I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21739 Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las 
empresas emergentes.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
En los últimos años, el emprendimiento basado en la innovación va ganando 
espacio, empujado por el éxito de las empresas digitales que nacieron de pequeños 
proyectos innovadores, del acceso a un caudal inmenso de conocimientos y datos en 
internet sobre los que pueden desarrollarse nuevos productos y servicios y por el avance 
en los conocimientos científicos y técnicos que hacen posible transformar los resultados 
de la investigación en empresas viables. Esta nueva economía basada en el 
conocimiento supone una palanca importante de crecimiento y prosperidad, al basarse 
en actividades de alto valor añadido, tener un alto potencial de crecimiento gracias a la 
escala que proporcionan los medios digitales, promover la investigación, el desarrollo y 
la innovación y desarrollar nuevos productos y servicios que facilitan o mejoran procesos 
sociales, económicos, medioambientales o culturales.
También existen retos tecnológicos para garantizar un acceso equitativo a las 
herramientas digitales que usan intensamente las empresas emergentes de base 
tecnológica.
En una economía cada vez más globalizada e interdependiente y con un peso 
creciente de las empresas de base tecnológica y del trabajo a distancia con medios 
digitales, cobra cada vez más importancia la atracción de talento e inversión mediante la 
creación de ecosistemas favorables al establecimiento de emprendedores o trabajadores 
a distancia, conocidos como «nómadas digitales», a la creación y crecimiento ( scale up ) 
de empresas innovadoras, basadas en el conocimiento, de base digital y rápido 
crecimiento, conocidas como empresas emergentes o startups y a la atracción de 
inversores especializados en la creación y crecimiento de estas empresas, también 
conocidos como « business angels ».
En España se ha desarrollado un incipiente ecosistema de empresas emergentes en 
torno a algunos polos de atracción de talento, capital y emprendedores, que despuntan 
en el panorama europeo. Más allá de los centros urbanos, es fundamental fomentar el 
desarrollo de polos de atracción de empresas emergentes en ciudades periféricas, así 
como en entornos rurales, favoreciendo la interrelación de estas empresas y de los 
territorios para así aumentar su oportunidad de éxito. Incrementando los índices de 
innovación en el conjunto del territorio, más allá de las concentraciones urbanas, se 
podrá configurar una red de oportunidades para todos los ciudadanos 
independientemente del lugar en el que residan, favoreciendo la desconcentración de 
población y actividades y promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades en todo 
el territorio.
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Con el fin de reforzar este ecosistema incipiente y de impulsar este tipo de empresas 
como uno de los motores de la recuperación y la modernización de la economía 
española, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye la Estrategia 
España Nación Emprendedora, que recoge, entre otras medidas: el apoyo al 
emprendimiento, con una atención especial al talento femenino, el desarrollo de 
instrumentos financieros para impulsar la inversión inicial y de crecimiento en startups  en 
tecnologías disruptivas, la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) como ventanilla 
única de servicios para emprendedores digitales y empresas emergentes, así como 
diversos proyectos normativos para facilitar la creación de empresas, su crecimiento y 
restructuración, entre las que cabe destacar la presente ley, que sitúa España a la 
vanguardia en este terreno, con un conjunto de medidas específicas en el ámbito fiscal, 
mercantil, civil y laboral alineadas con los programas de los países más avanzados y con 
los estándares europeos en la materia, en particular el recientemente suscrito estándar 
europeo nación emprendedora ( EU startup nation standard) .
Las empresas emergentes presentan características específicas que hacen difícil su 
encaje en el marco normativo tradicional. En primer lugar, el alto riesgo derivado de su 
alto contenido innovador, la incertidumbre sobre el éxito de su modelo de negocio, que 
dificulta la financiación en las fases iniciales, al exigir capital para poder madurar y 
probar sus ideas antes de que la empresa empiece a generar ingresos; en segundo 
lugar, el potencial de crecimiento exponencial a través de economías de escala, que 
exige grandes inversiones de capital para permitir su rápida expansión en caso de éxito; 
en tercer lugar, su dependencia de la captación y retención de trabajadores altamente 
cualificados y de alta productividad desde las fases iniciales de la empresa, en las que 
no existe un flujo de ingresos para remunerarlos mediante instrumentos salariales 
clásicos y, finalmente, la exposición a una fuerte competencia internacional por captar 
capital y talento extranjero.
Todas estas características de las empresas emergentes encajan mal con los marcos 
normativos tradicionales en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral. Ello justifica un 
tratamiento diferenciado respecto a empresas con modelos de negocio convencionales. 
Por esta razón, la competencia por la atracción de inversión y talento en la nueva 
economía digital ha llevado a distintos programas de fomento de las startups  en los 
países de nuestro entorno, que suelen incorporar tres elementos principales: (i) 
beneficios fiscales para los emprendedores, trabajadores e inversores, (ii) reducción de 
trabas administrativas y facilitación de visados y (iii) flexibilidad en la gestión de la 
empresa y en la aplicación de los principios mercantiles y concursales.
Asimismo, España presenta importantes activos para la atracción de profesionales 
altamente cualificados que desarrollan su actividad, por cuenta propia o ajena, mediante 
herramientas electrónicas. Es el primer país en despliegue de fibra óptica dentro de la 
Unión Europea, lo que proporciona unas buenas condiciones de conectividad, incluso en 
zonas rurales. Junto a este aspecto determinante para estos trabajadores, cabe señalar 
otras características más subjetivas como pueden ser la benigna climatología, la forma 
de vida, la seguridad ciudadana, la cultura o la gastronomía, las excelentes 
universidades y la existencia de un creciente número de clusters  de investigación y 
desarrollo tecnológico y de industrias creativas, alrededor de los que se desarrolla un 
ecosistema internacional de profesionales que hacen que nuestro país se posicione 
entre uno de los destinos más atractivos para los teletrabajadores.
La atracción de este tipo de perfiles tiene efectos positivos en su nuevo lugar de 
residencia. El más obvio es el económico: se trata de profesionales altamente 
cualificados cuyos ingresos procedentes del exterior se destinan a vivir en el entorno de 
su elección. Contribuyen a activar el consumo, con el consiguiente impacto sobre la 
economía local. Además, a través de sus conexiones, enriquecen el talento local y 
generan red y oportunidades de valor para otros profesionales. Esto es especialmente 
valioso en entornos de innovación y ecosistemas emprendedores, como el sector 
audiovisual, entre otros.
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En este contexto, la presente ley incorpora un importante conjunto de medidas que 
responden al resultado del intenso proceso de consulta pública y a la audiencia pública 
del anteproyecto de ley. Dichas medidas reducen significativamente los obstáculos 
detectados a la creación y crecimiento de estas empresas de tipo legislativo, referidos 
fundamentalmente a las cargas fiscales y sociales, a las exigencias del derecho 
mercantil y a los trámites burocráticos. Además, la ley promueve la inversión en 
innovación, impulsa los instrumentos públicos de apoyo al ecosistema de empresas 
emergentes y refuerza la colaboración público-privada con el fin de impulsar el 
crecimiento de estas empresas. Finalmente, se favorece el establecimiento en España 
de los emprendedores y trabajadores de este tipo de empresas, así como de los 
trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas, conocidos como 
«nómadas digitales».
En este marco, es de particular importancia eliminar las brechas de género 
existentes en este ámbito, ya que nuestro país no podrá alcanzar la competitividad 
deseada si no se toman las medidas necesarias para incorporar al ecosistema el talento 
de las mujeres.
Los preceptos de esta ley son solo especialidades que se completarán con las 
disposiciones de las muchas normas afectadas que no colisionen o anulen las ventajas 
establecidas en favor de las empresas destinatarias de esta ley.
Por otro lado, esta ley se ve complementada con las medidas previstas en la 
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, así como en 
la reforma del marco concursal, dirigidas a mejorar la calidad normativa y el clima de 
negocios, favoreciendo la eficiencia y la productividad a lo largo de todo el ciclo de 
creación, crecimiento y restructuración empresarial. Asimismo, la presente ley 
complementa los programas de inversión específicos previstos en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, entre los que cabe destacar el 
recientemente creado Fondo Next Tech, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial 
para la movilización de capital público y privado para el crecimiento de empresas 
emergentes en tecnologías disruptivas, y el fondo de apoyo al emprendimiento femenino 
gestionado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).
II
El título preliminar explicita los objetivos de la ley, así como su ámbito de aplicación, 
incluyendo una definición específica de las empresas emergentes o startups  que podrán 
acceder a las medidas de apoyo aquí previstas, que incluye a las empresas nacidas en 
el sistema de ciencia y tecnología, conocidas como empresas de base tecnológica o 
científica.
En concreto, se establecen unos requisitos específicos que hacen que estas 
empresas destaquen sobre el resto del tejido empresarial. Estos requisitos son la 
antigüedad de la empresa (ser de nueva creación o de un máximo de cinco años desde 
su constitución y de siete años en el caso del sector de biotecnología, energía, industrial 
u otros según avance el estado de la tecnología), su independencia, tener sede social o 
establecimiento permanente en España, así como un porcentaje mayoritario de la 
plantilla con contrato en España, su carácter innovador, no ser cotizada ni haber 
distribuido dividendos y no alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones 
de euros.
Con el fin de proporcionar una ventanilla única, la acreditación, ineludible para poder 
acogerse a los beneficios fiscales y sociales establecidos en esta ley, será eficaz frente a 
todas las Administraciones y entes que deban reconocerlos. La acreditación formal del 
emprendimiento innovador correrá a cargo de ENISA, la Empresa Nacional de 
Innovación, S.M.E., SA, que dispondrá de los recursos necesarios para desplegar un 
procedimiento sencillo, rápido y gratuito para el emprendedor.
Dado el distinto tratamiento de estas empresas respecto a otras, los beneficios 
deben acabar cuando la empresa haya conseguido estabilizarse o haya pasado el 
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tiempo que se estima razonable para encontrar un modelo de negocio sostenible. En 
relación con el emprendimiento en serie, la experiencia demuestra que llevar a cabo 
varios proyectos consecutivos o simultáneos aumenta las probabilidades de éxito de 
liderar empresas económicamente rentables. Las estadísticas confirman que más de la 
mitad de los emprendedores en España han participado directamente en varios 
proyectos de emprendimiento. Los proyectos de emprendimiento innovador, 
normalmente con un alto componente tecnológico, tienen un alto índice de fracaso. Por 
lo que, si el primer intento fracasa, como es característico de este tipo de proyectos de 
alto riesgo, pueden volver a aplicarse los incentivos de esta ley a otras empresas 
constituidas por los mismos socios, pues debe darse otra oportunidad a quien, pese al 
fracaso, pero con la experiencia adquirida, quiera intentarlo de nuevo.
No podrán acogerse a los beneficios de esta ley aquellas empresas emergentes 
fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no estén al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, hayan sido condenadas por sentencia 
firme por un delito de administración desleal, insolvencia punible, delitos societarios, 
delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos contra la Hacienda 
pública y la Seguridad Social, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, 
malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, 
así como a aquellas condenadas a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, no podrán acogerse a dichos beneficios 
quienes hayan perdido la posibilidad de contratar con la Administración.
III
En el capítulo I del título I y en las disposiciones finales segunda y tercera, se 
desarrollan un conjunto de incentivos fiscales para favorecer las necesidades específicas 
de este tipo de empresas. Para evitar la dispersión normativa y por técnica jurídica, con 
carácter general, se modifican las leyes tributarias a las que se refieren las distintas 
medidas.
En primer lugar y siguiendo el ejemplo de otros países del ámbito europeo, se 
suaviza la tributación inicial de las empresas emergentes, reduciendo el tipo del 
Impuesto de Sociedades del actual 25 % al 15 %, durante un máximo de cuatro años, 
siempre que la empresa mantenga la condición de empresa emergente. Además, se 
extiende a todas ellas el aplazamiento del pago de las deudas tributarias durante los dos 
primeros años de actividad.
En segundo lugar, con la finalidad de atraer el talento y dotar de una política 
retributiva adecuada a la situación y necesidades de este tipo de empresas, se mejora la 
fiscalidad de las fórmulas retributivas basadas en la entrega de acciones o 
participaciones a los empleados de las mismas, denominadas por el vocablo inglés stock 
options . Así, se eleva el importe de la exención de los 12.000 a los 50.000 euros 
anuales en el caso de entrega de acciones o participaciones a los empleados de 
empresas emergentes, exención aplicable igualmente cuando dicha entrega sea 
consecuencia del ejercicio de opciones de compra previamente concedidas a aquellos. 
Adicionalmente, para la parte del rendimiento del trabajo en especie que exceda de 
dicha cuantía se establece una regla especial de imputación temporal, que permite diferir 
su imputación hasta el período impositivo en el que se produzcan determinadas 
circunstancias, y en todo caso, en el plazo de diez años a contar desde la entrega de las 
acciones o participaciones. Por último, se introduce una regla especial de valoración de 
los rendimientos del trabajo en especie con la finalidad de aclarar el valor que 
corresponde a las acciones o participaciones concedidas a los trabajadores de empresas 
emergentes.
Con el fin de facilitar la articulación de esta forma de remuneración, en el artículo 10 
se permite a estas empresas la emisión de acciones para autocartera.
En tercer lugar, se aumenta la deducción por inversión en empresa de nueva o 
reciente creación, incrementando el tipo de deducción del 30 al 50 por ciento y 
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aumentando la base máxima de 60.000 a 100.000 euros. Asimismo, se eleva, con 
carácter general, de tres a cinco años el plazo para suscribir las acciones o 
participaciones, a contar desde la constitución de la entidad, y hasta siete para 
determinadas categorías de empresas emergentes. Además, para los socios fundadores 
de empresas emergentes se permite la aplicación de esta deducción con independencia 
de su porcentaje de participación en el capital social de la entidad.
En cuarto lugar, se mejora el acceso al régimen fiscal especial aplicable a las 
personas trabajadoras desplazadas a territorio español con el objetivo de atraer el 
talento extranjero. En particular, se disminuye el número de períodos impositivos 
anteriores al desplazamiento a territorio español durante los cuales el contribuyente no 
puede haber sido residente fiscal en España, que pasa de diez a cinco años, con lo que 
se hace más sencillo el acceso al régimen. Además, se extiende el ámbito subjetivo de 
aplicación del régimen a los trabajadores por cuenta ajena, al permitir su aplicación a 
trabajadores que, sea o no ordenado por el empleador, se desplacen a territorio español 
para trabajar a distancia utilizando exclusivamente medios y sistemas informáticos, 
telemáticos y de telecomunicación, así como a administradores de empresas 
emergentes con independencia de su porcentaje de participación en el capital social de 
la entidad. Además, se establece la posibilidad de acogerse al régimen especial, esto es, 
de optar por la tributación por el Impuesto de la Renta de no Residentes, a los hijos del 
contribuyente menores de veinticinco años (o cualquiera que sea su edad en caso de 
discapacidad) y a su cónyuge o, en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el 
progenitor de los hijos, siempre que cumplan unas determinadas condiciones.
Por último, se regula la calificación fiscal de la retribución obtenida por la gestión 
exitosa de entidades de capital-riesgo (conocida como carried interest ), al tiempo que se 
establece un tratamiento fiscal específico para tales retribuciones, en línea con la 
regulación de los países de nuestro entorno, que fomente el desarrollo del capital-riesgo 
como elemento canalizador de financiación empresarial de especial relevancia, todo ello 
con la finalidad de impulsar el emprendimiento, la innovación y la actividad económica.
Finalmente, la disposición final segunda modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes con la finalidad de aclarar que estarán exentos en dicho impuesto los 
rendimientos del trabajo en especie que estén exentos en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.
IV
El título I se dedica también a la inversión extranjera y fidelización del talento. Para 
que la inversión crezca, la ley actúa en primer lugar en el terreno fiscal. En particular, en 
lo que afecta a las personas físicas que inviertan en empresas de nueva o reciente 
creación.
En cuanto a la inversión extranjera, se reducen los requisitos burocráticos para los 
inversores que no vayan a residir en España, que no estarán obligados a obtener el 
número de identidad de extranjero (NIE), facilitando la solicitud electrónica del número de 
identificación fiscal (NIF), requisito imprescindible para materializar y documentar la 
inversión. Esta simplificación consiste en que si se trata de una persona física extranjera 
se permitirá la identificación con la obtención únicamente del NIF y en el caso de tratarse 
de una entidad extranjera, siempre que la nueva entidad se cree a través del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), mediante Documento Único 
Electrónico (DUE), regulado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se permite la obtención del NIF para la entidad inversora 
extranjera por este mismo sistema.
En tercer lugar, se ofrecen dos vías electrónicas alternativas para que los inversores 
extranjeros, sin residencia en España, obtengan el número de identificación fiscal que la 
ley exige para realizar actos con trascendencia tributaria sin necesidad de personarse en 
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una oficina administrativa para solicitarlo o recogerlo, alineándose así con los países 
más avanzados.
Asimismo, se favorece la equivalencia de los documentos emitidos en otros países. 
En numerosas ocasiones, los inversores extranjeros actúan a través de un 
representante. Este representante ostentará un poder de representación, que podrá 
constar en un documento notarial o en un contrato de mandato con representación en el 
que conste expresamente la aceptación de la representación fiscal. Si el documento 
notarial se ha emitido en el extranjero por parte de un notario extranjero, no se exigirá 
adecuar su contenido al ordenamiento jurídico español, entendiendo por «notario» en 
esta ley únicamente a los notarios de carrera, no así a los cónsules o encargados de 
asuntos consulares que ejerzan la fe pública en el extranjero.
Por otra parte, las empresas emergentes tienen dificultades para atraer y retener a 
colaboradores con perfiles especializados y escasos. Desde el punto de vista retributivo, 
no pueden pagar sueldos altos porque no tienen liquidez y no pueden comprometer una 
participación en los beneficios de la empresa por las limitaciones que el Derecho 
mercantil y tributario establecen a la emisión de acciones con este fin. Esta ley facilita a 
las empresas la adecuación de la política retributiva a tal situación y necesidades, al 
flexibilizar la generación de autocartera en las sociedades limitadas –que es la forma 
jurídica de la mayoría de las empresas emergentes– y mejorar la tributación a la 
retribución mediante las acciones o participaciones sociales propias de las empresas 
emergentes a sus trabajadores.
Asimismo, como ya se ha señalado anteriormente, se mejora el régimen fiscal de los 
trabajadores españoles o extranjeros desplazados a territorio español, lo que les permite 
optar por la tributación por el Impuesto de la Renta de no Residentes.
Respecto del talento extranjero, como complemento a las medidas fiscales 
anteriormente recogidas, la disposición final quinta incorpora un conjunto de medidas 
migratorias para facilitar la entrada y residencia no solo a los profesionales altamente 
cualificados sino también al emprendimiento y la inversión.
En numerosas ocasiones, los trabajadores de las empresas emergentes pueden 
realizar su trabajo de manera remota, siempre que dispongan de un equipo informático y 
una conexión a internet de calidad. La expansión del teletrabajo ha dado lugar al 
surgimiento de un nuevo estilo de vida denominado nomadismo digital. Los nómadas 
digitales son personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de 
residencia frecuentemente, compatibilizando el trabajo de alta cualificación con el 
turismo inmersivo en el país de residencia.
Para regular la residencia de este perfil de profesionales itinerantes y de otros 
muchos que puedan elegir España como un lugar de teletrabajo más estable, se crea 
una nueva categoría de visado y de autorización de residencia. El visado para el 
teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en España durante un 
máximo de un año mientras que sus titulares trabajan para sí mismos o para 
empleadores en cualquier lugar del mundo. Además, la autorización de residencia para 
el teletrabajo internacional permite a los extranjeros que ya se hallan de forma regular en 
España, por ejemplo, aquellos que están estudiando en España o los que siendo 
titulares de un visado de teletrabajo vayan a agotar dicho año de residencia y quieran 
continuar en España, solicitar una autorización por un período máximo de tres años, 
renovable por un período de dos años, pudiendo obtener la residencia permanente a los 
cinco años.
Este supuesto se añade a los previstos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para facilitar la inmigración de 
interés económico para España, y se rige por ella, para beneficiarse de todas las 
ventajas que otorga esa Ley no solo en cuanto a los ajustados plazos de tramitación, con 
silencio positivo a su término, sino también por la posibilidad de reagrupación familiar. La 
posibilidad de trasladarse con la familia, bien desde el momento inicial o bien en algún 
momento posterior, es un factor determinante para efectuar el traslado de residencia.
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Además, con el objetivo de atraer y retener talento, en un mundo globalizado como el 
actual, se amplía la vigencia de las autorizaciones de residencia de dos a tres años 
previstas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.
Por otro lado, se modifica el procedimiento y la definición de actividad emprendedora 
prevista en el capítulo III de la sección 2.ª de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en aras de mejorar y flexibilizar el 
procedimiento de la tramitación de autorizaciones de residencia para este colectivo.
Además, se permitirá que el pasaporte sea documento acreditativo suficiente para 
darse de alta en la Seguridad Social durante los primeros seis meses de residencia o 
estancia en las categorías reguladas por la sección 2.ª de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
V
En el título II se abordan los aspectos formales y societarios que más afectan a las 
empresas emergentes. Aunque la introducción del Documento Único Electrónico (DUE), 
hace más de diez años, ha supuesto una mejora notable en la constitución de empresas, 
existe margen de mejora.
Es especialmente relevante la mejora técnica y operativa que introduce la Directiva 
(UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de 
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, de las que el 
ecosistema emprendedor español se beneficiará en gran medida.
En este sentido, la presente ley prevé la creación de empresas emergentes en un 
solo paso, mediante el otorgamiento de un número de identificación fiscal, de manera 
que la empresa pueda completar los trámites para su constitución con posterioridad. Se 
elimina el doble trámite registral y notarial y se prevé un procedimiento íntegramente 
electrónico.
Además de las disposiciones específicas sobre la generación de autocartera, la ley 
excluye a las startups , durante los primeros tres años desde su constitución, de las 
exigencias relativas al equilibrio patrimonial a los efectos de las causas de disolución. De 
esta manera, se refleja la especificidad de estas empresas emergentes en términos de 
activo y pasivo durante la fase inicial de la empresa, hasta la consolidación de su modelo 
de negocio.
VI
La Administración tiene un importante potencial de arrastre del emprendimiento a 
través de la contratación pública, así como la colaboración público-privada y el 
establecimiento de entornos seguros de prueba para la actividad de startups  en entornos 
regulados. Por ello, la ley facilita las convocatorias para el diseño de soluciones 
innovadoras que resuelvan problemas o necesidades de la Administración en el 
desempeño de sus funciones (compra pública innovadora), con una atención especial a 
las startups  en entornos rurales o fuera de los polos urbanos de innovación ya 
consolidados.
La ley también regula los entornos controlados de prueba, conocidos como 
regulatory sandbox  en la terminología anglosajona. La finalidad de estos espacios es 
exceptuar la normativa general, bajo la supervisión de un organismo o entidad 
reguladora, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas 
en los diferentes sectores de actividad productiva. En este caso, se contempla la 
posibilidad de que las startups  hagan pruebas durante un año, en un entorno controlado 
por el regulador correspondiente.
La generalización de la oportunidad para la creación de estos espacios es fruto del 
éxito de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema 
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financiero, que implementa un sandbox específicamente en este sector al que se puede 
acceder a través de convocatorias periódicas, y de la oportunidad para establecer los 
principios generales que deben regir la creación e implementación de estos espacios.
Esta ley favorece la colaboración público-privada para la creación de empresas 
emergentes de base innovadora en el entorno universitario (conocidas como spin offs ) 
así como las iniciativas para impulsar el emprendimiento de los estudiantes.
En el ámbito de las subvenciones, se reducen las cargas correspondientes a las 
startups  para el acceso a ayudas públicas. Se aumenta la transparencia y la coherencia 
del sistema estatal de subvenciones al emprendimiento basado en innovación, para 
evitar duplicidades en el gasto público e informar debidamente a los agentes sobre las 
subvenciones disponibles y su eficacia en el logro de los objetivos que se persiguen. 
Como primer paso, se dispone que la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) elabore, en el plazo de siete meses, un informe sobre todas las ayudas 
disponibles, con el fin de mejorar la eficiencia y la transparencia.
VII
La Administración puede proyectar, tanto al interior como al exterior, información 
sobre las características del sistema español de empresas emergentes, para facilitar la 
interconexión entre los distintos agentes que lo conforman y la atracción de capital y 
talento internacional. Para ello, se dispone la publicación de un portal web con 
información actualizada que, necesariamente, habrá de figurar también en inglés.
Con el mismo espíritu de retroalimentación y mejora, se prevé la realización de un 
informe anual, que se elevará a las Cortes Generales, sobre la aplicación de la ley y sus 
resultados. El sector, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y otros 
agentes institucionales participarán en la evaluación continua de la ley a través de un 
foro de empresas emergentes que servirá de referencia al Gobierno para que, de forma 
coordinada y como órgano consultivo, oriente su política y la del resto de 
administraciones públicas sobre empresas innovadoras, promoviendo además la 
diversidad, la inclusión y el resto de principios y valores democráticos.
VIII
Esta ley está incluida en el Plan Anual Normativo de 2021, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Asimismo, está recogida en la Agenda España Digital 2025, presentada el 23 de julio 
de 2020, y es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por las instituciones europeas el 13 de julio de 2021. En concreto, su 
elaboración está contemplada en la Reforma 2 del Componente 13, de impulso a la 
PYME, donde se apunta que proporcionará un marco favorable a la creación y al 
crecimiento de empresas emergentes de base tecnológica, atendiendo a sus 
especificidades, incorporando de forma transversal la igualdad de género.
Esta ley se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La ley es necesaria y eficaz para reconocer unos beneficios e 
incentivos a las empresas emergentes, creando un marco legal que reconoce las 
singularidades propias de las startups . Además, la ley es fundamental puesto que es 
una reforma contenida en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia pactado con la Unión Europea.
La proporcionalidad de la norma se asegura porque contiene la regulación 
imprescindible para minimizar la carga administrativa que impone, frente a los beneficios 
e incentivos otorgados en diferentes ámbitos. El principio de seguridad jurídica queda 
reforzado al ser la reforma plenamente congruente con el ordenamiento jurídico y 
haberse buscado, en todo lo posible, la alineación del régimen jurídico nacional con el 
régimen jurídico europeo y el mantenimiento de los instrumentos legislativos vigentes. El 
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principio de transparencia se garantiza a través del Boletín Oficial del Estado y todos los 
trámites de consulta, audiencia e información pública, donde las partes interesadas han 
tenido oportunidad de influir en el proceso de elaboración de esta ley. Por último, en 
relación con el principio de eficiencia, no se imponen cargas administrativas adicionales 
que no sean estrictamente necesarias.
Entre los principales hitos en la tramitación de esta ley caben destacarse el trámite 
de consulta pública previa, el trámite de audiencia e información pública, la emisión de 
informes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del 
Consejo Económico y Social, así como la del resto de ministerios proponentes.
IX
La presente ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, estructurada en 
veintiséis artículos, siete disposiciones adicionales, una transitoria, y trece disposiciones 
finales, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª, 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª, 
14.ª, 15.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo; 
sobre legislación mercantil; sobre la ordenación de los registros y los instrumentos 
públicos; sobre las bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; sobre el 
establecimiento de las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; sobre Hacienda General y Deuda del Estado; sobre el fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica; sobre el régimen económico 
de la seguridad social; sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; y sobre 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1. Esta  ley tiene como objeto establecer un marco normativo específico para 
apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes en España, teniendo en 
cuenta la distribución competencial sobre la materia entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.
2. Igualmente, establece un sistema de seguimiento y evaluación de sus resultados 
sobre el ecosistema español de empresas emergentes.
Artículo 2.  Objetivos generales.
Los objetivos generales de esta ley son los siguientes:
a) Fomentar la creación, el crecimiento y la relocalización de empresas emergentes 
en España, en especial de las microempresas, de las pequeñas y las medianas 
empresas emprendedoras, fijando además las condiciones que favorezcan su capacidad 
de internacionalización.
b) Atraer talento y capital internacional para el desarrollo del ecosistema español de 
empresas emergentes.
c) Estimular la inversión pública y privada en empresas emergentes.
d) Favorecer la interrelación entre empresas, agentes financiadores y territorios 
para aumentar las posibilidades de éxito de las empresas emergentes, con especial 
atención al fomento de polos de atracción de empresas emergentes en entornos rurales, 
y especialmente, en aquellas zonas que están perdiendo población, en aras de una 
mayor cohesión social y territorial.
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e) Impulsar el acercamiento entre la formación profesional y la universidad y las 
empresas emergentes.
f) Contribuir a incrementar la transferencia de conocimientos de la Universidad y de 
los organismos públicos de investigación y restantes agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación al mundo empresarial.
g) Eliminar las brechas de género existentes en el ecosistema español de 
empresas emergentes.
h) Apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores.
i) Impulsar la compra pública innovadora con empresas emergentes.
j) Garantizar la eficacia y coherencia del sistema estatal de ayudas al 
emprendimiento basado en innovación.
k) Promover el seguimiento participativo de la evolución del ecosistema español de 
empresas emergentes y de los resultados de esta ley.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación y definiciones.
1. Esta  ley será de aplicación a las empresas emergentes, entendiendo por 
empresa emergente, a los efectos de esta ley, toda persona jurídica, incluidas las 
empresas de base tecnológica creadas al amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que reúna simultáneamente las siguientes 
condiciones:
a) Ser de nueva creación o, no siendo de nueva creación, cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, o 
Registro de Cooperativas competente, de la escritura pública de constitución, con 
carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, energía, 
industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, 
diseñada íntegramente en España, que se determinarán a través de la orden a la que 
hace referencia el artículo 4.1.
b) No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de 
empresas que no tengan consideración de empresas emergentes. Los términos 
concentración o segregación se consideran incluidos en las anteriores operaciones.
c) No distribuir ni haber distribuido dividendos, o retornos en el caso de 
cooperativas.
d) No cotizar en un mercado regulado.
e) Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España.
f) Tener al 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España. En las 
cooperativas se computarán dentro de la plantilla, a los solos efectos del citado 
porcentaje, los socios trabajadores y los socios de trabajo, cuya relación sea de 
naturaleza societaria.
g) Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo 
de negocio escalable, según lo previsto en el artículo 4.
Cuando la empresa pertenezca a un grupo de empresas definido en el artículo 42 del 
Código de Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen deberá 
cumplir con los requisitos anteriores.
2. A los efectos de este artículo, se entiende por empresa de base tecnológica 
aquella cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de conocimiento 
científico-técnico y tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos o 
servicios y para la canalización de las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación 
y la transferencia de sus resultados.
Se considerará que una empresa emergente es innovadora cuando su finalidad sea 
resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de 
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación 
con el estado de la técnica y que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico, 
industrial o en el propio modelo de negocio.
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3. No podrán acogerse a los beneficios de esta ley aquellas empresas emergentes 
fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no estén al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, hayan sido condenadas por sentencia 
firme por un delito de administración desleal, insolvencia punible, delitos societarios, 
delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos contra la Hacienda 
pública y la Seguridad Social, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, 
malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, 
así como a aquellas condenadas a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, no podrán acogerse a dichos beneficios 
quienes hayan perdido la posibilidad de contratar con la Administración.
Artículo 4.  Certificación del emprendimiento innovador y escalable del modelo de 
negocio.
1. Los  emprendedores que quieran acogerse a los beneficios y especialidades de 
esta ley deberán solicitar a ENISA, Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, que 
evalúe todas las características recogidas en los artículos 3 y 6, además del criterio del 
carácter de emprendimiento innovador y escalable de su modelo de negocio. La 
innovación propuesta podrá ser de producto o de negocio. Mediante orden ministerial 
conjunta, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación determinarán 
conjuntamente los criterios para evaluar las características de los artículos 3 y 6, en 
especial el carácter de emprendimiento innovador y escalable de las empresas 
emergentes, que podrán estar basados en referencias nacionales e internacionales 
ampliamente aceptadas para reconocer el carácter de emprendimiento innovador y 
escalable de una empresa, así como las medidas procedimentales necesarias para el 
correcto cumplimiento del proceso de acreditación de estas empresas.
2. El procedimiento de evaluación llevado a cabo por ENISA se efectuará en un 
plazo, no superior a tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud, completa 
con toda la información requerida, efectuada por los emprendedores que quieran 
acogerse a los beneficios y especialidades de esta ley haya tenido entrada en el registro 
electrónico habilitado a tal fin. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado 
resolución expresa, legitima al interesado que hubiera realizado la solicitud para 
entenderla estimada por silencio administrativo positivo. El cómputo del plazo máximo 
para resolver se suspenderá cuando se requiera al interesado para que subsane las 
deficiencias de su solicitud o aporte documentos necesarios para dictar la resolución, 
según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El análisis sobre el grado de innovación del proyecto emprendedor y sobre la 
escalabilidad del modelo de negocio se basará en, al menos, los siguientes criterios:
a) Grado de innovación. Se valorará haber recibido financiación pública en los 
últimos tres años, sin haber sufrido revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de 
la actividad financiada. También se tendrán en cuenta los gastos en investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica respecto de los gastos totales de la empresa durante 
los dos ejercicios anteriores, o en el ejercicio anterior cuando se trate de empresas de 
menos de dos años.
b) Grado de atractivo del mercado. Se valorará la oferta y demanda en el sector, la 
generación de tracción, estrategias de captación de usuarios o clientes, entre otros 
aspectos.
c) Fase de vida de la empresa. Se valorará la implementación de prototipos y la 
obtención de un producto mínimo viable o la puesta en mercado del servicio.
d) Modelo de negocio. Se considerará la escalabilidad del número de usuarios, del 
número de operaciones o de la facturación anual.
e) Competencia. Se valorarán las empresas competidoras en su ámbito o sector de 
actividad y la diferenciación respecto de las mismas.
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f) Equipo. Se valorará la experiencia, formación y trayectoria del equipo que 
componga la empresa.
g) Dependencia de proveedores, suministradores y contratos de alquiler. Se 
tendrán en cuenta las relaciones con otros operadores económicos.
h) Clientes. Se valorará el volumen de clientes o usuarios de la empresa.
i) ENISA, o en su caso, el organismo público vinculado o dependiente de la 
Administración General del Estado en el que delegue el Gobierno esta función, podrá 
denegar la acreditación cuando el modelo de negocio presente dudas razonables de 
potenciales riesgos reputacionales, regulatorios, éticos o especulativos.
4. ENISA publicará en su página web una guía o manual de procedimiento en el 
que se concretarán los detalles del mismo, así como la documentación a presentar por 
las empresas interesadas.
5. ENISA, mediante convenio, podrá establecer acuerdos con terceras entidades 
colaboradoras, categoría en la que se encuentran las entidades de las Comunidades 
Autónomas, para la realización de actividades relativas a la tramitación, gestión 
documental, difusión y seguimiento de la solicitud relativa a este procedimiento en los 
términos que se fijen en dicho convenio y según los criterios establecidos en la orden 
ministerial conjunta citada en el apartado 1 del presente artículo. En dichos convenios, 
se establecerán, entre otros elementos, la documentación a presentar a ENISA por parte 
de la entidad colaboradora, así como la evaluación de lo establecido en los artículos 3 
y 6 de esta ley.
Artículo 5.  Acreditación de la condición de empresa emergente.
1. La condición de empresa emergente inscrita en el Registro Mercantil o en el 
Registro de Cooperativas competente, será condición necesaria y suficiente para poder 
acogerse a los beneficios y especialidades de esta ley. No obstante, en relación con la 
tributación de las empresas emergentes, la Administración tributaria podrá comprobar el 
cumplimiento y mantenimiento en el tiempo de los requisitos que se establecen en el 
artículo 3, a los efectos de la aplicación de los incentivos fiscales regulados en el capítulo 
I del título I, y sin perjuicio de las regularizaciones administrativas que procedan.
2. El Registro Mercantil habilitará un procedimiento de consulta en línea gratuito 
para cualquier persona, que comprenderá, al menos, la fecha de constitución e 
inscripción de la sociedad, el NIF, el nombre o razón social, el representante legal, su 
domicilio social y su condición de empresa emergente.
Si un órgano u organismo administrativo debiera acreditar algún requisito, se 
habilitarán procedimientos electrónicos para su comprobación en línea por el registrador 
o por el encargado del registro competente.
3. ENISA aportará, previa interlocución con las entidades colaboradoras citadas en 
el apartado 5 del artículo 4 de la ley con las que celebre convenio, como las entidades 
autonómicas, la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento de todos 
los requisitos exigibles para adquirir la condición de empresa emergente directamente al 
Registro Mercantil, o al Registro de Cooperativas competente, lo que se hará constar en 
la hoja abierta a la sociedad, y siempre que tales requisitos no exijan la modificación de 
los estatutos sociales.
Los órganos u organismos públicos competentes deberán proporcionar a ENISA, al 
Colegio de Registradores de España y al Registro de cooperativas competente los datos 
relativos a las ayudas europeas u otras que no puedan consultarse en línea.
4. Si el notario que autorice la escritura, o el registrador mercantil o la persona 
responsable del Registro de cooperativas competente para su inscripción, consideraran 
que la sociedad ha sido constituida en fraude de ley informará de ello a la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, dando cuenta al interesado de este traslado de información.
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Artículo 6.  Fin de aplicación de los beneficios y especialidades de esta ley.
La empresa emergente y sus inversores no podrán o dejarán de acogerse a los 
beneficios previstos en esta ley cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Deje de cumplir cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 3 y, en 
particular, al término de los cinco o siete años desde la creación de la empresa 
emergente.
b) Se extinga la empresa antes de ese término.
c) Sea adquirida por otra empresa que no tenga la condición de empresa emergente.
d) El volumen de negocio anual de la empresa supere el valor de diez millones de 
euros.
e) Lleve a cabo una actividad que genere un daño significativo al medio ambiente 
conforme al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
f) Los socios que sean titulares, directa o indirectamente, de una participación de al 
menos el 5 % del capital social o administradores de la empresa emergente hayan sido 
condenados por sentencia firme por los tipos delictivos incluidos en el artículo 3.3.
TÍTULO I
Incentivos fiscales, atracción de inversión extranjera y fidelización del talento
CAPÍTULO I
Incentivos fiscales
Artículo 7.  Tributación de las empresas emergentes.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en 
territorio español y que tengan la condición de empresa emergente conforme al título 
preliminar de esta ley, tributarán en el primer período impositivo en que, teniendo dicha 
condición, la base imponible resulte positiva y en los tres siguientes, siempre que 
mantengan la condición citada, al tipo del 15 por ciento en los términos establecidos en 
el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.
Artículo 8.  Aplazamiento de la tributación de una empresa emergente.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente 
situado en territorio español y que tengan la condición de empresa emergente conforme 
al título preliminar de esta ley, podrán solicitar, a la Administración tributaria del Estado 
en el momento de la presentación de la autoliquidación, el aplazamiento del pago de la 
deuda tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que la 
base imponible del Impuesto sea positiva.
La Administración tributaria del Estado concederá el aplazamiento, con dispensa de 
garantías, por un período de doce y seis meses, respectivamente, desde la finalización 
del plazo de ingreso en período voluntario de la deuda tributaria correspondiente a los 
citados períodos impositivos.
Para disfrutar de este beneficio, será necesario que el solicitante se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la fecha en que se efectúe 
la solicitud de aplazamiento y, además, que la autoliquidación se presente dentro del 
plazo establecido. No podrá aplazarse, según el procedimiento establecido en este 
apartado, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias.
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El ingreso de la deuda tributaria aplazada se efectuará en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de vencimiento de cada uno de los plazos señalados, sin que tenga 
lugar el devengo de intereses de demora.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente 
situado en territorio español, que tengan la condición de empresa emergente conforme al 
título preliminar de esta ley, no tendrán la obligación de efectuar los pagos fraccionados 
regulados en el artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y 23.1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
respectivamente, que deban efectuar a cuenta de la liquidación correspondiente al 
período impositivo inmediato posterior a cada uno de los referidos en el apartado 
anterior, siempre que en ellos se mantenga la condición de empresa emergente.
CAPÍTULO II
Atracción de inversión extranjera y fidelización del talento
Artículo 9.  Requisitos de identificación de inversores extranjeros.
1. Las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española, que deseen 
invertir en empresas emergentes españolas y no residan en España, deberán solicitar a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria española un número de identificación 
fiscal. No estarán obligadas, a estos efectos, a obtener un número de identidad de 
extranjero.
Cuando el inversor sea una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica 
de nacionalidad extranjera, el representante que solicite en su nombre el número de 
identificación fiscal deberá tener asignado un número de identificación fiscal. Su poder 
de representación podrá constar en un documento notarial o en un contrato de mandato 
con representación en el que conste expresamente la aceptación de la representación 
fiscal. Si el documento notarial se ha emitido por un notario extranjero, no se exigirá 
adecuar su contenido al ordenamiento jurídico español.
En el caso de que no se acredite la inversión en una empresa emergente en el plazo 
de seis meses desde la asignación del número de identificación fiscal del inversor, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá revocar el número de identificación 
fiscal asignado al inversor extranjero.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria habilitará un procedimiento 
electrónico, a efectos de lo establecido en el apartado 1, que deberá resolverse en el 
plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud del número de 
identificación fiscal, acompañada de la documentación que, en su caso, se exija.
Los modelos para solicitar dicho número estarán disponibles en formato electrónico y 
su presentación podrá realizarse utilizando un certificado electrónico cualificado 
conforme a las condiciones que establecen las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 9 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y su normativa de desarrollo vigente en cada momento, y que 
resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Cuando la inversión tenga lugar para constituir una empresa y esta se tramite por 
vía electrónica a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE), mediante Documento Único Electrónico (DUE), regulado en la disposición 
adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el inversor podrá solicitar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del Punto de Atención al 
Emprendedor, la asignación de un número de identificación fiscal para sí. En otro caso, 
el notario actuante enviará, de forma inmediata, copia de la escritura a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, solicitando la asignación de un número de identificación 
fiscal para el inversor.
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Los notarios también podrán solicitar la asignación del número de identificación fiscal 
para los extranjeros referidos en este artículo, cuando se incorporen como socios a una 
empresa emergente con ocasión de una ampliación de su capital social u otra operación 
societaria.
Artículo 10.  Autocartera en las empresas emergentes que sean sociedades limitadas 
con la finalidad de ejecutar un plan de retribuciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 140 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
en el artículo 12 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas, la junta general de la sociedad podrá autorizar la adquisición de 
participaciones propias, hasta el 20 % del capital como máximo, para su entrega a los 
administradores, empleados u otros colaboradores de la empresa, con la exclusiva 
finalidad de ejecutar un plan de retribución.
2. El sistema de retribución mediante la entrega de participaciones deberá estar 
previsto en los estatutos y aprobado por la junta general, mediante acuerdo que incluirá 
el número máximo de participaciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este 
sistema de remuneración, el valor de las participaciones que se tome como referencia y 
el plazo de duración del plan.
3. La adquisición por la sociedad de participaciones propias en ejercicio de la 
autorización a la que se refiere el apartado 1 solo podrá producirse con las siguientes 
condiciones:
a) Que las participaciones a adquirir estén íntegramente desembolsadas.
b) Que el patrimonio neto, una vez realizada la adquisición, no resulte inferior al 
importe del capital social más las reservas indisponibles, legales o estatutarias. A estos 
efectos, en las sociedades laborales no se tendrá en cuenta la reserva especial regulada 
en el artículo 14 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas.
c) Que la adquisición se produzca dentro de los cinco años siguientes al acuerdo 
de autorización.
4. En caso de contravención a lo dispuesto en el apartado anterior resultará de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 139 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en el artículo 14 
de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
TÍTULO II
Formalidades aplicables a las empresas emergentes constituidas 
como sociedades limitadas
Artículo 11.  Inscripción de actos y acuerdos en el Registro.
1. El plazo para la inscripción de empresas emergentes y de todos sus actos 
societarios será de cinco días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha del 
asiento de presentación o, en su caso, al de la fecha de devolución del documento 
retirado.
En el caso de que se utilicen estatutos tipo, a los que se refiere la disposición final 
duodécima, el registrador procederá a la calificación e inscripción dentro del plazo de las 
seis horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por 
horas hábiles las que queden comprendidas dentro del horario de apertura fijado para los 
registros.
En caso de existencia de causa justificada por razones técnicas o por especial 
complejidad del asunto que impida el cumplimiento de dichos plazos, el Registrador 
mercantil deberá notificar esta circunstancia al interesado en el plazo más breve posible 
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y en todo caso antes de que transcurran los plazos establecidos anteriormente para 
calificar e inscribir cuando procediera.
Los trámites necesarios para llevar a cabo la inscripción de empresas emergentes, 
así como los trámites de carácter fiscal y con la Seguridad Social necesarios para el 
inicio de actividad y otros recogidos en la normativa reguladora del Documento Único 
Electrónico, podrán realizarse mediante el uso de dicho documento.
2. Los pactos de socios en las empresas emergentes en forma de sociedad limitada 
serán inscribibles y gozarán de publicidad registral si no contienen cláusulas contrarias a 
la ley. Igualmente, serán inscribibles las cláusulas estatutarias que incluyan una 
prestación accesoria de suscribir las disposiciones de los pactos de socios en las 
empresas emergentes, siempre que el contenido del pacto esté identificado de forma 
que lo puedan conocer no solo los socios que lo hayan suscrito sino también los futuros 
socios.
Artículo 12.  Aranceles notariales y registrales y tasas por la inscripción de sociedades 
de responsabilidad limitada.
1. Los aranceles notariales y registrales, en el caso de que los emprendedores que 
se acojan a los estatutos tipo adaptados a las necesidades de las empresas emergentes, 
a los que se refiere la disposición final duodécima, utilicen el sistema de tramitación 
telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas y el capital social 
sea inferior a 3.100 euros, serán de 60 y 40 euros respectivamente.
2. La publicación de los actos de inscripción señalados el apartado anterior en el 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» estarán exentos del pago de tasas.
Artículo 13.  Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto.
Las empresas emergentes no incurrirán en causa de disolución por pérdidas que 
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, 
siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan 
transcurrido tres años desde su constitución.
TÍTULO III
Compra pública innovadora
Artículo 14.  Fomento de la compra pública innovadora para empresas emergentes.
1. El Gobierno incluirá en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, los planes de cada ministerio y organismo público vinculado o dependiente 
de la Administración General del Estado, para la compra pública de innovación, tanto 
para la compra pública de tecnología o procesos innovadores como para la compra 
pública pre-comercial, a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y los créditos destinados a su financiación.
Anualmente, se dará cuenta al Consejo de Ministros de la ejecución de los planes de 
compra pública innovadora y de la evaluación de sus resultados.
2. Las administraciones públicas tendrán en cuenta las características de las 
empresas emergentes al precisar los requisitos de solvencia económica y técnica de las 
empresas participantes en procedimientos de compra pública innovadora y de compra 
pública pre-comercial, se rijan o no por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para no crear 
obstáculos a su participación en la licitación.
Asimismo, realizarán pagos parciales siempre que la ejecución del contrato pueda 
dividirse en diversas fases de ejecución.
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3. En los pliegos de cláusulas administrativas se valorará la inclusión de requisitos 
de capacidad y solvencia, y criterios de adjudicación que faciliten el acceso en 
condiciones de igualdad a las empresas emergentes ubicadas en zonas escasamente 
pobladas. Se promoverá, a través de la incorporación de requisitos y características 
específicas sociales y medioambientales que redunden en la mejora del medio rural, 
propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, 
ecológicos, e igualmente la gestión forestal sostenible, las energías renovables y el 
ahorro energético, siempre que se respeten los principios de concurrencia, igualdad y no 
discriminación de la contratación pública.
4. En los pliegos de cláusulas administrativas se podrá establecer que la titularidad 
de los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo del objeto del contrato 
será compartida a partes iguales por la Administración contratante y la empresa 
emergente adjudicataria.
TÍTULO IV
Entornos regulados de pruebas
Artículo 15.  Licencias de prueba para empresas emergentes.
1. Las empresas calificadas como emergentes que operen en sectores regulados 
podrán solicitar a la autoridad administrativa reguladora de su ámbito de actividad una 
licencia de prueba temporal para el desarrollo de sus actividades. La licencia tendrá una 
duración máxima de un año.
2. La empresa emergente deberá advertir por escrito al usuario o consumidor de 
esta situación de prueba temporal, informar de su duración y recibir de este su 
consentimiento expreso para iniciar el ejercicio de la prueba.
Artículo 16.  Entornos controlados de pruebas.
1. Los poderes públicos promoverán, reglamentariamente, la creación de entornos 
controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, la viabilidad y el 
impacto de innovaciones tecnológicas aplicadas a actividades reguladas, a la oferta o 
provisión de nuevos bienes o servicios, a nuevas formas de provisión o prestación de los 
mismos o a fórmulas alternativas para su supervisión y control por parte de las 
autoridades competentes.
Además, contribuirán a impulsar, de forma especial, entornos controlados de pruebas 
también en zonas rurales que por sus características supongan un entorno favorable y 
dinámico para el uso de innovaciones tecnológicas, bienes y servicios novedosos y en 
línea con lo definido como territorio rural inteligente, potenciando así el uso de las 
tecnologías digitales como herramienta imprescindible para el desarrollo, puestas al 
servicio de los territorios y sus habitantes.
2. La evaluación del impacto que justificará la creación de los entornos controlados 
de pruebas se referirá a la afectación de cualquiera de las razones imperiosas de interés 
general referidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
3. Las pruebas se regirán por las normas sobre espacios controlados de pruebas 
que se dicten en cada sector y los protocolos que acuerden las autoridades supervisoras 
y los promotores de los proyectos, sin sujeción a la legislación específica del mercado de 
que se trate.
4. La creación y desarrollo de los entornos controlados de pruebas se ajustarán a 
los siguientes principios:
a) Publicidad y transparencia, de forma que se garantice la posibilidad de alegar a 
todo aquel interesado que pueda ver afectados sus derechos o intereses legítimos.
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b) Igualdad y no discriminación entre operadores para la libre concurrencia y 
acceso a los entornos controlados de pruebas.
c) Necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión de la competencia efectiva en el 
mercado, garantizando que la adaptación de marcos y el establecimiento de excepciones 
se ajusten a lo mínimo necesario para evaluar el impacto de las innovaciones 
tecnológicas aplicadas.
d) Control sobre las repercusiones en la estabilidad e integridad del mercado de 
que se trate o sobre terceros no participantes en las pruebas.
e) Principio de limitación temporal de las habilitaciones o excepciones que se 
establezcan dentro del entorno controlado de prueba al tiempo mínimo necesario para 
evaluar el impacto de las innovaciones tecnológicas aplicadas.
f) Protección de consumidores, de usuarios y de terceros que pudieran verse 
afectados por los riesgos potenciales de la innovación que se prueba.
g) Cooperación y coordinación entre las autoridades competentes cuando la 
innovación afecte a diversas materias o distintos ámbitos y niveles territoriales.
5. Las autoridades públicas tendrán en cuenta los resultados de las pruebas para, 
en su caso, conceder o ampliar las autorizaciones precisas para operar a los promotores 
del proyecto y para impulsar mejoras o adaptaciones en la normativa y régimen de 
control aplicable.
6. Las autoridades públicas informarán de los entornos controlados de pruebas 
creados, los resultados y conclusiones de las pruebas y de sus propuestas de mejora o 
adaptación de la normativa al Foro Nacional de Empresas Emergentes.
7. Los entornos controlados de pruebas que permitan llevar a la práctica proyectos 
tecnológicos de innovación en el sistema financiero se regirán por lo previsto en la 
Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.
TÍTULO V
Colaboración público-privada entre universidades y empresas emergentes
Artículo 17.  Colaboración público-privada.
Las administraciones  públicas  promoverán  el desarrollo  de programas  educativos  en 
materia  de emprendimiento  y habilidades  digitales,  incluyendo  aquellos  nacidos  de la 
colaboración público-privada, particularmente en entornos rurales o con escasa densidad de 
población  para fomentar  la creación  de empresas  emergentes  en estas  ubicaciones.  En 
aquellos  territorios  donde  se hayan  implementado  proyectos  universitarios,  entroncados  en 
el mundo  rural,  los plazos  relativos  a la duración  de estos  programas  se unificarán  o 
potenciarán, en función de la atracción de estos programas de empleo a zonas rurales.
Estos programas educativos en materia de emprendimiento y habilidades digitales 
podrán integrarse en las actuaciones relacionadas y previstas en instrumentos como el 
Plan Nacional de Competencias Digitales, contando con el presupuesto, objetivos e 
instrumentos asociados a las mismas.
Además, las administraciones públicas impulsarán actuaciones orientadas a 
fomentar la implantación de empresas emergentes en los entornos rurales, así como el 
establecimiento de ecosistemas de innovación en el medio rural que proporcionen las 
condiciones necesarias para el desarrollo de empresas de base tecnológica y científica 
que puedan recoger los frutos de la investigación.
Artículo 18.  Universidades, entidades y empresas basadas en el conocimiento.
Las universidades fomentarán la formación orientada a favorecer la empleabilidad y 
el emprendimiento a título individual o colectivo. Las universidades podrán crear o 
participar en entidades y empresas basadas en el conocimiento en los términos 
establecidos en la normativa específica.
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Las empresas de base tecnológica spinoff  originadas en las universidades españolas 
tendrán la consideración de empresas emergentes innovadoras ( startups)  cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 3.
TÍTULO VI
Fomento de las empresas emergentes
Artículo 19.  Sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación.
1. El sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación está 
formado por el conjunto de programas gestionados por el Estado que se destinan a 
fomentar la creación en España de empresas emergentes, a impulsar su expansión 
internacional, a estimular la inversión nacional y extranjera en este tipo de empresas, la 
colaboración entre empresas y el incremento de la participación de mujeres y territorios 
en este fenómeno.
2. El sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación estará 
orientado hacia la realización de las misiones orientadoras de los programas plurianuales 
de fomento de la investigación y la innovación de la Unión Europea, y de otros grandes 
retos, relevantes para España, que sean identificados por el Gobierno con carácter 
plurianual.
Artículo 20.  Acciones prioritarias.
1. La Administración General del Estado, en cooperación con las administraciones 
autonómicas y locales, promoverá el establecimiento de fondos de co-inversión para 
atraer capital privado a la financiación de empresas emergentes en sus distintas fases de 
creación, crecimiento e internacionalización.
2. La Administración General del Estado, en cooperación, cuando proceda, con las 
administraciones autonómicas y locales, alentará la creación de redes de contacto y 
colaboración, plataformas y puntos de encuentro entre empresas emergentes y entre 
estas y empresas maduras, así como con los demás agentes del ecosistema español de 
empresas emergentes. Asimismo, podrá financiar proyectos colaborativos entre 
pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes.
3. La Administración General del Estado, en cooperación con las administraciones 
autonómicas y locales, velará por reducir la brecha de género en las actuaciones que 
realice para atraer capital privado a la financiación de empresas emergentes. Asimismo, 
promoverá la participación de mujeres en plataformas y puntos de encuentro entre 
empresas emergentes y entre estas y empresas maduras, poniendo en marcha medidas 
de acción positiva, si fuese necesario.
Artículo 21.  Planificación, ejecución y evaluación de los mecanismos de apoyo al 
emprendimiento basado en innovación.
1. El Gobierno aprobará un programa plurianual de ayudas al emprendimiento 
basado en innovación, en el que se definan los fines orientadores que perseguirán y el 
peso relativo de las acciones indicadas en los artículos 19 y 20 en el conjunto de las 
ayudas, así como los medios para asegurar el servicio a dichos fines y la distribución de 
acciones prevista, más el procedimiento para evaluar sus resultados.
El programa plurianual de ayudas incorporará la perspectiva de género y 
establecerá, así mismo, los mecanismos de coordinación oportunos para garantizar la 
complementariedad de las distintas líneas de ayuda, su evaluación continua en pos de 
su mayor eficacia y eficiencia, y la transparencia de todas las fuentes de financiación 
estatales relacionadas con el emprendimiento de base innovadora.
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El programa  se integrará  en el Plan Estatal  de Investigación  Científica  y Técnica  y de 
Innovación, teniendo la consideración de plan estratégico de subvenciones, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La Administración General del Estado elaborará y publicará un informe sobre la 
ejecución del programa de ayudas al emprendimiento basado en la innovación en el año 
anterior.
Asimismo, cada cuatro años publicará un informe sobre la ejecución global del programa, 
el efecto  de las ayudas  concedidas  sobre  las empresas  que se beneficiaron  de ellas y sobre 
el ecosistema  emprendedor  en general,  así como  sobre  su impacto  en los grandes  retos 
inspiradores del sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación.
Artículo 22.  Reducción de garantías.
Cuando la concesión de subvenciones o los pagos a cuenta estén condicionados a la 
prestación de garantías, la empresa emergente beneficiaria podrá solicitar que la 
garantía se reduzca a cambio de disminuir en la misma proporción el importe de la ayuda 
o del pago anticipado.
La Administración otorgante evaluará dicha solicitud en base, al menos, a los 
siguientes criterios:
a) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social durante los últimos cinco ejercicios.
b) Que no haya incurrido en procedimiento de reintegro de ninguna subvención 
otorgada con anterioridad.
Artículo 23.  Información sobre convocatorias de subvenciones.
En los Puntos de Atención al Emprendedor y en la Oficina Nacional de 
Emprendimiento, se publicará una relación de las subvenciones públicas dirigidas 
específicamente a empresas emergentes y convocadas por las instituciones 
comunitarias y por las administraciones públicas españolas. Esta relación se mantendrá 
permanentemente actualizada.
Los Puntos de Atención al Emprendedor y la Oficina Nacional de Emprendimiento 
publicarán también un calendario orientativo de las subvenciones de convocatoria 
regular durante el mes de enero de cada año.
Artículo 24.  Conocimiento y difusión del ecosistema español de empresas emergentes.
1. La Administración General del Estado publicará información sobre los centros 
urbanos de atracción de empresas emergentes y sus agentes de financiación, 
aceleradoras e incubadoras, a través de un portal web con información en, al menos, 
español, lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades 
Autónomas e inglés, siempre y cuando hayan comunicado su actividad al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para colaborar con las funciones de 
promoción del ecosistema español de empresas emergentes.
La Oficina Nacional de Emprendimiento incardinará esta información dentro de su 
catálogo de servicios y ejercerá la labor de punto de acceso principal para la información 
relacionada con el emprendimiento en nuestro país.
2. El portal web al que se refiere el apartado anterior informará en, al menos, 
español, lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades 
Autónomas (para estas lenguas en lo relativo al contenido informativo) e inglés sobre las 
condiciones de entrada y residencia en España de emprendedores, inversores y 
profesionales altamente cualificados, de acuerdo con la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, incluyendo los documentos necesarios, las tasas aplicables y una 
explicación detallada del procedimiento, así como una interfaz para solicitar la concesión 
de los visados y autorizaciones pertinentes. Dicha interfaz incorporará una pasarela de 
pagos para el abono de las tasas correspondientes.
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TÍTULO VII
Seguimiento participativo de las políticas públicas estatales sobre empresas 
emergentes
Artículo 25.  Foro Nacional de Empresas Emergentes.
1. Se crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes como órgano colegiado 
interministerial consultivo y de colaboración entre las administraciones públicas, 
universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos, 
asociaciones empresariales de base asociativa más representativas de ámbito estatal y 
autonómico, asociaciones o corporaciones de profesionales intermediarios, empresas 
emergentes y aquellas otras que colaboren con ellas.
2. Sus funciones serán analizar, identificar buenas prácticas y debatir las políticas 
públicas de impulso al emprendimiento en investigación y desarrollo y en innovación. 
También propondrá mejoras orientadas a su crecimiento y a su integración en los 
mercados comunitario y mundial.
El Foro Nacional de Empresas Emergentes promoverá la diversidad, la inclusión y 
los principios democráticos entre las empresas emergentes. Para ello, podrá establecer 
reconocimientos para aquellas empresas emergentes que se destaquen por su actividad 
en este sentido.
3. Por real decreto, se desarrollará la composición y régimen de funcionamiento del 
Foro, en el marco de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
4. Entre las funciones del Foro está la emisión de informe preceptivo y no 
vinculante para la evaluación continua de la aplicación de la presente ley en los términos 
del artículo siguiente.
Artículo 26.  Evaluación continua de la aplicación de la ley.
1. El Gobierno, mediante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, llevará a cabo un seguimiento de la aplicación de esta ley, para lo que 
aprobará, previa consulta con el Foro Nacional de Empresas Emergentes, indicadores de 
cumplimiento de los objetivos de la ley, que estarán desagregados por sexo y por 
Comunidades Autónomas siempre que sea posible.
2. El Gobierno elevará, anualmente, un informe a las Cortes Generales sobre los 
resultados de la ley y sus propuestas de mejora.
Disposición adicional primera.  Actualizaciones de interfaces y neutralidad tecnológica.
1. Las administraciones públicas impulsarán la adaptación de sus aplicaciones 
informáticas para que los ciudadanos puedan interactuar con ellas a través de 
dispositivos móviles, y mediante la utilización de cualquier navegador.
Velarán por que las interfaces de usuario se mantengan actualizadas de acuerdo con 
la evolución de los programas informáticos y su implantación en el mercado.
2. El Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España 
promoverán la adaptación de las aplicaciones informáticas que deban emplear los 
ciudadanos para relacionarse electrónicamente con los notarios y los registradores con 
el fin de que sean compatibles con cualquier navegador, admitan todas las firmas y 
sellos electrónicos incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación» y pueda interactuarse con ellas desde dispositivos móviles.
Velarán por que las interfaces de usuario se mantengan actualizadas de acuerdo con 
la evolución de los programas informáticos y su implantación en el mercado.
3. La Administración General del Estado y su sector público institucional, así como 
el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España deberán 
establecer un calendario para cumplir los objetivos señalados en el apartado 1 sin que el 
plazo pueda exceder de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley.
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Tanto el calendario como el progreso en su ejecución se publicarán en el punto de 
acceso electrónico general u otro portal único de internet de la Administración General 
del Estado, y en la página web del Consejo General del Notariado y del Colegio de 
Registradores de España, de forma respectiva.
Disposición adicional segunda.  Evaluación de la coherencia de los programas de ayuda 
a empresas emergentes del Estado.
1. Como primer paso para adecuar el sistema estatal de ayudas al emprendimiento 
basado en innovación a los principios de transparencia, coherencia y evaluación 
continua, el Gobierno encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
la realización de un inventario sobre todas las líneas de ayuda existentes en el Estado y 
su sector público institucional dirigidas a empresas emergentes o a su creación.
Igualmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará una 
evaluación de la economía, eficacia y eficiencia de las líneas de ayuda y formulará 
recomendaciones para garantizar su máxima coherencia y efectividad.
2. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dispondrá de nueve 
meses para la entrega del inventario y del informe de evaluación sobre el sistema público 
de apoyo a las empresas emergentes a través de subvenciones y ayudas.
Disposición adicional tercera.  Coordinación de las actuaciones sobre empresas 
emergentes en la Administración General del Estado.
En el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se 
creará un grupo de trabajo para intercambiar información sobre las políticas que afecten 
a las empresas emergentes, preparar las reuniones del Foro Nacional de Empresas 
Emergentes, estudiar propuestas para incrementar la compra pública innovadora y 
coordinar las iniciativas de fomento de los distintos departamentos en aplicación de lo 
dispuesto en el capítulo I del título VI, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo referente a la competencia del Presidente del 
Gobierno para crear, suprimir o modificar las Comisiones Delegadas del Gobierno, su 
composición y funcionamiento.
Disposición adicional cuarta.  Startup de estudiantes.
1. La startup de estudiantes se reconoce como herramienta pedagógica.
2. Reglamentariamente, se determinarán los requisitos, límites al estatuto de la 
startup  de estudiantes; así como también se podrán adoptar medidas específicas de 
información y asistencia que facilitarán el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
contables.
3. La startup  de estudiantes se constituirá, mediante el sistema del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas, por la organización promotora del 
programa de estudios correspondiente, lo que permitirá a la misma realizar 
transacciones económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias.
Los Puntos de Atención al Emprendedor que quieran participar como organizaciones 
promotoras deberán solicitar a ENISA su participación en el programa. Para este fin, 
ENISA contará con el apoyo de la Escuela de Organización Industrial, Fundación EOI, 
F.S.P.
4. La startup  de estudiantes tendrá una duración limitada a un curso escolar 
prorrogable a un máximo de dos cursos escolares.
5. La startup  de estudiantes estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil u 
otra garantía equivalente suscrito por la organización promotora.
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Disposición adicional quinta.  Plazo para la puesta en marcha del portal de internet 
sobre el ecosistema español de empresas emergentes.
El Gobierno dispondrá lo necesario para que, en el plazo máximo de un año, esté en 
funcionamiento el portal de internet para conocimiento y difusión del ecosistema español 
de empresas emergentes a que se refiere el artículo 24.
Disposición adicional sexta.  Ventanilla única.
Con el objetivo de facilitar los procedimientos de tramitación de visados y permisos 
de residencia regulados en la sección II del capítulo IV del título V de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, los 
órganos competentes en la tramitación de los mismos se comprometerán a favorecer 
modelos basados en una ventanilla única.
Disposición adicional séptima.  Creación de la Agencia Española de Supervisión de 
Inteligencia Artificial.
Uno.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se autoriza la creación de la Agencia 
Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, como organismo público con 
personalidad jurídica pública, patrimonio propio, plena capacidad de obrar y potestades 
administrativa, inspectora y sancionadora que se le atribuyan en aplicación de la 
normativa nacional y europea en relación con el uso seguro y confiable de los sistemas 
de inteligencia artificial.
Dos. La actuación de la Agencia responderá a los siguientes fines:
a) La concienciación, divulgación y promoción de la formación, y del desarrollo y 
uso responsable, sostenible y confiable de la inteligencia artificial.
b) La definición de mecanismos de asesoramiento y atención a la sociedad y a 
otros actores relacionados con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
c) La colaboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y 
supranacionales, de supervisión de inteligencia artificial.
d) El fomento de entornos reales de prueba de los sistemas de inteligencia artificial, 
para reforzar la protección de los usuarios.
e) La supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que 
incluyan inteligencia artificial y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos 
significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales.
Tres.  La Agencia estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se 
regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuatro.  La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación 
y defensa en juicio de la Agencia, corresponderá a los Abogados del Estado integrados 
en el Servicio Jurídico del Estado.
Disposición transitoria única.  Plazo para determinar el carácter de emprendimiento 
innovador y la escalabilidad del modelo de negocio.
El plazo para determinar el carácter de emprendimiento innovador y la escalabilidad 
del modelo de negocio será de 3 meses a partir de que la empresa haya remitido toda la 
información relativa a la solicitud de acreditación, incluyendo la información 
complementaria que se le haya podido solicitar a partir del análisis realizado por parte de 
ENISA. Este plazo será aplicable a partir de los seis meses siguientes al de la entrada en 
vigor de esta ley.
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Disposición final primera.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de los títulos competenciales que se citan a continuación:
a) El título preliminar, salvo los artículos 3.2 y 6, y el título IV se dictan al amparo 
del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
b) Los capítulos I y II del título I y las disposiciones finales segunda y tercera se 
dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
competencia exclusiva en materia de Hacienda General y Deuda del Estado.
c) El artículo 5 y el título II, a excepción del artículo 12 en lo que se refiere a los 
aranceles notariales o registrales, se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación 
mercantil.
d) Los artículos 3.2, 3.3 y 12, en lo que se refiere a los aranceles notariales y 
registrales, y la disposición adicional primera, en lo que respecta al Consejo General del 
Notariado y al Colegio de Registradores de España, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre 
la ordenación de los registros y los instrumentos públicos.
e) El título III, a excepción del artículo 14 apartado 1, se dicta al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia para dictar la 
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
f) La disposición adicional primera se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª, 8.ª 
y 18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases 
sobre la legislación mercantil y ordenación de los registros, los instrumentos públicos y 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
g) El título V se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.15.ª 
y 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre el fomento y la 
coordinación general de la investigación científica y técnica, y para dictar normas básicas 
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
h) El artículo 14, apartado 1, los títulos VI y VII y las disposiciones adicionales 
primera, segunda y tercera resultarán únicamente de aplicación en el ámbito de la 
Administración General del Estado y en su sector público institucional.
i) El artículo 10 se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación 
mercantil, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros y el establecimiento de las 
bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
j) La disposición adicional quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.
Las restantes disposiciones resultarán únicamente de aplicación en el ámbito de la 
Administración General del Estado y en su sector público institucional.
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo.
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:
La letra a) del artículo 14.1 queda redactado de la siguiente forma:
«a)  Las rentas mencionadas en el artículo 7 y los rendimientos del trabajo en 
especie mencionados en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
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parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, percibidas por personas físicas, así como las 
prestaciones por razón de necesidad reconocidas al amparo del Real 
Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de 
necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio.
Con efectos desde el 1 de enero de 2023, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando 
redactada de la siguiente forma:
Uno.  Se añade una letra m) al apartado 2 del artículo 14, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«m)  Los rendimientos del trabajo en especie derivados de la entrega de 
acciones o participaciones de una empresa emergente a las que se refiere la 
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas 
emergentes, que, cumpliendo los requisitos establecidos en la letra f) del 
apartado 3 del artículo 42 de esta ley no estén exentos por superar la cuantía 
prevista en dicho artículo, se imputarán en el período impositivo en el que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
– Que el capital de la sociedad sea objeto de admisión a negociación en bolsa 
de valores o en cualquier sistema multilateral de negociación, español o 
extranjero.
– Que se produzca la salida del patrimonio del contribuyente de la acción o 
participación correspondiente.
No obstante, transcurrido el plazo de diez años a contar desde la entrega de 
las acciones o participaciones sin que se haya producido alguna de las 
circunstancias señaladas anteriormente, el contribuyente deberá imputar los 
rendimientos del trabajo a que se refiere esta letra correspondientes a tales 
acciones o participaciones, en el período impositivo en el que se haya cumplido el 
referido plazo de diez años.»
Dos. La letra f) del artículo 42.3 queda redactada de la siguiente forma:
«f)  En los términos que reglamentariamente se establezcan, la entrega a los 
trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de 
mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas 
del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las 
entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre que la oferta se 
realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa, 
grupo o subgrupos de empresa.
La exención prevista en el párrafo anterior será de 50.000 euros anuales en el 
caso de entrega de acciones o participaciones concedidas a los trabajadores de 
una empresa emergente a las que se refiere la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, 
de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. En este supuesto, no 
será necesario que la oferta se realice en las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior, debiendo efectuarse la misma dentro de la política retributiva general de 
la empresa y contribuir a la participación de los trabajadores en esta última. En el 
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caso de que la entrega de acciones o participaciones sociales a que se refiere 
este párrafo derive del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o 
participaciones previamente concedidas a los trabajadores por la empresa 
emergente, los requisitos para la consideración como empresa emergente 
deberán cumplirse en el momento de la concesión de la opción.»
Tres.  Se añade una nueva letra g) en el número 1.º del apartado 1 del artículo 43, 
que queda redactada de la siguiente forma:
«g)  En el caso de entrega de acciones o participaciones concedidas a los 
trabajadores de una empresa emergente a las que se refiere el segundo párrafo 
de la letra f) del apartado 3 del artículo 42 de esta ley, por el valor de las acciones 
o participaciones sociales suscritas por un tercero independiente en la última 
ampliación de capital realizada en el año anterior a aquel en que se entreguen las 
acciones o participaciones sociales. De no haberse producido la referida 
ampliación, se valorarán por el valor de mercado que tuvieran las acciones o 
participaciones sociales en el momento de la entrega al trabajador.»
Cuatro. El artículo 68.1 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
1.º  Los contribuyentes podrán deducirse el 50 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o 
participaciones en empresas de nueva o reciente creación, cuando se cumpla lo 
dispuesto en los números 2.º y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la 
aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o 
profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten, en los 
términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la 
entidad.
La base máxima de deducción será de 100.000 euros anuales y estará 
formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.
No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la 
suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el 
contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma 
en el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias.
2.º  La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá cumplir 
los siguientes requisitos:
a)  Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la 
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y no 
estar admitida a negociación en ningún mercado organizado, tanto mercado 
regulado como sistemas multilaterales de negociación.
Este requisito deberá cumplirse durante todos los años de tenencia de la 
acción o participación.
b)  Ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y 
materiales para el desarrollo de la misma. En particular, no podrá tener por 
actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el 
artículo 4.8.dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con 
anterioridad a la transmisión de la participación.
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c) El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser 
superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el 
contribuyente adquiera las acciones o participaciones.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de los fondos 
propios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
3.º  A efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado 1.º anterior deberán 
cumplirse las siguientes condiciones:
a)  Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse por el 
contribuyente bien en el momento de la constitución de aquella o mediante 
ampliación de capital efectuada, con carácter general, en los cinco años siguientes 
a dicha constitución, o en los siete años siguientes a dicha constitución en el caso 
de empresas emergentes a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de la 
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas 
emergentes, y permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres años e 
inferior a doce años.
b) La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que 
posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al 
contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los 
años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital 
social de la entidad o de sus derechos de voto. Lo dispuesto en esta letra no 
resultará de aplicación a los socios fundadores de una empresa emergente a las 
que se refiere la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de 
las empresas emergentes, entendidos como aquellos que figuren en la escritura 
pública de constitución de la misma.
c) Que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de 
la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente 
mediante otra titularidad.
4.º  Cuando el contribuyente transmita acciones o participaciones y opte por 
la aplicación de la exención prevista en el apartado 2 del artículo 38 de esta ley, 
únicamente formará parte de la base de la deducción correspondiente a las 
nuevas acciones o participaciones suscritas la parte de la reinversión que exceda 
del importe total obtenido en la transmisión de aquellas. En ningún caso se podrá 
practicar deducción por las nuevas acciones o participaciones mientras las 
cantidades invertidas no superen la citada cuantía.
5.º  Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación 
expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido 
indicando el cumplimiento de los requisitos señalados en el número 2.º anterior en 
el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.»
Cinco. El artículo 93 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 93.  Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, 
emprendedores e inversores desplazados a territorio español.
1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tributar 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas especiales 
previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la condición de 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el 
período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco 
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períodos impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no hayan sido residentes en España durante los cinco períodos 
impositivos anteriores a aquél en el que se produzca su desplazamiento a territorio 
español.
b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca, ya sea en el 
primer año de aplicación del régimen o en el año anterior, como consecuencia de 
alguna de las siguientes circunstancias:
1.º  Como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la 
relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real 
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales.
Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, 
ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o estatutaria con un 
empleador en España. Igualmente, se entenderá cumplida esta condición cuando 
el desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista una carta de 
desplazamiento de este o cuando, sin ser ordenado por el empleador, la actividad 
laboral se preste a distancia, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En particular, se entenderá 
cumplida esta circunstancia en el caso de trabajadores por cuenta ajena que 
cuenten con el visado para teletrabajo de carácter internacional previsto en la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.
2.º  Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de 
una entidad. En caso de que la entidad tenga la consideración de entidad 
patrimonial en los términos previstos en el artículo 5, apartado 2, de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, el administrador no podrá tener una participación en 
dicha entidad que determine su consideración como entidad vinculada en los 
términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
3.º  Como consecuencia de la realización en España de una actividad 
económica calificada como actividad emprendedora, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el artículo 70 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
en los términos establecidos reglamentariamente.
4.º  Como consecuencia de la realización en España de una actividad 
económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a 
empresas emergentes en el sentido del artículo 3 de la Ley 28/2022, de 21 de 
diciembre, de fomento del ecosistema de empresas emergentes, o que lleve a 
cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, percibiendo 
por ello una remuneración que represente en conjunto más del 40 % de la totalidad 
de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. 
Reglamentariamente se determinará la forma de acreditar la condición de 
profesional altamente cualificado, así como la determinación de los requisitos para 
calificar las actividades como de formación, investigación, desarrollo e innovación.
c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un 
establecimiento permanente situado en territorio español, salvo en el supuesto 
previsto en la letra b).3.º y 4.º de este apartado.
El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el 
Patrimonio.
La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecerá el 
procedimiento para el ejercicio de la opción mencionada en este apartado.
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2. La aplicación de este régimen especial implicará, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, la determinación de la deuda tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con arreglo a las normas 
establecidas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, para 
las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente con las 
siguientes especialidades:
a) No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 
y 14 del capítulo I del citado texto refundido. No obstante, estarán exentos los 
rendimientos del trabajo en especie a los que se refiere la letra a) del artículo 14.1 
del citado texto refundido.
b) La totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificadas 
como una actividad emprendedora o de los rendimientos del trabajo obtenidos por 
el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán 
obtenidos en territorio español.
c) A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente las 
rentas obtenidas por el contribuyente en territorio español durante el año natural, 
sin que sea posible compensación alguna entre aquellas.
d) La base liquidable estará formada por la totalidad de las rentas a que se 
refiere la letra c) anterior, distinguiéndose entre las rentas a que se refiere el 
artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, y el resto de rentas.
e) Para la determinación de la cuota íntegra:
1.º  A la base liquidable, salvo la parte de la misma correspondiente a las 
rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la 
siguiente escala:
Base liquidable
–
EurosTipo aplicable
–
Porcentaje
Hasta 600.000 euros. 24
Desde 600.000,01 euros en adelante. 47
2.º  A la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas a que se 
refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:
Base liquidable del ahorro
–
Hasta eurosCuota íntegra
–
EurosResto base liquidable del ahorro
–
Hasta eurosTipo aplicable
–
Porcentaje
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 En adelante. 26
f) Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta del 
impuesto se practicarán, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
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No obstante, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre rendimientos 
del trabajo será el 24 por ciento. Cuando las retribuciones satisfechas por un 
mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el año natural excedan 
de 600.000 euros, el porcentaje de retención aplicable al exceso será el 47 por 
ciento.
3. También  podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, 
manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el cónyuge del contribuyente a que se refiere el apartado 1 
anterior y sus hijos, menores de veinticinco años o cualquiera que sea su edad en 
caso de discapacidad, o en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el 
progenitor de estos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se desplacen a territorio español con el contribuyente a que se refiere 
el apartado 1 anterior o en un momento posterior, siempre que no hubiera 
finalizado el primer período impositivo en el que a este le resulte de aplicación el 
régimen especial.
b) Que adquieran su residencia fiscal en España.
c) Que cumplan las condiciones a que se refieren las letras a) y c) del 
apartado 1 de este artículo.
d) Que la suma de las bases liquidables, a que se refiere la letra d) del 
apartado 2 de este artículo, de los contribuyentes en cada uno de los períodos 
impositivos en los que les resulte de aplicación este régimen especial, sea inferior 
a la base liquidable del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior.
El régimen especial resultará de aplicación durante los sucesivos períodos 
impositivos en los que, cumpliéndose tales condiciones, el mismo resulte también 
de aplicación al contribuyente previsto en el apartado 1 anterior. 
Reglamentariamente se establecerán los términos y condiciones para la aplicación 
del presente régimen especial.»
Seis.  Se añade una nueva disposición adicional quincuagésima tercera, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional quincuagésima tercera.  Rendimientos del trabajo 
obtenidos por la gestión de fondos vinculados al emprendimiento, a la 
innovación y al desarrollo de la actividad económica.
1. Tendrán  la consideración de rendimientos del trabajo los derivados directa 
o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos, incluidas 
comisiones de éxito, que otorguen derechos económicos especiales en alguna de 
las entidades relacionadas en el apartado 2, obtenidos por las personas 
administradoras, gestoras o empleadas de dichas entidades o de sus entidades 
gestoras o entidades de su grupo.
2. Las entidades a que se refiere el apartado 1 son las siguientes:
a) Fondos de Inversión Alternativa de carácter cerrado definidos en la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 
1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 incluidos en alguna de las siguientes categorías:
1.º  Entidades definidas en el artículo 3 de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
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2.º Fondos  de capital riesgo europeos regulados en el Reglamento (UE) 
n.º 345/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, 
sobre los fondos de capital riesgo europeos.
3.º  Fondos de emprendimiento social europeos regulados en el Reglamento 
(UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, 
sobre los fondos de emprendimiento social europeos, y
4.º  Fondos de inversión a largo plazo europeos regulados en el Reglamento 
(UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, 
sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos.
b) Otros organismos de inversión análogos a los anteriores.
3. Los rendimientos del trabajo a que se refiere el apartado 1 se integrarán 
en la base imponible en un 50 por ciento de su importe, sin que resulten de 
aplicación exención o reducción alguna, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Los derechos económicos especiales de dichas participaciones, acciones 
o derechos estén condicionados a que los restantes inversores en la entidad a la 
que se refiere el apartado 2 anterior, obtengan una rentabilidad mínima definida en 
el reglamento o estatuto de la misma.
b) Las participaciones, acciones o derechos se mantengan durante un 
período mínimo de cinco años, salvo que se produzca su transmisión mortis 
causa,  o que se liquiden anticipadamente o queden sin efecto o se pierdan total o 
parcialmente como consecuencia del cambio de entidad gestora, en cuyo caso, 
deberán haberse mantenido ininterrumpidamente hasta que se produzcan dichas 
circunstancias.
Lo dispuesto en esta letra será exigible, en su caso, a las entidades titulares 
de las participaciones, acciones o derechos. No será de aplicación el tratamiento 
previsto en este apartado cuando los derechos económicos especiales procedan 
directa o indirectamente de una entidad residente en un país o territorio calificado 
como jurisdicción no cooperativa o con el que no exista normativa sobre asistencia 
mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de 
aplicación.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo.
Se añade un nuevo artículo 38 quinquies en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, con la siguiente redacción:
«Artículo 38 quinquies.  Bonificación de cuotas en favor de trabajadores 
autónomos de empresas emergentes en situación de pluriactividad.
1. A los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por poseer el control efectivo, 
directo o indirecto, de una empresa emergente regulada en la Ley 28/2022, de 21 
de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, y que, de 
forma simultánea, trabajen por cuenta ajena para otro empleador, les resultará de 
aplicación una bonificación del cien por cien de la cuota correspondiente a la base 
mínima establecida con carácter general, en cada momento, en el citado régimen 
especial durante los tres primeros años.
Esta bonificación será incompatible con los beneficios en la cotización 
previstos en los artículos 31 y 32.
2. Esta bonificación se disfrutará de forma continuada en tanto persista la 
situación de pluriactividad y, como máximo, durante los tres primeros años, a 
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contar desde la fecha del alta que se produzca como consecuencia del inicio de la 
actividad autónoma por la dedicación a la empresa emergente.
La bonificación se extinguirá, en todo caso, en el momento en que cese la 
situación de pluriactividad, no pudiendo reiniciarse posteriormente su aplicación en 
el supuesto de que se produzca una nueva situación de pluriactividad.
3. La  bonificación se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad 
Social conforme a los datos, programas y aplicaciones informáticas disponibles en 
cada momento para la gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad Social, 
previa presentación de declaración responsable por parte del trabajador 
autónomo; sin perjuicio de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, en el ejercicio de sus respectivas competencias.
4. La bonificación prevista en este artículo se financiará con cargo al 
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito 
competencial y conforme a sus disponibilidades presupuestarias.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 
a los emprendedores y su internacionalización.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61.  Entrada y permanencia en España por razones de interés 
económico.
1. Los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan, en 
España verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por 
razones de interés económico de acuerdo con lo establecido en esta sección, en 
aquellos supuestos en los que acrediten ser:
a) Inversores.
b) Emprendedores.
c) Profesionales altamente cualificados.
d) Investigadores.
e) Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales.
f) Teletrabajadores de carácter internacional.»
Dos. La letra c) del apartado 3 del artículo 62 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 62.  Requisitos generales para la estancia o residencia.
c) Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya 
residido durante los dos últimos años, por delitos previstos en el ordenamiento 
jurídico español. Adicionalmente, se presentará una declaración responsable de la 
inexistencia de antecedentes penales de los últimos cinco años.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 67.
«1.  La autorización inicial de residencia para inversores tendrá una duración 
de tres años sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66.3 para compras de 
inmuebles no formalizadas.»
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Cuatro.  Se modifica el capítulo III de la sección 2.ª del título V relativo a 
emprendedores y actividad empresarial:
1.º Se  elimina el artículo 68 y se modifican los siguientes artículos en su 
numeración actual.
2.º El artículo 69 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 69.  Residencia para emprendedores.
1. Aquellos  extranjeros que soliciten entrar en España o que siendo 
titulares de una autorización de estancia o residencia o visado pretendan iniciar, 
desarrollar o dirigir una actividad económica como emprendedor, podrán ser 
provistos de una autorización de residencia para actividad empresarial, que tendrá 
validez en todo el territorio nacional y una vigencia de tres años. Una vez cumplido 
dicho plazo, podrán solicitar la renovación de la autorización de residencia por dos 
años, pudiendo obtener la residencia permanente a los cinco años.
La solicitud de autorización de residencia de emprendedor se realizará por el 
propio interesado o a través de un representante legal y de forma electrónica ante 
la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.
En el supuesto de que el extranjero se encuentre fuera de España, la solicitud 
de autorización y visado se realizará simultáneamente a través de una única 
instancia que iniciará la tramitación de autorización y visado de forma consecutiva.
2. Los solicitantes deberán cumplir los requisitos generales previstos en el 
artículo 62 y los requisitos legales necesarios para el inicio de la actividad, que 
serán los establecidos en la normativa sectorial correspondiente.»
3.º El artículo 70 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70.  Definición de actividad emprendedora y empresarial.
1. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea innovadora 
y/o tenga especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un 
informe favorable emitido por ENISA.
La solicitud se dirigirá a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos que de oficio solicitará informe sobre la actividad emprendedora y 
empresarial a ENISA. Este informe, de carácter preceptivo, será evacuado en el 
plazo de diez días hábiles.
En el caso de que el extranjero se encuentre fuera de España, una vez que 
tenga la autorización concedida, solicitará el visado de residencia correspondiente.
2. Para la valoración de la actividad emprendedora y empresarial, se tendrá 
en cuenta:
a) El perfil profesional del solicitante y su implicación en el proyecto. En caso 
de que existan varios socios, se evaluará la participación de cada uno de ellos, 
tanto de los que solicitan un visado o autorización como de los que no requieran el 
mismo.
b) El plan de negocio, que englobará una descripción del proyecto, del 
producto o servicio que desarrolla, y su financiación, incluyendo la inversión 
requerida y las posibles fuentes de financiación.
c) Los elementos que generen el valor añadido para la economía española, 
la innovación u oportunidades de inversión.»
Cinco. Se modifica el artículo 71 que queda redactado del siguiente modo:
«Podrán solicitar una autorización de residencia para profesionales altamente 
cualificados, que tendrá validez en todo el territorio nacional, las empresas que 
requieran la incorporación en territorio español de profesionales extranjeros 
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graduados o postgraduados de universidades y escuelas de negocios de 
reconocido prestigio, titulados de formación profesional de grado superior, o 
especialistas con una experiencia profesional de un nivel comparable de al 
menos 3 años, en los términos que se establezcan en las instrucciones a las que 
se refiere la disposición adicional vigésima de esta ley.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos anteriores se efectuará una 
única vez, quedando la empresa inscrita en la Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos. Dicha inscripción tendrá una validez de tres años 
renovables si se mantienen los requisitos. Cualquier modificación de las 
condiciones deberá ser comunicada a la Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos en el plazo de treinta días. En caso de no comunicar dicha 
modificación, la empresa dejará de estar inscrita en la Unidad.
La autorización de residencia para profesionales altamente cualificados será 
de tres años o igual a la duración del contrato, en caso de ser esta inferior. Una 
vez cumplido dicho plazo podrá solicitar la renovación de la autorización de 
residencia por dos años, pudiendo obtener la residencia permanente a los cinco 
años.»
Seis. Se modifica el artículo 72.3, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  El período de validez de una autorización de residencia para 
investigación será de tres años o igual a la duración del convenio de acogida o 
contrato, en caso de ser esta inferior. Una vez cumplido dicho plazo podrá solicitar 
la renovación de la autorización de residencia por dos años, pudiendo obtener la 
residencia permanente a los cinco años, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 75.2.»
Siete.  Se modifica la letra b) del artículo 73.3, que queda redactado del siguiente 
modo:
«b)  Autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial: 
procederá esta autorización en los supuestos no contemplados en la letra a) o una 
vez haya transcurrido la duración máxima del traslado prevista en el apartado 
anterior. El período de validez de la autorización de residencia será de tres años o 
igual a la duración del traslado.»
Ocho. Se introduce un cuarto apartado en el artículo 76:
«Artículo 76.  Procedimiento de autorización.
4. El pasaporte será documento acreditativo suficiente para darse de alta en 
la Seguridad Social durante los primeros seis meses de residencia o estancia en 
las categorías reguladas por esta sección y en aquellos supuestos en que el 
extranjero no esté en posesión del número de identificación de extranjero (NIE), 
sin perjuicio de que posteriormente se solicite el NIE.»
Nueve.  Se introduce un nuevo capítulo V bis en la sección 2.ª del título V, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«CAPÍTULO V BIS
Teletrabajadores de carácter internacional
Artículo 74 bis.  Definición.
1. Se halla en situación de residencia por teletrabajo de carácter 
internacional el nacional de un tercer Estado, autorizado a permanecer en España 
para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas 
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radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de medios y 
sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En el caso de ejercicio 
de una actividad laboral, el titular de la autorización por teletrabajo de carácter 
internacional solo podrá trabajar para empresas radicadas fuera del territorio 
nacional. En el supuesto de ejercicio de una actividad profesional, se permitirá al 
titular de la autorización por teletrabajo de carácter internacional trabajar para una 
empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no 
sea superior al 20 % del total de su actividad profesional.
2. Podrán solicitar el visado o la autorización de teletrabajo los profesionales 
cualificados que acrediten ser graduados o postgraduados de universidades de 
reconocido prestigio, formación profesional y escuelas de negocios de reconocido 
prestigio o bien con una experiencia profesional mínima de tres años.
Artículo 74 ter.  Requisitos.
Deberán quedar acreditados, además de los requisitos generales del 
artículo 62, los siguientes:
a) La existencia de una actividad real y continuada durante al menos un año 
de la empresa o grupo de empresas con la que el trabajador mantiene relación 
laboral o profesional.
b) Documentación acreditativa de que la relación laboral o profesional se 
puede realizar en remoto.
c) En el supuesto de una relación laboral, se deberá acreditar la existencia 
de la misma entre el trabajador y la empresa no localizada en España durante al 
menos, los últimos tres meses anteriores a la presentación de la solicitud, así 
como documentación que acredite que dicha empresa permite al trabajador 
realizar la actividad laboral a distancia.
d) En el supuesto de la existencia de una relación profesional, se deberá 
acreditar que el trabajador tiene relación mercantil con una o varias empresas no 
localizadas en España durante, al menos, los tres últimos meses, así como 
documentación que acredite los términos y condiciones en los que va a ejercer la 
actividad profesional a distancia.
Artículo 74 quater.  Visado para teletrabajo de carácter internacional.
1. Los extranjeros no residentes en España, que se propongan residir en 
territorio español con el fin de teletrabajar a distancia para una empresa no 
ubicada en España, solicitarán el visado para teletrabajo de carácter internacional 
que tendrá una vigencia máxima de un año, salvo que el período de trabajo sea 
inferior, en cuyo caso el visado tendrá la misma vigencia que este.
2. El visado para teletrabajo de carácter internacional constituirá título 
suficiente para residir y trabajar a distancia en España durante su vigencia.
3. En el plazo de sesenta días naturales antes de la expiración del visado, los 
teletrabajadores de carácter internacional que estén interesados en continuar 
residiendo en España podrán solicitar la autorización de residencia para trabajador 
a distancia internacional, siempre y cuando se mantengan las condiciones que 
generaron el derecho.
Artículo 74 quinquies.  Residencia para teletrabajo de carácter internacional.
1. Aquellos extranjeros que se hallen en España de forma regular o que 
hayan accedido mediante el visado previsto en el artículo anterior, podrán solicitar 
una autorización de residencia con el fin de teletrabajar a distancia para una 
empresa localizada en el extranjero, que tendrá validez en todo el territorio 
nacional.
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2. La validez de esta autorización tendrá una vigencia máxima de tres años 
salvo que se solicite por un período de trabajo inferior.
3. Los titulares de esta autorización podrán solicitar su renovación por 
períodos de dos años siempre y cuando se mantengan las condiciones que 
generaron el derecho.»
Diez.  Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimoséptima, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Una vez finalizados los estudios en una institución de educación superior, 
los extranjeros que hayan alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo con el 
Marco Europeo de Cualificaciones, correspondiente a la acreditación de grado, 
podrán permanecer en España durante un período máximo improrrogable de 
veinticuatro meses con el fin de buscar un empleo adecuado en relación con el 
nivel de los estudios finalizados o para emprender un proyecto empresarial.»
Once.  Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional decimoctava, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«6.  El período de validez de esta autorización de residencia para prácticas 
será de doce meses o igual a la duración del convenio de prácticas, de ser inferior. 
Esta autorización podrá ser renovada, por una sola vez, no pudiendo exceder de 
dos años el período total de la autorización inicial y de su prórroga. En el caso de 
que se trate de un contrato de trabajo en prácticas, la duración será la prevista en 
el mismo y regida por la legislación laboral aplicable en cada momento.»
Doce.  Se añade una nueva disposición adicional vigésima, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional vigésima.  Desarrollo de instrucciones con los requisitos 
para los visados y autorizaciones de residencia a los que se refiere esta ley.
Se habilita a los órganos competentes para dictar unas instrucciones con los 
requisitos específicos que deberán cumplir los solicitantes de los visados y 
autorizaciones de residencia a los que se refiere esta ley.
Para la elaboración de estas instrucciones técnicas, el Gobierno constituirá un 
grupo de trabajo en el que participarán los ministerios con competencias en la 
materia. Dichas instrucciones deberán estar elaboradas a más tardar el 31 de 
marzo de 2023 y contener requisitos específicos adaptados para los solicitantes 
de visados y autorizaciones de residencia a los que se refiere esta ley. Los 
umbrales de los importes económicos utilizados para evaluar los recursos 
económicos de los solicitantes se referenciarán al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI).»
Trece.  Se añade una nueva disposición adicional vigésima primera en los términos 
siguientes:
«Disposición adicional vigésima primera.  Números y Tarjetas de Identidad de 
Extranjero.
Se facilitará la expedición del Número de Identidad de Extranjero para los 
solicitantes de autorizaciones de residencia otorgadas al amparo de esta ley y las 
personas que pretendan realizar actividades relacionadas con los objetivos de 
esta ley. Para ello, se habilitará una página web específica para este colectivo para 
solicitar citas en línea y se podrá contar con diversas administraciones y 
organismos para la expedición presencial de los Números de Identificación de 
Extranjero.»
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Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas.
Uno.  Modificación del apartado 1 del artículo 5, dando nueva redacción a la letra g) 
e introduciendo una nueva letra h), con el contenido de la actual letra g):
«g)  Una declaración de si la entidad auditada estaba obligada a presentar, en 
el ejercicio previo al auditado, el informe relativo al impuesto de sociedades o 
impuestos de naturaleza idéntica o análoga al que se refiere la disposición 
adicional undécima de la presente ley. En caso de que estuviera obligada, una 
declaración de que la entidad publicó el informe en el Registro Mercantil y en la 
página web correspondiente, de conformidad con lo previsto en la citada 
disposición.
h) Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha del 
informe de auditoría será aquella en que el auditor y la sociedad de auditoría han 
completado los procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión 
sobre las cuentas anuales.»
Dos. Se introduce una disposición adicional undécima con el siguiente contenido:
«Disposición adicional undécima.  Obligación de informar acerca del impuesto 
sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga por parte de 
determinadas empresas y sucursales.
Primero. Empresas y sucursales obligadas a informar.
1. La sociedad dominante última de un grupo sujeta a derecho español que 
formule cuentas anuales consolidadas y cuyo importe neto de la cifra anual de 
negocios consolidada en la fecha de cierre del ejercicio haya superado, en cada 
uno de los dos últimos ejercicios consecutivos, un total de 750.000.000 de euros 
deberá elaborar, publicar, depositar y hacer accesible un informe acerca del 
impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga relativo 
al último de esos dos ejercicios consecutivos.
A estos efectos, se entenderá por sociedad dominante última la empresa que 
elabore los estados financieros consolidados del grupo mayor de empresas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.
La sociedad dominante última cesará en la obligación de elaborar un informe 
consolidado relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga cuando el importe neto de la cifra anual de negocios 
consolidada en la fecha de cierre de balance sea inferior a 750.000.000 de euros 
en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos según sus estados 
financieros consolidados.
La sociedad que no forme parte de un grupo y cuyo importe neto de la cifra 
anual de negocios en la fecha de cierre del ejercicio haya superado en cada uno 
de los dos últimos ejercicios consecutivos un total de 750.000.000 de euros, según 
sus estados financieros anuales, deberá elaborar, publicar, depositar y hacer 
accesible un informe acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga relativo al último de esos dos ejercicios 
consecutivos.
Esta sociedad dejará de estar sujeta a la obligación de información referida en 
el párrafo anterior cuando el importe neto de la cifra anual de negocios en la fecha 
de cierre del ejercicio sea inferior a 750.000.000 de euros en cada uno de los dos 
últimos ejercicios consecutivos según sus estados financieros anuales.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable a las sociedades 
que no formen parte de un grupo ni a las sociedades dominantes últimas y sus 
dependientes cuando dichas sociedades, incluidas sus sucursales, estén 
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establecidas o tengan su domicilio social o actividad empresarial permanente en el 
territorio de un solo Estado miembro y en ningún otro territorio fiscal.
A estos efectos, se entenderá por territorio fiscal un Estado o un país o 
territorio no estatal que goce de autonomía fiscal por lo que respecta al impuesto 
sobre sociedades.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 tampoco resultará aplicable a las empresas 
que no formen parte de un grupo ni a las sociedades dominantes últimas en caso 
de que ellas mismas o sus dependientes publiquen un informe de acuerdo con el 
artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito, en el que se incluya información acerca de 
todas sus actividades y, en el caso de las sociedades dominantes últimas, de 
todas las actividades de la totalidad de las empresas dependientes incluidas en los 
estados financieros consolidados.
4. Las empresas filiales sujetas a derecho español que estén controladas por 
una sociedad dominante última no sujeta al derecho de un Estado miembro cuyo 
importe neto de la cifra anual de negocios consolidada en la fecha de cierre del 
ejercicio haya superado en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos un 
total de 750.000.000 de euros, según sus estados financieros consolidados, 
estarán obligadas a publicar y hacer accesible un informe acerca del impuesto 
sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga a nivel 
consolidado de dicha sociedad dominante última relativo al más reciente de los 
dos ejercicios consecutivos, siempre y cuando dichas empresas filiales no tengan 
la consideración de entidad pequeña de acuerdo con los umbrales establecidos en 
el artículo 3 de esta ley.
Cuando dicha información o informe no sean accesibles, la empresa filial 
solicitará a su sociedad dominante última que le proporcione toda la información 
exigida a fin de que pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el 
apartado 1. Si la sociedad dominante última no facilitase toda la información 
exigida, la empresa filial elaborará, publicará, depositará y hará accesible un 
informe relativo al impuesto sobre sociedades que contenga toda la información 
que obre en su poder, que haya obtenido o adquirido, y una declaración en la que 
se indique que su sociedad dominante última no ha puesto a disposición la 
información necesaria.
Las empresas filiales mencionadas dejarán de estar sujetas a las obligaciones 
de información del presente apartado cuando el importe neto de la cifra anual de 
negocios consolidada de la sociedad dominante última en la fecha de cierre del 
ejercicio sea inferior a 750.000.000 de euros en cada uno de los dos últimos 
ejercicios consecutivos según sus estados financieros consolidados.
5. Las sucursales constituidas en territorio español por empresas que no 
estén sujetas al Derecho de un Estado miembro estarán obligadas a publicar y 
hacer accesible un informe acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga consolidado de la sociedad dominante última o de la 
sociedad que no forme parte de un grupo relativo al más reciente de los dos 
últimos ejercicios consecutivos, cuando cumplan los criterios siguientes:
a) Que la empresa que constituyó la sucursal sea o bien una empresa filial 
de un grupo cuya sociedad dominante última no esté sujeta al derecho de un 
Estado miembro y cuyo importe neto de la cifra anual de negocios consolidada en 
la fecha de cierre de ejercicio haya superado en cada uno de los dos últimos 
ejercicios consecutivos un total de 750.000.000 de euros, según sus estados 
financieros consolidados, o bien una sociedad que no pertenezca a un grupo cuyo 
importe neto de la cifra anual de negocios consolidada en la fecha de cierre del 
ejercicio haya superado en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos un 
total de 750.000.000 de euros según sus estados financieros.
b) Que la sociedad dominante última a que se refiere la letra a) no cuente 
con una empresa filial de las mencionadas en el apartado 4.
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c) Que no tengan la consideración de entidad pequeña de acuerdo con los 
umbrales  establecidos  en artículo  3 de esta ley. Cuando  dicha  información  o 
informe  no esté disponible,  la persona  o personas  designadas  para cumplir  las 
formalidades  de publicidad  a que se refiere  el apartado  tercero  solicitarán  a la 
sociedad  dominante  última  o a la sociedad  que no forme  parte  de un grupo  que 
les facilite  toda la información  necesaria  para permitirles  cumplir  sus 
obligaciones.
En caso  de que no se facilite  toda la información  exigida,  la sucursal 
elaborará, publicará, depositará y hará accesible un informe relativo al impuesto 
sobre  sociedades  o impuestos  de naturaleza  idéntica  o análoga  que contenga 
toda la información que obre en su poder, que haya obtenido o adquirido, y una 
declaración  en la que indique  que la sociedad  dominante  última  o la sociedad 
que no forme  parte  de un grupo  no ha puesto  a disposición  la información 
necesaria.
6. Lo dispuesto en los apartados 4 y 5, respecto de las filiales y las 
sucursales respectivamente, no resultará de aplicación en caso de que el informe 
relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga ya haya sido elaborado por una sociedad dominante última o sociedad 
que no forme parte de un grupo que no esté sujeta al Derecho de un Estado 
miembro, siempre que dicho informe tenga un contenido compatible con el 
previsto en la presente disposición de modo que sea compatible con el contenido 
del informe regulado en el apartado segundo y cumpla además los criterios 
siguientes:
a) Se haga accesible al público, de forma gratuita y en un formato electrónico 
de lectura automática:
i) En el sitio web de dicha sociedad dominante última o en el de la sociedad 
que no forme parte de un grupo.
ii) En al menos una de las lenguas oficiales de la Unión.
iii) En un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio sobre el que se elabora el informe, e
b) Indique el nombre y el domicilio social de una empresa filial única, o el 
nombre y la dirección de una sucursal única que esté sujeta al Derecho de un 
Estado miembro, que publique el informe con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
tercero.1 de esta disposición adicional.
7. Las empresas filiales y las sucursales no sujetas a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 deberán publicar y hacer accesible un informe relativo al impuesto 
sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga en caso de que 
dichas empresas filiales y sucursales tengan como único fin eludir las obligaciones 
de información establecidas en la presente disposición.
Segundo.  Contenido del informe relativo al impuesto sobre sociedades o 
impuestos de naturaleza idéntica o análoga.
1. El informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga incluirá información acerca de todas las actividades 
de la sociedad que no formen parte de un grupo o de la sociedad dominante 
última, incluidas las actividades de todas las empresas filiales que figuren en los 
estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio de que se trate.
2. La información a que se refiere el apartado anterior consistirá en:
a) El nombre de la sociedad dominante última o de la sociedad que no forme 
parte de un grupo, el ejercicio de que se trate, la moneda empleada en la 
presentación del informe y, en su caso, una lista de todas las empresas filiales que 
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figuren en los estados financieros consolidados de la sociedad dominante última, 
correspondiente al ejercicio de que se trate, que estén establecidas en la Unión 
Europea o en territorios fiscales incluidos en los anexos I y II de las Conclusiones 
del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales.
b) Una breve descripción de la naturaleza de sus actividades.
c) El número de empleados sobre una base equivalente a tiempo completo.
d) Sus ingresos calculados como:
i) La suma del importe neto de la cifra anual de negocios, otros ingresos 
derivados de la explotación, ingresos procedentes del rendimiento de 
participaciones sociales excluidos los dividendos recibidos de las empresas 
vinculadas, ingresos procedentes de otras inversiones y préstamos que formen 
parte de los activos no corrientes, otros intereses por cobrar y otros ingresos de 
naturaleza similar referidos en la cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General 
de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y en 
sus disposiciones complementarias.
ii) Los ingresos según se determinen en el marco de información financiera 
con arreglo al cual se preparen los estados financieros, excluidas las correcciones 
de valor y dividendos procedentes de las empresas vinculadas.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, los ingresos incluirán las transacciones 
con partes vinculadas.
e) El importe de los beneficios o de las pérdidas antes de aplicar el impuesto 
sobre sociedades.
f) El importe del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga devengados durante el ejercicio de que se trate, calculados 
como los gastos fiscales corrientes reconocidos sobre los beneficios o pérdidas 
imponibles del ejercicio por las empresas y sucursales en el territorio fiscal de que 
se trate.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, el gasto fiscal corriente reflejará 
únicamente las actividades de la empresa durante el ejercicio de que se trate y no 
incluirá los impuestos diferidos ni las provisiones para obligaciones fiscales 
inciertas.
g) El importe del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga abonados en efectivo, calculado como el importe de los 
impuestos abonados durante el ejercicio de que se trate por las empresas y 
sucursales en el territorio fiscal de que se trate.
A efectos de lo dispuesto en esta letra los impuestos abonados incluirán las 
retenciones abonadas por otras empresas con respecto a los pagos realizados a 
empresas y sucursales dentro de un grupo.
h) El importe de las reservas al final del ejercicio de que se trate.
3. La información enumerada en el apartado anterior podrá comunicarse 
sobre la base de las instrucciones para la comunicación de información a que se 
refiere el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y su normativa de desarrollo y que 
regula la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 231 de Declaración de información país por país.
4. El informe presentará la información a que se refieren los apartados 2 y 3 
anteriores por separado para cada Estado miembro. Cuando un Estado miembro 
comprenda varios territorios fiscales, la información se agregará por Estado 
miembro.
La información de los apartados 2 y 3 también se presentará por separado 
para cada territorio fiscal que, a 1 de marzo del ejercicio para el que se haya de 
elaborar el informe, esté incluido en el anexo I de las Conclusiones del Consejo 
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sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales, y para cada territorio fiscal que, a 1 de marzo del ejercicio para el que se 
haya de elaborar el informe y a 1 de marzo del ejercicio anterior, haya figurado en 
el anexo II de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
La información de los apartados 2 y 3 se presentará de manera agregada para 
otros territorios fiscales.
La información se atribuirá al territorio fiscal correspondiente sobre la base del 
establecimiento, la existencia de un domicilio social o una actividad empresarial 
permanente que, dadas las actividades del grupo o de la empresa independiente, 
pueda estar sujeto a tributación del impuesto sobre sociedades en dicho territorio 
fiscal.
En caso de que las actividades de varias empresas filiales puedan estar 
sujetas a tributación del impuesto sobre sociedades en un único territorio fiscal, la 
información atribuida a dicho territorio fiscal representará la suma de la 
información relativa a tales actividades de cada empresa filial y sus sucursales en 
dicho territorio fiscal.
La información sobre una actividad concreta no se atribuirá de manera 
simultánea a más de un territorio fiscal.
5. La información a que se refieren los apartados 2 y 3 se presentará 
utilizando una plantilla común y en formatos electrónicos que sean de lectura 
automática, los cuales serán establecidos por la Comisión Europea mediante 
actos de ejecución.
6. Ciertos elementos de información que debieran hacerse públicos de 
conformidad con los apartados 2 o 3 podrán omitirse temporalmente del informe 
cuando su divulgación pueda ser gravemente perjudicial para la posición comercial 
de las empresas a las que se refiere el informe. Cualquier omisión deberá 
indicarse claramente en el informe e ir acompañada de una justificación 
debidamente motivada.
Toda información omitida con arreglo al párrafo anterior deberá hacerse 
pública en un informe posterior relativo al impuesto sobre sociedades, a más 
tardar cinco años después de su omisión inicial.
No podrá ser objeto de omisión la información relativa a los territorios fiscales 
incluidos en los anexos I y II de las Conclusiones del Consejo sobre la lista 
revisada de la UE de países y territorios no cooperados a efectos fiscales, a los 
que se refiere el apartado 4.
7. El informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga podrá incluir, cuando resulte aplicable a nivel de 
grupos, una exposición general que explique toda discrepancia significativa entre 
los importes comunicados con arreglo a las letras f) y g) del apartado 2, teniendo 
en cuenta, en su caso, las cantidades correspondientes relativas a ejercicios 
anteriores.
8. La moneda empleada en el informe relativo al impuesto sobre sociedades 
o impuestos de naturaleza idéntica o análoga será aquella en la que se presenten 
los estados financieros consolidados de la sociedad dominante última o los 
estados financieros anuales de la sociedad que no forme parte de un grupo.
No obstante, en el caso de no accesibilidad de la información o del informe de 
las empresas filiales a que se refiere el apartado 4 del apartado primero, la 
moneda empleada en el informe relativo al impuesto sobre sociedades será la 
moneda en la que la empresa filial publique sus estados financieros anuales.
9. El informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga deberá precisar si ha sido preparado de conformidad 
con los apartados 2 o 3.
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Tercero. Publicación y accesibilidad.
1. El informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga y, en su caso, la declaración a la que se refiere el 
apartado 4 del apartado primero serán objeto de aprobación y publicación en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio al que se refieran. 
Asimismo, se depositarán en el Registro Mercantil conjuntamente con los 
documentos que integren las cuentas anuales.
2. El informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga y la declaración publicados por las empresas de 
conformidad con el apartado anterior deberán hacerse accesibles al público de 
forma gratuita en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, en 
un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de cierre de balance del 
ejercicio sobre el que se elabore el informe, en el sitio web de:
a) La empresa, cuando sea aplicable el apartado primero.1.
b) La empresa filial cuando sea aplicable el apartado primero.4.
c) La sucursal o la empresa que haya constituido la sucursal, o una empresa 
filial, cuando sea aplicable el apartado primero.5.
3. El informe relativo al impuesto de sociedades y, en su caso, la declaración 
mencionada en el apartado primero, permanecerán accesibles en el sitio web 
correspondiente durante al menos cinco años consecutivos.
Cuarto.  Responsabilidad de la elaboración, publicación, depósito y 
accesibilidad del informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga.
1. Los miembros de los órganos de administración de las sociedades 
dominantes últimas o la sociedad que no forme parte de un grupo a que se refiere 
el apartado primero.1 serán colectivamente responsables de garantizar que el 
informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica 
o análoga se elabore, publique, deposite y haga accesible de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley.
2. Los miembros de los órganos de administración de las empresas filiales a 
que se refiere el apartado primero.4 y las personas designadas para cumplir las 
formalidades de publicidad en relación con las sucursales a que se refiere el 
apartado primero.5 serán colectivamente responsables de garantizar, en la medida 
de su conocimiento y capacidad, que el informe relativo al impuesto sobre 
sociedades se elabore de modo que sea compatible o de conformidad, según 
corresponda, con los apartados primero y segundo, y se publique y se haga 
accesible de conformidad con el apartado tercero.
Quinto.  Fecha de inicio de la presentación del informe relativo al impuesto 
sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga.
Las obligaciones introducidas por esta disposición adicional serán de 
aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 22 de junio 
de 2024.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, se modifica el apartado Dos de la 
disposición adicional octogésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
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Generales del Estado para el año 2018, para ampliar la duración del Programa «VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos 2022», que queda redactado de la siguiente forma:
«Dos.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará 
desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022.»
Disposición final octava.  Programa «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela».
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional tercera del Real Decreto-
ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y 
de carácter tributario para hacer frente al Impacto económico y social del COVID-2019, 
con la siguiente redacción:
«2.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será desde 
el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.»
Disposición final novena.  Carácter especial de esta ley.
Los preceptos de esta ley desplazarán las disposiciones del ordenamiento jurídico 
que regulen de manera distinta las mismas materias, en su aplicación a las empresas 
emergentes.
Los preceptos de esta ley que establezcan excepciones o especialidades al derecho 
vigente, en su aplicación a las empresas emergentes, se integrarán con las 
disposiciones de esas normas y sus reglamentos de desarrollo que no contravengan lo 
dispuesto en esta ley.
Disposición final décima.  Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones 
reglamentarias.
Se mantiene el rango reglamentario de las siguientes normas afectadas por esta ley:
a) Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel 
de los Notarios.
b) Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel 
de los Registradores de la Propiedad.
c) Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el adjunto Arancel de 
los Registradores Mercantiles.
Disposición final undécima.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de 
esta ley.
El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de seis meses desde la publicación de 
esta ley en el «Boletín Oficial del Estado», un real decreto que regule el funcionamiento 
del Foro Nacional de Empresas Emergentes previsto en el artículo 25.
Disposición final duodécima.  Mandato para la aprobación de estatutos tipo adaptados a 
las necesidades de las empresas emergentes.
El Gobierno aprobará por real decreto, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de esta ley, diferentes modelos de estatutos tipo, que se incorporarán a las 
escrituras públicas de constitución, adaptados ambos a las necesidades de las empresas 
emergentes reguladas por esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Jueves 22 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179059
cve: BOE-A-2022-21739
Verificable en https://www.boe.es
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 21 de diciembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Jueves 22 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 179060
cve: BOE-A-2022-21739
Verificable en https://www.boe.es
https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X