I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
19307 Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
I
En respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008 y de los 
mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó un nuevo marco global con 
nuevas normas sobre la adecuación del capital de los bancos (Acuerdo de Basilea III).
Estos nuevos estándares internacionales fueron incorporados al ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea a través de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las 
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (Directiva de Requisitos de Capital) y el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (Reglamento de 
Requisitos de Capital), que serían complementados por el marco de resolución, 
compuesto por la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, por la que se establece un 
marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y 
las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de Recuperación y 
Resolución Bancaria), el Reglamento (UE), n.º 806/2014, de 15 de julio de 2014, por el 
que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de 
entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco 
de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (Reglamento de Recuperación y Resolución Bancaria).
II
La crisis financiera afectó de manera particular a la Eurozona en la que el riesgo 
bancario y el riesgo soberano se han visto estrechamente correlacionados. Si bien esta 
relación se debe en parte a la exposición de las entidades financieras en valores 
representativos de deuda pública, la principal dificultad provino de la percepción de la 
existencia de una garantía implícita del Gobierno a los depósitos bancarios. Esta 
garantía implícita del Gobierno, así percibida, incentivó la asunción de riesgos por parte 
de las entidades dada la expectativa de que, ante una situación de dificultad, el sector 
recibiría apoyo financiero por parte del sector público. Esta dinámica, adquiría mayor 
magnitud cuanto mayor era el tamaño de la entidad pues la cantidad de depositantes 
afectados en caso de quiebra de la entidad sería mayor.
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Fruto del consenso internacional gestado a raíz de la crisis financiera global de 2008, 
los miembros del G20 coincidieron en que era necesario arbitrar mecanismos que 
permitieran abordar las dificultades que pudieran experimentar las entidades financieras 
evitando todo impacto en los recursos de los contribuyentes, a la vez que se preservaba 
la estabilidad del sistema financiero internacional. Como consecuencia de estos trabajos, 
la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) aprobó en 2015 el 
requerimiento de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en 
inglés) de capitalización de entidades que pondera los activos de las entidades según su 
riesgo y exige que al menos un 18 por ciento de dichos activos estén cubiertos por 
capital y deuda subordinada-deuda que puede ser convertida en capital si la entidad se 
encuentra en dificultades. Ahora bien, el estándar TLAC se aplica únicamente a aquellas 
entidades financieras que tengan una importancia sistémica mundial, quedando en 
manos del regulador nacional el régimen de las demás entidades. En el caso de la Unión 
Europea, existía un peligro de arbitraje regulatorio y diferencias de trato a las entidades, 
pues a la regulación de cada Estado miembro se añadía una regulación distinta para las 
grandes entidades. Es por ello que en el seno de la Unión se decidió crear un 
equivalente comunitario del TLAC que fuera aplicable a todas las entidades del espacio 
común: el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus 
siglas en inglés). Este conjunto de reglas comunes dentro de la Unión Europea, que 
delimitan la capacidad necesaria para absorber pérdidas de una forma común para todos 
los Estados miembros, constituye una de las piezas indispensables en la construcción de 
la Unión Bancaria.
La Unión Bancaria dio sus primeros pasos en 2014 llamada a evitar que una futura 
crisis pudiera volver a desencadenar una crisis de deuda soberana, dando solución a la 
ausencia de un mecanismo de asunción compartida de riesgos y a establecer un 
mecanismo uniforme de gestión de crisis de las entidades financieras a nivel de la 
eurozona. Actualmente, se compone del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el 
Mecanismo Único de Resolución (MUR) y el código normativo único. El MUS, primer pilar 
de la Unión Bancaria, entró en funcionamiento en noviembre de 2014. La supervisión se 
lleva a cabo de manera integrada por una autoridad supranacional, el Banco Central 
Europeo, y por las autoridades nacionales de supervisión. El MUR, segundo pilar de la 
Unión Bancaria, está plenamente operativo desde enero de 2016. El MUR está 
compuesto por la Junta Única de Resolución (JUR), las autoridades nacionales de 
resolución y por el Fondo Único de Resolución (FUR). La JUR es responsable de la 
aplicación uniforme del régimen de resolución, incluyendo los instrumentos de resolución 
y el uso del FUR. El FUR es un fondo establecido a escala supranacional, financiado por 
las contribuciones progresivas en el tiempo, desde enero de 2016, de entidades sujetas 
al régimen de resolución, que puede ser utilizado para la resolución de dichas entidades 
tras haberse agotado otras opciones, como el instrumento de recapitalización interna. La 
estructura institucional compuesta por el MUS y el MUR se completa con un código 
normativo único sobre los requisitos prudenciales, la prevención y la gestión de las 
quiebras y la protección de los depositantes.
III
La reforma del marco legislativo aplicable a las entidades de crédito y a las empresas 
de servicios de inversión que tuvo lugar en 2013 y 2014, así como la reforma de la 
arquitectura bancaria europea sobre supervisión y gestión de crisis bancarias, han 
constituido pasos necesarios para garantizar una mayor resiliencia del sistema financiero 
y avanzar en el proceso de la Unión Bancaria.
No obstante, con objeto de seguir avanzando en la consecución de ambos objetivos, 
la Comisión Europea presentó en noviembre de 2016 un paquete legislativo que 
comprendía modificaciones del código normativo único y, en particular, del Reglamento y 
la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, y del Reglamento y la Directiva de 
Requisitos de Capital. La Comisión cumplía así con el compromiso contraído en su 
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comunicación de 24 de noviembre de 2015, «Hacia la culminación de la Unión Bancaria» 
en relación con la presentación de una propuesta legislativa que permitiera la aplicación 
en el Derecho de la Unión de la norma TLAC antes de la fecha límite de 2019 acordada 
a nivel internacional.
Así, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo han aprobado los actos 
jurídicos oportunos.
Por un lado, en relación con el Reglamento y la Directiva de Recuperación y 
Resolución Bancaria, se aprobó el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de 
recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión; y la Directiva 
(UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la 
que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, así como la Directiva 98/26/CE.
Por otro lado, en relación con el Reglamento y la Directiva de Requisitos de Capital, 
se aprobó el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo 
que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los 
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el 
riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las 
exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los 
requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012; y la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que 
respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades 
financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de 
supervisión y las medidas de conservación del capital.
La norma TLAC, aplicable a las entidades de importancia sistémica mundial se 
introduce en el Reglamento de Requisitos de Capital a través del Reglamento (UE) 
2019/876, de 20 de mayo de 2019, a pesar de constituir un instrumento de resolución 
encaminado a consagrar el principio de «bail-in» –sistema de resolución basada en la 
recapitalización interna de las entidades– frente al «bail-out» –sistema de resolución 
basado en el empleo de fondos públicos–.
Dado que la norma TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que 
las entidades establecidas en la Unión dispongan de una capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización suficiente, ambos requisitos deben ser elementos 
complementarios de un marco común. Esto ha requerido que el marco del MREL 
presente en la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria se adapte a través de la 
Directiva (UE) 2019/879, de 20 de mayo de 2019.
IV
Partiendo de todas estas consideraciones, este real decreto, de naturaleza 
modificativa, está llamado a completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/879, 
de 20 de mayo de 2019, al ordenamiento jurídico español, para lo que se introducen las 
modificaciones oportunas en el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades 
de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real 
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de 
entidades de crédito. En particular, este real decreto hace uso de la habilitación 
concedida por el legislador para desarrollar determinados preceptos de la Ley 11/2015, 
18 de junio, que, por su carácter eminentemente técnico, quedan mejor incardinados en 
el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno. Así, esta norma toma como base 
las obligaciones genéricas contenidas en la Ley 11/2015, de 18 de junio, como por 
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ejemplo la obligación de cumplir con el MREL, y las concreta, perfila y determina con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2019/879, como por ejemplo la forma del cálculo del 
MREL a partir de los pasivos de la entidad y sus requisitos combinados de colchón.
Asimismo, se introducen modificaciones en el, Real Decreto 2606/1996, de 20 de 
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, al objeto de 
adaptar su régimen a lo previsto en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. En 
concreto se incluyen modificaciones a determinadas disposiciones relacionadas con el 
patrimonio del Fondo de Garantía de Depósitos, la definición y el alcance de los 
depósitos garantizados, la información a proporcionar por parte de las entidades de 
crédito, así como las pruebas de resistencia.
V
Este real decreto contiene dos artículos, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo primero modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Primero, se introducen modificaciones con el fin de otorgar mayor flexibilidad al 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en relación con el método de 
cálculo y aprobación de derramas.
Segundo, se garantiza la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de los 
depósitos realizados por las entidades de crédito, por las sociedades y agencias de 
valores y por las sociedades gestoras de carteras y empresas de asesoramiento 
financiero por cuenta de sus clientes.
Tercero, se atribuye al Fondo de Garantía de Depósitos la facultad de comprobar la 
corrección de la información sobre los depósitos admisibles y garantizados de cada 
depositante, así como la utilizada para determinar la base de cálculo de las aportaciones 
al Fondo de Garantía de Depósitos.
El artículo segundo modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de 
entidades de crédito.
Con carácter general, se adapta el real decreto a la nueva terminología empleada por 
la Directiva (UE) 2019/879, de 20 de mayo de 2019. En este sentido, el término 
«instrumentos de capital» se sustituye por «instrumentos de capital y pasivos 
admisibles» y, en determinadas ocasiones, el término «pasivos admisibles» se sustituye 
por «pasivos susceptibles de recapitalización interna». Asimismo, en consonancia con el 
espíritu armonizador europeo, los procesos relacionados con la resolución bancaria 
pasan de ser una competencia a ser una facultad de las autoridades de resolución, lo 
cual requiere el correspondiente cambio terminológico en el Real Decreto 1012/2015, 
de 6 de noviembre.
Se modifica el capítulo I al objeto de asegurar que se realice una valoración del 
activo y el pasivo de la entidad por un experto independiente designado por el FROB no 
sólo con carácter previo a la adopción de cualquier medida de resolución sino también al 
ejercicio de las facultades de amortización o conversión de instrumentos de capital y 
pasivos admisibles pertinentes.
Se modifica la sección 1.ª del capítulo III, relativa a la planificación de la resolución.
Por un lado, se determina qué situaciones de estrés deberán tomarse en 
consideración, necesariamente, a la hora de identificar los instrumentos y facultades de 
resolución a incluir en los planes de resolución.
Por otro lado, se establece que las entidades deberán incluir en sus planes de 
resolución una estimación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles y, si ha lugar, de su requerimiento de subordinación, junto con un calendario 
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que prevea una fecha límite para su cumplimiento, sin perjuicio de los periodos 
transitorios que pudiera establecer la autoridad de resolución preventiva.
Asimismo, se introducen modificaciones respecto a los elementos que han de ser 
incluidos en relación con los planes de resolución de grupos, siendo especialmente 
relevantes las especificidades a tener en cuenta en el caso de grupos formados por más 
de un grupo de resolución.
Se modifica la sección 2.ª del capítulo III, relativa a la evaluación de la resolubilidad. 
Concretamente, se establecen los criterios técnicos para el cálculo del importe máximo 
distribuible a efectos de las restricciones en materia de distribuciones en caso de que 
una entidad no cumpla con los requisitos combinados de colchones de capital evaluados 
en conjunción con el MREL. Se continúa asimismo reforzando los mecanismos de 
cooperación entre las autoridades de resolución comunitarias, estableciendo protocolos 
claros para realizar dicha evaluación en el caso de los grupos que permita, en la mayoría 
de los casos, obtener una decisión conjunta consensuada de los distintos supervisores.
En el capítulo VI, se abunda en los requisitos de colaboración e intercambio de 
información con las autoridades de resolución en lo atinente a los requisitos de 
notificación y consulta en la aplicación consolidada de emisiones de instrumentos 
admisibles para cumplir con el MREL.
En el capítulo VIII, se modifica el régimen y la dinámica de funcionamiento de los 
colegios de autoridades de resolución europeos, asegurando tanto un enfoque global en 
sus estrategias de resolución como una adecuada coordinación entre los colegios y las 
diferentes autoridades españolas de resolución.
Se crea un nuevo capítulo X al objeto de introducir en éste el nuevo marco para la 
determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. Este 
nuevo capítulo se divide en cuatro secciones.
En la sección 1.ª se introducen determinados aspectos técnicos relaciones con la 
determinación del MREL. En este sentido, se introducen los criterios que han observarse 
a la hora de determinar dicho requerimiento que, al objeto de adecuarlo a su riesgo 
intrínseco para el sistema financiero, serán diferentes en función del tipo de entidad en 
cuestión. Asimismo, se introducen elementos e importes relevantes que deberá tener en 
cuenta la autoridad resolución preventiva a la hora de determinar el MREL.
En esta sección se recoge también las condiciones que deben cumplirse para que 
determinados pasivos, entre otros, los correspondientes a instrumentos de deuda con 
derivados implícitos, puedan ser empleados para cumplir con el MREL.
En la sección 2.ª se establecen los criterios para la determinación del requerimiento 
de subordinación, entendido como la proporción mínima del MREL que habrá de 
cumplirse con fondos propios, con instrumentos admisibles subordinados, o con los 
pasivos emitidos. Este requerimiento también está sujeto a especificidades en función 
del tipo de entidad de que se trate.
En la sección 3.ª se hace uso de la habilitación conferida por el legislador para 
determinar la forma y ámbito de aplicación de este requerimiento, distinguiéndose entre 
entidades de resolución y entidades que no son entidades de resolución prestándose 
una especial atención a la posible complejidad organizativa de estas últimas, 
garantizándose así una clara delimitación en el plano resolutorio entre la filial y su 
empresa matriz. Por las características intrínsecas de su actividad, y su inherente 
contribución a la reducción del riesgo sistémico del sistema financiero internacional, los 
organismos centrales y sus entidades de crédito afiliadas de forma permanente quedan 
excepcionados de cumplir con este requerimiento.
En la sección 4.ª se regula el procedimiento a seguir por la autoridad de resolución 
preventiva para la determinación del requerimiento, así como obligaciones en materia de 
información publicidad y notificación a la Autoridad Bancaria Europea.
En esta sección se establecen también, por un lado, las facultades o medidas que el 
supervisor competente o las autoridades de resolución competentes podrán emplear en 
caso de incumplimiento por parte de una entidades del requerimiento, debiendo emplear 
al menos una de las explicitadas en el articulado; por otro lado, los plazos de 
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cumplimiento del requerimiento respecto a las entidades que hubieran sido objeto de 
aplicación de instrumentos de resolución o facultades de amortización o conversión de 
instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes, y que deberán ser fijados por la 
autoridad de resolución preventiva.
Se introduce  una nueva  disposición  transitoria  tercera  que prevé  la fijación  por parte  la 
autoridad de resolución preventiva de un periodo transitorio para el cumplimiento del MREL, 
cuya fecha límite para el cumplimiento íntegro del requerimiento será el 1 de enero de 2024 
y que deberá  incluir  un objetivo  intermedio  a cumplir  por las entidades  el 1 de enero 
de 2022.
La disposición derogatoria establece la derogación de las normas de igual o inferior 
rango que se opongan a este real decreto.
La disposición final primera recoge la declaración de incorporación de Derecho de la 
Unión Europea.
La disposición final segunda establece la entrada en vigor de este real decreto.
VI
El Proyecto tiene naturaleza reglamentaria y encuentra su habilitación general en los 
artículos 97 de la Constitución y 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. El real decreto se dicta en virtud de las habilitaciones específicas siguientes. 
La del artículo primero, que modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, 
sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, se encuentra en la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se 
crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que autoriza al 
Gobierno para dictar las medidas precisas para el desarrollo y la ampliación de dicho real 
decreto ley. La del artículo segundo, que modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se 
modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito, se encuentra en la disposición final decimosexta de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, que faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley.
Este real decreto está contenido en el Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado para 2021 como desarrollo de la Ley de transposición de la 
Directiva 2019/878.
Asimismo, la norma se adecua a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe sujetarse 
el ejercicio de la potestad reglamentaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
En relación con los principios de necesidad y eficacia, este real decreto es el 
instrumento adecuado para llevar a cabo la transposición de aquellas materias de 
la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, en norma reglamentaria en función del contenido de la habilitación recogida en 
la ley. Se adecua también esta norma al principio de proporcionalidad y de eficiencia en 
la medida en la que se introducen las modificaciones del ordenamiento jurídico 
necesarias para llevar a cabo la transposición de esta directiva en las disposiciones de 
rango reglamentario, que se hallan también en norma con rango de real decreto y que, 
junto a la modificación introducida en la norma legal, completan la transposición de la 
Directiva antes señalada. Respecto al principio de seguridad jurídica, la armonización de 
nuestro ordenamiento jurídico con el derecho comunitario en todas las materias 
transpuestas o adaptadas, no hace sino fortalecer la seguridad jurídica en las mismas. 
Finalmente, en aplicación del principio de transparencia, tanto en la fase de consulta 
pública como en la de audiencia pública sobre la transposición de la Directiva (UE) 
2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, los 
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interesados han tenido acceso tanto al documento de apoyo, como al proyecto articulado 
en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
tramitado de forma conjunta con la ley. 
La redacción  del proyecto  de real decreto  ha sido llevada  a cabo  por la Secretaría 
General  del Tesoro  y Financiación  Internacional,  siendo  el Centro  Directivo  de la misma  la 
Subdirección  General  de Legislación  de Entidades  de Crédito,  Servicios  Bancarios  y de 
Pago de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. En aplicación del principio de 
transparencia,  tanto  en la fase de consulta  pública  como  en la fase de audiencia  pública 
sobre  la trasposición  de la Directiva  (UE) 2019/879  del Parlamento  Europeo  y del Consejo 
de 20 de mayo  de 2019,  los interesados  han tenido  acceso  tanto  al documento  de apoyo, 
como  al proyecto  de articulado  en la página  web del Ministerio  de Asuntos  Económicos  y 
Transformación  Digital.  De ambos  procedimientos  se han recibido  numerosas 
observaciones que se han tenido en cuenta en la elaboración de este texto.
Adicionalmente, se han recabado informes del Banco de España en distintas fases 
de la tramitación del real decreto. También se ha recabado informe del FROB, de los 
Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
Justicia, Hacienda y Política Territorial y Función Pública.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa del Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, de conformidad con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
El Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 y el primer párrafo del apartado 5 
del artículo 3, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
«3. Las aportaciones anuales de las entidades adscritas irán destinadas a 
cubrir las necesidades derivadas de las funciones atribuidas a los compartimentos 
del Fondo y se ingresarán en las cuentas que designe la Comisión Gestora, en 
uno o más desembolsos, a la vista de las necesidades del Fondo y en los plazos 
que fije la Comisión Gestora.»
«5. Cuando los recursos financieros disponibles sean insuficientes para 
efectuar los pagos a los depositantes o a los inversores, la Comisión Gestora 
acordará la realización de derramas entre las entidades adscritas, que se 
distribuirán atendiendo a los criterios y a la base de cálculo de las aportaciones 
prevista en el apartado 2. Igualmente, la Comisión Gestora podrá acordar la 
realización de derramas en caso de considerarlo necesario para poner en práctica 
cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 del Real Decreto-ley 16/2011, 
de 14 de octubre.»
Dos. Se modifica la letra a) del artículo 4.4, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«a) Los depósitos realizados por las siguientes entidades:
1.º Las entidades de crédito.
2.º Las sociedades y agencias de valores.
3.º Las entidades aseguradoras.
4.º Las sociedades de inversión mobiliaria.
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5.º Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como 
las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de 
capital-riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
6.º Las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento 
financiero.
7.º Las sociedades de capital riesgo y sus correspondientes sociedades 
gestoras.
8.º Cualquier otra entidad financiera definida en el artículo 4.1.26) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013.»
Tres. Se modifica el artículo 7.6, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«6. Cuando los titulares de un depósito actúen como representantes o 
agentes de terceros, siempre que el beneficiario legal haya sido identificado o sea 
identificable antes de que se produzcan las circunstancias descritas en el 
artículo 8, la cobertura del Fondo se aplicará a los terceros beneficiarios del 
depósito en la parte que les corresponda.
No obstante, lo anterior, cuando quien actúe como representante o agente sea 
una entidad de las excluidas de cobertura del Fondo de las recogidas en los 
numerales 3.º, 4.º, 5.º, 7.º y 8.º del artículo 4.4.a), se considerará que el depósito 
pertenece a dicha entidad y no será cubierta por el Fondo.»
Cuatro. Se modifica el artículo 9 bis.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1. Las entidades de crédito tendrán identificados en todo momento los 
depósitos admisibles y garantizados de cada depositante con el nivel de detalle 
que determine el Banco de España.
Esta información podrá ser solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito en cualquier momento.
Adicionalmente, las entidades de crédito colaborarán con el Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito y le facilitarán toda la información, 
documentación y aclaraciones que éste considere necesarias para comprobar la 
información mencionada en este artículo así como de la utilizada para determinar 
la base de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
informará al Banco de España de los resultados de sus comprobaciones.»
Cinco. El artículo 12 queda sin contenido.
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos 
de entidades de crédito.
El Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, 
de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, 
queda redactado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1, el apartado 3 y el apartado 5 del artículo 6, que 
pasan a tener el siguiente tenor literal:
«1. Con carácter previo a la adopción de cualquier medida de resolución o el 
ejercicio de las facultades de amortización o conversión se realizará una 
valoración del activo y el pasivo de la entidad por un experto independiente 
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designado por el FROB, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio. Cuando se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el presente artículo, la valoración se considerará definitiva.»
«3. La valoración será utilizada para los siguientes propósitos:
a) Ponderar el cumplimiento de las condiciones para la resolución o las 
condiciones para la amortización o conversión de instrumentos de capital y 
pasivos admisibles.
b) Adoptar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que ha de 
adoptarse respecto de la entidad.
c) Informar sobre el alcance de la cancelación o el reajuste a la baja del valor 
de las acciones u otros instrumentos de capital, y el alcance de la amortización o 
conversión de los instrumentos de capital y pasivos admisibles, en el caso de que 
se proceda a la amortización o conversión de capital.
d) Establecer el alcance de la amortización o conversión de los pasivos 
susceptibles de recapitalización interna, en el caso de que se utilice el instrumento 
de recapitalización interna.
e) Determinar qué activos, derechos, pasivos o acciones u otros 
instrumentos de capital habrán de tramitarse, así como la decisión sobre el valor 
que haya de abonarse a la entidad objeto de la resolución o, en su caso, a los 
propietarios de las acciones u otros instrumentos de capital, cuando se aplique el 
instrumento de entidad puente o el instrumento de segregación de activos.
f) Fundamentar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u 
otros instrumentos de capital que habrán de transmitirse, cuando se aplique el 
instrumento de venta del negocio, e informar lo que debe considerarse, a juicio del 
FROB, como condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
g) Asegurar la detección de toda pérdida que afecte a los activos de la 
entidad en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución o se 
ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos de capital y 
pasivos admisibles.»
«5. La valoración no contemplará ninguna aportación futura de ayudas 
públicas extraordinarias a la entidad, de ayudas en forma de provisión urgente de 
liquidez del banco central o de ayudas en forma de liquidez del banco central 
atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y 
tipos de interés, a partir del momento en que se emprenda una medida de 
resolución o se ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos 
de capital y pasivos admisibles en cuestión.»
Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9, que pasan a tener el siguiente 
tenor literal:
«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 6.1, la valoración provisional 
efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 y 2, permitirá al 
FROB emprender las acciones de resolución que sean necesarias, incluyendo la 
asunción del control de una entidad inviable o el ejercicio de las facultades de 
amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles.
4. La valoración formará parte integrante de la decisión de aplicar un 
instrumento de resolución o de ejercer una competencia de resolución, así como 
de la decisión de ejercer las facultades de amortización o conversión de 
instrumentos de capital y pasivos admisibles.»
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Tres. Se  modifica  el primer  párrafo,  las letras  o) y p) del segundo  párrafo  y se 
introduce un nuevo párrafo final en el apartado 1 del artículo 25 con el siguiente contenido:
«1. El  plan de resolución  previsto  en el artículo  13 de la Ley 11/2015,  de 18 de 
junio,  contendrá  los instrumentos  y competencias  de resolución  aplicables  a la 
entidad  atendiendo  a los diferentes  escenarios  de estrés  que puedan  desencadenar 
la inviabilidad, entre los que se incluirán, que el fenómeno de inviabilidad se produzca 
por causas  internas  a la entidad  o que se produzca  en un momento  de inestabilidad 
financiera general o a causa de factores que afectan a todo el sistema.»
«o) Los requerimientos de fondos propios y pasivos admisibles a que se 
refieren los artículos 79 y 80 y una fecha límite para alcanzar dicho nivel, del 
periodo transitorio que, en su caso, determine la autoridad de resolución 
preventiva de conformidad con el artículo 85.
p) Cuando una autoridad de resolución preventiva aplique los artículos 76 
o 77, si procede, un calendario para el cumplimiento, por parte de la entidad de 
resolución, del periodo transitorio que, en su caso, determine la autoridad de 
resolución preventiva de conformidad con el artículo 85.»
«Al establecer los calendarios a que se refieren las letras o) y p), en las 
circunstancias mencionadas en el artículo 13.3.b) de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la autoridad de resolución tendrá en cuenta la fecha límite para cumplir la 
orientación sobre fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 69 bis de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«1. El  plan de resolución  de grupo  previsto  en el artículo  14.1 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, incluirá los elementos mencionados en el artículo 25.1 y, 
además, deberá:
a) Establecer las medidas de resolución previstas para las entidades de 
resolución en los escenarios contemplados en el artículo 25.1, y las repercusiones 
de dichas medidas de resolución respecto de las demás entidades del grupo, para 
la empresa matriz y para las entidades filiales.
Cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, establecer 
las medidas de resolución que deben tomarse para las entidades de resolución de 
cada grupo de resolución y las implicaciones de estas medidas sobre:
1.º Otras entidades del grupo que pertenezcan al mismo grupo de resolución; y
2.º Otros grupos de resolución;
b) Examinar en qué medida los instrumentos de resolución pueden aplicarse 
y las facultades de resolución pueden ejercerse a entidades de resolución 
establecidas dentro de la Unión Europea de forma coordinada, incluidas las 
medidas para facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de 
ramas de actividad específicas o actividades desempeñadas por una o varias 
entidades del grupo, o de entidades del grupo o grupos de resolución específicos, 
así como identificar cualquier obstáculo potencial a una resolución coordinada.
c) Cuando un grupo incluya entidades constituidas en Estados no miembros 
de la Unión Europea, establecer acuerdos adecuados para la cooperación y 
coordinación con las autoridades que corresponda atendiendo a las 
consecuencias para la resolución en el seno de la Unión Europea.
d) Determinar las medidas necesarias para facilitar la resolución de grupo 
cuando se cumplan las condiciones de resolución. Entre tales medidas podrá 
figurar la separación jurídica y económica de funciones o ramas de actividad 
concretas.
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e) Determinar  las condiciones  de financiación  de las acciones  de resolución  de 
grupo,  atendiendo  a principios  equitativos  y equilibrados  de reparto  de las cargas 
entre  fuentes  de financiación  radicadas  en diferentes  Estados  miembros  de la Unión 
Europea.  En particular,  estos  principios  deberán  basarse  en los criterios  establecidos 
en el artículo 52.3, y deberán considerar las repercusiones en la estabilidad financiera 
de todos los Estados miembros de la Unión Europea afectados.
f) Establecer cualquier otra medida adicional que el FROB, cuando sea la 
autoridad de resolución del grupo, tenga intención de adoptar en relación con las 
entidades incluidas dentro de cada grupo de resolución.
En todo caso, los planes de resolución de grupo no podrán tener un impacto 
desproporcionado en ningún Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 y el apartado 7 del artículo 28, que pasan a tener 
el siguiente tenor literal:
«2. Si  las autoridades  de resolución  no alcanzasen  la decisión  conjunta  en el 
plazo  de cuatro  meses  previsto  en el apartado  anterior,  la autoridad  de resolución 
preventiva,  cuando  sea la autoridad  de resolución  preventiva  a nivel de grupo, 
adoptará  su propia  decisión  sobre  el plan de resolución  de grupo  o, cuando  sea la 
autoridad  de resolución  de una filial, y no esté de acuerdo  con el plan de resolución 
del grupo, adoptará su propia decisión y, cuando proceda, identificará a la entidad de 
resolución  y elaborará  y mantendrá  actualizado  un plan de resolución  para el grupo 
de resolución compuesto de entidades que estén bajo jurisdicción española.
Estas decisiones estarán plenamente motivadas y deberán tener en cuenta las 
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución y 
supervisores. Además, en los casos en que la autoridad de resolución preventiva 
sea la autoridad de resolución de una filial, la decisión deberá exponer las razones 
del desacuerdo con el plan de resolución de grupo propuesto.
La autoridad de resolución preventiva comunicará sus decisiones a las 
entidades afectadas y a los miembros del colegio de autoridades de resolución.»
«7. Cuando se tomen decisiones conjuntas en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 4 y una autoridad de resolución determine que la cuestión que ha 
suscitado el desacuerdo sobre los planes de resolución a nivel de grupo vulnera 
las competencias fiscales de su Estado, la autoridad de resolución preventiva, 
cuando sea la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo, procederá a 
una reevaluación del plan de resolución de grupo, incluido el requerimiento mínimo 
de fondos propios y pasivos admisibles.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 29 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 29 bis.  Cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
1. El  importe  máximo  distribuible  relacionado  con el requerimiento  mínimo  de 
fondos  propios  y pasivos  admisibles  previsto  en el artículo  16 bis de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio,  se calculará  multiplicando  la suma  calculada  según  lo previsto  en el 
apartado  2 por el factor  determinado  de conformidad  con el apartado  3. El resultado 
de este múltiplo,  se reducirá  por el importe  que resulte  de cualquiera  de las medidas 
contempladas en el artículo 16 bis.1.a) o b) de dicha ley.
2. La suma que deberá multiplicarse de conformidad con el apartado 1 
consistirá en:
a) Los beneficios intermedios no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en 
virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, netos de cualquier 
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reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se refieren el 
artículo 16 bis. 1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
Más
b) Los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de nivel 1 
ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 netos de 
cualquier reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se el 
artículo 16 bis.1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
Menos
c) Los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de 
conservarse los elementos especificados en las letras a) y b).
3. El factor previsto en el apartado 1 se determinará de la siguiente manera:
a) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en 
porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con 
el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el primer cuartil (es 
decir, el más bajo) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0;
b) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en 
porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con 
el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el segundo cuartil 
de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,2;
c) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el tercer cuartil de los requisitos 
combinados de colchón, el factor será 0,4;
d) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, el más 
alto) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,6.
Los límites inferior y superior de cada cuartil de los requisitos combinados de 
colchón se calcularán del siguiente modo:
Límite inferior  del cuartil  =Requisito  combinado  de colchón
4 X (QN−1)  
Límite superior  del cuartil =Requisito  combinado  de colchón
4 X QN 
Donde Q N es el número ordinal del cuartil correspondiente.»
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Siete. Se modifica el artículo 30, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 30.  Decisión conjunta sobre eliminación de obstáculos a la resolubilidad 
de grupos.
1. La decisión conjunta sobre las medidas oportunas para eliminar los 
obstáculos a la resolubilidad de un grupo a que se refiere el artículo 18 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, se adoptará en el plazo máximo de cuatro meses 
desde que la empresa matriz del grupo envíe sus observaciones a las medidas 
propuestas por la autoridad de resolución preventiva para eliminar los obstáculos a 
la resolubilidad, en virtud del apartado 2 del artículo mencionado.
En ausencia de observaciones durante el periodo de cuatro meses con el que 
cuenta la matriz del grupo en virtud del artículo 18.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la decisión conjunta deberá adoptarse en el plazo de un mes desde el 
término de dicho plazo.
Cuando la decisión conjunta en relación con el obstáculo a la resolubilidad 
dimanare de una de las situaciones contempladas en el artículo 17.2 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, dicho plazo será de quince días a partir de la fecha de 
recepción de las observaciones enviadas por la matriz del grupo.
En todo caso, la decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento 
que la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo facilitará a la empresa 
matriz.
2. La autoridad de resolución preventiva, de conformidad con el 
artículo 31.2.c) del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre 
de 2010, podrá solicitar la mediación de la Autoridad Bancaria Europea para 
alcanzar la decisión conjunta.
3. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en 
el apartado 1, la autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de 
resolución a nivel de grupo, adoptará su propia decisión sobre las medidas que 
deban aplicarse a nivel de grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Estas decisiones estarán plenamente motivadas y tendrán en cuenta las 
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución. La 
autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo comunicará la decisión a la 
empresa matriz.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad 
de resolución preventiva a nivel grupo aplazará su decisión en espera de la 
decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el 
artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la 
decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente 
señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido 
del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse 
adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara 
una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva a 
nivel de grupo.
4. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en 
el apartado 1, la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución 
pertinente adoptará su propia decisión sobre las medidas que deban aplicarse a 
nivel de grupo de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
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Estas decisiones estarán plenamente motivadas y tendrán en cuenta las 
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución de otras 
entidades del mismo grupo de resolución y de la autoridad de resolución a nivel de 
grupo. La autoridad de resolución preventiva pertinente comunicará la decisión a 
la entidad de resolución.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad 
de resolución preventiva de la filial aplazará su decisión en espera de la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el 
artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la 
decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente 
señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido 
del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse 
adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara 
una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la 
entidad de resolución.
5. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta, las autoridades de 
resolución de las filiales que no sean entidades de resolución adoptarán sus 
propias decisiones sobre las medidas que deba adoptar cada una de las filiales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 apartado 2 bis y apartado 4 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio.
La decisión estará plenamente motivada y deberá tener en cuenta las 
opiniones y reservas expresadas por las otras autoridades de resolución. La 
decisión se comunicará a la filial afectada y a la entidad de resolución del mismo 
grupo de resolución, a la autoridad de resolución de dicha entidad de resolución y, 
en caso de ser diferente, a la autoridad de resolución a nivel de grupo.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad preventiva de resolución de la filial 
aplazará su decisión en espera de la decisión que la Autoridad Bancaria Europea 
pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3, de dicho reglamento, y 
adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea. En estos casos, el período pertinente señalado en el apartado 1 se 
considerará el período de conciliación en el sentido del citado reglamento.
El asunto  no se remitirá  a la Autoridad  Bancaria  Europea  tras haber  finalizado  el 
periodo  pertinente  señalado  en el apartado  1 del presente  artículo  o haberse 
adoptado  una decisión  conjunta.  Si la Autoridad  Bancaria  Europea  no adoptara  una 
decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la filial.
6. En ausencia de una decisión conjunta en el período señalado en el 
apartado 1 sobre la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el 
artículo 17.2 bis.g), h), o m) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de 
resolución preventiva podrá solicitar a la Autoridad Bancaria Europea su asistencia 
para llegar a un acuerdo de conformidad con el artículo 19.3 del Reglamento (UE) 
número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010.
7. La autoridad de resolución preventiva reconocerá y aplicará las decisiones 
alcanzadas por otras autoridades de resolución en las que no haya sido partícipe.»
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Ocho. Se introduce un nuevo apartado 2 bis en el artículo 32 con el siguiente 
contenido:
«2 bis.  Asimismo, notificará sin demora a las entidades previstas en el 
artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y a las autoridades 
previstas en el apartado anterior en caso de ejercer la facultad prevista en el 
artículo 70 ter de dicha ley una vez se haya determinado que la entidad es inviable 
o tiene probabilidad de serlo de acuerdo con el artículo 19.1.a) de dicha ley, y 
antes de tomar la decisión de resolución.»
Nueve. Se modifica el título del artículo 37, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 37.  Procedimiento para la exclusión, total o parcial, de ciertos pasivos o 
categorías de pasivos susceptibles de recapitalización interna.»
Diez. Los artículos 38 a 42 quedan sin contenido.
Once. Se modifica el artículo 46, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 46.  Conversión y amortización de los instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes.
1. A fin de efectuar la conversión de los instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes con arreglo al artículo 39.1.b) de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, el FROB podrá exigir a las entidades, que emitan instrumentos de capital 
ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital definidos en la 
citada ley.
2. Los instrumentos de capital pertinentes únicamente podrán ser convertidos 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos por la 
entidad, o por una empresa matriz de la entidad, con el acuerdo del FROB, o, 
cuando proceda, de la autoridad de resolución de la empresa matriz.
b) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos con 
anterioridad a cualquier emisión de acciones u otros instrumentos de capital por 
parte de dicha entidad, a los efectos de aportación de fondos propios por parte del 
Estado o una entidad estatal.
c) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean asignados y 
transmitidos sin demora después del ejercicio de la competencia de conversión.
d) Que el tipo de conversión que determina el número de instrumentos de 
capital ordinario de nivel 1 que se emiten respecto a cada instrumento de capital y 
pasivos admisibles pertinentes contemplados en el artículo 38.1 bis de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, se ajuste a los principios establecidos en el 
artículo 48.5 de dicha ley.»
Doce. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 47, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1. El FROB, antes de determinar si se da alguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 38.2.b), c), d) o e) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
en relación con una filial española que emita los instrumentos de capital, o los 
pasivos admisibles contemplados en el artículo 38.1 bis de dicha ley, computables 
a efectos del cumplimiento, con carácter individual, del requerimiento establecido 
en el artículo 80, o los instrumentos de capital pertinentes que se reconoce 
cumplen los requisitos de fondos propios en base individual o consolidada, deberá 
notificar que está planeado valorar si se dan las circunstancias contempladas en el 
artículo 38.2.b), c), d) o e) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, previa consulta a la 
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autoridad de resolución de la entidad de resolución pertinente, y en el plazo de 24 
horas desde dicha consulta:
a) Al supervisor en base consolidada y, si son diferentes, a la autoridad de 
resolución del Estado miembro en el que esté situado el supervisor en base 
consolidada;
b) A las autoridades de resolución de otras entidades del mismo grupo de 
resolución que hayan adquirido directa o indirectamente los pasivos a que se 
refiere el artículo 80.3, de la entidad sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 de 
dicho artículo.
Cuando el FROB se esté planteando proceder a la comprobación contemplada 
en el artículo 38.2.c) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, lo notificará sin demora a la 
autoridad competente responsable de cada entidad contemplada en el 
artículo 1.2.b), c) o d) de dicha ley que haya emitido los instrumentos de capital 
pertinentes sobre los que deben ejercerse las facultades de amortización o 
conversión en caso de que, efectivamente, efectuara tales comprobaciones, y, si 
son diferentes, a las autoridades apropiadas del Estado miembro en el que estén 
situados dichas autoridades competentes y el supervisor en base consolidada.»
«4. El FROB, tras efectuar la notificación con arreglo al apartado 1, previa 
consulta a las autoridades notificadas, de conformidad con la letra a) y el párrafo 
final de dicho apartado, evaluará los siguientes aspectos:
a) Si existe una medida alternativa al ejercicio de la competencia de 
amortización o conversión prevista en el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio.
b) En caso de existir dicha medida alternativa, si puede aplicarse 
adecuadamente.
c) En el caso de que sea posible aplicar la medida alternativa, si existen 
perspectivas realistas de que, en un plazo adecuado, pueda solventar las 
circunstancias que, de otro modo, requerirían aplicar lo dispuesto en el 
artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Trece. Se modifica el artículo 57.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1. Cuando las autoridades nacionales de resolución españolas actúen como 
autoridades de resolución a nivel de grupo, la autoridad de resolución preventiva 
competente, constituirá colegios de autoridades de resolución que desempeñen 
las funciones previstas en los artículos 14, 16, 18, 20.3 y 44 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio.
En todo caso, el FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, 
cooperarán mutuamente y se coordinarán con las autoridades de resolución de 
terceros países para participar en los colegios de autoridades de resolución que se 
constituyan.»
Catorce. Se modifica la letra a) del artículo 58.1., que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«a) El FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, en cuanto 
autoridades de resolución a nivel de grupo. La presidencia del Colegio de 
Resolución corresponderá al FROB o a la autoridad de resolución preventiva 
competente en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las 
decisiones a adoptar por el Colegio de Resolución. La presidencia por parte de la 
autoridad de resolución preventiva del Colegio de Resolución en la fase preventiva 
de la resolución constituye la única excepción a la competencia general del FROB 
de ser la autoridad de contacto internacional prevista en el artículo 58.1 de la 
Ley 11/2015.»
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Quince. Se  modifica  el primer  párrafo  del apartado  1 del artículo  59, que pasa  a tener 
el siguiente tenor literal:
«1. En cuanto presidente del colegio de autoridades de resolución, el FROB y la 
autoridad preventiva de resolución competente tendrán las siguientes competencias:»
Dieciséis. Se modifica el artículo 60, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 60.  Exención de la obligación de constituir un colegio de autoridades de 
resolución.
Ni el FROB  ni la autoridad  de resolución  preventiva,  en cuanto  autoridad  de 
resolución  a nivel de grupo,  estarán  obligados  a constituir  un colegio  de autoridades 
de resolución  si ya existen  otros  grupos  o colegios  con las mismas  funciones  y 
sometidos a un mismo régimen de organización y participación que el de los colegios 
de autoridades  de resolución.  En estos  casos,  cualquier  referencia  a los colegios  de 
autoridades  de resolución  de la Ley 11/2015,  de 18 de junio,  y de su normativa  de 
desarrollo, se considerará asimismo hecha a tales grupos o colegios.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 61, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 61.  Colegios de autoridades de resolución europeos.
1. Cuando una entidad o una empresa matriz de un tercer país cuente con 
filiales o empresas matrices establecidas en España y en otro u otros Estados 
miembros, o dos o más sucursales situadas en la Unión Europea que se 
consideren significativas por España y por otro u otros Estados miembros, las 
autoridades de resolución de los Estados miembros en los que están establecidas 
dichas entidades o donde estén establecidas tales sucursales significativas 
constituirán un colegio de autoridades de resolución europeo.
2. El  colegio  de autoridades  de resolución  europeo  a que se refiere  el 
apartado  1 desempeñará  las funciones  y realizará  los cometidos  expuestos  en el 
artículo  57, respecto  de las entidades  a que se refiere  el apartado  anterior,  y, en la 
medida en que dichos cometidos resulten procedentes, respecto de sus sucursales.
Los cometidos a que se refiere el párrafo primero incluirán la fijación del 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el 
capítulo X. A la hora de fijar este requisito, las autoridades de resolución 
competentes, como miembros del colegio de autoridades de resolución europeo, 
asegurará que se tenga en cuenta la estrategia de resolución global adoptada, en 
su caso, por las autoridades de terceros países.
Cuando, de conformidad con la estrategia de resolución global, las filiales 
establecidas en la Unión Europea o una empresa matriz establecida en la Unión 
Europea y sus entidades filiales no sean entidades de resolución y los miembros 
del colegio de autoridades de resolución europeo estén de acuerdo con dicha 
estrategia, las filiales establecidas en la Unión o, en base consolidada, la empresa 
matriz establecida en la Unión Europea, deberá cumplir el requisito del 
artículo 80.1, mediante la emisión de instrumentos contemplados en el 
artículo 80.3.a) y b), dirigidos a su empresa matriz final establecida en un tercer 
país, o a sus filiales establecidas en el mismo tercer país o a otras entidades 
sujetas a las condiciones previstas en el artículo 80.3.a).1.º y en el 
artículo 80.3.b).2.º
3. Cuando todas las filiales establecidas en la Unión Europea, de una entidad 
de un tercer país, o de una empresa matriz de un tercer país pertenezcan a una 
sola empresa matriz establecida en la Unión Europea, el colegio de autoridades de 
resolución europeo estará presidido por la autoridad de resolución del Estado 
miembro donde esté establecida la empresa matriz.
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Cuando no sea aplicable el párrafo primero, la autoridad de resolución de una 
empresa matriz de la Unión o de una filial de la Unión con el valor más alto de 
activos totales dentro del balance mantenidos presidirá el colegio de autoridades 
de resolución europeo.
En el supuesto de que la supervisión consolidada corresponda a una autoridad 
supervisora española, la autoridad de resolución competente presidirá el colegio 
de resolución en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las 
decisiones a adoptar por el colegio de resolución europeo. La presidencia por 
parte de la autoridad de resolución preventiva del colegio de resolución europeo 
en la fase preventiva de la resolución constituye la única excepción a la 
competencia general del FROB de ser la autoridad de contacto internacional 
prevista en el artículo 58.1 de la Ley 11/2015.
4. Mediante acuerdo mutuo de todas las partes interesadas, se podrá 
exceptuar la obligación de constituir un colegio de autoridades de resolución 
europeo si existen otros grupos o colegios con las mismas funciones y sometidos 
a un mismo régimen de organización y participación siempre que se ajuste a todos 
los procedimientos y condiciones fijados en el presente artículo y en los 
artículos 57 y 58 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, incluidos los relativos a la 
pertenencia a los colegios de autoridades de resolución y a la participación en 
estos. En tal caso, toda referencia a los colegios europeos de autoridades de 
resolución de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de su normativa de desarrollo, se 
considerará hecha a tales grupos o colegios.
5. Sin perjuicio de los apartados 3 y 4, el colegio de autoridades de 
resolución europeo funcionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.»
Dieciocho. Se modifica el párrafo segundo del artículo 67.1, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«Será de aplicación en el supuesto previsto en el párrafo anterior, lo dispuesto 
en el artículo 66 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Diecinueve. Se crea un nuevo capítulo X con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO X
Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
Sección 1.ª Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
Artículo 69.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.
Las entidades deberán cumplir en todo momento el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de acuerdo con lo previsto en la sección 4.ª bis del capítulo VI de 
dicha ley y en este capítulo.
Artículo 70.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles para determinadas entidades.
1. Para las entidades de resolución que no están sujetas al artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que son parte de un grupo de resolución cuyos 
activos totales superan los 100 000 millones de euros, el nivel del requerimiento a 
que se refiere el artículo 69 será, al menos, igual a:
a) El 13,5 por ciento cuando se calcule con arreglo al artículo 44.2.a) de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, y
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b) El 5 por ciento cuando se calcule con arreglo al artículo 44.2.b) de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio.
Estas entidades cumplirán este requerimiento utilizando fondos propios, 
instrumentos admisibles subordinados, o con los pasivos emitidos a accionistas 
que no formen parte del mismo grupo de resolución, de acuerdo con lo previsto en 
la sección 2.ª de este capítulo.
2. La autoridad de resolución preventiva podrá, previo informe del supervisor 
competente y del FROB, decidir aplicar, a otras entidades distintas de las 
entidades de importancia sistémica mundial (en adelante EISM) y las entidades a 
que se refiere el apartado anterior, los requerimientos mínimos establecidos en 
dicho apartado, si la autoridad de resolución preventiva considera razonablemente 
probable que su inviabilidad plantee un riesgo sistémico.
Al adoptar esta decisión, la autoridad de resolución preventiva tendrá en 
cuenta:
a) La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b) Hasta qué punto el acceso a mercados de capitales para pasivos 
admisibles está limitado;
c) Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
3. La falta de una decisión con arreglo al apartado primero de este artículo no 
impedirá que se tome una decisión en virtud del artículo 76.
Artículo 71.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles para las entidades de resolución de las entidades de importancia 
sistémica mundial y las filiales significativas de la Unión de las EISM de fuera 
de la Unión Europea.
1. El requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto 
en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una entidad de 
resolución que sea una EISM o parte de una EISM consistirá en lo siguiente:
a) Los requerimientos a que se refieren los artículos 92 bis y 494 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
b) Cualquier requerimiento adicional de fondos propios y pasivos admisibles 
determinado por la autoridad de resolución preventiva específicamente en relación 
con dicha entidad, de conformidad con el apartado 3 de este artículo.
2. El requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles a que se 
refiere el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una filial significativa 
establecida en la Unión Europea de una EISM de fuera de la Unión Europea 
constará de lo siguiente:
a) Los requerimientos a que se refieren los artículos 92 ter y 494 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
b) Cualquier requerimiento adicional de fondos propios y pasivos admisibles 
determinado por la autoridad de resolución preventiva específicamente en relación 
con dicha filial significativa de conformidad con el apartado 3 de este artículo, que 
deberá cumplirse con fondos propios y pasivos que respeten las condiciones 
establecidas en el artículo 80, y en el artículo 61.2 para los colegios de resolución.
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3. La autoridad de resolución preventiva, tras consultar al supervisor 
competente y al FROB, impondrá el requerimiento adicional a que se refieren los 
apartados anteriores cuando:
a) Los requerimientos previstos en los artículos 92 bis y 92 ter Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 no sea suficiente para cumplir las condiciones establecidas en 
el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
b) En la medida en que garantice que se cumplen las condiciones 
establecidas en dichos artículos.
La decisión de la autoridad preventiva contendrá las razones que la justifican, 
incluida una evaluación completa de los elementos mencionados en el párrafo 
anterior, y será revisada por la autoridad de resolución preventiva sin demora 
indebida para reflejar cualquier cambio del nivel del requerimiento a que se refiere 
el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, aplicable al grupo de resolución o 
a una filial significativa establecida en la Unión Europea de una EISM de fuera de 
la Unión Europea.
4. A los efectos del procedimiento para la determinación del requerimiento, 
previsto en el artículo 82.3, cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM 
sean entidades de resolución, las autoridades de resolución pertinentes deberán 
calcular el importe a que se refiere el apartado 3:
a) Para cada entidad de resolución;
b) Para la entidad matriz de la Unión como si fuera la única entidad de 
resolución de la EISM.
Artículo 72.  Pasivos admisibles para las entidades de resolución.
1. Los pasivos correspondientes a instrumentos de deuda con derivados 
implícitos, tales como bonos estructurados, que cumplan los requerimientos del 
artículo 44 bis.1 de la Ley 11/2015, a excepción del artículo 72 bis.2.l) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, se incluirán en el importe de fondos propios y 
pasivos admisibles únicamente cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes:
a) El principal del pasivo correspondiente al instrumento de deuda se conoce 
en el momento de la emisión, es fijo o creciente y no se ve afectado por un 
derivado implícito, y el importe total del pasivo correspondiente al instrumento de 
deuda, incluido el derivado implícito, puede valorarse diariamente por referencia a 
un mercado líquido y activo tanto para la oferta como para la demanda para un 
instrumento equivalente sin riesgo de crédito de conformidad con los artículos 104 
y 105 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; o
b) El instrumento de deuda incluye una cláusula contractual que especifica 
que el valor del crédito en los casos de concurso o de resolución del emisor es fijo 
o creciente, y no es superior al importe del pasivo pagado inicialmente.
Los instrumentos de deuda a que se refiere el párrafo primero, incluidos sus 
derivados implícitos, no estarán sujetos a ningún acuerdo de compensación y su 
valoración no estará sujeta al artículo 48.4, párrafo segundo de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio.
2. Los pasivos a que se refiere el apartado anterior solo se incluirán en el 
importe de fondos propios y pasivos admisibles por la parte correspondiente al 
principal a que se refiere la letra a) de dicho apartado, o al importe fijo o creciente 
a que se refiere la letra b).
3. Cuando se emitan pasivos por una filial establecida en la Unión Europea 
que sean suscritos por uno de sus accionistas existentes que no forme parte del 
mismo grupo de resolución y dicha filial forme parte del mismo grupo de resolución 
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que la entidad de resolución, dichos pasivos se incluirán en el importe de fondos 
propios y pasivos admisibles de dicha entidad de resolución, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que sean emitidos de conformidad con el artículo 80.3.a);
b) Que el ejercicio de la facultad de amortización o conversión en relación 
con esos pasivos con arreglo al artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, no 
impida el control de la filial por parte de la entidad de resolución;
c) Que no superen un importe determinado mediante la sustracción de:
1.º La suma de los pasivos emitidos y adquiridos por la entidad de resolución 
directa o indirectamente a través de otras entidades pertenecientes al mismo 
grupo de resolución y el importe de los fondos propios emitidos de conformidad 
con el artículo 80.3.b);
2.º Al importe requerido de conformidad con el artículo 80.1.
Artículo 73.  Absorción de pérdidas y recapitalización en la determinación del 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
1. Para el cálculo del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles de las entidades de resolución, el importe de absorción de pérdidas y 
recapitalización a que se refiere el artículo 44 ter.3 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, constará de los importes siguientes:
a) Para la aplicación del artículo 44.2.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º El importe de las pérdidas que serán absorbidas en la resolución que 
corresponde a los requerimientos mencionados en el artículo 92.1.c), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
para la entidad de resolución a nivel de grupo de resolución consolidado; y
2.º Un importe de recapitalización que permita que el grupo de resolución 
resultante de la resolución restablezca el cumplimiento del requisito de ratio de 
capital total aplicable a que se refiere el artículo 92.1.c), del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, así como los requisitos a que se refiere artículo 69 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, y su normativa de desarrollo, aplicables a nivel de grupo de 
resolución consolidado tras la aplicación de la estrategia de resolución preferida; y
b) Para la aplicación del artículo 44.2.b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º El importe de las pérdidas que serán absorbidas en la resolución que 
corresponde al requerimiento de ratio de apalancamiento de la entidad de 
resolución a que se refiere el artículo 92.1.d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a 
nivel de grupo de resolución consolidado; y
2.º Un importe de recapitalización que permita que el grupo de resolución 
resultante de la resolución restablezca el cumplimiento del requerimiento de ratio 
de apalancamiento aplicable a que se refiere el artículo 92.1.d), del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 a nivel de grupo de resolución consolidado tras la aplicación de 
la estrategia de resolución preferida.
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2. Para las entidades que no sean entidades de resolución, el importe de 
absorción de pérdidas y recapitalización a que se refiere el artículo 44 ter.3 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, constará de los importes siguientes:
a) Para la aplicación del artículo 44.2.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º El importe de las pérdidas que serán absorbidas que corresponde a los 
requerimientos a que se refiere el artículo 92.1.c) del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 y el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y su normativa de 
desarrollo para la entidad; y
2.º Un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el 
cumplimiento del requisito de ratio de capital total a que se refiere el 
artículo 92.1.c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como el requisito a que se 
refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, tras el ejercicio de la 
facultad para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles 
pertinentes de conformidad con el artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, o 
después de la resolución del grupo de resolución; y
b) Para la aplicación del artículo 44.2.b), de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º El importe de las pérdidas que serán absorbidas que corresponde al 
requerimiento de la ratio de apalancamiento de la entidad a que se refiere el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
2.º Un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el 
cumplimiento del requerimiento de la ratio de apalancamiento a que se refiere el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 tras el ejercicio de la facultad 
para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes 
de conformidad con el artículo 38 o después de la resolución del grupo de 
resolución;
3. A efectos del artículo 44.2.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, el 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles se expresará, en términos 
porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la 
letra a) de los apartados 1 y 2, respectivamente, y el importe total de la exposición 
al riesgo.
A efectos del artículo 44.2.b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, el 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles se expresará, en términos 
porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la 
letra b) de los apartados 1 y 2 y la medida de la exposición total.
Al establecer los requerimientos individuales previstos en la letra b) sobre 
medida de la exposición total prevista en los apartados 1 y 2, la autoridad de 
resolución preventiva tendrá en cuenta los requisitos contemplados en los 
artículos 50. 2 y 50.3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Artículo 74.  Elementos para la determinación del requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles.
1. Al fijar los importes de recapitalización a que se refiere el artículo anterior, 
la autoridad de resolución preventiva:
a) Utilizará los valores comunicados más recientes para el importe total de la 
exposición al riesgo o la medida de la exposición total correspondiente a la ratio de 
apalancamiento, ajustados en función de cualquier cambio derivado de las 
medidas de resolución previstas en el plan de resolución; y
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b) Tras  consultar  al supervisor  competente,  ajustará  a la baja o al alza el 
importe  de recapitalización  correspondiente  al requisito  actual  a que se refiere  el 
artículo  69 de la Ley 10/2014,  de 26 de junio,  para determinar  el requerimiento 
aplicable  a la entidad  de resolución  tras la aplicación  de la estrategia  de resolución 
preferida  o, en el caso de entidades  que no sean  entidades  de resolución,  tras la 
amortización  y conversión  de instrumentos  de capital  y pasivos  admisibles  prevista 
en el artículo  38 de la Ley 11/2015,  de 18 de junio,  o la resolución  del grupo  de 
resolución.
2. La autoridad de resolución preventiva podrá aumentar el requerimiento 
previsto en los artículos 73.1.a).2.º y 73.2.a).2.º con un importe adecuado 
necesario para garantizar que la entidad mantenga una confianza suficiente de los 
mercados durante un periodo adecuado que no excederá de un año:
a) Tras la resolución, en el caso de las entidades de resolución, o
b) Tras la amortización y conversión de pasivos admisibles previsto en el 
artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en el caso de las entidades que no 
sean entidad de resolución, Este importe será igual a los requisitos combinados de 
colchón aplicables después de la aplicación de los instrumentos de resolución, en 
el caso de las entidades de resolución, o de la amortización y conversión de 
pasivos admisibles, en el caso de las entidades que no sean entidades de 
resolución, menos el colchón de capital anticíclico al que se refiere el 
artículo 43.1.a), de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
3. El importe al que se refiere el apartado anterior se ajustará a la baja o al 
alza si, una vez consultado el supervisor competente, la autoridad de resolución 
preventiva determina que, de modo factible y creíble, un importe inferior bastaría o 
un importe superior sería necesario para:
a) Mantener la confianza de los mercados,
b) Garantizar  la prestación  continuada  de funciones  económicas  esenciales  por 
la entidad prevista en el artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y
c) Garantizar su acceso a financiación:
1.º En caso de ajustar a la baja, sin necesidad de recurrir a un apoyo 
financiero público extraordinario más allá de las contribuciones de los mecanismos 
de financiación de la resolución, de conformidad con los artículos 50.2, 50.3 y 53.2 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, tras la ejecución de la estrategia de resolución o 
tras el ejercicio de la facultad de amortización y conversión de pasivos admisibles 
en el caso de las entidades que no sean entidades de resolución, o;
2.º En  caso de ajustar  al alza, sin necesidad  de recurrir  a dicho  apoyo  más allá 
de las contribuciones, durante un periodo adecuado, que no excederá de un año.
4. Cuando la autoridad de resolución preventiva prevea que es razonablemente 
probable  que determinadas  categorías  de pasivos  admisibles  queden  excluidas  total 
o parcialmente de la recapitalización interna en virtud del artículo 43 de la Ley 11/215, 
de 18 de junio,  o que podrían  ser transferidas  a un receptor  en su totalidad  en virtud 
de una transmisión  parcial,  el requerimiento  de fondos  propios  y pasivos  admisibles 
previsto  en el artículo  44 de dicha  ley, se cumplirá  con una cantidad  de fondos 
propios u otros pasivos admisibles suficiente para:
a) Cubrir el importe de los pasivos excluidos determinados de conformidad 
con el artículo 43 de la Ley 11/2015, de 18 de junio; y,
b) Garantizar  que se cumplen  las condiciones  de absorción  de pérdidas  y 
recapitalización a que se refiere el artículo 44 ter.3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
5. Cualquier decisión de la autoridad de resolución preventiva de imponer un 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles contendrá las 
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razones que la justifican, incluida una evaluación completa de los elementos 
mencionados en el artículo 44 ter.3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y en los 
artículos 70, 73 y el presente artículo, y será revisada por la autoridad de 
resolución preventiva sin demora indebida para reflejar cualquier cambio del nivel 
del requisito a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
6. A efectos de los apartados 1 y 2, los requisitos de capital se interpretarán 
de acuerdo con la aplicación por parte de la autoridad competente de las 
disposiciones transitorias establecidas en la parte décima, título I, capítulos 1, 2 
y 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, en la Ley 10/2014, de 26 de junio, y en su 
normativa de desarrollo.
Sección 2.ª Requerimiento de subordinación de fondos propios y pasivos 
admisibles
Artículo 75.  Requerimientos de subordinación de fondos propios y pasivos 
admisibles.
1. A efectos del requerimiento de subordinación previsto en el artículo 44 
bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, los pasivos por derivados se incluirán en el 
pasivo total sobre la base del pleno reconocimiento de los derechos de 
compensación a la contraparte.
2. Los fondos propios de una entidad de resolución que se utilicen para 
cumplir los requisitos combinados de colchón serán admisibles para cumplir el 
requisito de subordinación.
Artículo 76.  Determinación del requerimiento de subordinación de fondos propios 
y pasivos admisibles.
1. La autoridad de resolución preventiva podrá fijar un requerimiento de 
subordinación, definido conforme al artículo 44 bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, equivalente, como máximo, al mayor importe entre el 8 por ciento de los 
pasivos totales de la entidad, incluidos los fondos propios, y la fórmula 
Ax2+Bx2+C, en la que A, B y C corresponden a los importes siguientes:
A = El importe resultante del requerimiento a que se refiere el artículo 92.1.c) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
B = El importe resultante del requisito a que se refiere el artículo 69 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio;
C = El importe resultante del requisito combinado de colchones de capital.
2. Para fijar dicho requerimiento de subordinación habrán de cumplirse las 
condiciones siguientes:
a) Que los pasivos no subordinados a que se hace referencia en el 
artículo 44 bis.1 y 3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, tengan la misma prelación 
en la jerarquía prevista en la legislación concursal que determinados pasivos 
excluidos de la aplicación de las facultades de amortización y de conversión de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio;
b) Que exista un riesgo de que, como consecuencia de una aplicación 
prevista de facultades de amortización y conversión a los pasivos no subordinados 
que no están excluidos de la aplicación de las facultades de amortización o de 
conversión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, los titulares de créditos resultantes de tales pasivos 
sufran más pérdidas que las que tendrían en una liquidación con arreglo al 
procedimiento concursal.
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c) Que el importe de los fondos propios y de otros pasivos subordinados no 
supere la cantidad necesaria para garantizar que los acreedores a que se refiere 
la letra b) no sufran pérdidas superiores a las que habrían sufrido en caso de 
liquidación con arreglo al procedimiento concursal.
3. La autoridad de resolución preventiva evaluará el riesgo a que se refiere la 
letra b) del apartado anterior en caso de que determine que, dentro de una 
categoría de pasivos que comprenda pasivos admisibles, el importe de los pasivos 
que quedan excluidos o que quepa esperar que queden excluidos de la aplicación 
de las facultades de amortización y conversión de conformidad con los artículos 42 
y 43 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, ascienda a más del 10 por ciento de dicha 
categoría.
Artículo 77.  Determinación del requerimiento de subordinación de fondos propios 
y pasivos admisibles aplicables a entidades de importancia sistémica mundial 
y otras entidades.
1. Las entidades de resolución que sean EISM y aquellas entidades de 
resolución a que se refieren los artículos 70.1 y 2 deberán cumplir un requisito de 
subordinación, tal y como se define en el artículo 44 bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 
de junio, de, al menos, el 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos 
propios, sin perjuicio de los requerimientos a que se refieren el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 70.1 y 2 de este real decreto.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad de resolución 
preventiva podrá fijar un requerimiento de subordinación para estas entidades 
inferior al 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, con el 
límite inferior del importe resultante de la aplicación de la fórmula [(1-(X1/X2)] x 8 
por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, siempre que se 
cumplan las condiciones indicadas en el artículo 72 ter.3.a), b) y c) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, donde, respetando el límite de la proporción de la reducción 
posible en virtud del artículo 72 ter.3 de dicho reglamento:
X1 = 3,5 por ciento del importe total de exposición al riesgo, calculado de 
acuerdo con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
X2 = La suma del 18 por ciento del importe total de exposición al riesgo, 
calculado de acuerdo con el artículo 92. 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y el 
importe de los requisitos combinados de colchón.
3. La autoridad de resolución preventiva limitará al 27 por ciento del importe 
total de la exposición al riesgo el requerimiento de subordinación de las entidades 
de resolución a que se refiere el artículo 70.1 si considera que:
a) En el plan de resolución no se considera el acceso a los mecanismos de 
financiación de la resolución como opción para la resolución de dicha entidad de 
resolución; y,
b) Cuando no sea de aplicación la letra a), el requerimiento de fondos 
propios y pasivos admisibles de la entidad de resolución según el artículo 79 
permite a dicha entidad de resolución cumplir los requerimientos de contribución 
mínima a la absorción de pérdidas y recapitalización previa a la contribución del 
Fondo Nacional de Resolución a que se refiere el artículo 50.2 o 50.3 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, según proceda.
A la hora de llevar a cabo esta evaluación, la autoridad de resolución 
preventiva tendrá también en cuenta los riesgos de un impacto desproporcionado 
en el modelo de negocio de la entidad de resolución en cuestión.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las autoridades de 
resolución podrán determinar que el requerimiento previsto en el artículo 79 sea 
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cumplido con los instrumentos previstos en el artículo 44 bis.3 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, por parte de las EISM y las entidades a que se refieren los 
artículos 70.1 y 2 de este real decreto. En todo caso, la suma de los fondos 
propios y pasivos a que se refiere el artículo 44 bis de dicha ley, debido a la 
obligación de la entidad de resolución de cumplir los requisitos combinados de 
colchón y los requerimientos a que se refieren el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, y los artículos 70.1 y 2 de este real decreto, no deberá superar 
el valor más elevado de:
a) El 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, de la 
entidad; o
b) El importe resultante de la aplicación de la fórmula Ax2+Bx2+C, en la que 
A, B y C corresponden a los importes siguientes:
A = El importe resultante del requerimiento a que se refiere el artículo 92.1.c) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
B = El importe resultante del requisito a que se refiere el artículo 69 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.
C = El importe resultante del requisito combinado de colchones de capital.
5. Las entidades a las que se aplique lo previsto en el apartado anterior 
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a) Se han detectado obstáculos sustantivos a la resolubilidad en la 
evaluación de resolubilidad precedente y:
1.º No se han adoptado medidas de subsanación tras la aplicación de las 
medidas contempladas en el artículo 17.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en el 
calendario exigido por la autoridad de resolución preventiva, o
2.º Los obstáculos materiales detectados no pueden ser abordados 
aplicando ninguna de las medidas contempladas en el artículo 17.2 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, y el ejercicio de la facultad a que se refiere el 
apartado 4 de este artículo compensaría en parte o en su totalidad los efectos 
negativos de los obstáculos sustantivos a la resolubilidad, o
b) La autoridad de resolución preventiva considera que la viabilidad y la 
credibilidad de la estrategia de resolución preferida de la entidad de resolución son 
limitadas, teniendo en cuenta el tamaño de la entidad, la interconexión, la 
naturaleza, el alcance, el riesgo y la complejidad de sus actividades, su régimen 
jurídico y la estructura del accionariado, o
c) El requisito a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, refleja el hecho de que la entidad de resolución que es una EISM o una de 
las entidades a que se refieren los artículos 70.1 y 2 se encuentra, en términos de 
riesgo, entre el 20 por ciento de las entidades con más riesgo respecto de las 
cuales la autoridad de resolución preventiva determina el requerimiento a que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
6. Las entidades a las que se aplique lo previsto en los apartados 4 y 5 no 
superarán el 30 por ciento del número total de entidades de resolución que sean 
EISM, entidades de resolución a que se refiere el artículo 70.1 y 2 o para las que 
la autoridad de resolución preventiva determine el requerimiento a de fondos 
propios y pasivos admisibles conforme al artículo 79, redondeando dicha cifra 
resultante del cálculo al número entero más próximo.
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Artículo 78.  Adopción del requerimiento de subordinación de fondos propios y 
pasivos admisibles.
1. La autoridad de resolución preventiva deberá solicitar informe previo al 
supervisor competente y al FROB antes de adoptar las decisiones de 
subordinación previstas en los artículos 76 o 77.4.
2. Además, a la hora de tomar dichas decisiones, la autoridad de resolución 
preventiva tendrá en cuenta:
a) La profundidad del mercado de los instrumentos de la entidad de 
resolución que son instrumentos de fondos propios o instrumentos admisibles 
subordinados, los precios de dichos instrumentos, en caso de que existan, y el 
tiempo necesario para ejecutar las operaciones necesarias a los efectos del 
cumplimiento de la decisión;
b) La cantidad de instrumentos de pasivos admisibles que cumplen todas las 
condiciones a que se refiere el artículo 72 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
con un vencimiento residual inferior a un año a partir de la fecha de la decisión con 
vistas a realizar ajustes cuantitativos de los requerimientos a que se refieren los 
artículos 76 o 77.4;
c) La disponibilidad y la cantidad de instrumentos que cumplen todas las 
condiciones a que se refiere el artículo 72 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
excepto la letra d) del artículo 72 ter.2 de dicho reglamento;
d) Si la cantidad de pasivos excluidos de la aplicación de las facultades de 
amortización y de conversión en virtud de los artículos 42 y 43 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, que, en la liquidación conforme al procedimiento concursal, 
tendrían un orden de prelación equivalente o inferior a los pasivos admisibles con 
máxima prelación es significativa en comparación con los pasivos admisibles y los 
fondos propios de la entidad de resolución;
e) El modelo empresarial, el modelo de financiación y el perfil de riesgo de la 
entidad de resolución, así como su estabilidad y su capacidad de contribuir a la 
economía; y
f) Los efectos de los posibles costes de reestructuración en la 
recapitalización de la entidad de resolución.
3. A efectos de lo dispuesto en la letra d) del apartado anterior, cuando la 
cantidad de pasivos excluidos no supere el 5 por ciento del importe de los fondos 
propios y pasivos admisibles de la entidad de resolución, la cantidad excluida se 
considerará no significativa. Superado ese límite, será la autoridad de resolución 
preventiva quien evalúe el carácter significativo de los pasivos excluidos.
Sección 3.ª Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles
Artículo 79.  Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles a las entidades de resolución.
1. Las entidades de resolución cumplirán los requerimientos establecidos en 
los artículos 70 a 78 en base consolidada al nivel del grupo de resolución.
2. La autoridad de resolución preventiva determinará, previo informe del 
supervisor competente y del FROB, el requerimiento a que se refiere el 
artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una entidad de resolución a 
nivel de grupo de resolución consolidado de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 82, sobre la base de los requerimientos establecidos en 
los artículos 70 a 78 y de si las filiales de terceros países del grupo deben 
resolverse por separado en virtud del plan de resolución.
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Para los grupos de resolución identificados conforme al artículo 2.1.v).2.º de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución preventiva pertinente 
decidirá, en función de las características del mecanismo de solidaridad y de la 
estrategia de resolución preferida, las entidades del grupo de resolución que 
estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en los artículos 70.1, 71.1 y 73.1, para 
garantizar que el grupo de resolución en su conjunto cumple lo dispuesto en este 
artículo y la manera en que dichas entidades lo harán de conformidad con el plan 
de resolución.
Artículo 80.  Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles a las entidades que no son entidades de resolución.
1. Las entidades que sean filiales de una entidad de resolución o de una 
entidad de un tercer país y no sean ellas mismas entidades de resolución 
cumplirán los requerimientos establecidos en el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, y los artículos que lo desarrollan en este real decreto, de forma 
individual.
La autoridad de resolución preventiva, previo informe del supervisor 
competente y del FROB, podrá decidir aplicar el requerimiento establecido en este 
artículo a una entidad contemplada en el artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, que sea filial de una entidad de resolución y no sea ella misma una 
entidad de resolución.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las empresas matrices de la 
Unión que no sean ellas mismas entidades de resolución y sean filiales de 
entidades de terceros países cumplirán los requerimientos establecidos en el 
artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en base consolidada y en el 
artículo 71 de este real decreto.
2. El requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, para las entidades a que se refiere el apartado 1, se determinará con arreglo 
a los artículos 61 y 82, cuando proceda, y sobre la base de los requerimientos 
establecidos en el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
3. Asimismo, el requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, para las entidades a que se refiere este artículo, se 
cumplirá con uno o varios de los siguientes elementos:
a) Pasivos:
1.º Que se emitan a favor de la entidad de resolución y sean adquiridos por 
esta, directa o indirectamente a través de otras entidades del mismo grupo de 
resolución que adquirió los pasivos de la entidad sujeta al presente artículo o que 
se emitan a favor de un accionista existente que no forme parte del mismo grupo 
de resolución y sean adquiridos por este, siempre que el ejercicio de la facultad de 
amortización o conversión de conformidad con los artículos 38 y 39 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, no afecte al control de la filial por parte de la entidad 
de resolución;
2.º Que cumplan los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 72 bis 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con excepción del artículo 72 ter.2.b), c), k), l) y 
m), y del artículo 72 ter.3, 4 y 5 de dicho reglamento;
3.º Que  en el procedimiento  de insolvencia  ordinario  tengan  un orden  de 
prelación  inferior  al de los pasivos  que no cumplen  la condición  a que se refiere  el 
numeral 1.º y que no son admisibles a efectos del requerimiento de fondos propios;
4.º Que estén sujetos a la facultad de amortización o de conversión de 
conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
manera coherente con la estrategia de resolución del grupo de resolución, en 
particular no impidiendo el control de la filial por parte de la entidad de resolución;
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5.º Cuya adquisición de la propiedad no haya sido financiada directa o 
indirectamente por la entidad sujeta al presente artículo;
6.º Que estén sujetos a disposiciones que no indiquen ni explícita ni 
implícitamente que los pasivos serán rescatados, amortizados, recomprados o 
reembolsados de forma anticipada, según proceda, por la entidad sujeta al 
presente artículo, salvo en caso de concurso o liquidación de la entidad, y 
respecto de los cuales la entidad tampoco haya dado, de otro modo, una 
indicación en este sentido;
7.º Que estén sujetos a las disposiciones que no facultan al titular para 
acelerar los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de 
insolvencia o liquidación de la entidad sujeta al presente artículo;
8.º Que devenguen pagos por intereses o dividendos, según proceda, cuya 
cuantía no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad sujeta al 
presente artículo o de la de su empresa matriz;
b) Fondos propios, como sigue:
1.º capital de nivel 1 ordinario, y
2.º otros fondos propios que:
i) Se emitan a favor de entidades del mismo grupo de resolución y sean 
adquiridos por ellas, o
ii) Se emitan a favor de entidades no incluidas en el mismo grupo de 
resolución y sean adquiridos por ellas, siempre que el ejercicio de la facultad de 
amortización o conversión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 
y 39 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, no impida el control de la filial por parte de 
la entidad de resolución.
4. La autoridad de resolución preventiva de una filial que no sea una entidad de 
resolución podrá eximir a dicha filial de la aplicación del presente artículo cuando:
a) Tanto la filial como la entidad de resolución estén establecidas en España 
y formen parte del mismo grupo de resolución;
b) La entidad de resolución cumpla el requerimiento de fondos propios y 
pasivos admisibles previsto para ella conforme al artículo 79;
c) No existan ni se prevean obstáculos materiales de índole práctica o 
jurídica, para la inmediata transferencia de fondos propios o para el reembolso de 
pasivos por parte de la entidad de resolución a la filial con respecto a la cual se 
haya realizado una amortización y conversión de conformidad con el artículo 38.2 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en particular cuando la medida de resolución se 
tome respecto de la entidad de resolución;
d) La entidad de resolución demuestre, a satisfacción de la autoridad 
competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se haya declarado, con 
el consentimiento de la autoridad competente, garante de los compromisos 
contraídos por la filial, o bien los riesgos en la filial sean poco significativos;
e) Los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
entidad de resolución incluyan a la filial;
f) La entidad de resolución posea más del 50 por ciento de los derechos de 
voto vinculados a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la 
mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial.
5. La autoridad de resolución preventiva de una filial que no sea una entidad 
de resolución también podrá eximir a dicha filial de la aplicación del presente 
artículo cuando:
a) Tanto la filial como su empresa matriz estén establecidas en España y 
formen parte del mismo grupo de resolución;
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b) La empresa matriz cumpla en base consolidada el requerimiento a que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en España;
c) No existan ni se prevean obstáculos materiales de índole práctica o 
jurídica para la inmediata transferencia de fondos propios o para el reembolso de 
pasivos por parte de la empresa matriz a la filial con respecto a la cual se haya 
realizado una amortización y conversión de conformidad con el artículo 38.1 y 2 de 
la Ley 11/2015, de 18 de junio, en particular cuando la medida de resolución o las 
facultades a que se refiere el artículo 38.1 de dicha ley, se apliquen respecto de la 
empresa matriz;
d) La empresa matriz demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, 
que efectúa una gestión prudente de la filial y se haya declarado, con el 
consentimiento de la autoridad competente, garante de los compromisos 
contraídos por la filial, o bien los riesgos en la filial sean poco significativos;
e) Los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
empresa matriz incluyan a la filial;
f) La empresa matriz posea más del 50 por ciento de los derechos de voto 
vinculados a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la 
mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial.
6. La autoridad de resolución preventiva de la filial podrá autorizar a cumplir 
con el requerimiento de fondos propios y pasivos elegibles del artículo 44 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, total o parcialmente, con una garantía aportada por la 
entidad de resolución, cuando se cumplan las condiciones de las letras a) y b) del 
apartado 4, siempre y cuando:
a) El importe de la garantía sea al menos equivalente al importe del 
requerimiento al que sustituye;
b) La garantía se active cuando tenga lugar el primero de estos dos eventos: 
o bien la filial no pueda hacer frente a sus deudas u otros pasivos a su 
vencimiento, o bien se haya realizado una amortización y conversión de acuerdo 
con el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, por lo que se refiere a la 
filial;
c) La garantía esté respaldada con activos mediante un acuerdo de garantía 
financiera, según se define en el artículo sexto del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 
de marzo de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, respecto de al menos el 50 por ciento de su cuantía;
d) Que los activos que respaldan la garantía cumplan los requisitos del 
artículo 197 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y que, tras unos recortes de 
valoración suficientemente prudentes, sean suficientes para cubrir el importe 
garantizado por activos a que se refiere la letra c);
e) Que los activos que respaldan la garantía estén disponibles y, en 
particular, que no se utilicen para respaldar ninguna otra garantía;
f) Que los activos que respaldan la garantía tengan un vencimiento efectivo 
que cumpla las mismas condiciones de vencimiento a que se hace referencia en el 
artículo 72 quater.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
g) Que no existan obstáculos jurídicos, normativos u operativos para la 
transferencia de los activos que respaldan la garantía de la entidad de resolución a 
la filial correspondiente, incluso cuando se adopte una medida de resolución en 
relación con la entidad de resolución.
A estos efectos, a petición de la autoridad de resolución preventiva, la entidad 
de resolución deberá presentar por escrito un dictamen jurídico independiente y 
razonado o demostrar satisfactoriamente que no existen obstáculos jurídicos, 
normativos u operativos para la transferencia de los activos que respaldan la 
garantía de la entidad de resolución a la filial correspondiente.
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Artículo 81.  Exención aplicable a un organismo central y a las entidades de 
crédito afiliadas de forma permanente a un organismo central.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 80, para los grupos de resolución 
definidos de conformidad con el artículo 2.1.v).2.º de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, las entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo 
central, pero que no son ellas mismas entidades de resolución, un organismo 
central que no es una entidad de resolución, y cualquier entidad de resolución que 
no esté sujeta a un requerimiento en virtud del artículo 79.2, cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 73.2 en relación con la absorción de pérdidas y 
recapitalización, de forma individual.
2. La  autoridad  de resolución  preventiva,  previo  informe  del supervisor 
competente  y del FROB,  podrá  eximir  total o parcialmente  de la aplicación  del 
artículo  80 a un organismo  central  o a una entidad  de crédito  afiliada  de forma 
permanente a un organismo central si se cumplen todas las condiciones siguientes:
a) Que las entidades de crédito y el organismo central estén sujetos a la 
supervisión de la misma autoridad competente, estén establecidos en España y 
formen parte del mismo grupo de resolución;
b) Que los compromisos del organismo central y de sus entidades de crédito 
afiliadas de forma permanente constituyan obligaciones solidarias, o que los 
compromisos de las entidades de crédito afiliadas de forma permanente estén 
completamente garantizados por el organismo central;
c) Que el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, 
solvencia y liquidez del organismo central y de todas las entidades de crédito 
afiliadas de forma permanente, estén supervisados en su conjunto sobre la base 
de las cuentas consolidadas de esas entidades;
d) En el caso de una exención aplicable a una entidad de crédito afiliada de 
forma permanente a un organismo central, que la dirección del organismo central 
esté habilitada para dar instrucciones a la dirección de las entidades afiliadas de 
forma permanente;
e) Que el grupo de resolución pertinente cumpla el requerimiento de fondos 
propios y pasivos admisibles que le es exigible conforme al artículo 79.2; y
f) Que no existan ni se prevean obstáculos materiales de índole práctica o 
jurídica para la inmediata transferencia de fondos propios o el reembolso de 
pasivos entre el organismo central y las entidades de crédito afiliadas de forma 
permanente en caso de resolución.
Sección 4.ª Procedimiento de determinación, información y publicidad, 
notificación e incumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles
Artículo 82.  Procedimiento para determinar el requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles.
1. La autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución, la 
autoridad de resolución del grupo si fuera diferente de la anterior y las autoridades 
de resolución responsables de las filiales de un grupo de resolución sujetas al 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles de forma individual según lo 
previsto en el artículo 80 harán cuanto esté en su mano para alcanzar una 
decisión conjunta sobre lo siguiente:
a) El importe del requerimiento aplicado a nivel del grupo de resolución 
consolidado para cada entidad de resolución; y
b) El importe del requerimiento aplicado de forma individual a cada entidad 
de un grupo de resolución que no sea una entidad de resolución.
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2. La decisión conjunta a que se refiere el apartado anterior, garantizará la 
conformidad con el artículo 79 y con el artículo 80, y estará plenamente motivada y 
dirigida a:
a) La entidad de resolución por su autoridad de resolución preventiva;
b) Las entidades de un grupo de resolución que no sean entidades de 
resolución por las autoridades de resolución preventivas de tales entidades;
c) La empresa matriz de la Unión del grupo por la autoridad de resolución 
preventiva de la entidad de resolución, cuando dicha empresa matriz de la Unión 
no sea una entidad de resolución del mismo grupo de resolución.
Esta decisión conjunta podrá prever que los requerimientos de absorción de 
pérdidas y recapitalización del artículo 73.2 sean satisfechos en parte por la filial 
con arreglo al artículo 80.3, mediante instrumentos emitidos a favor de entidades 
que no pertenezcan al grupo de resolución y adquiridos por estas, siempre y 
cuando ello sea coherente con la estrategia de resolución y la entidad de 
resolución no haya adquirido ni directa ni indirectamente suficientes instrumentos 
que cumplan lo dispuesto en el artículo 80.3.
3. Cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM sean entidades de 
resolución, las autoridades de resolución contempladas en el apartado 1 debatirán 
y, cuando sea oportuno y coherente con la estrategia de resolución de la EISM, 
acordarán la aplicación del artículo 72 sexies del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
cualquier ajuste para minimizar o eliminar la diferencia entre la suma de los 
importes a los que se refiere el artículo 71.4.a) de este real decreto, y el artículo 12 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para cada entidad de resolución y la suma de 
los importes a los que se refiere el artículo 71.4.b) de este real decreto, y el 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Un ajuste de este tipo podrá aplicarse en las condiciones siguientes:
a) El ajuste podrá aplicarse a las diferencias en el cálculo de las cantidades 
totales de exposición al riesgo entre los Estados miembros pertinentes ajustando 
el nivel del requerimiento;
b) El ajuste no se aplicará para eliminar las diferencias resultantes de las 
exposiciones entre grupos de resolución.
La suma de los importes a que se refiere el artículo 71.4.a) de este real 
decreto, y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para cada entidad de 
resolución no podrá ser inferior a la suma de los importes a que se refiere el 
artículo 71.4.b) de este real decreto, y el artículo 12 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
4. Si no se alcanza la citada decisión conjunta en un plazo de cuatro meses, 
se adoptará una decisión de conformidad con los apartados 5 a 9.
5. En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo 
de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el requerimiento del grupo de 
resolución consolidado a que se refiere el artículo 79, la autoridad de resolución 
preventiva de la entidad de resolución tomará una decisión sobre ese 
requerimiento después de haber tenido debidamente en cuenta:
a) La evaluación de las entidades del grupo de resolución que no sean 
entidades de resolución realizada por las autoridades de resolución pertinentes;
b) El dictamen de la autoridad de resolución a nivel de grupo, si fuera 
diferente de la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución.
6. Cuando, al final del periodo de cuatro meses a que se refiere el apartado 
anterior, alguna de las autoridades de resolución interesadas hubiera remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad de resolución preventiva de la 
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entidad de resolución aplazará su decisión en espera de la decisión que la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de 
dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la 
Autoridad Bancaria Europea.
El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
El asunto no se podrá remitir a la Autoridad Bancaria Europea tras haber 
finalizado el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.
Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una decisión en el plazo de un 
mes desde que se le remita el asunto, se aplicará la decisión de la autoridad de 
resolución preventiva de la entidad de resolución.
7. En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo 
de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el nivel del requerimiento 
contemplado en el artículo 80 que habrá de aplicarse a cualquier entidad de un 
grupo de resolución sobre una base individual, la decisión será adoptada por las 
autoridades de resolución de dicha entidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
a) Que las opiniones y reservas manifestadas por escrito por la autoridad de 
resolución preventiva de la entidad de resolución hayan sido debidamente 
tomadas en consideración, y
b) Si la autoridad de resolución a nivel de grupo fuera diferente de la 
autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución, que las opiniones y 
reservas manifestadas por escrito de la autoridad de resolución a nivel de grupo 
hayan sido tomadas en consideración debidamente.
8. Cuando, al final del periodo de cuatro meses a que se refiere el apartado 
anterior, la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución o la 
autoridad de resolución a nivel de grupo haya remitido el asunto a la Autoridad 
Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, las autoridades de resolución responsables de las filiales sobre una 
base individual aplazarán sus decisiones a la espera de la decisión que la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de 
dicho reglamento, y adoptarán sus decisiones de conformidad con la decisión de 
la Autoridad Bancaria Europea.
El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el 
sentido del Reglamento (UE n.º 1093/2010).
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.
La autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución o la 
autoridad de resolución a nivel de grupo no remitirá el asunto a la Autoridad 
Bancaria Europea para una mediación vinculante cuando el nivel fijado por la 
autoridad de resolución preventiva de la filial:
a) Se sitúe dentro del 2 por ciento del importe total de exposición al riesgo 
calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del requerimiento contemplado en el artículo 79; y
b) Cumpla lo dispuesto en el artículo 73.2.
A falta de decisión de la Autoridad Bancaria Europea en el plazo de un mes, se 
aplicarán las decisiones de las autoridades de resolución responsables de las 
filiales.
La decisión conjunta y toda decisión adoptada a falta de decisión conjunta 
serán revisadas y, cuando proceda, actualizadas periódicamente.
9. En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo 
de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el nivel del requerimiento 
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consolidado del grupo de resolución y el nivel del requerimiento que habrá de 
aplicarse a las entidades del grupo de resolución sobre una base individual, se 
aplicarán las disposiciones siguientes:
a) Se adoptará una decisión sobre el nivel del requerimiento que habrá de 
aplicarse a las filiales del grupo de resolución sobre una base individual, de 
conformidad con los apartados 7 y 8;
b) Se adoptará una decisión sobre el nivel del requerimiento consolidado del 
grupo de resolución de conformidad con los apartados 5 y 6.
10. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y todas las decisiones 
adoptadas por las autoridades de resolución mencionadas en los apartados 4 a 9, 
a falta de decisión conjunta, serán vinculantes para las autoridades de resolución 
afectadas.
La decisión conjunta y toda decisión adoptada a falta de decisión conjunta 
serán revisadas y, cuando proceda, actualizadas periódicamente.
11. La autoridad de resolución preventiva, previo informe del supervisor 
competente y del FROB, fijará y comprobará que las entidades cumplen en todo 
momento el requerimiento mencionado en el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 
de junio. Dicha determinación y comprobación se realizará con ocasión de la 
elaboración y el mantenimiento de los planes de resolución.
Artículo 83.  Información de supervisión y publicación del requerimiento.
1. Las entidades a que se refiere el artículo 1.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, sujetas al requerimiento contemplado en el artículo 44.1 de dicha ley 
informarán al supervisor competente, a la autoridad de resolución preventiva y al 
FROB sobre lo siguiente:
a) Los importes de los fondos propios que, cuando corresponda, reúnan las 
condiciones del artículo 80.3.b), y los importes de los pasivos admisibles, así como 
la expresión de estos importes de conformidad con el artículo 44.2 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, tras las deducciones aplicadas, en su caso, conforme 
a los artículos 72 sexies a 72 undecies del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
b) Los importes de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna;
c) Para los elementos contemplados en las letras a) y b):
1.º Su composición, incluido su perfil de vencimiento,
2.º Su orden de prelación en procedimientos de insolvencia ordinarios, y
3.º Si se rigen por el Derecho de un tercer país y, en tal caso, qué tercer país 
y si contienen las cláusulas contractuales a que se hace referencia en los 
artículos 46.1 y 46.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y en los artículos 52.1.p) 
y q), y 63.n) y o) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
La obligación de informar sobre los importes de otros pasivos susceptibles de 
recapitalización interna a que se refiere la letra b), no se aplicará a las entidades 
que en la fecha de la transmisión de dicha información posean importes de fondos 
propios y pasivos admisibles de al menos el 150 por ciento del requerimiento a 
que se hace referencia en el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
calculados con arreglo a la letra a).
2. Las entidades a que hace referencia el apartado 1 deberán transmitir la 
información en los siguientes términos:
a) Al menos cada seis meses, la información contemplada en el 
apartado 1.a), y;
b) Al menos cada año, la información contemplada en el apartado 1.b) y c).
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Sin embargo, a petición del supervisor competente o de la autoridad de 
resolución preventiva, las entidades a que hace referencia el apartado 1 
transmitirán la información contemplada en dicho apartado con mayor frecuencia.
3. Las entidades a que se refiere el apartado 1 publicarán, al menos con 
frecuencia anual, la siguiente información:
a) Los importes de los fondos propios que, cuando corresponda, reúnan las 
condiciones del artículo 80.3.b), y los pasivos admisibles;
b) La composición de los elementos contemplados en la letra a), incluido su 
perfil de vencimiento y su prioridad en el procedimiento de insolvencia ordinario.
c) El requerimiento aplicable a que se refiere el artículo 79 o el artículo 80 
expresado de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
4. Los apartados 1 y 3 del presente artículo no se aplicarán a las entidades 
cuyo plan de resolución prevea que la entidad sea liquidada con arreglo al 
procedimiento concursal.
5. Cuando se hayan ejecutado medidas de resolución o se hayan ejercido las 
facultades de amortización o conversión a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, los requisitos de divulgación pública contemplados en 
el apartado 3 se aplicarán desde la fecha límite estipulada para cumplir los 
requisitos del artículo 79 o del artículo 80 de conformidad con el periodo transitorio 
que, en su caso, determine la autoridad de resolución preventiva de conformidad 
con el artículo 85.
Artículo 84.  Notificación a la Autoridad Bancaria Europea.
La autoridad de resolución preventiva informará a la Autoridad Bancaria 
Europea del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles que 
hubiera establecido, con arreglo al artículo 79 o al artículo 80, para cada entidad 
sometida a su jurisdicción.
Artículo 85.  Plazos de cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la autoridad de resolución preventiva fijará, respecto a las entidades o 
sociedades previstas en el artículo 1.2.b), c) y d) de dicha ley a las que se hayan 
aplicado los instrumentos de resolución o las facultades de amortización o 
conversión a que se refiere el artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, un 
periodo transitorio adecuado para el cumplimiento de los requerimientos previstos 
en los artículos 76, 77, 79 y 80 de este real decreto, según proceda.
2. Asimismo, el nivel mínimo de los requerimientos a que se refiere el 
artículo 70.1 y 2 no será de aplicación en los dos años siguientes a la fecha:
a) En que la autoridad de resolución preventiva haya aplicado el instrumento 
de recapitalización interna; o
b) En que la entidad de resolución haya adoptado una medida alternativa del 
sector privado tal como se contempla en el artículo 19.1.b) de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, mediante la cual los instrumentos de capital y otros pasivos se 
hayan amortizado o convertido en capital de nivel 1 ordinario, o si se han ejercido 
respecto a la entidad de resolución las facultades de amortización o de 
conversión, de conformidad con el artículo 38 de dicha ley, con el fin de 
recapitalizar la entidad de resolución sin aplicar los instrumentos de resolución.
3. Asimismo, los requerimientos de subordinación contemplados en el 
artículo 77, así como el requerimiento previsto en el artículo 70.1 y 2, según 
corresponda, no serán de aplicación en el período de tres años siguientes a la 
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fecha en que se haya definido que la entidad de resolución o el grupo del que 
forma parte la entidad de resolución es una EISM, o en que la entidad de 
resolución pudiera pasar a ser considerara una entidad de resolución a que se 
refieren los artículos 70.1 y 2;
4. A  los efectos  de los apartados  anteriores,  la autoridad  de resolución 
preventiva  comunicará  a la entidad  o sociedad  a que se refiere  el apartado  1, un 
requerimiento  mínimo  de fondos  propios  y pasivos  admisibles  previsto  para cada 
periodo  de doce  meses  que transcurra  durante  el periodo  transitorio  a que se refiere 
el apartado  1, con objeto  de facilitar  una acumulación  gradual  de su capacidad  de 
absorción  de pérdidas  y recapitalización.  Al término  de dicho  periodo  transitorio,  el 
requerimiento  mínimo  de fondos  propios  y pasivos  admisibles  deberá  ser igual al 
importe fijado a tenor de los artículos 70.1 y 2, y 76 a 80, según proceda.
5. Al determinar el periodo transitorio a que se refiere el apartado 1, la 
autoridad de resolución preventiva tendrá en cuenta:
a) La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b) El acceso a mercados de capitales para pasivos admisibles;
c) Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
En cualquier  caso,  no se impedirá  a la autoridad  de resolución  preventiva  que 
revise,  posteriormente,  el período  transitorio  o cualquier  requerimiento  mínimo  de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto, comunicado con arreglo al apartado 4.
Artículo 86.  Incumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles.
1. Todo incumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles a que se refieren los artículos 79 u 80 deberá ser tratado por el 
supervisor competente o la autoridad de resolución preventiva según corresponda, 
atendiendo, al menos, a uno de los siguientes elementos:
a) Las facultades para abordar o eliminar obstáculos a la resolubilidad de 
conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley 11/2015, de 18 de junio;
b) La facultad a que se refiere el artículo 16 bis de la Ley 11/2015, de 18 de junio;
c) Las medidas a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio;
d) Las medidas de actuación temprana de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio;
e) Las sanciones y otras medidas administrativas de conformidad con el 
capítulo IX de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Las autoridades pertinentes podrán también evaluar si la entidad o sociedad a 
que se refiere el artículo 1.2.b), c) y d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, es 
inviable o tiene probabilidad de serlo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
2. Las autoridades de resolución competentes y el supervisor competente se 
consultarán entre sí en el ejercicio de sus respectivas facultades a que se refiere 
el apartado 1.»
Veinte. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio para el cumplimiento con el 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
1. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44.1, de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución preventiva fijará un periodo 
transitorio adecuado para las entidades o sociedades previas en el artículo 1.2.b), 
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c) y d) de dicha ley, con objeto de que cumplan los requerimientos de fondos 
propios y pasivos admisibles establecidos en los artículos 79 u 80 para las 
entidades de resolución y las entidades que no sean entidades de resolución, o los 
requerimientos de subordinación que se deriven de la aplicación de los 
artículos 76 y 77 según proceda.
La fecha límite para que las entidades y sociedades cumplan estos 
requerimientos será el 1 de enero de 2024.
2. La autoridad de resolución preventiva fijará unos niveles de objetivo 
intermedio para que las entidades mencionadas en el apartado anterior cumplan 
dichos requerimientos. La fecha límite para el cumplimiento del objetivo intermedio 
será el 1 de enero de 2022. Por norma general, los niveles de objetivo intermedio 
garantizarán una acumulación lineal de fondos propios y pasivos admisibles 
tendente al cumplimiento del requerimiento.
3. La autoridad de resolución preventiva podrá fijar un periodo transitorio 
cuyo plazo expire después del 1 de enero de 2024, cuando esté debidamente 
justificado y sea adecuado sobre la base de los criterios previstos en el 
apartado 6, teniendo en cuenta:
a) La evolución de la situación financiera de la entidad;
b) La perspectiva de que la entidad pueda garantizar, en un plazo razonable, 
el cumplimiento de los requerimientos referidos en el apartado 1; y
c) Si la entidad es capaz de sustituir los pasivos que ya no cumplen los 
criterios de admisibilidad o vencimiento establecidos en los artículos 72 ter y 72 
quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artículo 44 bis de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, o el artículo 80.3 de este real decreto, y, si no, si dicha incapacidad 
es de naturaleza intrínseca o si se debe a perturbaciones generales del mercado.
4. La fecha límite para que las entidades de resolución cumplan el nivel 
mínimo de los requerimientos a que se refiere el artículo 70.1 y 2, será el 1 de 
enero de 2022.
5. A los efectos de los apartados anteriores, la autoridad de resolución 
preventiva comunicará a la entidad o sociedad a que se refiere el apartado 1, un 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto para cada 
periodo de doce meses que transcurra durante el periodo transitorio, con objeto de 
facilitar una acumulación gradual de su capacidad de absorción de pérdidas y 
recapitalización. Al término del periodo transitorio, el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles deberá ser igual al importe fijado a tenor de 
los artículos 70.1 y 2, y 76 a 80, según proceda.
6. Al determinar los periodos transitorios previstos en esta disposición 
transitoria, la autoridad de resolución preventiva tendrá en cuenta:
a) La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b) El acceso a mercados de capitales para pasivos admisibles;
c) Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
7. A reserva del apartado 1, no se impedirá a la autoridad de resolución 
preventiva que revise, posteriormente, el período transitorio o cualquier 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto, 
comunicado con arreglo al apartado 5.»
Veintiuno. Se modifica el punto 6 del anexo II, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«6. Desglose de los pasivos de la entidad que sean susceptibles de 
recapitalización interna.»
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Veintidós. Se modifica el punto 17 del anexo III, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«17. El importe y el tipo de pasivos susceptibles de recapitalización interna 
de la entidad.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto el presente real decreto.
Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la trasposición de la Directiva (UE) 2019/879 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de 
recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así 
como la Directiva 98/26/CE.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el artículo 83.3 del apartado 
diecinueve, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, excepto cuando la autoridad 
de resolución haya fijado una fecha de cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles posterior al 1 de enero de 2024, en cuyo caso dichos 
requisitos de información se cumplirán en la misma fecha límite de cumplimiento.
Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X