Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 241, de 8 de octubre de 1998
Referencia: BOE-A-1998-23284
ÍNDICE
   
Preámbulo ................................................................ 3
TITULO I. Disposiciones generales ................................................... 5
TITULO II. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos ............................. 8
CAPITULO I. Disposiciones generales ............................................... 8
CAPITULO II. De la exploración e investigación ......................................... 10
CAPITULO III. De la explotación ................................................... 13
CAPITULO IV. De la autoridad y jurisdicción ............................................ 15
CAPITULO V. De la anulabilidad, caducidad y extinción .................................... 16
TITULO III. Ordenación del mercado de productos derivados del petróleo ........................... 17
CAPITULO I. Disposiciones generales ............................................... 17
CAPÍTULO II. Hidrocarburos líquidos ................................................ 17
CAPITULO III. Gases licuados del petróleo ............................................ 23
CAPITULO IV. Garantía de suministro ............................................... 26
TITULO IV. Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización ....................... 31
CAPITULO I. Disposiciones generales ............................................... 31
CAPITULO II. Sistema de gas natural ................................................ 34
CAPITULO III. Gestión técnica del sistema de gas natural y mercado organizado de gas ............... 42
CAPITULO IV. Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural ....................... 46
CAPITULO V. Distribución de combustibles gaseosos por canalización .......................... 50
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CAPITULO VI. Comercialización de combustibles gaseosos .................................. 54
CAPITULO VII. Régimen económico ................................................. 59
CAPITULO VIII. Seguridad de suministro .............................................. 62
TITULO V. Derechos de ocupación del dominio público, expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones a la 
propiedad .................................................................. 64
TITULO VI. Infracciones y sanciones .................................................. 66
DISPOSICIONES ADICIONALES .................................................. 75
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ................................................. 86
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ................................................... 91
DISPOSICIONES FINALES ...................................................... 91BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 22 de mayo de 2015
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ley tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar la distinta normativa 
legal vigente en materia de hidrocarburos. Se pretende, por tanto, conseguir una regulación 
más abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales a través de 
la propia normativa, limitando su intervención directa en los mercados cuando existan 
situaciones de emergencia. Esta regulación debe permitir, además, que la libre iniciativa 
empresarial amplíe su campo de actuación y la introducción en nuestro ordenamiento 
jurídico de realidades técnicas y mercantiles socialmente asumidas, pero carentes, en este 
momento, del encaje legal adecuado. Asimismo, paralelamente a esta apertura de la 
legislación debe profundizarse en los mecanismos de la información detallada por los 
agentes del mercado a las Administraciones competentes, para permitir la constatación de la 
consecución de los objetivos propuestos con la liberalización de los mercados.
La presente Ley persigue proporcionar un tratamiento integrado a una industria 
verticalmente articulada. Desde la producción de hidrocarburos en un yacimiento 
subterráneo hasta su consumo en el motor de un vehículo, en la calefacción de una vivienda 
o en un proceso industrial, se producen o pueden producirse una serie de transacciones 
económicas y de procesos físicos de transformación, tratamiento o simplemente de 
transporte que merecen una consideración global, puesto que forman parte de una actividad 
económica que, aunque segmentable, responde a una concepción integrada. Esta 
integración debe facilitar un tratamiento equilibrado de las diferentes actividades reguladas 
en esta Ley y permitir mantener una sustancial homogeneidad en la forma de abordar 
problemas similares.
A lo anterior se añade la preocupación de la Ley por la introducción de criterios de 
protección medioambiental que estarán presentes en las actividades objeto de la misma, 
desde el momento de su planificación. Así pues, se pretende reflejar la necesidad de 
preservar y restaurar el medio ambiente como condición indispensable para mejorar la 
calidad de vida.
El primer bloque material que aborda la Ley es el relativo a la exploración, investigación 
y explotación de hidrocarburos que han venido siendo reguladas por la Ley 21/1974, de 27 
de junio. Las principales novedades que la presente Ley contiene son su adecuación al 
ordenamiento constitucional, la supresión de la reserva en favor del Estado, la regulación de 
los almacenamientos subterráneos, la creación de la figura del operador y, por último, el 
especial hincapié en las obligaciones de desmantelamiento de las instalaciones que los 
concesionarios deben asumir. Mientras que la adecuación constitucional es una necesidad 
que se explica por sí misma, la supresión de la reserva en favor del Estado responde a la 
necesidad de configurar tal Estado como regulador y no como ejecutor de unas 
determinadas actividades industriales. Ello no es óbice para que, si el Estado lo considera 
oportuno, pueda promover la investigación de un área concreta a través de la convocatoria 
de los correspondientes concursos. Tanto los almacenamientos subterráneos como la figura 
del operador son novedades que se incorporan a nuestro ordenamiento a partir de la 
observación de la realidad. Los almacenamientos subterráneos, carentes de regulación, 
constituyen un núcleo fundamental tanto de la seguridad del sistema de gas natural como de 
otros tipos de hidrocarburos. En cuanto al operador, es la entidad que actúa como BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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responsable ante la Administración del conjunto de actividades desarrolladas en el ámbito de 
investigación y explotación de hidrocarburos cuando existe titularidad compartida.
El refino de petróleo y el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 
productos petrolíferos se regulan desde una perspectiva de mayor liberalización, 
suprimiendo preexistentes autorizaciones para el ejercicio de la actividad por la mera 
autorización de instalaciones afectas a una actividad que por la naturaleza de los productos 
manejados requiere una especial atención. Tan sólo, como excepción, se mantiene la 
autorización de actividad para los operadores al por mayor que, en el conjunto del mercado 
de hidrocarburos líquidos, son responsables del mantenimiento de las existencias mínimas 
de seguridad, garantía básica del sistema.
El suministro de gases licuados del petróleo envasado también recibe el impulso 
liberalizador que esta Ley trata de extender a todo el sector de hidrocarburos. Se suprimen 
requisitos para el ejercicio de la actividad entre los cuales, la supresión de la obligatoriedad 
de distribución a domicilio quizá constituya el ejemplo más relevante.
La regulación del sector del gas trata de avanzar en la liberalización del sector y de 
recoger los avances habidos en nuestro país en esta industria desde la promulgación en 
1987 de la Ley de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en 
materia de combustibles gaseosos, haciéndolo compatible con un desarrollo homogéneo y 
coherente del sistema gasista en todo el territorio nacional.
Sobre la base de la homogeneidad ya aludida como criterio que preside esta norma, se 
pretende también que la homogeneidad se mantenga en el enfoque básico dado al sistema 
de gas natural, en relación con el sistema eléctrico. Se trata en ambos casos de suministros 
que requieren conexiones físicas entre productores y consumidores. Al no tener sentido 
económico la duplicidad de estas interconexiones, el propietario de la red se configura como 
un monopolista del suministro. La separación entre la propiedad de la infraestructura de 
transporte y el servicio que dicha infraestructura presta y la progresividad en este proceso de 
separación son las dos herramientas que, al igual que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, la presente Ley utiliza para transformar el panorama de la industria del 
gas natural.
No obstante, la presente Ley recoge otras posibilidades técnicas de suministros a partir 
de combustibles gaseosos distintos del gas natural, dentro de los que, por su incidencia, 
cabe destacar los suministros de gases licuados del petróleo por canalización.
Además, aunque esta Ley es explícita en la intención de liberalizar total o parcialmente 
los precios de las transacciones mercantiles de los gases combustibles por canalización y 
especialmente las referidas al gas natural cuando haya señales suficientes en el mercado 
que lo hagan posible, se prevé que exista un régimen económico específico para estas 
mercancías, de forma que queden protegidos, desde el primer momento, los intereses tanto 
de consumidores como de futuros productores respecto de cualquier situación de poder de 
mercado.
Resulta, asimismo, necesario abordar tres aspectos genéricos de la Ley que suponen 
una cierta novedad en nuestro ordenamiento:
Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público. Se estima que el 
conjunto de las actividades reguladas en esta Ley no requieren de la presencia y 
responsabilidad del Estado para su desarrollo. No obstante, se ha mantenido para todas 
ellas la consideración de actividades de interés general que ya recogía la Ley 34/1992, de 22 
de diciembre, de ordenación del sector petrolero.
A diferencia del sector eléctrico, cuyos suministros son considerados de carácter 
esencial, los suministros del sector de hidrocarburos tienen una especial importancia para el 
desenvolvimiento de la vida económica que supone que el Estado debe velar por su 
seguridad y continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas 
de seguridad que afectan a los productos petrolíferos y al gas.
Es necesario también hacer referencia a la Comisión Nacional de Energía que se crea 
en la presente Ley. La vinculación e interdependencia de los sectores energéticos, la similar 
problemática de algunos de ellos, especialmente, como se ha señalado, del gas natural y de 
la electricidad, y la progresiva interrelación empresarial en este ámbito económico 
recomiendan atribuir a un único órgano la regulación y vigilancia del mercado energético, 
para garantizar su transparencia y coordinar adecuadamente los criterios de resolución de 
los asuntos que conozca.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Por último, procede aclarar los criterios de distribución competencial seguidos con esta 
norma, que se declara de carácter básico en aquellos preceptos que así lo requieren. El 
artículo 149.1.25ª atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen 
minero y energético, previsión que se completa en el ámbito ejecutivo con lo previsto en el 
número 22 del mismo artículo que asigna al Estado la competencia sobre infraestructuras de 
transporte de energía cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. A lo 
anterior, se añade la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el ámbito material que nos 
ocupa, en especial la sentencia 24/1985, de 21 de febrero, y la más reciente sentencia 
197/1996, de 28 de noviembre. En ambas sentencias se parte de una delimitación 
competencial basada en la consideración del mercado de hidrocarburos como único, que 
inevitablemente se ha de proyectar, como una unidad. Esto obliga a separarse del criterio de 
territorialidad y determinar para cada instalación su impacto sobre un mercado global. Esta 
Ley respeta las competencias de las Comunidades Autónomas en todo lo referente a la 
distribución de hidrocarburos y las hace partícipes en los aspectos más generales de 
planificación y ordenación del sector.
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de las actividades relativas 
a los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
2. Se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley las siguientes 
actividades:
a) La exploración, investigación y explotación de yacimientos y de almacenamientos 
subterráneos de hidrocarburos.
b) El comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo de 
petróleo y productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo.
c) La adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de combustibles gaseosos por canalización.
3. Las actividades destinadas al suministro de hidrocarburos líquidos y gaseosos se 
ejercerán bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
Artículo 2.  Régimen de actividades.
1. A los efectos del artículo 132.2 de la Constitución tendrán la consideración de bienes 
de dominio público estatal, los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos 
subterráneos existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los 
fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España conforme a la legislación 
vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea parte.
2. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades a que se 
refieren los Títulos III y IV de la presente Ley.
Estas actividades se ejercerán garantizando el suministro de productos petrolíferos y de 
gas por canalización a los consumidores demandantes dentro del territorio nacional y 
tendrán la consideración de actividades de interés económico general. Respecto de dichas 
actividades, las Administraciones públicas ejercerán las facultades previstas en la presente 
Ley.
Artículo 3.  Competencias de las autoridades reguladoras.
1. Corresponde al Gobierno, en los términos establecidos en la presente Ley:
a) Ejercer las facultades de planificación en materia de hidrocarburos.
b) Establecer la regulación básica correspondiente a las actividades a que se refiere la 
presente Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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c) Determinar los peajes por el uso de instalaciones afectas al derecho de acceso por 
parte de terceros así como las tarifas de último recurso, en aquellos casos en los que la 
presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al suministro 
que se determinen reglamentariamente.
d) Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el 
suministro de hidrocarburos.
2. Corresponde a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en 
la presente Ley:
a) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere 
el Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma. 
Asimismo, otorgar las concesiones de explotación a que se refiere el citado Titulo de la 
presente Ley.
b) Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de 
explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere el Título II de la presente Ley. 
Asimismo, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando su 
ámbito comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo marino.
c) Autorizar las instalaciones que integran la red básica de gas natural, así como 
aquellas otras instalaciones de transporte secundario y de distribución, a que se refiere la 
presente Ley, cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. Asimismo, 
informará, con carácter vinculante, las autorizaciones de aquellas instalaciones de la red de 
transporte secundario que sean competencia de las Comunidades Autónomas. Dicho 
informe hará referencia explícita a las condiciones a aplicar en el procedimiento de 
adjudicación.
d) Autorizar a los comercializadores de gas natural cuando su ámbito de actuación vaya 
a superar el territorio de una Comunidad Autónoma.
e) (Derogada)
f) Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas a la ampliación, 
mejora y adaptación de las infraestructuras de transporte y distribución de hidrocarburos en 
garantía de una adecuada calidad y seguridad en el suministro de energía.
g) Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas y, en su caso, económicas, que resulten exigibles.
h) Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad 
de los operadores al por mayor que resulten obligados.
i) Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones establecidas en la 
presente Ley en el ámbito de su competencia.
3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los diferentes órganos de defensa de la 
competencia, corresponderán a la Comisión Nacional de Energía, además de las funciones 
que tenga atribuidas en la legislación vigente, las funciones del apartado tercero de la 
disposición adicional undécima de la presente Ley.
4. (Suprimido)
5. La Administración General del Estado podrá celebrar convenios de colaboración con 
las Comunidades Autónomas para conseguir una gestión más eficaz de las actuaciones 
administrativas relacionadas con las instalaciones a que se refiere la presente Ley.
Artículo 4.  Planificación en materia de hidrocarburos.
1. La planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter indicativo, salvo en lo que 
se refiere a las instalaciones integrantes de la red básica de gas natural, a la red de 
transporte secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas 
natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista, a las instalaciones de 
almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos y de almacenamiento 
básico de gas natural, a las instalaciones de transporte secundario y a la determinación de 
criterios generales para el establecimiento de instalaciones de suministro de productos 
petrolíferos al por menor, teniendo en estos casos carácter obligatorio para la garantía de 
suministro de hidrocarburos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Para el reconocimiento de la retribución de instalaciones de gas natural sujetas a 
planificación obligatoria, será requisito indispensable que hayan sido incluidas en la 
planificación a que se refiere el párrafo anterior.
2. La planificación en materia de hidrocarburos, será realizada por el Gobierno con la 
participación de las Comunidades Autónomas y será presentada al Congreso de los 
Diputados.
3. Dicha planificación deberá referirse, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Previsión de la demanda de productos derivados del petróleo y de gas natural a lo 
largo del período contemplado.
b) Estimación de los abastecimientos de productos petrolíferos necesarios para cubrir la 
demanda prevista bajo criterios de calidad, seguridad del suministro, diversificación 
energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente.
c) Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y almacenamiento de productos 
petrolíferos de acuerdo con la previsión de su demanda, con especial atención de las 
instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas.
d) Previsiones de desarrollo de la red básica de transporte de gas natural y de la 
capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema 
gasista, con el fin de atender la demanda con criterios de optimización de la infraestructura 
gasista en todo el territorio nacional.
e) Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de las redes y etapas de 
su ejecución, con el fin de asegurar un desarrollo homogéneo del sistema gasista en todo el 
territorio nacional.
f) Previsiones relativas a instalaciones de transporte y almacenamiento de combustibles 
gaseosos, así como de las plantas de recepción y regasificación de gas natural licuado, con 
el fin de garantizar la estabilidad del sistema gasista y la regularidad y continuidad de los 
suministros de gases combustibles.
g) Establecimiento de criterios generales para determinar un número mínimo de 
instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor en función de la densidad, 
distribución y características de la población y, en su caso, la densidad de circulación de 
vehículos.
h) Los criterios de protección medioambiental que deben informar las actividades objeto 
de la presente Ley.
Artículo 5.  Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias.
1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de 
reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios generales para el 
emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, 
deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de 
ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda, 
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y 
estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones 
y la protección de las existentes.
La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 
también será tomada en consideración en la planificación de carreteras.
2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas 
instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado 
anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro 
de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y 
siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento 
de ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo 
dispuesto en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte 
aplicable.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Téngase en cuenta que el apartado 2 queda derogado, en lo que resulte aplicable a las 
instalaciones de la red básica de transporte de gas natural, según establece la disposición 
derogatoria única.d) de la Ley 13/2002, de 23 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10463
3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación 
descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación 
y explotación de hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.
Artículo 6.  Otras autorizaciones.
1. Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto de la presente Ley lo serán sin 
perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e instalaciones 
necesarios para el desarrollo objeto de las mismas pudieran requerir por razones fiscales, de 
ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los 
recursos marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad 
para personas y bienes.
2. En lo referente a la seguridad y calidad industriales de los elementos técnicos y 
materiales para las instalaciones objeto de la presente Ley, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás disposiciones aplicables en la materia.
3. Cuando los trabajos, construcciones e instalaciones objeto de la presente Ley estén 
ubicadas o tengan que realizarse dentro de las zonas e instalaciones de interés para la 
defensa nacional, se requerirá autorización del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
defensa nacional, y su normativa de desarrollo.
TITULO II
Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 7.  Actividades objeto de regulación.
El presente Título establece el régimen jurídico de:
a) La exploración, investigación y explotación de los yacimientos de hidrocarburos.
b) La exploración, investigación y explotación de los almacenamientos subterráneos para 
hidrocarburos.
c) Las actividades de transporte, almacenamiento y manipulación industrial de los 
hidrocarburos obtenidos, cuando sean realizadas por los propios investigadores o 
explotadores de manera accesoria y mediante instalaciones anexas a las de producción.
Artículo 8.  Titulares.
1. Las personas jurídicas, públicas o privadas podrán realizar cualquiera de las 
actividades a que se refiere este Título, mediante la obtención de las correspondientes 
autorizaciones, permisos y concesiones.
Las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el presente artículo serán 
otorgados de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
2. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación sólo podrán ser 
otorgados, individualmente o en titularidad compartida, a sociedades mercantiles que 
acrediten su capacidad técnica y financiera para llevar a cabo las operaciones de 
investigación y, en su caso, de explotación de las áreas solicitadas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Las sociedades mercantiles a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán 
incluir en su objeto social la realización de actividades de exploración, investigación o 
explotación de hidrocarburos o de almacenamientos subterráneos.
3. En el caso de titularidad compartida de permisos de investigación o concesiones de 
explotación, el conjunto de titulares deberá designar a uno de ellos como operador, sin 
perjuicio de su responsabilidad solidaria frente a la Administración por todas las obligaciones 
que de ellos se deriven.
El operador será el representante del conjunto de titulares ante la Administración a los 
efectos de presentación de documentación, gestión de garantías y responsabilidades 
técnicas de las labores de prospección, evaluación y explotación.
Artículo 9.  Régimen jurídico de las actividades.
1. La autorización de exploración faculta a su titular para la realización de trabajos de 
exploración en áreas libres, entendiendo por tales aquellas áreas geográficas sobre las que 
no exista un permiso de investigación o una concesión de explotación en vigor.
2. El permiso de investigación faculta a su titular para investigar, en exclusiva, en la 
superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para 
los mismos, en las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el plan de 
investigación previamente aprobado. El otorgamiento de un permiso de investigación 
confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en 
cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área, previo 
cumplimiento de las condiciones a que se refiere el Capítulo III del presente Título.
3. La concesión de explotación faculta a su titular para realizar el aprovechamiento de los 
recursos descubiertos, bien por extracción de los hidrocarburos, bien por la utilización de las 
estructuras como almacenamiento subterráneo de cualquier tipo de aquéllos, así como 
proseguir los trabajos de investigación en el área otorgada.
El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a las autorizaciones 
pertinentes para la construcción y utilización de las instalaciones que sean necesarias para 
el desarrollo de su actividad, siempre que se ajusten a la legislación vigente y al plan de 
explotación previamente aprobado.
4. Con carácter previo a la iniciación de los trabajos de exploración, investigación, 
explotación o almacenamiento de hidrocarburos se deberá constituir un seguro de 
responsabilidad civil a fin de responder de posibles daños a personas o bienes, como 
consecuencia de las actividades a desarrollar de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente teniendo en cuenta su naturaleza.
5. En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados en este 
artículo podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de 
sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la 
industria, entre ellas, la fracturación hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de 
recuperación secundaria y aquéllos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten 
necesarios para su objeto.
6. Todas las coordenadas geográficas que figuren en las correspondientes 
delimitaciones de permisos de investigación y de concesiones de explotación de 
hidrocarburos se definirán a partir del sistema geodésico de referencia oficial en España.
 
Artículo 10.  Inversión por no nacionales.
A los efectos de este Título la inversión de capital por personas jurídicas domiciliadas en 
el extranjero será libre, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
inversiones extranjeras.
Artículo 11.  Transmisibilidad de permisos de investigación y concesiones de explotación.
La transmisión total o parcial de permisos de investigación y concesiones de explotación, 
así como los convenios de colaboración que los titulares de los mismos lleven a cabo para el 
desarrollo de sus actuaciones, estarán sometidos a la autorización de la Administración 
competente previa acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de los mismos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 12.  Obligación de información.
1. Los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de investigación y 
concesiones de explotación estarán obligados a proporcionar al órgano competente que los 
hubiese otorgado la información que le solicite respecto a las características del yacimiento y 
a los trabajos, producciones e inversiones que realicen, así como los informes geológicos y 
geofísicos referentes a sus autorizaciones, permisos y concesiones, así como los demás 
datos que reglamentariamente se determinen.
2. En el supuesto de autorizaciones de exploración, el carácter confidencial se 
mantendrá durante el plazo de siete años desde la fecha de terminación de los trabajos de 
campo. Asimismo, en el supuesto de permisos de investigación y concesiones de 
explotación, la información obtenida tendrá carácter confidencial durante el periodo de 
vigencia de los mismos.
3. La documentación técnica generada por programas de prospección en autorizaciones 
de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación deberá ser remitida 
a la Administración General del Estado para su incorporación al Archivo Técnico de 
Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y además, en su caso, a la 
Comunidad Autónoma que los hubiera otorgado.
CAPITULO II
De la exploración e investigación
Artículo 13.  Actividades libres.
La exploración superficial terrestre de mero carácter geológico podrá efectuarse 
libremente en todo el territorio nacional.
Artículo 14.  Autorizaciones de exploración.
1. El Ministerio de Industria y Energía, o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma cuando afecte a su ámbito territorial, podrá autorizar en áreas libres trabajos de 
exploración de carácter geofísico u otros que no impliquen la ejecución de perforaciones 
profundas definidas así reglamentariamente.
2. Los solicitantes de autorizaciones de exploración deberán acreditar los siguientes 
extremos en los términos que en las correspondientes normativas de desarrollo se 
establezcan:
a) Capacidad legal, técnica y financiera del solicitante.
b) Programa de exploración, con indicación de las técnicas a emplear y medidas de 
protección medioambiental.
c) Situación de los lugares donde se vaya a acometer el plan de exploración.
3. En ningún caso se autorizarán estas exploraciones con carácter de monopolio ni 
crearán derechos exclusivos.
Artículo 15.  Permisos de investigación.
1. Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por los órganos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecte a su ámbito territorial y conferirán 
el derecho exclusivo de investigar las áreas a que vayan referidas durante un período de 
seis años.
Con carácter excepcional, este período podrá ser prorrogado, a petición del interesado, 
por un plazo de tres años. El otorgamiento de prórroga supondrá la reducción de la 
superficie original del permiso en un 50 por 100 y estará condicionada al cumplimiento por el 
titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer período de vigencia.
2. Con carácter general las superficies de los permisos de investigación tendrán un 
mínimo de 10.000 hectáreas y un máximo de 100.000 hectáreas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Reglamentariamente, se determinará en qué casos la superficie del permiso de 
investigación podrá quedar fuera del rango establecido en el párrafo anterior.
3. Las superficies de los permisos se delimitarán por coordenadas geográficas, 
admitiéndose en cada permiso de investigación desviaciones hasta del 4 por 100 de los 
límites máximos establecidos.
Artículo 16.  Solicitud y registro.
1. El permiso de investigación se solicitará al Ministerio de Industria y Energía o al 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma cuando afecte a su ámbito territorial. En 
el citado Ministerio deberá haber un Registro Público Especial, sin perjuicio de los posibles 
registros territoriales, en el que se hará constar la identidad del solicitante, el día de 
presentación, el número de orden que haya correspondido a la solicitud y las demás 
circunstancias.
Las Comunidades Autónomas tendrán la obligación de comunicar al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio la información relativa a los permisos de investigación 
solicitados a las Comunidades Autónomas y a los otorgados por éstas de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se determine.
2. El solicitante del permiso de investigación deberá presentar al menos la siguiente 
documentación con el alcance que se establezca en la correspondiente normativa de 
desarrollo:
a) Acreditación de la capacidad legal, técnica y económico financiera del solicitante.
b) Superficie del permiso de investigación que se delimitará por sus coordenadas 
geográficas.
c) Plan de investigación, que comprenderá el programa de trabajos, el plan de 
inversiones, las medidas de protección medioambientales y el plan de restauración.
d) Acreditación de constitución de la garantía a que se refiere el artículo 21 de la 
presente Ley.
Artículo 17.  Ofertas en competencia.
1. Recibida la solicitud en el correspondiente Registro, el órgano competente 
comprobará si el solicitante reúne los requisitos exigidos en este Título.
2. En el caso de que el solicitante no reúna dichos requisitos, se denegará la solicitud. Si 
los cumple, se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado y además, en su caso, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma competente para el otorgamiento, de un 
anuncio en el que se publique el nombre del solicitante y la delimitación de la superficie, a fin 
de que en el plazo de dos meses puedan presentarse ofertas en competencia o de que 
puedan formular oposición quienes se consideren perjudicados en su derecho.
Artículo 18.  Procedimiento de adjudicación.
1. Reglamentariamente se establecerá la documentación, forma y plazos para la 
presentación de ofertas en competencia, procedimiento de adjudicación del permiso e 
inversiones mínimas a realizar en cada período de vigencia.
2. La resolución sobre el otorgamiento del permiso de investigación se adoptará por Real 
Decreto o en la forma que cada Comunidad Autónoma establezca para los correspondientes 
a su ámbito territorial, debiendo resolver expresamente las eventuales oposiciones que se 
hubieran formulado.
3. En la resolución de otorgamiento se fijarán los trabajos mínimos que deberán realizar 
los adjudicatarios de los permisos, incluidas las labores de protección medioambiental, hasta 
el momento de su extinción o de la renuncia a los mismos.
Artículo 19.  Concurrencia de solicitudes.
En el caso de concurrencia de dos o más solicitudes sobre la misma área, los nuevos 
solicitantes deberán acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o, en su caso, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Reglamentariamente, se regularán los criterios de valoración en el caso de ofertas en 
competencia teniendo en cuenta, entre otros, la mayor cuantía de las inversiones, rapidez de 
ejecución del programa de inversión y la prima ofrecida por encima del valor del canon de 
superficie para los permisos de investigación y concesiones de explotación que se 
establecen en la Disposición adicional primera de la presente Ley.
Asimismo, reglamentariamente se establecerá el procedimiento de adjudicación de 
ofertas en competencia en el caso de demasías.
Artículo 20.  Concurso para áreas no concedidas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio o, en 
su caso, los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias y cuando lo consideren necesario para obtener la oferta que mejor convenga 
al interés general, podrán abrir concurso sobre determinadas áreas no concedidas ni en 
tramitación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y además en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en el caso de los concursos convocados por una 
Comunidad Autónoma, adjudicándolas al concursante que, reuniendo los requisitos exigidos, 
ofrezca las mejores condiciones.
Artículo 21.  Garantía.
1. La garantía exigida en el artículo 16 se fijará en función del plan de inversiones y del 
plan de restauración presentados por el solicitante y responderá al cumplimiento de las 
obligaciones de inversión, fiscales, de la Seguridad Social y de restauración y otras 
obligaciones derivadas de los permisos de investigación.
2. La garantía que deba constituirse a favor de la Administración actuante consistirá en 
alguna de las previstas en el artículo 3 del Reglamento de la Caja General de Depósitos, 
aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, o norma autonómica que, en su 
caso, corresponda.
3. El valor de la garantía exigida se fijará reglamentariamente y se actualizará de forma 
periódica para los nuevos permisos y concesiones otorgados, considerando principalmente 
los valores de mercado de las operaciones en el sector.
4. El titular o el operador de cada permiso de investigación o concesión de explotación 
será responsable de la presentación y mantenimiento, ante el Ministerio de Industria y 
Energía o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, en los permisos de su 
ámbito territorial, del 100 por 100 de la garantía.
5. En caso de denegación o renuncia del permiso o de extinción del mismo, siempre que 
el titular haya cumplido sus obligaciones, el depósito será devuelto al interesado o la 
garantía dejada sin efecto en los plazos que reglamentariamente se determinen.
6. En el caso de que se ejecute total o parcialmente la garantía por incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el titular vendrá obligado a 
reponer aquélla dentro del plazo que al efecto se señale en el Reglamento y en el supuesto 
de incumplimiento el permiso quedará anulado.
Artículo 22.  Desarrollo de labores y trabajos.
1. El titular de un permiso de investigación estará obligado a desarrollar el programa de 
trabajo y las inversiones dentro de los plazos que se especifiquen en las resoluciones de 
otorgamiento del órgano competente. Asimismo, estará obligado a presentar anualmente los 
planes de labores de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
2. El órgano competente podrá modificar, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, los plazos a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el programa de 
trabajos y el plan de inversiones, e incluso transferir obligaciones del plan de inversiones de 
unos permisos a otros, previa renuncia de los primeros.
3. El titular de un permiso de investigación que descubriera hidrocarburos estará 
obligado a informar sobre ello a la Administración que hubiese concedido el permiso de 
investigación y, en todo caso, al Ministerio de Industria y Energía, y podrá utilizarlos en la 
medida que exijan las operaciones propias de la investigación y en cualquiera de las zonas 
que le hayan sido o le sean adjudicadas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 23.  Concurrencia de derechos mineros.
1. Podrán otorgarse permisos de investigación de hidrocarburos aun en los casos en que 
sobre la totalidad o parte de la misma área existan otros derechos mineros otorgados de 
acuerdo con la normativa que resulte aplicable.
2. El otorgamiento de permisos de investigación con arreglo a la presente Ley no 
impedirá la atribución sobre las mismas áreas de autorizaciones, permisos o concesiones 
relativos a otros yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
3. Reglamentariamente se determinará el modo de resolver las incidencias que puedan 
presentarse por coincidir en una área permisos de investigación o concesiones de 
explotación de hidrocarburos y de otras sustancias minerales y demás recursos geológicos. 
En el caso de que las labores sean incompatibles, definitiva o temporalmente, el Ministerio 
de Industria y Energía o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si ambas 
actividades han de desarrollarse dentro de su ámbito territorial, resolverá sobre la sustancia 
o recurso cuya explotación resulte de mayor interés. El titular a quien se le conceda la 
prioridad habrá de abonar a aquél a quien se le deniegue la indemnización que proceda por 
los perjuicios que se le ocasionen. Si la incompatibilidad fuere temporal, las labores 
suspendidas podrán reanudarse una vez desaparecida aquélla.
CAPITULO III
De la explotación
Artículo 24.  Derechos de los titulares de las concesiones de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos.
1. La concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos confiere a sus titulares 
el derecho a realizar en exclusiva la explotación del yacimiento de hidrocarburos en las 
áreas otorgadas por un período de treinta años, prorrogable por dos períodos sucesivos de 
diez.
2. Los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos 
tendrán derecho a continuar las actividades de investigación en dichas áreas y a la 
obtención de autorizaciones para las actividades previstas en este Título.
3. Los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos podrán 
vender libremente los hidrocarburos obtenidos.
Artículo 24 bis.  Derechos de los titulares de las concesiones de explotación de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos.
1. Los titulares de una concesión de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos 
tendrán derecho a almacenar hidrocarburos de producción propia o propiedad de terceros en 
el subsuelo del área otorgada y se otorgará por un período de treinta años, prorrogable por 
dos períodos sucesivos de diez años. Asimismo, podrán realizar actividades de investigación 
de dichos almacenamientos.
2. Si por razones técnicas se requiere la extracción de hidrocarburos existentes en la 
estructura subterránea objeto de la concesión de almacenamiento subterráneo, los titulares 
de la misma podrán proceder a la extracción de los hidrocarburos de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el otorgamiento de la concesión.
Artículo 25.  Solicitud de una concesión de explotación.
1. Los solicitantes de concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos o de 
almacenamientos subterráneos, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
deberán presentar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la siguiente 
documentación:
a) Memoria técnica detallando la situación, extensión y datos técnicos de la concesión 
que justifiquen su solicitud.
b) Plan general de explotación, programa de inversiones, estudio de impacto ambiental 
y, en su caso, estimación de reservas recuperables y perfil de producción.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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c) Plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones una vez finalizada la 
explotación del yacimiento o del almacenamiento subterráneo, así como recuperación del 
medio.
d) Resguardo acreditativo de la garantía constituida por el solicitante en la Caja General 
de Depósitos.
2. El Gobierno autorizará, previo informe de la Comunidad Autónoma afectada, el 
otorgamiento de la concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos o de 
almacenamientos subterráneos mediante Real Decreto. El Real Decreto fijará las bases del 
plan de explotación propuesto, el seguro de responsabilidad civil que habrá de ser suscrito 
obligatoriamente por el titular de la concesión y la provisión económica de 
desmantelamiento. Cuando razones de interés general lo aconsejen, el plan de explotación 
podrá ser modificado por Real Decreto, previo informe de la Comunidad Autónoma afectada.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando la concesión de explotación se 
refiera a almacenamientos subterráneos de gas natural que por sus características no 
tengan la condición de almacenamientos básicos, la autorización del Gobierno deberá 
realizarse previo informe favorable de la Comunidad Autónoma afectada.
3. Tres meses antes del comienzo de cada año natural, el concesionario presentará para 
su aprobación al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un plan anual de labores que 
se ajustará al plan de explotación en vigor.
4. Si venciese el plazo de un permiso de investigación antes de haberse otorgado la 
concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos o de almacenamiento 
subterráneo solicitada, el permiso de investigación se entenderá prorrogado hasta la 
resolución del expediente de concesión.
Artículo 26.  Superficie afecta y no afecta a una concesión de explotación.
1. Las superficies que sean objeto de concesión de explotación podrán tener la forma 
que solicite el peticionario, pero habrán de quedar definidas por la agrupación de 
cuadriláteros de un minuto de lado, en coincidencia con minutos enteros de latitud y longitud, 
adosados al menos por uno de sus lados.
2. La superficie de una concesión de explotación se adaptará a las dimensiones mínimas 
que sean necesarias para su protección.
3. La parte de la superficie afecta a un permiso de investigación que no resulte cubierta 
por las concesiones de explotación otorgadas podrá seguir dedicándose a actividades de 
investigación hasta el límite del periodo de vigencia del permiso.
Artículo 27.  Condiciones y garantía.
1. Los concesionarios en sus labores de explotación deberán cumplir las condiciones y 
requisitos técnicos que se determinen reglamentariamente.
2. La garantía a la que se refiere el artículo 25 para una concesión de explotación se 
fijará en función del programa de inversiones presentado por el solicitante y responderá al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, de la Seguridad Social, de desmantelamiento y de 
recuperación, y otras obligaciones derivadas de las concesiones de explotación.
Artículo 28.  Prórroga de las concesiones de explotación.
1. Las prórrogas de concesiones de explotación de yacimientos y de almacenamientos 
subterráneos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 24 bis de esta Ley, se 
solicitarán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2. Para la solicitud de prórroga por parte del titular de una concesión será condición 
necesaria que se hayan cumplido las obligaciones comprometidas en el período de vigencia 
anterior y mantenga su actividad de acuerdo con su plan de explotación. 
Reglamentariamente, se regulará el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las 
prórrogas de una concesión de explotación de yacimientos o de almacenamiento 
subterráneo de hidrocarburos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 29.  Reversión de instalaciones.
1. La anulación o extinción de una concesión de explotación dará lugar a su inmediata 
reversión al Estado que podrá exigir al titular el desmantelamiento, de las instalaciones de 
explotación.
En el caso de que no se solicite el desmantelamiento revertirán gratuitamente al Estado 
los pozos, equipos permanentes de explotación y de conservación de aquellos y 
cualesquiera obras estables de trabajo incorporadas de modo permanente a las labores de 
explotación.
2. La Administración podrá autorizar al titular de una concesión de explotación y a 
solicitud de éste, la utilización de las instalaciones de cualquier clase y obras estables 
situadas dentro de la concesión de explotación e incorporadas de modo permanente a las 
labores de explotación y que, conforme a lo dispuesto en este artículo, reviertan al Estado, si 
al tiempo de la reversión estuvieran utilizándose para el servicio de concesiones de 
explotación o permisos de investigación del mismo titular, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.
Artículo 29 bis.  Adaptación de concesiones de explotación.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de adaptación de una concesión 
de explotación de recursos naturales o de una concesión de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos a una concesión de explotación de almacenamiento subterráneo.
CAPITULO IV
De la autoridad y jurisdicción
Artículo 30.  Jurisdicción.
Los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones 
de explotación se someterán en cuantas cuestiones se susciten en relación con los mismos, 
a las leyes y tribunales españoles.
Artículo 31.  Inspección administrativa.
1. El Ministerio de Industria y Energía, o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en los permisos de investigación que otorgue cuando afecte a su ámbito territorial, 
podrá, en cualquier momento, inspeccionar todos los trabajos y actividades regulados en 
este Título, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles a los 
titulares.
2. El Ministerio de Industria y Energía, o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en las autorizaciones y permisos de investigación que otorgue cuando afecte a su 
ámbito territorial, podrá solicitar la presentación por los titulares de permisos y concesiones 
de las cuentas anuales, pudiendo exigirse que las cuentas estén debidamente auditadas, así 
como la práctica de auditorías complementarias sobre aquellos extremos que se consideren 
necesarios de la actividad de explotación de hidrocarburos en territorio nacional de la 
empresa de que se trate.
Artículo 32.  Actividades en el subsuelo marino.
Las actividades objeto de este título que se realicen en el subsuelo del mar territorial y en 
los demás fondos marinos que estén bajo la soberanía nacional se regirán por esta ley, por 
la legislación vigente de costas, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma 
continental, y por los acuerdos y convenciones internacionales de los que el Reino de 
España sea parte.
Cuando se produzcan actividades en esos ámbitos, incidan o no en zonas terrestres, se 
requerirá informe previo de la comunidad autónoma afectada en el procedimiento de 
concesión de explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de 
hidrocarburos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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CAPITULO V
De la anulabilidad, caducidad y extinción
Artículo 33.  Anulabilidad de autorizaciones, permisos y concesiones.
1. Las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el presente Título serán 
nulos cuando se otorguen contraviniendo lo dispuesto en la presente Ley.
2. Los permisos y concesiones que se superpongan a otros ya otorgados serán nulos. La 
nulidad sólo afectará a la extensión superpuesta cuando quede en el resto del permiso o 
concesión área suficiente para que se cumplan las condiciones exigidas en este Título.
Artículo 34.  Extinción.
1. Las autorizaciones, permisos y concesiones regulados en el presente Título se 
extinguirán:
a) Por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento.
b) Por caducidad al vencimiento de sus plazos.
c) Por renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas las condiciones en que 
fueron otorgados.
d) Por la disolución o la liquidación de la empresa titular.
e) Por cualesquiera otras causas establecidas por las leyes.
2. Al extinguirse un permiso o concesión se devolverá a su titular la garantía o la parte de 
ésta que corresponda en el caso de extinción parcial, salvo que proceda su ejecución de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la presente Ley.
3. Cuando una concesión de explotación se extinga por vencimiento de su plazo y sea 
objeto de concurso para su ulterior adjudicación, tendrá preferencia para adquirirla, en 
igualdad de condiciones, el concesionario cesante.
Artículo 35.  Paralización del expediente.
1. Cuando por causa imputable al solicitante se paralice la tramitación de un expediente, 
la autoridad competente advertirá a éste que, transcurridos tres meses, se producirá la 
caducidad del mismo, y en el caso de que se trate de un permiso de investigación o 
concesión de explotación, como de sus prórrogas, el titular perderá a favor de la 
Administración competente la fianza o garantía depositada.
2. Cuando la paralización del expediente o suspensión de trabajos se produzca por 
causas no imputables al titular, el permiso o concesión se prolongará por el plazo de 
duración de aquélla. Durante dicho periodo de paralización o suspensión no será exigible 
canon ni tasa algunos ni el mantenimiento del plan de inversiones previsto en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 35 bis.  Régimen del silencio administrativo y de las notificaciones.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado que versen sobre materias 
reguladas en el presente título, el vencimiento del plazo máximo sin que les haya sido 
notificada la resolución expresa que les ponga término legitimará al interesado o interesados 
que hubieran deducido la solicitud o presentado ofertas para entenderlas desestimadas por 
silencio administrativo, salvo los planes a que se refieren los artículos 22.1 y 25.3 de esta 
Ley.
2. En dichos procedimientos, solo será necesaria la notificación personal de los actos y 
resoluciones administrativas que puedan adoptarse a los propios solicitantes, a quienes 
hayan presentado ofertas en competencia y, en su caso, al operador o titulares de los 
permisos, autorizaciones o concesiones. Dichos actos y resoluciones serán, además, objeto 
de publicación con las formalidades previstas en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, cuya publicación sustituirá a la notificación en relación con cualesquiera otros 
interesados.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 36.  Normativa general.
Lo dispuesto en el presente capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación rectora del procedimiento administrativo común y en las disposiciones 
administrativas que la desarrollan. No obstante, las previsiones que sobre régimen del 
silencio administrativo y de notificaciones se contienen en el artículo 35 bis tendrán, en todo 
caso, aplicación preferente, siendo en dichos extremos la citada legislación únicamente de 
aplicación supletoria.
TITULO III
Ordenación del mercado de productos derivados del petróleo
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 37.  Régimen de las actividades.
1. Las actividades de refino de crudo de petróleo, el transporte, almacenamiento, 
distribución y venta de productos derivados del petróleo, incluidos los gases licuados del 
petróleo, podrán ser realizadas libremente en los términos previstos en la presente Ley, sin 
perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, de la 
correspondiente legislación sectorial y, en especial, de las fiscales, de las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente y de protección de los consumidores y usuarios.
2. Las actividades de importación, exportación e intercambio intracomunitario de crudo 
de petróleo y productos petrolíferos se realizará sin más requisitos que los que se deriven de 
la aplicación de la normativa comunitaria, sin perjuicio de la normativa fiscal aplicable.
Artículo 38.  Precios.
Los precios de los productos derivados del petróleo serán libres.
CAPÍTULO II
Hidrocarburos líquidos
Artículo 39.  Refino.
1. La construcción, puesta en explotación o cierre de las instalaciones de refino, estará 
sometida al régimen de autorización administrativa previa en los términos establecidos en la 
presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
La autorización administrativa de cierre de una instalación de refino podrá imponer a su 
titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.
La transmisión o modificación sustancial de estas instalaciones deberá ser comunicada a 
la autoridad concedente de la autorización original.
2. Para la obtención de tales autorizaciones, los solicitantes deberán acreditar los 
siguientes extremos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de ordenación del 
territorio.
3. Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo tendrán carácter reglado y 
serán otorgadas por el Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 40.  Transporte y almacenamiento.
1. La construcción y explotación de las instalaciones de transporte o almacenamiento de 
productos petrolíferos, cuando estas últimas tengan por objeto prestar servicio a operadores 
a los que se refiere el artículo 42 de la presente Ley, estará sometida al régimen de 
autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo.
La transmisión o cierre de estas instalaciones deberá ser comunicada a la autoridad 
concedente de la autorización original.
2. Los solicitantes de autorización para instalaciones de transporte o parques de 
almacenamiento de productos petrolíferos deberán acreditar los siguientes extremos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de ordenación de 
territorio.
3. Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo tendrán carácter reglado y 
serán otorgadas por la Administración competente, de acuerdo con los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación, tomando en consideración los criterios de 
planificación que se deriven del artículo 4 de la presente Ley.
Artículo 41.  Acceso de terceros a las instalaciones de transporte y almacenamiento.
1. Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos 
petrolíferos, autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la presente ley, 
deberán permitir el acceso de terceros mediante un procedimiento negociado, en 
condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas, aplicando 
precios que deberán hacer públicos. El Gobierno podrá establecer peajes y condiciones de 
acceso para territorios insulares y para aquellas zonas del territorio nacional donde no 
existan infraestructuras alternativas de transporte y almacenamiento o éstas se consideren 
insuficientes.
Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos 
petrolíferos que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, deban permitir el acceso 
de terceros, cumplirán las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la Comisión Nacional de Energía las peticiones de acceso a sus 
instalaciones, los contratos que suscriban, la relación de precios por la utilización de las 
referidas instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos en un 
plazo máximo de un mes. La Comisión Nacional de Energía publicará esta información en 
los términos previstos en la disposición adicional undécima. Tercero. 4 de esta ley.
b) Presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la metodología 
de tarifas aplicada incluyendo los distintos tipos de descuentos aplicables, el sistema de 
acceso de terceros a sus instalaciones y el Plan anual de inversiones, que será publicada en 
la forma que determine por circular la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá hacer recomendaciones a 
dicha metodología de tarifas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
emitirá un informe anual al Ministerio de Industria, Energía y Turismo con sus observaciones 
y recomendaciones sobre estas metodologías así como el grado de cumplimiento de sus 
recomendaciones de ejercicios anteriores.
c) Publicar de forma actualizada la capacidad disponible de sus instalaciones, la 
capacidad contratada y su duración en el tiempo, la capacidad realmente utilizada, las 
congestiones físicas y contractuales registradas así como las ampliaciones, mejoras y 
cambios previstos y su calendario de entrada en funcionamiento. La Comisión Nacional de 
Energía supervisará la frecuencia con la que se producen congestiones contractuales que 
hagan que los usuarios no puedan acceder a estas instalaciones a pesar de la disponibilidad 
física de capacidad.
d) En su gestión, evitarán cualquier conflicto de interés entre accionistas y usuarios de 
los servicios y observarán especialmente la obligación de igualdad de trato a todos los BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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usuarios de los servicios de la actividad, con independencia de su carácter o no de 
accionistas de la sociedad.
La Comisión Nacional de Energía establecerá por circular el procedimiento de 
comunicación de los conflictos que puedan suscitarse en la negociación de los contratos y 
en las solicitudes de acceso a las instalaciones de transporte o almacenamiento. Asimismo, 
resolverá, en el plazo máximo de tres meses, los conflictos que le sean planteados respecto 
a las solicitudes y a los contratos relativos al acceso de terceros a estas instalaciones de 
transporte o almacenamiento de productos petrolíferos que deben permitir el acceso de 
terceros.
2. Cuando el solicitante de acceso tenga obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas de seguridad, de acuerdo con el artículo 50 de la presente Ley, podrá solicitar la 
prestación del servicio de almacenamiento para dichas existencias, que le habrá de ser 
concedido en función de la utilización operativa contratada. Si no existe capacidad disponible 
para todos los demandantes del servicio, se asignará la existente con un criterio de 
proporcionalidad.
3. Tendrán derecho de acceso a las instalaciones de transporte y almacenamiento los 
operadores al por mayor, así como los consumidores y comercializadores de productos 
petrolíferos que reglamentariamente se determinen atendiendo a su nivel de consumo anual.
4. Los titulares de las instalaciones podrán denegar el acceso de terceros en los 
siguientes supuestos:
a) Que no exista capacidad disponible durante el período contractual propuesto por el 
potencial usuario.
b) Que el solicitante no se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones 
derivadas de utilizaciones anteriores.
5. Asimismo, podrá denegarse el acceso a la red cuando la empresa solicitante o aquélla 
a la que adquiera el producto, directamente o por medio de acuerdos con otras empresas 
suministradoras, o aquéllas a las que cualquiera de ellas esté vinculada, radiquen en un país 
en el que no estén reconocidos derechos análogos y considere que pueda resultar una 
alteración del principio de reciprocidad para las empresas a las que se requiere el acceso. 
Todo ello, sin perjuicio de los criterios a seguir respecto de empresas de Estados miembros 
de la Unión Europea conforme a la legislación uniforme en la materia que se establezca.
Artículo 42.  Operadores al por mayor.
1. Serán operadores al por mayor aquellos sujetos que comercialicen productos 
petrolíferos para su posterior distribución al por menor. En todo caso tendrán tal 
consideración los titulares de refinerías y plantas de producción de biocombustibles.
2. Podrán actuar como operadores al por mayor exclusivamente aquellas sociedades 
mercantiles que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se 
establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirá la suficiente capacidad técnica del 
solicitante y encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que lo comunicará a su vez a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el inicio o cese de la actividad, 
acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Los operadores al por mayor deberán acreditar el cumplimiento de estas condiciones en 
caso de que les sea requerido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por la 
Comisión Nacional de Energía.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado, en el plazo máximo de un 
mes a partir del momento en que se produzca.
La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un listado de los 
operadores al por mayor de productos petrolíferos que incluirá aquellas sociedades que 
hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de esta actividad.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. En caso de que un operador al por mayor de productos petrolíferos incumpla alguno 
de los requisitos exigidos para el ejercicio de su actividad, el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo podrá, previa la tramitación de un procedimiento en el que se garantice la audiencia 
del interesado, declarar la extinción de la habilitación para actuar como operador al por 
mayor de productos petrolíferos.
En el marco del citado procedimiento y en atención a las circunstancias que en cada 
caso concurran, se podrán adoptar las medidas provisionales que sean necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución, incluyendo la inhabilitación temporal de la capacidad 
para actuar como operador al por mayor de productos petrolíferos.
Artículo 43.  Distribución al por menor de productos petrolíferos.
1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al 
menos una de las actividades siguientes:
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto.
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación.
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación.
d) El suministro de combustibles a embarcaciones.
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos.
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán 
suministrar a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso 
deberán inscribirse previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo.
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos 
podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica.
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los 
actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones 
técnicas complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de 
dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso 
sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los 
consumidores y usuarios.
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán 
garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de 
suministro de carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una 
única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano 
autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, resolverá el 
mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso 
de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los 
términos señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos 
técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.
Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las 
instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio.
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por 
mayor y los propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su 
clausulado, si dichos propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados 
productos.
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles 
petrolíferos deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo 
en la propia instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus 
obligaciones.
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las 
instalaciones para el suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de 
un solo operador que tenga implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará 
facultado, sin perjuicio de las demás facultades recogidas en el contrato, para establecer los 
sistemas de inspección o seguimiento adecuados para el control del origen, volumen y 
calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para comprobar que se 
corresponden con los suministrados a la instalación.
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran 
desviaciones que pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en 
su caso, se produzca a las actuaciones de comprobación.
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que 
se refiere el apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la 
posibilidad de los propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las 
pruebas realizadas.
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos 
que no pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del 
origen del combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que 
adquieren el combustible.
Artículo 43 bis.  Limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva.
1. Los vínculos contractuales de suministro en exclusiva deberán cumplir las siguientes 
condiciones:
a) La duración máxima del contrato será de un año. Este contrato se prorrogará por un 
año, automáticamente, por un máximo de dos prórrogas, salvo que el distribuidor al por 
menor de productos petrolíferos manifieste, con un mes de antelación como mínimo a la 
fecha de finalización del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su intención de 
resolverlo.
b) No podrán contener cláusulas exclusivas que, de forma individual o conjunta, fijen, 
recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del 
combustible.
2. Se considerarán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas contractuales 
en las que se establezca una duración del contrato diferente a la recogida en el apartado 1, o 
que determinen el precio de venta del combustible en referencia a un determinado precio fijo, 
máximo o recomendado, o cualesquiera otras que contribuyan a una fijación indirecta del 
precio de venta.
3. Los operadores al por mayor comunicarán a la Dirección General de Política 
Energética y Minas la suscripción de este tipo de contratos, incluyendo la fecha de su 
finalización, la cual será publicada en la web oficial del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá solicitar en todo 
momento una copia de dichos contratos.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación cuando los bienes o 
servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean 
plena propiedad del proveedor.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 44.  Registro de instalaciones de distribución al por menor.
1. Las Comunidades Autónomas constituirán un registro de instalaciones de distribución 
al por menor en el cual deberán estar todas aquellas instalaciones que desarrollen esta 
actividad en su ámbito territorial, previa acreditación del cumplimiento por dichas 
instalaciones de los requisitos legales y reglamentarios que resulten exigibles, así como los 
proyectos de apertura de nuevas estaciones de servicio y su estado de tramitación.
2. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un registro de instalaciones 
de distribución al por menor que permita el ejercicio de las competencias que correspondan 
a la Administración General del Estado. A partir de este registro y la información de precios 
de venta de los carburantes, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio creará una base 
de datos a la que podrán acceder las comunidades autónomas.
3. Las Comunidades Autónomas incorporarán al registro del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de inscripción, alta, baja, 
modificación o proyecto de apertura, los datos referentes a dichos extremos con sus 
correspondientes fechas, la descripción detallada de la instalación a la que se refieran, 
incluyendo su capacidad de almacenamiento, los datos relativos de su ubicación y su titular, 
en relación a:
a) Instalaciones habilitadas para el suministro de combustibles y carburantes a 
vehículos.
b) Instalaciones de suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación.
c) Instalaciones de suministro de queroseno con destino a la aviación.
d) Instalaciones de suministro de combustibles a embarcaciones.
e) Proyectos de apertura de nuevas instalaciones habilitadas para el suministro de 
combustibles y carburantes a vehículos y estado de tramitación.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, la forma de incorporación de la información a la base de datos y 
las condiciones y forma de acceso a la información.
Artículo 44 bis.  Actividades relacionadas con el suministro de gases licuados del petróleo.
1.  Se entiende por gases licuados del petróleo, en adelante GLP, a los efectos de la 
presente Ley, las fracciones de hidrocarburos ligeros que se obtienen del petróleo crudo o 
del gas natural, principalmente propano y butano.
2. Las actividades relacionadas con el suministro de GLP son las siguientes: Producción, 
adquisición, intercambio intracomunitario, importación y exportación; Almacenamiento, 
mezcla y envasado; Transporte; Comercialización al por mayor; Comercialización al por 
menor; Instalación, mantenimiento y revisión de las instalaciones relacionadas con el 
suministro de los GLP.
3. Los GLP podrán ser suministrados en las modalidades de envasado y a granel, esta 
última modalidad incluye la distribución y/o suministro de GLP por canalización, entendido 
éste como la distribución y el suministro de GLP desde uno o varios depósitos por 
canalización a más de un punto de suministro, cuya entrega al cliente sea realizada en fase 
gaseosa, y cuyo consumo sea medido por contador para cada uno de los consumidores.
4. Se entiende por "suministro al por mayor" aquél que no supone suministro a un 
consumidor o usuario final.
5. Se entiende por "suministro al por menor" la venta a consumidores o usuarios finales.
6. Reglamentariamente se regularán los derechos y obligaciones de los sujetos que 
realizan actividades relacionadas con el suministro de gases licuados del petróleo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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CAPITULO III
Gases licuados del petróleo
Artículo 45.  Operadores al por mayor de GLP.
1. Serán operadores al por mayor de GLP aquellas sociedades mercantiles que realicen 
las actividades de almacenamiento, mezcla y envasado, transporte y comercialización al por 
mayor de GLP.
2. Podrán actuar como operadores al por mayor de GLP exclusivamente aquellas 
sociedades que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se 
establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirán la suficiente capacidad técnica 
del solicitante.
En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que lo comunicará a su vez a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el inicio o cese de la actividad, 
acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Los operadores al por mayor de GLP deberán acreditar el cumplimiento de estas 
condiciones en caso de que les sea requerido por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio o por la Comisión Nacional de Energía.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria, así como el cese de la actividad, deberá ser comunicado por el 
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en su página web un 
listado de los operadores al por mayor de GLP que incluirá aquellas sociedades que hayan 
comunicado al Ministerio el ejercicio de esta actividad, eliminando aquellas que hayan 
cesado su actividad.
3. Los sujetos que ejerzan esta actividad deberán tener a disposición de los 
comercializadores al por menor de GLP y, en su caso, de sus clientes, un servicio de 
asistencia técnica permanente de las instalaciones de sus usuarios que garantice el correcto 
funcionamiento de las mismas.
4. Los operadores al por mayor deberán exigir a los comercializadores al por menor de 
GLP y a los titulares de las instalaciones de GLP o, en su caso, a los usuarios a los que 
suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen las condiciones 
técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles.
5. Las actividades a que se refiere este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la presente Ley, podrán ser realizadas libremente, no siendo necesaria la 
comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando tengan por objeto los 
envases con capacidad no superior a 8 litros.
6. Los operadores al por mayor de GLP deberán constituir y mantener actualizado un 
seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras con objeto de cubrir los riesgos 
que, para personas y/o bienes, puedan derivarse de las actividades ejercidas y en cuantía 
suficiente a fin de responder por los posibles daños causados.
Artículo 46.  Comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo a granel.
1. Serán comercializadores al por menor de GLP a granel las sociedades mercantiles 
que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla, transporte y comercialización al por 
menor de GLP a granel.
2. Podrán actuar como comercializadores al por menor de GLP a granel, las sociedades 
que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se establezcan 
reglamentariamente, entre las que se incluirán la suficiente capacidad técnica del solicitante.
En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, que lo comunicará a su vez a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos el inicio o cese de la actividad, 
acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de la 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, remitirán copia de las BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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autorizaciones de construcción, modificación o cierre de las instalaciones de distribución de 
GLP al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán acreditar el cumplimiento 
de dichas condiciones en caso de que les sea requerido por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de Energía.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria, así como el cese de la actividad, deberá ser comunicado por el 
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en su página web un 
listado de los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo que incluirá 
aquellas sociedades que hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de esta actividad, 
eliminando aquellas que hayan cesado en la misma.
3. Las empresas que suministren GLP a granel deberán exigir a los titulares de las 
instalaciones o, en su caso, a los consumidores la documentación acreditativa de que sus 
instalaciones cumplen las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente 
resulten exigibles.
4. En todo caso, la actividad de suministro a vehículos desde instalaciones fijas de 
distribución al por menor de productos petrolíferos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la presente Ley, podrá ser realizada libremente, no siendo necesaria su comunicación 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
5. Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán efectuar el suministro a 
todo peticionario del mismo, siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas 
se encuentre comprendido en la provincia de actuación del comercializador. Los plazos de 
entrega del GLP a granel se regirán por las estipulaciones contractuales entre suministrador 
y usuario.
Los comercializadores al por menor de GLP a granel por canalización deberán efectuar 
el suministro a todo peticionario del mismo, siempre que el lugar donde deba efectuarse la 
entrega esté cubierto por la red de canalización de titularidad del comercializador.
6. Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán constituir y mantener 
actualizado un seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras con objeto de 
cubrir los riesgos que, para personas y/o bienes, puedan derivarse de las actividades 
ejercidas y en cuantía suficiente a fin de responder por los posibles daños causados.
Artículo 46 bis.  Instalaciones de GLP a granel.
1. Requerirán autorización administrativa previa, en los términos establecidos en la 
presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo, la construcción, modificación, explotación 
y cierre de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, y las 
canalizaciones necesarias para el suministro desde los almacenamientos anteriores hasta 
los consumidores finales.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser autorizada por la administración 
competente.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá imponer a su titular la 
obligación de proceder a su desmantelamiento.
2. Podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos al cumplimiento de 
las disposiciones técnicas, de seguridad y medioambientales las siguientes instalaciones:
a) Las que se relacionan en el apartado anterior cuando su objeto sea el consumo 
propio, no pudiendo suministrar a terceros.
b) Las de almacenamiento, distribución y suministro de GLP de un usuario o de los 
usuarios de un mismo bloque de viviendas.
3. No requerirán autorización administrativa los proyectos de instalaciones necesarias 
para la defensa nacional consideradas de interés militar, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de 
marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y su normativa de 
desarrollo.
4. Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas relacionadas en el 
apartado 1 deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de ordenación del 
territorio.
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
5. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán otorgadas por 
la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean 
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente 
legislación sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, valorándose la conveniencia de diseñar y construir las instalaciones compatibles 
para la distribución de gas natural.
El procedimiento de autorización incluirá el trámite de información pública y la forma de 
resolución en el supuesto de concurrencia de dos o más solicitudes de autorización.
Otorgada la autorización y a los efectos de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones, el titular deberá constituir una garantía del dos por ciento del presupuesto de 
las instalaciones.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a que se refiere este 
artículo, tendrá efectos desestimatorios. En todo caso, podrá interponerse recurso ordinario 
ante la autoridad administrativa correspondiente.
6. Las autorizaciones de instalaciones de distribución contendrán todos los requisitos 
que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la 
que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona 
que debe asumir la empresa solicitante y, en su caso, el plazo para la ejecución de dichas 
instalaciones y su caracterización.
7. El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en las autorizaciones o 
la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar 
lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se cumplan los 
requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la capacidad legal, técnica y 
económica necesarias para acometer la actividad propuesta.
8. Los titulares de las instalaciones de distribución de GLP a granel deberán solicitar a la 
Administración concedente de la autorización la correspondiente autorización para 
transformar las mismas para su utilización con gas natural, debiendo cumplir las condiciones 
técnicas de seguridad que sean de aplicación, sometiéndose en todo a las disposiciones 
normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.
9. Reglamentariamente, se regularán las obligaciones y derechos de los titulares de las 
instalaciones, así como las de los consumidores y comercializadores de GLP a granel. 
Asimismo, se definirá el contenido mínimo de los contratos entre los usuarios y los 
propietarios de las instalaciones.
10. El titular de instalaciones o en su caso los usuarios, serán responsables de que sus 
instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente 
resulten exigibles así como de su correcto mantenimiento.
Artículo 47.  Comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo envasados.
1. La comercialización al por menor de gases licuados del petróleo envasados será 
realizada libremente.
Las instalaciones que se destinen al almacenamiento y comercialización de los envases 
de gases licuados del petróleo envasados, deberán cumplir las condiciones técnicas y de 
seguridad que reglamentariamente les sean exigibles.
2. Serán comercializadores al por menor de GLP envasado aquellas personas físicas o 
jurídicas que realicen la venta al por menor de envases de GLP a consumidores o usuarios 
finales.
3. (Suprimido)
4. Los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo envasados podrán 
tener a disposición de sus clientes un servicio de asistencia técnica permanente de 
instalaciones de consumo de los usuarios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 48.  Registros administrativos.
(Suprimido)
CAPITULO IV
Garantía de suministro
Artículo 49.  Garantía de suministro.
1. Todos los consumidores tendrán derecho al suministro de productos derivados del 
petróleo en el territorio nacional, en las condiciones previstas en la presente Ley y en sus 
normas de desarrollo.
2. En situaciones de escasez de suministro, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo, 
podrá adoptar en el ámbito, con la duración y las excepciones que se determinen, entre 
otras, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Limitaciones de la velocidad máxima del tránsito rodado en vías públicas.
b) Limitación de la circulación de cualesquiera tipos de vehículos.
c) Limitación de la navegación de buques y aeronaves.
d) Limitación de horarios y días de apertura de instalaciones para el suministro de 
productos derivados del petróleo.
e) (Derogado)
f) Sometimiento a un régimen de intervención de las existencias mínimas de seguridad a 
que se refiere el artículo siguiente.
g) Limitación o asignación de los suministros a consumidores de todo tipo de productos 
derivados del petróleo, así como restricciones en el uso de los mismos.
h) Imponer a los titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos a que se 
refiere el Título II la obligación de suministrar su producto para el consumo nacional.
i) (Derogado)
j) Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los organismos 
internacionales de los que el Reino de España sea parte, que se determinen en aplicación 
de aquellos convenios en que se participe o aquellos que haya suscrito en los que se 
contemplen medidas similares.
En relación con tales medidas se determinará, asimismo, el régimen retributivo aplicable 
a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en 
todo caso, un reparto equilibrado de los costes.
Artículo 50.  Existencias mínimas de seguridad.
1. Todo operador autorizado a distribuir al por mayor productos petrolíferos en territorio 
nacional, y toda empresa que desarrolle una actividad de distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos no adquiridos a los operadores regulados en esta 
Ley, deberán mantener en todo momento existencias mínimas de seguridad de los productos 
que el Gobierno determine reglamentariamente, en lo que se refiere a la cantidad, tipos de 
productos, lugar de almacenamiento y localización geográfica, hasta un máximo de ciento 
veinte días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que 
asimismo se establezca. Dicho máximo podrá ser revisado por el Gobierno cuando los 
compromisos internacionales del Reino de España lo requieran.
Los consumidores de carburantes y combustibles, en la parte no suministrada por los 
operadores regulados en esta Ley, deberán igualmente mantener existencias mínimas de 
seguridad en la cantidad que reglamentariamente resulte exigible atendiendo a su consumo 
anual.
Las existencias mínimas de seguridad anteriormente citadas tendrán la consideración de 
reservas de emergencia a los efectos de garantizar el cumplimiento por parte de España de 
los compromisos internacionales asumidos para garantizar la seguridad de suministro del 
mercado petrolífero.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, se determinarán reglamentariamente las distintas categorías de reservas 
petrolíferas, incluidas las reservas comerciales, pudiendo el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, establecer reservas específicas para garantizar la seguridad de abastecimiento
2. Cuando se trate de gases licuados del petróleo los operadores al por mayor de este 
producto, así como los comercializadores o consumidores que no adquieran el producto a 
operadores o comercializadores autorizados, estarán obligados a mantener existencias 
mínimas de seguridad hasta un máximo de treinta días de sus ventas o consumos anuales.
3. A efectos del cómputo de las existencias mínimas de seguridad, que tendrá carácter 
mensual, se considerarán la totalidad de las existencias almacenadas por los operadores y 
empresas a las que se refieren los apartados anteriores en el conjunto del territorio nacional. 
Dichas existencias estarán disponibles y accesibles físicamente para garantizar la seguridad 
de abastecimiento del mercado nacional y su verificación podrá ser realizada en cualquier 
momento por la autoridad competente o la Entidad Central de Almacenamiento a la que se 
refiere el artículo 52.
4. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos administrativos y 
obligaciones necesarias para garantizar que se mantiene de forma permanente un nivel de 
existencias mínimas de seguridad equivalente, al menos, a la mayor de las cantidades 
correspondientes bien a noventa días de importaciones netas diarias medias, bien a sesenta 
y un días de consumo interno diario medio correspondiente al año de referencia, en petróleo 
equivalente.
Asimismo, se podrán establecer obligaciones de remisión de información a entidades 
que, no siendo sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, 
introduzcan en territorio español crudos y/o productos petrolíferos.
5. La inspección del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas de seguridad corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuando el 
sujeto obligado sea un operador al por mayor y a las Administraciones autonómicas cuando 
la obligación afecte a distribuidores al por menor o a consumidores.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de comunicación de información 
entre la Administración pública competente para la inspección y la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos a la que se refiere el artículo 52.
Artículo 51.  Sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.
1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que, con anterioridad al 31 
de mayo de cada año, todos los sujetos conozcan las modalidades que vayan a aplicarse 
para calcular las obligaciones de almacenamiento en vigor a partir del 1 de enero del 
siguiente año.
Asimismo, se establecerán las cantidades de reservas de los sujetos obligados que 
obligatoriamente mantendrá la Corporación y aquellas otras reservas que la Corporación 
podrá mantener a su favor más allá de los porcentajes obligatorios. En el caso de que los 
operadores deseen ejercer tal derecho más allá de las obligaciones establecidas, deberán 
comunicarlo antes del 30 de junio del año precedente.
Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos deberán ceder o arrendar existencias, así como facilitar instalaciones 
a la Corporación en la forma que se determine reglamentariamente.
Las operaciones de compra, venta y arrendamiento de reservas, así como las referentes 
a su almacenamiento, se ajustarán a contratos tipo cuyo modelo será aprobado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. Los sujetos obligados podrán cumplir sus obligaciones de reservas en beneficio del 
Reino de España, en los términos que reglamentariamente se establezcan, mediante 
existencias que sean de su propiedad o estén a su plena disposición en virtud de contratos 
de arrendamiento, siempre que no hayan sido cedidas o arrendadas a terceros en forma 
alguna, con entidades centrales de almacenamiento u operadores económicos de otros 
Estados miembros de la Unión Europea con capacidad de almacenamiento fuera del 
territorio nacional, y previa autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Recíprocamente, se determinará la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados 
en otros Estados miembros de la Unión Europea y terceros países podrán constituir 
existencias mínimas de seguridad en territorio español.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo, podrán cumplir sus obligaciones mediante existencias que sean de su 
propiedad o estén a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento, siempre 
que no hayan sido cedidas o arrendadas a terceros en forma alguna, con otros sujetos 
obligados u operadores económicos con capacidades de almacenamiento en el territorio 
nacional, y previa comunicación a la Corporación.
3. Se garantizará, en todo caso, la disponibilidad de las reservas de emergencia y las 
reservas específicas almacenadas en territorio nacional por cuenta de otro Estado miembro. 
Asimismo, en caso de interrupción grave del suministro, las medidas que el Reino de España 
adopte en aplicación del artículo 49 de esta Ley, no supondrán obstáculo e impedimento 
para la transferencia, el uso o distribución de las reservas de emergencia y las reservas 
específicas almacenadas por cuenta de otro Estado miembro.
Artículo 52.  Entidad Central de Almacenamiento.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en su calidad de 
Entidad Central de Almacenamiento, tendrá por objeto la adquisición, constitución, 
mantenimiento y gestión de las reservas de hidrocarburos, incluidas las de gas natural en la 
forma y por la cuantía que se determine reglamentariamente, el control del mantenimiento de 
las existencias mínimas de seguridad previstas en esta Ley, así como la obligación de 
diversificación de suministros de gas natural.
2. Asimismo, como corporación de derecho público sin ánimo de lucro actuará a favor del 
interés general y en régimen de derecho privado con personalidad jurídica propia. Se regirá 
por lo dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo. La Corporación estará 
sujeta, en el ejercicio de su actividad, a la tutela de la Administración General del Estado, 
que la ejercerá a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero, la Corporación realizará las 
siguientes funciones:
a) Identificación, verificación, contabilidad y control de las reservas definidas en esta Ley 
y sus disposiciones de desarrollo, incluidas las reservas comerciales, debiendo informar al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al menos con carácter mensual, de los niveles de 
reservas almacenados por los sujetos obligados y operadores económicos.
b) Establecer un inventario detallado y permanentemente actualizado de todas las 
reservas de emergencia almacenadas, con exclusión, en su caso, de las reservas 
específicas. Dicho inventario incluirá, en particular, los datos necesarios para poder localizar 
el depósito, la refinería o la instalación de almacenamiento en que se encuentren las 
reservas en cuestión, así como las cantidades, el propietario y la naturaleza con arreglo a las 
categorías definidas por las normas del Derecho de la Unión Europea obligatorias y que 
sean de aplicación en cada momento. Dichos datos deberán mantenerse por un período de 
cinco años.
En cualquier momento, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá requerir dicho 
inventario a la Corporación, que dispondrá de un plazo máximo de diez días para su 
remisión.
Antes del 31 de enero de cada año, remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
una versión resumida de dicho inventario en la que se indiquen como mínimo las cantidades 
y la naturaleza de las reservas de emergencia incluidas en el inventario a fecha del último 
día del año natural anterior.
c) Publicar de manera permanente información completa, clasificada por categoría de 
productos, sobre los volúmenes de reservas cuyo mantenimiento la Corporación podrá 
garantizar a los sujetos obligados, a otros operadores económicos o a otras entidades 
centrales de almacenamiento. Asimismo, publicará con anterioridad al 31 de mayo de cada 
año las condiciones en las que ofrecerá los servicios de mantenimiento de reservas por 
cuenta de los sujetos obligados.
d) Adquirir o vender, con carácter exclusivo, las reservas específicas que, en su caso, 
puedan establecerse por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
e) Constitución, mantenimiento y gestión de las reservas de los operadores económicos 
o sujetos obligados en los términos que reglamentariamente se establezcan. Las reservas 
que estén a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento no podrán ser 
cedidas o arrendadas, a terceros, en forma alguna.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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f) Cálculo y verificación de los niveles totales de reservas de petróleo equivalente y 
cantidades de productos que, de forma permanente, mantiene el Reino de España, 
calculadas tanto en días de importaciones netas diarias medias, como en días de consumo 
interno diario medio correspondiente al año de referencia en conformidad con la normativa 
europea y las obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales en los que el Reino de 
España sea Parte.
Asimismo, deberá remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las relaciones 
estadísticas sobre hidrocarburos que reglamentariamente se establezcan.
g) Proponer al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las actuaciones y medidas 
orientadas a la implementación y actualización de las obligaciones en materia de seguridad 
de suministro del mercado de hidrocarburos de acuerdo con los compromisos 
internacionales asumidos por el Reino de España.
h) Colaborar con las distintas Administraciones Públicas, a efectos de proporcionar 
información, asesoramiento y realizar cualquier otra actividad respecto a aquellos aspectos 
de su competencia en el sector de hidrocarburos, en particular en la revisión del grado de 
preparación de España y del almacenamiento de reservas para emergencias.
i) Aquellas funciones relativas a la seguridad de suministro del sector de hidrocarburos 
que le sean encomendadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
4. La Corporación deberá proponer a la autoridad competente la iniciación de los 
expedientes sancionadores cuando proceda e informar a la Administración General del 
Estado en aquellos expedientes sancionadores en que sea requerida. A estos efectos 
deberá recabar la información y realizar las inspecciones que sean precisas para controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados.
5. La Corporación estará exenta del Impuesto sobre Sociedades respecto de la renta 
derivada de las aportaciones financieras realizadas por sus miembros.
Las aportaciones realizadas por los miembros, en cuanto contribuyan a la dotación de 
reservas de la Corporación, no serán fiscalmente deducibles a los efectos de determinar sus 
bases imponibles por el Impuesto sobre Sociedades. Tales aportaciones se computarán para 
determinar los incrementos o disminuciones de patrimonio que correspondan a los miembros 
de la Corporación, por efecto de su baja en la misma o modificación de la cuantía de sus 
existencias obligatorias, según la regulación de estos supuestos.
Las rentas que se pongan de manifiesto en las operaciones a que se refiere el párrafo 
anterior no darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos en la parte que 
corresponda a rentas no integradas en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 
la Corporación.
Igualmente, estará exenta del Impuesto sobre Sociedades la renta que pudiera obtener 
la Corporación como consecuencia de las operaciones de disposición de existencias 
estratégicas, renta que no podrá ser objeto de distribución entre los miembros, ni de 
préstamos u operaciones financieras similares con ellos.
6. Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones la Corporación podrá adquirir y 
arrendar crudos y productos petrolíferos, gas natural y gas natural licuado y concertar 
contratos con los límites y condiciones que se determinen reglamentariamente. Las reservas 
que estén a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento no podrán ser 
cedidas o arrendadas a terceros.
Asimismo, tendrá acceso a las instalaciones de regasificación, transporte y 
almacenamiento de gas natural y al mercado organizado de gas en los términos establecidos 
en la presente Ley y su normativa de desarrollo para los otros sujetos que actúan en el 
mercado.
Toda disposición de existencias estratégicas por parte de la Corporación requerirá la 
previa autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y deberá realizarse a un 
precio igual al coste medio ponderado de adquisición o al de mercado, si fuese superior, 
salvo las excepciones determinadas reglamentariamente. Asimismo, la Corporación 
contabilizará sus existencias al coste medio ponderado de adquisición desde la creación de 
la misma.
7. Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, y de gas natural, en los 
términos establecidos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo así como los obligados a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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la diversificación de los suministros de gas natural, deberán contribuir a la financiación de la 
Corporación, mediante el pago mensual a la misma de una cuota unitaria por cantidad de 
producto vendido o consumo en el mes anterior.
Las aportaciones financieras de los sujetos obligados se establecerán en función de los 
costes presupuestados en que incurra la Corporación para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente Ley. Su fijación y cuantía se realizará por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de la Corporación, de acuerdo con el 
procedimiento establecido reglamentariamente y en ningún caso excederán de los servicios 
proporcionados por la Corporación. En caso de constitución de existencias a favor del sujeto 
obligado, no podrá exigirse el pago de las cuotas hasta la constitución efectiva de las 
mismas.
Dicha aportación financiera deberá permitir la dotación por la Corporación, en los 
términos determinados reglamentariamente, de las reservas financieras necesarias para el 
adecuado ejercicio de sus actividades.
8. Quienes vengan obligados a mantener existencias mínimas de seguridad, porque en 
el ejercicio de su actividad se suministren con carburantes y combustibles petrolíferos no 
adquiridos a los operadores regulados en esta Ley, podrán, en las condiciones y casos 
determinados reglamentariamente y en función del volumen de sus actividades, satisfacer la 
obligación establecida en el artículo 50 de la Ley mediante el pago de una cuota por 
tonelada de producto importado o adquirido para su consumo, destinada a financiar los 
costes de constitución, almacenamiento y conservación de las existencias mínimas de 
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
Esta cuota será determinada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la 
periodicidad necesaria y será percibida por la Corporación en la forma que se determine 
reglamentariamente.
9. Reglamentariamente por el Gobierno se desarrollarán las funciones de la Corporación 
y se establecerá su organización y régimen de funcionamiento. En sus órganos de 
administración estarán suficientemente representados los operadores al por mayor a que se 
refieren los artículos 42 y 45 de la presente Ley y los comercializadores de gas natural 
regulados en el artículo 58 de esta Ley, así como representantes del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, que habrán de ser designados entre empleados públicos con experiencia 
acreditada en el sector energético.
Los representantes de los sujetos obligados indicados en el apartado anterior serán 
miembros de la Corporación, formarán parte de su Asamblea y su voto en ella se graduará 
en función del volumen de su aportación financiera anual.
El Presidente de la Corporación y la parte de vocales de su órgano de administración 
que reglamentariamente se determine, serán designados por el Ministro de Industria, 
Energía y Turismo. El titular de dicho departamento podrá imponer su veto a aquellos 
acuerdos de la Corporación que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones de 
desarrollo.
Artículo 53.  Obligaciones generales.
Quienes en virtud del artículo 50 de la presente Ley estén obligados a mantener 
existencias mínimas de seguridad, así como toda aquella compañía que preste servicios de 
logística de productos petrolíferos, quedan obligados a cumplir las directrices dictadas por el 
Ministerio de Industria y Energía respecto de sus instalaciones y mantenimiento, seguridad, 
calidad de los productos y aportación de información. Igualmente, quedarán obligados a 
poner a disposición los suministros prioritarios que se señalen por razones de estrategia o 
dificultad en el abastecimiento.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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TITULO IV
Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 54.  Régimen de actividades.
1. Las actividades de fabricación, regasificación, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de combustibles gaseosos podrán ser realizadas libremente 
en los términos previstos en este Título, sin perjuicio de las obligaciones que puedan 
derivarse de otras disposiciones, y en especial de las fiscales y de las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente y a la defensa de los consumidores y usuarios.
Son combustibles gaseosos a los efectos de este Título:
a) El gas natural y sus especialidades gas natural licuado y gas natural comprimido.
b) Los gases combustibles manufacturados o sintéticos, donde se puede distinguir entre:
1.º Mezclas de gas natural, butano o propano con aire.
2.º El biogás y/o cualquier otro gas obtenido a partir de la biomasa.
3.º Cualquier otro tipo de gas combustible manufacturado o sintético o mezcla de gas 
combustible con aire.
2. Las actividades de importación, exportación e intercambios comunitarios de 
combustibles gaseosos se realizarán sin más requisitos que los que deriven de la normativa 
comunitaria.
3. Las normas establecidas en la presente Ley en relación con el gas natural serán 
también de aplicación, de manera no discriminatoria, al biogás y al gas obtenido a partir de la 
biomasa u otros tipos de gas siempre y cuando resulte técnicamente posible y seguro 
inyectar tales gases en la red de gas natural y transportarlos por ella.
A estos efectos, se establecerán los requisitos de composición de estos gases al objeto 
de garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y equipos de consumo así como la 
correcta conservación de los mismos.
Artículo 55.  Régimen de autorización de instalaciones.
1. Requerirán autorización administrativa previa en los términos establecidos en la 
presente Ley y disposiciones que la desarrollen, las siguientes instalaciones destinadas al 
suministro a los usuarios de combustibles gaseosos por canalización:
a) Las plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación de gases 
combustibles manufacturados o sintéticos o de mezcla de gases combustibles por aire.
b) Las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.
c) El almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos manufacturados, y 
sintéticos y mezclas de gases y aire para suministro por canalización.
Las instalaciones relativas a los gases licuados del petróleo, se regirán por lo dispuesto 
en el Título III.
2. Podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos al cumplimiento de 
las disposiciones técnicas y de seguridad y medioambientales las siguientes instalaciones:
a) Las que se relacionan en el apartado anterior cuando su objeto sea el consumo 
propio, no pudiendo suministrar a terceros.
b) Las relativas a fabricación, mezcla, almacenamiento, distribución y suministro de 
combustibles gaseosos desde un centro productor en el que el gas sea un subproducto.
c) Las de almacenamiento, distribución y suministro de gas natural de un usuario o de 
los usuarios de un mismo bloque de viviendas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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d) Las líneas directas consistentes en un gasoducto para gas natural cuyo objeto 
exclusivo sea la conexión de las instalaciones de un consumidor cualificado con el sistema 
gasista.
3. No requerirán autorización administrativa los proyectos de instalaciones necesarias 
para la defensa nacional consideradas de interés militar, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de 
marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y su normativa de 
desarrollo.
Artículo 56.  Fabricación de gases combustibles.
1. A los efectos establecidos en la presente Ley tendrá la consideración de fabricación 
de gases combustibles, siempre que éstos se destinen al suministro final a consumidores por 
canalización, la fabricación de combustibles gaseosos manufacturados o sintéticos, incluida 
la mezcla de gas natural, butano o propano con aire.
2. La fabricación de gases combustibles deberá ajustarse a los criterios de planificación 
en materia de hidrocarburos.
3. En relación con la autorización administrativa le será de aplicación lo establecido al 
respecto en el artículo 73 de la presente Ley.
Artículo 57.  Suministro.
1. Los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de gas natural en las condiciones que reglamentariamente determine el 
Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas.
2. Los consumidores que se determinen tendrán derecho a acogerse al suministro a 
unos precios que serán fijados y revisados por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, 
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y que 
tendrán la consideración de tarifa de último recurso. La tarifa de último recurso será el precio 
que cobrarán los comercializadores de último recurso a los consumidores que tengan 
derecho a acogerse a ella.
3. El Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá establecer condiciones específicas 
de suministro para determinados consumidores que, por sus características económicas, 
sociales o de suministro, tengan la consideración de clientes vulnerables.
4. Las Administraciones competentes, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Energía, establecerán puntos de contacto únicos para ofrecer a los consumidores toda la 
información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de 
solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.
Artículo 57 bis.  Derechos de los consumidores en relación con el suministro.
Los consumidores tendrán los siguientes derechos:
a) Realizar adquisiciones de gas en los términos establecidos en el Capítulo II del Título 
IV de la presente Ley.
b) Elegir el suministrador para la compra del gas natural.
c) Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de medida de su 
suministro.
d) Disponer de un servicio de asistencia telefónica facilitado por el distribuidor al que 
estén conectados sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que 
puedan dirigirse ante posibles incidencias de seguridad en sus instalaciones. Dicho número 
deberá figurar claramente identificado en las facturas y en todo caso será facilitado por el 
comercializador al consumidor.
e) Tener un contrato con el comercializador en el que se especifique:
1.º la identidad y la dirección del suministrador,
2.º los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión 
inicial,
3.º el tipo de servicio de mantenimiento que se ofrezca,
4.º la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y los 
gastos de mantenimiento,BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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5.º la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la rescisión de los 
servicios y del contrato y, cuando esté permitido, el desistimiento del contrato sin costes,
6.º los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles 
de calidad contratados, incluida la facturación incorrecta y retrasada,
7.º el método para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo j),
8.º la información sobre los derechos de los consumidores, inclusive la relativa a la 
tramitación de las reclamaciones y toda la información mencionada en este párrafo e), 
claramente comunicada mediante las facturas o los sitios de Internet de las compañías de 
gas natural, y
9.º las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier 
caso, debe comunicarse esta información antes de la celebración o confirmación del 
contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información antes 
mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.
f) Ser debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del 
contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los 
comercializadores notificarán directamente a sus clientes cualquier aumento de los precios, 
en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de 
que haya entrado en vigor el aumento, de forma transparente y comprensible. Los clientes 
podrán rescindir el contrato sin coste alguno si no aceptan las nuevas condiciones que les 
haya notificado su comercializador de gas.
g) Recibir información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales 
aplicables al acceso y al uso de los servicios de gas.
h) Poder escoger libremente el modo de pago, de forma que no se produzca ninguna 
discriminación indebida entre consumidores. Los sistemas de pago anticipado serán justos y 
reflejarán adecuadamente el consumo probable. Cualquier diferencia en las condiciones 
reflejará los costes que suponen para el proveedor los distintos sistemas de pago. Las 
condiciones generales serán equitativas y transparentes. Se explicarán en un lenguaje claro 
y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los 
clientes, por ejemplo, una documentación contractual excesiva. Se protegerá a los clientes 
contra los métodos de venta abusivos o equívocos.
i) Cambiar de suministrador sin coste alguno.
j) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones. Concretamente, todos 
los consumidores tendrán derecho a un buen nivel de servicio y de tramitación de las 
reclamaciones por parte del suministrador del servicio de gas. Tales procedimientos de 
solución extrajudicial permitirán la resolución equitativa y rápida de los litigios, 
preferiblemente en un plazo de tres meses y contemplarán, cuando esté justificado, un 
sistema de reembolso y/o compensación.
Siempre que sea posible, los procedimientos en cuestión se ajustarán a lo dispuesto en 
la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los 
principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en 
materia de consumo, como es el Sistema Arbitral de Consumo.
k) Para los clientes conectados a la red de gas, ser informados de sus derechos a que se 
les suministre, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable, gas natural de 
una determinada calidad a precios razonables.
l) Tener a su disposición sus datos de consumo y poder, mediante acuerdo explícito y 
gratuito, dar acceso a los datos de medición a cualquier empresa de suministro registrada. 
La parte encargada de la gestión de datos estará obligada a facilitar estos datos a la 
empresa, utilizando los formatos y procedimientos desarrollados reglamentariamente. No 
podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.
m) Ser informados adecuadamente del consumo real de gas y de los costes 
correspondientes con la frecuencia que se establezca reglamentariamente, de manera que 
les permita regular su propio consumo de gas. La información se facilitará con el tiempo 
suficiente, teniendo en cuenta la capacidad del equipo de medición del cliente. No podrán 
facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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n) Recibir una liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de 
gas natural, en el plazo máximo de seis semanas a partir de la fecha del cambio de 
suministrador.
o) Acceder a las instalaciones propiedad de terceros, de regasificación, almacenamiento, 
transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, y normativa que la desarrolle.
CAPITULO II
Sistema de gas natural
Artículo 58.  Sujetos que actúan en el sistema.
Las actividades destinadas al suministro de gas natural por canalización serán 
desarrolladas por los siguientes sujetos:
a) Los transportistas son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de regasificación de gas natural 
licuado, de transporte o de almacenamiento básico de gas natural.
Los gestores de red de transporte son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para 
la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de la red troncal y certificadas 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 63 bis. Asimismo, tienen 
consideración de gestores de red de transporte los gestores de red independientes.
Los gestores de red independientes son aquellas sociedades mercantiles que gestionan 
instalaciones de la red troncal de las que no son propietarios y están autorizadas para la 
construcción, operación y mantenimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
quáter.
b) El Gestor Técnico del Sistema será el responsable de la operación y gestión de la Red 
Básica y de las redes de transporte secundario definidas en la presente Ley de acuerdo con 
las funciones establecidas en el artículo 64. Asimismo, será responsable de mantener las 
condiciones para la operación normal del sistema.
c) Los distribuidores son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de distribución destinadas a situar 
el gas en los puntos de consumo.
Los distribuidores también podrán construir, mantener y operar instalaciones de la red de 
transporte secundario, debiendo llevar en su contabilidad interna cuentas separadas de 
ambas actividades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.
d) Los comercializadores son las sociedades mercantiles que, accediendo a las 
instalaciones de terceros en los términos establecidos en el presente Título, adquieren el gas 
natural para su venta a los consumidores, a otros comercializadores o para realizar tránsitos 
internacionales. Asimismo, son comercializadores las sociedades mercantiles que realicen la 
venta de Gas Natural Licuado (GNL) a otros comercializadores dentro del sistema gasista o 
a consumidores finales.
e) Los consumidores finales, que son los que adquieren gas para su propio consumo y 
tendrán derecho a elegir suministrador. En el caso de que accedan directamente a las 
instalaciones de terceros se denominarán Consumidores Directos en Mercado.
Asimismo, tendrán la consideración de consumidor final a los efectos previstos en la 
presente Ley, las empresas que suministren gas natural, biogás o gases manufacturados 
para su uso como carburante en estaciones de servicio, siempre que se suministren de un 
comercializador. Las instalaciones que se destinen a este fin, deberán cumplir las 
condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente les sean exigibles.
f) La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que será la 
entidad que tiene por objeto la constitución, mantenimiento y gestión de las existencias de 
carácter estratégico de gas natural en la parte que se determine reglamentariamente.
g) El Operador del mercado organizado de gas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 65 ter de esta Ley y las condiciones que reglamentariamente se establezcan.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 59.  Sistema gasista y red básica de gas natural.
1. El sistema gasista comprenderá las siguientes instalaciones: las incluidas en la red 
básica, las redes de transporte secundario, las redes de distribución, los almacenamientos 
no básicos y demás instalaciones complementarias.
2. A los efectos establecidos en la presente Ley, la red básica de gas natural estará 
integrada por:
a) Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión. Se considerarán 
como tales aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a 60 bares, 
diferenciándose entre:
1.º Red troncal: Gasoductos de transporte primario interconectados esenciales para el 
funcionamiento del sistema y la seguridad de suministro excluyendo la parte de los 
gasoductos de transporte primario utilizados fundamentalmente para el suministro local de 
gas natural. En todo caso se considerarán incluidas las conexiones internacionales del 
sistema gasista español con otros sistemas, las conexiones con yacimientos de gas natural 
en el interior o con almacenamientos básicos, las conexiones con las plantas de 
regasificación, las estaciones de compresión y los elementos auxiliares necesarios para su 
funcionamiento.
2.º Red de influencia local: Gasoductos de transporte utilizados fundamentalmente para 
el suministro local de gas natural.
b) Las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer el sistema 
gasista y las plantas de licuefacción de gas natural.
c) Los almacenamientos básicos de gas natural, que puedan abastecer el sistema 
gasista.
3. Las redes de transporte secundario están formadas por los gasoductos de presión 
máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares.
4. Las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión máxima de 
diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión 
máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un 
gasoducto de la Red Básica o de transporte secundario.
5. Almacenamientos no básicos de gas natural son las estructuras de almacenamiento 
de gas natural en el subsuelo y las instalaciones de superficie que se requieran, con carácter 
temporal o permanente, para el desarrollo de la actividad de explotación del almacenamiento 
subterráneo de gas natural, incluidos los gasoductos de conexión entre el almacenamiento y 
la red básica de gas natural. Estas instalaciones quedarán excluidas del régimen retributivo 
del sistema de gas natural.
Artículo 60.  Funcionamiento del sistema.
1. La regasificación, el almacenamiento básico, el transporte, y la distribución tienen 
carácter de actividades reguladas, cuyo régimen económico y de funcionamiento se ajustará 
a lo previsto en la presente Ley.
2. Sin perjuicio de lo establecido para los suministradores de último recurso, la actividad 
de comercialización se desarrollará en régimen de libre competencia, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, y su régimen económico 
vendrá determinado por las condiciones que se pacten entre las partes.
3. Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las 
instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas 
establecidas en la presente Ley. El precio por el uso de estas instalaciones vendrá 
determinado por el peaje aprobado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
4. Salvo pacto expreso en contrario, la transmisión de la propiedad del gas se entenderá 
producida en el momento en que el mismo tenga entrada en las instalaciones del comprador.
5. Las actividades para el suministro de gas natural que se desarrollen en los territorios 
insulares y extra-peninsulares serán objeto de una regulación reglamentaria singular, previo BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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acuerdo con las Comunidades y Ciudades Autónomas afectadas y atenderá a las 
especificidades derivadas de su situación territorial.
Artículo 61.  Incorporación de gas natural al sistema.
1. Podrán incorporar gas natural en el sistema:
a) Los comercializadores.
b) Los Consumidores Directos en Mercado.
c) Los transportistas para el nivel mínimo de llenado de tanques de GNL, gasoductos de 
transporte, almacenamientos y redes de distribución, y para cualquier otra función que 
reglamentariamente se establezca que no tenga como finalidad última el suministro.
d) El Gestor Técnico del Sistema para cualquier función que reglamentariamente se 
establezca que no tenga como finalidad última el suministro.
e) La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos para su función 
de constitución, mantenimiento y gestión de las existencias de carácter estratégico de gas 
natural.
2. Los sujetos autorizados para adquirir gas natural tendrán derecho de acceso a las 
instalaciones de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.
En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico, 
transporte y distribución el acceso será regulado.
En el caso de los almacenamientos no básicos el acceso será negociado y se 
establecerán reglamentariamente los criterios para el acceso a las instalaciones que serán 
transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estas instalaciones quedarán excluidas del 
régimen retributivo del sistema de gas natural.
3. Los sujetos que quieran ejercer su derecho como Consumidores Directos en Mercado 
deberán comunicarlo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que a su vez lo 
comunicará a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas 
de Productos Petrolíferos.
4. Ningún sujeto o sujetos pertenecientes a un mismo grupo de empresas de acuerdo 
con el artículo 42 del Código de Comercio que actúen en el sector de gas natural podrán 
aportar en su conjunto gas natural para su consumo en España en una cuantía superior al 
70 % del consumo nacional.
A los efectos del cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no se 
considerarán los autoconsumos que se puedan realizar.
5. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá variar los porcentajes establecidos en el 
apartado anterior, en función de la evolución y de la estructura empresarial del sector.
Artículo 62.  Contabilidad e información.
1. Las entidades que desarrollen alguna o algunas de las actividades, a que se refiere el 
artículo 58, a excepción de los consumidores, de la presente Ley, llevarán su contabilidad de 
acuerdo con el Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, aun cuando no tuvieran tal 
carácter.
El Gobierno regulará las adaptaciones que fueran necesarias para el supuesto de que el 
titular de la actividad no sea una sociedad anónima.
En cualquier caso, las empresas habrán de tener en su sede central, a disposición del 
público, una copia de sus cuentas anuales.
2. Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de contabilidad, a las empresas 
que realicen actividades a que se refiere el artículo 58 de la presente Ley o a las sociedades 
que ejerzan control sobre las mismas, el Gobierno podrá establecer para las mismas las 
especialidades contables y de publicación de cuentas que se consideren adecuadas, del tal 
forma que se reflejen con nitidez los ingresos y gastos de las actividades gasistas y las 
transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo, con objeto de evitar 
discriminaciones, subvenciones entre actividades distintas y distorsiones de la competencia.
En el caso de las sociedades que tengan por objeto la realización de actividades 
reguladas, de acuerdo con el artículo 60.1 de la presente Ley, llevarán en su contabilidad 
cuentas separadas para cada una de ellas que diferencien entre los ingresos y los gastos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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estrictamente imputables a cada una de dichas actividades. Asimismo, los gestores de red 
independientes llevarán en su contabilidad cuentas separadas para cada empresa 
gestionada, diferenciando los ingresos y gastos imputables a dicha gestión.
El Gestor técnico del sistema gasista, así como las empresas que realicen el suministro 
de último recurso, deberán llevar cuentas separadas que recojan los gastos e ingresos 
estrictamente imputables a dichas actividades.
Las sociedades que realicen actividades gasistas no reguladas llevarán cuentas 
separadas de la actividad de producción, de comercialización, de aquellas otras actividades 
no gasistas que realicen en el territorio español y de todas aquellas otras que realicen en el 
exterior.
3. Las entidades deberán explicar en la memoria de las cuentas anuales los criterios 
aplicados en el reparto de costes respecto a las otras entidades del grupo que realicen 
actividades gasistas diferentes. Además, deberán informar en la memoria sobre los criterios 
de asignación e imputación de los activos, pasivos, gastos e ingresos, así como de las reglas 
de amortización aplicadas.
Estos criterios deberán mantenerse y no se modificarán, salvo circunstancias 
excepcionales. Las modificaciones y su justificación deberán ser explicadas en la memoria 
de las cuentas anuales del ejercicio en el que tengan lugar.
Se incluirá también en la memoria de las cuentas anuales, información sobre las 
operaciones realizadas con las empresas de su mismo grupo empresarial, en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
4. Las entidades que actúen en el sistema gasista deberán proporcionar a la 
Administración competente la información que les sea requerida, en especial en relación con 
los contratos de abastecimiento y suministro de gas que hubieran suscrito y con sus cuentas 
anuales que habrán de auditarse de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas y las disposiciones que la desarrollan. La auditoria verificará en 
particular que se respeta la obligación de evitar discriminaciones y subvenciones cruzadas 
entre actividades reguladas, y entre éstas y las actividades liberalizadas.
Cuando estas entidades formen parte de un mismo grupo empresarial, la obligación de 
información se extenderá, asimismo, a la sociedad que ejerza el control de la que realiza 
actividades gasistas siempre que actúe en algún sector energético y a aquellas otras 
sociedades del grupo que lleven a cabo operaciones con la que realiza actividades en el 
sistema gasista.
También deberán proporcionar a la Administración competente todo tipo de información 
sobre sus actividades, inversiones, calidad de suministro, medido según los estándares 
indicados por la Administración, mercados servidos y previstos con el máximo detalle, 
precios soportados y repercutidos, así como, cualquier otra información que la 
Administración competente crea oportuna para el ejercicio de sus funciones.
5. Las entidades proporcionarán en su memoria de las cuentas anuales información 
sobre las actividades realizadas en materia de ahorro y eficiencia energética y de protección 
del medio ambiente.
Artículo 63.  Separación de actividades.
1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades 
reguladas de regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución a que se 
refiere el artículo 60.1 de la presente Ley deben tener como objeto social exclusivo el 
desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción o 
comercialización ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades.
2. Los transportistas que operen alguna instalación comprendida en la red básica de gas 
natural, definida en el apartado 2 del artículo 59 deberán tener como único objeto social en el 
sector gasista la actividad de transporte definida en el artículo 58.a), pudiendo incluir entre 
sus activos gasoductos de la red secundaria de transporte, debiendo llevar en su 
contabilidad interna cuentas separadas de las actividades de regasificación, almacenamiento 
y transporte.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de 
gasoductos deberán operar y gestionar sus propias redes, o ceder la gestión de las mismas 
a un gestor de red independiente en los casos previstos en la presente Ley.
Los gestores de red de transporte deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho:
1. A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo 
actividades de producción o suministro y a ejercer control, de manera directa o indirecta o a 
ejercer derechos en un gestor de la red de transporte o en la red troncal de gasoductos.
2. A ejercer control de manera directa o indirecta sobre un gestor de la red de transporte 
o una red de transporte troncal y a ejercer control, de manera directa o indirecta o a ejercer 
derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o 
suministro.
b) Ninguna persona física o jurídica, tendrá derecho a nombrar a los miembros del 
órgano de administración de un gestor de red de transporte o una red troncal de transporte, 
y, directa o indirectamente, a ejercer control o ejercer derechos en una empresa que lleve a 
cabo cualquiera de la funciones de producción o suministro.
c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de 
administración, simultáneamente en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las 
funciones de producción o suministro y de un gestor de la red de transporte o de la red 
troncal de transporte.
Los derechos indicados en las letras a) y b) anteriores incluirán en particular:
1.º La facultad de ejercer derechos de voto.
2.º La facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los órganos 
que representen legalmente a la empresa.
3.º La posesión de una parte mayoritaria conforme se establece en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3.a) se incluirá también dentro del concepto 
de «empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o 
comercialización» a aquellas que realicen las actividades de generación o suministro en el 
sector de la electricidad y en el término «gestor de red de transporte» al operador del 
sistema eléctrico o gestor de red de transporte en el sector de la electricidad.
No obstante lo anterior, aquellas empresas transportistas, que fuesen propietarias de 
instalaciones de la red troncal con anterioridad al día 3 de septiembre de 2009 y que por 
formar parte de un grupo empresarial al que pertenezcan sociedades que desarrollen 
actividades de producción o comercialización no den cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, podrán optar por mantener la propiedad de las instalaciones de la red 
troncal siempre y cuando cedan su gestión a un gestor de red independiente en las 
condiciones establecidas en el artículo 63 quáter.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 para empresas propietarias de 
instalaciones de la red troncal de gas, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades 
incompatibles de acuerdo con la Ley, siempre que sean ejercitadas por sociedades 
diferentes y se cumplan los siguientes criterios de independencia:
a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades 
reguladas no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean 
responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de producción 
o comercialización.
b) Los grupos de sociedades garantizarán la independencia de las personas 
responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas mediante la 
protección de sus intereses profesionales. En particular, establecerán garantías en lo que 
concierne a su retribución y su cese.
Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su 
gestión que se determine no podrán poseer acciones de sociedades que realicen actividades 
de producción o comercialización.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 38
Asimismo, en relación con las actividades reguladas, las personas responsables de la 
gestión de sociedades que realicen actividades de distribución no podrán participar en 
estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de la actividad de transporte, y viceversa.
Además, las sociedades que realicen actividades reguladas así como sus trabajadores 
no podrán compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de 
sociedades al que pertenecen en el caso de que éstas realicen actividades liberalizadas.
c) Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán capacidad de decisión 
efectiva, independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para 
explotar, mantener, o desarrollar las instalaciones de regasificación de gas natural licuado, y 
de transporte, almacenamiento, y distribución de gas natural.
No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la supervisión económica y de la 
gestión de las referidas sociedades, y podrán someter a aprobación el plan financiero anual, 
o instrumento equivalente, así como establecer límites globales a su nivel de 
endeudamiento.
En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que 
realicen actividades reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto de decisiones 
particulares referentes a la construcción o mejora de activos de regasificación de gas natural 
licuado, y de transporte, almacenamiento, y distribución de gas natural, siempre que no se 
sobrepase lo establecido en el plan financiero anual o instrumento equivalente.
d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de 
conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de 
lo estipulado en las letras a), b) y c) anteriores, que será remitido al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su 
cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano 
competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento 
será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la información de la sociedad y de 
cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el desarrollo de sus funciones.
Antes del 31 de marzo de cada año, el encargado de evaluar el cumplimiento presentará 
un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, que será publicado en la página web de la empresa y en la 
de la citada Comisión, indicando las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo 
estipulado en las letras a), b) y c) anteriores.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, cualquier adquisición de 
participaciones accionariales por parte de aquellas sociedades mercantiles que desarrollen 
actividades reguladas exigirá la obtención de la autorización previa a que se refiere la 
disposición adicional undécima de esta Ley.
6. Las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de sociedades que 
desarrollen actividades reguladas y no reguladas en los términos previstos en la presente 
Ley, no crearán confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de 
marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen 
actividades de comercialización, sin perjuicio de las infracciones previstas en la normativa 
vigente a este respecto.
Artículo 63 bis.  Certificación de los gestores de red de transporte.
1. Las sociedades mercantiles que actúen como gestores de red de transporte o 
gestores de red independientes serán autorizadas y designadas como tales por el Ministro 
de Industria, Energía y Turismo a solicitud de las interesadas.
Los gestores de red de transporte, incluyendo los gestores de red independientes, 
deberán obtener previamente una certificación de cumplimiento de los requisitos de 
separación de actividades otorgada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en relación con el cumplimiento de los requisitos de separación de actividades 
establecidos en el artículo 63.3 y de acuerdo con el procedimiento recogido en los apartados 
siguientes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará que la sociedad 
designada como gestor de la red de transporte se mantiene en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 63.3.
Las designaciones de los gestores de red de transporte se notificarán a la Comisión 
Europea a efectos de su publicación en el "Diario Oficial de la Unión Europea".
2. Las empresas que pretendan ser gestores de una instalación perteneciente a la red 
troncal deberán solicitar la citada certificación a la Comisión Nacional de Energía.
Asimismo, aquellas empresas que hayan sido certificadas deberán notificar a la 
Comisión Nacional de Energía cualquier transacción que pueda requerir un control del 
cumplimiento de los requisitos relativos a la separación de actividades, incluyendo toda 
circunstancia que pueda ocasionar que una persona o personas de un país no miembro de 
la Unión Europea asuma el control de parte de la red troncal o de un gestor de red de 
transporte.
3. La Comisión Nacional de Energía iniciará el procedimiento de certificación tras la 
solicitud o notificación por la empresa interesada, tras una solicitud motivada del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea o a iniciativa propia en aquellos 
casos en los que tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan 
dado lugar al incumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la separación de 
actividades.
4. La Comisión Nacional de Energía previa audiencia y de forma motivada, adoptará una 
resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado 
resolución expresa se considerará la certificación provisional concedida.
5. En todos los casos, la Comisión Nacional de Energía deberá comunicar a la Comisión 
Europea su resolución provisional en relación con la certificación de la empresa interesada 
acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que ésta 
emita el correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo 
remitirá copia del expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la 
legislación comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de 
la Comisión Nacional de Energía.
6. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión 
Europea, o agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión 
Nacional de Energía resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando 
cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen 
de la Comisión Europea, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea». La certificación no surtirá efectos hasta su publicación.
7. En cualquier fase del procedimiento la Comisión Nacional de Energía y la Comisión 
Europea podrán solicitar a la empresa transportista o a las empresas que realicen 
actividades de producción o comercialización cualquier información útil para el cumplimiento 
de las tareas recogidas en este artículo.
La Comisión Nacional de Energía garantizará la confidencialidad de la información 
sensible a efectos comerciales.
Artículo 63 ter.  Certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea.
1. Cuando se solicite una certificación por parte de una empresa que esté controlada por 
una persona o personas de uno o más países no miembros de la Unión Europea, la 
Comisión Nacional de Energía lo notificará a la Comisión Europea, así como toda 
circunstancia que pueda ocasionar que una persona o personas de uno o más terceros 
países asuman el control de parte de la red troncal o de un gestor de red de transporte.
2. La Comisión Nacional de Energía iniciará el proceso de certificación de acuerdo con el 
procedimiento y plazos previstos en el artículo 63 bis.
En cualquier caso, la Comisión Nacional de Energía denegará la certificación si no se ha 
demostrado:
a) que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 63, y
b) que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad de suministro 
energético nacional y de la Unión Europea, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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de España y de la Unión Europea con respecto a dicho tercer país, y otros datos y 
circunstancias específicos del caso y del tercer país de que se trate.
En la notificación de la resolución provisional a la Comisión Europea, la Comisión 
Nacional de Energía solicitará un dictamen específico sobre si la entidad en cuestión cumple 
los requisitos de separación de actividades, y si la concesión de la certificación no pondrá en 
peligro la seguridad del suministro de energía a la Unión Europea.
3. Cuando la resolución definitiva difiera del dictamen de la Comisión Europea, la 
Comisión Nacional de Energía comunicará y hará público, junto con dicha resolución, la 
motivación de la misma.
Artículo 63 quáter.  Gestor de red independiente.
1. Las empresas propietarias de instalaciones de la red troncal de gasoductos que no 
cumplan los requisitos de separación de actividades establecidos en el artículo 63.3, y que 
con anterioridad al 3 de septiembre de 2009 fuesen propietarios de dichas instalaciones, 
podrán optar por ceder la gestión de los mismos a un gestor de red independiente.
A estos efectos propondrán un gestor de red independiente entre las empresas que 
hayan obtenido la certificación de cumplimiento de los requisitos de separación de 
actividades de transporte y solicitarán al Ministro de Industria, Energía y Turismo su 
aprobación. Dicha designación estará supeditada a la aprobación de la Comisión Europea y 
podrá ser denegada en caso de que el gestor de red independiente no cumpla alguno de los 
requisitos establecidos en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
2. El gestor de red independiente deberá:
a) Demostrar que dispone de los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones.
b) Disponer de capacidad para cumplir con las obligaciones que impone el Reglamento 
(CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1775/2005, incluida la cooperación de los transportistas en los ámbitos 
europeo y regional.
3. Las funciones que deberá llevar a cabo el gestor de red independiente en relación con 
las instalaciones de la red troncal cuya gestión le hayan sido encomendadas serán:
a) Conceder y gestionar las solicitudes de acceso a las instalaciones.
b) Firmar los contratos y recaudar los peajes correspondientes al acceso de terceros a 
las instalaciones.
c) Explotar, mantener y desarrollar la red de transporte de acuerdo con lo previsto en la 
planificación obligatoria, en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
d) Planificar las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones que gestionan, tramitar las autorizaciones correspondientes y construir las 
mismas, siempre y cuando las instalaciones no sean objeto de adjudicación directa de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la presente Ley.
e) Adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a las responsabilidades 
correspondientes a sus funciones en relación con los activos cuya gestión le hayan sido 
cedidos.
4. Los propietarios de instalaciones de la red troncal que hayan cedido su gestión a un 
gestor de red independiente deberán:
a) Cooperar y apoyar al gestor de red independiente para el desarrollo de sus funciones, 
incluida la aportación de toda la información necesaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a la responsabilidad derivada de 
sus activos, exceptuando la correspondiente a las funciones del gestor de red independiente.
c) Financiar las inversiones decididas por el gestor de red independiente y aprobadas por 
la Comisión Nacional de Energía, o dar su consentimiento para que sean financiadas por 
cualquier parte interesada, incluido el gestor de red independiente. Los correspondientes 
mecanismos de financiación deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Energía, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 41
que previamente deberá consultar al propietario de los activos junto con otras partes 
interesadas.
d) Aportar las garantías necesarias para facilitar la financiación de cualquier ampliación 
de la red, con excepción de las inversiones para cuya financiación por cualquier parte 
interesada haya dado su consentimiento.
e) No serán competentes para la concesión y gestión del acceso de terceros a las 
instalaciones cedidas ni de la planificación de inversiones.
5. A estos efectos, el gestor de red independiente y el propietario de las instalaciones de 
la red troncal firmarán un contrato en el que se detallen las condiciones contractuales así 
como responsabilidades de cada uno. Dicho contrato deberá ser aprobado por la Comisión 
Nacional de Energía.
6. La Comisión Nacional de Energía controlará que el propietario de la red de transporte 
y el gestor de red independiente cumplen lo establecido en el presente artículo. A estos 
efectos podrá solicitar la información que considere necesaria para el ejercicio de sus 
funciones y realizar inspecciones, incluso sin previo aviso, de las instalaciones tanto del 
titular de las instalaciones de transporte como del gestor de red independiente.
7. La Comisión Nacional de Energía actuará como órgano de resolución de conflictos 
entre el titular de la instalación de transporte y el gestor de red independiente, cuando uno 
de ellos lo reclame.
CAPITULO III
Gestión técnica del sistema de gas natural y mercado organizado de gas
Artículo 64.  El Gestor Técnico del Sistema.
1. El Gestor Técnico del Sistema, será responsable de la operación y de la gestión 
técnica de la Red Básica y de transporte secundario, y garantizará la continuidad y seguridad 
del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los 
almacenamientos, el transporte y la distribución.
El Gestor del Sistema ejercerá sus funciones en coordinación con los distintos sujetos 
que operan o hacen uso del sistema gasista bajo los principios de transparencia, objetividad 
e independencia.
2. Las actividades de gestión técnica que realice el Gestor del Sistema serán retribuidas 
adecuadamente conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de este Título.
3. Serán funciones del Gestor Técnico del Sistema las siguientes:
a) Gestionar todas las instalaciones de la Red Básica del sistema gasista y de transporte 
secundario.
b) Determinar y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de gas natural del 
sistema a corto y medio plazo.
c) Prever a corto y medio plazo la utilización de instalaciones del sistema, así como de 
las reservas de gas natural, de acuerdo con la previsión de la demanda.
d) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del sistema de gas 
natural y su transporte de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se 
establezcan. Asimismo, impartirá las instrucciones precisas a los transportistas para ajustar 
los niveles de emisión de gas natural a la demanda del sistema gasista.
e) Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de instalaciones de 
forma que se asegure su funcionamiento y disponibilidad para garantizar la seguridad del 
sistema.
f) Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de gas natural, así como 
los planes de actuación para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el 
suministro de gas natural, y coordinar y controlar su ejecución.
g) Impartir las instrucciones de operación a las instalaciones de transporte, incluidas las 
interconexiones internacionales.
h) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean 
convenientes para el funcionamiento del sistema, así como cualesquiera otras funciones que 
le sean atribuidas por las disposiciones vigentes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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i) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el desarrollo de la Red Básica 
de gas natural y la ampliación y/o extensión de los almacenamientos.
j) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los planes de emergencia que 
considere necesarios, detallando las existencias disponibles, su ubicación y período de 
reposición de las mismas, así como sus revisiones anuales. Dichos planes y sus revisiones 
anuales serán objeto de aprobación o modificación por la Dirección General de Política 
Energética y Minas.
k) Dar las órdenes oportunas para que las empresas titulares de las redes de 
instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario hagan funcionar sus instalaciones 
de tal forma que se asegure la entrega de gas en las condiciones adecuadas en los puntos 
de salida del sistema.
l) Para realizar y controlar su actuación, el Gestor del Sistema llevará a cabo los 
programas de entregas que reglamentariamente se determinen.
m) Gestionar las entradas y salidas de gas natural en el sistema gasista a través de los 
gasoductos, las Plantas de Recepción, Almacenamiento y Regasificación, los 
almacenamientos subterráneos y los yacimientos naturales.
n) (Suprimida.)
o) Efectuar el cálculo y aplicación del balance diario de cada sujeto que utilice la red 
gasista y las existencias operativas y estratégicas del mismo.
p) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por 
el Gobierno en ejecución de lo previsto en la presente Ley.
q) Colaborar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la evaluación y 
seguimiento de los planes de inversión anuales y plurianuales presentados por los titulares 
de las empresas de instalaciones de transporte de gas natural.
r) Supervisar la correcta ejecución por parte de los agentes del sistema de las medidas 
adoptadas por el Gobierno ante situaciones de emergencia y elaborar un informe sobre los 
resultados de dicha supervisión que se pondrá a disposición del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de Energía.
s) Proporcionar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos la 
información que ésta pueda requerir para el ejercicio de su función de mantenimiento de las 
existencias de carácter estratégico de gas natural.
t) Realizar en coordinación con el operador del mercado organizado de gas las funciones 
que reglamentariamente se le asignen para garantizar el correcto funcionamiento de dicho 
mercado.
u) Asumir las funciones previstas para el gestor de red de transporte, incluida la 
realización de acciones de balance, en el Reglamento (UE) n.º 312/2014, de la Comisión, de 
26 de marzo de 2014, por el que se establece el código de red sobre el balance del gas en 
las redes de transporte.
v) Adquirir o vender en el mercado organizado de gas a que hace referencia el artículo 
65 bis de la presente Ley, el gas necesario para el ejercicio de sus funciones y en particular 
las adquisiciones y ventas de gas para mantener el sistema en operaciones de balance de 
acuerdo con la normativa aplicable.
4. El Gestor Técnico del Sistema, tendrá un representante en el Consejo Consultivo de 
Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía y en su Comisión Permanente.
Artículo 65.  Normas de gestión técnica del sistema.
1. El Ministerio de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, 
aprobará la normativa de gestión técnica del sistema que tendrá por objeto propiciar el 
correcto funcionamiento técnico del sistema gasista y garantizar la continuidad, calidad y 
seguridad del suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los transportistas.
2. La normativa de gestión técnica del sistema a que se refiere el apartado anterior 
regulará, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los mecanismos para garantizar el necesario nivel de abastecimiento de gas natural 
del sistema a corto y medio plazo y el mantenimiento de las existencias mínimas de 
seguridad.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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b) Los procedimientos de coordinación que garanticen la correcta explotación y 
mantenimiento de las instalaciones de regasificación, almacenamiento y transporte, de 
acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad necesarios, contemplando 
específicamente la previsión de planes de actuación para la reposición del servicio en caso 
de fallos generales en el suministro de gas natural.
c) Los procedimientos de control de las entradas y salidas de gas natural hacia o desde 
el sistema gasista nacional.
d) El procedimiento de cálculo del balance diario de cada sujeto autorizado a introducir 
gas natural en el sistema.
e) El procedimiento de gestión y uso de las interconexiones internacionales.
f) El procedimiento sobre las medidas a adoptar en el caso de situaciones de emergencia 
y desabastecimiento.
Artículo 65 bis.  Mercado organizado de gas.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por mercado organizado de gas el integrado por 
transacciones de compra y venta de gas natural en el punto virtual de balance del sistema de 
transporte y distribución, mediante la contratación a corto plazo con entrega física de gas. La 
contratación a corto plazo incluirá al menos, productos con un horizonte de entrega hasta el 
último día del mes siguiente.
El mercado organizado integrará asimismo las transacciones de compra y venta de gas u 
otras transacciones que reglamentariamente se determinen.
La contratación en el mercado organizado se realizará de forma anónima, libre y 
voluntaria, en los términos previstos en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.
Reglamentariamente por el Gobierno se regularán los sujetos que podrán actuar en este 
mercado, las condiciones bajo las que podrán hacerlo, las características de los productos a 
negociar, el punto virtual de balance del sistema de transporte y distribución y la información 
que se deberá comunicar al Operador del Mercado y al Gestor Técnico del Sistema, a los 
efectos de asegurar el correcto funcionamiento del sistema gasista.
Este mercado se constituye como "Plataforma de Comercio", según se define en el 
artículo 10 del Reglamento (UE) de la Comisión N.º 312/2014, de 26 de marzo de 2014, por 
el que se establece un código de red sobre el balance de gas en las redes de transporte.
2. En todo caso podrán actuar en el mercado organizado de gas los siguientes sujetos:
a) El operador del mercado organizado de gas que será la sociedad responsable de la 
gestión del sistema de ofertas de compra y venta de gas en el mercado organizado de gas 
natural.
b) Los comercializadores y consumidores directos en mercado que podrán participar a 
través de la presentación de ofertas de compra y de venta de gas.
c) El Gestor Técnico del Sistema.
d) Los transportistas y distribuidores.
e) La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
f) Cualquier otro sujeto que realice operaciones de compra venta de gas con el resto de 
los participantes del mercado sin acceder a instalaciones de terceros.
En este caso el balance de dicho sujeto al final del periodo de balance deberá ser igual a 
cero. Estos sujetos no necesitarán tener categoría de comercializador siempre que cumplan 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan para la participación en el mercado. 
Dichos agentes limitarán toda su actividad a la compraventa de gas al resto de los 
participantes del mercado.
El gas del que dichos agentes sean titulares solo podrá ser utilizado para el objeto de 
compra venta mencionada y en ningún caso podrá ser objeto de cesión, o arrendamiento 
con comercializadores para el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de 
existencias de seguridad.
Artículo 65 ter.  Operador del mercado organizado de gas.
1. El operador del mercado organizado de gas asume la gestión del sistema de ofertas 
de compra y venta de gas natural en el mercado de gas natural en los términos y con las 
funciones que reglamentariamente se establezcan.
En cualquier caso, serán funciones del operador del mercado:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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a) La recepción de las ofertas de venta y adquisición emitidas por los distintos sujetos 
que participan en el mercado organizado. El operador del mercado publicará en la 
plataforma de contratación del mercado los precios y el volumen de las ofertas de venta y 
adquisición, de forma anónima.
b) La recepción de las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas 
garantías podrá realizarla directamente o a través de terceros autorizados.
c) La casación y determinación de los precios de los diferentes productos resultantes de 
las casaciones en el mercado organizado.
d) La comunicación a los interesados de los resultados de la casación de las ofertas.
e) La publicación de los precios y volúmenes negociados de cada uno de los productos.
f) La liquidación y comunicación de los pagos y cobros, directamente o a través de un 
tercero.
g) De conformidad con la normativa aplicable la comunicación al Gestor Técnico del 
Sistema de las operaciones realizadas por los distintos sujetos que participan en el mercado 
organizado.
h) Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la periodicidad que se 
determine.
i) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente le sean atribuidas.
El operador del mercado ejercerá sus funciones en el sistema gasista español, 
respetando los principios de transparencia, objetividad, no discriminación e independencia.
2. Actuará como operador del mercado organizado de gas una sociedad mercantil de 
cuyo accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica.
La suma de las participaciones directas en el capital de esta sociedad del Operador del 
Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A., y en su caso, del Operador do Mercado 
Ibérico (Portugal), SGPS, S.A. será igual al 30 por ciento. El peso relativo de la participación 
de dichas sociedades en el operador del mercado organizado de gas será de 2/3 y 1/3 
respectivamente.
En el caso de los Gestores Técnicos de los sistemas gasistas español y portugués, la 
suma de las participaciones directas en el capital de esta sociedad será del 20 por ciento. El 
peso relativo de la participación de ambas sociedades en el operador del mercado 
organizado de gas será de 2/3 y 1/3 respectivamente.
En el caso de los sujetos que realicen actividades en el sector energético, la suma de las 
participaciones directa o indirecta en el capital de esta sociedad no podrá superar el 3 por 
ciento. Asimismo la suma de participaciones de estos sujetos no podrá superar el 30 por 
ciento, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto.
En el caso del resto de los sujetos que participen en la sociedad, su participación directa 
o indirecta se verá limitada a un máximo del 5 por ciento de forma que no tenga un impacto 
relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad.
En el caso de que alguna persona física o jurídica pusiera de manifiesto a la sociedad 
mercantil que actúa como operador del mercado su voluntad de participar en el capital de 
dicha sociedad, la petición se elevará a la Junta General de Accionistas junto con la 
acreditación del solicitante de realizar o no actividades en el sector del gas natural.
La Junta General deberá aceptar la solicitud presentada por una cifra máxima de 
participación equivalente a la media de las participaciones existentes en el tipo de accionista 
que haya de corresponder al peticionario, haciéndose efectiva a través de alguno o algunos 
de los siguientes procedimientos:
a) La voluntad de venta por la sociedad o por alguno de sus accionistas de las 
correspondientes acciones manifestada en la Junta General.
b) La ampliación de capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones 
siempre que se respete el límite del 30 por ciento que puede ser suscrito por sujetos que 
realicen actividades en el sector energético.
Cuando los solicitantes de participación en el capital del operador del mercado 
organizado de gas realicen actividades en el sector energético, a fin de respetar el 
porcentaje mencionado, se podrá acordar una ampliación de capital superior a la necesaria, 
siempre que se manifieste en la Junta General la voluntad de suscripción de esas acciones 
por cualquiera de los accionistas que no ejerzan actividades gasistas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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En todo caso, se excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas sobre 
las acciones que se emitan para atender las nuevas peticiones de participación.
3. La retribución del operador del mercado organizado de gas será asumida por todos los 
agentes que operen en dicho mercado en las condiciones que se fijen por orden del Ministro 
de Industria, Energía y Turismo.
CAPITULO IV
Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural
Artículo 66.  La red de transporte de combustibles gaseosos.
1. La red de transporte primario está constituida por los gasoductos de presión máxima 
de diseño igual o superior a 60 bares.
2. La red de transporte secundario de gas natural está constituida por los gasoductos de 
presión máxima de diseño inferior a 60 bar y superior a 16 bar.
3. Asimismo, se consideran elementos constitutivos de la red de transporte las 
estaciones de compresión y de regulación y medida y todos aquellos activos de 
comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás 
elementos auxiliares, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones 
específicas de la red de transporte antes definida.
4. Los transportistas serán responsables del desarrollo y ampliación de la red de 
transporte definida en este artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora 
de una red configurada bajo criterios homogéneos y coherentes, todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley en materia de planificación 
de instalaciones.
5. Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para garantizar la fiabilidad 
del suministro de gas y de las instalaciones de la red de transporte y las a ella conectadas. 
Estas normas tenderán a garantizar la protección y seguridad de las personas y sus bienes, 
la calidad y fiabilidad en su funcionamiento, la unificación de las condiciones de los 
suministros, la prestación de un buen servicio y serán objetivas y no discriminatorias.
Artículo 67.  Autorizaciones administrativas.
1. Requieren autorización administrativa previa, en los términos establecidos en esta Ley 
y en sus disposiciones de desarrollo, la construcción, explotación, modificación, y cierre de 
las instalaciones de la red básica y redes de transporte reseñadas en el artículo 59, sin 
perjuicio del régimen jurídico aplicable a los almacenamientos subterráneos de acuerdo con 
el Título II de la presente Ley.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser autorizada por la Administración 
competente.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá imponer a su titular la 
obligación de proceder a su desmantelamiento.
Las autorizaciones de construcción y explotación de los gasoductos de transporte objeto 
de planificación obligatoria, de acuerdo con el artículo 4 de la presente Ley, deberán ser 
otorgadas mediante un procedimiento que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por 
la autoridad competente cuando se trate de gasoductos de transporte secundario. En el caso 
de las instalaciones que formen parte de la red troncal, la construcción y la explotación de 
las instalaciones serán autorizadas de forma directa a la empresa titular de la mayor parte de 
las instalaciones de la red troncal. En el caso de otros gasoductos de transporte 
competencia de la Administración General del Estado, podrán adjudicarse a los titulares de 
las instalaciones a las que se conecten.
2. Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas relacionadas en el 
apartado 1 de este artículo deberán acreditar suficientemente los siguientes requisitos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de ordenación del 
territorio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán otorgadas por 
la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones sobre 
protección del dominio público que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que 
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial las relativas a la 
ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente.
El procedimiento y otorgamiento de la autorización incluirá el trámite de información 
pública.
Otorgada autorización y a los efectos de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, 
el titular deberá constituir una garantía en torno a un 2 por 100 del presupuesto de las 
instalaciones.
La autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen de monopolio ni 
concederá derechos exclusivos.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a que se refiere el 
presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En todo caso, podrá interponerse recurso 
ordinario ante la autoridad administrativa correspondiente.
4. Las autorizaciones de instalación de transporte contendrán todos los requisitos que 
deban ser observados en su construcción y explotación.
Cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a instalaciones ya existentes 
de distinto titular, éste, o en su caso el gestor de red de transporte o el gestor de red 
independiente correspondiente, deberá permitir la conexión en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.
5. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o 
la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar 
lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se cumplan los 
requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la capacidad legal, técnica y 
económica necesarias para acometer la actividad propuesta.
Artículo 68.  Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación, 
transporte y almacenamiento de gas natural.
Los titulares de autorizaciones administrativas para la regasificación de gas natural 
licuado y para el transporte y almacenamiento de gas natural, así como los gestores de red 
Independientes, en lo que les sea de aplicación, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones 
aplicables, prestando el servicio de forma regular y continua, con los niveles de calidad que 
se determinen y manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de 
conservación e idoneidad técnica, siguiendo las instrucciones impartidas por el Gestor 
Técnico del Sistema y, en su caso, por la Administración competente.
b) Presentar al Secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y a la Comisión Nacional de Energía, antes del 15 de octubre de cada año, los 
planes de inversión anuales y plurianuales, con un horizonte mínimo de diez años.
En los planes de inversiones anuales figurarán, como mínimo, los datos de los proyectos 
previstos para el año siguiente, sus principales características técnicas, presupuesto y 
calendario de ejecución.
c) Facilitar el uso de sus instalaciones para los movimientos de gas resultantes de lo 
dispuesto en la presente Ley, y admitir la utilización de todas sus instalaciones por todos los 
sujetos autorizados, en condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas.
d) Garantizar la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales que 
obre en su poder y evitar que se revele información confidencial sobre sus propias 
actividades de forma discriminatoria que pueda suponer alguna ventaja comercial.
e) Celebrar los contratos de regasificación, almacenamiento y transporte con quienes 
tengan derecho de acceso a sus instalaciones.
f) Proporcionar a cualquier otra empresa que realice actividades de almacenamiento, 
transporte y distribución, y al gestor del sistema, suficiente información para garantizar que el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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transporte y el almacenamiento de gas pueda producirse de manera compatible con el 
funcionamiento seguro y eficaz de la red interconectada.
g) Proporcionar la información con el detalle y frecuencia con la que sea requerida por 
parte de la Administración competente y comunicar al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo los contratos de acceso a sus instalaciones que celebren. Asimismo, deberán 
comunicar a las Administraciones de las Comunidades Autónomas los contratos de acceso a 
sus instalaciones cuando estas instalaciones estén situadas total o parcialmente en esa 
Comunidad Autónoma y el contratante de esos servicios sea un consumidor cualificado, un 
comercializador o un transportista con instalaciones en esa Comunidad Autónoma.
h) Participar en el proceso de planificación mediante la propuesta de las instalaciones 
que consideren necesarias para asegurar la suficiente capacidad de acuerdo con las 
previsiones de demanda y en base a lo que se determine reglamentariamente.
Artículo 69.  Derechos de los titulares de instalaciones de regasificación, transporte y 
almacenamiento de gas natural.
Los titulares de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento tendrán los 
siguientes derechos:
a) El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución por el ejercicio de 
sus actividades dentro del sistema gasista en los términos establecidos en el Capítulo VII de 
este Título de la presente Ley.
b) Exigir que las instalaciones conectadas a las de su propiedad reúnan las condiciones 
técnicas establecidas y sean usadas en forma adecuada.
c) Exigir las garantías que determine la Administración para el cobro de peajes y 
cánones.
Artículo 70.  Acceso a las instalaciones de transporte.
1. Los titulares de las instalaciones deberán permitir la utilización de las mismas a los 
Consumidores Directos en Mercado y a los comercializadores que cumplan las condiciones 
exigidas, mediante la contratación separada o conjunta de los servicios de transporte, 
regasificación y almacenamiento, sobre la base de principios de no discriminación, 
transparencia y objetividad. El precio por el uso de las redes de transporte vendrá 
determinado por los peajes en vigor.
Deberán asimismo permitir la utilización de dichas instalaciones a la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en el ejercicio de su función de 
constitución, mantenimiento y gestión de las existencias de carácter estratégico de gas 
natural.
2. Reglamentariamente por el Gobierno se regularán las condiciones de acceso de 
terceros a las instalaciones, las obligaciones y derechos de los titulares de las instalaciones 
relacionadas con el acceso de terceros, así como las de los Consumidores Directos en 
Mercado, comercializadores, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos y el Gestor Técnico del Sistema. Asimismo, se definirá el contenido mínimo de 
los contratos y, en su caso, se regularán las condiciones de funcionamiento del mercado 
secundario de capacidad.
3. En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico, 
transporte y distribución, el acceso será regulado.
La planificación obligatoria determinará el carácter básico de los almacenamientos en 
base a criterios económicos y técnicos, así como las necesidades de almacenamiento, tanto 
estratégico como operativo, para el funcionamiento eficiente del sistema.
En el caso de los almacenamientos no básicos, incluidos con carácter indicativo en la 
planificación, el acceso será negociado con base en criterios transparentes, objetivos y no 
discriminatorios. Las instalaciones quedarán excluidas del régimen retributivo del sistema de 
gas natural.
Los titulares de los almacenamientos no básicos presentarán a la Comisión Nacional de 
Energía la metodología de asignación de capacidad a sus instalaciones y las metodologías 
para el cálculo de los cánones con objeto de que ésta pueda verificar que se cumplen lo 
criterios de transparencia, objetividad y no discriminación incluidos en el párrafo anterior.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Asimismo habrán de comunicar a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo las principales condiciones comerciales, servicios ofrecidos, 
contratos que suscriban, relación de precios por la utilización de las instalaciones, así como 
las modificaciones que se produzcan en los mismos, en un plazo máximo de tres meses. La 
Comisión Nacional de Energía hará pública la parte de esta información que no sea sensible 
a efectos comerciales.
4. Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o cuando el 
acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones de suministro que se hubieran impuesto o 
debido a dificultades económicas y financieras graves que pudieran derivarse de la ejecución 
de los contratos de compra obligatoria, en las condiciones y con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca siguiendo los criterios de la legislación uniforme 
comunitaria que se dispongan.
El acceso a la red por parte de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos no podrá limitarse o denegarse, y en todo caso será preferente respecto del de 
los otros sujetos, en situaciones de emergencia y en ejecución de las medidas que para las 
mismas en cada caso apruebe el Gobierno.
5. Podrá, asimismo, previa conformidad de la Comisión Nacional de Energía, denegarse 
el acceso a la red, cuando la empresa suministradora de gas, directamente o por medio de 
acuerdos con otras empresas suministradoras, o aquéllas a las que cualquiera de ellas esté 
vinculada, radique en un país en el que no estén reconocidos derechos análogos y se 
considere que pueda resultar una alteración del principio de reciprocidad para las empresas 
a las que se requiere el acceso, ello sin perjuicio de los criterios a seguir respecto de 
empresas de Estados miembros de la Unión Europea conforme a la legislación uniforme en 
la materia que ésta establezca.
6. Con carácter excepcional, se podrá exceptuar de la obligación de acceso de terceros 
en relación con determinadas instalaciones nuevas o las modificaciones de instalaciones 
existentes que supongan aumento significativo de capacidad o que permitan el desarrollo de 
nuevas fuentes de suministro de gas que por sus características singulares así lo requieran, 
de acuerdo con el procedimiento de autorización de la exención recogido en el artículo 71 de 
la presente Ley.
En el caso de conexiones internacionales con instalaciones de países terceros, que no 
formen parte de la Unión Europea, la citada excepción se hará constar en la planificación en 
materia de hidrocarburos elaborada por el Gobierno de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4.
La citada excepción supondrá la no inclusión de la instalación en el régimen retributivo 
del sector de gas natural.
7. Los consumos que se suministren exclusivamente a través de acometidas o líneas 
directas conectadas a instalaciones de acceso al sistema acogidas a lo dispuesto en el 
apartado 5 del presente artículo, deberán cumplir las obligaciones impuestas en la presente 
Ley, y en particular las derivadas del artículo 98, con instalaciones no incluidas en la Red 
Básica.
Artículo 71.  Exención de obligación de acceso de terceros.
1. Podrá solicitarse la exención de la obligación de acceso de terceros a la que se refiere 
el apartado 6 del artículo 70, siempre que las mismas cumplan las siguientes condiciones:
a) La inversión debe reforzar la competencia en el suministro de gas y potenciar la 
seguridad de suministro.
b) El nivel de riesgo inherente a la inversión es tal que ésta no se llevaría a cabo de no 
concederse la exención.
c) La infraestructura será propiedad de una entidad distinta, al menos en la personalidad 
jurídica, de los transportistas en cuyas redes vaya a construirse la infraestructura.
d) Se cobrarán cánones a los usuarios de la infraestructura.
e) La exención no va en detrimento de la competencia, ni del funcionamiento eficaz del 
mercado interior del gas de la Unión Europea, ni del funcionamiento eficiente de la red 
regulada a la que esté conectada la infraestructura.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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La exención del acceso de terceros podrá referirse a la totalidad o parte de la capacidad 
de la nueva infraestructura o de la infraestructura existente cuya capacidad se aumenta.
2. A estos efectos el titular de la instalación solicitará la exención al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, que requerirá un informe a la Comisión Nacional de Energía.
La Comisión Nacional de Energía remitirá a la Comisión Europea copia de las solicitudes 
de exención recibidas y analizará cada caso en particular, tomando en consideración, entre 
otros aspectos, la capacidad adicional que vaya a construirse o la modificación de la 
capacidad existente, el plazo previsto del proyecto y las circunstancias del sector gasista. En 
su informe, la Comisión Nacional de Energía propondrá condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
Asimismo, en su informe, la Comisión Nacional de Energía propondrá las normas y 
mecanismos de gestión y asignación de la capacidad. En todo caso, se realizará una 
consulta previa a todos los posibles usuarios en relación a su interés por contratar la nueva 
capacidad antes de efectuar la asignación de la misma, incluyendo la capacidad para uso 
propio. Los resultados de dicha consulta previa serán tenidos en cuenta por la Comisión 
Nacional de Energía en la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en el 
apartado 1 del presente artículo.
La capacidad no utilizada deberá ser ofrecida en el mercado de forma transparente, 
objetiva y no discriminatoria, y los usuarios de la infraestructura tendrán derecho a vender la 
capacidad contratada en el mercado secundario.
3. La Comisión Nacional de Energía elevará el informe junto con toda la documentación 
que conste en el expediente al Ministro de Industria, Energía y Turismo que resolverá 
mediante orden que será publicada en el "Boletín Oficial del Estado". Asimismo, se publicará 
dicha orden junto con el informe adoptado por la Comisión Nacional de Energía en la página 
Web de dicho organismo.
4. La orden de exención será notificada a la Comisión Europea junto con toda la 
información pertinente relacionada con la misma, a los efectos del artículo 36.9 de la 
Directiva 2009/73/CE y, en su caso, se adaptará, o se revocará, según sea la decisión que 
adopte la Comisión en virtud del citado artículo.
5. La decisión de exención aprobada por la Comisión Europea dejará de tener efectos a 
los dos años de su aprobación si, para entonces, no se hubiese iniciado la construcción de la 
infraestructura, y a los cinco años de su aprobación si, para entonces, la infraestructura no 
estuviera operativa, a menos que la Comisión Europea decida que los retrasos están 
motivados.
6. En aquellos casos en que la infraestructura para la que se ha solicitado la exención se 
encuentre ubicada en el territorio de más de un Estado miembro de la Unión Europea, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Directiva 2009/73/CE.
CAPITULO V
Distribución de combustibles gaseosos por canalización
Artículo 72.  Regulación de la distribución.
1. La distribución de combustibles gaseosos se regirá por la presente Ley, sus normas 
de desarrollo y por la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. El Gobierno establecerá, asimismo, la normativa que se requiera en materia 
de coordinación, funcionamiento y retribución del sistema.
2. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar principios 
comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes actividades gasistas, 
determinar las condiciones de tránsito de gas por dichas redes, establecer la suficiente 
igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el territorio y la fijación de condiciones 
comunes equiparables para todos los usuarios.
Artículo 73.  Autorización de instalaciones de distribución de gas natural.
1. Se consideran instalaciones de distribución de gas natural los gasoductos con presión 
máxima de diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor, 
partiendo de un gasoducto de la red básica de transporte secundario.
Asimismo, tendrán también la consideración de instalaciones de distribución las plantas 
satélites de gas natural licuado que alimenten a una red de distribución.
Igualmente, tendrán la consideración de instalaciones de distribución las instalaciones de 
conexión entre la red de transporte y distribución en los términos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen.
2. Estarán sujetas a autorización administrativa previa, en los términos establecidos en 
esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, la construcción, modificación, explotación y 
cierre de las instalaciones de distribución de gas natural con independencia de su destino o 
uso.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser autorizada por la Administración 
competente.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá imponer a su titular la 
obligación de proceder a su desmantelamiento.
3. Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas relacionadas en el 
apartado anterior deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de ordenación del 
territorio.
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
4. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 2 serán otorgadas por la 
Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean 
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente 
legislación sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente.
El procedimiento de autorización incluirá el trámite de información pública y la forma de 
resolución en el supuesto de concurrencia de dos o más solicitudes de autorización.
Otorgada la autorización y a los efectos de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones, el titular deberá constituir una garantía del dos por ciento del presupuesto de 
las instalaciones.
La autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a que se refiere este 
artículo, tendrá efectos desestimatorios. En todo caso, podrá interponerse recurso ordinario 
ante la autoridad administrativa correspondiente.
5. Las autorizaciones de instalaciones de distribución contendrán todos los requisitos 
que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la 
que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona 
que debe asumir la empresa solicitante y, en su caso, el plazo para la ejecución de dichas 
instalaciones y su caracterización.
Cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a instalaciones ya existentes 
de distinto titular, éste deberá permitir la conexión en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.
6. El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en las autorizaciones o 
la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar 
lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se cumplan los 
requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la capacidad legal, técnica y 
económica necesarias para acometer la actividad propuesta.
7. Las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución 
deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona. En caso de no 
existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de monopolio natural del 
transporte y la distribución, red única y de realización al menor coste para el sistema gasista.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 74.  Obligaciones de los distribuidores de gas natural.
1. Serán obligaciones de los distribuidores de gas natural:
a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones 
aplicables, garantizando los niveles de calidad que se establezcan reglamentariamente.
b) Cumplir las instrucciones que dicte el gestor técnico del sistema y en su caso, la 
Administración competente en relación con el acceso de terceros a sus redes de distribución.
c) Mantener las instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad 
técnica.
d) Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones, 
en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad, cuando así sea 
necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que 
resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las 
acometidas.
Cuando existan varios distribuidores cuyas instalaciones sean susceptibles de 
ampliación para atender nuevos suministros y ninguno de ellos decidiera acometerla, la 
Administración competente determinará cuál de estos distribuidores deberá realizarla, 
atendiendo a sus condiciones.
e) Facilitar el uso de sus instalaciones y efectuar los contratos de acceso a terceros a la 
red de gas natural en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
f) Proporcionar a las empresas de transporte, almacenamiento, comercialización de gas 
natural y al Gestor Técnico del Sistema suficiente información para garantizar que el 
suministro de gas pueda producirse de forma compatible con el funcionamiento seguro y 
eficaz del sistema.
g) Comunicar a la Administración competente que hubiese otorgado las autorizaciones 
de instalaciones, y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las modificaciones 
relevantes de su actividad, a los efectos de determinación de los peajes y la fijación de su 
régimen de retribución.
h) Comunicar a la Administración competente y al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio la información que se determine relacionada con la actividad que desarrollen 
dentro del sector gasista. Asimismo, deberán comunicar a cada Comunidad Autónoma toda 
la información que les sea requerida por ésta, relativa a su ámbito territorial.
i) Estar inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores de combustibles 
gaseosos por canalización a que se refiere el presente Título.
j) Realizar las acometidas y el enganche de nuevos usuarios de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca.
k) Proceder a la medición de los suministros en la forma que reglamentariamente se 
determine, preservándose, en todo caso, la exactitud de la misma y la accesibilidad a los 
correspondientes aparatos facilitando el control de las Administraciones competentes.
l) Suministrar a la Oficina de Cambios de Suministrador la información que se determine 
reglamentariamente.
m) Aplicar las medidas que se establezcan en relación a la protección de consumidores 
que tengan la consideración de esenciales.
n) Mantener un sistema operativo que asegure la atención permanente y la resolución de 
las incidencias que, con carácter de urgencia, puedan presentarse en las redes de 
distribución y en las instalaciones receptoras de los consumidores conectados a sus 
instalaciones.
o) Realizar las pruebas previas al suministro que se definan reglamentariamente.
p) Comunicar a los usuarios conectados a su red, con la periodicidad y en las 
condiciones definidas reglamentariamente, la necesidad de realizar la inspección de las 
instalaciones receptoras.
En dicha comunicación se informará a los usuarios de la posibilidad de realizar dicha 
inspección con cualquier empresa instaladora de gas natural habilitada.
Si en el plazo y en la forma en que se determine, no existe una comunicación a la 
empresa distribuidora relativa a la realización de la inspección por una empresa instaladora 
de gas natural habilitada, la empresa distribuidora estará obligada a realizar la inspección.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Reglamentariamente se establecerán los procedimientos y efectos de no haber remitido 
el correspondiente certificado a la empresa distribuidora.
q) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la 
Administración.
r) Procurar un uso racional de la energía.
s) Presentar al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que desarrollen su 
actividad, antes del 15 de octubre de cada año, los planes de inversión anuales y 
plurianuales.
En los planes de inversión anuales figurarán, como mínimo, los datos de los proyectos 
previstos para el año siguiente, sus principales características técnicas, presupuesto y 
calendario de ejecución.
t) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que 
les corresponden en relación con los cambios de suministrador. El plazo que se establezca 
reglamentariamente no podrá ser superior en ningún caso a las tres semanas.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que se deriva de las obligaciones que 
corresponden a los distribuidores de conformidad con lo previsto en el presente artículo, los 
titulares de instalaciones receptoras de gas natural o instalaciones para consumo, serán 
responsables de su correcto uso, modificación, mantenimiento e inspección periódica en las 
condiciones técnicas y de seguridad que resulten exigibles.
Artículo 75.  Derechos de los distribuidores.
Los titulares de instalaciones de distribución tendrán los siguientes derechos:
a) El reconocimiento por parte de la Administración y la percepción de una retribución 
por el ejercicio de sus actividades dentro del sistema gasista en los términos establecidos en 
el Capítulo VII del presente Título.
b) Exigir que las instalaciones conectadas a las de su propiedad reúnan las condiciones 
técnicas establecidas y sean utilizadas en forma adecuada.
c) Exigir que las instalaciones, aparatos receptores y equipos de medida de los 
consumidores reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen, así 
como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que 
el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad para otros 
consumidores.
d) Promover la construcción de instalaciones receptoras comunes, con el fin de extender 
el suministro de gas natural, de acuerdo a las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.
e) Facturar y cobrar de los comercializadores y consumidores directos en mercado los 
peajes de acceso en los plazos establecidos por la legislación. Además, podrán facturar y 
cobrar otros servicios asociados al suministro en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.
f) Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de medición de 
suministros.
g) Recibir la información de la Oficina de Cambios de Suministrador que se determine 
reglamentariamente relativa a los cambios de suministro.
h) Exigir las garantías que se determinen por los peajes de acceso a sus instalaciones.
Artículo 76.  Acceso a las redes de distribución de gas natural.
1. Los titulares de las instalaciones de distribución deberán permitir la utilización de las 
mismas a los Consumidores Directos en Mercado, y a los comercializadores que cumplan 
las condiciones exigidas, sobre la base de principios de no discriminación, transparencia y 
objetividad. El precio por el uso de redes de distribución vendrá determinado por los peajes 
administrativamente aprobados.
2. El distribuidor sólo podrá denegar el acceso a la red en caso de que no disponga de la 
capacidad necesaria. La denegación deberá ser motivada. La falta de capacidad necesaria 
sólo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o calidad de los suministros, 
atendiendo a las exigencias que a estos efectos se establezca reglamentariamente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Reglamentariamente se regularán las condiciones del acceso de terceros a las 
instalaciones, las obligaciones y derechos de los titulares de las instalaciones relacionadas 
con el acceso de terceros, así como de los Consumidores Directos en Mercado, y 
comercializadores. Asimismo, se definirán los criterios de los contratos de acceso a dichas 
instalaciones.
Artículo 77.  Distribución de otros combustibles gaseosos.
1. Se consideran instalaciones de distribución de otros combustibles gaseosos, las 
plantas de fabricación de gases combustibles a que hace referencia el artículo 56 y los 
gasoductos necesarios para el suministro desde las plantas anteriores hasta los 
consumidores finales.
2. La autorización de estas instalaciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 73, 
valorándose la conveniencia de diseñar y construir las instalaciones compatibles para la 
distribución de gas natural, y tendrán las obligaciones y derechos que se recogen en los 
artículos 74 y 75 de la presente Ley, con la excepción de las obligaciones relativas al acceso 
de terceros a las instalaciones y el derecho a adquirir gas natural al precio de cesión.
3. Las empresas titulares de las instalaciones que regula este artículo, tendrán derecho a 
transformar las mismas, cumpliendo las condiciones técnicas de seguridad que sean de 
aplicación, para su utilización con gas natural, para lo cual deberán solicitar la 
correspondiente autorización a la Administración concedente de la autorización, 
sometiéndose en todo lo dispuesto para las instalaciones de distribución de gas natural.
Artículo 78.  Líneas directas.
1. Se entiende por línea directa un gasoducto para gas natural complementario de la red 
interconectada, para suministro a un consumidor.
2. Los consumidores cualificados podrán construir líneas directas quedando su uso 
excluido del régimen retributivo que para las actividades de transporte y distribución se 
establecen en la presente Ley.
3. La construcción de líneas directas queda excluida de la aplicación de las disposiciones 
en materia de expropiación y servidumbres establecidas en la presente Ley, sometiéndose al 
ordenamiento jurídico general.
La apertura a terceros del uso de la línea exigirá que la misma quede integrada en el 
sistema gasista conforme a lo que reglamentariamente se disponga.
4. Los consumos que se alimenten mediante una línea directa o acometida desde una 
planta de regasificación de la red básica cumplirán las obligaciones establecidas en la 
presente Ley, y en particular las derivadas del artículo 98, con infraestructuras que no se 
encuentren incluidas en la red básica.
CAPITULO VI
Comercialización de combustibles gaseosos
Artículo 79.  Comercialización.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60, reglamentariamente se regularán los 
siguientes aspectos en relación a la comercialización del gas natural:
a) Las modalidades y condiciones de suministro a los consumidores así como los 
procedimientos de denegación, suspensión o privación del mismo.
b) El procedimiento de medición del consumo mediante la instalación de aparatos de 
medida y la verificación de éstos.
c) El procedimiento y condiciones de facturación y cobro de los suministros y servicios 
efectuados.
d) Las medidas de protección del consumidor que deben recogerse en las condiciones 
contractuales para el suministro de aquellos consumidores que por su volumen de consumo 
o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual específico.
e) Procedimientos de cambio de comercializador.
f) Procedimiento de resolución de las reclamaciones.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y 
sin perjuicio del establecimiento por los comercializadores de sistemas propios de 
tramitación de reclamaciones que se ajusten a lo dispuesto en la Recomendación 98/257/CE 
de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos 
responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo, se preverá 
reglamentariamente la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la 
resolución de tales reclamaciones.
Artículo 80.  Comercializadores de gas natural.
1. Los comercializadores de gas natural deberán cumplir con los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente, entre los que se incluirá la suficiente capacidad técnica del 
solicitante. Las empresas comercializadoras deberán presentar las garantías que resulten 
exigibles.
Siempre deberán comunicar a la Administración competente y, en todo caso, al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que a su vez lo comunicará a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos el inicio o cese de la actividad, acompañando la comunicación de una 
declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo 
anterior.
Junto con la referida comunicación de inicio de la actividad, los comercializadores de gas 
natural deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una previsión de ventas 
para el primer año de actividad desglosada entre ventas firmes a consumidor final, ventas 
interrumpibles a consumidor final y otro tipo de ventas.
Los comercializadores de gas natural deberán acreditar el cumplimiento de estos 
requisitos en caso de que les sea requerido por la Administración competente, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo o por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado, en el plazo máximo de un 
mes a partir del momento en que se produzca.
En el caso de empresas habilitadas para comercializar gas natural en un país miembro 
de la Unión Europea con el que exista un acuerdo mutuo de reconocimiento de licencias de 
comercialización de gas natural bastará la comunicación de inicio o cese de la actividad, sin 
perjuicio de la constitución de las garantías económicas que sean necesarias en la 
contratación de acceso a las instalaciones.
2. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un listado de los 
comercializadores de gas natural que incluirá aquellas sociedades que hayan comunicado a 
la Administración competente el ejercicio de esta actividad.
Artículo 81.  Derechos y Obligaciones de los comercializadores.
1. Los comercializadores tendrán los siguientes derechos:
a) Realizar adquisiciones de gas en los términos establecidos en el Capítulo II de este 
Título.
b) Vender gas natural a los consumidores y a otros comercializadores autorizados en 
condiciones libremente pactadas.
c) Acceder a las instalaciones de terceros en los términos establecidos en este Título.
d) Recibir la medición de los suministros de sus clientes.
e) Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y de 
construcción que se determinen, así como el buen uso de los mismos.
f) Facturar y cobrar los suministros realizados.
g) Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de medición de 
suministros.
h) Suscribir con sus clientes cláusulas de interrumpibilidad en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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i) Obtener la información relativa a los cambios de suministrador y los datos de los 
consumidores de la Oficina de Cambios de Suministrador que se determine 
reglamentariamente.
2. Los comercializadores tendrán las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la Administración competente el inicio o cese en el ejercicio de la 
actividad y cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos.
b) Cumplir las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad y 
diversificación de suministros establecidas en el Capítulo VIII.
c) Coordinar su actividad con el gestor técnico del sistema, los transportistas y los 
distribuidores.
d) Adquirir el gas y suscribir los contratos de acceso necesarios para cumplir los 
compromisos contractuales con sus clientes.
e) Prestar las garantías que se determinen por los peajes y cánones de acceso 
contratados.
f) Abonar en los plazos establecidos en la legislación los peajes y cánones de acceso a 
las instalaciones gasistas que correspondan.
g) Abonar al distribuidor las cantidades recaudadas por servicios asociados al suministro 
prestados por el distribuidor al consumidor final en aquellos casos que hayan sido 
establecidos reglamentariamente.
h) Garantizar la seguridad del suministro de gas natural a sus clientes suscribiendo 
contratos de regasificación de gas natural licuado, de transporte y distribución y de 
almacenamiento que sean precisos.
i) Remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la información periódica que se 
determine en relación con la actividad que desarrollen dentro del sector gasista. Dicha 
remisión de información incluirá, entre otras, las cantidades vendidas y los precios de venta 
aplicados en la forma y plazo que se establezcan. Asimismo, remitir a las Comunidades 
Autónomas la información que específicamente les sea reclamada relativa a su ámbito 
territorial.
j) Facilitar a sus clientes la información y asesoramiento que pudiesen solicitar en 
relación al suministro de gas.
k) Suministrar a la Oficina de Cambios de Suministrador la información que 
reglamentariamente se determine.
l) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la 
Administración.
m) Procurar un uso racional de la energía.
n) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención 
a sus quejas, reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de cualquier 
incidencia en relación al servicio contratado u ofertado, poniendo a su disposición una 
dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, 
un número de fax y una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse 
directamente. Dicho sistema de comunicación electrónica, deberá emitir de forma 
automatizada un acuse de recibo con indicación de la fecha, hora y número de solicitud, de 
manera que exista una seguridad de que la solicitud del ciudadano ha tenido entrada. Los 
prestadores comunicarán su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para 
la correspondencia.
o) Mantener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la Comisión 
Nacional de Energía, la Comisión Nacional de la Competencia y de la Comisión Europea, 
durante al menos cinco años, los datos pertinentes sobre todas las transacciones de los 
contratos de suministro de gas y los derivados relacionados con el gas suscritos con los 
clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, así como con los gestores de 
almacenamientos y de redes de GNL.
p) Informar a los clientes sobre los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de 
los que dispone y la forma de acceso a los mismos.
q) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que 
les corresponden en relación con los cambios de suministrador. El plazo que se establezca 
reglamentariamente no podrá ser superior en ningún caso a las tres semanas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. Los Consumidores Directos en Mercado tendrán los mismos derechos y obligaciones 
que los comercializadores en todo aquello que les sea de aplicación.
Artículo 82.  Suministradores de último recurso.
El Gobierno determinará qué comercializadores asumirán la obligación de 
suministradores de último recurso.
Además de los derechos y obligaciones establecidas para los comercializadores en el 
artículo 81, los comercializadores de gas que hayan sido designados como suministradores 
de último recurso deberán atender las solicitudes de suministro de gas natural, de aquellos 
consumidores que se determinen, a un precio máximo establecido por el Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, que tendrá la consideración de tarifa de último recurso.
Asimismo, en caso de que un comercializador no cumpla algunas de las obligaciones 
establecidas en las letras d), e), f), g) y h) a que hace referencia el artículo 81.2 de la 
presente Ley, o no cumpla en los plazos que se establezcan otras obligaciones de pago 
frente al sistema gasista, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará, previo 
trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes 
de dicho comercializador a un comercializador de último recurso, sin que dicha circunstancia 
suponga cargas extraordinarias para el comercializador de último recurso. Asimismo, 
determinará las condiciones de suministro de dichos clientes.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de acuerdo 
con lo establecido en el Título VI de la presente Ley.
Artículo 83.  Registro Administrativo de Distribuidores.
Se crea, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Registro Administrativo de 
Distribuidores de combustibles gaseosos por canalización. Reglamentariamente, previo 
informe de las Comunidades Autónomas, se establecerá su organización, así como los 
procedimientos de inscripción y comunicación de datos a este registro.
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar 
los correspondientes registros territoriales.
Artículo 83 bis.  Oficina de Cambios de Suministrador.
(Derogado) .
Artículo 84.  Programas de gestión de la demanda.
1. Los distribuidores y comercializadores, en coordinación con los diversos agentes que 
actúan sobre la demanda, podrán desarrollar programas de actuación que, mediante una 
adecuada gestión de la demanda gasista, mejoren el servicio prestado a los usuarios y la 
eficiencia y ahorro energéticos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las Administraciones públicas podrán adoptar medidas que 
incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energético, 
directamente o a través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción 
de la mayor eficiencia en el uso final del gas natural.
Artículo 85.  Planes de ahorro y eficiencia energética.
La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias territoriales, podrán, mediante planes de ahorro y eficiencia 
energética, establecer las normas y principios básicos para potenciar las acciones 
encaminadas a la consecución de la optimización de los rendimientos de los procesos de 
transformación de la energía, inherentes a sistemas productivos o de consumo.
Cuando dichos planes de ahorro y eficiencia energética establezcan acciones 
incentivadas con fondos públicos, las citadas Administraciones podrán exigir a las personas 
físicas o jurídicas participantes la presentación de una auditoría energética de los resultados 
obtenidos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 86.  Calidad del suministro de combustibles gaseosos.
1. El suministro de combustibles gaseosos deberá ser realizado por las empresas 
titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley, de forma continuada cuando así sea 
contratado y con las características que reglamentariamente se determinen.
Para ello, las empresas gasistas contarán con el personal y medios necesarios para 
garantizar la calidad del servicio exigida por las reglamentaciones vigentes.
Las empresas gasistas y, en particular, los distribuidores y comercializadores 
promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la 
calidad del suministro de combustibles gaseosos.
2. Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir 
consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que 
puedan poner en peligro la seguridad en el servicio gasista, la Administración competente 
establecerá reglamentariamente las directrices de actuación, estableciéndose su ejecución y 
puesta en práctica, que deberán ser llevadas a cabo por los distribuidores para restablecer la 
calidad del servicio.
3. Si se constatara que la calidad del servicio individual prestado por la empresa es 
inferior a la exigible, se aplicarán las reducciones en la facturación abonada por los usuarios, 
de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido al efecto.
Artículo 87.  Potestad inspectora.
1. Los órganos de la Administración competente dispondrán, de oficio o a instancia de 
parte, la práctica de cuantas inspecciones y verificaciones se precisen para comprobar la 
regularidad y continuidad en la prestación del suministro, así como para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes.
Las actuaciones de inspección deberán concluir en un plazo de doce meses contado 
desde la fecha de notificación de su inicio al interesado. Se entenderá que las actuaciones 
finalizan en la fecha en que se notifique el acta en que se documente su conclusión y 
resultado. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos de suspensión del plazo 
indicado.
2. Las inspecciones a que alude el párrafo anterior cuidarán, en todo momento, de que 
se mantengan las características de los combustibles gaseosos suministrados dentro de los 
límites autorizados oficialmente.
Artículo 88.  Suspensión del suministro.
1. El suministro de combustibles gaseosos a los consumidores sólo podrá suspenderse 
cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro, que nunca podrá invocar 
problemas de orden técnico o económico que lo dificulten, o por causa de fuerza mayor o 
situaciones de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o 
las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.
En el caso de suministro a consumidores cualificados se estará a las condiciones de 
garantía de suministro o suspensión que hubieran pactado.
2. Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para 
el mantenimiento, seguridad del suministro, reparación de instalaciones o mejora del 
servicio. En todos estos supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa 
previa y comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine.
3. En las condiciones que reglamentariamente se determine podrá ser suspendido el 
suministro de combustibles gaseosos por canalización a los consumidores privados sujetos a 
tarifa cuando hayan transcurrido dos meses desde que se les hubiera sido requerido 
fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos el 
requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del mismo.
En el caso de las Administraciones públicas, transcurridos dos meses desde que les 
hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el mismo se hubiera efectuado, 
comenzarán a devengarse intereses que serán equivalentes al interés legal del dinero BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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incrementado en 1,5 puntos. Si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento el 
pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.
En ningún caso podrá ser suspendido el suministro de combustibles gaseosos por 
canalización a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como 
esenciales. Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar qué servicios 
deben ser entendidos como esenciales. No obstante, las empresas distribuidoras o 
comercializadoras podrán afectar los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que 
tengan suministros vinculados a servicios declarados como esenciales en situación de 
morosidad, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios, con independencia 
de la asignación que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a estos pagos.
4. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que se le ha 
suspendido el suministro, le será repuesto éste de inmediato.
Artículo 89.  Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones.
1. Las instalaciones de producción, regasificación, almacenamiento, transporte y 
distribución de combustibles gaseosos, instalaciones receptoras de los usuarios, los equipos 
de consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones de 
combustibles gaseosos deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de 
seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de industria, sin perjuicio de lo previsto en la normativa autonómica correspondiente.
2. Las reglamentaciones técnicas en la materia tendrán por objeto:
a) Proteger a las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que puedan 
resultar afectados por las instalaciones.
b) Conseguir la necesaria regularidad en los suministros.
c) Establecer reglas de normalización para facilitar la inspección de las instalaciones, 
impedir una excesiva diversificación del material y unificar las condiciones del suministro.
d) Obtener la mayor racionalidad y aprovechamiento económico de las instalaciones.
e) Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y la mejora de la calidad de los 
suministros de gas.
f) Proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de consumidores y usuarios.
g) Conseguir los niveles adecuados de eficiencia en el uso del gas.
3. Sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas en el presente Título y a los 
efectos previstos en el presente artículo, la construcción, ampliación o modificación de 
instalaciones de gas requerirá la correspondiente autorización administrativa en los términos 
que reglamentariamente se disponga.
Las ampliaciones de las redes de distribución, dentro de cada zona autorizada, podrán 
ser objeto de una autorización conjunta para todas las proyectadas en el año.
Artículo 90.  Cobertura de riesgos.
El Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, adoptará las medidas e 
iniciativas necesarias para que se establezca la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos 
que, para las personas y bienes, puedan derivarse del ejercicio de las actividades reguladas 
en el presente Título.
CAPITULO VII
Régimen económico
Artículo 91.  Régimen económico de las actividades incluidas en la Ley.
1. Las actividades destinadas al suministro de combustibles gaseosos serán retribuidas 
económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley con cargo a las tarifas de último 
recurso, los peajes y cánones que se determinen por el Gobierno, y a los precios abonados.
No obstante lo anterior, las conexiones de los yacimientos de gas natural con las 
instalaciones de transporte serán costeadas por el titular de la concesión de explotación del 
yacimiento y no se incluirán entre los costes del sistema gasista.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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2. Reglamentariamente se establecerá el régimen económico de los derechos por 
acometidas, alquiler de contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones. 
Los derechos a pagar por las acometidas serán establecidos por las Comunidades 
Autónomas en función del caudal máximo que se solicite y de la ubicación del suministro, 
con los límites superior e inferior que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio determine. 
Los derechos de acometida deberán establecerse de forma que aseguren la recuperación de 
las inversiones realizadas. Los ingresos por este concepto se considerarán, a todos los 
efectos, retribución de la actividad de distribución.
3. Las Comunidades Autónomas, respecto a los distribuidores que desarrollen su 
actividad en su ámbito territorial, establecerán el régimen económico de los derechos de alta, 
así como los demás costes derivados de servicios necesarios para atender los 
requerimientos de suministros de los usuarios.
Artículo 92.  Criterios para determinación de peajes y cánones.
1. Los peajes y cánones deberán establecerse de forma que su determinación responda 
en su conjunto a los siguientes principios:
a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares en el período 
de vida útil de las mismas.
b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros invertidos.
c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de forma que se 
incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que deberá repercutirse en 
parte a los usuarios y consumidores.
2. El sistema para la determinación de los peajes y cánones se fijará para períodos de 
cuatro años, procediéndose en el último año de vigencia a una revisión y adecuación, en su 
caso, a la situación prevista para el próximo período.
3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título facilitarán a 
la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuanta 
información sea necesaria para la determinación de los peajes y cánones. Esta información 
estará también a disposición de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a 
su ámbito territorial.
4. La Comisión Nacional de Energía establecerá las metodologías para el cálculo de los 
peajes y cánones de los servicios básicos de acceso: transporte y distribución, 
regasificación, almacenamiento y carga de cisternas dentro del marco retributivo y tarifario 
definido en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los valores de dichos peajes de acuerdo con 
la metodología establecida por la Comisión Nacional de Energía y el resto de costes del 
sistema que sean de aplicación.
5. Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso de la red de 
manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán diferenciarse por niveles de 
presión, características del consumo y duración de los contratos.
El Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes y 
cánones de acceso a las instalaciones gasistas.
6. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los 
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cánones.
Artículo 93.  Tarifa de último recurso.
1. La tarifa de último recurso será el precio máximo que podrán cobrar los 
comercializadores que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la presente Ley, 
hayan sido designados como suministradores de último recurso, a los consumidores que, de 
acuerdo con la normativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a acogerse a la misma.
2. La tarifa de último recurso será única en todo el territorio español sin perjuicio de sus 
especialidades por niveles de presión y volumen de consumo.
No obstante lo anterior, los consumidores a los que a la entrada en vigor de la Orden 
ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases 
manufacturados por canalización y alquiler de contadores se les venía aplicando la tarifa BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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industrial firme y estén conectados a gasoductos a presión inferior o igual a 4 bar con un 
consumo anual superior a 200.000 kWh/año, podrán solicitar a su distribuidor la conexión a 
presiones superiores a 4 bar. En caso de que esta solicitud no pudiera ser atendida, por no 
disponer el distribuidor de redes a dicha presión cercanas a las instalaciones del 
consumidor, se le aplicará a dicho consumidor la tarifa de último recurso correspondiente a 
consumidores con su mismo consumo conectados a gasoductos a presión mayor de 4 bar y 
menor o igual a 60 bar.
El consumidor tendrá la obligación de realizar la acometida correspondiente y conectarse 
a gasoductos a presión superior a 4 bar en el momento en que el distribuidor disponga de 
redes cercanas a las instalaciones del consumidor para ello.
3. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el 
establecimiento de la tarifa de último recurso de gas natural o un sistema de determinación y 
actualización automática de la misma.
4. El sistema de cálculo de la citada tarifa incluirá de forma aditiva el coste de la materia 
prima, los peajes de acceso que correspondan, los costes de comercialización y los costes 
derivados de la seguridad de suministro.
Se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a establecer un mecanismo de 
subasta que permita fijar el coste de la materia prima para el cálculo de las tarifas de último 
recurso, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
5. Las tarifas de último recurso se fijarán de forma que no ocasionen distorsiones de la 
competencia en el mercado.
Artículo 94.  Tarifas de los gases licuados del petróleo por canalización.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá dictar las disposiciones necesarias para el 
establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización 
para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gases licuados del petróleo 
para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores 
concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización 
automática de las mismas, si así se requiere y en los términos que se establezcan por el 
desarrollo reglamentario que regule el marco de la actividad de suministro de gases licuados 
del petróleo.
Artículo 95.  Impuestos y tributos.
1. La tarifa de último recurso, los peajes y cánones y los precios de los servicios 
asociados al suministro aprobados por la Administración para cada categoría de consumo no 
incluirán ningún tipo de impuesto.
En caso de que las actividades gasistas fueran gravadas con tributos de carácter 
autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto 
del territorio español, al precio del gas resultante, o a los peajes, cánones o tarifa de último 
recurso, se le podrá incluir un suplemento territorial, que podrá ser diferente en cada 
Comunidad Autónoma.
2. Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del suministro de gas, 
los comercializadores desglosarán en la facturación al usuario, en la forma que 
reglamentariamente se determine, al menos los importes correspondientes a los precios y 
los tributos que graven el consumo de gas, así como los suplementos territoriales cuando 
correspondan.
Artículo 96.  Cobro y liquidación de peajes y cánones.
Los peajes y cánones por el uso de la red gasista serán cobrados por las empresas que 
realicen las actividades de transporte y distribución, debiendo dar a las cantidades 
ingresadas la aplicación que proceda de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de reparto de los fondos 
ingresados por los transportistas y distribuidores, entre quienes realicen las actividades 
incluidas en el sistema gasista, atendiendo a la retribución que les corresponda de 
conformidad con la presente Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 97.  Liberalización de precios.
1. Cuando la situación del mercado lo haga recomendable, el Gobierno podrá acordar la 
liberalización, total o parcial, de las tarifas, peajes y cánones regulados en el presente 
capítulo.
2. Excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer precios máximos de gas aplicables 
por los comercializadores a las ventas realizadas a los consumidores cualificados, cuando la 
falta de desarrollo del mercado gasista o situaciones de dominio de mercado lo hagan 
aconsejable.
CAPITULO VIII
Seguridad de suministro
Artículo 98.  Seguridad de suministro.
1. Los comercializadores de gas natural estarán obligados a disponer de unas 
existencias mínimas de seguridad que vendrán expresadas en días equivalentes de sus 
ventas firmes a consumidores finales en territorio español.
Los Consumidores Directos en Mercado, estarán obligados a disponer de unas 
existencias mínimas de seguridad que vendrán expresadas en días equivalentes de sus 
consumos firmes en la parte no suministrada por un comercializador.
2. Esta obligación podrá cumplirse por el sujeto obligado con gas de su propiedad o 
arrendando y contratando, en su caso, los correspondientes servicios de almacenamiento. El 
Gobierno determinará en función de las disponibilidades del sistema el número de días 
equivalentes de existencias mínimas de seguridad.
3. Reglamentariamente se determinará la parte de existencias mínimas de seguridad que 
tendrán carácter estratégico y las que tendrán carácter operativo, así como la forma en que 
éstas podrán computarse y los sujetos encargados de su constitución, mantenimiento y 
gestión.
La constitución, mantenimiento y gestión de las existencias mínimas de seguridad de 
carácter estratégico podrá ser llevada a cabo por la Corporación a que se refiere el artículo 
52 en las condiciones y proporciones que se establezcan reglamentariamente.
Las existencias mínimas de seguridad se mantendrán en los almacenamientos básicos y 
en las proporciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 78.4 de la presente Ley.
4. Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a establecer la forma y las 
condiciones en las que los sujetos obligados en España y en su caso la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos podrán cumplir su obligación mediante la 
constitución de reservas en Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá 
determinar la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados en dichos países 
podrán constituir existencias mínimas de seguridad en territorio español.
Artículo 99.  Diversificación de los abastecimientos.
1. Los comercializadores de gas natural deberán diversificar sus aprovisionamientos 
cuando en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un mismo país sea 
superior al 60 %.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desarrollará reglamentariamente las 
condiciones para el cumplimiento de esta obligación atendiendo a la situación del mercado y 
podrá modificar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, al alza o a la baja, en 
función de la evolución de los mercados internacionales de gas natural.
2. En los términos que reglamentariamente se determinen, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio podrá exigir similares obligaciones de diversificación de 
aprovisionamiento a las establecidas en el punto anterior a los consumidores directos en 
mercados por la parte de su consumo no adquirida a comercializadores cuando, por su 
volumen y origen, puedan incidir negativamente en el balance de abastecimientos al 
mercado español.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. Estará eximido de la obligación de diversificación el abastecimiento del gas adquirido 
para atender el consumo de instalaciones que cuenten con suministros alternativos 
garantizados de otro combustible.
Artículo 100.  Control por la Administración.
La Administración competente podrá inspeccionar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones de seguridad y diversificación establecidos en los artículos anteriores, 
solicitando, en su caso, cuanta información sea necesaria.
En los casos que esta competencia corresponda a la Administración General del Estado, 
la inspección y control de las existencias mínimas de seguridad y la diversificación será 
realizada por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos a que hace 
referencia el artículo 52. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento y 
participación de los sujetos que actúan en el sector gasista como miembros de dicha 
Corporación.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo en colaboración con la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos elaborará y publicará, antes del 31 de julio 
de cada año, un informe con los resultados de la supervisión de los aspectos relativos a la 
seguridad de suministro, así como las medidas adoptadas o previstas para solventar los 
problemas hallados.
Artículo 101.  Situaciones de emergencia.
1. El Gobierno establecerá para situaciones de emergencia las condiciones en que se 
podrá hacer uso de las reservas estratégicas de gas natural a que se refiere el presente 
Título, por los obligados a su mantenimiento.
2. El Gobierno en situaciones de escasez de suministro o en aquéllas en que pueda 
estar amenazada la seguridad de personas, aparatos o instalaciones o la integridad de la red 
podrá adoptar en el ámbito, con la duración y las excepciones que se determinen, entre 
otras, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Limitar o modificar temporalmente el mercado del gas.
b) Establecer obligaciones especiales en materia de existencias mínimas de seguridad 
de gas natural.
c) Suspender o modificar temporalmente los derechos de acceso.
d) Modificar las condiciones generales de regularidad en el suministro con carácter 
general o referido a determinadas categorías de consumidores.
e) Someter a autorización administrativa las ventas de gas natural para su consumo en 
el exterior.
f) Cualesquiera otras medidas, que puedan ser recomendadas por los Organismos 
internacionales, de los que España sea parte o que se determinen en aplicación de aquellos 
convenios en que se participe.
En relación con tales medidas se determinará, asimismo, el régimen retributivo aplicable 
a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en 
todo caso, un reparto equilibrado de los costes.
3. El Gobierno fomentará la cooperación con terceros países a fin de desarrollar 
mecanismos coordinados ante situaciones de emergencia o escasez de suministro, así como 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales 
adquiridos.
4. El Gobierno notificará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros las 
medidas adoptadas.
Artículo 102.  Ocupación del dominio público, patrimonial y de las zonas de servidumbre 
pública.
1. Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones, a los que se refiere el artículo 
103.2 de la presente Ley y en los mismos casos que los allí contemplados, tendrán derecho 
a la ocupación del dominio público, patrimonial y de las zonas de servidumbre pública.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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2. La autorización de ocupación concreta del dominio público, patrimonial y de las zonas 
de servidumbre pública será acordada por el órgano competente de la Administración 
pública titular de aquellos bienes o derechos.
Las condiciones y requisitos que se establezcan por las Administraciones titulares de los 
bienes y derechos para la ocupación del mismo deberán ser, en todo caso, transparentes y 
no discriminatorios.
3. Sin perjuicio de la aplicación de lo señalado en los apartados anteriores, en las 
autorizaciones de ocupación de bienes o derechos de titularidad local será de aplicación lo 
dispuesto en la legislación de régimen local.
TITULO V
Derechos de ocupación del dominio público, expropiación forzosa, 
servidumbres y limitaciones a la propiedad
Artículo 103.  Declaración de utilidad pública.
1. Se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de la 
servidumbre de paso las siguientes instalaciones:
a) Las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de 
investigación y explotación a que se refiere el Título II.
b) Las instalaciones de refino, tanto de nueva construcción como las ampliaciones de las 
existentes, las instalaciones de transporte por oleoducto y de almacenamiento de productos 
petrolíferos, así como la construcción de otros medios fijos de transporte de hidrocarburos 
líquidos y sus instalaciones de almacenamiento.
c) Las instalaciones a que se refiere el Título IV de la presente Ley.
2. Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones para el desarrollo de las 
citadas actividades o para la construcción, modificación o ampliación de instalaciones 
necesarias para las mismas gozarán del beneficio de expropiación forzosa y ocupación 
temporal de bienes y derechos que exijan las instalaciones y servicios necesarios, así como 
la servidumbre de paso y limitaciones de dominio, en los casos que sea preciso para vías de 
acceso, líneas de conducción y distribución de los hidrocarburos, incluyendo las necesarias 
para atender a la vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones.
Artículo 104.  Solicitud de reconocimiento de utilidad pública.
1. Para el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones a que se refiere el 
artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una 
relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de 
necesaria expropiación u ocupación.
2. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los órganos 
afectados.
3. Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el 
Ministerio de Industria y Energía, si la autorización de la instalación corresponde al Estado, 
sin perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de órganos u 
otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las Comunidades 
Autónomas en los demás casos.
Artículo 105.  Efectos de la declaración de utilidad pública.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 106.  Derecho supletorio.
En lo relativo a la materia regulada en este Título será de aplicación supletoria lo 
dispuesto en la legislación general sobre expropiación forzosa y en el Código Civil cuando 
proceda.
Artículo 107.  Servidumbres y autorizaciones de paso.
1. Las servidumbres y autorizaciones de paso que conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo se establezcan gravarán los bienes ajenos en la forma y con el alcance 
que se determinan en la presente Ley y se regirán por lo dispuesto en la misma, en sus 
disposiciones de desarrollo y en la normativa a que se refiere el artículo anterior.
2. Las servidumbres y autorizaciones de paso comprenderán, cuando proceda, la 
ocupación del subsuelo por instalaciones y canalizaciones a la profundidad y con las demás 
características que señalen Reglamentos y Ordenanzas municipales.
3. Las servidumbres y autorizaciones comprenderán igualmente el derecho de paso y 
acceso, y la ocupación temporal del terreno u otros bienes necesarios para atender a la 
vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones y conducciones.
4. La afección a fincas particulares derivada de la construcción de las instalaciones 
gasistas y los oleoductos se concretará en la siguiente forma:
a) Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las 
instalaciones fijas en superficie.
b) Para las canalizaciones y cable de comunicaciones de las conducciones:
1.º Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno de hasta 
cuatro (4) metros, dos a cada lado del eje, que se concretará en la resolución de 
autorización, a lo largo de la canalización por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías 
que se requieran para la conducción. Esta servidumbre que se establece, estará sujeta a las 
siguientes limitaciones de dominio:
i. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto, a una distancia 
inferior a dos metros, a contar desde el eje de la tubería o tuberías.
ii. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, o de efectuar 
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a 
una distancia inferior a diez metros (10 m) del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. 
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que, en cada caso, fije el órgano competente de la Administración Pública.
iii. Permitir el libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, 
mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
iv. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de 
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias 
para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
2.º Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de la 
franja que se reflejará, para cada finca, en los planos parcelarios de expropiación. En esta 
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras 
necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando 
los trabajos y operaciones precisas a dichos fines.
5. Las condiciones y limitaciones que deberán imponerse en cada caso por razones de 
seguridad, podrán ser modificadas con arreglo a los Reglamentos y Normas Técnicas que a 
los efectos se dicten.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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TITULO VI
Infracciones y sanciones
Artículo 108.  Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que se tipifican en los 
artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley se entenderán sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir los 
titulares de las empresas que desarrollan las actividades a que se refieren.
Artículo 109.  Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La realización de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley o 
la construcción, ampliación, explotación o modificación de instalaciones afectas a las mismas 
sin la necesaria concesión, autorización administrativa, declaración responsable, 
comunicación o inscripción en el Registro correspondiente cuando proceda o el 
incumplimiento del contenido, prescripciones y condiciones de las mismas cuando se ponga 
en peligro manifiesto a las personas o los bienes o el medio ambiente.
b) La utilización de instrumentos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial sin 
cumplir las normas y las obligaciones técnicas que por razones de seguridad deban reunir 
los aparatos e instalaciones afectos a las actividades objeto de la presente Ley cuando 
comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente.
c) Cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio o la calidad de los 
productos petrolíferos o de los gases combustibles o la medición de las cantidades 
suministradas.
d) La negativa a admitir inspecciones o verificaciones reglamentarias o acordadas en 
cada caso por la administración competente, incluida la CNE, o la obstrucción a su práctica.
e) La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes de los regulados en la presente Ley 
o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración 
en el precio superior al l5 % y siempre que la misma suponga una alteración superior a 
300.000 euros.
f) El incumplimiento reiterado de las obligaciones resultantes de la aplicación del sistema 
tarifario o de los criterios de recaudación. Se entenderán como incumplimiento de las 
obligaciones del sistema tarifario la falta o retraso en el pago de las cantidades a que den 
lugar las liquidaciones de las actividades reguladas o en el ingreso de las cuotas con 
destinos específicos, la declaración indebida de ingresos y costes y las declaraciones 
efectuadas fuera del plazo establecido.
g) El incumplimiento de las decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos 
efectuados por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o 
por el Gestor Técnico del Sistema en el ámbito de sus funciones, cuando resulte perjuicio 
relevante para el funcionamiento del sistema.
h) La realización de actividades incompatibles, así como el incumplimiento por parte de 
los sujetos obligados a ello de la obligación de separación patrimonial, separación funcional 
y de llevar cuentas separadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en sus 
normas de desarrollo.
i) La falta de comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo o el 
incumplimiento de las condiciones u obligaciones establecidas, en el supuesto de la toma de 
participaciones en sociedades, en los términos previstos en la disposición adicional novena 
de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
j) El incumplimiento reiterado de cuantas obligaciones de remisión de información se 
deriven de la aplicación de la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte 
de la administración incluida la CNE, o del Gestor Técnico del Sistema.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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k) La negativa a suministrar gases por canalización o GLP envasado a consumidores en 
régimen de tarifa o precios regulados conforme a los títulos III y IV de esta Ley y 
disposiciones de desarrollo.
l) El incumplimiento reiterado por parte de los sujetos obligados a ello, de conformidad 
con la normativa vigente, de las condiciones de calidad y continuidad del servicio.
m) El incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas sobre 
existencias mínimas de seguridad, conforme a los títulos III y IV, cuando supongan una 
alteración significativa del citado régimen de existencias mínimas.
n) El incumplimiento de las obligaciones legal y reglamentariamente establecidas, 
conforme al Título IV de la Ley, sobre diversificación de suministros, cuando suponga una 
alteración significativa del citado régimen de diversificación.
o) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas 
por el Gobierno en aplicación de lo previsto en la presente Ley sobre situaciones de 
emergencia o escasez de suministros en los títulos III y IV por quienes realizan actividades 
reguladas en la presente Ley y tengan incidencia apreciable en el citado suministro.
p) La interrupción o suspensión injustificada de la actividad que se venga realizando 
mediante concesión o autorización administrativa, cuando de ello resulte perjuicio relevante 
para el funcionamiento del sistema.
q) El incumplimiento de las obligaciones de contabilidad exigibles de acuerdo con la 
presente Ley. Se entenderá comprendida en dicho incumplimiento la existencia en la 
documentación contable de vicios o irregularidades esenciales que impidan conocer la 
situación patrimonial y financiera de la entidad.
r) La denegación o alteración injustificada del acceso de terceros a instalaciones de red 
en los supuestos que la presente Ley y sus normas de desarrollo regulan.
s) El incumplimiento por parte de los titulares de las instalaciones de su obligación de 
mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica, 
siguiendo en su caso, las instrucciones impartidas por la administración competente, cuando 
dicho incumplimiento ponga en peligro manifiesto a las personas, los bienes o al medio 
ambiente.
t) El incumplimiento por parte del distribuidor de su obligación de realizar visitas de 
inspección a las instalaciones receptoras existentes con la periodicidad definida por la 
normativa vigente.
u) El incumplimiento, por parte de los titulares de instalaciones, de efectuar el cálculo del 
balance físico del gas que pasa por sus instalaciones en la forma y con la periodicidad que 
resulte necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema.
v) El incumplimiento, por parte del gestor técnico del sistema, de las obligaciones 
establecidas en el artículo 64, apartados 1 y 3, letras f), i), o) y p) de esta Ley.
w) El incumplimiento de las normas de gestión técnica del sistema, cuando ello afecte a 
la continuidad y seguridad del suministro de gas natural.
x) El incumplimiento continuado, por parte de los titulares de instalaciones, de su 
obligación de gestionar la verificación de sus equipos de medida, del volumen y 
características del gas, y de las instalaciones de puntos de suministro conectadas a sus 
redes, utilizando para ello los servicios de una entidad acreditada para tal fin.
y) La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o 
reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos.
z) El incumplimiento de las obligaciones económicas en caso de desbalance derivadas 
de la regulación establecida por las Normas de Gestión Técnica del sistema.
aa) El incumplimiento de las obligaciones que se establezcan relacionadas con el logro 
de los objetivos anuales de contenido mínimo de biocarburantes y otros combustibles 
renovables.
ab) El incumplimiento por parte del operador del mercado organizado de gas de la 
funciones a que se refieren los párrafos c) y d) del artículo 65 ter.1, en los términos previstos 
en la presente Ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se derive perjuicio 
para el sistema o los demás sujetos.
ac) El incumplimiento, de forma reiterada, por parte de los gestores de red 
independientes o de los propietarios de las instalaciones cuya gestión les hayan cedido, de 
las obligaciones establecidas en el artículo 63 quáter de la presente Ley.
ad) El incumplimiento de la obligación de suministro domiciliario de GLP envasado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ae) El incumplimiento de las limitaciones que se establezcan en cuanto a la participación 
en el accionariado de ENAGAS, S.A. así como la falta de comunicación definida en el 
artículo 63 bis.2 de cualquier circunstancia que pueda afectar al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para las empresas certificadas como Gestores de la red de 
transporte.
af) El incumplimiento reiterado por parte de los sujetos del sistema de sus obligaciones 
de información o comunicación a otros sujetos del sistema, así como la no remisión de forma 
reiterada de la información en la forma y plazo que resulte exigible.
ag) La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se 
presente a la Administración Pública, así como su no presentación en forma y plazo, al 
objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con 
retribución regulada, siempre que esto suponga un impacto en los costes del sistema que 
exceda del 5 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto.
ah) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras que 
hayan sido acordadas en cada caso por la Administración Pública competente, incluida la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos.
ai) El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de las 
obligaciones de preservar la medidas establecidas en aplicación de lo previsto en el artículo 
101 por quienes realizan alguna de las actividades en ella regulada.
aj) El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de las 
obligaciones de preservar y gestionar el acceso a la información que tenga carácter de 
confidencial.
ak) El incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para 
tener derecho a la percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución 
regulada, a menos que expresamente se hubiera tipificado como grave.
al) El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación 
de disponer de los equipos de medida y control y demás dispositivos que 
reglamentariamente se hayan establecido, de forma que se impida o altere la correcta 
medición y facturación, o cuando dicho incumplimiento comporte peligro o daño grave para 
personas, bienes o para el medio ambiente; así como la negativa u obstrucción al acceso de 
los encargados de la lectura, verificadores u organismos autorizados por la Administración 
Pública competente para la realización de la lectura, o verificación de los equipos.
am) El incumplimiento por parte de los obligados a ello de la normativa vigente relativa a 
la instalación de los equipos de medida, y demás dispositivos de tratamiento de la 
información y comunicación necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 
medidas, así como el incumplimiento de los criterios de seguridad y de privacidad que se 
establezcan reglamentariamente.
an) El incumplimiento reiterado por parte de los obligados a ello por la normativa vigente 
de la realización de los procesos de alta, lectura y tratamiento de las medidas e intercambios 
de la información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a 
disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el 
plazo y forma establecidos reglamentariamente.
añ) La inexactitud o falseamiento de la información relativa a la medida remitida por parte 
de los obligados a ello por la normativa vigente, cuando de ello se derive un incremento 
significativo de los costes del sistema o una minoración significativa de los ingresos del 
mismo.
ao) El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de conformidad con la 
normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida.
ap) Cualquier manipulación de los equipos de medida o de las instalaciones o la no 
disposición de los dispositivos necesarios, tendentes a alterar la medición de las cantidades 
suministradas o consumidas o de cualquiera de los conceptos que sirven de base para la 
facturación de la energía suministrada o consumida.
aq) La denegación o alteración injustificadas del permiso de conexión a un punto de la 
red. Se considerará que la denegación es injustificada cuando no obedezca a lo previsto en 
la presente Ley y en las normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ar) El establecimiento de otros mecanismos diferentes de los previstos en esta Ley y en 
las normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno para el otorgamiento de los permisos de 
conexión y acceso o para la priorización en el otorgamiento de los mismos.
as) El otorgamiento de permisos de acceso o de permisos de conexión cuando no se 
disponga de la capacidad necesaria de acuerdo con las condiciones y criterios establecidos 
reglamentariamente por el Gobierno.
at) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en cuanto a la participación en el 
accionariado del operador del mercado organizado de gas previstas en el artículo 65 ter.2 de 
la presente Ley.
au) El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o transportistas de su 
obligación de realizar las acometidas y la conexión de nuevos suministros o ampliación de 
los existentes que se les planteen en las zonas en que operan, cuando así resulte exigible 
de conformidad con la normativa de aplicación.
av) El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o de las empresas 
comercializadoras de aplicar las medidas adecuadas de protección al consumidor, en los 
términos previstos en la presente Ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se 
derive un perjuicio económico para los sujetos afectados.
aw) El incumplimiento por parte de los distribuidores, de los comercializadores de los 
requisitos de capacidad legal, técnica y económica establecidos en la presente Ley y su 
normativa de desarrollo.
ax) La no formalización de los contratos de suministro y acceso a redes por parte de los 
sujetos obligados a ello de acuerdo a la normativa en vigor.
ay) Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de gas natural que suponga una 
alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 15 por ciento 
y que, a la par, exceda de 300.000 euros.
az) El incumplimiento por parte de los distribuidores de las obligaciones establecidas en 
el ejercicio de su función, a menos que expresamente se hubiera tipificado como grave.
ba) El incumplimiento por parte de los operadores dominantes de las restricciones 
impuestas en la normativa vigente.
bb) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación, de carácter 
esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración 
responsable o la comunicación aportada por los interesados.
bc) Ejercer la actividad de empresa instaladora de gas o de instalador de gas sin la 
correspondiente autorización administrativa o carné de instalador de acuerdo a la normativa 
vigente cuando suponga un riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
bd) No instalar o manipular indebidamente los dispositivos de medición fiscal de los 
hidrocarburos producidos en concesiones de explotación de hidrocarburos.
be) El incumplimiento de las limitaciones y obligaciones impuestas en el artículo 43 bis.1.
bf) El acaparamiento y utilización sustancialmente inferior de la capacidad de las 
instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 41 de la presente Ley, deban permitir el acceso de terceros.
2. Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves del artículo 
siguiente cuando durante los tres años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al 
infractor sanción firme por el mismo tipo de infracción.
Artículo 110.  Infracciones graves.
Son infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo anterior cuando, por las 
circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y en particular:
a) Las conductas tipificadas en las letras a) y b) del artículo anterior cuando no se ponga 
en peligro manifiesto a las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes de manera que se produzca una 
alteración en el precio inferior al 15 % y superior al 5 % y siempre que la misma suponga una 
alteración superior a 30.000 euros.
c) Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de Gas, que suponga una 
alteración porcentual de lo suministrado o consumido superior al 10 por 100 y siempre que la 
misma suponga una alteración superior a 30.000 €.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) El incumplimiento de las decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos 
efectuados por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o 
por el Gestor Técnico del Sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio 
relevante para el funcionamiento del sistema.
e) El incumplimiento de las obligaciones resultantes de la aplicación del sistema tarifario 
o de los criterios de recaudación. Se entenderán como incumplimiento de las obligaciones 
del sistema tarifario la falta o retraso en el pago de las cantidades a que den lugar las 
liquidaciones de las actividades reguladas o en el ingreso de las cuotas con destinos 
específicos, la declaración indebida de ingresos y costes y las declaraciones efectuadas 
fuera del plazo establecido.
f) El incumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven de 
aplicación de la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte de la 
Administración, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos o el Gestor Técnico del 
Sistema.
Asimismo, se considerará infracción grave el incumplimiento por parte de los sujetos del 
sistema de sus obligaciones de información o comunicación a otros sujetos del sistema. 
También se considerará infracción grave la no remisión de la información en la forma y plazo 
que resulte exigible.
g) La negativa injustificada a suministrar productos petrolíferos o gases combustibles a 
los consumidores y usuarios a los que no sean de aplicación tarifas o precios 
administrativamente aprobados.
h) La negativa injustificada a suministrar productos petrolíferos a los consumidores y 
usuarios a los que sean de aplicación tarifas o precios administrativamente aprobados.
i) El incumplimiento reiterado por parte de la empresa suministradora de aplicar los 
descuentos correspondientes a los consumidores afectados por interrupciones en las 
condiciones previstas en la normativa de aplicación.
j) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas 
por el Gobierno en aplicación de lo previsto en la presente Ley sobre situaciones de 
emergencia o escasez de suministro en los títulos III y IV por quienes realizan actividades 
reguladas en la presente Ley y no tengan incidencia apreciable en el citado suministro.
k) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo de su obligación de realizar auditorias externas 
en los supuestos en que así venga exigido.
l) El incumplimiento, por parte de los titulares de las instalaciones de regasificación, 
almacenamiento y transporte, de la obligación de publicar la capacidad de sus instalaciones, 
o la publicación de las mismas sin cumplir las condiciones establecidas.
m) El incumplimiento, por parte de los transportistas, distribuidores, comercializadores o, 
en general, de los titulares de las instalaciones, de las obligaciones establecidas en esta Ley 
y normativa de desarrollo cuando, por las circunstancias concurrentes, no se encuentre 
tipificado como infracción muy grave o leve.
n) El incumplimiento, por parte del gestor técnico del sistema, de las obligaciones 
establecidas en esta Ley y normativa de desarrollo cuando, por las circunstancias 
concurrentes, no pueda ser considerado muy grave.
o) El incumplimiento de las normas de gestión técnica del sistema, cuando ello no afecte 
a la continuidad y seguridad del suministro de gas natural.
p) El incumplimiento, por parte de los sujetos con derecho de acceso, de su obligación 
de comunicar a los titulares de las instalaciones con quienes hayan suscrito los contratos de 
acceso y al gestor técnico del sistema su programa de aprovisionamiento y consumo en la 
forma que se establezca, así como cualquier incidencia que pueda hacer variar 
sustancialmente dichas previsiones.
q) El incumplimiento, por parte de los consumidores, de su obligación de disponer de los 
equipos de medida necesarios y permitir el acceso a los mismos por parte de los titulares a 
las instalaciones a las que estén conectados, y de gestionar la verificación periódica de los 
mismos cuando de ello se derive un perjuicio para el funcionamiento del sistema gasista.
r) La comercialización de hidrocarburos líquidos bajo una imagen de marca que no se 
corresponda con el auténtico origen y calidad de los mismos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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s) El incumplimiento de cuantas obligaciones formales se impongan a quienes realicen 
actividades de suministro al público de productos petrolíferos o gases combustibles por 
canalización en garantía de los derechos de los consumidores y usuarios.
t) El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas 
natural de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de 
atención a las quejas, reclamaciones, incidencias en relación al servicio contratado u 
ofertado, solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y 
suministro que incluya un servicio de atención telefónica y número de teléfono ambos 
gratuitos así como de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
u) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de los Reglamentos y decisiones 
de la Unión Europea que les sean de aplicación en el sector de hidrocarburos. En particular 
cualquier infracción por manipulación o tentativa de manipulación de mercado, uso de 
información privilegiada o falta de difusión de información privilegiada, conforme a lo 
establecido en el Reglamento UE n.º 1227/2001, de 25 de octubre de 2011, sobre integridad 
y la transparencia del mercado mayorista de la energía o en la normativa de desarrollo del 
mismo, así como cualquier infracción por incumplimiento de lo establecido en el Reglamento 
n.º 715/2009, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y su normativa de desarrollo.
v) El incumplimiento por parte de los gestores de red independientes o de los 
propietarios de las instalaciones cuya gestión les hayan cedido, de las obligaciones 
establecidas en el artículo 63 quáter de la presente Ley.
w) El incumplimiento por parte del operador del mercado organizado de gas de las 
funciones y obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el artículo 
65.ter.1 y su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera considerado 
como muy grave.
x) La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se 
presente a la Administración Pública, así como su no presentación en forma y plazo, al 
objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con 
retribución regulada, que suponga un impacto en los costes del sistema que se encuentre 
entre el 1 y el 5 por ciento de la retribución anual del sujeto.
y) El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro 
manifiesto para los bienes.
z) El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la 
realización de los procesos de alta, lectura y tratamiento de las medidas e intercambios de la 
información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a disposición 
a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el plazo y 
forma establecidos reglamentariamente.
aa) El incumplimiento, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa 
vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida, cuando 
no hubiera sido tipificado como infracción muy grave.
ab) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de conformidad con la 
normativa vigente, de los requisitos relativos a la calidad del servicio o de las condiciones de 
calidad y continuidad del servicio.
ac) El retraso injustificado en el comienzo de la prestación del servicio a nuevos 
usuarios.
ad) El incumplimiento, por parte de los distribuidores o comercializadores, de las 
obligaciones de mantener una base de datos de todos los puntos de suministro conectados a 
sus redes y a las redes de transporte de su zona, de permitir el acceso a la misma, así como 
de dotarse de los sistemas informáticos necesarios que permitan la consulta de los datos del 
registro de puntos de suministro y la recepción y validación informática de solicitudes y 
comunicaciones con los consumidores y comercializadores de energía.
ae) El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos y contenidos establecidos 
para las comunicaciones con cualquiera de los sujetos que deben intervenir en el cambio de 
suministrador o en la realización de modificaciones de las condiciones de los contratos.
af) El incumplimiento reiterado por parte de los comercializadores de los requisitos 
establecidos para la formalización de contratos de suministro de gas natural, así como de las 
condiciones de contratación y de apoderamiento con los clientes.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ag) La creación de confusión en la información y en la presentación de la marca e 
imagen de marca de las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de 
referencia que formen parte de un grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas 
y libres en los términos previstos en la presente Ley, respecto a la identidad propia de las 
filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización.
ah) El incumplimiento por parte de los distribuidores, o de los comercializadores de sus 
obligaciones y de los requisitos que la normativa en vigor determine para ejercer la actividad, 
a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave o como leve.
ai) El incumplimiento por parte de los distribuidores o de los comercializadores de su 
obligación de poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la 
Administración Pública.
aj) La realización, tanto por los titulares de los terrenos afectados como por cualquier 
otra persona, de actos que impliquen un incumplimiento de las limitaciones al dominio 
establecidas o una invasión de la servidumbre permanente de paso impuesta para 
canalizaciones de hidrocarburos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 4 
letra b) que impidan o dificulten el libre acceso del personal y equipos necesarios para poder 
vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones.
En particular y sin carácter limitativo, se considerarán actos ilícitos la plantación de 
arbolado en la franja de servidumbre permanente de paso, la construcción de edificaciones a 
una distancia inferior a la establecida sin contar con la autorización prevista en el artículo 
107 de esta Ley; la retirada de hitos de señalación y/o tubos de ventilación o la realización 
de cualquier acto que pueda afectar a la seguridad de las personas o de las instalaciones.
ak) Ejercer la actividad de empresa instaladora de gas o de instalador de gas sin la 
correspondiente autorización administrativa o carné de instalador de acuerdo a la normativa 
vigente.
al) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación, de carácter no 
esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración 
responsable o la comunicación aportada por los interesados.
am) El incumplimiento de la obligación de pago a los titulares de los terrenos 
suprayacentes, por parte de los operadores de concesiones de explotación obligados a ello.
an) El incumplimiento por parte de los operadores al por mayor de los límites en relación 
al número de estaciones de servicio y a los vínculos de suministro en exclusiva en los 
ámbitos geográficos en los que se superen las cuotas de mercado establecidas legalmente.
añ) Cualquier práctica de los operadores al por mayor que vaya dirigida a determinar 
directa o indirectamente el precio de venta del combustible a estaciones de servicio, cuando 
no tenga la consideración de muy grave.
Artículo 111.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones en 
relación con la formalización de los contratos de suministro cuando no tenga consideración 
de infracción grave o muy grave.
b) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de gestión técnica del 
sistema que no tengan la consideración de infracción muy grave o grave de conformidad con 
los artículos 109 y 110 cuando de dicho incumplimiento no derive perjuicio para el 
funcionamiento del sistema gasista.
c) El incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para las comunicaciones con 
los comercializadores y clientes y para llevar a cabo el cambio de suministrador, así como 
para realizar cualquier modificación de las condiciones de los contratos.
d) El incumplimiento por parte de los comercializadores de los requisitos de contratación 
y apoderamiento con los clientes.
e) El incumplimiento por parte de los comercializadores y distribuidores de cualquier 
requisito de información exigible en sus facturas.
f) La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes y cánones de los regulados en la 
presente Ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca 
una alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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g) La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se 
presente a la Administración Pública, así como su no presentación en forma y plazo, al 
objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con 
retribución regulada, que suponga un impacto en los costes del sistema que no exceda del 1 
por ciento de la retribución regulada anual del sujeto.
h) El incumplimiento de las limitaciones de uso establecidas en los terrenos afectados 
por la construcción de instalaciones para la producción, transporte o suministro de 
hidrocarburos.
Artículo 112.  Graduación de sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:
a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad 
de las cosas y el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado.
c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro a usuarios.
d) El grado de participación y el beneficio obtenido.
e) La intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.
f) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 113.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas:
a) Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30.000.000 €.
b) Las infracciones graves, con multa de hasta 6.000.000 €.
c) Las infracciones leves, con multa de hasta 600.000 €.
No obstante los límites establecidos anteriormente, en el caso de las sanciones 
impuestas por la Comisión Nacional de Energía, la cuantía nunca podrá superar el siguiente 
porcentaje del importe del volumen de negocios anual de la empresa infractora, o del 
volumen de negocios anual consolidado de la sociedad matriz del grupo integrado 
verticalmente al que pertenezca:
a) El 1 por ciento en las infracciones leves.
b) El 5 por ciento en las infracciones graves.
c) El 10 por ciento en las infracciones muy graves.
2. Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio cuantificable, la multa 
podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido.
3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad y a 
las circunstancias especificadas en el artículo anterior.
4. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o 
suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el 
ejercicio de la actividad por un período máximo de un año. La revocación o suspensión de 
las autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente para otorgarlas.
5. La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo, se entenderá sin 
perjuicio de otras responsabilidades legalmente exigibles.
6. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán 
publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
A tal efecto, la Administración actuante pondrá los hechos en conocimiento de la 
competente.
7. A los efectos de esta Ley se considerará que un incumplimiento es reiterado cuando 
dentro del año inmediatamente anterior a su comisión el sujeto hubiera sido sancionado 
mediante resolución firme en vía administrativa con arreglo a la misma infracción.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Artículo 114.  Multas coercitivas.
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que 
dicten, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia podrán imponer multas coercitivas por importe diario de 100 hasta 
10.000 euros, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El importe de las multas se fijará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad 
de las cosas y el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado.
c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.
d) Los perjuicios económicos causados.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y 
compatibles con ellas.
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el 
Tesoro Público.
Artículo 115.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a los principios de los 
artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora o norma autonómica 
correspondiente, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de 
procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ley.
2. El plazo máximo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores para 
las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley será de dieciocho meses en los 
expedientes por infracciones muy graves y graves, y de nueve meses cuando se incoen por 
infracciones leves. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, el Director General 
correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o, cuando así proceda el órgano de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que tenga atribuida dicha 
competencia, declarará la caducidad del procedimiento y ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.
Artículo 116.  Competencias para imponer sanciones.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado la competencia para la 
imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones corresponderá:
a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones muy graves.
b) Al titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones 
por la comisión de infracciones graves.
c) Al titular de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de 
Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia 
normativa.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias, será competente para imponer sanciones por la comisión de las infracciones 
administrativas siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos: d), g), h), j), k), l), q), r), u), v), w), z), 
ab), ac), ae), af), ah), aq), ar), as), at), au), av), ax), ay), az) y ba) del artículo 109.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, 
por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves y, en particular, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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las tipificadas en los párrafos c), d), f), k), l), m),n), o), p), s), t), u), v), w), ad), ae), af) y ag) 
del artículo 110.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), c), d), y e) del artículo 111.
Artículo 117.  Prescripción.
Las infracciones muy graves previstas en este capítulo prescribirán a los tres años de su 
comisión, las graves a los dos años, y las leves a los 18 meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves, a los dos años y las impuestas por faltas leves, al año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.  Canon de superficie.
Los titulares de permisos de investigación y de concesiones de explotación regulados en 
el Título II estarán obligados al pago del canon de superficie.
a) El canon se exigirá por hectárea y año con arreglo a las siguientes escalas:
Escala primera Euros
Permisos de investigación  
1. Durante el período de vigencia del permiso 0,076310
2. Durante cada prórroga 0,152620
Escala segunda Euros
Concesiones de explotación  
1. Durante los cinco primeros años 1,907752
2. Durante los siguientes cinco años 5,341706
3. Durante los siguientes cinco años 14,117364
4. Durante los siguientes cinco años 17,551318
5. Durante los siguientes cinco años 14,117364
6. Durante los siguientes cinco años 7,249458
7. Durante las prórrogas 5,341706
 
b) Los cánones de superficie especificados anteriormente se devengarán a favor del 
titular del dominio público, el día primero de enero de cada año natural, en cuanto a todos los 
permisos o concesiones existentes en esa fecha, debiendo ser satisfechos durante el primer 
trimestre del mismo.
c) Cuando los permisos de investigación o concesiones de explotación se otorguen 
después del primero de enero, en el año del otorgamiento se abonará como canon la parte 
de las cuotas anuales que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie desde la 
fecha del otorgamiento hasta el final del año natural. En estos casos, el canon se devengará 
el día del otorgamiento del permiso o concesión y habrá de ser satisfecho en el plazo de 
noventa días, contados desde esta fecha.
d) El Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, podrá actualizar los valores de los cánones establecidos en esta disposición 
adicional.
Segunda.  Extinción de las concesiones del Monopolio de Petróleos.
Quedan extinguidas definitivamente las concesiones del Monopolio de Petróleos para el 
suministro de gasolinas y gasóleos de automoción mantenidas al amparo de lo dispuesto en 
la disposición adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre. Las actividades 
objeto de dichas concesiones se continuarán desarrollando en la forma regulada en el Título 
III.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Tercera.  Agentes de aparatos surtidores y gestores de estaciones de servicio.
1. Los antiguos agentes de aparatos surtidores y gestores de estaciones de servicio a 
que se refieren las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 34/1992, de 22 de 
diciembre, cuya relación de derecho público quedó extinguida, podrán mantenerse en la 
explotación del punto de venta, en régimen de suministro de derecho privado con la entidad 
que ostente la titularidad dominical de la instalación y los derechos de exclusiva de 
suministro.
2. En tanto no se formalice por escrito un acuerdo sobre las condiciones de la 
explotación del punto de venta y el suministro de productos petrolíferos con el titular 
dominical de la instalación, seguirán aplicándose las condiciones vigentes en el momento de 
la extinción de la relación de derecho público.
3. En todo caso, los antiguos agentes y gestores tendrán derecho a mantenerse en la 
explotación por el plazo restante al inicialmente concedido y percibirán una comisión por la 
venta de los productos por cuenta del titular de la instalación cuya cuantía no podrá ser 
inferior a la establecida en las relaciones entre dicho titular y los comisionistas que exploten 
como arrendatarios otras instalaciones de su propiedad.
4. El cónyuge y los hijos podrán subrogarse en la explotación en los casos y condiciones 
previstos en la normativa aplicable a las relaciones transformadas.
Cuarta.  Autorizaciones concedidas al amparo de la Ley 34/1992, de 22 diciembre.
Las autorizaciones concedidas en virtud de lo establecido en la Ley 34/1992, de 22 de 
diciembre, o declaradas «ex lege» por la misma se mantendrán y surtirán plenos efectos sin 
necesidad de ratificación, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Quinta.  Instalaciones petrolíferas para uso de las Fuerzas Armadas.
Las inspecciones y revisiones de las instalaciones petrolíferas para uso de las Fuerzas 
Armadas, que estén ubicadas dentro de la zona e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional, serán realizadas por los órganos correspondientes de las Fuerzas Armadas.
Sexta.  Extinción de concesiones.
1. A la entrada en vigor de esta Ley, todas las concesiones para actividades incluidas en 
el servicio público de suministro de gases combustibles por canalización quedan extinguidas.
Dichas concesiones quedan sustituidas de pleno derecho por autorizaciones 
administrativas de las establecidas en el Título IV de la presente Ley que habilitan a su titular 
para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que 
constituyeran el objeto de las concesiones extinguidas.
2. Las citadas autorizaciones lo serán por tiempo indefinido quedando expresamente 
extinguida la reversión de instalaciones a la que se refiere el artículo 7.c) de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio.
Séptima.  Transporte marítimo de hidrocarburos líquidos y sólidos.
El transporte marítimo de hidrocarburos se ajustará en todo caso al régimen establecido 
por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así 
como lo dispuesto en su normativa de desarrollo.
Octava.  Desestimación de resoluciones.
Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley se podrán entender desestimadas, si no recae resolución 
expresa en el plazo que al efecto se establezca o se determine en sus disposiciones de 
desarrollo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Página 76
Novena.  Actualización del importe de las sanciones.
El Gobierno, por Real Decreto, procederá periódicamente a la actualización del importe 
de las sanciones establecidas en el Título VI teniendo en cuenta las variaciones de los 
índices de precios al consumo.
Décima.  Intervención de una empresa.
1. Cuando el incumplimiento de las obligaciones de las empresas que realizan las 
actividades y funciones reguladas en la presente Ley pueda afectar a la continuidad y 
seguridad del suministro de hidrocarburos, y a fin de garantizar su mantenimiento, el 
Gobierno podrá acordar la intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello.
A estos efectos serán causas de intervención de una empresa las siguientes:
a) La suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
b) La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su 
paralización.
c) La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga 
en peligro la seguridad de las mismas.
2. En los supuestos anteriores, si las empresas que desarrollan actividades y funciones o 
las que se refiere la presente Ley, lo hacen exclusivamente mediante instalaciones cuya 
autorización sea competencia de una Comunidad Autónoma, la intervención será acordada 
por ésta.
Undécima.  Comisión Nacional de Energía.
Primero. (Derogado) .
Segundo. (Derogado) .
Tercero. (Derogado) .
Cuarto. (Derogado) .
Quinto. (Derogado) .
Sexto. Objetivos generales y relación de la Comisión Nacional de Energía con la Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con los Organismos Reguladores del 
resto de los Estados miembros de la Unión Europea.
1. En el ejercicio de las funciones especificadas en la presente Ley, y en colaboración 
con otras autoridades reguladoras nacionales o los órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas, y sin perjuicio de las competencias de éstos, la Comisión 
Nacional de Energía tomará todas las medidas razonables para contribuir a lograr los 
siguientes objetivos:
a) Promover el funcionamiento competitivo del sector de energético para garantizar la 
efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios competitivos y de calidad, en lo que se 
refiere al suministro de la electricidad y de los hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos, 
en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios.
b) Promover, en cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía, las autoridades reguladoras de los demás Estados miembros y la Comisión 
Europea, un mercado interior de electricidad y del gas natural competitivo, seguro y 
sostenible ambientalmente, y abrir el mercado de manera efectiva a todos los clientes y 
suministradores comunitarios, así como garantizar las condiciones adecuadas para que las 
redes de electricidad y gas funcionen de modo eficaz y fiable, teniendo en cuenta objetivos a 
largo plazo.
c) Desarrollar mercados regionales competitivos y que funcionen adecuadamente en el 
ámbito del mercado de la Unión Europea, con el fin de lograr el objetivo mencionado en el 
párrafo b).
d) Eliminar las restricciones al comercio de la electricidad y del gas natural entre Estados 
miembros, incluyendo en este objetivo el desarrollo de la capacidad de transporte 
transfronterizo adecuada para satisfacer la demanda y reforzar la integración de los BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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mercados nacionales que pueda facilitar el flujo de la electricidad y del gas natural a través 
del mercado interior de la Unión Europea.
e) Contribuir a lograr, de la manera más rentable, el desarrollo de redes no 
discriminatorias seguras, eficientes y fiables, orientadas a los consumidores y fomentar la 
adecuación de la red, y, en consonancia con los objetivos generales de la política energética, 
la eficiencia energética, así como la integración de la producción a gran escala y a pequeña 
escala de la electricidad y del gas a partir de fuentes de energía renovables y la producción 
distribuida en las redes tanto de transporte como de distribución.
f) Facilitar el acceso a la red de nuevas capacidades de producción, en particular, 
suprimiendo las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de 
electricidad y gas procedentes de fuentes de energía renovables.
g) Asegurar que se dan a los gestores y usuarios de redes los incentivos adecuados 
tanto a corto como a largo plazo para aumentar la eficiencia de las prestaciones de la red y 
fomentar la integración del mercado.
h) Contribuir a garantizar un alto nivel de servicio, la protección de los consumidores de 
energía, especialmente los clientes vulnerables, y la compatibilidad de los procesos de 
intercambio de datos necesarios para que los clientes cambien de suministrador.
2. La Comisión Nacional de Energía nombrará a un representante entre los miembros del 
Consejo y a un sustituto entre su personal directivo, a efectos de contacto y representación 
en el seno del Consejo de Reguladores de la Agencia de Cooperación de los Reguladores 
de la Energía, según lo previsto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea 
la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
3. La Comisión Nacional de Energía fomentará el contacto, la colaboración en cuestiones 
transfronterizas, la coordinación regular y periódica con la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía, con la Comisión Europea y con los Organismos Reguladores de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados.
4. Sin perjuicio de sus competencias específicas, la Comisión Nacional de Energía 
cooperará con el resto de Organismos Reguladores de los Estados miembros de la Unión 
Europea, con el fin de:
a) Promover la aplicación de medidas operativas, a fin de permitir una gestión óptima de 
la red, y fomentar los intercambios conjuntos de gas y electricidad y la asignación de 
capacidad transfronteriza, así como para permitir un nivel adecuado de capacidad de 
interconexión, incluso mediante nuevas interconexiones, en una región y entre regiones, de 
manera que pueda darse una competencia efectiva y mejorarse la seguridad del suministro, 
sin que haya discriminación entre empresas de suministro de diferentes Estados miembros.
b) Coordinar el desarrollo de todos los códigos de red para los gestores de red de 
transporte pertinentes y otros agentes del mercado.
c) Coordinar el desarrollo de las normas que rigen la gestión de la congestión.
5. La Comisión Nacional de Energía podrá establecer acuerdos de cooperación con el 
resto de Organismos Reguladores de los Estados miembros con el fin de fomentar la 
cooperación en el ámbito de la regulación.
6. La Comisión Nacional de Energía comunicará al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo los nombramientos a los que se refiere el apartado 2. Asimismo informará a dicho 
Ministerio sobre el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación de los 
apartados 3 y 4 de forma que se permita realizar un seguimiento actualizado de las mismas 
y remitirá copia de los acuerdos a que se refiere el apartado 5.
7. La Comisión Nacional de Energía deberá cumplir y poner en práctica las decisiones 
pertinentes y jurídicamente vinculantes de la Agencia y la Comisión Europea. La Comisión 
Nacional de Energía podrá solicitar un dictamen de la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía sobre la compatibilidad de cualquier decisión adoptada por un 
Organismo Regulador con las directrices mencionadas en las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE o en el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de julio de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas 
natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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8. La Comisión Nacional de Energía remitirá la memoria anual de actividades que incluya 
las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las 
actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los resultados 
alcanzados al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, informará anualmente 
de sus actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea.
Duodécima.  Financiación de la Comisión Nacional de Energía.
(Derogada) .
Decimotercera.  Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional décima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad 
Nuclear, el ente público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de 
Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional 
de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se regirán por su 
legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»
Decimocuarta.  Regímenes fiscales forales.
Las regulaciones contenidas en la presente Ley se entienden sin perjuicio de los 
regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra.
Decimoquinta.  Sociedades cooperativas.
Las sociedades cooperativas sólo podrán realizar las actividades de distribución al por 
menor de productos petrolíferos a que se refiere el artículo 43 de la presente Ley con 
terceros no socios, mediante la constitución de una entidad con personalidad jurídica propia, 
a la que sea aplicable el régimen fiscal general. No será necesario el cumplimiento de este 
requisito para las cooperativas agrarias.
Para dar inicio a las actividades de distribución al por menor de productos petrolíferos a 
que se refiere el párrafo anterior, las cooperativas, incluidas las agrarias, deberán contar con 
instalaciones que cumplan cuantas instrucciones técnicas, de seguridad, de metrología o 
metrotecnia, medioambientales, normas urbanísticas, de protección de los consumidores y 
usuarios, o cualesquiera otras que sean exigibles a las instalaciones de suministro a 
vehículos y a las de suministro a instalaciones fijas para consumo propio, conforme al artícu‐
lo 43 de la presente Ley.
Decimosexta.  Biocombustibles y biocarburantes.
1. Se consideran biocarburantes los productos que a continuación se relacionan y que se 
destinen a su uso con fines de combustión en cualquier tipo de motor, directamente o 
mezclados con carburantes convencionales:
a) El bioetanol: alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de origen 
vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación o transformación química.
b) El biometanol: alcohol metílico, obtenido a partir de productos de origen agrícola o 
vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación o transformación química.
c) El biodiesel: ester metílico producido a partir de aceite vegetal o animal.
d) Los aceites vegetales.
e) Todos aquellos productos que se determine.
2. La distribución y venta de estos productos se regirá por lo dispuesto en el Título III de 
la misma, tanto si se utilizan como carburantes como si se emplean mediante combustión 
con fines de producción de calor.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. Se establecen los siguientes objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte, que expresan contenidos energéticos mínimos en 
relación al de gasolinas y gasóleos comercializados con fines de transporte:
 2008 2009 2010
Contenido de biocarburantes... 1,9 % 3,4  % 5,83 %
El objetivo anual que se fija para el año 2008 tendrá carácter de indicativo, mientras que 
los objetivos establecidos para 2009 y 2010 serán obligatorios.
El Gobierno podrá modificar los objetivos establecidos en la tabla anterior, así como 
establecer objetivos adicionales.
Se habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a dictar las disposiciones necesarias para 
regular un mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y otros 
combustibles renovables, destinado a lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la presente Disposición Adicional. En particular, este mecanismo podrá incluir la 
cuantificación de las obligaciones, indicando los tipos de producto con que se deberá cumplir 
la obligación, los sujetos obligados, un sistema de certificación que permita la supervisión y 
control de las obligaciones, así como mecanismos de flexibilidad que favorezcan la máxima 
eficiencia en el logro de los objetivos.
Decimoséptima.  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
sector eléctrico, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en 
los territorios insulares o extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación 
singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, 
previo acuerdo con las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas.»
2. Se incluye una «disposición adicional decimoquinta. Sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares», en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que queda 
redactada en los siguientes términos:
«1. La planificación eléctrica, que tendrá carácter indicativo salvo en lo que se 
refiere a instalaciones de transporte, en cuanto afecte a territorios insulares o 
extrapeninsulares, se realizará de acuerdo con las Comunidades o Ciudades 
Autónomas afectadas.
2. En el caso de que en los territorios insulares o extrapeninsulares se produjeran 
situaciones de riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica o 
situaciones de las que se pueda derivar amenaza para la integridad física o la 
seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red 
de transporte o distribución de energía eléctrica, la adopción de las medidas 
previstas en el artículo 10 de la presente Ley corresponderá a las Comunidades o 
Ciudades Autónomas afectadas, siempre que tal medida sólo afecte a su respectivo 
ámbito territorial. Dichas medidas no tendrán repercusiones económicas en el 
sistema eléctrico, salvo que mediara acuerdo previo del Ministerio de Industria y 
Energía.
3. La determinación del gestor o gestores de la red de las zonas eléctricas 
ubicadas en territorios insulares y extrapeninsulares corresponderá a la respectiva 
Administración Autonómica.»
3. Se incluye un tercer párrafo en la disposición transitoria decimoquinta. Sistemas 
insulares y extrapeninsulares, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«El período de transición a la competencia a que se refiere el párrafo primero no 
impedirá el otorgamiento por la Administración competente de autorizaciones de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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instalaciones de producción de energía eléctrica previstas en el artículo 21 de la 
presente Ley.»
Decimoctava.  Consejo de Seguridad Nuclear.
Se modifica el artículo 6 de la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en los 
siguientes términos:
«Los cargos de Presidente, Consejeros y Secretario general del Consejo de 
Seguridad Nuclear son incompatibles con cualquier otro cargo o función, retribuida o 
no, percibiendo exclusivamente, por toda la duración de su mandato o cargo, la 
retribución que se fije en atención a la importancia de su función. Al cesar en el cargo 
y durante los dos años posteriores, no podrá ejercer actividad profesional alguna 
relacionada con la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
Reglamentariamente se determinará la compensación económica que corresponda 
percibir en virtud de esta limitación.»
Decimonovena.  Servidumbres de paso.
La servidumbre de paso constituida a favor de la red básica de transporte, redes de 
transporte y redes de distribución de gas, incluye aquellas líneas y equipos de 
telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si son para el servicio propio de la 
explotación gasista, como para el servicio de telecomunicaciones públicas y, sin perjuicio del 
justiprecio que, en su caso, pudiera corresponder, de agravarse esta servidumbre.
Igualmente, las autorizaciones existentes a las que se refiere el artículo 103.2 de la 
presente Ley, incluyen aquellas líneas y equipos de telecomunicación que por ellas puedan 
transcurrir, con el mismo alcance objetivo y autonomía que resulten del párrafo anterior.
Vigésima.  Gestor Técnico del Sistema.
El Director Ejecutivo de la sociedad filial de ENAGÁS, S.A. que ejerza las funciones del 
Gestor Técnico del Sistema será nombrado y cesado por el Consejo de Administración de la 
sociedad, con el visto bueno del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El personal de la filial que ejerza las funciones como Gestor Técnico del Sistema 
suscribirá el código de conducta al que hace referencia el artículo 63 de la presente Ley 
garantizando su independencia respecto al resto de actividades desarrolladas por el grupo 
empresarial.
Vigésima primera.  Devengo de intereses en el supuesto de falta de ingreso de las cuotas 
con destinos específicos.
En el supuesto de que los agentes del sistema gasista a los que corresponda efectuar el 
ingreso de las cuotas con destinos específicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9 de la Orden ECO/2692/2002, de 28 de octubre, por la que se regulan los procedimientos 
de liquidación de la retribución de las actividades reguladas del sector de gas natural y de las 
cuotas con destinos específicos y se establece el sistema de información que deben 
presentar las empresas o norma que lo sustituya, no cumplieran con su obligación de 
ingresar las cantidades que les correspondan, comenzarán a devengarse automáticamente 
intereses de demora que serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 
puntos.
A estos efectos, la Comisión Nacional de Energía les requerirá, inmediatamente después 
de transcurrido el plazo para efectuar el pago, para que procedan al ingreso de los importes 
correspondientes, sin perjuicio del devengo automático de los intereses a partir del día 
siguiente al de la finalización del período establecido para el pago.
Queda exceptuado de lo dispuesto en los apartados anteriores la tasa aplicable a la 
prestación de servicios y realización de actividades por la Comisión Nacional de Energía en 
relación con el sector de hidrocarburos gaseosos que se regirá por su normativa específica.
Se autoriza al Ministro de Economía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
en desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición adicional.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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Vigésima segunda.  Devengo de intereses en el supuesto de falta de pago por los agentes 
del sistema gasista de las liquidaciones.
En el supuesto de que los transportistas o distribuidores a los que correspondiese 
efectuar pagos por liquidaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la 
Orden ECO/2692/2002, de 28 de octubre, por la que se regulan los procedimientos de 
liquidación de la retribución de las actividades reguladas del sector de gas natural y de las 
cuotas con destinos específicos y se establece el sistema de información que deben 
presentar las empresas o norma que lo sustituya, no cumplieran con su obligación de 
ingresar en plazo las cantidades que les correspondan, comenzarán a devengarse, sin 
necesidad de requerimiento previo, intereses de demora que serán equivalentes al interés 
legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.
Se autoriza al Ministro de Economía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
en desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición adicional.
Vigésima tercera.  Distribución de gas natural.
Sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización administrativa no 
podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de 
distribución, debiendo cumplir las obligaciones de servicio de interés general y extensión de 
las redes, impuestas en la legislación y en la propia autorización administrativa. Todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 78.
Vigésima cuarta.  Consumidores cualificados.
(Suprimida)
Vigésima quinta.  Almacenamiento Operativo incluido en los peajes de regasificación y de 
transporte y distribución.
1. Los peajes de regasificación y de transporte y distribución incluirán el derecho al uso 
de las instalaciones necesarias para transportar el gas desde el punto de entrada en la red 
de transporte hasta el punto de suministro al consumidor y el derecho a un almacenamiento 
operativo mínimo necesario para poder operar en el sistema.
Dicho almacenamiento mínimo se fija en ½ día de la capacidad de transporte y 
distribución contratada, para la red de gasoductos de transporte, y en cinco días de gas 
natural licuado de la capacidad contratada diaria para los tanques de las plantas de 
regasificación con carácter general, excepto para el caso de usuarios de las instalaciones 
con una capacidad de transporte y distribución contratada inferior al 0,5% de la capacidad 
contratada total, para los que el derecho al uso del almacenamiento operativo en la red de 
gasoductos corresponderá a un día de la capacidad de transporte y distribución contratada.
2. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá modificar el número de días de 
almacenamiento operativo incluido en el peaje de regasificación y en el peaje de transporte y 
distribución.
Vigésima sexta.  Asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos.
1.Para la asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos se podrá 
reservar un porcentaje de la capacidad útil de los mismos para su reparto, con carácter 
anual, entre los sujetos del sistema gasista.
En caso de existir capacidad remanente de almacenamiento subterráneo resultante del 
reparto anual, las solicitudes de acceso a los almacenamientos subterráneos se resolverán 
atendiendo al orden cronológico de recepción de la petición formal, sin que ningún 
comercializador pueda reservar más del 25 % de esta capacidad remanente. Si una vez 
realizada esta asignación quedara capacidad de almacenamiento remanente para el periodo 
anual considerado, se atenderán las solicitudes pendientes y las nuevas que se reciban por 
orden cronológico sin considerar el límite del 25 % por comercializador.
2. Los contratos de acceso que se firmen como consecuencia del reparto asociado a 
esta reserva tendrán una duración anual, de abril de un año a marzo del año siguiente, sin 
derecho a prórroga.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3. Las solicitudes de reserva de capacidad se presentarán por los sujetos interesados 
durante los meses de diciembre y enero. El Gestor Técnico del Sistema realizará la 
asignación de capacidades conforme al procedimiento descrito anteriormente antes del día 
28 de febrero de cada año.
3. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá modificar los criterios para la 
asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos.
Vigésima séptima.  Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético.
Se crea el Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético, el cual 
estará formado por representantes de la Secretaría General de Energía del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, del Gestor Técnico del Sistema de gas natural, del Operador 
del Sistema Eléctrico, de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
y de la Comisión Nacional de Energía.
El objetivo del citado Comité es el seguimiento permanente de la garantía de los 
suministros energéticos. La composición, funciones y régimen de funcionamiento del citado 
Comité se establecerán reglamentariamente.
El Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético elaborará un 
informe anual que será remitido a las Comunidades Autónomas.
Vigésima octava.  Plazos de resolución de conflictos en relación con la gestión de las redes.
Las reclamaciones administrativas contra un transportista o distribuidor de gas natural 
podrán presentarse ante el organismo responsable de la resolución de los mismos, quien, 
emitirá una decisión en el plazo de los dos meses siguientes a la recepción de la 
reclamación. Este plazo podrá prorrogarse por dos meses si el organismo responsable 
solicita información adicional. Asimismo, podrá prorrogarse por más tiempo con el 
consentimiento del reclamante.
Vigésima novena.  Separación contable en el sector de hidrocarburos líquidos y gases 
licuados del petróleo.
Aquellas sociedades mercantiles o grupos de sociedades que realicen actividades de 
exploración, producción, refino, transporte, almacenamiento, distribución mayorista, y 
distribución minorista de productos petrolíferos, y distribución mayorista, y distribución 
minorista de gases licuados del petróleo, deberán llevar cuentas separadas para cada una 
de dichas actividades.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de contabilidad, el Gobierno podrá 
establecer las especialidades contables y de publicación de cuentas que se consideren 
adecuadas, del tal forma que se reflejen con nitidez los ingresos y gastos de diferentes 
actividades y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo.
Trigésima.  Inscripciones vigentes en el registro de Distribuidores, Comercializadores y 
Consumidores Cualificados.
Al registro de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado de 
combustibles gaseosos por canalización, previsto en el artículo 83, quedarán incorporados, 
desde el momento de su creación, todos los asientos registrales vigentes en el Registro de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de gases combustibles por 
canalización.
Trigésima primera.  Constitución de sociedades filiales de ENAGÁS, S.A.
1. ENAGÁS, S.A. constituirá dos sociedades filiales en las que ostente la totalidad del 
capital social y a las que correspondan las funciones de gestor técnico del sistema y 
transportista respectivamente, que se realizará con la aportación de todos los activos 
materiales y personales que se encuentren actualmente dedicados al ejercicio de cada una 
de las citadas actividades. ENAGÁS, S.A. podrá transmitir su denominación social a la 
sociedad filial transportista.
2. A la sociedad filial de ENAGÁS, S.A. constituida con arreglo al apartado anterior que 
ejerza las funciones del Gestor Técnico del Sistema le serán de aplicación todas las BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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disposiciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos relativas al 
mismo.
A la sociedad filial que ejerza la actividad de transportista le serán de aplicación todas las 
disposiciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos relativas a la 
citada actividad. Los gasoductos de transporte primario que forman parte de la red troncal le 
serán autorizados de forma directa a dicha sociedad filial de transporte a los efectos de la 
citada Ley.
Ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el 
accionariado de la sociedad matriz, en una proporción superior al 5 por 100 del capital social, 
ni ejercer derechos políticos en dicha sociedad por encima del 3 por 100. Estas acciones no 
podrán sindicarse a ningún efecto. Aquellos sujetos que realicen actividades en el sector 
gasista y aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente participen en el 
capital de éstos en más de un 5 por 100, no podrán ejercer derechos políticos en dicha 
sociedad matriz por encima del 1 por 100. Dichas limitaciones no serán aplicables a la 
participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial. Las 
participaciones en el capital social no podrán sindicarse a ningún efecto.
Asimismo, la suma de participaciones directas o indirectas, de los sujetos que realicen 
actividades en el sector de gas natural, no podrá superar el 40 por 100.
A efectos de computar la participación en dicho accionariado, se atribuirán a una misma 
persona física o jurídica, además de las acciones y otros valores poseídos o adquiridos por 
las entidades pertenecientes a su mismo grupo, tal y como éste se define en el artículo 4 de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, aquellas cuya titularidad 
corresponda:
a) A las personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de aquélla, de forma 
concertada o formando con ella una unidad de decisión. Se entenderá, salvo prueba en 
contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los 
miembros de su órgano de administración.
b) A los socios junto a los que aquélla ejerza el control sobre una entidad dominada 
conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.
En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás 
valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.
El incumplimiento de la limitación en la participación en el capital a la que se refiere la 
presente disposición se considerará infracción muy grave a los efectos señalados en el 
artículo 109 de la presente Ley, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que 
resulten titulares de los valores o a quien resulte imputable el exceso de participación en el 
capital o en los derechos de voto, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 
anteriores. En todo caso, será de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley.
ENAGÁS, S.A. no podrá transmitir a terceros las acciones de las filiales que realicen 
actividades reguladas.
3. Las limitaciones de los porcentajes de participación y no transmisibilidad de las 
acciones a las que se refiere la presente disposición no le resultará aplicable a otras filiales 
que ENAGÁS, S.A. pudiera constituir para el desarrollo de actividades empresariales 
distintas del transporte regulada en el artículo 66 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, la gestión de la red de transporte y la gestión técnica del sistema 
gasista nacional.
4. El régimen fiscal especial previsto en el capítulo VIII del título VII del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, será aplicable a las operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta 
disposición adicional.
Trigésima segunda.  Sociedades filiales de ENAGAS, S.A.
ENAGÁS, S.A. no podrá realizar a través de las filiales a las que se refiere la disposición 
adicional trigésimo primera actividades distintas de la gestión técnica del sistema, el 
transporte y la gestión de la red de transporte. Del mismo modo dichas filiales reguladas no BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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podrán adquirir participaciones en las sociedades con objeto social distinto, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 65.ter de la presente Ley.
Trigésima tercera.  Obligación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo 
envasados, en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos y 
precios máximos de venta al público.
1. Los usuarios con un contrato de suministro de gases licuados del petróleo envasado, 
para envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, a 
excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como 
carburante, tendrán derecho a que dicho suministro les sea realizado en su propio domicilio.
A nivel peninsular y en cada uno de los territorios insulares y extrapeninsulares, el 
operador al por mayor de GLP con mayor cuota de mercado por sus ventas en el sector de 
los gases licuados del petróleo envasado, en envases con carga igual o superior a 8 
kilogramos e inferior a 20 kilogramos, exceptuados los envases de mezcla para usos de los 
gases licuados del petróleo como carburante, tendrá la obligación de efectuar el suministro 
domiciliario a todo peticionario del mismo dentro del ámbito territorial correspondiente.
2. El listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro se 
determinará por resolución del Director General de Política Energética y Minas cada tres 
años. Esta resolución se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
Cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo precisen y, en 
todo caso, cada cinco años, el Gobierno revisará las condiciones para ejercer la obligación 
impuesta en esta Disposición o acordar la extinción de la misma.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley, en tanto las condiciones de 
concurrencia y competencia en este mercado no se consideren suficientes, el Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, determinará los precios máximos de venta al público de los gases 
licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e 
inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos, a excepción de los envases 
de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, estableciendo 
valores concretos de dichos precios o un sistema de determinación y actualización 
automática de los mismos. El precio máximo incorporará el coste del suministro a domicilio.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de que el 
operador al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario, en envases con 
carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, no disponga de envases 
cuya tara sea superior a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario a los precios 
máximos de venta a que hace referencia el apartado 3 se extenderá a envases cuya tara sea 
inferior a 9 kilogramos, en el correspondiente ámbito territorial.
5. Los operadores al por mayor de GLP deberán proporcionar a la Dirección General de 
Política Energética y Minas la información que les sea requerida para el ejercicio de sus 
funciones, en especial a efectos de la aplicación, análisis y seguimiento de la obligación de 
suministro domiciliario, de los suministros de gases licuados del petróleo realizados y de los 
precios máximos de venta al público, a los que hacen referencia los apartados anteriores.
Trigésimo cuarta.  Liquidez del mercado de gas.
El Gobierno y el Ministro de Industria, Energía y Turismo adoptarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las disposiciones oportunas tendentes a garantizar la liquidez del 
mercado de gas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará anualmente un 
informe en el que se analice y se incluyan recomendaciones en relación al nivel de liquidez, 
la transparencia y el nivel de competencia del mercado organizado de gas. En caso de que 
no hubiera operadores dispuestos a generar dicha liquidez de forma voluntaria en el 
mercado, o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá obligar a los 
comercializadores de gas natural que ostenten la calificación de operadores dominantes, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, 
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de 
Bienes y Servicios, a presentar ofertas de compra y venta de gas, por un volumen 
determinado, en el citado mercado con un diferencial.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propondrán al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, para el producto considerado, una metodología para el cálculo 
de dicho diferencial así como para el volumen a ofertar. Dicha metodología será aprobada 
por resolución de la Secretaría de Estado de Energía.
Trigésima quinta.  Información de Estaciones de Servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley, la información del Registro 
de instalaciones de distribución al por menor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
se completará con la información prevista en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la 
que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.
Trigésima sexta.  Liquidación definitiva.
La liquidación definitiva de los ingresos y costes del sistema gasista de cada ejercicio, a 
partir de la correspondiente al año 2015, deberá ser realizada con anterioridad al día 1 de 
diciembre del año siguiente al que corresponda.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.  Aplicación de la Ley 21/1974, de 27 de junio.
Los permisos de investigación y concesiones de explotación otorgados al amparo de la 
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre régimen jurídico de la investigación y explotación de 
hidrocarburos, o anteriores, se regirán por dicha Ley, salvo manifestación expresa de los 
titulares, de su deseo de acogerse a la regulación que para dichos permisos y concesiones 
establece la presente Ley.
Segunda.  Disposiciones reglamentarias aplicables.
No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, en tanto no se dicten las 
disposiciones de desarrollo de la presente Ley continuarán en vigor, en lo que no se 
opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias aplicables en materias que 
constituyen su objeto.
Tercera.  Instrucciones técnicas.
El Gobierno, en el plazo máximo de un año, mediante Real Decreto, aprobará las 
instrucciones técnicas complementarias a que se refiere el párrafo segundo del artículo 43.2 
de la presente Ley, y mientras tanto serán de aplicación a cualquier persona física o jurídica 
que realice las actividades previstas en dicho precepto, las instrucciones técnicas 
complementarias actualmente vigentes, según el tipo de actividad de que se trate.
A estos efectos, las futuras Instrucciones técnicas complementarias estarán referidas 
respectivamente a dos supuestos diferenciados, de un lado aquellas instalaciones sin 
suministro a vehículos y de otro lado, aquellas instalaciones en las que se efectúen 
suministros a vehículos, sin perjuicio de que en cada uno de estos supuestos se traten de 
forma diferenciada, de acuerdo con criterios objetivos, los distintos tipos de instalación en 
función de los diversos elementos técnicos concurrentes en cada caso. No obstante, durante 
este período transitorio, la Instrucción técnica complementaria MI-IP 03, «Instalaciones 
petrolíferas para uso propio», aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, 
será de aplicación a las entidades de base asociativa de transportes, considerándolas 
incluidas en el apartado 2.1.K) de la citada Instrucción técnica complementaria, siempre que 
los suministros que realicen correspondan a un único tipo de carburante o combustible, se 
efectúen exclusivamente en vehículos de sus asociados afectos a su actividad de transporte 
público y en sus instalaciones no puedan repostar más de dos vehículos simultáneamente.
Cuarta.  Precios de gases licuados del petróleo envasado.
(Derogada)BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Quinta.  Consumidores cualificados.
(Derogada)
Sexta.  Término de conexión y seguridad.
Hasta el 1 de enero del año 2005, las tarifas, peajes y cánones regulados en la presente 
Ley incluirán un término de conexión y seguridad del sistema, que será satisfecho por todos 
los consumidores de gas natural y que tendrá por objeto asegurar una rentabilidad razonable 
a aquellas inversiones en instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario 
destinadas a dotar de la adecuada seguridad al sistema de gas natural, que hubiesen sido 
objeto de concesión antes de la entrada en vigor de la presente Ley.
Séptima.  Separación de actividades.
1. Las sociedades que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran realizando 
actividades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 deban estar separadas 
contablemente, procederán a hacer efectiva dicha separación contable en el plazo de un año 
desde dicha entrada en vigor.
2. Las sociedades que a la entrada en vigor de la presente Ley realizasen actividades 
incompatibles dentro del sector gasista, procederán a la separación jurídica de dichas 
actividades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63, en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de la presente Ley.
3. Las sociedades que inicien actividades de comercialización de gases combustibles, lo 
harán mediante sociedades que tengan como único objeto social en el sector gasista dicha 
actividad.
4. A las aportaciones de activos afectos a actividades gasistas que se efectúen en 
cumplimiento de la exigencia de separación de actividades prevista en el artículo 63 de esta 
Ley les será de aplicación el régimen establecido para las aportaciones de ramas de 
actividad en el capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de la Propiedad 
correspondientes a los actos necesarios de adaptación a la citada exigencia de separación 
de actividades quedarán reducidos al 10 por 100.
Octava.  Expedientes de autorizaciones y concesiones en tramitación.
Los expedientes de autorizaciones y concesiones referentes a actividades objeto de 
regulación en el Título IV y que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley se 
resolverán conforme a lo dispuesto en la misma.
Novena.  Tarifas, peajes y cánones.
Con objeto de evaluar correctamente la aplicación del nuevo sistema de peajes, tarifas y 
cánones y evitar posibles distorsiones en la regulación del derecho de acceso a las 
instalaciones de terceros lo dispuesto en el artículo 92.2 de la presente Ley se aplicará en un 
plazo no superior a dos años contados desde la fecha en que todos los consumidores 
tengan la condición de cualificados.
Décima.  Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
1. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, 1, de la disposición adicional 
undécima de la presente Ley, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico continuará en el 
ejercicio de sus funciones hasta que finalice el período de cinco años para el que fueron 
designados los miembros que, a la entrada en vigor de la presente Ley, compongan su 
Consejo de Administración.
Durante este período de tiempo, se podrá ostentar simultáneamente el cargo de 
miembro de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y de miembro de la Comisión 
Nacional de Energía, siempre y cuando hayan resultado elegidos por el procedimiento BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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previsto en la disposición adicional undécima, apartado primero, número 4, de esta Ley, 
percibiendo solamente remuneración por uno de ellos.
2. Reglamentariamente se establecerá el traspaso de los medios materiales y personales 
de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico a la Comisión Nacional de Energía 
garantizando, en todo caso, la máxima economía de recursos.
Undécima.  Miembros de la Comisión Nacional de Energía.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a 
la designación del Presidente y los vocales miembros de la Comisión Nacional de Energía.
Duodécima.  Contratos de suministro en exclusiva.
Los propietarios de las instalaciones para el suministro de vehículos que, a la entrada en 
vigor de la presente disposición transitoria, tuvieran concertado en régimen de comisión un 
acuerdo de suministro en exclusiva de carburantes y combustibles con un distribuidor al por 
mayor, tendrán derecho, desde dicha entrada en vigor, a la adaptación del clausulado del 
contrato al régimen de venta en firme, respetando su contenido económico, a cuyo efecto 
plantearán la correspondiente negociación, que no podrá dar lugar, en ningún caso, por esta 
causa, a la rescisión o resolución de estos contratos, ni a la interrupción del cumplimiento de 
la obligación de suministro en exclusiva ni de ninguna otra.
Decimotercera.  Autorizaciones anteriores.
Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
disposición en virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 34/1992, de 22 de 
diciembre, de ordenación del sector petrolero, se mantendrán vigentes y surtirán plenos 
efectos sin necesidad de ratificación.
Decimocuarta.  
La transformación a que se refiere el artículo 77.3 de la presente Ley, la autorizará la 
Administración competente en cada momento con independencia de que la autorización 
original fuera de una Administración distinta a aquélla.
Decimoquinta.  Distribución de gas natural.
(Derogada)
Decimosexta.  
El titular del contrato de aprovisionamiento de gas natural procedente de Argelia y 
suministrado a través del gasoducto de El Magreb asignará un 75 por 100 del gas 
proveniente del mismo a "Enagas, Sociedad Anónima", que lo venderá a los distribuidores 
para su venta a los consumidores a tarifas y el 25 por 100 restante a comercializadores para 
su venta a consumidores cualificados.
Antes del 31 de diciembre de 2000 se fijará, por Orden del Ministro de Economía, el 
procedimiento para la aplicación del 25 por 100 destinado a los comercializadores, que 
deberá ser transparente y no discriminatorio y se realizará a un precio que incluya el coste 
de adquisición de la materia prima más una retribución en concepto de gastos de gestión 
que se fijará reglamentariamente. Cada comercializador no podrá acceder a más de un 25 
por 100 del gas destinado al mercado liberalizado, podrá contemplarse la exclusión del 
mismo en función de la posición relativa en el mercado y contemplará la posibilidad de 
aplicar las cantidades no cubiertas por las peticiones de los comercializadores, al mercado a 
tarifas a través de la empresa "Enagas, Sociedad Anónima".
A partir del 1 de enero del año 2004, el gas natural procedente de este contrato se 
aplicará preferentemente al suministro a tarifas.
Decimoséptima.  Régimen transitorio de los ingresos de la Comisión Nacional de Energía.
1. En tanto no se determine para el ejercicio 2002 la base imponible referida en la letra 
b), primero, del apartado 2 de la disposición adicional duodécima de la presente Ley, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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seguirán siendo de aplicación las ventas medias mensuales de gasolinas, gasóleos, 
querosenos y fuelóleos establecidas mediante Resoluciones de la Dirección General de 
Política Energética y Minas del Ministerio de Economía de 8 de marzo de 2001
Una vez dictada la correspondiente Resolución por la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía efectuará 
las regularizaciones que, en su caso, procedan, de acuerdo con la determinación de ventas 
que la misma hubiese establecido.
2. En tanto no se aprueben por la Comisión Nacional de Energía los impresos de 
declaración-liquidación a que se refieren los números segundo y tercero de la disposición 
adicional duodécima, apartado 2 de la presente Ley resultarán de aplicación los modelos 
normalizados aprobados mediante Resolución de la Comisión Nacional de Energía de 23 de 
marzo de 2000 y Circular 3/1998, de 30 de julio, de la Comisión Nacional del Sistema 
Eléctrico.
3. Los ingresos de la Comisión Nacional de Energía correspondientes al año 2001 y 
ejercicios anteriores al citado pendientes de recaudación a la entrada en vigor de la presente 
Ley seguirán rigiéndose a todos los efectos por la normativa anterior.
Decimoctava.  Reparto de la capacidad de los almacenamientos subterráneos.
El porcentaje de la capacidad útil reservado para el reparto entre los sujetos del sistema 
gasista se fija para 2006 en el 100% y se realizará bajo los siguientes criterios:
El 83% de la capacidad de almacenamiento de gas utilizable de los almacenamientos 
subterráneos se asignará entre los usuarios que lo soliciten de forma proporcional a sus 
ventas o consumos totales en el mercado durante el año natural anterior a cada reparto.
Los comercializadores cuyas cuotas de mercado en el cómputo de ventas totales de gas 
natural en el año natural anterior sea inferior al 0,5 por 100 podrán solicitar que sea 
considerada hasta un máximo de dicho porcentaje su cuota de ventas totales a los efectos 
de cómputo para el reparto descrito en el párrafo anterior.
El 17% de la capacidad de almacenamiento de gas utilizable se asignará entre los 
usuarios de forma proporcional a las ventas a consumidores conectados a gasoductos de 
presión inferior o igual a 4 bares.
Para el periodo 2006-2007, la duración de los contratos que se firmen como 
consecuencia del reparto asociado a esta reserva finalizará en marzo de 2007, con 
independencia de la fecha de su firma.
El Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá 
modificar los porcentajes a los que se refiere la presente disposición así como el 
procedimiento de reparto.
El Gestor Técnico del Sistema realizará la asignación de capacidades para el periodo 
2006-2007 en un plazo de quince días desde la entrada en vigor de la presente disposición. 
Los contratos de almacenamiento subterráneo de gas existentes deberán ajustarse a los 
plazos y cantidades asignadas en el reparto.
Decimonovena.  Existencias mínimas de seguridad de gas natural.
Hasta el 1 de enero de 2012, las existencias mínimas de seguridad a que se refiere el 
artículo 98 de la presente Ley, podrán incluir reservas de carácter operativo. 
Reglamentariamente, se establecerá la parte de las existencias mínimas de seguridad que 
podrá tener carácter operativo y la forma en que éstas podrán computarse.
Vigésima.  Régimen transitorio de los gases manufacturados en territorios insulares.
Hasta la finalización y puesta en marcha de las instalaciones que permitan el suministro 
de gas natural en los territorios insulares, las empresas distribuidoras propietarias de las 
instalaciones para la distribución de gases combustibles en el citado ámbito territorial, 
podrán efectuar el suministro de gases manufacturados y/o aire propanado por canalización 
con el régimen establecido en la presente disposición transitoria.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el 
establecimiento de las tarifas de venta de los gases manufacturados y/o aire propanado para BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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los consumidores finales, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o 
un sistema de determinación y actualización automática de las mismas, asimismo 
establecerá la retribución que corresponda a la citada empresa por el ejercicio de la actividad 
de suministro y por el suplemento de coste que suponga el suministro de los gases 
manufacturados y/o aire propanado.
Las tarifas de gases manufacturados y/o aire propanado estarán limitadas al máximo que 
establezca la tarifa de último recurso para cada nivel de presión y volumen de consumo, y 
serán cobradas por las empresas distribuidoras de gas, debiendo dar a las cantidades 
ingresadas la misma aplicación que para los peajes y cánones proceda de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley.
Durante dicho periodo transitorio en el procedimiento de reparto de los fondos 
ingresados por transportistas y distribuidores, se tomará en consideración la retribución que 
corresponda a las citadas empresas por el ejercicio de la actividad de suministro y por el 
suplemento de coste que suponga el suministro de los gases manufacturados y/o aire 
propanado.
Vigésima primera.  Régimen transitorio de los derechos de acometida para atender los 
requerimientos de suministro a los usuarios.
En aquellas Comunidades Autónomas en las que no se hayan aprobado las cuantías 
relativas a los derechos de acometida a que se refiere el artículo 91, se aplicarán los 
importes previstos por este concepto de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural, y las disposiciones normativas de desarrollo en las que se establezcan las 
tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y 
derechos de acometida para los consumidores conectados a redes de presión de suministro 
igual o inferior a 4 bar.
Vigésima segunda.  Régimen transitorio de instalaciones en dominio público.
Los titulares de las actividades referidas en el artículo 103.1 de la presente Ley que con 
anterioridad a su entrada en vigor hayan requerido resolución de la Administración del 
Estado previa al inicio de su ejercicio en la que se establezca una determinada localización 
de las instalaciones e infraestructuras, con obligación de aprobación administrativa de su 
proyecto de instalación, resultando la necesidad de ocupación de terrenos deslindados, 
anterior o posteriormente, como dominio público estatal de cualquier naturaleza, tendrán 
derecho a la prórroga de dichas concesiones o, en su caso, al otorgamientos de nuevas 
concesiones de ocupación de dominio al término de la primera, en tanto no se declare 
extinguido el interés general que motivó dicha localización mediante resolución motivada de 
rango equivalente a aquella en que se adoptó dicha decisión, o hubieren perdido, por causa 
prevista en el ordenamiento, el título o condiciones que habilitan para el ejercicio de la 
actividad. En tanto no se resuelva dicha prórroga o, en su caso, una nueva concesión, se 
considerará prorrogada la existente.
Vigésima tercera.  Plazo para constituir la filial.
Antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor de la presente ley, ENAGÁS, 
S.A. constituirá las sociedades filiales a las que se refiere la disposición adicional trigésima 
primera de esta Ley. Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de la Propiedad 
correspondientes a los actos necesarios para la constitución de las filiales quedarán 
reducidos al 10%.
Vigésima cuarta.  Separación de actividades de los transportistas de la red troncal.
Las empresas transportistas titulares de instalaciones de la red troncal deberán realizar 
las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63.3 antes 
del día 3 de octubre de 2012.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.  Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, a la entrada en vigor 
de la presente Ley quedan derogadas:
a) La Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigación y explotación de los 
hidrocarburos.
b) La Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos.
c) La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero.
d) Los artículos 25 a 29, ambos inclusive, del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio.
e) El artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposiciones concordantes, en lo 
que se refieren al suministro de gas.
f) Los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
g) Cualquier otra norma legal o reglamentaria en cuanto se oponga a lo dispuesto en la 
presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.  Carácter de la Ley.
1. La presente Ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.
2. Se excluyen de este carácter básico las referencias a los procedimientos 
administrativos, que serán regulados por la Administración competente, ajustándose en todo 
caso a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las disposiciones de la presente Ley relativas al régimen de comercio exterior de 
crudo de petróleo y productos petrolíferos y a expropiación forzosa y servidumbres se dictan 
en ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.8.ª , 10.ª y 18.ª de 
la Constitución.
Los preceptos del Título II relativos a exploración, investigación y explotación de 
hidrocarburos son de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 
18.ª y 25.ª de la Constitución.
Segunda.  Facultades de desarrollo.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, aprobará mediante Real Decreto las 
normas de desarrollo de la presente Ley.
Tercera.  
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución Española, las escalas 
contenidas en la disposición adicional primera de esta ley, así como las del artículo 44 de la 
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre régimen jurídico de la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos, en la medida en que resultan aplicables en virtud de lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera de esta ley.
Cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Madrid, 7 de octubre de 1998.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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