I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21574 Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 
29 de septiembre, del sector ferroviario.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un 
espacio ferroviario europeo único, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de 
diciembre, implicó la modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 
Ferroviario, para establecer el 1 de enero de 2019 como fecha para la apertura del 
mercado de transporte de viajeros por ferrocarril, permitiendo la entrada de nuevas 
empresas a dicho mercado y que las mismas puedan efectivamente acceder a la 
infraestructura ferroviaria y prestar el servicio de transporte ferroviario en el horario de 
servicio iniciado el 14 de diciembre de 2020.
Este nuevo impulso a la liberalización del mercado ferroviario requiere llevar hasta 
sus últimas consecuencias el principio de no discriminación y mejorar en determinados 
aspectos la transposición de la normativa europea referida. Con la vista puesta en este 
objetivo, en esta nueva reforma se introducen modificaciones que afectan a un amplio 
número de materias.
En primer lugar, se transpone la definición de infraestructura ferroviaria y la 
delimitación de las instalaciones de servicio en los mismos términos con que lo hace la 
Directiva 2012/34/UE, separando en dos categorías lo que tradicionalmente se había 
considerado incluido globalmente bajo el concepto de infraestructuras ferroviarias.
La transposición  de dichas  categorías  debe,  no obstante,  conciliarse  con las 
exigencias  de nuestro  ordenamiento  interno  en cuanto  a la correcta  delimitación  de 
funciones  de planificación,  proyecto  y construcción  de la Red Ferroviaria  de Interés 
General,  en la que se integran  tanto  elementos  de la infraestructura  ferroviaria  como 
instalaciones  de servicio,  en tanto  que la definición  de dicha  Red deriva  de la función  de 
garantía del sistema común de transporte ferroviario que cumple a nivel nacional. En dicha 
Red quedan  integrados,  por tanto,  todos  aquellos  elementos  necesarios  para el correcto 
funcionamiento  de tal sistema  común  de transporte,  tales como  los vinculados  a los 
itinerarios  de tráfico  internacional,  los que enlacen  las distintas  comunidades  autónomas  y 
sus conexiones  y accesos  a los principales  núcleos  de población  y de transporte  o a 
instalaciones  esenciales  para la economía  o la defensa  nacional,  sin distinguir  si dichos 
elementos  tienen  naturaleza  lineal  o nodal,  de infraestructura  o de instalación  de servicio. 
De igual modo,  la distinción  entre  infraestructura  ferroviaria  e instalaciones  de servicio,  de 
conformidad  con la Directiva  2012/34/UE,  debe  conciliarse  con la delimitación  de 
funciones  de los administradores  de infraestructuras  ferroviarias  en cuanto  a su 
patrimonio, así como con el régimen específico de los puertos de interés general.
La ley incorpora la consideración de la existencia de competencias concurrentes del 
Estado y las comunidades autónomas sobre el transporte ferroviario, estableciendo 
mecanismos para articular el ejercicio de unas y otras al servicio del desarrollo óptimo de 
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dicha actividad. En este sentido la competencia autonómica sobre los servicios de 
transporte ferroviario lleva aparejada la capacidad de definir niveles de calidad, 
regularidad y continuidad de la prestación, estando tal definición directamente vinculada 
con la disponibilidad, las características y el estado de las infraestructuras que soportan 
el servicio, cuando, por formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General, sean de 
competencia estatal.
Por eso la ley amplía algunas de las actuales previsiones de consulta y audiencia 
para introducir mecanismos efectivos de participación de las comunidades autónomas, 
cuando ostenten títulos competenciales sobre el servicio, en la planificación y la gestión 
de la red de interés general, en la medida en que tales decisiones les afectan 
directamente por la interacción fundamental entre infraestructura y servicio público. Una 
interacción que ha de dar la mejor respuesta a la exigencia de calidad, seguridad, 
continuidad y regularidad que son consustanciales con este último y que se erigen como 
la principal justificación de la atribución respectiva de competencias a unas y otras 
administraciones públicas.
Asimismo, se modifican algunos apartados dedicados a la planificación y a proyectos 
para introducir mejoras, como, por ejemplo, la necesidad de elaborar un estudio de 
viabilidad con carácter previo a la tramitación del estudio informativo.
Se modifican, igualmente, otros apartados dedicados a la incidencia en el 
planeamiento urbanístico y a la protección de las infraestructuras ferroviarias para 
clarificar algunos aspectos y para complementarlos de acuerdo con la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido.
Por otra parte, la Directiva 2012/34/UE, establece en su artículo 4 el principio de 
independencia de la gestión, indicando en su apartado 2 que, respetando el marco y las 
normas específicas establecidas por los Estados miembros en materia de cánones y de 
adjudicación, el administrador de infraestructuras será responsable de su gestión, 
administración y control interno. Por su parte, el artículo 29 de dicha Directiva establece 
que los Estados miembros crearán un marco para los cánones, respetando la 
independencia de gestión establecida en el artículo 4, especificando asimismo que el 
administrador de infraestructuras determinará el canon por la utilización de 
infraestructuras y se encargará de su cobro, de conformidad con el marco y las normas 
de los cánones establecidos.
Hasta ahora, no obstante, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, 
disponía que los cánones ferroviarios tienen la consideración de tasas, es decir, que 
tienen naturaleza tributaria, de lo que resulta que su regulación se encuentra sometida a 
una reserva de ley de amplio alcance. Como consecuencia, el establecimiento y 
modificación de los cánones venía regulándose a través de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, tras un procedimiento que implicaba la elaboración de una 
propuesta por los administradores de infraestructuras, que era informada por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, sometida a consulta de las empresas 
ferroviarias e incorporada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
en el anteproyecto de la mencionada ley.
Esta determinación solo indirecta de los cánones por parte de los administradores de 
infraestructuras ha sido cuestionada por la Comisión Europea, que, en su Carta de 
Emplazamiento de 17 de mayo de 2018 y en su Dictamen motivado de 10 de octubre 
de 2019, incluye, entre los aspectos dudosos en la correcta transposición de las 
disposiciones de la Directiva 2012/34/UE, la determinación de los cánones mediante la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, en tanto que limita el referido principio de 
independencia de gestión de los administradores de infraestructuras, haciendo imposible 
que éstos fijen o modifiquen durante el año la cuantía de los cánones por la puesta a 
disposición de las infraestructuras, impidiendo, en definitiva, la utilización de los cánones 
como instrumento de gestión para realizar un uso óptimo y eficaz de su red.
En este contexto, se hace necesario flexibilizar el sistema de determinación de los 
cánones, trasladando las competencias para su cuantificación final a los administradores 
de infraestructuras, que deberán hacer públicos los criterios para dicha cuantificación en 
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un instrumento como es la declaración sobre la red, aprobada con una periodicidad 
mínima anual, con posibilidad de realizar las adaptaciones y modificaciones necesarias 
en el transcurso del ejercicio correspondiente al horario de servicio al que se refiera.
Para ello se recurre a una figura de reciente introducción en nuestra legislación, las 
denominadas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de 
conformidad con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014.
La consideración de los cánones como prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario permite conciliar las exigencias que impone la legislación 
comunitaria en cuanto a la independencia de gestión de los administradores de 
infraestructuras, con el principio de reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución, 
que, con un alcance más reducido que la reserva de ley en materia tributaria, permitiría 
que la cuantificación final de los cánones se llevara a cabo por los administradores de 
infraestructuras ferroviarias, publicando los criterios para la misma en la declaración 
sobre la red, estableciéndose mediante la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario, el marco general para dicha cuantificación. La regulación de dichos cánones 
respeta, por tanto, la reserva de ley en su creación y en la determinación de sus 
elementos esenciales. La fijación o determinación de estas prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario por los administradores de infraestructuras ferroviarias, 
constituyen una aplicación de la metodología contenida en la legislación comunitaria, y, 
en su caso, del impacto de las bonificaciones previstas en esta ley, por lo que queda 
salvaguardada la reserva legal exigible a este tipo de prestaciones.
Junto con ello, esta nueva regulación configura los cánones como un instrumento 
clave en el proceso de liberalización que atraviesa el sector ferroviario, respondiendo de 
forma más precisa al marco europeo, permitiendo la introducción en la estructura de 
cánones de parámetros que refuerzan la vinculación de los costes con el grado de 
desgaste y deterioro de la infraestructura, e incluyendo como parámetros que pueden 
considerar los administradores de infraestructura la totalidad de los establecidos en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/909, de la Comisión, relativo a las modalidades de 
cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.
Así, tendrán  la consideración  de prestaciones  patrimoniales  de carácter  público  no 
tributario los cánones previstos en el artículo 97 de la ley, que son exigidos coactivamente por 
el acceso mínimo a las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General 
y el acceso  a infraestructuras  que conecten  con instalaciones  de servicio,  así como  los 
cánones  previstos  en el artículo  98, exigidos  coactivamente  por la utilización  de instalaciones 
de servicio  de gestión  exclusiva  de los administradores  generales  de infraestructuras 
ferroviarias,  en su condición  de explotadores  de dichas  instalaciones.  Más allá de los 
supuestos  regulados  en el referido  artículo  98, el artículo  101 y siguientes  configuran  como 
precios  privados  las contraprestaciones  exigidas  por los explotadores  de instalaciones  de 
servicio por el acceso a este tipo de instalaciones y por la prestación de los servicios básicos, 
complementarios y auxiliares definidos en la ley de conformidad con la normativa europea.
Por otro lado, se incluyen otras modificaciones que afectan al régimen económico y a 
los ingresos de los administradores de infraestructuras y al régimen patrimonial en el 
sector ferroviario para adaptarlos a las necesidades del momento presente.
De igual forma,  se modifica  la Ley 37/1992,  de 28 de diciembre,  del Impuesto  sobre  el 
Valor  Añadido,  añadiendo  una precisión  terminológica  en el régimen  de las operaciones  no 
sujetas  a este impuesto.  Asimismo,  se introduce  un supuesto  de no sujeción  en el 
Decreto  137/1960,  de 4 de febrero,  por el que se convalida  la tasa por gastos  y 
remuneraciones  en inspección  de las obras.  Igualmente,  se introduce  una modificación  de 
Ley 3/2013,  de 4 de junio,  de creación  de la Comisión  Nacional  de los Mercados  y la 
Competencia,  por la que se atribuye  expresamente  a la misma  la competencia  de velar  por 
que los cánones  se ajusten  a derecho.  Finalmente,  en las disposiciones  finales  de la ley se 
modifican  otras  normas  como  la Ley 9/2010,  de 14 de abril, por la que se regula  la 
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prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles  de dichos  servicios  y se fijan determinadas  condiciones  laborales  para los 
controladores  civiles  de tránsito  aéreo,  así como  la Ley 11/2020,  de 30 de septiembre,  de 
presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Por último, y en lo que respecta a la adecuación de la norma a los principios de 
buena regulación, cabe señalar que la modificación de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, es ineludible en atención precisamente a la necesidad de ajustar el régimen 
actual a la reciente liberalización de los servicios comerciales de transporte ferroviario de 
viajeros y a la necesidad de atender las observaciones realizadas por la Comisión 
Europea en el marco de un procedimiento de infracción, ofreciendo así una respuesta 
proporcional al sector mediante una norma que, entre otros aspectos, simplifica el 
procedimiento de determinación de cánones ferroviarios y durante cuya elaboración se 
han podido pronunciar todas las entidades y empresas afectadas.
Artículo primero.  Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 
Ferroviario.
La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, queda modificada en 
los siguientes términos:
Uno. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3.  La infraestructura ferroviaria.
A los efectos de esta ley, la infraestructura ferroviaria se compone de los 
elementos especificados en el anexo IV, siempre que formen parte de las vías 
principales y de las de servicio, con excepción de las vías situadas dentro de los 
talleres de reparación de material rodante y de los depósitos o garajes de 
máquinas de tracción, así como de los ramales de desviación para particulares.»
Dos. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4.  La Red Ferroviaria de Interés General.
1. La Red Ferroviaria de Interés General está integrada por las 
infraestructuras ferroviarias, las estaciones de viajeros y terminales de transporte 
de mercancías que resulten esenciales para garantizar un sistema común de 
transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración 
conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento del referido sistema 
común de transporte, tales como las vinculadas a los itinerarios de tráfico 
internacional, las que enlacen las distintas comunidades autónomas y sus 
conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a 
instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional.
2. Corresponde a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
acordar motivadamente de acuerdo a los criterios indicados en el apartado 
anterior, en cada momento, la inclusión en la Red Ferroviaria de Interés General 
de nuevas infraestructuras ferroviarias, estaciones de transporte de viajeros y 
terminales de transporte de mercancías, cuando razones de interés general así lo 
justifiquen, previo informe de las comunidades autónomas afectadas. Si la 
infraestructura ferroviaria, estaciones de transporte de viajeros y terminales de 
transporte de mercancías que se pretendan incluir en la Red Ferroviaria de Interés 
General discurrieran, íntegramente, por el territorio de una sola comunidad 
autónoma y sin conexión con el resto de la red o fueran titularidad de la 
comunidad autónoma, será necesario para tal inclusión su previo consentimiento.
3. La  Ministra  de Transportes,  Movilidad  y Agenda  Urbana  podrá  excluir,  de 
oficio o a instancia de una comunidad autónoma y previo informe de las comunidades 
autónomas  afectadas,  una determinada  infraestructura  ferroviaria,  estación  de 
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transporte  de viajeros  o terminal  de transporte  de mercancías  de la Red Ferroviaria 
de Interés  General,  siempre  que hayan  desaparecido  los motivos  de interés  general 
que justificaron  su inclusión  en aquella.  Dicho  elemento  podrá  ser traspasado  a la 
comunidad  autónoma  correspondiente.  El expediente  de traspaso  se promoverá  a 
instancia  de la comunidad  autónoma  o del Ministerio  de Transportes,  Movilidad  y 
Agenda Urbana, y será resuelto por el Consejo de Ministros.
4. Todos los elementos que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se incluirán en el Catálogo de la Red Ferroviaria de Interés General, en el 
que se relacionarán las líneas y tramos ferroviarios conforme a un código oficial, 
expresando su origen y destino y una breve referencia a sus características 
técnicas, así como las estaciones de transporte de viajeros y las terminales de 
transporte de mercancías.
En todo caso, para la determinación o modificación del catálogo deberán ser 
oídas las comunidades autónomas por las que discurran las correspondientes 
líneas ferroviarias o donde se ubiquen las estaciones de transporte de viajeros y 
las terminales de transporte de mercancías.
Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el 
establecimiento y modificación del Catálogo de la Red Ferroviaria de Interés 
General que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La inclusión o exclusión de elementos de la Red Ferroviaria de Interés 
General, adoptadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3, determinará 
la modificación del mencionado Catálogo.
5. La puesta en servicio de nuevos elementos que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General supondrá su inclusión automática dentro del citado 
Catálogo.
No obstante, cada tres años, se revisará el Catálogo de acuerdo al 
procedimiento del apartado anterior y se procederá a su publicación.
6. El Estado y las comunidades autónomas con elementos de su titularidad 
cooperarán para facilitar la conexión de estos y la Red Ferroviaria de Interés 
General, fomentando la interoperabilidad entre las diferentes redes.
7. A fin de promover la intermodalidad y una óptima utilización de las 
infraestructuras, los servicios ferroviarios que circulen por la Red Ferroviaria de 
Interés General podrán tener parada en estaciones o apeaderos destinados al 
trasbordo o al intercambio modal que no formen parte de esta.
El administrador de la Red Ferroviaria de Interés General y el titular de la 
estación o apeadero destinado al trasbordo o al intercambio modal suscribirán un 
acuerdo en el que se concreten las condiciones de este, tanto en lo relativo a su 
operación, como a la seguridad en la misma y, en su caso, las condiciones para la 
utilización de la zona de dominio público perteneciente a la Red Ferroviaria de 
Interés General.
Los elementos de estas instalaciones que vayan a ser necesarios para los 
servicios ferroviarios que circulen por la Red Ferroviaria de Interés General 
deberán cumplir todos los requisitos establecidos para la autorización de entrada 
en servicio de los subsistemas estructurales fijos y para la autorización de puesta 
en servicio de las estaciones que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General. Para ello, antes del inicio de la operación comercial, será preceptivo que 
el titular de la estación o apeadero recabe el informe favorable de la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre este aspecto.
Dichos requisitos deberán cumplirse asimismo durante la vida útil de la 
estación o apeadero.
8. Los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Defensa 
arbitrarán conjuntamente las medidas necesarias para asegurar la debida 
coordinación en las materias a las que se refiere esta ley cuando así convenga a 
las necesidades de la defensa nacional.»
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Tres. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«1. El  Ministerio  de Transportes,  Movilidad  y Agenda  Urbana  hará pública  la 
estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la Red Ferroviaria 
de Interés  General  destinada  a satisfacer  las necesidades  futuras  de movilidad.  Esta 
estrategia, que cubrirá un período temporal de, al menos, cinco años, será renovable, 
establecerá  un marco  general  de prioridades  y financiero  y estará  basada  en la 
eficiencia  económica  y social  y en la financiación  sostenible  del sistema  ferroviario,  y 
tendrá  en cuenta,  en su caso,  las necesidades  globales  de la Unión  Europea.  Se 
establecerá  tras la tramitación  del procedimiento  en el que, en los términos  que se 
establezcan  reglamentariamente,  se dará audiencia  a las administraciones  públicas 
autonómicas y locales afectadas y a los demás interesados.
La estrategia deberá realizarse desde una perspectiva intermodal para 
garantizar la optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre 
modos de transporte que proporcionen una cobertura adecuada de transporte 
público en todo el territorio.
No obstante, dicha intermodalidad debe tener en cuenta el déficit histórico en 
la inversión en líneas de ferrocarril convencional y su uso compatible con las 
mercancías, así como el papel esencial que el ferrocarril convencional juega en la 
vertebración de la España vaciada.
Por razones de interés general, y en tanto se alcancen los objetivos de 
neutralidad climática que establece el “Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030” en el horizonte 2050, se garantizará el mantenimiento y la 
mejora de las infraestructuras existentes que se encuentren afectas al servicio 
ferroviario, así como la modernización de las líneas de tren convencional, se 
mejorará la inversión en cercanías ferroviarias y, en su caso, la construcción de 
nuevas infraestructuras de comunicación con el fin de garantizar la accesibilidad y 
conectividad territorial.
Reglamentariamente se delimitarán los supuestos en que, por razones de 
interés general y social, podrán aprobarse inversiones no previstas en la estrategia 
indicativa, así como la revisión de la misma. En estos casos, será preceptivo el 
informe del Consejo Asesor de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
oídos el Consejo Asesor de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los 
administradores de infraestructuras y las comunidades autónomas afectadas, la 
planificación y el establecimiento o la modificación de las líneas ferroviarias o los 
tramos de las mismas, de estaciones de transporte de viajeros y de terminales de 
transporte de mercancías, integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
3. Para el establecimiento de una línea o tramo, estación de transporte de 
viajeros o terminal de transporte de mercancías integrante de la Red Ferroviaria 
de Interés General, o su modificación significativa desde el punto de vista del 
trazado o de sus condiciones funcionales o de explotación, será precisa la 
aprobación, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de un 
estudio informativo, con arreglo a lo previsto en esta ley y a la normativa 
reglamentaria que la desarrolle.
El estudio informativo comprende el análisis y la definición, tanto en aspectos 
geográficos, que tendrán en cuenta entre otros aspectos la integración de la 
infraestructura en el territorio especialmente en su paso por núcleos urbanos, 
como funcionales y de explotación, de las opciones de una actuación determinada 
y, en su caso, de la selección de la alternativa más recomendable como solución 
propuesta, teniendo en cuenta la funcionalidad presente y futura de las 
infraestructuras entre los criterios a considerar para esta selección. En su caso, el 
estudio informativo incluirá el estudio de impacto ambiental de las opciones 
planteadas con el contenido previsto en la legislación ambiental y constituirá el 
documento básico a efectos de la correspondiente evaluación ambiental prevista 
en la legislación ambiental.
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Previamente  a la tramitación  del Estudio  Informativo  prevista  en el apartado  4 de 
este artículo,  se realizará  un estudio  de viabilidad  que incluya  un análisis  previo  de 
alternativas,  considerando  también  aquellas  de tipo estratégico  y la alternativa  de 
mantener  la situación  existente,  así como  un estudio  de la demanda  y un análisis 
coste-beneficio,  todo ello como  ayuda  a la toma  de decisiones  sobre  la ejecución  de 
la actuación  desde  el punto  de vista socioeconómico.  El estudio  de viabilidad  será 
informado  por el Consejo  Asesor  de Transportes,  Movilidad  y Agenda  Urbana. 
Reglamentariamente se determinará el contenido de dicho estudio.
Sin perjuicio de lo que pueda establecer la legislación ambiental, no será 
preceptiva la redacción de un estudio informativo cuando se trate de obras de 
reposición, de conservación, de acondicionamiento de trazado, de ensanches de 
plataforma o de desdoblamientos de vía sobre la misma, electrificación, 
señalización y, en general de aquellas que no supongan una modificación 
sustancial del trazado de las líneas existentes. A tales efectos, se entenderá por 
trazado de una línea o tramo de línea una franja de terreno cuyas dimensiones se 
determinarán reglamentariamente. Tampoco será preceptiva la redacción de un 
estudio informativo para el establecimiento de estaciones de transporte de viajeros 
de cercanías y apeaderos y terminales de transporte de mercancías de reducido 
tamaño según se determine reglamentariamente.
4. Para su tramitación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana remitirá el estudio informativo correspondiente a las comunidades 
autónomas y entidades locales afectadas, con objeto de que, durante el plazo de 
un mes, examinen y, en su caso, informen si la solución propuesta es la más 
adecuada para el interés general y para los intereses que representan. 
Transcurrido dicho plazo sin que dichas administraciones públicas informen al 
respecto, se entenderá que están conformes con la solución propuesta.
En el caso de que alguna de dichas administraciones manifestara 
disconformidad, necesariamente motivada, en relación a estudios informativos 
sobre elementos no incluidos en el planeamiento urbanístico vigente de los 
núcleos de población a los que afecten, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana abrirá un período de consultas con ella por un período no inferior 
a dos meses. De mantenerse la discrepancia, el expediente será elevado al 
Consejo de Ministros que decidirá acerca de la ejecución del proyecto a que se 
refiere el estudio informativo y, en su caso, acordará la modificación o revisión del 
planeamiento afectado, que deberá acomodarse a las determinaciones del 
proyecto en el plazo de un año desde su aprobación.
5. Con carácter simultáneo al trámite de informe a que se refiere el apartado 
anterior, el estudio informativo se someterá, en la forma prevista en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a un trámite de información pública durante un período 
de treinta días hábiles. Las observaciones realizadas en este trámite deberán 
versar exclusivamente sobre la concepción global del trazado proyectado. La 
tramitación del expediente de información pública corresponde al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El trámite de información pública citado en el párrafo anterior, y con ese mismo 
plazo, servirá para que las empresas ferroviarias y los administradores de 
infraestructuras ferroviarias puedan emitir informe acerca de la concepción global 
del trazado proyectado y de los aspectos funcionales o de explotación incluidos en 
el estudio informativo.
Para el trámite de información pública, además de la documentación completa 
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, se hará público un documento no 
técnico que, con lenguaje accesible e imágenes, sirva para que la población 
general pueda conocer la actuación a desarrollar, así como facilitar la presentación 
de alegaciones, en su caso. Si la actuación se desarrolla en una Comunidad 
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Autónoma que cuente con una lengua cooficial, este documento no técnico será 
publicado en castellano y en la otra lengua oficial correspondiente.
6. Una vez concluidos los plazos de audiencia e información pública, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitirá el expediente 
completo, que incluirá el estudio informativo y el resultado de los trámites de 
audiencia e información pública, al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a los efectos previstos en la legislación ambiental.
7. Completada  la tramitación  prevista  en el apartado  anterior  corresponderá  al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el acto formal de aprobación del 
estudio  informativo,  que supondrá  la inclusión  de la futura  línea o tramo,  estación  de 
transporte de viajeros o terminal de transporte de mercancías, en la Red Ferroviaria de 
Interés General, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.
Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, o en los casos en que se apruebe un tipo de instrumento distinto al 
anteriormente vigente, se incluirán los elementos contenidos en los estudios 
informativos aprobados definitivamente con anterioridad. Para tal fin, los estudios 
informativos incluirán una propuesta de la banda de reserva de la previsible 
ocupación de la infraestructura, estación de transporte de viajeros o terminal de 
transporte de mercancías, y de sus zonas de dominio público en su caso.
A los solos efectos de la ocupación temporal de los terrenos para la toma de 
datos y realización de prospecciones necesarias para la elaboración de los 
proyectos, la aprobación de los estudios informativos implicará la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación temporal de dichos terrenos.
8. Transcurridos diez años desde la aprobación formal de un estudio 
informativo sin que se haya iniciado la ejecución de las obras correspondientes 
dejará de tener efecto lo dispuesto en el apartado anterior.»
Cuatro.  Los apartados 1 y 2 del artículo 6 quedan redactados en los siguientes 
términos:
«1.  Corresponde a los administradores de infraestructuras ferroviarias a los 
que se refiere el artículo 22 de esta ley la aprobación de los proyectos básicos y 
de construcción de las infraestructuras ferroviarias, estaciones de transporte de 
viajeros o terminales de transporte de mercancías de la Red Ferroviaria de Interés 
General, así como su construcción.
Se entiende por proyecto de construcción el que establece el desarrollo 
completo de la solución adoptada en relación con la necesidad de una 
determinada infraestructura ferroviaria, estación de transporte de viajeros o 
terminal de transporte de mercancías, con el detalle necesario para hacer factible 
su construcción y posterior explotación. El proyecto básico es la parte del proyecto 
de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo, así como la 
definición concreta de los bienes y derechos afectados.
Los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras, estaciones de 
transporte de viajeros o terminales de transporte de mercancías, o de aquellos que 
las modifiquen significativamente o introduzcan perturbaciones relevantes en la 
explotación ferroviaria, así como las posibles modificaciones de dichos proyectos, 
se pondrán en conocimiento de las empresas ferroviarias, del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria y de las comunidades autónomas, antes de su aprobación.
Transcurridos cinco años desde la aprobación técnica de un proyecto de 
construcción sin que se haya iniciado la ejecución de las obras correspondientes, 
este quedará sin efecto.
2. La aprobación del correspondiente proyecto básico o el de construcción de 
líneas ferroviarias, tramos de las mismas, estaciones de transporte de viajeros, 
terminales de transporte de mercancías o de modificación de las preexistentes que 
requiera la utilización de nuevos terrenos, supondrá la declaración de utilidad 
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pública o interés social, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de 
la misma, a efectos de la expropiación forzosa de aquellos terrenos en los que 
deba construirse la línea, el tramo, la estación de transporte de viajeros, la 
terminal de transporte de mercancías o que sean necesarios para modificar las 
preexistentes, según lo previsto en la legislación expropiatoria.
Los titulares de bienes o instalaciones para la prestación de servicios de 
interés general que impidan o entorpezcan significativamente la ejecución de estas 
obras están obligados a su retirada o modificación total y efectiva en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la solicitud del administrador de infraestructuras 
ferroviarias. El coste de la retirada o modificación será abonado por el 
administrador de infraestructuras ferroviarias, salvo cuando los bienes o 
instalaciones se encontraran ubicados en las zonas de limitación a la propiedad, 
en virtud de autorización en la que se estableciera la obligación para el titular de la 
misma de retirarlos a su cargo cuando fuera requerido para ello por necesidades 
de los administradores de infraestructuras ferroviarias.
Alternativamente, durante el plazo de dos meses desde dicha solicitud, el 
administrador de infraestructuras ferroviarias podrá convenir con los titulares de 
bienes o instalaciones afectadas que las actuaciones necesarias las lleve a cabo 
dicho administrador de infraestructuras ferroviarias.
En todos los casos, si la inactividad o tardanza en la retirada o modificación 
impidiesen el inicio o la continuidad de las obras de infraestructuras ferroviarias 
que los afecten, el requerimiento efectuado tendrá los efectos de resolución 
administrativa del administrador de infraestructuras notificada a los efectos de 
imposición de multas coercitivas, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal 
sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. El importe de dichas multas será del diez por ciento del 
presupuesto de licitación de las unidades de obra afectadas, pudiéndose imponer 
con periodicidad mensual hasta un máximo de diez.
Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el segundo párrafo de este 
apartado sin que se hubiera realizado la modificación necesaria, total y efectiva, 
por parte de su titular, ni hubiera existido acuerdo con el administrador de 
infraestructuras ferroviarias para su ejecución por este o para fijar el coste de la 
misma, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá proceder de forma 
subsidiaria a la realización de las modificaciones de servicios, bienes o 
instalaciones afectadas, con independencia de las responsabilidades civiles por 
perjuicios y sobrecostes de la obra y de la imposición, en su caso, de las multas 
coercitivas a que hubiera lugar. En caso de procederse a la ejecución subsidiaria, 
no cabrá que simultáneamente se impongan multas coercitivas.
En ambos supuestos, y sin perjuicio de la formalización de entrega de la 
documentación legal y técnica descriptivas de la actuación de modificación de 
servicios realizada, la titularidad y el servicio restituidos pasarán de forma plena al 
titular del servicio existente que haya sido modificado, con efectos desde la fecha 
que se indique en la notificación que a tal efecto realice el administrador de 
infraestructuras ferroviarias, y sin que esta actuación pueda dar lugar a derecho o 
indemnización alguna a favor del citado titular.»
Cinco. Se añade un apartado 6 al artículo 6 con el siguiente contenido:
«6.  El acuerdo de declaración de obras de emergencia en el ámbito de la 
Red Ferroviaria de Interés General implicará la declaración de utilidad pública y de 
urgente ocupación, así como la necesidad de ocupación temporal de los terrenos 
necesarios para su ejecución a efectos de la expropiación forzosa, y no requerirá 
la realización previa del trámite de información pública, ni el procedimiento de 
abono del depósito previo y, en su caso, de la indemnización por rápida ocupación 
para su ocupación temporal, previstos en la legislación de expropiación forzosa.
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La declaración de emergencia será notificada inmediatamente a los 
propietarios afectados, ofreciéndoles la valoración de los daños o la 
correspondiente indemnización por los mismos, siempre que fuera posible 
evaluarlos o cuantificarla con carácter previo a la ocupación. Se concederá a los 
interesados el plazo de diez días desde la notificación de la declaración de 
emergencia para que contesten, únicamente indicando si aceptan o rehúsan la 
expresada oferta.
De aceptarse la oferta expresamente, quedará establecido el justiprecio, 
procediéndose al pago inmediato del mismo. En caso de rechazo expreso de la 
oferta o de no recibir respuesta en el plazo establecido, las partes elevarán, en el 
plazo de veinte días posterior, sus tasaciones fundadas al órgano competente para 
la valoración, de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, el cual 
resolverá con carácter ejecutorio en el plazo de diez días.»
Seis. El artículo 7.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación 
urbanística calificarán los terrenos que se ocupen por las infraestructuras 
ferroviarias, estaciones y terminales que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General, así como aquellos que deban ocuparse para tal finalidad, de 
acuerdo con los estudios informativos aprobados definitivamente, como sistema 
general ferroviario o equivalente, de titularidad estatal, y no incluirán 
determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias 
atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias, de modo que los usos 
previstos en las zonas colindantes sean compatibles con la explotación 
ferroviaria.»
Siete. El artículo 7.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o 
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a la Red 
Ferroviaria de Interés General o a las zonas de servicio reguladas en el artículo 9, 
el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con 
anterioridad a esta, el contenido del proyecto al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para que por este se emita, en el plazo de dos meses 
computados desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo 
relativo a las materias de su competencia, un informe comprensivo de las 
observaciones que, en su caso, estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Ministerio, se entenderá 
su conformidad con el proyecto urbanístico.
No podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística, que contravengan lo 
establecido en un estudio informativo aprobado definitivamente. El incumplimiento 
de dicha prohibición comportará la nulidad de pleno derecho exclusivamente de 
las determinaciones que lo contravengan.
La omisión de la petición del informe preceptivo establecido en el párrafo 
primero, o la aprobación de los instrumentos correspondientes antes de que 
transcurra el plazo para evacuarlo y en ausencia del mismo, comportará la nulidad 
de pleno derecho de las determinaciones de los citados instrumentos que 
menoscaben, alteren o perjudiquen la adecuada explotación de la Red Ferroviaria 
de Interés General.
En el caso de estudios informativos en tramitación que, no habiendo sido aún 
aprobados, hayan sido sometidos a información pública, la administración 
competente en materia de ordenación territorial o urbanística, según corresponda, 
procederá en cada caso, en las zonas afectadas por los trazados y actuaciones 
ferroviarias objeto de la mencionada información pública, a la suspensión de la 
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aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo y de los efectos de 
las ya aprobadas, como también a la suspensión del otorgamiento de nuevas 
autorizaciones y licencias urbanísticas, hasta tanto se apruebe el estudio, con un 
plazo máximo de suspensión de un año a partir de la fecha de publicación del 
anuncio de la información pública del correspondiente estudio, el cual podrá 
prorrogarse motivadamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por un plazo máximo de seis meses.
Se excluye de lo anterior aquellas actuaciones administrativas de carácter 
territorial, urbanístico o edificatorio que sí fuesen compatibles con la futura 
actuación ferroviaria o se limiten a la mera conservación y mantenimiento de lo 
existente, previo informe vinculante del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.»
Ocho. El artículo 7.5 queda redactado en los siguientes términos:
«5.  Las autorizaciones y, en su caso, las concesiones otorgadas a 
particulares para la realización de obras o actividades en la zona de servicio 
ferroviario regulada en el artículo 9, no eximirán a sus titulares de obtener los 
permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada caso, sean exigidas por 
otras disposiciones legales, salvo en el supuesto establecido en el artículo 42.7 de 
la presente ley.»
Nueve. Se añade un apartado 6 al artículo 7 con la siguiente redacción:
«6.  La modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá 
incorporar las servidumbres acústicas de las líneas, estaciones de transporte de 
viajeros y terminales de transporte de mercancías que cuenten con mapas de 
ruido aprobados.
Si se comprueba que un nivel de ruido supera el objetivo de calidad acústica 
aplicable, en la modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico se 
deberán incluir y promover la adopción de medidas correctoras eficaces que 
disminuyan los niveles sonoros, y que permitan alcanzar los niveles requeridos. En 
caso de adoptarse estas medidas correctoras, la zona de servidumbre acústica 
podrá ser modificada por el órgano que la delimitó.»
Diez. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12.  Zona de dominio público, zona de protección y límite de edificación.
A los efectos  de esta ley, se establecen  en las líneas  ferroviarias  que formen  parte 
de la Red Ferroviaria de Interés General una zona de dominio público, otra de protección 
y un límite  de edificación.  Tanto  las referidas  zonas  como  el límite  de edificación  se 
regirán por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los órganos de la Administración General del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que les correspondan en relación con las zonas de dominio público y de 
protección y con el límite de edificación, se coordinarán entre sí y con los de otras 
administraciones públicas a los que, legalmente, se les confieran competencias en 
relación con terrenos que merezcan una especial salvaguarda.
Las particularidades de la aplicación de las limitaciones a la propiedad 
contenidas en este capítulo a los tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, 
a los que hace referencia el artículo 8.9, se desarrollarán reglamentariamente en 
la normativa específica de dichos tramos.»
Once. El artículo 13.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
reglamentariamente podrá determinar una distancia inferior a la establecida en el 
apartado anterior para delimitar la zona de dominio público, en función de las 
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características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las 
características del suelo por el que discurra dicha línea.
En suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o 
urbanizable delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente, la 
distancia establecida en el apartado anterior para la zona de dominio público será 
de cinco metros. En estos suelos, la zona de dominio público podrá ser reducida 
por los administradores generales de infraestructuras ferroviarias adoptando las 
medidas de control del riesgo necesarias para que este resulte aceptable de 
acuerdo con el método común de seguridad para la evaluación y valoración del 
riesgo, siempre que se acredite la necesidad y el interés público de la reducción, y 
no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del 
ferrocarril así como cuando no sea incompatible con la construcción de nuevas 
infraestructuras correspondientes a la planificación prevista por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y previo informe de este, sin que, en 
ningún caso, la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros. La 
solicitud de reducción deberá ir acompañada, al menos, de una memoria 
explicativa y de planos en planta y alzado que describan de forma precisa el objeto 
de la misma y un análisis, elaborado por técnico competente, de la evaluación y 
valoración del riesgo de acuerdo con el método común de seguridad.
En suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como no urbanizable o 
urbanizable no delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente que 
pase a tener la clasificación de urbanizable delimitado, sectorizado, programado o 
categoría equivalente no será de aplicación a la Zona de Dominio Público la 
reducción a cinco metros de las zonas urbanas. En este supuesto, la Zona de 
Dominio Público se mantendrá en los ocho metros desde la arista exterior de la 
explanación, salvo que los administradores de infraestructuras ferroviarias utilicen 
el procedimiento previsto en este apartado para determinar esta reducción.
Las decisiones adoptadas por los administradores de infraestructura serán 
puestas en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 
con periodicidad semestral en la forma que esta disponga, para el eventual 
ejercicio de su competencia de supervisión.»
Doce. El artículo 13.3 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del 
desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes 
con el terreno natural. En el supuesto de los muros de sostenimiento, la 
intersección se entenderá coincidente con la cara externa de dichos muros desde 
los terrenos del ferrocarril.
En el caso de recintos de estaciones donde existan andenes, la arista exterior 
de la explanación coincidirá con el borde interior del andén, siempre que no 
existan instalaciones ferroviarias más alejadas de la infraestructura, tales como 
postes de catenaria, canalizaciones de instalaciones (fibra óptica, eléctricas, 
etcétera) necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, en cuyo caso la arista 
deberá situarse inmediatamente detrás de estas. En todo caso, los andenes 
formarán parte de la zona de dominio público, hasta su borde exterior o el límite 
con las edificaciones colindantes.
En aquellos casos en que las características del terreno no permitan definir la 
arista exterior de la explanación, conformará dicha arista exterior una línea 
imaginaria, paralela al eje de la vía, situada a una distancia de tres metros 
medidos, perpendicularmente a dicho eje, desde el borde externo del carril 
exterior.»
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Trece. Se añade un apartado 5 al artículo 13 con la siguiente redacción:
«5.  En el caso de túneles, se considerará como aristas exteriores de la 
explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el 
terreno, siendo zona de dominio público el terreno comprendido entre las referidas 
líneas. En aquellos supuestos en que la montera de los túneles sea suficiente o en 
que se arbitre un sistema constructivo que permita, conforme a la oportuna y 
previa autorización de obra por parte del Administrador de Infraestructura 
Ferroviaria, la utilización del subsuelo o vuelo sobre el mismo, con plena seguridad 
para el servicio ferroviario, podrá delimitarse como zona de dominio público 
exclusivamente la zona necesaria para asegurar la conservación y el 
mantenimiento de la obra y, en todo caso, el contorno de las boquillas y una franja 
perimetral suficiente alrededor de estos elementos.»
Catorce. El artículo 14.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o 
urbanizable delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente, la 
distancia establecida en el apartado anterior para la protección de la 
infraestructura ferroviaria será de veinte metros, contados en todos los casos 
desde las aristas exteriores de la explanación.»
Quince. Se añade un apartado 3 al artículo 14 con la siguiente redacción:
«3.  En el caso de túneles, la zona de protección comprenderá el área 
delimitada por dos líneas imaginarias situadas a una distancia de veinte metros 
desde la proyección vertical de la cara externa de cada uno de los hastiales.»
Dieciséis. El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 15.  Límite de edificación.
1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la 
cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción o ampliación de edificaciones existentes a excepción 
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley y ello sin 
perjuicio de la salvedad establecida en el apartado 4 siguiente.
La línea límite de edificación no será de aplicación en los siguientes casos:
a) En los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas.
b) Cuando la obra a ejecutar sea un vallado o cerramiento o un muro de 
contención o de sostenimiento de desmontes y terraplenes que redunden en 
beneficio de la seguridad para el ferrocarril.
c) Cuando  se trate de edificar  construcciones  o instalaciones  correspondientes  a 
terminales de transporte no ferroviarias o estaciones de autobuses, metro o tranvía que 
configuren un núcleo de intercambio modal de transporte.
d) Cuando se trate de edificar construcciones o instalaciones 
correspondientes a las instalaciones de servicio señaladas en el artículo 42 de 
esta ley o las instalaciones de mantenimiento pesado de vehículos ferroviarios.
e) A las edificaciones provisionales o desmontables que no requieran ningún 
tipo de cimentación o a las instalaciones desmontables.
2. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la 
explanación, la línea límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio 
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público, la línea límite de edificación se hará coincidir con el borde exterior de 
dicha zona de dominio público.
En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General y que discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se 
sitúa a veinte metros de la arista más próxima a la plataforma. A estos efectos se 
consideran zonas urbanas los suelos clasificados como urbanos o los suelos 
urbanizables delimitados, programados o sectorizados, o categorías equivalentes.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá determinar 
reglamentariamente una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para 
la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas.
En suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como no urbanizable o 
urbanizable no delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente que 
pase a tener la clasificación de urbanizable delimitado, sectorizado, programado o 
categoría equivalente, no será de aplicación la reducción de las zonas urbanas. En 
este supuesto, la línea límite de edificación se mantendrá en los cincuenta metros 
desde la arista exterior más próxima a la plataforma salvo que los administradores 
de infraestructuras ferroviarias utilicen el procedimiento previsto en el apartado 
tercero de este artículo para fijar una línea límite de edificación diferente por 
razones geográficas o socioeconómicas.
3. Asimismo,  los administradores  generales  de infraestructuras,  previo  informe 
de las comunidades  autónomas  y entidades  locales  afectadas,  podrán,  por razones 
geográficas  o socioeconómicas,  fijar una línea  límite  de edificación  diferente  a la 
establecida  con carácter  general,  aplicable  a determinadas  líneas  ferroviarias  que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas, 
adoptando  las medidas  de control  del riesgo  necesarias  para que este resulte 
aceptable  de acuerdo  con el método  común  de seguridad  para la evaluación  y 
valoración  del riesgo.  Esta reducción  no afectará  a puntos  concretos,  sino que será 
de aplicación a lo largo de tramos completos y de longitud significativa.
Las decisiones adoptadas por los administradores de infraestructura serán 
puestas en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 
con periodicidad semestral en la forma que esta disponga, para el eventual 
ejercicio de su competencia de supervisión.
4. Cuando  resulte  necesaria  la ejecución  de obras  dentro  de la zona 
establecida  por la línea  límite  de la edificación  en un punto  o área concreta,  y 
justificadamente  exista  una razón  de interés  general  para ello, los administradores 
generales  de infraestructuras  podrán  establecer  la línea  límite  de edificación  a una 
distancia  inferior  a las señaladas  en el apartado  2 de este artículo,  a solicitud  del 
interesado  y tras la tramitación  del correspondiente  procedimiento  administrativo, 
que deberá  ser motivado  y recoger  justificadamente  las causas  que llevan  a tener 
en cuenta esta modificación de carácter puntual, siempre y cuando se cuente con el 
informe  favorable  de la administración  competente  en materia  de urbanismo  y no 
cause  perjuicio  a la seguridad,  regularidad,  conservación  y libre tránsito  del 
ferrocarril,  adoptando  las medidas  de control  del riesgo  necesarias  para que este 
resulte aceptable de acuerdo con el método común de seguridad para la evaluación 
y valoración  del riesgo,  así como  cuando  no sea incompatible  con la construcción 
de nuevas  infraestructuras  correspondientes  a estudios  informativos  que continúen 
surtiendo efectos conforme a lo dispuesto en el artículo 5.8 de esta ley.
Con carácter excepcional, podrá permitirse la ejecución de obras de nueva 
construcción, en parcelas o solares clasificados como suelo urbano consolidado, 
siempre que respeten, en todo caso, las condiciones de alineación de los edificios 
colindantes. Todo ello, previa tramitación del correspondiente procedimiento 
administrativo de reducción de la línea límite de la edificación, y respetando, en 
todo caso, las condiciones impuestas por la legislación en materia de ruido y 
vibraciones que le sea de aplicación, que habrá de ser justificada ante el citado 
administrador, debiendo el promotor aceptar y corregir de su cuenta los efectos 
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que en materia de ruido y vibraciones puedan suponer futuras ampliaciones o 
modificaciones del servicio ferroviario, incluyendo el cambio de su tipología.
Las decisiones adoptadas por los administradores de infraestructura serán 
puestas en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 
con periodicidad semestral en la forma que esta disponga, para el eventual 
ejercicio de su competencia de supervisión.
5. En lo relativo a zonificación e inmisión acústica conforme a la legislación 
vigente en materia de ruido, toda edificación estará sometida, con independencia 
de su distancia de separación con respecto a la línea ferroviaria, a las 
restricciones o limitaciones que resulten del establecimiento de las zonas de 
servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios 
específicos de ruido aprobados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.»
Diecisiete. El artículo 16.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la 
infraestructura ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 
provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se 
puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización 
del administrador de infraestructuras ferroviarias, adoptando para ello las medidas 
de control del riesgo necesarias con el objeto de que este resulte aceptable de 
acuerdo con el método común de seguridad para la evaluación y valoración del 
riesgo. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las 
competencias de otras administraciones públicas.
Los solicitantes de una autorización para la realización de cualesquiera 
actividades en las zonas de dominio público y protección del ferrocarril estarán 
obligados al pago de los costes de estudio, tramitación y seguimiento derivados de 
dicha autorización y se les podrá exigir, con carácter previo al otorgamiento de la 
autorización, la constitución de una garantía para responder de los daños y 
perjuicios que se puedan causar a cualesquiera activos titularidad del 
administrador de infraestructuras ferroviarias o a la explotación comercial de los 
operadores ferroviarios, fijándose su cuantía en base al coste estimado de 
reconstrucción de los activos, y ello sin perjuicio de las sanciones e 
indemnizaciones que, en su caso, pudieran resultar exigibles por cualesquiera 
otros conceptos.
Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la 
zona de protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o 
construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias 
serán costeadas por los promotores de las mismas.
No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona 
de dominio público, previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o 
bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el 
cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e 
instalaciones de interés privado.
En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el 
que la realizare estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los 
terrenos ocupados hasta el límite de la citada zona de dominio público, previo 
requerimiento del administrador de infraestructuras ferroviarias de la línea. Si no 
se atendiere el requerimiento dentro del plazo conferido, actuará de forma 
subsidiaria el administrador de infraestructuras ferroviarias de la línea, mediante la 
realización de las necesarias labores de limpieza y recogida del material, 
quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se 
hubiere incurrido por dicha actuación.
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En suelo clasificado como urbano o urbanizable sectorizado, programado o 
categoría equivalente, y previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, se podrán realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de 
urbanización que mejoren la integración del ferrocarril en dichos suelos.
En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la 
seguridad de la circulación ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o 
impidan su adecuada explotación.»
Dieciocho. El artículo 22.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  La administración de las infraestructuras ferroviarias y su construcción 
corresponderán, dentro del ámbito de competencia estatal, a una o varias 
entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana o vinculadas o dependientes de otro organismo público adscrito 
al citado Ministerio.
Los administradores de infraestructuras ferroviarias tendrán personalidad 
jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio, y se regirán por esta 
ley, por sus respectivos estatutos y por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, especialmente cuando ejerzan potestades administrativas.
Las referencias que en esta ley se efectúan a los administradores generales 
de infraestructuras ferroviarias se entenderán referidas a las entidades públicas 
empresariales previstas en este artículo.»
Diecinueve. El artículo 23.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Corresponden a los administradores generales de infraestructuras 
ferroviarias las siguientes funciones:
a) La aprobación de los proyectos básicos y de construcción de 
infraestructuras ferroviarias de su titularidad que deban formar parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General y su construcción, siempre que se lleve a cabo con 
sus propios recursos y con arreglo a lo que determine el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
b) La construcción con recursos ajenos de infraestructuras ferroviarias, 
conforme al correspondiente convenio.
c) La administración de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad y de 
las que se le encomienden mediante el oportuno convenio.
d) La prestación del paquete de acceso mínimo a la infraestructura ferroviaria 
y la realización de los mecanismos de coordinación, recogidos en el artículo 20.2.
e) El control, vigilancia e inspección de la infraestructura ferroviaria que 
administre, de sus zonas de protección y de la circulación ferroviaria que sobre 
ella se produzca.
f) La explotación de los bienes de su titularidad, la de los bienes que le sean 
adscritos y la de aquellos cuya gestión se le encomiende.
g) La elaboración, aprobación y publicación de la declaración sobre la red.
h) La adjudicación de capacidad de infraestructura a las empresas 
ferroviarias y restantes candidatos enumerados en el artículo 34 que lo soliciten y 
la celebración de acuerdos marco con aquéllas.
i) La prestación, en su caso, de los servicios básicos, complementarios y 
auxiliares al servicio de transporte ferroviario.
j) La  aprobación  y el cobro  de los precios  privados  por la prestación  de los 
servicios básicos, complementarios y auxiliares al servicio de transporte ferroviario.
k) La  determinación,  revisión  y cobro  de los cánones  por utilización  de las 
infraestructuras ferroviarias, conforme al régimen legal y reglamentario de aplicación.
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l) La cooperación con los organismos que en otros Estados miembros de la 
Unión Europea administren las infraestructuras ferroviarias, prevista en el 
artículo 20.3, para establecer y adjudicar capacidad de infraestructura que 
abarque más de una red nacional, así como la participación y cooperación en la 
Red Europea de Administradores de infraestructuras.
m)  La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se 
formulen respecto de la actuación del mismo.
n) La elaboración y ejecución de estudios o proyectos en materia de 
movilidad sostenible o de transporte ferroviario.
ñ) Cualesquiera otras que se le asignen en esta ley o en sus disposiciones 
de desarrollo.»
Veinte. El artículo 25.3 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Asimismo, se adoptarán por el Gobierno las medidas necesarias para 
asegurar que, en circunstancias empresariales normales y a lo largo de un período 
no superior a cinco años, la contabilidad de pérdidas y ganancias de los 
administradores generales de infraestructuras ferroviarias refleje como mínimo una 
situación de equilibrio entre, por una parte, los ingresos procedentes de los 
cánones por acceso a las infraestructuras ferroviarias y por utilización de 
instalaciones de servicio, los precios privados por la prestación de servicios en 
dichas instalaciones, los excedentes de otras actividades comerciales, los 
ingresos no reembolsables de origen privado y la financiación estatal incluyendo, 
en su caso, los anticipos abonados por el Estado, y, por otra, los gastos de 
infraestructura e instalaciones de servicio.
En aquellos segmentos en los que el transporte ferroviario sea competitivo con 
otros modos de transporte, el Gobierno podrá exigir a los administradores de 
infraestructuras que equilibren sus cuentas sin financiación estatal.»
Veintiuno. El artículo 26.6.º queda redactado en los siguientes términos:
«6.º  El importe de los cánones que perciba por el acceso a las 
infraestructuras ferroviarias y por la utilización de las instalaciones de servicio y los 
precios privados por el acceso y por los servicios prestados en dichas 
instalaciones.»
Veintidós. El artículo 27.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Los administradores generales de infraestructuras ferroviarias tendrán, 
para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la 
Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones de los que sean titulares.
Son de titularidad  de los administradores  generales  de infraestructuras  ferroviarias 
las infraestructuras  ferroviarias,  estaciones  de transporte  de viajeros  y terminales  de 
transporte  de mercancías  pertenecientes  a la Red Ferroviaria  de Interés  General, 
según  la distribución  que se realice  mediante  orden  de la Ministra  de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, así como los bienes y derechos que se le asignen por ley 
o reglamento y los que adquiera o construya con sus propios recursos.
No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en relación con las 
infraestructuras ferroviarias y las terminales de transporte de mercancías ubicadas 
en la zona de servicio de los puertos de interés general.
A efectos de su explotación, se considerarán bienes patrimoniales de 
titularidad de los administradores de infraestructuras ferroviarias las estaciones de 
transporte de viajeros y las terminales de transporte de mercancías, otras 
instalaciones de servicio y otros bienes inmuebles excluidos del concepto de 
infraestructura ferroviaria por la presente ley, salvo los que estén íntegramente 
situados en zonas de dominio público.»
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Veintitrés. El artículo 32.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Los administradores de infraestructuras ferroviarias, previa consulta al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, empresas ferroviarias y resto de candidatos, Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, y demás interesados, elaborarán, 
aprobarán y publicarán la declaración sobre la red correspondiente a su ámbito de 
actuación, así como sus actualizaciones. La declaración sobre la red se publicará 
en idioma castellano, en las lenguas cooficiales de las distintas comunidades 
autónomas y, al menos, en otra lengua oficial de la Unión Europea. El contenido 
de la declaración sobre la red podrá obtenerse gratuitamente en formato 
electrónico en el portal web del respectivo administrador de infraestructuras y se 
tendrá acceso al mismo, en su caso, a través de un portal web común de los 
distintos administradores.
La obligación de publicar la declaración sobre la red en las distintas lenguas 
cooficiales no será de aplicación hasta la publicación de la declaración de red 
de 2025, en diciembre de 2023.»
Veinticuatro. El artículo 39.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Las infraestructuras ferroviarias y las terminales ferroviarias de transporte 
de mercancías de titularidad de una autoridad portuaria que en cada momento 
existan en las zonas de servicio de los puertos de interés general y estén 
conectadas con la Red Ferroviaria de Interés General, formarán parte de esta y se 
incorporaran al Catálogo de infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés 
General a que se refiere el artículo 4.4 de esta ley.»
Veinticinco. El artículo 39.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  La Autoridad Portuaria ejercerá respecto de las infraestructuras 
ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte de mercancías a que se refiere 
el apartado anterior existentes en los puertos de interés general, y en los términos 
previstos en la disposición adicional séptima, las competencias que se atribuyen al 
administrador general de infraestructuras ferroviarias en los párrafos a), b), c), d), 
e), f), i), j), m), n) y ñ) del apartado 1 del artículo 23.»
Veintiséis. El artículo 39.3 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  La conexión de las infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias 
de transporte de mercancías a las que se refiere el apartado anterior con el resto 
de la Red Ferroviaria de Interés General se recogerá en la declaración sobre la 
red y estará regulada por un convenio. El citado convenio se celebrará 
conjuntamente por la autoridad portuaria correspondiente, el administrador general 
de infraestructuras ferroviarias correspondiente y Puertos del Estado para cada 
puerto de interés general, previa autorización del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, y en él se establecerán las obligaciones y derechos 
de cada una de las partes, con arreglo a los siguientes principios:
a) El administrador general de infraestructura y la Autoridad Portuaria 
establecerán, de acuerdo con las directrices que establezca el Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, las reglas para la conexión física y 
funcional de las infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte 
de mercancías gestionada por cada entidad. A tal efecto en el convenio se 
definirán las líneas de conexión del puerto con el resto de la Red Ferroviaria de 
Interés General.
b) Las  autoridades  portuarias  establecerán,  respecto  de los puertos  de interés 
general  y previo  informe  favorable  de Puertos  del Estado,  las reglas  para el diseño  y 
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la explotación  de la red ferroviaria  existente  en cada  puerto,  en cuanto  no perturbe  el 
adecuado funcionamiento del resto de la Red Ferroviaria de Interés General.
En el convenio se recogerán cualesquiera aspectos operativos de la red y las 
reglas que habrá de respetar el administrador general de infraestructuras 
ferroviarias para la adjudicación de la capacidad de las infraestructuras ferroviarias 
y terminales de transporte de mercancías existentes en el ámbito de los puertos 
de interés general.»
Veintisiete. El artículo 39.4 queda redactado en los siguientes términos:
«4.  A las infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte 
de mercancías existentes en los puertos que no pertenezcan a la Red Ferroviaria 
de Interés General, pero que estén conectadas o se pretendan conectar con la red 
gestionada por el administrador general de infraestructuras ferroviarias, se 
aplicarán las reglas acordadas por este y la Autoridad Portuaria, que se podrán 
incorporar al convenio previsto en el apartado 3.
La conexión  de las infraestructuras  ferroviarias  y terminales  ferroviarias  de 
transporte  de mercancías  a las que se refiere  el apartado  1 con otras  redes  que no 
formen  parte  de la Red Ferroviaria  de Interés  General  se regulará  en un convenio 
entre los titulares de ambas redes, previo informe favorable de Puertos del Estado.»
Veintiocho. El artículo 42.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Son instalaciones de servicio, a efectos de lo dispuesto en esta ley, las 
siguientes:
a) Las estaciones de viajeros, así como sus edificios e instalaciones 
conexas, incluidos los paneles de información sobre viajes y un emplazamiento 
adecuado para los servicios de venta de billetes.
b) Las terminales de carga.
c) Las estaciones de clasificación y las instalaciones de formación de trenes, 
incluidas las instalaciones para maniobras.
d) Las vías de apartado, incluyendo las vías ubicadas en estaciones de 
viajeros cuando se utilicen para tal fin.
e) Las instalaciones de mantenimiento, a excepción de las instalaciones de 
mantenimiento pesado dedicadas a trenes de alta velocidad o a otros tipos de 
material rodante que requieran instalaciones específicas.
f) Otras instalaciones técnicas, incluidas las instalaciones de lavado y 
limpieza.
g) Instalaciones portuarias marítimas y fluviales vinculadas a actividades 
ferroviarias.
h) Instalaciones de socorro.
i) Instalaciones de aprovisionamiento de combustible y suministro de 
combustible en dichas instalaciones.
j) Cambiadores de ejes.
Son básicos los servicios que se prestan en cualquiera de las instalaciones de 
servicio enumeradas en este apartado.»
Veintinueve. El artículo 42.6 queda redactado en los siguientes términos:
«6.  Las instalaciones de servicio se declaran de utilidad pública a los efectos 
de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento o ampliación.
Para el reconocimiento de la utilidad pública de una instalación será necesario 
que la persona interesada, que tendrá la consideración de beneficiaria de 
conformidad con lo establecido en la legislación de expropiación forzosa, lo solicite 
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al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aportando el proyecto de 
ejecución de la instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes 
o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación. La petición se 
someterá a información pública y se recabará informe de los organismos 
afectados. La aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de servicio 
supondrá la declaración de utilidad pública a los efectos de la expropiación, la 
necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de la misma. El 
procedimiento de expropiación forzosa se realizará de conformidad con lo 
establecido en la legislación de expropiación forzosa.
Asimismo, los titulares de las instalaciones de servicio tendrán derecho a 
utilizar los terrenos de dominio público que resulten necesarios, previa 
autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.»
Treinta. Se añade un apartado 7 al artículo 42 con la siguiente redacción:
«7.  Las obras y actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario que 
se realicen en instalaciones de servicio por los explotadores de las mismas, 
incluidas las de mantenimiento ligero y pesado de vehículos ferroviarios dedicadas 
a trenes de alta velocidad o a otros tipos de material rodante que requieran 
instalaciones específicas, no precisarán de control preventivo municipal a través 
de las autorizaciones, permisos o licencias administrativas de obra, de primera 
instalación, funcionamiento o apertura previstas en otras leyes. Dicha exención se 
aplicará con independencia de la titularidad de la instalación y tanto a las 
instalaciones ya en servicio, como a aquellas de nueva construcción.
Con carácter previo a su aprobación, los proyectos constructivos serán 
comunicados a la administración urbanística competente a efectos de que emita 
informe, que se entenderá favorable si transcurre un mes desde dicha 
comunicación sin que se hubiera emitido.»
Treinta y uno. Se modifica la letra a), del apartado 1 del artículo 50 en los siguientes 
términos:
«a)  Revestir la forma de sociedad anónima, de acuerdo con la legislación 
española, o ser una empresa pública. La sociedad o empresa deberá haberse 
constituido por tiempo indefinido. En el caso de las sociedades, sus acciones 
habrán de tener carácter nominativo. En caso de que la sociedad esté o vaya a 
estar controlada, de forma directa o indirecta, por una o varias personas 
domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea, podrá denegarse la 
licencia o limitarse sus efectos cuando las empresas ferroviarias españolas o 
comunitarias no se beneficien, en el referido Estado, del derecho al acceso 
efectivo a la prestación del servicio ferroviario.»
Treinta y dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 51 en los siguientes términos:
«3.  Respecto de las empresas de nueva creación, su capacidad financiera se 
evaluará en función de su cifra de capital social y de las garantías que presten sus 
accionistas o la propia sociedad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de aquellas.»
Treinta y tres.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 56 en los siguientes 
términos:
«d)  La extinción de la empresa pública o el acaecimiento de alguna de las 
causas de disolución forzosa de la empresa ferroviaria previstas en el artículo 363 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.»
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Treinta y cuatro.  Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 59, 
con el siguiente contenido:
«Las comunidades autónomas podrán declarar que la prestación de 
determinados servicios de transporte ferroviario de su competencia quede sujeta a 
obligaciones de servicio público, lo que se producirá en los mismos términos que 
los señalados en este apartado.»
Treinta y cinco. Se añade un apartado 4 del artículo 60, con el siguiente contenido:
«4. Con  carácter  excepcional  y transitorio,  el Ministerio  de Transportes, 
Movilidad  y Agenda  Urbana  podrá  implantar,  de manera  transparente  y no 
discriminatoria, a propuesta del administrador de infraestructuras correspondiente, en 
secciones  determinadas  de la Red Ferroviaria  de Interés  General  con rampas 
elevadas,  mecanismos  de compensación  de costes  extraordinarios  a asumir  por las 
empresas ferroviarias para realizar transporte de mercancías en esas secciones.»
Treinta y seis.  El enunciado de la sección 3.ª queda redactado en los siguientes 
términos:
«Sección 3.ª Tasas por homologación de centros, certificación de entidades y 
material rodante, otorgamiento de títulos y licencias, autorizaciones de entrada en 
servicio e inscripción de vehículos.»
Treinta y siete. Se añade una letra h) al artículo 84.1 con la siguiente redacción:
«h)  Inscripción de vehículos y tipos de vehículos, así como sus 
modificaciones en los registros correspondientes.»
Treinta y ocho. El artículo 84.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Constituye el hecho imponible de las tasas la prestación por la 
administración de los servicios necesarios para el otorgamiento, renovación o 
ampliaciones de las homologaciones, títulos, licencias, certificaciones o 
autorizaciones correspondientes, la inscripción de vehículos y tipos de vehículos, 
así como sus modificaciones en los registros correspondientes, así como de los 
servicios realizados para las convocatorias para la obtención del título, licencia de 
conducción y de consejeros de seguridad en relación con el transporte de 
mercancías peligrosas.»
Treinta y nueve. Se añade una letra g) al artículo 84.4 con la siguiente redacción:
«g)  Por la inscripción de vehículos y tipos de vehículos, así como sus 
modificaciones en los registros correspondientes:
i. Nueva inscripción de un vehículo en el Registro Europeo o Nacional de 
Vehículos.
ii. Modificación de los datos de un vehículo registrado en el Registro Europeo 
o Nacional de Vehículos, salvo el paso a estado de baja en el registro.
iii. Inscripción de un nuevo tipo de vehículo en el Registro Europeo de Tipos 
de Vehículos.
iv. Modificación de los datos de un tipo de vehículo inscrito en el Registro 
Europeo de Tipos de Vehículos.»
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Cuarenta. El artículo 93.6 queda redactado en los siguientes términos:
«6.  La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base imponible las 
siguientes tarifas por mes o fracción de mes por cada metro cuadrado de 
superficie ocupada según la modalidad de utilización o aprovechamiento:
Modalidad de utilización o aprovechamiento Base imponible Tarifa
Subsuelo o vuelo utilizado para cruces transversales de redes de suministro. Metro cuadrado. 0,15 €/m2-mes
Subsuelo o vuelo utilizado por redes de suministros para el sistema ferroviario. Metro cuadrado. 0,05 €/m2-mes
Resto de utilizaciones del subsuelo y vuelo. Metro cuadrado. 0,30 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como no urbanizable utilizado por instalaciones de suministros. Metro cuadrado. 0,35 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como urbano o urbanizable utilizado por instalaciones de suministros. Metro cuadrado. 0,68 €/m2-mes
Suelo utilizado por instalaciones de suministros para el sistema ferroviario con independencia de su clasificación 
urbanística.Metro cuadrado. 0,05 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como no urbanizable para conexiones de instalaciones de servicio 
ferroviarias y cargaderos con la red ferroviaria.Metro cuadrado. 0,05 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como urbano o urbanizable para conexiones de instalaciones se servicio 
ferroviarias y cargaderos con la red ferroviaria.Metro cuadrado. 0,20 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como no urbanizable para instalaciones de servicio contempladas en al 
apartado 1 del artículo 42 de esta ley.Metro cuadrado. 0,30 €/m2-mes
Suelo clasificado urbanísticamente como urbano o urbanizable para instalaciones de servicio contempladas en 
al Apartado 1 del artículo 42 de esta ley.Metro cuadrado. 0,60 €/m2-mes
Otras ocupaciones de suelo clasificado urbanísticamente como no urbanizable. Metro cuadrado. 0,40 €/m2-mes
Otras ocupaciones de suelo clasificado urbanísticamente como urbano o urbanizable. Metro cuadrado. 0,70 €/m2-mes»
Cuarenta y uno. El artículo 95 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 95.  Revisión.
Las cuantías de la tasa regulada en esta sección podrán ser modificadas 
mediante las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o mediante orden 
ministerial de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La 
propuesta de modificación mediante orden ministerial deberá contar con una 
memoria económico-financiera ajustada a lo establecido en el artículo 20.1 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos.»
Cuarenta y dos.  Se añade el siguiente enunciado entre los artículos 95 y 96, 
reemplazando la referencia a la «Sección 6.a Canon por utilización de las 
infraestructuras ferroviarias»:
«CAPÍTULO II
Cánones ferroviarios y precios derivados de la utilización de infraestructura 
ferroviaria e instalaciones de servicio»
Cuarenta y tres. El artículo 96 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 96.  Principios generales.
1. Los ingresos derivados de la utilización de infraestructuras ferroviarias e 
instalaciones de servicio se abonarán, respectivamente, a los administradores de 
infraestructuras ferroviarias y a los explotadores de instalaciones de servicio, y se 
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emplearán para financiar su actividad. Sin perjuicio de la seguridad, el 
mantenimiento y la mejora de la calidad del servicio de las infraestructuras, se 
incentivará a los administradores a que reduzcan los costes de la puesta a 
disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso a través del 
convenio previsto en el artículo 25.2. La utilización de las infraestructuras 
ferroviarias e instalaciones de servicio de titularidad de los administradores 
generales de infraestructuras ferroviarias dará lugar a la percepción de las 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario reguladas en los 
artículos 97 y 98, que recibirán el nombre de cánones ferroviarios. Su 
determinación, que se llevará a cabo por los administradores de infraestructuras 
ferroviarias siguiendo lo establecido en el artículo 100, se aprobará mediante un 
Reglamento adoptado por su Consejo de Administración que deberá ser publicado 
en el “Boletín Oficial del Estado” e incorporado a la declaración sobre la red.
En cualquier caso, además del contenido regulado en el artículo 32 y en el 
anexo III, en la declaración sobre la red se incluirán, al menos, los elementos para 
la cuantificación de los cánones, entre los que podrán figurar los tipos de línea, 
tipos de servicio, clasificación de líneas, clasificación de estaciones, tipos de 
parada, catálogo de instalaciones de servicio o el procedimiento de solicitud y 
adjudicación de las instalaciones de servicio.
2. Quedan, en todo caso, afectos al patrimonio de los administradores de 
infraestructuras ferroviarias los ingresos que obtengan por el cobro de los cánones 
ferroviarios, con independencia de otros ingresos que puedan percibir de las 
empresas ferroviarias y de terceros.
3. Los administradores de infraestructuras ferroviarias velarán por que el 
sistema de cánones utilizado se ajuste a los mismos principios en toda la red, 
respondiendo especialmente a los de viabilidad económica de las infraestructuras, 
explotación eficaz de las mismas, situación del mercado y equilibrio financiero en 
la prestación de los servicios, y a los de igualdad, transparencia y no 
discriminación entre prestadores de servicios de transporte ferroviario. En 
concreto, los administradores de infraestructuras velarán por que el sistema de 
cánones aplicado dé como resultado que las empresas ferroviarias que presten 
servicios de naturaleza semejante en una parte similar del mercado abonen 
cánones equivalentes y no discriminatorios y por que los cánones efectivamente 
aplicados sean conformes a las disposiciones aprobadas por los administradores 
de infraestructuras y publicadas en la declaración sobre la red.
Asimismo, los administradores de infraestructuras respetarán la 
confidencialidad comercial de la información que les faciliten los candidatos.
4. Los cánones de acceso mínimo a las líneas ferroviarias integrantes de la 
Red Ferroviaria de Interés General y de acceso a infraestructuras que conecten 
con instalaciones de servicio se publicarán en la declaración sobre la red y su 
cuantía será equivalente a los costes directamente imputables a la explotación del 
servicio ferroviario, los cuales serán calculados de conformidad con la 
correspondiente norma de la Unión Europea que regule las modalidades de 
cálculo de este tipo de costes.
De igual forma, el sistema de adiciones y bonificaciones contemplado en el 
artículo 97 tendrá en cuenta, para la explotación eficaz de la Red Ferroviaria de 
Interés General, criterios que reflejen el grado de congestión de la infraestructura y 
un correcto funcionamiento de la misma, el fomento de nuevos servicios de 
transporte ferroviario, así como la necesidad de favorecer el uso de líneas 
infrautilizadas, garantizando, en todo caso, una competencia óptima entre las 
empresas ferroviarias.
5. La cuantía de los cánones exigidos por la utilización de instalaciones de 
servicio de titularidad de los administradores generales de infraestructuras 
ferroviarias no superará el coste de su prestación más un beneficio razonable, de 
conformidad con el artículo 98 de esta ley.
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6. Para incentivar a las empresas ferroviarias y al propio administrador de 
infraestructuras ferroviarias a reducir al mínimo las perturbaciones del tráfico en la 
Red Ferroviaria de Interés General, se establecerá un sistema de incentivos, 
cuyos principios básicos se aplicarán a toda la red. Dicho sistema podrá incluir la 
imposición de penalizaciones por acciones que perturben el funcionamiento de la 
red, la concesión de indemnizaciones a las empresas que las sufran y la 
concesión de primas por obtención de resultados mejores a los previstos.
La prestación pecuniaria que se deba satisfacer al administrador de 
infraestructuras ferroviarias como resultado de la liquidación del sistema de 
incentivos es una prestación patrimonial de carácter público no tributario.
Mediante una orden de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
se desarrollarán y actualizarán los principios básicos de aplicación de dicho 
sistema de incentivos. La orden establecerá, al menos:
a) Procedimientos de cálculo de tiempos de viaje y márgenes de puntualidad.
b) Clasificación de los retrasos y perturbaciones.
c) Procedimientos de cómputo de retrasos y de imputación de 
responsabilidades de la perturbación.
d) Periodos de cálculo.
e) Procedimientos de valoración de los retrasos y de liquidación.
f) Procedimientos de resolución de conflictos.
g) Obligaciones de información periódica del sistema.
7. Por orden de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá 
implantarse, por un período limitado, un sistema que compense, por el uso de la 
infraestructura ferroviaria, los costes medioambientales, de accidentes y de 
infraestructura que no paguen los modos de transporte competidores cuando 
excedan de los costes equivalentes del ferrocarril. El sistema deberá garantizar los 
principios de transparencia en la metodología aplicable al cálculo de la 
compensación y el principio de no discriminación entre las empresas.
Cuando en aplicación de este tipo de sistemas, una empresa ferroviaria reciba 
una compensación gozando de un derecho exclusivo, la compensación irá 
acompañada de la concesión de beneficios similares a los usuarios.
El método utilizado y los cálculos efectuados deberán ser accesibles al 
público. En particular, será necesario que se puedan acreditar los costes 
específicos no tarifados de la infraestructura de transporte en competencia que se 
evitan gracias al uso del ferrocarril, y garantizar que el sistema se aplica a las 
empresas sin discriminación.
8. Cualquier desarrollo reglamentario que se derive de este artículo habrá de 
ser informado, antes de su aprobación, por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos y por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Asimismo, al inicio de su tramitación, el texto del proyecto de 
reglamento será sometido a informe de las comunidades autónomas.
9. Los administradores de infraestructuras ferroviarias y los explotadores de 
instalaciones de servicio deberán facilitar a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia toda la información necesaria sobre los ingresos regulados en 
este capítulo para que esta pueda ejercer las funciones que tiene atribuidas.
Los administradores de infraestructuras ferroviarias y los explotadores de 
instalaciones de servicio deberán poder demostrar a las empresas ferroviarias que 
los ingresos por la utilización de la infraestructura ferroviaria e instalaciones de 
servicio efectivamente cobrados son conformes a la regulación vigente y a los 
métodos, normas y, cuando sean de aplicación, los baremos establecidos por los 
administradores de infraestructuras y publicados en la declaración sobre la red. A 
este respecto, las empresas ferroviarias podrán acudir a las comprobaciones 
realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 
ejercicio de las funciones referidas anteriormente.
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Los administradores de infraestructura deben estar permanentemente en 
condiciones de indicar a todas las partes interesadas la capacidad de 
infraestructura que ya se haya adjudicado a las empresas ferroviarias usuarias.
10.  Los cánones medios y marginales de cualquier administrador de 
infraestructuras serán similares para usos equivalentes de su infraestructura.
De igual forma, los servicios comparables en el mismo segmento de mercado 
estarán sometidos a los mismos cánones.
El administrador de infraestructuras demostrará en la declaración sobre la red 
que el sistema de cánones cumple estas condiciones en la medida en que ello 
pueda hacerse sin revelar información empresarial confidencial.»
Cuarenta y cuatro. El artículo 97 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 97.  Cánones de acceso mínimo a las líneas ferroviarias integrantes de 
la Red Ferroviaria de Interés General y de acceso a infraestructuras que 
conecten con instalaciones de servicio.
1. Presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho de cada uno de los cánones 
contemplados en este artículo la utilización de las líneas ferroviarias integrantes de 
la Red Ferroviaria de Interés General y del resto de elementos de la infraestructura 
ferroviaria, así como la prestación de servicios inherentes a dicha utilización, en 
las modalidades siguientes:
a) Canon por los servicios de acceso y gestión de capacidad (modalidad A): 
por los siguientes servicios del paquete de acceso mínimo: tramitación de las 
solicitudes de capacidad de infraestructura ferroviaria, puesta a disposición de la 
capacidad concedida, control del tren, incluida señalización, regulación, 
expedición, así como comunicación y suministro de información sobre circulación 
ferroviaria y por cualquier otra información necesaria para introducir o explotar el 
servicio para el que se ha concedido capacidad.
b) Canon por utilización de las líneas ferroviarias y otros elementos 
relacionados con las mismas (modalidad B): por la acción y efecto de utilizar la 
infraestructura ferroviaria, incluidas bifurcaciones y desvíos de red.
c) Canon por utilización de las instalaciones de transformación y distribución 
de la energía eléctrica de tracción (modalidad C): por la acción y efecto de utilizar 
las instalaciones de alimentación eléctrica para la corriente de tracción, cuando 
estén disponibles.
2. Obligados al pago.
Tendrán la consideración de obligados al pago del canon:
a) En la modalidad A, las empresas ferroviarias que sean adjudicatarias de 
capacidad para circular por la Red Ferroviaria de Interés General, así como 
cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 34 que, sin tener la 
consideración de empresas ferroviarias, obtengan adjudicación de capacidad.
b) En la modalidad B, las empresas ferroviarias que utilicen las líneas 
ferroviarias.
c) En la modalidad C, las empresas ferroviarias que utilicen las instalaciones 
de electrificación.
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3. Período impositivo, exigibilidad y pago.
El periodo impositivo coincide con el mes natural.
El devengo se produce el último día del período impositivo.
Los servicios de la Modalidad A se imputarán al período impositivo en el que 
se utilice o se hubiera podido utilizar la capacidad concedida, la Modalidad B en el 
período en que se utilice la línea ferroviaria o el elemento correspondiente de la 
infraestructura ferroviaria y la Modalidad C en el período en que se utilicen las 
instalaciones de electrificación.
La liquidación de las modalidades de este canon se notificará al obligado al 
pago y su pago se efectuará en el plazo de veinte días hábiles desde aquel en que 
se produzca la notificación.
4. Base de cálculo.
La base de cálculo de este canon serán los trenes kilómetros y, en su caso, las 
plazas tren kilómetro, distinguiendo por cada modalidad del canon, tipo de línea, 
tipo de servicio y tipo de tracción.
El tren kilómetro es la unidad de medida equivalente a la adjudicación de la 
capacidad a un tren a lo largo de un kilómetro o a la utilización de la línea 
ferroviaria por un tren a lo largo de un kilómetro.
La plaza tren kilómetro es la unidad de medida equivalente a un asiento de 
tren, que recorre un kilómetro.
5. Cuota.
1.º  La cuota íntegra se obtendrá de aplicar a la base de cálculo una cuantía 
unitaria determinada por los administradores de infraestructuras y publicada en la 
declaración sobre la red, de conformidad con los métodos de cálculo de los costes 
unitarios directos contemplados en la norma correspondiente de la Unión Europea, 
distinguiendo por cada modalidad de canon.
a) Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A):
La cuota íntegra se determinará en función de cada tren kilómetro adjudicado, 
distinguiendo por tipo de línea afectada y tipo de servicio de acuerdo con la 
definición que contenga la declaración sobre la red.
Mediante esta modalidad se repercutirán los costes del proceso de 
adjudicación de capacidad, los de gestión del tráfico, seguridad en la circulación y 
los de reposición de las instalaciones de seguridad y control del tráfico, 
directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.
b) Canon por utilización de las líneas ferroviarias y otros elementos 
relacionados con las mismas (Modalidad B):
La cuota íntegra se determinará en función de los trenes kilómetro circulados 
distinguiendo por tipo de línea y tipo de servicio de acuerdo con la definición que 
contenga la declaración sobre la red.
Mediante esta modalidad se repercutirán los costes de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura ferroviaria y sus costes de reposición, 
directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.
Este canon no gravará la utilización de las instalaciones de transformación y 
distribución de la energía eléctrica de tracción.
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c) Canon por utilización de las instalaciones de transformación y distribución 
de la energía eléctrica de tracción (Modalidad C):
La cuota  íntegra  se determinará  en función  de los trenes  kilómetro  circulados  por 
líneas  ferroviarias  electrificadas  distinguiendo  por tipo de línea,  tipo de servicio  y tipo 
de tracción de acuerdo con la definición que contenga la declaración sobre la red.
Mediante esta modalidad se repercutirán los costes de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de electrificación y sus costes de reposición, 
directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario. Tendrán la 
consideración de instalaciones de electrificación las subestaciones, incluyendo los 
edificios técnicos, la catenaria, las subestaciones móviles y cualquier otra 
instalación, equipo o elemento necesario para el proceso de transformación y 
distribución de la energía necesario para el proceso de transformación y 
distribución de la energía.
2.º  Los costes directamente imputables a la explotación del servicio 
ferroviario podrán modularse por los administradores de infraestructuras 
ferroviarias tomando en consideración los distintos grados de desgaste de las 
infraestructuras con arreglo a uno o varios de los parámetros siguientes:
a) Longitud del tren y/o número de vehículos del tren;
b) masa del tren;
c) tipo de vehículo, en particular su masa no suspendida;
d) velocidad del tren;
e) potencia de tracción de la unidad motriz;
f) peso por eje y/o número de ejes;
g) número registrado de planos en las ruedas o uso efectivo de equipos de 
protección contra deslizamientos;
h) rigidez longitudinal de los vehículos y fuerzas horizontales que impactan 
en la vía;
i) potencia eléctrica consumida y medida o comportamiento dinámico de los 
pantógrafos o patines de contacto como parámetro para fijar los cánones por el 
desgaste del hilo de contacto o del carril electrificado;
j) parámetros de vía, en particular los radios;
k) cualquier otro parámetro relacionado con el coste, cuando el administrador 
de infraestructuras pueda demostrar al organismo regulador que los valores de tal 
parámetro, incluida su variación, cuando proceda, se miden y registran de manera 
objetiva.
Para la determinación de la cuantía unitaria de la cuota íntegra los 
administradores generales de infraestructuras ferroviarias elaborarán un modelo 
de costes único, que permita obtener de manera sistemática, transparente y no 
discriminatoria los costes imputables a los distintos servicios prestados por dichas 
entidades. El modelo de costes habrá de ser sometido a informe previo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a quien corresponderá la 
posterior supervisión de la correcta aplicación del modelo de costes.
3.º La  cuota  líquida  será el resultado  de añadir  a la cuota  íntegra,  además  de 
las cuantías  recogidas  en los tres puntos  siguientes,  un recargo  que permita 
recuperar  hasta  el total de los costes  asumidos  por el administrador  de 
infraestructuras. Los recargos estarán basados en principios eficientes, transparentes 
y no discriminatorios siempre que el mercado pueda aceptarlo sin dejar de garantizar 
la competitividad óptima de los segmentos de mercado ferroviario.
No obstante, los administradores de infraestructuras podrán establecer 
además una distinción entre segmentos de mercado en función de las mercancías 
o viajeros transportados.
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El importe  máximo  a recuperar  mediante  esta adición  será suma  de los gastos 
financieros,  los costes  de reposición  correspondientes  a la plataforma,  túneles, 
puentes,  vía, edificios  y medios  utilizados  para el mantenimiento  y conservación,  así 
como  los necesarios  para un desarrollo  razonable  de estas  infraestructuras  y todos 
aquellos  costes  que permitan  a los administradores  de infraestructuras  ferroviarias 
lograr la sostenibilidad económica de las infraestructuras que administran.
No obstante, la cuantía de los cánones no debe excluir la utilización de las 
infraestructuras por parte de segmentos del mercado que puedan pagar al menos 
el coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario, más un 
índice de rentabilidad que pueda asumir el mercado.
Antes de aprobar el cobro de un recargo, los administradores de 
infraestructuras evaluarán la importancia del mismo en el segmento de mercado 
del que se trate, considerando las parejas de criterios enumeradas en el siguiente 
párrafo que sean pertinentes.
Cuando el administrador de infraestructuras ferroviarias defina una lista de los 
segmentos de mercado de cara a introducir recargos en el sistema de cánones 
tendrá en cuenta las siguientes parejas de características:
a) Servicios de transporte de viajeros frente a servicios de transporte de 
mercancías.
b) Trenes que transportan mercancías peligrosas frente a trenes que 
transportan otras mercancías.
c) Servicios nacionales frente a servicios internacionales.
d) Transporte combinado frente a trenes directos.
e) Servicios de transporte de viajeros urbanos o regionales frente a servicios 
de transporte de viajeros interurbanos.
f) Trenes bloque frente a trenes por vagones completos.
g) Servicios ferroviarios regulares frente a servicios ocasionales.
Los administradores de infraestructuras ferroviarias podrán establecer además 
una distinción entre segmentos de mercado en función de las mercancías o 
viajeros transportados.
La lista de segmentos del mercado definidos por los administradores de 
infraestructura incluirá al menos los tres segmentos siguientes: servicios de 
mercancías, servicios de viajeros en el marco de un contrato de servicio público, y 
otros servicios de viajeros.
Deberán definirse también los segmentos de mercado en los que las empresas 
ferroviarias no operen en el momento de fijarse los cánones, pero en los que 
durante el período de validez del sistema de cánones podrían prestar sus 
servicios. El administrador de infraestructuras ferroviarias no deberá incluir 
recargos en el sistema de cánones de estos segmentos de mercado.
La lista de segmentos de mercado se revisará por los administradores de 
infraestructuras, al menos, cada cinco años y se publicará en la declaración sobre 
la red. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará dicha 
lista de acuerdo con las funciones reconocidas para este organismo.
Cuando el administrador de infraestructuras pretenda modificar los elementos 
esenciales de este recargo, lo hará público con una antelación de al menos tres 
meses respecto a la fecha límite para la publicación de la declaración sobre la red.
4.º La  cuota  líquida  también  podrá  incluir  una adición  por cancelación  de 
reserva  en concepto  de capacidad  que, habiéndose  adjudicado,  no se utilice, 
incentivando  la utilización  eficiente  de la capacidad.  Esta adición  será obligatoria  en 
aquellos  casos  en que los solicitantes  de capacidad  dejen  de utilizar  las franjas 
asignadas o parte de las mismas de forma sistemática, salvo causa de fuerza mayor.
Los administradores de infraestructuras podrán establecer umbrales mínimos 
por debajo de los cuales podrá no aplicarse esta adición. Asimismo, los 
administradores de infraestructuras aprobarán las cuantías de acuerdo con las 
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cuales se calculará esta adición, publicándolas en la declaración sobre la red, 
aplicándose a la diferencia entre el número de trenes kilómetro adjudicados y el 
número de trenes kilómetro utilizados, por tipo de línea y tipo de servicio.
De igual forma, los administradores de infraestructuras publicarán en la 
declaración sobre la red los criterios que determinarán la no utilización de la 
capacidad previamente adjudicada. Estos criterios serán supervisados por la 
Comisión Nacional de Competencia y los Mercados de acuerdo con las funciones 
que tiene atribuidas.
Para los servicios  de viajeros,  esta adición  será aplicable  por cada  tren kilómetro 
de diferencia entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes, por tipo de línea 
y tipo de servicio,  cuando  dicha  diferencia  sea superior  al porcentaje  de la capacidad 
adjudicada  establecido  por los administradores  de infraestructuras  y publicado  en la 
declaración sobre la red, y en cuanto exceda de dicho porcentaje.
Para los servicios de mercancías, esta adición será aplicable por cada tren 
kilómetro de diferencia entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes por 
tipo de línea, cuando la diferencia sea superior al porcentaje de la capacidad 
adjudicada establecido por los administradores de infraestructura y publicado en la 
declaración sobre la red, y en cuanto exceda de dicho porcentaje.
En el caso de trenes en que el candidato solicitante de la capacidad no sea la 
empresa ferroviaria que utiliza esta, la adición se liquidará al candidato solicitante.
El administrador de infraestructuras ferroviarias podrá revisar los porcentajes 
de diferencias mínimas entre capacidad adjudicada y utilizada, en base a su 
evolución y con el objeto de que continúen siendo un elemento incentivador del 
uso eficiente de la red ferroviaria. Los porcentajes se actualizarán por los 
administradores de infraestructuras, publicándose en la declaración sobre la red.
5.º La  cuota  líquida  podrá  también  incluir  una adición  que refleje  la escasez  de 
capacidad  de un determinado  tramo  identificable  de la infraestructura  durante 
períodos  de congestión,  previa  declaración  de dicha  infraestructura  como 
congestionada de conformidad con el procedimiento reglamentariamente establecido.
Para la determinación de esta adición, se considerará el incremento de los costes 
del proceso  de adjudicación  de capacidad  de gestión  de tráfico,  seguridad  en la 
circulación  y de reposición  de las instalaciones  de seguridad  y control  de tráfico, 
comparándolos con los que resultarían si no existiese esta escasez de capacidad.
El administrador de infraestructuras dejará de aplicar esta adición si no ha 
elaborado y presentado un plan de aumento de capacidad de infraestructura o no 
logra hacer avanzar las medidas definidas en este plan.
No obstante, el administrador de infraestructuras podrá seguir aplicando la 
adición en estos casos, con la debida aprobación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, cuando el plan de aumento de capacidad no pueda 
realizarse por razones ajenas a su control o cuando las opciones posibles no sean 
viables desde el punto de vista económico o financiero.
6.º  Podrá asimismo incluirse una adición por los costes medioambientales 
causados por la explotación del tren, en función de la magnitud del efecto 
causado. No obstante, un canon por costes medioambientales que dé lugar al 
aumento de la cifra global de ingresos del administrador de infraestructuras solo 
estará autorizado si dicho gravamen se aplica también al transporte de 
mercancías por carretera, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea.
El establecimiento de esta adición cuando esté relacionada con los costes de 
los efectos del ruido tendrá en cuenta el acondicionamiento de los vagones con la 
tecnología de frenado de bajo ruido más viable desde el punto de vista económico.
Los administradores de infraestructuras conservarán la información necesaria 
de forma que se pueda determinar tanto el origen de esta adición como su 
aplicación. Los administradores de infraestructura remitirán esta información a la 
Comisión Europea, cuando esta lo solicite.
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6. Bonificaciones o descuentos.
1.º  Bonificaciones temporales para incentivar el crecimiento del transporte 
ferroviario.
Con la finalidad de incentivar la explotación eficaz de la red ferroviaria y 
fomentar nuevos servicios de transporte ferroviario, el administrador de 
infraestructuras ferroviarias podrá introducir una bonificación en los cánones de 
acceso mínimo a las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés 
General y de acceso a infraestructuras que conecten con instalaciones de servicio, 
para los aumentos de tráfico anuales, según el tipo de línea y tipo de servicio. La 
aplicación de dicha bonificación se realizará con base en el tráfico de referencia 
que el administrador de infraestructuras determine de acuerdo con la situación 
preexistente o su previsible evolución, y se calculará en proporción a la 
contribución de la empresa ferroviaria a este incremento de tráfico.
2.º Bonificación para incentivar la implantación del sistema ERTMS.
Podrán introducirse bonificaciones en los cánones regulados en este artículo 
para incentivar la implantación en los trenes del sistema ERTMS. Estas 
bonificaciones no tendrán impacto en los ingresos del administrador de 
infraestructuras ferroviarias.
Estas bonificaciones afectarán exclusivamente al ámbito que se determine de 
conformidad con el Derecho de la Unión Europea.
3.º  Bonificación temporal para fomentar el aprovechamiento de la capacidad 
disponible de las infraestructuras.
Los administradores de infraestructuras podrán introducir una bonificación en 
los cánones regulados en este artículo, aplicable a determinadas franjas horarias 
disponibles en un tramo o tramos de la infraestructura ferroviaria 
considerablemente infrautilizadas. La determinación de dicha bonificación se 
determinará por los siguientes criterios:
Se determinarán las franjas horarias bonificadas. Dichas franjas podrán 
abarcar una línea o un tramo de la misma o bien determinarse como un conjunto 
de franjas horarias que abarquen una línea o un tramo de la misma, varias líneas 
o tramos de las mismas o un área geográfica determinada mediante tramos de 
líneas ferroviarias.
Se determinará el intervalo temporal dentro del periodo de vigencia del horario 
de servicio durante el cual estará vigente la bonificación.
Se relacionará el tráfico en las franjas bonificadas con la bonificación 
establecida para el canon. El tráfico podrá determinarse mediante los trenes-
kilómetro, número de frecuencias, número de pasajeros o número de pasajeros-
kilómetro. Se podrán establecer bonificaciones distintas dentro del mismo intervalo 
temporal y para distintos volúmenes de tráfico.
Una vez publicada la bonificación, las empresas ferroviarias podrán presentar 
el volumen de tráfico que se comprometen a efectuar en el periodo determinado 
por el administrador.
En función del volumen del tráfico, se determinará el canon total del periodo 
temporal a abonar por el operador, aplicando la bonificación que le corresponde.
El canon resultante del periodo completo deberá ser abonado por el operador 
mensualmente durante el plazo de vigencia de la bonificación en partes iguales.
Únicamente  será objeto  de devolución  la parte  del canon  correspondiente  a 
aquellos  tráficos  no realizados  por debajo  del tráfico  comprometido  por la empresa 
ferroviaria cuando dicha bajada de tráfico no sea imputable a la empresa ferroviaria.
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El administrador podrá establecer que, en caso de que la empresa ferroviaria 
realice tráficos superiores al tráfico comprometido, dichos tráficos sean bonificados 
con un porcentaje de la bonificación prevista.
4.º  Las bonificaciones recogidas por los números 1.º, 2.º y 3.º de este 
apartado, se aplicarán de forma similar a servicios similares y de forma no 
discriminatoria a cualquier empresa ferroviaria.»
Cuarenta y cinco. El artículo 98 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 98.  Cánones por la utilización de instalaciones de servicio de titularidad 
y gestión exclusiva de los Administradores Generales de Infraestructura.
1. Presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho de los cánones contemplados en este 
artículo la utilización de las instalaciones de servicio cuya gestión está reservada 
en exclusiva a los administradores generales de infraestructuras, en las 
modalidades siguientes:
A. Canon por utilización de estaciones de transporte de viajeros (modalidad A).
B. Canon por utilización de otras instalaciones de servicio de los 
administradores generales de infraestructura (modalidad B). Esta modalidad 
incluye la utilización de vías de apartado, de formación de trenes y maniobras, de 
mantenimiento, de lavado y limpieza, y de suministro de combustible. También 
estarán incluidas en esta modalidad la utilización de vías en estaciones de viajeros 
como vías de apartado y para la realización de determinadas operaciones.
C. Canon por utilización de puntos de carga titularidad de los administradores 
generales de infraestructura (modalidad C). Esta modalidad incluye la utilización 
de las vías de carga y descarga de mercancías.
Estos cánones no incluyen el servicio de suministro de energía eléctrica, de 
agua, de gasóleo, de teléfono ni ningún otro suministro o servicio, siendo por 
cuenta del obligado los gastos por consumos o suministros que facilite o preste el 
administrador de infraestructuras ferroviarias.
Para la utilización de las instalaciones de servicio en las modalidades B y C 
será necesaria la obtención de capacidad en la instalación, que será solicitada por 
el obligado al administrador de infraestructuras ferroviarias, salvo en el caso de la 
utilización de vías en estaciones de viajeros como vías de apartado. El 
administrador de infraestructuras podrá adjudicar la capacidad por vías completas, 
por periodos de uso continuado de años o meses, o por periodos puntuales de 
horas o días, mediante el procedimiento correspondiente, que será publicado en la 
declaración sobre la red. En ningún caso podrá cederse a terceras partes la 
capacidad adjudicada.
Para la utilización de las vías en estaciones de viajeros como vías de 
apartado, los administradores de infraestructuras usarán los gráficos de ocupación 
de vía en estaciones.
En las modalidades B y C, siempre que no se encuentre saturada, la 
instalación podrá ser utilizada por varios adjudicatarios para un mismo periodo de 
tiempo, aunque la misma esté asignada inicialmente a un adjudicatario principal.
Los criterios de aplicación serán determinados por los administradores de 
infraestructuras.
2. Obligados al pago.
Tendrán la consideración de obligados al pago de este canon las empresas 
ferroviarias que utilicen las instalaciones de servicio correspondientes a cada 
modalidad. En la modalidad B y C, también tendrán dicha consideración otros 
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candidatos tales como los titulares de material rodante ferroviario, los agentes de 
transporte, los cargadores, los operadores de transporte combinado, así como 
otros prestadores de servicio.
3. Periodo impositivo, devengo, exigibilidad y pago.
El periodo impositivo coincide con el mes natural.
El devengo se produce el último día del periodo impositivo.
Estas modalidades se imputarán al periodo impositivo en el que se utilicen las 
instalaciones de servicio o se hubieran podido utilizar estas.
La liquidación de las modalidades de este canon se notificará al obligado y su 
pago se efectuará en el plazo de veinte días hábiles desde aquel en que se 
produzca la notificación.
4. Cuota.
Para la determinación de la cuantía de los cánones regulados en este artículo 
serán aplicables los siguientes criterios, a los cuales podrá incorporarse un 
beneficio razonable:
a) Canon por la utilización de estaciones de transporte de viajeros 
(modalidad A).
Mediante esta modalidad se repercutirán los costes asociados al 
mantenimiento y conservación de estaciones, costes de reposición, así como los 
gastos financieros y los asociados a la prestación de servicios de recepción 
obligatoria que resulten esenciales para la utilización de las estaciones, tales como 
los de información sobre ubicación de servicios y trenes, climatización, limpieza, 
vigilancia y control de seguridad de los viajeros y sus equipajes. A estos efectos, la 
declaración sobre la red podrá incluir una clasificación de estaciones por 
categorías derivadas de los servicios en ellas prestados.
Para una repercusión de costes más precisa, se tendrán en cuenta los tipos de 
trenes y los tipos de paradas y si las mismas se realizan fuera del horario de 
apertura de las estaciones.
Las cuantías serán aplicables por cada parada en la estación de trenes que se 
encuentren realizando servicio de transporte de viajeros o por hora o fracción de 
tiempo de apertura extraordinaria de las estaciones, y se publicarán en la 
declaración sobre la red.
Para la determinación de esta modalidad de canon, los administradores de 
infraestructuras considerarán criterios que tengan en cuenta la intensidad de uso 
de las estaciones de viajeros, en función del número de viajeros subidos y bajados 
en la misma.
b) Canon por utilización de otras instalaciones de servicio de los 
administradores generales de infraestructuras (modalidad B).
b.1)  Mediante la modalidad referida a la utilización de vías de apartado, de 
formación de trenes y maniobra, de mantenimiento, de lavado y limpieza y de 
suministro de combustible, se repercutirán los costes directamente asociados al 
mantenimiento y reposición de las instalaciones utilizadas. Su cuantía dependerá 
del tipo de las características de la vía utilizada y su equipamiento, del tiempo de 
utilización, que podrá quedar establecido por años, meses, días u horas 
autorizadas de utilización. Para una repercusión de costes que permita una 
gestión eficiente de estas instalaciones, la metodología de cálculo incluirá un 
coeficiente de rendimiento que permita la aplicación de descuentos o recargos en 
función de este tiempo de utilización.
Asimismo, los administradores de infraestructuras podrán aprobar, 
publicándolo en la declaración sobre la red, la aplicación de una bonificación por 
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concurrencia, cuando la instalación sea utilizada por un adjudicatario principal y 
uno o varios secundarios, y una bonificación para apartado de material de larga 
duración, en aquellas vías que se establezcan adecuadas para dicho fin.
Esta modalidad también podrá incluir, en los términos establecidos por los 
administradores generales de infraestructuras y publicados en la declaración sobre 
la red, una adición que penalice aquellos casos en que, habiéndose adjudicado 
capacidad para una determinada instalación y periodo, se cancele con anterioridad 
a la finalización del periodo adjudicado.
El catálogo de vías disponibles, sus características y su equipamiento se 
publicará en la declaración sobre la red.
Las cuantías correspondientes a cada componente se determinarán en este 
instrumento mediante un esquema que incluirá, al menos, los siguientes 
componentes:
Componentes base:  
 C vía Euros/ml de vía-año
 C catenaria Euros/ml de catenaria-año
 C desvío tipo I (manual) Euros/ud-año
 C desvío tipo II (telemandado) Euros/ud-año
Componentes de equipamiento asociados a la vía:  
 C pasillo entrevías Euros/ml de vía-año
 C Iluminación vía Euros/ml de vía-año
 C Iluminación playa Euros/ml de playa-año
 C Red de protección contra incendios Euros/ml de vía-año
 C Muelle de carga/descarga Euros/ml de muelle-año
Componentes de equipamiento opcionales:  
 C Bandeja recogida grasas Euros/ud-año
 C Bandeja recogida carburante Euros/ud-año
 C Escaleras de acceso a cabina Euros/ud/año
 C Foso-piquera de descarga Euros/ud/año
 C Foso de mantenimiento (sin tomas) Euros/ud/año
 C Rampa para carga/descarga Euros/ud/año
 C Toma para suministro de agua, suministro eléctrico o 
suministro de aire comprimidoEuros/ud-año
b.2)  En el supuesto en el que las vías de viajeros se utilicen como vías de 
apartado, para el cálculo del canon se considerará el tiempo de estacionamiento y 
el horario en el que puede existir mayor saturación en la estación. Con carácter 
general se establece un período de quince minutos durante el cual el canon no 
será aplicable.
A los efectos de cómputo del tiempo de estacionamiento en andenes no se 
considerarán las paradas intermedias de un trayecto comercial, ni aquellos en los 
que el administrador de infraestructuras ferroviarias decida la permanencia del tren 
en la vía de estacionamiento.
Para la liquidación del canon en este supuesto de utilización de vías como vías 
de apartado, el administrador de infraestructuras ferroviarias utilizará los gráficos 
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de ocupación de vía en estaciones por trenes programados del último ejercicio 
vigente, que estarán a disposición del obligado al pago.
Los costes imputables a esta modalidad de utilización de vías de estaciones 
de viajeros como vías de apartado corresponden a los costes directamente 
asociados al mantenimiento y conservación de las instalaciones utilizadas.
b.3)  En los supuestos en los que las vías sean utilizadas para la realización 
de determinadas operaciones, estas se clasificarán en los dos tipos siguientes:
Tipo A: Limpieza del tren interior y/o exterior mínima (frontales y cristales de 
puertas y ventanas).
Tipo B: Por operaciones de carga y descarga de servicios a bordo, utilización 
de tomas de agua, utilización de instalaciones de combustible, utilización de tomas 
eléctricas, utilización de instalaciones de vaciado WC y de otras análogas.
Los costes  que podrán  repercutirse  en esta modalidad  del canon  de utilización  de 
instalaciones  de servicio  corresponden  a los directamente  asociados  al mantenimiento 
y conservación de las instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
c) Canon por utilización de terminales de carga titularidad de los 
administradores generales de infraestructura (modalidad C).
Mediante  esta modalidad  se repercutirán  los costes  directamente  asociados  al 
mantenimiento  y reposición  de las vías de carga  y descarga  de mercancías  y el 
equipamiento adicional que, en su caso, pueda estar asociado a estas. Para ello, se 
emplearán  los componentes  base,  bonificaciones  y penalizaciones  del canon  de 
utilización  de vías de apartado,  de formación  de trenes  y maniobra,  de 
mantenimiento  de lavado  y limpieza  y de suministro  de combustible  a los que se 
añadirá  el tipo de pavimento,  con las cuantías  que determinen  los administradores 
de infraestructuras y que serán objeto de publicación en la declaración sobre la red.
A las terminales intermodales de transporte de mercancías de titularidad del 
administrador de infraestructuras ferroviarias que estén explotadas directamente 
por él o por otros explotadores y que presten el servicio de carga y descarga de 
Unidades de Transporte Intermodal (UTI) sobre y desde vagón, no les será de 
aplicación esta modalidad.»
Cuarenta y seis. El artículo 99.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  La gestión, liquidación y el cobro de los cánones ferroviarios 
corresponderá a los administradores de infraestructuras ferroviarias, siendo de 
aplicación el artículo 18.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. La recaudación en periodo ejecutivo corresponderá a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuando así se hubiese establecido en el 
correspondiente convenio.»
Cuarenta y siete. El artículo 99.2 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Las distintas modalidades de cánones ferroviarios podrán ser objeto de 
liquidación individualizada o conjunta, para un mismo periodo, pudiéndose exigir a 
los obligados al pago la presentación de las correspondientes declaraciones de 
información singulares o periódicas para su comprobación.»
Cuarenta y ocho. El artículo 100 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 100.  Reglamento de determinación de los cánones ferroviarios.
1. Los administradores de infraestructuras ferroviarias adoptarán una 
disposición para la fijación de las cuantías del sistema de cánones, que recibirá el 
nombre de Reglamento de determinación de los cánones ferroviarios.
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Esta disposición será aprobada por su Consejo de Administración y mediante 
la misma se llevará a cabo una revisión, con carácter anual, de la cuantía de los 
cánones, adiciones, recargos y otros elementos del sistema de cánones.
Excepcionalmente, y siempre que varíen las condiciones del mercado, de 
manera objetiva y demostrable dicha revisión podrá realizarse antes de concluir el 
periodo de un año.
En la parte expositiva del Reglamento de determinación de los cánones 
ferroviarios se deberá justificar la adecuación del mismo a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, 
rentabilidad social y sostenibilidad medioambiental.
2. Para la aprobación de esta disposición, que se realizará en base a los 
principios recogidos en el apartado anterior, se seguirá el siguiente procedimiento:
La propuesta de modificación anual o revisión excepcional de las cuantías 
resultantes de lo establecido en los artículos 97 y 98 deberá ser elaborada por los 
administradores de infraestructuras ferroviarias, junto con la correspondiente 
memoria económica-financiera.
Esta memoria se pronunciará sobre el coste o valor del recurso o actividad de 
que se trate con base en lo establecido en el Derecho de la Unión Europea y la 
justificación de la cuantía propuesta. Los costes utilizados para los cálculos se 
basarán en los pagos efectuados o previstos. De igual forma, incluirá una breve 
referencia al impacto económico y presupuestario, al contenido, oportunidad de la 
disposición que se pretende aprobar y las alternativas previstas, a su justificación 
en este artículo y a la distribución de competencias.
Esta propuesta establecerá los valores concretos de los parámetros del 
sistema de cánones y será publicada en el portal web del administrador de 
infraestructuras con el objeto de dar audiencia, durante un plazo no ampliable de 
quince días naturales, a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Durante este mismo plazo, la propuesta se consultará con los obligados al 
pago de los cánones, de acuerdo con los artículos 97.2 y 98.2, y con las 
comunidades autónomas, que podrán remitir el correspondiente informe antes de 
que concluyan los referidos quince días.
Por último, la versión final de la propuesta será sometida a informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien supervisará que se 
respeta lo establecido en el marco previsto por el Derecho de la Unión Europea y 
en esta ley.
3. Los valores obtenidos tras el procedimiento señalado en el apartado 
anterior se aprobarán por los administradores de infraestructuras ferroviarias en el 
correspondiente Reglamento de determinación de los cánones ferroviarios.
Una vez aprobado este Reglamento, el mismo se publicará en el “Boletín 
Oficial del Estado” y sus valores se incluirán en la declaración sobre la red 
conforme a lo establecido en el artículo 32 y el anexo III de esta ley.
En cualquier caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
podrá ejercer las competencias que su ley de creación prevé para supervisar la 
cuantía de los cánones.
4. El programa de actividad de los administradores generales de 
infraestructura previsto en el artículo 25.4 contendrá una previsión de las 
actualizaciones de los cánones durante el período de vigencia de dicho programa. 
La propuesta de modificación o actualización indicada en el apartado 1 de este 
artículo se basará en dicha propuesta, de manera que las cuantías no podrán 
incrementarse individualmente en más de un cinco por ciento respecto a las 
indicadas en el programa de actividad salvo por causas excepcionales que 
deberán ser justificadas en la memoria económico financiera correspondiente a 
dicho ejercicio.»
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Cuarenta y nueve. Se suprime el enunciado del capítulo II: «CAPÍTULO II. Precios 
privados por los servicios básicos, complementarios y auxiliares prestados en las 
instalaciones de servicio».
Cincuenta. El artículo 101 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 101.  Precios privados por el acceso y por los servicios prestados en 
instalaciones de servicio.
1. Los precios por el acceso por vía férrea a una instalación de servicio y por 
la prestación de los servicios básicos no podrán superar el coste de su prestación 
más un beneficio razonable.
2. Los  servicios  complementarios  y auxiliares  prestados  en las instalaciones  de 
servicio estarán sujetos a precios libremente acordados entre las partes. No obstante, 
cuando  tales servicios  sean  prestados  por un solo proveedor,  los precios  que este 
aplique no podrán superar el coste de su prestación más un beneficio razonable.
3. No se devengarán precios privados por los servicios y el acceso a las 
instalaciones de servicio sujetos al pago de los cánones ferroviarios regulados en 
este capítulo.
4. El explotador de la instalación de servicio facilitará al administrador de 
infraestructuras la información sobre los precios privados que deben incluirse en la 
declaración sobre la red o indicará un sitio web en el que dicha información pueda 
obtenerse gratuitamente en formato electrónico.»
Cincuenta y uno.  Se suprime el apartado 2 del artículo 102, quedando éste 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 102.  Publicación de los precios y condiciones de acceso.
1. Los  precios  por la utilización  de las instalaciones  de servicio  se abonarán  al 
explotador de la instalación de servicio y se emplearán para financiar su actividad.
2. Las condiciones de acceso a los servicios básicos, complementarios y 
auxiliares prestados por todos los explotadores en las instalaciones de servicio, a 
que se refiere el apartado 20 del anexo I, incluidos horarios de apertura y cierre, 
deben comunicarse al administrador de infraestructuras, quien los publicará en la 
declaración sobre red o en un sitio web en el que dicha información pueda 
obtenerse gratuitamente en formato electrónico.»
Cincuenta y dos. El artículo 104.4 queda redactado en los siguientes términos:
«4.  Corresponde a los administradores de infraestructuras ferroviarias el 
ejercicio de la potestad de policía en relación con la circulación ferroviaria, el uso y 
la defensa de la infraestructura construida o en construcción, con la finalidad de 
garantizar la seguridad en el tráfico, la conservación de la infraestructura, las 
instalaciones y medios materiales de cualquier clase, necesarias para su 
explotación. Además, controlará el cumplimiento de las obligaciones que tiendan a 
evitar toda clase de daño, deterioro de las vías, riesgo o peligro para las personas, 
y el respeto de las limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmediatos 
al ferrocarril a que se refiere el capítulo III del título II, formulando las denuncias 
que, en su caso, sean procedentes.»
Cincuenta y tres.  Se añade un nuevo apartado uno.1.19 del artículo 107, con la 
siguiente redacción:
«1.19  El incumplimiento por el administrador de infraestructuras ferroviarias 
de la obligación de comunicar los acuerdos marco firmados a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.»
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Cincuenta y cuatro.  Se añade un nuevo apartado uno.1.20 del artículo 107, con la 
siguiente redacción:
«1.20  El incumplimiento por el administrador de infraestructuras ferroviarias 
de la obligación de remitir el borrador del programa de actividad a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.»
Cincuenta y cinco.  Se añade un nuevo apartado uno.2.15 del artículo 107, con la 
siguiente redacción:
«2.15  El incumplimiento por el explotador de instalaciones de servicio de la 
obligación de comunicar al administrador de infraestructuras los precios de 
referencia por la prestación de los servicios básicos, complementarios y auxiliares, 
así como las condiciones de acceso a los mismos, a que se refiere el apartado 20 
del anexo I.»
Cincuenta y seis.  Se añade un nuevo apartado 2.12 al artículo 108, con la siguiente 
redacción:
«2.12  El incumplimiento por los usuarios de los servicios de transporte de 
viajeros por ferrocarril sometidos a obligaciones de servicio público de la 
obligación de viajar disponiendo de un título válido de transporte suficiente para 
amparar la utilización del servicio de que se trate.»
Cincuenta y siete. El artículo 109.1 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas:
a) Las muy graves con multa de 38.001 hasta 380.000 euros. En el caso de 
infracciones en materia de transporte ferroviario la multa será de 6.301 
hasta 125.000 euros.
b) Las graves con multa de 7.501 hasta 38.000 euros. En el caso de infracciones 
en materia de transporte ferroviario la multa será de 751 hasta 6.300 euros,
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto especifico contemplado en el 
punto 2.1 del apartado Uno.2 del artículo 107, en lo que se refiere al 
incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la multa será de 10.001 hasta 300.000 euros.
De igual forma, para el supuesto contemplado en el punto 2.2 del apartado 
Uno.2 del artículo 107, referido al incumplimiento de los requerimientos de 
información formulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, la multa será de 10.001 hasta 100.000 euros.
c) Las leves con multa de hasta 7.500 euros. En el caso de infracciones en 
materia de transporte ferroviario la multa será hasta 750 euros.»
Cincuenta y ocho. El artículo 112 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 112.  Competencia para la imposición de sanciones.
1. Serán competentes para imponer las sanciones reguladas en esta ley:
a) La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria por las infracciones a la 
seguridad del sistema ferroviario, las infracciones en materia de transporte de 
mercancías peligrosas y las infracciones en relación con la infraestructura y el 
dominio público ferroviario.
b) La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana por las infracciones en materia de transporte 
ferroviario.
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2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia será competente para imponer las sanciones por 
el incumplimiento de sus resoluciones, tipificado como infracción en el 
artículo 106, apartado 1.2 y en el artículo 107, apartados 1.19, 1.20, 2.1, 2.2 
y 2.15.»
Cincuenta y nueve.  La disposición adicional segunda queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.  Tasas y cánones ferroviarios.
Las tasas y los cánones ferroviarios regulados en los capítulos I y II del 
título VI de esta ley se ajustarán a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y 
precios públicos.»
Sesenta.  La disposición adicional séptima queda redactada en los siguientes 
términos:
«Disposición adicional séptima.  Aplicación del régimen previsto para los puertos 
de interés general.
1. La planificación, construcción, modificación y ampliación de 
infraestructuras ferroviarias y las terminales ferroviarias de transporte de 
mercancías en los puertos de interés general se regirán por lo establecido en el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
2. Las infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte de 
mercancías incluidas en la zona de servicio de los puertos de interés general se 
someterán, en cuanto a su incidencia sobre el planeamiento urbanístico, al 
régimen establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, debiendo ser calificadas por los planes y demás instrumentos 
generales de ordenación urbanística, como sistema general portuario.
3. Las determinaciones contenidas en el capítulo III del título II no serán de 
aplicación en la zona de servicio de los puertos de titularidad estatal. Los terrenos 
de la zona de servicio ocupados por las líneas u otras infraestructuras ferroviarias 
o terminales ferroviarias de transporte de mercancías y los destinados al servicio 
de las mismas tendrán la naturaleza de dominio público portuario. La zona de 
protección y el límite de edificación solo serán de aplicación a los terrenos 
colindantes con la zona de servicio del puerto cuando, por no superar la distancia 
a la línea ferroviaria establecida en esta ley, resulte procedente.
4. Los servicios de tramitación de solicitudes de capacidad y de puesta a 
disposición de la capacidad, previstos en las letras a) y b) del artículo 20, se 
ajustarán a las reglas para la adjudicación de capacidad a las que se refiere el 
artículo 39.3.
5. El  régimen  económico  de la utilización  y aprovechamiento  de las 
infraestructuras  ferroviarias  y de las terminales  ferroviarias  de transporte  de 
mercancías  y de la prestación  de los servicios  contemplados  en esta ley, en el ámbito 
de la zona de servicio de los puertos de interés general, se ajustará a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
6. La responsabilidad de la seguridad en la circulación ferroviaria sobre las 
infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte de mercancías a 
que se refiere el artículo 39.1 corresponde a las autoridades portuarias que las 
administran y a las entidades que presten servicios ferroviarios sobre ellas.
7. En aquellos puertos de interés general en cuyas zonas de servicio existan 
infraestructuras ferroviarias y terminales ferroviarias de transporte de mercancías 
conectadas a la Red Ferroviaria de Interés General, las Autoridades Portuarias 
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dispondrán de un sistema de gestión de la seguridad adaptado al carácter, 
magnitud y otras condiciones de la actividad ferroviaria dentro de la zona de 
servicio portuario que garantice el control de los riesgos creados por la misma, y 
del pertinente plan de autoprotección de sus instalaciones, sin que les sea exigible 
la autorización de seguridad a que se refiere el artículo 67. El sistema de gestión 
de la seguridad, incluidas sus revisiones y modificaciones posteriores, lo aprobará 
la Autoridad Portuaria correspondiente y deberá ser comunicado a la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria una vez firmado el convenio de conexión a que 
se refiere el artículo 39.3 en el plazo de dos meses desde la firma del convenio o, 
en su caso, desde la aprobación de la revisión o modificación posterior. En todo 
caso, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus 
competencias sobre la Red Ferroviaria de Interés General, podrá exigir que se 
revise el sistema de gestión de la seguridad de una Autoridad Portuaria.
8. En los supuestos de perturbaciones del tráfico ferroviario las empresas 
ferroviarias que operen dentro del ámbito del puerto estarán obligadas a poner a 
disposición de la Autoridad Portuaria los recursos que esta reclame y a prestarle la 
colaboración que les sea requerida. Por la utilización de dichos recursos, se 
satisfará a las empresas ferroviarias que no hayan sido las causantes de la 
perturbación en el tráfico ferroviario la contraprestación que corresponda.
9. Sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a la Autoridad 
Portuaria, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria podrá comprobar que los 
subsistemas ferroviarios dentro del ámbito portuario se explotan y mantienen de 
conformidad con los requisitos esenciales pertinentes. Asimismo, dicha Agencia 
podrá supervisar la correcta aplicación por los agentes responsables en el ámbito 
portuario del marco normativo en materia de seguridad en la circulación 
ferroviaria.»
Sesenta y uno.  La disposición adicional decimonovena queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional decimonovena.  Tramos de conexión de la Red Ferroviaria 
de Interés general con otras redes de competencia no estatal.
1. Los tramos de conexión de la Red Ferroviaria de Interés General con 
redes de competencia no estatal se identificarán como tales en el Catálogo de 
infraestructuras ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General.
2. Los tramos de conexión serán objeto de publicación en la declaración sobre 
la red y estarán  regulados  por un convenio  entre  el Estado  y la Comunidad 
Autónoma  correspondiente  para facilitar  la interconexión  entre  las distintas  redes. 
En este convenio  se establecerán  las condiciones  especiales  o excepciones  a la 
normativa  aplicable  sobre  el personal  ferroviario,  el material  rodante,  la circulación 
ferroviaria o los certificados de seguridad de las empresas ferroviarias, que sean de 
aplicación a las circulaciones sobre los tramos de conexión de la Red Ferroviaria de 
Interés General con otras redes ferroviarias de competencia no estatal.
3. En  los tramos  en los que, por las características  de la infraestructura,  exista 
solapamiento  entre  líneas  pertenecientes  a la Red Ferroviaria  de Interés  General  y 
líneas  de una red no estatal,  de manera  que, aunque  no puedan  producirse 
circulaciones  que pasen  de una a otra red, sí se requiera  una coordinación  de los 
tráficos  que circulan  por dichos  tramos  compartidos  o unas  prescripciones  técnicas  o 
de circulación  comunes,  la Agencia  Estatal  de Seguridad  Ferroviaria  y la autoridad 
responsable  de la seguridad  de la Red no estatal  mantendrán  las competencias  que 
les corresponden dentro de cada una de sus redes, debiendo coordinar el ejercicio de 
las mismas en el oportuno acuerdo entre ambas.
4. Adicionalmente, los administradores de infraestructuras implicados de 
ambas redes limítrofes establecerán coordinadamente acuerdos en los que se 
definan sus límites físicos, operativos y funcionales, debiendo fijar las condiciones 
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operativas particulares por las que se rijan las circulaciones que discurran por 
dichos tramos.»
Sesenta y dos.  Se añade una disposición adicional decimonovena bis (nueva) con 
la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimonovena bis.  Traspaso de infraestructuras 
ferroviarias.
A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de esta ley, se 
considerará que no concurren los motivos de interés general que hayan amparado 
la inclusión de una determinada infraestructura ferroviaria o estación de 
transportes de viajeros en la Red Ferroviaria de Interés General, cuando dichos 
elementos se utilicen de forma exclusiva para la prestación de servicios 
ferroviarios de titularidad y competencia exclusiva de una comunidad autónoma o 
su explotación conjunta con el resto de la Red no sea necesaria para el correcto 
funcionamiento del sistema común de transporte.
En tal caso, a petición de la comunidad autónoma, procederá la exclusión de 
los elementos del catálogo de la Red Ferroviaria de Interés General y el traspaso 
de los mismos a la comunidad autónoma según lo dispuesto en el citado artículo 4 
de esta ley.
El acuerdo de traspaso contendrá, en todo caso, la referencia a las dotaciones 
económicas a transferir para asegurar el buen estado y adecuación de todos los 
elementos a la prestación correcta de los servicios de transporte ferroviario en el 
momento del traspaso.»
Sesenta y tres.  Se añade una disposición adicional vigesimotercera con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigesimotercera.  Exenciones fiscales respecto del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El régimen  aplicable  a los Administradores  Generales  de Infraestructuras 
Ferroviarias  y a RENFE-Operadora  respecto  del Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales  y Actos  Jurídicos  Documentados,  en cuanto  a todas  sus modalidades, 
será el previsto en el artículo 45.I.A).a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de 
Transmisiones  Patrimoniales  y Actos  Jurídicos  Documentados,  aprobado  por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.»
Sesenta y cuatro.  Se añade una disposición adicional vigesimocuarta con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimocuarta.  Aplicación del Decreto 140/1960, de 4 de 
febrero, por el que se convalida la tasa por informes y otras actuaciones a las 
tramitaciones instadas ante los Administradores Generales de Infraestructuras 
Ferroviarias.
La prestación de informes técnicos, expedición de certificados y demás 
actuaciones facultativas enumeradas en el artículo cuarto del Decreto 140/1960, 
de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por informes y otras actuaciones 
que deban realizarse en las tramitaciones instadas ante los Administradores 
generales de Infraestructuras Ferroviarias estarán sujetas a esta tasa por informes 
y otras actuaciones.
El administrador general de infraestructuras ferroviarias que realice la 
prestación de servicios gestionará la tasa e ingresará en su patrimonio el producto 
de la recaudación.
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La liquidación de la tasa se notificará al sujeto pasivo y su pago se efectuará 
en el plazo de veinte días hábiles desde que se produzca la notificación.»
Sesenta y cinco.  Se añade una disposición adicional vigesimoquinta nueva con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoquinta.  Asignación provisional de capacidad.
A instancia de las administraciones competentes, y en el marco del derecho de 
la Unión Europea que regula la adjudicación de contratos de servicio público y la 
liberalización de los servicios de transporte ferroviario, los administradores de las 
infraestructuras ferroviarias vendrán obligados a realizar una reserva provisional 
de la capacidad de infraestructura necesaria para la ejecución de cada contrato de 
servicio público, previamente a su preceptiva licitación.»
Sesenta y seis.  Se añade una disposición adicional vigesimosexta nueva con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimosexta.  Estudio de ancho de vía.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá realizar un 
estudio sobre el ancho de vía de la red, con el objeto de definir una estrategia 
global de explotación a medio y largo plazo para toda la Red Ferroviaria de Interés 
General (RFIG).
Este documento se elaborará a los meros efectos de la evaluación y mejor 
toma de decisiones en el futuro, conociendo las opciones para cada tramo, así 
como los escenarios de implantación.»
Sesenta y siete.  Se añade una disposición adicional vigesimoséptima nueva con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoséptima.  Cobertura de telecomunicaciones en la 
red ferroviaria.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y los administradores de 
infraestructuras ferroviarias cooperarán con las empresas ferroviarias y los 
operadores de servicios de telecomunicaciones para fomentar que los usuarios 
puedan acceder en las mejores condiciones posibles a los servicios de 
telecomunicaciones de voz y datos a lo largo del recorrido de las principales 
infraestructuras ferroviarias.»
Sesenta y ocho.  Se añade una disposicional adicional vigesimoctava nueva con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoctava.  Explotación de las estaciones de 
transporte de viajeros destinadas a la prestación de servicios ferroviarios 
sujetos a obligaciones de servicio público.
El Administrador de Infraestructuras, previo acuerdo con el adjudicatario de la 
prestación de servicios de transporte ferroviario sujetos a obligaciones de servicio 
público, podrá adjudicar directamente la explotación de estaciones de transporte 
de viajeros o de parte de sus instalaciones de servicio destinadas, con carácter 
exclusivo, a la prestación de tales servicios de transporte, siempre y cuando dicha 
explotación sea necesaria para su efectiva prestación. Así mismo, también podrá 
adjudicar directamente la explotación de aquellas estaciones en las que, además 
de los trenes sujetos a obligaciones de servicio público, se realicen otros servicios 
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de transporte cuyo único prestador sea el adjudicatario de las obligaciones de 
dicho servicio público.
En el supuesto de adjudicar la explotación de instalaciones de servicio al 
operador ferroviario autorizado para la prestación de servicios ferroviarios sujetos 
a obligaciones de servicio público, éste deberá cumplir con las obligaciones que 
establece el artículo 42.3 de esta ley.»
Sesenta y nueve. Se suprime la disposición transitoria tercera.
Setenta. Se añade una disposición transitoria novena con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria novena.  Aplicación de las limitaciones a la propiedad en 
el caso de planeamientos en tramitación.
Lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 13 respecto a la 
reducción de la zona de dominio público y en el cuarto párrafo del apartado 2 del 
artículo 15 respecto a la reducción de la línea límite de la edificación no será de 
aplicación cuando el cambio de clasificación del suelo de no urbanizable a 
urbanizable ya esté previsto en los proyectos de Planes Generales de Ordenación 
Urbana o de Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, así como sus 
modificaciones o revisiones, que, en el momento de entrada en vigor de la 
presente disposición transitoria, habiendo cumplido los trámites exigidos por la 
legislación aplicable, estuvieran ya aprobados inicialmente.»
Setenta y uno.  Se añade una disposición transitoria décima con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria décima.  Estudios informativos aprobados con 
anterioridad al 1 de octubre de 2015.
Los estudios informativos aprobados con anterioridad al 1 de octubre de 2015 
no tendrán los efectos previstos en el artículo 5.7, a partir del 1 de octubre 
de 2025, si no se ha iniciado la ejecución de las obras correspondientes con 
anterioridad a esa fecha.»
Setenta y dos.  Se añade una disposición transitoria undécima con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria undécima.  Estudios informativos en tramitación.
En aquellos casos en los que el estudio informativo al que se refiere el 
artículo 5 de la presente ley se encuentre en redacción o tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de esta disposición transitoria, no será preceptiva la redacción de 
estudio previo de viabilidad previsto en el citado artículo.»
Setenta y tres.  El apartado 5 del anexo II queda redactado en los siguientes 
términos:
«5.  Los incentivos previstos para reducir los costes de puesta a disposición 
de la infraestructura y la cuantía de los cánones.»
Setenta y cuatro. El anexo IV queda redactado en los siguientes términos:
«ANEXO IV
Elementos de la infraestructura ferroviaria
La infraestructura ferroviaria se compone de los elementos siguientes, siempre 
que formen parte de las vías principales y de las vías de servicio, con excepción 
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de las que están situadas en el interior de los talleres de reparación del material o 
de los depósitos o garajes de máquinas de tracción, así como de los ramales de 
desviación para particulares:
a) Terrenos sobre los que se asientan las vías.
b) Obras de explotación y plataformas de la vía, especialmente terraplenes, 
trincheras, drenajes, reservas, alcantarillas de albañilería, acueductos, muros de 
revestimiento, plantaciones de protección de taludes, etcétera; andenes de 
viajeros y de mercancías, incluidos los situados en estaciones de viajeros y en 
terminales de carga; paseos y viales; muros de cierre, setos y vallas; bandas 
protectoras contra el fuego; dispositivos para el calentamiento de los aparatos de 
vía; paranieves.
c) Obras civiles: puentes, tajeas y otros pasos superiores, túneles, trincheras 
cubiertas y demás pasos inferiores; muros de sostenimiento y obras de protección 
contra avalanchas y desprendimientos, etc.
d) Pasos a nivel, incluidas las instalaciones destinadas a garantizar la 
seguridad de la circulación por carretera.
e) Superestructuras, especialmente: carriles, carriles de garganta y contra-
carriles; traviesas y longrinas, material diverso de sujeción, balasto, incluida la 
gravilla y la arena; aparatos de vía; placas giratorias y carros transbordadores (con 
excepción de los exclusivamente reservados a las máquinas de tracción).
f) Calzadas de los patios de viajeros y mercancías, comprendidos los 
accesos por carretera y para pasajeros que lleguen o partan a pie.
g) Instalaciones de seguridad, de señalización y de telecomunicación de la 
vía, de estación y de estación de maniobras, incluidas las instalaciones de 
producción, de transformación y distribución de corriente eléctrica para el servicio 
de la señalización y las telecomunicaciones; edificios asignados a dichas 
instalaciones; frenos de vía.
h) Instalaciones de alumbrado destinadas a asegurar la circulación de los 
vehículos y la seguridad de dicha circulación.
i) Instalaciones de transformación y conducción de corriente eléctrica para la 
tracción de los trenes: estaciones, líneas de suministro entre las estaciones y 
tomas de contacto, catenarias y soportes; tercer carril y soportes.
j) Edificios utilizados por el servicio de infraestructuras, incluida una parte de 
las instalaciones destinadas a la recaudación de las tarifas de transporte.
k) Cambiadores de ancho.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
Se modifica el apartado d´), letra F) del número 8.º del artículo 7 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y servicios de administración de 
infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y 
autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el número 9.º 
siguiente.»
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Artículo tercero.  Modificación del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se 
convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las 
obras.
El Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y 
remuneraciones en dirección e inspección de las obras, queda modificado en los 
siguientes términos:
Uno. Se añade un artículo tercero bis con la siguiente redacción:
«La presente tasa no será de aplicación a la prestación de trabajos facultativos 
de dirección e inspección de las obras realizadas en el ámbito del sector 
ferroviario.»
Dos. Se suprime el último párrafo de la letra b) del artículo cuarto.
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se añade una nueva letra i) al artículo 11.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el siguiente 
contenido:
«i)  Velar por que los cánones y los precios privados establecidos por el 
administrador de infraestructuras cumplan lo dispuesto por el Derecho de la Unión 
Europea, la legislación del sector ferroviario y su normativa de desarrollo y por que 
no sean discriminatorios.»
Disposición adicional primera.  Creación de una única autoridad administrativa 
independiente para la investigación técnica de accidentes de transporte.
El Gobierno, en el plazo de seis meses, remitirá a las Cortes Generales un proyecto 
de ley de creación de un organismo único intermodal que asuma las competencias de 
investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Dicho 
organismo deberá gozar de independencia y autonomía.
Disposición adicional segunda.  Revisión excepcional de precios en los contratos de 
suministros de material ferroviario rodante y componentes necesarios para su 
fabricación y mantenimiento.
1. Excepcionalmente, en los contratos públicos de suministros de material 
ferroviario rodante y componentes necesarios para su fabricación y mantenimiento 
destinados o afectos a contratos con obligaciones de servicio público (OSP), ya sean 
aquellos contratos administrativos o privados, cuya adjudicación corresponda a 
cualquiera de las entidades que formen parte del sector público que se encuentren en 
ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de esta ley, o cuyo 
anuncio de licitación, adjudicación o formalización se publique en la plataforma de 
contratación del sector público en el periodo de un año desde su entrada en vigor, se 
reconocerá al suministrador o proveedor la posibilidad de una revisión excepcional de 
precios. Dicha revisión excepcional se reconocerá con independencia del régimen 
jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato.
2. Para el establecimiento de las fórmulas de revisión de los contratos públicos de 
suministros referidos en el apartado anterior, se habilita a los órganos de contratación 
correspondientes para la determinación de las propuestas de fórmulas de revisión 
atendiendo a los principios generales regulados por el Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española.
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En todo caso, previa solicitud del suministrador o proveedor y a efectos de la revisión 
de precios, se estará a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre 
incremento experimentado en el precio de las correspondientes materias primas 
determinantes para la ejecución del contrato durante el último año desde la solicitud, 
quedando excluidos conceptos tales como energía y salarios.
La cuantía máxima de revisión excepcional a que se refiere esta disposición adicional 
no podrá exceder del 20 % del precio total licitado.
3. La revisión de precios a que se refiere esta disposición adicional tendrá la 
consideración de causa ajena a la gestión del operador ferroviario, a los efectos 
previstos en las cláusulas de imputación de evolución de costes de los contratos que 
regulen las obligaciones de servicio público.
Disposición adicional tercera.  Conclusión de los trabajos del Grupo de trabajo 
constituido para la consecución de lo previsto en la Disposición adicional 154 de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
El Grupo de trabajo constituido para la consecución de lo previsto en la Disposición 
adicional 154 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 concluirá sus trabajos en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de la presente ley. Dichos trabajos deberán contener la referencia a las dotaciones 
económicas para asegurar el buen estado y adecuación de todos los elementos 
apropiados para la prestación correcta del servicio público de transporte de viajeros por 
ferrocarril.
Disposición adicional cuarta.  Beneficios fiscales aplicables a la celebración de la 
XXXVII Copa América Barcelona.
Uno.  La celebración de la XXXVII Copa América Barcelona tendrá la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la 
entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tres.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y 
planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro.  Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo 
del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en 
la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cinco.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en 
el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional quinta.  Actividades de publicidad en el dominio público 
portuario.
No será de aplicación la prohibición establecida en el artículo 72.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante a la publicidad 
comercial asociada a la XXXVII Copa América Barcelona de entidades organizadoras, 
equipos participantes, sus sponsors  y patrocinadores o empresas colaboradoras de la 
XXXVII Copa América Barcelona.
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Disposición transitoria primera.  Aplicación provisional de los cánones vigentes y 
suspensión de la entrada en vigor de la modificación de determinadas sanciones.
Seguirá  siendo  de aplicación  el sistema  para la determinación  de los cánones 
ferroviarios  vigente  en el momento  de la entrada  en vigor  de esta ley, hasta  la aprobación  y 
publicación oficial de los valores obtenidos conforme al sistema establecido en la misma.
Asimismo, seguirá siendo de aplicación el régimen sancionador previsto en el 
artículo 109 de la normativa anterior relativo a las sanciones por la comisión de las 
infracciones contempladas en los puntos 2.1 y 2.2 del apartado Uno.2 del artículo 107, 
hasta la aprobación conforme a esta ley del primer Reglamento de determinación de los 
cánones ferroviarios.
Disposición transitoria segunda.  Tasa por gastos y remuneraciones en inspección de 
obras ferroviarias.
La tasa por gastos y remuneraciones en inspección de las obras en los ferrocarriles, 
regulada por el Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por 
gastos y remuneraciones en inspección de las obras, continuará siendo exigible en los 
contratos administrativos de obras firmados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley.
Disposición transitoria tercera.  Aplicación del artículo primero, apartados once y 
dieciséis a los suelos que cambien de clasificación.
Lo establecido en el artículo primero, apartados once y dieciséis de esta ley, en 
relación, respectivamente, con los artículos 13.2, párrafo 3.º, y 15.2, párrafo 4.º, de la 
Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, se entenderá referido a aquellos suelos que 
cambien de clasificación en el sentido indicado en tales artículos tras la entrada en vigor 
de la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se 
regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de 
los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones 
laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
La Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de 
tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos 
servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de 
tránsito aéreo, queda modificada del siguiente modo:
Uno. Se modifica la disposición adicional cuarta, quedando redactada como sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Límites al desempeño de funciones operativas, 
situación de reserva activa y jubilación.
1. Los controladores de tránsito aéreo deberán someterse de manera 
continuada a controles psicofísicos de acuerdo con la normativa aplicable que 
permitan constatar el mantenimiento de su capacidad para realizar funciones 
operativas de control de tránsito aéreo.
2. Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad 
deberán renovar o revalidar el certificado médico a que se refiere el artículo 25 del 
Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo, cada seis meses como máximo.
Los controladores de tránsito aéreo que pierdan su aptitud psicofísica dejarán 
de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el 
proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio 
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de esas funciones. Este nuevo puesto de trabajo será retribuido de acuerdo con 
las funciones que efectivamente realice el controlador.
Cuando  el proveedor  de servicios  no pudiera  ofertar  un puesto  que no conlleve 
funciones  operativas  de control  de tránsito  aéreo  conforme  a lo previsto  en el párrafo 
anterior,  el controlador  pasará  a una situación  de reserva  activa  hasta  que alcance  la 
edad de 65 años en la que pasará a la situación de reserva activa especial.
3. Los controladores de tránsito aéreo que alcancen la edad de 65 años 
pasarán a la situación de reserva activa especial y se mantendrán en esa situación 
hasta su jubilación, que se producirá en el preciso momento de alcanzar su edad 
ordinaria de jubilación de acuerdo con lo establecido en el artículo 205 del texto 
refundido de Ley General de la Seguridad Social, y la disposición transitoria 
séptima de la misma ley.
En caso de situación excepcional los controladores en reserva activa especial 
podrán reincorporarse, a criterio del proveedor, en puestos para el desempeño de 
funciones no operativas. Este nuevo puesto de trabajo será retribuido de acuerdo 
con las funciones que efectivamente realice el controlador.
4. La retribución correspondiente a ambas situaciones, reserva activa y 
reserva activa especial, se acordará mediante negociación colectiva con los 
representantes de los trabajadores. En el caso de la reserva activa especial, la 
cuantía máxima a percibir no podrá exceder, en ningún caso, del importe anual 
correspondiente a 12 mensualidades de la base máxima de cotización mensual al 
Régimen General de la Seguridad Social. La percepción de estas retribuciones es 
incompatible con cualquier otro trabajo por cuenta propia o ajena, excepto la 
realización de labores de formación aeronáutica o labores de inspección 
aeronáutica en el ámbito de la Unión Europea. La realización de otro trabajo por 
cuenta propia o ajena supondrá la rescisión de la relación contractual con el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo por renuncia del trabajador.
El controlador que se encuentre en situación de reserva activa o en reserva 
activa especial continuará dado de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, y cotizará, de conformidad con el artículo 147 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por las remuneraciones efectivamente 
percibidas.»
Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria tercera.  Régimen excepcional aplicable a las extinciones 
de contrato de controladores aéreos por causa de jubilación forzosa 
producidas entre el 1 de agosto de 2021 y la entrada en vigor de la presente 
disposición transitoria.
1. Aquellos controladores aéreos que, entre el 1 de agosto de 2021 y la fecha 
de entrada en vigor de esta disposición transitoria, hubiesen visto extinguidos sus 
contratos laborales con un proveedor de servicios de tránsito aéreo por causa de 
jubilación forzosa, al haber alcanzado los 65 años de edad, y hayan quedado sin 
derecho a pensión, podrán, si así lo solicitan, reingresar a la situación de reserva 
activa especial.
2. Los controladores de tránsito aéreo a los que se refiere el apartado 
anterior podrán suscribir, conforme a la normativa de Seguridad Social, el 
correspondiente convenio especial que les permita completar las lagunas en 
materia de cotización producidas, desde el 1 de agosto de 2021, tras la extinción 
de sus contratos de trabajo. Excepcionalmente, dicho convenio especial surtirá 
efectos desde el día siguiente al de la extinción de la relación laboral, siempre que 
se solicite su suscripción dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor 
de la presente disposición transitoria.
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En estos casos, de conformidad con el artículo 8.1 de la 
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, el empleador podrá actuar como 
sustituto de los trabajadores que suscriban el convenio especial.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, sobre «Liquidación de 
situaciones pendientes sobre justiprecio y aprovechamientos urbanísticos en materia 
de autopistas».
Se añaden dos nuevos apartados, tres y cuatro, a la disposición adicional centésima 
trigésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, sobre «Liquidación de situaciones pendientes sobre justiprecio 
y aprovechamientos urbanísticos en materia de autopistas», con el siguiente contenido:
«Tres.  Para dictar la resolución definitiva de determinación de la 
“Responsabilidad Patrimonial de la Administración” se aplicará lo siguiente en 
cuanto a la “liquidación de las situaciones pendientes”:
1. En los expedientes expropiatorios en que no se haya abonado el 
justiprecio ya fijado por resolución firme del Jurado o que sigan pendientes de 
recurso cont encioso-admini strativo, la Administración podrá hacerse cargo de 
abonar a los expropiados las indemnizaciones derivadas de tales expedientes sin 
necesidad de esperar a que se dicte la correspondiente resolución judicial. Este 
abono solo se realizará por el importe que proceda y siempre que ambas partes lo 
pacten con los efectos del mutuo acuerdo.
2. Cuando no se hubiera podido efectuar el pago, el importe que se 
reconozca en la resolución definitiva se minorará con el justiprecio fijado en la 
resolución del Jurado o, a falta de esta, con el justiprecio reconocido en dichos 
expedientes por la Administración. En ambos casos se incluirá una estimación de 
los intereses de demora.
Cuatro.  Una vez firme en vía administrativa dicha resolución definitiva, no 
podrán reanudarse los expedientes expropiatorios que figuren en la “liquidación de 
las situaciones pendientes” si su tramitación llevara paralizada más de diez años.»
Disposición final tercera.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 21.ª y 24.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en las bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica, la competencia exclusiva sobre 
Hacienda general y la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes 
terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma y obras 
públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad 
autónoma.
Disposición final cuarta.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo único.
Disposición final quinta.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.
A pesar de la modificación llevada a cabo por el artículo 3 de esta ley del 
Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y 
remuneraciones en inspección de las obras, se mantiene el rango de este Decreto.
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Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 19 de diciembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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