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Martes, a 28 de abril de 2020
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DISPOSICIONES GENERALES DEL TERRIT ORIO HIST ÓRICO DE GIPUZK OA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
DIPUTADO GENERAL
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias relacionadas
con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de carácter técnico.
EL DIPUT ADO GENERAL DE GIPUZKOA
Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa  han aprobado y yo promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente «Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen
modificaciones tributarias relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras
modificaciones de carácter técnico», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas,
particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.
San Sebastián, a 24 de abril de 2020.—El diputado general, Markel  Olano Arrese .            (1918)
PREÁMBULO
En los últimos años se han aprobado diversas Directivas en el ámbito de la Unión Europea  que
inciden de forma directa en la regulación del ordenamiento tributario guipuzcoano. En las mismas
se recoge la obligación de los Estados miembros de trasponer lo previsto en ellas en el
ordenamiento interno en unos plazos concretos.
Teniendo en cuenta la capacidad de los Territorios Históricos de mante ner, establecer y regular ,
dentro de su territorio, su régimen tributario, prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma  del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002 de 23 de mayo, resulta necesario
proceder a dicha trasposición  en los términos indicados en las mencionadas Directivas.
Así, la Directiva  (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos  sujetos a comunicación de
información (cono cida como DAC 6), establece la obligación de comu nicación de determinados
mecanismos transfronterizos  de planificación fiscal potencialmente agresivos.
El deber de comun icación se establece con dos fines fundamentales. Por un lado, la obtención de
información con el objetivo de luchar contra la elusión y la evasión fiscal. Por otro, un fin
disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Desde esta
perspectiva, es necesario aclarar que la obligación de declara ción de un mecanismo
transfronterizo  no implica que dicho mecanismo sea defraudatorio  o elusivo, sino únicamente que
en él concurren determinadas circun stancias indiciarias de planificación fiscal que hacen activar la
obligación de declaración. Conviene precisar que la declaración de información y la falta de
reacción de la Administración  tributari a no implican la aceptac ión de la legalidad de los
mecanismos transfronterizos  declarados.
La trasposición  de dicha  directiva  se efectúa a través de la modificación de la Norma Foral  2/2005,
de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa , en la que se introducen dos
nuevas disposiciones adicionales, la decimoséptima y la decimoctava; la primera referida a la
obligación de información de determinados mecanismos de planifica ción fiscal y la segunda
referida a la obligación entre particulares derivada de la declarac ión de los mecanismos
transfronterizos  de planif icación fiscal. Dicha obligación de información vendrá desarrol lada por la
incorporación a nivel reglamentario de aquellos aspectos necesarios que deban ser determinados
para el correcto cumplimiento de la obligación de información.
La Directiva  (UE) 2016/1 164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionam iento del mercado interior ,
conocida como Directiva anti elusión fiscal o, por sus siglas en inglés, como ATAD, se enmarca
dentro de las medidas multilaterales que se han venido tomando en los años posteriores a la crisis
económica en el ámbito del impuesto sobre sociedades.
Algunas de las medidas incluidas en dicha directiva ya han sido incorporadas en la normativa
tributaria guipuzcoana en las últimas modificaciones efectuadas en la normativa del impuesto
sobre sociedades.  Ello no obstante , quedan otras medidas que deben ser incorporadas con la
mayor prontitud dada la fecha prevista para ello.
Entre ellas cabe mencionar la trasposición  de la imputación de rentas en el régimen de
transparencia fiscal internacional para el caso de las obtenidas por los establecimientos
permanentes en el extranjero de las entidades residentes en territorio español, y la inclusión en
dicha imputación  de determinadas rentas no incluidas en las modificaciones realizadas
anteriormente, tales como las derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de
actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.
Teniendo en cuenta la relación existente entre el régimen de transparencia fiscal internacional del
impuesto sobre sociedades y el del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuya
armonización es consustancial al mismo, resulta conveniente modificar en el mismo sentido,
mutatis  mutandis , el régimen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
También resulta necesario ajustar la modificación del régimen de «Exit Tax» o impuesto de salida,
para incorporar todos los supuestos previstos en la citada Directiv a ATAD en la normativa
guipuzcoana. En este caso se trata de incluir el traslado al extranjero de elementos patrimoniales
de una entidad, así como de un establecimiento permanente situado en territorio español con
motivo del traslado de su actividad.
Dicha modificación exige introducir en la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes el
supuesto indicado , de forma tal que esta última normativa recoja también para ese supuesto su
régimen de tributa ción, especialmente para aquellos casos en los que el traslado se produce entre
Estados miembros de la Unión Europea  o del Espacio Económico Europeo que hayan celebrado
un acuerdo con España o con la Unión Europea  sobre asistencia prevista en la Directiva
2010/24/UE de 16 de marzo.
Por su parte, el régimen de asimetrías híbridas comprende un doble plazo de transposición, según
la materi a concre ta; 31 de diciemb re de 2019 y 31 de diciembre de 2021, lo que, unido a su
complejidad, aconseja abordar aquella en un momento posterior .
Con incidencia también en el impuesto sobre la renta de no resid entes, resulta necesario
incorporar a su normativa lo previsto en la Directiva  (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre
de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea ,
armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando así la
seguridad jurídica.
En concreto, la Directiva  (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán denegar el
acceso al procedimiento de resoluc ión regulado en el artículo 6 de la misma cuando concurra la
imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado y negligenc ia grave. En este sentido,
se define qué se entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa interna aplicable a los
procedimientos amistosos en los términos que se desarrollen reglamentariamente.
Asimismo, se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la tramitación de
los procedimiento s amistosos respecto de los procedimientos judicia les y administrativos de
revisión, aquellos casos en los que hayan sido impugnadas las antedichas sanciones, y se elimina
la excepción relativa al devengo de intereses de demora.
Por último, la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del Impue sto sobre Sociedades del Territorio
Histórico de Gipuzkoa , incorpor a en su artículo 43, apartado 10, lo establecido en la Directiva  (UE)
2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva  2011/16/UE en lo que
respecta al intercambio automático  obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. La
Comisión Europea  ha manifestado que la transposición realizada no es completa, y que deben
efectuarse modific aciones. Es por ello que se procede a modificar el referido apartado para
recoger las observaciones realizadas sobre dicha regulación.
Además de la trasposición  de las mencionadas Directivas, la presente norma foral contiene otra
serie de modificaciones, mayoritari amente técnicas, que persiguen mejorar el entendimiento y
claridad del ordenamiento tributario , a la vez que una correcta aplicación del mismo en aras al
principio de seguridad jurídica.
Así, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se modifican los aspectos que se indican
a continuación.
Se incluy e la exención de las prestaciones por corresponsabilidad en el cuidado del lactante,
como consecuencia de la modificación del texto refundido de la Ley General  de la Seguridad
Social , aprobad o por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.      
En la determinación de los rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de
cualquier tipo de entidad, y para los casos de las cantidades percibidas  por la materialización de
derechos económi cos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades
o fondos de capita l riesgo, se aclara el requisito relativo a que el o la contribuyente ostente o haya
ostentado la condición de persona trabajadora o alta directiva en las sociedad gestora o sociedad
de capita l riesgo. La aclaración se refiere a que también se cumple el citado requisito cuando
siendo aplicable al o la contribuyente el régimen económico matrimonial o patrimonial de sociedad
de gananciales, uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho ostente o haya ostentado
la condición de persona trabajadora o alta directiva en las citadas sociedad gestora o sociedad de
capital riesgo. Esta aclaración también se introduce en la regulación del impuesto sobre
sociedades, en la medida en que afecta a la consideración de patrimonial de una sociedad.
En cuanto a la no integración de la ganancia o pérdida patrimonial por las transmisiones de
empresas o de acciones y participaciones en entidades a que se refieren los apartados uno a seis
del artículo 6 de la Norma Foral  2/2018, de 11 de junio, del Impuesto  sobre el Patrimonio, en favor
de una o varias de las personas trabajadoras que presten sus servicios en la empresa o entidad o
en entidades del grupo, se aclara que para el cumplimiento del requisito de cese de las funciones
de dirección del transmitente  es neces ario que éste deje de realizarlas, en todo caso, puesto que
esta ha sido la voluntad inicial del legislador desde la aprobación de la medida.
En la deducción por alquiler de vivienda habitual se aclara su aplicación en los supuestos en los
que, por decisión judicial, se hubiera establecido la obligación de pagar el alquiler de la vivienda
familiar a ambos contribuyentes, y los porcentajes y límites fueran distintos.
En la deducción por adquisición de vivienda habitual se aclara que el saldo del crédito fiscal por
adquisición de vivienda habitual también se ve afectado por las ganancias exentas procedentes de
la transmisión por personas con dependencia severa o gran depe ndencia, o por personas
mayores de 65 años.
En el impuesto sobre sociedades se modifica el régimen tributario de las Autoridades Portuarias, a
los efectos de su adaptación a la Decisión  de la Comisión Europea  de 8 de enero de 2019.
La Comisión Europea  ha analiz ado la tributación de las entidades encargadas de la gestión de los
puertos en los distintos Estados miembros de la Unión Europea  desde la perspec tiva del régimen
de ayudas de Estado establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea , y fruto de su análisis ha venido declarando que no es compatible con el mercado
interior el establecimiento de una exención para las entidades encargadas de la gestión de las
infraestructuras portuarias en la medida en que operan en un mercado y, por lo tanto, realizan
actividades económicas.
A los efectos de lograr dicha compatibilidad, se sustituye el régimen de exención que se establece
actualmente en el impuesto sobre sociedades por una deducción fiscal específica equivalente al
importe invertido en servicios e infraestructuras portuarias que no tengan la consideración de
actividades económicas.
Esta nueva deduc ción permitiría tomar en consideración las particularidades del régimen jurídico
de las Autoridades Portuarias respecto al correspondiente a los demás Estados miembros de la
Unión Europea , garantizando así que se respetan plenamente los principios de la imposición al
excluir de gravamen, por la vía de la deducción de la cuota, los gastos e inversiones que las
Autoridades Portu arias realizan en infraestructuras dedicadas al servicio  público de la sociedad en
general; es decir , a aquellas que no estén fundamentalmente destinados al servicio de las
actividades portu arias, y por lo tanto, también se pueden usar por la colectividad sin
contraprestación.
De esta manera se pone término, en lo que al Territorio Histórico de Gipuzkoa  se refiere, al
procedimiento de cooperación entre la Comisión Europea  y las Autoridades competentes del
Reino de España, previsto en el Reglamento (UE) 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio de 2015,
por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Ello no obstante, se incluye una disposición adicional en la presente norma foral para el supuesto
de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  determin e que el tratamiento fiscal previsto en
la normat iva del impuesto sobre sociedades para las Autoridades Portuarias con anterioridad a la
entrada en vigor de esta norma foral, no constituye una ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto
en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  o resulta  compatib le con el
mercado interior , debiendo la Administración  tributaria regularizar de oficio la situación tributaria de
los contribuyentes  a los que se haya aplicado lo dispuesto en esta norma foral en relación con los
período impositivos en los que haya resultado de aplicación.
Siguiendo con el impuesto sobre sociedades, y a los efectos de la consideración de sociedad
patrimonial, se aclara que se cump le la circunstancia de que al menos el 80 por 100 de los
ingresos procedan de determinadas fuentes de renta cuando la entida d no tenga ingresos. Así
mismo, se aclara que se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas las
plusvalías obtenid as por la transmis ión de participaciones cuando los ingresos obtenidos por la
entidad participada procedan, al menos en el 80 por 100, de la realización de actividades
económicas.
En la aplicación de la eliminación de la doble imposición de dividendos se excluye su no
integración en los supuestos en los que la distribución de dividen dos o participaciones de
beneficios generen un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora.
En el régimen de consolidación fiscal, y con relación a la compensación de bases imponibles
negativas, se aclara que las bases pendientes de compensar en el momento de su integración en
el grupo fiscal podrán ser compensa das en la base imponible del mismo, con el límite resultante
de aplicar el artículo 55 de la norma foral del impuesto sobre la base imponible individual de la
propia entidad. Dicho límite resultará también de aplicación para el caso de la pérdida del régimen
y de la extinción del grupo fiscal.
En el impuesto sobre el patrimonio se modifica la regulación de la exención aplicable a las
participaciones en el capital o patrimonio de entidades, para exten der a las participaciones
indirectas, en los mismos términos, la condición de que la entidad no tenga por actividad principal
la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Así mismo, se realizan diversas correcciones
técnicas en los textos en euskera  y castellano.               
En el impuesto sobre transmisiones  patrimoniales y actos jurídicos documentados se modifican
diversos aspectos de su regulación. Así, se eleva de rango normativo la determinación del sujeto
pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las operaciones escrituradas de
préstamo con constitución de garan tía, considerando adquirente al prestatario. En relación con la
comprobación de valores, se sustituye la preceptividad  de la misma por la facultad de efectuarla,
teniendo en cuenta que cuando el o la contribuyente asigna los mismos valores que los facilitados
por la Administración  o los que publica la misma, no procede la comprobación.
Se incluye una nueva exención objetiva para los arrendamientos de vivienda para uso estable y
permanente a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
En el impuesto sobre actividades económicas se introducen modificaciones en las exenciones
referidas a los casos de inicio de actividad y los de sujetos pasivos que tengan un importe neto de
cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. En el primer caso se trata de una modificación
terminológica y en el segundo de una aclaración a efectos del cómputo  de la cifra de negocios y
se refiere  a los casos en que existe  grupo de sociedades. A estos efectos se entiende que existe
grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar , directa o indirectamente, el control de otra u
otras. En particula r, se presumirá que se produce dicha circunstancia cuando se dé alguna de las
situaciones previstas en el apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de la residencia de la entidad y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
También se regula la posibilidad de acceder , por parte de los interesados, a la información de las
actividades de su titularidad y a la información de datos no protegidos contenidos en la matrícula
del impuesto, determinando, al mismo tiempo, qué datos tiene la naturaleza de protegidos.
Se modifica la Norma Foral  General Tributaria para introducir algunas mejoras técnicas. Así, se
corrige un error producido en la última modificación de la misma y que afecta a la numeración de
la subsección  relativa al procedimiento de comprobación limitada.
Se habilita la posibilidad de dictar liquidación provisional sin propuesta previa cuando la misma se
refiere a comprob aciones de valor que tengan su base en los precios medios de mercado
publicados previamente por la Administración  tributaria.
Se modifi ca el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria de oficio al objeto de simplificar
la aplicac ión del mismo y, en consideración a la experiencia práctica en su aplicación, se reduce
sustancialmente la sanción por el incumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones,
declaraciones u otros documentos  con trascendencia tributaria por medios distintos a los
electrónicos, informáticos o telemá ticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de
hacerlo por dichos medios.
Se modifican la Norma Foral  3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Norma Foral  4/2016, de 14 de noviembre,
de adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa  a la Ley 5/2015, de 25 de
junio, de Derecho Civil V asco, para efectuar correcciones técnicas.               
Se modifica la Norma Foral  2/2019, de 11 de febrero, de incent ivos fiscales al mecenazgo cultural
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa , al objet o de sustituir la exención de las donaciones en el
impuesto sobre sucesiones y donac iones por la sujeción y exención en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas.           
Por último, se modifica la Norma Foral  7/2002, de 3 de octubre, por la que se regula el canon de
utilización de infraestructuras viaria s y se regulan determinados aspectos del régimen jurídico
tributario de la Sociedad Pública  Foral «Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia
Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.». En particular , se corrigen un par de remisiones que han
quedado obsoletas. Así, las carreteras pasaron a ser no sujetas al impuesto sobre bienes
inmuebles en lugar de exentas, mientras que la remisión que realiza  esta norma foral seguía
hablando de exención. En este sentido, hay que entender que cuando , con carácter general, se
modificó el régimen de la exención de las carreteras por el de no sujeción, ese cambio también
afectó a las carreteras gestionadas  por Bidegi . Ahora se procede a recoger expresamente esa
aclaración, al igual que se corrige la remisión a la Norma Foral  del Impuesto sobre Sociedades,
que ha quedado, igualmente, obsoleta.
La norma  foral entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el B O  de
Gipuzkoa , sin perjuicio de los efectos expresos previstos en la misma.
Artículo 1.   Modificación  de la Norma Foral  3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del T erritorio Histórico de Gipuzkoa .
Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral  3/2014, de 17 de enero, del
Impuesto sobre la Renta  de las Personas Físicas del T erritorio Histórico de Gipuzkoa :
Uno.   Con efectos a partir de 9 de marzo de 2019 la letra b) del número 12 del artículo 9 queda
redactada en los siguientes términos:
«b)  Las  prestaciones por nacimiento y cuidado de menor y por corresponsabilidad en el cuidado
del lactante, reguladas, respectivamente, en los capítulos VI y VII del título II del texto refundido de
la Ley General  de la Seguridad Social  aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, percibida s de los regímenes públicos de la Seguridad Social  e idénticas prestaciones
percibidas de los regímenes públicos correspondientes por las personas funcionarias.»
Dos.  Con efectos a partir de 1 de enero de 2019 la letra b’) del artículo 34.f) queda redactada en
los siguientes términos:
«b’)  Que  el o la contribuyente ostente o haya ostentado la condición de persona trabajadora o
alta directiva en las citadas sociedad gestora o sociedad de capital riesgo.   
A los efectos del cumplimiento de esta condición, cuando al o la contribuyente le sea de aplicación
el régime n económ ico matrimonial o patrimonial de sociedad de gananciales, bastará con que uno
de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho ostente o haya ostentado la condición de
persona trabajadora o alta directiva en las citadas sociedad gestora o sociedad de capital riesgo.
En caso de fallecimiento de la persona que haya ostentado la condición de trabajadora o alta
directiva se considerará que sus sucesores o sucesoras cumplen también esta condición. En caso
de fallecimiento de las personas sucesoras, se entenderá también lo mismo con respecto a las
personas sucesoras de éstas, y así sucesivamente.
A estos efectos, se considerará que ostentan la condición de perso nal de alta dirección las
personas previstas en el artículo 45.2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se
regulan las entidad es de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica
la Ley  35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.»
Tres.  Con efectos a partir de 1 de enero de 2020 se introduce un quinto requisito a la letra d) del
artículo 41.2 con el siguiente contenido:
«Quinto.   Que  la perso na transmitente  venga ejerciendo funciones de dirección, percibiendo por
ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos de
actividades económicas y del trabajo personal, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 6. Dos.d ) de la Norma Foral  2/2018, de 11 de junio, del Impuesto  sobre el Patrimonio, y
que, de acuerdo con lo previsto en el requisito segundo de la letra c) anterior , deje de ejercer
dichas funciones y de percibir remu neraciones por el ejercicio de las mismas desde el momento
de la transmisión. A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección
la mera pertenencia al consejo de administración de la sociedad.»
Cuatro.   Con efectos a partir de 1 de enero de 2020 el artículo 51 queda redactado en los
siguientes términos:
«Artículo 51.   Imputación  de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional.
1.  Los y las contribuyent es imputarán la renta positiva obtenida por una entidad no residente en
territorio español, en cuanto dicha renta perteneciese a alguna de las clases previstas en el
apartado 2 de este artículo y se cumpliesen las circunstancias siguientes:
a)  Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas según lo previsto en el apartado 3
del artículo 42 de la Norma Foral  del Impuesto sobre Sociedades, o con otros contribuyentes
unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge o pareja de hecho, en línea directa o
colateral, consanguínea, por afinidad o por la que resulte de la constitución de la pareja de hecho,
hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el
capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en
territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los
resultados y, en su defecto, a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de
voto de la entidad.
b)  Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna
de las clases de rentas previstas en el apartado 2 siguiente, por razón de gravamen de naturaleza
idéntica o análoga al impuesto sobre sociedades, sea inferior a la diferencia entre el importe que
hubiera correspondido de acuerdo con las del citado impuesto y el efect ivamente satisfecho por la
entidad no residente.
2.  Los y las contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no residente en
territorio español, cuando ésta no disponga de la correspondiente organización de medios
materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.
No obsta nte, en el caso de dividen dos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la
transmisión de participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en los tres últimos
párrafos de este apartado.
Se enten derá por renta total el importe de la base imponible que result e de aplicar los criterios y
principios establec idos en la Norma Foral  del Impuesto sobre Sociedades y en las restantes
disposiciones relativas a dicho Impuesto para la determinación de aquella.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no resultará de aplicación cuando el o la contribuyente
acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales
existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo, en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y operativa
responde a motivos económicos válidos.
En el supuesto de no aplicarse lo establecido en los dos primeros párrafos de este apartado por
no concu rrir las circunstancias previstas en los mismos o por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo anterior , se imputará únicamente la renta positiva que prove nga de cada una de las
siguientes fuentes:
a)  Titularidad  de bienes inmueb les rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre
los mism os, salvo que estén afectos  a una actividad económica conforme a lo dispuesto en esta
norma foral o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecie ntes al mismo grupo de
sociedades de la titular , en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de su residencia y de la obligació n de formular cuentas anuales consolidadas, e igualmente
estuvieren afectos a una actividad económica.
b)  Participación  en fondos propios  de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales
propios, en los términos previstos en los artículos 34 y 35 de esta norma foral.
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los siguientes activos
financieros:
a’)  Los  tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el
ejercicio de actividades económicas.
b’)  Los  que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas
como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
c’)  Los  tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados
oficiales de valores.
d’)  Los  tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus
actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) siguiente.
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede
de la realización de actividades crediticias y financieras a que se refiere la letra i) siguiente,
cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100,
del ejercicio de actividades económicas.
c)  Operaciones  sobre bienes y servicios realizados por personas o entidades vinculadas en el
sentido del apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral  del Impu esto sobre Sociedades, en las
que la entidad no residente o el establecimiento permanente añade un valor económico escaso o
nulo.
d)  Operaciones  de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad.
e)  Propiedad  industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y
arrendamiento o subarrendamiento  de negocios o minas, en los términos establecidos en el
artículo 37 de esta norma foral.
f)  Instrumentos  financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo
específicamente identificado derivado de la realización de actividades económicas.
g)  Transmisiones  de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c), d) y e) anterio res que
generen rentas.
h)  Actividades  de seguros, crediticias, operaci ones de arrendamiento financiero  y otras
actividades financ ieras, salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades
económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) siguiente.
i)  Actividades  crediticias, financieras, asegurado ras y de prestación de servicios, excepto las
directamente relacionadas con actividades de exportación, realizadas, directa o indirectamente,
con personas o entidades residen tes en territorio español y vinculadas en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral  del Impuesto sobre Sociedades, en
cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando más del 50 por 100 de los ingresos
derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios,
excepto los directamente relacionad os con actividades de exportación, realizadas por la entidad
no reside nte proce dan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el
sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral  del Impuesto sobre
Sociedades.
No se incluirán las rentas previstas en las letras b) y g) anteriores, obtenidas por la entidad no
residente en cuanto procedan o se deriven de valores de entidades en las que participe, directa o
indirectamente, en más del 5 por 100, o del 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada
cotizan en un mercado secundario organizado, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:
Primero.   Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones mediante la
correspondiente organización de medios materiales y personales.
Segundo.   Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al
menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
A estos efectos, se entenderá que proceden del ejercicio de actividades económicas las rentas
previstas en las letras b) y g) que tuvieran su origen en entidades que cumplan el requisito
segundo anterior y estén participada s, directa o indirectamente, en más del 5 por 100, o del 3 por
100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado secundario organizado.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de
participación así como la existencia de una dirección y gestión de la participación se determinarán
teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo.
3.  No se incluirán las rentas previstas en el apartado 2 anterior cuando la suma de sus importes
sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la entidad no residente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra i) del apartado 2 sin
perjuicio de que, así mismo, sean tomadas en consideración a efectos de determinar la suma a la
que se refiere el párrafo anterior .
No se imputará en la base imponible del contribuyente el impuesto o impuestos de naturaleza
idéntica o similar al impuesto sobre sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad no
residente por la parte de renta a incluir .
Las rentas positivas de cada una de las fuentes citadas en el apartado 2 se imputarán en la base
imponible general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de esta norma foral.
4.  Estarán  obligados a la correspondiente imputación los y las contribuyentes comprendidos en
la letra a) del apartado 1 que participen directamente en la entidad no residente o bien
indirectamente a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso, el importe de
la renta positiva será el correspondiente a la participación indirecta.
5.  La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la entidad no
residente en territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá
entenderse de duración superior a 12 meses.
6.  El importe de la renta positiva a imputar en la base imponible se calculará  de acuerdo con los
principios y criterios establecidos para la determinación de la base imponible en el impuesto sobre
sociedades.
A estos efectos, se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no
residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente.
7.  No se imputarán los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a
la renta positiva que haya sido imputada. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a
cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación conte nida en el acuerdo social,
entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
Una mism a renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera
que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
8.  Será  deducible de la cuota íntegra el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el
extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios, sea
conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del
país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con
anterioridad en la base imponible.
Esta deducción se practicará aun cuando los impuestos correspondan a períodos impositivos
distintos a aquél en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como
paraísos fiscales.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar por la renta
positiva imputada en la base imponible.
9.  Para  calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, se
emplearán las reglas contenidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 47 de esta norma foral,
en relación a la renta positiva imputada en la base imponible. Los beneficios sociales a que se
refiere el citado precepto serán los correspondientes a la renta positiva imputada.
10.  Los y las contribuyen tes a quienes sea de aplicación lo previsto en este artículo deberán
presentar conjunta mente con la autoliquidación por este impuesto los siguientes datos relativos a
la entidad no residente en territorio español:
a)  Nombre  o razón social y lugar del domicilio social.
b)  Relación  de administradores.
c)  Balance  y cuenta de pérdidas y ganancias.
d)  Importe  de las rentas positivas que deban ser imputadas.
e)  Justificación  de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser
imputada.
11.  Cuando  la entidad particip ada sea residente en un país o territorio considerado como paraíso
fiscal o territorio de nula tributación, se presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 anterior .
b)  La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el
apartado 2 anterior .
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la
participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.
Las presu nciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la entidad participada
consolide sus cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, con
alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.
12.  Cuando  la entidad particip ada sea residente de otro Estado miembro de la Unión Europea  o
forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, y no se encuentre en los supuestos a
que se refiere el apartado 11 de este artículo, el o la contribuyente podrá evitar la aplicación de lo
dispuesto en este artículo si prueba que la entidad participada está realmente implantada en el
Estado de su residencia y la estruc tura no tiene un carácter puramente  artificial que tenga como
finalidad la reducción de la tributación por el impuesto sobre sociedades, para lo que deberá
probar que las transacciones realizadas que tuvieran como efecto una disminución de la carga
tributaria del contribuyente corresponden a prestaciones efectivamente realizadas en el Estado de
residencia y que no carecen de interés económico con respecto a la actividad del contribuyente.
En particular , para demostrar que no existe una construcción puramente artificial, el o la
contribuyente debe  aportar elementos de prueba objetivos sobre el nivel de presencia física de la
sociedad participa da en el Estado de residencia, la sustantividad real de la actividad prestada por
la sociedad participada y el valor económico de la actividad de la sociedad participada en relación
con la del contribuyente y el conjunto del grupo.
13.  Lo previsto en este artículo tampoco será de aplicación cuando la entidad no residente sea
residente en otro Estado miembro de la Unión Europea  o que forme parte del Acuerdo del Espacio
Económico Europe o, siempre que se trate de una institución de inversión colectiva regulada en la
Directiva  2009/65/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 81
de la Norma Foral  del Impuesto sobre Sociedades, constituida y domiciliada en algún Estado
miembro de la Unión Europea.
14.  Lo previsto en este artículo se enten derá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.
15.  A los efectos del presente artículo, se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere
el artículo 42 del Código de Comercio incluye las entidades multigrupo  y asociadas en los
términos de la legislación mercantil.»
Cinco.   El apartado 3 del artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  En  el supuesto de que el o la contribuyente pierda su condición por cambio de residencia al
extranjero, todas las rentas pendien tes de imputación deberán integrarse en la base imponible
correspondiente al último período impositivo que deba declararse por este impuesto en el lugar
anterior al de cambio de residencia, en las condiciones que se fijen reglamentariamente,
practicándose, en su caso, una autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de
demora ni recargo alguno.
Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea  o a otro
Estado del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acue rdo con España o con la
Unión Europea  sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios que sea
equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva  2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo
de 2010, sobre la asistencia mutu a en materia de cobro de los créditos correspondientes a
determinados impu estos, derechos y otras medidas, el o la contribuyente podrá optar por imputar
las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior , o por presentar a medida en
que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación
complementaria sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último
período que deba  declararse por este Impuesto. La autoliquidación se presentará en el plazo de
declaración del período impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso
de no haberse producido la pérdida de la condición de contribuyente.»
Seis.   Con efectos a partir de 1 de enero de 2020 el apartado 4 del artículo 86 queda redactado
en los siguientes términos:
«4.  En  los supu estos en los que, por decisión judicial, se hubiera establecido la obligación de
pagar el alquiler de la vivienda familiar a cargo exclusivo del contribuyente, éste tendrá derecho a
practicar en su autoliquidación la deducción a que se refiere este artículo. Si tal obligación
correspondiera a ambos contribuyentes, la deducción se prorrateará entre ellos y se practicará en
la autoliquidación de cada uno en la proporción que corresponda, con el porcentaje y el límite
establecidos en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, salvo que cumplan los
requisitos establec idos en los párrafos segundo y tercero de dicho apartado 1, en cuyo caso
tendrán derecho a aplicar el porcentaje y límite indicados en dichos párrafos.»
Siete.   Con efectos a partir de 1 de enero de 2020 el apartado 3 del artículo 87 queda redactado
en los siguientes términos:
«3.  La  suma de los importes deducidos por cada contribuyente por los conceptos a que se
refiere el apartado 1 anterior , a lo largo de los sucesivos períodos impositivos, no podrá superar la
cifra de 36.000 euros minorada, en su caso, en el resultado de aplicar el 18 por 100 al importe de
la ganancia patrimonial exenta por reinversión en los términos previstos  en el artículo 49 de esta
norma foral o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 42.b) o 42.c) de la misma.»
Artículo 2.  Modificación  de la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del T erritorio Histórico de Gipuzkoa .
Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del
Impuesto sobre Sociedades del T erritorio Histórico de Gipuzkoa :
Uno.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se deja
sin contenido la letra d) del apartado 1 del artículo 12.
Dos.  Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el primer
párrafo del artículo 13.4 queda redactado en los siguientes términos:
«A los efectos de lo dispuesto en la letra a) de los apartados anteriores de este artículo, se
entenderá que una entidad realiza una explotación económica cuando, al menos, el 85 por 100 de
los ingre sos del ejercicio correspondan a rentas procedentes del desarrollo de actividades
empresariales o profesionales, entre  las que no se computarán, en ningú n caso, las comprendidas
entre aquellas clases de renta a que se refieren las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) del apartado 2
del artículo 48 de esta norma foral a los efectos de incluir en la base imponible determinadas
rentas positivas obtenidas por entidades no residentes.»
Tres.  Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se
añade un último párrafo a la letra c) del artículo 14.1 con el siguiente contenido:
«Se considera cumplido el requisito establecido en esta letra c) en el supuesto de que la entidad
no tenga ingresos.»
Cuatro.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2019 la
condición segunda del quinto guion  del artículo 14.2.a) queda redactada en los siguientes
términos:
«Segunda.   Que  los derechos económicos de carácter especial se perciban, directa o
indirectamente, por personas que ostenten o hayan ostentado la condición de trabajadora o alta
directiva en una sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado o bien en una
sociedad de capital riesgo, cuando la misma actúe como sociedad gestora.
A los efectos del cumplimiento de esta condición, cuando al contribuyente le sea de aplicación el
régimen económico matrimonial o patrimonial de sociedad de gananciales, bastará con que uno
de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho ostente o haya ostentado la condición de
persona trabajadora o alta directiva en las citadas sociedad gestora o sociedad de capital riesgo.
En caso de fallecimiento de una persona que haya ostentado la condición de trabajadora o alta
directiva, se considerará que sus sucesores o sucesoras cumplen esta condición. En caso de
fallecimiento de las personas suce soras, se entenderá lo mismo con respecto a las personas
sucesoras de éstas, y así sucesivamente.
A estos efectos, se considerará que ostentan la condición de alta directiva las personas previstas
en el artículo 45.2 de la Ley  22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley  35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.»
Cinco.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se
modifica el último párrafo de la letra b) del artículo 14.2, que queda redactado en los siguientes
términos:
«A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los
dividendos que procedan de los valores a que se refieren los dos últimos guiones de la letra a) de
este apartado, así como las plusvalías obtenidas en las transmisiones de estas participaciones,
cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 80 por 100, de
la realización de actividades económicas.»
Seis.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se
introduce una nueva letra k) en el artículo 31.1 con el siguiente contenido:
«k)  Los  que formen parte de la base de la deducción establecida en el artículo 60 bis de esta
norma foral, incluidos los correspondientes a la amortización de los activos que hayan generado el
derecho a la mencionada deducción.»
Siete.   Con efectos para los periodos impositi vos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
primer párrafo de la letra c) del artículo 33.1 queda redactado en los siguientes términos:
«c)  Que  los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de
actividades empresariales, para lo que será imprescindible que, al menos el 85 por 100 de los
ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo correspon dan a ese tipo de rentas,
entre las que no se computarán, en ningún caso, las comprendidas entre aquellas clases de renta
a que se refieren las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) del apartado 2 del artículo 48 de esta norma
foral a los efectos de incluir en la base imponible determinadas rentas positivas obtenidas por
entidades no residentes.»
Ocho.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
apartado 3 del artículo 33 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  No  obstante, no procederá la aplicació n de lo dispuesto en los apartados anteriores de este
artículo en relación con:
a)  Los dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere un gasto fiscalmente
deducible en la entidad pagadora.
b)  Las distribuid as por entidades que haya n tributado en el impuesto sobre sociedades o en un
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por 100.
c)  Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las sociedades patrimoniales a
que se refiere el artículo 14 de esta norma foral, repartidos con cargo a beneficios generados
durante los ejercicios en los que la entidad que los reparte hubiera tenido tal carácter .
d)  Los dividendos y participaciones en beneficios percibidos por las sociedad es patrimoniales a
que se refiere el artículo 14 de esta norma foral.»
Nueve.   Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 41.  Cambios  de residencia y traslado de elementos patrimoniales a establecimient os
permanentes situados en el extranjero.
1.  Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor
fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
a)  Los que sean propiedad de una entidad  que traslada su residencia fuera del territorio español,
excepto que dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente
de la mencionada  entidad, situado en el territorio español. En este caso, será de aplicación a
dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 103 de esta norma foral.
b)  Los que sean trasladados a un establecimiento permanente situado en el extranjero, siempre
que como consecuencia de dicho traslado las rentas derivadas de los mismos no puedan ser
objeto de gravamen en territorio español.
2.  En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión
Europea  o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la
Unión Europea  sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios que sea
equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva  2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo
de 2010 sobre la asistencia mutu a en materia de cobro de los créditos correspondientes a
determinados impu estos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el
pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior por
quintas partes anuales iguales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)  El contribu yente presente, junto con la última autoliquidación que deba  presentar por este
impuesto en el caso de la letra a) del apartado anterior , o en la autoliquidación correspondiente al
período impositivo en el que tenga lugar la transferencia de activos prevista en la letra b) del
apartado anterior , una relación individualizada de los elementos patrimoniales respecto de los que
resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior en la que conste el valor contable de
los mismos y el importe de la diferen cia entre el valor normal de mercado y el valor fiscal de cada
uno de ellos, así como el importe de la parte de cuota íntegra resultante correspondiente a cada
uno.
b)  Se garantice mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución el cobro de la cuota hasta el importe cuyo pago haya optado el
contribuyente por fraccionar en las condiciones establecidas en este apartado, siempre que exista
un riesgo demostrable y real de impago.
En el caso de que el órgano de recaudación aprecie riesgo de impago en el plazo de los 6 meses
siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en
conocimiento del contribuyente mediante el oportuno requerimiento para que aporte garantías
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Si el
requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende aportada garantía suficiente o
debidamente justificada lo innecesario de la misma, se exigirá la totalid ad de la deuda pendiente
en el plazo a que se refiere el artículo 61.2 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa . De no producirse el ingreso en dicho plazo,
comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos
previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa .     
El ejercic io de la opción se realizará en la autoliquidación del impuesto correspondiente al período
impositivo en el que tenga lugar el traslado de su residencia prevista en la letra a) del apartado
anterior , o en la autoliquidación correspondiente al período impositivo  en el que tenga lugar la
transferencia de activos prevista en la letra b) del citado apartado, debié ndose efectuar el pago de
la primera fracción en el plazo voluntario de declaración correspo ndiente a dicho período
impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anual es restantes, junto con los
intereses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva,
transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de autoliquidación correspondiente al
período impositivo previsto en el apartado anterior .
El contribuyente podrá solicitar que se reduzca la garantía prestada en aplicación de lo dispuesto
en la letra b) en la proporción que represente el pago realizado sobre el total de la cuota diferida.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le será de
aplicación lo dispuesto en la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa , y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora
y a la constitución de garantías.
3.  No obstante  lo previsto en el apartado anterior , el fraccionamiento perderá  su vigencia y será
exigible la totalidad de la cuota fraccionada restante, junto con los intereses de demora
correspondientes, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando  los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.
b)  Cuando  los elem entos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un tercer
Estado distinto de los señalados en el párrafo primero del apartado 2 anterior .
c)  Cuando  el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a un tercer Estado
distinto de los señalados en el párrafo primero del apartado 2 anterior .
d)  Cuando  el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un procedimiento de
ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento equivalente.
e)  Cuando  el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado de elementos a los que se refiere n las letras a) y b) de este
apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los elementos patrimoniales, el
fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la parte proporcional de la deuda
tributaria correspo ndiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de
dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a
alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) de este apartado,
las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento deberán ser ingresadas
en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la pérdida de vigencia del
fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de un mes determinará que se proceda,
exclusivamente respecto de las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el
fraccionamiento, a iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en el plazo a que se
refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa . El importe que se ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos plazos, se
considerará venc ida, en su caso , el resto de deuda fraccionad a, debiendo iniciarse el
procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este apartado
determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda pendiente en el plazo de un
mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de ingreso en el referido plazo
determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los
términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa .
Si concur re el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se refiere la letra e) de
este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de apremio exclusivamente respecto de
dicha fracción incumplida, exigiéndose en el plazo a que se refiere el artículo 61.5 de la Norma
Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa . Se exigirá el
importe de dicha fracción, los intere ses de demora devengados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo
concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse  el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se
considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento
de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a
partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha
del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
4.  En el caso  de cambio de residencia, transferencia a territorio español de elementos
patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva  (UE)
2016/1 164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior ,
hayan sido objeto  de una imposición de salida en un Estado Miembro de la Unión Europea , el
valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en
España, salvo que no refleje el valor de mercado.
5.  No será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo y , por tanto, no se integrará en la
base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos
patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega de garantías o
para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se
prevea que deben volver a la entidad residente en territorio español o que deban afectarse a un
establecimiento permanente situado en dicho territorio en el plazo máximo de un año.»  
Diez.   Con efectos para los periodos impositi vos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
apartado 10 del artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:
«10.  Las  entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un
grupo, definido en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42, y no sean al mismo
tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán aportar la información
país por país a que se refiere el apartado siguiente de este artículo.
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no
sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los establecimientos permanentes en territorio
español de entida des no residentes del grupo, siempre que se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
a)  Que no exista  una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista
en este apartado respecto de la referida entidad no residente en su país o territorio de residencia
fiscal.
b)  Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha
información, con el país o territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad no residente.
c)  Que, existien do un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha
información con el país o territorio en el que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se
haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido comunicado por la
Administración  tributaria  a las entidades depend ientes o a los establecimientos permanentes
residentes en territorio español en el plazo previsto en el presente apartado.
No obstante lo anterior , no existirá la obligación de aportar la información por las señaladas
entidades depend ientes o establecimientos permanentes en territorio español cuando el grupo
multinacional haya designado para que presente la referida información a una entidad
dependiente const itutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea ,
o bien cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia fiscal por otra
entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de la entidad matriz a efectos de
dicha presentación. En el supuesto de que se trate de una entidad subro gada con residencia fiscal
en un territorio fuera de la Unión Europea , deberá cumplir las condiciones previstas en el apartado
2 de la sección II del anexo III de la Directiva  2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011,
relativa a la coop eración administra tiva en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la
Directiva  77/799/CEE.
En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes  en territorio español, una
de ellas hubiera sido designada o nombrada por el grupo multinacional para presentar la
información, será únicamente ésta la obligada a dicha presentación.
Lo establ ecido en los párrafos anteriores no será de aplicación cuando la entidad designada o
nombrada no pudiera obtener toda la información necesaria para presentar la información país por
país de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.
Asimismo, dentro  del supuesto previsto en el párrafo segundo de este apartado, la entidad
residente en territorio español o el establecimiento permanente en territorio español obligado a
presentar la información país por país deberán solicitar a la entidad no residente la información
correspondiente al grupo. Si la entidad no residente se negara a suministrar todo o parte de dicha
información, la entidad residente en territorio español o el establecimient o permanente en territorio
español, presenta rán la información de que dispongan y notificarán  esta circunstancia a la
Administración  tributaria.
A efectos  de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente  en territorio español que
forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida deberá comunicar a
la Administración  tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad
obligada a elaborar esta información . Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización
del período impositivo al que se refiera la información.
Reglamentariamente se determinarán el plazo y la forma de presentación de la información
prevista en este apartado.»
Once.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
artículo 48 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 48.  Inclusión  en la base imponible de determin adas rentas positivas obtenidas por
entidades no residentes y establecimientos permanentes situados en el extranjero.
1.  Los contribuyentes incluirán en su base imponible la renta positiva obtenida por una entidad
no residente en territorio español, en cuanto dicha renta pertenecier e a alguna de las clases
previstas en el apartado 2 de este artículo y se cumplieren las circunstancias siguientes:
a)  Que por sí solos, o conjuntamente con personas o entidades vinculadas en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta norma foral, tengan una participación igual o
superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la
entidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los
resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en el capital, los fondos propios o los
derechos de voto.
b)  Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna
de las clases de rentas previstas en el apartado 2 por razón de gravame n de naturaleza idéntica o
análoga a este impuesto, sea inferio r a la diferencia entre el importe que hubiere correspondido de
acuerdo con las normas de este impuesto y el efectivamente satisfecho por la entidad no
residente.
Esta inclusión también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a través de un
establecimiento permanente si se da la circunstancia prevista en la letra b) de este apartado, sin
que en este caso resulte de aplicac ión la no integración prevista en el artículo 35 de esta norma
foral.
2.  Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no residente en territorio
español y el establecimiento perm anente no situado en territorio español, cuando estos no
dispongan de la correspondiente organización de medios materiale s y personales para su
obtención, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. No obstante, en el caso de
dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la trans misión de participaciones,
se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
Se enten derá por renta total el importe de la base imponible que result e de aplicar los criterios y
principios establec idos en esta norma foral y en las restantes disposiciones relativas a este
impuesto para la determinación de aquella.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no resultará de aplicación cuando el contribuyente
acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales
existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo, en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y operativa
responde a motivos económicos válidos.
En el supuesto de no aplicarse lo establecido en los dos primeros párrafos de este apartado por
no concu rrir las circunstancias previstas en los mismos o por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo anterior , se imputará únicamente la renta positiva que prove nga de cada una de las
siguientes fuentes:
a)  Titularidad  de bienes inmueb les rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre
los mismos, salvo que estén afecto s a una actividad económica confo rme a lo dispuesto en la
Norma Foral  del Impuesto sobre la Renta  de las Personas Físicas, o cedidos en uso a entidades
no residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular , en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, e igualmente estén afectos a una actividad económica.
b)  Participación  en fondos propios  de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales
propios, en los términos previstos en la Norma Foral  del Impuesto sobre la Renta  de las Personas
Físicas.
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los siguientes activos
financieros:
a’)  Los  tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el
ejercicio de actividades económicas.
b’)  Los  que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas
como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
c’)  Los  tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados
oficiales de valores.
d’)  Los  tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus
actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) siguiente.
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede
de la realización de actividades crediticias y financieras a que se refiere la letra i) siguiente,
cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100,
del ejercicio de actividades económicas.
c)  Operaciones  sobre bienes y servicios realizadas por personas o entidades vinculadas en el
sentido del apartado 3 del artículo 42 de esta norma foral, en las que la entidad no residente o el
establecimiento permanente no situado en territorio español añade un valor económico escaso o
nulo.
d)  Operaciones  de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad.
e)  Propiedad  industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y
arrendamiento o subarrendamiento  de negocios o minas, en los términos establecidos en el
artículo 37 de la Norma Foral  del Impuesto sobre la Renta  de las Personas Físicas.
f)  Instrumentos  financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo
específicamente identificado derivado de la realización de actividades económicas.
g)  Transmisión  de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c), d) y e) anter iores que
genere rentas.
h)  Actividades  se seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero  y otras
actividades financ ieras, salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades
económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i) siguiente.
i)  Actividades  crediticias, financieras, asegurado ras y de prestación de servicios, excepto los
directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas, directa o indirectamente,
con personas o entidades residen tes en territorio español y vinculadas en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta norma foral, en cuanto determinen gastos
fiscalmente deducibles en dichas entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las
actividades credit icias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, excepto los
directamente relac ionados con actividades de exportación, realizadas por la entidad no residente
procedan de operaciones efectuada s con personas o entidades no vinculadas en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta norma foral.
3.  No se incluirán en la base imponible las rentas previstas en las letras b) y g) del apartado
anterior de este artículo, obtenidas por la entidad no residente, en cuanto procedan o se deriven
de entidades en las que participen, directa o indirectamente, en más del 5 por 100, o del 3 por 100
si las acciones de la sociedad partic ipada cotizan en un mercado secun dario organizado, cuando
se cumplan los dos requisitos siguientes:
a)  Que la entida d no residente dirija y gestione las participaciones, mediante la correspondiente
organización de medios materiales y personales, así como que esté realmente implantada en el
estado de su residencia y que la estructura no tenga un carácter puramente artificial, en los
términos establecidos en el apartado 12 siguiente.
b)  Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el
85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.
A estos efectos se entenderá que proceden del ejercicio de actividades económicas las rentas
previstas en las letras b) y g) del apartado anterior de este artículo que tuvieron su origen en
entidades que cumplan el requisito  establecido en esta letra b) y estén participadas, directa o
indirectamente, en más del 5 por 100 por la entidad no residente, o del 3 por 100 si las acciones
de la sociedad participada cotizan en un mercado secundario organizado.
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos relativos al porcentaje de
participación así como la existencia de una dirección y gestión de la participación se determinarán
teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo.
4.  No se incluirán las rentas previstas en el apartado 2 de este artículo cuan do la suma de los
importes de las mismas sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la entidad no
residente o el establecimiento permanente.
No obstante, se incluirán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra i) del apartado 2, sin
perjuicio de que, así mismo, sean tomadas en consideración a efectos de determinar la suma a la
que se refiere el párrafo anterior .
5.  No se incluirán las rentas a que hace referencia el apartado 2 de este artículo, cuando se
correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en territorio español.
6.  En el caso de rentas positivas derivadas de la participación en entidades no residentes,
estarán obligadas a su inclusión las entidades comprendidas en la letra a) del apartado 1 de este
artículo que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de
otra u otras entidades no residentes.
En este último caso el importe de la renta positiva será el correspo ndiente a la participación
indirecta.
7.  La inclusión se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la entidad no
residente en territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá
entenderse de duración superior a doce meses.
Tratándose de establecimientos permanentes, la inclusión se realizará en el periodo impositivo en
el que se obtengan las rentas.
8.  El importe de la renta positiva a inclui r en la base imponible se calculará de acuerdo con los
principios y criterios establecidos en esta norma foral y en las restantes disposiciones relativas a
este impuesto para la determinación de la base imponible.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no
residente en territorio español.
En ningún caso se incluirá una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente o a la
obtenida a través del establecimiento permanente no situado en territorio español.     
9.  Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán
presentar conjuntamente con la autoliquidación de este impuesto los siguientes datos relativos a la
entidad no residente en territorio español:
a)  Nombre  o razón social y lugar del domicilio social.
b)  Relación  de administradores.
c)  Balance  y cuenta de pérdidas y ganancias.
d)  Importe  de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.
e)  Justificación  de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida
en la base imponible.
En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar conjuntamente con
la autoliquidación por este impuesto , los datos a los que se refieren las letras d) y e) anteriores,
así como registros contables de las operaciones que realicen y de los activos y pasivos afectos a
los mismos.
10.  Cuando  la entidad participada resida o el establecimiento permanente se sitúe en un país o
territorio considerado como paraíso fiscal o territorio de nula tributación se presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1 anterior .
b)  La renta obtenida por la entidad participada o el establecimiento permane nte procede de las
fuentes de renta a que se refiere el apartado 2 anterior .
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la
participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.
Las presu nciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la entidad participada
consolide sus cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, con
alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.
11.  A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere
el artículo 42 del Código de Comercio incluye las entidades multigrupo  y asociadas en los
términos de la legislación mercantil.
12.  Cuando  la entid ad partic ipada resida o el establecimiento permanente se sitúe en otro
Estado miembro de la Unión Europea  o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo,
y no se encuent re en los supuestos a que se refiere el apartado  10 de este artículo, el
contribuyente podrá evitar la aplicac ión de lo dispuesto en este artículo si prueba que la entidad
participada está realmente implantada en el Estado de su residencia y la estructura no tiene un
carácter puramen te artificial que tenga como finalidad la reducción de la tributación por el
impuesto sobre sociedades, para lo que deberá probar que las transacciones realizadas que
tuvieran como efecto una disminuc ión de la carga tributaria del contribuyente corresponden a
prestaciones efect ivamente realizad as en el Estado de residencia y que no carecen de interés
económico con respecto a la actividad del contribuyente.
En particular , para demostrar que no existe una construcción puramente  artificial, el contribuyente
debe aportar elementos de prueba objetivos sobre el nivel de presencia física de la sociedad
participada en el Estado de residencia, la sustantividad real de la actividad prestada por la
sociedad participa da y el valor económico de la actividad de la sociedad participada en relación
con la del contribuyente y el conjunto del grupo.
13.  Lo previsto en este artículo tampoco será de aplicación cuando la entidad no residente sea
residente en otro Estado miembro de la Unión Europea  o forme parte del Acuerdo del Espacio
Económico Europe o, siempre que se trate de una institución de inversión colectiva regulada en la
Directiva  2009/65/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 81
de esta norma foral, constituida  y domiciliada en algún Estado  miembro de la Unión
Europea.»                 
Doce.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se
modifica el apartado 1 del artículo 58, que queda redactado como sigue:
«1.  Se  entende rá por cuota líquida la cantidad resultante de minorar  la cuota íntegra en el
importe de las deducciones por doble imposición establecidas en el artículo 60, de la deducción
por inversiones realizadas por las Autoridades Portuarias establecida en el artículo 60 bis y de la
deducción por reversión de medidas temporales establecida en la disposición transitoria
vigesimocuarta  de esta norma foral.»
Trece.   Con efectos para los periodos impositiv os iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
capítulo II del Título V pasa a denominarse «Deducciones de la cuota íntegra».
Catorce.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 los
apartados 5 y 6 del artículo 60 quedan redactados en los siguientes términos:
«5.  Cuando  entre las rentas  del contribuyente se incluyan dividendos o partici paciones en
beneficios de entidades no residentes en territorio español, que residan en un país con el que el
Reino de España no tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que
le sea de aplicación y que conteng a cláusula de intercambio de información, el contribuyente
podrá optar por practicar una deducción para evitar la doble imposición internacional, alternativa e
incompatible con la regulada en los apartados anteriores de este artículo, del 14 por 100 de la
parte de la base imponible que se corresponda con los citados dividendos o participaciones en
beneficios.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior , la parte de la base imponible que se
corresponde con los citados dividen dos o participaciones en beneficios estará constituida por el
importe íntegro de los mismos minorado en los gastos relacionados con la participación.
No result ará de aplicación lo dispues to en este apartado cuando se pueda aplicar a los dividendos
o participaciones en beneficios lo dispuesto en el artículo 33 de esta norma foral, ni cuando
provengan de las actividades que no se computen a los efectos de lo dispuesto en el último
párrafo de la letra c) del apartado 1 del artículo 33 de esta norma foral o cuando se correspondan
con las actividades a que hace referencia la letra i) del apartado 2 del artículo 48 de esta norma
foral.      
6.  Los contribuyentes que deban incluir en su base imponible determinada s rentas positivas
obtenidas por entidades no residentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de esta
Norma Foral, podrán deducir de la cuota íntegra los siguientes conceptos:
a)  Los impues tos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto,
efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida en la base
imponible.
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagad os tanto por la entidad no
residente como por sus sociedades participadas, y por las que, a su vez, estén participadas
directamente por aquellas, y así sucesivamente, en la parte que corresponda a la renta positiva
incluida en la base imponible, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 5 por 100,
o del 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado secundario
organizado, y cumplen el requisito a que se refiere la letra a) del apartad o 1 del artículo 33 de esta
Norma Foral en lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación.
b)  El impuesto o grava men efectivamente  satisfecho en el extranjero por razón de la distribución
de los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble
imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte
que corresponda a la renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible.
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de otra u otras
entidades no residentes, se deducirá el impuesto o gravamen de naturaleza idéntica o análoga a
este Impuesto efectivamente satisfecho por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la
renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible.
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a períodos impositivos
distintos a aquél en el que se realizó la inclusión.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como
paraísos fiscales.»
Quince.   Con efectos para los periodos impositiv os iniciados a partir de 1 de enero de 2020 se
introduce un nuevo artículo 60 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 60 bis.   Deducción  por inversiones realizadas por las Autoridades Portuarias.
1.  Las Autoridades Portuarias tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra en
relación con los importes correspondientes a las inversiones y gastos directamente relacionados
con:
a)  La infraestructura y los servicios de control del tráfico marítimo.
b)  Los servicios  e infraestructuras destina dos a mejorar la seguridad de la navegación y los
movimientos de los buques en el mar litoral español, incluidos los elementos de señalización
marítima, balizamiento y ayudas a la navegación, cuyos beneficiarios no sean principalmente las
personas y entidades usuarias del puerto que los construye y mantiene.
c)  Los accesos terrestres viarios y ferroviarios de servicio público general, los accesos
marítimos, los dragados, que beneficien a la colectividad en su conjunto y cuyos beneficiarios no
sean principalmente las personas y entidades usuarias del puerto, así como las infraestructuras de
mejora de las redes generales de transporte de uso común.
d)  Las infraestru cturas de protección y resistencia contra condiciones climáticas extremas cuyos
beneficiarios no sean principalmente las personas y entidades usuarias del puerto.
e)  Los servicios e infraestructuras de salvamento marítimo asociados al ejercicio de poder
público, siempre y cuando dichas infraestructuras no se exploten comercialmente, y la formación
de los servicios públicos responsa bles en materia de emergencias, seguridad y salvamento,
siempre y cuando dicha formación no sea obligatoria para las empresas.
f)  La elaborac ión e implantación de plane s de seguridad y protección, en la medida en que estos
costes no estén asociados a requisitos obligatorios de seguridad que todas las compañías deban
cumplir , y la atención de emergencias de protección civil, en ambos casos, cuando estas
actividades estén asociadas al ejercicio de poder público y siempre que sus beneficiarios no sean
principalmente las personas y entidades usuarias del puerto.
g)  Los servicios  e infraestructura de defensa contra incendios, desprendimientos y otros riesgos
relacionados con la protección civil, asociados al ejercicio de poder público, que no se exploten
comercialmente, que no sean obligatorios para las empresas, que bene ficien a la colectividad en
su conjunto y cuyos beneficiarios no sean principalmente las personas y entidades usuarias del
puerto.
h)  Los servicios e infraestructura utilizados exclusivamente por las Fuerz as y Cuerpos de
Seguridad y por la Policía  portuaria en el ejercicio de poder público.
i)  Los servicios e infraestructuras sanitarias para la atención a personas en situaciones de
vulnerabilidad siempre y cuando las infraestructuras no se utilicen para actividades económicas
del puerto.
j)  Las infraestructuras y servicios para el control aduanero de mercancías, para la inspección en
frontera exigidos por normas con rango de ley como en los ámbitos de sanidad animal, sanidad
vegetal, sanidad exterior y seguridad industrial e interés público, y las relacionadas con el control
de pasajeros y la inmigración.
k)  Las infraestr ucturas y servicios para la vigilancia de la contaminación, las emergencias en
materia medioambiental y lucha contra la contaminación, asociadas al ejercicio de poder público,
cuyos costes no sean legalmente repercutibles  al causa nte de la emergencia, ni sean costes en
los que se incurra simplemente para cumplir la normativa legalmente obligatoria para todas las
empresas, la descontaminación de suelos que no se destinen al desarrollo de una actividad
económica, el desguace de embar caciones y equipos abandonados, cuyo tratamiento recaiga
legalmente sobre la Autoridad Portuaria  por haber qued ado desiertos los procedimientos
destinados a identificar el interés privado en su desguace, retirada  o achatarramiento , y el
saneamiento, limpieza general portuaria y retirada de residuos distintos de los generados por las
personas y entidades usuarias del puerto, tales como los desechos gene rados por los buques, los
residuos de la carga y similares.
l)  Los servicios e infraestructuras realizados para organismos internacionales como
consecuencia de obligaciones diplomáticas contraídas por el Reino de España en el marco de un
tratado internacional.
m)  Los servicios e infraestructuras dedicadas a la defensa nacional.
n)  Los servicios  e instalaciones utilizados para el desarrollo de actividades científicas cuyos
resultados no tengan por objeto su explotación económica y las actuac iones de monitorización y
predicción del medio físico con fines de investigación e información meteorológica cuyos
resultados no se exploten comercialmente.
o)  Los servicios de alumbrado de zonas comunes en beneficio de la colectividad, de uso público
y abiertas cuyos beneficiarios no sean principalmente las personas y entidades usuarias del
puerto.
p)  Las actuaciones de protección o corrección de la deriva litoral cuyos beneficiarios no sean
principalmente las personas y entidades usuarias del puerto.
q)  Las inversiones y servicios relacionados  con el fomento de la cultura y el patrimonio histórico
y cultural, incluidos los previstos en el artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Históri co Español, en los supuestos en que las obras públicas correspondientes no
estén relacionadas con la actividad económica de la Autoridad Portuaria , así como las actuaciones
de rehabilitación de bienes con protección cultural que no se exploten comercialmente y
beneficien a la sociedad en su conjunto.
r)  Las actuaciones de urbanización y en desarrollo y revitalización de suelo público para su uso
público que no sea explotado comercialmente.
2.  Adicionalmente , las Autoridades Portuarias podrán deducir de su cuota íntegra las cantidades
correspondientes a las inversiones y gastos realizados para la construc ción, sustitución o mejora
de las infraestructuras de los puertos marítimos, o para la construcción, sustitución o mejora de las
infraestructuras de acceso a los mismos, o para las actividades de dragado, en los términos y con
las condiciones previstas en el capít ulo I y en el artículo 56.ter del Regla mento (UE) n.º 651/2014,
de la Comisión , de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del T ratado.
En este supuesto, la deducción no podrá exceder el porcentaje estab lecido, en cada supuesto,
con carácter máximo de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 56. ter.
3.  Además , en los supuestos en los que las inversiones a las que se refiere el apartado anterior
superen los umbrales establecidos en la letra ee) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de la Comisión , de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado, las mismas quedarán incluidas en la base de la deducción prevista en este artículo en
la medida en que la Comisión Europea  haya declarado su compatibilidad con el mercado interior
de conformidad con lo previsto en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
En estos supuestos, será preciso que las Autoridades Portuarias cumplan las condiciones
establecidas en la correspondiente Decisión de la Comisión Europea  para declarar su
compatibilidad con el mercado interior y la deducción no podrá exceder el porcentaje que resulte
de la intensidad máxima de ayuda admitida en la mencionada Decisión.
4.  La base de la deducción a que se refieren los apartados anteriores estar á constituida por el
importe de los gastos e inversiones mencionados en cada uno de ellos, una vez deducido, en su
caso, el importe derivado de aplicar sobre las subvenciones, tanto de capital como a la
explotación, recibi das para la realización de los citados gastos e inversiones, el porcentaje que
resulte de la diferencia entre 100 y el tipo de gravamen aplicable a las Autoridades Portuarias.
5.  La deducción establecida en este artículo se practicará a medida que se efectúen los pagos y
por la cuantía de éstos, excepto en los supuestos a los que se refiere el apartado 3 anterior ,
puesto que si se han realizado pagos con anterioridad a la Decisión  de la Comisión Europea  que
declare la compatibilidad de la ayud a con el mercado interior , la deducción correspondiente a los
mismos se practicará en el período impositivo en que se haya dictado la citada Decisión.
6.  Las Autorida des Portuarias deberán llevar los oportunos registros contables y documentales
específicos que permitan identificar  los gastos e inversiones a los que se refiere la deducción
prevista en este artículo, cumpliendo además las obligaciones formales que se puedan establecer
reglamentariamente al efecto.
7.  Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las
cuotas íntegras de los periodos impositivos que concluyan en los treinta años inmediatos y
sucesivos.»
Dieciséis.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
apartado 2 del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Las bases imponible s negativas de cualquier entidad pendientes de compensar en el
momento de su integración en el grupo fiscal podrán ser compensadas en la base imponible del
mismo, con el límite resultante de aplicar el artículo 55 de la norma foral del impuesto sobre la
base imponible individual de la propia entidad.»
Diecisiete.   Con efectos para los periodos impositivo s iniciados a partir de 1 de enero de 2020 la
letra c) del artículo 99.1 queda redactada en los siguientes términos:
«c)  Las  entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca la
pérdida o extinción de este régimen asumirán el derecho a deducir los gastos financieros netos
pendientes de deducir del grupo fiscal a que se refiere el artículo 25 bis de esta norma foral, a
imputarse la diferencia establecida en el apartado 2 del artículo 25 bis de esta norma foral, y a la
compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal pendientes de compensar , todo
ello en la proporción que hubieren contribuido a su formación.
La compensación se realizará, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la norma foral
del impuesto, con las bases impon ibles positivas que se determinen en régimen individual de
tributación en los períodos impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en el
apartado 1 de dicho artículo, contad o a partir del siguiente o siguientes a aquél o aquéllos en los
que se determinaron bases imponibles negativas del grupo fiscal.»
Dieciocho.   Con efectos para los períodos impositiv os que se inicien a partir de 1 de enero de
2020, el apartado 2 del artículo 101 queda redactado en los siguientes términos:
«2.
1.º  Tendrá  la consideración de escisión la operación por la cual:
a)  Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y las transmite en
bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin
liquidación, media nte la atribución a sus socios, con arreglo a una norm a proporcional, de valores
representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de
una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor
nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.
b)  Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de
actividad y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes,
manteniéndose, al menos, una rama de actividad en la entidad transmitente , o bien
participaciones en el capital de otras entidades que le confieran la mayoría del capital social de
éstas, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de la entidad adquirente, que
deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital
social y las reservas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en dinero en los
términos de la letra anterior .  
c)  Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el
capital de otras entidades que confie ran la mayoría del capital social en las mismas, manteniendo
en su patrimonio al menos participaciones de similares características en el capital de otra u otras
entidades o bien una rama de actividad, y la transmite a otra entidad, de nueva creación o ya
existente, recibien do a cambio valores representativos del capital de la entidad adquirente, que
deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital
social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los
términos de la letra a) anterior .»                 
Diecinueve.   Con efectos para los periodos impositivo s iniciados a partir de 1 de enero de 2020 el
último párrafo de las letras a) y c) del artículo 102.1 queda redactado en los siguientes términos:
«No obstante, cuando los elementos afectos a un establecimiento perma nente situado en territorio
español se transfieran a otro Estado miembro de la Unión Europea  o a otro Estado del Espacio
Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea  sobre
asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia
mutua prevista en la Directiva  2010/24 /UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la
asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos,
derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de la cuota
correspondiente a la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior fraccionándolo a lo largo de
los períodos impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos, siempre que se
cumplan las condiciones establecid as en los apartados 7 y 8 del artículo 18 de la Norma Foral
16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta  de no Residentes, y en los términos
regulados en los citados preceptos.»
Veinte.   Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero  de 2020 el
artículo 108 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 108.   Subrogación  en los derechos y las obligaciones tributarias e imputación de rentas.
1.  Cuando  las opera ciones mencionadas en el artículo 101 de esta Norma Foral determinen una
sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los derechos y las obligaciones
tributarias de la entidad transmitente .
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos neces arios para continuar en el
goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por la entidad transmitente .
2.  Cuando  la sucesión no sea a título universa l, la transmisión se producirá únicamente respecto
de los derechos y obligaciones tributarias que se refieran a los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos derivados de los incentivos
fiscales de la entidad transmitente , en cuanto que estuvieren referido s a los bienes y derechos
transmitidos.
3.  Se transmit irán a la entidad adquirente las bases imponibles negativ as pendientes de
compensación en la entidad transmitente , siempre que se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
a)  La extinción de la entidad transmitente .
b)  La transmisión de una rama de actividad cuyos resultados hayan generado bases imponibles
negativas pendien tes de compensación en la entidad transmitente . En este caso, se transmitirán
las bases imponibles negativas pendientes de compensación generada s por la rama de actividad
transmitida.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente  o bien cuando
aquélla respecto de ésta se encuentre en alguno de los casos previstos en el artículo 42 de esta
Norma Foral, la base imponible negativa susceptible de compensación se reducirá en el importe
de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, realizadas por cualquier
título, correspondientes a dicha participación o a las participaciones que las entidades vinculadas
tengan sobre la entidad transmitente  y su valor fiscal.
En ningún caso serán compensables las bases imponibles negativas correspondientes a pérdidas
sufridas por la entidad transmitente  que hayan motiv ado el deterioro de la participación de la
entidad adquirente en el capital de la entidad transmitente  o el deterioro de la participación de otra
entidad en esta última cuando tengan una relación de vinculación a que se refiere el artículo 42 de
esta Norma Foral.
4.  Las subroga ciones comprenderán exclusivamente los derechos y obliga ciones nacidos al
amparo de las normas forales  o leyes españolas.»
Artículo 3.  Modificación  de la Norma Foral  2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
Se introducen las siguientes modi ficaciones en la Norma Foral  2/2018, de 11 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno.   Con efectos a partir de 1 de enero de 2019 la letra a) del artículo 6.Dos queda redactada
en los siguientes términos:
«a)  Que  la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y
que, por lo tanto, realiza una activid ad económica cuando, por aplicación de lo establecido en el
artículo 14 de la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del
Territorio Histórico  de Gipuzkoa , dicha entidad no reúna las condicio nes para considerar que más
de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a actividades económicas.
Cuando la entidad participe a su vez en otras entidades, a efectos del cumplimiento del requisito
previsto en el párrafo anterior , se atenderá igualmente a lo establecido en el mismo para
considerar que las entidades participadas no tienen por actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario.»
Dos.  El último párrafo del artículo 6.Dos queda redactado en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado seis siguiente, la exención no alcanzará a la parte del
valor de las partici paciones, determi nado conforme a las reglas que se establecen en los artículos
17 y 18 de esta norma foral, que se corresponda con el valor de los activos no necesarios para el
ejercicio de la actividad económica, minorado en el importe de las deudas no derivadas de la
misma. Tanto el valor de los activos como el de las deudas de la entida d, será el que se deduzca
de su contabilidad y de la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 17, 18 y en el último
párrafo del artículo 11.Tres de la presente norma foral, siempre que aquella refleje fielmente la
verdadera situació n patrimonial de la entidad, determinándose todos los valores, en defecto de
contabilidad o cuando esta no refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, de
acuerdo con lo previsto en esta norma foral.»
Tres.  Se modifica el texto en euskera  del artículo 15, que queda redactado en los siguientes
términos:
«15. artikulua .  Kapital  propioak  hirugarrenei  laga izana  adierazten  duten  baloreak , merkatu
antolatuetan  negoziatuak .
Kapital  propioak  hirugarrenei  laga izanaren  balore  adierazgarriak , merkatu  antolatuetan
negoziatuak , zergaren  sortzapenar en unean  duten  negoziazio  balioaren  arabera  konputatuko  dira,
haien  izendapena , adierazpena  eta lortutako  etekinen  izaera  edozein  dela ere.»
Artículo 4.  Modificación  de la Norma Foral  16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta  de no Residentes.
Se introducen las siguientes modific aciones en la Norma Foral  16/2014, de 10 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta  de no Residentes:
Uno.   Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, se
modifica el apartado 6 y se añaden los apartados 7 a 10 en el artículo 18, que quedan redactados
en los siguientes términos:
«6.  Se  integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor
fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
a)  Los que estén afectos  a un establecimie nto permanente situado en territorio español que cesa
su actividad.
b)  Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio
español son transferidos al extranjero.
c)  Los que estén afecto s a un establecimiento permanente situado en el territorio español que
traslada su actividad al extranjero.
7.  En los casos previsto s en las letras b) y c) del apartado anterior , en el supu esto de elementos
patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea  o del Espacio Económico
Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea  sobre asistencia
mutua en materia de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua
prevista en la Directiva  2010/24 /UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010 sobre la asistencia
mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determin ados impuestos, derechos
y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria
resultante de lo dispuesto en el apartado anterior por quintas partes anuales iguales siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
a)  El contribu yente presente, junto con la última autoliquidación que deba  presentar por este
impuesto en el caso de la letra c) del apartado 6 anterior , o junto con la autoliquidación del período
impositivo en el que tenga lugar la transferencia de activos prevista, la letra b) del referido
apartado 6, una relación individua lizada de los elementos patrimoniales respecto de los que
resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 anterior en la que conste el valor contable de
los mismos y el importe de la diferen cia entre el valor normal de mercado y el valor fiscal de cada
uno de ellos, así como el importe de la parte de cuota íntegra resultante correspondiente a cada
uno.
b)  Se garantice mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución el cobro de la cuota hasta el importe cuyo pago haya optado el
contribuyente por fraccionar en las condiciones establecidas en este apartado, siempre que exista
un riesgo demostrable y real de impago.
En el caso de que el órgano de recaudación aprecie riesgo de impago en el plazo de los 6 meses
siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en
conocimiento del contribuyente mediante el oportuno requerimiento para que aporte garantías
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Si el
requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende aportada garantía suficiente o
debidamente justificada lo innecesario de la misma, se exigirá la totalid ad de la deuda pendiente
en el plazo a que se refiere el artículo 61.2 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa . De no producirse el ingreso en dicho plazo,
comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos
previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa .
El ejercic io de la opción se realiza rá exclusivamente en la propia autoliquidación del impuesto
correspondiente al período impositivo en el que tenga lugar la transferencia de activos prevista en
la letra b) del apartado anterior , o en la autoliquidación del impuesto correspondiente al período
impositivo concluid o con ocasión del traslado de actividad, en el supuesto previsto en la letra c)
del apartado anterior , debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo voluntario de
declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anual es restantes, junto con los
intereses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva,
transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de autoliquidación correspondiente a
los períodos impositivos previstos en el apartado anterior .
El contribuyente podrá solicitar que se reduzca la garantía prestada en aplicación de lo dispuesto
en la letra b) en la proporción que represente el pago realizado sobre el total de la cuota diferida.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le será de
aplicación lo dispuesto en la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa , y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora
y a la constitución de garantías.
8.  No obstante  lo previsto en el apartado anterior , el fraccionamiento perderá  su vigencia y será
exigible la totalidad de la cuota fraccionada restante, junto con los intereses de demora
correspondientes en los siguientes supuestos:
a)  Cuando  los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.
b)  Cuando  los elem entos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un tercer
Estado distinto de los señalados en el párrafo primero del apartado 7 anterior .
c)  Cuando  la actividad realiza da por el establecimiento permanente se traslade con posterioridad
a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo primero del apartado 7 anterior .
d)  Cuando  el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un procedimiento de
ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento equivalente.
e)  Cuando  el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado de elementos a los que se refiere n las letras a) y b) de este
apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los elementos patrimoniales, el
fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la parte proporcional de la deuda
tributaria correspo ndiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de
dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a
alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) de este apartado,
las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento deberán ser ingresadas
en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la pérdida de vigencia del
fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de un mes determinará que se proceda,
exclusivamente respecto de las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el
fraccionamiento, a iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en el plazo a que se
refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa . El importe que se ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos plazos, se
considerará venc ida, en su caso , el resto de deuda fraccionad a, debiendo iniciarse el
procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este apartado
determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda pendiente en el plazo de un
mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de ingreso en el referido plazo
determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los
términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa .
Si concur re el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se refiere la letra e) de
este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de apremio exclusivamente respecto de
dicha fracción incumplida, exigiéndose en el plazo a que se refiere el artículo 61.5 de la Norma
Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa . Se exigirá el
importe de dicha fracción, los intere ses de demora devengados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo
concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse  el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se
considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento
de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a
partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha
del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
9.  En el caso de transferencia a España de elementos patrimoniales o del traslado de
actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva  (UE) 2016/1 164 del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior , haya sido objeto de una
imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea , el valor determinado por el
Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje
el valor de mercado.
10.  No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 de éste artículo, y por tanto, no se
integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercad o y el valor fiscal de los
elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega de
garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez,
siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de
un año.»
Dos.  Con efectos para los períodos impositivo s que se inicien a partir de 1 de enero de 2020 el
apartado 2 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Se  entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento permanente cese en
su activid ad o de otro modo se realice la desafectación  de la inversión en su día efectua da
respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que traslade su actividad
al extranjero, se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o
entidad, aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su titular .»
Tres.  La disposición adicional tercera queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional tercera.   Procedimientos  amistosos.  
1.  Los conflicto s que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la aplicación de
los convenios y tratados internac ionales se resolverán de acuerdo con los procedimientos
amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos o reclamaciones que pudieran resultar procedentes.
2.  Lo estable cido en esta disposición adicional resulta igualmente de aplicación a los
mecanismos de resolución de aque llos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea
que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los que se dispone la eliminación
de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio a que se refiere la Directiva  (UE)
2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de
litigios fiscales en la Unión Europea.
3.  La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones en el ámbito de un
procedimiento amistoso se realizará una vez que el acuerdo adquiera firmeza.
A estos efectos, se considerará que el acuerdo adquiere firmeza en la fecha de recepción de la
última notificación de las autoridades competentes comunicando a las autoridades competentes
del resto de los Estados afectados la aceptación de las personas interesadas del contenido del
mismo y su renuncia al derecho a recurrir respecto de los elementos de la obligación tributaria que
hayan sido objeto del procedimiento amistoso, en su caso. En el supuesto de que los recursos ya
se hubier an iniciado, el acuerdo únicamente adquirirá firmeza una vez que la persona afectada
aporte pruebas a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados de que se han
tomado medidas para poner fin a dichos procedimientos respecto de los elementos de la
obligación tributaria que hayan sido objeto del procedimiento amistoso.
4.  A estos efectos, reglamentariamente  se establecerá el procedimiento para la resolución de
estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante.
La Administración  tributaria se encargará de la tramitación del procedimiento, así como la
elaboración de los informes y de la adopción de los acuerdos que sean precisos para fijar la
posición española, y remitirá el expediente correspondiente a la Autoridad  competente del Reino
de Españ a para desarrollar la fase internacional del procedimiento aplicable en cada caso, de
conformidad con lo previsto en los citados convenios y tratados.
5.  No podrá interponerse recurso algun o contra los citados acuerdos, sin perjuicio de los
recursos previstos  contra el acto o actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos
acuerdos.
6.
1.º  En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda quedará suspendido
automáticamente a instancias del interesado cuando se garantice su importe, los intereses de
demora que gene re la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la
solicitud de la suspensión, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
No se podrá suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior ,
mientras se pueda solicitar la suspensión en vía administrativa o jurisdiccional.
2.º  Las garantías admisibles para obtener la suspensión automática a la que se refiere el número
anterior serán exclusivamente las siguientes:
a)  Depósito  de dinero o valores públicos.
b)  Aval o fianza de carác ter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución.
3.º  Si los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la suspensión
prevista en este apartado se limitará al importe afectado por los procedimientos amistosos.
7.  En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, se simultanee un
procedimiento amistoso previsto en los convenios o tratados internacionales con un procedimiento
de revisión de los regulados en el título V de Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa , se suspenderá el procedimiento  de revisión,
exclusivamente respecto de los elementos de la obligación tributaria que sean objeto del
procedimiento amistoso, hasta la finalización de este último.
8.  En los caso s en los que la existencia de sanciones excluya el acceso a la fase arbitral del
procedimiento amistoso, lo establecido en el apartado 7 no será de aplicación cuando se hubiese
recurrido en vía administrativa la imposición de sanciones. En este caso, se impedirá el acceso a
la comisión arbitral del procedimi ento amistoso hasta que recaiga resolución firme en vía
administrativa o judicial en relación con la sanción.
9.  En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 90/436/CEE, la interposición de
cualquier recurso o reclamación en vía administrativa o en vía contencioso-administrativa contra
las sanc iones impuestas a que se refiere el apartado 10 suspenderá la tramitación del
procedimiento amistoso desde la interposición del primer recurso que proceda hasta que recaiga
resolución firme en vía administrativa o judicial en relación con la sanción.
No se admitirá el inicio o será causa de terminación del procedimiento amistoso previsto en el
párrafo anterior si las empresas de las que se trate han sido objeto  de una sanción, en los
términos establecidos en el apartado 10 de esta disposición, con carácter firme.
10.  A efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, tendrán la consideración de sanciones:
a)  las penas por delitos  contra la Hacienda Pública  a los que se refieren los artículos 305 y 305
bis del Código Penal.
b)  las sanciones por las infracciones a las que se refieren los artículos 195, 196 y 197 siempre
que medie ocultación de datos o utilización de medios fraudulentos o persona interpuesta, de
conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa .
c)  Las sanciones por las infracciones establecidas en el artículo 46 de la Norma Foral  2/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa , siempre que
medie ocultación de datos o utilizac ión de medios fraudulentos, de conformidad con lo dispuesto
en la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa .
A estos efectos, las referencias a las citadas circunstancias deberán entenderse realizadas a la
documentación de precios de transferencia.
No obstante lo establecido en la letra c), no tendrá la consideración de sanciones a efectos de lo
previsto en los apartados 8 y 9, la sanción por infracción derivad a de la presentación de
documentación incompleta cuando no dificulten gravemente la cuantificación o determinación del
valor de mercado.
11.  Los procedimientos a que se refiere esta disposición se rigen por su normativa específica y
supletoriamente, en cuanto resulte aplicable, por la normativa tributaria.»
Artículo 5.  Modificación  de la Norma Foral  18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se modifican los siguientes precep tos de la Norma Foral  18/1987, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
Uno.   El artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 28.
Será sujeto pasivo  el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o
soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo
al prestatario.»
Dos.  Se adiciona un número 41 a la letra B del artículo 41.I con el siguiente contenido:
«41.  Los arrendam ientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere el
artículo 2 de la Ley  29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.»
Tres.  El apartado 1 del artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  La Administración  podrá comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en
su caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado.»
Cuatro.   El apartado 1 del artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 42.1 anterior , quedarán excluidos de la comprobación
administrativa de valor los siguientes supuestos:
a)  El valor que le haya sido comunicado al efecto por la Administración  tributaria en los términos
previstos en el artículo 85 de la Norma Foral  General Tributaria.
b)  El valor de los vehículos con motor mecánico para circular por carretera y de las
embarcaciones, usados, que figuren  comprendidos en las tablas de precios medios de venta que
periódicamente se publiquen por orden foral.
Dichas tablas contendrán los porce ntajes de depreciación aplicables en función de los años de
utilización del vehículo o embarcación.»
Artículo 6.  Modificación  del Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas,
aprobado por el Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril.
Se introducen las siguientes modific aciones en el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades
Económicas, aprobado por el Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril:
Uno.   Las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 5 quedan redactadas en los siguientes
términos:
«b)  Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros
períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
No se entenderá que se inicia el ejercicio de una actividad económica, cuando la misma se haya
desarrollado con anterioridad directamente o indirectamente por el o la contribuyente. A estos
efectos, se entenderá que el o la contribuyente desarrolla la misma actividad cuando esta esté
clasificada en el mismo grupo dentro del anexo I del presente texto refundido.
Además, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad en los
siguientes casos:
a’)  Cuando  la misma se haya  desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que
se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación
de ramas de actividad.
b’)  Cuando  el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del
Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada con anterioridad
por ninguna de las entidades restantes integrantes del grupo.
c’)  Cuando  se halle participada en un 25 por 100 o más por personas o entidades que hayan
desarrollado la misma actividad.
c)  Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros.
En cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, la exención sólo
alcanzará a los que operen en territorio español mediante establecimie nto permanente, siempre
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
No será de aplicación la exención cuando los sujetos pasivos se hallen participados directa o
indirectamente en un 25 por 100 o más, por empresas que no reúnan el requisito del importe neto
de la cifra de negocios previsto en esta letra, excepto que se trate de entidades de capital riesgo a
que se refiere el artículo 77 de la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del T erritorio Histórico de Gipuzkoa .          
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
1.ª  El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se determinará de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.
2.ª  El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los y las contribuyentes del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, de los sujetos pasivos del impuesto sobre
sociedades o de los y las contribuy entes por el impuesto sobre la renta de no residentes, el del
período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese
finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto.
En el caso de las sociedades civiles  y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35
de la Norma Foral  General  Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.
Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la
cifra de negocios se elevará al año.
3.ª  Para  el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
4.ª  Cuando  la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código
de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades
pertenecientes a dicho grupo.
A estos efectos, se entenderá que existe grupo de sociedades cuand o una entidad ostente o
pueda ostentar , directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular , se presumirá que
se produce dicha circunstancia cuan do se dé alguna de las situaciones previstas en el apartado 1
del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de la entidad y la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
5.ª  En el supue sto de los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, se
atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos
permanentes situados en territorio español.»
Dos.  Se da el siguiente contenido al artículo 18:
«Artículo 18.   Datos  protegidos de la matrícula.
La ciudadanía podrá acceder a la información de las actividades de su titularidad y a la
información de datos no protegidos contenidos en la matrícula del impuesto.
Tienen la consideración de datos protegidos, sujetos al régimen previsto en el artículo 92 de la
Norma Foral  General Tributaria, el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y
domicilio fiscal de quienes figuran inscritos como titulares o sujetos pasivos del Impuesto sobre
Actividades Económicas.»
Artículo 7.  Modificación  de la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa .
Se introducen las siguientes modific aciones en la Norma Foral  2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa :
Uno.   La letra d) del artículo 126.1 queda redactada en los siguientes términos:
«d)  Cuando  se trate de los supuestos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 128 de
esta norma foral y se aplique el medio previsto en la letra c) del artículo 56.1 de la misma.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  En los supuestos en los que los obligados tributarios no hayan cump lido el deber de
presentación de autoliquidaciones o declaraciones en los plazos establ ecidos y la Administración
tributaria disponga  de información suficiente para poder cuantificar la deuda tributaria, esta podrá
iniciar el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria de oficio y proceder a la práctica de
una liquidación provisional en la que se determine la misma, de acuerdo con lo previsto en este
artículo.»
Tres.  Se renumera la subsección  relativa al procedimiento de comprobación limitada, incluida en
la sección 2.ª del capítulo III del título III, pasando a constituir la subsección  7.ª
Cuatro.   El párrafo segundo del artículo 204.2 queda redactado en los siguientes términos:
«Dicha infracción será sancionada con multa pecuniaria fija de 300 euros.»
Cinco.   Con efectos desde 1 de julio de 2020 se adiciona la disposición adicional decimoséptima
con el siguiente contenido:  
«Disposición adicional decimoséptima.   Obligación  de información de determinados mecanismos
de planificación fiscal.
1.  Las persona s o entidades intermediarias y los obligados tributarios interesados deberán
suministrar a la Administración  tributaria, conforme a lo dispuesto en la Directiva  2011/16/UE del
Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la
fiscalidad y por la que se deroga la Directiva  77/799/CEE, y los artículos 17, apartados 4 y 5, 29 y
91 de esta norma foral y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente
información:
a)  Mecanismos  transfronterizos  en los que intervengan o participen cuando concurran algunas
de las señas distintivas determinadas conforme a la normativa a que se refiere el párrafo anterior .
b)  Información  de actualización de los mecanismos transfronterizos  comercializables .
c)  Información  de la utilización de los mecanismos transfronterizos  de planificación.
2.  Se consider an titulares del deber de secreto profesional al que se refiere  el apartado 5 del
artículo 8 bis ter de la Directiva  2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran la consideración de
personas o entidades intermediarias conforme a dicha Directiva, con independencia de la
actividad económi ca desarrollada, con respecto a los datos privados no patrimoniales y datos
confidenciales a los que se refiere el artículo 90.5 de esta norma foral que reciban u obtengan de
los obligados tributarios interesado s en un mecanismo transfronterizo  de los definidos en la
Directiva.
La persona o entidad intermediaria obligada por el deber de secreto profesional podrá quedar
liberada del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado
tributario interesado.
3.  Exención  de responsabilidad.
El cumpli miento por las personas o entidades intermediarias de la obligación de información de
mecanismos de planificación fiscal a que se refiere la Directiva  2011/16/UE del Consejo, en los
términos legalmente exigibles, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de
información impue stas por vía contr actual o normativa, no implicando para los sujetos obligados
ningún tipo de responsabilidad respecto del obligado tributario interesado titular de dicha
información.
4.  Régimen  de infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta,
inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición
adicional.
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los
electrónicos, informáticos o telemá ticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de
hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones se sanci onarán con una multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada
dato o conjunto de datos referidos a una misma declaración o que hubieran sido aportados de
forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo equivalente a los
honorarios percib idos o a percibir o al valor del efecto fiscal derivado del mecanismo
transfronterizo  calculado en los términos establecidos reglamentariamente, dependiendo de que el
infractor sea la persona o entidad intermediaria o el obligado tributario interesado,
respectivamente. El límite máximo no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 3.000 euros.
No obstante lo anterior , cuando el mecanismo transfronterizo  carezca de valor en los términos
establecidos reglamentariamente y el infractor lo sea en su condición de obligado tributario
interesado, el límite máximo será el equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por la
persona o entidad intermediaria.
En caso de no existencia de honorarios, el límite se referirá al valor de mercado calculado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del
Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa , de la actividad cuya concurrencia
hubiera dado lugar a la consideración de persona o entidad intermediaria.
A efectos  de la aplicación de los límites máximos anteriores, el infractor deberá aportar prueba
fehaciente de la concurrencia y magnitud de los mismos.
La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en este apartado se reducirán a la mitad
cuando la información haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la
Administración  tributaria.
La presentación de la información por medios distintos a los electrónicos, informáticos y
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, se sancionará con una multa
fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma declaración con un mínimo 750
euros y un máximo de 1.000 euros.
5.  Las infraccio nes y sanciones reguladas  en esta disposición adicional serán incompatibles con
las establecidas en los artículos 202 y 203 de la presente norma foral.»
Seis.   Con efectos desde 1 de julio de 2020 se adiciona la disposición adicional decimoctava con
el siguiente contenido:         
«Disposición adicional decimoctava.   Obligaciones  entre particulares  derivadas de la obligación
de declaración de los mecanismos transfronterizos  de planificación fiscal.
1.  Las persona s o entidades intermediarias eximidas por el deber de secreto profesional de la
presentación de la declaración de los mecanismos transfronterizos  de planificación fiscal deberán
comunicar fehacie ntemente dicha exención a las personas o entidades intermediarias y obligados
tributarios interesa dos que participen en los citados mecanismos en los términos establecidos
reglamentariamente.
2.  Las persona s o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a declarar y que
hubieran presenta do la declaración, determinando dicha presentación la exención del resto de las
personas o entidades intermediarias  o, en su caso, del resto de obligados tributarios interesados
que participen en los citados mecanismos transfronterizos , deberán  comuni car fehacientemen te
dicha presentación a los citados obligados eximidos, en los términos establecidos
reglamentariamente.
3.  Régimen  sancionador .
Constituyen infrac ción tributaria no efectuar las comunicaciones a las que se refiere esta
disposición adicional en el plazo establecido o efectuar las comunicaciones omitiendo datos o
incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos.
La infracción de este artículo se sancionará con una multa fija de 600 euros.»
Siete.   Con efectos desde 1 de julio de 2020 se adiciona la disposición transitoria  quinta con el
siguiente contenido:                
«Disposición transitoria quinta.   Régimen  transitorio de las obligaciones de declaración de los
mecanismos transfronterizos  sometidos a decla ración que se hayan realizado con anterioridad a 1
de julio de 2020.
Los mecanismos transfronterizos  cuyo deber de declaración haya nacido, en los términos
reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán
ser objeto de declaración en los meses de julio y agosto de 2020.»
Artículo 8.  Modificación  de la Norma Foral  3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Se introducen las siguientes modific aciones en la Norma Foral  3/2004, de 7 de abril, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo:
Uno.   El primer párrafo del artículo 25 bis queda redactado en los siguientes términos:
«Cuando la entidad beneficiaria sea alguna de las contempladas en la letra b) y el segundo
párrafo de la letra i) del artículo 18, la efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones
deducibles se justificará a través de la presentación, por parte de los contribuyentes que apliquen
el beneficio fiscal, de la siguiente documentación:»
Dos.  El artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 32.   Requisitos  comunes para la aplicación de los beneficios fiscales.
La aplica ción de los beneficios fiscales previstos en este título estará  condicionada a que las
entidades destinat arias del mecenazgo informen a la Administración  tributaria, en los modelos y
en los plazos establecidos en la normativa tributaria, de las donaciones y aportaciones recibidas.»
Artículo 9.  Modificación  de la Norma Foral  2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al
mecenazgo cultural en el T erritorio Histórico de Gipuzkoa .
Se modifica el artículo 17 de la Norma Foral  2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al
mecenazgo cultura l en el Territorio Histórico de Gipuzkoa , que queda redac tado en los siguie ntes
términos:
«Artículo 17.   Otros  beneficios fiscales.
1.  Estarán  exentas las ganancias patrimoniale s y las rentas positivas de la persona o entidad
donante que se pongan de manifiesto con ocasión de las donaciones a las que se refiere el
artículo 8 de la presente norma foral, que estén sujetas al impuesto sobre la renta de las personas
físicas, al impuesto sobre socieda des o al impuesto sobre la renta de no residentes para
contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente.
2.  Estarán  no sujetas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y sujetas y exentas en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, las adquisiciones por personas físicas a título
gratuito que se produzcan como consecuencia de las donaciones y convenios de colaboración
empresarial previstos en esta norma foral.»
Artículo 10.  Modificación  de la Norma Foral  7/2002, de 3 de octubre, por la que se regula el
canon de utilizació n de infraestructuras viarias y se regulan determina dos aspectos del régimen
jurídico tributario de la Sociedad Pública  Foral «Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia
Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.»
Se introducen las siguientes modifica ciones en la Norma Foral  7/2002, de 3 de octubre, por la que
se regula el canon  de utilización de infraestructuras viarias y se regulan determinados aspectos
del régim en jurídico tributario de la Sociedad Pública  Foral «Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren
Agentzi a-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.»:
Uno.   El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10.  Impuesto  sobre Bienes Inmuebles de las infraestructuras viarias cuya explotació n
corresponda a la Sociedad Pública  Foral «Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia
Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.»
A las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres cuya explotación esté encomendada a
«Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia Guipuz coana de Infraestructuras, S.A.» les
será de aplicación la no sujeción prevista en el apartado 5 del artículo 1 de la Norma Foral
12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aun cuando su utilización no fuera
gratuita.»
Dos.  El artículo 1 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 11.  Exención  en el Impuesto sobre Sociedades de la Sociedad Pública  Foral «Bidegi
Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.»
La Sociedad Pública  Foral «Bidegi  Gipuzkoako  Azpiegituren  Agentzi a-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras, S.A.» tendrá la consideración de entidad exenta del apartado 1 del artículo 12 de
la Norma Foral  2/2014, de 17 de enero, del Impues to sobre Sociedades del Territorio Histórico de
Gipuzkoa .»
Artículo 11.  Modificación  de la Norma Foral  4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del
sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa  a la Ley  5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil V asco.
Se modif ica el epígrafe en castell ano del artículo 13 de la Norma Foral  4/2016, de 14 de
noviembre, de adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa  a la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil V asco, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.   Impuesto  sobre el patrimonio.»
Disposición adicional única.   Pérdida  de efectos de las modificaciones incluidas en el impuesto
sobre sociedades con relación al régimen tributario de las autoridades portuarias incluidas en la
presente norma foral.
Las modificaciones incluidas en los apartados uno, seis, doce, trece y quince del artículo 2 de la
presente norma foral dejarán de producir efectos en el supuesto de que el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea  determine que el tratamiento fiscal previsto en la Norma Foral  2/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre Sociedad es del Territorio Histórico de Gipuzkoa  para las Autoridades
Portuarias con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma foral, no constituye una ayuda
estatal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea  o result a compa tible con el mercado interior , debiendo la Administración  tributaria
regularizar de oficio la situación tributaria de los contribuyentes a los que se haya aplicado lo
dispuesto en esta norma foral en relación con los períodos impositivos en los que haya resultado
de aplicación.
En el supuesto previsto en esta disposición adicional, la Diputación Foral  de Gipuzkoa  aprobará
un decre to foral-norma para dar a los preceptos modificados por la presente norma foral la
redacción que tenían antes de los efectos previstos para las mismas.
Disposición transitoria única.   Régimen  transitorio en materia de procedimientos amistosos.
1.  Los procedim ientos amistosos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva
redacción otorgad a por esta norma  foral a la disposición adicional tercera de la Norma Foral
16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta  de no Residentes , se regirán por la
normativa anterio r a dicha fecha hasta su conclusión, salvo lo dispuesto en los apartados
siguientes.
2.  Lo dispuesto en la nueva redacción otorgada por el apartado tres del artículo 4 de la presente
norma foral a los apartados 7 y 8 de la disposición adicional tercera de la Norma Foral  16/2014, de
10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta  de no Residentes, será de aplicación a los
procedimientos amistosos iniciados a partir del 12 de octubre de 2015.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogada s cuantas disposiciones de igual o inferior rango contr adigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente norma foral.
Disposición final única.    Entrada  en vigor .
La presente norma foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el B
O  de Gipuzkoa , sin perjuicio de los efectos expresos previstos en sus preceptos.