Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 127, de 28 de mayo de 2011
Referencia: BOE-A-2011-9280
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 5
PREÁMBULO .................................................................. 5
TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación ................................................ 9
Artículo 1. Objeto. ....................................................... 9
Artículo 2. Ámbito de aplicación. .............................................. 9
Artículo 3. Definiciones. .................................................... 10
Artículo 4. Loterías. ...................................................... 11
TÍTULO II. Disposiciones generales ................................................... 12
Artículo 5. Regulación de los juegos. ........................................... 12
Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas. ..................................... 12
Artículo 7. Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego. .................... 13
Artículo 8. La protección de los consumidores y políticas de juego responsable. ................ 14
TÍTULO III. Títulos habilitantes ...................................................... 15
Artículo 9. Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante. ........ 15
Artículo 10. Licencias generales. .............................................. 16
Artículo 11. Licencias singulares. .............................................. 18
Artículo 12. Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional. ................ 18
TÍTULO IV. Control de la actividad .................................................... 19
CAPÍTULO I. Operadores ........................................................ 19
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Artículo 13. Los operadores. ................................................. 19
Artículo 14. Garantías exigibles a los operadores. ................................... 20
CAPÍTULO II. Participantes ...................................................... 20
Artículo 15. Derechos y obligaciones de los participantes en los juegos. ..................... 20
CAPÍTULO III. Homologación de los sistemas técnicos de juego ............................... 21
Artículo 16. Homologación de los sistemas técnicos de juego. ........................... 21
Artículo 17. Requisitos de los sistemas técnicos. .................................... 22
Artículo 18. Unidad Central de Juegos. .......................................... 22
TÍTULO V. La Administración del Juego ................................................ 23
CAPÍTULO I. El Ministerio de Economía y Hacienda ....................................... 23
Artículo 19. Competencias del Ministerio de Economía y Hacienda. ........................ 23
CAPÍTULO II. La Comisión Nacional del Juego .......................................... 23
Artículo 20. Objeto y naturaleza jurídica. ......................................... 23
Artículo 21. Funciones. .................................................... 23
Artículo 22. Los Registros del sector del juego. ..................................... 24
Artículo 23. Competencia regulatoria. ........................................... 25
Artículo 24. Inspección y Control. .............................................. 26
Artículo 25. Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego. ............................... 27
Artículo 26. El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la Comisión 
Nacional del Juego. ..................................................... 27
Artículo 27. El Presidente de la Comisión Nacional del Juego. ........................... 27
Artículo 28. Funciones de los miembros del Consejo. ................................. 27
Artículo 29. Causas de cese en el ejercicio del cargo. ................................. 27
Artículo 30. Régimen de contratación. ........................................... 27
Artículo 31. Régimen de personal. ............................................. 27
Artículo 32. Régimen Presupuestario y de Control. ................................... 27
Artículo 33. Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego. ........ 27
CAPÍTULO III. El Consejo de Políticas del Juego ......................................... 28
Artículo 34. El Consejo de Políticas del Juego. ..................................... 28
Artículo 35. Competencias. .................................................. 28
TÍTULO VI. Régimen sancionador .................................................... 28
Artículo 36. Competencia. .................................................. 28BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 37. Infracciones. ................................................... 29
Artículo 38. Sujetos infractores. ............................................... 29
Artículo 39. Infracciones muy graves. ........................................... 29
Artículo 40. Infracciones graves. .............................................. 30
Artículo 41. Infracciones leves. ............................................... 31
Artículo 42. Sanciones administrativas. .......................................... 31
Artículo 43. Prescripción. ................................................... 31
Artículo 44. Procedimiento sancionador. ......................................... 32
Artículo 45. Régimen de recursos. ............................................. 32
Artículo 46. Medidas cautelares. .............................................. 32
Artículo 47. Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación. ............. 33
TÍTULO VII. Régimen Fiscal ........................................................ 33
Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego. ................................... 33
Artículo 49. Tasa por la gestión administrativa del juego. ............................... 36
Disposiciones adicionales ...................................................... 38
Disposición adicional primera. Reserva de la actividad del juego de Loterías. .................. 38
Disposición adicional segunda. Régimen jurídico específico aplicable a la ONCE en materia de juego. .. 38
Disposición adicional tercera. Apuestas Deportivas del Estado. ........................... 38
Disposición adicional cuarta. Participación de las Comunidades Autónomas en la aprobación de 
nuevas modalidades de juego. .............................................. 39
Disposición adicional quinta. Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. ...................... 39
Disposición adicional sexta. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas e 
Hípicas. ............................................................ 39
Disposición Adicional Séptima. Habilitación a los operadores de apuestas hípicas para participar en los 
fondos comunes de las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España. .......... 39
Disposiciones transitorias ...................................................... 40
Disposición transitoria primera. Ejercicio de competencias administrativas antes del inicio de 
actividades de la Comisión Nacional del Juego. ................................... 40
Disposición transitoria segunda. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado. ............................................................. 40
Disposición transitoria tercera. Normativa de los juegos. ............................... 40
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio para los puntos de venta y delegaciones comerciales 
de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. .............................. 40BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición transitoria cuarta bis. Régimen sancionador aplicable a los puntos de venta en régimen 
administrativo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. ..................... 40
Disposición transitoria quinta. Primer mandato de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego. .. 43
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la cesión del impuesto. .................. 44
Disposición transitoria séptima. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas. .. 44
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del régimen sancionador. .................. 44
Disposición transitoria novena. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego. ..... 44
Disposiciones derogatorias ..................................................... 44
Disposición derogatoria. ................................................... 44
Disposiciones finales ......................................................... 45
Disposición final primera. Título competencial. ..................................... 45
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. ................................... 45
Disposición final tercera. Extinción de determinados Organismos Públicos. ................... 45
Disposición final cuarta. Actualización del importe de las sanciones. ....................... 45
Disposición final quinta. Modificación de las tasas sobre el juego. ......................... 45
Disposición final sexta. Modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. ............. 46
Disposición final séptima. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General 
Indirecto Canario. ...................................................... 46
Disposición final octava. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. ..... 47
Disposición final novena. Mantenimiento del régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a los premios ya exentos en dicho impuesto en el momento de la entrada en 
vigor de la presente Ley. ................................................. 47
Disposición final décima. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio. ............ 47
Disposición final undécima. Entrada en vigor. ...................................... 47BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 4 de julio de 2018
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley.
PREÁMBULO
I
Desde la despenalización del juego en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, 
por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de 
Suerte, Envite o Azar y Apuestas, y debido fundamentalmente a la irrupción de los nuevos 
servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego 
interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en 
otros países de su entorno, la concepción tradicional del juego.
Durante muchos años, el régimen jurídico del juego ha sufrido pocos cambios. Sin 
embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupción de las apuestas y juegos 
a través de Internet y al verse superados los límites territoriales de las relaciones 
comerciales tradicionales, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
señalado la necesidad de establecer una oferta dimensionada de juego.
En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en el mercado 
del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada.
La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta a los 
interrogantes creados ante la nueva situación del mercado, ha generado en el sector del 
juego la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad 
jurídica a operadores y participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible 
protección de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado 
voluntariamente la no participación, así como la protección del orden público y la prevención 
de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
II
El avance en los servicios de comunicación y, como consecuencia de su aplicación a las 
actividades de juego, la desvinculación de este tipo de actividades del territorio, ha traído 
consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulación del sector del juego 
asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y 
protección social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se 
pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la prevención de actividades 
fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo ello a través de una oferta dimensionada del 
juego, de una regulación de la práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así 
como del control público del sector.
Las aludidas finalidades, así como la necesidad de dotar al sector del juego de una 
regulación adecuada, ha tenido su reflejo en distintas iniciativas parlamentarias y en 
mandatos al Gobierno como el establecido, en el ámbito nacional, en la Disposición adicional 
vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de 
la Información y, en el ámbito comunitario, en la Resolución del Parlamento Europeo de 10 
de marzo de 2009 sobre la integridad de los juegos de azar en línea.
En definitiva, con el más absoluto respeto al marco competencial definido por la 
Constitución y los Estatutos de Autonomía, resulta de todo punto insoslayable la necesidad BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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de dotar de un nuevo marco jurídico a las actividades de explotación y gestión de juegos de 
ámbito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se practican a través de medios 
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en los que los medios presenciales 
tienen un carácter accesorio.
El desarrollo de un marco normativo que responda a las necesidades del sector del 
juego ha de realizarse sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias en materia 
de juego que los Estatutos de Autonomía atribuyen a las respectivas Comunidades entre las 
que se incluye, en algunos casos, la capacidad de éstas para colaborar en el ejercicio de 
competencias estatales en relación con las actividades de juego. Esta circunstancia ha 
hecho preciso el diseño de procedimientos y mecanismos asimétricos que faciliten la 
necesaria colaboración y coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de las competencias estatales en materia de juego.
III
En cumplimiento y desarrollo del mandato previsto en la ya citada Disposición adicional 
vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de 
la Información y a los efectos de controlar las actividades de juego de ámbito estatal, 
especialmente si se realizan a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos, ha sido necesario establecer un sistema de planificación y acceso al desarrollo 
de la actividad, determinar las competencias estatales en materia de regulación y control, y 
definir un régimen de infracciones y sanciones que garantice la efectividad del marco 
regulatorio.
Estos objetivos constituyen, en consecuencia, una de las finalidades esenciales de esta 
Ley que ha de ser la norma sectorial de referencia en materia de explotación de juegos a 
través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en el ámbito estatal, 
procurando, al mismo tiempo, la coordinación o integración de la regulación que ahora se 
aprueba con el marco normativo general de la actividad de juego en nuestro país y con otras 
normas sectoriales sobre las que esta Ley pueda tener incidencia, tales como, a título de 
ejemplo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa complementaria y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico.
Esta Ley, sobre la base de la existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la 
forma de acceder a la explotación de las actividades de juego de ámbito nacional, 
permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad de operadores de juego. Se 
trata, no obstante, de una apertura del sector que debe ser controlada al objeto de garantizar 
la tutela de todos los intereses involucrados y preservar el orden público con pleno respeto a 
los principios inspiradores del Derecho Comunitario.
El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el 
carácter de documentos de pago al portador de sus boletos y billetes pueda ser empleado 
como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta actividad a 
determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a un estricto 
control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del Estado contra 
los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asimismo los efectos perniciosos del juego 
sobre los consumidores.
En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de la 
actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como 
operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas 
loterías.
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado continuará sometida a un régimen 
de control público de su actividad dado el gran volumen de juego gestionado por esta y su 
extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace más de 250 
años. Por otra parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que desde 
1938 se ha consolidado en España como una institución social singular en el objetivo de 
atención a las personas con discapacidad, seguirá manteniendo su singularidad jurídica en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se establece en las 
Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley.
Con esta finalidad, se encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión 
Nacional del Juego, el establecimiento de los procedimientos de autorizaciones y la adopción 
de aquellas medidas que permitan el seguimiento y control de los operadores que realicen 
actividades de juego sujetas a reserva en virtud de esta Ley y del control del cumplimiento, 
por parte de éstos, de las condiciones que se establezcan, en especial, en relación con la 
protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo.
IV
Desde el máximo respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, esta Ley 
se fundamenta en los números 6, 11, 13, 14 y 21 del apartado primero del artículo 149 de la 
Constitución Española y en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en 
numerosas sentencias, entre las que cabe destacar, la número 163/1994, de 26 de mayo, 
que declara la existencia de una competencia estatal en materia de juego que ha de ser 
ejercida por el Estado en nombre del interés general, sin perjuicio de las competencias que 
en materia de juego tienen reconocidas las Comunidades Autónomas en sus respectivos 
Estatutos de Autonomía.
La regulación de los juegos de ámbito estatal se ha plasmado de conformidad con el 
mandato recogido en el apartado sexto de la Disposición adicional vigésima de la Ley 
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las 
competencias estatales en materia de juego han de ser entendidas, no obstante, sin perjuicio 
del reconocimiento pleno de las competencias que, en esta materia atribuyen los Estatutos 
de Autonomía a las respectivas Comunidades Autónomas, lo que ha hecho preciso el diseño 
de procedimientos y mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. A estos efectos, se crea el Consejo de Políticas del Juego, como órgano 
colegiado que asegurará la participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de 
los principios de la normativa de los juegos y de las medidas de protección a los menores y 
personas dependientes. En todo caso, a través del Consejo de Políticas del Juego se 
coordinará la actuación del Estado y Comunidades Autónomas en materia de otorgamiento 
de licencias.
Esta Ley establece la regulación de las actividades de juego que se realizan a través de 
canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en las que los medios 
presenciales deberán tener un carácter accesorio, salvo las actividades presenciales de 
juego sujetas a reserva desarrolladas por las entidades designadas por la ley que, por su 
naturaleza, son exclusivamente de competencia estatal.
Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades 
Autónomas sobre el juego presencial, esta Ley introduce la obligación de que las 
Comunidades Autónomas emitan preceptivamente un informe sobre las solicitudes de títulos 
habilitantes que puedan afectar a su territorio. La concesión de cualquier título habilitante 
exigirá, para la instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de 
equipos que permitan la participación de los juegos, autorización administrativa de la 
Comunidad Autónoma, que se otorgará de acuerdo con las políticas propias de 
dimensionamiento de juego de cada una de ellas.
V
La presente Ley se divide en siete títulos, con cuarenta y nueve artículos, seis 
disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
once disposiciones finales.
En el Título I, «Objeto y ámbito de aplicación», se regula el objeto y ámbito de aplicación 
de la Ley, tanto desde una perspectiva objetiva (actividad regulada) como territorial (ámbito 
de la actividad). De esta forma, el alcance de esta norma se extiende a toda actividad de 
organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a 
través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios 
presenciales tienen carácter accesorio, así como a la actividad publicitaria conectada con la 
misma, siempre que tales actividades se dirijan a todo el territorio del Estado, adoptando el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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criterio de distribución competencial establecido en otras normas sectoriales como la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de comercio 
electrónico. Asimismo, se incorporan las diferentes definiciones de juegos, incluidos los de 
carácter esporádico, y se establece la reserva y el régimen de control de la actividad de 
loterías.
En el Título II, «Disposiciones Generales», se recogen los requisitos de los juegos, así 
como las prohibiciones objetivas y subjetivas a las actividades objeto de regulación, 
previéndose la creación o adecuación de los instrumentos administrativos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas. Igualmente, se regula la 
publicidad del juego al amparo de las competencias del Estado previstas en el número 6 del 
apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española, singularmente en lo que se 
refiere a la protección de la juventud y de la infancia, garantizada en el apartado cuarto del 
artículo 20 de la Constitución Española. Además, se recogen los principios y prácticas a 
adoptar con objeto de proteger el orden público, garantizando la integridad del juego, así 
como previniendo y mitigando la adicción al juego y los efectos nocivos que pudiere 
provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la sociedad.
En el Título III, «Títulos Habilitantes», se establecen las características de las diferentes 
clases de títulos habilitantes, licencias y autorizaciones, y el régimen de autorización 
aplicable a los operadores como explotadores de juegos, previendo un procedimiento de 
otorgamiento respetuoso con los principios generales del Derecho Comunitario.
En el Título IV, «Control de la actividad», se establecen los requisitos técnicos mínimos, 
susceptibles de mayor concreción mediante un posterior desarrollo reglamentario específico, 
que deberán cumplir los equipos y sistemas técnicos que sirvan como soporte de la actividad 
de juegos autorizados y que habrán de garantizar que se impida a los menores e 
incapacitados y a las personas que, bien por voluntad propia, bien por resolución judicial, lo 
tuvieran prohibido, el acceso a los juegos desarrollados a través de medios telemáticos e 
interactivos.
En el Título V, «La Administración del Juego», se establecen las competencias que 
corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda en materia de juego. Se crea un órgano 
regulador, la Comisión Nacional del Juego, al que se le atribuyen todas las competencias 
necesarias para velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las 
operaciones de juego, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones 
establecidas para su explotación. Además, este órgano regulador único canalizará la 
demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las 
actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para 
proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia. Por último, se 
establece el Consejo de Políticas del Juego como el órgano de participación de las 
Comunidades Autónomas.
En el Título VI, «Régimen Sancionador», se establece el régimen de infracciones y 
sanciones en relación con las actividades objeto de esta Ley, así como el procedimiento 
sancionador, incluyendo previsiones para poder actuar contra el juego no autorizado por 
medio del bloqueo de la actividad que pueda realizarse a través de medios electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos.
Y finalmente, en el Título VII, «Régimen Fiscal», se determina, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en la Disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, el régimen impositivo 
aplicable al desarrollo de las actividades de juego reguladas en esta Ley, sin perjuicio del 
mantenimiento de lo establecido en los artículos 36 y siguientes del Decreto 3059/1966, de 1 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales y en el Real Decreto-
Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y 
Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, que continuarán en vigor en lo 
que se refiere al gravamen cedido en su ámbito competencial.
Este nuevo impuesto, en el ámbito estatal, grava las operaciones de juego, así como a 
las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean 
estrictamente juego.
Además de lo anterior, se regula la participación de las Comunidades Autónomas en el 
nuevo impuesto del juego mediante la cesión de la recaudación obtenida por el gravamen 
correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en España y 
por lo que corresponda a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas 
hípicas estatales.
El nuevo impuesto, como se ha dicho, no afecta a las tasas vigentes sobre el juego, 
siendo compatible con las mismas, que siguen siendo gravámenes cedidos a las 
Comunidades Autónomas en su totalidad.
Por último, se establece una tasa fiscal sobre las actividades y servicios prestados a los 
operadores por la Comisión Nacional del Juego.
VI
Esta Ley ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de julio de 1998.
TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta Ley es la regulación de la actividad de juego, en sus distintas 
modalidades, que se desarrolle con ámbito estatal con el fin de garantizar la protección del 
orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los 
derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos, sin 
perjuicio de lo establecido en los Estatutos de Autonomía.
La Ley regula, en particular, la actividad de juego a que se refiere el párrafo anterior 
cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, 
en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, así como los juegos 
desarrollados por las entidades designadas por esta Ley para la realización de actividades 
sujetas a reserva, con independencia del canal de comercialización de aquéllos.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Dentro del objeto definido en el artículo anterior, se incluyen en el ámbito de aplicación 
de esta Ley las siguientes actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga 
ámbito estatal:
a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se 
arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, 
sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, 
con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean 
exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una 
contraprestación económica.
c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del resto de los juegos previstos 
en los apartados anteriores por su carácter esporádico.
d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas 
físicas o jurídicas radicadas fuera de España que organicen u ofrezcan actividades de juegos 
a residentes en España.
Se incluyen asimismo en el ámbito de aplicación de esta Ley las actividades de 
publicidad, promoción y patrocinio relativas a las actividades de juego relacionadas en el 
presente apartado.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a) Los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos 
sociales y se desarrollen en el ámbito estatal, siempre que éstas no produzcan 
transferencias económicamente evaluables, salvo el precio por la utilización de los medios 
precisos para su desarrollo y cuando éste no constituya en medida alguna beneficio 
económico para el promotor o los operadores.
b) Las actividades de juego realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos o interactivos cuyo ámbito no sea estatal.
c) Las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, sin perjuicio de 
lo establecido en el Título VII de esta Ley.
Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de esta Ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se 
establece en el presente artículo.
a) Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de 
dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e 
inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los 
participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los 
jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios 
podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.
b) Loterías. Se entiende por loterías las actividades de juego en las que se otorgan 
premios en los casos en que el número o combinación de números o signos, expresados en 
el billete, boleto o su equivalente electrónico, coinciden en todo o en parte con el 
determinado mediante un sorteo o evento celebrado en una fecha previamente determinada 
o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o presorteadas. Las loterías se 
comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte sea 
material, informático, telemático, telefónico o interactivo.
c) Apuestas. Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella 
actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un 
acontecimiento previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los 
participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en función de las 
cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la concreta 
modalidad de apuesta.
En función del acontecimiento sobre cuyo resultado se realiza la apuesta, ésta puede 
ser:
1. Apuesta deportiva: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios 
eventos deportivos, incluidos en los programas previamente establecidos por la entidad 
organizadora, o sobre hechos o actividades deportivas que formen parte o se desarrollen en 
el marco de tales eventos o competiciones por el operador de juego.
2. Apuesta hípica: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de una o varias 
carreras de caballos incluidas en los programas previamente establecidos por la entidad 
organizadora.
3. Otras apuestas: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios 
eventos distintos de los anteriores incluidos en los programas previamente establecidos por 
el operador de juego.
Según la organización y distribución de las sumas apostadas, la apuesta puede ser:
1. Apuesta mutua: es aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades 
apostadas se distribuye entre aquellos apostantes que hubieran acertado el resultado a que 
se refiera la apuesta.
2. Apuesta de contrapartida: es aquella en la que el apostante apuesta contra un 
operador de juego, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los 
pronósticos ganadores por el coeficiente que el operador haya validado previamente para los 
mismos.
3. Apuesta cruzada: es aquella en que un operador actúa como intermediario y garante 
de las cantidades apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que 
previamente el operador hubiera fijado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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d) Rifas. Se entiende por rifa aquella modalidad de juego consistente en la adjudicación 
de uno o varios premios mediante la celebración de un sorteo o selección por azar, entre los 
adquirientes de billetes, papeletas u otros documentos o soportes de participación, 
diferenciados entre si, ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en 
una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea preciso realizar una 
aportación económica. El objeto de la rifa puede ser un bien mueble, inmueble, semoviente o 
derechos ligados a los mismos, siempre que no sean premios dinerarios.
e) Concursos. Se entiende por concursos aquella modalidad de juego en la que su 
oferta, desarrollo y resolución se desarrolla por un medio de comunicación ya sea de 
televisión, radio, Internet u otro, siempre que la actividad de juego esté conexa o 
subordinada a la actividad principal. En esta modalidad de juego para tener derecho a la 
obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien 
directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, 
envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o 
telemático, en el que exista una tarificación adicional, siendo indiferente el hecho de que en 
la adjudicación de los premios intervenga, no solamente el azar, sino también la superación 
de pruebas de competición o de conocimiento o destreza.
A los efectos de la presente definición, no se entenderán por concurso aquellos 
programas en los que aún existiendo premio el concursante no realice ningún tipo de 
desembolso económico para participar, ya sea directamente o por medio de llamadas 
telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, 
informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional.
f) Otros juegos. Son todos aquellos juegos que no tienen cabida en las definiciones 
anteriores, como por ejemplo el póquer o la ruleta, en los que exista un componente de 
aleatoriedad o azar y en los que se arriesguen cantidades de dinero u objetos 
económicamente evaluables.
g) Juegos a través de medios presenciales. Son aquellos en los que las apuestas, 
pronósticos o combinaciones deben formularse en un establecimiento de un operador de 
juego a través de un terminal en línea, bien mediante la presentación de un boleto, octavilla 
o un documento establecido al efecto en el que se hayan consignado los pronósticos, 
combinaciones o apuestas, bien tecleando los mismos en el terminal correspondiente, o bien 
mediante su solicitud automática al terminal, basada en el azar. Cualquiera de las fórmulas 
antes citadas serán transmitidas a un sistema central y, a continuación, el terminal expedirá 
uno o varios resguardos en los que constarán, al menos, los siguientes datos: tipo de juego y 
detalle de la forma en la que el participante puede acceder u obtener las normas o bases del 
mismo, pronósticos efectuados, fecha de la jornada, evento o período en el que participa, 
número de apuestas o combinaciones jugadas y números de control. Además del resguardo 
o resguardos referidos, existirá un resguardo único expedido por el terminal ubicado en el 
punto de venta autorizado de que se trate, en el que constarán, al menos, los datos antes 
citados, y que constituye el único instrumento válido para solicitar el pago de premios y la 
única prueba de participación en los concursos.
h) Juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Son aquellos 
en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita 
producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo 
cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, 
telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo 
real o en diferido.
i) Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. Se entienden por 
tales aquellos sorteos que, con finalidad exclusivamente publicitaria o de promoción de un 
producto o servicio, y teniendo como única contraprestación el consumo del producto o 
servicio, sin sobreprecio ni tarificación adicional alguna, ofrecen premios en metálico, 
especie o servicios, exigiendo, en su caso, la condición de cliente de la entidad objeto de la 
publicidad o promoción.
Artículo 4.  Loterías.
1. Las loterías de ámbito estatal quedarán reservadas a los operadores designados por 
la Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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2. Corresponde al titular del Ministerio de Economía y Hacienda la autorización para la 
comercialización de loterías de ámbito estatal. La autorización fijará las condiciones de 
gestión de los juegos en:
a) El porcentaje mínimo y máximo destinado a premios.
b) Las condiciones y requisitos para la celebración de sorteos, cuando procedan y la 
fijación del número de los mismos.
c) Los derechos de los participantes y los procedimientos de reclamación.
d) Las condiciones en las que podrán realizar actividades de publicidad y patrocinio de 
las actividades autorizadas.
e) Las medidas de protección a los menores, personas dependientes y para la 
prevención del fraude y del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los 
términos de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. En la explotación y comercialización de las loterías, los operadores autorizados 
cooperarán con el Estado en la erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del 
fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos.
4. Los operadores autorizados, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a las 
que se refiere el artículo 8 de esta Ley, notificarán a la Comisión Nacional del Juego un Plan 
de Medidas en el que se concreten los compromisos adicionales adquiridos por el operador 
en la gestión responsable del juego, la participación en la reparación de los efectos 
negativos del mismo y la contribución del operador autorizado a planes, proyectos o 
actuaciones en beneficio de la sociedad.
TÍTULO II
Disposiciones generales
Artículo 5.  Regulación de los juegos.
1. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá, por Orden Ministerial, la 
reglamentación básica para el desarrollo de cada juego o, en el caso de juegos esporádicos, 
las bases generales para la aprobación de su práctica o desarrollo.
2. El establecimiento de requisitos para el desarrollo de los juegos o su modificación, se 
entenderá, según corresponda, como autorización de nuevas modalidades de juegos o como 
modificación de las existentes.
3. Cualquier modalidad de juego no regulada se considerará prohibida.
4. La regulación o las bases preverán, dependiendo de la naturaleza del juego, los 
requisitos para evitar su acceso a los menores e incapacitados e impedir la utilización de 
imágenes, mensajes u objetos que puedan vulnerar, directa o indirectamente, la dignidad de 
las personas y los derechos y libertades fundamentales, así como cualquier forma posible de 
discriminación racial o sexual, de incitación a la violencia o de realización de actividades 
delictivas.
Artículo 6.  Prohibiciones objetivas y subjetivas.
1. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y 
desarrollo de los juegos objeto de esta Ley que, por su naturaleza o por razón del objeto 
sobre el que versen:
a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia o 
contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.
b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.
c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.
2. Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de 
esta Ley a:
a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de 
acuerdo con lo que establezca la normativa civil.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso 
al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.
c) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, 
su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, 
así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en 
primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la 
participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera 
directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.
d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o 
actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del 
acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad 
deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los 
recursos contra las decisiones de aquellos.
g) El Presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así 
como a sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en 
primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas 
funciones de inspección y control en materia de juego.
h) Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.
3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la 
Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del 
juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la 
efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, ambos de 
ámbito estatal.
Artículo 7.  Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego.
1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 
queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los juegos de 
suerte, envite o azar y la publicidad o promoción de los operadores de juego, cuando se 
carezca de la correspondiente autorización para la realización de publicidad contenida en el 
título habilitante.
El operador de juego deberá contar con el correspondiente título habilitante en el que se 
le autorice para el desarrollo de actividades de juego a través de programas emitidos en 
medios audiovisuales o publicados en medios de comunicación o páginas web, incluidas 
aquellas actividades de juego en las que el medio para acceder a un premio consista en la 
utilización de servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas o 
basadas en el envío de mensajes.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los 
respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites y, 
en particular, respecto a:
a) El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, que sólo será posible si ha 
sido previamente autorizado por su destinatario, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
primero del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico.
b) La inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos en medios de 
comunicación y otros soportes publicitarios.
c) La actividad de patrocinio en acontecimientos deportivos que sean objeto de apuestas.
d) La inserción de carteles publicitarios de actividades de juego en los lugares en que se 
celebren acontecimientos cuyos resultados sean objeto de apuestas o loterías.
e) El desarrollo de los concursos televisivos y las obligaciones de información sobre los 
requisitos esenciales del juego.
f) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Cualquier entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de 
comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de 
la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus 
operadores, deberá constatar que quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos 
publicitarios dispone del correspondiente título habilitante expedido por la autoridad 
encargada de la regulación del juego y que éste le autoriza para la realización de la 
publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si careciera de aquél. La autoridad 
encargada de la regulación del juego, a través de su página web, mantendrá actualizada y 
accesible la información sobre los operadores habilitados.
Se considera red publicitaria a la entidad que, en nombre y representación de los 
editores, ofrece a los anunciantes la utilización de espacios publicitarios en servicios de la 
sociedad de la información y la optimización de los resultados publicitarios al orientar los 
anuncios al público interesado por el producto o servicio publicitado.
4. La autoridad encargada de la regulación del juego en el ejercicio de la potestad 
administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la 
entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación 
audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información 
o red publicitaria correspondiente, indicándole motivadamente la infracción de la normativa 
aplicable.
La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de 
comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de 
la información o red publicitaria deberá, en los tres días naturales siguientes a su recepción, 
comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente 
con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación 
publicitaria con el que la autoridad encargada de la regulación del juego tenga un convenio 
de colaboración de los previstos en el apartado 5 del artículo 24 de esta Ley, se entenderá 
que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, 
para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente 
sancionador.
Artículo 8.  La protección de los consumidores y políticas de juego responsable.
1. Las políticas de juego responsable suponen que el ejercicio de las actividades de 
juego se abordará desde una política integral de responsabilidad social corporativa que 
contemple el juego como un fenómeno complejo donde se han de combinar acciones 
preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los 
efectos negativos producidos.
Las acciones preventivas se dirigirán a la sensibilización, información y difusión de las 
buenas prácticas del juego, así como de los posibles efectos que una práctica no adecuada 
del juego puede producir.
Los operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas en relación con la 
mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las 
personas e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable. Por lo que se 
refiere a la protección de los consumidores:
a) Prestar la debida atención a los grupos en riesgo.
b) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección 
consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego moderado, no 
compulsivo y responsable.
c) Informar de acuerdo con la naturaleza y medios utilizados en cada juego de la 
prohibición de participar a los menores de edad o a las personas incluidas en el Registro 
General de Interdicciones de Acceso al Juego o en el Registro de Personas Vinculadas a 
Operadores de Juego.
2. Los operadores no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito 
o asistencia financiera a los participantes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO III
Títulos habilitantes
Artículo 9.  Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante.
1. El ejercicio de las actividades no reservadas que son objeto de esta Ley queda 
sometido a la previa obtención del correspondiente título habilitante, en los términos 
previstos en los artículos siguientes. De conformidad con esta Ley son títulos habilitantes las 
licencias y autorizaciones de actividades de juego.
Las Comunidades Autónomas emitirán informe preceptivo sobre las solicitudes de títulos 
habilitantes formuladas ante la Comisión Nacional del Juego que puedan afectar a su 
territorio. A estos efectos, se considerará que las actividades de juego afectan a una 
Comunidad Autónoma, cuando los operadores de juego tengan en la misma su residencia, 
domicilio social o, en caso de no coincidir con éstos, el lugar en que esté efectivamente 
centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
La instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que 
permitan la participación en los juegos exigirá, en todo caso, autorización administrativa de la 
Comunidad Autónoma cuya legislación así lo requiera. Estas autorizaciones se regirán por la 
legislación autonómica de juego correspondiente.
La Comisión Nacional del Juego comunicará a los órganos autonómicos competentes el 
otorgamiento de los títulos habilitantes de juego que afecten a su territorio. El mismo 
procedimiento se seguirá en caso de modificación, transmisión, revocación y extinción de los 
títulos habilitantes, así como en los supuestos de sanción de las actividades sujetas a los 
mismos.
2. Toda actividad incluida en el ámbito de esta Ley que se realice sin el preceptivo título 
habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la 
consideración legal de prohibida, quedando sujetos quienes la promuevan o realicen a las 
sanciones previstas en el Título VI de esta Ley.
3. Los títulos habilitantes exigibles para el ejercicio de las actividades de juego sometidas 
a esta Ley no podrán ser objeto de cesión o de explotación por terceras personas. 
Únicamente podrá llevarse a cabo la transmisión del título, previa autorización de la 
Comisión Nacional del Juego, en los casos de fusión, escisión o aportación de rama de 
actividad, motivados por una reestructuración empresarial.
4. Los títulos habilitantes otorgados por otros Estados no serán válidos en España. Los 
operadores reconocidos por otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo, 
deberán cumplir con los requisitos y con la tramitación establecida por la legislación vigente. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el que la Comisión Nacional del 
Juego podrá convalidar aquella documentación ya presentada por un operador autorizado en 
el Espacio Económico Europeo, eximiendo de su nueva presentación en España.
5. Las licencias y autorizaciones reguladas en esta Ley se extinguirán en los siguientes 
supuestos:
a) Por renuncia expresa del interesado manifestada por escrito.
b) Por el transcurso de su período de vigencia sin que se solicite o conceda su 
renovación, cuando dicha renovación se hubiera previsto en las bases de la convocatoria del 
procedimiento correspondiente.
c) Por resolución de la Comisión Nacional del Juego, en la que expresamente se 
constate la concurrencia de alguna de las causas de resolución siguientes:
1.º La pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento.
2.º La muerte o incapacidad sobrevenida del titular de la autorización, cuando sea 
persona física, la disolución o extinción de la sociedad titular de la licencia o autorización, así 
como el cese definitivo de la actividad objeto de dichos títulos habilitantes o la falta de su 
ejercicio durante al menos un año, en los supuestos de licencia.
3.º La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento.
4.º La imposición como sanción en el correspondiente procedimiento sancionador.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5.º El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia.
6.º La cesión o transmisión del título habilitante a través de fusión, escisión o aportación 
de rama de actividad, sin la previa autorización.
7.º La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que 
determinaron su otorgamiento, previa audiencia del interesado, cuando ello proceda.
6. La obtención del título habilitante al que se refiere el apartado 1 de este artículo estará 
condicionada a que el operador se encuentre al corriente de pago de las obligaciones 
fiscales correspondientes.
Artículo 10.  Licencias generales.
1. Los interesados en desarrollar actividades de juego no ocasional deberán obtener, con 
carácter previo al desarrollo de cualquier tipo de juego, una licencia de carácter general por 
cada modalidad de juego definida en el artículo 3, letras c), d), e) y f), en función del tipo de 
juego que pretendan comercializar.
El otorgamiento de las licencias generales para la explotación y comercialización de 
juegos se realizará por la Comisión Nacional del Juego, previa la oportuna convocatoria de 
un procedimiento que se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, 
transparencia, objetividad y no discriminación, y que se regirá por el pliego de bases que, a 
propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea aprobado por el titular del Ministerio de 
Economía y Hacienda y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
La convocatoria de los procedimientos de otorgamiento de licencias generales para la 
explotación y comercialización de juegos será promovida, de oficio o a instancia de cualquier 
interesado, por la Comisión Nacional del Juego. La promoción de la convocatoria a instancia 
de interesado se practicará en el plazo de seis meses contados desde la recepción de la 
solicitud salvo que la Comisión Nacional del Juego estimare motivadamente que existen 
razones de salvaguarda del interés público, de protección de menores o de prevención de 
fenómenos de adicción al juego que justifiquen que no se proceda a la convocatoria 
solicitada.
Los interesados podrán solicitar la convocatoria de un nuevo procedimiento de 
otorgamiento de licencias generales para la explotación y comercialización de determinados 
juegos, transcurridos al menos 18 meses contados desde la fecha de la anterior 
convocatoria en relación con la misma modalidad de juego.
Las bases que rijan la convocatoria no limitarán el número de licencias que pudieran ser 
otorgadas, salvo que a propuesta de la Comisión Nacional del Juego y sobre la base del 
procedimiento instruido a tal efecto en el que se dará audiencia a los posibles interesados, 
se considere necesario dimensionar la oferta del juego objeto de la convocatoria y limitar el 
número de operadores. La limitación del número de operadores se fundará exclusivamente 
en razones de protección del interés público, de protección de menores y de prevención de 
fenómenos de adicción al juego.
En las bases de la convocatoria se podrán incluir como criterios que habrán de ser 
tenidos en cuenta en el otorgamiento, la experiencia de los concurrentes licitadores, su 
solvencia y los medios con los que cuenten para la explotación de la licencia.
2. El pliego de bases del procedimiento al que se refiere el apartado anterior establecerá 
el capital social mínimo, total y desembolsado, necesario para la participación en la licitación. 
Junto con la solicitud para participar en la convocatoria, el solicitante deberá presentar un 
plan operativo que tenga en cuenta los principios del juego responsable, la formación de 
empleados, los canales de distribución, el diseño de juegos y los demás aspectos de su 
actividad que reglamentariamente se establezcan.
3. La resolución de otorgamiento de licencia general recogerá el contenido que se 
determine reglamentariamente y, en todo caso, el siguiente:
a) Denominación, duración, domicilio y capital social, y en su caso, el porcentaje de 
participación del capital no comunitario.
b) Relación de miembros del consejo de administración, directivos, gerentes o 
apoderados si los hubiere.
c) Naturaleza, modalidades y tipos de actividad sometidas a licencia, así como los 
acontecimientos sobre cuyos resultados se realicen aquellos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) Ámbito territorial en el que vaya a desarrollarse la actividad sometida a licencia.
e) Condiciones de los premios a otorgar por juego o apuesta y cuantía de los mismos 
que en ningún caso podrá superar el porcentaje que al efecto se establezca en el pliego de 
bases de la convocatoria.
f) Relación de los sistemas, equipos, aplicaciones e instrumentos técnicos que serán 
empleados para la explotación de la actividad.
g) Autorización para la realización de la actividad publicitaria, de patrocinio o promoción.
h) Mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
i) Plazo de vigencia, posibilidad de prórroga y causas de extinción de la licencia.
j) Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la 
naturaleza del juego, para evitar el acceso por parte de las personas incursas en alguna de 
las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 6 de esta Ley y especialmente los 
dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de los participantes.
4. Los licenciatarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Desarrollar la actividad de juego en el ámbito estatal, con los derechos y obligaciones 
reconocidos en el pliego de bases y en la resolución de otorgamiento.
b) Obtener la licencia singular de explotación para cada modalidad y tipo de juego, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos.
c) Satisfacer las tasas que se establezcan derivadas de la actividad de regulación del 
juego.
d) Implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo «.es» para el desarrollo 
y la comercialización a través de Internet de actividades de juego en el ámbito de aplicación 
de esta Ley.
e) Redireccionar hacia el sitio web específico con nombre de dominio bajo «.es» todas 
las conexiones que se realicen desde ubicaciones situadas en territorio español, o que 
hagan uso de cuentas de usuario españolas, a sitios web bajo dominio distinto al «.es», que 
sean propiedad o estén controlados por el operador de juego, su matriz o sus filiales.
5. Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como 
compromisos, por lo que se refiere a la gestión responsable del juego:
a) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes, especialmente, 
las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.
b) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, 
transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso 
profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido.
c) Canalizar adecuadamente la demanda de participación.
d) Reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad, ello incluye la lucha contra el 
juego ilegal y las actividades delictivas asociadas.
e) Colaborar activamente de acuerdo con la normativa vigente, con las autoridades 
encargadas de la prevención del blanqueo de capitales.
Se entenderá por Gestión responsable del juego el conjunto de principios y prácticas a 
adoptar con objeto de proteger el orden público garantizando la integridad del juego, 
optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad.
La Comisión Nacional del Juego verificará el cumplimiento por los operadores de sus 
compromisos sin perjuicio de las competencias de supervisión del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por el 
artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.
6. Las licencias generales tendrán una duración de 10 años y serán prorrogables por un 
periodo de idéntica duración.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado uno de 
este artículo, se hubiera limitado el número de operadores de un determinado juego, la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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prórroga de la licencia general no tendrá lugar y deberá procederse a su otorgamiento 
mediante el procedimiento convocado a estos efectos cuando concurran los siguientes 
requisitos:
a) Que exista un tercero o terceros interesados en la obtención de la licencia.
b) Que lo haya solicitado con un plazo de antelación de al menos 24 meses respecto de 
la fecha de vencimiento.
c) Que el solicitante o solicitantes acrediten el cumplimiento de los requisitos que fueron 
tenidos en cuenta para la obtención de la licencia por parte del titular o titulares.
Artículo 11.  Licencias singulares.
1. La explotación de cada uno de los tipos de juego incluidos en el ámbito de cada 
licencia general requerirá el otorgamiento de una licencia singular de explotación.
2. El otorgamiento de las licencias singulares y su prórroga estará sujeta a los requisitos 
y condiciones que determine la Comisión Nacional del Juego en el marco de la regulación de 
cada una de las modalidades de juego.
3. Los operadores habilitados con la licencia general podrán solicitar licencias singulares. 
Sólo podrá solicitarse la licencia singular de aquella actividad de juego de la que haya sido 
publicada, con carácter previo, su regulación. En el caso de no hallarse regulada, el 
operador de juego podrá solicitar su regulación al órgano competente que podrá, en su caso, 
desestimar motivadamente dicha solicitud.
4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de obtención de licencias 
singulares. Los requisitos que se establezcan en el marco del procedimiento para la 
obtención de licencias singulares respetarán los principios de transparencia, objetividad y no 
discriminación, y serán proporcionales a los fines de protección de la salud pública, los 
menores y personas dependientes y a los de la prevención del fraude y del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.
5. Las licencias singulares tendrán una duración mínima de un año y máxima de cinco y 
serán prorrogables por periodos sucesivos de idéntica duración. La regulación de cada uno 
de los tipos de juego determinará la duración de las correspondientes licencias singulares y 
las condiciones y requisitos que hubieren de cumplirse para su prórroga.
6. La pérdida de la licencia general conllevará la pérdida de las licencias singulares 
vinculadas a la misma.
Artículo 12.  Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.
1. La celebración de cualesquiera actividades de juego objeto de esta Ley que tenga 
carácter ocasional o esporádico queda sometida a autorización previa, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. El otorgamiento de autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional 
le corresponde a la Comisión Nacional del Juego que podrá establecer la limitación en la 
cuantía de los premios.
3. Las personas o entidades que soliciten la autorización deberán satisfacer las tasas 
correspondientes.
4. Transcurrido un mes desde la solicitud de autorización sin que se haya notificado su 
otorgamiento, se entenderá desestimada por silencio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO IV
Control de la actividad
CAPÍTULO I
Operadores
Artículo 13.  Los operadores.
1. La organización y explotación de las actividades objeto de esta Ley podrá ser, según 
cada caso, efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con 
nacionalidad española o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y que 
tengan al menos un representante permanente en España.
Únicamente podrán participar en el procedimiento concurrencial de licencias generales 
para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional, las 
personas jurídicas con forma de sociedad anónima que tengan como único objeto social la 
organización, comercialización y explotación de juegos, constituyéndose, a dicho efecto, 
como operadores de juegos o apuestas.
Las empresas que soliciten la explotación u organización de los juegos previstos en esta 
Ley deberán acreditar solvencia técnica, económica y financiera, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
La participación directa o indirecta del capital no comunitario tendrá como límite lo 
establecido en la legislación vigente sobre inversiones extranjeras en España.
2. No podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas en el Título III de 
esta Ley, las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los cuatro años anteriores 
a la fecha de la solicitud del título habilitante, por delito contra la salud pública, de falsedad, 
de asociación ilícita, de contrabando, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, 
contra la Administración Pública o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así 
como por cualquier infracción penal derivada de la gestión o explotación de juegos para los 
que no hubieran sido habilitados.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste 
haya adquirido eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber sido sancionada la persona física, la persona jurídica o sus socios, directivos o 
administradores, mediante resolución administrativa firme por dos o más infracciones muy 
graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento de la normativa de juego del Estado o 
de las Comunidades Autónomas.
d) Haber dado lugar la persona física o la persona jurídica, por causa de la que hubiesen 
sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración General del Estado.
e) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 19
h) Haber sido sancionada la persona física o la persona jurídica mediante resolución 
firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, General de Subvenciones o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
i) Haber sido sancionada la persona física o jurídica mediante resolución definitiva por 
infracciones muy graves recogidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
j) Las entidades participantes u organizadoras de eventos deportivos u otro cualquier 
acontecimiento sobre el que se realicen las apuestas.
Estas prohibiciones alcanzan a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en dicha situación por 
actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que 
concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura del 
tipo para ser sujeto activo del mismo.
Las prohibiciones de obtención del título habilitante afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
Reglamentariamente se determinará el modo de apreciación y alcance de las 
prohibiciones, así como la justificación por parte de las personas o entidades de no estar 
incursos en las prohibiciones.
3. Las personas jurídicas que pretendan organizar, explotar y desarrollar las actividades 
de juego objeto de esta Ley solicitando una licencia general, deberán solicitar su inscripción 
provisional en el Registro General de Licencias de Juego, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
Artículo 14.  Garantías exigibles a los operadores.
1. Los operadores que obtengan una licencia general deberán constituir una garantía en 
los términos, modalidades y las cuantías que reglamentariamente se establezcan.
2. La garantía a la que se refiere el apartado anterior quedará afecta al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en esta Ley y especialmente al abono de los premios, a las 
responsabilidades derivadas del régimen sancionador y al pago de las tasas devengadas en 
materia de juego cuando, transcurrido el período que reglamentariamente se establezca, no 
se hubieran hecho efectivas. Una vez desaparecidas las causas de su constitución y siempre 
que no se tenga conocimiento de obligaciones o responsabilidades pendientes a las que 
estuviera afecta, se procederá a su devolución, a petición del interesado, previa la 
liquidación oportuna cuando proceda.
3. Podrán establecerse garantías adicionales ligadas a la concesión de licencias 
singulares que serán determinadas por la Comisión Nacional del Juego para cada tipo de 
juego en las condiciones y con los límites establecidos en las Órdenes Ministeriales que 
establezcan la normativa básica de los juegos, quedando afectas al cumplimiento de las 
específicas obligaciones de abono de los premios y el cumplimiento de cualquier otra 
obligación del operador.
4. Las garantías deberán mantenerse actualizadas. Si en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha del requerimiento no se llevase a cabo la actualización, el interesado podrá 
incurrir en causa de revocación del título habilitante.
CAPÍTULO II
Participantes
Artículo 15.  Derechos y obligaciones de los participantes en los juegos.
1. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos:
a) A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen 
participar.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, 
de conformidad con la normativa específica de cada juego.
c) A formular ante la Comisión Nacional del Juego las reclamaciones contra las 
decisiones del operador que afecten a sus intereses.
d) Al tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de que se trate.
e) A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de otros jugadores o de 
cualquier otra tercera persona.
f) A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como en el 
caso de disponer de una cuenta de usuario abierta en el operador de juego, a conocer el 
saldo de la misma.
g) A identificarse de modo seguro mediante el documento nacional de identidad, 
pasaporte o documento equivalente o mediante sistema de firma electrónica reconocida, así 
como a la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa 
de desarrollo.
h) A conocer en todo momento la identidad del operador de juego, especialmente en el 
caso de juegos telemáticos, así como a conocer, en el caso de reclamaciones o posibles 
infracciones, la identidad del personal que interactúe con los participantes.
i) A recibir información sobre la práctica responsable del juego.
2. Los participantes en los juegos tienen las siguientes obligaciones:
a) Identificarse ante los operadores de juego en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.
b) Cumplir las normas y reglas que, en relación con los participantes, se establezcan en 
las órdenes ministeriales que se aprueben de conformidad con el artículo 5 de esta Ley.
c) No alterar el normal desarrollo de los juegos.
3. La relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de 
carácter privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos 
estarán sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del 
ejercicio de la potestad sancionadora ejercida por la Comisión Nacional del Juego dentro de 
las competencias reconocidas en esta Ley.
4. Los operadores habilitados establecerán los procedimientos adecuados para 
mantener la privacidad de los datos de los usuarios de conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa 
complementaria.
Los operadores únicamente tratarán los datos de los participantes que fueran necesarios 
para el adecuado desarrollo de la actividad de juego para la que hubieran sido autorizados y 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los datos serán 
cancelados una vez cumplidas las finalidades que justificaron su tratamiento.
En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los operadores 
deberán informar a los usuarios acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal y 
las finalidades para las que se produce el tratamiento, así como los derechos que les 
corresponden de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.
Los operadores deberán asimismo implantar sobre los ficheros y tratamientos las 
medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de 
datos y dar cumplimiento al deber de secreto impuesto por dicha normativa.
CAPÍTULO III
Homologación de los sistemas técnicos de juego
Artículo 16.  Homologación de los sistemas técnicos de juego.
1. Las entidades que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de juegos 
regulados en esta Ley dispondrán del material software, equipos, sistemas, terminales e BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 21
instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, debidamente 
homologados.
2. La homologación de los sistemas técnicos de juego, así como el establecimiento de 
las especificaciones necesarias para su funcionamiento, corresponde a la Comisión Nacional 
del Juego, que aprobará en el marco de los criterios fijados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda y el Consejo de Políticas del Juego, el procedimiento de certificación de los 
sistemas técnicos de juego incluyendo, en su caso, las homologaciones de material de 
juego. La Comisión Nacional del Juego velará para que el establecimiento de las 
especificaciones, así como los procedimientos de certificación y homologación de material 
de juego, no introduzcan obstáculos que pudieren distorsionar injustificadamente la 
competencia en el mercado.
3. Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico, 
podrán tener efectos en los procedimientos regulados en esta Ley en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
4. En los procedimientos de homologación de los sistemas técnicos de juego que puedan 
afectar de manera relevante al tratamiento de datos de carácter personal por parte de los 
operadores, la Comisión Nacional del Juego solicitará informe a la Agencia Española de 
Protección de Datos.
Artículo 17.  Requisitos de los sistemas técnicos.
1. El sistema técnico para la organización, explotación y desarrollo de los juegos por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, con independencia de lo 
previsto en el artículo 24 de esta Ley a efectos de la inspección y control, quedará 
conformado por la Unidad Central de Juegos y el conjunto de sistemas e instrumentos 
técnicos o telemáticos que posibiliten la organización, comercialización y celebración de 
juegos por estos medios.
2. El sistema técnico, que reunirá las condiciones que se establezcan por la Comisión 
Nacional del Juego, deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para 
garantizar, entre otros:
a) La confidencialidad e integridad en las comunicaciones.
b) La identidad de los participantes, en el supuesto de los juegos desarrollados a través 
de medios telemáticos e interactivos, así como la comprobación, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, de que no se encuentran inscritos en el Registro 
previsto en el artículo 22.1.b) de esta Ley.
c) La autenticidad y cómputo de las apuestas.
d) El control de su correcto funcionamiento.
e) El cumplimiento de las prohibiciones subjetivas reguladas en el artículo 6 de esta Ley.
f) El acceso a los componentes del sistema informático exclusivamente del personal 
autorizado o de la propia Comisión Nacional del Juego, en las condiciones que ésta pudiera 
establecer.
Artículo 18.  Unidad Central de Juegos.
1. Los operadores habilitados para la organización, explotación y desarrollo de los juegos 
de carácter permanente objeto de esta Ley, deberán disponer de una Unidad Central de 
Juegos que cumplirá las especificaciones que, a dicho efecto, establezca la Comisión 
Nacional del Juego, y que permitirá:
a) Registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas desde los equipos y 
usuarios conectados a la misma.
b) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego.
c) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los 
participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así 
como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través 
de ella.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 22
2. Los operadores deberán asegurar la existencia de las copias de seguridad necesarias 
y la aplicación de las medidas técnicas y los planes de contingencia que permitan garantizar 
la recuperación de datos ante cualquier clase de incidencia.
3. Los operadores deberán disponer de una réplica de su Unidad Central de Juegos, que 
permitirá el normal desarrollo de la actividad de los juegos, con todas las garantías, en los 
supuestos en que la Unidad Principal se hallare fuera de servicio.
4. Tanto la Unidad Central de Juegos como su réplica, incorporarán conexiones 
informáticas seguras y compatibles con los sistemas de la Comisión Nacional del Juego, que 
permitan a ésta realizar un control y seguimiento, en tiempo real si así se requiriera, de la 
actividad de juego llevada a cabo, de los premios otorgados y de la identidad de las 
personas que participan y son premiadas en los mismos, y en su caso, de la devolución de 
premios que eventualmente se produzca con motivo de la anulación de los juegos, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de realizar inspecciones presenciales. La Unidad Central 
deberá poder ser monitorizada desde territorio español por la Comisión Nacional del Juego, 
con independencia de su ubicación. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir que 
unidades secundarias de los sistemas del operador se ubiquen en España con la finalidad de 
verificación y control de la información.
TÍTULO V
La Administración del Juego
CAPÍTULO I
El Ministerio de Economía y Hacienda
Artículo 19.  Competencias del Ministerio de Economía y Hacienda.
Corresponderán al titular del Ministerio de Economía y Hacienda las siguientes 
competencias:
1. Establecer la reglamentación básica de cada juego y en el caso de juegos 
esporádicos, las bases generales para su práctica o desarrollo, con base en los criterios 
fijados por el Consejo de Políticas del Juego.
2. Aprobar los pliegos de bases de los procedimientos concurrenciales a los que se 
refiere el artículo 10.1 de esta Ley, de acuerdo con el marco establecido en el reglamento de 
licencias y su normativa de desarrollo.
3. Elaborar y modificar las normas en materia de juego que se consideren necesarias 
para el cumplimiento de las finalidades de esta Ley.
4. Autorizar la comercialización de loterías e imponer las sanciones correspondientes a 
las infracciones calificadas como muy graves, de conformidad con lo dispuesto 
respectivamente en los artículos 4.2 y 42.3 de esta Ley.
5. Proponer el nombramiento del Presidente y de los consejeros de la Comisión Nacional 
del Juego.
6. Instruir el expediente de cese de los miembros de la Comisión Nacional del Juego al 
que se refiere el artículo 29. f) de esta Ley.
7. Cuantas otras se establezcan en esta Ley.
CAPÍTULO II
La Comisión Nacional del Juego
Artículo 20.  Objeto y naturaleza jurídica.
(Derogado)
Artículo 21.  Funciones.
Son funciones de la Comisión Nacional del Juego, las siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1. Desarrollar la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos 
esporádicos cuando así se determine en la Orden Ministerial que las apruebe.
2. Proponer al titular del Ministerio de Economía y Hacienda los pliegos de bases de los 
procedimientos a los que se refiere el artículo 10.1 de esta Ley y conceder los títulos 
habilitantes necesarios para la práctica de las actividades reguladas objeto de esta Ley.
3. Informar, con carácter preceptivo, la autorización de las actividades de lotería sujetas 
a reserva.
4. Dictar instrucciones de carácter general a los operadores de juego.
5. Establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los 
estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad, y los procesos, 
procedimientos, planes de recuperación de desastres, planes de continuidad del negocio y 
seguridad de la información, de acuerdo con las previsiones contenidas en los reglamentos 
correspondientes y los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.
6. Homologar el software y los sistemas técnicos, informáticos o telemáticos precisos 
para la realización de los juegos, así como los estándares de los mismos, incluyendo los 
mecanismos o sistemas que permitan la identificación de los participantes en los juegos. En 
el ejercicio de esta función, la Comisión Nacional del Juego velará por evitar cualquier 
obstáculo injustificado a la competencia en el mercado.
7. Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas 
con los juegos, en especial las relativas a las actividades de juego reservadas a 
determinados operadores en virtud de esta Ley, sin perjuicio de las facultades atribuidas a 
las autoridades de defensa de la competencia.
8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya 
desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier 
proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación 
audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o de 
comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad y redes publicitarias, información 
relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que 
carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.
9. Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean 
protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los 
regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado.
10. Establecer los cauces apropiados para proporcionar al participante una información 
precisa y adecuada sobre las actividades de juego y procedimientos eficaces de 
reclamación.
11. Resolver las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes contra 
los operadores.
12. Gestionar los registros previstos en esta Ley.
13. Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así 
como sobre su incidencia o impacto en la sociedad.
14. Colaborar en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo y vigilar el cumplimiento de la misma, sin 
perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en relación con los 
operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva de actividad por la Ley.
15. (Derogado)
16. (Derogado)
17. Cualquier otra competencia de carácter público y las potestades administrativas que 
en materia de juegos actualmente ostenta la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos, con la salvedad de las funciones policiales que correspondan a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de las facultades atribuidas a las autoridades 
de defensa de la competencia.
18. Cualquier otra función que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.
Artículo 22.  Los Registros del sector del juego.
1. La Comisión Nacional del Juego constituirá, bajo su dependencia y control, los 
siguientes Registros de ámbito estatal:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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a) El Registro General de Licencias de Juego, en el que se practicarán las inscripciones 
de carácter provisional de las empresas que participen en los procedimientos 
concurrenciales de licencias generales, así como las inscripciones de carácter definitivo de 
las entidades que hayan obtenido una licencia para desarrollar la actividad de juego.
b) El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, en el que se inscribirá la 
información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que les sea 
prohibida la participación en las actividades de juego en los casos en que sea necesaria la 
identificación para la participación en las mismas. Asimismo, se inscribirá la información 
relativa a aquellas otras personas que, por resolución judicial tengan prohibido el acceso al 
juego o se hallen incapacitadas legalmente. Los requisitos de carácter subjetivo preceptivos 
para la inscripción en este registro serán determinados por la Comisión Nacional del Juego. 
La información de este registro se facilitará a los operadores de juego con la finalidad de 
impedir el acceso al juego de las personas inscritas en el mismo.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para coordinar la comunicación de 
datos entre los Registros de Interdicción de Acceso al Juego de las distintas Comunidades 
Autónomas y el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
c) Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, en el que se inscribirán los 
datos de los accionistas, partícipes o titulares significativos de la propia empresa de juego, 
su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, 
así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en 
primer grado.
2. El tratamiento de los datos de carácter personal en los ficheros y registros a los que se 
refiere el apartado anterior, para los fines previstos en esta Ley, no requerirá del 
consentimiento de sus titulares.
Reglamentariamente se determinará el contenido concreto de los registros a los que se 
refiere el presente artículo. Los registros no incluirán más datos que los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas para los mismos en esta Ley.
El contenido de los registros referidos en el presente artículo no presenta carácter 
público, quedando limitada la comunicación de los datos contenidos en los mismos, única y 
exclusivamente, a las finalidades previstas en esta Ley.
3. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los registros 
del sector del juego. En este marco, la Comisión Nacional del Juego y los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar, mediante los oportunos 
convenios de colaboración, la interconexión de sus registros de juego y el intercambio de 
datos e información tributaria, con pleno respeto a la normativa reguladora de la protección 
de datos de carácter personal.
Artículo 23.  Competencia regulatoria.
1. La Comisión Nacional del Juego podrá dictar aquellas disposiciones que exijan el 
desarrollo y ejecución de las normas contenidas en esta Ley, en los Reales Decretos 
aprobados por el Gobierno o en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, 
siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Estas disposiciones 
se elaborarán por la propia Comisión Nacional del Juego, previos los informes técnicos y 
jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma, y la consulta, en su caso, a 
las Comunidades Autónomas. Tales disposiciones serán aprobadas por el Consejo de la 
Comisión Nacional del Juego y no surtirán efectos hasta su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 2 
del Código Civil.
2. Cuando se dicten disposiciones que puedan incidir significativamente en las 
condiciones de competencia de los operadores de juego, la Comisión Nacional del Juego 
estará obligada a solicitar informe previo al órgano competente en materia de defensa de la 
competencia.
3. Las disposiciones o resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en el 
ejercicio de las potestades administrativas que se le confieren en esta Ley pondrán fin a la 
vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción.
Artículo 24.  Inspección y Control.
1. Al objeto de garantizar lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que la 
complementen, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la auditoría, vigilancia, 
inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, 
procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al 
desarrollo de las actividades previstas en esta Ley.
Asimismo, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la investigación y 
persecución de los juegos ilegales, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 
45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. La Comisión Nacional del Juego establecerá los procedimientos 
necesarios en orden al cumplimiento de las funciones antes citadas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12.1.A), letra d), de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia 
e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. Si como resultado de la 
actividad inspectora llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 
ejercicio de las funciones de colaboración con la Comisión Nacional del Juego se 
comprobara la existencia de indicios de la comisión de una infracción, se levantará la 
oportuna acta que será enviada a los órganos competentes para iniciar el procedimiento 
sancionador.
2. Por la Comisión Nacional del Juego se establecerán los procedimientos adicionales 
para el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de juego sujetas a 
reserva en virtud de una ley y del cumplimiento de las condiciones que se establezcan a los 
mismos, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el supuesto de que, en el ejercicio de 
su labor inspectora, la Comisión Nacional del Juego apreciara posibles infracciones de las 
obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, informará a la Secretaría de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 
48.1 de la citada Ley.
3. La Comisión Nacional del Juego podrá efectuar un control sobre la cuenta de usuario 
del participante en las actividades de juego objeto de esta Ley, así como de los operadores o 
proveedores de servicios de juego. La Comisión Nacional del Juego tendrá acceso a los 
datos de carácter personal recogidos en la cuenta de usuario de los participantes, 
respetando en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.
Las Administraciones Públicas darán acceso a la Comisión Nacional del Juego a sus 
bases de datos con la finalidad de comprobar la identidad del participante y, especialmente, 
su condición de mayor de edad.
4. Los operadores habilitados, sus representantes legales y el personal que en su caso 
se encuentre al frente de las actividades en el momento de la inspección, tendrán la 
obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus 
diversas dependencias, así como el examen de los soportes técnicos e informáticos, libros, 
registros y documentos que solicite la inspección. El resultado de la inspección se hará 
constar en acta que tendrá la naturaleza de documento público y hará prueba, salvo que se 
acredite lo contrario, de los hechos y circunstancias que la motiven.
El acta deberá ser firmada por el funcionario que la extienda y por la persona o 
representante de la entidad fiscalizada, quien podrá hacer constar cuantas observaciones 
estime convenientes. Se entregará copia del acta a la persona o representante de la entidad 
fiscalizada, dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarla o a estar presente en 
el desarrollo de la inspección.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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En el ejercicio de las funciones de inspección el personal de la Comisión Nacional del 
Juego tendrá la condición de autoridad. El ejercicio de las facultades de inspección y control 
podrá ser objeto de convenio con las Comunidades Autónomas respecto de las actividades y 
de los medios o instrumentos situados en su territorio, con excepción de las de carácter 
resolutorio.
La Comisión Nacional del Juego colaborará con otros organismos reguladores del 
Espacio Económico Europeo en la persecución del juego ilegal, mediante la adopción de 
medidas coordinadas para obtener la cesación en la prestación de servicios ilegales de 
juego y el intercambio de información.
5. La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que 
coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en particular en lo 
referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la 
medida en que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de 
autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el 
cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos 
de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol 
previo de los contenidos publicitarios y deberán establecer sistemas eficaces de resolución 
extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa 
comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo 
previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria 
de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier 
disposición equivalente.
Artículo 25.  Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego.
(Derogado)
Artículo 26.  El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la 
Comisión Nacional del Juego.
(Derogado)
Artículo 27.  El Presidente de la Comisión Nacional del Juego.
(Derogado)
Artículo 28.  Funciones de los miembros del Consejo.
(Derogado)
Artículo 29.  Causas de cese en el ejercicio del cargo.
(Derogado)
Artículo 30.  Régimen de contratación.
(Derogado)
Artículo 31.  Régimen de personal.
(Derogado)
Artículo 32.  Régimen Presupuestario y de Control.
(Derogado)
Artículo 33.  Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego.
(Derogado)BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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CAPÍTULO III
El Consejo de Políticas del Juego
Artículo 34.  El Consejo de Políticas del Juego.
1. El Consejo de Políticas del Juego será el órgano de participación y coordinación de las 
Comunidades Autónomas y el Estado en materia de juego.
2. (Derogado)
3. El Consejo de Políticas del Juego estará integrado por los consejeros que 
desempeñen las responsabilidades en materia de juego de todas las Comunidades y 
Ciudades Autónomas y por un número paritario de representantes de la Administración 
General del Estado. La presidencia del Consejo corresponderá al titular del Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Secretaría permanente al Ministerio de Economía y Hacienda. 
Tanto el Presidente como los demás miembros del Consejo de Políticas del Juego podrán 
delegar sus funciones, asistencia y voto.
4. El Consejo de Políticas del Juego elaborará un reglamento de funcionamiento que 
determinará el régimen de convocatorias y de aprobación de acuerdos del mismo. Este 
reglamento de funcionamiento del Consejo de Políticas del Juego será aprobado por 
mayoría absoluta de sus miembros.
5. En particular, las Comunidades Autónomas y el Estado, mediante el Consejo de 
Políticas del Juego, promoverán las actuaciones pertinentes, incluyendo la posibilidad de 
formular propuestas normativas de acuerdo con las respectivas competencias, para 
favorecer la convergencia del régimen jurídico y fiscal, así como la regulación en materia de 
publicidad, patrocinio y promoción aplicable a cualquier modalidad de juego, tipo de juego y 
operador en todo el territorio nacional.
Artículo 35.  Competencias.
El Consejo de Políticas del Juego entenderá de las siguientes materias:
a) Normativa básica de los diferentes juegos.
b) Desarrollo de la regulación básica de los juegos y de las bases generales de los 
juegos esporádicos.
c) Criterios para el otorgamiento de licencias.
d) Definición de los requisitos de los sistemas técnicos de juego y su homologación.
e) Principios para el reconocimiento de las certificaciones y homologaciones de licencias 
otorgadas por los órganos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de 
juego.
f) Coordinación de la normativa sobre las medidas de protección a los menores y 
personas dependientes.
g) Estudio de medidas a proponer al Estado y las Comunidades Autónomas que 
permitan avanzar en la equiparación del régimen jurídico aplicable, incluido el ámbito 
tributario, al juego realizado a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos y al juego presencial, así como a las actividades de publicidad y de patrocinio de 
dichas actividades, promoviendo las consultas a las asociaciones representativas del sector.
h) En general, todo aspecto de las actividades de juego que, dada su naturaleza, precise 
de una actuación coordinada del Estado y las Comunidades Autónomas.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 36.  Competencia.
1. La Comisión Nacional del Juego y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 
42.3 de esta Ley, el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, ejercerán la potestad BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego 
objeto de esta Ley.
2. En el caso de que la infracción sea realizada por una entidad sujeta a la vigilancia o 
inspección de un Organismo Regulador distinto a la Comisión Nacional del Juego o cuando 
por razón de la materia resultare competente otro órgano administrativo, la Comisión 
Nacional del Juego, a los efectos de la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador, dará traslado a aquél de los hechos supuestamente constitutivos de infracción. 
En todo caso, la Comisión Nacional del Juego será competente para sancionar por la 
comisión de las infracciones previstas en la letra e) del artículo 40 de esta Ley.
3. En particular, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de 
comunicación electrónica y de la sociedad de la información, los medios de comunicación, 
así como las agencias de publicidad y las redes publicitarias serán responsables 
administrativos de la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos a los que se refiere la 
presente Ley cuando quienes los realicen carezcan de título habilitante o cuando se difundan 
sin disponer de la autorización para publicitarlos o al margen de los límites fijados en la 
misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. No obstante, serán responsables 
de la infracción prevista en el artículo 40 d) las redes publicitarias que sirvan publicidad a 
prestadores de servicios de la sociedad de la información. La responsabilidad de los 
servicios de la sociedad de la información será subsidiaria de la de las agencias y redes 
publicitarias, siempre y cuando estas últimas sean adecuadamente identificadas por el 
servicio de la sociedad de la información, previo requerimiento de la autoridad encargada de 
la regulación del juego, y dispongan de un establecimiento permanente en España.
La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, aplicándose en estos casos el régimen sancionador previsto en la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción 
prevista en el apartado anterior, respecto de las infracciones del artículo 40, letra e).
4. Cuando la infracción sea cometida por una entidad intermediaria cuyo ámbito de 
actuación se limite al territorio de una Comunidad Autónoma o cuando la promoción, 
patrocinio y publicidad de los juegos a través de medios presenciales se realice en el 
territorio de una Comunidad Autónoma, será competente para ejercer la potestad 
sancionadora el órgano autonómico correspondiente.
Artículo 37.  Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley y 
que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desarrollen.
2. Las infracciones administrativas en esta materia se clasifican en muy graves, graves y 
leves.
Artículo 38.  Sujetos infractores.
1. Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley, les den soporte, publiciten, 
promocionen u obtengan beneficio de las mismas.
2. Se consideran también sujetos infractores y organizadores de juego a los efectos del 
presente artículo, exigiéndoseles idéntica responsabilidad, a las personas físicas o jurídicas 
que obtuvieran un beneficio relevante vinculado directamente al desarrollo de actividades de 
juego como consecuencia de las acciones u omisiones referidas en el apartado anterior.
Artículo 39.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ley careciendo del título habilitante correspondiente.
b) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización, 
celebración o explotación de las actividades objeto de esta Ley en medios o soportes o por 
canales de distribución no autorizados y, en particular, mediante el empleo de software, 
sistemas de comunicación, materiales o equipos no autorizados o no homologados.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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c) La cesión del título habilitante, así como su transmisión en los supuestos previstos en 
el artículo 9.3 de esta Ley, sin la previa autorización de la Comisión Nacional del Juego.
d) La obtención de las correspondientes autorizaciones o licencias mediante la 
aportación de documentos o datos falsos e inciertos.
e) El impago injustificado y reiterado de los premios que correspondieren a los 
participantes de los juegos.
f) La alteración o manipulación de los sistemas técnicos previamente homologados o de 
cualquier otro elemento relativo a la obtención de premios en perjuicio de los participantes.
g) La realización de actividades de juego infringiendo la reserva establecida en el artículo 
4 de esta Ley.
h) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años, con sanción definitiva 
en vía administrativa.
i) El desarrollo y la comercialización a través de Internet de actividades de juego en el 
ámbito de aplicación de esta Ley, que no sean realizadas en el sitio web específico bajo 
«.es» al que se refiere el artículo 10.4.d) de esta Ley.
j) El incumplimiento de la obligación de redireccionamiento referida en el artículo 10.4.e) 
de esta Ley.
Artículo 40.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de los requisitos y condiciones fijados en el título habilitante y, en 
particular, de los deberes de control para garantizar la seguridad de los juegos.
b) Permitir el acceso a la actividad de juego a las personas que lo tienen prohibido, de 
conformidad con el artículo 6 de esta Ley, siempre que la entidad explotadora de juegos 
conozca o deba conocer la concurrencia de tales prohibiciones.
c) La concesión de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes 
por parte de los operadores.
d) Efectuar la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos objeto de esta Ley, o 
actuaciones de intermediación, cuando quienes lo realicen carezcan de título habilitante o se 
difundan con infracción de las condiciones y límites fijados en el mismo o infringiendo las 
normas vigentes en esta materia, cualquiera que sea el medio que se utilice para ello.
e) El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de prestación de 
servicios dictados por la autoridad encargada de la regulación del juego que se dirijan a los 
proveedores de servicios de pago, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, 
prestadores de servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, 
medios de comunicación social, agencias de publicidad y redes publicitarias.
f) La obstrucción, resistencia o excusa a la función de inspección y control así como la 
ocultación o destrucción de la información, documentos o soportes de la misma.
g) La negativa reiterada de los operadores u organizadores a facilitar la información que 
le sea requerida por la Comisión Nacional del Juego.
h) La negativa reiterada a atender las reclamaciones o quejas formuladas por los 
participantes o la Comisión Nacional del Juego.
i) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación de aquellas modificaciones 
efectuadas en la composición, sede, capital y titularidad de las acciones o participaciones de 
las personas jurídicas habilitadas, en el plazo de tres meses desde que se hubieran 
realizado.
j) El incumplimiento de los requisitos técnicos de los reglamentos o del pliego de bases 
relativos al software y a los sistemas de comunicación.
k) La utilización de sistemas técnicos no homologados o no autorizados.
l) La fabricación, comercialización, mantenimiento o distribución de material de juego 
propiedad de los operadores que desarrollen actividades de juego objeto de reserva en el 
artículo 4 de esta Ley sin la debida autorización.
m) El impago de los premios que correspondieren a los participantes en los juegos.
n) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años, con sanción definitiva 
en vía administrativa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 41.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) La participación en actividades de juego, contraviniendo las prohibiciones establecidas 
en el artículo 6.2, letras c), d), e), f), g) y h), de esta Ley.
b) Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en esta Ley, cuando no 
estuvieren expresamente tipificadas como infracciones graves o muy graves.
c) No colaborar con los inspectores o agentes de la autoridad en relación con el 
desarrollo de las actividades de juego o lo relacionado con la comprobación del sorteo o 
evento en cuya virtud se obtengan los premios.
d) No informar debidamente al público de la prohibición de participar a los menores de 
edad y a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
e) No informar al público sobre el contenido del título habilitante del operador de juego.
Artículo 42.  Sanciones administrativas.
1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas por la Comisión Nacional 
del Juego con:
a) Apercibimiento por escrito.
b) Multa de hasta cien mil euros.
2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas por la Comisión Nacional 
del Juego con las siguientes sanciones:
a) Multa de cien mil a un millón de euros.
b) Suspensión de la actividad en España por un plazo máximo de seis meses.
3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas por el titular del 
Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, con 
multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la 
pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas 
en el artículo 1 de esta Ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los 
medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las 
actividades de juego.
4. La Comisión Nacional del Juego en aquellos supuestos en los que el infractor 
careciera de título habilitante o éste le hubiere sido revocado, podrá acordar adicionalmente 
el comiso y la destrucción de cualquier elemento relativo al desarrollo de la actividad.
5. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos 
personales afectados, al volumen de las transacciones efectuadas, a los beneficios 
obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a 
las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea 
relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la 
concreta actuación infractora.
6. Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano 
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de 
infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la 
considerada en el caso de que se trate.
Artículo 43.  Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años 
y las leves al año.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. En los casos de infracción continuada, se computará 
desde el día en que se realizó la última infracción. Dicho plazo se interrumpirá por la 
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de tres 
meses por causa no imputable el presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquél 
en que resulte firme la resolución por la que se impone la sanción. Se interrumpirá la 
prescripción de las sanciones por la iniciación del procedimiento de ejecución, con 
conocimiento del interesado, volviendo a transcurrir dicho plazo si aquél estuviere paralizado 
durante más de tres meses por causa no imputable al infractor.
Artículo 44.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Comisión Nacional del Juego, 
por propia iniciativa, por acta motivada de la Inspección, por petición razonada de otros 
órganos o por denuncia.
2. El procedimiento sancionador, que se resolverá en el plazo de seis meses a contar 
desde la fecha del acuerdo de inicio, se ajustará a lo previsto en la presente Ley y su 
desarrollo reglamentario, siendo de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en la Administración General 
del Estado.
Artículo 45.  Régimen de recursos.
Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en los expedientes 
sancionadores pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser recurridas potestativamente 
en reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 46.  Medidas cautelares.
1. Durante la sustanciación del procedimiento o en el propio acuerdo de inicio, la 
Comisión Nacional del Juego podrá acordar alguna o algunas de las siguientes medidas 
provisionales:
a) Suspensión temporal de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.
b) Decomiso o precinto, en su caso, si los hubiere, de cualquier bien o documentación 
relativa al desarrollo de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.
2. Mediante acuerdo motivado la Comisión Nacional del Juego podrá, antes de la 
iniciación del procedimiento sancionador, tomar alguna de las medidas de carácter 
provisional señaladas en el apartado anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
72.2 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que resulten 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del 
procedimiento o las exigencias de los intereses generales y, en general, las demás que 
pudieren declararse en otros órdenes.
3. Los funcionarios de inspección y control de la Comisión Nacional del Juego, en el 
momento de levantar el acta correspondiente, debidamente comisionados y autorizados, 
podrán adoptar las medidas cautelares a que se refiere el apartado anterior, así como 
proceder al precintado y depósito de cualquiera de los elementos, equipos, bienes y 
documentación relativos a la actividad objeto de esta Ley. Esta medida cautelar deberá ser 
confirmada o levantada por el órgano a quien compete la apertura del expediente 
sancionador, en los términos, plazos y efectos que se establecen en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 47.  Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación.
1. La Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las competencias establecidas en 
esta Ley evitará el ejercicio de actividades de juego ilegal realizadas por operadores de 
juego a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. La Comisión Nacional del Juego podrá adoptar medidas cautelares o definitivas para 
que se interrumpan las actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juegos 
mediante servicios de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que 
constituyan actividades de juego realizadas sin el título habilitante correspondiente.
3. Si la ejecución de una Resolución por la que se adopte la interrupción de actividades 
de juego ilegal realizadas por operadores de juegos mediante servicios de la sociedad de la 
información o la retirada de determinados contenidos o promoción de actividades 
relacionadas con la actividad del juego ilegal exigiera la colaboración de los prestadores de 
servicios de intermediación, la Comisión Nacional del Juego podrá ordenar a los citados 
prestadores que suspendan el servicio de intermediación o retiren los contenidos en los 
términos previstos en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
4. Las medidas a las que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y 
no discriminatorias y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones 
sancionadoras que correspondan.
TÍTULO VII
Régimen Fiscal
Artículo 48.  Impuesto sobre actividades de juego.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de los juegos, 
rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal, reguladas en el apartado 1 del 
artículo 2, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, 
asimismo, de ámbito estatal, pese a la exclusión del concepto de juego, reguladas en la letra 
c) del apartado 2 del mismo artículo, sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y 
Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, 
respectivamente y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales que hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno.
2. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos al impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, con 
independencia del operador, público o privado, que los organice o celebre.
En todo caso, quedarán sujetos al impuesto cualesquiera otros juegos distintos de la 
lotería de ámbito estatal que sean organizados o celebrados por los operadores a que se 
refiere el párrafo anterior.
3. Devengo.
El devengo del impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización. 
Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a 
periodos temporales, el devengo se producirá el primer día de cada año natural, salvo el año 
en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se producirá en la fecha de su 
autorización.
4. Sujetos pasivos a título de contribuyentes.
Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas o las 
entidades recogidas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por este 
impuesto.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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5. Responsables.
Serán responsables solidarios del pago del impuesto, con carácter general, quienes 
ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con residencia fiscal en 
España, así como quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego, en ambos casos 
con independencia del territorio desde el que actúe el operador de juego, siempre que no 
hubieran constatado que los operadores celebran u organizan dichas actividades de juego 
con los necesarios títulos habilitantes. También serán responsables solidarios, si no 
constatan la existencia de los mencionados títulos habilitantes, los dueños o empresarios de 
infraestructuras y los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando 
debieran razonablemente presumir que dichas infraestructuras o servicios se utilizan o sirven 
específicamente para la celebración de actividades de juego reguladas en esta Ley.
Para evitar incurrir en la responsabilidad regulada en este apartado, cualquier persona o 
entidad podrá constatar a través de la página web de la Comisión Nacional del Juego la 
información necesaria para saber si una actividad cuenta con los títulos habilitantes 
necesarios para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de esta Ley y 
demás normativa aplicable.
6. Base imponible.
La base imponible podrá estar constituida, según cada tipo de juego, por:
a) Los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se 
dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda 
obtener, directamente derivado de su organización o celebración.
b) Los ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen 
a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los 
que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que, 
simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base 
imponible se integrará por las comisiones, así como por cualesquiera cantidades por 
servicios relacionados con las actividades de juego, cualquiera que sea su denominación, 
pagadas por los jugadores al sujeto pasivo.
En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la base 
imponible será el importe total del valor de mercado de los premios ofrecidos o ventajas 
concedidas a los participantes.
En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación 
adicional, se considerará que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el 
importe de la tarifación adicional, excluido el impuesto indirecto correspondiente. Se 
considerará que la tarifación adicional es el importe de la cantidad dedicada a la 
participación en el juego, excluido el coste de la llamada determinado de acuerdo al valor de 
mercado, cuando resulte de aplicación lo previsto en el artículo 16 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, sin que se consideren a estos efectos los impuestos indirectos que recaigan sobre 
las operaciones.
7. Tipo de gravamen.
1. Los tipos aplicables serán:
1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real 
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y 
premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la 
letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y 
de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 20 por ciento sobre la 
base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este 
artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 5 por ciento de 
la misma base imponible.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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4.º Concursos y otros juegos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del 
apartado 6 de este artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por ciento sobre 
la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.
2. Los tipos relativos a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente 
radicadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla serán:
1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real 
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y 
premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la 
letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y 
de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 10 por ciento sobre la 
base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este 
artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 2,5 por ciento de 
la misma base imponible.
4.º Concursos y otros juegos: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del 
apartado 6 de este artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 5 por ciento sobre 
la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.
3. Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por 
operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este impuesto 
con residencia fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, incremento que se aplicará, 
exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente a la 
participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio de la Comunidad Autónoma 
que eleve los tipos.
8. Liquidación.
En los supuestos de autorización, celebración u organización que alcancen a periodos 
temporales, los obligados tributarios deberán efectuar la declaración y autoliquidar el 
impuesto. En particular, cuando se trate de actividades anuales o plurianuales, se deberá 
efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto trimestralmente, en el plazo del mes 
siguiente al del final de cada trimestre.
En otro caso, el impuesto será objeto de liquidación administrativa. No obstante, en los 
supuestos de devengo con la celebración u organización de la actividad de que se trate, el 
obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración su voluntad de llevarla 
a efecto, para la práctica de una liquidación provisional en función de los ingresos estimados 
susceptibles de obtención y que tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva 
que se practique, una vez acreditado el importe definitivo de los ingresos obtenidos en el 
plazo de veinte días a partir de la finalización de la actividad. Esa obligación será igualmente 
exigible cuando no sea posible la liquidación definitiva en los supuestos de autorización.
El titular del Ministerio de Economía y Hacienda determinará, reglamentariamente, el 
lugar, forma, plazos e impresos para la autoliquidación y el pago de la deuda tributaria, así 
como los supuestos en que deba realizarse de forma telemática.
9. Gestión.
La gestión, recaudación, liquidación e inspección del impuesto corresponderá a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de 
Autonomía de las Comunidades Autónomas y las leyes en materia de cesión de tributos que, 
en su caso, se aprueben.
10. Modificación en la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos podrá modificar la base imponible y los tipos de gravamen del 
impuesto.
11. Distribución de la recaudación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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La recaudación obtenida por el gravamen, correspondiente a los ingresos por el juego de 
los residentes en cada Comunidad, de las actividades que se hayan efectuado mediante 
sistemas de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, regulados en el artículo 3.h) de 
esta Ley se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades 
jugadas por los residentes de cada Comunidad Autónoma.
Corresponderá exclusivamente al Estado lo recaudado por el gravamen sobre las 
apuestas mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales, incluso si se 
efectúan mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
La recaudación obtenida por las apuestas deportivo-benéficas en el supuesto 
contemplado en el apartado 7.1 de este artículo, se afecta a las obligaciones establecidas en 
los apartados b), c) y d) del artículo 1 del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que 
se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado, 
aplicándose al presupuesto de ingresos del Estado. A estos efectos, tendrán la 
consideración de apuestas mutuas deportivo-benéficas las apuestas mutuas deportivas que 
se comercializaban por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado hasta 
el momento de la constitución efectiva de la Sociedad Estatal del mismo nombre.
En el presupuesto de gastos del Estado y del Consejo Superior de Deportes se 
consignarán los correspondientes créditos para atender al pago de las obligaciones a que se 
refiere el párrafo anterior y de las obligaciones a que se refiere la Disposición adicional sexta 
de esta Ley.
La atribución de ingresos a cada Comunidad Autónoma se determinará en función de la 
residencia de los jugadores en su ámbito territorial, correspondiéndole, en exclusiva, el 
incremento de recaudación derivado de la aplicación a tales residentes de lo previsto en el 
último párrafo del apartado 7 de este artículo.
El importe de la recaudación se pondrá trimestralmente a disposición de las 
Comunidades Autónomas mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se 
determinará reglamentariamente.
Artículo 49.  Tasa por la gestión administrativa del juego.
1. Fuentes normativas.
La tasa por la gestión administrativa del juego se regirá por la presente Ley y por las 
demás fuentes normativas establecidas por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos.
2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La emisión de certificaciones registrales.
b) La emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de sistemas de 
juego.
c) Las inscripciones en el Registro General de Licencias de Juego establecido en esta 
Ley.
d) La solicitud de licencias y autorizaciones.
e) Las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que vengan establecidas, con 
carácter obligatorio, en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal.
f) Las actuaciones regulatorias realizadas por la Comisión Nacional del Juego sobre las 
actividades de juego desarrolladas por los operadores habilitados y sujetas a la supervisión 
de esta entidad, destinadas a sufragar los gastos que se generen por la citada Comisión.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa:
En el supuesto de la letra f) del apartado anterior, los operadores, organizadores y 
quienes celebren actividades de juego, en los términos previstos en esta Ley.
En los restantes supuestos del apartado anterior, según los casos, la persona que 
solicite la correspondiente certificación registral, dictamen técnico de evaluación, inscripción BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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en el Registro y tramitación de licencias o autorizaciones, así como a quien sea objeto de las 
actuaciones inspectoras o de comprobación técnica.
4. Devengo.
La tasa se devengará:
En el supuesto de la letra f) del apartado 2 de este artículo, el 31 de diciembre de cada 
año. No obstante, si por causa imputable al sujeto pasivo este perdiera la habilitación para 
actuar como operador en fecha anterior, la tasa se devengará en el día en que tal 
circunstancia se produzca.
En los restantes supuestos del apartado 2 de este artículo, con la solicitud de los 
correspondientes servicios o actividades y, en el caso de la letra e), con la comunicación de 
las actuaciones inspectoras o de comprobación a que se refiere.
5. Cuantías.
Las cuantías de la tasa serán, para cada supuesto previsto en las distintas letras del 
apartado 2 de este artículo, las siguientes:
a) 20 euros.
b) 38.000 euros.
c) 2.500 euros.
d) por cada licencia 10.000 y por cada autorización 100 euros.
e) 5.000 euros.
f) 0,75 por mil de los ingresos brutos de explotación.
Las cuantías fijadas en los casos de las letras b) y e) tendrán carácter de mínimas.
Por norma reglamentaria se podrán especificar las cuantías exigibles en función del 
número de horas y personal necesario para la prestación del servicio o actividad.
En relación con la letra f) anterior, se entiende por ingresos brutos de explotación del 
operador el importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego; en el 
caso de apuestas cruzadas el importe de lo ganado por los jugadores que participen.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer, en su caso anualmente, 
el porcentaje a aplicar sobre los ingresos brutos de explotación que obtenga el operador, 
tomando en consideración la relación entre los ingresos del cobro de la tasa y los gastos 
ocasionados por el funcionamiento de la Comisión Nacional del Juego.
Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio entre los ingresos por la tasa y los 
gastos derivados de la citada actividad realizada por el regulador.
No obstante, en caso de ser reducido el porcentaje en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado al límite del 0,75 por mil del ingreso bruto, el superávit entre ingresos obtenidos y 
gastos, si lo hubiera, se ingresará por la Comisión Nacional del Juego en el Tesoro Público, 
en los plazos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, teniendo en cuenta sus 
necesidades de financiación.
6. Modificación en la Ley de Presupuestos.
Las cuantías establecidas en el apartado 5 podrán ser modificadas en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada año.
7. Liquidación y pago.
La tasa se liquidará por el procedimiento que se apruebe en norma reglamentaria dictada 
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
8. Afectación.
El rendimiento de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por 
la Comisión Nacional del Juego o, en su caso, en el Tesoro Público, en la forma que 
reglamentariamente se determine.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Disposición adicional primera.  Reserva de la actividad del juego de Loterías.
Uno. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) son los operadores designados para la comercialización de los 
juegos de loterías regulados en esta Ley.
Dos. Las autorizaciones en virtud de las cuales la ONCE y la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado desarrollan las actividades de juego en la modalidad de loterías se 
inscribirán en una sección especial del Registro General de Licencias de Juego a efectos de 
mera publicidad.
Tres. Excepcionalmente, el titular del Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar 
la gestión y comercialización de juegos de lotería, siempre que se desarrollen por entidades 
sin fines lucrativos con finalidad benéfica, tengan carácter esporádico y, en aras a garantizar 
la seguridad en los procesos y la colaboración con el Estado, acrediten que cumplen con los 
requisitos que, en su caso, reglamentariamente se establezcan.
Cuatro. Los juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y 
la ONCE se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo 
soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo, directamente o a 
través de cualquier establecimiento de su red comercial externa.
Los juegos de loterías gestionados por las entidades a las que se refiere el párrafo 
anterior no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el Título 
III de esta Ley.
Cinco. La apertura de establecimientos accesibles al público por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado y por la ONCE que se destinen a la comercialización de los 
juegos que gestionan estas entidades hasta la entrada en vigor de esta Ley y de los juegos 
sujetos al régimen de reserva, no requerirá autorización de las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional segunda.  Régimen jurídico específico aplicable a la ONCE en 
materia de juego.
Uno. El régimen jurídico de la ONCE en materia de juego viene determinado por las 
disposiciones de esta Ley que específicamente resulten de aplicación en su condición de 
operador designado para la realización de actividades de lotería objeto de reserva, con las 
especificidades que se contienen en la presente Disposición.
Dos. La ONCE, por la singularidad de su naturaleza de Corporación de Derecho Público 
y de carácter social, y como operador de juego de reconocido prestigio sujeto a un estricto 
control público, seguirá rigiéndose, respecto de los juegos y modalidades autorizados en 
cada momento y enmarcados en la reserva de actividad del juego de lotería, por la 
Disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1986, desarrollada por el Acuerdo General entre el Gobierno de 
la Nación y la ONCE, así como por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de 
reordenación de la ONCE; por sus vigentes Estatutos; por la presente Disposición; por el 
Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre y demás normativa específica aplicable a 
dicha Organización o que pudiera aprobarse al efecto.
Los títulos por los que se autoriza a la ONCE a realizar actividades de juego no podrán 
cederse a terceros.
Tres. Con el fin de preservar el estricto control público de la actividad de juego de la 
ONCE, las competencias que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional del Juego y al titular 
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las actividades sujetas a reserva, 
serán ejercidas en relación con la ONCE por el Consejo del Protectorado, con la salvedad de 
las competencias que correspondan al Consejo de Ministros.
Disposición adicional tercera.  Apuestas Deportivas del Estado.
Uno. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá, a través del Consejo 
Superior de Deportes, las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de 
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas 
deportivas del Estado.
Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de asignación 
financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes a la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 38
previsión de recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego en relación con las 
apuestas mutuas deportivas de fútbol:
a) 49,95% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades 
Autónomas.
b) 45,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
c) 4,55% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no 
profesional.
Tres. Las cantidades libradas a los distintos beneficiarios del apartado dos tendrán la 
consideración de entregas a cuenta de la recaudación que finalmente se obtenga en cada 
ejercicio presupuestario por el Impuesto sobre Actividades del Juego.
Finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario, se procederá a realizar la 
liquidación definitiva de las entregas a cuenta efectuadas, según se indica a continuación:
Si el importe de las entregas a cuenta resultara de cuantía inferior a la recaudación 
efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades del Juego, se 
procederá a la tramitación de la correspondiente generación de crédito por la diferencia.
En el supuesto de que el importe de las entregas a cuenta sea de cuantía superior a la 
recaudación efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades 
del Juego, se procederá a descontar la diferencia de las entregas a cuenta a efectuar en el 
ejercicio.
Disposición adicional cuarta.  Participación de las Comunidades Autónomas en la 
aprobación de nuevas modalidades de juego.
La aprobación de las Ordenes Ministeriales que establezcan nuevas modalidades de 
juego, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación y pronunciamiento previo 
de órganos bilaterales autonómico-estatales, en los casos que así se prevea por los 
respectivos Estatutos de Autonomía.
Disposición adicional quinta.  Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Las referencias que en esta Ley se hacen a las Comunidades Autónomas incluirán, 
cuando proceda, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en relación con las 
competencias que en materia de juego tienen atribuidas.
Disposición adicional sexta.  Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas 
Deportivas e Hípicas.
Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación 
obtenida de las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y 
a las competiciones deportivas organizadas en España, en el caso de las Apuestas 
Deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España 
en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la Disposición 
Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el 
régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar 
los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad 
en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la 
propia organización de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria 
productiva.
Disposición Adicional Séptima.  Habilitación a los operadores de apuestas hípicas para 
participar en los fondos comunes de las sociedades organizadoras de carreras de caballos 
en España.
Reglamentariamente se regularán las condiciones bajo las cuales los titulares de licencia 
singular de apuestas hípicas podrán celebrar acuerdos con las sociedades organizadoras de 
carreras de caballos en España, debidamente habilitadas por la correspondiente Comunidad 
Autónoma, a fin de permitir a los participantes el juego en masa común, correspondiente a 
cada modalidad de apuesta y totalizado en los respectivos hipódromos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Disposición transitoria primera.  Ejercicio de competencias administrativas antes del inicio 
de actividades de la Comisión Nacional del Juego.
Las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serán ejercidas por la 
Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, incluyendo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se 
refiere el artículo 49 de esta Ley.
El rendimiento de las tasas mencionadas en el párrafo anterior se ingresará en el Tesoro 
Público con aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado.
El Registro de Prohibidos hasta ahora dependiente del Ministerio del Interior de 
conformidad con la Orden Ministerial de 9 de enero de 1979, será gestionado por la 
Dirección General de Ordenación del Juego hasta su integración en el Registro General de 
Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de 
Juego.
Disposición transitoria segunda.  Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado.
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado podrá seguir comercializando las 
modalidades y juegos que venía realizando hasta la entrada en vigor de esta Ley, de 
acuerdo con la normativa, las habilitaciones y el régimen de explotación de puntos de venta 
presencial que se le venían aplicando hasta la entrada en vigor de esta Ley.
En el plazo de un año, la Comisión Nacional del Juego transformará las habilitaciones de 
las que es titular la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado en relación con las 
apuestas deportivas e hípicas en una licencia general de apuestas, así como en las licencias 
singulares necesarias para la explotación de las mismas, en los mismos términos y con 
idéntico alcance a las habilitaciones que regían hasta la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley.
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado no podrá obtener licencias 
singulares distintas a las referidas en el párrafo anterior hasta que no se hubieran concedido 
a otros operadores licencias generales de la modalidad de juego correspondiente.
Disposición transitoria tercera.  Normativa de los juegos.
La regulación aplicable a los distintos juegos continuará en vigor hasta que sea 
modificada por los órganos competentes.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio para los puntos de venta y 
delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
A los puntos de venta de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado y sus delegaciones comerciales que, en virtud de la Disposición adicional trigésima 
cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010, no se hubieran acogido al régimen de Derecho Privado en el plazo establecido en 
el apartado segundo de la citada Disposición, les será de aplicación la correspondiente 
normativa administrativa hasta la extinción de los mismos por concurrir los supuestos 
previstos en la citada disposición.
Téngase en cuenta que la referencia hecha a la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el 2010, deberá entenderse hecha a la disposición 
adicional septuagésima séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012.
Disposición transitoria cuarta bis.  Régimen sancionador aplicable a los puntos de venta 
en régimen administrativo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Uno.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1. El presente régimen de infracciones y sanciones administrativas se aplicará a los 
puntos de venta que se encuentren acogidos al régimen de Derecho Administrativo.
2. Son infracciones administrativas de los titulares de los puntos de venta de la red 
comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado las acciones u omisiones 
tipificadas en la presente disposición, que serán sancionables incluso a título de simple 
negligencia.
3. Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición podrán ser especificadas 
en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, en los términos previstos en el 
artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Serán sujetos infractores los titulares de los puntos de venta que realicen las acciones 
u omisiones tipificadas como infracciones en esta disposición. Asimismo también serán 
responsables de las acciones u omisiones tipificadas en esta disposición cuando sean 
realizadas por sus empleados o colaboradores.
Dos.
La competencia para ejercer la potestad sancionadora regulada en esta disposición 
corresponde al Director General de Ordenación del Juego.
Tres.
1. El procedimiento sancionador se ajustará a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio 
de las normas específicas establecidas en la presente disposición.
2. Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, la Dirección General de 
Ordenación del Juego podrá acordar, previa solicitud adecuadamente motivada de la 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, entre otras, alguna o algunas de las 
siguientes medidas provisionales:
Cierre temporal del punto de venta.
Desconexión, precinto o retirada, en su caso, de cualquier bien o documentación relativa 
al desarrollo de la actividad de punto de venta, incluyendo a título enunciativo los equipos o 
aparatos informáticos, importes en efectivo, décimos o resguardos pagados y la Lotería 
Nacional u otros títulos al portador gestionados en el punto de venta.
3. Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser acordadas, conforme a lo 
establecido en el mismo, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, en las 
condiciones establecidas en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
4. Adoptada, en su caso, alguna de las medidas establecidas en el apartado 2, la 
Dirección General de Ordenación del Juego acordará su ejecución, a cuyo efectos recabará 
la colaboración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, cuyo personal será 
acompañado por un funcionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
tendrá carácter de autoridad pública, a los efectos de diligenciar el correspondiente acta de 
actuaciones.
5. Ejecutada la medida, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado comunicará 
dicha circunstancia a la Dirección General de Ordenación del Juego.
Cuatro.
1. Las infracciones administrativas en las que pueden incurrir los titulares de los puntos 
de venta de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado se 
clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) La ausencia injustificada del titular, de forma reiterada, en el punto de venta.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) La falta de orden, de aseo o de conservación del establecimiento donde radique el 
punto de venta.
c) No exhibir en lugar visible del punto de venta el distintivo anunciador, elementos de la 
imagen corporativa, propaganda, publicidad, prospectos y demás elementos o documentos 
exigidos, o exhibirlos sin ajustarse a las normas o instrucciones especificas.
d) Faltar al debido respeto y consideración a los usuarios de los puntos de venta.
e) El incumplimiento de la normativa e instrucciones sobre gestión de puntos de venta, 
cuando no constituya infracción grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
a) La resistencia, desobediencia u obstrucción a la actuación de los servicios de 
inspección de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
b) Realizar reformas en el establecimiento donde radique el punto de venta sin la previa 
autorización, cuando impliquen modificación de las características que sirvieron de base 
para su adjudicación.
c) Desarrollar en el punto de venta cualquier otra actividad distinta de la prestación de los 
servicios de punto de venta y, en el caso de los establecimientos mixtos, cualquier otra 
actividad distinta de la actividad principal autorizada, salvo consentimiento previo y por 
escrito de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
d) Pérdida, deterioro o menoscabo de los bienes de la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado cedidos para uso de los titulares de los puntos de venta en el ejercicio 
de su actividad, así como destinarlos a un uso distinto a su función, salvo cuando se trate de 
equipos o aparatos informáticos.
e) Realizar actividades de promoción o publicidad por cualquier medio del punto de venta 
o de los juegos y apuestas contraviniendo la normativa o instrucciones específicas o sin la 
autorización de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
f) El pago indebido o el impago total o parcial de premios cuando no constituya infracción 
muy grave.
g) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en un plazo de dos 
años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de 
ellas.
h) El incumplimiento de las normas e instrucciones sobre gestión de puntos de venta o 
de las obligaciones impuestas en el título habilitante para el ejercicio de la actividad, cuando 
se cause perjuicio a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o a terceros.
4. Constituyen infracciones muy graves:
a) El pago indebido o el impago total o parcial de premios cuando se cause un perjuicio 
grave a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o a terceros.
b) La falta de ingreso en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado de las 
cantidades recaudadas por venta de juegos y apuestas.
c) La detracción de los fondos recibidos para pago de premios o su aplicación a usos 
ajenos a su función.
d) La cesión de comisiones por los titulares de los puntos de venta.
e) El abandono del ejercicio de la prestación de los servicios de punto de venta o, 
cuando proceda, de la actividad principal autorizada.
f) La transmisión de la titularidad del punto de venta sin la correspondiente autorización o 
la cesión de su uso por cualquier título.
g) El traslado del punto de venta o de los elementos informáticos del mismo sin la 
correspondiente autorización.
h) El suministro de información o documentación falsa a la Administración.
i) La venta de participaciones y de billetes de Lotería Nacional en forma distinta a la que 
están representados o puedan ser autorizados.
j) La pérdida, deterioro o menoscabo de los equipos o aparatos informáticos de la 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado cedidos para uso de los titulares de los 
puntos de venta en el ejercicio de su actividad, así como destinarlos a un uso distinto a su 
función.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 42
k) La no constitución de los avales, fianzas y demás garantías exigibles o su constitución 
sin sujeción a las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado.
l) El incumplimiento grave y reiterado de las normas e instrucciones sobre gestión de 
puntos de venta o de las obligaciones impuestas en el título habilitante para el ejercicio de la 
actividad, cuando se cause perjuicio a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o 
a terceros.
ll) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en un plazo de dos 
años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de 
ellas.
Cinco.
Las infracciones administrativas reguladas en la presente disposición serán sancionadas 
en la forma siguiente:
a) Por la comisión de infracciones leves se impondrá una o más de las siguientes 
sanciones: apercibimiento por escrito. Multa de hasta 600 euros.
b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá una o más de las siguientes 
sanciones:
I. Multa desde 601 euros hasta 6.000 euros.
II. Suspensión por un período máximo de tres meses del ejercicio de la actividad 
autorizada.
c) Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá una o más de las siguientes 
sanciones:
I. Multa desde 6.001 euros hasta 60.000 euros.
Il. Suspensión por un período máximo de seis meses del ejercicio de la actividad 
autorizada.
III. Revocación de la concesión o autorización del titular del punto de venta.
Seis.
Las sanciones reguladas en el apartado anterior se graduarán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:
a) La reiteración en la comisión de infracciones.
b) La intencionalidad del sujeto infractor.
c) La trascendencia económica, comercial y social de la infracción.
d) La reincidencia por la comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así 
haya sido declarado por resolución firme.
e) El perjuicio deparado a la imagen de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado.
Siete.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición prescribirán según lo 
dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ocho.
El régimen de recursos contra las resoluciones sancionadoras que se dicten en el marco 
de la presente disposición será el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Disposición transitoria quinta.  Primer mandato de los consejeros de la Comisión Nacional 
del Juego.
(Derogado)BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 43
Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio de la cesión del impuesto.
1. Las disposiciones de esta norma que supongan territorialización del rendimiento y 
competencias normativas o gestoras de las Comunidades Autónomas en este impuesto 
estatal solo serán aplicables cuando se produzcan los acuerdos en los marcos 
institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en 
nuestro ordenamiento y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y 
aplicación plena como tributo cedido.
2. En tanto no se produzcan las modificaciones del sistema de financiación señaladas en 
el apartado anterior, el Estado hará llegar a las Comunidades Autónomas, previos los 
acuerdos en los marcos institucionales competentes, el importe acordado con las 
Comunidades Autónomas, según lo establecido en el apartado 11 del artículo 48 de esta 
Ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, relativo a la revisión del fondo de suficiencia global.
El cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior se instrumentará por el mismo 
procedimiento que el indicado en el apartado 11 de artículo 48 de esta Ley.
Disposición transitoria séptima.  Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades 
Autónomas.
Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley surtirán efectos en los procedimientos para el 
otorgamiento de títulos habilitantes regulados en esta Ley en los términos recogidos en las 
convocatorias para el otorgamiento de licencias o cuando así lo establezca la Comisión 
Nacional del Juego.
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio del régimen sancionador.
El Título VI, Régimen sancionador, de esta Ley entrará en vigor en la fecha de 
publicación de la resolución del primer procedimiento para el otorgamiento de licencias al 
que se refiere el artículo 10 de esta Ley o el 30 de junio de 2012, si la citada resolución no se 
hubiera publicado con anterioridad a esa fecha.
Disposición transitoria novena.  Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el 
juego.
Los patrocinios deportivos de operadores de juegos y contratos de publicidad y 
promoción del juego que hubieran sido acordados en firme con anterioridad al 1 de enero de 
2011, podrán seguir desplegando sus efectos en los términos contractuales pactados, hasta 
la publicación de la resolución del primer procedimiento para el otorgamiento de licencias al 
que se refiere el artículo 10 de esta Ley o hasta el 30 de junio de 2012, si la citada resolución 
no se hubiera publicado con anterioridad a esa fecha.
Disposición derogatoria.  
1. Quedan derogadas todas aquellas normas que se opongan a lo preceptuado en esta 
Ley y cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo establecido en la misma.
2. Se derogan expresamente:
1. Real Decreto 28 de febrero de 1924 (Presidencia del Directorio Militar, Gaceta del 29 
de febrero).
2. Ley de 16 de julio de 1949, que establece las normas para la celebración de rifas.
3. Decreto 23 de marzo de 1956, aprueba la Instrucción General de Loterías.
4. Orden de 22 de marzo de 1960, por la que se regula con carácter provisional el 
procedimiento a que ha de ajustarse la solicitud de autorización para celebrar rifas y 
tómbolas.
5. Decreto 54/1964, de 16 de enero. Organiza el Servicio de Lotería Nacional.
6. Orden de 4 de noviembre de 1965. Nuevas Normas para el pago de premios de la 
Lotería Nacional.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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7. El punto quinto 3 del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el 
que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, 
Envite o Azar y Apuestas.
8. Disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la Ley 46/1985, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, con efectos desde la fecha de 
entrada en vigor del Título VI de esta Ley.
9. Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, por el que se establece la clasificación, 
provisión, funcionamiento, traslado y supresión de las Administraciones de Loterías.
10. Real Decreto 2695/1986, de 19 de diciembre, por el que se establece la composición 
del Consejo Rector de Apuestas Deportivas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado.
11. Ley 34/1987, Potestad Sancionadora de la Administración Pública en materia de 
juegos de suerte, envite o azar. No obstante, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
aplicarán esta Ley hasta la aprobación, dentro de su ámbito competencial, de la normativa 
correspondiente a esta materia.
12. Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre, por el que se regulan determinados 
aspectos administrativos y económicos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado.
13. El Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de 
la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
14. Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
15. Artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, que establece el Régimen sancionador de los titulares de 
los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado.
16. Orden HAC/430/2004, de 19 de febrero, sobre creación de sucursales de la Red 
Básica de Loterías y Apuestas del Estado.
17. Real Decreto 176/2005, de 18 de febrero, por el que se regula el Patronato para la 
provisión de administraciones de Lotería Nacional.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta Ley se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado previstas en 
la reglas 6.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª y 21.ª del apartado 1, del artículo 149 de la Constitución 
Española.
Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Gobierno de la Nación a adoptar, a propuesta del titular del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo e implementación de lo previsto en la 
misma.
Disposición final tercera.  Extinción de determinados Organismos Públicos.
Quedan extinguidos los siguientes organismos: el Patronato para la provisión de 
Administraciones de Lotería Nacional, el Consejo Rector de Apuestas Deportivas, ambos 
adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda, y la Comisión Nacional del Juego, 
actualmente adscrita al Ministerio del Interior.
Disposición final cuarta.  Actualización del importe de las sanciones.
La actualización de los importes relativos a las multas previstas en el artículo 42 de esta 
Ley, podrá llevarse a cabo mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda.
Disposición final quinta.  Modificación de las tasas sobre el juego.
1. El apartado 1.º del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el 
que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, 
envite o azar, quedará redactado de la siguiente forma:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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«1.º Constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de 
juegos de suerte, envite o azar, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las 
actividades de juego, establecido en la Ley 11/2011, de regulación del juego.»
2. El artículo 36 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Tasas Fiscales, quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 36.  Hecho imponible.
Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, salvo que estuvieran sujetas al 
Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley 11/2011, de 
regulación del juego.
Su exacción corresponderá al Estado cuando el ámbito territorial de participación 
sea estatal.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el cual 
quedará redactado en los siguientes términos:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad 
Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de 
Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Consorcio 
de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la 
Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la 
Comisión Nacional del Juego, se regirán por su legislación específica y 
supletoriamente por esta Ley.
El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales 
Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su 
caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.»
Disposición final séptima.  Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto 
General Indirecto Canario.
1. Se modifica el artículo 20.Uno.19.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedará redactado de la siguiente forma:
«19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y por los 
organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como las 
actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y 
combinaciones aleatorias.
La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de 
carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no 
constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los 
servicios de gestión del bingo.»
2. Se modifica el artículo 10.º1.19) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que quedará redactado de 
la siguiente forma:
«19) Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías 
y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los 
órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las 
actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y 
combinaciones aleatorias.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de 
carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no 
constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los 
servicios de gestión del bingo.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, quedando redactado de la siguiente forma:
«1. A los efectos de lo previsto en este Capítulo, tienen la consideración de 
Organismo Regulador las actuales Comisión Nacional de Energía, Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal y 
Comisión Nacional del Juego.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, quedando redactado de la siguiente forma:
«3. A los efectos de lo previsto en esta Ley, la Comisión Nacional de Energía y la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se relacionarán con el titular del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Comisión Nacional del Sector Postal 
se relacionará con el titular del Ministerio de Fomento; y la Comisión Nacional del 
Juego se relacionará con el titular del Ministerio de Economía y Hacienda.»
Disposición final novena.  Mantenimiento del régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas a los premios ya exentos en dicho impuesto en el momento 
de la entrada en vigor de la presente Ley.
Se añade una disposición adicional trigésima tercera a la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional trigésima tercera.  Mantenimiento del régimen fiscal 
aplicable con anterioridad a la aprobación de la Ley de regulación del juego.
En relación con los premios obtenidos en juegos distintos de las loterías, la 
exención prevista en el artículo 7 ñ) de esta Ley sólo resultará de aplicación respecto 
de los juegos que ya se venían comercializando por las entidades previstas en dicho 
artículo y en la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de 
febrero, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 11/2011, de regulación del 
juego, y estaban exentos con arreglo a la regulación de este Impuesto vigente en 
dicho momento.»
Disposición final décima.  Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.
1. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
de lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto 
Económico.
2. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo 
dispuesto en esta Ley se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
Disposición final undécima.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 27 de mayo de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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