BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33  Sábado 7 de febrero de 2009  Sec. I.   Pág. 12994
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2073 Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de 
registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia
Por Real Decreto de 2 de octubre de 1878 se dispuso ya el establecimiento en el 
Ministerio de Gracia y Justicia de un Registro Central de Procesados y otro de Penados, 
consecuencia de la necesidad de satisfacer un fin jurídico elemental: hacer posible la 
demostración de la reincidencia para la aplicación más justificada de los correspondientes 
preceptos del Código Penal, así como para poder establecer las medidas cautelares 
necesarias que aseguraran la presencia del inculpado en el juicio.
La promulgación de leyes generales de tanta trascendencia pública y privada como 
son la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, constituyen elementos 
determinantes en su evolución. Por otro lado, los acuerdos o convenios suscritos con 
Estados en ámbitos de cooperación bilateral o multilateral y las normas comunitarias 
obligan al Registro a una continua evaluación de sus procedimientos, innovándolos cuando 
sea necesario, pero con respeto a los principios a que responde su creación.
Con posterioridad, y en virtud de los Reales Decretos 231/2002, de 1 de marzo, 232/2002, 
de 1 de marzo y 355/2004, de 5 de marzo, entraron en funcionamiento los Registros 
Centrales de Rebeldes Civiles, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 
y para la Protección de las Victimas de Violencia Doméstica.
El Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 25 de octubre de 2005, establece dentro de sus objetivos la mejora del sistema de 
Registros Judiciales, que constituye un referente ineludible para el ejercicio eficaz de las 
funciones que, en materia penal, y en el caso del Registro Central de Rebeldes Civiles, en 
materia civil, las leyes atribuyen a la Administración de Justicia.
La consecución de este objetivo pasa por proporcionar a los jueces, fiscales, secretarios 
judiciales y policía judicial nuevas herramientas de trabajo que faciliten el manejo de la 
información y permita que determinados usuarios -previamente definidos, en función del 
tipo de información que van a manejar- tengan un conocimiento completo de la información 
que precisan para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y para la correcta 
toma de decisiones.
Ahora, como novedad más destacada, mediante este real decreto, se lleva a cabo la 
creación y puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias no Firmes, previsto en la disposición adicional segunda de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que, en el orden jurisdiccional penal, constituirá un instrumento 
de gran utilidad que permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, 
además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del 
proceso penal. Igualmente es importante ofrecer información sobre la existencia de 
órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición, que permiten 
al Juez valorar la existencia de riesgo de fuga, en la resolución en la que decida sobre la 
prisión o libertad provisional del imputado, tal como se establece en el artículo 503.1.3º a), 
párrafo 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.
La peligrosidad del sujeto es un dato fundamental a la hora de individualizar la pena en 
la sentencia, ya que el Juez debe tener en cuenta al imponer aquélla no sólo la gravedad 
del hecho, sino también las circunstancias personales del culpable, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 66.1.6.º de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
y para la concesión del beneficio de suspensión de la condena no sólo es necesario que 
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se cumplan los requisitos que se determinan en el artículo 81 del Código Penal, sino que 
es preciso que el Tribunal también tenga en cuenta la peligrosidad del sujeto, así como la 
existencia de otros procedimientos penales contra éste, de conformidad con el artículo 80.1 
del mismo texto legal, para lo que puede ser un dato fundamental si se encuentra en 
prisión provisional o sufriendo otra medida cautelar en causa penal distinta. También para 
el instituto de la sustitución de las penas de prisión por las de localización permanente o 
de multa, es preciso tener en cuenta las circunstancias personales del reo, y su conducta, 
tal como prevé el artículo 88.1 del Código Penal, para cuya valoración es igualmente 
preciso conocer si se encuentra incurso en otras causas criminales por delito, y si en esas 
causas se han acordado medidas cautelares contra él.
Además, aunque este Registro no está concebido como registro específico de 
agresores sexuales, sin duda alguna su puesta en funcionamiento contribuirá a 
prevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivos. Por otro 
lado, uno de los objetivos perseguidos es la protección específica de las víctimas de 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menores de edad. Así, uno 
de los aspectos novedosos que reflejará la información contenida en el Registro será 
precisamente la condición de menor de edad de las víctimas de esta clase de delitos, 
proporcionando tanto a los Juzgados y Tribunales como a la Policía Judicial nuevos 
elementos de conocimiento que permitan una protección más eficaz de los 
menores.
Estas, y otras muchas razones, avalan la necesidad de organizar este nuevo Registro, 
no en forma aislada sino en un conjunto organizado que constituya un sistema de 
información integrado en el que los distintos usuarios puedan obtener, en función del 
acceso que les ha sido concedido, una información adecuada a sus necesidades, rápida y 
veraz.
Todo lo expuesto justifica la conveniencia de publicar una norma en la que, en un 
sistema único, se recojan y sistematicen todas las disposiciones, con frecuencia obsoletas, 
que regulan las competencias, organización y ámbito de actuación de diferentes Registros. 
La finalidad pretendida es que desde un único punto los Juzgados y Tribunales gestionen, 
tanto la incorporación de datos a los distintos Registros como las consultas que realicen. 
En un periodo razonable, se logrará que la información acceda a los Registros mediante el 
volcado de datos desde el sistema de gestión procesal, de ese modo el tiempo invertido 
en la gestión ordinaria de los expedientes servirá para la inscripción en el Registro. Al 
mismo tiempo, se establece para todos los Registros que la trasmisión y el acceso a la 
información contenida en los mismos se realice a través de procedimientos telemáticos.
En definitiva, este Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración 
de Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la actividad de los órganos 
judiciales e impulsar su modernización. Al mismo tiempo, se persigue contribuir a la 
conexión del Sistema de registros con los Registros de otros países de la Unión Europea 
conforme a lo previsto en la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2005 y la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la organización y al 
contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre 
los Estados miembros.
El real decreto dedica el capítulo I a establecer una serie de disposiciones generales 
sobre el objeto y naturaleza del Sistema de registros, destacando su carácter no público y 
su dependencia del Ministerio de Justicia. El artículo tercero se refiere a la inscripción de 
la información procedente de órganos judiciales extranjeros y el artículo cuarto a la 
organización del Sistema integrado.
El capítulo II establece quienes pueden acceder a los diferentes niveles de información 
en función del perfil adjudicado.
El capítulo III detalla la información que debe contenerse en cada uno de los Registros 
y los plazos para el envío de la misma. Como novedad destacada, se ha optado por incluir 
los autos de rebeldía dentro de la información que debe inscribirse en el Registro de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes al entender que la declaración 
de rebeldía puede adoptarse en distintas fases del procedimiento.
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Las medidas de seguridad del Sistema y de los datos contenidos en el mismo, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sobre protección de datos, son objeto de 
regulación en el capítulo IV.
El capítulo V se ocupa de la emisión del certificado de las inscripciones contenidas en 
el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Se regula 
su emisión a instancia del titular, extremando las cautelas con el fin de evitar que los datos 
registrales sean obtenidos por persona diferente del afectado. Se establece el procedimiento 
de la certificación de datos penales obtenidos directamente por los órganos judiciales, 
respecto a las causas que se tramiten en los juzgados; eliminando trámites burocráticos 
sin ninguna merma de la seguridad jurídica y regulando el marco de colaboración entre 
administraciones públicas, en línea con lo que se establece en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre.
El capítulo VI desarrolla cuestiones relativas a la cancelación de inscripciones. De este 
modo, se ha podido regular de forma unitaria algunos aspectos importantes del sistema 
registral, con las particularidades propias de cada tipo de asiento y respetando, por lo que 
a los antecedentes penales se refiere, la regulación contenida en el artículo 136 del Código 
Penal. Concluye el real decreto con una referencia a la elaboración de la información 
estadística que de los datos contenidos en el sistema de Registros puede derivarse, 
información de calidad y de enorme significado que debe configurarse como un importante 
aspecto del Plan de Transparencia Judicial.
El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, 
la Fiscalía General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, y el Consejo 
del Secretariado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 2009,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto tiene por objeto crear el sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia, y regular su organización y funcionamiento.
2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, 
el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro 
Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central 
de Rebeldes Civiles y el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores.
Artículo 2. Naturaleza del sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.
1. El sistema de registros constituye un sistema de información de carácter no público 
cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del 
Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía 
de las comunidades autónomas con competencias plenas en materia de seguridad pública, 
y de otros órganos administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el 
presente real decreto.
2. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los tratados internacionales suscritos en esta materia por España.
3. Este sistema, integrado por las bases de datos de los Registros que a continuación 
se relacionan, tiene por objeto, en cada caso:
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a) Registro Central de Penados: la inscripción de las resoluciones firmes por la 
comisión de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por 
los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal.
b) Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes: la 
inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia no firme por delito o 
falta y medidas cautelares notificadas al imputado que no sean objeto de inscripción en el 
Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, autos de 
declaración de rebeldía y requisitorias adoptadas en el curso de un procedimiento penal 
por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal.
c) Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica: la 
inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, medidas 
cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, 
contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, la inscripción de los quebrantamientos de 
cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos procedimientos penales.
d) Registro Central de Rebeldes Civiles: la inscripción de demandados en cualquier 
procedimiento civil cuyo domicilio se desconozca y siempre que no hayan tenido resultado 
positivo las averiguaciones de domicilio a que se refiere el artículo 156 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
e) Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores: la 
inscripción de sentencias condenatorias firmes dictadas por los Juzgados y Tribunales en 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores.
Artículo 3. Información procedente de órganos jurisdiccionales extranjeros.
Además de las sentencias y autos a que se refiere el apartado 3.a) del artículo anterior, 
se inscribirán en el Registro Central de Penados las siguientes sentencias firmes dictadas 
por los órganos jurisdiccionales extranjeros:
a) Las dictadas por los Juzgados y Tribunales de cualquier Estado extranjero, cuando 
así se determine por los tratados internacionales sobre esta materia suscritos por España.
b) Las dictadas por Juzgados y Tribunales europeos, de acuerdo con lo previsto en 
los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España y 
las disposiciones dictadas por la Unión Europea.
c) Las dictadas por Juzgados y Tribunales extranjeros cuando la ejecución de las 
mismas se realice en España. La inscripción se practicará a instancia del órgano judicial 
español que conozca de la ejecución.
Artículo 4. Organización.
1. La gestión de las bases de datos que integran el Sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia corresponde al Ministerio de Justicia, a través de 
la Secretaría de Estado de Justicia.
2. En cada Registro existirá un encargado, que será responsable de su organización 
y gestión, adoptará las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento, 
velará por la veracidad, confidencialidad e integridad de las inscripciones e impulsará el 
cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las mismas.
CAPÍTULO II
Acceso a la información
Artículo 5. Acceso general a la información contenida en el Sistema de Registros.
1. El Ministerio de Justicia autorizará, estableciendo las medidas de seguridad 
oportunas, el acceso directo a la información contenida en los Registros Centrales 
integrados en el Sistema, a:
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a) Los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por 
el Secretario Judicial, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones 
de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a 
las disposiciones legales vigentes.
b) El Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal 
Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al 
mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por real decreto de 14 de septiembre 
de 1882, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal 
de los menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.
2. En cualquier caso, los interesados, acreditando su identidad, tendrán derecho a 
solicitar el acceso, mediante exhibición, únicamente a los datos relativos a su persona 
contenidos en cualquiera de los Registros a los que se refiere este real decreto.
Articulo 6. Acceso a la información contenida en el Registro Central de Penados y en el 
Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes.
Además de los indicados en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia autorizará, 
estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información 
contenida en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencia no Firmes, siempre que en uno y otro caso se refiera 
a inscripciones no canceladas, a:
a) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios 
autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.
c) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.
d) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada 
y salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los 
fines que tienen encomendados.
Articulo 7. Acceso a la información contenida en el Registro Central de Protección a las 
Victimas de Violencia Doméstica.
1. Además de los indicados en el artículo 5, el Ministerio de Justicia autorizará, 
estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información 
contenida en el Registro Central de Protección a las Víctimas de Violencia 
Doméstica, a:
a) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios 
autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.
c) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.
d) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada 
y salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los 
fines que tienen encomendados.
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e) Las unidades de policía especialmente encargadas del control y seguimiento de la 
violencia doméstica, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de 
víctimas de violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.
f) Las comunidades autónomas, exclusivamente en el ámbito de sus competencias 
de protección de las víctimas de violencia doméstica o de género, a través del responsable 
del punto de coordinación o, en su caso, a través de las personas designadas por dicho 
responsable. Este acceso directo se entenderá sin perjuicio de las comunicaciones 
previstas por la disposición adicional primera de este real decreto.
g) Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, exclusivamente en el ámbito 
de sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género. En el 
caso de las delegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad de 
coordinación contra la violencia sobre la mujer o las personas que éste designe; en el caso 
de las subdelegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad contra la 
violencia sobre la mujer o las personas que éste designe.
h) La Administración Penitenciaria, exclusivamente en el ámbito de sus competencias 
de protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, a través de los 
funcionarios autorizados.
2. El encargado del Registro Central de Protección de Víctimas de Violencia 
Doméstica comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los 
procedimientos terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho 
Registro por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de 
lesiones cuando la ofendida por el delito fuera cónyuge o ex cónyuge del condenado o 
estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad a efectos de 
dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero.
CAPÍTULO III
Información contenida en el sistema
Artículo 8. Información de carácter general contenida en los Registros integrados en el 
Sistema.
La información contenida en los Registros Centrales integrados en el Sistema deberá 
comprender, con carácter general, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o 
medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, 
localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento 
nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los 
extranjeros.
b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación general.
c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos 
de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado 
siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica 
o de género.
d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales.
Artículo 9. Información contenida en la inscripción de sentencias firmes que impongan 
penas o medidas de seguridad a mayores de edad.
Cuando se trate de sentencias firmes que impongan penas o medidas de seguridad a 
mayores de edad se inscribirán, además, los siguientes datos:
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a) Fecha de la sentencia que imponga la pena o medida de seguridad.
b) Fecha de firmeza de la sentencia.
c) Órgano judicial sentenciador.
d) Condición de reincidente y/o reo habitual del condenado en su caso.
e) Órgano judicial de ejecución de la sentencia, en su caso.
f) Número y año de la ejecutoria.
g) Delito o delitos y precepto penal aplicado.
h) Pena o penas principales y accesorias, medida de seguridad y su duración y 
cuantía de la multa con referencia a su duración y cuota diaria o multa proporcional.
i) Fecha de comisión del delito.
j) Participación como autor o cómplice y grado.
k) Sustitución de las penas o medidas de seguridad, en su caso.
l) Suspensión de la ejecución de las penas o medidas de seguridad, en su caso, 
fecha de notificación, así como plazo por el que se concede la suspensión.
m) Prórroga del auto de suspensión de las penas.
n) Fecha de la revocación del auto de suspensión de las penas o medidas de 
seguridad.
ñ) Fecha de la remisión definitiva de la pena, cumplimiento efectivo de la misma o 
prescripción.
o) Fecha del cese de la medida de seguridad.
p) Expulsión y fecha de la misma, cuando se acuerde como sustitución de la pena o 
medida de seguridad.
q) Cumplimiento.
r) Acumulación de penas.
s) Responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
Artículo 10. Información contenida en la inscripción de medidas cautelares, requisitorias, 
autos de rebeldía o Sentencias no Firmes impuestas a mayores de edad.
Cuando se trate de medidas cautelares, requisitorias, autos de rebeldía o Sentencias 
no Firmes impuestas a mayores de edad se inscribirán, además, los siguientes datos:
a) Medidas cautelares, personales o reales y órdenes de protección en los 
procedimientos de violencia doméstica o de género, indicando fecha de adopción, de 
notificación al sometido a la medida u orden de protección y de cancelación y, en su caso 
tipo, contenido, ámbito y duración, así como sus modificaciones o sustituciones, y delito o 
falta objeto del procedimiento. En relación con las órdenes de protección se indicará la 
situación y origen de la solicitud.
b) Sentencias no Firmes indicando órgano enjuiciador, procedimiento, fecha de la 
misma y, en su caso, delitos o faltas declarados, penas o medidas de seguridad impuestas, 
su duración o cuantía.
c) Órdenes de busca, indicando el órgano judicial que la acuerda, fecha de la misma, 
tipo de procedimiento, delito objeto del procedimiento, pena y duración de la misma.
d) Órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades judiciales 
españolas.
e) Auto de rebeldía indicando fecha del auto y de su anulación.
Artículo 11. Información contenida en las inscripciones en el Registro Central de 
Sentencias Firmes de Menores.
Cuando se trate de inscripciones en el Registro Central de Sentencias Firmes de 
Menores, se inscribirán, además, los siguientes datos:
a) Fecha en que adquiere firmeza la sentencia, así como la suspensión, reducción o 
sustitución de la medida que acuerde el Juez mediante auto motivado, cuando éste sea 
firme, y demás datos de la ejecutoria.
b) Las medidas impuestas al menor, su duración y, en su caso, el lugar de 
cumplimiento.
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c) La fecha de prescripción, de cumplimiento o finalización por cualquier causa de la 
medida o medidas impuestas.
Artículo 12. Información contenida en las inscripciones en el Registro Central de Rebeldes 
Civiles.
Cuando se trate de inscripciones en el Registro Central de Rebeldes Civiles, se 
inscribirán, además, los siguientes datos:
a) Órganos judiciales que hubieran promovido la inscripción o solicitado información 
sobre la localización de la persona inscrita, así como referencia a los procesos en que 
aparezca como demandado.
b) Fecha de la resolución en que se acuerde la comunicación mediante edictos al 
demandado, cuyo domicilio se desconoce y no hayan tenido resultado positivo las 
averiguaciones practicadas.
Artículo 13. Inclusión de datos en el sistema.
1. La trasmisión de datos a los Registros Centrales se realizará a través de 
procedimientos electrónicos por el secretario judicial que corresponda. A tal efecto, el 
secretario judicial verificará la exactitud del contenido de la información que, previamente 
cumplimentada por el personal de la oficina judicial bajo su dirección, se trasmita a los 
Registros Centrales. Esta información deberá remitirse en los siguientes plazos:
a) De forma inmediata y, en cualquier caso, en el plazo máximo de cinco días desde 
la firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la medida cautelar o 
sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal cuando se trate de 
inscripciones en los Registros Centrales de Penados, Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias No Firmes, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores.
b) De forma inmediata y, en cualquier caso, en el plazo máximo de veinticuatro 
horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o 
sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. Cuando las circunstancias técnicas 
impidan la trasmisión telemática a este Registro Central, la trasmisión de datos podrá 
realizarse mediante la remisión al encargado del registro de los modelos aprobados por 
Orden del Ministro de Justicia. Los secretarios judiciales ordenarán que se remita en 
dicho plazo copia impresa de los mismos a la policía judicial a efectos de su ejecución y 
seguimiento.
2. En cuanto las condiciones técnicas lo permitan, la transmisión de la información se 
realizará directamente desde las aplicaciones de gestión procesal y las firmas plasmadas 
en los documentos serán sustituidas por las correspondientes firmas electrónicas 
reconocidas.
CAPÍTULO IV
Medidas de seguridad
Artículo 14. Seguridad del sistema.
1. Se implantarán en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad 
con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.
De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la 
fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado 
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o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la 
información que permita identificar el registro accedido.
2. Las redes de comunicación electrónica gestionadas por las comunidades 
autónomas que den soporte a los órganos judiciales estarán conectadas con el Sistema de 
Registros Centrales, en un entorno integrado en red, que garantice la confidencialidad y 
autenticidad de dichas comunicaciones.
Artículo 15. Seguridad de los datos.
Se aplicarán a los datos de carácter personal contenidos en el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia las medidas de seguridad que 
correspondan, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.
CAPÍTULO V
Certificación de los datos
Artículo 16. Certificación de los datos inscritos en el Sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia.
Se emitirán certificaciones de los datos inscritos en el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia en los siguientes casos:
a) Los órganos judiciales, en relación con las causas que tramiten y para su unión al 
procedimiento, podrán, a través del personal de la oficina judicial autorizado por el 
Secretario Judicial, obtener directamente los datos incluidos en de las Bases de Datos del 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Los datos 
así obtenidos se aportarán al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del 
Secretario Judicial con plena validez jurídica, sin necesidad de solicitar certificación al 
Responsable de Registro.
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos judiciales podrán recabar del Registro, por vía 
telemática y de acuerdo con un modelo normalizado, la certificación.
b) Por el encargado de los Registros integrados en el Sistema de Registros 
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia se informará a las autoridades de 
Estados extranjeros, en la forma que determinen las normas comunitarias y los tratados 
internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España, acerca de las 
sentencia condenatorias firmes impuestas a mayores de edad relativas a extranjeros o 
españoles de las que exista constancia.
c) Por el encargado de los Registros integrados en el Sistema de Registros 
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, siempre que no se trate de 
información reservada a Jueces y Tribunales, se informará igualmente de los datos 
contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de 
Violencia Doméstica y de Rebeldes Civiles, a instancia de cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento en el que sea preceptivo 
este certificado para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada con 
consentimiento del interesado, salvo que una norma con rango de Ley lo exceptúe. Dicha 
información se limitará únicamente a los datos relativos a la persona del interesado
Artículo 17. Certificación a petición del titular interesado.
1. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos 
a su persona contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de 
Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas 
de Violencia Doméstica, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y de 
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Rebeldes Civiles y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren 
inscritas en los mismos.
2. Las certificaciones podrán solicitarse respecto de uno o varios registros integrados 
en el sistema o respecto de todos ellos. Tratándose de menores de edad la solicitud deberá 
efectuarse, en todo caso, por su representante legal. La certificación positiva contendrá la 
transcripción de los datos inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su 
expedición, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de Ley, se 
hallen a disposición únicamente de los órganos jurisdiccionales.
3. Las certificaciones serán entregadas directamente al titular de la información penal 
o a su representante debidamente acreditado por cualquier medio válido en derecho que 
deje constancia fidedigna.
4. Los particulares podrán solicitar y recibir por correo el certificado correspondiente 
a sus datos personales. Mediante Orden del Ministro de Justicia se determinarán los 
requisitos y condiciones para que dichas solicitudes puedan tramitarse por vía telemática.
5. Los españoles que se encuentran en el extranjero podrán solicitar el certificado en 
la oficina consular de España, previa acreditación de su personalidad. Podrán solicitar la 
remisión del certificado a dicho consulado, por correo al lugar señalado al efecto, o nombrar 
un representante para recoger la certificación en el Registro Central o en una Gerencia 
Territorial del Ministerio de Justicia.
6. Las certificaciones a que se refiere este artículo y el apartado c) del artículo anterior 
no incluirán datos relativos a las inscripciones derivadas de la comisión de faltas.
CAPÍTULO VI
Cancelación o rectificación de inscripciones
Artículo 18. Normas generales de cancelación o rectificación de inscripciones.
1. La cancelación de las inscripciones se practicará de oficio, a instancia del 
interesado, o por comunicación del órgano judicial.
Corresponde al Ministerio de Justicia resolver el procedimiento para la cancelación de 
las inscripciones, cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento.
2. Los interesados podrán solicitar la cancelación o rectificación de sus datos 
contenidos en el Sistema de registros administrativos del Ministerio de Justicia de apoyo a 
la Administración de Justicia. A estos efectos, dirigirán una solicitud en la que se hará 
constar, nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia, fecha de nacimiento y documento 
nacional de identidad, NIE o tarjeta de identidad o pasaporte en el caso de extranjeros, 
acompañando al modelo de solicitud, original de los documentos anteriores o copia 
compulsada de los mismos. En dicha solicitud deberá hacerse constar de manera 
obligatoria un domicilio a efectos de notificaciones. Mediante Orden del Ministro de Justicia, 
se determinarán los requisitos y condiciones para que dichas solicitudes puedan tramitarse 
por vía telemática.
3. También deberá hacerse constar la causa o causas de la cancelación o rectificación 
que se solicita, pudiendo aportar cuantos documentos puedan ser determinantes para el 
fin solicitado.
4. Al expediente iniciado a instancia del interesado se llevarán las inscripciones 
afectadas y si del análisis de las mismas, o de lo aportado por el solicitante, se dedujera 
que no se dan los requisitos necesarios para proceder a la cancelación o rectificación, el 
Ministerio de Justicia denegará motivadamente la petición.
5. El encargado del Registro, de oficio, cuando tenga conocimiento a través de los 
datos obrantes en el Registro de que se dan los requisitos legalmente establecidos para la 
cancelación de una inscripción, procederá a elevar propuesta de cancelación.
Cuando se trate de procedimientos penales que hayan dado lugar a inscripciones en 
los que no se haya comunicado modificación alguna durante los plazos de prescripción 
establecidos en los artículos 131 y 133 del Código Penal, el encargado del Registro Central 
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se dirigirá al secretario judicial del correspondiente órgano judicial a los efectos de verificar 
su estado procesal, procediendo a cancelar la inscripción cuando así resulte de la 
comunicación que este le remita.
Artículo 19. Cancelación de inscripciones de antecedentes penales.
1. Las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán, de oficio o a 
instancia del titular de los datos, o por comunicación del órgano judicial, cuando 
habiéndose extinguido la responsabilidad penal, hubiesen trascurrido, sin delinquir de 
nuevo los plazos previstos y se hubiesen cumplido los restantes requisitos señalados 
en el artículo 136 del Código Penal.
2. Cuando el procedimiento se inicie de oficio o a instancia del interesado 
y no constara el informe del Juzgado o Tribunal en relación con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 136 del Código Penal, el Registro 
de Penados remitirá el expediente en el plazo de quince días a fin de que informe 
preceptivamente en el plazo máximo de dos meses sobre la cancelación 
solicitada. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de 
tres meses.
3. La información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una 
sección especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales 
españoles.
Artículo 20. Cómputo del plazo de cancelación de inscripciones de penas suspendidas.
Cuando la cancelación de las inscripciones de antecedentes penales se refiera a penas 
privativas de libertad suspendidas por habérseles aplicado la remisión condicional, el plazo 
de cancelación, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará en la forma 
establecida en el artículo 136.3 del Código Penal.
Artículo 21. Pluralidad de antecedentes penales.
Cuando se inicie un expediente de cancelación de antecedentes penales de oficio o a 
instancia de parte, y deba cursarse a varios Juzgados o Tribunales, se remitirá el original 
al que hubiera dictado la última sentencia y copias autenticadas a cada uno de los restantes, 
debiendo constar en el oficio de remisión el listado de Juzgados o Tribunales a los que se 
solicita información.
Artículo 22. Cancelación de inscripciones de medidas cautelares, ordenes de protección, 
ordenes de busca, Sentencias No Firmes y autos de rebeldía penal.
1. La cancelación se producirá con carácter automático cuando se produzca la 
comunicación judicial en la que se exprese el cese de su vigencia.
2. También se cancelarán las inscripciones de medidas cautelares, órdenes de 
protección y Sentencias No Firmes relativas a un procedimiento en tramitación cuando se 
proceda a la inscripción de una sentencia firme recaída en el mismo procedimiento.
3. Asimismo, la acumulación de un procedimiento o la inhibición en favor de otro 
juzgado, producirán la cancelación de las correspondientes anotaciones cuando el 
encargado del Registro verifique la inscripción de la medida cautelar, orden de protección, 
orden de busca o auto de rebeldía penal en el procedimiento resultante de la acumulación 
o la inhibición.
Artículo 23. Cancelación de las inscripciones de rebeldes civiles.
1. Procederá la cancelación de la inscripción del rebelde civil a instancia del 
interesado. También podrá el interesado dirigirse al órgano judicial remitente de la 
comunicación originaria para que sea el órgano judicial el que se dirija al Registro solicitando 
la cancelación de la inscripción en cuestión. En la solicitud deberá indicar el domicilio al 
que se puedan dirigir las comunicaciones judiciales.
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2. Cuando se acuerde la cancelación, el Registro deberá comunicar el nuevo domicilio 
a los órganos judiciales que aparecieran anotados junto a la inscripción.
3. En el caso de que se deniegue la cancelación instada por el interesado por existir 
dudas racionales sobre la exactitud del domicilio facilitado, el Registro deberá indicarle los 
defectos que haya apreciado y recordarle la posibilidad de instar nuevamente esa 
cancelación en cuanto hayan quedado subsanados.
Artículo 24. Cancelación de las inscripciones del Registro Central de Sentencias sobre 
Responsabilidad Penal de los Menores.
Trascurridos diez años, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de 
edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su 
plenitud o hayan prescrito, el Ministerio de Justicia procederá de oficio a la cancelación de 
cuantas inscripciones de sentencias referentes al mismo consten en el Registro.
Artículo 25. Efectos de la cancelación.
La cancelación registral prevista en este real decreto dará lugar a la eliminación de los 
datos de carácter personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.3 del presente 
real Decreto y a excepción de aquellos que resulten necesarios para que sea posible 
elaborar las estadísticas previstas en su artículo 27.
Artículo 26. Tutela de derechos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán recabar 
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación o cancelación.
Artículo 27. Información estadística.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con competencias 
en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podrán elaborar 
estadísticas de los datos contenidos en los Registros Centrales, eludiendo toda referencia 
personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos y sus disposiciones complementarias. En 
particular, el Registro para la Protección de las Victimas de Violencia Doméstica 
proporcionará a la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género la información 
necesaria para permitir el adecuado conocimiento, análisis y evaluación de la violencia de 
género, con excepción de los datos de carácter personal de los intervinientes en los 
procedimientos judiciales. Los datos estadísticos deberán seguir los criterios que establezca 
la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
Disposición adicional primera. Comunicación de las órdenes de protección a las 
Administraciones públicas competentes en materia de protección social.
1. Los secretarios de los juzgados y tribunales comunicarán las órdenes de protección 
de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y sus respectivas solicitudes, 
mediante testimonio íntegro, a aquel o aquellos puntos de coordinación designados por la 
comunidad autónoma correspondiente, que constituirán el canal único de notificación de 
estas resoluciones a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia 
de protección social en relación con estas víctimas, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 8 del articulo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La comunicación del secretario judicial se remitirá en un plazo nunca superior a 24 
horas desde su adopción, por vía telemática o electrónica o, en su defecto, por medio de 
fax o correo urgente.
2. El punto de coordinación designado hará referencia al centro, unidad, organismo 
o institución que centraliza la información, su dirección postal y electrónica, números de 
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teléfono y fax, régimen horario y persona o personas responsables de aquél. En el caso de 
comunidades autónomas pluriprovinciales, podrá identificarse un punto de conexión 
específico para cada provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una relación actualizada de los 
puntos de coordinación designados, remitirá tal identificación en su integridad y sus 
modificaciones o actualizaciones a los Ministerios de Justicia, de Igualdad y del Interior, 
así como a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, decanatos y 
juzgados de instrucción del ámbito autonómico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Prestación de consentimiento.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 6.b) y c) y 7.1.b) y c) del presente real 
decreto, el acceso de las Unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil y de las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a la información contenida en las Bases de Datos del Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, requerirá el previo consentimiento 
del interesado, quien podrá manifestarlo en la propia solicitud.
Disposición adicional tercera. Jurisdicción militar.
Los órganos de la Jurisdicción Militar estarán sujetos a lo dispuesto en la presente 
norma salvo en lo que no les sea de aplicación.
Disposición transitoria primera. Comunicaciones anteriores a la entrada en vigor del real 
decreto.
Las comunicaciones que los órganos judiciales hayan dirigido al Ministerio de Justicia 
antes de la entrada en vigor del presente real decreto, se regirán por la normativa anterior, 
si la hubiese.
Disposición transitoria segunda. Inscripción de medidas cautelares personales, 
requisitorias y Sentencias No Firmes acordadas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente real decreto.
Las medidas cautelares de carácter personal y las requisitorias y las Sentencias No 
Firmes acordadas o dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real 
decreto y que se encuentren en vigor, deberán inscribirse en el Registro Central de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes.
Estas inscripciones deberán efectuarse en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente real decreto.
Disposición transitoria tercera. Inscripción de penas derivadas de la comisión de una 
falta en los Registros de Penados y Rebeldes y Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias no Firmes.
La inscripción de resoluciones firmes en los Registros de Penados y Rebeldes y 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes por la comisión de una falta, se 
producirá a partir del momento en que se encuentre en funcionamiento el sistema de envío 
automático de datos previsto en el artículo 13.2 del presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan expresamente derogados el Real Decreto de 2 de Octubre de 1878, la Real 
Orden de 1 de Abril de 1896, el Real Decreto 2012/1983, de 28 de Julio, sobre cancelación 
de antecedentes penales, Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el 
Registro Central de Rebeldes Civiles, el Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que 
se regula el Registro de Sentencias Firmes sobre Responsabilidad Penal de los Menores, 
el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la 
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protección de las víctimas de la violencia doméstica y cuantas disposiciones contenidas en 
normas de igual o inferior rango al presente real decreto se opongan a lo previsto en él.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5 de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración 
de Justicia.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Justicia a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo de la presente norma.
Disposición final tercera. Alimentación automática de la información contenida en el 
Sistema.
El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos en 
materia de Justicia deberán realizar las modificaciones oportunas en los respectivos 
sistemas de gestión procesal para que la transmisión de la información prevista en el 
artículo 13.2 del presente real decreto tenga lugar en el plazo máximo de dieciocho meses, 
a partir de la entrada en vigor del presente real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de febrero de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
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http://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X