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Núm. 294  Jueves 6 de diciembre de 2018  Sec. I.   Pág. 119858
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16674 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
El régimen jurídico de la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas y 
de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos quedó establecido con carácter 
unitario en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que integró en una 
sola norma la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, recoge en una única norma las leyes que 
incorporaron al ordenamiento jurídico español dos directivas comunitarias: la 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente –«directiva sobre evaluación de impacto ambiental»– y 
la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.
La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 
se ha modificado en el año 2014 mediante la Directiva 2014/52/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. Esta modificación persigue los siguientes 
objetivos: en primer lugar, conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación 
de impacto ambiental, adaptando las diversas etapas de las que consta este proceso a los 
principios comunitarios de «una mejor legislación» y de reducción de las cargas 
administrativas para los ciudadanos; en segundo lugar, aumentar la coherencia y las 
sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión Europea, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de competencia 
nacional; y, finalmente, garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la 
salud humana, del patrimonio nacional, velar por el mantenimiento de la diversidad de 
especies, conservar la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso 
fundamental de la vida y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, 
mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto públicas como 
privadas, más previsible y sostenible a largo plazo.
La nueva directiva sobre evaluación de impacto ambiental, que entró en vigor el 15 de 
mayo de 2014, supone un refuerzo del actual enfoque de la evaluación de impacto 
ambiental, como instrumento preventivo, que contempla las amenazas y desafíos 
ambientales que han surgido desde que entró en vigor la primera directiva sobre evaluación 
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de impacto ambiental de proyectos, hace ya más de 25 años. Esto significa prestar más 
atención a determinadas áreas, como la eficiencia de los recursos, el cambio climático y la 
prevención de riesgos que, con la nueva regulación, están ahora mejor reflejados en el 
proceso de evaluación.
Por otro lado, por lo que se refiere a otras áreas como el patrimonio cultural, que se 
define en el artículo 5.1.i) de la ley, se han de tener en cuenta las disposiciones de los 
tratados internacionales como el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico, de 16 de enero de 1992, el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio 
Arquitectónico de Europa, de 3 de octubre de 1985, o la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2 de noviembre de 2001, sin olvidar el Convenio 
Europeo del Paisaje, de 20 de octubre de 2000, tal y como se menciona en los 
considerandos de la Directiva que se transpone.
Así mismo, de acuerdo con la nueva disposición comunitaria, los Estados miembros 
deben prever la integración o coordinación de los procesos de evaluación de impacto 
ambiental con otros procedimientos ambientales establecidos por normas comunitarias o 
nacionales; también se introducen plazos para las diferentes etapas de la evaluación de 
impacto ambiental: así, por ejemplo, el análisis caso por caso –lo que la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, denomina evaluación de impacto ambiental simplificada– debe realizarse 
en un plazo de noventa días, con posibilidad de prórroga, y las consultas públicas deben 
durar al menos treinta días. Los Estados miembros deben garantizar también que las 
decisiones finales sobre la autorización o denegación del proyecto se toman dentro de un 
«plazo razonable». El proceso para determinar si un proyecto debe someterse a evaluación 
de impacto ambiental se precisa, al exigir que las decisiones estén debidamente motivadas 
a la luz de los criterios de selección actualizados. Los informes de evaluación del impacto 
ambiental –estudios de impacto ambiental, según la terminología de la ley nacional– se 
deben hacer más comprensibles para el público, especialmente con respecto a las 
evaluaciones del estado actual del medio ambiente y las distintas alternativas al proyecto. 
También deben mejorarse la calidad y el contenido de los estudios e informes ambientales 
y las autoridades competentes tendrán que probar su objetividad para evitar conflictos de 
intereses. Los motivos que llevan a la decisión de autorizar o de denegar un proyecto 
deben ser claros y transparentes para el público. Los Estados miembros podrán fijar plazos 
para la validez de las conclusiones razonadas u opiniones emitidas como parte del proceso 
de evaluación de impacto ambiental, es decir, de lo que la ley española denomina 
declaración o informe de impacto ambiental. Si los procesos de evaluación concluyesen 
que un proyecto entrañará efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, los 
promotores, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o 
compensar estos efectos. Además, tendrán que establecer sistemas de seguimiento y 
control de las decisiones ambientales durante la ejecución de los proyectos. Con el fin de 
evitar duplicidades y costes innecesarios, se podrán aplicar métodos de seguimiento y 
control ya existentes.
II
La mayor parte de los principios, objetivos y mandatos de la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, ya fueron incorporados en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dado que la tramitación de ambas normas, la de la Unión 
Europea y la nacional, fue prácticamente simultánea. De este modo, durante la redacción 
del anteproyecto de ley ya se tuvieron en cuenta algunas de las novedades que 
posteriormente incluiría la directiva en su versión definitiva. Es el caso, por ejemplo, de la 
consideración del cambio climático en las evaluaciones ambientales. A continuación, se 
citan los artículos de la Directiva de 2014 que ya fueron incluidos en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre: así parte del artículo 2(3) de la Directiva se encuentra en el vigente 
artículo 14; el artículo 3(1) en el artículo 35.1.c); el artículo 4(3) está transpuesto ya en los 
artículos 47.2 (parcialmente, criterios del anexo III) y artículo 7.2 y anexo II (aunque ahora 
en el artículo 47.2 de la Ley se completa); el artículo 4(6) figura en el vigente artículo 47.1 
(parcialmente); el artículo 5(2) en el 34.2 (parcialmente); el artículo 5(3) en los artículos 16.1 
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(parcialmente) y 40.3; el 6(2) en el 37.3 último párrafo (parcialmente); el 6(6) en los 
artículos 34.4, 36.1, 37.4 y 46.2; el 6(7) en los artículos 36.1 y 37.4; el 7(5) en el 49 
(parcialmente); el 8BIS(4) en el artículo 52.2 (parcialmente); el 8BIS(6) en los artículos 47.4 
(parcialmente) y 43; el artículo 10.a) en el Título III, capítulos II y III (parcialmente); y el 
Anexo III en el Anexo III (parcialmente).
No obstante, para una completa transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la 
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, resulta preciso 
modificar algunos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación y éste es 
precisamente el objeto fundamental de la presente ley.
Además de las modificaciones estrictamente necesarias para la incorporación de la 
directiva a nuestro ordenamiento, se han realizado también algunas modificaciones, entre 
otros, en los artículos 11, 40.4 y 44 que aclaran determinados conceptos de la ley, dotando 
de mayor seguridad jurídica a la regulación en materia de evaluación ambiental.
Por todo ello, la presente ley se dicta de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, regulados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
III
A continuación, se detallan las principales modificaciones que comporta la presente ley.
En primer lugar se reordenan los principios inspiradores de la evaluación ambiental, 
enumerados en el artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con la finalidad de 
incluir en un mismo apartado la precaución y la acción cautelar.
El artículo 3 se modifica con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la directiva. Para ello, 
y aunque en la práctica ya se viene realizando, se prevé, de forma expresa, que las 
Administraciones que puedan estar interesadas en un plan, programa o proyecto 
determinado debido a sus responsabilidades medioambientales o a sus competencias 
específicas deban ser consultadas al respecto. Y, asimismo, se establece que el órgano 
ambiental y el sustantivo deberán ejercer sus funciones de manera objetiva y evitar 
situaciones que den lugar a conflicto de intereses.
Se modifica el artículo 5, relativo a las definiciones de la ley, con el fin de adaptarlo a lo 
dispuesto en la directiva, especialmente en lo referente a la definición de evaluación de 
impacto ambiental. La Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, define la «evaluación de 
impacto ambiental» como el proceso consistente en la preparación por el promotor de un 
informe de impacto ambiental, la realización de consultas, el examen por la autoridad 
competente de la información, la conclusión razonada de la autoridad competente sobre los 
efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y la integración de la conclusión 
razonada de la autoridad competente en la decisión de autorización. La evaluación ambiental 
se configura en la directiva como un conjunto de trámites administrativos, que los Estados 
miembros pueden integrar en los procedimientos sustantivos sectoriales de autorización.
Esta consideración de la evaluación de impacto ambiental como «proceso» o conjunto 
de trámites es coherente con la que proporciona la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Esta 
ley solventó la debatida cuestión de la naturaleza jurídica de la evaluación y de los 
pronunciamientos ambientales, de conformidad con la jurisprudencia que sobre la misma 
se había ido consolidando. Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación ambiental 
estratégica y la evaluación de impacto ambiental se califican como «procedimiento 
administrativo instrumental» con respecto al procedimiento sustantivo sectorial de 
aprobación o adopción de los planes y programas o de la autorización de los proyectos. Por 
su parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental estratégica, 
el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de 
impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante.
No obstante, para realizar una correcta transposición de la directiva, se ha modificado 
el artículo 5, relativo a las definiciones de la ley, con el fin de adaptar la definición de 
evaluación de impacto ambiental a la que introduce la norma comunitaria. De manera que, 
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aunque en la ley se hable indistintamente de «proceso» o de «procedimiento», la 
evaluación ambiental es un proceso en el sentido de la directiva, es decir, un conjunto de 
trámites administrativos, incardinados dentro del procedimiento más amplio de adopción, 
aprobación o autorización del proyecto. Asimismo, se han realizado las correspondientes 
modificaciones en el artículo 33 para adaptar a esta definición de la directiva el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La directiva introduce como novedad la obligación para el promotor de incluir en el 
estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante 
accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o 
catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
en caso de ocurrencia de los mismos.
Para incorporar este mandato de la directiva se ha considerado conveniente incluir en 
el artículo 5 las definiciones de vulnerabilidad del proyecto, de accidente grave, y de 
catástrofe. Asimismo, se han incluido menciones aclaratorias en la regulación de: la 
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental; el estudio de 
impacto ambiental; las consultas a Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas; la declaración de impacto ambiental; la autorización del proyecto; y la 
evaluación de impacto ambiental simplificada.
Por otro lado, la regulación de los supuestos de proyectos excluidos de evaluación de 
impacto ambiental y de los proyectos excluibles, previstos en el artículo 8, se ha modificado 
para adaptarlo a los cambios introducidos por la directiva. Por una parte, el órgano 
sustantivo solamente podrá excluir del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un 
análisis caso por caso, los proyectos o partes de proyectos que tengan como único objetivo 
la defensa –sin especificar que deba ser la defensa nacional– y los proyectos que tengan 
como único objetivo la respuesta a casos de emergencia civil, cuando tal aplicación 
pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos. Por otro lado, se ha suprimido 
la posibilidad de que mediante una ley específica se excluyan proyectos específicos de 
evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que la directiva en su nueva 
redacción únicamente prevé la posibilidad de exclusión del trámite de consulta pública. 
Finalmente, la posibilidad de exclusión de un proyecto determinado de la evaluación de 
impacto ambiental en casos excepcionales mediante acuerdo motivado del Consejo de 
Ministros, o del órgano que determine cada comunidad autónoma, se ha limitado, como 
hace la directiva, a los supuestos en los que la aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental tenga efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. La ley cita 
expresamente el caso de las obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas 
como consecuencia de acontecimientos catastróficos. En estos supuestos, el Consejo de 
Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado o, en su caso, el órgano 
que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de 
competencias decidirá, a propuesta del órgano sustantivo, si procede someter el proyecto 
a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de la ley. El 
acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del 
público la información relativa a la decisión.
Se modifica el artículo 11 apartado primero para la determinación del órgano ambiental 
y del órgano sustantivo. Así en el ámbito de la Administración General de Estado 
corresponde al órgano del Ministerio competente en materia de medio ambiente que 
reglamentariamente se determine ejercer las funciones atribuidas por esta ley al órgano 
ambiental cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, programas o proyectos 
que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o que sean objeto de 
declaración responsable o comunicación previa ante esta administración.
La utilización preferente de los medios electrónicos para garantizar la participación 
efectiva de las personas interesadas en los procesos de evaluación ambiental es otra de 
las novedades de la presente ley y es el motivo de la modificación de los artículos 9.3, 
21.4, 22.1, 28.4, 36.3 y 37.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Con la finalidad de 
reforzar el acceso público a la información y la transparencia, la información medioambiental 
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relativa a la aplicación de la ley debe estar accesible a los ciudadanos de manera fácil y 
efectiva y en formato electrónico. Para ello, se establece la obligación de disponer de, al 
menos, un portal central o puntos de acceso sencillo en el nivel administrativo territorial 
correspondiente.
IV
La obligación de establecer procedimientos coordinados o conjuntos para proyectos 
sujetos a la directiva y otra legislación de la Unión Europea, especialmente la directiva de 
emisiones industriales y la directiva de conservación de hábitats naturales, fauna y flora 
silvestre, estaba ya contemplada en la legislación nacional. No obstante, se han introducido 
modificaciones en la evaluación de las repercusiones de los planes, programas y proyectos 
sobre los espacios Red Natura 2000, con la finalidad de colmar algunas lagunas jurídicas 
que se habían detectado en esta regulación y solventar algunos problemas que se habían 
puesto de manifiesto en su aplicación práctica.
El artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, que incorpora al derecho nacional la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (Directiva de Hábitats), no contempla ninguna excepción a la obligación 
de someter a evaluación ambiental los planes, programas y proyectos que puedan afectar 
de forma apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000. Por tanto, aunque el plan, 
programa o proyecto esté excluido de evaluación ambiental en virtud del artículo 8.5 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ese plan, programa o proyecto deberá someterse, cuando 
pueda afectar de forma apreciable a Espacios Protegidos Red Natura 2000, a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. En este supuesto, el promotor 
elaborará un estudio sobre las afecciones del plan, programa o proyecto sobre los espacios 
Red Natura 2000 y solicitará un informe del órgano competente de la comunidad autónoma 
afectada. Si en el informe se constatase que el plan, programa o proyecto puede causar 
un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, se sustanciará el procedimiento 
regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
V
Como ya se ha mencionado anteriormente, otra de las novedades de la ley, prevista, 
entre otros, en el nuevo artículo 35, es la obligación, por parte del promotor, de incluir en 
el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante 
accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o 
catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
en caso de ocurrencia de los mismos.
Para evitar duplicidades, se puede utilizar toda la información pertinente disponible y 
obtenida a través de las evaluaciones de riesgo efectuadas de conformidad con otra 
legislación comunitaria o nacional. En particular, el promotor incluirá la información 
relevante, cuando resulte de aplicación, de las evaluaciones efectuadas de conformidad 
con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa 
que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
La ley especifica, con mayor grado de detalle, el contenido mínimo del estudio de 
impacto ambiental, que debe tener en cuenta los impactos del proyecto en su conjunto, 
incluidos, si procede, su superficie y su subsuelo, durante las fases de construcción y 
explotación y, si procede, de demolición; este estudio será elaborado por expertos para 
garantizar su calidad. La determinación por la administración competente del documento 
del alcance se mantiene como fase voluntaria en el proceso, ya regulado en el artículo 34 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de conformidad con la directiva.
El artículo 37 incorpora el informe de los órganos con competencias en materia de 
prevención y gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, en su caso, 
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informe que tiene carácter preceptivo. Por lo que respecta a la evaluación de impacto 
ambiental simplificada, denominado «procedimiento de comprobación previa» en la 
directiva, la ley especifica, en el artículo 45, la información que el promotor está obligado 
a facilitar, centrándose en los aspectos clave que permitan que el órgano ambiental formule 
el informe de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental simplificada debe 
garantizar que solamente sea necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinaria para 
proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
Las administraciones públicas competentes deberán garantizar que los órganos 
implicados en los procedimientos de evaluación ambiental disponen de personal con 
conocimientos suficientes para examinar los documentos ambientales. Una cuestión 
esencial de la directiva, y así se ha incorporado en la ley, es el contenido de la decisión 
que adopten las autoridades en relación con el proyecto una vez realizada la evaluación 
de impacto ambiental ordinaria, y la publicidad que debe darse a la decisión. El órgano 
sustantivo incluirá en la autorización la conclusión sobre los efectos significativos del 
proyecto en el medio ambiente, las condiciones ambientales establecidas en la declaración 
de impacto ambiental, así como una descripción de las características del proyecto y las 
medidas previstas para prevenir, corregir y, si fuera posible, compensar los efectos 
adversos significativos en el medio ambiente, así como, en su caso, medidas de 
seguimiento. Asimismo, la decisión de denegar una autorización indicará las principales 
razones de la denegación. El órgano sustantivo publicará un extracto de esta información.
Otra de las novedades de la ley, prevista en su artículo 38, que no deriva del texto de 
la directiva pero sí de su espíritu, es la previsión de realizar un nuevo trámite de información 
pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas 
si como consecuencia del trámite de información pública y de consultas, el promotor 
incorporara en el proyecto o en el estudio de impacto ambiental, modificaciones que 
supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente. Como 
consecuencia, se refuerza el trámite de consultas, emprendiendo un análisis que permita 
examinar el fondo de la información adicional facilitada.
El artículo 39 se modifica para prever la obligación del órgano sustantivo de comprobar 
que el promotor ha incluido en el estudio de impacto ambiental, todos los apartados 
específicos contemplados en el artículo 35.1.
El artículo 40 que regula el análisis técnico del expediente se modifica para incluir las 
consecuencias jurídicas de la omisión, en el estudio de impacto ambiental elaborado por 
el promotor, de alguno de los apartados específicos contemplados en el artículo 35.1.
Se modifica el artículo 41 para adecuar el contenido y el alcance de la declaración de 
impacto ambiental a lo previsto en la directiva. Asimismo, se modifica el artículo 42 para incluir 
la obligación derivada de la directiva de establecer un plazo razonable para la autorización del 
proyecto, quedando su concreta determinación en el ámbito del órgano sustantivo y también 
se detalla el contenido mínimo del extracto de la autorización que ha de publicarse.
Se modifica el artículo 44 para mejorar y adecuar el procedimiento de modificación de 
las condiciones de la declaración de impacto ambiental que podrá iniciarse de oficio o a 
solicitud del promotor.
El artículo 45, relativo a la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental 
simplificada, traslada a la Ley tanto el artículo 4.4 como el anexo II bis de la directiva, lo 
que implica una mejor comprensión y claridad de la documentación que debe aportar el 
promotor y facilita la toma de decisión al órgano ambiental para analizar el proyecto.
Tanto el artículo 47, relativo al informe ambiental, como el artículo 48, sobre la 
autorización del proyecto y publicidad, incorporan nuevos elementos de información 
facilitados por el promotor que debe tener en cuenta el órgano ambiental para determinar, de 
forma motivada, si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
o no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Con la nueva redacción 
de los apartados 2 y 3 del artículo 49, se completan determinados aspectos procedimentales 
de las consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.bis, apartado 4, párrafo segundo de la directiva de 2011, 
en la redacción dada por la de 2014, se regula en el artículo 52, con mayor precisión, el 
seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto 
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ambiental incluyendo, en su caso, el tipo de parámetros que deban ser objeto de 
seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la 
naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el 
medio ambiente.
El último de los artículos de la ley que se modifican es el artículo 56.2, que, cumpliendo 
con el mandato establecido en el artículo 10 bis de la directiva, clarifica que las sanciones 
han de ser efectivas, disuasorias y proporcionadas.
Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales que se modifican, la disposición 
adicional tercera ha incorporado el contenido de la información que, como mínimo, se debe 
aportar a la Comisión Europea cada seis años contados a partir del 16 de mayo de 2017.
La disposición adicional séptima, que regula la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, se completa, 
detallando la forma en que se puede acreditar que dichos planes, programas o proyectos 
guardan una relación directa con la gestión del espacio de la Red Natura.
La disposición adicional novena se modifica para incluir la posibilidad de que el órgano 
ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado emita certificaciones sobre 
evaluaciones de impacto ambiental practicadas.
La disposición adicional decimocuarta, relativa a la identificación de las personas 
interesadas, se modifica para mencionar la interconexión de los registros creados para 
dicha identificación, lo que responde a la necesidad de transparencia y agilidad en la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.
Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta para regular aquellos casos 
en los que, en ejecución de sentencia firme, deba realizarse la evaluación de impacto 
ambiental de un proyecto cuya ejecución ya se haya iniciado o finalizado.
Asimismo se incorpora una disposición adicional decimoséptima sobre instalaciones 
militares.
Por último, la disposición adicional decimoctava incluye todas las actuaciones que 
deba efectuar el Consejo de Seguridad Nuclear en el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que deban ser autorizados según el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de 
diciembre. Conforme a lo establecido en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear, corresponde a este organismo la función de evaluar el 
impacto radiológico ambiental de las instalaciones nucleares y radiactivas y de las 
actividades que impliquen el uso de radiaciones ionizantes, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación aplicable.
Por último, se modifica la disposición final octava relativa a los títulos competenciales, 
con el fin de adecuarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017, de 11 de mayo, 
que declaró inconstitucionales algunos de los títulos competenciales invocados en la 
redacción originaria de la ley. Asimismo, se elimina la disposición final undécima, al 
considerar que la legislación básica es aplicable directamente a las Comunidades 
Autónomas desde su entrada en vigor.
Finalmente, también se modifica la disposición final novena, relativa a la autorización 
de desarrollo de la ley, con el fin de autorizar al Gobierno para modificar los anexos con el 
fin de adaptarlos a la normativa vigente, a la evolución científica y técnica, y a lo que 
dispongan las normas internacionales y el Derecho de la Unión Europea.
La disposición transitoria única regula el régimen aplicable a los procedimientos en curso.
Mediante la disposición final segunda se efectúa una modificación de la disposición 
adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes. La finalidad de esta modificación es dar cumplimiento a 
la Sentencia 118/2017, de 19 de octubre, que ha estimado parcialmente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
frente a los apartados tercero a octavo de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, 
de 20 de julio, relativa a los Caminos Naturales, y ha declarado nulos e inconstitucionales 
algunos de los extremos contenidos en la misma (letras d) y e) del apartado 4 y dos incisos 
concretos en los apartados 6 y 7).
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La disposición final tercera lleva a cabo una modificación de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, modificando los artículos 30 y 36 e introduciendo un nuevo artículo 35 
bis. Ello, con el fin de definir, con mayor precisión, las especialidades propias del régimen 
administrativo sancionador contenido en la versión consolidada de la mencionada ley y 
adecuar los planes de seguimiento de los operadores aéreos.
La disposición final cuarta establece la incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Por último, la disposición final quinta determina la entrada en vigor.
VI
Esta ley consta de un artículo único, por el que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, una disposición adicional, una disposición transitoria, sobre expedientes en 
curso, y cinco disposiciones finales, sobre modificación de las Leyes 43/2003, de 21 de 
noviembre, y 1/2005, de 9 marzo, sobre la incorporación del derecho de la Unión Europea 
y sobre la entrada en vigor, respectivamente.
El artículo único se divide en 41 apartados, por los que se modifican diversos artículos 
y disposiciones adicionales y finales de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se sustituyen 
los anexos III y VI de dicha ley.
Artículo único.  Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, queda modificada en los 
siguientes términos:
Uno. Los apartados b) y c) del artículo 2 quedan redactados de la siguiente manera:
«b) Precaución y acción cautelar.
c) Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente.»
Dos. El artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3.  Actuación y relaciones entre Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas ajustarán sus actuaciones en materia de 
evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, 
información mutua, cooperación, colaboración y coherencia.
En particular, las Administraciones que puedan estar interesadas en el plan, 
programa o proyecto debido a sus responsabilidades medioambientales específicas 
o a sus competencias autonómicas o locales serán consultadas sobre la información 
proporcionada por el promotor y sobre la solicitud de adopción, aprobación o 
autorización del plan, programa o proyecto.
De conformidad con los principios de racionalización y agilidad de los 
procedimientos administrativos y de cooperación, colaboración y coordinación, las 
Administraciones Públicas consultadas emitirán los informes que correspondan con la 
máxima diligencia posible y, en todo caso, dentro de los plazos establecidos al efecto.
Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la 
declaración ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien 
emitir el informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental regulados 
en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que ostente las competencias 
en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma afectada por el plan, 
programa o proyecto.
2. Las Administraciones Públicas garantizarán que el órgano ambiental y el 
órgano sustantivo ejerzan las funciones derivadas de la presente ley de manera 
objetiva, y aplicarán en su organización una adecuada separación de las funciones 
que puedan dar lugar a un conflicto de intereses cuando el órgano ambiental sea 
simultáneamente el órgano sustantivo o el promotor del plan, programa o proyecto.
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3. Cuando el órgano sustantivo sea simultáneamente el promotor del plan, 
programa o proyecto, el órgano sustantivo realizará las actuaciones atribuidas al 
promotor en esta ley.
4. El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia 
que se produzca durante la tramitación del procedimiento administrativo sustantivo 
de adopción, aprobación o autorización de un plan, programa o proyecto que tenga 
relevancia a los efectos de la tramitación de la evaluación ambiental, singularmente 
aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.»
Tres. El artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) “Evaluación ambiental”: proceso a través del cual se analizan los efectos 
significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de 
su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho 
análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.
La evaluación ambiental incluye tanto la evaluación ambiental estratégica, que 
procede respecto de los planes o programas, como la evaluación de impacto 
ambiental, que procede respecto de los proyectos. En ambos casos la evaluación 
ambiental podrá ser ordinaria o simplificada y tendrá carácter instrumental respecto 
del procedimiento administrativo de aprobación o de adopción de planes y 
programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, 
respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a 
declaración responsable o comunicación previa.
b) “Impacto o efecto significativo”: alteración de carácter permanente o de 
larga duración de uno o varios factores mencionados en la letra a).
En el caso de espacios Red Natura 2000: efectos apreciables que pueden empeorar 
los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto 
de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento.
c) “Documento de alcance”: pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al 
promotor que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y 
el estudio de impacto ambiental.
d) “Órgano sustantivo”: órgano de la Administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, 
o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en 
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública 
estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel 
que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el 
proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre 
actividades instrumentales o complementarias respecto a aquella.
e) “Órgano ambiental”: órgano de la Administración pública que elabora, en su 
caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de 
evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los 
informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los 
informes de impacto ambiental.
f) “Público”: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de 
aplicación que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas 
interesadas.
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g) “Personas interesadas”: se consideran personas interesadas a los efectos 
de esta ley:
1.º Todas aquellas en quienes concurran cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad 
con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a 
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), cumplan los siguientes 
requisitos:
i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del 
medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que 
tales fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.
ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, 
de modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 
estatutos.
iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial 
que resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a 
evaluación ambiental.
h) “Administraciones Públicas afectadas”: aquellas Administraciones Públicas 
que tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud 
humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, subsuelo, agua, aire, 
ruido, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación 
del territorio y urbanismo.
i) “Patrimonio cultural”: concepto que incluye todas las acepciones de este tipo 
de patrimonio, tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial 
e inmaterial.
j) “Medidas compensatorias Red Natura 2000”: las medidas específicas 
definidas y reguladas en el artículo 3, apartados 24 y 46, de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
k) “Medidas compensatorias”: medidas excepcionales que se aplican ante 
impactos residuales.
l) “Análisis técnico del expediente”: análisis cuya finalidad es deducir los efectos 
esperados de los planes, programas y proyectos sobre los diferentes factores objeto 
de la evaluación ambiental, y proponer las medidas más adecuadas para su 
prevención, corrección o compensación, así como sus respectivos seguimientos.
Se analizará, en particular, la calidad, completitud y suficiencia del estudio de 
impacto ambiental, en su caso, su conformidad con el documento de alcance, y 
cómo se ha tenido en consideración el resultado del trámite de información pública, 
de las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas y, en su caso, el resultado de las consultas transfronterizas.
2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por:
a) “Promotor”: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de 
aplicación de esta ley, independientemente considerado de la Administración que en 
su momento sea la competente para su adopción o aprobación.
b) “Planes y programas”: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a 
través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
c) “Estudio ambiental estratégico”: estudio elaborado por el promotor que, 
siendo parte integrante del plan o programa, identifica, describe y analiza los 
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posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan 
derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y 
el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o 
corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa.
d) “Declaración Ambiental Estratégica”: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y 
que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta 
final del plan o programa.
e) “Informe Ambiental Estratégico”: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada.
f) “Modificaciones menores”: cambios en las características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales 
de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen 
diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.
3. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada 
en esta ley y sin perjuicio de las definiciones contenidas en la normativa sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas, se entenderá por:
a) “Promotor”: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley, con independencia de la Administración que sea la competente para su 
autorización.
b) “Proyecto”: cualquier actuación prevista que consista en:
1.º la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de una obra, una 
construcción, o instalación, o bien
2.º cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las 
destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del 
suelo y del subsuelo, así como de las aguas continentales o marinas.
c) “Estudio de impacto ambiental”: documento elaborado por el promotor que 
acompaña al proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del 
proyecto, así como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves 
o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o 
catástrofes y el obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos 
en el medio ambiente en caso de ocurrencia. También analiza las diversas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y determina las medidas 
necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos 
sobre el medio ambiente.
d) “Declaración de Impacto Ambiental”: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina 
las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su 
caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
e) “Informe de Impacto Ambiental”: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que 
pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio 
ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una 
catástrofe.
g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión 
de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 
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explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro 
grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.
h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel 
del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre 
las personas o el medio ambiente.»
Cuatro. El artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 8.  Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles.
1. No serán objeto de evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y 
programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil 
en casos de emergencia.
b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. El órgano sustantivo podrá determinar, caso por caso, que la evaluación de 
impacto ambiental no se aplicará a los proyectos o partes de proyectos que tengan 
como único objetivo la defensa y a los proyectos que tengan como único objetivo la 
respuesta a casos de emergencia civil, cuando tal aplicación pudiera tener 
repercusiones negativas sobre tales objetivos.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el Consejo de Ministros, en el 
ámbito de la Administración General del Estado, o en su caso, el órgano que determine 
la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, 
podrán, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante 
acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto 
ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del 
proyecto o aquellos proyectos que consistan en obras de reparación o mejora de 
infraestructuras críticas, definidas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que hayan sido 
dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos o cuyo refuerzo sea 
necesario para garantizar la seguridad nacional.
4. En los casos previstos en el apartado anterior, a propuesta del órgano 
sustantivo, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del 
Estado o, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad 
autónoma en su respectivo ámbito de competencias, decidirá en el acuerdo de 
exclusión si procede someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que 
cumpla los principios y objetivos de esta ley, que realizará el órgano sustantivo.
El órgano sustantivo publicará el acuerdo de exclusión y los motivos que lo 
justifican en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente. 
Adicionalmente, pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión 
de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas 
de evaluación del proyecto excluido.
El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el párrafo anterior a 
la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
5. Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán al 
promotor de efectuar una evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red 
Natura 2000, cuando se trate de planes, programas y proyectos que, sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, puedan 
afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos.
Para ello, el promotor elaborará un informe de repercusiones sobre los hábitats 
y especies objetivo de conservación de los espacios afectados, incluyendo las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 adecuadas 
para su mantenimiento en un estado de conservación favorable, y un esquema de 
seguimiento ambiental, y el órgano sustantivo consultará preceptivamente al órgano 
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competente en la gestión de los espacios Red Natura 2000 afectados, para remitir 
posteriormente el informe junto con la consulta al órgano ambiental, al objeto de que 
éste determine, a la vista del expediente, si el plan, programa o proyecto causará un 
perjuicio a la integridad de algún espacio Red Natura 2000. En caso afirmativo se 
sustanciará el procedimiento regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La 
aprobación del proyecto incluirá expresamente las medidas y el programa de 
seguimiento ambiental adoptados.
En casos de fuerza mayor, reacción ante catástrofes o accidentes graves, parte 
o todas las actuaciones señaladas en el párrafo anterior podrán realizarse a 
posteriori, justificándose dichas circunstancias en la aprobación del proyecto.»
Cinco. El artículo 9 queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Obligaciones generales.
1. Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley 
deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. 
Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su 
naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación 
ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, 
antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación 
previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los 
planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, puedan corresponder.
No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los 
proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o 
totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.
2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración 
responsable o una comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una 
evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación 
previa no podrán presentarse ante el órgano sustantivo antes de la publicación en 
el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. Sólo con posterioridad a 
dicha publicación, el órgano sustantivo, mediante resolución, admitirá la declaración 
responsable o comunicación previa.
La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto 
carecerá de validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a 
una evaluación ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en 
su caso, procedan.
3. Con el fin de garantizar la participación efectiva, los trámites de información 
pública, y de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas regulados en esta ley, se efectuarán por vía electrónica y mediante 
anuncios públicos u otros medios apropiados que garanticen la máxima difusión a la 
ciudadanía dentro de los municipios afectados y los colindantes.
Las Administraciones Públicas, dentro del trámite de información pública, adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que la información pertinente sea accesible 
electrónicamente por parte del público, a través de, al menos, un portal central o de 
puntos de acceso sencillo, en el nivel de la administración territorial correspondiente.
4. Cuando las personas interesadas que deban ser consultadas sean 
desconocidas, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.
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Adicionalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, se publicarán anuncios en el tablón de edictos, y en su caso, en la página 
web de los Ayuntamientos afectados. El plazo de exposición será de treinta días 
hábiles. Transcurrido el plazo de consulta, el Ayuntamiento remitirá al órgano sustantivo 
o, en su caso, al órgano ambiental, un certificado de exposición pública en el que haga 
constar el lugar y periodo en que ha estado expuesta la documentación ambiental.
5. Las Administraciones Públicas garantizarán que los órganos ambientales 
disponen de conocimientos para examinar los estudios y documentos ambientales 
estratégicos, y los estudios y documentos de impacto ambiental, y que, de ser 
necesario pueden solicitar informes a organismos científicos, académicos u otros 
que posean dichos conocimientos.»
Seis. El artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 11.  Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
1. Corresponde al órgano del Ministerio competente en materia de medio 
ambiente que se determine reglamentariamente, ejercer las funciones atribuidas por 
esta ley al órgano ambiental cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, 
programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación 
previa ante esta administración.
2. Las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano 
sustantivo, en cuanto a la tramitación de los distintos procedimientos, corresponderán 
a los órganos que determine la legislación de cada comunidad autónoma cuando se 
trate de la evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser 
adoptados, aprobados o autorizados por las comunidades autónomas o que sean 
objeto de declaración responsable o comunicación previa ante las mismas.
3. En el caso de planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o 
autorización corresponda a las entidades locales, las funciones atribuidas por esta 
ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo corresponderán al órgano de la 
Administración autonómica o local que determine la legislación autonómica.»
Siete. El artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 15.  Confidencialidad.
1. Las Administraciones Públicas que intervienen en los procedimientos de 
evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones 
aportadas por el promotor que, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de las personas físicas, tengan dicho carácter, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público, sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la 
documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La 
Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación 
vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial, incluida la propiedad 
intelectual, y sobre la información amparada por la confidencialidad.»
Ocho. El artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16.  Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y 
documentos ambientales.
1. El promotor garantizará que el documento inicial estratégico, el estudio 
ambiental estratégico y el documento ambiental estratégico, en el caso de la 
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evaluación ambiental estratégica, y el documento inicial, el estudio de impacto 
ambiental y el documento ambiental, en el caso de la evaluación de impacto ambiental, 
han sido realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de 
conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación 
superior, y tendrán la calidad y exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias 
de esta ley. Para ello, los estudios y documentos ambientales mencionados deberán 
identificar a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión 
regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión y firma del autor.
2. Los autores de los citados documentos serán responsables del contenido y 
fiabilidad de los estudios y documentos ambientales citados en el apartado anterior, 
excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de forma 
fehaciente.»
Nueve. El apartado 4 del artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
«4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que 
la documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima 
difusión entre el público, utilizando los medios electrónicos y otros medios de 
comunicación.»
Diez. El apartado 1 del artículo 22 queda modificado como sigue:
«1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo 
someterá la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental 
estratégico, a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas 
interesadas que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el 
artículo 19.
Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo 
cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la 
tramitación administrativa del plan o programa.
La consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas se realizará por medios electrónicos o cualesquiera otros, siempre que 
se acredite la realización de la consulta.»
Once. El primer párrafo del apartado 4 del artículo 28 queda modificado como sigue:
«4. El órgano ambiental consultará, por el plazo mínimo de cuarenta y cinco 
días hábiles, al promotor, al órgano sustantivo y a las Administraciones Públicas 
afectadas y personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el 
artículo 22, al objeto de que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones 
estimen oportunas y aporten cuantos documentos estimen precisos. La consulta se 
realizará por medios electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la 
realización de la consulta.»
Doce. El artículo 33 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 33.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. La evaluación de impacto ambiental ordinaria constará de los siguientes trámites:
a) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor.
b) Sometimiento del proyecto y del estudio de impacto ambiental a información 
pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, 
por el órgano sustantivo.
c) Análisis técnico del expediente por el órgano ambiental.
d) Formulación de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental.
e) Integración del contenido de la declaración de impacto ambiental en la 
autorización del proyecto por el órgano sustantivo.
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2. Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el 
artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses.
3. Con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento 
sustantivo de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública 
y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
Los trámites de información pública y de consultas tendrán una vigencia de un 
año desde su finalización. Transcurrido este plazo sin que el órgano sustantivo haya 
dado traslado del expediente al órgano ambiental, de conformidad con el 
artículo 39.4, para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo 
declarará la caducidad de los citados trámites.
4. El análisis técnico del expediente de impacto ambiental y la formulación de 
la declaración de impacto ambiental se realizarán en el plazo de cuatro meses, 
contados desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental. Este 
plazo podrá prorrogarse por dos meses adicionales debido a razones justificadas, 
debidamente motivadas.»
Trece. El apartado 2 del artículo 34 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del 
documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su 
ubicación, viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así 
como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales 
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los 
potenciales impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano 
ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.»
Catorce. El artículo 35 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 35.  Estudio de impacto ambiental.
1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34.6, el promotor elaborará el 
estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en 
los términos desarrollados en el anexo VI:
a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su 
ubicación, diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y 
previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. 
Estimación de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia 
o energía resultantes.
b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan 
relación con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o 
de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 
efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del 
proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, 
la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio 
marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio 
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cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.
Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del 
proyecto sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento.
Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red 
Natura 2000, el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, 
y la concurrencia de las razones imperiosas de interés público de primer orden 
mencionadas en el artículo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica 
en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua 
subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que 
pueda suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado 
específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos 
de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.
d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 
análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 
de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la 
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 
conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.
e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 
posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje.
f) Programa de vigilancia ambiental.
g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en 
términos fácilmente comprensibles.
2. Cuando el órgano ambiental haya elaborado el documento de alcance de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, el promotor elaborará el estudio de 
impacto ambiental ajustándose a la información requerida en dicho documento.
3. Con el fin de evitar la duplicidad de evaluaciones, el promotor al elaborar el 
estudio de impacto ambiental, tendrá en cuenta los resultados disponibles de otras 
evaluaciones pertinentes en virtud de la legislación comunitaria o nacional.
A estos efectos, la Administración pondrá a disposición del promotor que así lo 
solicite los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando 
resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
4. El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año 
desde la fecha de su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo 
para la realización de la información pública y de las consultas.»
Quince. El artículo 36 queda redactado como sigue:
«Artículo 36.  Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
1. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el 
órgano sustantivo, que los someterá a información pública durante un plazo no 
inferior a treinta días hábiles, previo anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” o 
diario oficial que corresponda y en su sede electrónica.
Esta información pública se llevará a cabo en una fase del procedimiento 
sustantivo de autorización del proyecto en la que estén abiertas todas las opciones 
relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.
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En el caso de proyectos que deban ser autorizados por la Administración General 
del Estado y que además requieran una autorización ambiental integrada según lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
el órgano sustantivo realizará la información pública a la que se refiere este artículo.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 
previa, incumbirá al órgano ambiental la realización de la información pública.
2. En el anuncio del inicio de la información pública el órgano sustantivo, o en 
su caso el órgano ambiental, incluirá un resumen del procedimiento de autorización 
del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en 
el capítulo III de este título en materia de consultas transfronterizas.
b) Identificación del órgano competente para autorizar el proyecto o, en el caso 
de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, 
identificación del órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o 
comunicación previa; identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse 
información pertinente y de aquellos a los que puedan presentarse alegaciones, así 
como del plazo disponible para su presentación.
3. El órgano sustantivo, o en su caso el órgano ambiental, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a 
información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios 
electrónicos y otros medios de comunicación.»
Dieciséis. El artículo 37 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 37.  Consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo 
consultará a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas 
sobre los posibles efectos significativos del proyecto, que incluirán el análisis de los 
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que 
incidan en el proyecto.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o 
comunicación previa, corresponderá al órgano ambiental realizar la consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
2. El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes 
informes, que deberán estar debidamente motivados:
a) Informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
b) Informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
c) Informe de los órganos con competencias en materia de planificación 
hidrológica y de dominio público hidráulico, y en materia de calidad de las aguas, 
cuando proceda.
d) Informe sobre dominio público marítimo-terrestre, y las estrategias marinas 
cuando proceda, de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la 
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino respectivamente.
e) Informe preliminar del órgano con competencias en materia de impacto 
radiológico, cuando proceda.
f) Informe de los órganos con competencias en materia de prevención y 
gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, en su caso.
g) Informe sobre la compatibilidad del proyecto con la planificación hidrológica 
o de la planificación de la Demarcación marina, cuando proceda.
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h) Informe del Ministerio de Defensa en el caso de que el proyecto incida sobre 
zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional y terrenos, edificaciones e 
instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional. El 
informe tendrá carácter vinculante en lo que afecte a la Defensa Nacional.
i) Informe de los órganos con competencias en materia de salud pública, 
cuando proceda.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán 
establecer el carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de los 
anteriormente mencionados.
3. Las consultas se realizarán mediante una notificación que contendrá, como 
mínimo, la siguiente información:
a) El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser 
consultado.
b) El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones.
c) Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la 
evaluación ambiental que obre en poder del órgano sustantivo.
La consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas se realizará por medios electrónicos y mediante anuncios o cualesquiera 
otros medios, siempre que se acredite la realización de la consulta.
4. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas 
dispondrán de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
notificación para emitir los informes y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes.
5. El órgano sustantivo pondrá a disposición de las Administraciones Públicas 
afectadas y de las personas interesadas aquella otra información distinta de la 
prevista en el apartado 3 que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de 
información pública a que se refiere el artículo 36 y que resulte relevante a los 
efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto.»
Diecisiete. El artículo 38 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 38.  Modificación del proyecto o del estudio de impacto ambiental y nuevo 
trámite de información pública y de consultas.
1. En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los 
trámites de información pública y de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y a las personas interesadas, el órgano sustantivo remitirá al promotor los 
informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, 
de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
2. Si, como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a 
las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, el promotor 
incorporare en el proyecto o en el estudio de impacto ambiental modificaciones que 
supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, 
se realizará un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos 
previstos en los artículos 36 y 37, que en todo caso, será previo a la formulación de 
la declaración de impacto ambiental.
3. No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los 
plazos establecidos en los artículos 36 y 37.»
Dieciocho. El artículo 39 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 39. Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 
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por la legislación sectorial, una solicitud de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, acompañada de la siguiente documentación, que constituirá el contenido 
mínimo del expediente de evaluación de impacto ambiental:
a) El documento técnico del proyecto.
b) El estudio de impacto ambiental.
c) Las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública 
y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas en virtud del artículo 37, y en su caso, de los artículos 34 y 38.2.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria no incluye los documentos señalados en el apartado anterior, 
requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, acompañe los 
documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Con relación al estudio de impacto ambiental, documento básico para la 
realización de la evaluación de impacto ambiental, se constatará que en el mismo se 
han incluido los apartados específicos contemplados en el artículo 35.1.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada 
cumple los requisitos exigidos por la legislación sectorial.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo 
remitirá al órgano ambiental la solicitud de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio 
de la evaluación de impacto ambiental ordinaria el órgano ambiental podrá resolver 
su inadmisión por alguna de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable 
por razones ambientales.
b) Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de 
calidad suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración de impacto 
ambiental desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la 
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al 
órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para 
declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y 
frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial en su caso.»
Diecinueve. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 40.  Análisis técnico del expediente.
1. El órgano ambiental realizará un análisis formal del expediente de 
evaluación de impacto ambiental y comprobará que está completo.
Si de este análisis resulta que no constan en el expediente los informes previstos 
en el apartado 37.2, o que la información pública o las consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y a las personas interesadas no se han realizado conforme a lo 
establecido en esta ley, o que el estudio de impacto ambiental elaborado por el 
promotor resulta incompleto por omisión de alguno de los apartados específicos 
contemplados en el artículo 35.1, el órgano ambiental requerirá al órgano sustantivo 
para que subsane el expediente en el plazo de tres meses, quedando suspendido el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurridos tres meses, el órgano sustantivo no hubiera remitido la 
información solicitada, o si una vez presentado el expediente siguiera estando 
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incompleto, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de 
terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente 
procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
2. Una vez completado formalmente el expediente, el órgano ambiental 
efectuará el análisis técnico del expediente.
Si durante este análisis comprobase que alguno de los informes preceptivos a 
los que se refiere el artículo 37.2 o los apartados específicos contemplados en el 
artículo 35.1, no resulta suficiente para disponer de los elementos de juicio 
necesarios para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, el órgano 
ambiental se dirigirá al órgano sustantivo para que se completen los informes.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido los informes 
solicitados o, si una vez presentados, su contenido sigue resultando insuficiente, el 
órgano ambiental requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente 
superior de aquél que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez 
días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano 
competente la entrega del informe solicitado en el plazo de diez días, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspenderá el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, el órgano ambiental comunicará al órgano sustantivo y al promotor la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, dando por finalizada la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la 
resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la 
emisión del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3. Asimismo, si durante el análisis técnico del expediente el órgano ambiental 
apreciara:
a) que es necesaria información adicional relativa al estudio de impacto 
ambiental o, en su caso, que el contenido del estudio de impacto ambiental no es 
acorde con la información requerida en el documento de alcance; o bien
b) que el promotor no ha tenido debidamente en cuenta las alegaciones 
recibidas durante los trámites de información pública y consultas, requerirá al 
promotor, informando de ello al órgano sustantivo, para que complete la información 
que resulte imprescindible para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.
Si transcurridos tres meses, el promotor no hubiera remitido la información 
requerida o, una vez presentada, esta siguiera siendo insuficiente, el órgano 
ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra 
esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial, en su caso. El plazo de tres meses previsto en este párrafo 
se podrá ampliar en casos excepcionales, debidamente motivados, a instancias del 
órgano sustantivo, y por un tiempo que no exceda de la mitad de dicho plazo.
4. Durante el análisis técnico del expediente el órgano ambiental podrá 
recabar, en cualquier momento, ya sea directamente o a través del órgano 
sustantivo, el informe de organismos científicos o académicos que resulten 
necesarios para disponer de los elementos de juicio suficientes para poder realizar 
la evaluación de impacto ambiental. Estos organismos deberán pronunciarse en el 
plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud. El órgano ambiental 
trasladará copia de los informes recibidos al órgano sustantivo.
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Si transcurrido el plazo de treinta días hábiles el órgano ambiental no ha recibido 
los informes solicitados dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. 
Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en 
vía administrativa y judicial, en su caso.
5. Si el órgano ambiental considera necesario que las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas se pronuncien sobre la nueva 
información recibida en virtud de los apartados 3 y 4, requerirá al órgano sustantivo 
para que realice una nueva consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a 
las personas interesadas, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta 
días hábiles desde la recepción de la documentación, quedando suspendido el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, el procedimiento continuará si el 
órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular la 
declaración de impacto ambiental. En caso contrario, el órgano ambiental 
comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, dando por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra 
esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial, en su caso.
El plazo de treinta días previsto en el párrafo anterior se podrá ampliar en casos 
excepcionales, debidamente motivados, a instancias del órgano sustantivo, y por un 
tiempo que no exceda de la mitad de dicho plazo.»
Veinte. El apartado 2 del artículo 41 queda redactado del siguiente modo:
«2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe 
preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto 
en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede 
desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el 
artículo 35.1 c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias. La declaración de impacto ambiental 
incluirá, al menos, el siguiente contenido:
a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la 
descripción del proyecto.
b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y 
cómo se han tenido en consideración.
c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que 
permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.
e) En su caso, la conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la 
Red Natura 2000. Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad 
de la Red Natura 2000, se incluirá una referencia a la justificación documental 
efectuada por el promotor de acuerdo con el artículo 35.1.c), segundo párrafo y, 
cuando procedan, las medidas compensatorias Red Natura 2000 que deban 
establecerse en caso de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 46 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.
h) En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo 
a que se refiere la disposición adicional décima.
i) En el caso de proyectos que vayan a causar a largo plazo una modificación 
hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una 
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masa de agua subterránea, se determinará si de la evaluación practicada se ha 
deducido que ello impedirá que alcance el buen estado o potencial, o que ello 
supondrá un deterioro de su estado o potencial de la masa de agua afectada. En 
caso afirmativo, la declaración incluirá además:
1.º Relación de todas las medidas factibles, que se hayan deducido de la 
evaluación, para paliar los efectos adversos del proyecto sobre el estado o potencial 
de las masas de agua afectadas.
2.º Referencia a la conformidad de la unidad competente en planificación 
hidrológica del organismo de cuenca con la evaluación practicada y medidas 
mitigadoras señaladas.»
Veintiuno. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 42.  Autorización del proyecto y publicidad.
1. El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el 
procedimiento de autorización del proyecto, que deberá resolverse en un plazo 
razonable, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados 
de las consultas.
2. La autorización del proyecto incluirá, como mínimo, la siguiente información 
contenida en la declaración de impacto ambiental:
a) La conclusión sobre los efectos significativos del proyecto en el medio 
ambiente, teniendo en cuenta la declaración de impacto ambiental.
b) Las condiciones ambientales establecidas, así como una descripción de las 
características del proyecto y las medidas previstas para prevenir, corregir y, si fuera 
posible, compensar los efectos adversos significativos en el medio ambiente, así 
como, en su caso, medidas de seguimiento y el órgano encargado del mismo.
3. La decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de 
la denegación.
4. El órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y en todo caso antes de 
los quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el 
proyecto, remitirá al “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, para 
su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión que contendrá, al menos, 
la siguiente información:
a) El contenido de la decisión y las condiciones que eventualmente la 
acompañen.
b) Los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, 
incluida la información recabada de conformidad con los artículos 36 y 37 y, si 
procede, 34 y 38.2, y cómo esa información se ha incorporado o considerado, en 
particular, las observaciones recibidas del Estado miembro afectado a las que se 
refiere el artículo 49.
Asimismo, publicará en su sede electrónica una referencia al “Boletín Oficial del 
Estado” o diario oficial correspondiente en el que se publicó la declaración de 
impacto ambiental y el extracto sobre la decisión de autorizar o denegar el proyecto.
5. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los 
Estados miembros que hayan sido consultados según el capítulo III de este título, 
relativo a las consultas transfronterizas.»
Veintidós. El artículo 43 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su 
vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez 
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publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, no se 
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. 
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la 
declaración de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados.
En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del 
proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, 
hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones 
necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o 
actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano 
ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.
En el caso de que un procedimiento judicial afecte, directa o indirectamente, a 
la ejecución de un proyecto que cuente con Declaración de Impacto Ambiental, el 
transcurso del plazo de vigencia de la misma quedará en suspenso desde su inicio 
y hasta el momento en que el procedimiento cuente con sentencia judicial firme.»
Veintitrés. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 44 quedan redactados del siguiente 
modo:
«2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de 
impacto ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia 
iniciativa o a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante 
acuerdo.
3. En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano 
ambiental solicitará informe al promotor con copia al órgano sustantivo sobre la 
petición. El órgano sustantivo elaborará un informe con las observaciones que 
considere oportunas sobre el informe del promotor.
El órgano ambiental deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el 
inicio del procedimiento en el plazo de veinte días hábiles desde la recepción del 
informe del órgano sustantivo.
En el caso de que el órgano ambiental acuerde el inicio del procedimiento de 
modificación de condiciones, éste solicitará al promotor, o en su caso a la persona que 
haya presentado la denuncia, a través del órgano sustantivo, la presentación de la 
documentación para realizar la consulta a las Administraciones Públicas afectadas y 
a las personas interesadas previamente consultadas. Si el promotor no la aportase en 
el plazo de treinta días hábiles, el órgano ambiental proseguirá con las actuaciones.
4. En el caso de que se inicie el procedimiento a petición del promotor, en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor de inicio 
de la modificación de condiciones de la declaración de impacto ambiental, el órgano 
ambiental podrá resolver motivadamente su inadmisión comunicando esta 
resolución al órgano sustantivo. Frente a esta resolución, podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su caso.»
Veinticuatro. El artículo 45 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 45.  Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 
por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto 
ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente 
contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada.
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b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular:
1.º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: 
construcción, funcionamiento y cese;
2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que 
respecta al carácter sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que 
puedan verse afectadas.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la 
alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse 
afectados de manera significativa por el proyecto.
e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del 
proyecto en el medio ambiente, que sean consecuencia de:
1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos;
2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad.
Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, 
el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 
cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 
Natura 2000, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, 
exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación del espacio Red Natura 2000.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación 
hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una 
masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o 
potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá 
un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre 
los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua 
afectadas.
f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 
análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 
de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las 
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la 
normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa que regula la 
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de 
lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 
ejecución del proyecto.
h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 
ambiental.
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Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la 
información con arreglo a este apartado.
El promotor tendrá en cuenta, en su caso, los resultados disponibles de otras 
evaluaciones pertinentes de los efectos en el medio ambiente que se realicen de 
acuerdo con otras normas. El promotor podrá proporcionar asimismo una 
descripción de cualquier característica del proyecto y medidas previstas para 
prevenir lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos significativos para 
el medio ambiente.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con relación al documento 
ambiental elaborado por el promotor, documento básico para la realización de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, se constatará que en el mismo se han 
incluido los apartados específicos contemplados en el artículo 45.1.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que el proyecto y la documentación 
presentada de conformidad con la legislación sectorial cumplen los requisitos en ella 
exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo 
remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben 
acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio 
de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá 
resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable 
por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la 
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al 
órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para 
declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y 
frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial, en su caso.»
Veinticinco. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 47.  Informe de impacto ambiental.
1. El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo 
de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los 
documentos que la deben acompañar.
En casos excepcionales, debidamente justificados, derivados de la naturaleza, 
complejidad, ubicación o dimensiones del proyecto, el órgano ambiental podrá 
ampliar el plazo para formular el informe de impacto ambiental por un máximo de 45 
días hábiles adicionales. En tal caso, el órgano ambiental informará al promotor de 
los motivos que justifican la ampliación y del plazo máximo para la formulación del 
informe de impacto ambiental.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el 
promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de 
verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales 
realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del 
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informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo 
con los criterios del anexo III que:
a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el 
promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.
b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al 
menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de 
otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.
3. El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo 
de quince días hábiles al “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, 
sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 2.b) el informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, 
una vez publicado en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, 
no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro 
años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del 
informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados.
5. El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al 
acto, en su caso, de autorización del proyecto.
6. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto 
ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el apartado 4. 
La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo.
7. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia del informe de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, ampliando su vigencia por dos años 
adicionales. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del 
proyecto o actividad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto.
8. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de 
tres meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente 
el órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones Públicas afectadas por 
razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para 
realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada. Estas Administraciones 
deberán pronunciarse en el plazo de un mes, que podrá ampliarse, por razones 
debidamente justificadas, por quince días hábiles más.
9. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la 
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental, se entenderá estimada la 
solicitud de prórroga.»
Veintiséis. El artículo 48 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48.  Autorización del proyecto y publicidad.
1. El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el 
procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental 
efectuada, incluidos los resultados de las consultas.
2. La decisión de concesión de la autorización incluirá, como mínimo, la 
siguiente información:
a) La conclusión del informe de impacto ambiental sobre los efectos 
significativos del proyecto en el medio ambiente.
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b) Las condiciones ambientales establecidas en el informe de impacto 
ambiental, así como una descripción de las características del proyecto y las 
medidas previstas para prevenir, corregir y compensar y, si fuera posible, 
contrarrestar efectos adversos significativos en el medio ambiente, así como, en su 
caso, medidas de seguimiento y el órgano encargado del mismo.
3. La decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de 
la denegación.
4. En el supuesto previsto en artículo 47.2.b), el órgano sustantivo, en el plazo 
más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que 
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al “Boletín Oficial del 
Estado” o diario oficial correspondiente, para su publicación, un extracto del 
contenido de dicha decisión.
Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las 
condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos y 
consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada de 
conformidad con el artículo 46, y cómo esa información se ha incorporado o 
considerado, en particular, las observaciones recibidas del Estado miembro afectado 
a las se refiere el artículo 49, y una referencia al “Boletín Oficial del Estado” o diario 
oficial correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental.
5. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los 
Estados miembros que hayan sido consultados según el capítulo III de este título, 
relativo a las consultas transfronterizas.»
Veintisiete. Los apartados 3, 4 y 8 del artículo 49 quedan redactados del siguiente 
modo y se añade un nuevo apartado 9:
«3. La notificación al Estado que pueda ser afectado irá acompañada de la 
siguiente documentación:
a) Un resumen del procedimiento de adopción, aprobación o autorización a 
que está sujeto el plan, programa o proyecto, incluyendo la evaluación ambiental, y 
la fase del procedimiento en que se realizarán las consultas transfronterizas. Incluirá 
información sobre la naturaleza de las decisiones posibles que puedan tomarse.
b) La versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental 
estratégico relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o 
programas, o el proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los 
posibles efectos transfronterizos, en el caso de proyectos.
c) Cuando la notificación se realice en el trámite de determinación del 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto 
ambiental, incluirá el documento inicial del plan, programa o proyecto en lugar de la 
documentación señalada en la letra b).
4. Si el Estado afectado manifestara su intención de participar en el 
procedimiento de evaluación ambiental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, en colaboración con el órgano ambiental y el órgano 
sustantivo, y teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales o multilaterales firmados 
por España al efecto:
a) Fijará un calendario para la realización de las consultas transfronterizas y 
las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades públicas 
afectadas y el público interesado de dicho Estado puedan participar efectivamente 
en el procedimiento de evaluación ambiental, incluyendo qué documentos han de 
ser traducidos. Se adoptarán las medidas necesarias para que tengan la oportunidad 
de expresar su opinión sobre la información proporcionada por el promotor y sobre 
la solicitud de autorización del proyecto.
cve: BOE-A-2018-16674
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b) Remitirá la versión inicial del plan o programa y la parte del estudio 
ambiental estratégico relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de 
planes o programas, o el proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental 
relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de proyectos, cuando esta 
documentación no se hubiera ya remitido. Se podrán poner a disposición los 
principales informes y dictámenes realizados por los órganos competentes.
El plazo para la realización de las consultas previstas en este apartado no podrá 
ser superior a tres meses.»
«8. Cuando la competencia para la adopción, aprobación o autorización de un 
plan, programa o proyecto corresponda a una Comunidad Autónoma, ésta realizará 
todos los trámites previstos en este artículo a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, informando de ello al Ministerio 
competente en materia de medio ambiente.
9. El Estado a través de acuerdos internacionales específicos podrá constituir 
un organismo común sobre la base de una representación equitativa para facilitar la 
cooperación necesaria en los proyectos con potencial impacto transfronterizo.»
Veintiocho. El artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 52.  Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los 
informes de impacto ambiental.
1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen 
las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia 
estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o 
del informe de impacto ambiental.
2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental 
podrá definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que 
deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán 
proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto 
y con la importancia de su impacto en el medio ambiente.
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se 
haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto 
ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de 
seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental.
El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas 
previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia 
ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del 
órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación 
en la sede electrónica.
3. El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la 
condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la 
ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la 
Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración 
necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea 
requerida a tal efecto.
4. Las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental 
de proyectos de competencia estatal, salvo los proyectos sujetos a la normativa de 
energía nuclear y los destinados a la producción de explosivos, podrán establecer, a 
propuesta del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, 
que el seguimiento de determinadas condiciones, medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias sea realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.
5. El órgano ambiental podrá realizar comprobaciones y recabar información, 
para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto 
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ambiental o del informe de impacto ambiental, así como evaluar el grado de 
implementación, los resultados, la eficacia y la eficiencia de las evaluaciones de 
impacto ambiental realizadas, permitir una mejora continua del método basada en 
la retroalimentación y elaborar estadísticas.
6. Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya 
existentes.»
Veintinueve. Los apartados 2 y 4 del artículo 56 quedan redactados como sigue:
«2. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos que se computarán 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción:
a) Las sanciones muy graves a los tres años.
b) Las sanciones graves a los dos años.
c) Las sanciones leves al año.
Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, 
grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño 
causado al medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las 
personas, debiendo ser efectivas, disuasorias y proporcionadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.»
«4. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la 
Administración Pública o al medio ambiente, carentes de previsión específica en la 
legislación sectorial, la resolución del procedimiento declarará:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la 
situación alterada por la infracción.
A este respecto, cuando la comisión de una infracción de las previstas en esta 
norma produjera un daño medioambiental, se procederá de conformidad con lo 
establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
o la normativa que, en su caso, se dicte a tal fin. O bien,
b) La indemnización por los daños y perjuicio causados, cuando su cuantía 
haya quedado determinada durante el procedimiento.»
Treinta. La disposición adicional tercera queda modificada como sigue:
«Disposición adicional tercera.  Obligaciones de información.
1. De conformidad con el artículo 12.2 de la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente, el Ministerio que ostente las competencias en materia de 
medio ambiente remitirá a la Comisión Europea, cada seis años contados a partir 
del 16 de mayo de 2017, información sobre:
a) El número de proyectos que se hayan sometido a una evaluación de impacto 
ambiental y su desglose por categorías de proyectos previstas en los anexos I y II.
b) El número de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental 
simplificada.
c) La duración media del proceso de evaluación de impacto ambiental.
d) Las estimaciones generales sobre el coste medio directo de las evaluaciones de 
impacto ambiental, incluido el impacto derivado de la aplicación de esta ley a las PYME.
A estos efectos, y con el fin de disponer de información actualizada, las comunidades 
autónomas remitirán al Ministerio que ostente las competencias en materia de medio 
ambiente, la información referida en relación con los proyectos sometidos a evaluación de 
impacto ambiental en su ámbito de competencias antes del 31 de diciembre de cada año .
cve: BOE-A-2018-16674
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2. Asimismo las Administraciones Públicas proporcionarán al Ministerio que 
ostente las competencias en materia de medio ambiente cualquier otra información 
que resulte necesaria para el cumplimiento de otras obligaciones de información 
derivadas del derecho internacional y comunitario.»
Treinta y uno. La disposición adicional séptima queda modificada como sigue:
«Disposición adicional séptima.  Evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación 
directa con la gestión de un espacio Red Natura 2000 o sin ser necesario para la 
misma, puedan afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se 
someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Para acreditar que un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión 
de un espacio Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, el promotor podrá señalar 
el correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste dicha circunstancia, o 
bien solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho espacio.
Así mismo, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de 
causar efectos adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor 
podrá señalar el correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste 
expresamente, como actividad permitida, el objeto de dicho plan, programa o proyecto, 
o bien solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho espacio.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no será necesario 
someter el plan, programa o proyecto a evaluación ambiental.
2. En el supuesto de planes, programas y proyectos competencia de la 
Administración General del Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación 
ambiental sobre los espacios Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, el Ministerio competente en materia de medio ambiente fijará y 
supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia 
global de la Red Natura 2000. Para su definición, se solicitará preceptivamente 
informe al órgano competente de las comunidades autónomas afectadas, que 
dispondrán de un plazo de treinta días hábiles para su evacuación, transcurrido el 
cual sin que se hubiera recibido el informe, se podrán proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las 
medidas compensatorias Red Natura 2000 que se hayan adoptado se llevará a 
cabo por el Ministerio competente en materia de medio ambiente a través del 
procedimiento establecido reglamentariamente.»
Treinta y dos. La disposición adicional novena queda modificada como sigue:
«Disposición adicional novena.  Certificaciones sobre evaluaciones ambientales.
A los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, 
el órgano ambiental de la Administración General del Estado será la autoridad 
competente para la emisión de la certificación de no afección a la Red Natura 2000 
de los proyectos cuya autorización corresponda a la Administración General del 
Estado y en cuya evaluación de impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se 
haya determinado que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000.
A los mismos efectos, el órgano ambiental de la Administración General del 
Estado solamente emitirá certificaciones sobre la inclusión de un proyecto en el 
ámbito de aplicación de la ley cuando se trate de proyectos que se hayan sometido 
a evaluación de impacto ambiental y cuenten con un pronunciamiento ambiental.»
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Treinta y tres. La disposición adicional decimocuarta queda modificada como sigue:
«Disposición adicional decimocuarta.  Registros para la identificación de las personas 
interesadas.
1. Con el fin de identificar a las personas interesadas que deban ser 
consultadas según lo dispuesto en esta ley, las Administraciones Públicas podrán 
crear registros para la inscripción de las personas físicas o jurídicas que acrediten 
la condición de persona interesada.
2. En virtud de los principios de información mutua, cooperación y colaboración, 
las Administraciones Públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un 
efectivo intercambio de información sobre las personas interesadas que se hayan 
identificado, en particular, a través de la interconexión de los registros que se creen.»
Treinta y cuatro. Se añade una disposición adicional decimosexta.
«Disposición adicional decimosexta.  Evaluaciones en ejecución de sentencia firme.
1. Cuando, como consecuencia de sentencia firme, deba efectuarse la evaluación 
de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de un proyecto parcial o 
totalmente realizado, dicha evaluación se llevará a cabo a través de los procedimientos 
previstos en el título II, con las especificidades previstas en esta disposición.
2. La evaluación se fundamentará en los principios mencionados en el artículo 2, 
sustituyendo cuando proceda, el de acción preventiva y cautelar por el de compensación 
y reversión de impactos causados, y se efectuará mediante los análisis prospectivos o 
retrospectivos que procedan, teniendo en cuenta la realidad física existente.
3. El documento ambiental y el estudio de impacto ambiental tendrán el 
contenido establecido en la ley, y adicionalmente deberán:
a) Diferenciar, en la descripción general del proyecto, la parte del mismo ya 
realizada y la no realizada. Además, en el análisis de las diversas alternativas se 
examinará, en todo caso, la reposición a su estado originario de la situación alterada.
b) Diferenciar, en la caracterización y valoración de los efectos del proyecto sobre 
los factores que integran el medio ambiente, los correspondientes a la parte realizada, 
mediante un análisis retrospectivo, y los de la parte aún no realizada, mediante un 
análisis prospectivo equivalente al de una evaluación de impacto ambiental.
c) Incluir medidas de protección del medio ambiente, que permitan corregir, 
compensar o revertir impactos causados por los elementos del proyecto ya 
realizados, incluida la eliminación de elementos del proyecto causantes de impactos 
severos y críticos; y prevenir, corregir y compensar los impactos previstos para los 
elementos del proyecto aún no realizados.
d) Diferenciar, en el programa de vigilancia ambiental, las medidas 
correspondientes a los elementos del proyecto realizados de los no realizados.
4. El análisis técnico del expediente se efectuará teniendo en cuenta lo 
siguiente:
a) Respecto de la parte no realizada del proyecto se efectuará una evaluación 
prospectiva de acuerdo con los principios de la evaluación de impacto ambiental, 
para prevenir, mitigar o compensar los impactos adversos significativos previstos.
b) Respecto de la parte ya realizada del proyecto, se valorará especialmente 
la idoneidad de las medidas previstas para:
1.º Compensar los impactos significativos que han sido causados hasta el 
momento sobre los elementos del medio ambiente que han recibido dichos impactos.
2.º Corregir a futuro cuando ello sea posible, y compensar cuando lo anterior 
resulte imposible o, cuando aun siendo posible, se prevea un impacto residual, los 
impactos significativos causados por elementos ya ejecutados del proyecto que no 
resulten críticos.
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3.º Sustituir los elementos del proyecto que causan impactos severos o críticos 
por nuevos elementos alternativos que no los causen, determinando en estos casos 
la reposición a su estado originario de la situación alterada.
5. La declaración de impacto o el informe de impacto ambiental incluirán los 
contenidos previstos en la ley, y concluirán diferenciando los impactos asociados a 
la parte del proyecto realizada y no realizada. En su caso, definirá las medidas 
correctoras, compensatorias o de reversión de los impactos asociados a la parte del 
proyecto realizada, junto con su correspondiente programa de vigilancia ambiental.»
Treinta y cinco. Se añade una disposición adicional decimoséptima.
«Disposición adicional decimoséptima.  Instalaciones militares.
Cualquier actuación administrativa medioambiental o de otra índole de las 
comunidades autónomas o de las entidades locales que dimane de la presente ley 
que incida sobre zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional y terrenos, 
edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la 
Defensa Nacional, necesitará el informe preceptivo del Ministerio de Defensa, que 
tendrá carácter vinculante en lo que afecte a la Defensa Nacional.»
Treinta y seis. Se añade una disposición adicional decimoctava:
«Disposición adicional decimoctava.  Instalaciones nucleares y radioactivas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el caso de proyectos que deban ser 
autorizados según el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 
aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, el Consejo de 
Seguridad Nuclear será el órgano encargado de realizar la evaluación del impacto 
radiológico ambiental y del programa de vigilancia radiológica ambiental, así como 
la supervisión de este último, aplicando la normativa vigente sobre seguridad 
nuclear y protección radiológica.
En la evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos que deban ser 
autorizados por la Administración General del Estado y que además estén sujetos al 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, el órgano sustantivo realizará la información 
pública a la que se refiere el artículo 36 incluyendo un resumen de las características 
fundamentales del proyecto, la declaración de impacto ambiental se formulará una 
vez que el Consejo de Seguridad Nuclear informe sobre los datos aportados por el 
promotor, de acuerdo con el Anexo VI, debiendo arbitrarse para ello la oportuna 
coordinación entre el Ministerio competente en materia de medio ambiente y el 
Consejo de Seguridad Nuclear dentro del respeto a sus respectivas competencias.
En la evaluación de impacto ambiental simplificada de proyectos que deban ser 
autorizados por la Administración General del Estado y que además estén sujetos al 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, el informe para valorar el impacto radiológico 
en operación normal y en caso de accidente, se realizará de acuerdo con la 
reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones y con la que adicionalmente 
establezca, previa consulta al Consejo de Estado, en los supuestos previstos en la 
normativa aplicable, el Consejo de Seguridad Nuclear siempre que la misma 
abarque la regulación de los procedimientos para asegurar la evaluación ambiental 
integral de todos los factores mencionados en el artículo 5.1 a).
La declaración de impacto ambiental y el informe ambiental se formularán de 
acuerdo con la evaluación de impacto radiológico ambiental que corresponde 
realizar al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con su normativa específica.»
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Treinta y siete. La disposición final octava queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final octava.  Títulos competenciales.
1. Esta ley, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación 
básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
2. No tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la 
Administración General del Estado y a sus organismos públicos:
a) Los siguientes preceptos: el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto; el 
artículo 8, apartados 3 y 4; el artículo 11, apartado 1; el artículo 18, apartado 4, los 
dos últimos párrafos; el artículo 19, apartado primero, segundo párrafo, última 
oración; el artículo 23, párrafo segundo; el artículo 27, apartado 2 y el apartado 3, 
última oración; el artículo 28, apartado 4, segundo párrafo, última oración; el 
artículo 29, apartado 4, los dos últimos párrafos; el artículo 30, apartado 2, primer 
párrafo, última oración; el artículo 34, apartado 4, párrafo segundo, última oración; 
el artículo 39 apartado 4, los dos últimos párrafos; el artículo 43, apartado 2 y el 
apartado 3, última oración; el artículo 44, apartado 5, párrafo segundo, última 
oración; el artículo 45, apartado 4, los dos últimos párrafos; el artículo 46, apartado 2, 
segundo párrafo, última oración; el título III, capítulo III; la disposición adicional 
sexta, párrafo primero; la disposición adicional séptima, los apartados 2 y 3 y la 
disposición adicional novena.
b) Los plazos establecidos en los artículos 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la 
disposición adicional décima.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se dictan al amparo 
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que regula las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de 
las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas: 
el artículo 9, apartado 3; el artículo 12, apartados 2, 3 y apartado 4, primera oración; el 
artículo 19, apartado 1, tercer párrafo; el artículo 21, apartado 4, tercer párrafo; el 
artículo 22, apartado 1, tercer párrafo; el artículo 24, apartado 4, última oración; el 
artículo 24, apartado 5, segundo párrafo; el artículo 27, apartado 4, segunda oración; el 
artículo 28, apartado 4, primer párrafo, última oración y el tercer párrafo; el artículo 30, 
apartado 2, segundo párrafo; el artículo 34, apartado 4, tercer párrafo; el artículo 36, 
apartado 3; el artículo 37, apartado 3, segundo párrafo; el artículo 40, apartado 2, 
párrafos tercero y cuarto, apartado 3, segundo párrafo, apartado 4 y apartado 5, 
segundo párrafo; el artículo 43 apartado 3, segunda oración; el artículo 44, 
apartado  5, tercer párrafo y el artículo 46, apartado 3, primer párrafo.
4. La disposición adicional octava se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre la legislación mercantil y al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuyen al 
Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación básica en materia de 
protección del medio ambiente.
El segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional octava se ampara 
en la competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución otorga al Estado en 
materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos.
5. La disposición adicional decimoquinta, las disposiciones finales segunda, 
tercera, cuarta y quinta, y la disposición transitoria segunda se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 
Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento 
afecta a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
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6. La disposición adicional decimosexta se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la legislación procesal y al amparo del artículo 149.1.23.ª, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación básica en 
materia de protección del medio ambiente.»
Treinta y ocho. El apartado 2 de la Disposición final novena queda redactado en los 
siguientes términos:
«2. Asimismo, se autoriza al Gobierno para modificar los anexos con el fin de 
adaptarlos a la normativa vigente, a la evolución científica y técnica, y a lo que 
dispongan las normas internacionales y el Derecho de la Unión Europea.»
Treinta y nueve. Se elimina la disposición final undécima.
Cuarenta. El anexo III se sustituye por el siguiente:
«ANEXO III
Criterios mencionados en el artículo 47.2 para determinar si un proyecto del 
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos 
deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.
c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua 
y la biodiversidad.
d) La generación de residuos.
e) La contaminación y otras perturbaciones.
f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto 
en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con 
los conocimientos científicos.
g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo debido a la contaminación 
del agua, del aire, o la contaminación electromagnética).
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas 
geográficas, que puedan verse afectadas por los proyectos, deberá considerarse 
teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
a) El uso presente y aprobado del suelo.
b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad 
regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, 
la tierra, el agua y la biodiversidad).
c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las 
áreas siguientes:
1.º Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos.
2.º Zonas costeras y medio marino.
3.º Áreas de montaña y de bosque.
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad 
medioambiental establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el 
proyecto, o en las que se considere que se ha producido un incumplimiento de 
dichas normas de calidad medioambientales.
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7.º Áreas de gran densidad demográfica.
8.º Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
10.º Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la 
planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de 
los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios 
establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre 
los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e), teniendo en cuenta:
a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica 
y tamaño de la población que pueda verse afectada).
b) La naturaleza del impacto.
c) El carácter transfronterizo del impacto.
d) La intensidad y complejidad del impacto.
e) La probabilidad del impacto.
f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes 
y/o aprobados.
h) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.»
Cuarenta y uno. El anexo VI se sustituye por el siguiente:
«ANEXO VI
Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones 
relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los 
anexos I y II
Parte A: Estudio de impacto ambiental:
El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo 35, deberá incluir la 
información detallada en los epígrafes que se desarrollan a continuación:
1. Objeto y descripción del proyecto.
a) Una descripción de la ubicación del proyecto.
b) Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto, 
incluidas, cuando proceda, los requisitos de las obras de demolición que se 
impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de 
construcción y de explotación.
c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros 
recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la 
ejecución del proyecto, y descripción de las principales características de la fase de 
explotación del proyecto (en particular cualquier proceso de producción), con 
indicaciones, por ejemplo, sobre la demanda de energía y la energía utilizada, la 
naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados (incluidos el 
agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad).
d) Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los 
residuos producidos durante las fases de construcción, explotación y, en su caso, 
demolición, así como la previsión de los vertidos y emisiones que se puedan dar 
(por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o 
cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la peligrosidad sísmica 
natural, o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo 
temporal, durante la realización de la obra, o permanentes, cuando ya esté realizada 
y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, calor, 
radiación, emisiones de partículas, etc.
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En el caso de proyectos que estén sujetos al Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, 
el promotor deberá incluir en el estudio de impacto ambiental, una previsión de los 
tipos, cantidades y composición de los residuos que se producirán durante las fases 
de construcción, explotación y desmantelamiento, y de los vertidos y emisiones 
radiactivas que se puedan dar en operación normal, incidentes operacionales y 
accidentes; así como la declaración del cumplimiento del criterio ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable) de acuerdo con las normas básicas de protección 
radiológica para estas situaciones.
e) Las tecnologías y las sustancias utilizadas.
2. Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.b) que sean 
técnicamente viables, y justificación de la solución adoptada.
a) Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas 
alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y sean relevantes para el 
proyecto, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente 
viables para el proyecto propuesto y sus características específicas; y una 
justificación de la solución propuesta, incluida una comparación de los efectos 
medioambientales, que tendrá en cuenta diversos criterios, como el económico y el 
funcional, y entre los que se incluirá una comparación de los efectos 
medioambientales. La selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por 
un análisis global multicriterio, donde se tenga en cuenta, no sólo aspectos 
económicos, sino también los de carácter social y ambiental.
b) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la 
utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.
c) Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción 
de los aspectos pertinentes de la situación actual del medio ambiente (hipótesis de 
referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización 
del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respecto a la hipótesis 
de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la 
disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.
3. Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones 
ecológicas o ambientales claves.
a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la 
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 
preexistentes.
b) Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de 
todos los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse 
afectados por el proyecto: la población, la salud humana, la biodiversidad (por 
ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por ejemplo, ocupación del terreno), la 
geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el subsuelo, el agua (por ejemplo, modificaciones hidromorfológicas, 
cantidad y calidad), el medio marino, el aire, el clima (por ejemplo, emisiones de 
gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptación), el cambio 
climático, los bienes materiales, el patrimonio cultural, así como los aspectos 
arquitectónicos y arqueológicos, el paisaje en los términos del Convenio Europeo 
del Paisaje, y la interacción entre todos los factores mencionados.
En su caso, para las masas de agua afectadas se establecerá: su naturaleza, 
caracterización del estado, presiones, impactos y objetivos ambientales asignados 
por la planificación hidrológica.
c) Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación.
d) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el 
proyecto, para cada uno de los aspectos ambientales definidos.
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e) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación 
derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
f) Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta, en la 
medida en que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del 
proyecto sobre el medio ambiente.
4. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, 
como en sus alternativas.
a) Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos 
significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos 
ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su 
caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 
ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.
b) Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del 
estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas del proyecto y las 
características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso 
concreto. Entre las acciones a estudiar figurarán las siguientes:
1.º La construcción y existencia del proyecto, incluidas, cuando proceda, las 
obras de demolición.
2.º El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad (recursos naturales), teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
la disponibilidad sostenible de tales recursos.
3.º La emisión de contaminantes, ruido, vibración, luz, calor y radiación, la 
creación de molestias y la eliminación y recuperación de residuos.
4.º Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio 
ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes o catástrofes).
5.º La acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes 
y/o aprobados, teniendo en cuenta los problemas medioambientales existentes 
relacionados con zonas de importancia medioambiental especial, que podrían verse 
afectadas o el uso de los recursos naturales.
6.º El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la vulnerabilidad del proyecto 
con respecto al cambio climático).
La descripción de los posibles efectos significativos con respecto a los factores 
mencionados en el artículo 35.1, debe abarcar los efectos directos y los efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto. Esta descripción, 
debe tener en cuenta los objetivos de protección medioambiental establecidos a 
nivel de la Unión o de los Estados miembros, y significativos para el proyecto.
En su caso, se deberán estudiar las repercusiones del proyecto sobre los 
diferentes elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de 
agua afectadas.
La descripción de los métodos de previsión o de los datos utilizados para definir 
y evaluar los efectos significativos en el medio ambiente, incluidos detalles sobre 
dificultades (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos) a las que 
se ha tenido que hacer frente al recopilar la información, y las principales 
incertidumbres que conllevan.
c) La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o 
proyecto sobre el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, 
mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los hábitats y de las 
especies afectadas, como consecuencia del desarrollo del plan o programa, o por la 
ejecución del proyecto. Se medirán en particular las variaciones previstas en:
1.º Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada, directa o 
indirectamente, a través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en 
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concreto, flujos de agua, residuos, energía o atmosféricos, suelo, ribera del mar y de 
las rías. Para ello se utilizarán unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas.
2.º La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En 
caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala 
que represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad experimentadas 
por los hábitats y especies afectados.
3.º La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto 
ocasionará sobre el hábitat y especies.
4.º La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su 
zona de presencia.
5.º La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies, o 
como descripción de su abundancia relativa.
6.º La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y 
superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
7.º La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los 
siguientes parámetros del hábitat y especie afectado: el estado de conservación, el 
estado ecológico cuantitativo, la integridad física, y la estructura y función.
d) Valoración. Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, 
severos y críticos que se prevean, como consecuencia de la ejecución del proyecto. 
Se jerarquizarán los impactos ambientales, identificados y valorados, para conocer 
su importancia relativa.
5. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar, los efectos adversos significativos de las distintas alternativas del 
proyecto sobre el medio ambiente, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, 
como en cuanto a la explotación, desmantelamiento o demolición. En particular, se 
definirán las medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o 
potencial de las masas de agua afectadas.
Las medidas compensatorias consistirán, siempre que sea posible, en acciones 
de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción 
emprendida.
El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle 
que el resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio 
de impacto ambiental.
6. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir 
y, en su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en 
la fase de ejecución como en la de explotación, desmantelamiento o demolición. 
Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, 
durante la fase de explotación del proyecto. El presupuesto del proyecto incluirá la 
vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de explotación, en 
apartado específico, el cual se incorporará al estudio de impacto ambiental.
Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los 
siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
1.º Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo 
proyectado en el proyecto de construcción.
2.º Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
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3.º Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
4.º Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia 
ambiental de los efectos adversos previstos:
1.º Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
2.º Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la 
implantación de la actividad.
3.º Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos 
inesperados o el mal funcionamiento de las medidas correctoras previstas.
7. Vulnerabilidad del proyecto. 
Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio 
ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de 
accidentes graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto en cuestión. 
Para este objetivo, podrá utilizarse la información relevante disponible y obtenida a 
través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, 
como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como la 
normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. En su 
caso, la descripción debe incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar el 
efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, y detalles 
sobre la preparación y respuesta propuesta a tales emergencias.
8. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000.
El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 
2000 incluirá, de manera diferenciada para cada una de las alternativas del proyecto 
consideradas, lo siguiente:
a) Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de 
los hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, 
junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más probablemente 
afectados por el proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y 
cartográfica descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto espacio.
b) Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto 
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha 
designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación especificados en 
el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la conectividad con otros 
espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular importancia al espacio 
en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos 
impactos se apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies 
objeto de conservación en el lugar.
c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y 
medidas compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con 
ello un deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de conservación 
en el conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados por el proyecto.
d) Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados.
9. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes.
El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas, y se redactará 
en términos asequibles a la comprensión general.
10. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los 
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto.
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Parte B. Conceptos técnicos:
a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental.
b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata 
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector 
ambiental con otro.
c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del 
agente causante del daño.
d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor 
que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en 
el tiempo la aparición de otros nuevos.
e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo 
de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas 
de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
f) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, 
con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, 
antes de cinco años, o en un periodo superior.
h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras.
l) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales 
cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden 
ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de 
prevención y corrección.
m) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro 
que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración, etc.) sea superado en un 
determinado período de tiempo.
n) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de división de un proyecto 
con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en el caso de que 
la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo I.
Parte C. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades 
comprendidas en los anexos I y II:
a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que 
produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las 
instalaciones de gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de 
carbón de esquistos bituminosos al día.
b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 
de, al menos, 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares 
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(con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y 
transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no 
pase de 1 KW de duración permanente térmica).
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como 
tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear, y de los otros 
elementos radiactivamente contaminados, haya sido retirada de modo definitivo del 
lugar de la instalación.
c) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o 
a eliminar definitivamente residuos radiactivos: A los efectos de la presente ley, se 
entenderá por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que 
sea su duración temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha 
actividad, y que se halle fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que 
produce dichos residuos.
d) Instalaciones químicas integradas: A los efectos de la presente ley, se 
entenderá por instalaciones químicas integradas aquellas instalaciones para la 
fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, en 
las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente 
entre sí, y que se utilizan para la producción de productos químicos orgánicos 
básicos, de productos químicos inorgánicos básicos, de fertilizantes a base de 
fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos), de productos 
fitosanitarios básicos y de biocidas, de productos farmacéuticos básicos mediante 
un proceso químico o biológico y de explosivos.
Cuando la instalación química integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, 
quedará sujeta a la presente ley, sea cual fuere el producto químico objeto de su 
fabricación.
Cuando la instalación química integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a 
la presente ley si las sustancias o mezclas químicas de su proceso de fabricación 
se clasifican como peligrosas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º  1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). En la evaluación de impacto 
se deberá tener en cuenta lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos.
e) Construcción de autopistas, autovías, carreteras multicarril, carreteras 
convencionales y variantes de población. A los efectos de esta ley, se aplicarán los 
artículos 2 y 4 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
f) Aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o 
igual a 2.100 metros: A los efectos de esta ley, se entenderá por aeropuerto la 
definición contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y en 
el Convenio de Chicago de 1944, relativo a la creación de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (anexo 14). En este sentido, se entiende por aeropuerto 
el área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 
y equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 
superficie de aeronaves.
g) Puertos comerciales: Vías navegables y puertos de navegación interior que 
permitan el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas y puertos deportivos.
En relación a las vías navegables y puertos de navegación interior, que permitan 
el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas, se entenderá que permitan el 
acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas de arqueo.
h) Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos por incineración, 
tratamiento químico o almacenamiento en tierra. A los efectos de la presente ley, se 
entenderá tratamiento químico, referido a tratamiento físico-químico, y por 
almacenamiento en tierra, se entenderá depósito de seguridad en tierra.
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Se considerarán incluidas las operaciones de eliminación D3, D5, D8, D9, D10, 
D12 del anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
i) Terrenos incultos y áreas seminaturales: A los efectos de la presente ley, se 
entienden incluidos en esta denominación los terrenos que nunca han sido 
cultivados, o aquellos que habiéndolo sido, han sufrido un abandono de dicha 
actividad, y que cumplan las condiciones y plazos que determine la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, y que ha permitido que hayan sido poblados por 
vegetación forestal leñosa.
j) Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros yacimientos minerales: A los 
efectos de la presente ley, se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas 
o actividades de aprovechamiento o explotación de los yacimientos minerales, y demás 
recursos geológicos, que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera y 
no se realicen mediante labores subterráneas. Se considera necesaria la aplicación de 
técnica minera en los casos en que se deban utilizar explosivos, formar cortas, tajos o 
bancos de 3 metros o más altura, o el empleo de cualquier clase de maquinaria.
k) Cambio de uso del suelo: A los efectos de la presente ley, se entenderá por 
cambio de uso del suelo, la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí 
(agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización 
racional de los recursos naturales), cuando suponga una alteración sustancial de la 
cubierta vegetal, o la transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizable.
l) Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la presente ley, se 
entenderá por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos 
infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las 
conducciones, y que tienen como fin completar las necesidades de agua de los 
cultivos existentes. Se consideran acciones de mejora de regadíos las que afectan 
a la superficie regada suficientemente dotada, o muy dotada, de agua, sobre las que 
se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras tendentes al ahorro de 
agua, o mejoras socioeconómicas de las explotaciones.
m) Valor medio trimestral: Se entenderá por valor medio trimestral, teniendo en 
cuenta los días de producción efectiva, el período de 90 días consecutivos de 
máxima producción.
n) Valor medio anual: Se entenderá por valor medio anual la media de los 
valores medios diarios, a lo largo de un año natural.
ñ) Instalación hotelera: A los efectos de esta ley, se considerarán como 
instalaciones hoteleras aquellos alojamientos turísticos habilitados para el público.
o) Transmisión de energía eléctrica: incluye la actividad (transporte), las 
instalaciones (red interconectada de alta y media tensión) y el fin (suministro a 
clientes finales o distribuidores). En este concepto se incluyen las subestaciones.»
Disposición adicional única.  Incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria única.  Procedimientos en curso.
1. Las modificaciones operadas en esta ley se aplican a todos los planes, programas 
y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se 
inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley.
2. Aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental se haya iniciado con 
posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la presente ley, se 
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de 
impacto ambiental, con el fin de determinar el cumplimiento de las previsiones de la 
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por 
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
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3. Lo dispuesto en el apartado treinta y cuarto del artículo único por el que se añade 
una disposición adicional decimosexta será también de aplicación a los proyectos cuyo 
procedimiento de evaluación ambiental se haya iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta ley.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
1. Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección.
2. No tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la Administración 
General del Estado y a sus organismos públicos, los siguientes preceptos del artículo único:
a) En el apartado dos, el párrafo cuarto del artículo 3.1; en el apartado cuarto, los 
apartados 3 y 4 del artículo 8; en el apartado seis, el apartado 1 del artículo 11; en el 
apartado dieciocho, los dos últimos párrafos del artículo 39.4; en el apartado veintitrés, los 
dos últimos párrafos del artículo 45.4; el apartado veintisiete; en el apartado treinta y uno, 
los apartados 2 y 3 de la disposición adicional séptima; y el apartado treinta y dos.
b) Los plazos establecidos en los apartados once, doce, trece, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticuatro y veinticinco.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución , que regula las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas dentro 
del artículo único: en el apartado cinco, artículo 9.3; en el apartado diez, el tercer párrafo del 
artículo 22.1; en el apartado once, la última oración del primer párrafo del artículo 28.4; en el 
apartado quince, el artículo 36.3; en el apartado dieciséis, el segundo párrafo del artículo 37.3; 
en el apartado diecinueve, el párrafo tercero y cuarto del artículo 40.2, el segundo párrafo del 
artículo 40.3, el segundo párrafo del artículo 40.4 y segundo párrafo del artículo 40.5.
4. El apartado treinta y cuatro, por el que se añade la disposición adicional 
decimosexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación procesal y al amparo 
del artículo 149.1.23.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la 
legislación básica en materia de protección del medio ambiente.
Disposición final segunda.  Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, 
de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
La disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional sexta.  Caminos Naturales.
1. Se define Camino Natural como el itinerario destinado a un uso público no 
motorizado, principalmente peatonal y ciclístico, que reúne los siguientes requisitos:
a) Construido aprovechando itinerarios públicos preexistentes,
b) Destinado fundamentalmente a la realización de actividades deportivas, 
culturales y recreativas, como el senderismo y el cicloturismo.
c) Localizado preferentemente en el medio rural atravesando a lo largo de su 
trazado lugares con importantes cualidades naturales, culturales o paisajísticas sirviendo 
como instrumento para la puesta en valor de las referidas cualidades del territorio.
d) Que contribuye al desarrollo rural al favorecer la diversificación económica 
mediante actividades ligadas al uso turístico-recreativo.
e) Identificado con una marca registrada, con identidad gráfica y señalización 
propia normalizada en cuanto a dimensiones, materiales, criterios de diseño, 
tipografía, colores, etc.
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2. La Red Nacional de Caminos Naturales estará integrada por los Caminos 
Naturales que cumplan con los requisitos que se definan reglamentariamente. Sus 
objetivos son:
a) Fomentar sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con 
baja emisión de carbono, promoviendo la movilidad periurbana e interurbana 
sostenible y por lo tanto, la calidad de vida y salud de la población.
b) Desarrollar el turismo rural activo, de naturaleza, fomentando el turismo de 
interior, contribuyendo a variar la estacionalidad de la oferta turística.
c) Favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona de actuación, mediante 
la potenciación y diversificación de los recursos económicos, el fomento del empleo 
y el asentamiento de la población en el medio rural.
d) Definir la estrategia de mantenimiento y conservación de los Caminos 
Naturales que la integren.
e) Evaluar la demanda de los itinerarios para mejorar los trazados ya 
ejecutados.
f) Poner en valor y difundir los caminos naturales que integren la Red Nacional 
de Caminos Naturales.
3. Los Caminos Naturales incluidos en la Red Nacional de Caminos Naturales 
pueden ser:
a) Itinerarios de carácter básico: trazados de largo recorrido, que forman parte 
de alguno de los ejes vertebradores interterritoriales y/o transfronterizos que se 
definan en el Plan Director de la Red Nacional de Caminos Naturales.
b) Itinerarios de carácter secundario: trazados que, sin pertenecer a los de 
carácter básico, pueden darles continuidad, permitir la conexión entre caminos ya 
construidos o posibilitar el acceso a lugares de interés ambiental o cultural.
4. En materia de caminos naturales competen a la Administración General del 
Estado a través del Ministerio competente en materia de medio ambiente, sin 
perjuicio de las competencias que en cada caso puedan corresponder al resto de 
Administraciones Públicas, las siguientes funciones:
a) Ejercer la supervisión y fomentar la coordinación de la Red Nacional de 
Caminos Naturales.
b) Ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los Caminos Naturales 
realizados sobre trazados cuya titularidad corresponde a la Administración General del 
Estado, previo acuerdo con las restantes Administraciones competentes en la materia.
c) Asumir en su caso, previo acuerdo con las Administraciones competentes, 
la ejecución de las obras de los nuevos Caminos Naturales a incorporar a la Red.
d) Incluir a propuesta de las Administraciones competentes, itinerarios ya 
construidos por las mismas en la Red Nacional de Caminos Naturales.
e) Gestionar las marcas registradas «Caminos Naturales» e «Itinerarios No 
Motorizados».
f) Determinar, en su caso, el trazado y diseño de los Caminos Naturales a 
incluir en la Red en colaboración con las Administraciones competentes.
g) Favorecer acuerdos para el desarrollo rural de las zonas donde se localizan 
los Caminos Naturales.
h) Representar a España en redes internacionales equivalentes.
Los gastos derivados de las acciones mencionadas en las letras anteriores 
estarán limitados a la envolvente financiera que se le asigne al Ministerio competente 
en materia de medio ambiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 
cada ejercicio.
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5. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y procedimientos 
básicos para la actuación coordinada de todas las Administraciones en el diseño, 
planificación y ejecución de Caminos Naturales integrados en la Red Nacional.
6. Cualquier actuación administrativa en materia de caminos naturales que 
incida sobre zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional y terrenos, 
edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la 
Defensa Nacional, necesitará el informe preceptivo del Ministerio de Defensa, que 
tendrá carácter vinculante en lo que afecte a la Defensa Nacional.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 30.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 29 darán 
lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para 
instalaciones fijas:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 15.001 hasta dos millones de euros.
2.º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período 
máximo de dos años.
3.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de 
un año y máximo de dos.
4.º En los supuestos previstos en el artículo 29.2.5.º, multa de 100 euros por 
cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la 
autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez 
que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social 
de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1.º Multa desde 5.001 hasta 15.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un período máximo de un año.
c) En caso de infracción leve: multa de hasta 5.000 euros.
2. Las infracciones tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 29 bis 
darán lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para los 
operadores aéreos:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 15.001 hasta dos millones de euros.
2.º En los supuestos previstos en el artículo 29.2.3.º, multa de 100 euros por 
cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la 
autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez 
que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social 
de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave: multa desde 5.001 hasta 15.000 euros.
c) En caso de infracción leve: multa de hasta 5.000 euros.
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3. El pago de la multa referida en los apartados 1.a).4.º y 2.a).2.º no eximirá al 
titular de instalación u operador aéreo de entregar una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la de las emisiones en exceso, en el momento de entregar los derechos 
de emisión correspondientes al año natural siguiente al de comisión de la infracción.
La sanción por exceso de emisiones en relación con derechos de emisión 
expedidos a partir del 1 de enero de 2013 aumentará de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumo Europeo.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 35 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 35 bis.  Especialidades del procedimiento administrativo sancionador en 
las materias competencia de la Administración General del Estado.
1. En las materias atribuidas por esta ley a la Administración General del 
Estado, el órgano competente para la iniciación del procedimiento será la Oficina 
Española de Cambio Climático. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, 
se podrán realizar actuaciones previas, cuya competencia recaerá en la Oficina 
Española de Cambio Climático, la cual podrá recabar de órganos de distintas 
Administraciones la información pertinente.
2. La instrucción del procedimiento recaerá en un funcionario de la Oficina 
Española de Cambio Climático designado a tal efecto en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento. Asimismo, si la complejidad del procedimiento lo requiere, se podrá 
designar como secretario a un funcionario distinto, del mismo órgano.
3. La resolución del procedimiento recaerá en el Consejo de Ministros, previo 
informe de la Abogacía del Estado.
4. Se establece el plazo de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de 
iniciación, para dictar la resolución del procedimiento y notificar al interesado la 
resolución que le ponga término.
5. En lo no previsto por el presente artículo y en lo referente al régimen de 
recursos el procedimiento administrativo sancionador de aplicación de esta ley se 
regirá por las disposiciones previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en 
los principios de la potestad sancionadora recogidos en el capítulo III de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Tres. Se modifica el artículo 36, que queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 36.  Planes de seguimiento.
1. Los operadores aéreos deberán contar con un plan de seguimiento en el 
que se establezcan medidas para realizar el seguimiento y la notificación de sus 
datos de emisiones anuales y toneladas-kilómetro transportadas.
2. Al menos cuatro meses antes del comienzo del primer periodo de notificación, 
los operadores aéreos deberán presentar ante el Ministerio de Fomento planes de 
seguimiento en los que se establezcan las medidas para realizar el seguimiento y la 
notificación de sus datos de emisiones y toneladas-kilómetro transportadas.
El periodo de seguimiento en relación con los datos de toneladas-kilómetro se 
limitará al año natural que finalice 24 meses antes comienzo de cada periodo de 
comercio.
3. Corresponderá al Ministerio competente en materia de medio ambiente, 
previo informe del Ministerio de Fomento, aprobar, conforme a los criterios establecidos 
en la normativa comunitaria y en los desarrollos reglamentarios de esta ley que en su 
caso se adopten, los planes de seguimiento sobre los datos de emisiones y toneladas-
kilómetro transportadas presentados por los operadores aéreos antes del comienzo 
del periodo de notificación. El informe del Ministerio de Fomento deberá ser emitido 
en el plazo máximo de dos meses desde la presentación del plan. La Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente informará a la Comisión de Coordinación de Políticas de 
Cambio Climático de los planes de seguimiento aprobados.
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4. El operador aéreo deberá revisar el plan de seguimiento de las emisiones 
antes del comienzo de cada periodo de comercio y presentar un plan de seguimiento 
revisado si procede.
En todo caso, deberá realizarse una revisión de los planes de seguimiento de 
las emisiones aprobados de conformidad con la disposición adicional segunda de la 
Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención 
de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión 
de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas 
de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras, 
antes del comienzo del periodo de comercio que empieza el 1 de enero de 2013.
5. Los planes de seguimiento de emisiones quedarán extinguidos en los 
supuestos siguientes:
a) Apertura de la fase de liquidación en concurso de acreedores si la disolución 
de la persona jurídica no se hubiese acordado previamente, o desaparición del 
operador aéreo.
b) Pérdida definitiva de los certificados o licencias exigibles para operar.»
Disposición final cuarta.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 5 de diciembre de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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