NORMA FORAL 6/2005, DE 28 DE FEBRERO, GENERAL TRIBUTARIA DE ÁLAVA  
 
 
(B.O.T.H.A. nº 30 de 11 -3-05, Suplemento)  
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Han transcurrido ya veintitrés años desde que se aprobó la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Ál ava. A lo largo de dicho período la mencionada 
Norma Foral ha experimentado numerosas modificaciones, algunas de ellas de gran 
calado. A pesar de ello, la evolución experimentada en la sociedad y, por supuesto, en 
Álava, hacen aconsejable la  aprobación de una nueva Norma Foral General Tributaria 
que es, en definitiva, la Norma Foral en la que se apoya el resto de la normativa tributaria.  
 
Poco tiene que ver la situación de la tecnología actual con la existente hace veintitrés 
años y prueba de  ello es el cam bio experimentado en la gestión de los tributos y en la 
manera de relacionarse el obligado tributario con la Administración. La generalización del 
sistema de autoliquidación, la creciente importancia que se viene atribuyendo a los pagos 
a cu enta, o los ava nces experimentados en los últimos tiempos por la denominada 
sociedad de la información son sólo algunos ejemplos que ayudan a concluir que una 
nueva Norma Foral General Tributaria, más acorde con los tiempos actuales, resulta 
necesaria.  
 
Es este el moment o, por tanto, de aprobar una Norma Foral General Tributaria moderna, 
que ponga al día la normativa de acuerdo con la manera actual de gestionar los tributos, 
dotando al sistema de la agilidad necesaria para una gestión eficaz que, además, pe rmita 
avanzar e n la lucha contra el fraude teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los derechos y 
garantías de los ciudadanos y la simplificación de los procedimientos tributarios.  
 
El Concierto Económico atribuye a las Instituciones competentes de los Territ orios 
Histórico s la competencia para mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su 
régimen tributario y prevé que, a la hora de elaborar la normativa tributaria foral 
únicamente tiene que adecuarse a la Ley General Tributaria en cuanto a term inología y 
conc eptos.  
 
La nueva Norma Foral, además de ser más didáctica y estar mejor estructurada que la 
anterior, supone un gran avance en la sistematización del derecho tributario general. Pero 
además resulta de especial relevancia porque regula alguno s aspectos que carecían de 
regulación específica foral.  
 
El texto consta de cinco Títulos, que son los siguientes: Disposiciones generales de 
ordenamiento tributario; los tributos; la aplicación de los tributos; la potestad 
sancionadora; y revisión en vía  administrativa .  
 
El Título I, "Disposiciones generales del ordenamiento tributario", además de establecer 
los Principios Generales del sistema tributario alavés, determina su sistema de fuentes, 
los supuestos de reserva de Norma Foral o el sistema de int erpretación, ca lificación e 
interpretación de las normas tributarias. En este sentido cabe destacar la inclusión de la 
figura de la cláusula antielusión, que viene a sustituir a la regulación del fraude de ley, 
que había generado algunos problemas en su ap licación.  
 
El T ítulo II, "Los tributos", define los conceptos clásicos de la obligación tributaria 
(impuestos, tasas y contribuciones especiales, hecho imponible, exención, devengo, base 
imponible, tipo de gravamen, etc.), y distingue entre varias clases d e obligaciones 
tributarias, diferenciando la obligación tributaría principal y otras obligaciones que en el 
sistema tributario de hoy en día han cobrado especial relevancia, como son la obligación 
tributaria de realizar pagos a cuenta y las obligaciones en tre particulare s resultantes del 
tributo.  
 
En materia de intereses de demora cabe destacar que no se exigirán en el supuesto de 
que la Administración incumpla los plazos previstos en la propia Norma Foral para 
resolver. Por otra parte, se fomenta el cumplimiento de las o bligaciones tributarias en la 
regulación de los recargos por presentación extemporánea de autoliquidaciones sin 
requerimiento previo, y en los recargos del período ejecutivo.  
 
Por otra parte, el nuevo texto normativo prevé que cuando l a Administración teng a que 
abonar intereses a los ciudadanos, tanto por devoluciones derivadas de la normativa de 
cada tributo como por devolución de ingresos indebidos, el interés a abonar será el de 
demora, que es el que exige la Administración en el sup uesto de cumplimiento  tardío de 
obligaciones tributarias. Incluso se abonará el interés de demora junto con el reembolso 
de los costes de garantías.  
 
En el Título III, "La aplicación de los tributos", es donde mayores novedades se 
introducen en esta Norma Foral. En primer luga r, se regulan los procedimientos de 
vinculación administrativa previa, entre los que destaca el de las propuestas de 
tributación, que pretende una mayor seguridad jurídica para el obligado tributario en 
aquellos supuestos que sean de u na especial complejid ad o trascendencia.  
 
Es destacable, también, el Capítulo II, que recoge una serie de normas comunes que 
serán de aplicación a todos los procedimientos tributarios en general, salvo que en su 
regulación específica se establezca otra co sa. Asimismo resulta relevante, dentro de la 
lucha contra el fraude, el Plan que para esta finalidad elaborará anualmente la 
Administración tributaria.  
 
Por lo que se refiere a la gestión tributaria, se da cobertura a nuevos procedimientos, y se 
recogen, además, los últimos a vances entre los que destaca el de la propuesta de 
liquidación.  
 
Asimismo, es especialmente relevante el nuevo procedimiento de comprobación limitada, 
por medio del cual los órganos de gestión podrán llevar a cabo determinadas actuaci ones 
de comprobación,  para lo que podrán, incluso examinar la copia de la contabilidad 
mercantil del obligado tributario objeto de comprobación.  
 
Dentro de los procedimientos de inspección también se introducen cambios relevantes. 
Por lo que se refiere al plazo de duración del  procedimiento de comprobación e 
investigación, se establece, como regla general en doce meses. Por otra parte, se prevén 
otros procedimientos de inspección, además del de comprobación e investigación, que 
darán cobertura procedimental  a las actuaciones in spectoras.  
 
Por último, por lo que se refiere a la recaudación de los tributos, además de una mejor 
sistematización de sus disposiciones reguladoras, cabe destacar la flexibilización del 
orden de embargo y la regulación del procedimie nto frente a responsa bles y sucesores.  
 
El Título IV se refiere a la potestad sancionadora, y regula las sanciones de manera 
autónoma de la deuda tributaria, tanto en sus aspectos materiales como formales. Se 
determinan los supuestos que no darán lugar a responsabilidad por i nfracción tributaria y, 
entre ellos, se desarrollan los casos en los que se entenderá que el obligado tributario ha 
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
El sistema sancionador se simplifica sustancial mente, suprimiendo la  diferenciación entre 
categorías de sanciones y estableciendo únicamente cuatro criterios de graduación de las 
sanciones y una posibilidad de reducción del 40 por 100 de la sanción para los supuestos 
de conformidad del obligado tributa rio, tanto a la regul arización como a la sanción.  
 
Por lo que respecta al procedimiento sancionador se establece, como criterio general, el 
del procedimiento separado al de aplicación de los tributos. Sin embargo, en las actas de 
conformidad y en aquellos otros supuestos en lo s que el obligado tributario lo solicite, el 
procedimiento será conjunto, en beneficio de la economía procesal.  
 
Por último, la Norma Foral mantiene que en el caso de impugnación de la sanción, su 
ejecución quedará suspendida sin neces idad de aportar garan tías hasta que sea firme en 
vía administrativa.  
 
El Título V, relativo a la revisión en vía administrativa, también incluye importantes 
novedades. En primer lugar, se incluye una mejora sistemática de los procedimientos 
especiales de revisión y se incorpo ra a la normativa tributaria la figura de la revocación de 
los actos de la Administración, prevista para cuando concurran determinadas 
circunstancias excepcionales.  
 
Asimismo, esta Norma Foral introduce en la normativa foral la regulación del 
procedimiento  del recurso de reposición y de las reclamaciones económico -
administrativas. En ambos casos el plazo se eleva de quince días a un mes.  
 
 
TÍTULO I   
 
DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO  
 
 
CAPÍTULO I   
 
PRINCIPIOS GENERALES  
 
 
Artículo 1 .- (23) Objeto y ámbito de aplicación.  
1.  La presente Norma Foral establece los principios y las normas jurídicas generales del 
sistema tributario del Territorio Histórico de Álava y será de aplicación a la 
Administración tributaria foral.  
Asimismo será de aplicación a las Entidades Locales de Álava en los términos 
establecidos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales de  este Territorio 
Histórico.  
2.  Esta Norma Foral establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas 
generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación 
de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión 
Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros 
convenios inte rnacionales.  
A los efectos de esta Norma Foral, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de 
acciones de asistencia, colaboración, coop eración y otras de naturaleza análoga que 
la Administración tributaria preste, reciba o desarrolle con la Unión Europ ea y otras 
entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la 
normativa sobre asistencia mutua entre los Esta dos miembros de la Unión Europea o 
en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios 
internacionales.  La asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones 
ante obligados tributarios.  
 
Artículo 2 .- Principios de  la ordenación y apl icación del sistema tributario.  
1.  La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las 
personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, 
igualdad, progresividad, equita tiva distribución de la carga tributaria y no 
confiscatoriedad.  
 
2.  La aplicación del sistema tributario se basará e n los principios de proporcionalidad, 
eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones 
formales y aseg urará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.  
 
 
Artículo 3 .- Potestad tributaria.  
1.  La potestad originaria para mantener, establecer y regular el régimen tributario del 
Territorio Histórico de Álava corresponde a sus Juntas Generales, y se ejercerá en los 
términos previstos en el Concierto Económico.  
 
2.  Las Entidades Locales del Territ orio Histórico de Álava podrán establecer y exigir 
tributos con arreglo al ordenamiento jurídico.  
 
3.  Las demás Entidades de Derecho Público podrán exigir tributos, cuando una Norma 
Foral así lo determine.  
 
 
Artículo 4 .- Potestad reglamentaria.  
1.  La pot estad reglamentaria para el desarrollo de las normas tributarias corresponde a la 
Diputación Foral, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Entidades 
Locales en relación con las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales.  
 
2.  Cuando así lo disponga expresamente una Norma Foral o, en su caso, un Reglamento, 
el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá dictar disposiciones de 
desarrollo en materia tributaria.  
 
 
Artículo 5 .- La Administración tributaria.  
1.  (29) A los efectos de esta Norma Foral, la Administración tributaria estará integrada por 
los órganos que desarrollen las funciones reguladas en sus Títulos III, IV, V, VI y VII.  
 
2.  En el ámbito de competencias de la Diputación Foral, la aplicación de los tributos y el 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos, salvo que expresamente se hallen atribuidas a otro órgano o 
entidad de derecho público mediante Norma Foral.  
 
3. La Diputac ión Foral ejercerá sus competencias en materia de aplicación de los tributos 
y de imposición de sanciones en todo el territorio del Estado, en los términos 
establecidos en el Concierto Económico.  
 
(23) Igualmente, en relación con los o bligados tributarios sometidos a las 
competencias de aplicación de los tributos de la Diputación Foral en virtud de lo 
dispuesto en el Concierto Económico, corresponde a ésta el ejercicio de las 
competencias en materia de aplicación de los tributos derivad as o atribuidas por la 
normativa sobre asistencia mutua.  
4.  Las Entidades Locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los 
tributos y a la potestad sancionadora con el alcance y en los términos previsto s en la 
normativa que resulte apli cable según su sistema de fuentes.  
 
5.  La Diputación Foral colaborará con el resto de las Administraciones tributarias para la 
aplicación de los tributos en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 
 Asimis mo, podrán establecerse fórmulas d e colaboración para la aplicación de los 
tributos entre las Entidades Locales, así como entre éstas y la Diputación Foral.  
 
 
CAPÍTULO II  
 
NORMAS TRIBUTARIAS  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
FUENTES NORMATIVAS  
 
Artículo 6 .- Fuentes del ordenamiento tributario.  
1.  Los tribu tos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán:  
 
a)  Por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico.  
 
b)  Por las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua 
entre las instituciones de  los Territorios Históricos dicte el Parlamento Vasco.  
 
c)  Por la presente Norma Foral, por las Normas Forales reguladoras de cada tributo y 
por las demás Normas Forales que contengan disposiciones en materia t ributaria.  
 
d)  Por las disposiciones reglame ntarias dictadas en desarrollo de las anteriores y, 
específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas 
fiscales.  
 
2.  Serán de aplicación los Tratados o Convenios internacionales que contengan cláusulas 
de naturaleza tributa ria y, en particular, los Convenios para evitar la doble imposición, 
que formen parte del ordenamiento jurídico interno.  
 
3.  Serán de aplicación las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos 
internac ionales o supranacionales a los que se atribu ya el ejercicio de competencias en 
materia tributaria.  
 
4.  Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho Administrativo y 
los preceptos del derecho común.  
 
 
Artículo 7 .- Reserva de Norma F oral tributaria.  
Se regularán en todo caso po r Norma Foral:  
 
a)  La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la 
fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de 
la cuantía de la d euda tributaria, con excepción del importe de  los pagos a cuenta, así 
como el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario.  
 
b)  Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar 
pagos a cuenta.  
 
c)  La determinación de los obligados tributari os previstos en el apartado 2 del artículo 35 
de esta Norma Foral y de los responsables.  
 
d)  El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, 
bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.  
 
e)  El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses 
de demora.  
 
f)  El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción, así como de  las causas 
de interrupción del cómputo de dichos plazos.  
 
g)  El estableci miento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias.  
 
h)  La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento 
de la obligación tribu taria principal y la de pagos a cuenta.  
 
i)  Las consecuencias del incumpli miento de las obligaciones tributarias respecto de la 
eficacia de los actos o negocios jurídicos.  
 
j)  Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos.  
 
k)  (29) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la c oncesión con carácter 
general de moratorias y quitas . 
 
l)  La determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económico -
administrativa.  
 
m)  Los supuestos en que proce da el establecimiento de las intervenciones tributarias de 
carácter permane nte. 
 
 
Artículo 8 .- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal.  
1.  Por razones de urgencia y siempre que convenga establecer o adaptar normas 
tributarias, el Diputado General o la Diputación Foral, a propuesta del Diputado Foral de 
Hacienda, Finanzas y Presupue stos, podrá dictar disposiciones generales con rango de 
Norma Foral.  
 
2.  Las disposiciones de carácter general a que se refiere el apartado anterior se 
denominarán Decretos N ormativos de Urgencia Fiscal y serán sometidas a las Juntas 
Generales para su con validación o revocación de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.  
 
 
SECCI ÓN 2ª  
 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS  
 
Artículo 9 .- Ámbito temporal de las normas tributarias.  
1.  Las normas tributarias entrarán en vigor a los veinte días n aturales de su completa 
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, si en ellas no se 
dispone otra cosa, y se aplicarán por plazo indefinido, salvo  que se fije un plazo 
determinado.  
 
2.  Salvo que se disponga lo contrario, las norm as tributarias no tendrán efecto retroactivo 
y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en 
vigor y a los demás tributos cuyo per íodo impositivo se inicie desde ese momento.  
 
 No obstante, las normas que regulen e l régimen de infracciones y sanciones tributarias 
y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean 
firmes, cuando su aplicación resulte m ás favorable para el interesado.  
 
3. La anulación de disposiciones generales y la ap licación de las que, en su caso, se 
aprueben como consecuencia de dicha anulación, que afecten a hechos imponibles 
ya devengados, no conllevará efectos desfavorables para los obligados tributarios 
cuando resulten afectados principios constitucionales.  
 
 
Artículo 10 .- Criterios de sujeción a las normas tributarias.  
 
Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o territorialidad que, por  
Norma Foral, se establezcan en cada caso. En su defecto, los tributos de carácter personal 
se exigirán conforme al criterio de residencia y los demás tributos conforme al criterio de 
territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto grav ado. 
 
 
SECCIÓN 3ª  
 
INTERPRETACIÓN, CALIFICACIÓN E INTEGRACIÓN  
 
Artículo 11 .- Interpretación de las norm as tributarias.  
1.  Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 3 del Código Civil.  
 
2.  En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus 
normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.  
 
3.  (29) En el ámbito de las competencias de la Diputación Foral, la facultad de dictar 
disposiciones interpretativas o aclaratorias de la Normas Forales y demás disposiciones 
en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Diputado de Hacienda, 
Finanzas y  Presupuestos y al Director de Hacienda.  
 
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Diputado de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos serán de obligado cumplimiento para todos los órganos de la 
Administración tributaria y se publicarán e n el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava.  
 
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Director de Hacienda 
tendrán efectos para los órg anos y entidades de la Administración tributaria encargados 
de la aplicación de los t ributos y del ejercicio de la potestad sancionadora.  
Artículo 12 .- Calificación.  
Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, a cto o 
negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesad os le 
hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.  
 
 
Artículo 13 .- Prohibición de la analogía.  
No se admitirá la analogía para extende r más allá de sus términos estrictos el ámbito del 
hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.  
 
 
Artículo 14 .- Cláusula antielusión.  
1.  Será aplicable la cláusula antielusión regulada en el presente artículo cuando se evit e 
total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la ba se o la deuda 
tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las dos siguientes 
circunstancias:  
 
a)  Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente  artificiosos 
o impropios para la consecución del resultado obtenido.  
 
b)  Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos 
del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios 
usuales o  propios.  
 
2.  Para que la Administración tributaria pueda declarar la existencia del supuesto regulado 
en el apartado anterior se atenderá a lo previsto en el artículo 163 de esta Norma Foral.  
 
3.  (29) En las liquidaciones que se r ealicen como resultado de lo dispuesto en este artículo 
se exigirá el t ributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o 
negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán 
intereses de demora.  
Artículo 15.- Simulación.  
1.  En los actos o negocios en los que exista simulaci ón, el hecho imponible gravado será 
el efectivamente realizado por las partes.  
 
2.  La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el 
correspondiente act o de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos 
que los exclusivamente tributarios.  
 
3.  En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se 
exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción per tinente.  
 
 
TÍTULO II  
 
LOS TRIBUTOS  
 
 
CAPÍTULO I  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
CONCEPTO, FINES Y CLASES DE LOS TRIBUTOS  
 
Artículo 16 .- Concepto, fines y clases de los tributos.  
1.  Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones  pecuniarias exigidas 
por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de 
hecho al que la Norma Foral vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de 
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gasto s públicos.  
 
 Además, los trib utos podrán servir como instrumentos de política económica general, 
para procurar la estabilidad y el progreso sociales y la mejor distribución de la renta.  
 
2.  Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones 
espec iales e impuestos.  
 
a)  Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refi eran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios 
o no se presten o realicen por el sector priva do. 
 
 (15)  
 
b)  Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos.  
 
c)  Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 
económica del contribuy ente.  
 
 
SECCIÓN 2ª   
 
LA RELACIÓN JURÍDICO -TRIBUTARIA  
 
Artículo 17 .- La relación jurídico -tributaria.  
1.  Se entiende por relación jurídico -tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, 
derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.  
 
2.  De la relación jurídico -tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales 
para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones 
tributarias en caso de su incumplimiento.  
 
3.  Son obligaciones tributari as materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a 
cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias.  
 
4.  Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son 
impuesta s por la normativa tributaria a los obligados tributarios, deudores o no del 
tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o 
procedimientos tributarios.  
 
5.  Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por acto s o convenios 
de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de 
sus consecuencias jurídico -privadas.  
 
 
Artículo 18 .- Indisponibilidad del crédito tributario.  
El crédito tributario es indisponible salvo que por Norma Fo ral se establezca otra cosa.  
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª  
 
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PRINCIPAL  
 
Artículo 19 .- Obligación tributaria principal.  
 
La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributari a. 
 
 
Artículo 20 .- Hecho imponible.  
 
1.  El hecho imponible es el presupuesto fijado por Norma Foral para configurar cada 
tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.  
 
2.  Por Norma Foral se podrá completar la del imitación del hecho imponible mediante la 
mención de supuestos de no sujeción.  
 
Artículo 21 .- Exenciones.  
 
Son supuestos de exención aquéllos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, por 
Norma Foral se exime del cumplimiento total o parcial de la obligación tributaria principal.  
 
Artículo 22 .- Devengo y exigibilidad.  
 
1.  El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 
que se produce el nacimiento de la obligación trib utaria principal, salvo que la Norma 
Foral de  cada tributo fije un momento distinto de aquél.  
 
 La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de 
la obligación tributaria, salvo que la Norma Foral de cada tributo disponga otra cosa.  
 
2.  La normativa de cada tribut o podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a 
ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª  
 
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE REALIZAR PAGO S A CUENTA  
 
Artículo 23 .- Obligación tributaria de r ealizar pagos a cuenta.  
 
1.  La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal 
consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar 
pagos fraccionados, por el retenedor o por el  obligado a realizar ingresos a cuenta.  
 
 Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria 
principal.  
 
2.  El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los 
pagos a cuenta soportad os, salvo que la Norma Foral de cada tributo establezca la 
posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª  
 
LAS OBLIGACIONES ENTRE PARTICULARES RESULTANTES DEL TRIBUTO  
 
Artículo 24 .- Obligaciones entre particulares resultante s del tributo.  
 
1.  Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las que tienen por objeto una 
prestación de naturaleza tributaria exigible entre o bligados tributarios.  
 
2.  Entre otras, son obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de 
actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos en la normativa 
tributaria.  
 
 
SUBSECCIÓN 4ª  
 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCE SORIAS  
 
Artículo 25 .- Obligaciones tributarias accesorias.  
 
1.  Son obligaciones tributarias a ccesorias aquéllas distintas de las demás comprendidas 
en esta Sección que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la 
Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 
tributaria.  
 
 Tienen la natur aleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de 
satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los 
recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que se impongan por Norma 
Foral . 
 
2.  Las sanciones tr ibutarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.  
 
Artículo 26 .- Interés de demora.  
 
1.  El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados 
tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realizac ión de un pago 
fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que 
resulte una cantidad a ingresar un a vez finalizado el plazo establecido al efecto en la 
normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el  resto de casos 
previstos por Norma Foral.  
 
 La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la 
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.  
 
2.  El interés de demora se exigirá, entre otros, en  los siguientes supuestos:  
 
a)  Cuando haya finalizado el plazo establecido para el pago en período voluntario de 
una deuda resultan te de una liquidación practicada por la Administración o del 
importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado . 
 
b)  Cuando haya finalizado el plazo establecido para la presentación de una 
autoliquidación o declaración sin que hubiera sido pr esentada o hubiera sido 
presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de 
esta Norma Foral relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin 
requerimiento previo.  
 
c)  Cuando se practique una liquidación que reg ularice la situación tributaria, por el 
tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en q ue 
se practique dicha liquidación.  
 
d)  Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y 
reclamaciones c ontra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta la 
finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la 
resolución que ponga fin a la vía administrativa.  
 
e) (23) Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros 
Estados o de entidades internacionales  o supranacionales conforme a la normativ a 
sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.  
 
f)  (23) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 28 de esta Norma Foral respecto a los intereses de demora cua ndo sea 
exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.  
 
g)  (23) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.  
 
3.  El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la 
cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.  
 
4.  No se exigirán intereses de demora desde el momento en que l a Administración 
tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijado s en esta 
Norma Foral para resolver, hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso 
contra la resolución presunta. Entre otros supuestos, no se exig irán intereses de 
demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notif icar la 
resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de 
los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la 
suspensión del acto recurrido.  
 
 Lo dispuesto en este apartado no se aplica rá al incumplimiento del plazo para resolver 
las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago.  
 
5.  En los casos en que resulte necesaria la práctica d e una nueva liquidación como 
consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolu ción administrativa o 
judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de 
anulación, con mantenimiento íntegro de su contenid o, y exigencia del interés de 
demora sobre el importe de la nueva liquidación.  
 
 En estos caso s, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido  
a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya 
dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo 
máximo para ejecutar la resolución, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado  4 
anterior.  
 
 En el caso de desestimación íntegra de recursos y reclamaciones se exigirán los 
intereses de demora hasta la fecha del correspondiente acuerdo desestimatorio.  
 
6. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del p eríodo en el 
que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por 100, salvo que se establezca otro 
diferente. (26) 
 
 No obstante, en los supuestos de apl azamiento, fraccionamiento o suspensión de 
deudas garantizadas en su totalidad  mediante aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca, mediante certificado de seguro de caución o mediante 
cualquier tipo de garantía considerada sufic iente por la Administración, el interés de 
demora exigible será el interés leg al. 
 
 
Artículo 27 .- Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.  
 
1.  (22) Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones ac cesorias que 
deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de l a presentación de 
autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la 
Administración tributaria.  
A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación 
administrativa realizada con conocimiento for mal del obligado tributario conducente al 
reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación 
de la deuda tributaria. En concreto tambié n tendrá la consideración de requerimiento 
previo la publicación de la citación al obl igado tributario o a su representante para ser 
notificado por comparecencia, por una sola vez para cada interesado, por alguno de los 
medios previstos en el apartado 1 de l artículo 108 de esta Norma Foral.  
2.  El recargo por declaración extemporánea será:  
 
a)  Del 5 por 100, con exclusión de los intereses de demora y de las sanciones que, 
en otro caso, hubieran podido exigirse, si la presentación de la autoliquidación o 
declaración se efectúa dentro de los seis meses siguientes al término del plazo 
voluntar io establecido para la presentación e ingreso.  
 
b)  Del 5 por 100, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido 
exigirse pero no de los intereses de demora, si la presentación de la 
autoliquidación o declaración se efectúa entre el sép timo y el duodécimo mes 
siguiente al término del plazo voluntario establecido para la presentación e 
ingreso.  
 
En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido 
desde el día siguiente al término de los seis meses posteriores a  la finalización del 
plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación 
o declaración se haya presentado.  
 
c)  Del 10 por 100, con exclusió n de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido 
exigirse pero no de los interese s de demora, si la presentación de la 
autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos doce meses desde 
el término del plazo voluntario establecido para la presentación e ingreso.  
 
En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el pe ríodo transcurrido 
desde el día siguiente al término de los doce meses posteriores a la finalización 
del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la  
autoliquidación o declaración se haya presentado.  
 
Dicho recargo se calculará sobre e l importe a ingresar resultante de las 
autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las 
declaraciones extemporáneas.  
 
En las liquidaciones derivadas  de declaraciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo no se exigirán i ntereses de demora por el tiempo transcurrido 
desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en 
período voluntario correspondiente a la l iquidación que se practique, sin perjuicio de 
los recargos e intereses que corresponda  exigir por la presentación extemporánea.  
 
3.  Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de 
aplazamiento, fraccionamiento o compensac ión al tiempo de la presentación de la 
autoliquidación extemporánea, la liquidación ad ministrativa que proceda por recargos e 
intereses de demora derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en 
el apartado anterior no impedirá la exigencia d e los recargos e intereses del período 
ejecutivo que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.  
 
4.  Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones 
extemporáneas deberán identificar expresamente el período impos itivo de liquidación al 
que se refieren y deberán contener únicamente los datos relati vos a dicho período.  
 
 
Artículo 28 .- Recargos del período ejecutivo.  
 
1.  Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 165 de esta Norma Foral.  
 
 Los recargos del período ejecut ivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de 
apremio reducido y recargo de apremio ordinario.  
 
 Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre l a totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario.  
 
2.  El recargo ejecutivo se rá del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia 
de apremio.  
 
3.  El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la 
finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 61 de esta Nor ma Foral para 
el pago de las deudas apremiadas.  
 
4.  El recargo de apremio ordinario ser á del 20 por 100 y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.  
 
5.  El recargo de apremio ordinari o es compatible con los intereses de demora. Cuando 
resulte exigible el recargo ejecutiv o o el recargo de apremio reducido no se exigirán los 
intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.  
 
6.  (23) No se deven garán los recargos del período ejecutivo en el caso de deudas de 
titularidad de otros Es tados o de entidades internacionales o supranacionales cuya 
actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la 
normativa sobre dicha asi stencia establezca otra cosa.  
 
 
SUBSECCIÓN 5ª  
 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES  
 
 
Artículo 29 .- Obligaciones tributarias formales.  
 
1.  Son obligaciones tributarias formales las definidas en el  apartado 4 del artículo 17 de 
esta Norma Foral.  
 
2.  Además de las restantes que puedan establecerse, los obligados tributarios deberán 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 
a)  La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades 
que desarrollen o vayan a desarrollar actividades u operaciones empresariales y 
profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.  
 
b)  La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.  
 
c)  La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones.  
 
d)  La obligación de llevar y conservar libros d e contabilidad y registros, así como los 
programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los 
sistemas de codificación utiliz ados que permitan la interpretación de los datos 
cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se 
deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o 
interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.  
 
 En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliqui daciones o 
declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, 
ficheros y archivos generados que contengan los datos orig inarios de los que 
deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones 
presentadas.  
 
e)  La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar 
las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con s us obligaciones 
tributarias.  
 
f)  La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros,  documentos 
o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como 
cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a 
requerim iento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la 
información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse e n 
dicho soporte cuando así fuese requerido.  
 
g)  La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y compr obaciones 
administrativas.  
 
h)  La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta 
practicados a los obligados tribu tarios perceptores de las rentas sujetas a 
retención o ingreso a cuenta.  
i) (35) La obli gación de facturación de acuerdo con determinados dispositivos o 
medios y la remisión de esta facturación a la Administración dentro del plazo qu e 
se establezca reglamentariamente.  
Igualmente, reglamentariamente se determinarán los medios, dispositivos, 
características y demás circunstancias configuradoras de la obligación a que se 
refiere esta le tra. 
3.  (29) En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias 
podrán regular las circunstancias relativas a l cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales.  
En particular, se determinarán los casos en los que la aportación de los  libros registro 
se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.  
 
 
(23) SUBSECCIÓN 6ª  
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA MUTUA  
 
Artículo 29 bis . (23) Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua.  
Son obligaciones tributarias aquéllas que deriven de la normativa sobre asistencia 
mutua.  En el caso de su incumplimiento por los obligados tributarios, podrán imponerse 
las sanciones tributarias establecidas  en la normativa aplicable.  
 
SECCIÓN 4 ª  
 
LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 
Artículo 30 .- Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.  
1.  La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de 
contenido económico establecidas en esta Norma Foral. Tienen esta naturaleza la 
obligación de realizar las devoluciones derivadas de la nor mativa de cada tributo, la de 
devolución de ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de 
satisfacer intereses de demora.  
 
2.  La Administración tributaria está sujeta, además, a los deberes establecidos en esta 
Norma Foral en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto 
del ordenamiento jurídico.  
 
 
Artículo 31 .- Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.  
1.  La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de cada tributo.  
 
 Son devoluciones derivadas de la normativa de cada  tributo las correspondientes a 
cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación 
del tributo.  
 
2.  Transcurrido el plazo f ijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, 
el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en 
el artículo 26 d e esta Norma Foral, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. 
A estos efectos, el int erés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo 
hasta la fecha del ordenamiento de su pago.  
 
 
Artículo 32 .- Devolución de ingresos indebido s. 
1.  La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos 
infractores  o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se 
hubieran realizado en la Hacienda Pública con ocasión del cumplimiento de sus 
obligaci ones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 228 de esta Norma  Foral.  
 
2.  Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés 
de demora regulado en el artículo 26  de esta Norma Fora l sin necesidad de que el 
obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde 
la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha del 
ordenamiento de su pago.  
 
 Las dilaciones en el procedimiento po r causa imputable al interesado no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior.  
 
3.  Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una 
autoliquidación ingresada en varios plazos, se ent enderá que la cantidad devuelta se 
ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad s uficiente, la diferencia se 
considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.  
 
 
Artículo 33 .- Reembolso de los costes de las garantías.  
1.  (35) La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el 
coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar 
o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado impr ocedente por 
sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare 
parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste 
de las garantías.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reem bolso y la forma  de 
determinar el coste de las garantías.  
Siempre que fuera posible, de acuerdo con la información contenida en la 
Administración, la devo lución se practicará de oficio.  
  
2.  Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administraci ón tributaria ab onará el 
interés de demora vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad 
de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se 
devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubi ese incurrido en  
dichos costes hasta la fecha del ordenamiento de su pago.  
 
3.  Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las garantías 
establecidas por la normativa de cada tributo para responder del cumplimiento de las 
obliga ciones tributarias.  
 
 
SECCIÓN 5ª  
 
LOS DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS  
 
Artículo 34 .- Derechos de los obligados tributarios.  
Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:  
 
a)  Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
b)  Derecho a obtener, en los términos previstos en esta Norma Foral, las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo y las devo luciones de ingresos indebidos que 
procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta Norma 
Foral, sin ne cesidad de efectuar requerimiento al efecto.  
 
c)  Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta Norma Foral, del cos te de los 
avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para 
aplazar o fraccionar el pago de una deud a, si dicho acto o deuda es declarado total o 
parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono 
del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la 
reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial 
del recurso o de la reclamación interpuesta.  
 
d)  Derecho a utilizar el eusk era o el castellano en las relaciones con la Administración 
tributaria, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.  
 
e)  Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.  
 
f)  Derecho a conocer la identida d de las autoridades y personal al servicio de la 
Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y  
procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.  
 
g)  Derecho a solicitar certificación y copia de l as declaraciones por él presentadas, así 
como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la 
Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a 
la devolución de los originales de dichos document os, en el caso de que no deban obrar 
en el expediente.  
 
h)  Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se 
encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el o bligado tributario 
indique el día y procedimie nto en el que los presentó.  
 
i)  Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, 
informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser 
utilizados para la aplicación de los tributos o rec ursos cuya gestión tenga encomenda da 
y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, salvo en los supuestos previstos en la normativa.  
 
j)  Derecho a ser atendido y tratado con el debido respeto y consideración por las 
autoridades y el personal al s ervicio de la Administración tributaria, así como a un trato 
personal e individualizado.  
 
k)  Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su 
intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que  
ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
l)  Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, que serán tenidos en cuenta 
por los órganos competentes, en los términos previstos en la nor mativa tributaria.  
 
m)  Derecho a  ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta Norma 
Foral.  
 
n)  Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto 
de adquisición o transmisión, en los términos  previstos en la normativa tributa ria. 
 
ñ)  Derecho a ser informado, en los términos previstos en la normativa tributaria, al inicio de 
las actuaciones de comprobación o inspección, sobre la naturaleza y alcance de las 
mismas, así como de sus derechos y ob ligaciones en el curso de tales ac tuaciones y a 
que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta Norma Foral.  
 
o)  Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten 
aplicables.  
 
p)  Derecho a formular quejas y suge rencias en relación con el funcion amiento de la 
Administración tributaria.  
 
q)  Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan 
en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.  
 
r)  Derecho de los o bligados a presentar ante la Admin istración tributaria la documentación 
que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del 
procedimiento tributario que se esté desarrollando.  
 
s)  Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente 
adminis trativo, en los términos previstos en la normativa tributaria.  
 
t)  Derecho a la presunción de que su actuación se realiza de buena fe.  
 
u)  Derecho a conocer el destino del rendimiento de los tributos recaudados, en los 
términos que establezca la normativa.  
 
v)  Derecho a que la Administración tributaria actúe con objetividad.  
 
 
CAPÍTULO II  
 
OBLIGADOS TRIBUTARIOS  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
CLASES DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS  
 
 
Artículo 35 .- Obligados tributarios.  
1.  Son obligados tribu tarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la 
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, bien sean éstas 
materiales o formales.  
 
2.  Entre otros, son obligados tributarios:  
 
a)  Los sujetos pasivos.  
 
b)  Los obligados a realizar pagos a cuenta.  
 
c)  Los obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo.  
 
d)  Los sucesores.  
 
e)  Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 
cuando no tengan la c ondic ión de sujetos pasivos.  
 
3.  Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Normas Forales en que así se 
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una uni dad e conómica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición.  
 
4.  Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se 
refiere el artículo 41 de esta Norma Foral.  
 
5.  (23) También tendrán  la cons idera ción de obligados tributarios aquéllos a los que se 
pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia 
mutua.  
 
6.  (31) Tendrán la consideración de obligados tributarios, igualmente, las herencias qu e se 
       encuentren pendientes del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio del usufructo 
poderoso. En estos casos el cumplimiento de las obligaciones tributarias ma teriales y 
formales corresponderá, respectivamente, al administrador de la misma  o al 
usufructuario poderoso.  
 
7.  (23) La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una 
obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración 
tributaria al cumplimiento d e todas las prestaciones, salvo que por Norma Foral se 
disponga expresamente otra cosa.  
 
 Por Norma Foral se podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del 
previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 36 .- Sujetos pasivos: contribuyente y su stituto del contribuyente.  
1.  Es sujeto pasivo el obligado tributario que debe cumplir la obligación tributaria principal, 
así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o 
como sustituto del mismo. No perderá la condición  de sujeto pasivo quien deba 
repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la Norma Foral de cada tributo 
establezca otra cosa.  
 
2.  Es contribuy ente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.  
 
3.  Es sustituto del contribuyente el suje to pasivo que, por imposición establecida por 
Norma Foral y en lugar de aquél, está obligado a cumplir la obligación tributaria 
principal, así como las obligac iones formales inherentes a la misma.  
 
 El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de  las obligaciones tributarias 
satisfechas, salvo que por Norma Foral se establezca otra cosa.  
 
 
Artículo 37 .- Obligados a realizar pagos a cuenta.  
1.  Es obligado a realizar pagos fraccionados, el contribuyente a quien la Norma Foral de 
cada tributo impone  la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación 
tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.  
 
2.  Es retenedor la pe rsona o entidad a quien la Norma Foral de cada tributo impone la 
obligación de detraer e ingresar en l a Administración tributaria, con ocasión de los 
pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta 
del tributo que co rresponda a éstos.  
 
3.  Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface r entas en 
especie o dinerarias y a quien por Norma Foral se impone la obligación de realizar 
ingresos a cuenta de cualquier tributo.  
 
 
Artículo 38 .- Obliga dos en las obligaciones entre particulares resultantes del 
tributo.  
1.  Es obligado a repercutir la pe rsona o entidad que, conforme a lo previsto por Norma 
Foral, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y, salvo que la 
Norma Foral disponga otra cosa, coincidirá con aquél que realiza las operaciones 
gravadas.  
 
2.  Es obligado a sopo rtar la repercusión la persona o entidad a quien, según lo previsto 
por Norma Foral, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la Norma For al 
disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El 
repercutido no e stá obligado al pago frente a la Administración tributaria pero debe 
satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.  
 
3.  Es obligado a so portar la retención, la persona o entidad perceptora de las cantidades 
sobre las que, según lo previst o por Norma Foral, el retenedor deba practicar 
retenciones tributarias.  
 
4.  Por Norma Foral se podrá imponer a las personas o entidades la obligación de soportar 
los ingresos a cuenta de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en 
especie o  dinerarias que perciban y, en su caso, la repercusión de su importe por el 
pagador de dichas rentas.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
SUCESORES  
 
Artículo 39 .- Sucesores de personas físicas.  
1. (31) A la muerte de los obligados tributarios, las obliga ciones tributarias pendientes se 
transmitirán a los herederos sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a  
la adquisición de la herencia y, en particular, la limitación de responsabilidad contenida en el 
artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco.  
 
Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas 
condiciones que las establecidas para los herederos, cuando la herencia se distribuya a 
través de legados, en los supuestos en qu e se instituyan legados de parte alícuota  y en los 
supuestos de institución a título particular como sucesor en un patrimonio familiar o 
profesional cuyo valor sea superior a las tres cuartas partes de la herencia.  
 
En ningún caso se transmitirán las sanci ones. Tampoco se transmitirá la obligació n del 
responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad 
antes del fallecimiento  
 
2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el 
hech o de que a la fecha de la muerte del caus ante la deuda tributaria no estuviera liquidada, 
en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la 
liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el 
expediente.  
 
3. Mientras la  herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del causante corresponderá al representante de la misma.  
 
Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, dete rminación y 
liquidación de las obligacion es tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con 
el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran 
los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de l a herencia yacente.  
 
 
Artículo 40 .- Suces ores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.  
1.  (23) (35) Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica  disueltas y liquidadas en las que la legislación limita la 
responsabilidad patrimonial de los socios y las socias, partícipes o cotitulares se 
transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de 
la cuota de liquidación  que les corresponda y demás percepcio nes patrimoniales 
recibidas por los mismos en los cuatro años anteriores a la fecha de disolución o a la 
fecha de declaración de concurso si éste fuera anterior, que minoren el patrimonio 
social que debiera responder d e tales obligaciones, sin perjuicio de  lo establecido en 
esta Norma Foral para supuestos de responsabilidad de dichas o dichos socios, 
partícipes o cotitulares.  
 
Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad 
jurídic a disueltas y liquidadas en las que la  legislación no limita la responsabilidad 
patrimonial de las socias y los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán 
íntegramente a éstas o a estos, que quedarán obligadas u obligados so lidariamente a 
su cumplimi ento.  
 
2.  (23) En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y 
entidades con personalidad jurídica,  las obligaciones tributarias pendientes de las 
mismas se transmitirán a las personas o entidades que suce dan o sean be neficiarias de 
la correspondiente operación.  Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto 
de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad 
jurídica.  
 
3.  En caso de disolución de fundaciones, las obliga ciones tributarias pendientes de las 
mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos que responderán 
hasta el límite del valor de los mismos.  
 
4.  En caso de disolución de las entidades a las que se refiere el apartado 3 del artículo 35  
de esta Norma Foral, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán 
íntegramente a los partícipes o cotitulares de las mismas.  
 
5.  El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el m omento de producirse 
la disolución o extinción d e la personalidad jurídica de la sociedad o entidad, no 
impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, 
pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.  
 
6.  (23) Las sanciones que  pudieran proceder por las infracciones cometidas por las 
sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores 
de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, 
hasta el límite del v alor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo.  
 
 
SECCIÓN 3ª  
 
RESPONSABLES TRIBUTARIOS  
 
Artículo 41 .- Responsabilidad tributaria.  
1.  Por Norma Foral se podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la 
deuda tribut aria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos 
efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 
del artículo 35 de esta Norma Foral.  
 
2.  Salvo precepto legal expreso en contr ario, la res ponsabilidad será siempre subsidiaria.  
 
3.  La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período 
voluntario.  
 
 Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable 
sin realizar el i ngreso, se i niciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e 
intereses que procedan.  
 
4.  (23) La responsabilidad  no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en 
esta u otra Norma Foral se establezcan.  
 
En los supuestos en qu e la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor 
principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el apartado 1 del artículo 192 
de esta Norma Foral, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar l a 
reducción correspond iente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de 
conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.  
 
La reducción será la prevista en el apartado 1 del artículo 192 de esta Norma Foral y su 
import e será el establecido en el párrafo primero o segundo de dicho apartado 
dependiendo de que se cumplan las condiciones que se establecen en uno u otro 
párrafo.  La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el 
caso de que presente  cualquier recurso o r eclamación frente al acuerdo de declaración 
de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones 
derivadas.  
 
Asimismo, en el supuesto de que cumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero del 
apartado 1  del artículo 192 de e sta Norma Foral, no se realice el ingreso total, tanto del 
importe de la deuda tributaria, como de la sanción en los términos establecidos en el 
párrafo segundo del citado apartado 1 del artículo 192, se exigirá la reducción 
practicad a del 20 por ciento de  la cuantía de la sanción pecuniaria correspondiente, sin 
más requisito que la notificación al interesado.  
 
Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de 
responsabilidad por el pago de deudas del ap artado 4 del artículo 42 de esta Norma 
Foral.  
 
5.  Salvo que mediante Norma Foral se disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria y, en su caso, de las sanciones 
a los responsables requerirá un ac to administrativo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 178 a 181 de esta Norma Foral.  
 
 Con anterioridad a esta declaración la Administración tributaria podrá adoptar medidas 
cautelares del artículo 78 de esta Norma Foral y re alizar actuaciones de investigación 
con las facultades previstas en los artículos 136 y 166 de esta Norma Foral.  
 
 La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la 
previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables so lidarios.  
 
6.  Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los 
términos previstos en la legislación civil.  
 
 
Artículo 42 .- Responsables solidarios.  
1.  Serán responsables solidarios de la totalidad de la deuda tributaria y, e n su caso, de las 
sanciones, las siguientes personas o entidades:  
 
a)  Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria.  
 
b)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) ant erior, los partícipes o cotitulares d e 
las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de esta Norma Foral, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones 
tributarias materiales de dichas entidades.  
 
2.  También se rán responsables solidarios las perso nas o entidades que sucedan por 
cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas, por las obligaciones tributarias y sanciones contraídas del anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también  se extenderá a las obligaciones 
derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o 
que se hubieran debido practicar.  
 
 No obstante, quienes pretendan adquirir la titularidad de explo taciones y actividades 
económicas, po drán limitar la responsabilidad establecida en este apartado mediante el 
procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 180 de esta Norma Foral.  
 
 La responsabilidad establecida en este apartado no será aplicable en los siguientes 
supuestos:  
 
a)  En la adquisición de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, 
realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la 
explotación o actividad o de alguna de las ramas de la misma.  
 
b)  En la sucesión por causa de muerte, qu e se regirá por lo establecido en el artículo 
39 de esta Norma Foral.  
 
c)  En la adquisición de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un 
deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un proced imiento 
concursal.  
 
3.  (23) También serán responsables solidarios los administradores de hecho o de 
derecho, socios con una participación directa o indirecta de al menos el 20 por ciento en 
el capital, comuneros o partícipes, los cónyuges, parejas de hecho constituidas  
conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, 
reguladora de las parejas de hecho, ascendientes y descendientes de ambos hasta el 
segundo grado, de las entidades que hubi eran practicado retenciones que estuvieran 
pendientes d e ingreso, por los importes que de dichas retenciones se hubieran 
deducido en sus autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  En el caso de haberse realizado ingresos parcial es de estas cantidades 
retenidas, se entenderá que la d euda pendiente de pago corresponde 
proporcionalmente a cada uno de los retenidos.  
  
Asimismo, las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, 
directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rector a 
común con éstas, o las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan 
el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con  
dichos obligado s tributarios, serán responsables solidarios por las deudas tributarias y 
sanciones de unos y otros.  
 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior será necesario que resulte acreditado que 
tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de form a abusiva o fraudulenta 
como medio de elusión de la responsa bilidad patrimonial universal frente a la Hacienda 
pública.  
 
4.  También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en 
su caso, de las sanciones, hasta el importe d el valor de los bienes o derechos que se 
hubieran podido emb argar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes 
personas o entidades:  
 
a)  Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o 
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administ ración tributaria.  
 
b)  Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.  
 
c)  Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la 
garantía, colabor en o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos  
embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido 
la medida cautelar o la garantía.  
 
d)  Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez 
recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan  en el levantamiento 
de aquéllos.  
 
5.  Por Norma Foral se podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria 
distintos de los previstos en los apartados anteriores.  
 
6.  El procedimien to para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el 
artículo 180  de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 43 .- Responsables subsidiarios.  
1.  Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o 
entidades:  
 
a)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 42 de esta 
Norma Foral, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizad o los 
actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de la s 
obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las 
infracciones. Su respon sabilidad también se extenderá a las sanciones.  
 
b)  Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de 
éstas que se encuentren pendientes en el momen to del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubie ren adoptado acuerdos o tomado 
medidas causantes del impago.  
 
c)  (23) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades 
y enti dades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el 
íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios.  
 
En relación con las obl igaciones tributarias y sanciones posteriores a la declaración 
de concurso l os administr adores conc ursales responderán como administradores 
cuando tengan atribuidas funciones de administración. También serán responsables 
de las mencionadas obligaciones tri butarias cuando se hubiesen satisfecho créditos 
de terceros que no fueran pr eferentes a los tributarios, con el límite de los importes 
incorrectamente abonados.  
 
d)  Los adquirentes de bienes afectos por Norma Foral al pago de la deuda tributaria, en 
los términos del artículo 77 de esta Norma Foral.  
 
e)  Las personas o entidades q ue contraten o subcontraten la ejecución de obras o la 
prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal , por las 
obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que 
deban retenerse a trabajadores , profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratació n. 
 
 La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el 
contratista o subcontratista haya aportado  al pagador un certificado específico de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la 
Administración tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura 
correspondiente a la contratación o subcont ratación.  
 
 La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin 
haber aportado el contratista o subcont ratista al pagador el certificado de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el 
período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.  
 
 La Administración tributaria emitirá el certificado a q ue se refiere esta letra e), o lo 
denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o 
subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.  
 
f) (31) En las herencias que se defieran por poder testatorio o por usufructo poderoso, 
el administrador en el primer caso o el usufructuario poderoso en el segu ndo 
responderá subsidiariamente de las deudas tributarias que correspondan a la 
herencia pendiente del  ejercicio del poder testatorio o del ejercicio del usufructo 
poderoso.  
 
2.  (23) Serán responsables subsidiarios de las deudas tri butarias derivadas de tributos que 
deban satisfacerse, repercutirse o cantidades que deban retenerse a  trabajadores, 
profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las 
personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas 
cuando , existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de 
autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda 
acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención  real de cumplir la 
obligación tributaria objeto de autoliquidación.  
  
Se entenderá que exist e reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en 
un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin 
ingreso la mitad o m ás de las que corresponderían, con independencia de que se 
hubiese presentado solicitud de ap lazamiento o fraccionamiento y de que la 
presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.  
 
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidac iones en las que, habiendo 
existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese d ictado resolución de 
concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del 
momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún ca so, aquéllos que 
hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada.  
 
Se considera rá, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las 
autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales  
en relaci ón con todas o algunas de las autoliquidaciones presentados, el importe total 
resultante de t ales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo de 
este apartado no supere el 50 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar 
autoliquidad as. 
 
Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones 
mencionada s en el párrafo primero de este apartado, cuando se hubiesen satisfecho 
créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las 
obligaci ones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en este 
apartado se dev engaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios 
derivados de estas últimas.  
 
3.  (23) Por Norma Foral se podrán e stablecer otros supuestos de responsabilidad 
subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.  
 
4.  (23) El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por 
lo dispuesto en el artícu lo 181 de esta Norma Foral.  
 
 
SECCIÓN 4ª  
 
LA CAPACIDAD DE OBRAR EN EL ORDEN TRIBUTARIO  
 
Artículo 44 .- Capacidad de obrar.  
Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la tengan 
conforme a Derecho, los menores de edad y los  incapacitados en las relaciones tributarias 
derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico 
sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. 
Se exceptúa el supuest o de los menores incapacitados cuando la extensión de la 
incap acitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.  
 
 
Artículo 45 .- Representación legal.  
1.  Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus re presentantes 
legales.  
 
2.  Por las personas jurídicas actuarán  las personas que ostenten, en el momento en que 
se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos 
a quienes corresponda su representación, por disposición  legal o por acuerdo 
válidamente adoptado.  
 
3.  Por los entes a los que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de esta Norma Foral 
actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma 
fehaciente y, de no haberse designa do representante, se considerará como tal el que 
aparentemente  ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus 
miembros o partícipes.  
 
4.    (31) En las herencias que se encuentren pendientes del ejercicio de un pod er testatorio 
o del ejercicio de un usufructo poderoso, actuará en su representación el administrador 
o usufructuario poderoso, respectivamente.  
 
 
Artículo 46 .- Representación voluntaria . 
1.  Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar p or medio de 
representante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, 
salvo que se haga manifestación expresa en contrario.  
 
2.  (29) Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a d erechos, 
asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar 
devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que 
sea necesaria la  firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los 
Títulos III, IV, V, VI y VII de esta Norma Foral, la representación deberá acreditarse por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante 
declaración en compa recencia personal del interesado ante el órgano administrativo 
compete nte. 
A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que 
apruebe la Administración tributaria.  
3.  Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.  
4.  Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, o en los 
supuestos que se prevean reglamentariamente, se presente por medios telemáticos 
cualquier documento ante la Administración tributaria, el prese ntador actuará con la 
representación que sea necesaria en cada caso. La Administraci ón tributaria podrá 
requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación, que podrá 
efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este art ículo.  
 
5.  Para la realización de actuaciones distintas de las mencionadas en los a partados 2, 3 y 
4 anteriores, la representación podrá acreditarse debidamente en la forma que 
reglamentariamente se establezca.  
 
6.  (23) Cuando, de acuerdo  con lo previsto en el apartado 6 del artículo 35 de esta Norma 
Foral concurr an varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá 
otorgada la representación a cualquiera de ellos, salvo que se pro duzca designación 
expresa.  
 
7.  La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que 
se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 
diez días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.  
 
 
Artículo 47 .- Representación de personas o entidades no residentes.  
Salvo que la Norma Foral  de cada tributo establezca otra cosa, a los efectos de sus 
relaciones con la Administración tributaria, los obligados tributarios que no residan en 
territorio español, deberán designar un representante con domicilio en el Territorio Histórico 
de Álava, cu ando operen en dicho territorio a través de establecimiento permanente, cuando 
lo establezca expresamente la normativa tributaria o cua ndo por las características de la 
operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la 
Administración tributaria.  
 
Dicha designación deberá comunicarse a la Administración tributaria en los términos que 
señale la normativa del tributo.  
 
 
SECCIÓN 5ª  
 
EL DOMICILIO FISCAL  
 
Artículo 48 .- Domicilio fiscal.  
1.  El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con 
la Administración tributaria.  
 
2.  El domicilio fiscal será:  
 
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual.  
 
b) Para las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuest o sobre 
Sociedades, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso se 
atenderá al luga r en que se realice dicha gestión o dirección.  
 
c)  Para las persona s o entidades no residentes en territorio español, el domicilio fiscal 
se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. En 
defecto de regulación, el domicil io será el del representante al que se refiere el 
artículo 47 de esta  Norma Foral. Para los establecimientos permanentes, el domicilio 
fiscal será el lugar donde se efectúe la gestión administrativa o la dirección de sus 
negocios.  
 
d)  Para las sociedades  civiles y los entes sin personalidad jurídica, el lugar donde se 
efectúe su gestión y dirección.  
 
 Si por aplicación de los criterios contenidos en las letras b), c) y d) anteriores no 
fuera posible la determinación del domicilio fiscal se atenderá al lu gar donde radique 
el mayor valor de su inmovilizado.  
 
3. (23) Los obligados tributarios deberán declarar su domicilio a la Administración 
tributaria.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 del Concierto Económico, en 
defecto de  declaración, la Administración tributaria podrá entender que el domi cilio del 
obligado tributario es el que consta en la base padronal o el de situación de cualquier 
inmueble o explotación económica del que figure como titular.  
 
4. (23) Cuando un obligado tributario cambie su domicilio, deberá ponerlo e n conocimiento 
de la Administración tributaria mediante declaración expresa a tal efecto, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado Cinco del artículo 43 del Concierto Económico y sin que el 
cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administració n hasta tanto se presente 
la citada declaración tributaria.  
 
Cuando el obligado tributario no haya comunicado a la Administración tributaria,  
conforme a lo previsto en el párrafo anterior, el cambio de su domicilio fiscal, se podrá 
considerar como tal, ent re tanto, el que consta en la base padronal.  Asimismo, se podrá 
estimar subsistente a efectos de notificaciones, el último declarado o el con signado por 
el mismo en cualquier documento de naturaleza tributaria.  
 
5.  La Administración podrá rectificar el do micilio fiscal de los obligados tributarios mediante 
la comprobación pertinente.  
 
 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio 
fiscal de las personas jurídicas cuando el año anterior o siguiente a dicho cambio 
deveng an inactivas o cesen en su actividad.  
 
6.  A efectos de determinar la Administració n tributaria competente para la realización de 
las actuaciones derivadas de los procedimientos de aplicación de los tributos y 
procedimiento sancionador se tendrá en cuenta el domicilio fiscal en el momento de 
realización del hecho imponible o de comisión de la  infracción.  
 
 
CAPÍTULO III  
 
ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PRINCIPAL Y 
DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR PAGOS A CUENTA  
 
 
Artículo 49 .- Base impon ible: concepto y métodos de determinación.  
1.  La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la 
medición o valoración del hecho imponible.  
 
2.  La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:  
 
a)  Estimació n directa.  
 
b)  Estimación objetiva.  
 
c)  Estimación indirecta.  
 
3.  Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de 
estimación directa. No obstante, por Norma Foral se podrán establecer los supuestos 
en que sea de aplicaci ón el método de estimación objetiva, que tendrá, en t odo caso, 
carácter voluntario para los obligados tributarios.  
 
4.  La estimación indirecta tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos de 
determinación y se aplicará cuando se produzca algu na de las circunstancias previstas 
en el artículo 52  de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 50 .- Método de estimación directa.  
El método de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración 
tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de cada tributo. A estos efectos, la 
Administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados, los datos 
consignados en libros y registros comprobados administrativamente y los demás 
documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación 
tributaria.  
 
 
Artículo 51 .- Método de estimación objetiva.  
El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la determinación de la base imponible 
mediante la aplicación de las magnitudes, índices, mó dulos o datos previstos en la 
normativa propia de cada tributo.  
 
 
Artículo 52 .- Método de estimación indirect a. 
1.  El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no 
pueda disponer de los datos necesarios para la determi nación completa de la base 
imponible como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a)  Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas 
o inexactas.  
 
b)  Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la ac tuación inspectora.  
 
c)  Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.  
 
d)  Desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los libros y registros 
contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mi smos.  
 
2.  Las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los 
siguient es medios o de varios de ellos conjuntamente:  
 
a)  Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.  
 
b)  Utilización de  aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los 
bienes y de las rentas, así como d e los ingresos, ventas, costes y rendimientos que 
sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las 
unidades productivas  o familiares que deban compararse en términos tributarios.  
 
c)  Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los 
respectivos obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de 
supuestos similares o equivalent es. 
 
3.  Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, se seguirá el procedimiento 
previst o en el artículo 153 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 53 .- Base liquidable.  
La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible 
las reducciones establecidas en la Norma Foral de cada tributo.  
 
 
Artículo 54 .- Tipo de gravamen.  
1.  El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base 
liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.  
 
2.  Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales, y deberán aplicarse 
según disponga la  Norma Foral de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o 
tramo de la base liquidable.  
 
 El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las disti ntas unidades o tramos de base 
liquidable en un tributo se denomina tarifa.  
 
 
Artículo 55 .- Cuota tribu taria.  
1.  La cuota íntegra se determinará:  
 
a)  Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.  
 
b)  Según cantidad fija señalada al efecto.  
 
2.  Para el cálculo de la cuota íntegra podrán utilizarse los métodos de determinación 
previstos en el apartado 2 del artículo 49 de esta Norma Foral.  
 
3.  La cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando de la aplicación de los tipos de 
gravamen resulte qu e a un incremento de la base corresponde una porción de cuota 
superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso.  
 
 Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por 
medio de efectos timbrados.  
 
4.  El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación de las 
reducciones o límites que la Norma Foral de cada tributo establezca en cada caso.  
 
5.  La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las d educciones, 
bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la Norma Foral de 
cada tributo.  
 
6.  La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las 
deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingres os a cuenta y  cuotas, conforme a 
la normativa de cada tributo.  
 
 
Artículo 56 .- Comprobación de valores.  
1. (6) El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la 
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Admini stración tributaria mediante los 
siguientes medios:  
 
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la n ormativa de 
cada tributo señale.  
 
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal.  
 
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes 
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria 
competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los 
valores que figuren en  el registro oficial de carácter fiscal que se tome como 
referencia a efectos de la valoración de cada ti po de bienes.  
 
c) Precios medios en el mercado.  
 
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  
 
e) Dictamen de peritos de la Administración.  
 
f) Disposicio nes generales aprobadas por la Diputación Foral de Álava.  
 
g) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.  
 
h) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo 
previsto en la legislación hipotecaria.  
 
i) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, 
teniendo en cuenta las circunstan cias de éstas, realizadas dentro del plazo que 
reglamentariamente se establezca.  
 
j) Cualquier otro medio que se determine en la Norma Foral de cada tribu to. 
 
2.  La tasación pericial contradictoria podrá utilizarse para confirmar o corregir en cada 
caso las valoraciones resultantes de la aplicación de los medios del apartado anterior.  
 
3.  La comprobación de valores deberá ser realizada por la Administraci ón tributaria a 
través del procedimiento previsto en los artículos 128 y 129 de esta Norma Foral, 
cuando dicha comprobación sea el único objeto del procedimiento, o cuando se 
sustancie en el curso de otro procedimiento de los regulados en el Título III, co mo una 
actuación concreta del mismo, y en todo caso será aplicable lo dispuesto en dichos 
artículos.  
 
 
CAPÍTULO IV  
 
LA DEUDA TRIBUTARIA  
 
 
SECCIÓN  1ª  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Artículo 57 .- Deuda tributaria.  
1.  La deuda tributaria estará constituida por  la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la 
obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.  
 
2.  Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por:  
 
a)  El interés de demora.  
 
b)  Los recargos por declara ción extemporánea.  
 
c)  Los recargos del período ejecutivo.  
 
d)  Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas, a favor de la 
Hacienda Foral o de otros entes públicos.  
 
3.  Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispu esto en el 
Título IV de esta Norma Foral no formarán parte de la deuda tributa ria. 
 
 
Artículo 58 .- Extinción de la deuda tributaria.  
1.  Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o 
condonación y por los demás medios pre vistos en las disposiciones legales.  
 
2.  El pago, la compensación o la condonación de la deuda tributaria tiene efectos 
liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado o condonado.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
EL PAGO  
 
 
Artículo 59 .- Formas de pago.  
1.  El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante 
efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.  
 
2.  En casos excepcionales, la Administración tributaria, previos los informes que estime 
oportunos, podrá admi tir el pago de la deuda tributaria, en período voluntario o 
ejecutivo, mediante la entrega de cualquier bien o derecho.  
 
3.  La normativa tributaria regulará los medios y forma de pago en efectivo o en especie, 
así como los requisitos y condiciones para qu e el pago pueda realizarse utilizando 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
 
 
Artículo 60 .- Momento del pago.  
1.  Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el 
ingreso de su importe en las cajas de lo s órganos competentes o entidades autor izadas 
para su admisión.  
 
2.  En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria 
cuando aquéllos se utilicen en la forma que reglamentariamente se determine.  
 
3.  El pago en especie extingu irá la deuda tributaria en el momento s eñalado en la 
normativa que lo regule.  
 
 
Artículo 61 .- Plazos para el pago.  
1.  Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los 
plazos que establezca la normativa de cada tributo.  
 
2.  En el caso de deudas tributarias resul tantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración, el pago en período voluntario deberá efectuarse dentro del plazo 
señalado por la Administración tributaria que, en ningún caso, podrá ser inferior a un 
mes po sterior al día siguiente al de la recep ción de la notificación de la liquidación.  
 
3.  El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no 
tengan establecido otro plazo en su normativa reguladora, deberá efectuarse en e l 
período comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre o, si este último 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 
 La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo 
anterior siempre que dic ho plazo no sea inferior a dos meses.  
 
4.  Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el 
momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su 
normativa específica.  
 
5.  (34) Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el 
pago de la deuda tributaria deberá efectuarse dentro del plazo señalado por la 
Administración tributaria que, en ningún caso, podrá ser inferior a un mes posterior al 
día siguien te al de la recepción de la notificaci ón de la providencia de apremio . 
 
6. (23) El pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades 
internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco 
de la  asistencia mutua será requerido al obligado tributario, que deberá efectuarlo en 
los siguientes plazos:  
 
a) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho  
mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
b) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del me s 
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
No obstante lo anterior, cuando la norma reguladora de la asistencia mutua lo 
permita, la Administración tributaria podrá desarrollar actuaciones recaudatorias 
desde la recepción de  la solicitud de c obro del Estado o entidad internacional o 
supranacional requirente, sin necesidad de que haya concluido el plazo al que se 
refiere este apartado.  
7.  (23) En los supuestos en los que la Norma Foral de cada tributo l o establezca, el 
ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, 
sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una 
declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, con 
indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a 
la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.  
 
 El importe de la deuda suspendida no podrá ser su perior a la devolución solicitada.  
 
 La deuda suspendida qued ará total o parcialmente extinguida en el importe que 
proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demora 
sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.  
 
8.  (23) El ingreso de la deuda de un obligado  tributario se suspenderá total o 
parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma 
operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria o 
se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre qu e el pago realizado o la 
repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este 
último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe 
soport ado indebidamente.  
 
9.  (23) También s e suspenderá total o parcialmente durante un plazo de doce meses, y 
sin aportación de garantías cuando se haya satisfecho la deuda tributaria en otra 
Administración. Por circunstancias excepciona les ajenas al obligado tributario, el 
plazo anterior podrá se r prorrogado por la Administración.  
 
 
Artículo 62 .- Imputación de pagos.  
1.  Las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de varias deudas podrá 
imputar cada pago a la deuda que libremente determine.  
 
2.  El cobro de un débito de vencimiento p osterior no extingue el derecho de la 
Administración tributaria a percibir los anteriores que no hayan sido cobrados.  
 
3.  En los casos de ejecución forzosa, así como en los de compensación d e oficio, en que 
se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no 
pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente, aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor 
protección a los intereses de la Hacienda Públi ca. 
 
4.  Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración 
y de otras entidades de derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia 
para su cob ro las primeras, teniendo en consideración lo dispuesto en la Sec ción 5ª de 
este Capítulo.  
 
 
Artículo 63 .- Consignación del pago.  
Los obligados tributarios podrán consignar en la Hacienda Pública el importe de la deuda 
tributaria y, en su caso, de las cost as reglamentariamente devengadas, con los efectos 
liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.  
 
 
Artículo 64 .- Aplazamiento y fraccionamiento del pago.  
1.  Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejec utivo podrán 
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fije n reglamentariamente y previa 
solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico -financiera le impida, de 
forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.  
 
2. (29) No podrán ser objeto de aplazamiento o frac cionamiento las deudas tributarias cuya 
exacción se realice por medio de efectos timbrados, las derivadas de los tributos sobre 
el juego y las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas d e 
Estado reguladas en el Título VII de esta Norma Foral.  
En caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las 
deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración 
de créditos contra la masa . 
Las solicitudes de aplazamiento o fraccion amiento a que se refiere este apartado serán 
objeto de inadmisión  
3.  Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos 
en el artículo 79 de esta Norma Foral y en la normativa recaudatoria.  
 
4.  La presentación de una solic itud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés 
correspondiente.  
 
 Las solicitudes en período ejecutivo podrán pr esentarse hasta el momento en que se 
notifique al obligad o el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La 
Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de 
apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccio namiento. No obstante, 
deberán suspenderse las actuacione s de enajenación de los bienes embargados hasta 
la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.  
 
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbit o de las competencias 
de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el aplazamiento de 
pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las condiciones que, en cada 
caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran circu nstancias excepcionales 
o razones de interés público.  
 
6. (23) Lo establecido  en los apartados anteriores será también de aplicación a los 
créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o 
supranacionales respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro, s alvo 
que la normativa sobre asistencia mutu a establezca otra cosa.  
 
 
SECCIÓN 3ª  
 
LA PRESCRIPCIÓN  
 
Artículo 65 .- (20) Plazos de prescripción.  
Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos:  
a) El derecho de la Administración p ara determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación.  
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas 
y autoliquidadas.  
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devolucione s de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.  
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.  
 
 
Artículo 65.bis - (29) Derecho a comprobar e investigar.  
1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 65 de esta Norma Foral no 
afectara al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e 
investigaciones confo rme al artículo 111 de  esta Norma Foral salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente.  
 
2. (32) El derecho de la administración para iniciar el procedimiento de comprobación de 
las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o  de deducciones 
aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los treinta y cinco años a contar 
desde el día  siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para 
presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejerc icio o periodo 
impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a 
aplicar dichas deducci ones.  
En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 
145 de esta norma foral, respecto de obligaciones tr ibutarias y periodos cuyo 
derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la 
comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o 
de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comp robar no haya 
prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá 
hacerse expresa m ención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la 
comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o 
periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o 
a aplicar las deducciones que van  a ser objeto de comprobación.  
La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o 
regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o 
deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no  se hubiese 
producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en 
el curso de procedimientos de comprobación r elativos a obligaciones tributarias y 
períodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.  
3. Salvo que la nor mativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del 
derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación 
de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, 
cuotas o dedu cciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de 
comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron l as 
compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.  
Artículo 66 .- Cómputo de los plazos de prescripción.   
1.  (29) El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que 
se refiere el artículo 65 co nforme a las siguientes reglas:  
En el caso a), desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario 
para presentar la correspondien te declaración o autoliquidación.  
En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la d euda 
tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de 
declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenza rá el día de devengo 
del tributo.  
En el caso b), desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo de pago en 
período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.  
En el caso c), desde el día siguiente a aquél en que fi nalice el plazo para solicitar la 
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de 
plazo, desde el día siguiente a aquél en que dicha devolución pudo solicitarse; desde 
el día siguiente a aquél en que se realizó el ingre so indebido o desde el día siguiente 
a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ing reso indebido se 
realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquél en que adquiera 
firmeza la sentencia o resolución administrativa qu e declare total o parcialmente 
improcedente el acto impugnado.  
En el supuesto de tributos que graven una mis ma operación y que sean 
incompatibles entre sí, así como en el supuesto de divergencia sobre su imputación 
temporal, el plazo de prescripción para s olicitar la devolución del ingreso indebido 
comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicame nte previsto para 
dirimir cuál es el tributo o ejercicio procedente, respectivamente.  
En el caso d), desde el día siguiente a aquél en que finalicen  los plazos establecidos 
para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el  
día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a 
percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantí as. 
2. (23) El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsable s 
solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de 
pago en período voluntario del deudor principal.  
 
No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la 
responsabilidad se produzcan con poster ioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, 
dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos 
hubieran tenido lugar.  
Tratándose de responsables s ubsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a 
computarse desde la notifi cación  de la última actuación recaudatoria practicada al 
deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.  
 
 
Artículo 67 .- Interrupción de los plazos de prescripción.  
1.  (23) El plazo  de prescripción del derecho a que  se refiere la letra a) del artículo 65 de 
esta Norma Foral se interrumpe:  
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 
formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, 
comprobación, inspe cción, aseguramiento o liquidación de todos o parte de los 
elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija 
inicialmente a una obligación tri butaria distinta como consecuencia de la incorrecta 
declaración del obligado tributari o. 
b) Por la interposición  de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las 
actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de 
dichas reclamaciones o recursos, por el planteamiento de un conflicto ante la Junta 
Arbitral, por la remisión del  tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación 
de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación 
de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento 
administrativo en curso.  
c) Por cualquier actuación  fehaciente del obligado tributario conducente a la 
liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.  
2.  El plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra b) del artículo 65  de esta 
Norma F oral se interrumpe:  
 
a)  Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 
formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la 
deuda tributaria.  
 
b)  Por la interposición de reclamaciones o recur sos de cualquier clase, po r las 
actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas 
reclamaciones o recursos, por el planteamiento de un conflicto ante la Junta 
Arbitral, por la declaración del concurso del deudor o por el eje rcicio de acciones 
civiles  o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la 
recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 
paralización del procedimiento administrativo en curso.  
 
c)  Por cualquier actua ción fehaciente del obliga do tributario conducente al pago o 
extinción de la deuda tributaria.  
 
3.  El plazo de prescripción del derecho al que se refiere la letra c) del artículo 65 de 
esta Norma Foral se interrumpe:  
 
a)  Por cualquier actuación fehacient e del obligado tributario que pretenda la 
devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.  
 
b)  Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase.  
 
c)  Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 
formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, 
comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de todos o parte de los 
elementos de la obligación tributaria.  
 
4.  El plazo de presc ripción del derecho al que  se refiere la letra d) del artículo 65 de 
esta Norma Foral se interrumpe:  
 
a)  Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la 
devolución o el reembolso.  
 
b)  Por cualquier actuación fehaciente del ob ligado tributario por la que exija el pago 
de la devolución o el reembolso.  
 
c)  Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase o por el planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral.  
 
5.  (23) Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de 
naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se 
realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos 
no prod uzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente 
se realicen.  
6.  (23) Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de 
prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguie nte. 
 
7.  (23)  Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del 
recurso ante la jurisdicción contencioso -administrativa, por el ejercicio de acciones 
civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la 
presentación de denuncia ante el Ministerio  Fiscal o por la recepción de una 
comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de 
prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración  tributaria reciba la 
notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la 
paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el 
expediente.  
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interr umpido por la declaración del 
concurso del deudor, el cómputo del plazo de prescripción  se iniciará de nuevo 
cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso.  Si se 
hubiera aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará  de nuevo en el 
momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo.  
Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del 
plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al 
deudor.  
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho 
de la Administración tributaria  para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la 
suspensión en vía contencioso -administrativa.  
8.  (23) Cuando el plazo  de prescripción se hubiera interrumpido por el planteamiento de 
un conflicto ante la Junta Arbitral, el cómputo de dicho plazo se iniciará de nuevo en 
el momento en que se reciba la notificación del acuerdo adoptado por la misma.  
9.  (23) Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se 
extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables.  No obstante, si la 
obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados  tributarios la 
parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.  
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la 
interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se refiera.  
La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 65 de 
esta Norma Foral, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor 
principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el 
resto de los sujet os solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o 
el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las 
acciones de cobro que procedan.  
10.  (23) No se considerará interrumpido el plazo de  prescripción en los supuestos en que la 
interrupción se hubiera producido por la presentación de recursos o reclamaciones de 
cualquier clase, cuando los citados recursos o reclamaciones presentados por el 
obligado tributario hubier an sido estimados en su integridad con anulación del acto 
administrativo frente al que los mismos se hubieran interpuesto.  
11 (29) La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del 
artículo 65 de esta Norma Foral relativ a a una obligación tributaria determinará, 
asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las 
letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio 
obligado tributario cuando e n éstas se produzca o haya de producirse una tributación 
distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración tributaria o 
por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la 
regularización de la obl igación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias 
conexas.  
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias 
conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se 
determinen en func ión de los correspondientes a otra obligación o período distinto.  
 
Artículo 68.- Extensión y efectos de la prescripción.  
1.  (29). La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la 
deuda tributaria, salvo  lo dispuesto en el apartado 9 del artículo anterior.  
2.  La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la 
deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.  
 
3. La prescripción ganada e xtingue la deuda tributaria, no siendo admisible la renunc ia 
a la misma.  
 
Artículo 69 .- Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales.  
1.  Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas 
a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán e xigirse mientras no 
haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.  
 
2.  A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o 
entidades, las obligaciones de conservación y suministro de informaci ón previstas en 
las letras d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta Norma Foral, deberán 
cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de 
sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anteri or, si este último 
fuese superior.  
 
3.  (29) La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en 
operaciones realizadas en períodos impositivos pr escritos se mantendrá durante el 
plazo de prescripción del  derecho para determinar las deudas tributarias afectadas 
por la operación correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refieren 
los apartados 2 y 3 del artículo 65 bis de esta Norma F oral. 
 
 
SECCIÓN 4ª  
 
OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA  
 
Artículo 70 .- Compensación.  
1.  Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente 
por compensación con créditos reconocidos por acto administrativ o a favor del mismo 
obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
2.  La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.  
 
3.  Reglamentariamente podrá establecerse un sistema de cuenta corriente en el que lo s 
obligados tributarios puedan solicitar la compensación de los créditos y las deudas 
tributarias de las que sean titulares.  
 
 
Artículo 71 .- Compensación a instancia del obligado tributario.  
1.  El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las  deudas tributarias que se 
encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo.  
 
2.  La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el 
inicio del período ejecutivo, de la deuda concurrente con el crédit o ofrecido pero no el 
devengo del interés de  demora que, en su caso, pueda proceder hasta la fecha de 
reconocimiento del crédito.  
 
4. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la 
solicitud o cuando se cumplan los req uisitos exigidos para las deudas y los crédi tos, si 
este momento fuera posterior a dicha presentación. El acuerdo de compensación 
declarará dicha extinción.  
 
Artículo 72 .- Compensación de oficio.  
1.  (29) La Administración tributaria  compensará de oficio las deudas tributarias que se 
encuentren en período ejecutivo. Igualmente, la Administración tributaria podrá 
compensar de oficio las deudas aplazadas o fraccionadas con créditos reconocidos por 
acto admin istrativo a favor del mismo o bligado tributario.  
Igualmente, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario 
las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de 
gestión o inspección o de la práctica d e una nueva liquidación por h aber sido anulada 
otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta Norma 
Foral.  
Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario 
las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la  ejecución de la resolución a la 
que se refieren los artículos 231.3 y 244.7 de esta Norma Foral.  
2.  La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de inicio del período 
ejecutivo o cuando se cumplan los requis itos exigidos para las deudas  y los créditos, si 
este momento fuera posterior. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.  
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo, la 
extinción se producirá en el momento de c oncurrencia de las deudas y l os créditos, en 
los términos establecidos reglamentariamente.  
 
 
Artículo 73 .- Condonación.  
Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.  
 
 
Artículo 74 .- Baja provis ional por insolvencia.  
1.  La deuda tributaria que no haya podido hacerse efectiva en los respectivos 
procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados 
tributarios, se declarará crédito incobrable, total o parcial, en  tanto no se rehabilite 
dentro del plazo de prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 177 de esta Norma Foral.  
 
2.  La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción,  no se hubiera 
rehabilitado.  
 
 
SECCIÓN 5ª  
 
GARANTÍAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO  
 
Artículo 75 .- Derecho de prelación.  
1.  La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y 
no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de 
acreedo res de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el 
registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjui cio de lo dispuesto en los artículos 
76 y 7 7 de esta Norma Foral.  
 
2.  En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, 
incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos 
a lo establ ecido en la legislación concursal.  
 
 
Artícu lo 76 .- Hipoteca legal tácita.  
En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro 
público o sus productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Pública tendrá preferen cia 
sobre cualquier otro acreedor o adquire nte, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para 
el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que 
se exija el pago y al inmediato anterior.  
 
 
Artículo 77 .- Afección de b ienes.  
1.  Los adquirentes de bienes afecto s por disposición legal al pago de la deuda tributaria 
responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la 
deuda no se paga.  
 
2.  Los bienes y derechos transmitidos quedarán afect os a la responsabilidad del pago de 
las can tidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales 
transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo 
que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pú blica registral o se justifique la 
adquisic ión de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o 
industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.  
 
3.  Siempre que por Norma Foral se conceda un beneficio fiscal cuya definiti va efectividad 
dependa del ulterior cumplim iento por el obligado tributario de cualquier requisito por 
aquélla exigido, la Administración tributaria podrá hacer figurar el importe total de la 
liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio  fiscal, lo que los 
titulares de los regist ros públicos correspondientes harán constar por nota marginal de 
afección.  
 
 En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones de 
comprobación administrativa resulte un importe superior de  la eventual liquidación a que 
se refiere e l párrafo anterior, la Administración tributaria procederá a comunicarlo al 
registrador competente a los efectos de que se haga constar dicho mayor importe en la 
nota marginal de afección.  
 
 
Artículo 77 bis .- (23) Prelación y garantí as de créditos de titularidad de otros 
Estados.  
Los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o 
supranacionales no gozarán de prelación alguna cuando concurran con otros créditos de 
derecho público, ni del resto de las garantías establecidas en los artículos anteriores de 
esta Sección, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.  
 
Artículo 78 .- Medidas cautelares.  
1.  Para asegurar el cobro de la deuda tributari a, la Administración podrá adoptar medidas 
cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro 
caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.  
 
 La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expre sa mención de los 
motivos que justifican su ado pción.  
 
(23) Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas 
cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado 
o entidad internacional o supranacional que las solicite que perm ita la adopción de 
medidas cautelar es no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o 
sustitución.  
2.  (35) Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la 
cuantía estrictamente necesaria p ara asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se 
adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. 
La o el obligado tributario responderá del importe de las costas en que pudiera 
incurrirse por la adopción de las mi smas en el caso de que no hiciera e fectiva su deuda  
en periodo voluntario de pago.  
 
3.  Las medidas cautelares podrán consistir en:  
 
a)  La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar 
la Administración tributaria. La r etención cautelar total o parcial de una devolución 
tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.  
 
b)  El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, 
anotación preventiva.  
 
c)  La prohibi ción de enajenar, gravar o  disponer de bienes o derechos.  
 
d)  La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o 
subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su 
actividad principal realicen a los  contratistas o subcontrat istas, en garantía de las 
obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que 
deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a las obras o servicios  objeto de la contratación  o subcontratación.  
 
e)  Cualquier otra legalmente prevista.  
 
4.  (6) Las medidas cautelares podrán hacerse efectivas en cualquier momento de un 
procedimiento de gestión, inspección o recaudación.  
 
5.  (29) Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su 
adopción, salvo en los siguientes supuestos:  
a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del 
apartado 7 de este artí culo, o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos 
desde la fecha de adopción de la medida cautelar.  
b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.  
c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía q ue se 
estime suficiente.  
En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario 
presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
certificado de seguro de caución que garantice el cobr o de la cu antía de la medida 
cautelar. Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria 
cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la 
Administración tributaria deberá abonar los gastos  de la gar antía aportada.  
d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda 
exceder de seis meses.  
e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 251 
de esta Norma Foral o tras su conclu sión. En e stos casos sus efectos cesarán en el 
plazo de veinticuatro meses desde su adopción.  
Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 251 de 
esta Norma Foral, una vez dictada la liquidación a que se refiere el apa rtado 2 de l 
artículo 248 de esta Norma Foral, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, 
sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de dieciocho 
meses.  
Las medidas a que se refiere esta letra e) podrán convertirse en embarg os del 
procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.  
Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la 
suspensión contemplada en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal, las 
medidas adopt adas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se 
mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación 
o levantamiento.  
6.  Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en c uantía suf iciente 
para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, 
podrá acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculo s públicos  
que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria.  
 
7.  (29) Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación 
inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Haciend a 
Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, sin que se haya dictado la 
liquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, 
podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración tributaria , las 
medi das cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Vigésima de esta Norma Foral.  
Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de 
comprobación e investigación inspectora, las  medidas cautelares podrán adoptarse 
por el órgano competente de la Administración tributaria con posterioridad a la 
incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el 
Ministerio Fiscal o, en su  caso, con posterioridad a la  incoación de las 
correspondientes diligencias penales.  
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares 
podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o 
querell a como posibles responsables,  directos o subsidiarios, del pago de las 
cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal.  
Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la 
Administración tributaria, se notificará al inter esado, al Ministerio Fiscal y  al órgano 
judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión 
procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.  
 
Artículo 79 .- Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del  pago de la deuda 
tributaria.  
1.  Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la 
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de 
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o ce rtificado de seguro de 
caució n. 
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su 
aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la 
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza 
personal y sol idaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine 
reglamentariamente.  
En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá 
solicitar de la Administración tributaria qu e adopte medidas cautelares en sustituc ión 
de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos, no será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior de esta Norma Foral.  
2.  Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constituci ón de las 
garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:  
a)  Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije 
reglamentariamente. Esta excepción podrá limitarse a s olicitudes formuladas en 
determinadas f ases del procedimiento de recaudación.  
b)  Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda 
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento 
de la capac idad productiva y del nivel de empleo d e la actividad económica 
respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la 
Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.  
c)  En los demás casos que establezca la normativa tributar ia. 
 
 
TÍTULO III  
 
LA APLICACIÓN DE LOS  TRIBUTOS  
 
 
CAPÍTULO I  
 
PRINCIPIOS GENERALES  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  
 
 
Artículo 80 .- Ámbito de la aplicación de los tributos.  
1.  La aplicación de los tributos comprende todas las actividades de la Administración 
tributaria dirigidas a l a información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, 
inspección y recaudación de los tributos, así como las actuaciones de los obligados en 
el ejercicio de sus derechos o en cumplim iento de sus obligaciones tributarias.  
 
2.  (23) También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades 
administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el apartado 
anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua.  
La Administr ación tributaria podrá requerir, a través de la Autoridad competente, y 
prestará asistencia mutua tendente al intercambio de información, a la recaudación 
de créditos o a otros fines previstos en la normativa reguladora de dicha asistencia y 
podrá particip ar, junto con las autoridades competentes de otros Estados, en 
controles simultáneos, en los términos establecidos en la normativa sobre asistencia 
mutua con el objeto de intercambiar la información obtenida en relación con personas 
o entidades que sean de  interés común o complementario para los Estados 
intervinientes.  
En el desarrollo de las actuaciones de asistencia a otros Estados, previo acuerdo con 
la autoridad requirente, podrán estar presentes funcionarios designados por la 
misma.  Asimismo, los func ionarios designados por la Administración tributaria podrán 
desplazarse a otros Estados en el marco de peticiones de asistencia o como 
consecuencia de controles simultáneos.  
Las comunicaciones que la Administración tributaria entable, a través de la Autori dad 
competente, con otros Estados o con entidades internacionales o supranacionales en 
virtud de la normativa sobre asistencia mutua, se llevarán a cabo a través de los 
medios es tablecidos en la normativa que regule la asistencia en cada caso.  En 
defecto d e regulación específica, para las comunicaciones se utilizarán 
preferentemente medios electrónicos, informáticos y telemáticos.  
3.  (23) Las funciones de a plicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de 
resolución de  las reclamaciones económico -administrativas que se interpongan contra 
los actos dictados por la Administración tributaria.  
 
4.  (23) La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos 
administrativos de ges tión, inspección, recaudación y las demás actuaciones previstas 
en este Título.  
 
5.  (23) Sin perjuicio de lo establecido en el Concierto Económico y en la  presente Norma 
Foral, la actuación de los obligados tributarios ante una Admi nistración tributaria distinta 
de la competente no producirá efecto.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS  
 
 
Artículo 81 .- Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.  
1.  La Administración deberá prestar a l os obligados tributarios la necesaria información y 
asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.  
 
2.  La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a 
través de las siguientes actuaciones:  
 
a)  Divulgación de text os actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina 
administrativa de mayor trascendencia.  
 
En concreto, se proporcionarán los textos de las Normas Forales y de los 
Reglamentos en materia tributaria vigentes, así como una relación de todas l as 
disposiciones tributarias que se aprueben cada año.  
 
Asimismo se divulgarán las resoluciones económico -administrativas que se 
consideren de  mayor trascendencia y repercusión.  
 
b)  Comunicaciones y actuaciones de información.  
 
En particular, la Administr ación tributaria informará a los contribuyentes de los 
criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria y 
facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios.  
 
c)  Procedimientos de vincul ación administrativa previa.  
 
d)  Asistencia a los obligados en la realización de autoliquidaciones y declaraciones.  
 
3.  La Administración po tenciará la utilización de las TICS en todos los procedimientos 
documentales con los contribuyentes. En este senti do las actuaciones de información 
previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de 
técnicas y medios electróni cos, informáticos y telemáticos.  
 
4.  El acceso, en su caso, a través de internet a las actuaciones de información  y asistencia 
a las que se refiere el presente artículo será gratuito.  
 
 
Artículo 82 .- Procedimientos de vinculación administrativa previa.  
1.  Los obligados tributarios podrán solicitar que, con anterioridad a la realización del hecho 
imponible o a la con clusión del período voluntario de declaración del mismo, la 
Administración tributaria se pronuncie de manera vinculante respecto a las 
consecu encias tributarias que para los citados obligados se deriven de la realización de 
determinados hechos, actos o neg ocios jurídicos o de la realización de determinadas 
operaciones.  
 
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se llevará a efecto a través de los siguientes 
procedimientos:  
 
a)  Consultas tributarias escritas.  
 
b)  Información con carácter previo a la adquisi ción o transmisión de bienes inmuebles.  
 
c)  Acuerdos previos de valoración.  
 
d)  Propuestas previas de tributación.  
 
 
Artículo 83 .- Consul tas tributarias escritas.  
1.  Los obligados tributarios podrán formular a la Administración tributaria consultas 
debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación 
tributaria que en cada caso les corresponda.  
 
 Asimismo, podrán formular consultas tributarias los organismos o entidades, que se 
determinen reglamentariamente, cuando se refieran  a cuestiones que afecten a la 
generalidad de sus miembros o asociados.  
 
2.  Las consultas tributarias escritas se formulará n antes de la finalización del plazo 
establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o 
autoliquidaci ones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.  
 
3.  Las consultas se formularán mediante escrito dirigido a la Ad ministración tributaria para 
su contestación, con el siguiente contenido mínimo:  
 
a)  Identificación del consultante.  
 
b)  Anteceden tes y circunstancias determinantes del caso.  
 
c)  Formulación clara, precisa e inequívoca del contenido de la consulta.  
 
 Reglamentariamente podrá ampliarse el contenido exigible a las consultas a las que 
se refiere el presente artículo.  
 
4.  La Administra ción tributaria podrá archivar, con notificación al interesado, las consultas 
que no reúnan los requisitos est ablecidos en los apartados anteriores y no sean 
subsanados a requerimiento de la Administración.  
 
5.  La Administración tributaria deberá contesta r por escrito en el plazo de tres meses 
desde su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no impl icará la 
aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta.  
 
6.  El procedimiento y los órganos administrativos competentes para  la tramitación y 
contestación de las consultas se determinarán reglamentariamente.  
 
 
Artículo 84 .- Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas.  
1.  La contestación a las consultas tributarias escritas, que cumplan los requisitos previst os 
en el artículo anterior, tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este 
artículo, para los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de 
los tributos en su relación con el obligado tributario.  
 
La contestación a l as consultas tributarias escritas que no cumplan los requisitos 
previstos en el artículo anterior, t endrá efectos exclusivamente informativos.  
 
En tanto no se modifique la normativa o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán 
al obligado tributario  los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando no 
se hubieran alterado las circunsta ncias, antecedentes y demás datos recogidos en el 
escrito de consulta.  
 
Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tribu tos 
deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier 
obligado tributario, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias del 
mismo y los que se incluyan en la contestación a la consulta, salvo que d e forma 
motivada se  modifique la doctrina administrativa aplicable.  
 
2.  No tendrán e fectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las 
consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que 
planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, 
recur so o reclamación iniciado con anterioridad.  
 
3.  La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos 
en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
4.  Contra la contestación a las consu ltas tributarias el obligado tributario no podrá entablar 
recurso alguno. Sin embargo podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que 
se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.  
 
5.  La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto 
íntegro de consultas concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la 
identificaci ón de las personas a las que afecten.  
 
 
Artículo 85 .- Información sobre el valor de bienes inmuebles.  
1.  La Administración tributaria informará sobre el valor a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles que, incluidos en el catastro inmobiliario de Álava, vayan a ser objeto de 
adquisición o transmisión, en los términos y con los efectos q ue se determinen en la 
normativa de cada tributo.  
 
2.  El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información facilitada. Podrá 
hacerlo contra el acto o actos  administrativos que se dicten posteriormente en relación 
con dicha información.  
 
 La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera 
incluido en la solicitud del interesado.  
 
 
Artículo 86 .- Acuerdos previos de valora ción.  
1.  Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria,  cuando las 
Normas Forales o los Reglamentos  de cada tributo así lo prevean, que determine con 
carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, prod uctos, bienes, 
gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria.  
 
2.  La solicitud deberá presentarse por escrito, antes de la realización del hecho imponible 
o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.  
 
 A dicha  solicitud se acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado 
tributario.  
 
3.  La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las 
circunstancias declaradas por el obligado tributario.  
 
4.  El acuerdo de la Administrac ión tributaria se emitirá por escrito, con indicació n de la 
valoración, del supuesto de hecho al que se refiere, del impuesto al que se aplica y de 
su carácter vinculante, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la 
normativa de cada trib uto. La falta de contestación de la Administración t ributaria en 
plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.  
 
5.  En tanto no se modifique la normativa o varíen significativamente las circunstancias 
económicas que fu ndamentaron la valoración, la Administración tributa ria que hubiera 
dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo. Dicho 
acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, excepto que la normativa 
que lo establezca p revea otro distinto.  
 
6.  Los obligados tributarios no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos 
regulados en este artículo. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se 
dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones inc luidas en el acuerdo.  
 
 
Artículo 87 .- Concepto y procedimiento de las propuestas previas de tributación.  
1.  Los obligados tributarios podrán someter al conocimiento de la Administración tributaria 
propuestas previas de determinación de la tributación corr espondiente a determinadas 
operaciones  de especial trascendencia o complejidad, en los términos que se 
determinen reglamentariamente.  
 
2.  Las propuestas a las que se refiere el apartado anterior, deberán incluir, además de una 
descripción exhaustiva de to dos los elementos que puedan influir e n la determinación 
de la deuda tributaria correspondiente a las operaciones o a la combinación de 
operaciones para las que se proponga este procedimiento de vinculación administrativa 
previa, el cálculo de la incidenci a en la cuantificación de la deuda tri butaria 
correspondiente realizado por el obligado tributario, con explicación de los criterios 
utilizados al efecto.  
 
3.  Las propuestas previas de tributación deberán presentarse ante la Administración 
tributaria con anterioridad a la realización del hech o imponible, y en el caso de los 
tributos con período impositivo, antes de la finalización del período impositivo en que 
deba ser de aplicación el contenido de la propuesta.  
 
 La Administración tributaria archivará la s propuestas presentadas fuera del pla zo 
señalado.  
 
4.  El plazo máximo para resolver las propuestas previas de tributación será de tres meses. 
La falta de aprobación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios, ni de la 
cuantificación expre sados en la propuesta.  
 
5.  Reglamenta riamente se regulará el procedimiento y los requisitos para la presentación y 
aprobación de propuestas previas de tributación.  
 
 
Artículo 88 .- Efectos de la aprobación de las propuestas previas de tributación.  
1.  La a probación por parte de la Administración tributaria de una propuesta previa de 
tributación vinculará a ésta, cuyos órganos encargados de la aplicación de los tributos 
deberán aplicar el contenido de la misma, salvo que se acredite que las circunstancias 
expuestas en la propuesta no  se ajustan a la realidad o que se haya modificado la 
normativa aplicable.  
 
2.  La resolución de una propuesta previa de tributación no podrá ser objeto de recurso o 
reclamación de ningún tipo, sin perjuicio de los que procedan co ntra el acto o actos 
administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de la misma.  
 
 
 
SECCIÓN 3ª  
 
COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  
 
Artículo 89 .- Colaboración social.  
1.  (29) Los interesados podrán col aborar en la aplicación de los tributos en los términos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen.  
Dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración 
tributaria con otras Administraciones p úblicas, con entidades priv adas o con 
instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, 
laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el 
desarrollo de su labor en aras de potenciar e l cumplimiento cooperativo de las 
obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría 
fiscal.  
2.  La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la 
colaboración social se realice media nte la utilización de técni cas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos.  
Artículo 90 .- Obligaciones de información.  
1.  Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades 
mencionadas en el apartado 3 del artículo 35 de esta Norma Foral, estarán ob ligadas a 
proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y 
justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus 
propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas , 
profesionales o financieras con otras personas.  
 
En particular:  
 
a)  Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar 
relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o 
entidades.  
 
b)  Las sociedad es, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre 
sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos 
derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta d e sus 
socios, asociados o co legiados, deberán comunicar estos datos a la Administración 
tributaria.  
 
A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las 
bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal,  estatutaria o 
habitualmente , realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios 
profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, 
cesión o mediación en el mercado de capitales.  
 
c)  Las personas o entidades depos itarias de dinero en efectiv o o en cuentas, valores u 
otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán 
obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos 
efectuados por los mismos en el ejer cicio de sus funciones.  
 
d) (35) Las personas o entidades que intervengan en operaciones con trascendencia 
tributaria estarán obligadas a facilitar a la administración tributaria la información que 
ésta requiera en relación a los movimientos financieros que aqu ella relación origina, 
sean o no objeto de actuaciones de comprobación o investigación en un 
procedim iento de inspección tributaria.  
 
2.  Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con 
caráct er general en la forma y plazos  que reglamentariamente se determinen, o 
mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria, que podrá 
realizarse en cualquier momento.  
 
3.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artíc ulo no podrá ampararse 
en el se creto bancario.  
 
Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones 
activas y pasivas, incluidas las que s e reflejen en cuentas transitor ias o se materialicen 
en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, 
cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
podrán efectuarse en el ejercic io de las funciones de inspecci ón o recaudación, previa 
autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se 
determine.  
 
Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del 
cheque u orden de pago de que se trate, o bien las ope raciones objeto de investigación, 
los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que 
se refieren.  
 
La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y 
destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos 
casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que 
se encuentre dicho origen y destino.  
 
4.  Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, e starán obligados a 
colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con 
trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:  
 
a)  El secreto del contenido  de la correspondencia.  
 
b)  El secreto de los dat os que se hayan suministrado a la Administración para una 
finalidad exclusivamente estadística.  
 
c)  El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se 
refieren los artíc ulos 34 y 35 de la Ley del Notariado, y los relati vos a cuestiones 
matrimoniales o a parejas de hecho que estén constituidas conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, con excepción de los 
referentes al régimen económico d e la sociedad conyugal y al régimen económico 
patrimonial de las citadas parejas de hecho.  
 
5.  La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia 
tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados  no 
patrimoniales que conozcan por razón del ejerc icio de su actividad cuya revelación 
atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos 
datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como 
consecue ncia de la prestación de servicios profesionales, de asesoramiento o defensa.  
 
 Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la 
comprobación de su propia situación tributaria.  
 
6.  En los términos que se establezcan reglamentaria mente, la Administración tributaria 
podrá señalar los requisitos y condiciones para que la información a suministrar a que 
se refiere este artículo y el siguiente se realice mediante la utilización de técnicas y 
medios electrónicos, informáticos o telemáti cos. 
 
 
Artículo 91 .- Autoridades sometidas al debe r de informar y colaborar.  
1.  Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Territorios Históricos y de las 
Entidades Loca les; los organismos autónomos y las entidades públ icas empresariales; 
las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades 
de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la 
Seguridad Social y qu ienes, en general, ejerzan funciones públicas, est arán obligados a 
suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con 
trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a 
través de requerimi entos concretos, y a prestarle, a ella y a sus age ntes, apoyo, 
concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.  
 
 Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las 
advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo 
con lo previsto  en la legislación vigente.  
 
2.  A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y 
asociaciones empresariales.  
 
3.  Los juzgados y tribunales deberán facilitar  a la Administración tributaria, de oficio o a 
requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan 
de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto 
de las diligencias sumariales.  
 
4.  El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Cap itales e 
Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del 
Terrorismo, así como la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración 
tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el eje rcicio de sus 
funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento individualizado, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
 Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada 
para la regu larización de la situación tributaria de los obligados en el curso de un 
procedimiento de gestión o de inspección, sin que sea necesario efectuar el 
requerimiento al que se refiere el apart ado 3 del artículo anterior.  
 
5.  La cesión de datos de carácter pe rsonal que se deba efectuar a la Administración 
tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de 
este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del 
afectado. En este ámbito no será de  aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  
 
 
Artículo 92 .- Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.  
1.  Los datos, informes o a ntecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados 
para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y 
para la imposición de las  sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:  
 
a)  La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fis cal en la 
investigación o persecución de delitos que no sean perseg uibles únicamente a 
instancia de persona agraviada.  
 
b)  (23) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del 
cumplimiento de obligaciones  fiscales en el ámbito de sus competencias.  
 
c)  (18) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las 
entidad es gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el 
fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social 
y contra el  fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema. 
Asimismo , la Administración tributaria facilitará al órgano de la administración pública 
responsable del reconocimiento y control de la condición de asegurado o de 
beneficiario del  mismo, los datos relativos a los niveles de renta de los usuarios, en 
cuanto sean n ecesarios para determinar el porcentaje de participación en el pago de 
las prestaciones de la cartera común de servicios, del Sistema Nacional de Salud, 
sujetas a aportació n. 
 
d)  (10) La colaboración con las Administraciones pública s para la persecución de los 
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y para la lucha contra el 
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones  a cargo de fondos 
públicos o de la Unión Europea.  
 
e)  (14) La colaboración con las comisiones de investigación constituidas en las 
Juntas Generales, así como con cualesquiera otras comisiones parlamentarias de 
investigación en el m arco fijado en el artículo 92 bis de esta norma.  
 
f)  La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los 
órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.  
 
g)  La colaboración con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el eje rcicio de sus 
funciones de fiscalización de la Administrac ión tributaria.  
 
h)  La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones 
judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la 
que, previ a ponderación de los intereses públicos y privados afectad os en el asunto 
de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento 
sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de 
recabar datos de la Ad ministración tributaria.  
 
i)  La colaboración con el Servi cio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de 
Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de amb as 
comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectiva s. 
 
j)  La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la 
recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los 
obligados al pago.  
 
k)  La utilización de datos con fines estadísticos por parte de l as Administraciones 
públicas competentes en materia estadística para el cumplimiento de las funciones 
que les atribuye la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Euska di. La solicitud de información deberá justificar las fina lidades 
concretas del trabajo estadístico para el que se requiere la cesión de los datos 
tributarios. Estos datos serán utilizados, en todo caso, para la elaboración de 
informes de datos agregados y  no podrán ser almacenados de forma individualizada.  
 
l) (22) La colaboración  con las Administraciones públicas y demás entidades que 
integran el sector público para el desarrollo  de sus funciones, previa autorización 
de los obligados t ributarios a que se refieran los datos suministrados.  
 
m) (6) La colaboración con las Administraciones Públicas Territoriales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la recaudación de los ingresos de 
Derecho Público de su competenci a. 
 
n) (22) (32) La colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava 
y con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España, a los efectos de confeccionar el censo públ ico de empresas, en los 
términos p revistos en el artículo 8 de la Ley 4/2014, de 1 de abril.  
 
ñ) (23) El intercambio de información en el marco de la normativa sobre asistencia 
mutua.  
La Administración tributaria podrá facilitar a ot ros Estados o a entidades 
internacionales o supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos 
en el desempeño de sus funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la 
aplicación de tributos de titularidad de otros Estados o de entidades 
internacionales o supranacionales, en los términos y con los límites establecidos 
en la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o entidad 
receptora de la información pueda utilizarla para  otros fines cuando así se 
establezca en dicha no rmativa.  
A fin de proporcionar la citada información, la Administración tributaria realizará 
las actuaciones que se precisen para obtenerla, incluso cuando la información 
solicitada no sea precisa para la de terminación de sus tributos internos. A tal 
efect o, la Administración podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de obtención 
de información regulados en esta Norma Foral.  
La Administración tributaria podrá oponerse o deberá autorizar expresamente, en 
los términos  establecidos en la normativa sobre asis tencia mutua, que la 
información facilitada conforme al apartado anterior sea transmitida a un tercer 
Estado o entidad internacional o supranacional.  
o) (24) La colaboración  con el Consej o General de la Abogacía y con los Colegios 
de Ab ogados para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos 
suministrados.  
p) (28) Los supues tos previstos en el Derecho de la Unión Europea y  en los tratados 
y acuerdos internacionales que formen parte del ordenamiento jurídico.  
q) (29) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
mediante la cesión de l os datos, informes o antecedentes necesarios para  la 
localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, 
previa acreditación de esta circunstancia.  
r) (36) La colaboración con las entidades encargadas de la gestión de la prestación 
económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital 
establecido en el Real Decreto -Ley 20/2020, de 29 de mayo . 
2.  En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter 
tributari o deberá ser suministrada preferentemente mediante la uti lización de medios 
informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de 
la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de 
certificad os de la Administración tributaria en relación con dicha información.  
 
3.  (23) La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.  
Cuantas  autoridades, funcionarios u otro personal al servicio de la Administración 
tributaria tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán 
obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados.  
Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a 
instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o 
remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen 
constitutiv os de delito.  También podrá iniciarse directamente el opor tuno procedimiento 
mediante querella a través del órgano competente.  
En este mismo sentido, cualquier autoridad, funcionario u otro personal al servicio de la 
Administración tributaria que tenga con ocimiento de hechos que pudieran constituir 
soborno deberá  ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.  
4. (29) El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la 
publicación de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.  
5.  (29) Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los 
datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el corr ecto 
cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de rea lizar pagos a cuenta. Dichos 
datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en 
la normativa propia de cada tributo.  
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterio r, los referidos datos, informes o antecedentes 
tienen carácter  reservado.  
Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto 
y completo sigilo respecto de ellos.  
 
6.  (29) (23) La cesión  a terceros de la información suministrada a la Administración 
tributaria por otros Estados o por entidades internacionales o supranacionales en 
virtud de normas sobre asistencia mutua será posible sólo si la normativa de l Estado 
o entidad que ha facilitado la información permite su utilización para fin es similares, 
salvo que la normativa sobre asistencia establezca otra cosa.  
En su caso, la información a que se refiere este apartado podrá ser remitida a otros 
Estados o a otras entidades internacionales o supranacionales si así lo permite la 
normativa so bre asistencia mutua, y en las condiciones establecidas en la misma.  
 
Artículo 92 bis (14).- 
1. La Diputación Foral de Álava como administración tributaria deberá proporcionar, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, cuantos datos, in formes, antecedentes o 
documentos les sean requeridos por las comisiones de investigación constituidas en 
las Juntas Generales o cualesquiera otras co misiones parlamentarias de 
investigación, siempre que concurran las condiciones siguientes:  
 
a) Que se ref ieran a las siguientes personas:  
 
Uno.  Personas físicas que desempeñen o hubieren desempeñado, por elección o 
nombramiento, su actividad como altos cargos o equivalentes en todas las 
Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entidades de Derecho  
Público y Presidentes y Directores ejecutivos o equivalentes de los organismos y 
empresas de ellas dependientes y de las sociedades mercantil es en las que sea 
mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas o 
de las resta ntes entidades de Derecho Público o estén vinculadas a las mismas 
por constituir con ellas una unidad de decisión.  
 
Dos. Personas físicas que con relación a las descritas en el apartado uno 
ostenten, o hayan ostentado en el momento temporal a que se refier e el objeto de 
la investigación, la condición de cónyuge, pareja de hecho, cuando se trate de 
parejas de hecho constituidas conforme a lo disp uesto en la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2003, de 7 de mayo, personas que convivan en análoga relación de 
afectivida d, hijo dependientes o personas tuteladas, y familiares dentro del 
segundo grado, por vínculos de consaguinidad o afinidad.   
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior respecto de los cónyuges, parejas de hecho o 
personas que convivan en análoga relación de afec tividad se aplicará con 
independencia del régimen económico o patrimonial que les corresponda.  
 
Tres.  Entidades y Personas Jurídicas en que la s personas relacionadas en los 
apartados uno y dos anteriores tuvieran, tanto de forma directa como indirecta 
tanto de forma individual como de forma conjunta, una participación societaria 
superior al 10 % o en cuya dirección, asesoramiento o administració n hubieran 
tenido alguna participación.  
 
Cuatro.  Cualesquiera otras entidades o personas jurídicas que mantengan o  
hayan mantenido conciertos o contratos de cualquier naturaleza, con el sector 
público estatal, autonómico o local, o sean subcontratistas de dichas empresas o 
que reciban subvenciones provenientes de cualesquiera administración pública, o 
que guarden rela ción con el objeto de la comisión de investigación.  
 
b) Que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño del cargo 
público po r parte de las personas descritas en el apartado a) uno de este artículo.  
 
c)  Que dichas comisiones entendieran q ue sin tales datos, informes, antecedentes o 
documentos no sería posible cumplir la función para la que fueron creadas.  
 
2. Lo dispuesto en el pr esente artículo será de aplicación a las comisiones de 
investigación constituidas en las Juntas Generales de Álava  y a las comisiones 
parlamentarias de investigación del Parlamento Vasco, salvo que respecto a éstas 
últimas sea aplicable una legislación esp ecífica, en cuyo caso se aplicará esta última 
siempre que no rebase el contenido del presente artículo.  
 
A las com isiones de investigación constituidas en las Juntas Generales de Bizkaia y 
Gipuzkoa se les aplicará la legislación vigente en su territorio histórico siempre que 
no rebase el contenido del presente artículo.  
 
A las comisiones parlamentarias de investigació n se aplicará la legislación que les 
corresponda y, en su defecto, la legislación tributaria de régimen común siempre que 
no reba se el contenido del presente artículo.  
 
3. Los datos, informes, antecedentes o documentos remitidos por la Administración 
tributar ia a las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales o a 
las comisiones parlamentarias de investigación sólo  podrán tener publicidad si 
forman parte de las conclusiones de investigación, estando sometidos a secreto el 
resto de los dato s facilitados.  
 
Artículo 92 ter (27). Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias.  
1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 
comprensivos de deudores a la Diputación Foral de Álava por deudas y sanciones 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:  
a) Que el imp orte total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso 
supere el importe de 1.000.000 de euros. A estos efectos se ten drán en cuenta 
exclusivamente los tributos de titularidad de la Diputación Foral de Álava para los que la 
aplicación de lo s tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de 
revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la DF A. 
b) Que dichas deudas y sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el 
plazo de ingreso en periodo volun tario.  
A efectos de lo dispuesto en este artículo no se tendrán en cuenta las deudas y 
sanciones tributarias que se encuentren aplazad as, fraccionadas o suspendidas, así 
como aquellas cuyo plazo de ingreso en período voluntario no haya concluido a 31 de 
diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación de la lista de deudores a la 
Diputación Foral de Álava.  
Tampoco se tendrán en c uenta las deudas y sanciones tributarias que no hayan sido 
notificadas al obligado tributario en la fecha a que se refiere  el párrafo anterior.  
2. En los listados a que se refiere el apartado anterior se incluirá la siguiente información:  
a) La identificac ión de los deudores conforme al siguiente detalle:  
­ Personas físicas: nombre, apellidos y Número de Identificación Fiscal.  
­ Personas jurídicas y entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de 
esta Norma Foral: razón o denominación social complet a y Número de Identificación 
Fiscal.  
b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a 
efectos de la publicación.  
3. La publicidad regulada en este artículo se referirá exclusivamente a los tributos de 
titularidad de l a Diputación Foral de Álava para los que la aplicación de los tributos, el 
ejercicio de la potestad sancionadora y l as facultades de revisión estén atribuidas en 
exclusiva a los órganos de la DFA.  
4. La determinación de la concurrencia de los requisitos ex igidos para la inclusión en el 
listado de deudores a la Diputación Foral de Álava tomará como fecha de referencia el  31 
de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la 
cantidad pendiente de ingreso tanto en la fecha de di cho acuerdo, como en la fecha de 
publicación del referido listado.  
La propuesta de inclusión en el listado de deudor es a la Diputación Foral de Álava será 
comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días 
hábiles contados  a partir del día siguiente al de recepción de la comunicación. A estos 
efectos será suficiente para entender realiz ada dicha comunicación la acreditación, por 
parte de la Administración Tributaria, de haber realizado un intento de notificación de la 
misma , que contenga el texto íntegro de su contenido, en el domicilio fiscal del 
interesado.  
Con la salvedad establecida en el párrafo anterior, se aplicará, en su caso, el artículo 108 
de esta Norma Foral.  
Las alegaciones del interesado habrán de referirse exc lusivamente a la existencia de 
errores materiales, de hecho o aritméticos, así como al cumplimiento de los requisito s 
señalados en el apartado 1 del presente artículo.  
Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración Tributaria podrá 
acordar  las rectificaciones oportunas una vez que se acredite fehacientemente que no 
concurren los requisitos determinados en el apartado 1 del presente artículo.  
La rectificación a que se refiere el párrafo anterior también podrá ser acordada de oficio 
por la pr opia Administración Tributaria.  
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará, por parte de la Diputación Fo ral de 
Álava, el acuerdo de publicación del listado de deudores a la Diputación Foral de Álava.  
La notificación al interesado del acuerdo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá 
producida con su publicación y la del listado de deudores a la Diput ación Foral de Álava.  
En el acuerdo de publicación del listado de deudores a la Diputación Foral de Álava se 
establecerá la fecha de publica ción, que deberá producirse en todo caso durante el 
primer semestre natural de cada año.  
La publicación se efectuar á en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse 
las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de mot ores 
de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos 
tres meses desde la fech a de publicación.  
El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dic iembre, de protección de datos de carácter general, y 
en su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de  diciembre.  
5. En la publicación del listado de deudores a la Diputación Foral de Álava se especificará 
que la situación reflejada en el mis mo es la existente a la fecha de referencia señalada en 
el apartado 4 del presente artículo, sin que la publicación del listado resulte afectada por 
las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, en 
orden al pago de  las deudas y sanciones incluidas en el mismo.  
Lo dispuesto en este artículo no afectará, en modo alguno, al régimen  de impugnación 
establecido en esta Norma Foral en relación con las actuaciones y procedimientos de los 
que se deriven las deudas y sancione s tributarias ni tampoco a las actuaciones y 
procedimientos de aplicación de los tributos iniciados o que se pudiera n iniciar con 
posterioridad en relación con las mismas.  
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en or den 
a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de 
interrupción a los efectos previ stos en el artículo 67 de esta Norma Foral.  
6. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.  
 
CAPÍTULO II   
 
Norm as comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios  
 
Artículo 93 .- Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.  
Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:  
 
a)  Por las normas especiales establecidas en  este Título y la normativa reglamentaria 
dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras 
Normas Forales de contenido tributario y en su normativa reglamentaria de desarrollo.  
 
b)  Supletoriamente, por las disposiciones  generales sobre los procedimientos 
administrativos.  
 
 
SECCIÓN 1ª   
 
ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 
TRIBUTARIA  
 
SUBSECCIÓN 1ª   
 
FASES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  
 
Artículo 94 .- Iniciación de las actuaciones y procedimi entos tributarios.  
 
1.  Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del 
obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, solicitud, o cualquier otro 
medio previsto en la normativa tributaria.  
 
2.  Los do cumentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán 
incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación 
fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.  
 
3.  La Administración tributaria podrá aprobar mo delos y sistemas normalizados de 
autoliquidaciones, declaraciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la 
normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las 
actuaciones y  procedimientos tributarios.  
 
4.  Reglamentariamente se podrán determinar los supuestos y condiciones en los que los 
obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, 
autoliquidaciones, solicitudes y cualquier otro document o con trascendencia tributaria.  
 
 
Artículo 95 .- Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.  
 
1.  En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración 
facilitará en todo momento a los obligados tributarios el e jercicio de los derechos, y el 
cump limiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados 
siguientes.  
 
2.  Los obligados tributarios deberán prestar a la Administración tributaria la debida 
colaboración en el desarrollo de sus funciones e n los procedimientos de aplicación de 
los tributos.  
 
3.  Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no 
resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquéllos que hayan sido previamente 
presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración 
tributaria actuante, siempre que se indique el día y el procedimiento en el que los 
presentó. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos 
específicos propios o de terceros, previ amente aportados.  
 
4.  Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 
autoliquidaciones y declaraciones que hayan presentado o de extremos concretos 
contenidos en las mismas.  
 
5.  El obligado que sea parte en una actuació n o procedimiento tributari o podrá obtener a 
su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a 
intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la 
normativa vigente.  
 
En los procedimientos en l os que exista trámite de au diencia o, en defecto de éste, 
período de alegaciones posterior a la propuesta de resolución, las copias se facilitarán 
durante los mismos.  
 
6.  El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a  
la fecha de la solicitud y  que obren en los archivos administrativos únicamente podrá 
ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento 
tributario, salvo que sean reservados en los términos del artículo 92 de esta Norma 
Foral. 
 
7.  Para la práctica d e la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la 
apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los 
interesados.  
 
8.  Las actuaciones de la Administración tributaria en los proc edimientos de aplicación de  
los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros 
documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.  
 
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración  
notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias 
relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier 
persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las 
diligencias que se  extiendan.  
 
Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar 
hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se 
entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener pro puestas de 
liquidaciones tributarias.  
 
Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, 
los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten 
otros órganos y servicios de las Adminis traciones púb licas o los poderes legislativo y 
judicial, en los términos previstos por la legislación vigente y los que resulten necesarios 
para la aplicación de los tributos.  
 
9.  En todo procedimiento de aplicación de los tributos se dará audiencia al in teresado 
antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a 
su derecho, salvo en los siguientes casos:  
 
a)  En los previstos en el apartado 2 del artículo 126 de esta Norma Foral.  
 
b)  Cuando en las normas reguladoras del  procedimient o de que se trate esté previsto 
un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta.  
 
c) En el procedimiento de apremio a que se refiere la Sección 2ª del Capítulo V del 
Título III de esta Norma Foral.  
 
 La duración del citado trámite de aud iencia no ser á inferior a diez días ni superior a 
quince.  
 
10.  (38) Las actuaciones de la Diputación Foral de Álava y de los obligados tributarios en 
los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sis temas 
digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la 
comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, le interacción visual, 
auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la  
trans misión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el 
resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e 
integridad.  
 
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Diputación Foral  de 
Álava y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la  
fecha y hora de su desarrollo.  
 
 
 
 
Artículo 96 .- Terminación de los procedimientos tributarios.  
 
1.  Pondrán fin a los procedimientos tributarios la resolución, el  desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por 
causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido 
objeto de requerimiento o cualquier o tra causa prev ista en el ordenamiento tributario.  
 
2.  Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada 
por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta 
forma de terminación.  
 
 
SUBSE CCIÓN 2ª   
 
LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 97 .- Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.  
 
1.  La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de 
la Administración tributaria realiza las operaciones de cuantificación ne cesarias y 
determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a 
devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.  
 
 La Administración tributaria no estará obligada a ajustar la s liquidaciones a los datos 
consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, 
solicitudes o cualquier otro documento.  
 
2.  Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.  
 
3.  Tendrán la consideración de de finitivas:  
 
a)  Las practicadas en un procedimiento de inspección previa comprobación e 
investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 145 de esta Norma Foral.  
 
b)  Las demás a l as que la normativa tributaria o torgue tal carácter.  
 
4.  En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.  
 
 
Artículo 98 .- Notificación de las liquidaciones tributarias.  
 
1.  Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en l os términos 
previstos en la Sección 3ª de este Capítulo.  
 
2.  Las liquidaciones se notificarán con expresión de:  
 
a)  La identificación del obligado tributario.  
 
b)  Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  
 
c)  La motivación de la s mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el 
obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el 
mismo, con expresión general de las circunstancias que la originen.  
 
d)  Los medios de impugnación que pued an ser ejercidos, órgano ante el que hayan de 
presentarse y plazo para su interposición.  
 
e)  El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
f)  Su carácter de provisional o definitiva.  
 
3.  En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación 
correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse 
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.  
 
 El aumento de base imponible sobre la re sultante de las declaraciones deberá 
notificarse al contribuyente con expresión general de las circunstancias que la originen, 
excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter g eneral 
autorizadas por las Normas Forales o cuando se pr oduzcan otras variaciones o 
alteraciones, igualmente de carácter general, en los demás elementos integrantes del 
tributo, contempladas en la normativa tributaria local.  
 
4.  No será preceptiva la notificación expresa en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente, siempre que la Administración tributaria así lo advierta por escrito 
al obligado tributario o a su representante, así como en los supuestos de devoluciones 
derivadas de la presentación de autoliquidaciones en los que la cantidad efectivamen te 
devuelta coincida con la solicitada a devolver.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª   
 
OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y PLAZOS DE RESOLUCIÓN  
 
Artículo 99 .- Obligación de resolver.  
 
1.  La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones 
que se pl anteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar 
dicha resolución expresa.  
 
2.  No existirá obligación de resolver expresamente en  los procedimientos relativos al 
ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicaci ón por el obligado 
tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los in teresados.  
 
 No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tri butaria 
declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará 
obligada a contestar a su petición.  
 
3.  Los actos de liquidación, los de  comprobación de valor, los que impongan una 
obligación, los que denieguen un beneficio fiscal  o la suspensión de la ejecución de 
actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la 
normativa vigente, serán motivados con referenc ia a las circunstancias que los originan.  
 
 
Artículo 100 .- Plazos de resolución y efectos de l a falta de resolución expresa.  
 
1.   (34) El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa 
reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fije n plazo máximo, éste será de seis meses.  
 
El plazo se contará:  
 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo 
de inicio.  
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el 
docu mento haya tenido entrada en el registro de la Administración co mpetente 
para su tramitación.  
 
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el proc edimiento de apremio, cuyas  
actuaciones podrán extenderse hasta el vencimi ento del plazo de prescripción.  
 
2.  (29) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado 
un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.  
En el c aso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones 
practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos se entenderá cum plida con la puesta a 
disposición  de la notificación en la sede electrónica de la Administración tributaria o en 
la dirección electrónica habilitada.  
Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las 
dilaciones en el proc edimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y 
los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta 
Norma Foral, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.  
3.  Asimismo, el cómputo del plazo de  resolución o de duración de las actuaciones de la 
Administración tributaria, se considerará interrumpido justificadamente cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:  
 
a)  Petición de datos o informes a otras Administraciones de la Comunidad 
Autónoma, Estado, otras Comunidade s Autónomas, Entidades Locales, o a 
Administraciones de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, 
por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los 
mismos, sin que la interrup ción por este concepto pueda exce der, para todas las 
peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando 
se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de doce 
meses.  
 
b)  Existencia de causa de fuerza mayor q ue obligue a la Administración a interrumpir 
sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa.  
 
4.  A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario el 
retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes  de información, 
requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la Administración 
tributaria, dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso 
de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos que  se 
considere pro cedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas, 
no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se 
cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho 
cómputo, el retraso debido a dilacion es imputadas al contribuyente se contará por 
días naturales.  
 
5.  En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su 
norma tiva reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los 
tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le 
corresponda.  
 
 En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus 
solicitud es po r silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de 
ejercicio del derecho constitucional de petición y en los de impugnación de actos y 
disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.  
 
 Cuando se produzca la pa ralización del procedimiento por causa imputable al obligado 
tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la 
caducidad del mismo.  
 
6.  En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo es table cido 
sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la 
normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.  
 
 En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:  
 
a)  Si se tr ata d e procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 
caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los 
obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los 
posibles efect os favorables derivados del procedimiento.  
 
b)  En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.  
 
7.  Producida la caducidad del procedimiento, ésta será declarada, de ofic io o a instancia 
del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.  
 
 Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la 
Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos 
caducados no int errum pirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos 
administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta Norma 
Foral.  
 
 Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los 
document os y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, 
conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos 
iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro 
obligado tributario.  
 
 
SECCI ÓN 2ª   
 
PRUEBA  
 
 
Artículo 101 .- Medios, valoración y carga de la prueba.  
1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y 
valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
salvo que  la normativa tributaria establezca otra cosa.  
 
(23) Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades 
internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán 
incorporarse, con el valor proba torio que proceda conforme al párrafo anterior, al 
procedimiento que corresponda.  
2.  En los procedimientos de aplicación de los tributos quien pretenda hacer valer su 
derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo.  
 
3.  En el caso de que los elementos de prueba constaran ya en poder de la Administración 
tributaria, los obligados tributarios cumplirán su deber de probar con hacer designación 
concreta de los mismos.  
 
 
Artículo 102 .- Normas espe ciales sobre medios de prueba.  
1. La Norma Fora l reguladora de cada tributo podrá fijar los requisitos formales que 
hayan de ser cumplidos para que determinadas operaciones, relevantes en la 
cuantificación de la obligación tributaria, tengan la consideración de deducibles.  
 
2. (29). Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén 
originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán 
justificarse, de forma prioritaria, mediante l a factura entregada por el empresario o 
profesional que ha ya realizado la correspondiente operación que cumpla los 
requisitos señalados en la normativa tributaria.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado 
respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una v ez que la Administración 
cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar 
pruebas sobre la realidad de las operaciones.  
3. (29). 
 
Artículo 103 .- Valor probatorio de las diligencias.  
1.  Las diligencias e xtendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos 
tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que 
motiven su formalización, salvo que  se acredite lo contrario.  
 
2.  Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto 
del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán 
rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrie ron en error de hecho.  
Artículo 104 .- Presunciones en materia tributaria.  
1.  Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante 
prueba en contrario, excepto en los casos en que expresamente se prohiba por Norma 
Foral.  
 
2.  Para que las presunciones no establecidas por las Normas Forales sean ad misibles 
como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se 
trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.  
 
3.  La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquie r bien, derecho, 
empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro 
fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.  
 
4.  Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declarac iones y 
demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para 
ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en cont rario.  
 
 Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en 
cumplimien to de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 90 
y 91 de esta Norma Foral que vayan a ser utilizados en la regularización de la situac ión 
tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de 
acuer do con lo dispuesto en esta Sección cuando el obligado tributario alegue la 
inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifi que 
y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones 
presenta das. 
 
5. (29) En el caso de obligaciones tributarias con períodos de liquidación inferior al año, se 
podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los períodos de 
liquidación correspondientes cuando la Ad ministración tributaria no pueda, en base a la 
información obrante en su poder, atribuirla a un período de liquidación concreto 
conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido 
expresamente a tal efecto, no justifique que  procede un reparto temporal diferente.  
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
NOTIFICACIONES  
 
Artículo 105 .- (16) Notificaciones en materia tributaria.  
1. El régimen de notificaciones al obligado tributario será el previsto en las normas 
administrativas gener ales con las especialidades establecidas en los artículos 98 y 
179.4 de esta Norma Foral y en la presente Sección . 
2.   (34) Las notificaciones podrán practicarse a través de medios telemáticos cuando el 
interesado hubiere consentido  expresamente su utilización y determinado dicho 
medio como preferente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente.  
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la 
puesta a disposición del interesado del a cto objeto de notificación, así como la de 
acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos.  
Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días 
naturales sin que se a cceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el apa rtado 2 del artículo 107 de esta Norma 
Foral, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad  
técnica o material de l acceso.  
3.   Reglamentariamente, la Administración tributaria podrá establecer la obligatoriedad 
de comunicarse con ella utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas q ue por razón de  
su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados 
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.  
 
Artículo 105 bis . (23) Asistencia en la notifica ción.  
En el marco de la asistencia mutua, los actos administrativos dictados por la 
Administración tributaria podrán ser notificados, a través de la Autoridad competente, en 
el territorio de otro Estado mediante la asistencia de l a autoridad competente de ese otro 
Estado.  
Tales notificaciones producirán efectos sin más requisito que la comunicación recibida de 
la autoridad requerida de que se ha efectuado la notificación solicitada.  
En los casos en que se haya solicitado asistencia  a otro Estado, si en el p lazo de dos 
meses desde el envío de la solicitud de notificación no se ha podido realizar la 
notificación en el extranjero o la Administración tributaria no ha recibido respuesta de la 
autoridad requerida respecto a la fecha de no tificación del documento a l destinatario, la 
Administración podrá proceder a la notificación por comparecencia regulada en el artículo 
108 de esta Norma Foral.  Si en estos supuestos se produjese una doble notificación del 
acto, se considerará como fecha de  notificación la correspon diente a la efectuada en 
primer lugar.  
Los documentos objeto de notificación serán remitidos al destinatario en la lengua en la 
que sean recibidos por la Administración tributaria, salvo que la normativa sobre 
asistencia mutua est ablezca otra cosa.  
 
Artícu lo 106 .- Lugar de práctica de las notificaciones.  
1.  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará 
en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su 
defecto, en el domicili o fiscal de uno u otro.  
 
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio 
fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar 
donde se desarrolle la actividad económica o en  cualquier otro que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante del acto notificado.  
 
3. (23) En el marco de la asistencia mutua la notificación podrá ef ectuarse, en su caso, 
además de en los lugares  establecidos en los apartados anteriores, en el lugar que a 
estos efectos señale la autoridad extranjera.  En los supuestos en los que no sea 
posible la notificación al interesado por causas no imputables a la Administración 
tributaria e intentada bien en el domicilio fiscal o bien en el lugar señalado a estos 
efectos por la autoridad extranjera, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 108 
de esta Norma Foral.  
 
Artículo 107 .- (16) Personas legitimadas para recibir las notificac iones.  
1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado 
tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse 
presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualqu ier 
persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así 
como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el 
lugar señalad o a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su 
representante.  
Cuando la notificación se practique por medios telemáticos, podrá hacerse cargo de la 
misma tanto el obligado tributario o su representante como las personas físicas o 
jurídicas autorizadas por éstos para la presentación y consulta por medios t elemáticos 
de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria en representación de los mismos.  
2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará 
que se tenga por efe ctuada la mi sma a todos los efectos legales.  
 
Artículo 108 .- (29) Notificación por comparecencia.  
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su 
representante por causas no imputables a la Administración  tributaria e intentada al 
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si se trata 
de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente 
las circunstancias de los intentos de notificación. Se rá suficient e un solo intento 
cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.  
En este supuesto, se citará al interesado o a su representante para ser notificados por 
comparecencia por medio de anuncios que se publicarán en el Bol etín Oficial  del 
Estado por una sola vez para cada interesado.  
Asimismo, se publicará un anuncio por alguno de estos medios:  
a) En la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava, o en su caso en la sede 
electrónica de la Administración tributaria de que se trate, en  las condiciones 
establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  
El Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de 
Álava pod rá publicar por este medio los anuncios correspondientes a las 
notificaciones que deba practicar, en el ejercicio de las competencias que le 
corresponden en aplicación del sistema tributario y en la gestión recaudatoria de 
los recursos que tiene atribuida o encomendad a. 
Las demás Administraciones tributarias, cuando opten por este medio de 
publicación, deberán hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de 
su órgano de gobierno publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en la que se  haga constar la fecha en la que empieza a surtir efectos.  
b) En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.  
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y fechas de publicación en 
sede electrónica, así como los plazos de permanenc ia de los an uncios en la sede 
electrónica.  
En los supuestos en los que el último domicilio conocido estuviera fuera de Álava, 
estos anuncios podrán exponerse, asimismo, en el Ayuntamiento correspondiente al 
último domicilio fiscal conocido. En el caso de q ue el último  domicilio conocido 
radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el Consulado o sección 
consular de la Embajada correspondiente.  
Los anuncios a los que se refiere los apartados a) y b) anteriores serán de obligada 
publicación para la Diputació n Foral de Álava que deberá optar por uno de los medios 
contenidos en estas letras y facultativos para el resto de Administraciones tributarias 
que, en caso de optar por seguir el mismo régimen, deberán adoptar un acuerdo al 
respecto.  
2. En la pub licación con stará la relación de notificaciones pendientes con indicación del 
obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano 
competente para su tramitación y el lugar y el plazo en que el destinatario de las 
mismas deber á comparecer  para ser notificado. En todo caso, la comparecencia 
deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer,  la notifica ción se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al vencimiento del plazo señalado.  
El plazo de quince días a que se refiere el párrafo anterior comenzará a contarse 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en  la sede electrónica de la 
Administración tributaria o en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, caso 
de que este anuncio se publique más tarde que el del Boletín Oficial del Estado.  
En un mismo anuncio podrán referenciarse varios obligados tributari os, pudiendo 
hacerse comunes a todos ellos los requisitos enunciados en el párrafo anterior.  
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representa nte, se l e 
tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier 
momento del mismo. No obstante las liquidaciones que se dicten en el procedimiento 
y, en su  caso, lo s acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser 
notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.  
 
SECCIÓN 4ª   
 
ENTRADA EN EL DOMICILIO DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS  
 
Artículo 109 .- Autorización judicial para la entrada en el  domicili o de los obligados 
tributarios.  
Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el 
domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el 
mismo, la Administración tributaria deberá ob tener el consentimiento de aquél o la oportuna 
autorización judicial.  
 
 
SECCIÓN 5ª   
 
DENUNCIA PÚBLICA  
 
Artículo 110 .- Denuncia pública.  
1.  Mediante la denuncia pública se podrán poner en conocimiento de la Administración 
tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o 
tener trascendencia para la aplicación de los tributos. La denuncia pública es 
independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria regulado en los 
artículos 90 y 91 de  esta Norma Foral.  
 
2.  Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones 
que pudieran proceder. Este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se 
considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen sufici entemente los 
hechos o las personas denunciadas.  
 
 Se podrán iniciar las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de 
veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración 
tributaria. En este ca so, la denuncia no formará parte del expediente administrativo.  
 
3.  No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se 
inicien como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de las 
mismas. Tampoco esta rá legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones 
en relación con los resultados de dichas actuaciones.  
 
 
SECCIÓN 6ª  
 
POTESTADES Y FUNCIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 111 .- Potestades y funciones de comprobación e investigación.  
1.  (29) La Administración tributaria podrá comprobar e investigar cuantos hechos, actos, 
elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores, así como cualesquiera 
circunstancias, datos o documentos con ellos rel acionados, que pudieran result ar 
relevantes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aún en el caso de que las 
mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios resp ecto de los que se 
hubiese pro ducido la prescripción regulada en el artículo 65 de esta Norma Foral, 
siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de 
alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 65 de esta Norma  Foral que no 
hubiesen prescri to, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 65 bis.2 de 
esta Norma Foral, en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido.  
 
En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán ext enderse a hechos, 
actos, activ idades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados 
o formalizados en ejercicios o períodos tributarios respecto de los que se hubiese 
producido la prescripción regulada en el artículo 65.a) citado en el párrafo anterior, 
hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o períodos en los que dicha prescripción 
no se hubiese producido.  
 
2.  (29) En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere 
este artículo, la Administración tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, 
explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la 
previa calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o período 
en el que la realizó, resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 
12,14 y 15 de ésta Norma Foral.  
 
La calificación realizada por la Administración tributaria en los procedimientos de 
comprobación e investigación en aplicació n de los dispuesto en este apa rtado 
extenderá sus efectos respecto de la obligación tributaria objeto de aquéllos y, en su 
caso, respecto de aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la 
prescripción regulada en el artículo 65.a) de esta No rma Foral.  
 
3.  Los actos de c oncesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén 
condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva 
concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que 
se dicta ron, tendrán carácter provisio nal. La Administración tributaria podrá comprobar 
en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales 
condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado si n 
necesidad de proceder a la p revia revisión de dichos actos provisionales conforme a lo 
dispuesto en el Título V de esta Norma Foral.  
 
 
SECCIÓN 7ª  
 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
 
Artículo 112 .- Plan de lucha contra el fraude.  
La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de luch a contra el fraude que 
tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios 
generales que lo informen.  
 
 
SECCIÓN 8ª  
 
 COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES  (33) 
 
 
Artículo 112.bis . - Coordinación de co mpetencias exaccionadoras e inspectoras  
Uno.  Procederá la coordinación de las competencias de exacción o inspección cuando 
corresponda a distintas admi nistraciones la competencia inspectora de conformidad con 
lo dispuesto en el Concierto Económico, en los siguientes supuestos:  
 
a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas.  
 
b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declarado el 
contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas sop ortadas o 
repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de 
la reperc usión.  
 
Dos.  La administración tributaria, en los casos a que se refiere el apartado anterior, 
deberá comunicar con anterioridad a formular propuesta  de resolución al contribuyente o 
de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras administ raciones 
afectadas, los elementos de hecho y fundamentos de derecho de la regularización que 
entienda procedente.  
 
En el caso de que en el plazo de d os meses no se hubieran formulado observaciones 
sobre la propuesta de resolución por parte de las otras adm inistraciones concernidas, 
ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente a los 
contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos c riterios.  
 
De existir observaciones, y tratándose de supuestos de coordinación de las competencias 
de exacc ión o inspección de la administración de territorio común y alguna o algunas de 
las administraciones forales, se seguirá el procedimiento establecido  en el artículo 47.ter. 
Tres del Concierto Económico y se producirán, en su caso, los efectos p revistos en su 
apartado Cuatro.  
 
 
 
CAPÍTULO III  
 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Artículo 113 .- La gestión tributaria.  
1.  La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a 
la realización de actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las 
funciones de inspección y recaudación.  
 
2.  En particular, l a gestión tributaria consiste en el ejercicio de las siguientes funciones 
administrativas:  
 
a)  La recepción y tramitación de autoliquidaciones, declaraciones y demás 
documentos con trascendencia tributaria.  
 
b)  La comprobación y realización de las devolu ciones previstas en la normativa 
tributaria.  
 
c)  El reconocimiento y comp robación de la procedencia de los beneficios fiscales de 
acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.  
 
d)  El control y los acuerdos de simplificación relat ivos a la obligación de facturar, en 
cuanto tengan trascendencia tributaria.  
 
e)  La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de 
presentar declaraciones o autoliquidaciones tributarias y de otras obligaciones 
formales, inclui da la emisión de requerimientos encaminados a tal f in. 
 
f)  La revisión de las autoliquidaciones y declaraciones presentadas.  
 
g)  La realización de actuaciones de comprobación de valores.  
 
h)  La realización de actuaciones de comprobación limitada.  
 
i)  La emisión de requerimientos de documentación o info rmación.  
 
j)  La práctica de liquidaciones provisionales.  
 
k)  La emisión de certificados tributarios.  
 
l)  La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los 
términos esta blecidos en su normativa específica.  
 
m)  La elabor ación y mantenimiento de los censos tributarios.  
 
n)  La información y asistencia tributaria.  
 
3.  Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refieren los apartados 
anteriores se realizar án de acuerdo con lo establecido en esta Norma Fora l y en su 
normativa de desarrollo.  
 
 
Artículo 114 .- Formas de iniciación de la gestión tributaria.  
De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión tributaria se iniciará:  
 
a)  A instancia  de parte, mediante la presentación de una autoliquidación o declaración, o 
por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de 
esta Norma Foral.  
 
b)  De oficio por la Administración tributaria.  
 
 
Artículo  115.- Decl aración tributaria.  
1.  Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración 
tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante 
para la aplicación de los tributos.  
 
 La presen tación de u na declaración no implica aceptación o reconocimiento por el 
obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.  
 
2.  Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la 
declaración verbal o la realizada m ediante cua lquier otro acto de manifestación de 
conocimiento.  
 
3.  Con carácter general, las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, 
solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con 
posteriorida d a ese mom ento, salvo que la rectificación se presente en el período de 
declaración.  
 
 No obstante, la normativa reguladora de cada tributo podrá establecer otro momento o 
período diferente de rectificación, en las condiciones que se especifiquen en la mi sma.  
 
4.  Las declaraciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de 
revisión y comprobación por la Administración tributaria, que practicará, en su caso, la 
liquidación que proceda.  
5. (29) En la liquidación resultante de  un procedimiento de aplicación de los tributos 
podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de 
compensación o deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales 
cantidades pendie ntes mediante la presentación de  declaraciones complementarias o 
solicitudes de rectificación después del inicio del procedimiento de aplicación de los 
tributos.  
 
 
Artículo 116 .- Autoliquidaciones.  
1.  Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los  obligados tributarios, además d e 
comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros 
de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y 
cuantificación necesarias para determinar e ingr esar el importe de la deuda trib utaria o, 
en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.  
 
 Asimismo tendrán la naturaleza de autoliquidación las declaraciones en las que los 
obligados tributarios que cumplan los requisitos previst os en la normativa reguladora 
correspondiente, realicen las actuaciones señaladas en el párrafo anterior contando con 
la asistencia de la Administración tributaria.  
 
2.  Cuando las disposiciones reguladoras de cada tributo así lo establezcan, la 
Administración tributaria podrá remitir a los contribuyentes obligados a presentarla, una 
propuesta de autoliquidación.  
 
Cuando el contribuyente considere que la propuesta de autoliquidación remitida refleja 
su situación tributaria a efectos del tributo co rrespondiente, podrá suscribirla, 
confirma rla o modificarla, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
En este supuesto tendrá la consideración de autoliquidación por el tributo 
correspondiente.  
 
El contribuyente que haya suscrito o confirm ado la propuesta de autoliquidación 
remiti da por la Administración tributaria, no podrá ser objeto de sanción respecto de los 
datos incluidos en la propuesta.  
 
Si el contribuyente no presta su conformidad con la propuesta de autoliquidación 
remitida, se te ndrá por no efectuada la actuación adminis trativa, quedando el 
contribuyente obligado a presentar, en el supuesto de que tenga esta obligación, la 
autoliquidación del Impuesto correspondiente.  
 
3.  Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de 
verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la 
liquidación que proceda.  
 
4.  Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de 
cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dich a 
autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.  
 
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la 
normativa del tributo y hubi eran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado e l 
pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de 
demora del artículo 26 de esta Norma Foral sobre el importe de la devolución que 
proceda, sin necesidad de que e l obligado lo solicite.  
 
A estos efectos, el plazo de sei s meses comenzará a contarse a partir de la finalización 
del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir 
de la presentación de la solicitud de rectificaci ón. 
 
Cuando la rectificación de una autoliquidación origin e la devolución de un ingreso 
indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos 
señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 117 .- Declaraciones y autoliquidaciones complementarias o sustituti vas. 
1.  Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o 
declaraciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su 
presentación o con posteri oridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no ha ya 
prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. En este 
último caso tendrán el carácter de extemporáneas.  
 
2.  Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o modificar 
las presentadas con anterior idad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un 
importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o 
a compensar inferior a la anteriormente autoliq uidada. En los demás casos, se estará a 
lo dispuesto en el aparta do 4 del artículo 116 de esta Norma Foral.  
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y salvo que específicamente se 
establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de u na exención, 
deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a su aplicación por 
incumplimiento de los requisitos a que estuviese condicionado, el obligado tributario 
deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositi vo en que se 
hubiera producido el incumplimiento, la cuota o cant idad derivada de la exención, 
deducción o incentivo fiscal afectado por dicho incumplimiento en los períodos 
impositivos anteriores, junto con los intereses de demora.  
 
3.  Las declaraciones complementarias o sustitutivas tendrán la finalidad de completar o 
reemplazar las presentadas con anterioridad, debiéndose hacer constar si se trata de 
una u otra modalidad.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
 
Artículo 118 .- Procedimientos de gestión tributaria.  
1.  Son procedimientos de gestión tributa ria, entre otros, los siguientes:  
 
a)  El procedimiento iniciado mediante autoliquidación.  
 
b)  El procedimiento iniciado mediante declaración.  
 
c)  El procedimiento de liquidac ión de la deuda tributaria iniciado de oficio.  
 
d)  El procedimiento de comprob ación de valores.  
 
e)  El procedimiento de comprobación limitada.  
 
2.  Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de gestión tributaria a los 
que serán de aplicac ión, en todo caso, las normas establecidas en el Capítulo II de este 
Título.  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª  
 
PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE AUTOLIQUIDACIÓN  
 
Artículo 119 .- Iniciación del procedimiento.  
 
Cuando la normativa reguladora del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará 
mediante la presentación de una autoliquidación po r el obligado tributario en la que se 
determine, en su caso, el importe de la deuda tributaria o la cantidad que resulte a devolver 
o a compensar.  
 
(34) Las actuaciones en el procedimiento a que se refiere esta subsección podrán real izarse 
durante el plazo de prescripción.  
 
 
Artículo 120 .- Devoluciones derivadas de la presentación de autoliquidaciones.  
 
1.  Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, la 
Administración tributaria deberá efectuar la dev olución que proceda.  
 
2.  El plazo establecido para efectuar la devolución al que se refiere el artículo 31 de esta 
Norma Foral comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la 
presentación de la autoliquidación. No obstante, si ésta s e produce fuera de plazo, se 
contará a partir de la presentación de la autoliquidación extemporánea.  
 
 
Artículo 121 .- Terminación del proced imiento iniciado mediante autoliquidación.  
 
1.  Dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 65 de es ta Norma Foral, el 
procedimiento iniciado mediante autoliquidación podrá terminar por el inicio de uno de 
los procedimientos de inspección, con excepción del de comprobación restringida.  
 
2.  Se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora so bre la devolución que, 
en su caso, se pueda practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de esta 
Norma Foral.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª  
 
PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE DECLARACIÓN  
 
Artículo 122 .- Iniciación del procedimiento de gestión tributaria media nte 
declaración.  
 
Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante 
la presentación de una declaración por el obligado tributario en la que manifieste la 
realización del hecho imponible y comunique los datos neces arios para que la 
Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación 
provisional.  
 
(34) Las actuaciones en el procedimiento a que se refiere esta subsección podrán realizarse 
duran te el plazo de prescripción.  
 
Artículo 123 .- Tramitación del procedimiento iniciado mediante declaración.  
 
La Administración tributaria deberá notificar la liquidación a la que se hace referencia en el 
artículo anterior dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 65  de esta Norma 
Foral, una vez realizadas, en su caso, las actuaciones de revisión, c alificación y 
cuantificación oportunas conforme disponen los artículos 125 y 126 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 124 .- Terminación del procedimiento iniciado mediante declaración.  
 
Dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 65 de esta Norm a Foral, el 
procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario podrá 
terminar por el inicio de uno de los procedimientos de ins pección, con excepción del de 
comprobación restringida.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª  
 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS MEDIANTE 
AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN  
 
 
Artículo 125 .- Revisión de autoliquidaciones y declaraciones.  
 
1.  La Administración tri butaria podrá revisar las autoliquidaciones o declaraciones 
presentadas así como la documentación que se acompañe a las mismas con el objeto 
de comprobar si ha sido aplicada debidamente la normativa tributaria y si los datos 
consignados coinciden con los q ue obren en su poder.  
 
2.  A los efectos señalados en el apartado anterior, la Administración podrá requerir al 
obligado tributario la aclaración o justificación de los datos consignados en las 
autoliquidaciones o declaraciones presentadas, así como la apo rtación de aquellos 
documentos cuya presentación fuera necesaria para la correc ta aplicación del tributo. 
Asimismo podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.  
 
 
Artículo 126 .- Práctica de liquidaciones provisionales.  
 
1.  La Administración tribu taria podrá proceder, sin más trámite, a la devolución de las 
mismas cantidades solicitadas por los obligados tributarios a las que se refiere el 
artículo 120 de esta Norma Foral y para practicar la liquidación a que se refiere el 
artículo 122 de esta Norm a Foral.  
 
2.  Asimismo, la Administración, sin necesidad de notificar  previamente al obligado 
tributario propuesta de liquidación, podrá practicar liquidación provisional en los 
siguientes supuestos:  
 
a)  Cuando la declaración o autoliquidación del obligad o tributario adolezca de defectos 
formales o incurra en errores aritm éticos.  
 
b)  Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones 
presentadas por el mismo obligado tributario o con los que obren en poder de la 
Administrac ión tributaria siempre que hubieren sido aportados por terceros en 
declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de 
suministro de información recogida en los artículos 90 y 91 de esta Norma Foral.  
 
c)  Cuando se trate de los supuestos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 
128 de e sta Norma Foral.  
 
d)  Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la 
propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados.  
 
e)  Cuando sea consecuencia del procedimiento de comprobación restr ingida a que se 
refiere el artículo 154 de esta Norma Foral.  
 
 No obstante en los casos en que se aprecie discrepancia entre los datos que 
consten en las autoliquidaciones o declaraciones  presentadas y los que obren en 
poder de la Administración distintos a los que se refiere la letra b) anterior, o cuando 
la liquidac ión provisional practicada no se ajuste a las conclusiones del informe 
emitido en el procedimiento de comprobación restringi da, se deberá notificar al 
obligado tributario, con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, 
propuesta de liquid ación para que alegue lo que convenga a su derecho.  
 
f)  Cuando se trate de una liquidación provisional en concepto de reca rgo de los 
previstos en el artículo 27 de esta Norma Foral y, en su caso, de los 
correspondientes intereses de demora.  
 
3.  Cuando e l obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que obren en 
poder de la Administración, se aplicará lo dis puesto en el apartado 4 del artículo 104 de 
esta Norma Foral.  
 
4.  Tanto las propuestas como las liquidaciones provisionales que practique la 
Administración tributaria deberán ser en todo caso motivadas con una referencia 
general a las circunstancias que s e hayan tenido en cuenta en las mismas.  
 
5.  Dentro del plazo de prescripción a que se refiere el artículo 65 d e esta Norma Foral, la 
Administración tributaria podrá practicar nuevas liquidaciones provisionales, cuando 
descubra que en la autoliquidación o declaración revisadas concurre alguna de las 
circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del presente art ículo u otras que no 
hubieran sido tenidas en cuenta en liquidaciones provisionales precedentes.  
 
6.  Lo previsto en el apartado anterior en ning ún caso procederá cuando se hubiere 
practicado liquidación definitiva en relación con la misma autoliquidación o declaración, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 97 de esta Norma Foral.  
 
 Tampoco procederá la práctica de nuevas liquidacio nes provisionales respecto a las 
obligaciones tributarias o elementos de la misma que hubieren sido objeto de u n 
procedimiento de comprobación limitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 134 de esta Norma Foral.  
 
 
SUBSECCIÓN 4ª  
 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA INICIADO DE 
OFICIO  
 
 
Artículo 127. (12) Procedimiento de liquidación iniciado de oficio.  
1. En los supuestos en los que la Administración tributaria hubiere requerido al obligado 
tributario para que efectúe la presentación de autoliquidaciones o declaraciones que no 
hubiere realizado en el plazo reglamentariamente establecido, se podrá iniciar po r 
aquélla, una vez transcurrido un mes desde el día siguiente al de la notificación del 
requerimiento, el procedimiento para la práctica de una liquidación provisional de oficio 
que cuantifique la deuda tributaria, salvo que en el mencionado plazo se subsa ne el 
incumplimiento o se justifique debidamente la inexistencia de la obligación.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración tributaria podrá 
notificar al obligado tributario, junto al requerimiento para que efectúe la presenta ción de 
autoliquidaciones o declaraciones que no hubiere realizado en el plazo reglamenta rio 
establecido, liquidación provisional cuando no se hayan tenido en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el propio interesado o la s aportadas por 
terceros en cumplimiento de una obligación de declaración establecida con  carácter 
general por el ordenamiento tributario o los datos, antecedentes, signos, índices, módulos 
y demás elementos de que disponga la Administración tributaria. En  este caso la 
liquidación provisional remitida por la Administración empezará a surtir ef ectos una vez 
transcurrido un mes desde el día siguiente al de la notificación conjunta del requerimiento 
y liquidación provisional.  
Ahora bien, si en el citado plazo de un mes el obligado tributario subsana el 
incumplimiento o justifica debidamente la ine xistencia de la obligación, la citada 
liquidación provisional quedará sin efecto y así lo deberá declarar y notificar la 
Administración tributaria.  
3. Con carácter pre vio a la práctica de la liquidación provisional a que se refiere el 
apartado 1 anterior, la Administración notificará al obligado tributario propuesta de 
liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho. Dicho trámite no resultará 
necesario cuando no se hayan tenido en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas  por el propio interesado a través de autoliquidaciones y 
contestaciones a requerimiento previo o que las aportadas por terceros en cumplimiento 
de una obligación de d eclaración establecida con carácter general por el ordenamiento 
tributario.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será necesario en los supuestos a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
4. La determinación de la deuda tributaria se realizará en b ase a los datos, antecedentes, 
signos, índices, módulos y demás elementos de que disponga  la Administración tributaria 
y que sean relevantes al efecto.  
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Administración tributaria 
podrá dictar nuevas liquidaciones provisionales conforme a lo dispuesto en el apartado 5 
del artículo 126 de esta Norma Foral.  
 
SUBSECCIÓN 5ª  
 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES  
 
 
Artículo 128 .- Práctica de la comprobación de valores.  
 
1.  La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo 
con los medios previstos en  el artículo 56 de esta Norma Foral, en la forma que se 
determine en la misma o en la normativa reguladora de cada tributo.  
 
 El procedimiento se in iciará mediante una notificación al efecto o, cuando se cuente con 
datos suficientes, mediante la notificaci ón conjunta de la liquidación provisional y 
valoración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, debiendo finalizar dentro del 
plazo de presc ripción a que se refiere el artículo 65  de esta Norma Foral.  
 
2.  Si el valor determinado por la Administrac ión tributaria es distinto al declarado por el 
obligado tributario, aquélla, al tiempo de notificar la correspondiente liquidación 
provisional, comu nicará la valoración realizada debidamente motivada, con expresión 
de los medios y criterios empleados, salv o que se haya notificado previamente el acto 
de comprobación.  
 
 Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente 
contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria o plantear 
cualquier cuestión relativa a dicha valoración con ocasión de los recursos o 
reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización.  
 
3.  En los supuestos en los que por Norma Foral se establezca que el valor comprobado 
debe producir efectos respecto a o tros obligados tributarios, la Administración actuante 
quedará vinculada por dicho valor en relación con los demás interesados. La Norma 
Foral podrá establecer la obligación de notificar a dichos interesados el valor 
comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial 
contradictoria.  
 
 Cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados 
tributarios, éstos podrán promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.  
 
4.  Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado 
tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los resta ntes obligados 
tributarios, y se tendrá en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 
anterior . 
 
 
Artículo 129 .- Tasación pericial contradictoria.  
 
1.  (29) Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección 
de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 56 de esta 
Norma Foral, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la 
liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, 
cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores 
debidamente notificado.  
 
En los casos en que la normativa propia del tributo así lo pre vea, el interesado podrá 
reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que 
la notificación no contiene expresión suficiente de los dat os y motivos tenidos en cuenta 
para modificar los valores declarados y denuncie dicha  omisión en un recurso de 
reposición o en una reclamación económico -administrativa. En este caso, el obligado 
tributario dispondrá del plazo de un mes para promover la tas ación pericial 
contradictoria a partir de la fecha de firmeza en vía administrativa d el acuerdo que 
resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.  
 
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del 
derecho a promoverl a a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de 
la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la 
misma.  
 
Asimismo, la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria suspenderá  
el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la 
liquidación o, si éste se hubiera iniciado, el plazo máximo para la terminación del 
procedimiento sancionador. Tras la terminación del procedimiento de tasación pericial 
contradictoria la notificación de la liquidación que proceda determinará que el plazo 
previsto en el apartado 2 del artículo 214 de esta Norma Foral se compute de nuevo 
desde dicha notificación o, si el procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el 
cómp uto del plazo restante para la terminación.  
 
En el caso de que en el momento de solic itar la tasación pericial contradictoria contra la 
liquidación ya se hubiera impuesto la correspondiente sanción y como consecuencia de 
aquélla se dictara una nueva liquid ación, se procederá a anular la sanción y a imponer 
otra teniendo en cuenta la cuanti ficación de la nueva liquidación.  
 
2.  Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la 
cuantificación del valor comprobado no se haya r ealizado mediante dictamen de peritos 
de aquélla. Salvo que la Norma Foral de cada tr ibuto disponga otra cosa, si la diferencia 
entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por 
el perito designado por el obligado t ributario, considerada en valores absolutos, no 
difiere en más de un 10 por 100 ni en  120.000 euros, esta última servirá de base para la 
liquidación. Si el resultado difiere de los límites anteriores deberá designarse un tercer 
perito.  
 
3.  Reglamentariam ente se desarrollará el procedimiento para la designación de peritos 
terceros y las c ondiciones del desempeño de su labor entre los colegiados o asociados 
de los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente 
reconocidos, que en cada caso se considere oportuno teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes o dere chos a valorar, o la designación de una sociedad de tasación 
inscrita en el correspondiente registro oficial cuando no exista colegio, asociación o 
corporación profesional  competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar 
o profesionales disp uestos a actuar como peritos terceros.  
 
4.  La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los 
límites del valor declarado y el valor co mprobado inicialmente por la Administración 
tributaria sin que tal valoración pueda ser objeto de recurso.  
 
 
SUBSECCIÓN 6ª  
 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA  
 
 
Artículo 130 .- La comprobación limitada.  
 
1.  En el procedimiento de comprobación limitada  la Administración tributaria podrá 
comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás 
circunstancias determinantes de la obligación tributaria.  
 
2.  En este procedimiento, la Administración tributaria podrá realizar únicamente las 
siguientes actuaciones:  
 
a)  Examen de los datos consignad os por los obligados tributarios en sus declaraciones 
o autoliquidaciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.  
 
b)  Examen de los datos y antecedentes en poder de la Admi nistración tributaria que 
pongan de manifiesto la realizac ión del hecho imponible o del presupuesto de una 
obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma no 
declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario, así como la 
existencia de ganancias patrimoniales no justi ficadas que deban ser objeto de 
regularización.  
 
c)  Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y 
de cualquier otro libro, registro o documento de carácter ofici al, incluida copia de la 
contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan 
de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.  
 
d)  Requerimientos a terceros para que aporten la informació n que se encuentren 
obligados a suministrar en cumplimient o de lo establecido en los artículos 90 y 91 de 
esta Norma Foral o para que la ratifiquen mediante la presentación de los 
correspondientes justificantes.  
 
3.  En ningún caso se podrá requerir a terc eros información sobre movimientos financieros, 
pero podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones 
financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria.  
 
4.  Las actuaciones de compro bación limitada se llevarán a efecto en las oficinas de la 
Administración tributaria.  
 
 
Artículo 131 .- Iniciación del procedimiento de comprobación limitada.  
 
1.  Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano 
compet ente.  
 
2.  El inicio de las ac tuaciones de comprobación limitada deberá notificarse a los obligados 
tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las 
mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tal es 
actuaciones.  
 
 Dicho inicio  producirá la paralización de las actuaciones que pudieran desarrollarse en 
los procedimientos iniciados mediante declaración o mediante autoliquidación, hasta 
que se produzca la terminación del procedimiento de acuerdo con lo  dispuesto en el 
artículo 133 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 132 .- Tramitación del procedimiento de comprobación limitada.  
 
1.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada se documentarán, en su 
caso, en las comunicaciones y diligencias a l as que se refiere el apartado 8 del artículo 
95 de esta Norma Foral.  
 
2.  El obligado tributario que hubiera sido requerido para ello deberá personarse en el 
lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar la 
documentación  y demás elementos solicitados.  
 
3.  Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración tributaria 
deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo 
que convenga a su derecho.  
 
 
Artículo 133.- Terminación del procedimiento de comprobación limitada.  
 
1.  El procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las siguientes 
formas:  
 
a)  Por resolución expresa de la Administración tributaria, con el contenido al que se 
refiere el ap artado  siguiente.  
 
b)  Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de 
notificación del acuerdo de inicio, sin que ello impida que la Administración tributaria 
pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de presc ripció n. 
 
c)  Por el inicio de un procedimiento de inspección que incluya el objeto de la 
comprobación limitada.  
 
2.  La resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de comprobación limitada 
deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:  
 
a)  Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la 
comprobación.  
 
b)  Especificación de las actuaciones concretas realizadas.  
 
c)  Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.  
 
d)  Liquidación provision al o, en su caso, manifestación expresa de que no procede 
regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.  
 
 
Artículo 134 .- Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de 
comprobación limitada.  
 
1.  Dictad a resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración 
tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto 
comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección 
posterior  se descub ran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones 
distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.  
 
2.  Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el 
obligado tributario o su r epresentan te haya prestado conformidad expresa no podrán 
ser impugnados, salvo que pruebe que incurrió en error de hecho.  
 
 
CAPÍTULO IV  
 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN  
 
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª  
 
FUNCIONES Y FACULTADES  
 
 
Artículo 135 .- (6) La Inspección tributaria.  
 
La inspección tributaria consiste en el ejercicio, entre otras, de las funciones administrativas 
dirigidas a:  
 
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias p ara el 
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.  
 
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por los obligados tributarios.  
 
c) La realización de actuaciones de obtención de inf ormación relacionadas con la 
aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 90 y 91 de 
esta Norma Foral.  
 
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimo nios, 
empresas y demás elementos, cuando sea n ecesaria para la determinación de las 
obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 128 y 129 
de esta Norma Foral.  
 
e) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigació n. 
 
f) La realización de actuaciones de comprobación limitada.  
 
g) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, a sí como de la 
concurrencia de las condiciones precisas para la aplicación de regímenes tributarios 
especiales.  
 
h) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma  en que deben cumplir estas 
últimas.  
 
i) La re alización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 
permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto 
de regulación expresa, por las normas de este Capítul o con exclusión del artículo 
146 de esta Norma  Foral.  
 
j) El asesoramiento e informe a otros órganos de la Administración pública.  
 
k) Las demás que se esta blezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las 
autoridades competentes.  
 
 
Artículo 136 .- Facultades de la inspección de los tributos.  
 
1.  Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, 
contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con 
transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registro s y 
archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la 
inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o 
información que de ba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la 
exigencia de l as obligaciones tributarias.  
 
2.  Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen 
funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las c ondiciones que 
reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de ne gocio y demás 
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas 
a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibl es o 
supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueb a de los 
mismos.  
 
 Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo 
anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tributos, se 
precisará la autorización escrita del órgano que reglamentar iamente se determine.  
 
3.  El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, 
por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora seña lados para la práctica 
de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposi ción de la inspección la 
documentación y demás elementos solicitados.  
 
 Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia 
personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo 
exija.  
 
 Los obligados tributarios deberán atender a la Inspección de los tributos y le prestarán 
la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.  
 
4.  Los funcionarios que desem peñen funciones de inspección serán considerados agentes 
de la autoridad y de berán acreditar su condición, si son requeridos para ello.  
 
 Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios 
para el ejercicio de las fu nciones de inspección.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª  
 
DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN  
 
Artículo 137 .- Documentación de las actuaciones de la inspección.  
 
1.  Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, 
diligencias, informes y actas.  
 
2.  Las actas son los documentos públicos que extiende  la inspección de los tributos en los 
supuestos reglamentariamente establecidos con el fin de recoger el resultado de las 
actuaciones inspectoras de compr obación e investigación, proponiendo la 
regularización que estime procedente de la situación tributari a del obligado tributario o 
declarando correcta la misma.  
 
3.  Las conclusiones alcanzadas en el transcurso de los correspondientes procedimientos 
de insp ección cuando éstos no concluyan con la formalización de un acta se 
documentarán en informes de inspec ción.  
 
4.  Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que procede la extensión de 
cada uno de los documentos en que se recojan las actuacion es de la inspección, así 
como el contenido mínimo de cada uno de ellos.  
 
 
Artículo 138 .- Valor probato rio de las actas.  
 
1.  Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos 
públicos y hacen prueba de los hechos que mo tiven su formalización, salvo que se 
acredite lo contrario.  
 
2.  Los hechos aceptados por los obligado s tributarios en las actas de inspección se 
presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error 
de hecho.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN  
 
Artículo 139 .- (6) Clases de procedimientos y a ctuaciones de inspección.  
1.  Son procedimientos y actuaciones de inspección, entre otros, los siguientes:  
 
a) El procedimiento de comprobación e investigación.  
 
b) El procedimiento de comprobación restringida.  
 
c) El procedimiento de regularización sin pr esencia del obligado tributario.  
 
d) Las actuaciones de obtención de información.  
 
e) El procedimiento de  compr obación limitada.  
 
2. Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de inspección a los que 
serán de aplicación, en todo caso, las no rmas establecidas en el Capítulo II de este 
Título, así como, en lo que resulten compatibles, las demás disposi ciones del presente 
Capítulo.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 143 de esta Norma Foral, serán de aplicación 
en los procedimientos  de inspección las medidas cautelares a que se refiere el artículo 
78 de esta Norma Foral en los términos estab lecidos en el mismo.  
 
4. Al procedimiento de comprobación limitada a que se refiere la letra e) del apartado 1 
anterior, le serán de aplicación l as disposiciones contenidas en la Subsección 6ª de la 
Sección 2ª del Capítulo III del Título III de esta Norma Foral, con excepción de lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 130 de la misma.  
 
 
Artículo 140 .- Lugar de las actuaciones correspondientes a los procedimientos de 
inspección.  
1.  Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la 
inspección:  
 
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél donde su 
representante tenga su domi cilio, despacho u oficina.  
 
b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.  
 
c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del 
presupuesto de hecho de la obligación tributaria.  
 
d) En las ofici nas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los q ue 
hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.  
 
e) (38) En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando dichas 
actuac iones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el apartado 10 
del artículo 95 de esta Norma. La utilización de dichos sistemas requerirá la 
conformidad del obligado tributario.  
 
 
2.  La inspección podrá personarse sin previa comunicación  en las empresas, oficinas, 
dependencias, instalacion es o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las 
actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.  
 
3.  Los libros y demás documentación a los que se refiere el apartado 1 de l artículo 136 de 
esta Norma Foral deberán ser examin ados en el domicilio, local, despacho u oficina del 
obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el 
obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas.  No obstante, la 
inspección podrá analizar en sus ofi cinas las copias en cualquier soporte de los 
mencionados libros y documentos.  
 
4. Tratándose de los registros y documentos establecidos por normas de carácter 
tributario o de los justificantes exigidos p or éstas a los que se refiere la letra c) del 
apartad o 2 del artículo 130 de esta Norma Foral, podrá requerirse su presentación en 
las oficinas de la Administración tributaria para su examen.  
 
5.  Reglamentariamente se podrán establecer criterios para dete rminar el lugar de 
realización de determinadas actuac iones de inspección.  
 
6.  Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad 
reducida, la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado a la 
misma, de ent re los descritos en el apartado 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 141 .- Horario de las actuaciones correspondientes a los procedimientos de 
inspección.  
1.  Las actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán dentro de la 
jornada de trabajo.  
 
2.  Si las actuaciones se desarrollan en los locales del interesado se respetará la jornada 
laboral de oficina o de la actividad que se realice en los mismos, con la posibilidad de 
que pueda actuarse de común acuerdo en otros días u horas.  
 
3.  Cuando las  circunstancias de las actu aciones lo exijan, se podrá actuar fuera de los 
días y horas a los que se refiere el apartado anterior en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.  
 
 
SECCIÓN 3ª  
 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 
 
SUBSECCI ÓN 1ª  
 
NORMAS GENERALES  
 
Artículo 142 .- Objeto del procedimiento de comprobación e investigación.  
 
1.  Este procedimiento tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su c aso, a la 
regul arización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias 
liquidaciones.  
 
2.  La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados 
por los obligados tributarios en sus declaraciones o  autoliquidaciones.  
 
3.  La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con 
relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados 
tributarios.  
 
4.  Los procedimientos de comprobación e investi gación que se lleven a efecto se 
desarrollarán en virtud de los Planes de Inspección.  
 
 
Artículo 143 .- Medidas cautelares en el procedimiento de comprobación e 
investigación.  
 
1.  En el procedimiento de comprobación e investigación se podrán adoptar medida s 
cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o 
alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones 
tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.  
 
 Las medidas podrán c onsistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las 
mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, 
documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que 
puedan contener la información de que se trate.  
 
2.  Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines 
anteriores sin que puedan adoptarse aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil 
o imposible reparación.  
 
3.  Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano superior de la Inspección 
de Tributos en el plazo de quince días desde su adopción y se levantarán si 
desaparecen las circunstancias que las motivaron.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª  
 
INICIACIÓN Y DESARROLLO  
 
Artículo 144 .- Iniciación del proce dimiento de comprobación e investigación.  
 
1.  El procedimiento de comprobación e investigación se iniciará:  
 
a)  De oficio.  
 
b)  A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 146  de 
esta Norma Foral.  
 
2.  Los obligados tr ibutarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del 
procedimiento de comprobación e investigación sobre la naturaleza y alcance de las 
mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.  
 
3.  Con anterioridad al ac uerdo de iniciación, se podrán realizar actuaciones previas de 
verificación y constatación, con el fin de conocer mejor las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  
 
 En este caso, las actuacion es realizadas no s e considerarán requerimientos 
administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta Norma 
Foral.  
 
 
Artículo 145 .- Alcance de las actuaciones del procedimiento de comprobación e 
investigación.  
 
1.  Las actuacione s del procedimient o de comprobación e investigación podrán tener 
carácter general o parcial.  
 
2.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tendrán carácter 
parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el 
período objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen 
reglamentariamente.  
 
 En otro caso, las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación 
tendrán carácter general en relación con la obligación tr ibutaria y período  comprobado, 
y darán lugar a una liquidación definitiva salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  
 
3.  (29) Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de comprobación e 
investigación en los siguientes supuesto s: 
 
a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función 
de los correspondientes a otras obligacione s que no hubieran sido comprobadas, que 
hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación  
definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria que 
no hayan sido comprobados con carácter def initivo, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.  
 
b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquida ción en relación con una 
misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el 
obligado tributario acep te parcialmente la propuesta de regularización de su situación 
tributaria, cuando se realice una comprobación de valor y no  sea el objeto único de la 
regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.  
 
c) En todo caso tendrán  el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al 
amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 248 de est a Norma Foral.  
 
4.  Cuando las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación hubieran 
terminado con una liquidación p rovisional, el objeto de las mismas no podrá 
regularizarse nuevamente en otro procedimiento de inspección que se inicie con  
posterioridad, salvo que concurra alguna de las circunstancias de la letra a) del 
apartado 3 anterior y exclusivamente en relación c on los elementos de la obligación 
tributaria afectados por dichas circunstancias.  
 
 
Artículo 146 .- Solicitud del obligado t ributario de un procedimiento de 
comprobación e investigación de carácter general.  
 
1.  Todo obligado tributario que esté siendo obje to de actuaciones en un procedimiento de 
comprobación e investigación de carácter parcial podrá solicitar a la Administraci ón 
tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, 
períodos afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en 
curso.  
 
2.  El obligado tributario deberá formular la solicitud en el plazo de quince días desde la 
notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.  
 
3.  La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar el 
procedimiento de comprobación e investigación de carácter general e n el plazo de seis 
meses desde la solicitud.  
 
 El incumplimiento de este plazo determinará que las ac tuaciones de carácter parcial no 
interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y 
período con carácter general.  
 
 
Artíc ulo 147 .- (29) Plazo máximo del procedimiento de comprobación e 
investigación.  
 
1. Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación deberán concluir en 
el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario 
del inicio del  mismo.  
 
Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se 
entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. A efectos de 
entender cumplida la obligación de notificar y d e computar el plazo de resolución ser án 
aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 100 de esta Norma Foral.  
 
No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que 
reglamentariamente se determinen, por otro período qu e no podrá exceder de doce 
meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia 
atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entida d, la dispersión geográfica  
de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de 
transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos 
reglamentariamente.  
 
b) Cuando en el transcurso de las mismas se  descubra que el obligado t ributario ha 
ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o 
profesionales que realice.  
 
Los acuerdos de ampliación del plazo anteriormente previsto serán, en todo caso, 
motivados, con referencia  a los hechos y fundamentos de derecho y deberán ser 
notificados antes de la finalización del período de dieciocho meses a que se hace 
referencia en el párrafo primero de este artículo, siendo de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 100 de  esta Norma Fora l. 
 
2. La interrupción injustificada del procedimiento de comprobación e investigación por no 
realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al 
obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del pro cedimiento al qu e se 
refiere el apartado 1 de este artículo no determinarán la caducidad del procedimiento, 
que continuará hasta su terminación, pero producirán los siguientes efectos respecto a 
las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:  
 
a) No s e considerará in terrumpida la prescripción como consecuencia de las 
actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el 
plazo señalado en el apartado 1 de este artículo.  
 
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la p rescripción por la reanudación de 
actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la interrupción injustificada o la 
realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere 
el apartado 1 de este artículo. En ambos  supuestos, el o bligado tributario tendrá derecho 
a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que 
vayan a realizarse.  
 
b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las 
actuaciones qu e hayan sido imp utados por el obligado tributario al tributo y período 
objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos 
del artículo 27 de esta Norma Foral.  
 
Tendrán asimismo el carácter de espontáneos, los ingresos re alizados desde e l inicio 
del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al 
incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 de este 
artículo y que hayan sido imputados por el obligado tributario al  tributo y perío do objeto 
de las actuaciones inspectoras.  
 
3. El incumplimiento del plazo de duración al que se refiere el apartado 1 de este artículo 
determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho 
incumplimiento hasta la finaliz ación del proced imiento.  
 
4. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente 
al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 248 de esta Norma Foral, 
dicho traslado producirá los siguientes efectos respe cto al plazo de duración d e las 
actuaciones inspectoras:  
 
a) Se considerará como un supuesto de interrupción justificada del cómputo del plazo de 
dichas actuaciones.  
 
b) Se considerará como causa que posibilita la ampliación de plazo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 de  este artículo, en el supuesto de que el procedimiento 
administrativo debiera continuar por haberse producido alguno de los motivos a los que 
se refiere el apartado 1 del artículo 248 de esta Norma Foral.  
 
5. Cuando una resolución ju dicial o económico -adminis trativa o un acuerdo de la Junta 
Arbitral prevista en el Concierto Económico ordene la retroacción de las actuaciones 
inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se 
retrotraigan las actuaci ones hasta la conclusión d el plazo al que se refiere el apartado 1 
de este artículo o en seis meses, si aquel período fuera inferior. El citado plazo se 
computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la 
resolución.  
 
Lo d ispuesto en el párrafo ant erior también se aplicará a los procedimientos 
administrativos en los que, con posterioridad a la ampliación del plazo, se hubiese 
pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se hubiera remitido el 
expediente al Minist erio Fiscal y debieran con tinuar por haberse producido alguno de 
los motivos a que se refiere el apartado 1 del artículo 248 de esta Norma Foral. En este 
caso, el citado plazo se computará desde la recepción de la resolución judicial o del 
expediente devue lto por el Ministerio Fisc al por el órgano competente que deba 
continuar el procedimiento.  
 
Deberá ponerse en conocimiento del obligado tributario, a través de la oportuna 
comunicación o en la primera diligencia que se suscriba en el curso del procedimient o 
de comprobación e invest igación con posterioridad a la citada recepción, la fecha en 
que se produzca la recepción del expediente administrativo o de la resolución judicial a 
que se refieren los dos párrafos anteriores.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª  
 
TERMINACIÓN DE LA S ACTUACIONES INSPECTORAS  
 
Artículo 148 .- Terminación del procedimiento de comprobación e investigación.  
1.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación se darán por 
concluidas cuando, a juicio de la inspección de los tributos, se hay an obtenido los datos 
y pruebas necesarios para fundamentar los actos administrativos que proceda dictar, 
bien considerando correcta la situación tributaria del obligado tributario o bien 
proponiendo la regularización de la misma con arreglo a derecho.  
 
 Las conclusiones del proc edimiento de comprobación e investigación se documentarán 
a través de las correspondientes actas de inspección a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 137 de esta Norma Foral.  
 
2.  No obstante, el procedimiento de comprobación e  investigación concluirá  sin la 
formalización de las correspondientes actas de inspección, mediante informe motivado 
de la Inspección de los Tributos cuando no se considere procedente la regularización 
por constatarse la inconsistencia de los indicios que motivaron, en su caso, l a inclusión 
en el Plan de Inspección, o cuando haya sido imposible desarrollar el procedimiento en 
los términos que se determinen reglamentariamente.  
 
Artículo 149 .- Contenido de las actas.  
 
Las actas que documenten el resultado del  procedimiento de compro bación e investigación 
deberán contener, al menos, las siguientes menciones:  
 
a)  El lugar y fecha de su formalización.  
 
b)  El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el 
domicilio fiscal del  obligado tributario, as í como el nombre, apellidos y número de 
identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter 
o representación con que interviene en las mismas.  
 
c)  Los elementos esenciales del hecho imponible o  presupuesto de hecho de  la obligación 
tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho 
en que se base la regularización.  
 
d)  La identificación del tributo y el período o períodos a que se refiera.  
 
e)  En su caso,  la regularización de la  situación tributaria del obligado y la propuesta de 
liquidación que proceda, incluyendo los intereses de demora correspondientes.  
 
 En los supuestos de actas de conformidad y en aquellos otros en que el obligado 
tributario haya ren unciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, 
se expresarán, cuando proceda, las infracciones que se aprecien y las sanciones que 
se propongan.  
 
f)  La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la 
propuesta de l iquidación, incluida, en su caso, la sanción.  
 
g)  Los trámites del procedimiento posteriores al acta.  
 
h)  En su caso, la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.  
 
i)  Las demás que se establezcan reglamentariamente.  
 
Artículo 150 .- Clases de actas.  
 
1.  A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser de conformidad o de 
disconformidad.  
 
2.  Cuando el obligado tributario o su representante no se persone en el lugar y fecha 
señalados o personado se niegu e a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como 
de disconformidad.  
 
3.  Con carácter previo a la firma del acta se concederá trámite de audiencia al 
interesado, salvo que éste no se haya personado en las actuaciones por sí o por 
medio de representa nte, para que a la vista del expediente y en el plazo de quince 
días naturales manifieste, sin perjuicio de otros que considere oportunos, los 
siguientes extremos:  
 
a)  Su conformidad o disconformidad con la propuesta de acta realizada por la 
inspección de  los tributos.  
 
b)  Cuando manifieste su disconformidad con la propuesta de acta, su opción por la 
tramitación conjunta o separada del procedimiento sancionador y del de 
comprobación e inspección.  
 
4.  Finalizado el trámite de audiencia se formalizará el a cta correspondiente.  
 
Artículo 151 .- Actas de conformidad.  
 
1.  Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la 
totalidad de la propuesta contenida en el acta que formule la inspección de los tributos, 
se hará constar expr esamente esta circunstancia en el acta.  
 
2.  Igualmente se tramitará como acta de conformidad cuando la inspección de los tributos 
considere correcta la situación tributaria del obligado y no proceda regularización 
alguna, est ando conforme con ello el prop io obligado tributario.  
 
3.  A los hechos y elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el 
obligado tributario o su representante hubiera prestado su conformidad les será de 
aplicación lo dispuesto en el  apartado 2 del artículo 138 d e esta Norma Foral.  
 
Artículo 152 .- Actas de disconformidad.  
 
1. En los casos establecidos en el apartado 2 del artículo 150 de esta Norma Foral y 
cuando el obligado tributario o su representante manifieste su disconformidad con la 
propuesta de regularizac ión que formule la inspección de los tributos, se hará constar 
expresamente esta circunstancia en el acta.  
 
2.  El órgano competente, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones 
formuladas, en su caso , por el interesado, dictará el acto administr ativo que 
corresponda.  
 
 
SUBSECCIÓN 4ª  
 
ESTIMACIÓN INDIRECTA  
 
Artículo 153 .- Aplicación del método de estimación indirecta.  
 
1.  Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección de los tributos 
acompañará a las actas incoadas para  regularizar la situación tributaria de los obligados 
tributarios un informe razonado sobre:  
 
a)  Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta.  
 
b)  La situación  de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tribu tario.  
 
c)  La justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases, 
rendimientos o cuotas.  
 
d)  Los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos.  
 
2.  La aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo 
que lo declare, pero en los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos y 
liquidaciones resultantes podrá plantearse la procedencia de la aplicación de dic ho 
método.  
 
3.  (29) Los datos y anteced entes utilizados para la aplicación del método de estimación 
indirecta podrán proceder de cualquiera de las siguientes fuentes:  
 
a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, 
que se utilizarán preferentemente tratándo se de obligados tributarios que hayan 
renunciado a dicho método. No obstante, si la Inspección acredita la existencia de 
rendimientos o cuotas procedentes de la actividad económica po r un importe superior, 
será este último el que se considere a efectos de la regularización.  
 
b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado 
tributario.  
 
Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que 
disponga de información que se considere suficiente y fiable. En especial, podrá 
utilizarse información correspondiente al momento de desarrollo de la actuación 
inspectora, que podrá considerarse aplicable a los ejerc icios anteriores, salvo que se 
justifique y cuantifique, por la Inspección o por el obligado tributario, que procede 
efectuar ajustes en dichos datos.  
 
Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones de características 
homogéneas del oblig ado tributario y este no aporte información al respecto, aporte 
información incorrecta o insu ficiente o se descubra las existencias de incorrecciones 
reiteradas en una muestra de dichas operaciones, la inspección de los tributos podrá 
regularizarlas por mu estreo. En estos casos, podrá aplicarse el promedio que resulta de 
la muestra a la totalidad de las operaciones del período comprobado, salvo que el 
obligado tributario acredite las existencias de causas específicas que justifiquen la 
improcedencia de dich a proporción.  
 
c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públ icos o 
por organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se 
refieran al periodo objeto de regularización. En este caso se identific ará la fuente de los 
estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo qu e considere 
adecuado a su derecho en relación con los mismos.  
 
d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos dela Inspección sobre empresas, 
actividades o p roductos con características relevantes que sean análogas o similares a 
las del obligado trib utario, y se refieran al mismo año. En este caso, la Inspección 
deberá identificar la muestra elegida, de forma que se garantice su adecuación a las 
característica s del obligado tributario, y señalar el Registro Público o fuente de la que se 
obtuvieron los  datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia 
Administración tributaria, la muestra se realizará de conformidad con lo dispuesto 
reglamentariam ente.  
 
4 (29) En caso de imposición directa, se podrá determinar por e l método de estimación 
indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la 
actividad. La estimación indirecta puede referirse úni camente a las ventas y 
prestaciones, si las compras y gastos que figuran en la contabilidad o  en los registros 
fiscales se consideran suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse 
únicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten 
suficientemente acreditadas.  
 
En caso de imposición sobre el consumo, se podrá deter minar por el método de 
estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y 
deducible o ambos importes. La cuota que se estima s oportada y deducible se calculará 
estimando las cuotas que corresponderían a los bienes y ser vicios que serían 
normalmente necesarios para la obtención de las ventas o prestaciones 
correspondientes, pero solo en la cuantía en la que se aprecie que se ha re percutido el 
impuesto y que este ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si la 
Administración tributaria no dispone de información que le permita apreciar la 
repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la inf ormación 
que permita identificar a las personas o entidades que le repercutieron el impuesto y 
calcular su importe.  
 
Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio 
de estimación indirecta podrá ser objeto de deducción en un ejercicio distinto.  
 
5 (29) En el caso de tributos con períodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada 
por la Inspección de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de 
liquidación correspondientes, sal vo que el obligado tributario justifique que procede un 
reparto temporal diferente.  
 
SECCIÓN 4ª  
 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN RESTRINGIDA  
 
Artículo 154 .- Objeto del procedimiento de comprobación restringida.  
1.  El procedimiento de comprobación restringida tendrá por objeto comprobar, a petición 
de otros órganos de la Administración tributaria, la adecuación a lo dispuesto en la 
normativa tributaria de algún elemento de las declaraciones presentadas por un 
obligado tributario.  
 
 Asim ismo, se podrá utilizar este procedimiento cuando, a petición de dichos órganos, 
deba comprobarse la procedencia de  una devolución solicitada, de un determinado 
incentivo fiscal o de la aplicación de un régimen especial solicitado por el obligado 
tributari o. 
 
2.  En este procedimiento, la inspección de los tributos podrá realizar cuantas actuaciones 
comprobadoras o de obtención de información sean precisas, aplicándose, en lo que 
resulte compatible, las normas establecidas en las Secciones 3ª y 6ª de este C apítulo.  
 
 
Artículo 155 .- Iniciación del procedimiento de comprobación restringida.  
El procedimiento de comprobació n restringida se iniciará de oficio mediante acuerdo dirigido 
a los órganos de la inspección de los tributos que será notificado al obligado tributario.  
 
 
Artículo 156 .- Plazo máximo de duración del procedimiento de comprobación 
restringida.  
1.  Las actuac iones del procedimiento de comprobación restringida deberán concluir en el 
plazo de seis meses contado desde la fecha de notificació n al obligado tributario del 
inicio del mismo.  
 
 Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique  al obligado 
tributario el informe de la inspección de los tributos en el que se recojan las 
conclusiones de las mismas, y será de a plicación lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 100 de esta Norma Foral.  
 
2.  El transcurso del plazo máximo a que se r efiere el apartado 1 de este artículo no 
determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero 
produ cirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de 
liquidar:  
 
a)  No se considerará interrump ida la prescripción como consecuencia de las 
actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo señalado.  
 
 En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de 
actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al  que se refiere el apartado 
1 de este artículo.  
 
b)  Los ingresos realizados por el obligado tributario por el tributo y período objeto de las 
actuaciones inspectoras desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de 
las actuaciones tendrán el car ácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de 
esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 157 .- Terminación del procedimiento de comprobación restringida.  
1.  El procedimiento de comprobación restringida se dará por concluido cuando, a juicio de 
la inspección de los tributos, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para 
fundamentar los actos administrativos que proceda dict ar, bien considerando correcta la 
declaración del obligado tributario o bien proponiendo la regularización de la misma con 
arreglo a d erecho.  
 
2.  Las conclusiones del procedimiento de comprobación restringida se documentarán a 
través del correspondiente informe de inspección a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 137 de esta Norma Foral, en la forma que reglamentariamente se determ ine. 
 
3.  El informe de inspección correspondiente se notificará al obligado tributario, con 
especificaci ón de las actuaciones concretas realizadas, informándole de que se dará 
traslado del mismo al órgano competente para dictar los actos administrativos p recisos 
para regularizar la situación tributaria del mismo, otorgándole un plazo de quince días 
para que realice las alegaciones que considere oportunas ante el citado órgano.  
 
4.  El informe de inspección mencionado en este artículo no será susceptible d e recurso o 
reclamación independiente, pero en los que se interpongan contra los actos y 
liquidaciones re sultantes podrá plantearse la procedencia de la regularización propuesta 
en el mismo.  
 
 
Artículo 158 .- Efectos de las actuaciones de comprobación restr ingida.  
Dictado acto administrativo como consecuencia de la regularización propuesta en un 
informe emitid o a resultas de un procedimiento de comprobación restringida, la 
Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con e l 
objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o en otro 
procedimiento de in spección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que 
resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en el informe em itido. 
 
 
SECCIÓN 5ª  
 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN SIN PRESENCIA DEL OBLIGADO 
TRIBUTARIO  
 
 
Artículo 159 .- Objeto del procedimiento de regularización sin presencia del 
obligado tributario.  
1.  El procedimiento de regularización sin la presencia del oblig ado tributario tendrá por 
objeto informar sobre la regularización tributaria pertinente en los  supuestos en los que 
exista prueba preconstituida del hecho imponible, lo que se producirá cuando éste 
pueda reputarse probado, según las reglas de valoración de  la prueba contenidas en la 
Sección 2ª del Capítulo II del presente Título.  
 
2.  Este procedimiento se aplicará cuando la inspección de los tributos no precise de la 
realización de ninguna actuación de investigación, comprobación u obtención de 
información  para determinar la regularización procedente de la situación del obligado 
tributario.  
 
 
Artículo 160 .- Desarrollo del procedimiento de regularización sin presencia del 
obligado tributario.  
1.  Este procedimiento se llevará a efecto sin la presencia del ob ligado tributario ni su 
representante y las conclusiones del mismo se documentarán a t ravés del 
correspondiente informe de inspección a que se refiere el apartado 3 del artículo 137 de 
esta Norma Foral, en la forma que reglamentariamente se determine.  
 
2.  El informe de inspección correspondiente se notificará al obligado tributario, con 
especificación de los elementos de prueba que acreditan la realización del hecho 
imponible, informándole de que se dará traslado del mismo al órgano competente para 
dictar los actos administrativos precisos para regularizar la situación tributaria del 
mismo,  otorgándole un plazo de quince días para que realice las alegaciones que 
considere oportunas ante el citado órgano.  
 
3.  El informe de inspección mencionado en este art ículo no será susceptible de recurso o 
reclamación independiente, pero en los que se i nterpongan contra los actos y 
liquidaciones resultantes podrá plantearse la procedencia de la regularización propuesta 
en el mismo.  
 
 
Artículo 161 .- Efectos del procedimi ento de regularización sin presencia del 
obligado tributario.  
Dictado acto administrat ivo como consecuencia de la regularización propuesta en un 
informe emitido a resultas de un procedimiento de regularización sin presencia del obligado 
tributario, la Admi nistración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación 
con el ob jeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o en 
otro procedimiento de inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias 
que re sulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en el informe emitid o. 
 
 
SECCIÓN 6ª  
 
ACTUACIONES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Artículo 162 .- Actuaciones de obtención de información.  
1.  Cuando la Administración tributaria deba proceder a  realizar las actuaciones de 
obtención de información previstas en los artículos 90 y 91 de esta Norma Foral, y para 
ello sea preciso la actuación de la misma fuera de sus oficinas, tales actuaciones 
deberán llevarse a cabo por parte de la inspección de lo s tributos, sin perjuicio de las 
facultades previstas en esta Norma For al, para los órganos de recaudación.  
 
2.  Las citadas actuaciones se llevarán a efecto en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.  
 
3.  La inspección de los tributos al desar rollar estas actuaciones  atenderá a lo dispuesto en 
los artículos 90 a 92 de esta Norma Foral y, en tanto sea compatible con los mismos, a 
las normas de actuación establecidas en las demás secciones de este Capítulo.  
 
 
SECCIÓN 7ª  
 
CLÁUSULA ANTIELUSIÓN  
 
 
Artículo 163 .- Procedimiento para la aplicación de la cláusula antielusión.  
1.  Cuando, en el transcurso de un procedimiento de inspección, se estime que pudieran 
concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14 de esta Norma 
Foral, l a inspección de los tributos emitirá un informe en el  que se fundamente la 
aplicación de la cláusula antielusión.  
 
2.  Cuando sea otro órgano de la Administración tributaria en el curso de otro 
procedimiento de aplicación de los tributos el que estime que pudieran concurrir las 
circunstancias previstas en el  apartado 1 del artículo 14 de esta Norma Foral, solicitará 
de la inspección de los tributos la emisión de un informe en el que se fundamente la 
aplicación de la cláusula antielusión.  
 
3.  Del citado inf orme se dará traslado al interesado por parte del órg ano encargado de la 
tramitación del procedimiento correspondiente, concediéndole un plazo de quince días 
para presentar ante el mismo las alegaciones y aportar o proponer las pruebas que 
estime procedent es. 
 
4.  A la vista del informe, de las alegaciones y , en su caso, las pruebas practicadas, el 
órgano encargado de la tramitación del procedimiento elevará al órgano que 
reglamentariamente se establezca propuesta de resolución, a la que se acompañarán 
todos los antecedentes de la misma.  
 
5.  Dicho órgano dec larará, en su caso, en el plazo máximo de tres meses, la existencia de 
elusión en la conducta del obligado tributario, procediéndose a continuación al dictado 
de las correspondientes liquidaciones.  
 
6.  El informe y los demás actos dictados en aplicación d e lo dispuesto en este artículo no 
serán susceptibles de recurso o reclamación independiente, pero en los que se 
interpongan contra los actos y liquidaciones resultantes podrá plantearse la procedencia 
de la declaración de la aplicación de la cláusula anti elusión.  
 
 
CAPÍTULO V  
 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN  
 
 
SECCIÓN 1ª  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
 
Artículo 164 .- La recaudación tributaria.  
1.  La recaudación tributaria consiste en el ejercic io de las funciones administrativas 
conducentes al cobro de las deudas tributarias.  
 
 En particular son funciones de la recaudación tributaria:  
 
a)  Llevar a cabo las actuaciones necesarias para posibilitar y facilitar el pago de las 
obligaciones tributari as. 
 
b)  La realización de actuacion es de obtención de información en relación con las 
acciones encaminadas al cobro de la deuda o a la exigencia de responsabilidad 
administrativa, civil y penal.  
 
c)  La realización de actuaciones contra el patrimonio del deudor, ejecución de sus 
bienes y de rechos y la práctica de medidas preventivas, en su caso.  
 
d)  La información a los obligados tributarios con motivo de actuaciones relacionadas 
con procedimientos recaudatorios, de sus derechos y obligaciones y la forma en que 
deben cumplirse estas últimas.  
 
2. (23) La recaudación  de deudas en el ámbito de la asistencia mutua se realizará 
mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los términos previstos en 
el apartado 6 del artículo 61 y en el apartado 6 del art ículo 64 de esta Norma Foral, 
así como, en su caso, a través de la aplicación de las normas de la Sección 2ª de 
este Capítulo.  
Los procedimientos de recaudación tramitados al amparo de la asistencia mutua 
podrán terminar, ademá s de por las causas del artíc ulo 177 de esta Norma Foral, por 
la modificación o retirada de la petición de cobro original efectuada por el Estado o 
entidad internacional o supranacional requirente de dicha asistencia.  
 
3.  (23) La re caudación de las deudas tributarias podrá realizarse:  
 
a)  En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los 
plazos previstos en el artículo 61 de esta Norma Foral.  
 
b)  En período ejecutivo, mediante el pago o cum plimie nto espontáneo del obligado 
tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.  
 
 
Artículo 165 .- Recaudación en período ejecutivo.  
1.  El período ejecutivo se inicia:  
 
a)  En el caso de deudas liquidadas por la Administración  tributaria, el día siguiente al 
del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 61 de esta 
Norma Foral.  
 
b)  En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el 
ingreso, al día siguiente d e la finalizac ión del plazo que establezca la normativa de 
cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la 
presentación de la autoliquidación.  
 
2.  La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, compensación o 
dación de bienes o derechos en pago de deuda, en período voluntario impedirá el 
inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.  
 
 La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma cont ra una sanción 
impedirá el inicio  del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía 
administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario de pago.  
 
3.  Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaud ación de 
las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este 
artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.  
 
4.  El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de 
los recargos del perí odo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta 
Norma Foral y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 165 bis . (23) Suspensión del procedimiento de recaudación.  
Se acordará la suspensión de oficio del procedimiento de recaudación instado al amparo 
de las normas de asistencia mutua por la comunicación de la existencia de un litigio por el 
Estado o entidad internacional o supranacional requirente que pu diera afectar al crédito 
respecto del cual  se hubiera solicitado asistencia.  Dicha suspensión también tendrá lugar 
cuando el interesado en el procedimiento comunique y acredite fehacientemente la 
existencia del mismo.  No obstante lo anterior, dicha suspens ión no se acordará o 
quedará sin efecto cu ando dicho Estado o entidad internacional o supranacional 
manifieste su voluntad a favor de la ejecución.  
Cuando el litigio se refiera sólo a una parte de la solicitud de asistencia, la suspensión 
referida en el ap artado anterior se entenderá producida sól o respecto de la parte afectada 
por la impugnación, pudiéndose continuar con la ejecución de la parte no afectada.  
Salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa, también se 
suspenderá el proced imiento de recaudación cuando alguno de lo s Estados o entidades 
internacionales o supranacionales intervinientes en dicha asistencia hubieran iniciado un 
procedimiento amistoso y el resultado de dicho procedimiento pudiera afectar al crédito 
respecto del c ual se hubiera solicitado asistencia.  La suspensión surtirá efectos hasta que 
concluya dicho procedimiento, salvo que, entre otros supuestos, existan indicios 
racionales de que dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado, en cuyo caso 
se continu ará la ejecución.  No obstante lo anterior,  se podrán adoptar las medidas 
cautelares para garantizar el cobro del crédito conforme a lo dispuesto en el tercer 
párrafo del apartado 1 del artículo 78 de esta Norma Foral.  
 
Artículo 166 .- Facultades de la rec audación tributaria.  
1.  Para asegurar o e fectuar el cobro de la deuda tributaria, los órganos que desarrollen 
actuaciones de recaudación tendrán las facultades que se reconocen a la inspección de 
los tributos en el artículo 136 de esta Norma Foral, con los requisitos allí establecidos, y 
podrán a doptar medidas cautelares en los términos previstos en los artículos 78 y 143 
de esta Norma Foral, tanto respecto a los bienes, derechos y registros de los obligados 
tributarios como de terceros en cuanto tengan relación con las operaciones del obligado 
tributario.  
 
2.  Todo obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración tributaria, 
cuando ésta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su 
patrimonio en cuantía suficie nte para cubrir el importe de la deuda tribu taria.  
 
3.  Los órganos que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las actuaciones 
materiales que sean necesarias en el curso del procedimiento de apremio. Los 
obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les prestarán la debida  
colaboración en el desarrollo de sus funciones.  
 
4.  Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se 
hubiesen dictado se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecuci ón subsidiaria de 
dichas resoluciones o requ erimientos, mediante acuerdo del órgano competente.  
 
 
SECCIÓN 2ª  
 
PROCEDIMIENTO DE APREMIO  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª  
 
NORMAS GENERALES  
 
 
Artículo 167 .- Carácter del procedimiento de apremio.  
 
1.  El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo y consi ste en el conjunto 
de actuaciones dirigidas al cobro de las deudas tributarias mediante la ejecución del 
patrimonio del deudor. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus 
incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.  
 
2.  El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a 
otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la 
iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la 
legislación de conflictos jurisdiccionales, o con las normas del artículo siguiente.  
 
 La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le 
atribuye la normativa de conformidad con lo previsto en la legislación de conflict os 
jurisdiccionales.  
 
3.  El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, 
una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la form a previstos en la 
normativa tributaria.  
 
4.    (35) Reglam entariamente se podrá desarrollar un procedimiento especial simplificado 
para la ejecución de deudas de una misma o un mismo contribuyente cuyo importe total 
sea inferior a la cantidad que se determine, mediante Decreto Foral.  
 
Artículo 168 .- Concurrencia de procedimientos.  
 
1.  Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene 
establecido por la legislación en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del 
procedimiento de apremio para la recaudación de los trib utos con otros procedimientos 
de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia 
para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con 
arreglo a las siguientes reg las: 
 
a)  Cuando concur ra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el 
procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del 
procedimiento de apremio es el más antiguo. A estos efectos se estará a la fecha de 
la diligencia de embargo  del bien o derecho.  
 
b)  Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de 
ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los 
bienes o derechos embargados en el mismo, siem pre que la providencia de apremio 
se hubiera dictado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.  
 
2.  En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la legislación concursal 
y, en su caso, en la normativa de régimen económico y presupuestario del Terr itorio 
Histórico de Álava, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de 
apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las condiciones 
para ello con anterioridad a la fecha de declaración  del concurso.  
 
3.  Los juzgados y tribunales estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria 
facilitando a los órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o 
universales de ejecución que precisen para el ejercicio de su s funciones.  
 
 Asimismo  tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, 
cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de 
ejecución.  
 
4.  El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a l a Hacienda Pública el 
derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, aquélla podrá 
suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la 
legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con  las 
garantías que se e stimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no 
pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo 
que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá ejercerse en los términos 
previstos en la legislación  concursal. Igualmente podrá acordar la compensación de 
dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.  
 
 Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el 
párrafo anterior se req uerirá únicamente la au torización del órgano competente de la 
Administración tributaria.  
 
 
Artículo 169 .- Suspensión del procedimiento de apremio.  
 
1.  El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos 
en las disposicione s reguladoras de los re cursos y reclamaciones económico -
administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria.  
 
2.  El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de 
recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuand o el interesado demuestre que se 
ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación 
de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o 
suspendida o que ha p rescrito el derecho a exigir el pago . 
 
3.  Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le 
pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando 
considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédi to con preferencia a la 
Hacienda Púb lica, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo 
competente.  
 
4.  Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo 
que se refiere a los bienes y derechos controvert idos, una vez que se hayan adoptado 
las medidas de aseguramiento que procedan.  
 
5.  Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de 
los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resol ución 
de la tercería.  
 
6.  Reglament ariamente se desarrollará el procedimiento para tramitar las reclamaciones 
de tercería cuya resolución agotará, en todo caso, la vía administrativa.  
 
 
Artículo 170 .- Conservación de actuaciones.  
 
1.  Cuando se declare la  nulidad de determinadas actuaciones  del procedimiento de 
apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.  
 
2.  La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria, distintos de la 
cuota, o la anulación de las sanciones no afectará a la  validez de las actuaciones 
realizadas en el curso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la  
deuda tributaria o de las sanciones no anulados.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª  
 
INICIACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO  
 
 
Artículo 171 .- Inicia ción del procedimiento de apremio.  
 
1.  El procedimiento de apremio se iniciará con la notificación de la providencia de apremio 
al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los 
recargos a los que se refiere el artícul o 28 de esta Norma Foral y se le requerirá para 
que efectúe el pago.  
 
2.  La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio 
y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los 
bienes  y derechos de los obligados tributarios.  
 
3.  Contra la providencia de apremio sólo serán admisible s los siguientes motivos de 
oposición:  
 
a)  Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.  
 
b)  Solicitud de aplazamiento, fraccio namiento o compensación en período voluntario y 
otras causas de suspensión del procedimiento de reca udación.  
 
c)  Falta de notificación de la liquidación.  
 
d)  Anulación de la liquidación.  
 
e)  Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio q ue impida la 
identificación del deudor o de la deuda apremiada.  
 
4.  (23) Contra el instrumento  de ejecución dictado al amparo de las normas de 
asistencia mutua no serán admisibles los motivos de oposición a los que se refiere el 
apartado anterior.  La revisión del instrumento de ejecución se llevará a cabo por el 
Estado o entidad i nternacional o supranacional requirente de la asistencia mutua, 
salvo que las normas reguladoras de la misma establezcan otra cosa.  
 
5.  (23) Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el 
apartado 5 del artículo 61 de esta Norma Foral, se procederá al embargo de sus bienes, 
advirtiéndose así en la providencia de apremio.  
 
 
Artículo 171 bis . (23) Instrumento de ejecución en el ámbito de la asistencia mutua.  
1.  Tendrá la consideración de instrumento de ejecución aquél que, en virtud de las 
normas de asistencia mutua, habilite para el ejercicio de las actuaciones 
recaudatorias a  las que se refiere el presente Capítulo.  
2.  El instrumento de ejecución se asimila a la providencia de apremio.  En particular, 
será considerado título suficiente para iniciar el procedimiento de recaudación y 
tendrá la misma fuerza ejecuti va que la provi dencia de apremio a la que se refiere el 
artículo 171 de esta Norma Foral para proceder contra los bienes y derechos de los 
obligados al pago.  
3.  Cuando el instrumento de ejecución vaya acompañado de otros documentos 
referentes al mismo y e xpedidos por el  Estado o entidad internacional o 
supranacional requirente, dichos documentos serán remitidos al destinatario en la 
lengua en la que sean recibidos por la Administración tributaria, salvo que la 
normativa sobre asistencia mutua establezca ot ra cosa.  
4.  En ningún caso, ni el instrumento de ejecución ni los documentos que acompañen y 
se refieran al mismo, que hayan sido recibidos conforme a la normativa de asistencia 
mutua, estarán sujetos a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución  por 
parte de l a Administración tributaria, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.  
 
Artículo 172 .- (23) Ejecución de garantías.  
Si la deuda tributaria estuviera garantizada, se procederá en primer lugar a ejecutar la 
garantía a través del procedimiento previsto en el artículo 176 de esta Norma Foral.  
No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros 
bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no  sea 
proporcionada a l a deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes 
suficientes al efecto.  En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte 
asegurada por los embargos.  
 
Artículo 173 .- Práctica del embargo de bien es y derechos.  
 
1.  Con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de los 
bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:  
 
a)  El importe de la deuda o sanción no ingresada.  
 
b)  Los intereses que  se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso.  
 
c)  Los recargos que procedan.  
 
d)  Las costas del procedimiento de apremio.  
 
2.  La Administración tributaria embargará los bienes y derechos del obligado que sean 
más fáciles de realizar y causen menos perjuicios  al obligado hasta que se cubra el 
importe de la deuda pendiente. En todo caso se embargarán en último lugar aquéllos 
para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido 
del obligado trib utario.  
 
3.  A solicitud del oblig ado tributario se podrán sustituir los bienes y derechos embargados 
por los que señale, si los mismos garantizan el cobro de la deuda con similar eficacia y 
prontitud que los que hayan sido trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros.  
 
4.  No se e mbargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las Normas 
Forales o las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su 
realización pudiera exceder del importe que normalmente podría  obtenerse en su 
enajenación.  
 
 
Artículo 174 .- Diligencia de embargo y anotación preventiva.  
 
1.  Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la 
persona con la que se entienda dicha actuación.  
 
 Efectuado el embargo de los b ienes o derechos, la diligencia se  notificará al obligado 
tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se 
hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado 
tributario cuando los bienes embargados sean gananciales , o a la pareja de hecho 
constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de 
mayo, cuando el régimen económico patrimonial establecido sea el de gananciales y a 
los condueños o cotitulares de  los mismos.  
 
2.  Si los bienes em bargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración 
tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el 
registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedir á mandamiento, 
con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitándose, 
asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el registro. El 
registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la expedición 
de esta certificació n, expresando su fecha y el procedimiento al que se refiera.  
 
En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la 
anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certif icación.  
 
La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los 
créditos tributarios establece el artículo 75 de esta Norma Foral, siempre que se ejercite 
la tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las 
anotaciones d e embargo.  
 
3.  Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición:  
 
a)  Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.  
 
b)  Falta de notificación  de la providencia de apremio.  
 
c)  Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta Norma 
Foral.  
 
d)  Suspensión del procedimiento de recaudación.  
 
e)  Tener concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago.  
 
4.  (23) Contra las diligencias de embargo dicta das al amparo de la asistencia mutua 
sólo serán admisibles como motivos de oposición aquéllos a los que se refiere el 
apartado anterior.  
En el caso de que el motivo de oposición se fundamente  en medios de prueba 
obtenidos en actuaciones ante instancias adm inistrativas o judiciales de otro Estado 
o entidad internacional o supranacional, se deberá solicitar por el órgano competente 
la debida acreditación de los mismos.  La información remitida a estos efectos tendrá 
el valor probatorio que proceda en derecho d e acuerdo con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 101 de esta Norma Foral.  
Contra el resto de las actuaciones de la Administración tributaria derivadas de una 
solicitud de cobro recibida en el marco de la asistencia mutua serán o ponibles los 
motivos que deriven de la presente Norma Foral y su normativa de desarrollo.  
5.  (23) Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer 
su depósito en la forma que se determine reglamentaria mente.  
 
6.  (23) Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en 
general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se aprecia que la 
continuidad de las personas que ejercen la dirección de l a actividad pudiera perjudicar 
la solve ncia del obligado tributario, el órgano competente, previa audiencia del titular del 
negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de 
una persona que ejerza de administrador o que int ervenga en la gestión del negocio en 
la forma que reglamentariamente se establezca, fiscalizando previamente a su 
ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo.  
 
7. (23) La Administración tributaria podrá aco rdar la prohibición de disponer sobre l os 
bienes  muebles e inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento 
recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones de aquélla o de o tras a través de las que éste ejerza el  
control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, sobre la sociedad titular de los 
muebles o inmuebles en cuestión, en los términos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio y aunque no estuviere oblig ado a formular cuentas consolidadas.  Podrá 
tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en los registros 
correspondientes y en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad 
competente en virtud del correspondiente mandamiento en  que se justificará la validez 
de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la 
existencia de la correspondiente relación de control cuyo presupuesto de hecho se 
detallará en el propio mandamiento.  
El recurso contra l a medida de prohibición de disponer s olo podrá fundarse en la falta 
de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción.  
La medida se alzará cuando por cualquier  causa se extinga el embargo de las 
participaciones o acciones pertenecientes al ob ligado tributario.  Asimismo, la 
Admin istración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer 
cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, 
debidamente acreditados por la sociedad.  
 
Artículo  175.- Embargo de bienes o derechos e n entidades de crédito o de 
depósito.  
 
1.  Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento o existan indicios de la 
existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una 
entidad de cr édito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en 
la cuantía que proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos de los bienes 
o derechos existentes en dicha entidad.  
 
2.  Cuando los fondos o valores se encuentren deposi tados en cuentas a nombre de va rios 
titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario.  
 
 A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa 
frente al depositario o de titularidad conjunta manco munada, el saldo se presumirá 
dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.  
 
3.  Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de 
sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las li mitaciones establecidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba 
considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará 
sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por  ese concepto en el 
mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.  
 
 
Artículo 176 .- Enajenación de los bienes y derechos embargados.  
 
1.  La enajenación de los bienes y derechos embargados se realizará mediante subasta, 
concurso o  adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen 
reglamentariamente.  
 
 El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo 
se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo  
108 de esta Norma Foral. En ese caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán 
admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a los que se 
refiere el apartado 3 del artículo 174 de esta Norma Foral.  
 
2.  El procedimiento de apr emio podrá concluir con la  adjudicación de bienes a la Hacienda 
Pública cuando se trate de bienes o de derechos cuya adjudicación pueda interesar a la 
Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación.  
 
 La adjudicación se aco rdará por el importe del d ébito perseguido, sin que, en ningún 
caso, pueda rebasar el 75 por 100 del tipo inicial fijado en el procedimiento de 
enajenación.  
 
3.  La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y 
derechos embar gados en el curso del proc edimiento de apremio hasta que el acto de 
liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza 
mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de 
valor o cuand o el obligado tributario s olicite de forma expresa su enajenación.  
 
4.  En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria 
liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas 
del proc edimiento de apremio.  
 
5.  La Administración tributaria podrá no enajenar aquellos bienes o derechos cuyo coste 
de realización pudiera exceder al previsible importe a obtener.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª   
 
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO  
 
 
Artículo 177 .- Term inación del procedimiento de apremio.  
 
1.  El procedimiento de apremio termina:  
 
a)  Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 173 de 
esta Norma Foral.  
 
b)  Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez 
declarados fallidos todos los obligados al pago.  
 
c)  Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda tributaria o sanción por 
cualquier otra causa.  
 
2.  En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de 
apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento 
de la solvencia de algún obligado tributario.  
 
3.    (35) Reglamentariamente se podrá desarrollar un procedimiento especial simplificado 
de declarac ión de fallido referido a deudas de una misma o un mismo contribuyente 
cuyo importe total sea inferior a la cantidad que se det ermine, mediante Decreto Foral.  
 
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A RESPONSABLES Y SUCESORES  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª   
 
PROCEDIMIENTO F RENTE A LOS RESPONSABLES  
 
 
Artículo 178 .- Carácter del procedimiento.  
El procedimiento frente a responsables comprende todas las actuaciones recaudatorias 
con el fin de declarar obligados al pago a los responsables de la deuda tributaria junto a 
los deudor es principales, a otras personas o entidades, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 41 a 43 de esta Norma Foral.  
Artículo 179 .- Decl aración de responsabilidad.  
1.  La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica  
de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la Norma Foral 
disponga otra cosa.  
2.  En el supuesto de liquidacione s administrativas, si la declaración de responsabilidad 
se efectúa con anterioridad al vencimiento del período volu ntario de pago, la 
competencia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad 
corresponde al órgano competente para dic tar la liquidación. En los demás casos, 
dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación.  
3.  El trámite de  audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que también 
les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegacione s que estimen 
pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.  
4.  El acto de declaración de resp onsabilidad será notificado a los responsables y tendrá 
el siguiente contenido:  
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del 
presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho 
presupuesto.  
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante 
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.  
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.  
5. (23) En el recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad 
podrá impugnarse  el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que 
alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos 
recursos o rec lamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido 
firmeza par a otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación 
del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.  
No obstante, en  los supuestos previ stos en el apartado 4 del artículo 42 y en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 43 de esta Norma Foral no podrán impugnarse las 
liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la 
responsabilidad.  Asimismo , en los mismos supu estos no resultará de aplicación lo 
dispuesto  en el apartado 2 del artículo 218 de esta Norma Foral,  tanto si el origen del 
importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.  
6.  El plazo concedido al responsable para efe ctuar el pago en per íodo voluntario será el 
establecido en el apartado 2 del artículo 61 de esta Norma Foral.  
 Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía 
de apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el 
artículo 28 de esta Norma Foral.  
7.  Las actuaciones del procedimiento para declarar la responsabilidad deberán concluir 
en el plazo de seis meses contado desde la fecha de notificación al obligado 
tributario del inicio del m ismo. A efectos de dicho cómput o, no se tendrán en 
consideración las dilaciones imputables al interesado.  
 El transcurso del plazo máximo de duración del procedimiento a que se refiere el 
párrafo anterior sin que se hubiera dictado el acto administrativo d e declaración de 
responsabilida d no determinará la caducidad del procedimiento que continuará hasta 
su terminación, pero supondrá que no se considere interrumpida la prescripción del 
derecho de la Administración para exigir el pago, como consecuencia de la s 
actuaciones desarrolladas fre nte al responsable. En este supuesto se entenderá 
interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con posterioridad a la 
finalización del plazo al que se refiere el párrafo anterior.  
Artículo 180 .- Procedimient o para exigir la responsabilida d solidaria.  
1.  El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el 
siguiente:  
a)  Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntar io de pago de la 
deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho 
período.  
b)  En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración  de 
responsabilidad que se notificará al responsable.  
2.  El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y  actividades económicas y al 
objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el apartado 2 del 
artículo 42 de esta Norma Fora l, tendrá derecho, previa la conformidad del titular 
actual, a solicitar de la Administración certificación detallada  de las deudas, 
sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La 
Administración tributaria deberá expedir dicha cert ificación en el plazo de tres meses 
desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitad a a 
las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación 
se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o re sponsabilidades o no se facilitara 
en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que  se 
refiere dicho artículo.  
Artículo 181 .- Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria.  
Una vez declarados fallidos el deudor  principal y, en su caso, los responsables solidarios, 
la Administración tributaria dictará acto de declaración de re sponsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario.  
 
SUBSECCIÓN 2ª   
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A LOS SUCESORES  
 
 
Artículo 182 .- Procedi miento de recaudación frente a los sucesores.  
 
1.  Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de 
recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos 
que la constancia del fallecimiento d e aquél y la notificación a los sucesores, con 
requerimiento del pago de la deuda tributaria y costa s pendientes del causante.  
 
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se suspenderá el 
procedimiento de recaudación hasta que trans curra el plazo concedido para ello, 
durante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la relación de las deudas 
tributarias pendientes del causante, con efectos meramente informativos.  
 
Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimie nto de recaudación de las 
deudas tributarias pendientes podrá continuar di rigiéndose contra sus bienes y 
derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su 
administración o representación.  
 
2.  Disuelta y liquidada una socieda d o entidad, el procedimiento de recaudación 
continuará con sus socios, pa rtícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la 
personalidad jurídica.  
 
Disuelta y liquidada una fundación, el procedimiento de recaudación continuará con los 
destinata rios de sus bienes y derechos.  
 
La Administración tributaria podrá dirigir se contra cualquiera de los socios, partícipes, 
cotitulares o destinatarios, o contra todos ellos simultánea o sucesivamente, para 
requerirles el pago de la deuda tributaria y costas  pendientes.  
 
 
TÍTULO IV   
 
LA POTESTAD SANCIONADORA  
 
 
CAPÍTULO I   
 
PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA TRIBUTARIA  
 
 
Artículo 183 .- Principios de la potestad sancionadora.  
La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo c on los principios 
reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en 
esta Norma Foral y en las reguladoras de cada tributo.  
 
En particular, serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará con carácter 
general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 184 .- Principio de responsabilidad en materia de infracción t ributaria.  
1.  Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 3 del 
artículo 35 de esta Norma Foral podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.  
 
2.  (29) Las acciones u omisiones tipificadas en las Normas Forales o en las leyes no darán 
lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en e l orden 
tributario.  
 
b) Cuando concurra fuerza mayor.  
 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o 
no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma, excepto si hubieran 
ratificado la decisión colectiva po steriormente.  
 
d) Cuand o se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  
 
Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el 
obligado haya actuado amparándose en una interpretac ión razonable de la nor ma. En 
particular, se considerará que la actuación realizada se fundamenta en una 
interpretación razonable de la norma, cuando el contribuyente haya actuado de 
conformidad con:  
 
a’) Las resoluciones del Organismo Jurídico Administrat ivo de Álava o de los T ribunales 
de lo contencioso -administrativo, o con las doctrina emanada de las sentencias del 
Tribunal Constitucional y con las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en autos y 
sentencias, respecto de supuestos en los que los h echos y las circunstanc ias sean 
sustancialmente iguales.  
 
b’) Los criterios manifestados por la Administración tributaria en:  
 
- Instrucciones contenidas en los modelos y manuales de divulgación para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones.  
 
- Las divulgaciones y comunicaciones a que se refiere el artículo 81 de esta Norma 
Foral.  
 
- Las contestaciones a consultas tributarias escritas a que se refiere el artículo 83 de 
esta Norma Foral, formuladas por otros obligados tributarios, respecto de sup uesto s en 
los que los hechos y las circunstancias sean sustancialmente iguales, siempre que 
dichos criterios no hayan sido modificados.  
 
A efectos de los dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el 
artículo 211 bis de esta Norma Fora l, no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, 
que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en esta letra d).  
 
e) Cuando sean imputables a una  deficiencia técnica de los programas informáticos de 
asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  
 
3.  Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o 
subsanen las declaraciones, autoliquidaciones o solicitudes presentadas con anterioridad de 
forma incorrecta, sin requerimiento previo de la Administración tributaria, no incurrirán en 
responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasió n de la presentación de 
aquéllas.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 
de esta Norma Foral y de las posibles infracciones que puedan cometerse como 
consecuencia de la presentación tardía o incorre cta de las nuevas declaraciones, 
autoliquidaciones o solicitudes.  
 
 
Artículo 185 .-  (29) Principio de no concurrencia de sanciones tributarias.  
1. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de un a 
infracción no podrá ser sancionada como infracción independiente.  
 
2. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones 
posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas.  
 
3.  Las sanciones derivadas de la  comisión de infracciones tributarias resultan compatibles 
con la exigencias del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.  
 
 
 
CAPÍTULO II   
 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES 
TRIBUTARIAS  
 
 
SECCIÓN 1ª   
 
SUJETOS RESPONSAB LES DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
 
Artículo 186 .- Sujetos infractores.  
1.  Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas 
en el apartado 3 del artículo 35 de esta Norma Foral que realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en las Normas Forales o en las leyes.  
 
 Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes:  
 
a)  Los sujetos pasivos.  
 
b)  Los obligados a realizar pagos  a cuenta.  
 
c)  Los obligados en las obligaciones entre pa rticulares resultantes del tributo.  
 
d)  Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.  
 
e)  (29)  La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal.  
 
f)  Las entidades que estén obl igadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o 
miembros.  
 
g) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obr ar 
en el orden tributario.  
 
h) (23) Los obligados  tributarios conforme a la normativa sobre asi stencia mutua.  
 
2.  El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 41 de esta Norma Foral en relación con la declaración de 
responsabilidad.  
 
3.  La concurrencia de varios sujetos inf ractores en la realización de una infracción 
tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al 
pago de la sanción.  
 
 
Artículo 187 .- Responsables y sucesores de las sanciones tributarias.  
1.  Responderán solidariamente  del pago de las sanciones tributarias las personas o 
entidades que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 42 de esta 
Norma Foral, en los términos establecidos en dicho artículo.  
 
2.  Responderán subsidiariamente del pago de las sancio nes tributarias las personas o 
entidades que se encuentren en el supuesto de la letra a) del apartado 1 del artículo 43 
de esta Nor ma Foral, en los términos establecidos en dicho artículo.  
 
3.  El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad sol idaria o subsidiaria será el 
previsto en los artículos 180 y 181 de esta Norma Foral.  
 
4.  Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas 
físicas infractoras.  
 
 Las sanciones tributarias por infracciones cometidas  por las sociedades y entidades 
disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos previstos en el 
artículo 40 de esta Norma Foral.  
 
 
SECCIÓN 2ª   
 
CONCEPTO Y CLASES DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 188 .- Concepto de in fracciones tributarias.  
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier 
grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Norma 
Foral o ley.  
 
 
Artículo 189 .- Clases de sanciones tribut arias.  
1.  Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones 
pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.  
 
2.  Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.  
 
 
Artículo 190 .- Sanciones no pecuniarias por infracciones tributarias.  
1.  (32) Cuando la mult a pecuniaria impuesta por la comisión de una infracción sea de 
importe igual o superior a 30.000 euros y se hubiera utilizado como criterio de 
graduación de la sanción, el de comisión repetida de infracciones tributarias establecido 
en la letra a) del apar tado 1 del artículo 191 de esta Norma Foral, además del de 
utilización de medios fraudulentos o persona interpuesta establecido en la letra c) del 
mismo apartado, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:  
 
a)  Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de uno  a 
dos años en los términos reglamentariamente establecidos.  
 
b)  Prohibición para contratar con la Adm inistración pública que hubiera impuesto la 
sanción durante un plazo de uno a dos años en los términos reglamentariamente 
establecidos.  
 
2.  (32) Cuando la multa pecuniaria impuesta por la comisión de una infracción sea de 
importe ig ual o superior a 60.000 euros y se hubiera utilizado como criterio de 
graduación de la sanción, el de comisión repetida de infracciones tributarias estab lecido 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 191 de esta norma foral, además del de 
utilización de  medios fraudulentos o persona interpuesta establecido en la letra c) del 
mismo apartado, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:  
 
a)  Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
aplicar benef icios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de tres, 
cuatro o cinco años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual  o 
superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, respectivamente.  
 
b)  Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la 
sanción durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la 
sanción impuesta hubiera si do igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, 
respectivamente.  
 
3.  Cuando las autoridades o l as personas que ejerzan profesiones oficiales cometan 
infracciones derivadas de la vulneración de los deberes de colaboración de los artículos 
90 y 91 de  esta Norma Foral y siempre que, en relación con dicho deber, hayan 
desatendido tres requerimientos seg ún lo previsto en el artículo 208 de esta Norma 
Foral, además de la multa pecuniaria que proceda, podrá imponerse como sanción 
accesoria la suspensión de l ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público 
por un plazo de tres meses.  
 
La suspensión  será por un plazo de doce meses si se hubiera sancionado al sujeto 
infractor con la sanción accesoria a la que se refiere el párrafo anterior en virtud de 
resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión 
de la infr acción.  
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán profesiones oficiales las 
desempeñadas por registradores de la propiedad y mercanti les, notarios y todos 
aquéllos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes de las 
Instituciones Forales, del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u otras 
entidades de derecho público.  
 
4. (6) Cuand o se imponga la sanción prevista en el apartado 3 del artículo 207 de esta 
Norma Foral se podrán impone r, además, las sanciones accesorias previstas en el 
apartado 1 de este artículo.  
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
CUANTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PECUNIARIAS  
 
Artículo 191 .- Criterios de graduación de las sanciones tributarias.  
1.  Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes 
criterios, en la medida en que resulten aplicables:  
 
a)  Comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido 
sancionado por una infracción de la misma naturaleza en virtud de resolución firme 
en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la 
infracción . 
 
A estos efectos se considerarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en  
un mismo artículo del Capítulo III de este Título. No obstante, las infracciones 
previstas en los artículos 195, 196 y 197 de esta Norma Foral se considerarán todas 
ellas de la misma naturaleza.  
 
Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se in crementará entre 10 y 
30 puntos porcentuales en los términos que se determine reglamentariamente.  
 
En el supuesto de que la sanción no sea proporcional se incrementará e ntre un 100 
y un 300 por 100 en los términos que se determine reglamentariamente.  
 
b) (32) 
 
c)  Utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta.  
 
Se consideran medios fraudulentos, en los términos que se establezcan 
regla mentariamente:  
 
- las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros 
establecidos por la normativa tributaria;  
 
- el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, 
siempre que la incidencia de los documentos o s oportes falsos o falseados 
represente un porcentaje superior al 10 por 100 de la  base de la sanción;  
 
- la utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con 
la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de u n tercero, 
con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos,  la obtención 
de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con 
trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo 
incump limiento constituye la infracción que se sanciona.  
 
 Cuando concurra esta circun stancia, la sanción mínima se incrementará entre 25 
y 100 puntos porcentuales en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.  
 
d) La especial colaboración del interesado  durante las actuaciones inspectoras, 
mediante la aportación espontánea de datos  de difícil obtención para la 
Administración tributaria y que comporten un incremento de la deuda tributaria.  
 
 Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracc ión, el porcentaje 
de la sanción que corresponda aplicar a la cuantía incrementa da por dicha 
colaboración, se reducirá entre 10 y 30 puntos porcentuales, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente.  
 
2.  Los criterios de graduación son aplicables  simultáneamente. En ningún caso la 
aplicación simultánea de los criterios de gr aduación supondrá una sanción superior al 
importe máximo de ésta, ni inferior al importe mínimo correspondiente a la infracción 
cometida.  
 
 
Artículo 192 .- (23) Reducción de las sanciones.  
1.  La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas se reducirá en un 30 por ciento  en 
los supuestos en que el obligado tributario preste la conformidad tanto a la 
regularización, como a la sanción.  
Esta reducción será de un 50 por ciento en los supuestos en que además de cumplirse 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se realice el ingreso total tanto del importe de la 
deuda tributaria, como de la sanción dentro del período voluntario a que se refiere el 
artículo 61 de e sta Norma Foral, sin que sea posible efectuar una soli citud de 
aplazamiento o fraccionamiento de pago.  
2.  El importe de la reducción practicada conforme con lo dispuesto en el apartado anterior 
se exigirá, sin más requisito que la notificación al interesa do, cuando se haya 
interpuesto recurso o reclamación c ontra la regularización y/o contra la sanción.  
En el supuesto de que cumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 
anterior, no se realice el ingreso total, tanto del importe de la deuda tr ibutaria, como de 
la sanción, en los términos establec idos en el párrafo segundo del apartado anterior, se 
exigirá la reducción practicada del 20 por ciento de la cuantía de la sanción pecuniaria 
correspondiente, sin más requisito que la notificación al in teresado.  
3.  Cuando según lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 2 de este artículo se exija 
el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer recurso 
independiente contra dicho acto si previamente se hubiera interpuesto recurso  o 
reclamación contra la sanción reducida.  
Si se hubie ra interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida se 
entenderá que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la 
sanción, y se extenderán los efectos suspensivos  derivados del recurso o reclamación a 
la reducción pr acticada que se exija.  
4.  Si como consecuencia de la presentación de alegaciones en la propuesta de 
regularización tributaria y/o de la sanción, o de un recurso o reclamación en vía 
administrativa, fue sen estimadas en su totalidad las pretensiones del obl igado tributario, 
se entenderá que a los efectos de las sanciones que procedan es de aplicación la 
reducción en los términos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.  
 
SECCIÓN 4ª   
 
EXTINCIÓN DE L A RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS INFRACCIONES Y DE 
LAS SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 193 .- Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones 
tributarias.  
1.  La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el 
fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para 
imponer las correspondientes sanciones.  
 
2.  (20) El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cinco años y 
comenzará a contars e desde el momento en que se cometieron las correspondientes 
infracciones.  
 
3.  El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá : 
 
a)  Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 
formal del in teresado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.  
 
 Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación 
tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las 
sanciones tributarias que puedan d erivarse de dicha regularización.  
 
b)  Por la interposición de recursos o reclamaciones de cualquier clase, por el 
planteamiento de un conflic to ante la Junta Arbitral prevista en el Concierto 
Económico, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción  penal o por la 
presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones 
realizadas con conocimiento formal del obliga do tributario en el curso de dichos 
procedimientos.  
 
 No se considerará interrumpido el plazo de prescripción en l os supuestos en que la 
interrupción se hubiera producido por la presentación de recursos o reclamaciones 
de cualquier clase, cuando los citado s recursos o reclamaciones presentados por el 
obligado tributario hubieran sido estimados en su integridad con anu lación del acto 
administrativo frente al que los mismos se hubieran interpuesto.  
(29) Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 67 de esta 
Norma Foral al ejercicio de la potestad de la Administración t ributaria para imponer 
sanciones tributarias.  
4.  La prescripción se aplicará de oficio por la Administració n tributaria, sin necesidad de 
que la invoque el interesado.  
 
Artículo 194 .- Extinción de las sanciones tributarias.  
 
1.  Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del 
derecho para exigir su pago, por compensación,  por condonación y por el fallecimiento 
de todos los obligados a satisfacerlas.  
 
2.  Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II 
de esta Norma Foral, así como las normas comprendidas en el Capítulo V del Título III 
de esta Norma Foral.  
 
3.  (29) Las sanciones tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en la 
cuantí a y con los requisitos que en la misma se determinen.  
 
4.  Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de 
ingresos indebidos a los efect os de esta Norma Foral.  
 
 
CAPÍTULO III   
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
 
Artículo  195.- (32) Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que 
debiera resultar de una autoliquidación.  
1.  Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la 
normativa de cada trib uto la totalidad o parte de la deu da tributaria que debiera 
resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 27 de esta norma foral o proceda la aplicación de la letra 
b) del apartado 1 del artículo 165 de esta norma for al, sin que haya mediado 
requerimiento previo.  
      También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda 
tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las 
cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución 
de rentas.  
2.  La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como 
consecuencia de la comisión de la infracción.  
3.   La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consist irá en multa pecuniaria 
proporcional del 50 por ciento al 150 por ciento si no media ocultación de datos.  
       No obstante, cuando la infracción sea consecuencia de haber dejado de ingresar 
cantidades retenidas o ingreso s a cuenta practicados o tributos efectivamente 
repercutidos, la sanción oscilará entre el 75 por ciento y el 150 por ciento de la base 
de la sanción si no media ocultación de datos.  
4.   La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en multa pecuniaria 
proporcional d el 100 por ciento al 150 por ciento si media ocultación de datos.  
       No obstante, cuando la infracción sea consecuencia de haber dejado de ingresar 
cantidades retenidas o ingresos a cuenta practicados o tributos efecti vamente 
repercutidos, la sanción o scilará entre el 125 por ciento y el 150 por ciento de la base 
de la sanción.  
5.  Se entenderá que existe ocultación de datos a la administración tributaria cuando no 
se presenten autoliquidaciones o se presenten autoliqui daciones en las que se 
incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se 
omitan to tal o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o 
cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributari a, siempre que 
la incidencia de la deuda derivada de la ocultación, en relación con la base de la 
sanción, sea sup erior al diez por ciento.  
6.   Cuando el obligado tributario hubiera obtenido indebidamente una devolución y como 
consecuencia de la regulariz ación practicada procediera la imposición de una 
sanción de las reguladas en este artículo, se entenderá que la cu antía no ingresada 
es el resultado de adicionar al importe de la devolución obtenida indebidamente la 
cuantía total que hubiera debido ingresa rse en la autoliquidación.  
       En estos supuestos, no será sancionable la infracción a la que se refiere el art ículo 
197 de esta norma foral, consistente en obtener indebidamente una devolución.  
7.   No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,  se sancionará con el porcentaje 
del 30 por ciento la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que 
hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado tributario en una 
autoliq uidación presentada con posterioridad sin cumplir los re quisitos establecidos 
en el apartado 4 del artículo 27 de esta norma foral para la aplicación de los recargos 
por declaración extemporánea sin requerimiento previo.  
       Lo previsto en este apartado  no será aplicable cuando la autoliquidación presentada 
incluya ingresos correspondientes a conceptos y períodos impositivos respecto a los 
que se hubiera notificado previamente un requerimiento de la administración 
tributaria.  
Artículo 196 .- (32) Infracción tributaria por incumplir la ob ligación de presentar de 
forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar 
liquidaciones.  
1.    Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de fo rma completa y 
correcta las declaraciones o documentos n ecesarios para que la administración 
tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen 
por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se regularice con arreg lo a lo 
dispuesto en el artículo 27 de esta norma foral.  
2.    La base de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado 
declaración, o la diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del 
tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.  
3.   La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 50 por ciento al 150 por ciento, si no media ocultación de datos.  
       La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en mu lta pecuniaria 
proporcional del 100 por ciento al 150 por ciento si media ocultación de datos.  
4.   Se entenderá que existe ocultación de datos a la administración tributaria cuando no se 
presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se i ncluyan hechos u 
operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o 
parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que 
incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incide ncia de la deuda 
derivada de la ocultación, en relación con la base de la sanción, sea superior al diez por 
ciento.  
 
Artículo 197 .- (32) Infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones.  
1.  Constituye infracción tributar ia obtener indebidamente devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo.  
2.   La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de 
la comisión de la infracción.  
3.   La sanción por la comisión de esta infracción tribut aria consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 50 por ciento al 150 por ciento si no media ocultación de datos.  
       La sanción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 100 por ciento al 150 por ciento si media ocultación de datos.  
4.    Se entenderá que existe ocultación de datos a la administración tributaria cuando no se 
presenten autoliquidaciones o se presenten autoliquidaciones en las que se incluyan 
hechos u operaciones inexistentes o con i mportes falsos, o en las que se omitan total o 
parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que 
incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda 
derivada de la ocultación, en re lación con la base de la sanción, sea superior al diez por 
ciento.  
Artículo 198 .- Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, 
beneficios o incentivos fiscales.  
1.  Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones de rivadas de la 
normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de 
datos falsos en autoliquidaciones o declaraciones, sin que las devoluciones se hayan 
obtenido.  
La base de la sanción será la cantidad indebidam ente solicitada . 
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por 100.  
2.  Asimismo, constituye infracción tributaria solicitar indebidamente beneficios o incentivos 
fiscales mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos siempre 
que, como consecuencia de dicha conducta, no proceda imponer al mismo sujeto 
sanción por alguna de las infracciones previstas en los artículos 195, 196 ó 199 de esta 
Norma Foral, o en el primer apartado de este artículo.  
 La infracción tribu taria prevista en este apartado se sancionará con multa pecuniaria fija 
de 300 euros.  
 
Artículo 199 .- Infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente 
partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.  
1.  Constituye infracción tributaria determinar o acreditar improcedentemente partidas 
positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la 
cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.  
 También se incurre en esta infr acción cuando se declare incorrec tamente la renta neta, 
las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un 
período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de 
devoluciones por haberse comp ensado en un procedimiento de ges tión o de inspección 
cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.  
2.  La base de la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas o 
acreditadas. En el supuesto previsto en el segundo  párrafo del apartado anterior, s e 
entenderá que la cantidad indebidamente determinada o acreditada es el incremento de 
la renta neta o de las cuotas repercutidas, o la minoración de las cantidades o cuotas a 
deducir o de los incentivos fiscales, del perío do impositivo.  
3.  La sanción con sistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 si se trata de 
partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 30 por 100 si se trata de 
partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes.  
4.  Las sanciones impuestas conf orme a lo previsto en este artículo serán deducibles en la 
parte proporcional correspondiente de las que pudieran proceder por las infracciones 
cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la 
compensación o deducción de los co nceptos aludidos, sin que el importe a deducir 
pueda exceder de la sanción correspondiente a dichas infracciones.  
 
 
Artículo 200 .- Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases 
imponibles, rentas o re sultados por las entidades someti das a un régimen de 
imputación de rentas.  
1.  Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles o 
resultados a los socios o miembros por las entidades sometidas a un régimen de 
imputació n de rentas. Esta acción u omisió n no constituirá infracción por la parte de las 
bases o resultados que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad 
sometida al régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los 
artículos 195, 196 ó 197 de esta No rma Foral.  
2.  La base de la sanción será el importe de las cantidades no imputadas. En el supuesto 
de cantidades imputadas incorrectamente, la base de la sanción será el importe que 
resulte de sumar las diferencias con sig no positivo, sin compensación con  las 
diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a cada socio o 
miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.  
3.  La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 40 por 100.  
 
Artículo 201 .- Infracción tributaria por imputar incorrectamente deducciones, 
bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de 
imputación de rentas.  
1.  Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente deducciones, bonifi caciones y 
pagos a cuenta a los socios o miembros por las entidades sometidas al régimen de 
imputación de rentas. Esta acción no constituirá infracción por la parte de las cantidades 
incorrectamente imputadas a los socios o partícipes que hubiese dado luga r a la 
imposición de una sanción a la ent idad sometida a un régimen de imputación de rentas 
por la comisión de las infracciones de los artículos 195, 196 ó 197 de esta Norma Foral.  
2.  La base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferenc ias con signo 
positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que 
debieron imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.  
3.  La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por 100 . 
 
 
Artículo 202 .- Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o 
declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o por incumplir la 
obligación de comunicar el domicilio fiscal.  
1.  Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones , 
siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la 
Hacienda Pública.  
 La sanción consistirá en:  
a)  Con carácter general, multa pecuniaria fija de 200 euros.  
b)  Si se trat a de declaraciones censales o la relativa a la comun icación de la 
designación del representante de personas o entidades cuando así lo establezca la 
normativa, multa pecuniaria fija de 400 euros.  
c)  Si se trata de declaraciones exigidas con carácter genera l en cumplimiento de la 
obligación de suministro de información recogida en los artículos 90 y 91 de esta 
Norma Foral, multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la 
declaración con un mínimo de 300 euros y un má ximo de 20.000 euros.  
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones o 
declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración 
tributaria, l a sanción y los límites mínimo y máximo serán la mit ad de los previstos en el 
apartado anterior.  
 Si se hubieran presentado en plazo autoliquidaciones o declaraciones incompletas, 
inexactas o con datos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo s in 
requerimiento previo una autoliquidación o declar ación complementaria o sustitutiva de 
las anteriores, no se producirán las infracciones a que se refieren los artículos 198 y 203 
de esta Norma Foral en relación con las autoliquidaciones o declaraciones presentadas 
en plazo y se impondrá la sanción que re sulte de la aplicación de este apartado 
respecto de lo declarado fuera de plazo.  
3.  Si se hubieran realizado requerimientos, la sanción prevista en el apartado 1 de este 
artículo será compatible con la e stablecida para la resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en el artículo 208 de esta 
Norma Foral por la desatención de los requerimientos realizados.  
4.  También constituye infracción tributaria incump lir la obligación de comunicar el domicilio 
fiscal o  el cambio del mismo por las personas físicas que no realicen actividades 
económicas.  
 La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 100 euros.  
 
 
Artículo 203 .- Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones 
o declaraciones sin q ue se produzca perjuicio económico o contestaciones a 
requerimientos individualizados de información.  
1.  Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no se haya producido o no se 
pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a 
requerimientos individualizados de información.  
2.  La sanción consistirá en:  
a)  Con carácter g eneral, si se presentan autoliquidaciones o declaraciones incompl etas, 
inexactas o con datos falsos, multa pecuniaria fija de 150 euros.  
b)  Si se presentan declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos, 
multa pecuniaria fija de 250 euro s. 
c)  Tratándose de requerimientos individualizados o de declara ciones exigidas con 
carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información 
recogida en los artículos 90 y 91 de esta Norma Foral, que no tengan por objeto 
datos expres ados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o 
presenta das de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, multa pecuniaria fija 
de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o 
entidad omitido, inexacto o falso.  
 En el supuesto de datos expresados en magnitudes monetarias la sa nción consistirá 
en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por 100 del importe de las 
operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 
euros.  
 Reglamentariam ente se determinará, dentro de los límites señalados, la sanción 
aplicable en cada caso en función del porcentaje que las operaciones no declaradas 
o declaradas incorrectamente representen sobre el importe total de las que debieron 
declararse.  
 
Artículo 20 4.- (23) Infracción por incumplir la obliga ción de presentar 
autoliquidaciones o declaraciones en el modelo aprobado al efecto o por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos.  
1.  (29) Constituye infracción tributaria l a presentación de autoliquidaciones , declaraciones 
u otros documentos con trascendencia tributaria en un modelo distinto del que apruebe 
y publique para cada caso la Administración tributaria.  
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 100 euros.  
2.  (29) Tambi én constituye infracción el incumplimiento de la obligación de presentar 
autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos con trascendencia tributaria por 
medios distintos a los electrónicos, informáticos o telemáticos  cuando exista obligación 
de hacerl o por dichos medios.  
Dicha infracción será sancionada con multa pecuniaria fija de 1.500 euros.  
3.  No obstante, tratándose de declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artícul os 90 
y 91 de esta Norma Foral, cuando la presentación de autoliquidaciones o declaraciones 
se haya realizado en un modelo distinto del que apruebe y publique para cada caso la 
Administración tributaria las sanciones impu estas de acuerdo con lo dispuesto e n el 
apartado 1 de este artículo se incrementarán en un cien por cien.  
Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter 
general en cumplimiento de la obligación de suministro de infor mación recogida en los 
artículos 90  y 91 de esta Norma Foral, la sanción será de 100 euros por cada dato o 
conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaración haya 
sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informá ticos y telemáticos y 
exista obliga ción de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 1.500 euros.  
En el supuesto de datos expresados en magnitudes monetarias la sanción será del 1 
por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos 
medios, con un mínimo de 1.500 euros.  
Reglamentariamente se determinará, dentro de los límites señalados, la sanción 
aplicable en cada caso en función d el porcentaje que las operaciones no declarad as o 
declaradas incorrectamente representen sobre el importe total de las que debieron 
declararse.  
 
 
Artículo 205 .- Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y 
registrales.  
1.  Constituye infrac ción tributaria el incumplimiento de obligaci ones contables y registrales.  
2.  La sanción consistirá en:  
a)  Con carácter general, multa pecuniaria fija de 150 euros.  
b)  La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros 
exigidos por las normas tributarias así com o la utilización de cuentas con significado 
distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación 
de la situación tributaria del obligado, multa pecuniaria proporcional del  1 por 100 de 
los cargos, abonos o anotaciones omitid os, inexactos, falseados o recogidos en 
cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mínimo de 150 y un 
máximo de 6.000 euros.  
c)  (29). El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, lo s 
libros y registros establecidos por las normas tributarias, multa pecuniaria 
proporcional del 1 por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio 
al que se ref iere la infracción, con un mínimo de 600 euros. En el caso de que dicho 
período impositivo hubiera sido inferior al año natural, se elevará al año la magnitud 
correspondiente a la cifra de negocios.  
Cuando el incumplimiento se refiera a la obligación de co nservar los programas y 
archivos informáticos que sirvan de soporte a la contabilidad, libros y registros 
señalados en el párrafo anterior, así como a los sistemas de codificación utilizados, 
multa pecuniaria proporcional del 20 por ciento de la cifra de n egocios del sujeto 
infractor en el ejercicio al que se refiere la infracc ión, con un mínimo de 30.000 
euros. En el caso de que dicho período impositivo hubiera sido inferior al año natural, 
se elevará al año la magnitud correspondiente a la cifra de negoci os. 
En el supuesto de que la Administración tributaria compruebe que los programas y 
archivos informáticos que sirven de soporte para el control de la facturación y los 
sistemas de codificación utilizados, han sido destruidos, borrados o manipulados y 
esta circunstancia se acredite en relación con un período impositivo aún no f inalizado 
en el momento de la comprobación, la multa pecuniaria proporcional será del 20 por 
ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio anterior, con un 
mínim o de 30.000 euros. En el caso de que dicho período impositivo anterior hu biera 
sido inferior al año natural, se elevará al año la magnitud correspondiente a la cifra 
de negocios.  
En cualquiera de los supuestos anteriores, si la Administración comprueba que  la 
destrucción, borrado o manipulación de los programas y archivos que s irven de 
soporte para el control de la facturación y, por tanto, para la confección de la 
contabilidad o los libros y registros exigidos por las normas tributarias, ha sido 
realizada por la persona o entidad que ha desarrollado el programa informático o po r 
otro distinto que lo ha alterado o que de alguna forma ha tenido o tiene el control 
sobre el sistema informático, se considerará a la citada persona o entidad como 
sujeto infractor y se sancionará con el mismo importe que resulte al sujeto infractor 
titular de los programas y archivos, de acuerdo con las reglas señaladas en los dos 
párrafos anteriores, según el caso.  
d)  (29). La llevanza de contabilidades dist intas referidas a una misma actividad y 
ejercicio económico que dificulte n el conocimiento de la verdadera situación del 
obligado tributario, multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada uno de los ejercicios 
económicos a los que alcance dicha llevanza. L a reiteración de esta infracción 
conllevará la duplicación de la multa pe cuniaria.  
e)  El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y 
registros establecidos por las normas tributarias, multa pecuniaria fija de 300 eur os. 
f)  La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados  o habilitados o haberlo 
sido fuera de plazo por la Administración cuando la normativa tributaria exija dicho 
requisito, multa pecuniaria fija de 300 euros.  
g) (29) (39) El retraso en la obligación de llev ar los libros registros a través de la sede 
electrónica de la Diputación Foral de Álava mediante el suministro de los registros en 
los términos establecidos reglamentariamente, multa pecuniaria proporcional de un 
0,5 por ciento del importe de la factura u otro documento en soporte electrónico o en 
soporte papel que justifique la operación objeto de registro, con un mínimo trimestral 
de 300 euros y un máximo de 6.000 euro s. 
 
 
Artículo 206 .- (23) Infracción tributaria por incumplir obli gaciones de facturación o 
documen tación.  
1.  Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación.  
2.  La sanción consistirá en:  
a) Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la 
obligación de  facturación, entre otros, los relativos a la expedición, remisión, 
rectificación y conservación de facturas o documentos sustitutivos, salvo lo dispuesto 
en las letras siguientes de este apartado, multa pecuniaria proporcional del uno por 
ciento del impor te del conjunto de las operacio nes que hayan originado la infracción.  
b) (29) (39) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición, remisión o 
entrega de facturas o justificantes, o en la falta de su conservación, mul ta pecuniaria 
proporcional del dos por ciento del importe del conjunto de las operaciones que 
hayan originado la infracción. Cuando no sea posible conocer el importe de las 
operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será de 600 euros por cada 
operación respecto de la que no se haya emitido o conservado la correspondiente 
factura o documento.  
En el supuesto de que la Administración tributaria compruebe que no se expide, 
remite o entrega la correspondiente factura, y esta ciscunstancia se acredite  en 
relación con un período impositivo aún no finalizado en el momento de la 
comprobación, la sanción será de 600 euros por cada operación respecto de la que 
no se haya expedido, remitido o entregado la correspondiente factura.  
c) Cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos 
sustitutivos con datos falsos o falseados, multa pecuniaria proporcional del cien por 
cien del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.  
Cuando el incumplimiento afecte a más del 20 por cien del importe de las 
operaciones suje tas al deber de facturación  en relación con el tributo u obligación 
tributaria y período objeto de la comprobación o investigación o cuando, como 
consecuencia de dicho incumplimiento, la Administración tributaria no pueda conocer 
el importe de las operacio nes sujetas al deber de fac turación, se incrementará en un 
cien por cien la cuantía resultante de la sanción.  
3.  También constituye infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a la 
correcta expedición o utilización de los documentos de circ ulación exigidos por la 
normativa de los impuestos especiales.  
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 300 euros por cada documento 
incorrectamente expedido o utilizado.  Cuando el incumplimiento afecte a más del 20 por 
cien de los documentos en c irculación expedido o utili zados en el período objeto de la 
comprobación o investigación, se incrementará en un cien por cien la cuantía resultante 
de la sanción.  No obstante, en los supuestos en los que el incumplimiento de tales 
obligaciones constituya i nfracción tipificada en la normativa reguladora de dichos 
impuestos, se aplicará la sanción establecida en la misma.  
 
 
Artículo 207 .- (23) Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas a la 
solicitud y utilización de l número de identificación fiscal, referencia catastral de los 
bienes inmuebles o de otros números o códigos.  
1.  Constituye infracción tributaria el incumplimie nto de las obligaciones relativas a la 
utilización del número de identificación fiscal, referen cia catastral de los bienes 
inmuebles y de otros números o códigos establecidos por la normativa tributaria.  
2.  La sanción consistirá en:  
a)  Con carácter gener al, multa pecuniaria fija de 300 euros.  
b)  Cuando se trate del incumplimiento de los deberes q ue específicamente incumben a 
las entidades de crédito en relación con la utilización del número de identificación 
fiscal en las cuentas u operaciones, multa pec uniaria proporcional del 5 por cien de 
las cantidades indebidamente abonadas o cargadas o del i mporte de la operación o 
depósito que debiera haberse cancelado, con un mínimo de 2.000 euros.  Si el 
incumplimiento se refiere al libramiento o abono de los cheq ues al portador, multa 
pecuniaria proporcional al 5 por cien del valor fiscal del efecto, con u n mínimo de 
2.000 euros.  
3.  Asimismo, constituye infracción tributaria comunicar datos falsos o falseados en las 
solicitudes de número de identificación fiscal provisional o definitivo.  La sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 60.000 euros.  
 
 
Artículo 208 .- (23) Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.  
1.  Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actua ciones de la Administración tributaria.  Se entiende producida esta circunstancia 
cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones 
tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributa ria 
en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.  Entre otras, constituyen 
resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración 
tributaria las siguientes conductas:  
a) No facilitar el examen de documentos, informes, ant ecedentes, libros, registros, 
ficheros facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, 
programas o archivos informáticos, sistema operativos y de control y cualquier otro 
dato de trascendencia tributaria.  
b) No atender algún requer imiento debidamente notificado.  
c) La i ncomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.  
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los 
funcionarios de la Administración tributaria o  el reconocimiento de locales, máquinas  
y explotaciones relacionadas con las obligaciones tributarias.  
e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.  
f) El incumplimiento o cumplimiento inexacto de las diligencias de embargo expedida s 
por los órganos de recaudación.  
2.  La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 300 euros, salvo que sea de aplicación 
lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.  
3.  Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuaci ón de la 
Administración tributaria con sista en desatender requerimientos o diligencias de 
embargo en el plazo concedido, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de:  
a) 300 euros, si se ha incumplido por primera vez un requerimiento.  
b) 600 euros, si  se ha incumplido por segunda vez el r equerimiento.  
c) 1.200 euros, si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento.  
4.  Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la 
Administración tributaria se produzca en relación con e l ejercicio de actividades 
económicas realizadas por personas físicas o entidades, la sanción consistirá:  
a) Multa pecuniaria fija de 600 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación 
administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer 
requerimiento notificado al efecto.  
b) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación 
administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo 
requerimiento notificado al efecto.  
c) Mu lta pecuniaria proporcional de hasta e l 2 por cien de la cifra de negocios del sujeto 
infractor en el último período impositivo cuyo plazo de declaración haya finalizado a 
la fecha de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo 
de 400.000 euros, cuando no se haya compa recido o no se haya facilitado la 
actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer 
requerimiento notificado al efecto.  En el caso de que dicho período impositivo 
hubiera sido inferio r al año natural, se elevará al año la  magnitud correspondiente a 
la cifra de negocios.  
5.  En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren 
las letras a ), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimie nto de 
inspección, se le sancionará de la siguiente forma:  
a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no desarrollen 
actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:  
1º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece  o no se facilita la actuación 
administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer 
requerimiento notificado al efecto.  
2º Multa pecuniaria  fija de 5.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación 
administrativa o la informa ción exigida en el pl azo concedido en el segundo 
requerimiento notificado al efecto.  
3º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información 
exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la 
sanción consistirá:  
- Si el i ncumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa 
pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no 
contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.  
- Si el in cumplimiento no se re fiere a magnitudes monetarias o no se conoce el 
importe de las operaciones requeridas, en multa pecuniaria proporcional del 0,5 por 
ciento del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la 
renta del sujeto infra ctor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de 
declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un 
mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.  
b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que d esarrollen 
actividade s económicas , se sancionará de la siguiente forma:  
1º Con carácter general consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento 
de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración 
hubiese final izado en el momento d e comisión de la infracción, con un mínimo de 
20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.  
2º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, 
documentos, facturas u otros justificantes concretos:  
a) Multa pecuniaria fij a de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la 
información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al 
efecto.  
b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no se facilita la 
información exigida en el plazo c oncedido en el segundo requerimiento notificado al 
efecto.  
c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el 
tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:  
- Si el incumplimiento se refiere a magnitud es monetarias conocidas, en multa 
pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no 
contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.  
- Si el incumplimiento no se refiere a magnit udes monetarias o no se conociera el 
importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento de la cifra de 
negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese 
finalizado en el momento de comisión de la infracción , con un mínimo de 20 .000 
euros y un máximo de 600.000 euros.  
En cualquiera de los casos contemplados en este apartado, si el obligado tributario 
diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del 
procedimiento sancionado r o, si es anterior, de la finalización del trámite de 
audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad 
de las cuantías anteriormente señaladas.  
6.  Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al que brantamient o de 
las medidas cautelares adoptadas conforme a lo dispuesto en los artículos 143, 166 y 
215 de esta Norma Foral, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 
por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año nat ural anteri or a aquél 
en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 6.000 euros.  
7.  Cuando en relación  con lo dispuesto en letra c) del apartado 1 del artículo 90 de esta 
Norma Foral, la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al inc umplimiento  
o cumplimiento inexacto de las diligencias de embargo efectuadas por los órganos de 
recaudación por parte de las personas o entidades depositarias de fondos, valores u 
otros bienes de deudores a la Administración, la sanción consistirá en multa  pecuniaria  
proporcional del 25 por ciento del importe al que asciendan los fondos, valores o bienes 
que debieron ser efectivamente embargados con un mínimo de 2.000 euros.  
Dicha sanción resultará  aplicable sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que  
correspond a a quienes por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 4 del artículo 42 de esta Norma 
Foral.  
8.  Lo dispuesto  en los apartados anteriores también será de aplicación cuando la 
resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera a actuaciones de funcionarios 
extranjeros realizadas en el marco de la asistencia mutua.  
 
 
Artículo 209 .- (23) Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los 
retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.  
1.  Constituye infracción tributaria el incumplimiento del deber de sigilo que el artículo 92 de 
esta Norma Foral exige a los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.  
2.  La sanción consisti rá en multa pecuniaria fija de 600 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera sido comunicado 
indebidament e. 
 
 
Artículo 210 .- (23) Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar 
correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a 
cuenta.  
1.  Constituye infracción tributaria no comunicar datos o comu nicar datos falsos, 
incompletos o inexactos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cu enta, 
cuando se deriven de ello retenciones o ingresos a cuenta inferiores a los procedentes.  
2.  La sanción consistirá en:  
a) Cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar autoliquidación que 
incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, multa pecuniaria 
proporcional del 35 por cien.  
b) Cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar autoliquidación que 
incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, multa pecuniaria 
proporcional del 150 por cien.  
En amb os supuestos, la base de la sanción será la diferencia entre la retención o 
ingreso a cuenta procedente y la efectivamente practicada durante el p eríodo de 
aplicación de los datos falsos, incompletos o inexactos.  
 
 
Artículo 211 .- Infracción por incumplir l a obligación de entregar el certificado de 
retenciones o ingresos a cuenta y por incumplir otras obligaciones establecidas en 
la normativa regulad ora de cada tributo.  
1.  Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de entregar el 
certificado de retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios 
perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cue nta. 
 La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.  
2.  Constituye infracción tributaria el inc umplimiento de las obligaciones o deberes 
tributarios exigidos a los obligados por la normativa reguladora de cada tributo, cuando 
no constituyan infracciones de las tipificadas en los artículos anteriores de este Capítulo 
o en otra Norma Foral y no operen  como un criterio de graduación de la sanción a 
imponer por la comisión de otra infracción tributaria.  
 La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.  
 
 
Artículo 211 bis .-(29) Infracción en supuestos de operatividad de la cláusula 
antielusión.  
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante 
la realización de actos o negocios cuya regularización se hubiese efectuado mediante la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de est a Norma Foral y en la que hubiese 
resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones:  
a) La falta de ingreso,  dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo, de la 
totalidad o parte de la deuda tributaria.  
b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.  
c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o ince ntivo fiscal.  
d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o 
créditos tributarios a compensar o ded ucir en la base o en la cuota de declaraciones 
futuras, propias o de terceros.  
2. El incumplimiento a que se refiere el apa rtado anterior constituirá infracción tributaria 
exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso de  
objeto de regularización y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera 
establecido criterio administrativo y  éste hubiese sido hecho público para general 
conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente 
declara ción o autoliquidación.  
3. La sanción consistirá en :  
a) Multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento de la cuantía no i ngresada en el 
supuesto del apartado 1.a) anterior.  
b) Multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento la cantidad devuelta indebidament e en 
el supuesto del apartado 1.b) anterior.  
c) Multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento de la cantidad indebidam ente 
solicitada en el supuesto del apartado 1.c) anterior.  
d) Multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento del importe de las cantida des 
indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o 
deducir en la base imponible, o del 30 por ciento si se trata de partidas a deducir en la 
cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado 1.d) anteri or. 
4. Las infracciones y sanciones reguladas en este artículo serán incompatibles con las que 
corresponderían por las regu ladas en los artículos 195, 197,198 y 199 de esta Norma 
Foral.  
 
CAPÍTULO IV   
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA  
 
 
Artículo  212.- Regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria.  
El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:  
 
a)  Por las normas especiales establecidas en este Título y la normativa reglamentaria 
dictada en su desarrollo.  
 
b)  En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia 
administrativa.  
 
 
Artículo 213 .- Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.  
1.  El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separa da a 
los de aplicación de los tributos regulados en el Título III de esta Norma Foral,  salvo 
renuncia del oblig ado tributario que se hará constar expresamente , en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente.  
 
2.  En los supuestos de actas de conformidad las cuest iones relativas a las infracciones 
se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de 
acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca 
reglamentariamente.  
 
 La renuncia al procedimiento separado, y la pr opuesta de sanción debidamente 
motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 215 de es ta Norma 
Foral, se incluirá en el texto del acta.  
 
3.  En los supuestos en los que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación 
separada de l procedimiento sancionador las cuestiones relativas a las infracciones 
se analizarán en el correspondient e procedimiento de aplicación de los tributos, de 
acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca 
reglamentariamente.  
 
 En el pr ocedimiento de inspección la renuncia al procedimiento separado se hará 
constar expresamente y la propuest a de sanción debidamente motivada con el 
contenido previsto en el apartado 4 del artículo 215 de esta Norma Foral se incluirá 
en el acta.  
 
4.  La prác tica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia tributaria se 
efectuará de acuerdo con l o previsto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título III de 
esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 214 .- Iniciación del procedimiento sancionador en materia t ributaria.  
1.  El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, 
mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.  
 
2.  (23) Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia d e un 
procedimiento de gestión o de inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o 
entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis 
meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspond iente 
liquidación o resolución.  
Los procedimientos  sancionadores que se incoen para la imp osición de las sanciones a 
que se refiere el artículo 190 de esta Norma Foral deberán iniciarse en el plazo de seis 
meses desde que se hubiese notificado o se entendi ese notificada la sanción pecuniaria 
a que se refiere dicho precepto.  
 
Artículo 215 .- Instrucción del procedimiento sancionador en materia tributaria.  
1.  En la instrucción del procedimiento sancionador serán de aplicación las normas 
especiales sobre el de sarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a las que 
se refiere el artículo 95 de esta Norma Foral.  
 
2.  Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los 
procedimientos de aplicación de los tributos regula dos en el Título III de esta Norma 
Foral y vayan a ser tenidos en cuenta en el pr ocedimiento sancionador deberán 
incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.  
 
3.  En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar medidas  cautelares de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de esta Norma Foral.  
 
4.  Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se 
recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que 
aquéllos  puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o 
responsabilidad.  
 
En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con 
indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de  la 
procedencia de los mismos.  
 
La propuesta de resolución será notificada al int eresado, indicándole la puesta de 
manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de quince días para que alegue 
cuanto considere conveniente y presente los documentos, jus tificantes y pruebas que 
estime oportunos.  
 
 
Artículo 216 .- Procedimiento abreviado.  
1.  Si al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano 
competente todos los elementos de hecho que permitan formular la propuesta de 
imposición de sanción, el documento de notificación de iniciac ión del procedimiento 
sancionador tendrá, además, el carácter de propuesta de resolución, advirtiéndolo así a 
los interesados a efectos de la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles u n 
plazo de quince días para que aleguen lo que a su derecho convenga y presenten, en 
su caso, los documentos, justificaciones y pruebas que estimen oportunos.  
 
2.  Finalizado el plazo de alegaciones sin que se hayan formulado alegaciones o 
renunciado de fo rma expresa al plazo previsto para la presentación de las mi smas, o 
cuando el infractor o responsable manifieste expresamente su conformidad con la 
propuesta formulada, se entenderá producida la notificación de la resolución en los 
términos de la propuesta  si, transcurrido el plazo de un mes desde la notificación d e la 
misma, no se ha notificado al interesado acuerdo expreso del órgano competente para 
resolver modificándola, o bien se ordene practicar actuaciones complementarias.  
 
A tales efectos, la propue sta de resolución deberá contener indicación de la forma y 
momento en que puede entenderse producida la notificación de la resolución, de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, de los medios de impugnación que 
puedan ser ejercidos, plazos y órgano s ante quienes habrán de ser interpuestos y, en 
su caso, del  lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la sanción.  
 
Será fecha determinante para el cómputo de los plazos de ingreso y para la 
interposición de recursos o reclamaciones, aquélla en que se entienda producida la 
notificación de la resolución.  
 
3.  En los procedimientos sancionadores iniciados por los órganos de gestión tributaria, el 
plazo de un mes a que se refiere el párrafo primero del apartado 2 anterior será de 
quince días, coincidien do con el plazo de alegaciones. En este caso, y a los exclus ivos 
efectos resolutorios de la propuesta, ésta deberá ir firmada por el órgano competente 
para resolver, además de incluir el contenido a que hace referencia el párrafo segundo 
del apartado 2 ant erior.  
 
 
Artículo 217 .- Terminación del procedimiento sancio nador en materia tributaria.  
1.  El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por 
caducidad.  
 
2.  El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá co ncluir en el plazo máximo 
de seis meses contados desde la no tificación de la comunicación de inicio del 
procedimiento.  
 
Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique o se 
entienda notificado el acto administrativo de resolució n del mismo.  
 
A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de 
resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 100 de 
esta Norma Foral.  
 
3.  La resolución expresa del procedimiento sancion ador en materia tributaria contendrá la 
fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la 
infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la 
cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de 
graduación de la misma y,  en su caso, de la reducción prevista en el artículo 192 de 
esta Norma Foral. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o 
responsabilidad.  
 
4.  El vencimiento del plazo establ ecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya 
notificado o se entienda notificada la resolución expresa, producirá la caducidad del 
procedimiento.  
 
La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y 
ordenará el ar chivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un 
nuevo procedimiento sancionador.  
 
5.  Son órganos competentes para la imposición de sanciones:  
 
a)  La Diputación Foral de Álava, si consisten en la suspensión del ejercicio de 
profesio nes oficiales, empleo o cargo público.  
 
b)  El Dipu tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, el órgano competente de 
las Entidades Locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la 
pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fi scales cuya concesión les 
corresponda o de la posib ilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la 
prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.  
 
c)  El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo  fiscal, cuando 
consistan en la pérdida del derecho  a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en la letra 
b) anterior.  
 
d)  El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad 
administrativa que ha propuesto el inicio del procedimie nto sancionador, en los 
demás supuestos.  
 
 
Artículo  218.- Recursos contra sanciones.  
1.  El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o 
reclamación independiente.  
 
En el supuesto de que el contribuyente impugne también la  deuda tributaria, se 
acumularán ambos recursos o r eclamaciones, siendo competente el que conozca la 
impugnación contra la deuda.  
 
2.  (23) La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa 
contra una sanc ión producirá los siguientes efectos:  
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período 
voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía 
administrativa.  
b) No se exigirán intereses de demora por el tie mpo que transcurra hasta la finalización 
del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que 
ponga fin a la vía administrativa , exigiéndose intereses de demora a partir del día 
siguiente a la finalización de dicho plazo . 
Lo dispuesto en las letras a) y  b) de este apartado se aplicará a los efectos de 
suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tan to en 
el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en 
ejerc icio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 179 de esta Norma Foral dicha 
sanción sea recurrida por el responsable.  En ningún caso será objeto de suspensión 
automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.  
Tampoco se suspenderá n con arreglo a este precepto las responsabilidades por el 
pago de deudas previstas en el apartado 4 del artículo 42 de esta Norma Foral.  
c) Se perderá l a reducción  conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de esta Norma 
Foral.  
 
TÍTULO V   
 
REVISIÓN EN VÍA  ADMINISTRATIVA  
 
 
CAPÍTULO I   
 
NORMAS COMUNES  
 
 
Artículo 219 .- Medios de revisión.  
1.  Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de 
sanciones tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos 
siguientes, mediante:  
 
a)  Los procedimientos especiales de revisión.  
 
b)  El recurso de reposición.  
 
c)  Las reclamaciones económico -administrativas.  
 
2.  Las resoluciones firmes del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, así como los 
actos de aplicació n de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera 
recaído resolución económico -administrativa, no podr án ser revisados en vía 
administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad 
de pleno derecho previst os en el artículo 224, rectificación de errores del artículo 227 y 
recurso extraordinario de revisión regulado en el artí culo 246 de esta Norma Foral.  
 
 Las resoluciones del Organismo Jurídico Administrativo de Álava podrán  ser declaradas 
lesivas conforme a lo previsto en el artículo 225 de esta Norma Foral.  
 
3. Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no ser án revisables, en 
ningún caso, los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, ni las 
resoluciones de las reclama ciones económico -administrativas.  
 
4. (23) La revisión del instrumento de ejecución al que se refiere  el artículo 171 bis de 
esta Norma Foral se llevará a cabo por el Estado o entidad internacional o 
supranacional requirente de la asist encia mutua, salvo que las normas reguladoras 
de la misma establezcan otra cosa.  
La revisión de las diligencias de embarg o y demás actuaciones de la Administración 
tributaria derivadas de una solicitud de cobro recibida, se llevará a cabo por los 
órganos r evisores establecidos en la presente Norma Foral y en su normativa de 
desarrollo.  
 
Artículo 220 .- Capacidad y representación, prueba, notificaciones y plazos de 
resolución.  
1.  En los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones previsto s en 
este Título serán de aplicación las normas sobre capacidad y representación 
establecidas en la Sección 4ª del Capítulo II del Título II de esta Norma Foral, y las 
normas sobre prueba y notificaciones establecidas en las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo 
II del Título III de esta Norma Foral.  
 
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará teniend o en consideración las 
especialidades reguladas en el Capítulo IV de este Título.  
 
3.  A efectos del cómputo de los plazos de resolución previstos en este T ítulo será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 de esta Norma Foral.  
 
 
Artíc ulo 221 .- Motivación de las resoluciones.  
1.  Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y 
reclamaciones regulados en este Títu lo deberán ser motivadas, con sucinta referencia a 
hechos y fundamentos de derecho.  
 
2.  También deberán motivarse los actos dictados en estos procedimientos relativos a las 
siguientes cuestiones:  
 
a)  La inadmisión de escritos de cualquier clase presentad os por los interesados.  
 
b)  La suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la de negación de la 
suspensión y la inadmisión a trámite de la solicitud de suspensión.  
 
c)  La abstención de oficio para conocer o seguir conociendo del asunto por razón d e 
la materia.  
 
d) La procedencia o improcedencia de la recusación, la denegación del recibim iento 
a prueba o de cualquier diligencia de ella y la caducidad de la instancia.  
 
e) Los que limiten derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento.  
 
f)  La suspensión del procedimiento o las causas que impidan la continuación del 
mismo.  
 
 
Artículo 222 .- Suspensión de la ejecución del acto recurrido.  
1.  (23) La ejecución del acto impugnado mediante recurso de reposición o en la vía 
econó mico-administrativa quedará suspendida automáticamente a instancia del 
interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere 
la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en 
los términos  que se establezcan reglamentariamente.  
No obstante, la interposición en tiempo y forma del recurso de reposición o de la 
reclamación económico -administrativa suspenderá, sin necesidad de aportar 
garantías, la ejecución del acto impugnado cuando la deuda t ributaria estuviese en 
período voluntario de pago o se hubiese interpuesto el recurso contra la providencia 
de apremio, y siempre que, en ambos casos, la cuantía de la deuda p endiente a fin 
del período voluntario de pago fuese igual o inferior a la cuantía  que 
reglamentariamente se establezca.  
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará 
suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 218 de esta Norma Foral . 
Si la impugnación afecta se a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, 
no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la 
liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que s e dicte 
en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la 
correspondiente devolución de ingresos.  
2.  Las garantías necesarias para obtener la s uspensión automática a la que se refiere el 
apartado anterior serán exclusivament e las siguientes:  
 
a) Depósito de dinero o valores públicos.  
 
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o certificado de seguro de caución.  
 
c)  Fianza personal y solidaria prestada por otros contribuyentes del  Territorio 
Histórico de Álava de reconocida solvencia, sólo para los débitos que no excedan 
de la cuantía que a estos efectos se establezca en la normativa tributaria . 
 
3.  Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la 
suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará la suspensión, previa 
prestación de otras garantías que se estimen suficientes.  
 
4.  Sin perjuicio de lo ante rior, podrá acordarse la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado:  
 
a)  Con dispensa  total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar 
perjuicios de difícil o imposible reparación, en los términos previstos 
reglamentariamente.  
 
 En el  supuesto a que se refiere esta letra, se podrá modificar la resolución sobre 
la suspensi ón cuando se aprecie que no se mantienen las condiciones que 
motivaron la misma, cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor o 
efectividad, o cuando se conoz ca la existencia de otros bienes o derechos 
susceptibles de ser entregados en garantía qu e no hubieran sido conocidos en el 
momento de dictarse la resolución sobre la suspensión.  
 
b)  Sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se h a podido 
incurrir en error aritmético, material o de hecho.  
 
c)  Cuando se trate de actos  que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad 
líquida y así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación.  
 
5. Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la 
parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.  
 
6. (29) En los casos del apartado 11 del artículo 67 de esta Norma Foral, si el recurso o 
reclamación afecta a una deuda trib utaria que, a su vez, ha determinado el 
reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías 
aportadas para obt ener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que, en su 
caso, deban reintegrarse como consecuencia de la es timación total o parcial del recurso 
o reclamación.  
 
7.  (29) La suspensión producida en el recurso de reposición s e podrá mantener en la vía 
económico -administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 
8.  (29) Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado 
comunique a la Administración trib utaria en el plazo de interposición del recurso 
contencioso -administrativo que ha promovido dicho recurso y ha solicit ado la 
suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se 
hubiese aportado en vía administrativa conserve  su vigencia y eficacia, hasta que el 
órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión  
solicitada.  
 
 Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el 
párrafo anterior y sin necesidad de pr estar garantía, hasta que se adopte la decisión 
judicial.  
 
9.  (29) La ejecución del acto o res olución impugnado mediante un recurso extraordinario 
de revisión no podrá suspenderse en ningún caso.  
 
10.  (29) Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto 
impugnado como consecuencia de la resolución de l recurso o reclamación, se liquidará 
interés de demora por todo el período de suspensión, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 4 d el artículo 26 y en el apartado 2 del artículo 218  de esta Norma Foral.  
 
 
CAPÍTULO II   
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE R EVISIÓN  
 
 
Artículo 223 .- Clases de procedimientos especiales de revisión.  
Son procedimientos especiales de revisión los de:  
 
a)  Revisión de actos nulos de pleno derecho.  
 
b)  Declaración de lesividad de actos anulables.  
 
c)  Revocación.  
 
d)  Rectificación  de errores.  
 
e) Devolución de ingresos indebidos.  
 
 
SECCIÓN 1ª   
 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO  
 
Artículo 224 .- Declaración de nulidad de pleno derecho.  
1.  Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en m ateria 
tributaria, así como de las resoluciones del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, 
que hayan  puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en 
los siguientes supuestos:  
 
a)  Que lesionen los derechos y libertades s usceptibles de amparo constitucional.  
 
b)  Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de 
la materia o del territorio.  
 
c)  Que tengan un contenido imposible.  
 
d)  Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como co nsecuencia de 
ésta.  
 
e)  Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen la s reglas 
esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.  
 
f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su ad quisición.  
 
g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una Norma Foral o ley.  
 
2.  El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá iniciarse:  
 
a)  Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico . 
 
b)  A instancia del interesado.  
 
3.  Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a t rámite de las solicitudes formuladas 
por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo,  cuando el 
acto no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base en alguna de las causas 
de nulidad a que se refiere el apartado 1  de este artículo o carezca manifiestamente de 
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado e n cuanto al 
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.  
 
4.  En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquéllos a quienes 
reconoció derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo.  
 
 La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable previo de la Comisión 
Consultiva.  
 
5.  En el ámbito de las competencias de la Diputación Foral de Álava la re solución de este 
procedimiento corresponderá al Consejo de Diputados.  
 
6.  El plazo máximo para  notificar resolución expresa será de un año desde que se 
presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de 
iniciación de oficio del procedimiento.  
 
 El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera  notificado 
resolución expresa producirá los siguientes efectos:  
 
a)  La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda 
iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.  
 
b)  La desestimación por silencio administrativ o de la solicitud, si el procedimiento se 
hubiera iniciado a instancia del interesado.  
 
7.  La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite  de las solicitudes 
de los interesados pondrán fin a la vía administrativa.  
 
 
SECCIÓN 2ª   
 
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES  
 
Artículo 225 .- Declaración de lesividad.  
1.  Fuera de los casos previstos en los artículos 224 y 227 de esta Norma Foral , la 
Administración tributaria no podrá anular en perjuicio de los interesados sus propios 
actos y resoluciones.  
 
 La Administración tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y 
resoluciones favorables a los interesados que incurra n en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impug nación en vía contencioso -
administrativa.  
 
2.  La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se notificó el acto adminis trativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el procedimiento.  
 
3.  Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 
hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.  
 
4.  En el ámbito de las competencias de la Diputación Foral de Álava , la declarac ión de 
lesividad corresponderá al Consejo de Diputados.  
 
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
REVOCACIÓN  
 
 
Artículo 226 .- Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición 
de sanciones.  
1.  La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados 
cuando se estime que infringen manifiestamente el ordenamiento jurídico,  cuando 
circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular p ongan de 
manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del 
procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.  
 
 La revocación no pod rá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida 
por las normas tribut arias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico.  
 
2.  La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plaz o de prescripción.  
 
3.  El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio,  y será competente para 
declararla el órgano que se determine reglamentariamente.  
 
 En el expediente, en su caso,  se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse, si 
lo estimara necesario  el órgano competente, un informe del órgano con funciones de 
asesoramiento jurídico sobre la  procedencia de la revocación del acto.  
 
4.  El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la 
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.  
 
 Transcurrido el plazo establecido en el pá rrafo anterior sin que se hubiera notificado 
resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.  
 
5.  Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía 
administrativa.  
 
 
 
SECCIÓN 4ª   
 
RECTIFICACIÓN DE ERRORES  
 
Artículo 227.- Rectificación de errores.  
1.  El órgano que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en 
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos, siempre que no hubiera tra nscurrido el plazo de prescripción.  
 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las 
reclamaciones econ ómico -administrativas en los que se hubiera incurrido en error de 
hecho que resulte de los propios documentos i ncorporados al expediente.  
 
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o 
resolución que se rectifica.  
 
2.  El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se 
presente la solicitud por  el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de 
iniciación de oficio del procedimiento.  
 
 El transcurso del plazo previsto e n el párrafo anterior sin que se hubiera notificado 
resolución expresa producirá los siguientes efectos:  
 
a)  La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda 
iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.  
 
b)  La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se 
hubiera iniciado a instancia del interesa do. 
 
3.  Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de 
reposición y de reclamación económico -administrativa.  
 
 
SECCIÓN 5ª   
 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS  
 
Artículo 228 .- Procedimiento para la devolución de ingreso s indebidos.  
1.  (29) El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos 
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se haya producido una duplici dad en el pago de deudas tributarias o 
sanciones.  
 
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un 
acto administrativo o de una autoliquidación.  
 
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o san ciones 
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se 
devolverán las ca ntidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en el 
artículo 250 de esta Norma Foral.  
 
d) Cuando así lo establezca la normati va tributaria.  
 
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que 
será de ap licación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 227 de esta Norma Foral.  
 
2.  Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido median te el procedimiento 
previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una 
resol ución económico -administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la 
devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
3.  Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del 
cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá 
solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto med iante 
alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en las letras a), c) y d) 
del artículo 223 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 
246 de esta Norma Foral.  
 
4.  Cuando un obligado tributario considere  que la presentación de una autoliquidación ha 
dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rec tificación de la autoliquidación de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de esta Norma Foral.  
 
5.  En la devolución de ingresos indebi dos se liquidarán intereses de demora de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 d e esta Norma Foral.  
 
6.  Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de 
reposición y de reclamación económico -adminis trativa.  
 
 
CAPÍTULO III   
 
RECURSO DE REPOSICIÓN  
 
Artículo 229 .- Objeto y naturaleza del recurso de reposición.  
1.  Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación 
económico -administrativa podrán ser objeto de recurso potesta tivo de reposición, con 
arreglo a lo dispuesto en este Capítulo.  
 
2.  El recurso de repo sición deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la 
reclamación económico -administrativa.  
 
 Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá  promover la reclamación 
económico -administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o 
hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo.  
 
 Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de 
reposición y reclamación económico -administrativa que tuvieran como objeto el mismo 
acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo. 
Si se hubieran interpuesto simultáneamente, se tramitará el recurso de reposición . 
 
 
Artículo 230 .- Iniciación y tramitación del recurso de reposición.  
1.  El pla zo para la interposición del recurso de reposición será de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la notificación del acto recurrible. También podrá interponerse a 
partir del momento en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.  
 
 Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el recurso 
podrá interponerse durante el período voluntario de pago o durante el plazo de un mes 
contand o a partir del día siguiente al de la finalización de aquél.  
 
2.  Si el recurrent e precisase del expediente para formular sus alegaciones, deberá 
comparecer durante el plazo de interposición del recurso para que se le ponga de 
manifiesto.  
 
3.  A los legiti mados e interesados en el recurso de reposición les serán aplicables las 
normas e stablecidas al efecto para las reclamaciones económico -administrativas.  
 
4.  La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas 
las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial 
del recurrente.  
 
 Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no 
planteada s por los interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular 
alegaciones.  
 
 
Artículo 231 .- Resolución del recurso de reposición.  
1.  Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el 
acto recurrido.  
 
 Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se diga otra cosa, el 
recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.  
 
2.  El órgano competente para conocer del recurso de reposición no podrá abstenerse de 
resolver, sin que pueda ale garse duda racional o deficiencia de los preceptos legales.  
 
 La resolución contendrá una exposición sucinta de los hechos y los fundamentos 
jurídicos  adecuadamente motivados que hayan servido para adoptar el acuerdo.  
 
3 (29) En ejec ución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la 
liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de 
acuerdo con el apartado 11 del artículo 67 de esta Norma Foral, se regularizará la 
obligaci ón conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado 
los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria 
objeto de la reclamación.  
 
Si de dicha regularización resultase la anulación d e la liq uidación de la obligación 
conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo 
resuelto en el recurso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 
de esta Norma Foral  
 
4.  (29) El plazo máximo para notificar la resolución será de tres meses contados desde el 
día siguiente al de presentación del recurso.  
 
 Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, y 
siempre que se haya acordado  la susp ensión del acto recurrido, dejará de devengarse 
el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta 
Norma Foral.  
 
5.  (29) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición, el int eresado podrá 
considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.  
 
6.  (29) Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo 
este recurso.  
 
 
CAPÍTULO IV   
 
RECLAMACIONES ECONÓMIC O-ADMINISTRATIVAS  
 
 
SECCIÓN 1ª   
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
SUBSECCIÓN 1ª   
 
ÁMBITO DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO -ADMINISTRA TIVAS  
 
Artículo 232 .- Ámbito de aplicación de las reclamaciones económico -
administrativas.  
 
Podrá reclamarse en vía económico -adminis trativa en relación con las siguientes materias:  
 
a)  La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias.  
 
b)  La recaudación de otros ingresos de derecho público.  
 
c)  Cualquier otra que se establezca expresamente por Norma Foral.  
 
 
Artículo 233 .- Actos susceptibles de reclamación económico -administrativa.  
 
1.  La reclamación económico -administrativa será admisible, en relación con las materias a 
las que se refiere el artículo anterior, contra los actos siguientes:  
 
a)  Los que provisio nal o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o 
declaren una obligación o un deber.  
 
b)  Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o 
pongan término al procedimiento.  
 
2.  En materia de aplicación de los tributos, s on reclamables:  
 
a)  Las liquidaciones provisionales o definitivas.  
 
b)  Las resoluciones exp resas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación 
de una autoliquidación.  
 
c)  Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gas tos, así 
como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa 
tributaria lo establezca.  
 
d)  Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos 
fiscales.  
 
e)  Los actos que aprueben o denieguen planes espec iales de amortización.  
 
f)  Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, 
en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su 
cargo, salvo lo dispuesto para los procedimientos de vinculación adm inistrativa 
previa en la Sección 2ª del Capítulo I del Título III de esta Norma Foral.  
 
g)  Los actos dictados en las actuaciones de los órganos de recaudación.  
 
h)  Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.  
 
3.  Asimismo, ser án reclamables los actos que impongan sanciones tributarias . 
 
4.  Serán reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que 
se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los 
particulares en materia tributaria:  
 
a)  Las relativas a las obligaciones de repercutir y soport ar la repercusión prevista 
legalmente.  
 
b)  Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a 
cuenta.  
 
c)  Las relativas a la obligación de expedir, ent regar y rectificar facturas que incumbe 
a los empresarios y profesionale s. 
 
d)  Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.  
 
5.  No se admitirán reclamaciones económico -administrativas respecto de los siguientes 
actos:  
 
a)  Los q ue den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o 
laboral o pongan fin a dicha vía.  
 
b)  Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Diputado Foral de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos  la resolución que ultime l a vía administrativa.  
 
c)  Los dictados en virtud de una Norma Foral o disposición de rango legal que los 
excluya de reclamación económico -administrativa.  
 
 
SUBSECCIÓN 2ª   
 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS  
 
Artículo 234 .- Organismo Jurídico Administrativo de Ál ava. 
 
1.  El conocimiento de las reclamaciones tributarias en vía económico -administrativa 
corresponderá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava,  que actuará con 
independencia funcional en el ejercicio de su competencia.  
 
2.  La competencia del Organ ismo Juríd ico Administrativo de Álava será irrenunciable e 
improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.  
 
 
Artículo 235 .- Competencia del Organismo Jurídico Administrativo de Álava.  
 
1.  El Organismo Jurídico Administrativo de Á lava conocerá en única instancia:  
 
a)  (29) De las reclamaciones económico -administrativas que se interpongan contra los 
actos administrativos dictados por los órganos de la Diputación Foral de Álava en las 
materias previstas en el a rtículo 232 de esta Norma Foral.  
 
b)  De los recursos extraordinarios de revisión.  
 
c)  De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 227  de esta Norma Foral.  
 
2.  El Organismo Juríd ico Administrativo de Álava conocerá, asimismo, en única instancia 
de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares en 
materia tributaria susceptibles de reclamación económico -administrativa:  
 
a)  En el caso de retencione s y otros pagos a cuenta, cuando les resulte de aplicación la 
normativa alavesa de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico.  
 
b)  En el caso de repercusiones de tributos, cuando la operación se entienda realizada 
en el Territorio Histórico de Álav a de acuerdo con lo previsto en el Concierto 
Económico.  
 
 
Artículo 236 .- (29) Acumulación de reclamaciones económico -administrativas.  
 
1. Los recursos y las reclamaciones económico -administrativas se podrán acumular a 
efectos de su t ramit ación y resolución en los siguientes casos:  
 
a) Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo que deriven de 
un mismo procedimiento.  
 
b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que 
deriven de un mismo expe diente o planteen idénticas cuestiones.  
 
c) Las que se hayan interpuesto por varios interesados contra un mismo acto 
administrativo o contra una misma actuación tributaria de los particulares.  
d) La interpuesta contra una sanción si se hubiera presenta do reclama ción contra la 
deuda tributaria de la que derive.  
 
2 El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, de oficio o a instancia de parte, podrá 
acumular motivadamente aquellas reclamaciones que considere que deben ser objeto 
de resolución unitaria qu e afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista 
conexión entre ellas. En el caso de que se trate de distintos reclamantes y no se haya 
solicitado por ellos mismos, deberá previamente concedérseles un plazo de cinco días 
para manifestar lo que  estimen c onveniente respecto de la procedencia de la 
acumulación.  
 
Las acumulaciones a las que se refiere este apartado podrán quedar sin efecto cuando 
el Organismo Jurídico Administrativo de Álava considere conveniente la resolución 
separada de las recla maciones.  
 
3 Los acuerdos sobre acumulación o por los que se deja sin efecto una acumulación 
tendrán el carácter de actos de trámite y no serán recurribles.  
 
 
Artículo 237 .- Funcionamiento del Organismo Jurídico Administrativo de Álava.  
 
1.  El Organismo J urídico Ad ministrativo de Álava funcionará en Pleno o en Salas. 
Asimismo, podrá funcionar de forma individual , a través de cualquiera de sus 
componentes, en los casos que se determinen reglamentariamente.  
 
2.  La composición, organización y funcionamiento del Organi smo Jurídico Administrativo 
de Álava  se determinará reglamentariamente.  
 
 
SUBSECCIÓN 3ª   
 
INTERESADOS  
 
Artículo 238 .- Legitimados e interesados en las reclamaciones económico -
administrativas.  
 
1.  Estarán legitimados para promover las reclamaciones económi co-administrativas:  
 
a)  Los obligados tributarios y los sujetos infractores.  
 
b)  Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto, 
omisión o actuación tributaria.  
 
2.  No estarán legitimados:  
 
a)  Los funcionarios y emplead os públicos, salvo en los casos en que inmediata y 
directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido o 
resulten afectados sus intereses legítimos.  
 
b)  Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como 
agentes  o mandatarios de ella.  
 
c)  Los denunciantes.  
 
d)  Los que asuman obligacione s tributarias en virtud de pacto o contrato.  
 
e)  Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como 
cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinata ria de los fondos 
gestionados mediante dicho acto.  
 
3.  En el procedimiento económico -administrativo ya iniciado podrán comparecer todos los 
que sean titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por 
la resolución que hubiera de  dictarse, sin que la tramitación haya de retrotraerse en 
ningún caso.  
 
 Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de 
derechos o intereses legítimos que no hayan comparecido en el mismo, se les notificará 
la existencia de la reclamación para que formulen alegaciones, y s erá de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 244 de esta Norma Foral.  
 
4.  Cuando se actúe mediante representación, el documento que la acredite se 
acompañará al primer escrito q ue no aparezca firmado por el interesado, que no se 
cursará si n este requisito. No obstante, la falta o la insuficiencia del poder no impedirá 
que se tenga por presentado el escrito siempre que el compareciente acompañe el 
poder, subsane los defectos de qu e adolezca el presentado o ratifique las actuaciones 
realizada s en su nombre y representación sin poder suficiente.  
 
 
SECCIÓN 2ª   
 
PROCEDIMIENTO ECONÓMICO -ADMINISTRATIVO  
 
Artículo 239 .- (29) Normas generales.  
1. Se tendrá por acreditada  la representación voluntaria, sin necesidad de aportar uno de 
los medios establecidos en el apartado 2 del artículo 46 de esta Norma Foral, cuando la 
representación hubiera sido admitida por la Administración tributaria en el procedimiento 
en el que se di ctó el acto impugnado.  
 
2. El procedimiento se impulsará de ofi cio con sujeción a los plazos establecidos, que no 
serán susceptibles de prórroga ni precisarán que se declare su finalización.  
 
3. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pong an término a la 
reclamación económico -administrativa serán n otificados a aquéllos, bien por medios 
electrónicos, bien en el domicilio señalado o, en su defecto, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 108 de esta Norma Foral.  
 
La notificación se hará de forma electrónica obligatoriamente para los interesados, y en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, en los supuestos en que sea 
obligatoria la interposición de la reclamación por esta vía.  
 
La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución y deberá expresar los 
recursos  que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin que ello impida que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen pertinente.  
 
4. El procedimiento e conómico -administrativo será gratuito. No obsta nte, si la reclamación 
o recurso resulta desestimado o inadmitido y el Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que le resulte 
imputable dicha te meridad o mala fe que sufrague las costas del p rocedimiento, según 
los criterios que se fijen reglamentariamente.  
 
La condena en costas se impondrá en la resolución que se dicte, con mención expresa 
de los motivos por los que el Organismo Jurídico Administ rativo de Álava ha apreciado 
la concurrencia de  mala fe o temeridad, así como la cuantificación de la misma.  
 
5. El procedimiento económico -administrativo se regulará de acuerdo con las disposiciones 
previstas en este Capítulo y en las disposiciones reglament arias que se dicten en su 
desarrollo.  
 
 
Artícul o 240 .- (29) Iniciación.  
1. La reclamación económico -administrativa se interpondrá ante el Organismo Jurídico 
Administrativo de Álava en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a l de la 
notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél en que quede 
constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la 
repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre  
el sustituto y el contribuyen te. 
 
También podrá interponerse reclamación económico -administrativa a partir del día 
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.  
 
Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, y  antes de su resolución, se 
dictara resolución expresa, se remitirá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava, 
una vez notificada al interesado.  
 
En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se 
considerará impugnada en  vía económico -administrativa, o causará la terminación del 
procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por el Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava.  
 
En todo caso, se concederá el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a  la 
notificación, para que el interesado pueda formular ante el Organismo Jurídico 
Administrativo de Álava las alegaciones que tenga por convenientes. En dichas 
alegaciones el interesado podrá pronunciarse sobre las consecuencias señaladas en el 
párrafo an terior. De no hacerlo se entenderá su conformidad con dichas consecuencias.  
 
Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que 
incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al que se refiere el primer párrafo 
anterio r emp ezará a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido 
formalmente el cumplimiento de dicha obligación.  
 
En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, la 
reclamación podrá interponerse durante el período volunta rio de pago o durante el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de 
pago.  
 
2. El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito dirigido al Organismo Jurídico 
Administrativo de Álava que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la 
reclamación, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama y 
el domicilio para notificaciones. Asimismo, el reclamante podrá acompañar las 
alegaciones en que base su derecho.  
 
En los cas os de  reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, 
repercusiones, obligación de expedir y entregar factura y a las relaciones entre el 
sustituto y el contribuyente, el escrito deberá identificar también a la persona recurrida y 
su domicilio y adjun tar todos los antecedentes que obren a disposición del reclamante o 
en registros públicos.  
 
3. La interposición de la reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede 
electrónica de la Diputación Foral de Álava, cuando los reclamantes estén obligados a 
recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones.  
 
 
Artículo 241 .- Tramitación.  
1.  (29) El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, una vez recibido y, en su caso, 
completado el expediente, lo pondr á de manifiesto a los interesados que hubieran 
comparecido en la reclamación y no hubieran formulado alegaciones en la interposición 
o las hub iesen formulado pero con la solicitud expresa de este trámite, por plazo común 
de un mes en el que deberán present ar el escrito de alegaciones con aportación de las 
pruebas oportunas.  
 
La puesta de manifiesto del expediente electrónico podrá tener lugar po r medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, pudiendo presentarse por estos medios las 
alegaciones y pruebas . Los obligados a interponer la reclamación de forma electrónica 
habrán de presentar las alegaciones, pruebas, y cualquier otro escrito, por e sta misma 
vía. En caso de deficiencia técnica imputable a la Administración tributaria que 
imposibilite la realiza ción del trámite por esta vía, el Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava adoptará las medidas oportunas para evitar perjuicios al interesa do, pudiendo, 
entre otras, conceder un nuevo plazo, prorrogar el anteriormente concedido o autorizar 
que se realic e por otros medios.  
 
2.  En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, 
repercusiones, obligación de expedir y entregar factura o a las relaciones entre el 
sustituto y el contribuyente, el Organismo Jurídico Administrativo de Ála va notificará la 
interpos ición de la reclamación a la persona recurrida para que comparezca, mediante 
escrito de mera personación, adjuntando todos los antecedentes que obren a su 
disposición o en registros públicos.  
 
3.  El Organismo Jurídico Administrati vo de Álava  podrá asimism o solicitar informe al 
órgano que dictó el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen. 
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava deberá  dar traslado del informe al 
reclamante para que pueda presentar al egaciones al mismo.  
 
 Reglamentariamente se podrán establecer supuestos en los que la solicitud de dicho 
informe tenga carácter preceptivo.  
 
4.  Cuando de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición de la reclamación o 
de los documentos adjun tados por el interesado r esulten acreditados todos los datos 
necesarios para resolver o éstos puedan tenerse por ciertos, o cuando de aquéllos 
resulte evidente un motivo de inadmisibilidad, se podrá prescindir de los trámites 
señalados en los anteriores ap artados de este artículo.  
 
5.  Reglamentariamente se regulará el régimen de la práctica de prueba.  
 
6.  Podrán plantearse como cuestiones incidentales aquéllas que se refieran a extremos 
que, sin constituir el fondo del asunto, estén relacionadas con el mi smo o con la validez 
del procedimiento y cuya resolución sea requisito previo y necesario para la tramitación 
de la reclamación, no pudiendo aplazarse hasta que recaiga acuerdo sobre el fondo del 
asunto.  
 
 La resolución que ponga término al incidente no se rá susceptible de recurso . Al recibir 
la resolución de la reclamación, el interesado podrá discutir nuevamente el objeto de la 
cuestión incidental mediante el recurso que proceda contra la resolución.  
 
 
Artículo 242 .- Extensión de la revisión en vía económ ico-administrativa.  
1.  Las reclamaciones económico -administrativas someten a conocimiento del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava para su  resolución todas las cuestiones de hecho y de 
derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no plantea das po r los interesados, sin 
que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.  
 
2.  Si el Organismo Jurídico Administrativo de Álava estima pertinente  examinar y resolver 
cuestiones no planteadas por los interesados las expondrá a los mismos  para que 
puedan formular alegaciones.  
 
3. (29) Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para plantear cuestiones 
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el planteamiento 
de la cuestión preju dicial no haya sido solicitado por los interesados en la reclamación o 
recurso económico -administrativo, con carácter previo a que el mismo se produzca se 
concederá un plazo de quince días a los interesados para que formulen alegaciones en 
relación exclusi vamente con la oportunidad de dicho planteamiento.  
 
En todo caso, el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, antes de plantear la 
cuestión prejudicial, concederá un plazo de quince días al órgano administrativo autor 
del acto para que formule alegacion es. 
 
Cuando se hubiese planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, se suspenderá el 
procedimiento económico -administrativo desde su planteamient o y hasta que se reciba 
la resolución que resuelva la cuestión prejudicial. Asimismo procederá la suspensión del 
curso de aquellos procedimientos económico -administrativos para cuya resolución sea 
preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial pla nteada. Dicha sus pensión se 
comunicará a los interesados en el procedimiento económico -administrativo y la misma 
determinará la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de los derechos a que 
se refiere el artículo 65 de esta Norma Foral, cómputo qu e continuará una vez se reciba 
en el Organismo Jurídico Administrativo de Álava la resolución de la cuestión planteada.  
 
 
Artículo 243 .- (29) Terminación.  
1. El procedimiento finalizará por renuncia al derecho en que la reclamación se 
fundamente, por de sistimiento de la petición o instancia, por caducidad de ésta, por 
pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, por satisfacción extraprocesal y 
mediante resolución.  
 
2. Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la c aducidad de la 
instancia, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento o la satisfacción 
extraprocesal, el Organismo Jurídico Administrativo de Álava acordará motivadamente el 
archivo de las actuaciones.  
 
El acuerdo de archivo de actuaciones podrá r evisarse conforme  a lo dispuesto en el 
artículo 245.bis de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 244 .- (29) Resolución.  
1. El Organismo Jurídico Administrativo de Álava no podrá abstenerse de resolver ninguna 
reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o 
deficiencia en los preceptos legales.  
2. Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los 
fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las cuestiones que se 
susciten en el expediente, hayan sido o  no planteadas por los interesados.  
 
3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La 
resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones 
de derecho sustantivo o por defectos formales.  
 
Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades 
de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se 
ordenará la retroacción de las actuaciones al  momento en que se produjo el defec to 
formal.  
 
Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, 
incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos del Organismo 
Jurídico Administrativo de Ála va, no formarán parte del procedimi ento en el que tuviese 
su origen el acto objeto de impugnación.  
 
Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución 
deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha reso lución tenga entrada 
en el registro  del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de 
demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes.  
 
4. Se declarará la inadmisibilidad en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se impugnen actos  o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso 
en vía económico -administrativa.  
 
b) Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.  
 
c) Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.  
 
d) Cuando la petición contenida  en el escrito de interposición no guarde relación con el 
acto o actuación recurrido.  
 
e) Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.  
 
f) Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto 
objeto de la reclamació n, cuando se recurra contra actos q ue reproduzcan otros 
anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros 
consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.  
 
5. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes 
se hubiese notifi cado la existencia de la reclamación.  
 
Las resoluciones del Organismo Jurídico Administrativo de Álava dictadas en las 
reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el 
apartad o 4 del artículo 233 de esta Norma Fora l, una vez hayan adquirido firmeza, 
vincularán a la Administración tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos 
tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e 
inves tigación. A tal efecto, estas resolucio nes serán comunicadas a la Administración 
tributaria.  
 
6. Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava que imponga la obligación de expedir factura , el 
reclamante podrá, en nombre y por cuenta del reclamado, expedir la factura en la que se 
documente la operación, conforme a las siguientes reglas:  
 
1. El ejercicio de esta facultad deberá ser comunicado por escrito al Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava, indicándose que el fallo no se h a cumplido y que se 
va a emitir la factura correspondiente. Igualmente deberá comunicar al reclamado, 
por cualquier medio que deje constancia de su recepción, que va a ejercitar esta 
facultad.  
 
2. La factura en la que se  documente la operación será confeccion ada por el 
reclamante, que constará como destinatario de la operación, figurando como 
expedidor el que ha incumplido dicha obligación.  
 
3. El reclamante remitirá copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder 
el original de la misma. Igualmente  deberá enviar a la Administración tributaria copia 
de dicha factura y del escrito presentado ante el Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava en el que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.  
 
7. En ejecución de una resolución que estime tot al o parcialmente la reclamación contra la 
liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de 
acuerdo con el artículo 67.11 de esta Norma Foral, se regularizará la obligación con exa 
distinta de la recurrida en la que la  Administración hubiese aplicado los criterios o 
elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la 
reclamación.  
 
Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidaci ón de la obligación 
conexa distinta de la  recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo 
resuelto por el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, será de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta Norma Foral.  
 
8. La doctrina que de modo reiterado establ ezca el Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava, vinculará a la Administración tributaria.  
 
 
Artículo 245 .- Plazo de resolución.  
1.  (7) El plazo máximo de duración del procedimiento será de un año  contado desde la 
interposición de  la reclamación.  Transcurrido  este plazo, el interesado podrá considerar 
desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.  
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava deberá resolver expresamente en todo 
caso.  Los plazos para la  interposición de los correspon dientes recursos comenzarán a 
contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, si el Organismo 
Jurídico Administrativo de Álav a estimase que los actos impu gnados pudieran verse 
afectados por resoluciones pendientes de ser dictadas en procedimientos seguidos en 
otros ámbitos o jurisdicciones, podrá acordar, de forma motivada y previa audiencia al 
interesado, la paralización de sus  actuaciones, con suspensión del cómputo del plazo 
de resolución así como del período de prescripción a que se refiere el artículo 65 de 
esta Norma Foral, hasta la finalización de aquéllos.  
3. Transcurrido un año desde la interposición de la reclamación sin h aberse notificado 
resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, 
dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 
del artículo 26 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 245 bis .- (29) Recurso de a nulación.  
1. Contra las resoluciones de las reclamaciones económico -administrativas, podrá 
interponerse ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, recurso de anulación 
en el plazo de quince días, exclusivamente en los sig uientes casos:  
 
a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.  
 
b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente 
presentadas en la vía económico -administrativa.  
 
c) Cuando se alegue la existencia d e incongruencia completa y  manifiesta de la 
resolución.  
 
2. También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de 
actuaciones al que se refiere el artículo 243 de esta Norma Foral.  
 
3. No podrá deducirse nuevamente este recurso frente a  su resolución. El recurso de 
anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario de revisión.  
 
4. El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas pertinentes. El 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava res olverá sin más trám ite en el plazo de un 
mes, entendiéndose desestimado en caso contrario.  
 
5. La interposición del recurso de anulación no suspenderá el plazo para la interposición 
del recurso contencioso -administrativo.  
 
 
Artículo 245 ter .- (29) Recurso  contra la ejecución  
1. Los actos de ejecución de las resoluciones económico -administrativas se ajustarán 
exactamente a los pronunciamientos de éstas.  
 
2. Si el interesado está disconforme con los actos dictados como consecuencia de la 
ejecuci ón de una resolució n económico -administrativa, podrá presentar este recurso.  
 
3. Será competente para conocer de este recurso el Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava. La resolución dictada podrá establecer los términos concretos en que haya de 
proceders e para dar debido c umplimiento al fallo.  
 
4. El plazo de interposición de este recurso será de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la notificación del acto impugnado.  
 
5. En ningún caso se admitirá la suspensión del acto recurrido cuando no se planteen 
cuestiones nuevas r especto a la resolución económico -administrativa que se ejecuta.  
 
6. No cabrá la interposición de recurso de reposición con carácter previo al recurso contra 
la ejecución.  
 
7. El Organismo Jurídico Administrativo de Álava declarará la inadmisi bilidad del recurso 
contra la ejecución respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya 
decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser 
planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra  alguno de 
los supuestos a que se refiere el apartado 4 del artículo 244 de esta Norma Foral.  
 
 
Artículo 246 .- Recurso extraordinario de revisión.  
1.  El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los 
actos firmes de l a Administración tributaria y contra las resoluciones económico -
administrativas firmes del Organismo Jurídico Administrativo de Álava cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a)  Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que 
fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al 
tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.  
 
b)  Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente docume ntos o 
testimonio s declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a 
aquella resolución.  
 
c)  Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de 
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta  
punible y se hay a declarado así en virtud de sentencia judicial firme.  
 
2.  Estarán legitimados para interponer este recurso los interesados y el Director de 
Hacienda.  
 
3.  Se declarará la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen circunstancias disti ntas a 
las previs tas en el apartado 1 anterior.  
 
4.  El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de 
los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.  
 
5.  (29) La resolución del recurso extraordinari o de revisión se dictará en el plazo de seis 
meses. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado 
podrá entender desestimado el recurso.  
 
 
SECCIÓN 3ª   
 
RECURSO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO  
 
Artículo 247 .- Recurso contencioso -administrativo.  
Las resoluciones que pongan fin a la vía económico -administrativa serán susceptibles de 
recurso contencioso -administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.  
 
 
TÍTULO VI  
 
(29) ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN 
SUPUESTOS DE DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA  
 
Artículo 248 . Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos 
contra la Hacienda Pú blica  
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito con tra la Hacienda 
Pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas 
generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a 
la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fisca l, y con 
sujeción a las reglas que se establecen en el presente Título.  
Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación 
de los elementos  de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en 
liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito 
contra la Hacienda Pública y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible 
delito contra la Hac ienda Pública.  
(33) La competencia para la práctica de la s liquidaciones a que se refiere este 
apartado se atribuirá a la Diputación Foral de Álava cuando le corresponda a la 
misma la competencia inspectora del obligado tributario de  conformidad con lo 
previsto en el Concierto Económico, y surtirá efectos frente  a todas las 
administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación aplicable a las 
mismas, correspondiendo el cobro de la totalidad de la liquidaciones a la Dip utación 
Foral de Álava, sin perjuicio de las compensaciones que entre  las admini straciones 
procedan.  
2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación 
tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra  la Hacienda 
Pública se ajustará a lo establecido en este Título.  
En los supuest os a los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá 
de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a 
estos mismos hechos. E n caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de 
no haber concluido é ste con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, 
en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente o se remita el expedien te al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la 
posibilidad de iniciar un nuevo pro cedimiento sancionador en los casos a que se 
refiere el último párrafo de este apartado.  
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa por los mismos hechos.  
De no haberse apreciado la existencia de del ito, la Administración tributaria iniciará, 
cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los 
hechos que los Tribunales hubieran considerado probados.  
3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se encuentren 
vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará en su 
tramitación al procedimiento ordinario que corresponda según lo dispu esto en el 
Capítulo IV del Título III de esta Norma Foral y se sujetará al régimen de revisión 
establecido en su Título V.  
Artículo 249 . Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de 
indicios de delito contra la Hacienda Pública  
1. Cuand o la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 
Pública, pasará el ta nto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente 
al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el 
artícul o 248.2 de esta Norma Foral, en los siguientes supuestos:  
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la 
prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código 
Penal.  
b) Cuando de resultas de la inv estigación o comprobación, no pudiese determinarse 
con exactitud el importe de la liquidación o no  hubiera sido posible atribuirla a un 
obligado tributario concreto.  
c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la 
investigació n o comprobación de la defraudación.  
En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de den uncia o de querella 
presentado por la Administración tributaria, se trasladará también el acuerdo motivado 
en el que se justifique la concurrencia de alguna d e las circunstancias determinantes 
de la decisión administrativa de no proceder a dictar liquidaci ón. 
En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado 
tributario.  
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá 
de iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento administrativo, que quedar á 
suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el 
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del 
expediente por el Ministerio Fiscal.  
No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un proc edimiento sancionador, éste 
se entenderá concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de 
culpa a la jurisdicción competente o se re mita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo 
ello, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo pro cedimiento sancionador si 
finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los 
tribunales hubieran considerado probados . 
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de 
prescripción del derec ho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 67.1 y 193.3 de esta Norma Foral.  
La sentenci a condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa por los mismos hec hos. 
Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación realizadas 
durante el período de suspensión respecto de los hechos denunciados  se tendrán por 
inexistentes.  
3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito,  la 
Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los 
hechos que los órganos jurisdiccionales hubieran considerado p robados en el periodo 
que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 47 
de esta Norma Foral o en el plazo de seis meses si éste último fuese superior, a 
computar desde la recepción de la resolución judicial o del exped iente devuelto por el 
Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.  
El có mputo de los plazos de prescripciones se iniciará de nuevo desde la entrada de 
la resolución judicial en el registro de la Admini stración tributaria competente.  
Artículo 250 . Regularización voluntaria  
La Administración tributaria no pasará el tanto de culp a a la jurisdicción competente ni 
remitirá el expediente al Ministerio Fiscal salvo que conste que el obligado tributario no ha 
regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la 
deuda tributaria antes de que se le hubier a notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto  
de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, 
antes de que el Ministerio Fiscal, el Abo gado del Estado o el representante procesal de la 
Diputación Foral de Álava, interponga querella o denuncia contra aquél dirigid a, o antes 
de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan 
tener conocimiento formal d e la iniciación de diligencias.  
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artículo 
57 de esta Norma Foral, debiendo proceder el obligado tributario a la autoliquidación e 
ingreso simultáneo tanto de la cuota como d e los intereses de demora y de los recargos 
legalmente devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos 
regul arizados voluntariamente no se exijan por el procedimiento de autoliquidación, el 
obligado tributario deberá presentar la declar ación correspondiente, procediendo al 
ingreso de la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administración en el plazo  
para el pago establecido en la normativa tributaria.  
Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la re gularización se 
hubiese producido una vez prescrito el derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria.  
Para de terminar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el 
primer párrafo de éste artículo, la Administración  tributaria podrá desarrollar las 
actuaciones de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso 
de que la s mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se 
hubiese producido la prescripción regulada en el artí culo 65.a) de esta Norma Foral.  
Artículo 251 . Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda 
practicar liqui dación  
1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 
Pública y no concurran las circunstanci as que impiden dictar liquidación de acuerdo 
con el apartado 1 del artículo 249 de esta Norma Foral, procederá formalizar una 
propuesta de liquidación vinculada a delito, en la que se expresarán los hechos y 
fundamentos de derecho en los que se basa la mis ma. 
Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole el trámite de 
audiencia para que alegue lo que convenga a  su derecho en el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente al de notificación de la propuesta.  
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir 
durante la tramitación administrativa, producirán los efecto s de extinguir total o 
parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en el apartado 2 
del artículo 1 47 de esta Norma Foral en relación con las actuaciones desarrolladas 
por la Administración tributaria tendentes a la liquidación  de la deuda tributaria, sin 
perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolución del 
expediente por el Min isterio Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obligue a 
practicar el ajuste previsto por el artículo 255.2 c) de est a Norma Foral por no apreciar 
la existencia de delito contra la Hacienda Pública.  
Transcurrido el plazo previsto para el trámite  de audiencia y examinadas las 
alegaciones presentadas en su caso, el órgano competente dictará una liquidación 
administrativa, con la autorización previa o simultanea del órgano de la Administración 
tributaria competente para interponer la denuncia o quer ella, cuando considere que la 
regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra 
la Hacienda  Pública.  
Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción  competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal 
y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los element os de la 
obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al 
obligado tributario de la misma,  en la que se advertirá de que el periodo voluntario de 
ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisi ón a 
trámite de la denuncia o querella correspondiente, en los términos establecidos en el 
artículo 253 de esta Norma Foral.  
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de 
prescripción del derecho a determinar la deuda t ributaria y a imponer la sanción, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 67.1 y 193.3 de esta Norma Foral.  
2. La inadmisión de  la denuncia o querella determinará la retroacción de las actuaciones 
inspectoras al momento anterior a aquel en que se dictó la  propuesta de liquidación 
vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalización del acta que 
corresponda, que se tramitar á de acuerdo con lo establecido en esta Norma Foral y 
su normativa de desarrollo.  
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 
Tercera de la Sección Tercera del Capítulo IV del Título III de esta Norma Foral.  
El proce dimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se 
retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión de l plazo al que se refiere el apartado 
1 del artículo 147 de esta Norma Foral o en seis meses, si éste último fuera superior. 
El citado plazo se computará desde la recepción de la resolución judicial o del 
expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el  órgano competente que deba 
continuar el procedimiento.  
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin a l 
procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma 
que, de acuerdo con lo establecido en el apa rtado 2 del artículo 26 de esta Norma 
Foral, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta 
el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.  
En estos casos se iniciará el cómputo de los plazos de prescripción del dere cho a 
determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo indicado en el apartado 
7 del artículo 67 de esta Norma Foral . 
3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir 
elementos en los que se aprecia una cond ucta dolosa que pueda ser determinante de 
un delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos y cuantías a 
regulariz ar respecto de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos 
liquidaciones de forma separada.  
A efectos de la cua ntificación de ambas liquidaciones, se formalizará una propuesta 
de liquidación vinculada al delito y un acta de inspección, de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos que 
hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos aquellos 
elementos en los que se aprecie dolo, y se restarán los ajuste s a favor del obligado 
tributario a los que éste pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o 
deducir en la b ase o en la cuota que le correspondan adicionalmente. Si la 
declaración presentada hubiera determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará 
para el cálculo de esta propuesta de liquidación.  
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá l a totalidad de los 
elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el 
posible delito, y se deducirá la cant idad resultante de la propuesta de liquidación a 
que se refiere la letra anterior.  
No obstante, el obligado tributario podr á optar por la aplicación de un sistema de 
cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación proporcional de las partidas a 
compensar o  deducir en la base o en la cuota, en los términos que se determinen 
reglamentariamente. Esta opción deberá comunicarse a l a Administración en el plazo 
de alegaciones posterior a la notificación de la propuesta de liquidación vinculada al 
delito.  
Artículo 252. Impugnación de las liquidaciones  
1. Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en e l 
artículo 248.2 de esta Norma Foral no procederá recurso o reclamación en vía 
administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda c on arreglo a lo que se determine 
en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Penal 
y en el 255 de esta Norma Foral, correspondiendo al Juez penal determinar en 
sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pública que 
hubiese sido liquidada al amparo de lo previsto en el apartado 5 del artículo 305 del 
Código Penal y en el Título VI de esta Norma Foral.  
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir 
durante la trami tación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o 
parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en el apartado 2 
del artículo 147 de esta Norma Foral en relación con las actuaciones desarrolladas 
por la Administ ración tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria.  
2. Frente a la liquidación que resulte de la regula rización de los elementos y cuantías 
que no se encuentren vinculados con el posible delito, cabrá interponer los recursos y 
reclamaciones p revistos en el Título V de esta Norma Foral.  
Artículo 253 . Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de  indicios 
de delito contra la Hacienda Pública  
En los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, la 
existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará las 
actuaciones administrativas d irigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que 
el Juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.  
Las a ctuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el párrafo anterior 
se regirán por las normas gene rales establecidas en el Capítulo V del Título III de esta 
Norma Foral, salvo las especialidades establecidas en el presente Título.  
Una ve z que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública, 
la Administración tributaria proc ederá a notificar al obligado tributario el inicio del período 
voluntario de pago requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda tri butaria 
liquidada en los plazos a que se refiere el apartado 2 del a rtículo 61 de esta Norma Foral.  
Artículo 254 . Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación  
Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de  la 
deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 248 de 
esta Norma Foral, solo  serán oponibles los motivos previstos en los artículos 171.3, 174.3 
y 176.1 segundo párrafo de esta Norma Foral y su revisión se realizará co nforme a lo 
dispuesto en el Título V de esta Norma Foral.  
Artículo 255 . Efectos de la resolución judicial sobre la  liquidación tributaria  
1. La liquidación dictada por la Administración tributaria en los supuestos a los que se 
refiere el apartado 2 del artícu lo 248 de esta Norma Foral, se ajustará a lo que se 
determine finalmente en el proceso penal en relación con la ex istencia y la cuantía de 
la defraudación.  
2. El ajuste se realizará de la siguiente forma:  
a) Si en el proceso penal se dictará sentencia condenator ia por delito contra la 
Hacienda Pública y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idéntica a 
la liqu idada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, 
sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora y recargos que 
correspondan.  
Si la cuantía defraudada que se determinara en el proceso penal difiriera, en más o e n 
menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación dictada al amparo del apartado 
2 del artículo 248 de esta Norma Foral deberá modif icase. En este caso, subsistirá el 
acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia para 
ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada.  
Dicha modificación, practicada por la Administración tributaria al amparo de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, no afectará a la validez de las actuaciones 
recaudatorias realiz adas, respecto de la cuantía confirmada en el proceso penal.  
El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para la ejecución , al 
obligado al pago y a las demás partes personadas en el procedimiento penal.  
Si la cuantía defraudada que se d eterminara en el proceso penal fuese inferior a la 
fijada en vía administrativa, serán de aplicación las normas generales establecidas al 
efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el 
reembolso del coste de las garantí as. 
b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por 
inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación adm inistrativa será anulada 
siendo de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa 
tributar ia en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso de coste de las 
garantías.  
c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose delito por 
motivo diferente a la inexistencia de la obligación tributaria, procederá la retroacció n 
de las actuaciones inspectoras al momento anterior en el que se dictó la propuesta de 
liquidación vinculada a delito prevista en el apartado  1 del artículo 251 de esta Norma 
Foral, teniendo en cuenta los hechos que el órgano judicial hubiese considerado 
probados, procediendo la formalización del acta, que se tramitará de acuerdo con lo 
establecido en esta Norma Foral y su normativa de desarrol lo. 
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 
Tercera de la Sección Terc era del Capítulo IV del Título III de esta Norma Foral.  
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se 
retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 
1 del artículo 147 de esta  Norma Foral o en seis meses, si éste último fuera superior. 
El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano 
comp etente para la reanudación de las actuaciones.  
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al 
procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma 
que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 d el artículo 26 de esta Norma 
Foral, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta  
el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.  
Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios de toda 
liquid ación tributaria regulado en el Título V de este Norma Foral, pero no podrán 
impugnarse los hechos considerados pr obados en la sentencia judicial.  
En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho a 
determinar la deuda y a imponer  la sanción de acuerdo con lo indicado en el apartado 
7 del a rtículo 67 de esta Norma Foral.  
Artículo 256 . Responsables  
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo 
preceptuado en el artículo 248.2 de esta Norma Foral quiene s hubieren sido 
causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den 
lugar a dicha liquidación y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por 
el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del ci tado 
proceso.  
Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el 
procedimiento de l iquidación y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento 
para exigir la responsabilidad establecida en este artículo, deberán incorporarse 
formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.  
2. En relación con las liquidaciones a que se refier e el apartado 2 del artículo 248 de 
este Norma Foral, también resultarán de aplicación los supuestos de responsabilidad 
regulados en el apartado 4 de l artículo 42 de esta Norma Foral.  
3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista 
en el apartado 1 anterior sólo podrá impugnarse el alcance global de la citada 
responsabilidad.  
4. Si en el proceso penal se acordara el s obreseimiento o absolución respecto de 
cualquiera de los responsables a que se refiere el aparta do 1 anterior, la declaración 
de su responsabilidad será anulada, siendo de aplicación las normas generales 
establecidas en la normativa tributaria en relación con las devoluciones y reembolso 
del coste de garantías.  
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apa rtado 9 del artículo 67 de esta Norma Foral, en 
los supuestos de responsabilidad a que se refiere el apartado 1, interrumpido el plazo 
de prescripción para un o bligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los 
demás obligados, incluidos los responsa bles.  
6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los 
supuestos regulados en los apartados 1 y 2 anteriores corresponderá al ór gano de 
recaudación.  
7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se entenderá 
suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentación de la 
denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la im putación 
formal de los encausados.  
A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del  procedimiento de 
declaración de responsabilidad previsto en este artículo les será de aplicación lo 
previsto en el artículo 78.5.e) de esta Norma Foral.  
 
TÍTUL O VII   
 
(29) RECUPERACIÓN DE AYUDAS DE ESTADO QUE AFECTEN AL ÁMBITO 
TRIBU TARIO  
 
 
CAPITULO I   
 
(29) DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Artículo 257 . Disposiciones generales  
1. Corresponde a la Administración tributaria la r ealización de las actuaciones 
necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado 
que afecten al ámbito tributario.  
2. Se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas 
necesarias para la ej ecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado 
que afecten al ámb ito tributario, así como las actuaciones de los obligados en el 
ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados 
de dichas decisiones.  
3. Adem ás de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este 
artícu lo, lo dispuesto en este Título resultará de aplicación en cualquier supuesto en 
que, en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte procedente exigir el 
reintegro de  cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al 
ámbito tri butario.  
4. En el ámbito de competencias de la Diputación Foral de Álava, el órgano competente 
para acordar el inicio y la resolución de los procedimientos de recuperación de ayud as 
de Estado que afecten al ámbito tributario será el Director de Hacienda.  
 
Artículo 258 . Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de 
ayudas de Estado  
Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado los 
siguientes:  
a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los e lementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión.  
b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos.  
 
Artículo 259 . Prescripción  
1. Prescribirá a los diez años el der echo de la Administración para determinar y exigir el 
pago de la deuda tributari a que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de 
recuperación.  
2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la 
aplicación de l a ayuda de Estado en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de 
regulari zación hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria.  
3. El plazo de prescripción se interrumpe:  
a) Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administraci ón tributaria a petición 
de la Comisión que esté relacionada con la ayuda de Est ado. 
b) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 
formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, 
comprobación , inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria 
derivada de aquellos elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la 
existencia de su pago.  
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la 
liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recur sos 
procedentes.  
4. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de 
recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.  
 
Artículo 260 . Efectos de la ejecución de la decisión de recuperac ión 
1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración 
tributaria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de 
recuperación de la ay uda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la 
modi ficación de la resolución o liquidación, aunque sea firme.  
2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión 
Europea.  
 
Artículo 261 . Recursos contra el acto de e jecución  
La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación será 
susceptible de recurso de reposición y, en su caso, de reclamación económico -
administrativa, en los términos previstos en esta Norma Foral.  
Si la resolución o  liquidación se somete a revisión de acuerdo con el párrafo anter ior, sólo 
será admisible la suspensión de la ejecución de los actos administrativos mediante la 
aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Administración tributaria . 
 
CAPI TULO II   
 
(29) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN SUPUESTOS DE REGULARIZACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA AFECTADOS POR LA 
DECISIÓN DE RECUPERACIÓN  
 
 
Artículo 262 . Recuperación en supuestos de regularización de los ele mentos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación  
1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos 
de la obligación tributaria afectados por la decisión, la Administración tributaria se 
limitará  a la comprobación de aq uellos elementos de la obligación a los que se refiere 
dicha decisión.  
2. En este procedimiento, la Administración tributaria podrá realizar únicamente las 
siguientes actuaciones:  
a) Examen de los datos consignados por los obligados tribu tarios en sus 
declaracio nes y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.  
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria.  
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria 
y de c ualquier otro libro, reg istro o documento de carácter oficial, incluida la 
contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que 
sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o 
documentos.  
d) Requerimien tos de información a ter ceros.  
3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las oficinas de la 
Administración tributaria, a cuyo efecto será de aplicación las reglas contenidas en los 
artículos 136.2 y 140 de esta Norma Foral.  
4. El examen de los documentos y las act uaciones referidas en los apartados anteriores 
se entenderán efectuados a los solos efectos de determinar la procedencia de la 
recuperación de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación 
de los mismos hecho s o documentos.  
 
 
Artícu lo 263 . Inicio  
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regulación de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión se iniciará de oficio por acuerdo de la 
Administración tributaria.  
2. El inicio de las ac tuaciones del procedimie nto deberá notificarse a los obligados 
tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las 
mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones.  
Cuando los datos en p oder de la Administració n tributaria sean suficientes para 
formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la 
notificación de dicha propuesta.  
 
 
Artículo 264 . Tramitación  
1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos de regularización 
de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión se documentarán 
en las comunicaciones y diligencias a las que se refiere el apartado 8 del artículo 95 
de esta Norma Foral.  
2. Los obligados tributarios deberán  atender a la  Administración tributaria y le prestarán 
la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.  
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y 
hora señalados para la práctica de las actuaciones, y de berá aportar o tener a 
disposición de la Administración tributaria la documentación y demás elementos 
solicitados.  
3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración 
tributaria deberá comunicar al obligado tributario la prop uesta de liqu idación para que, 
en un plazo de diez días, alegue lo que convenga a su derecho.  
 
 
Artículo 265 . Terminación  
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de 
la obligación tributaria afectados por la decisión  terminará por resolución expresa de 
la Administración tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:  
a) Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación y 
ámbito temporal objeto de las decisiones.  
b) Relación de  hechos y fundamentos de derecho que motivan la resolución.  
c) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede 
regularizar la situación tributaria como consecuencia de la decisión de 
recuperación.  
2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado en el artículo 100 
de esta Norma Foral, no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará 
hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida la prescripción 
como consecuencia de las actuacione s administrativas desarrolladas durante dicho 
plazo.  
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de 
actuaciones con conocimiento formal del interesado con posterioridad a la finalización 
del plazo al que se refiere el p árrafo anterior.  
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de 
las actuaciones administrativas, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde 
el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusió n del plazo al que 
se refiere el artículo 100 de esta Norma Foral o en plazo de tres meses, si este último 
fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el 
órgano competente para la reanudación del procedimient o de recu peración de ayudas 
del Estado.  
4. La ejecución de la resolución judicial a que se refiere el apartado anterior no podrá 
implicar, en ningún caso, la restitución de las cantidades recuperadas del obligado 
tributario, que quedarán en depósito en la Adm inistraci ón tributaria hasta su aplicación 
de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo que ponga fin al 
procedimiento.  
 
CAPITULO III   
 
(29) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN OTROS SUPUESTOS  
 
Artículo 266.  Procedimiento de recupe ración en otros supuestos  
1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique la regularización de 
una obligación tributaria, el procedimiento a seguir será el regulado en este capítulo.  
2. Para la ejecución de la decisión d e recuperación el órgano  competente tendrá las 
facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el artículo 166 de esta 
Norma Foral, con los requisitos allí establecidos.  
 
 
Artículo 267 . Inicio  
El procedimiento de recuperación se iniciará de o ficio. 
El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados 
tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza de las mismas e 
informará de sus derechos y obligaciones en el curso de aquéllas.  
La comunicación d e inicio contendrá la pr opuesta de resolución, concediéndose un plazo 
de diez días al obligado tributario para que alegue lo que convenga a su derecho.  
 
 
Artículo 268 . Terminación  
1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa de la 
Administración tributaria, q ue deberá notificarse en el plazo de cuatro meses desde la 
fecha de notificación al obligado tributario del inicio de procedimiento, salvo que la 
decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 2 de a rtículo 265 de esta Norma Foral.  
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos, el siguiente 
contenido:  
a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la 
resolución previamente dictada por la Administració n o, en su caso, manifestación 
expresa de que no procede modificación alguna como consecuencia de la 
decisión de recuperación.  
b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.  
c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decis ión de recuperación 
determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo 
de intereses de demora conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
260 de este Norma Foral.  
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos fo rmales y ordene la retroacción de 
las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar en el periodo que reste desde 
el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que 
se refiere el aparta do 1 anterior, o en el plazo  de dos meses, si este último fuera 
superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el 
órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas 
de Estado.  
4. La ejecución de la resolución judicial a que se  refiere el apartado anterior no podrá 
implicar en ningún caso la restitución de las cantidades recuperadas del obligado 
tributario, que quedarán en depósito en la Administración tributaria hasta su aplicación 
de conformidad con  lo dispuesto en el acto adm inistrativo que ponga fin al 
procedimiento.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. (34) Prestaciones patrimoniales de carácter público.  
 
1.  Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el 
artículo 3 1.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.  
 
2.  Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior 
podrán tener carácter tributario o no tributario.  
 
Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 
1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las 
que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral.  
 
Serán prestaciones patrimoniales de carácter pú blico no tributario las demás 
prestaciones que  exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.  
 
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un 
servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante 
gestión indirecta.  
 
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras 
o la prestación de servicios, en régimen de concesión  o sociedades de economía 
mixta, entidades púb licas empresariales, sociedades de capital íntegramente público 
y demás fórmulas de derecho privado.  
 
Segunda. Normas relativas a las Haciendas Locales.  
 
1.  La normativa aplicable a los tributos y restantes in gresos de derecho público de las 
Entidades Loc ales en materia de recurso de reposición y reclamaciones económico -
administrativas será la prevista en las disposiciones reguladoras de las Haciendas 
Locales y, en su caso, en la Norma Foral General Tributaria.  
 
2.  Lo dispuesto en el apartado 3 del artícu lo 32 de la Norma Foral General Tributaria 
será aplicable a la devolución de ingresos indebidos derivados de pagos 
fraccionados de deudas de notificación colectiva y periódica realizados a las 
Entidades Locales . 
 
3.  Las Entidades Locales, dentro del ámbit o de sus competencias, podrán desarrollar lo 
dispuesto en la Norma Foral General Tributaria mediante la aprobación de las 
correspondientes ordenanzas fiscales.  
 
Tercera. Declaraciones censales.  
 
1.  Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarr ollar en territorio alavés 
actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a 
retención o ingreso a cuenta, deberán comunicar a la Administración tributaria, a 
través de las co rrespondientes declaraciones censales, su alta en el censo de 
obligados tributarios, las modificaciones que se produzcan en su situación tributaria y 
la baja en dicho censo. El censo de obligados tributarios formará parte del censo de 
contribuyentes, en el  que figurarán la totalidad de las personas físicas o  jurídicas y 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, 
identificados a efectos fiscales en el Territorio Histórico de Álava.  
 
 Las declaraciones censales servirán, a simismo, para comunicar el inicio de las 
actividades económicas que desarrollen, las modificaciones que les afecten y el cese 
en las mismas. A efectos de lo dispuesto en esta Disposición Adicional, tendrán la 
consideración de empresarios o profesionales qu ienes tuvieran tal condición de 
acuerdo con las dispo siciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso 
cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de aplicación de este Impuesto.  
 
2.  El incumplimiento de estas obligaciones constituirá  infracción tributaria que se 
sancionará de acuerdo c on lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria.  
 
3.  Reglamentariamente se regulará el contenido, la forma y los plazos para la 
presentación de estas declaraciones censales.  
 
4.  La declaración cen sal de alta en el censo de obligados tributarios cont endrá, al 
menos, la siguiente información:  
 
a)  El nombre y apellidos o razón social del declarante.  
 
b)  Su número de identificación fiscal si se trata de una persona física que lo tenga 
atribuido. Si s e trata de personas jurídicas o entidades del apartad o 3 del artículo 
35 de la Norma Foral General Tributaria, la declaración de alta servirá para 
solicitar este número, para lo cual deberán aportar la documentación que se 
establezca reglamentariamente y c ompletar el resto de la información que se 
relaciona en este apartado. De igual forma procederán las personas físicas sin 
número de identificación fiscal que resulten obligadas a la presentación de la 
declaración censal de alta, porque vayan a realizar act ividades económicas o 
vayan a satisfacer rendimientos  sujetos a retención o ingreso a cuenta.  
 
c)  Su domicilio fiscal, y su domicilio social cuando sea distinto de aquél.  
 
d)  La relación de establecimientos y locales en los que vaya a desarrollar activid ades 
económicas, y la localización, con la dirección completa, de cada uno de ellos.  
 
e)  La clasificación de las actividades económicas que vaya a desarrollar según la 
codificación de actividades establecida a efectos del Impuesto sobre Actividades 
Económ icas. 
 
f)  El ámbito territorial en el que vaya a des arrollar sus actividades económicas, 
distinguiendo si se trata de ámbito del Territorio Histórico de Álava, del País 
Vasco, del Estado, de la Unión Europea o internacional. A estos efectos, el 
contribuyente que vay a a operar en la Unión Europea solicitará su alta en el censo 
de operadores intracomunitarios en los términos que se determinan 
reglamentariamente.  
 
g)  Su condición de persona o entidad residente o no residente. En este último caso, 
se especificará si cue nta o no con establecimientos permanentes,  identificándose 
todos ellos, con independencia de que éstos deban darse de alta individualmente. 
Si se trata de un establecimiento permanente, en la declaración de alta se 
identificará la persona o entidad no resi dente de la que dependa, así como el resto  
de los establecimientos permanentes de dicha persona o entidad que se hayan 
dado de alta en el censo de obligados tributarios.  
 
h)  Su régimen de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o en el I mpuesto sobre la Renta de no 
Residentes, según corresponda, con mención expresa de los regímenes y 
modalidades de tributación que le resulten de aplicación y los pagos a cuenta que 
le incumban.  
 
i)  Su régimen de tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con referencia a 
las obligaciones periódicas derivadas de dicho Impuesto que le correspondan y el 
plazo previsto para el inicio de la actividad, distinguiendo el previsto para el inicio 
de las adquisicione s e importaciones de bienes y servicios de l previsto para las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios que constituyen el objeto de su 
actividad, en el caso de que uno y otro sean diferentes.  
j)  Su régimen de tributación en los impuestos que se det erminen 
reglamentariamente.  
 
k)  En el ca so de que se trate de entidades en constitución, la declaración de alta 
contendrá, al menos, los datos identificativos y domicilio completo de las personas 
o entidades que promuevan su constitución.  
 
5.  La declar ación censal de modificación contendrá cua lquier variación que afecte a los 
datos consignados en la declaración de alta o en cualquier otra declaración de 
modificación anterior, en los términos que se establezcan reglamentariamente.  
 
6.  La declaración ce nsal de baja se presentará cuando se produ zca el cese efectivo en 
todas las actividades a que se refiere esta Disposición Adicional, de acuerdo con lo 
que se disponga reglamentariamente.  
 
7.  La Administración tributaria llevará conjuntamente con el censo  de obligados 
tributarios un Censo de Oper adores Intracomunitarios en el que se darán de alta los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen entregas y 
adquisiciones intracomunitarias de bienes, así como determinadas prestaciones de 
servicios en los términos que se establezca n reglamentariamente.  
 
8.  Las personas o entidades a que se refiere el apartado 1 de esta Disposición 
Adicional podrán resultar exoneradas reglamentariamente de presentar otras 
declaraciones de contenido o finali dad censal establecidas por las normas pro pias de 
cada tributo.  
 
9.  Lo dispuesto en esta Disposición Adicional queda condicionado a que la Diputación 
Foral proceda a adoptar las disposiciones necesarias para su aplicación.  
 
Cuarta. Número de identificación fiscal.  
 
1. (33) Toda persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de esta norma foral, tendrán un número de 
identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.  
 
Este n úmero de identificación fiscal será facilitado por la administración tributaria, de 
oficio o a instancia del interesado.  
 
Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán s olicitar la 
asignación de número de identificación fiscal a la D iputación Foral de Álava cuando su 
domicilio fiscal este situado en el Territorio Histórico de Álava.  
 
Las entidades no residentes sin establecimiento permanente deberán solicitar la 
asignació n del número de identificación fiscal a la Diputación Foral de Á lava cuando 
vayan a realizar en el Territorio Histórico de Álava actos u operaciones de naturaleza o 
con transcendencia tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado un número 
de identificación fiscal por otra administración tributaria.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de asignación y revocación, la 
composición del número de identificación fiscal y la forma en que deberá utilizarse en las 
relaciones de naturaleza o  con trascendencia tributaria. Así mismo, reglamentariamente, 
se podrán establecer las obligaciones de información que deberán cumplir las entidades 
de crédito en relación con el número de identificación fiscal.  
 
La revocación del número de identificación fiscal corresponderá a la Diputación Foral de 
Álava cuando su do micilio fiscal este situado en el Territorio Histórico de Álava, salvo que 
la competencia para comprobación e investigación este atribuida a otra administración, 
en cuyo caso, corresponderá a ésta.  
 
En el caso de las entidades no residentes sin establecimi ento permanente será 
competente para la revocación la administración que lo asignó.  
 
2.  En particular, quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o 
valores en forma de depósitos u otras análogas, recaben de aquéllas créditos o 
prést amos de cualquier naturaleza o realicen cualquier otra operación financiera con 
una entidad de crédito, deberán comunicar previamente su número de identificación 
fiscal a dicha entida d. 
 
 La citada obligación será exigible aunque las operaciones activas o pasivas que se 
realicen con las entidades de crédito tengan un carácter transitorio.  
 
 Reglamentariamente se podrán establecer reglas especiales y excepciones a la 
citada obligación, así como las obligaciones de información que deberán cumplir las 
entidade s de crédito en tales supuestos.  
 
3.  Las entidades de crédito no podrán librar cheques contra la entrega de efectivo, 
bienes, valores u otros cheques sin la comunicación del número d e identificación 
fiscal del tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificación del 
tomador. Se exceptúa de lo anterior los cheques librados contra una cuenta bancaria.  
 
 De igual manera, las entidades de crédito exigirán la comunicación del número de 
identificación fiscal a las personas o entidades que presente n al cobro, cuando el 
abono no se realice en una cuenta bancaria, cheques emitidos por una entidad de 
crédito. También lo exigirán en caso de cheques librados por perso nas distintas por 
cuantía superior a 3.000 euros. En ambos casos deberá quedar constanci a del pago 
del cheque, así como de la identificación del tenedor que lo presente al cobro.  
 
 Reglamentariamente se establecerá la forma en que las entidades de crédito 
deberán dejar constancia y comunicar a la Administración tributaria los datos a que 
se refieren los párrafos anteriores.  
 
4. (29) La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, determinará la pérdida de validez a 
efectos identificativ os de dicho número en el ámbito fiscal.  
 
Asimismo, la publicación anterior determinará que las entidades de crédito no 
realicen cargos o abonos en las cuentas de depósi tos bancarios en que consten 
como titulares o autorizados los titulares de dichos número s revocados, salvo que se 
rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número de identificación fiscal.  
 
Cuando la revocación se refiera a una entidad, la publicación a nterior también 
determinará que el registro público en que esté inscrita, en función del  tipo de entidad 
de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la 
revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en l o sucesivo, no 
podrá realizarse inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehab ilite dicho 
número o se asigne un nuevo número de identificación fiscal.  
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, para lo que utilizará transitoriamente el número de 
identificación fiscal r evocado.  
 
5.  (23) Para asegurar los efectos derivados del procedimiento de revocación del número 
de identificación fiscal, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares 
cuando existan indicios racionales de que, en o tro caso, la finalidad perseguida con 
dicho procedimiento se vería frustrada o gravemente dificultada.  
La medida cautelar, debidamente fundamentada, deberá ser notificada con expresa 
mención de los motivos que aconsejan su adopción, para que el obligado tr ibutario 
realice las alegaciones que cons idere oportunas.  
Las medidas cautelares, que deberán ser proporcionadas al daño que se pretende 
evitar y que en ningún caso podrán producir un perjuicio de difícil o imposible reparación 
podrán consistir en:  
a) La r etención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar 
la Administración tributaria.  
b) La baja cautelar en el Registro de Operadores Intracomunitarios.  
c) La baja cautelar en el Registro de Devoluciones Mensuales del Impuesto sob re el 
Valor Añadido.  
d) El embargo prevenido de las cuentas o depósitos de que disponga el obligado 
tributario, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.  
 
Quinta. Procedimientos concursales.  
 
Lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria  se aplicará de acuer do con lo 
establecido en la legislación concursal vigente en cada momento.  
 
Sexta. Competencias en materia del deber de información.  
 
A efectos del apartado 1 del artículo 8  de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, se cons iderará autoridad competente el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos o  el órgano de gobierno de las entidades locales.  
 
Séptima. (29) Exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda 
Pública.  
 
1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil, 
que c omprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no 
haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en esta 
Norma  Foral, incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa, se exigirá 
por e l procedimiento administrativo de apremio.  
 
2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que competa la ejecución 
remitirá testimonio a los órganos de la Administración tributaria, ordenando que se 
proceda a su exacción. En la misma forma se p rocederá cuando el juez o tribunal 
hubiera acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida.  
 
3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la r esponsabilidad civil o 
de la multa conforme al artículo 125 del Código Penal, el juez o t ribunal lo comunicará 
a la Administración tributaria. En este caso, el procedimiento de apremio se iniciará si 
se incumplieran los términos del fraccionamiento.  
 
4. La Ad ministración tributaria informará al juez o tribunal sentenciador, a los efectos del 
artículo 117.3 de la Constitución Española, de la tramitación y, en su caso, de los 
incidentes relativos a la ejecución encomendada.  
 
5. (33) La competencia para la exacción de las cantidades a que se refiere esta 
disposición adicional s e atribuirá a la Diputación Foral de Álava cuando le 
corresponda a la misma la competencia inspectora del obligado tributario de 
conformidad con lo previsto en el C oncierto Económico y surtirá efectos frente a todas 
las administraciones competentes, incluy endo la proporción de tributación aplicable a 
las mismas, correspondiendo el cobro de la totalidad de las cantidades a la Diputación 
Foral de Álava, sin perjuicio d e las compensaciones que entre  las administraciones 
procedan.  
 
Octava. Reclamaciones económi co-administrativas en otras materias.  
 
1.  Podrá interponerse reclamación económico -administrativa, previa interposición 
potestativa de recurso de reposición, contr a las resoluciones y los actos de trámite 
que decidan, directa o indirectamente, el fondo de l asunto relativo a las siguientes 
materias:  
 
a) Los actos recaudatorios del Departamento de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos relativos a ingresos de derecho público de la Diputación Foral de 
Álava y de la Administración Institucional vinculada o dependiente  de la 
Diputación Foral de Álava, o relativos a ingresos de Derecho público, tributarios o 
no tributarios, de otra Administración Pública.  
 
b) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos del 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuesto s de obligaciones de la 
Tesorería Foral y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por 
dichos órganos con cargo a la citada Teso rería.  
 
c)  El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sea 
competencia de la Dipu tación Foral de Álava.  
 
2.  No se admitirán reclamaciones económico -administrativas con respecto a los 
siguientes actos:  
 
a) Los que den lugar a r eclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o 
laboral o pongan fin a dicha vía.  
 
b) Los dictados en  procedimientos en los que esté reservada al Diputado Foral 
competente la resolución que ultime la vía administrativa.  
 
c) Los dictados en virtud de una Norma Foral que los excluya de reclamación 
económico -administrativa.  
 
3.  Estará legitimado para interpone r reclamación económico -administrativa contra los 
actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1 cualquier persona 
cuyos int ereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo.  
 
4.  No estarán legitimados para interponer recla mación económico -administrativa contra 
los actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1:  
 
a)  Los funcionarios y empleados públicos, salvo en los casos en que inmediata y 
directamente se vulnere un derecho que en particular les esté re conocido o 
resulten afectados sus intereses legítimos.  
 
b)  Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como 
agentes o mandatarios de ella.  
 
c)  Los denunciantes.  
 
d) Los que asuman obligaciones en virtud de pacto o contrato.  
 
e) Los orga nismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como 
cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fon dos 
gestionados mediante dicho acto.  
 
5.  Podrán interponer el recurso extraordinario de revisión las personas previstas e n el 
apartado 3 de esta Disposición Adicional, y los órganos del Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos que se determinen r eglamentariamente, en 
materias de su competencia.  
 
6.  Salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, en las reclamacione s económico -
administrativas reguladas en la presente Disposición Adicional se aplicarán las 
normas reguladoras de las reclamaciones ec onómico -administrativas en materia 
tributaria contenidas en la Norma Foral General Tributaria.  
 
Novena. Utilización de med ios electrónicos, informáticos o telemáticos en las 
reclamaciones económico -administrativas.  
 
1.  Siempre que la Diputación Foral de Álava lo regule, se podrán utilizar medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos para la interposición, tramitación y re solución 
de las reclamaciones económico -administrativas.  
 
2.  Igualmente, en los términos del apa rtado anterior, podrán emplearse dichos medios 
para las notificaciones que deban realizarse cuando el interesado los haya señalado 
como preferentes o hubiera consentido expresamente su utilización.  
 
3.  Los documentos que integren un expediente correspondi ente a una reclamación 
económico -administrativa podrán obtenerse mediante el empleo de los medios a que 
se refiere el apartado 1 de esta Disposición, siempre que la Diputación Foral de 
Álava lo regule.  
 
4.  La Diputación Foral de Álava regulará los aspecto s necesarios para la implantación 
de estas medidas y creará los registros telemáticos que procedan.  
 
Décima. Reclamaciones económico -administrativas contra ac tos de las Haciendas 
Locales.  
 
Las Entidades Locales podrán acogerse a la jurisdicción del Organis mo Jurídico 
Administrativo de Álava mediante acuerdo adoptado a tal fin y publicado en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava.  
 
En los supuestos  a que se refiere el párrafo anterior, el interesado podrá interponer 
contra la resolución expresa o tácita del recurso de reposición, con carácter potestativo y 
previamente a la vía contencioso -administrativa, reclamación económico -administrativa 
ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél 
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.  
 
En estos supuestos será n de aplicación las normas establecidas para la reclamación 
económico -administra tiva. 
En todo caso, cuando el Municipio haya creado su propio órgano de resolución para las 
reclamaciones económico -administrativas, será éste el competente para el conocimient o 
de dichas reclamaciones, de conformidad con la normativa bajo cuyo amparo se h aya 
creado dicho órgano.  
 
Undécima. (7) Recaudación en período ejecutivo.  
 
La recaudación en  período ejecutivo de la Diputación Foral de Álava se realizar á a través 
del Servicio que se encargue de la misma el 11 de marzo de 2005 o a t ravés de la 
entidad a la que se atribuya la referida recaudación en período ejecutivo.  
 
Duodécima. Infracciones y sanciones.  
 
Mientras no se proceda al desarrollo reglamentario , los criterios de graduación a que se 
refiere el artículo 191 de la Norma Foral General Tributaria y las sanciones previstas en la 
misma, se aplicarán en su grado mínimo.  
 
Decimotercera. Efectos de la falta de resolución expresa.  
 
Hasta el momento en que se produzca la regulación del régimen de actos presuntos de 
los procedimien tos de aplicación de los tributos a que hace referencia el apartado 5 del 
artículo 100 de la Norma Foral General Tributaria, los interesados podrán entender 
desestimadas sus solicit udes por silencio administrativo.  
 
Decimocuarta. Liquidaciones tributarias.  
 
En tanto no se disponga otra cosa, las liquidaciones a que se refiere el artículo 135 de la 
Norma Foral General Tributaria y demás concordantes, se efectuarán por las Oficinas 
encargadas de la gestión de los tributos.  
 
Decimoquinta. (29) Definición de paraíso fiscal, de nula tributación y de efectivo 
intercambio de información tributaria.  
 
1. Tienen la consideración de paraísos fiscales los países y territorios que se determinen 
reglamentariamente.  
 
2. La relación de países y territorios que tienen la consideración de paraísos fiscales se 
podrá actualizar atendiendo a los siguientes criterios:  
 
a) La existencia con dicho país o territorio de un convenio para evitar la doble 
imposición internacional con cláusula de intercambio de i nformación, un acuerdo 
de intercambio de información en materia tributaria o el Convenio de Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa 
enmendado por el  Protocolo 2010, que resulte de aplicación.  
 
b) Que no exista un e fectivo intercambio de información tributaria en los términos 
previstos por el apartado 4 de esta disposición adicional.  
 
c) Los resultados de las evaluaciones inter pares realizadas por el Foro G lobal de 
Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.  
 
3. Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se aplique un 
impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al 
Impuesto sob re Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residen tes, según 
corresponda.  
 
A efectos de lo previsto en esta disposición, tendrán la consideración de impuesto 
idéntico o análogo los tributos que tengan como finalidad la imposición de la renta, 
siquier a parcialmente, con independencia de que el objeto del m ismo lo constituya la 
propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de ésta. En el caso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también tendrán dicha 
consideración las c otizaciones a la Seguridad Social en las condiciones que  
reglamentariamente se determinen.  
 
Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país o 
territorio de que se trate tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble 
imposición internacional que sea de aplicación, con las e specialidades previstas en el 
mismo.  
 
4. Existe efectivo intercambio de información tributaria con aquellos países o territorios 
que no tengan la consideración de paraísos fiscales, a los que resulte de aplicación:  
 
a) un convenio para evitar la doble imposición  internacional con cláusula de 
intercambio de información, siempre que en dicho convenio no se establezca 
expresamente que el nivel de intercambio de información tributaria es insuficiente 
a los efect os de esta disposición;  
 
b) un acuerdo de intercambio de in formación en materia tributaria; o  
 
c) el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y 
del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010.  
 
No obstante lo anterior, regla mentariamente se podrán fijar los supuestos en los que, 
por razón de las limitaciones del intercambio de información, no exista efectivo 
intercambio de información tributaria.  
 
5. Las normas de cada tributo podrán establecer especialidades en la aplicación de  las 
normas contenidas en esta disposición.  
 
6. Se habilita a la Diputación Foral para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de lo regulado en esta disposición adicional, así como 
para actualizar la relación de países y territorios que tengan la consideración de 
paraí sos fiscales.  
 
Decimosexta. (12) Referencia catastral.  
1.  La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en los instrumentos 
públicos, mandamientos y resoluciones judic iales, expedientes y resoluciones 
administrativas y en los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de 
trascendencia real relativos al dominio y demás derechos reales, contratos de 
arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inm ueble, contratos de 
suministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o cualesquiera otros documentos 
relativos a los bienes inmuebles que se determinen reglamentariamente. Asimismo, 
se hará constar en el Registro de la Propiedad, en los supuestos legalm ente 
previstos.  
2.  No será precis o hacer constar la referencia catastral en:  
a) Los documentos en que conste la cancelación de derechos reales de garantía.  
b) Los actos administrativos por los que se adopten o cancelen medidas tendentes a 
asegurar el cobro de d eudas de derecho público.  
c) Los proc edimientos que tengan por objeto los aplazamientos o fraccionamientos 
de pago regulados en la normativa recaudatoria y en los procedimientos de 
comprobación, investigación y liquidación tributaria, cuando dicha referencia sea 
ya conocida por la Administrac ión tributaria.  
d) Las anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad en 
cumplimiento y ejecución de una resolución judicial o de una resolución 
administrativa dictada en procedimiento de apremio.  
3.  Los No tarios, Registradores, Órganos u A utoridades judiciales o administrativas, con 
demarcación o jurisdicción en el Territorio Histórico de Álava, ante quienes se 
presenten actos, negocios o procedimientos en los que se ponga de manifiesto 
cualesquiera alterac iones de los bienes inmuebles, deb erán solicitar que se les 
acredite debidamente la identidad de los inmuebles objeto de los mismos con la 
referencia catastral, en la forma que se establezca reglamentariamente, al objeto de 
garantizar la coordinación entre  los actos o negocios con trascend encia real y el 
Catastro Inmobiliario.  
4.  Están obligados a aportar la referencia catastral de los bienes inmuebles:  
a) Ante la autoridad judicial o administrativa competente para instruir o resolver un 
procedimiento que afe cte a los bienes inmuebles, los ti tulares de derechos reales 
o con trascendencia real sobre los citados bienes inmuebles.  
b) Ante el Notario, los requirentes u otorgantes del documento notarial en el que 
conste el hecho, acto o negocio constituido sobre el in mueble de que se trate.  
c) Ante el Re gistro de la Propiedad, quienes soliciten del registrador la práctica de 
un asiento registral relativo a bienes inmuebles.  
d) Ante las compañías prestadoras del suministro a que se refiere el apartado 1 de 
esta disposición, q uienes contraten dichos suministro s y, en los contratos 
privados de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, 
los arrendadores o cedentes.  
e) Fuera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, las partes o 
interesados cons ignarán por sí la citada referencia en los documentos que 
otorguen o expidan.  
5. Si fueran varios los obligados a aportar la referencia catastral, cumplida la obligación 
por uno, se entenderá cumplida por todos los obligados que pudieran concurrir con 
aquél.  
 
Decimoséptima. (22) Informe anual integrado de la Hacienda Foral del Territorio 
Histórico de Álava.  
En el primer semestre del año, el departamento foral competente en administración 
tributaria hará público el informe integrado de la  Hacienda Foral. El citad o informe incluirá 
tanto la gestión tributaria como económica del año anterior con referencia a cada uno de 
los tributos y a las relaciones financieras con las instituciones comunes, con el Estado y 
con las entidades locales, así c omo un breve análisis de las modificaciones normativas 
que se hayan aprobado. También se incluirán los aspectos más relevantes del Plan anual 
de Lucha contra el Fraude del Territorio Histórico de Álava.  
 
Decimoctava. (22) 
A los efect os de lo previsto en la letra n) del artículo 92 de esta Norma, entre el 
departamento foral competente en administración tributaria y las entidades a que se hace 
referencia en la citada letra n), se suscribirá un convenio donde quedarán explícitos los 
datos tributarios objeto de cesión, las condiciones de uso y la relación de personas 
designadas para su conocimiento con el objeto de dar cumplimiento al deber de sigilo, 
requisito obligado en el artículo 17.3 de la Ley 3/1997, de 22 de marzo.  
 
Decimonovena.  (23) Obligación de información sobre bienes y derechos situados 
en el extranjero.  
1.  Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 29 y 90 de esta Norma Foral y  en los términos que 
reglamentariamente  se establezcan, la siguiente información:  
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que 
se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o 
en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de 
disposición.  
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos 
del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la 
cesió n a terceros de capit ales propios, de los que sean titulares y que se 
encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de 
vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales 
de las que sean benefici arios como consecuenc ia de la entrega de un capital en 
dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en 
el extranjero.  
c) Información  sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su 
titularidad situados en el ex tranjero.  
d) Información  sobre los bienes muebles y derecho sobre los mismos de su titularidad 
cuyo valor unitario sea superior a 50.000 euros y que, en el momento que se 
determine reglamentariamente, se encuentren o se hayan encontrado en el 
extranjero.  
A efectos de lo estableci do en la presente letra, por valor unitario se entenderá el 
valor normal de mercado.  
e) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su 
titularidad matriculador o que consten en registro de países extranjeros.  
Las obligaciones previstas en las cinco letras anteriores se extenderán a quienes 
tenga la condición de titulares reales de  acuerdo con lo previsto en el apartado 2 
del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.  
2.  Régimen de infracciones y sanciones.  
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere 
esta Disposición  Adicional.  
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 
hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.  
Las anteriores infraccione s se sancionarán conforme a las siguientes reglas:  
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en 
entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conj unto de datos referidos a una 
misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.  
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de da tos referid os a una 
misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido 
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.  
Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios 
distintos a l os electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de 
hacerlo por dichos medios.  
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, 
valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u o btenidas en  el 
extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada 
dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente 
considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o 
hubieran sido  aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 
10.000 euros.  
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 
1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración tributaria.  Del mismo modo se sancionará 
la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos 
y telemático s cuando ex ista obligación de hacerlo por dichos medios.  
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes muebles e 
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero o 
matriculados o que consten en registros de paí ses extranj eros, la sanción consistirá 
en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre los mismos que 
hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sid o aportados  de forma 
incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.  
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un 
mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre los mismos, con un 
mínimo de 1.500 euros , cuando la  declaración haya sido presentada fuera de plazo 
sin requerimiento previo de la Administración tributaria.  Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, 
informáticos y telemáticos cuando exista obli gación de hacerlo por dichos medios.  
Las infracciones y sanciones reguladas en esta Disposición Adicional serán 
incompatibles con las establecidas en los artículos 202, 203 y 204 de esta Norma 
Foral.  
3.  Las Normas Forales reguladoras de cada tr ibuto podrá n establecer consecuencias 
específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de información establecida 
en esta Disposición Adicional.  
 
Vigésima.  (23) Competencias de investigación patrimonial en los procesos por 
delito con tra la Hacienda pública.  
En los procesos por delito contra la Hacienda pública, y sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a las unidades de la Policía Judicial, los órganos que desarrollen actuaciones 
mantendrán la competenc ia para investigar, baj o la supervisión de la autoridad judicial, el 
patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito.  
A tales efectos, podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 90, 91 y 166 de est a 
Norma Foral, realizar  informes sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas 
con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 7 del artículo 78 de la 
misma.  
De tales actuaciones, sus incidencias y resultados se dará c uenta inmediata al juez  penal, 
que resolverá sobre la confirmación, modificación o levantamiento de las medidas 
adoptadas.  
Las actuaciones desarrolladas se someterán a lo previsto en la presente Norma Foral y su 
normativa de desarrollo, sin perjuicio de la  posibilidad de que el juez decida la realización de 
otras actuaciones al amparo de lo previsto en el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.  
Vigesimoprimera . (23) Naturaleza jurídica de los créditos gestionados en el ámbito 
de la asistencia mut ua. 
1.  A efectos de la asistencia mutua a la que se refiere el apartado 2 del artículo 1 de 
esta Norma Foral y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 bis de esta No rma 
Foral, tendrán la consideración de derechos de la Hacienda Pública de naturale za 
pública todo crédito de otro Estado o entidad supranacional o internacional respecto 
del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de 
naturaleza análoga que la Administración tributaria preste en ejercicio de dicha 
asistencia mutua.  
2.  A los efectos  del ejercicio de dichas acciones de asistencia mutua tales derechos 
conservarán su naturaleza jurídica originaria conforme a la normativa del  Territorio 
Histórico de Álava y les será de aplicación el régimen jurídico regula do en la Norma 
Foral de Régimen Económico y Presupuestario,  y en la presente Norma Foral.  
 
Vigesimosegunda. (28) Obligaciones de información y de dilige ncia debida relativas 
a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.  
1. Las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras, y suministrar 
información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a 
la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, modificada por la Directiva 
2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, y 
a lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competent es sobre 
intercambio automático de información de cuentas financieras.  
Asimismo, las personas que  ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras 
estarán obligadas a identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras en 
las que se encuentren abiertas las citadas cuentas. Reglamentariamente se 
desarrollarán las obligaci ones de identificación de residencia y suministro de 
información, así como las normas de diligencia debida que deberán aplicar las 
instituciones financieras re specto de las cuentas financieras abiertas en ellas para 
identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de 
aquellas.  
2. Las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación de 
suministros de inf ormación prevista en el apartado 1 de esta disposición adicional se 
regularán por lo dispuesto en  el Título IV de esta Norma Foral.  
3. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de identificar la 
residencia de las personas que ostente n la titularidad o el control de las cuentas 
financieras conforme a las normas de diligencia debi da a que se refiere el apartado 1 de 
esta disposición adicional, siempre que tal incumplimiento no determine el 
incumplimiento de la obligación de suministro d e información respecto de las citadas 
cuentas.  
Constituye infracción tributaria comunicar a la in stitución financiera datos falsos, 
incompletos o inexactos en relación con las declaraciones que resulten exigibles a las 
personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras en orden a la 
identificación de su residencia fiscal, cua ndo se derive de ello la incorrecta identificación 
de la residencia fiscal de las citadas personas.  
4. La infracción tributaria señalada en el primer párrafo del apartado anterior será 
sancionada con multa fija de 200 euros por cada persona respecto de la que  se hubiera 
producido el incumplimiento.  
La infracción tributaria señalada en el segundo párrafo del apartado anterior será 
sancionada con multa fi ja de 300 euros.  
5. En relación con las declaraciones que resultan exigibles a las personas que ostenten la 
titularidad o el control de las cuentas financieras abiertas a partir de 1 de enero de 2016 
en orden a la identificación de su residencia fiscal a los efectos previstos en esta 
disposición adicional, su falta de aportación a la institución financiera en el pla zo de 90 
días desde que se hubiese solicitado la apertura de la cuenta determinará que ésta no 
realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operac iones en la misma hasta el momento 
de su aportación.  
6. Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten  exigibles a las personas que 
ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información 
utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida a 
que se refiere esta disposición adicional deberán estar a disposición de la administración 
tributaria hasta la finalización del cuarto año siguiente a aquel en el que se produzca el 
cierre de la cuenta f inanciera.  
7. Toda institución financiera obligada a comunicar información conforme a la Directiva 
2011/16/UE de berá comunicar a cada persona física sujeta a comunicación de 
información, que la información sobre ella a que se refiere el apartado 3 bis del art ículo 8 
de la Directiva 2011/16/UE será comunicada a la Administración tributaria y transferida al 
Estado mie mbro que corresponda con arreglo a la citada Directiva. Dicha comunicación 
debe realizarse antes del 31 de enero del año natural siguiente al prime r año en que la 
cuenta sea una cuenta sujeta a comunicación de información.  
8. Lo dispuesto en los apartados 5 y  6 anteriores será igualmente de aplicación en relación 
con las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino 
de España para la mejora  del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la 
Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA.  
Asimismo, en el caso de cuentas abiertas  durante el año 2015 respecto de las que a 1 
de enero de 2016 no se hubiesen aportado las declaraciones a que  se refiere el 
apartado 5 anterior, su falta de aportación a la institución financiera en el plazo de 60 
días desde dicha fecha determinará que ést a no realice cargos, abonos, ni cualesquiera 
otra operaciones en la misma hasta el momento de su aportación.  
 
Vigesimotercera. (29) Suspensión en supuestos de tramitación de procedimientos 
amistosos.  
En caso de que, de conformidad con  lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición 
adicional cuarta de la Norma Foral del Impuesto sobre la Ren ta de No Residentes, se 
simultanee un procedimiento amistoso en materia de imposición directa previsto en los 
convenios o tratados internacionales con un procedimiento de revisión de los regulados en 
el Título V de esta Norma Foral, se suspenderá este últi mo hasta que finalice el 
procedimiento amistoso.  
 
Vigesimo cuarta .(34) Obligación de información de determinados mecanismos de 
planificación fiscal.  
1.  (37)Las personas o entidades que tengan la consideración de intermediarios o de 
obligados tributarios interesados a los efectos de esta obligación, según el artículo 3, 
apartados 21 y 22,  de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la qu e se 
deroga la Directiva 77/799/CEE, deberán suministrar a la Administración tributaria, 
conforme a lo  dispuesto en los artículos 29, 29 bis y 90 de esta Norma Foral y en los  
términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:  
a) Información de mecanismos transfronterizos definidos en el artículo 3.18 de la 
Directiva 2011/16/UE del Consejo en los que intervengan o participen cuando concurran 
alguna de las  señas distintivas determinadas en el anexo IV de la citada Directiva.  
b) Info rmación de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables a 
los que se refiere el artículo 3.24 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo.  
c) Información de la ut ilización de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 
a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores.  
A los efectos de esta obligación de información, no tendrán la consideración de 
mecanismo transfronterizo de planificación fiscal objeto  de declaración aquellos 
acuerdos, negocios jurídicos, esquemas u operaciones transfronterizas basadas en 
regímenes fiscales comunicados y expresamente autorizados por una Decisión de la 
Comisión Europea.  
2.  (37) Estarán dispensados de la obligación de información por el deber de secreto 
profesional al que se refiere el apartado 5 del artículo 8 bis ter de la Directiva 
2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran la consideració n de intermediarios conforme a 
dicha Directiva, con independencia de la activi dad desarrollada, y hayan asesorado con 
respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su 
ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo trans fronterizo de los definidos en 
la Directiva, con el único objeto de evaluar la  adecuación de dicho mecanismo a la 
normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la implantación del mismo. El intermediario 
obligado por el deber de secreto profesional podrá  quedar liberado del mismo mediante 
autorización comunicada de forma fehacient e por el obligado tributario interesado.  
 
3. Exención de responsabilidad.  
El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de mecanismos 
de planificación fisca l a que se refiere la Directiva 2011/16/UE del Consejo en los 
términos legalmente exigibles, no constituirá violación de las restricciones sobre 
divulgación de información impuestas por vía contractual o normativa, no implicando 
para los sujetos obligados ningún tipo de responsabilidad respecto del obligado tributario 
interes ado titular de dicha información.  
4. Régimen de infracciones y sanciones.  
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 
incompleta inexacta o con datos fa lsos las declaraciones informativas a que se refiere 
esta disposición a dicional.  
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 
hubier a obligación de hacerlo por dichos medios.  
La sanción por las anteriore s infracciones consistirá en una multa pecuniaria fija de 
1.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma declaración o que 
hubieran sido aportados de forma incomple ta, inexacta o falsa, con un mínimo de 3.000 
euros y un máximo equivale nte a los honorarios percibidos o a percibir o al valor del 
efecto fiscal derivado del mecanismo transfronterizo calculado en los términos 
establecidos reglamentariamente, dependiendo d e que el infractor sea el intermediario o 
el obligado tributario intere sado, respectivamente. El límite máximo no se aplicará 
cuando el mismo fuera inferior a 3.000 euros.  
No obstante lo anterior, cuando el mecanismo transfronterizo carezca de valor en los  
términos establecidos reglamentariamente y el infractor lo sea en su c ondición de 
obligado tributario interesado el límite máximo será el equivalente a los honorarios 
percibidos o a percibir por el intermediario.  
En caso de no existencia de honorarios, el  límite se referirá al valor de mercado de la 
actividad cuya concurrenc ia hubiera dado lugar a la consideración de intermediario 
calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Norma Foral 37/2013, de 
13 de diciembre, del Impuesto sobre Soc iedades.  
A efectos de la aplicación de los límites máximos anteriores, el infractor deberá aportar 
prueba fehaciente de la concurrencia y magnitud de los mismos.  
La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en este apartado se reducirán a la 
mitad, c uando la información hay sido presentada fuera de plazo sin requerimien to 
previo de la Administración tributaria.  
La presentación de la información por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios se sancionará con 
una multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma 
declaración con un mínimo de 750 euros y un máximo de 1.000 euros.  
5. Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán 
incompatibles con las establecidas en los artículos 202 y 203 de esta Norma Foral 
General Tributaria. . 
 
Vigesimo quinta .(34) Obligaciones entre particulares derivadas de la obligación de 
declaración de los mecanismos transfronterizos de p lanificación fiscal . 
1. Los intermediarios eximidos por el deber de secreto profesional de la presentación de la 
declaración de los mecanismos transfronterizos de pl anificación fiscal deberán 
comunicar fehacientemente dicha exención a los demás intermediarios  y obligados 
tributarios interesados que participen en los citados mecanismos en los términos 
establecidos reglamentariamente.  
2. Las personas o entidades que tuvier an la condición legal de obligados a declarar y que 
hubieran presentado la declaración, determ inando dicha presentación la exención del 
resto de los intermediarios o, en su caso, del resto de obligados tributarios interesados 
que participen en los citados mecanismos transfronterizos, deberán comunicar 
fehacientemente dicha presentación a los citado s obligados eximidos, en los términos 
establecidos reglamentariamente.  
3. Régimen sancionador.  
Constituye infracción tributaria no efectuar las comunicaciones a las que se refiere esta 
disposición adicional en el plazo establecido o efectuar las comunicacione s omitiendo 
datos o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos en dicha comunicación.  
Esta infracción se sancionará con una multa fija de 600 euros  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera .- Recargos del período ejecutivo, interés de demora y responsabil idad en 
contratas y subcontratas.  
 
1.  Lo dispuesto en el artículo 28 de la Norma Foral General Tributaria se aplicará a las 
deudas tributarias cuyo período ejecutivo se inicie a partir de la entrada en vigor de la 
misma.  
 
2.  Lo dispuesto en el apartado 4  del artículo 26  de la Norma Foral General Tributaria en 
materia de interés de demora será de aplicación a los procedimientos, escritos y 
solicitudes  que se inicien o presenten a partir de la entrada en vigor de la Norma 
Foral General Tributaria.  
 
3.  El supuesto de responsabilidad a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 
43 de la Norma Foral General Tributaria no se aplicará a las obras o prestaciones de 
servicios contratadas o subcontratadas y cuya ejecución o prestación se haya 
iniciado a ntes de la entrada en vigor de la Norma Foral General Tributaria.  
 
Segunda .- Procedimientos tributarios.  
1.  Los procedimientos tributarios inici ados antes de la fecha de entrada en vigor de la 
Norma Foral General Tributaria se regirán por la normativa ant erior a dicha fecha 
hasta su conclusión, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  
 
2.  Serán de aplicación a los procedimientos iniciados ant es de la fecha de entrada en 
vigor de la Norma Foral General Tributaria los siguientes artículos:  
 
a)  El apart ado 2 del artículo 61 de la Norma Foral General Tributaria, relativo a los 
plazos de pago en período voluntario, cuando la liquidación administra tiva se 
notifique a partir de la entrada en vigor de la Norma Foral General Tributaria . 
 
b)  El artículo 78 de esta Norma Foral, relativo a medidas cautelares, cuando se 
adopten a partir de la entrada en vigor de esta Norma Foral.  
 
c)  El apartado 2 del ar tículo 108 de la Norma Foral General Tributaria, relativo a la 
notificación por comparecencia, cuando las publi caciones se realicen a partir de la 
entrada en vigor de la Norma Foral General Tributaria.  
 
d)  El artículo 173 de esta Norma Foral, relativo a l a práctica del embargo de bienes y 
derechos, cuando se dicte la diligencia de embargo, a partir de la entrada e n vigor 
de esta Norma Foral.  
 
e)  El artículo 176 de esta Norma Foral, relativo a la enajenación de los bienes y 
derechos embargados, cuando se adopte el acuerdo de enajenación a partir de la 
entrada en vigor de esta Norma Foral.  
 
f)  El apartado 2 del art ículo 218 de la Norma Foral General Tributaria, relativo a los 
efectos de la interposición de recursos o reclamaciones contra sancione s. 
 
g)  El apartado 1 del artículo 230 de la Norma Foral General Tributaria, relativo al 
plazo de interposición del recurs o de reposición, cuando el acto o resolución 
objeto del recurso se notifique a partir de la entrada en vigor de la Norma Foral 
General  Tributaria.  
 
3.  Los artículos 14 y 163 de la Norma Foral General Tributaria, relativos a la cláusula 
antielusión, se apl icará cuando los actos o negocios objeto del informe se hayan 
realizado a partir de la entrada en vigor de la Norma Foral General Trib utaria. A los 
actos o negocios anteriores les será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Norma F oral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava de 
31 de mayo de 1981.  
 
Tercera .- Infracciones y sanciones tributarias.  
 
1.  La Norma Foral General Tributaria será de aplicación a las infracciones tributarias 
cometidas con anterioridad a su entra da en vigor, siempre que su aplicación resulte 
más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya a dquirido 
firmeza.  
 
 La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se 
realizará por los órganos administrativ os y jurisdiccionales que estén conociendo de 
las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.  
 
2.  El plazo de finalización de los procedimientos sancionadores en materia tributaria 
iniciados antes de la entrada en vigor de la Norma Foral Gen eral Tributaria será el 31 
de diciembre de 2005.  
 
Cuarta .- Reclamaciones económico -administrativas.  
 
1.  La Norma For al General Tributaria se aplicará a las reclamaciones o recursos que se 
interpongan a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. A  las interpuestas 
con anterioridad se les aplicará la normativa anterior a dicha fecha hasta su 
conclusión.  
 
2.  El plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 240 de la Norma Foral General 
Tributaria relativo a la interposición de las reclamaciones  económico -administrativas 
se aplicará cuando el acto o resolución objeto de la reclamación se notifique a partir 
de la entrada en vigor de la Norma Foral General Tributaria.  
 
3.  Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 245 de la Norma Foral General Tri butaria 
se aplicará a las reclamaciones económico -administrativas que se interpongan a 
partir de un año desde la entrada en vigor de la Norma Foral General Tributaria.  
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  
 
1.  Salvo lo dispuesto en las Disposiciones Transitoria s de esta Norma Foral, a la 
entrada en vigor de esta Norma Foral quedarán derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a lo establecido en la misma y, entre otras, la Norma Foral General 
Tributaria de Álava de 31 de mayo de 1981 y el Decreto Foral 114/ 1993, de 23 de 
marzo, por el que se establecen los derechos del ciudadano en sus relaciones co n la 
Administración tributaria.  
 
2.  Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a los que 
se refiere el apartado anterior así como l as disposiciones reguladoras de las 
reclamaciones económico -administrativas continuarán vigent es, en tanto no se 
opongan a lo previsto en esta Norma Foral, hasta la entrada en vigor de las distintas 
normas reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo d e esta Norma Foral.  
 
3.  Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que  se derogan 
expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Norma 
Foral que regulan la misma materia que aquéllas.  
 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
 
Primera .- Modificación de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas . 
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas F ísicas : 
 
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado en los s iguientes 
términos:  
 
“1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad 
jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidad es a que se  
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, se 
atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 2ª del Capítulo VI del Título IV de esta 
Norma Foral.”  
 
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 50 quinquies, que qu eda redactado en los 
siguientes términos:  
 
“2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior deberá ser 
cumplida por quien tenga la consideración de represent ante de la entidad en régimen 
de atribución de rentas de acuerdo con lo previ sto en el apartado 3 del artículo 45 de 
la Norma Foral General Tributaria, o por sus miembros contribuyentes por este 
Impuesto o sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades e n el caso de las 
entidades constituidas en el extranjero.”  
 
Tres.  Se modifica  el apartado 1 del artículo 89, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota tributaria y, en su caso, por los 
demás co nceptos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 57 de la Norma 
Foral General Tributaria.”  
 
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 92, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“4. La declaración en tributación conjunta será suscrita  y presentada por los 
miembros de la unidad familiar mayores de edad que  actuarán en representación de 
los menores integrados en ella en los términos del apartado 1 del artículo 45 de la 
Norma Foral General Tributaria.”  
 
Cinco.  Se modifica el apartado 5 de l artículo 95, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“5. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones de 
presentar y suscribir declaración pendientes por este Impuesto, con exclusión de las 
sanciones, de conformidad c on el artículo 39 de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Seis.  Se modif ican los apartados 3 y 4 del artículo 97, que quedan redactados en los 
siguientes términos:  
 
“3. En casos excepcionales, la Diputación Foral, previos los informes que estime 
oportunos,  podrá admitir el pago de la deuda tributaria y, en su caso, de las 
sanc iones, mediante la entrega de cualquier bien o derecho.  
 
No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con 
ocasión de la dación en pago de los bienes o d erechos referida en el párrafo anterior.  
 
4. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones 
tributarias de declaración, autoliquidación e ingreso pendientes por este Impuesto, 
con exclusión de las sanciones, de conformidad con el artículo 39 de la Norma Foral 
General Tributaria.”  
 
Siete.  Se modifica el apartado 4 del artículo 104, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“4. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin que se haya ordenado su 
pago por causa imputab le a la Administración tributaria, se aplicará a la cantid ad 
pendiente de devolución, desde el día siguiente al final de dicho plazo y hasta la 
fecha del ordenamiento de su pago, el interés de demora a que se refiere el artículo 
26 de la Norma Foral Genera l Tributaria, sin necesidad de que el contribuyente así lo  
reclame.”  
 
Ocho.  Se modifica el artículo 110, que queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 110. - Infracciones y sanciones.  
 
Las infracciones tributarias en este Impuesto se sancionarán con  arreglo a lo 
dispuesto en el Norma Foral General Tributar ia.” 
 
Segunda .- Modificación de la Norma Foral 23/1991, de 11 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Patrimonio . 
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 23/1991, de 11 de diciembre, de l 
Impuesto sobre el Patrimonio : 
 
Uno. Se modifican los apartados Dos y Tres del artículo 6, que quedan redactados en los 
siguientes términos:  
 
“Dos. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado Uno anterior 
constituirá una infracción tributaria, sancionable con multa de 150,25 a 6.010,12 
euros.  
 
Tres. En todo caso, el depositario o gestor de los bienes o derechos de los no 
residentes a los que se refiere la letra b) del apartado Uno del artículo 5 anterior, 
responderá solidariamente de l ingreso de la deuda tributaria corr espondiente a este 
Impuesto y, en su caso, de las sanciones, por los bienes o derechos depositados o 
cuya gestión tenga encomendada, en los términos previstos en el apartado 4 del 
artículo 42 de la Norma Foral General T ributaria.”  
 
Dos. Se modifica el artí culo 26, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 26. - Determinación de la base imponible.  
 
Con carácter general, la base imponible se determinará en régimen de estimación 
directa.  
 
Cuando concurran la s circunstancias previstas en el artículo 52 de la Norma Foral 
General Tributaria, será aplicable el régimen de estimación indirecta de bases 
tributarias.”  
 
Tres. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 27. - Tasación pericial.  
 
La tasación pe ricial contradictoria a que se refiere el artículo 129 de la Norma Foral 
General Tributaria sólo será de aplicación a los bienes y derechos mencionados en 
los artículos 18, 19 y 24 de esta Norma Foral, excepto cuando se hag a uso de lo 
previsto en el párraf o segundo del artículo 18 de esta Norma Foral.”  
 
Cuatro. Se modifica el apartado Dos del artículo 35, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
“Dos. En casos excepcionales, la Diputación Foral, previos los informes que estime 
oportunos, podrá admit ir el pago de la deuda tributaria y, en su caso, de las 
sanciones, mediante la entrega de cualquier bien o derecho.”  
 
Cinco. Se modifica el artículo 38, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 38. - Infrac ciones y sanciones.  
 
Sin perjuic io de las normas especiales contenidas en la presente Norma Foral, las 
infracciones tributarias en este Impuesto se sancionarán con arreglo a lo dispuesto 
en la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Tercera .- Modificación de la  Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades . 
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del 
Impuesto sobre Sociedades : 
 
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, que queda redactado en los s iguientes 
términos:  
 
“1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad 
jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributari a, así como 
las reten ciones e ingresos a cuenta que se hayan soportado, se atribuirán a los 
socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 2ª del Capítulo VI del Título IV de la Norma Foral 35/1998, 
de 16 de diciembre, d el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .” 
 
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa, por el de  
estimación objetiva cuando esta Norma Foral determine su aplicación y, 
subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Tres. La letra c) del apartado 1 del artícul o 14 queda r edactada de la siguiente forma:  
 
“c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período 
ejecutivo y los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.”  
 
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 70,  que quedará  redactado de la siguiente 
forma:  
 
“2. La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción 
tributaria, sancionable con multa de 3.000,00 a 6.000,00 euros, por cada período 
impositivo en que se haya dado el incumplim iento.  
 
De esta infracción serán responsables subsidiarios los administradores de la 
sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, sin que hubiesen sido 
aceptadas p or los resta ntes administradores.”  
 
Cinco. El apartado 4 del artículo 77 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
“4. La falta de los acuerdos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo 
determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de  consolidaci ón fiscal.  
 
La falta de los acuerdos correspondientes a las sociedades que en lo sucesivo deban 
integrarse en el grupo fiscal constituirá infracción tributaria de la entidad dominante, 
que se sancionará con una multa de 300 a 6.000 euros, y no impedirá la efectiva 
integración en el grupo de las sociedades afectadas, determinándose la imposibilidad 
de aplicar el régimen de consolidación fiscal, si en el plazo de dos años a partir del 
día en que concluya el primer período impositivo en que deban t ributar en e l régimen 
de consolidación fiscal, persistiera la falta de los acuerdos a que se refiere este 
artículo.”  
 
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 87, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. El régimen de consolidación fiscal s e perderá por las siguientes causas:  
 
a) La concurrencia en alguna o algunas de las sociedades integrantes del grupo 
fiscal  de alguna de las circunstancias que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria determinan la aplicación del régimen 
de estimación indirecta.  
 
b) El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refier e el apartado 1 
del artículo anterior.”  
 
Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 100, que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores 
tendrá la consideración de infracción tributaria, sancionable con multa de 150,25 a 
6.010,12 euros por cada dato omitido, con el límite del 5 por 100 del valor por el q ue 
la entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos en su 
contabilidad.”  
 
Ocho. El apartado 2 del artículo 128 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
“2. Constituirá infracción tributaria el incumplimiento de la obligación estable cida en el 
apartado anterior.  
 
Dicha infracción se sancionará, por una sola vez, con una multa del  5 por 100 del 
importe de la revalorización, cuyo pago no determinará que el citado importe se 
incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemento patrimonia l objeto de la 
revalorización.”  
 
Nueve. Se modifica el artículo 134, que queda redactado en los si guientes términos:  
 
“Artículo 134. - Obligaciones de los sujetos pasivos en relación al domicilio fiscal.  
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en con ocimiento de la Administración 
tributaria el cambio de su domicilio fiscal y ésta, a su vez, podrá  promover el cambio 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Norma Foral 
General Tributaria.”  
 
Cuarta .- Modificación de la Norma For al 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes.  
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes:  
 
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que qued a redactado en los siguientes 
términos:  
 
“3. En el caso del pagador de rendimientos devenga dos sin mediación de 
establecimiento permanente por los contribuyentes por este Impuesto, las 
actuaciones de la Administración tributaria podrán entenderse directame nte con el 
responsable, al que será exigible la deuda tributaria, sin que sea necesario el acto 
administrativo previo de derivación de responsabilidad previsto en el apartado 5 del 
artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria.  
 
En el caso del deposita rio o gestor de los bienes o derechos no afectos a un 
establecimiento permanente, la respon sabilidad solidaria se exigirá en los términos 
previstos en el apartado 5 del artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 
“3. El incumplimiento de las obli gaciones a que se refiere el apartado 1 anterior 
constituirá infracción tributaria, sancionable con multa de 600 a 6.000 euros.”  
 
Tres.  Se modifica el artículo 34, q ue queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 34. - Sucesión en la deuda tributa ria. 
 
En los supuestos de fallecimiento del contribuyente, los sucesores del causante 
quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes del mismo por 
este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Cuatro.  El artículo 36 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 36. - Infracciones y sanciones.  
 
Las infrac ciones tributarias en este Impuesto se sancionarán con arreglo a lo 
dispuesto en el Norma Foral General Tributaria.”  
 
Cinco.  Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. Los órganos de gestión tributaria p odrán girar la liquidación provisional que 
proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Quinta .- Modificación de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do cumentados . 
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados : 
 
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado en los siguien tes 
términos:  
 
“2. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base 
imponible no pueda fijarse por las reglas del apartado anterior, se determinará 
ajustándose a las siguientes reglas:  
 
a) Aplicando el valor de los activos fij os afectos a la explotación, uso o 
aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada año de 
duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda 
exceder del valor de los activos.  
 
b) A falta de la anterior va loración, se tomará la señalada por la respectiva 
Administración Pública.  
 
c) En defecto de las dos reglas anteriores, por el valor declarado por los interesados, 
sin perjuicio del derecho de la Administración para proceder a su comprobación por 
los medios  del artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 71, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“2. La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el artículo 56 
de la Norma Foral General Tributaria y, además, por los siguientes:  
 
a) Los valores asignados a los terrenos a los efectos del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
b) El precio en que, según la última enajenación, fueron vendid os los  bienes de cuya 
adquisición se trate u otros de naturaleza y circunstancias análogas situados en la 
misma zona o distrito.  
 
c) El capital asignado a los bienes en los contratos de seguros.  
 
d) En la adquisición de fincas hipotecadas, el valor señalad o a ef ectos hipotecarios, 
debiéndose entender por este valor el principal del préstamo, salvo que el interesado 
pruebe que no todo este principal se ha destinado a la adquisición del bien o 
derecho.  
 
e) Los balances, datos y valoraciones de que disponga la  Admin istración y que 
hubiesen sido aceptados por el contribuyente a efectos de otros Impuestos, sin 
perjuicio de la facultad de la Oficina Liquidadora para comprobar los elementos del 
activo por los medios más adecuados.”  
 
Tres.  El apartado 3 del artículo  72 qu eda redactado de la siguiente forma:  
 
“3. Si existiera disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos 
y la tasación practicada por el de la Administración no excede de la hecha por el 
interesado en más del 10 por 100 y no es su perior  a 120.202,42 euros, esta última 
servirá de base para la liquidación. Si la tasación hecha por el perito de la 
Administración excede de los límites señalados a la practicada por el del interesado, 
la Oficina Liquidadora procederá conforme a lo previs to en la Norma Foral General 
Tributaria. La valoración efectuada por el tercer perito no podrá ser objeto de recurso 
alguno.”  
 
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 75, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. La prescripción, salvo lo  dispu esto en el apartado siguiente, se regulará por lo 
previsto en los artículos 65 y siguientes de la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Cinco.  El apartado 1 del artículo 83 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
“1. Cuando se declare o reconozca judic ial o administrativamente, por resolución 
firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el 
contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del 
Impuesto, siempre que no le hubiere producido ef ectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de prescripción previsto en el artículo 65 de la Norma Foral 
General Tributaria, a contar desde que la resolución quede firme.”  
 
Seis.  El artículo 84 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 84. - Infracciones y sanciones tributarias.  
 
Las infracciones tributarias del Impuesto regulado por la presente Norma Foral serán 
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Sexta .- Modificación del Decreto Foral Normativo 12/1 993, de 19 de enero, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Se modifican las siguientes disposiciones del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de 
enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactadas en los siguient es 
términos:  
 
Uno. El párraf o primero del apartado Cinco del artículo 89 queda redactado de la 
siguiente forma:  
 
“Cinco. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente 
repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el s ujeto pasivo deberá 
presenta r una declaración -liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo 
y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo previsto en la Norma 
Foral General Tributaria.”  
 
Dos. El número 2º del apartado Dos del a rtículo 114 queda redactado de la siguiente 
forma:  
 
“2º. Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas 
inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración -liquidación 
rectificativa aplicándose a la misma e l recargo y los intereses de  demora que 
procedan de conformidad con lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.  
 
No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho 
o en las causas del artículo 80 de esta Norma, éste d eberá efectuarse en la 
decla ración -liquidación correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo 
reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las 
cuotas inicialmente soportadas.”  
 
Tres. El apartado Tres del a rtículo 115 quedará redactad o de la siguiente forma:  
 
“Tres. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la 
Administración procederá en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los 
seis meses siguientes al término del pla zo previsto para la presenta ción de la 
declaración -liquidación en que se solicite la devolución del Impuesto. No obstante, 
cuando la citada declaración -liquidación se hubiera presentado fuera de este plazo, 
los seis meses se computarán desde la fecha de su  presentación.  
 
Cuando de la  declaración -liquidación, o en su caso, de la liquidación provisional 
resulte cantidad a devolver, la Administración tributaria procederá a su devolución de 
oficio, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones provisionales o 
definitivas, q ue procedan.  
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el 
primer párrafo de este apartado, la Administración tributaria procederá a devolver de 
oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las 
liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado sin que se 
haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Admi nistración 
tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a 
que se refiere la Norma Foral General Tributaria, desde el día siguiente al de la 
finalización de dicho plazo  y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin 
necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame.  
 
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago de la 
devolución de oficio a que se refiere el presente apartado.”  
 
Cuatro. El artí culo 167 bis quedará redactado de la siguiente form a: 
 
“Artículo 167 bis. - Liquidación provisional.  
 
Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda 
de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria,  incluso en los 
supuestos a los que se refiere el a rtículo siguiente.”  
 
Cinco. El artículo 170 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 170. - Infracciones.  
 
Uno. Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en este Título, las 
infracc iones tributarias en este Impuesto se sancionarán c onforme a lo establecido 
en la Norma Foral General Tributaria y demás normas de general aplicación.  
 
Dos. Constituirán infracciones tributarias:  
 
1º. La adquisición de bienes por parte de sujetos pasivos a cogidos al régimen 
especial del recargo de equivale ncia sin que en las correspondientes facturas figure 
expresamente consignado el recargo de equivalencia, salvo los casos en que el 
adquirente hubiera dado cuenta de ello a la Administración en la forma que  se 
determine reglamentariamente.  
 
2º. La obtenció n, mediante acción u omisión culposa o dolosa, de una incorrecta 
repercusión del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga 
derecho a la deducción total de las cuotas soportadas.  
 
Serán sujetos infractores las personas o entidades dest inatarias de las referidas 
operaciones que sean responsables de la acción u omisión a que se refiere el párrafo 
anterior.  
 
3º. La repercusión improcedente en factura, por personas que no sean sujetos 
pasivos del Impuesto, de cuotas impositivas sin que se h aya procedido al ingreso de 
las mismas.  
 
4º. La no consignación en la autoliquidación a presentar por el período 
correspondiente de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las 
operaciones conforme a los números 2º y 3º del apartado U no del artículo 84 o del 
artículo 85 de esta Norma.”  
 
Seis. El artículo 171 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 171. - Sanciones.  
 
Uno. Las infracciones contenidas en el apartado Dos del a rtículo anterior se 
sancionarán con arreglo a las norma s siguientes:  
 
1º. Las establecidas en el ordinal 1º del apartado Dos, con multa pecuniaria 
proporcional del 50 por 100 del importe del recargo de equivalencia que hubiera 
debido repercutirse, con un i mporte mínimo de 30 euros por cada una de las 
adquisici ones efectuadas sin la correspondiente repercusión del recargo de 
equivalencia.  
 
2º. Las establecidas en el ordinal 2º del apartado Dos, con multa pecuniaria 
proporcional del 50 por 100 del beneficio i ndebidamente obtenido.  
 
3º. Las establecidas en el ordi nal 3º del apartado Dos, con multa pecuniaria 
proporcional del 100 por 100 de las cuotas indebidamente repercutidas, con un 
mínimo de 300 euros por cada factura o documento sustitutivo en que se produz ca la 
infracción.  
 
4º. Las establecidas en el ordinal 4 º del apartado Dos, con multa pecuniaria 
proporcional del 10 por 100 de la cuota correspondiente a las operaciones no 
consignadas en la autoliquidación.  
 
Dos. La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en la norma 4º del apartado 
Uno de este artículo s e reducirá conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la 
Norma Foral General Tributaria.  
 
Tres. La sanción de pérdida del derecho a obtener beneficios fiscales no será de 
aplicación en relación con las exenciones establecidas en esta Norma y demás 
norma s reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido.”  
 
 
Séptima .- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de 
febrero, de Impuestos Especiales.  
 
Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999,  
de 16 de febrero, de Impuestos Especiales, que quedarán redactados de la siguiente 
manera:  
 
Uno. El apartado 2 del artículo 12 tendrá la siguiente redacción:  
 
“2. La estimación indirecta  de bases imponibles será aplicable a los supuestos y en la 
forma pre vistos en la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Dos. El apartado 4 del artículo 14 tendrá la siguiente redacción:  
 
“4. Los sujetos pasivos de los Impuestos Especiales de Fabricación, que h ayan 
efectuado el ingreso de las correspondientes cuotas tributarias,  gozarán de los 
mismos derechos y garantías que a la Hacienda Pública reconocen los artículos 75 y 
77 de la Norma Foral General Tributaria, frente a los obligados a soportar la 
repercusió n de dichas cuotas tributarias y por el importe de éstas integrado en  los 
créditos vencidos y no satisfechos por tales obligados.”  
 
Tres. El artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 19. - Infracciones y sanciones.  
 
1. El régimen de infracciones y sanciones en materia de Impuestos Especiales de 
Fabricació n se regirá por lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria, en las 
normas específicas que para cada uno de estos Impuestos se establecen en este 
Decreto Normativo de Urgencia F iscal y en las contenidas en los siguientes 
apartados.  
 
En particular, cu ando las sanciones impuestas de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se deriven de la previa regularización de la 
situación tributaria del obligado, se rá aplicable la reducción prevista en el artículo 192 
de la Norma Foral G eneral Tributaria.  
 
2. En todo caso, constituyen infracciones tributarias:  
 
a) La fabricación e importación de productos objeto de los Impuestos Especiales de 
Fabricación con incumpli miento de las condiciones y requisitos exigidos en este 
Decreto Normativo  de Urgencia Fiscal y su Reglamento.  
 
b) La circulación y tenencia de productos objeto de los Impuestos Especiales de 
Fabricación con fines comerciales cuando se realice sin cumplimiento de lo previsto 
en el apartado 7 del artículo 15.  
 
3. Las infracciones  a las que se refiere el apartado anterior se sancionarán con multa 
pecuniaria proporcional del 100 por 100 de las cuotas que corresponderían a las 
cantidades de los producto s, calculadas aplicando el tipo vigente en la fecha de 
descubrimiento de la infrac ción.  
 
Las sanciones se graduarán incrementando la sanción en un 25 por 100 cuando se 
produzca comisión repetida de infracciones tributarias. Esta circunstancia se 
apreciará cuando el infractor, dentro de los dos años anteriores a la comisión de la 
nueva i nfracción, hubiese sido sancionado por resolución firme en vía administrativa 
por infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el apartado anterior.  
 
Igualmente,  las sanciones se graduarán incrementando la sanción en un 25 por 100 
cuando la in fracción se cometa mediante el quebrantamiento de las normas de 
control.  
 
4. Por la comisión de infracciones tributarias podrán imponerse, además, las 
siguientes sanciones:  
 
a) El cierre temporal de los establecimientos de los que sean titulares los infrac tores, 
por un período de seis meses, que será acordado, en su caso, por el Diputado Foral 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, o el cierre definitivo de los mismos, que será  
acordado, en su caso, por la Diputación Foral. Podrá acordarse el cierre definiti vo 
cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por resolución firme en vía 
administrativa por la comisión de una infracción de la misma naturaleza dentro de los 
dos añ os anteriores que hubiese dado lugar a la imposición de la sanción de cierre 
tempo ral del establecimiento.  
 
b) El precintado por un período de seis meses o la incautación definitiva de los 
aparatos de venta automática, cuando las infracciones se cometan a través de los 
mismos. Podrá acordarse la incautación definitiva cuando el sujeto i nfractor hubiese 
sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por la comisión, por medio 
del aparato de venta automática, de una infracción de la misma naturale za dentro de 
los dos años anteriores que hubiera dado lugar a la imposición de la sanción de 
precintado de dicho aparato.  
 
A efectos de la imposición de las sanciones previstas en la presente letra, tendrán la 
consideración de sujetos infractores tanto el titular del aparato de venta automática 
como el titular del establecimiento donde se encuentra ubicado.  
 
Salvo en los casos establecidos en la letra c) siguiente, la imposición de estas 
sanciones será acordada por el órgano competente para la imposición de  la sanción 
principal.  
 
c) No obstante, cuando la imposición de las sanciones prev istas en la letra b) 
concurra con la imposición de las previstas en la letra a) anterior, procederá la 
incautación definitiva del aparato de venta automática siempre que se a cuerde el 
cierre definitivo del establecimiento. En los casos en que se produzca e sta 
concurrencia, la imposición de las sanciones será acordada por los órganos previstos 
en la letra a).  
 
5. La circulación de productos objeto de los Impuestos Especiales de  Fabricación sin 
ir acompañados por los documentos que reglamentariamente se estab lezcan, se 
sancionará, cuando no resulte de aplicación lo anterior, en concepto de infracción 
tributaria, con multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 de la cuota que 
correspondería a los productos en circulación, con un mínimo de 600 euros.  
 
6. La ten encia, con fines comerciales, de labores del tabaco que no ostenten marcas 
fiscales o de reconocimiento, cuando tal requisito sea exigible reglamentariamente, 
se sancionará:  
 
a) Con multa de 75 euros por cada 1.000 cigarrillos que se tengan con fines 
comer ciales sin ostentar tales marcas, con un importe mínimo de 600 euros por cada 
infracción cometida.  
 
b) Con multa de 600 euros por cada infracción cometida respecto de las restantes 
labores del tabaco.  
 
Las sanciones establecidas en las letras a) y b) anter iores se graduarán 
incrementando el importe de la multa en un 50 por 100 en caso de comisión repetida 
de estas infracciones. La comisión repetida se apreciará cuando el su jeto infractor, 
dentro de los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracció n, hubiese sido 
sancionado en virtud de resolución firme en vía administrativa por la comisión de las 
infracciones contempladas en este apartado.”  
 
Cuatro. El artículo 35 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 35. - Infracciones y sanciones.  
 
Constituyen infracciones tributarias:  
 
a) La existencia de diferencias en más en relación con el grado alcohólico 
volumétrico adquirido del vino o las bebidas fermentadas en existencias en una 
fábrica de productos intermedios o utilizados en la misma.  
 
La san ción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 por 100 de la cuota 
que correspondería a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, 
aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas.  
 
b) La  existencia de diferencias en menos en relación con el grado alcohólico 
volumétrico adquirido de los productos intermedios en proceso de fabricación, en 
existencias en fábrica o salidos de ella.  
 
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 1 00 por 100 de la cuota 
que correspondería a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, 
aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuest o sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas.  
 
c) La existencia de diferencia en más en primeras materias,  distintas del alcohol y las 
bebidas derivadas, en fábricas de productos intermedios, que excedan de los 
porcentajes autorizados reglamentariamente.  
 
La san ción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 por 100 de la cuota 
que correspondería a lo s productos intermedios a cuya fabricación fuesen a 
destinarse las primeras materias, presumiéndose que, salvo prueba en contrario, los 
productos intermedio s a que iban a destinarse tendrían un grado alcohólico 
volumétrico adquirido superior al 15 por 100 vol.” 
 
Cinco. El apartado 5 del artículo 40 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“5. Infracciones y sanciones:  
 
a) Constituirá infracción tributaria la utilización en el proceso de destilación de 
primeras materias con una graduación alcohólica superior a la declarada en la 
solicitud de autorización para destilar. La multa que se impondrá como sanción por 
esta infracción se determinará por el  procedimiento establecido en la letra a) del 
artículo 35 y tendrá una cuantía mínima de 1.202,02 euros.  
 
b) La com isión repetida de infracciones tributarias de la misma naturaleza o de 
aquellas infracciones que se penalizan con las sanciones especiales a que se refiere 
el artículo 45 de este Decreto Normativo, podrá sancionarse, además, con la 
prohibición de disfrutar  del régimen de destilaciones artesanales, temporal o 
definitivamente.”  
 
Seis.  El artículo 45 quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 45. - Infracciones y sanciones.  
 
1. En los supuestos que a continuación se indican, que tendrán el carácter de  
infracciones tributarias, se impondrán las sanciones especiales que para cada uno se 
detallan:  
 
a) La puesta en funcionamiento de los aparat os productores de alcohol incumpliendo 
los trámites reglamentariamente establecidos o expirado el plazo de trabajo 
declarado, se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 150 por 100 de la 
cuota que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente e n el momento del 
descubrimiento de la infracción al volumen de producción, expresado en hectolitros 
de alcohol puro  a la temperatura de 20°C, que pudiera obtenerse en trabajo 
ininterrumpido desde que expiró la última declaración de trabajo, si la hubiera, hasta 
la fecha del descubrimiento, con un máximo de tres meses.  
 
b) La rotura de precintos que posibilite el funcio namiento de los aparatos productores 
de alcohol o su extracción de depósitos precintados, se sancionará con multa 
pecuniaria proporcional del  100 por 100 de las cuotas calculadas según el apartado 
anterior o de la correspondiente a la capacidad total del d epósito, respectivamente, 
salvo que de dicha rotura se haya dado conocimiento a la Administración con 
anterioridad a su descubrimiento por és ta. 
 
c) Las diferencias en más en primeras materias en fábricas de alcohol que excedan 
de los porcentajes autorizad os reglamentariamente, se sancionarán con multa 
pecuniaria proporcional del 100 por 100 de la cuota que correspondería al alcohol 
puro que se  pudiera fabricar utilizando dichas primeras materias.  
 
d) La falta de marcas fiscales o de reconocimiento, superio r al 0,5 por 1.000 de las 
utilizadas, en los recuentos efectuados en los establecimientos autorizados para el 
embotellado de bebidas derivada s, se sancionará con multa pecuniaria proporcional 
del 150 por 100 de las cuotas que resultarían de aplicar el tipo  impositivo vigente en 
el momento del descubrimiento de la infracción al volumen de alcohol puro 
correspondiente a la cantidad de bebidas der ivadas cuya circulación pudiese haber 
sido amparada por dichas marcas, supuestas las bebidas con un grado alcohólic o 
volumétrico adquirido de 40 por 100 vol. y embotelladas en los envases de mayor 
capacidad según tipo de marca.  
 
2. La regeneración de alcoh oles total o parcialmente desnaturalizados constituirá 
infracción tributaria que se sancionará, sin perjuicio de la  exigencia de la cuota 
tributaria, con multa pecuniaria proporcional del triple de la cuantía resultante de 
aplicar al volumen de alcohol reg enerado, expresado en hectolitros de alcohol puro, a 
la temperatura de 20°C, el tipo impositivo vigente en el momen to del descubrimiento 
de la infracción, pudiendo imponerse, además, la sanción del cierre del 
establecimiento en que se produjo dicha regener ación, de acuerdo con lo previsto en 
el apartado 4 del artículo 19 de este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal. Se  
considerará que el alcohol total o parcialmente desnaturalizado ha sido regenerado 
cuando no se justifique su uso o destino.”  
 
Siete.  Los ap artados 1, 4 y 5 del artículo 55 quedarán redactados de la siguiente manera:  
 
“1. Constituirá infracción tributaria  la inobservancia de las prohibiciones y limitaciones 
de uso que se establecen en el artículo 54 de este Decreto Normativo de Urgencia 
Fiscal . Dichas infracciones se sancionarán con arreglo a lo que se dispone en el 
presente artículo, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de este Decreto Normativo de Urgencia 
Fiscal, por la posib le comisión de otras infracciones tributarias.”  
 
“4. La sanción que se imponga al autor o a cada uno de los autores  consistirá:  
 
a) Cuando el motor del vehículo, artefacto o embarcación con el que se ha cometido 
la infracción tenga hasta 10 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija de 600 
euros y sanción no pecuniaria de un mes de precintado e inmovilización del vehículo, 
artefacto o embarcación. Si del precintado e inmovilización se dedujera grave 
perjuicio para el interés público general, d icha sanción no se impondrá y la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 1.200 euros.  
 
b) En motores de más de 10 has ta 25 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija 
de 1.800 euros y sanción no pecuniaria de dos meses de precintado e inmovilización 
del vehículo, artefacto o embarcación. Si del precintado e inmovilización se dedujera 
grave perjuicio para el interés p úblico general, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 3.600 euros.  
 
c) En motores de más de 25 hasta 50 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija 
de 3.600 euros y sanción no pecuniaria de tres meses de precintado e inmovilización 
del vehí culo, artefacto o embarcación. Si del precintado e inmovilización se dedujera 
grave perjuicio para el interés público gene ral, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 7.200 euros.  
 
d) En motores de más de 50 CV de potencia fiscal, en multa pecuni aria fija de 6.000 
euros y sanción no pecuniaria de cuatro meses de precintado e inmovilización del 
vehículo, artefacto o embarcación. Si del precintado e inmovilización se dedujera 
grave perjuicio para el interés público general, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 12.000 euros.  
 
e) En los supuestos contemplados en la letra a) del apartado 2 anterior, la sanció n 
consistirá en multa pecuniaria fija de 600 euros.”  
 
“5. En los casos de comisión repetida de esta clase de infracciones se duplicará n los 
importes y períodos establecidos en el apartado anterior.  
 
Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor, dent ro de los dos años anteriores 
a la comisión de la nueva infracción, hubiera sido sancionado por resolución firme en 
vía administrativa  por infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el 
artículo anterior.”  
 
Octava .- Modificación del Decreto N ormativo de Urgencia Fiscal 3/2002, de 4 de 
junio, regulador del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos.  
 
Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, regulador del Impues to sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos:  
 
Uno. El apartado Tres del artículo 9 queda redactado de la siguiente fo rma: 
 
“Tres. La estimación indirecta de la base imponible será aplicable a los supuestos y 
en la forma previstos en la Nor ma Foral General Tributaria.”  
 
Dos. El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:  
 
“Artículo 13. - Infracciones y sanciones.  
 
Las infracciones tributarias en este Impuesto se sancionarán conforme a lo dispuesto 
en la Norma Foral General Tributaria, sin perjuicio de las sanciones cuya imposición 
pudiera proceder con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto Normativo 
de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de los Impuestos Especiales.”  
 
Novena .- Modificación de la Norma For al 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las 
Haciendas Locales.  
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio,  
reguladora de las Haciendas Locales:  
 
Uno. Se modifica el artículo 1, que quedará redactado de la siguiente f orma:  
 
“Artículo 1.  
 
1. La presente Norma Foral se aplicará en todo el Territorio Histórico de Álava a las 
Entidades Municipales, Supramunicipales  y demás Entidades de ámbito territorial 
inferior al Municipio, sin perjuicio de los Tratados y Convenios Inte rnacionales.  
 
2. La Norma Foral General Tributaria será aplicable a las Entidades a que se refiere 
el apartado anterior, con las especialidades co ntenidas en la presente Norma Foral.”  
 
Dos. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes t érminos:  
 
“Artículo 7.  
 
1. Corresponde a los Municipios del Territorio Histórico de Álava, en el marco de lo 
establecido por la presente Norma For al, la gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de sus tributos que se realizarán, sin perjuicio de las especialidades que 
se establezcan en las Normas Forales reguladoras de los Impuestos Municipales y 
demás disposiciones dictadas para su desarrollo , de conformidad con lo prevenido 
en la Norma Foral General Tributaria y en las disposiciones  dictadas para su 
desarrollo.  
 
2. A través de sus ordenanza fiscales, los Municipios del Territorio Histórico de Álava 
podrán adoptar la normativa a que se refiere  el apartado anterior al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada uno de ellos, sin que tal 
adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.”  
 
Tres. El párrafo primero del artículo 10 tendrá la siguiente redacci ón: 
 
“Los intereses de demora y los recargos en los tributos municipales se exigirán y 
determinarán en los mismos casos, forma y cuantía a que se refiere la Norma Foral 
General Tributaria.”  
 
Cuatro. Se modifica el artículo 11, que queda redactado en los si guientes términos:  
 
“Artículo 11.  
 
En materia de tributos municipales se aplicará el ré gimen de infracciones y sanciones 
regulado en la Norma Foral General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, con las especificaciones que re sulten de esta Norma 
Foral o de las Normas Forales reguladoras de los Impuestos Municip ales, y las que, 
en su caso, se establezcan en las Ordenanzas fiscales dictadas al amparo de 
aquéllas.”  
 
Cinco. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los si guientes términos:  
 
“Artículo 12.  
 
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 
municipales, las obligaciones de información y asistencia a los obligados tributarios 
recogidas en la Sección 2ª del Capítulo I del Titulo II de la Norma Foral General 
Tributaria corresponde a la Entidad titular de la competen cia.” 
 
Seis. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 14, que queda redactado en 
los siguientes términos:  
 
“1. Corresponde al Ayuntamiento respectivo la de claración de nulidad de pleno 
derecho y la revisión de los actos dictados en la aplicac ión de los tributos en los 
casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título V de la Norma Foral 
General Tributaria, sin perjuicio de lo que se dispone en  los apartados siguientes.  
 
2. La rectificación de errores materiales y la devolución d e ingresos indebidos en el 
ámbito de los tributos municipales, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 227 y 
228 de la Norma Foral General Tributaria.  
 
3. No serán e n ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por 
sentencia judicial f irme.  
 
4. Fuera de los casos previstos en la Norma Foral General Tributaria, los Municipios 
no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos, y para conseguir  su 
anulación deberán previamente declararlos lesivos para el interés público e 
impugna rlos en la vía contencioso -administrativa con arreglo a la Ley de dicha 
jurisdicción.  
 
5. Contra los actos de las Entidades Municipales sobre la aplicación y efectividad  de 
sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente 
recurso de reposición previo al contencioso -administrativo, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la notificación expresa o la exposición públ ica 
de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes.”  
 
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el apartado 3 de l artículo 
35 de la Norma Foral General Tributaria:  
 
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal 
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 
20.2 de esta Norma Foral.  
 
b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades 
municipales que presten o realicen los Municipios, conforme a alguno de los 
supuestos previstos en el art ículo 20.3 de esta Norma Foral.”  
 
Ocho. Se modifica el apartado 1 del art ículo 31, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y 
jurídicas y las Entidades a que se refiere e l apartado 3 del artículo 35 de la Norma 
Foral General Tributaria, especi almente beneficiadas por la realización de las obras o 
por el establecimiento o ampliación de los servicios que originen la obligación de 
contribuir.”  
 
Nueve. Se modifica la Disposici ón Adicional Primera, que queda redactada en los 
siguientes términos:  
 
“Primera. - 
 
Cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se esté 
exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico, y por variación de las 
circun stancias en que el servicio se presta o la actividad se realiza deba exig irse el 
pago de una tasa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el 
artículo 98 de la Norma Foral General Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la 
cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio  público al 
que sustituye.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el supuesto en el que la 
cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe del preci o público al que 
sustituya, siempre que tal incremento se corresponda con  una actualización de 
carácter general.”  
 
Décima .- Modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas.  
 
Se modifican los siguientes prec eptos de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas:  
 
Uno. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 5, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
“c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de opera ciones inferior a 2.000.000 
de euros.  
 
En cuanto a los contribuyente s por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la 
exención sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, 
siempre que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.  
 
En todo caso, será requisito para la aplicación  de esta exención que los sujetos 
pasivos no se hallen participados directa o indirectamente en más de un 25 por 100 
por empresas que no reúnan el requisito de volumen de operaciones previ sto en esta 
letra, excepto que se trate de fondos o sociedades de ca pital riesgo o sociedades de 
promoción de empresas a que se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de 
la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades , cuando  la 
participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto socia l de estas últimas.  
 
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas:  
 
1ª. El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 24 /1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades . 
 
2ª. El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuest o sobre Sociedades o de los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período 
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese 
finalizado el año anterior al del devengo de este Impuesto.  
 
En el  caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, el volumen de operaciones será el 
que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto.  
 
Si dicho perío do impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, e l 
volumen de operaciones se elevará al año.  
 
3ª. Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del sujeto pasivo, se 
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas eje rcidas por el mismo.  
 
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del 
Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto 
de entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará  este criterio 
cuando una persona física por sí sola o conj untamente con otras personas físicas 
unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentran en relación a otras  
entidades de las que sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 
42 del Código de Comercio.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del 
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Se cción 1ª del Capítulo I 
de las normas para la formulación d e las cuentas anuales consolidadas, aprobadas 
por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.  
 
4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los 
establecimientos permanentes situados en territorio español.”  
 
 
Dos.  Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 6.  
 
Son sujetos pasivos de este Impuesto las p ersonas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se re fiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria 
siempre que realicen en el Territorio Histórico de Álava cualquiera de las actividades 
que originen el hecho imponible.”  
 
Tres.  Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 15.  
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de 
actividades y señalamiento de cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículo s 229 
a 246 de la Norma Foral General Tributaria, siend o el órgano competente para 
resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Álava. La interposición de 
estas reclamaciones no suspenderá la ejecución de los actos.”  
 
Cuatro.  Se modifica el apa rtado 3 de la Regla 3ª del Capítulo Segundo del Anexo I I del 
Decreto Foral Normativo 573/1991, de 23 de julio, por el que se aprueban las Tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la Instrucción para la aplicación de las 
mismas, que queda  redactado en los siguientes términos:  
 
“Regla 3ª. Tien en la consideración de actividades profesionales las clasificadas en la 
Sección Segunda de las Tarifas, siempre que se ejerzan por personas físicas. 
Cuando una persona jurídica o una entidad de las pre vistas en el apartado 3 del 
artículo 35 de la Norma For al General Tributaria, ejerza una actividad clasificada en 
la Sección Segunda de las Tarifas, deberá matricularse y tributar por la actividad 
correlativa o análoga de la Sección Primera de aquéllas.”  
 
Undécima .- Modificación de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.  
 
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 42/1989 de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  
 
Uno.  Se modifica el apartado 1 de l artículo 5, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas 
naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de 
la Norma Foral General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en 
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto.”  
 
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 17, que queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“2. Responden solidariamente de  la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, si figuran 
inscritos como tales en el Catast ro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.”  
 
Tres.  Se modifica el último párrafo del apartado 2 del artículo 18, que queda redactado 
en los siguientes términos:  
 
“La falta de presentación de las  declaraciones a que se refiere este apartado, o el no 
efectuarlas en los plazos establecidos, constituirá infracción tributaria.”  
 
Cuatro.  Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 20. 
 
Los recursos y reclamaci ones que se interpongan contra los actos aprobatorios de 
las Ponencias de valores y contra los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 11 y 12 de la presente Norma Foral, se regirán por lo dispuesto en 
los artículos 229 a 246 de la Norma Foral General Tributaria, siendo competente para 
resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Álava. La interposición de 
estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.”  
 
 
Duodécima .- Modificación de la Norma F oral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
Se modifica el artículo 3 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el 
Incremento de V alor de los Terrenos de Naturaleza Urb ana, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
“Artículo 3.  
 
1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:  
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a tít ulo lucrativo, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmi ta el derecho 
real de que se trate.  
 
b) En las transm isiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el apartado 3 del a rtículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria que t ransmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.  
 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustit uto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en España.”  
 
Decimotercera .- Modificación de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Construcc iones, Instalaciones y Obras, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
“1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
físicas, personas jurídicas y entidades a  que se refiere el apartado 3 del artículo 35 
de la N orma Foral General Tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquélla.  
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcció n, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización.”  
 
 
Decimocuarta .- Modificación de la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto 
sobre Vehículos de Tra cción Mecánica.  
 
Se modifica el artículo 3 de la Norma Foral  44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 3.  
 
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas física s o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere el apartado 3  del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, a 
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.”  
 
Decimoquinta .- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/1993, de 
18 de mayo, por el que se establece y regula el denomina do recurso cameral 
permanente.  
 
Se modifica el artículo 2 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/1993, de 18 de 
mayo, por el que se establece y regula el denominado recurso cameral perm anente, que 
queda redactado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 2.- Obligación de pago.  
 
Estarán obligados al pago del recurso cameral permanente establecido en el artículo 
anterior, las personas, así como las entidades a que se refiere el apartado 3 de l 
artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria que, durante la totalidad o parte de 
un ejercicio económico, hayan ejercido las actividades a que se refiere el artículo 6 
de la Ley 3/1993, de 22 marzo, y, en tal concepto, queden sujetos al Impuesto sobr e 
Actividades Económicas.”  
 
Decimosexta .- Modificación de la Norma Foral 64/1989, de 20 de noviembre, sobre 
Tasas y Precios Públicos.  
 
Se modifica el artículo 6 de la Norma Foral 64/1989, de 20 de noviembre, sobre Tasas y 
Precios Públicos, que queda redact ado en los siguientes términos:  
 
“Artículo 6. - Concepto.  
 
Tasas son  los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régi men de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de mod o particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios 
o no se presten o realicen por el sector p rivado.  
 
Se entenderá que los servicios se prestan o las actividade s se realizan en régimen 
de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 
titularidad corresponda a un ente público.”  
 
 
Decimoséptima .- Modific ación de la Norma Foral 17/1997, de 9 de junio, sobre 
Medidas Fiscales relacionadas con la Agricultura.  
 
Se modifica el artículo 15 de la Norma Foral 17/1997, de 9 de junio, sobre Medidas 
Fiscales relacionadas con la Agricultura, que quedará redactado de l a siguiente forma:  
 
“Artículo 15. - Régimen sancionador.  
 
A los beneficios fiscales establecidos en esta Norma Foral, les será de aplicación las 
infracciones y sanciones recogidas en la Norma Foral General Tributaria.”  
 
Decimoctava .- Habilitación normativa.  
 
La Diputación Foral dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Norma Foral.  
 
Decimonovena .- Desarrollo normativo de actuacio nes y procedimientos por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos y relativos a medios de autenticación.  
 
En el ámbito de competencias de la Diputación Foral, el Diputado Foral de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos podrá dictar las correspondientes n ormas de desarrollo 
aplicables a las actuaciones y procedimientos tributarios que se re alicen por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos y a las relacionadas con los medios de 
autenticación utilizados por la Administración tributaria.  
 
Vigésima .- Entrada en vigor.  
 
La presente Norma Foral entrará en vigor el 1 de julio de 2005, salv o el apartado 2 de la 
Disposición Transitoria Tercera que entrará en vigor al día siguiente al de la publicación 
de esta Norma Foral en el Boletín Oficial del Territo rio Histórico de Álava.  
 
 
NOTAS  
 
(1) 
 
(2) 
 
(3) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2007 , de 20 de febrero.  
(B.O.T.H.A. nº 30 de 12 -3-07). 
 
(4) Ver Disposición Adicional Tercera del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2007, 
de 20 de febrero.  
(B.O.T.H.A. nº 30 de 12 -3-07). 
 
(5) Ver Disposición Adicional Única del Decreto Normativo de Urgenc ia Fiscal 1/2008, de 
5 de febrero.  
(B.O.T.H.A. nº 20 de 15 -2-08). 
 
(6) Norma Foral 14/2008, de 3 de julio.  
(B.O.T.H.A. nº 79 de 11 -7-08, Suplemento).  
 
(7) Norma Foral 21/2008, de 18 de diciembre.  
(B.O.T.H.A. nº 149 de 29 -12-08, Suplemento y B.O.T.H.A. nº 7  de 16 -1-09, 
Suplemento).  
 
(8) Ver Disposición Adicional Única del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2009, de 
20 de enero.  
(B.O.T.H.A. nº 13 de 30-1-09). 
 
(9) Ver Artículo Único del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2009, de 7 de abril.  
(B.O.T.H. A. nº 43 de 15 -4-09). 
 
(10) Norma Foral 14/2009, de 17 de diciembre.  
 (B.O.T.H.A. nº 149 de 30 -12-09, Suplemento y B.O.T.H.A. nº 20 de 19-2-10, 
Suplemento).  
 
(11) Ver Artículo 5 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2010, de 26 de enero.  
 (B.O.T.H.A. nº 13 de 3 -2-10). 
 
(12) Norma Foral 15/2010, de 20 de diciembre.  
 (B.O.T.H.A. nº 147 de 29 -12-10, Suplemento).  
 
(13) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2011, de 8 de febrero.  
 (B.O.T.H.A. nº 21 de 18 -2-11). 
 
(14) Norma Foral 6/2011, de 21 de febrero.  
(B.O.T.H.A. nº 23 de 23 -2-11, Suplemento).  
 
(15) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2011, de 20 de septiembre.  
       (B.O.T.H.A. nº 114 de 28 -9-11). 
 
(16) Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre.  
       (B.O.T.H.A. nº 153 de 30 -12-11, Suplemento).  
 
(17) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2012, de 31 de julio.  
       (B.O.T.H.A. nº 90 de 6 -8-12). 
 
(18) Norma Fo ral 20/2012, de 19 de noviembre.  
       (B.O.T.H.A. nº 140 de 5 -12-12, Suplemento).  
 
(19) Norma Foral 4/2013, de 28 de enero.  
       (B.O.T.H. A. nº 16 de 6 -2-13, Suplemento).  
 
(20) Norma Foral 8/2013, de 11 de marzo.  
       (B.O.T.H.A. nº 34 de 20 -3-13, Su plemento).  
 
(21) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2013, de 19 de marzo.  
 (B.O.T.H.A. nº 41 de 10 -4-13). 
 
(22) Norma Foral 13/2013, de 15  de abril.  
       (B.O.T.H.A. nº 48 de 26 -4-13, Suplemento).  
 
(23) Norma Foral 18/2013, de 3 de junio.  
       (B.O.T.H.A. nº 69 de 17 -6-13, Suplemento).  
 
(24) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2013, de 17 de septiembre.  
       (B.O.T.H.A. nº 110 de 25 -9-13, Suplemento).  
 
(25) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2014, de 4 de febrero.  
 (B.O.T.H.A. nº  20 de 19 -2-14). 
 
(26) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2015, de 10 de marzo.  
 (B.O.T.H.A. nº 36 de 25 -3-15). 
 
(27) Norma Foral 22/2015, de 29 de d iciembre.  
(B.O.T.H.A. nº 152 de 30 -12-15). 
(28) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2016, de 19 de j ulio. 
 (B.O.T.H.A. nº 87 de 3 -08-16). 
(29) Norma Foral 19/2016, de 23 de diciembre.  
 (B.O.T.H.A. nº 147 de 30 -12-16). 
(30) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2017, de 3 de agosto.  
 (B.O.T.H.A. nº 96 de 23 -08-17). 
(31) Norma Foral 18/2017, de 20 de septiembre.  
 (B.O.T.H.A. nº 112 de 29 -09-17). 
(32) Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo.  
 (B.O.T.H.A. nº 32 de 16 -03-18). 
(33) Decreto Normativo de Urgencia Fis cal 3/2018, de 23 de octubre.  
       (B.O.T.H.A. nº 125 de 31 -10-18). 
(34) Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre . 
       (B.O.T.H.A. nº 149 de 30 -12-19). 
 
(35) Norma Foral 25/2019, de 20  de diciembre.  
       (B.O.T.H.A. nº 149 de 30 -12-19). 
 
(36) Decreto  Normativo de Urgencia Fiscal  8/2020, de 2 3 de junio. 
       (B.O.T.H.A. nº 73 de 1-07-20). 
 
(37) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal  9/2020, de 14  de julio. 
       (B.O.T.H.A. nº 82 de 22-07-20). 
 
(38) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2020, de 8 de septiembre . 
       (B.O.T.H.A. nº 105 de 16-09-20). 
 
(39) Norma  Foral 13 /2021, de 21 de abril.  
        (B.O.T.H.A . nº 46 de 30 -04-21).