Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado.
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015
Referencia: BOE-A-2015-3444
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley.
PREÁMBULO
I
Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que 
desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal 
y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este 
sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el 
ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y 
ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. 
Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las normas 
aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a una 
información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.
Se trata, por lo tanto y por un lado, de incluir en una única norma las disposiciones 
relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que 
garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible 
existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene 
asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses.
Por otro lado, la ley también aclara el régimen retributivo, de protección social, de uso de 
recursos humanos y materiales así como de incompatibilidades que serán aplicables a los 
altos cargos incluidos en su ámbito de aplicación. De este modo, se solucionan problemas 
que han ido manifestándose durante la aplicación práctica de la normativa en esta materia.
Por último, la ley refuerza el control del cumplimiento de sus disposiciones, dotando al 
órgano competente para ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevas competencias 
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y medios para, como no podía ser de otra forma, desarrollar sus funciones con las máximas 
garantías de competencia, transparencia e independencia.
II
El Título Preliminar de la ley regula su objeto y ámbito de aplicación. A este respecto, se 
incluyen expresamente los altos cargos de los nuevos organismos creados: Presidente, 
Vicepresidente y resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y 
Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, también se 
incluye a los presidentes, directores generales y asimilados del sector público administrativo, 
fundacional o empresarial.
El Título I regula las condiciones de nombramiento y ejercicio del alto cargo. Además de 
incluir expresamente la obligación de formación de los altos cargos, que deben conocer, por 
lo tanto, las obligaciones previstas en esta ley, se regulan los principios rectores que deben 
presidir su actuación: servir con objetividad a los intereses generales, desempeñar sus 
funciones con integridad, absteniéndose, por lo tanto, de incurrir en conflictos de intereses; 
objetividad; transparencia y responsabilidad y austeridad.
La ley aclara las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo. Se 
introduce como novedad en este punto la idoneidad como requisito para el nombramiento de 
los altos cargos, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad así como los 
de honorabilidad. Para ello, se regulan las causas por las que se considera que no concurre 
honorabilidad y, por lo tanto, no pueden considerarse idóneos para el desempeño de un alto 
cargo. La honorabilidad, además, debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus 
funciones, por lo que su falta sobrevenida será causa de cese. La constatación previa de que 
se cumplen las condiciones de idoneidad para el desempeño del cargo se hará mediante 
una declaración responsable que deberá suscribir el candidato, que también deberá 
suministrar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en caso de que así se lo solicite, la 
documentación que acredite dicho cumplimiento.
Los artículos relativos al régimen retributivo y de protección social recogen una materia 
regulada de forma dispersa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la normativa 
de Seguridad Social y de clases pasivas.
En lo relativo a la compensación tras el cese, su regulación se aclara, manifestando la 
incompatibilidad de retribuciones así como el control del cumplimiento de las condiciones 
que, en su caso, den derecho a su percepción. Por último, este Título también regula el uso 
de los medios humanos y materiales de los que dispondrán los altos cargos en el ejercicio de 
sus funciones. A este respecto, se delimita el uso de los gastos de representación, y se 
prevé expresamente que sus límites no podrán ser ampliados, así como el uso de medios de 
pago sobre los que es más difícil ejercer un control.
El Título II regula el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades a los que 
estarán sujetos aquellos que sean nombrados altos cargos. Por un lado, se recoge una 
definición de qué se entiende por conflicto de intereses y se introduce, como importante 
novedad, un sistema de alerta temprana para la detección de estos posibles conflictos. De 
nuevo, la Oficina de Conflictos de Intereses, como órgano especializado en la materia, será 
la encargada de señalar al alto cargo los asuntos o materias sobre los que, tras un primer 
análisis, deberá abstenerse en la toma de decisiones. Asimismo, se prevé que se aprueben 
y apliquen procedimientos internos que eviten que se den situaciones de conflictos de 
intereses y que, en caso de que se detecten, motiven la abstención del alto cargo.
La dedicación exclusiva al cargo sigue siendo la regla general, que sólo cederá ante 
determinados supuestos que permitan la compatibilidad con ciertas actividades de carácter 
público o privado. La norma recoge también expresamente la incompatibilidad entre la 
percepción de retribuciones como miembro del Gobierno o Secretario de Estado y miembro 
de las Cortes Generales.
Se refuerza también la regulación de las limitaciones en participaciones societarias en el 
sentido de que también será incompatible la participación en más de un diez por ciento en 
empresas que reciban subvenciones que provengan de cualquier Administración Pública.
En lo que respecta a las limitaciones al ejercicio de actividades económicas privadas tras 
el cese, se diferencian dos niveles, uno general y otro más intenso. El más intenso afecta a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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altos cargos de organismos y órganos supervisores o reguladores, que no podrán prestar 
servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada 
por una decisión.
Por otra parte, la ley concreta la forma en la que los altos cargos deben efectuar su 
declaración de actividades económicas y su declaración de bienes y derechos, introduciendo 
como novedad la remisión del certificado de las últimas dos declaraciones anuales 
presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el certificado de la última 
declaración anual presentada del Impuesto sobre el Patrimonio. Si el alto cargo no estuviera 
obligado a presentar declaración por este impuesto cumplimentará un formulario equivalente 
que elaborará la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
El Título III regula los órganos de vigilancia y control dotando a la Oficina de Conflictos 
de Intereses de una mayor garantía de competencia y elevando su rango administrativo y el 
control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. También se aclaran las 
funciones desempeñadas por la Oficina, potenciando la colaboración con otros organismos 
como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro 
Mercantil o el Registro de Fundaciones.
Asimismo, se concreta el contenido del informe que la Oficina de Conflictos de Intereses 
eleva semestralmente al Congreso de los Diputados con la información personalizada del 
cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las sanciones 
impuestas. La ley también regula la publicidad semestral del número de altos cargos 
obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, 
comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que no hayan 
cumplido sus obligaciones.
Otra importante novedad que introduce la ley es el procedimiento de examen de la 
situación patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en el ejercicio de sus funciones. 
A este respecto, se regula un informe que, a través de un procedimiento contradictorio con el 
propio interesado, deberá elaborar la Oficina de Conflictos de Intereses y en el que se 
analizará la situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y cese para poder así 
detectar posibles irregularidades.
Por último, el Título IV recoge el régimen sancionador, regulando, entre otras cuestiones, 
la infracción por el incumplimiento del deber de abstención y la ampliación del plazo de 
prescripción de las infracciones y sanciones.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a quienes 
ejercen un alto cargo en la Administración General del Estado y en las entidades del sector 
público estatal.
2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos:
a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado.
b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los Delegados del Gobierno 
en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como 
los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales.
c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración 
General del Estado y asimilados.
d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores 
ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o 
empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que tengan 
la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del 
Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes 
y Directores con rango de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario 
General del Consejo Económico y Social.
e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario 
General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los 
órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión.
f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los 
organismos reguladores y de supervisión.
g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera 
que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros, con 
excepción de aquellos que tengan la consideración de Subdirectores Generales y 
asimilados.
3. No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de 
Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación pública y no tenga en 
ese momento la condición de alto cargo.
TÍTULO I
Nombramiento y ejercicio del alto cargo
Artículo 2.  Nombramiento.
1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con 
lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la 
debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. 
La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.
2. Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido:
a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya 
cumplido la condena.
b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la 
libertad; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del 
Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública, la Comunidad Internacional; 
de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y 
contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales 
hayan sido cancelados.
c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo que 
dure la sanción, en los términos previstos en la legislación penal y administrativa.
e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, durante el periodo que fije la resolución sancionadora.
La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones. La 
falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese a estos efectos y, en los supuestos 
en que el alto cargo sólo puede ser cesado por determinadas causas tasadas, será 
considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a través 
del correspondiente procedimiento.
3. El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, en el portal 
web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios.
4. En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos 
adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, 
complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación 
con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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5. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo 
su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto 
cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la 
veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la 
documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto.
Esta declaración responsable, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado por la 
Oficina de Conflictos de Intereses, será remitida a la mencionada Oficina por el alto cargo. 
Asimismo, el alto cargo remitirá a la Oficina de Conflictos de Intereses, si ésta se lo solicita, 
la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de idoneidad conforme a la 
declaración responsable suscrita.
6. Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados 
cargos de la Administración General del Estado para los que sean precisas especiales 
cualificaciones profesionales, respetando, en todo caso, el principio de igualdad consagrado 
en la Constitución.
El nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos que presten 
sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios 
de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, 
pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. Esta disposición es también de 
aplicación al nombramiento de los Directores Generales, salvo que el Real Decreto de 
estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las 
funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, 
debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales 
características que justifiquen esa circunstancia excepcional.
7. Todos los órganos, organismos y entidades del sector público estatal, de Derecho 
Público o Privado, deberán informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de los 
nombramientos de altos cargos que efectúen en el plazo de siete días a contar desde el 
nombramiento.
8. Las entidades públicas o privadas con representación del sector público en sus 
órganos de administración o de gobierno, comunicarán a la Oficina de Conflictos de 
Intereses las designaciones de personas que, conforme a lo dispuesto en esta ley tengan la 
condición de alto cargo.
Artículo 3.  Ejercicio del alto cargo.
1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, además de a las 
disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
especialmente a los siguientes principios:
a) Interés general: servirán con objetividad a los intereses generales.
b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de 
intereses.
c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese 
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que 
puedan estar en colisión con este principio.
d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente y 
serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción.
e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el gasto.
2. Los principios enunciados en el apartado anterior informarán la normativa aplicable al 
ejercicio de las funciones y la actividad de los altos cargos. Servirán asimismo de criterios 
interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras. Su desarrollo y las 
responsabilidades inherentes a su eventual incumplimiento se regularán por las normas 
vigentes sobre buen gobierno en su correspondiente ámbito de aplicación.
Artículo 4.  Régimen retributivo.
1. Las retribuciones de los altos cargos serán públicas en los términos previstos por la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se fijarán de acuerdo con la normativa aplicable en cada 
caso y dentro de los límites previstos en el presupuesto que les resulte aplicable.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Quienes ejerzan un alto cargo y ostenten la condición de funcionarios de carrera, en el 
supuesto de que sean declarados en la situación administrativa de servicios especiales, 
podrán seguir percibiendo las retribuciones que legalmente les correspondan por 
antigüedad, en los términos y con el alcance que prevea para esta situación administrativa la 
legislación de función pública que les resulte de aplicación.
Artículo 5.  Protección social.
1. Quienes, siendo funcionarios de carrera en servicio activo, sean nombrados para 
alguno de los altos cargos regulados en esta ley que no requieran ser desempeñados 
necesariamente por funcionarios públicos, pasando a la situación de servicios especiales, 
mantendrán durante dicha situación el mismo régimen de protección social que hubieran 
tenido como funcionarios de carrera en servicio activo, con los mismos derechos y 
obligaciones. Recaerá sobre el Departamento, órgano, organismo o entidad al que esté 
adscrito presupuestariamente el alto cargo la obligación de cotizar y las demás que, en el 
respectivo régimen, correspondan al empleador o Administración pública, salvo que, 
excepcionalmente, las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no puedan, por 
causa legal, ser percibidas con cargo a presupuestos correspondientes al cargo 
desempeñado y deban ser abonados por el Departamento, órgano, organismo o entidad en 
el que desempeñaban su último puesto como funcionarios en servicio activo, en cuyo caso el 
abono de la cotización correspondiente a dicha retribución deberá efectuarse también por 
este último.
2. Quienes, inmediatamente antes de ser nombrados para alguno de los altos cargos a 
que se refiere esta ley, no tengan la condición de funcionarios de carrera en servicio activo, 
quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el 
régimen o sistema de protección social en el que hubieran estado incluidos, en su caso, 
hasta ese momento.
3. El ejercicio de un alto cargo no generará derecho a percibir pensión alguna o 
complementaria de pensión distintas de las previstas en el sistema de Seguridad Social o de 
Clases Pasivas. El límite máximo de las pensiones a percibir por los altos cargos estará 
sujeto a los mismos límites fijados para las pensiones públicas.
Artículo 6.  Compensación tras el cese.
1. Quienes, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación, tengan reconocido tal 
derecho, percibirán una compensación económica mensual, durante un período máximo de 
dos años y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. La Oficina de Conflictos de Intereses supervisará que durante el período en que se 
perciba la compensación mencionada en el apartado primero se mantienen las condiciones 
que motivaron su reconocimiento.
3. El régimen aplicable a los presidentes del Gobierno a partir del momento de su cese 
será el previsto en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto 
de los Ex Presidentes del Gobierno.
Artículo 7.  Incompatibilidad de retribuciones.
1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra 
percepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad 
en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de 
ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la 
aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad 
privada, con excepción de las previstas en el artículo 13.2.c).
A estos efectos, se considera también actividad en el sector público la desarrollada por 
los miembros electivos de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales, por los altos cargos y restante personal 
de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la 
Administración de Justicia.
2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra 
percepción económica al cese serán asimismo incompatibles con la percepción de la BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad 
Social público y obligatorio.
3. Quienes cesen en los puestos que tengan previstas las pensiones indemnizatorias, 
prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refieren los 
apartados 1 y 2 tendrán un plazo de quince días hábiles, a contar desde que concurra la 
incompatibilidad, para comunicar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en el caso del 
sector público estatal, o al órgano competente de la Administración autonómica o local, su 
opción entre la percepción de las mismas o el desempeño de una actividad pública o privada 
retribuida o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro.
Si se opta por la percepción de las pensiones indemnizatorias, prestaciones 
compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refieren los apartados 1 y 2, 
no se podrá ejercer una actividad económico pública o privada retribuida aunque se renuncie 
a su retribución.
La opción por el desempeño de una actividad pública o privada retribuida o por la 
pensión de jubilación o retiro, que se formalizará por escrito para su adecuada constancia, 
implica la renuncia a las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y 
cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese.
Artículo 8.  Recursos humanos y materiales.
1. Quienes ejerzan un alto cargo gestionarán los recursos humanos, económicos y 
materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.
2. La utilización de vehículos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estará vinculada 
con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones. 
Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de utilización de estos vehículos.
La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan ser llevados a cabo por 
vehículos oficiales deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a 
las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.
El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias sólo 
podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del 
alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos 
redunden en beneficio o utilidad de la Administración y no existan para ellos créditos 
específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de 
retribución, en metálico o en especie, para el alto cargo.
Cuando se incurra en los gastos mencionados en el párrafo anterior, deberá atenderse a 
los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación. 
Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el 
desempeño de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.
La Administración no pondrá a disposición del alto cargo tarjetas de crédito con el objeto 
de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación. 
Excepcionalmente, cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero y previa 
acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podrá 
autorizarse su utilización, sometida al correspondiente control administrativo.
Artículo 9.  Diligencia debida respecto de las actuaciones de los altos cargos.
Quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con responsabilidad 
pública a los efectos del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Artículo 10.  Obligación de formación.
1. Los altos cargos deben conocer las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus 
funciones. La Oficina de Conflictos de Intereses comunicará al alto cargo sus obligaciones 
tras su toma de posesión.
2. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá proponer a los centros de formación 
iniciativas formativas para los altos cargos en materia de conflictos de intereses y buen 
gobierno.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO II
Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades
Artículo 11.  Definición de conflicto de intereses.
1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que 
sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades.
2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la 
decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a 
sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o 
un perjuicio a los mismos.
Se consideran intereses personales:
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva 
en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo grado de afinidad.
c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado 
vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores 
al nombramiento.
f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la 
letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que 
la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
Artículo 12.  Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos 
de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por 
ellos.
2. Los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir en 
el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses 
personales, definidos en el artículo 11, concurran las causas previstas en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, podrán ser recusados en los términos previstos en la 
mencionada ley.
La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con la información suministrada por el 
alto cargo en su declaración de actividades y, en su caso, la que pueda serle requerida, le 
informará de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse 
durante el ejercicio de su cargo.
3. Los órganos, organismos o entidades en los que presten servicios altos cargos que no 
tengan la condición de autoridad deben aplicar procedimientos adecuados para detectar 
posibles conflictos de interés y para que, cuando estén incursos en estos conflictos, se 
abstengan o puedan ser recusados de su toma de decisión. Estos procedimientos y el 
resultado de su aplicación deberán ser comunicados anualmente a la Oficina de Conflictos 
de Intereses.
4. La abstención del alto cargo se producirá por escrito y se notificará a su superior 
inmediato o al órgano que lo designó. En todo caso, esta abstención será comunicada por el 
alto cargo en el plazo de un mes al Registro de Actividades de altos cargos para su 
constancia.
En caso de que la abstención se produjera durante la reunión de un órgano colegiado, su 
constancia en acta equivaldrá a la comunicación al superior inmediato o al órgano que lo 
designó. La comunicación al Registro de Actividades de altos cargos será realizada por el 
secretario del órgano colegiado.
5. El alto cargo podrá formular en cualquier momento a la Oficina de Conflictos de 
Intereses cuantas consultas estime necesarias sobre la procedencia de abstenerse en 
asuntos concretos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 13.  Dedicación exclusiva al cargo.
1. Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán 
compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o 
apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean 
de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir cualquier 
otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o 
entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o 
indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones 
siguientes:
a) El ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con las siguientes 
actividades públicas:
1.ª El desempeño de los cargos que les correspondan con carácter institucional, de 
aquellos para los que sean comisionados por el Gobierno, o de los que fueran designados 
por su propia condición.
2.ª El desarrollo de misiones temporales de representación ante otros Estados, o ante 
organizaciones o conferencias internacionales.
3.ª El desempeño de la presidencia de las sociedades a las que se refiere el artículo 
166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, cuando la naturaleza de los fines de la sociedad guarden conexión con las 
competencias legalmente atribuidas al alto cargo, así como la representación de la 
Administración General del Estado en los órganos colegiados, directivos o consejos de 
administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de Derecho 
Público.
No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos organismos, 
empresas, sociedades o entidades, salvo que lo autorice el Consejo de Ministros. Será 
precisa también esta autorización para permitir a un alto cargo de los incluidos en esta ley 
ejercer la presidencia de las sociedades a que se refiere el párrafo anterior.
En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, los altos cargos no podrán percibir 
remuneración, con excepción de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y 
traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las cantidades 
devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas serán ingresadas 
directamente por el organismo, ente o empresa en el Tesoro Público.
4.ª El desempeño de las actividades ordinarias de investigación propias del organismo o 
institución en el que ejercen sus funciones, sin percibir en tales casos remuneración por ello. 
Esta excepción comprende las tareas de producción y creación literaria, artística, científica o 
técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas.
b) Los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado podrán compatibilizar su 
actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. No obstante, no 
podrán percibir remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio de 
las indemnizaciones que procedan legalmente.
c) El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las siguientes 
actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o 
independencia del alto cargo en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía 
administrativa:
1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones 
establecidas en la presente ley.
2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones 
derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional y excepcional 
como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de 
carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de 
prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o 
en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución, sin perjuicio del derecho BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función 
les ocasione conforme a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.
Artículo 14.  Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
1. Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones 
directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas en tanto tengan conciertos 
o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que 
reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública.
A los efectos previstos en este artículo, se considera persona interpuesta la persona 
física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación al caso en que la empresa 
en la que participen sea subcontratista de otra que tenga contratos de cualquier naturaleza 
con el sector público estatal, autonómico o local siempre que la subcontratación se haya 
producido con el adjudicatario del contrato con la Administración en la que el alto cargo 
preste servicios y en relación con el objeto de ese contrato.
En el caso en que, de forma sobrevenida, se haya producido la causa descrita en el 
párrafo anterior, el alto cargo deberá notificarlo a la Oficina de Conflictos de Intereses, quien 
deberá informar sobre las medidas a adoptar para garantizar la objetividad en la actuación 
pública.
2. En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 
600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar 
al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda 
condicionar de forma relevante su actuación.
3. Cuando la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo poseyera una 
participación en los términos a los que se refieren los apartados anteriores, tendrá que 
enajenar o ceder a un tercero independiente, entendiendo como tal a un sujeto en el que no 
concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1, las participaciones y los 
derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo de 
tres meses, contados desde el día siguiente a su nombramiento. Si la participación se 
adquiriera por sucesión hereditaria u otro título gratuito durante el ejercicio del cargo, la 
enajenación o cesión tendría que producirse en el plazo de tres meses desde su adquisición.
Dicha enajenación o cesión, así como la identificación del tercero independiente, será 
declarada a los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales y deberá 
contar con el informe favorable previo de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Artículo 15.  Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán 
prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las 
que hayan participado.
La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que 
pertenezcan al mismo grupo societario.
2. Quienes sean alto cargo por razón de ser miembros o titulares de un órgano u 
organismo regulador o de supervisión, durante los dos años siguientes a su cese, no podrán 
prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión o 
regulación.
A estos efectos, se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear.
3. Se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a 
una entidad:
a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su 
superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o 
sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto 
equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se 
trate.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta 
correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la 
decisión en relación con la empresa o entidad.
4. Los altos cargos, regulados por esta ley, que con anterioridad a ocupar dichos puestos 
públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales 
quisieran reincorporarse no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el apartado anterior 
cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo que no 
estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan 
adoptar decisiones que afecten a éste.
5. Durante el período de dos años a que se refiere el apartado 1, los altos cargos no 
podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o 
indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o 
similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o 
mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con 
las funciones que el alto cargo ejercía. Las entidades en las que presten servicios deberán 
adoptar durante el plazo indicado procedimientos de prevención y detección de situaciones 
de conflicto de intereses.
6. Quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán efectuar, durante el 
período de dos años a que se refiere el apartado 1, ante la Oficina de Conflictos de 
Intereses, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su 
inicio.
7. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses estime que la actividad privada que 
quiere desempeñar quien haya ocupado un alto cargo vulnera lo previsto en el apartado 1, 
se lo comunicará al interesado y a la entidad a la que fuera a prestar sus servicios, que 
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes.
En el plazo de un mes desde la presentación a la que se refiere el apartado 6, la Oficina 
de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y 
se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus 
servicios.
8. Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, quienes hubieran ocupado un 
puesto de alto cargo y reingresen a la función pública y tengan concedida la compatibilidad 
para prestar servicios retribuidos de carácter privado, les será de aplicación lo previsto en 
este artículo.
Artículo 16.  Declaración de actividades.
1. Los altos cargos formularán al Registro de Actividades de Altos Cargos, en el plazo 
improrrogable de tres meses desde su toma de posesión o cese, según corresponda, una 
declaración de las actividades que, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, hubieran 
desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo o las 
que vayan a iniciar tras su cese. Cada vez que el interesado inicie una nueva actividad 
económica durante el período de dos años desde su cese se declarará al Registro una vez 
dictada la resolución prevista en el artículo 15.
2. Para cumplir con lo previsto en el apartado anterior, el alto cargo remitirá al 
mencionado Registro un certificado de las dos últimas declaraciones anuales presentadas 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar al Registro Mercantil, al Registro 
de Fundaciones y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las comprobaciones que 
necesite sobre los datos aportados por el alto cargo.
4. El alto cargo podrá autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente y 
por escrito, a que obtenga información directamente de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.
Artículo 17.  Declaración de bienes y derechos.
1. Los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos 
cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, 
respectivamente, el certificado de su última declaración anual presentada del impuesto sobre 
el patrimonio, si tienen obligación de presentarla. Quienes no tengan tal obligación, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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presentarán un formulario cumplimentado equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos 
de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
2. Los altos cargos aportarán una copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese. Asimismo, 
anualmente y mientras dure su nombramiento, aportarán copia de la declaración 
correspondiente.
3. Junto con la copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al ejercicio de inicio también se presentará certificación de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes.
4. El alto cargo podrá autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente y 
por escrito, a que obtenga esta información directamente de la Agencia Tributaria.
Artículo 18.  Control y gestión de valores y activos financieros.
1. Para la gestión y administración de las acciones u obligaciones admitidas a 
negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, productos 
derivados sobre las anteriores, acciones de sociedades que hayan anunciado su decisión de 
solicitar la admisión a negociación y participaciones en instituciones de inversión colectiva, 
los altos cargos deberán contratar a una empresa autorizada a prestar servicios de inversión. 
Esta obligación no será exigible cuando la cuantía de dichos valores e instrumentos 
financieros no supere la cantidad de 100.000 euros, calculada por el valor a los efectos del 
Impuesto sobre el Patrimonio. Esta contratación se mantendrá mientras dure el desempeño 
del alto cargo.
La entidad con la que contraten efectuará la administración con sujeción exclusivamente 
a las directrices generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el contrato, que será 
suscrito de acuerdo con las previsiones de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión de los interesados.
Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la 
entidad de las obligaciones señaladas tendrá la consideración de infracción muy grave a los 
efectos del régimen sancionador que como entidad financiera le sea aplicable.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando los valores o 
activos financieros de que sea titular el alto cargo sean participaciones en instituciones de 
inversión colectiva en los que no se tenga una posición mayoritaria o cuando, tratándose de 
valores de entidades distintas, el alto cargo no realice ningún acto de disposición por 
iniciativa propia y tan sólo se limite a percibir los dividendos, intereses o retribuciones en 
especie equivalentes, acudir a ofertas de canje, conversión o públicas de adquisición.
3. Los interesados entregarán copias de los contratos suscritos a la Oficina de Conflictos 
de Intereses para su anotación en los Registros, así como a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.
TÍTULO III
Órganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración 
General del Estado
Artículo 19.  Oficina de Conflictos de Intereses.
1. La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus 
funciones.
2. El Director de la Oficina de Conflictos de Intereses, que tendrá rango de Director 
General, será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo 
ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de que examine 
si su experiencia, formación y capacidad son adecuadas para el cargo.
3. El titular de la Oficina de Conflictos de Intereses y el personal a su servicio tienen el 
deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan por BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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razón de su trabajo en este órgano y no podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna 
entidad pública o privada.
4. Corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses:
a) Elaborar los informes previstos en esta ley.
b) La gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado.
c) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la 
Administración General del Estado el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.
d) La llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos 
Patrimoniales de altos cargos de la Administración General del Estado, y la responsabilidad 
de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se 
contengan.
e) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
5. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la información, los ficheros, 
archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones tributarias 
y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y que deberán ser proporcionados de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Artículo 20.  Colaboración con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de 
incompatibilidades.
Todas las entidades, órganos y organismos públicos, así como las entidades privadas, 
sin perjuicio de las posibles denuncias que se interpongan, tendrán la obligación de 
colaborar con la Oficina de Conflictos de Intereses, al objeto de detectar cualquier 
vulneración del régimen de incompatibilidades previsto en esta ley.
En particular, la Oficina de Conflictos de Intereses podrá formular peticiones de 
información, al menos con carácter trimestral, a los órganos gestores de la Seguridad Social 
para que compruebe cuál es la situación laboral de quienes han sido cesados.
Artículo 21.  Registros.
1. Los Registros electrónicos de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de 
Altos Cargos se alojarán en un sistema de gestión documental que garantice la 
inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso y uso de 
éstos.
2. El Registro electrónico de Actividades tendrá carácter público, rigiéndose por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, en esta ley y en las normas de desarrollo de las leyes citadas.
3. El Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter reservado 
y solo podrán tener acceso al mismo además del propio interesado, los siguientes órganos:
a) El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con lo que establezcan los 
reglamentos de las Cámaras, así como las comisiones parlamentarias de investigación que 
se constituyan.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el 
conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes procesales.
c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus 
funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.
4. Los órganos mencionados en el apartado anterior adoptarán las medidas necesarias 
para mantener el carácter reservado de la información contenida en el Registro electrónico 
de Bienes y Derechos Patrimoniales, sin perjuicio de la aplicación de las normas reguladoras 
de los procedimientos en cuya tramitación se hubiera solicitado la información.
5. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros 
del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos reglamentariamente. En relación con BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación 
patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y 
salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 22.  Información proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses.
1. Para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades previsto 
en esta ley, y sin perjuicio de las competencias que se atribuyen a otros órganos, la Oficina 
de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al 
Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de las 
obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido en relación 
con este Título y de las sanciones que hayan sido impuestas e identificará a sus 
responsables.
Dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados a formular 
sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden, las 
comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares de los 
altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones.
En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá 
copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados.
2. El informe regulado en el apartado anterior contendrá, asimismo, información 
agregada, sin referencia a datos de carácter personal, sobre el número de los altos cargos 
obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, número de 
comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que no hayan 
cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley. Esta información será objeto de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 23.  Examen de la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato.
La situación patrimonial de los altos cargos será examinada por la Oficina de Conflictos 
de Intereses al finalizar su mandato para verificar los siguientes extremos:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.
b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración 
los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial.
Artículo 24.  Elaboración del informe de comprobación de la situación patrimonial.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la Oficina de Conflictos de Intereses, 
de oficio y en el plazo de tres meses desde su cese, elaborará un informe en el que se 
examinará la situación patrimonial del alto cargo.
2. Los altos cargos cuya situación patrimonial sea objeto de examen deberán aportar 
toda la información que les sea requerida así como comunicar todas aquellas circunstancias 
que sean relevantes para la elaboración del informe.
3. Con carácter previo a su aprobación, se deberá dar traslado al interesado de la 
propuesta de informe para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que 
estime convenientes. Finalizado este plazo, el informe será objeto de aprobación y 
notificación a los altos cargos cuya situación patrimonial haya sido examinada.
4. Si, de los datos y hechos constatados de conformidad el procedimiento mencionado 
en los apartados anteriores, pudieran derivarse indicios de enriquecimiento injustificado, la 
Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a los efectos de aclarar dicha información.
Si, concluido lo previsto en el párrafo anterior, pudiera derivarse la existencia de 
responsabilidades administrativas o penales se dará traslado a los órganos competentes 
para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.
5. La Oficina de Conflictos de Intereses informará semestralmente al Gobierno de la 
actividad que desarrolle en aplicación de este artículo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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TÍTULO IV
Régimen sancionador
Artículo 25.  Infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio del régimen sancionador previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la presente 
ley.
b) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos.
c) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18 en relación con la 
gestión de acciones y participaciones societarias.
d) El falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado 
alto cargo.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los 
correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello.
b) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a 
lo establecido en esta ley.
c) El incumplimiento reiterado del deber de abstención de acuerdo con lo previsto en 
esta ley.
d) La comisión de la infracción leve prevista en el apartado siguiente cuando el autor ya 
hubiera sido sancionado por idéntica infracción en los tres años anteriores.
3. Se considera infracción leve la declaración extemporánea de actividades o de bienes y 
derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el requerimiento que se 
formule al efecto.
Artículo 26.  Sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del 
incumplimiento de la ley y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» una vez haya 
adquirido firmeza administrativa la resolución correspondiente.
2. La sanción por infracción muy grave comprenderá, además:
a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en 
los mismos.
b) La pérdida del derecho a percibir la compensación tras el cese prevista en el artículo 6 
en el caso de que la llevara aparejada.
c) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en 
relación a la compensación tras el cese.
3. Lo dispuesto en este Título se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás 
responsabilidades a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras 
responsabilidades, se ordenará a la Abogacía General del Estado que valore el ejercicio de 
otras posibles acciones que pudieran corresponder así como, si procede, poner los hechos 
en conocimiento del Fiscal General del Estado por si pudieran ser constitutivos de delito.
4. Las personas que hayan cometido las infracciones tipificadas como graves o muy 
graves en esta ley no podrán ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un periodo 
de entre 5 y 10 años.
En la graduación de la medida prevista en el párrafo anterior, se atenderá a lo previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo en relación con el 
procedimiento administrativo sancionador.
5. La infracción leve prevista en el artículo 25.3 se sancionará con amonestación.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 27.  Órganos competentes.
1. El órgano competente para ordenar la incoación del expediente cuando los altos 
cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado será el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En los demás supuestos el órgano competente para ordenar la incoación será el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por la Oficina de 
Conflictos de Intereses.
3. Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por faltas muy graves 
y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de 
Secretario de Estado. La imposición de sanciones por faltas graves corresponde al Ministro 
Hacienda y Administraciones Públicas. La sanción por faltas leves corresponderá al 
Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
4. El procedimiento se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su 
normativa de desarrollo en relación con el procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 28.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este Título será de cinco años 
para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 
los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean 
consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados 
anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposición adicional primera.  Régimen jurídico de otros altos cargos del sector público 
estatal.
Se regirán por su normativa específica los altos cargos del sector público estatal que no 
estén incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, teniendo ésta para los mismos 
carácter supletorio en lo que no se establezca expresamente en esa normativa específica y 
atendiendo a la naturaleza del organismo en el que aquéllos presten sus servicios.
Disposición adicional segunda.  Referencias normativas.
Las remisiones a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado contenidas en otras normas se entenderán referidas a la presente ley.
Disposición adicional tercera.  Comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
1. Con carácter previo a su nombramiento, el Gobierno pondrá en conocimiento del 
Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisión 
correspondiente de la Cámara, el nombre de los candidatos para los siguientes cargos:
a) Presidente del Consejo de Estado.
b) Máximos responsables en los organismos reguladores o de supervisión incluidos en el 
artículo 1. 2.e).
c) Presidente del Consejo Económico y Social.
d) Presidente de la Agencia EFE.
e) Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
2. La Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados examinará, en su caso, a 
los candidatos propuestos. Sus miembros formularán las preguntas o solicitarán las 
aclaraciones que crean convenientes. La Comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el 
que se pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses.
3. La comparecencia de los miembros de la Corporación de Radiotelevisión Española se 
producirá de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Disposición adicional cuarta.  
Las Haciendas Forales, teniendo en cuenta las especificidades de su régimen jurídico, 
deberán proporcionar a los altos cargos con domicilio fiscal en su territorio el certificado de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias al que se refiere el artículo 17.3.
Disposición derogatoria.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, expresamente:
a) La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
b) Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses 
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
c) El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el 
Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado.
Disposición final primera.  Habilitación normativa.
El Gobierno adoptará mediante Real Decreto las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de esta ley. En particular, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberá 
regular los instrumentos y procedimientos para que la Oficina de Conflictos de Intereses 
pueda llevar a cabo sus funciones de control de la situación patrimonial de los altos cargos 
tras su cese.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Sevilla, 30 de marzo de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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