I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12578 Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo 
Mercantil.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley orgánica:
PREÁMBULO
I
La reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la incorporación a la 
legislación española de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, 
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia 
de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia), plantea la necesidad de determinados ajustes en el diseño del reparto 
competencial atribuido a los Juzgados de lo Mercantil a fin de conseguir la celeridad y 
eficiencia procesal requerida por la norma europea.
Efectivamente, el artículo 25 de la Directiva (UE) 2019/1023 señala que, sin perjuicio 
de la independencia judicial y de la diversidad de la organización del poder judicial en el 
territorio de la Unión, los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas se tramiten de forma eficiente, a 
los fines de una tramitación rápida de estos procedimientos.
Ello implica un ajuste en el reparto de materias que actualmente se atribuyen a los 
Juzgados de lo Mercantil y a las secciones especializadas de las Audiencias 
Provinciales, lo que requiere de la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial y, por tanto, se hace preciso que la presente ley tenga el rango de 
orgánica.
Atendiendo a una necesidad sentida desde hacía tiempo, la Ley Orgánica 8/2003, 
de 9 de julio, para la Reforma Concursal, procedió a modificar la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a unos Juzgados de Primera Instancia, con 
sede en la capital de la provincia y con jurisdicción en toda ella, el conocimiento de los 
concursos de acreedores. Con esta denominación, concurso de acreedores, la ley 
ordinaria tramitada en paralelo, que resultó en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
regulaba un instituto unitario en el que se refundían procedimientos hasta entonces 
autónomos, que se distinguían por razón de la condición civil o mercantil del deudor 
común.
La creación de los Juzgados de lo Mercantil constituía una reforma que, según 
advertía la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, tenía que 
someterse a evaluación en los años venideros en función de la experiencia adquirida. Se 
anunciaba así que esa experiencia sería la determinante de la decisión política de 
conservarlos o suprimirlos, y, en caso de mantenerlos, de la ampliación o de la reducción 
de la competencia objetiva a ellos atribuida.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108255
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Los años transcurridos desde entonces avalan el acierto de esa creación. La 
especialización de los jueces ha tenido como consecuencia la mejora sustancial de la 
calidad de las sentencias. Especialmente, en una materia como la concursal, en la que 
se pone a prueba de continuo la solidez de las construcciones dogmáticas y la necesidad 
de colmar inevitables lagunas. La labor de los Juzgados de lo Mercantil y de las 
secciones especializadas de las Audiencias Provinciales ha sido encomiable.
La presente ley persigue que no se frustren las muy positivas aspiraciones que 
justificaron la creación de los Juzgados de lo Mercantil y de las secciones especializadas 
de las Audiencias Provinciales por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, a cuyo fin es 
indispensable descargar de competencias a esos juzgados y a esas secciones.
Para ello se prevé que sean los Juzgados de Primera Instancia los competentes para 
conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones 
generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y 
usuarios; y, estableciendo que, por excepción a la competencia que tienen reconocida 
los Juzgados de lo Mercantil en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo, no 
sean estos competentes para conocer de las cuestiones a que se refieren el Convenio 
para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en 
Montreal el 28 de mayo de 1999; el Reglamento (CE) n.º 261/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 295/91; el Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones 
de los viajeros de ferrocarril; el Reglamento (UE) n.º 181/2011, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y 
autocar, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004; y el Reglamento 
(UE) número 1177/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, 
y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. En cuanto contratantes y 
usuarios de esos servicios de transporte, los pasajeros podrán ejercitar ante los 
Juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas 
con base en esos reglamentos de la Unión Europea.
En el mismo sentido, se descarga a las secciones especializadas de las Audiencias 
Provinciales, mediante la reconducción a las secciones de lo civil del conocimiento de las 
materias relativas a las condiciones generales de la contratación: no sólo de los recursos 
contra las sentencias estimatorias o desestimatorias de las acciones individuales que se 
hubieran ejercitado ante los Juzgados de Primera Instancia, competencia adicionada, 
sino también de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones 
generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y 
usuarios, que era una competencia originaria. No obstante, a fin de permitir la 
homogeneidad, siempre deseable, en materias tan delicadas como las señaladas, se ha 
considerado oportuno dejar abierta la posibilidad de que el Consejo General del Poder 
Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pueda acordar que 
una o varias Secciones civiles de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento 
de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de 
Primera Instancia sobre estas materias o sobre cualesquiera otras.
Al mismo tiempo, se continúa el proceso de especialización abierto por la Ley 
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, tanto en primera como en segunda instancia. Así, se ha 
previsto que en aquellas capitales de provincias en que existan más de cinco Juzgados 
de lo Mercantil, dos o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de 
determinadas materias de entre las que sean competencia de estos juzgados y en las 
que exista más de un Juzgado de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de 
declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de 
ellos. En segunda instancia, al establecer que, si las Secciones de una misma Audiencia 
Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el Consejo General del 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108256
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil 
entre esas Secciones. De este modo, por ejemplo, podrán existir juzgados 
especializados y secciones especializadas única y exclusivamente en concursos de 
acreedores o especializados única y exclusivamente en materia de propiedad intelectual 
e industrial, competencia desleal y publicidad.
A la reducción competencial de los Juzgados de lo Mercantil se contrapone volver a 
residenciar en estos juzgados el conocimiento de los concursos de acreedores de 
aquellas personas naturales que no sean sujetos mercantiles. Se recupera así una 
competencia original perdida. Si la especialización es un logro, lo tiene que ser para toda 
clase de deudores. La condición civil del deudor no constituye argumento consistente 
para continuar atribuyendo a jueces no especializados la competencia para conocer de 
estos concursos. Además, la nueva concepción de la exoneración del pasivo insatisfecho 
de la que parte la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio 
ha pasado a ser un derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que 
sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.
Esa sustitución de concepciones en favor de una segunda oportunidad se acompaña 
de una medida complementaria, a fin de conseguir la homogeneidad deseable en este 
ámbito. Así, en todas aquellas provincias en las que exista más de un Juzgado de lo 
Mercantil, los concursos de deudores personas naturales deben repartirse a uno solo; y, 
si fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados. En aquellas provincias en 
que así se ha hecho, los resultados han sido positivos.
II
Las modificaciones de los demás artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 
contiene esta ley o son de mejora de redacción, o contienen aclaraciones o 
actualizaciones, u objetivan criterios o, como sucede en el caso del concurso, obedecen 
a la necesidad de armonizar la Ley Concursal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entre las actualizaciones puede mencionarse la referencia a los artículos 101 y 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, dentro de la misma norma, el 
reconocimiento expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que los Juzgados de lo 
Mercantil son competentes para conocer de las reclamaciones de daños por infracción 
del Derecho de la Competencia.
La objetivación de criterios se manifiesta en el establecimiento, en el artículo 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, de un número fijo de habitantes para que el Gobierno, 
por Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con 
informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, pueda 
establecer en un municipio distinto de la capital un Juzgado de lo Mercantil con 
jurisdicción en ese municipio y en aquellos otros limítrofes que se considere oportuno; y 
para extender a una provincia la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de otra limítrofe 
perteneciente a la misma Comunidad Autónoma.
La coordinación entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y el texto refundido de la 
Ley Concursal se aprecia en las enumeraciones de las materias en las que el juez del 
concurso ostenta jurisdicción exclusiva y excluyente, y en la indispensable referencia a 
los planes de reestructuración.
En fin, la incorporación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de materias que hasta 
ahora estaban en la ley ordinaria no es sino expresión de aquella regla según la cual las 
extensiones de jurisdicción de los Juzgados de lo Mercantil deben figurar 
necesariamente en la primera. Así, se incorpora a la Ley Orgánica del Poder Judicial la 
extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las acciones sociales 
que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el 
traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación 
laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como 
de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección. Así 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108257
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
también se incorpora la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer 
de las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la 
legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el 
concurso de que se trate o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación 
del procedimiento concursal.
III
La presente reforma también incluye la atribución a las Secciones especializadas de 
las Audiencias Provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que 
agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de 
propiedad industrial. A tal efecto se reforman los artículos 74.1 y 82.2.3.º de la ley.
Esta atribución competencial a dichas Secciones especializadas, se justifica tanto en 
su alto grado de experiencia en materia de propiedad industrial como en la conveniencia 
de evitar criterios jurisprudenciales diferentes en esta materia al ser competentes dos 
órdenes jurisdiccionales, el contencioso-administrativo y el civil, favoreciendo por tanto el 
principio de seguridad jurídica.
La entrada en vigor del nuevo reparto competencial se difiere en la disposición final 
quinta de la presente ley al 14 de enero de 2023, fecha de entrada en vigor de la 
habilitación competencial a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la 
nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la Ley de Marcas, en la 
redacción dada por la disposición final séptima del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de 
diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
Asimismo, para atender a la posibilidad contemplada en la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil, según la redacción dada a la disposición transitoria décima de la 
misma por la Ley 6/2021, de 28 de abril, de permanencia como Encargados, para 
algunos de los magistrados que actualmente sirven en Registros Civiles Exclusivos y en 
el Registro Civil Central, y que cuentan con una mayor experiencia en el cargo, se ha 
procedido a la inclusión de una nueva disposición transitoria, cuadragésima tercera, en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula su destino, sustituyendo la situación actual 
de excedencia voluntaria por la de servicios especiales.
IV
La disposición final primera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, en concordancia con la competencia que se traslada a los Juzgados de lo 
Mercantil, y se regula la acumulación de acciones, la acumulación de procesos y la 
reconvención, con el fin de introducir un forum conexitatis  a favor de los Juzgados de lo 
Mercantil para conocer de determinados litigios ajenos a su competencia pero que 
presentan conexión con el concurso, a fin de evitar resoluciones contradictorias.
En cuanto a la disposición final segunda, se procede a suprimir lo dispuesto en la 
disposición adicional primera apartado 3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, pues su contenido se recoge con la presente reforma en el artículo 86 quinquies 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, de esta manera, eliminar posibles 
incoherencias o duplicidades.
Las disposiciones transitorias y la disposición final quinta regulan los aspectos 
temporales para la adecuación de la organización judicial vigente a la que esta ley 
establece.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108258
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Artículo único.   Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada en los 
términos siguientes:
Uno.  Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 74, que queda redactado 
como sigue:
«i)  Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración 
General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y 
cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de 
personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo 
dispuesto en el artículo 82.2.3.º»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 82 y se introduce un nuevo apartado 3 
en los términos siguientes, pasando el actual apartado 3 a ser el apartado 4:
«2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:
1.º  De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en 
primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de 
Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la 
cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de 
reparto.
2.º  De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en 
primera instancia en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de 
la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al 
número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus 
Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 82 bis de la presente ley 
orgánica.
3.º  De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en 
primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por 
estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, 
conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía 
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.
3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante 
especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y 
de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 
del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) n.º 
6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos 
comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a 
todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de 
Marca de la Unión Europea.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 82 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 82 bis.
1. El  Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la 
misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se 
interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera 
Instancia sobre determinadas materias.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108259
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la 
misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se 
interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la 
misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se 
interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los 
Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que 
agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá 
adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil 
existentes en la provincia fuera superior a cinco.
Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del 
Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo 
Mercantil entre cada una de esas secciones.
En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo 
Mercantil, se especializará una sección de la Audiencia Provincial para resolver los 
recursos que en éstos se planteen. En función del número de asuntos a resolver 
dicha sección tendrá carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente.
4. Los acuerdos a que se refiere el presente artículo serán objeto de 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y producirán efectos desde el inicio 
del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, 
razonadamente se establezca otro momento anterior.»
Cuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 85.
Cinco. Se modifica el artículo 86, que queda redactado como sigue:
«Artículo 86.
1. En  la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella, habrá uno o 
varios Juzgados de lo Mercantil.
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior cuando una 
provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por 
Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe 
favorable previo de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de 
Justicia o a propuesta de la Comunidad Autónoma con competencias en materia 
de Justicia oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá extender a esa 
provincia la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de otra provincia limítrofe 
perteneciente a la misma Comunidad Autónoma.
3. Cuando un municipio de la provincia distinto de aquel en que radique la 
capital, que no sea limítrofe con éste, tenga más de 250.000 habitantes, el 
Gobierno por Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
con informe favorable previo de la Comunidad Autónoma con competencias en 
materia de Justicia o a propuesta de la Comunidad Autónoma con competencias 
en materia de Justicia oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá 
establecer en el mismo un Juzgado de lo Mercantil, con jurisdicción en ese 
municipio y en aquellos otros limítrofes que se considere oportuno.
4. En aquellas capitales de provincia en las que exista más de un Juzgado de 
lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de 
acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. Si el número de 
juzgados especializados fuera más de cinco, esas solicitudes se repartirán a dos o 
más igualmente determinados, con exclusión de los demás.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108260
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Seis. Se modifica el artículo 86 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 86 bis.
1. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la 
competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e 
industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades 
cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o 
internacional; derecho marítimo, y derecho aéreo.
Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, los Juzgados de lo 
Mercantil no serán competentes para conocer de las cuestiones en materia de 
daños derivadas de la destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado 
previstas en el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte 
aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; ni de las 
cuestiones previstas en el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91; en el Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos 
y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) n.º 
181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre 
los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 2006/2004; y en el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.
2. Los Juzgados de lo Mercantil igualmente serán competentes para conocer 
de las acciones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como de las pretensiones de 
resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la 
competencia.
3. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán igualmente de los recursos 
directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles o, en 
su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y de Fe Pública relativas a esas calificaciones.»
Siete. Se modifica el artículo 86 ter que queda redactado como sigue:
«Artículo 86 ter.
1. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la 
competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, 
cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor, de los planes de 
reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, en los términos 
establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
2. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y 
excluyente en las siguientes materias:
1.ª  Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores.
2.ª  Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre 
los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108261
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera 
ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal.
3.ª  La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
4.ª  La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos 
laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de 
unidades productivas y la determinación de los límites de esa declaración 
conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social.
5.ª  Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y 
derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, 
cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera 
acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores.
6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.
3. Cuando el deudor sea persona natural, la jurisdicción del juez del concurso 
será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª  Las que en el procedimiento concursal deba adoptar en relación con la 
asistencia jurídica gratuita.
2.ª  La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del 
concursado.
4. Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez del 
concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª  Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra 
los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del 
pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y 
las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de 
las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones 
accesorias.
2.ª  Las acciones de responsabilidad contra los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona 
jurídica y contra las personas, cualquiera que sea su denominación, que tengan 
atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo de administración en uno o 
varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los daños y 
perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la 
persona jurídica concursada.
3.ª  Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y 
perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la 
persona jurídica concursada.
5. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para 
conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y 
la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la 
legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre 
la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter 
colectivo cuando afecten al número de trabajadores establecido en la legislación 
laboral para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo con este 
carácter.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108262
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
6. La jurisdicción del juez del concurso se extiende a todas las cuestiones 
prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación 
concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el 
concurso o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del 
procedimiento concursal. La decisión sobre estas cuestiones no surtirá efecto 
fuera del concurso de acreedores en que se produzca.»
Ocho. Se añade un nuevo artículo 86 quater con la siguiente redacción:
«Artículo 86 quater.
Los Juzgados de lo Mercantil serán competentes para el reconocimiento y 
ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando éstas 
versen sobre cualquiera de las materias a que se refieren los dos artículos 
anteriores, salvo que, según los tratados y otras normas internacionales, el 
conocimiento de esa materia corresponda a otro juzgado o tribunal.»
Nueve. Se añade un nuevo artículo 86 quinquies con la siguiente redacción:
«Artículo 86 quinquies.
1. Además  de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la 
provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los 
Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia 
exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio 
nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) 
n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos 
comunitarios.
2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el 
apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión 
Europea.
3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también 
competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se 
ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas 
nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que 
existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de 
ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.»
Diez. Se modifica el artículo 98 que queda redactado como sigue:
«Artículo 98.
1. El  Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o previo informe bien del Ministerio de 
Justicia en las Comunidades donde el Estado tenga competencia en materia de 
Justicia o bien de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de 
Justicia, podrá acordar que, en aquellas circunscripciones donde exista más de un 
juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el 
conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del 
orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que 
puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que 
existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de ellos asuman con 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108263
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean 
competencia de estos Juzgados.
3. El Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio 
de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias en 
materia de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, 
podrá acordar que uno o varios Juzgados de Primera Instancia de la misma 
provincia y del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial 
y, si no lo estuvieran, previa delimitación del ámbito de competencia territorial, 
asuman por tiempo determinado el conocimiento de determinadas materias o 
clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, 
sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes 
constituidos o que al efecto se constituyan.
En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia 
para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, 
aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en 
distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los 
órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos 
a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta 
vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de 
exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades 
del servicio.
4. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial a que se refieren los 
apartados anteriores se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y producirán 
efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por 
razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.
5. Los juzgados afectados continuarán conociendo hasta su conclusión de 
todos los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos.»
Once.  Se añade una nueva disposición transitoria cuadragésima tercera con la 
siguiente redacción:
«Cuadragésima tercera.  Destino de los Jueces Encargados de los Registros 
Civiles Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.
1. Serán declarados en la situación de servicios especiales, con los efectos 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 354 de esta ley orgánica, sin perjuicio 
de las precisiones que se indican en el párrafo siguiente, los jueces y magistrados 
que, en los términos que señala la disposición transitoria décima de la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, opten por mantenerse ejerciendo 
funciones como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil 
Central, siempre que se dieren las circunstancias de acceso a tales plazas antes 
del 22 de julio de 2011 a que se refiere dicha norma.
No obstante, los Jueces y Magistrados que pasen a la situación de servicios 
especiales conforme a lo indicado en el párrafo anterior no tendrán derecho a la 
reserva de plaza a que se refiere el apartado 2 del citado artículo 354. Además, 
mientras se mantengan en esta situación, seguirán percibiendo las retribuciones 
correspondientes al puesto que ya venían desempeñando con anterioridad a su 
pase a la misma, que se verá anualmente actualizada en los términos que prevea 
la ley de presupuestos generales del Estado.
Cuando los Jueces y Magistrados que se encuentren en situación de servicios 
especiales en los términos previstos en esta disposición adicional deseen 
incorporarse al ejercicio de la función jurisdiccional, solicitando plaza en la forma 
prevista para su provisión en cualquier órgano judicial, deberán solicitar el 
reingreso al servicio activo antes de participar en cualquier concurso.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108264
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los 
Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción según 
corresponda.
3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por 
ostentar la condición de Encargados del Registro Civil, pasarán a corresponder a 
los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción conforme a 
las normas de competencia establecidas en las leyes procesales.
4. Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclusivos que con 
arreglo a lo dispuesto en esta ley dejen de ostentar tal condición quedarán 
provisionalmente a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente, sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. 
Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos 
que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las 
indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos se 
prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en el que estaban destinados, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Estos Jueces serán destinados a 
los juzgados o tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elección, en la 
primera vacante que se produzca en el órgano elegido, a no ser que se trate de 
plazas de Presidente, de nombramiento discrecional o legalmente reservadas a 
magistrados procedentes de pruebas selectivas, salvo que éstos tuvieran esa 
condición, siempre y cuando reúnan el resto de condiciones objetivas previstas en 
esta ley para poder acceder a dichas plazas.
5. Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que por virtud de esta 
ley dejen de ostentar tal condición quedarán adscritos a disposición del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta 
situación prestarán sus servicios en los puestos que determine la Sala de 
Gobierno y serán destinados a la primera vacante que se produzca en 
cualesquiera secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a determinar 
por el Presidente, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente 
reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se 
reconozca especial preferencia o reserva a especialista.
6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados 
afectados pueden permanecer en situación de adscripción provisional a las 
Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia podrá extenderse, a petición 
del propio interesado, a dos años a contar del momento en que perdieron la 
condición de Encargados del Registro Civil.
7. Los miembros de la Carrera Judicial que, a la fecha de entrada en vigor de 
la presente disposición transitoria, se encontraran en situación de excedencia 
voluntaria por la causa prevista en la letra b) del artículo 356, al haber optado por 
continuar prestando servicios con destino como Encargados de los Registros 
Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central con ocasión de la entrada en servicio 
efectiva de las aplicaciones informáticas que permiten el funcionamiento del 
Registro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las previsiones de la 
Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, 
del Registro Civil, serán considerados en situación de servicios especiales desde 
la fecha de pase a la situación de excedencia voluntaria, computándose como 
servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en 
dicha situación.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108265
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Disposición transitoria primera.  Juzgados de lo Mercantil existentes.
Se mantendrán los Juzgados de lo Mercantil con jurisdicción en un municipio distinto 
de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la 
presente ley, aunque ese municipio no supere la cifra de población a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 86 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Disposición transitoria segunda.  Procedimientos judiciales pendientes.
1. La competencia para conocer de las demandas de las que corresponda conocer 
a los Juzgados de Primera Instancia y a los Juzgados de lo Mercantil y de las solicitudes 
de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley orgánica que 
estuvieran pendientes de admisión a trámite se determinará por las normas legales 
vigentes a la fecha de la presentación.
2. La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada 
en vigor de esta ley orgánica contra sentencias dictadas por los Jueces de Primera 
Instancia se determinará por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan 
los autos a la Audiencia Provincial.
3. Los procedimientos judiciales en tramitación a la fecha de entrada en vigor de 
esta ley orgánica continuarán tramitándose por el Juzgado que haya sido competente 
para conocer de ellos.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
«Artículo 45.  Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.
Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera 
instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se 
hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados de los 
asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.»
Dos.  Se modifica el ordinal 13.º del apartado 1 del artículo 52 y se añade un nuevo 
ordinal 13.º bis, en los siguientes términos:
«13.º  En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que 
señale la legislación especial sobre dicha materia.
13.º bis.  En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía 
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas serán competentes las secciones especializadas en materia 
mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del 
demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en 
España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder 
Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa 
localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. 
También serán competentes, a elección del demandante, las secciones 
especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.»
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108266
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Tres.  Se añaden dos nuevos párrafos segundo y tercero al ordinal 1.º del 
apartado 1 del artículo 73 con la siguiente redacción:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se acumulen 
inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales 
con diferente competencia objetiva, corresponderá conocer de todas ellas a los 
Juzgados de lo Mercantil si éstos resultaren competentes para conocer de la 
principal y las demás fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se 
diera tal conexión o prejudicialidad, se procederá conforme a lo establecido en el 
apartado 3.
Cuando la acción principal deba ser conocida por los Juzgados de Primera 
Instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualesquiera otras que no sean 
de su competencia objetiva, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero 
de este número.»
Cuatro.  Se añade un nuevo párrafo segundo al apartado 2 del artículo 77 con la 
siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, podrá instarse la acumulación de procesos ante el 
Juzgado de lo Mercantil, aunque no esté conociendo del proceso más antiguo y 
alguno de ellos se esté tramitando ante un Juzgado de Primera Instancia, siempre 
que se cumplan los demás requisitos mencionados en los artículos 76 y 78.»
Cinco.  Se modifica el ordinal 4.º del apartado 1 del artículo 249, que queda 
redactado como sigue:
«4.º  Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la 
competencia, en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad 
intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre 
reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que 
les corresponda en función de la cuantía que se reclame y los recursos contra las 
resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de 
propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por 
los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de esta 
ley. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del 
artículo 250 de esta ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en 
defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores 
y usuarios en materia de publicidad.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 250, con la siguiente redacción:
«3.  Se decidirán en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el 
artículo 447 bis de esta ley, los recursos contra las resoluciones que agoten la vía 
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.»
Siete.  Se añaden tres nuevos párrafos al apartado 2 del artículo 406 con la 
siguiente redacción:
«De igual modo, si se estuviera tramitando un proceso ante un Juzgado de 
Primera Instancia y se planteara mediante reconvención una acción conexa a la 
principal que fuera competencia de los Juzgados de lo Mercantil, previa audiencia 
del actor y demás partes personadas por un plazo de cinco días, el Juzgado de 
Primera Instancia deberá inhibirse del conocimiento del asunto, remitiendo los 
autos en el estado en que se hallen al Juez de lo Mercantil que resulte 
competente.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108267
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
Se procederá de la misma manera cuando el demandado alegare la nulidad a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 408 y ésta se fundare en una materia 
competencia de los Juzgados de lo Mercantil.
El auto que inadmita la reconvención por falta de competencia objetiva para 
conocer de la acción reconvencional podrá ser recurrido en apelación, 
suspendiéndose la tramitación del procedimiento principal hasta que dicho recurso 
sea resuelto.»
Ocho. Se añade un nuevo artículo 447 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 447 bis.  Especialidades para la tramitación de los recursos contra las 
resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad 
industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La impugnación de las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas 
en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas 
se sustanciará por los trámites del juicio verbal con las siguientes especialidades:
1.ª  Están legitimadas para la interposición del recurso las partes que 
hubieran intervenido en el procedimiento administrativo previo cuya resolución se 
recurre.
2.ª  El plazo para interponer el recurso será de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación o publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial de la resolución dictada si fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será de 
seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con 
su normativa específica, se produzca el acto presunto.
3.ª  Admitido el recurso, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a 
la Oficina Española de Patentes y Marcas para que remita el expediente 
administrativo.
4.ª  El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte 
días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro 
general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
5.ª  Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido 
completo, se reiterará la reclamación.
6.ª  Recibido el expediente, el letrado de la Administración de Justicia 
acordará el emplazamiento de los interesados para que se puedan personar como 
demandados en el plazo de nueve días.
7.ª  El emplazamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas se 
entenderá efectuado por la reclamación del expediente. La Oficina Española de 
Patentes y Marcas se entenderá personada por el envío del expediente.
8.ª  Los interesados legalmente emplazados podrán personarse en autos 
dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte 
para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en 
cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
9.ª  El letrado de la Administración de Justicia acordará que se entregue el 
expediente al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte 
días.
10.ª  El demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a 
Derecho y, en su caso, la anulación de la resolución recurrida.
También podrá pretender el reconocimiento y restablecimiento de una 
situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
pleno restablecimiento de la misma.
11.ª  Si la demanda no se presenta dentro del plazo, el Tribunal, de oficio, 
declarará por auto el archivo de las actuaciones.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108268
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
12.ª  Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo 
sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a 
iniciativa del letrado de la Administración de Justicia, que se conceda plazo para 
formalizar la demanda.
Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho 
establecido en el párrafo anterior se recibiera el expediente, el letrado de la 
Administración de Justicia pondrá éste de manifiesto a las partes por plazo común 
de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que 
estimen oportunas.
13.ª  Presentada la demanda, el letrado de la Administración de Justicia dará 
traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo o copia del 
mismo, a los interesados que hubieran comparecido, para que la contesten en el 
plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el 
expediente administrativo, se emplazará a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no 
va acompañada de dicho expediente.»
Nueve. Se modifica el artículo 468, con la siguiente redacción:
«Artículo 468.  Órgano competente y resoluciones recurribles.
Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán, como Salas de lo Civil, de los recursos por infracción procesal contra 
sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la 
segunda instancia y contra las sentencias dictadas en los recursos contra las 
resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad 
industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.»
Diez. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 477, con la siguiente redacción:
«4.  Serán recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias 
Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía 
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas.
Se suprime el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre, de Marcas.
Disposición final tercera.  Naturaleza de la presente ley.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica. No obstante, tienen carácter de ley 
ordinaria las disposiciones finales primera y segunda.
Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia 
de Administración de Justicia y de legislación procesal atribuida al Estado por el 
artículo 149.1. 5.ª y 6.ª de la Constitución Española.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108269
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
No obstante, la modificación de los artículos 74.1 y 82.2.3.º de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con los recursos contra las 
resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía 
administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 27 de julio de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 108270
cve: BOE-A-2022-12578
Verificable en https://www.boe.es
https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X