de los fines fundacionales se realizará a través de actividades en materia de 
energía,  de recuperación  del patrimonio  industrial  minero  y fomento  de actividades  afines,  de 
rehabilitación  medioambiental  de espacios  afectados  por actividades  mineras,  de desarrollo 
económico  y social,  de formación  de recursos  humanos  y de cualesquiera  otras  que resulten 
necesarias para la consecución de los objetivos de transición energética y de implantación de 
las políticas de Transición Justa a nivel nacional.
2. La  adaptación  de los estatutos  de la Fundación  Ciudad  de la Energía-CIUDEN, 
F.S.P.,  a lo previsto  en el apartado  anterior,  se regirá  por lo dispuesto  en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Disposición adicional segunda.  Información de las comercializadoras de referencia a 
sus clientes del nuevo mecanismo temporal de protección a los hogares 
particularmente afectados por la crisis energética y otras medidas.
1. Las comercializadoras de referencia informarán a sus clientes de la aplicación 
temporal del bono social de electricidad a los hogares particularmente afectados por la 
crisis energética y de otras medidas mediante la aprobación de este real decreto-ley 
coincidiendo, al menos, con la siguiente factura eléctrica emitida en que se deberá 
informar de la nueva categoría temporal de consumidor vulnerable a los efectos de la 
percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción 
del suministro.
2. Adicionalmente, a los perceptores actuales del bono social, se les informará del 
aumento de los descuentos asociados al bono social, desde el 60 al 65% para los 
consumidores vulnerables y desde el 70% hasta el 80% para los consumidores 
vulnerables severos, según establece este real decreto-ley. Asimismo, se les informará 
del incremento del 15% de los límites de energía anual con derecho al descuento del 
bono social.
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Disposición adicional tercera.  Tarifa de último recurso aplicable a las comunidades de 
propietarios acogidas a los escalones de peajes de red local RL9, RL10 y RL11.
1. Las comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial o agrupaciones 
de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial, así como a las 
empresas de servicios energéticos que las presten servicio, acogidas a los escalones de 
peaje de red local RL9, RL10 o RL11 podrán acogerse a la nueva tarifa de último 
regulada en el artículo 2 de este real decreto-ley. Para ello, deberán solicitar autorización 
previa a la Dirección General de Política Energética y Minas a través del registro 
electrónico, que deberá ir acompañada de declaración responsable del presidente de la 
comunidad o del responsable de la empresa de servicios energéticos, en su caso, que 
certifique que el suministro de gas natural se destina exclusivamente a usos de 
calefacción y agua caliente sanitaria de viviendas de uso residencial.
2. Las tarifas, antes de impuestos, de aplicación desde la entrada en vigor de este 
real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022, para los escalones de peajes de red 
local RL9, RL10 y RL11, serán las siguientes:
 Término Fijo (€/
cliente)/mesTermino variable (cts/kWh)
Aplicado al 
consumo menor o 
igual al promedio 
históricoAplicado al 
consumo superior 
al promedio 
histórico
Consumo superior a 50.000.000 
kWh/año e inferior o igual a 
150.000.000 kWh/año.10.990,99 7,039553 8,799442
Consumo superior a 150.000.000 
kWh/año e inferior o igual a 
500.000.000 kWh/año.27.292,74 7,031758 8,789698
Consumo superior a 500.000.000 
kWh/año.258.779,70 7,002400 8,753000
a) Coste de la materia prima aplicado: 6,7543173 cts/kWh.
b) Coste de la materia prima conforme la fórmula del artículo 8 de la Orden 
ITC/1660/2009, de 22 de junio: 11,883288 cts/kWh.
Disposición adicional cuarta.  Información adicional a incluir en las facturas de 
electricidad.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberá mostrarse 
de manera inequívoca en todas las facturas de electricidad al consumidor final, en las 
que proceda, como parte de su contenido, la siguiente información:
a) «En virtud del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, el IVA aplicable a su 
factura se encuentra reducido del 21% al 5%.»
b) «En virtud del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, el impuesto 
especial sobre la electricidad aplicable a su factura se encuentra reducido 
del 5,11269632% al 0,5%.»
La obligación anterior resultará de aplicación hasta el fin de la vigencia de reducción 
temporal del tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido regulada en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión 
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, y de la reducción temporal 
del Impuesto Especial sobre la Electricidad regulada en la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre.
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2. Asimismo, en las facturas de electricidad de mercado libre en las que se haya 
optado por incluir un término correspondiente al ajuste relativo al instrumento regulatorio 
establecido en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con 
carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del 
precio de la electricidad en el mercado mayorista, este deberá ajustarse a la siguiente 
redacción:
«Importe de la energía asociada al mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-
ley 10/2022, de 13 de mayo.»
3. Adicionalmente, las comercializadoras de mercado libre que incluyan en su 
facturación este término, deberán añadir, de forma clara e inequívoca, en un apartado 
independiente dentro de la factura de electricidad, la siguiente redacción:
«Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el 
importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el 
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o 
bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso su 
comercializadora ha optado por esta última opción.»
4. En este caso, las comercializadoras deberán informar también del precio medio 
del ajuste pagado por la demanda en el último mes natural completo. Este precio medio 
se calculará como la media aritmética de los precios de ajuste para cada día del último 
mes natural completo publicados por el operador del mercado.
5. En todo caso, las comercializadoras de energía eléctrica informarán en sus 
facturas del efecto reductor del precio mayorista provocado por el mecanismo de ajuste 
regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo.
A tal fin, las comercializadoras de energía eléctrica mostrarán en sus facturas 
eléctricas, en cada ciclo de facturación, y en un lugar claramente identificado, el precio 
medio de casación mayorista en el mercado diario de electricidad, al que se sumará el 
coste medio del ajuste al que hace referencia el artículo 7 del Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo. El valor anterior se comparará con el precio medio de casación que 
hubiera resultado en ausencia del mecanismo de ajuste, y que se calculará como la 
suma del precio medio de casación mayorista en el mercado diario de electricidad y el 
precio medio de la cuantía unitaria del ajuste establecido en el artículo 3 del referido real 
decreto-ley.
Para realizar los cálculos anteriores se emplearán los valores de casación y de 
liquidación definitiva publicados por el operador del mercado.
6. Asimismo, en las facturas de energía eléctrica se incluirán recomendaciones de 
ahorro y eficiencia energética para los consumidores finales de electricidad. Por 
resolución de la Secretaria de Estado de Energía se concretará el contenido y formato de 
dichas recomendaciones, así como la periodicidad con la que estas deben incluirse 
acompañando a las facturas.
Disposición adicional quinta.  Prórroga del mecanismo de minoración del exceso de 
retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas 
natural en los mercados internacionales.
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023, el mecanismo de minoración del 
exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización 
del gas natural en los mercados internacionales, regulado en el título III del Real 
Decreto-ley 17/2021, de 13 de septiembre, de 14 de septiembre, de medidas urgentes 
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 
minoristas de gas y electricidad.
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Disposición adicional sexta.  Régimen normativo especial de determinados fondos 
gestionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) para el ejercicio presupuestario 2022.
1. La gestión de los fondos del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea que 
gestione el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en el 
presente ejercicio se regirá por las normas comunitarias aplicables, en concreto por el 
Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo 
de 2021, por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y 
la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013, por 
la Convocatoria de Propuestas Anual del programa Erasmus+ y por la Guía anual del 
Programa Erasmus+.
Según lo establecido por la Guía del Programa Erasmus+, la acreditación de la 
condición de no estar incurso en alguna de las causas de exclusión recogidas en los 
artículos 136 a 141 del Reglamento Financiero de la Unión se realizará mediante 
declaración responsable presentada por el interesado en el momento de la solicitud.
2. Si el Gobierno cofinancia dicho programa, el montante total se gestionará de 
forma unitaria y se le aplicará el régimen normativo del apartado anterior. La declaración 
responsable del apartado anterior servirá como justificante para obtener la condición de 
beneficiario de la cofinanciación nacional del programa y para el pago de las cantidades 
otorgadas.
Disposición adicional séptima.  Aumento del límite de endeudamiento de Renfe 
Operadora para la financiación del incremento de la flota de trenes de Cercanías 
para favorecer el impulso al transporte público.
Se autoriza a Renfe Operadora, E.P.E., a incrementar su endeudamiento en una 
cantidad equivalente a la que resulte de los pagos que deba realizar Renfe Viajeros en 
cada ejercicio como consecuencia de la ejecución, a implementar, de las opciones de 
compra de 69 trenes de Cercanías de Gran Capacidad y de 32 trenes para servicios de 
Media Distancia, amparadas en los correspondientes procedimientos de suministro de 
material adjudicados o pendientes de adjudicación a la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto-ley, hasta un máximo de 879,3 millones.
Renfe Viajeros S.M.E., SA, precisará la autorización de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos con carácter previo a la aprobación de la ejecución de cada una 
de las opciones de compra a fin de garantizar que las operaciones de créditos que se 
concierten para su financiación, junto a las ya concertadas previamente, no superen el 
límite máximo de endeudamiento adicional previsto en esta disposición.
Disposición transitoria primera.  Adaptación de la aplicación telemática BOSCO.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizará los 
desarrollos informáticos necesarios para que la aplicación telemática que permita al 
comercializador de referencia (COR) comprobar que el solicitante del bono social cumple 
los requisitos recogidos en el artículo 10 de este real decreto-ley para ser considerado 
consumidor vulnerable en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
2. Hasta que la aplicación telemática referida en el apartado anterior resulte de 
aplicación, el COR comprobará el cumplimiento del requisito de renta mediante la 
comprobación de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la 
unidad de convivencia presentadas por el solicitante, relativas al último período 
impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud, o en su 
defecto, del certificado de imputaciones expedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, o en el caso del País Vasco o Navarra, por el organismo 
correspondiente.
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En particular, el comercializador de referencia considerará la cuantía reflejada en la 
casilla relativa a la base imponible general y del ahorro, de las declaraciones de la renta 
que, en su caso, cubran a todos los miembros de la unidad familiar.
En el caso de presentación del certificado de imputaciones o asimilado, éste deberá 
recoger los ingresos relativos a los rendimientos del trabajo, del capital o de actividades 
económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales, de acuerdo con el concepto 
establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A estos efectos, el COR deberá comprobar que las declaraciones de la renta 
presentadas y los certificados de imputaciones cubren, en su caso, a todos los miembros 
de la unidad de convivencia, debiendo rechazar la solicitud en caso contrario.
3. La  aplicación  telemática  que permita  al COR  comprobar  que el solicitante  del bono 
social  cumple  los requisitos  recogidos  en el artículo  8 de este real decreto-ley,  será de 
aplicación  a partir  de la fecha  que se establezca  por Resolución  de la persona  titular  de la 
Secretaría de Estado de Energía, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La resolución podrá determinar el ámbito geográfico en que vaya a ser utilizada.
Disposición transitoria segunda.  Precios de los combustibles fósiles a efectos de 
despacho en los territorios no peninsulares.
Hasta  que se desarrolle  por orden  ministerial  el precio  de los combustibles  fósiles  a 
utilizar  a efectos  de despacho  de acuerdo  a lo previsto  en el artículo  40.5 del Real 
Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica  y el procedimiento  de despacho  en los sistemas  eléctricos  de los territorios  no 
peninsulares,  los precios  de combustibles  fósiles  líquidos  a efectos  de despacho  serán 
calculados  como  suma  del precio  de producto  y los costes  de logística,  siendo  los precios 
de producto calculados y publicados mensualmente por el operador del sistema de acuerdo 
a las cotizaciones  mensuales  de los índices  referidos  en la disposición  transitoria  tercera.4 
del citado  Real Decreto  738/2015,  de 31 de julio, y siendo  los costes  de logística  los 
recogidos en la disposición tercera.5 del citado real decreto.
El precio del combustible gas natural en Baleares a efectos de despacho se calculará 
mensualmente como la media de los precios diarios resultantes del Mercado Organizado 
de Gas en la Península Ibérica (PVB) del mes anterior.
Disposición transitoria tercera.  Plazo para la adaptación de la información adicional a 
incluir en las facturas de gas.
1. La información a la que hace referencia el apartado m) y n) del artículo 53 del 
Real Decreto 434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, deberá estar incluida en todas aquellas facturas emitidas a 
partir del 1 de diciembre de 2022.
2. A partir del 1 de diciembre, deberá mostrarse de manera inequívoca en todas las 
facturas de gas natural como parte de su contenido, la siguiente información hasta el fin 
de la vigencia de reducción temporal del tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido 
aplicable temporalmente a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de gas natural, regulado en el artículo 5 del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la 
aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce 
temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles:
«En virtud del artículo 5 Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, el IVA 
aplicable a su factura se encuentra reducido del 21% al 5%.»
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Disposición transitoria cuarta.  Instalaciones de alumbrado exterior pendientes de 
ejecución.
Las instalaciones de alumbrado exterior, que se encuentren en ejecución en la fecha 
de entrada en vigor del artículo 20 de este real decreto-ley, siempre que esta 
circunstancia se justifique de manera fehaciente ante el correspondiente órgano 
competente de la comunidad autónoma, dispondrán de un plazo máximo de un año 
durante el cual podrán ponerse en servicio teniendo en cuenta los criterios de eficiencia 
energética establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01, «Eficiencia 
Energética», aprobada por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, sin que sean 
de aplicación, durante dicho plazo máximo, los cambios introducidos por el mencionado 
artículo 20.
No obstante lo anterior, los titulares de las instalaciones podrán acogerse a aplicar 
las prescripciones establecidas en este real decreto-ley, desde el momento de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente real decreto, y en particular:
a) Los párrafos primero y segundo del artículo 2.3 del Real Decreto 1699/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
b) La disposición adicional quinta del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por 
el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo.
c) En lo que afecta a la Fundación Ciudad de la Energía - CIUDEN, F.S.P., la 
disposición final vigésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, por la que se modifica el artículo 4 de la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, así como el punto 9 del apartado 1. b) del anexo II 
del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de septiembre de 2013, por el que se 
adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal 
fundacional y empresarial, publicado por la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre.
d) El artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, queda derogado 
con fecha 1 de noviembre de 2022.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio.
Con efectos desde 1 de enero de 2022 se modifica el apartado 3 del artículo 87 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:
«3.  Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al 
Impuesto sobre Sociedades, a excepción de lo dispuesto en el apartado 12 del 
artículo 15 bis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.»
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Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2022 se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:
Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«2.  Las entidades en régimen de atribución de rentas no tributarán por el 
Impuesto sobre Sociedades, a excepción de lo dispuesto en el apartado 12 del 
artículo 15 bis de esta Ley.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 12 en el artículo 15 bis, con la redacción que 
figura a continuación, pasando los actuales apartados 12 y 13 a numerarse como 
apartados 13 y 14, respectivamente:
«12.  Una entidad en régimen de atribución de rentas en la que una o varias 
entidades, vinculadas entre sí en el sentido del apartado 13 del artículo 15.bis de 
esta ley, participen directa o indirectamente en cualquier día del año, en el capital, 
en los fondos propios, en los resultados o en los derechos de voto en un 
porcentaje igual o superior al 50 por ciento y sean residentes en países o 
territorios que califiquen a la entidad en régimen de atribución como contribuyente 
por un impuesto personal sobre la renta, tributará, en calidad de contribuyente, por 
las siguientes rentas positivas que corresponda atribuir a todos los partícipes 
residentes en países o territorios que consideren a la entidad en atribución de 
rentas como contribuyente por imposición personal sobre la renta:
– Rentas obtenidas en territorio español que estén sujetas y exentas de 
tributación en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
– Rentas de fuente extranjera que no estén sujetas o estén exentas de 
tributación por un impuesto exigido por el país o territorio de la entidad o entidades 
pagadoras de tales rentas.
El período impositivo coincidirá con el año natural en el que se obtengan tales 
rentas.
El resto de rentas obtenidas por la entidad en atribución de rentas se atribuirán 
a los socios, herederos, comuneros o partícipes y tributarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la sección 2.ª del título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se añade una nueva disposición adicional octava en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Resoluciones de Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital que establezcan las condiciones de uso de sistemas de identificación 
y/o firma no criptográfica.
Cuando se trate de sistemas establecidos por medio de Resolución de la 
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para su ámbito competencial con objeto de 
determinar las circunstancias en las que un sistema de firma electrónica no 
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basado en certificados electrónicos será considerado como válido en las 
relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración 
General del Estado, sus organismos públicos y entidades de Derecho Público 
vinculados o dependientes, no será preciso el transcurso del plazo de dos meses 
para la eficacia jurídica del sistema a que se refiere el artículo 10.2.c) de la 
presente ley, adquiriendo eficacia jurídica al día siguiente de la publicación de la 
Resolución, salvo que esta disponga otra cosa.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la financiación de la 
tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al 
ejercicio 2022, con cargo al presupuesto 2021.
Se modifica el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el 
que se regula  la concesión  directa  de subvenciones  a las comunidades  autónomas  y 
ciudades  con estatuto  de autonomía  para colaborar  en la financiación  de la tramitación  de 
las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al 
presupuesto del año 2021, en su apartado tercero, que queda redactado como sigue:
«3.  El plazo para realizar las actuaciones de justificación establecidas en los 
apartados anteriores finalizará el 31 de diciembre de 2022.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
Se modifica la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el párrafo tercero del apartado 7 del artículo 2, que queda 
redactado como sigue:
«– En el caso de las unidades de convivencia, libro/s de familia y/o 
certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio expedido por el 
Registro Civil que acredite/n la relación de filiación y parentesco de las personas 
que conforman la unidad de convivencia. Asimismo, cuando corresponda, 
certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho y/o resolución judicial 
o administrativa que acredite el acogimiento. En su caso, declaración responsable 
relativa al estado civil del solicitante, de conformidad con el modelo que figura 
como anexo III de esta Orden.»
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Dos. Se añade un anexo III, con el siguiente contenido:
«ANEXO III
Modelo de declaración responsable sobre el estado civil del solicitante
 
DATOS DEL TITULAR DEL  SUMINISTRO  
 
Apellidos y nombre:       NIF o NIE:  
Dirección del punto de suministro:  
Municipio:    Código Postal:    Provincia:  
Teléfonos de contacto: / Dirección de correo electrónico a efectos de notificación:  
Código Universal de Punto de Suministro,  CUPS (dato que figura en la factura o que puede ser 
solicitado al distribuidor):  
 
 
A efectos de lo establecido por el párrafo tercero del artículo 2.7 de la Orden ETU/943/2017, de 6 
de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de oc tubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía eléctrica,  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
Que en el día de la fecha su estado civil es (1): 
 
 Soltero/a  
 Viudo/a  
 Divorciado/a  
 
Lo que manifiesta con el conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas 
a que hubiera lugar, en caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
dato o información  de la presente declaración o en caso de no presentación de la documentación 
que le fuera requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado. Y para que así conste y surta 
los efectos oportunos.  
 
En_____________________ a, ______ de ________________ ____de 20___  
 
Firmado: _______________________________  
 
(1) Marque el estado civil con una cruz la columna de la izquierda ”. 
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Disposición final sexta.  Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final séptima.  Títulos competenciales.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado 
la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, de Hacienda general y deuda del Estado, de legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas, y de bases del régimen minero y energético, 
respectivamente.
Disposición final octava.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno, a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a la Ministra de Hacienda y Función Pública, a la Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la 
Ministra de Trabajo y Economía Social y al Ministro de Universidades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» a excepción de los siguientes preceptos:
1. Artículo 20, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 1 de enero de 2023.
2. Disposición transitoria segunda, cuya entrada en vigor tendrá lugar el día 1 del 
mes siguiente al de dicha publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en el Consulado General de España en Fráncfort, el 18 de octubre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO
Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-01
Eficiencia energética
ÍNDICE
1. Eficiencia energética de una instalación.
1.1  Cálculo de la eficiencia energética en viales con zonas adyacentes de 
alumbrado funcional y ambiental.
2. Requisitos mínimos de eficiencia energética.
2.1 Instalaciones de alumbrado vial funcional.
2.2 Instalaciones de alumbrado vial ambiental.
2.3 Otras instalaciones de alumbrado.
3. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado.
3.1 Metodología de cálculo.
3.2 Calificación energética.
3.3 Etiqueta de eficiencia energética.
1. Eficiencia energética de una instalación
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la 
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio 
de la instalación entre la potencia activa total instalada.
𝜀=𝑆∙ 𝐸𝑚
𝑃 (𝑚2 𝑙𝑢𝑥
𝑊) 
siendo:
Ԑ = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W);
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto (lux);
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes 
factores:
ԐL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);
Fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad);
Fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad);
 
𝜀= 𝜀𝐿∙𝑓𝑚∙𝑓𝑢   (𝑚2 𝑙𝑢𝑥
𝑊),
donde:
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (ε L): es la relación entre el flujo luminoso 
emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo 
auxiliar.
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Factor de mantenimiento (f m): es la relación entre los valores de iluminancia que se 
pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores 
iniciales.
Factor de utilización (f u): es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias 
que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas 
en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la 
distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la 
geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de 
la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la 
instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y 
separación entre puntos de luz).
Para mejorar  la eficiencia  energética  de una instalación  de alumbrado  se podrá  actuar 
incrementando  el valor de cualquiera  de los tres factores  anteriores,  de forma  que la 
instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores –eficiencia de 
las lámparas  y equipos  auxiliares  y factores  de mantenimiento  y utilización  de la instalación–
 sea máximo.
Asimismo, existe otro parámetro indicativo de la eficiencia energética de una 
instalación y que se denomina potencia unitaria P u obtenido como cociente de la 
potencia activa instalada y la superficie iluminada, verificándose que Pu=Em/ (W/m2).
1.1  Cálculo de la eficiencia energética en viales con zonas adyacentes de 
alumbrado funcional y ambiental.
Cuando mediante el alumbrado vial funcional se iluminen además aceras, zonas 
peatonales, etc., se realizarán los cálculos luminotécnicos acordes con lo dispuesto en 
la ITC‐EA‐02 para cada zona, mientras que para el cálculo de la eficiencia energética de 
la instalación completa se tomará en consideración lo siguiente:
– La superficie iluminada a considerar (S) será la definida por la dimensión total de la 
sección transversal, y longitudinalmente por una dimensión representativa de la 
implantación de los puntos de luz proyectados.
– La iluminancia media (E m), será la obtenida en el cálculo luminotécnico de la 
superficie anteriormente citada (S).
– La potencia (P) será la correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas 
en la superficie de cálculo, teniendo en cuenta que la potencia de las luminarias que 
delimitan la superficie (S) se contabilizará solo al 50%, u otro porcentaje debidamente 
justificado en función de la proporción de factor de utilización en cada superficie 
representativa. En el caso de áreas de estudio irregulares se considerará el total de la 
potencia de los puntos de luz que se dispongan.
– Tanto los requisitos mínimos como los valores de referencia de eficiencia 
energética serán los correspondientes al alumbrado vial funcional.
Cuando se proyecte específicamente un alumbrado vial ambiental para reforzar la 
iluminación en aceras, zonas peatonales etc. iluminadas parcialmente por un alumbrado 
funcional adyacente se realizarán los cálculos luminotécnicos para cada zona según lo 
dispuesto en la ITC‐EA‐02, mientras que para el cálculo de la eficiencia energética de la 
instalación completa, el cálculo de la potencia (P) incluirá además, la de todas las 
luminarias tanto funcionales como ambientales, comprendidas en la superficie de 
cálculo, teniendo en cuenta que la potencia de las luminarias que delimitan la 
superficie (S) transversal se contabilizará solo al 50 %, u otro porcentaje debidamente 
justificado en función de la proporción de factor de utilización en cada superficie 
representativa. Tanto los requisitos mínimos como los valores de referencia para los 
cálculos luminotécnicos y de eficiencia energética serán los correspondientes al 
alumbrado vial funcional.
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Cuando en una misma sección de un vial coexistan alumbrados funcional y ambiental 
que iluminan de forma independiente distintas superficies y cuya influencia entre ellos no 
sea significativa, se considerarán como dos instalaciones independientes realizándose 
los cálculos luminotécnicos acorde con lo dispuesto en la ITC‐EA‐02 y los de eficiencia 
energética según lo establecido en esta ITC‐EA 01, separadamente. Los valores de 
referencia para los cálculos luminotécnicos y de eficiencia energética serán los 
correspondientes al alumbrado vial funcional y al alumbrado vial ambiental, 
respectivamente.
2. Requisitos mínimos de eficiencia energética
Las instalaciones de alumbrado exterior deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos de eficiencia energética:
2.1 Instalaciones de alumbrado vial funcional.
Los requisitos mínimos de eficiencia energética de este apartado serán de aplicación 
a las instalaciones de alumbrado vial funcional de autopistas, autovías, carreteras y vías 
urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como 
situaciones de proyecto A y B.
Las instalaciones de alumbrado vial funcional con independencia del tipo de fuente 
luminosas, pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán 
cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética ( Ԑ) y máximos de potencia 
unitaria (P u) que se fijan en la tabla 1.
Tabla 1. Requisitos mínimos de eficiencia energética (Ԑ), y máximos de potencia 
unitaria (P u) en instalaciones de alumbrado vial funcional
Iluminancia media en servicio Eficiencia energética mínima Potencia unitaria máxima
Em (lux)
Ԑ (m2·lux
W) PU (W/m2)
≥ 30 36 0,83
25 35 0,71
20 34 0,59
15 33 0,45
10 31 0,32
≤ 7,5 29 0,26
Para las instalaciones de alumbrado en zonas especiales de viales, se aplicarán los 
requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en el apartado 2.3.
Se exime de la necesidad de clasificación energética a aquellas instalaciones 
realizadas en zonas E1 de acuerdo a lo indicado en la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-EA-03.
2.2 Instalaciones de alumbrado vial ambiental.
Los requisitos mínimos de eficiencia energética de este apartado serán de aplicación 
a las instalaciones de alumbrado vial ambiental, que se ejecuta generalmente sobre 
soportes de baja altura (3‐5 m) en áreas urbanas y espacios públicos urbanizados para 
la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, itinerarios peatonales accesibles 
y áreas de estancia parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc. 
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considerados en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de 
proyecto C, D y E.
Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de fuente 
luminosa y de las características o geometría de la instalación, dimensiones de la 
superficie a iluminar (longitud y anchura), así como disposición de las luminarias (tipo de 
implantación, altura y separación entre puntos de luz), deberán cumplir los requisitos 
mínimos de eficiencia energética ( Ԑ) y máximos de potencia unitaria (PU) que se 
disponen en la tabla 2.
Tabla 2. Requisitos mínimos de eficiencia energética (Ԑ), y máximos de potencia 
unitaria (P u) en instalaciones de alumbrado vial ambiental
Iluminancia media en servicio Eficiencia energética mínima Potencia unitaria máxima
Em (lux)
Ԑ (m2·lux
W) PU (W/m2)
≥ 20 18 1,11
15 17 0,88
10 16 0,63
7,5 14 0,53
≤ 5 12 0,42
Se exime de la necesidad de clasificación energética a aquellas instalaciones 
realizadas en zonas E1 de acuerdo a lo indicado en la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-EA-03.
En las tablas 1 y 2, para valores de iluminancia media proyectada comprendidos 
entre los valores indicados en las tablas, la eficiencia energética de referencia se 
obtendrá por interpolación lineal.
2.3 Otras instalaciones de alumbrado.
En el caso de otras instalaciones de alumbrado no contempladas en los 
apartados 2.1 y 2.2 tales como las de zonas especiales (enlaces, intersecciones, 
glorietas, etc.), que el titular de la instalación decida expresamente iluminar, así como en 
el alumbrado específico, el alumbrado ornamental, el alumbrado para vigilancia y 
seguridad nocturna, y el de señales y anuncios luminosos, se cumplirán los siguientes 
requisitos:
a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
b) Se instalarán fuentes luminosas de elevada eficacia luminosa y con valores no 
inferiores a los establecidos en la ITC‐EA‐04.
c) Se utilizarán luminarias y proyectores, que eviten que la luz sobrepase los límites 
de la zona a iluminar en los términos dispuestos en las ITC-EA-02 e ITC-EA-03, y de 
rendimiento luminoso elevado según la ITC‐EA‐04.
d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a lo 
establecido en la ITC-EA-04.
e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la 
ITC‐EA‐04.
El factor de mantenimiento de la instalación será calculado acorde a la ITC‐EA‐06.
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3. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado
3.1 Metodología de cálculo.
Las instalaciones de alumbrado exterior, se calificarán en función del índice de 
eficiencia energética (I ε) definido como el cociente entre la eficiencia energética de la 
instalación (ε ) y el valor de eficiencia energética de referencia ( εR) en función del nivel de 
iluminancia media en servicio proyectada, que se fija en tabla 3.
𝐼𝜀=Ԑ
ԐR 
Tabla 3. Valores de eficiencia energética de referencia (Ԑ R) en instalaciones de 
alumbrado vial funcional y ambiental
Alumbrado vial funcionalAlumbrado vial ambiental y otras instalaciones de 
alumbrado
Iluminancia Media en 
Servicio ProyectadaEficiencia Energética de 
ReferenciaIluminancia Media en 
Servicio ProyectadaEficiencia Energética de 
Referencia
Em (lux)
ԐR (m2·lux
W) Em (lux)
ԐR (m2·lux
W)
≥ 30 68 – –
25 60 – –
20 52 ≥ 20 36
15 44 15 30
10 36 10 24
≤ 7,5 28 7,5 18
– – ≤ 5 12
Nota.  Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la 
tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal.
La calificación energética que caracteriza el consumo de energía de la instalación 
será la correspondiente al índice de consumo energético o índice de eficiencia 
energética expresado mediante una escala de siete letras que va desde la letra A 
(instalación más eficiente y con menos consumo de energía para el mismo flujo luminoso 
y tiempo de uso) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía 
para el mismo nivel de flujo luminoso y tiempo de uso).
El índice utilizado para la escala de letras será el índice de eficiencia 
energética I Ԑ=Ԑ/Ԑ R, o bien el índice de consumo energético ICE.
𝐼𝐶𝐸=1𝐼𝜀⁄ 
La calificación energética de una instalación de alumbrado se efectuará para cada 
sección de vial de idénticas características, luminotécnicas y de distribución de los 
puntos de luz.
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En el supuesto en el que se requiera la calificación energética de la totalidad de los 
puntos de luz de un alumbrado vial alimentado por un cuadro de alumbrado, se aplicará 
la siguiente expresión:
𝐼𝜀𝑖=∑(𝐼𝜀𝑖∙𝑆𝑖)
∑𝑆𝑖 
Donde:
IԐC = índice de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado vial 
alimentadas por el cuadro.
IԐI = índice de eficiencia energética de cada tipo de sección.
Si = Superficie de cada sección.
En el caso que se precise calificar una instalación de alumbrado constituida por 
diferentes secciones de viales, alimentada por uno o varios cuadros de alumbrado, la 
calificación energética se realizará de la siguiente manera:
𝐼𝜀𝑖𝑛𝑠𝑡=∑(𝐼𝜀𝑖∙𝑆𝑖)
∑𝑆𝑖 
Siendo:
IԐinst = índice de eficiencia energética de la instalación de alumbrado vial.
IԐi = índice de eficiencia energética de cada tipo de sección.
Si = superficie de cada tipo de sección.
3.2 Calificación energética.
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente, en función 
de su eficiencia energética, mediante un índice calculado según la metodología de 
cálculo anterior, que considera aquellos factores que tienen incidencia en el consumo de 
energía de estas instalaciones y se expresará mediante una etiqueta de eficiencia 
energética.
Se exceptúan de esta calificación energética las instalaciones de alumbrados de 
señales y anuncios luminosos, festivos y navideños.
La calificación energética de las instalaciones de alumbrado exterior, su índice de 
eficiencia energética, incluida la etiqueta energética, se adjuntará en la documentación 
técnica de estas instalaciones a la que se refiere a ITC-EA-05.
La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo 
energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados.
Tabla 4. Calificación energética de una instalación de alumbrado
Calificación Energética Índice de consumo energético Índice de Eficiencia Energética
A ICE < 0,91 IԐ > 1,1
B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ I Ԑ > 0,92
C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ I Ԑ > 0,74
D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ I Ԑ > 0,56
E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ I Ԑ > 0,38
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Calificación Energética Índice de consumo energético Índice de Eficiencia Energética
F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ I Ԑ > 0,20
G ICE ≥ 5,00 IԐ ≤ 0,20
3.3 Etiqueta de eficiencia energética.
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación 
de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define 
una etiqueta de eficiencia energética que caracteriza el consumo de energía de la 
instalación mediante la escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más 
eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y 
con más consumo de energía).
La etiqueta deberá ser conforme al formato normalizado con objeto de permitir un 
mejor reconocimiento por parte de los usuarios, e incluirá como mínimo, la siguiente 
información:
a) Identificación de la instalación.
b) Localidad y calles donde se ubique la instalación.
c) Horario de funcionamiento previsto.
d) Consumo de energía anual (kWh/año) previsto.
e) Emisiones de dióxido de carbono anuales previstas (kgCO 2/año) la eficiencia 
energética (ε).
f) la calificación energética de la instalación expresada mediante el índice de 
eficiencia energética (Iε), medido.
g) Iluminación media en servicio E m (lux).
h) Uniformidad (%).
La etiqueta de la calificación energética de la instalación deberá ir en un sitio visible 
del interior y, de forma indeleble, en el exterior del cuadro de protección, medida y 
control. La etiqueta que se colocará en el exterior será una reproducción de la del interior 
y tendrá las siguientes características:
a) Será de metal.
b) Será fácilmente legible.
c) Irá fijada directamente al exterior del cuadro.
d) Medirá 110 mm de ancho y 220 mm de alto.
e) Tendrá el estilo definido más abajo en los puntos del 1 al 6.
f) Será fácilmente sustituible.
Cuando el cuadro alimente a varios circuitos con diferentes eficiencias energéticas, la 
calificación energética de la instalación se determinará como el resultado de ponderar, 
por la superficie total iluminada, el valor de la eficiencia energética de cada uno de los 
circuitos dependientes del cuadro, figurando este único valor resultante en la etiqueta 
energética. Este criterio será aplicable para el etiquetado energético en reformas o 
modificaciones parciales sobre los circuitos del cuadro de protección, medida y control.
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Calificación energética de las  
instalaciones de alumbrado exterior   
Más eficiente  
 
Menos eficiente  
Instalación:  
Localidad/calles:  
Horario de funcionamiento:  
Consumo de energía anual (kWh/año):  
Emisiones de CO 2 anual (kg O2/año):  
Índice de eficiencia energética (Iε),  
Iluminancia media en servicio E m (lux):  
Uniformidad (%):  
Los colores a utilizar en la etiqueta son los siguientes:
1. El fondo de la etiqueta será de color 100 % blanco.
2. Los tipos de letra serán Verdana y Calibri, de color 100 % negro.
3. Los colores serán CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con arreglo al ejemplo 
siguiente: 0‐70‐100‐0: cian 0 %, magenta 70 %, amarillo 100 % y negro 0 %.
4. Los colores de la escala de A G serán como sigue:
– Clase A: 100,0,100,0.
– Clase B: 70,0,100,0.
– Clase C: 30,0,100,0.
– Clase D: 0,0,100,0.
– Clase E: 0,30,100,0.
– Clase F: 0,70,100,0.
– Clase G: 0,100,100,0.
5. Las letras de la escala de eficiencia energética serán de color 100 % blanco e 
irán en Calibri negrita; deberán estar centradas en un eje a 2 mm del lado derecho de las 
flechas.
Las líneas divisorias interiores tendrán un grosor de 0,5 pt y serán de color 100 % 
negro.
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