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Núm. 165  Sábado 11 de julio de 2015  Sec. I.   Pág. 57729
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
7771 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades.
I
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha establecido 
una nueva regulación de esta figura impositiva, pilar básico de la imposición directa 
conjuntamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si bien esta nueva 
regulación ha mantenido la estructura del Impuesto sobre Sociedades que ya existía desde 
el año 1996, se han producido cambios significativos en el tratamiento fiscal de 
determinadas rentas objeto de integración en la base imponible.
La aprobación de esa nueva Ley requiere una revisión integral de la norma 
reglamentaria que necesariamente acompaña al Impuesto sobre Sociedades, de manera 
que el Reglamento que se aprueba a través de este real decreto cumple la doble función 
de adecuación a los nuevos parámetros establecidos por la Ley 27/2014 y de actualización 
de las reglas en él dispuestas.
II
Este real decreto consta de un artículo único, una disposición adicional, una derogatoria 
y tres finales.
El artículo único aprueba el texto del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
La disposición adicional permite que las referencias realizadas al anterior Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 
se entiendan realizadas al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado en este 
real decreto.
La disposición derogatoria recoge la derogación del real decreto anteriormente mencionado.
En la disposición final primera se modifica el Reglamento de Procedimientos amistosos 
en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 
noviembre, con el objeto de reordenar las competencias para ejercer las funciones que se 
contemplan en dicho Reglamento, de tal forma que la condición de autoridad competente 
recaerá en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando se trate de casos 
relativos exclusivamente a precios de transferencia, mientras que en el resto de los casos, 
dicha condición la tendrá la Dirección General de Tributos.
La disposición final segunda regula el título competencial.
La disposición final tercera dispone la entrada en vigor del real decreto, incluyendo 
determinadas especificidades en relación con la propia entrada en vigor y con la aplicación 
de determinadas normas contenidas en el Reglamento.
III
El desarrollo reglamentario del Impuesto sobre Sociedades objeto de aprobación en 
este real decreto se efectúa en virtud de las habilitaciones contenidas en el articulado de 
la Ley del Impuesto, en la disposición final décima de dicha Ley y en el artículo 93 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este Reglamento consta de 69 
artículos estructurados en cuatro títulos, una disposición adicional, cinco disposiciones 
transitorias y una disposición final.
El título I está destinado a la base imponible.
Dentro del mismo, el capítulo I establece el procedimiento a seguir para aquellos supuestos 
en que el contribuyente utilice un método de imputación temporal en el ámbito contable distinto 
al del devengo, procedimiento que es similar al previsto en el Reglamento anterior.
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El capítulo II contiene una actualización del desarrollo reglamentario aplicable a las 
amortizaciones, teniendo en cuenta que la existencia de un nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, con 
posterioridad al anterior Reglamento hace innecesarias determinadas reglas específicas 
de aplicación mencionadas en este. No obstante, en el ámbito de las amortizaciones 
resulta destacable la flexibilización contenida respecto a la posibilidad de presentar planes 
especiales de amortización en cualquier momento dentro del plazo de amortización del 
elemento patrimonial, mientras que hasta ahora esta posibilidad quedaba restringida a 
los tres meses posteriores al inicio del plazo de amortización.
El capítulo III contiene las reglas especiales de deducibilidad fiscal de la cobertura de 
riesgo de crédito en entidades financieras, en los mismos términos establecidos en la 
anterior normativa de aplicación.
El capítulo IV regula los planes de gastos correspondientes a las actuaciones 
medioambientales y los planes de gastos e inversiones de las comunidades titulares de 
montes vecinales en mano común.
El capítulo V recoge la principal novedad de este Reglamento, incorporando 
modificaciones sustanciales en relación con las entidades y las operaciones vinculadas. 
En el momento actual, resulta absolutamente esencial hacerse eco de las conclusiones 
que se vienen adoptando en el denominado Plan de acción «BEPS», esto es, el Plan de 
acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que se elabora 
en el ámbito de la OCDE, y en concreto en relación con la acción 13 relativa a la 
información y documentación de las entidades y operaciones vinculadas. Precisamente, 
en base a ello, se introduce como novedad la información país por país, encontrando 
cobertura legal en la disposición final décima de la Ley del Impuesto y en el artículo 93 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como instrumento que permita 
evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, sin que 
en ningún caso dicho instrumento pueda servir de base a la Administración tributaria para 
realizar ajustes de precios. Esta información será exigible a partir de 2016, en los términos 
y condiciones que se han fijado en la OCDE. Por otra parte, se modifica la documentación 
específica de operaciones vinculadas a la que hace referencia la Ley del Impuesto, 
completando, por un lado, la necesaria simplificación de este tipo de documentación para 
entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones de euros y 
adaptándose, por otro lado, al contenido de la documentación que se establece en la 
OCDE. En este punto, resulta destacable que mientras se reduce considerablemente la 
documentación a exigir a las entidades medianas y pequeñas, simplificando 
significativamente sus cargas administrativas, se incrementa la exigencia de transparencia 
que el buen gobierno actual requiere respecto a las multinacionales.
En el capítulo VI se establecen las reglas para la determinación del análisis de 
comparabilidad exigido en la documentación específica, y se actualiza el procedimiento de 
comprobación de las operaciones vinculadas, teniendo en cuenta que la misma no se 
circunscribe exclusivamente a un supuesto de valoración. Por último, en este capítulo se 
regula la opción de evitar el ajuste secundario a través de la restitución patrimonial.
Los capítulos VII, IX y X regulan los procedimientos para la obtención de acuerdos 
previos, ya sean de valoración de operaciones vinculadas, de valoración de gastos 
correspondientes a proyectos de investigación científica e innovación tecnológica o de 
calificación y valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles.
Por su parte, el capítulo VIII contiene la documentación que debe acompañar a las 
operaciones realizadas con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos 
fiscales.
El título II recoge los límites al régimen de ayudas para obras audiovisuales establecido 
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado, comúnmente conocido como el Reglamento General 
de Exención por Categorías.
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El título III está dedicado a las reglas de aplicación de determinados regímenes 
especiales, con 7 capítulos destinados, respectivamente, a las agrupaciones de interés 
económico y uniones temporales de empresas, a la consolidación fiscal, a las operaciones 
de reestructuración, a determinados contratos de arrendamiento financiero, a las entidades 
de tenencia de valores extranjeros, a las entidades navieras y a los partidos políticos. 
Entre todos ellos, cabe destacar la adaptación de las obligaciones formales 
correspondientes al régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro 
de consolidación. Asimismo, la desaparición de la opción en el régimen de operaciones de 
reestructuración permite minorar obligaciones formales en este régimen especial.
Finalmente, el título IV se destina a la gestión del Impuesto, dedicando el capítulo I al 
índice de entidades, a la devolución del Impuesto y a las obligaciones de colaboración con 
entidades externas en la presentación y gestión de declaraciones, y el capítulo II a las 
obligaciones de retener e ingresar a cuenta. Se incorpora un nuevo capítulo III para regular 
el procedimiento de compensación y abono de activos por impuesto diferido, cuando se 
produce su conversión en créditos exigibles para la Hacienda Pública.
Todo lo anterior se completa con una disposición adicional, cinco disposiciones 
transitorias y una disposición final y se incorpora, asimismo, un índice de contenido para 
facilitar la utilización de la norma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 10 de julio de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que se inserta a 
continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, se 
entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del Reglamento que se aprueba 
por este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este Real Decreto quedará derogado el Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con 
excepción de lo establecido en la disposición final de este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de Procedimientos amistosos en 
materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 
noviembre.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, se introducen las siguientes modificaciones 
en el Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado 
por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre:
Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2. Autoridad competente.
La autoridad competente para ejercer las funciones reguladas en este 
reglamento será:
a) Con carácter general, la Dirección General de Tributos.
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b) La Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de los 
procedimientos regulados en el título III de este Reglamento, así como los regulados 
en el título II cuando se refieran a la aplicación de los artículos de los Convenios 
para evitar la doble imposición que regulan los Beneficios empresariales con 
establecimiento permanente y las Empresas asociadas.
Los procedimientos amistosos que sean de competencia conjunta serán 
coordinados por la Dirección General de Tributos.
Corresponde a la autoridad competente el impulso de las actuaciones.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 9 que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. La instrucción del procedimiento, así como la fijación de la posición 
española, corresponderá a la autoridad competente.
La instrucción de los procedimientos que sean competencia conjunta de la 
Dirección General de Tributos y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
será coordinada por la Dirección General de Tributos. La posición española se fijará 
conjuntamente por las dos autoridades competentes.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 19 que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. La instrucción del procedimiento así como la fijación de la posición 
española corresponderá a la autoridad competente.
La instrucción de los procedimientos que sean competencia conjunta de la 
Dirección General de Tributos y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
será coordinada por la Dirección General de Tributos.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades será de aplicación a los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, excepto su artículo 14 que entrará en 
vigor en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016.
En el caso de personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios, definido 
en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades sea igual o superior a 45 millones de euros, la información y 
documentación específica establecidas en los artículos 15 y 16 del Reglamento resultarán 
de aplicación para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. 
En los períodos impositivos que se inicien en 2015, dichas personas o entidades estarán 
sometidas a las obligaciones de documentación establecidas en los artículos 18, 19 y 20 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio.
Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
ÍNDICE
Título I. La base imponible.
Capítulo I. Imputación temporal de ingresos y gastos: aprobación de criterios diferentes 
al devengo.
Artículo 1. Aprobación de criterios de imputación temporal diferentes al devengo.
Artículo 2. Órgano competente.
Capítulo II. Amortizaciones.
Artículo 3. Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias: normas comunes.
Artículo 4. Amortización según la tabla de amortización establecida en la Ley del 
Impuesto.
Artículo 5. Amortización según porcentaje constante.
Artículo 6. Amortización según números dígitos.
Artículo 7. Planes de amortización.
Capítulo III. Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
Artículo 9. Cobertura del riesgo de crédito.
Capítulo IV. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. 
Planes especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares de montes 
vecinales en mano común.
Artículo 10. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.
Artículo 11. Planes especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares 
de montes vecinales en mano común.
Artículo 12. Órgano competente.
Capítulo V. Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
Sección 1.ª Elementos generales de la información y documentación sobre entidades 
y operaciones vinculadas.
Artículo 13. Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
Sección 2.ª Información país por país.
Artículo 14. Información país por país.
Sección 3.ª Documentación específica.
Artículo 15. Documentación específica del grupo al que pertenezca el contribuyente.
Artículo 16. Documentación específica del contribuyente.
Capítulo VI. Reglas de valoración y procedimiento de comprobación de operaciones 
vinculadas.
Sección 1.ª Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas. 
Reglas específicas.
Artículo 17. Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas: 
análisis de comparabilidad.
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Artículo 18. Requisitos de los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas 
o entidades vinculadas.
Sección 2.ª Comprobación de las operaciones vinculadas.
Artículo 19. Comprobación de las operaciones vinculadas.
Sección 3.ª Restitución patrimonial.
Artículo 20. Restitución patrimonial derivada de las diferencias entre el valor 
convenido y el valor de mercado de las operaciones vinculadas.
Capítulo VII. Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o 
entidades vinculadas.
Sección 1.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o 
entidades vinculadas.
Artículo 21. Actuaciones previas.
Artículo 22. Inicio del procedimiento.
Artículo 23. Régimen de la documentación presentada.
Artículo 24. Tramitación.
Artículo 25. Terminación y efectos del acuerdo.
Artículo 26. Recursos.
Artículo 27. Órganos competentes.
Artículo 28. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las 
operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.
Artículo 29. Modificación del acuerdo previo de valoración.
Artículo 30. Prórroga del acuerdo previo de valoración.
Sección 2.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones con otras 
Administraciones tributarias.
Artículo 31.  Procedimiento para el acuerdo de operaciones vinculadas con otras 
Administraciones Públicas.
Artículo 32. Inicio del procedimiento.
Artículo 33. Tramitación.
Artículo 34. Resolución.
Artículo 35. Órganos competentes.
Artículo 36. Solicitud de otra Administración tributaria.
Capítulo VIII.  Documentación de las operaciones con personas o entidades no 
vinculadas residentes en paraísos fiscales.
Artículo 37. Documentación de las operaciones con personas o entidades no 
vinculadas residentes en paraísos fiscales.
Capítulo IX. Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de 
investigación científica o de innovación tecnológica.
Artículo 38. Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de 
investigación científica o de innovación tecnológica.
Capítulo X. Acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas 
procedentes de determinados activos intangibles.
Artículo 39. Inicio del procedimiento.
Artículo 40. Tramitación.
Artículo 41. Terminación y efectos del acuerdo.
Artículo 42. Órgano competente.
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Artículo 43. Modificación del acuerdo previo de valoración o de calificación y 
valoración.
Artículo 44. Prórroga del acuerdo previo de valoración o del acuerdo previo de 
calificación y valoración.
Título II. Límites en las ayudas derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea.
Artículo 45. Límites de la acumulación de las ayudas al sector cinematográfico.
Título III. Reglas de aplicación de determinados regímenes especiales.
Capítulo I. Agrupaciones de interés económico españolas y europeas, uniones 
temporales de empresas.
Artículo 46. Obligaciones de las agrupaciones de interés económico, españolas y 
europeas y de las uniones temporales de empresas.
Capítulo II. Régimen de consolidación fiscal.
Artículo 47. Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al 
régimen de consolidación fiscal.
Capítulo III. Régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de 
valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa 
Europa de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.
Artículo 48. Comunicación del régimen especial.
Artículo 49. Contenido de la comunicación.
Capítulo IV. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero.
Artículo 50. Contratos de arrendamiento financiero.
Capítulo V. Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros.
Artículo 51.  Comunicación de la opción y de la renuncia en el régimen de las 
entidades de tenencia de valores extranjeros.
Capítulo VI. Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje.
Artículo 52. Ámbito de aplicación: explotación de buques.
Artículo 53. Procedimiento de solicitud del régimen.
Artículo 54. Renuncia e incumplimiento del régimen.
Capítulo VII. Partidos políticos.
Artículo 55. Explotaciones económicas propias de los Partidos Políticos exentas en 
el Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 56. Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o 
ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por los partidos políticos.
Título IV. Gestión del Impuesto.
Capítulo I. Índice de entidades, devolución y obligaciones de colaboración.
Artículo 57. Índice de entidades.
Artículo 58. Devolución.
Artículo 59. Colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones.
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Capítulo II. Obligación de retener e ingresar a cuenta.
Artículo 60. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
Artículo 61. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
Artículo 62. Sujetos obligados a retener o a efectuar un ingreso a cuenta.
Artículo 63. Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la 
transmisión, reembolso y amortización de activos financieros.
Artículo 64. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta.
Artículo 65. Nacimiento de la obligación de retener e ingresar a cuenta.
Artículo 66. Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.
Artículo 67. Importe de la retención o ingreso a cuenta.
Artículo 68. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
Capítulo III. Conversión de activos por impuesto diferido en créditos exigibles frente 
a la Hacienda Pública. Procedimiento de comprobación y abono.
Artículo 69. Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública.
Disposición adicional única. Concepto de entidad patrimonial en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015.
Disposición transitoria primera. Amortización de los elementos usados.
Disposición transitoria segunda. Riesgo de crédito en entidades financieras.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los beneficios fiscales sobre 
determinadas operaciones financieras.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas 
en materia de retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario y sobre ganancias 
patrimoniales.
Disposición transitoria quinta. Obligaciones de información de la disposición 
transitoria decimocuarta de la Ley del Impuesto.
Disposición final. Habilitación al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
TÍTULO I
La base imponible
CAPÍTULO I
Imputación temporal de ingresos y gastos: aprobación de criterios diferentes al 
devengo
Artículo 1. Aprobación de criterios de imputación temporal diferentes al devengo.
1. Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal 
de ingresos y gastos diferente al devengo deberán presentar una solicitud ante la 
Administración tributaria para que el referido criterio tenga eficacia fiscal.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación 
temporal, haciendo constar, además de su naturaleza, su importancia en el conjunto de las 
operaciones del contribuyente.
b) Descripción del criterio de imputación temporal cuya eficacia fiscal se solicita. En 
el caso de que el criterio de imputación temporal sea de obligado cumplimiento deberá 
especificarse la norma contable que establezca tal obligación.
c) Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal propuesto a la 
imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales y explicación de su influencia 
sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del contribuyente.
d) Descripción de la incidencia, a efectos fiscales, del criterio de imputación temporal.
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3. La solicitud se presentará con, al menos, 6 meses de antelación a la conclusión 
del primer período impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, 
informes, antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 
días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el criterio de imputación temporal de ingresos y gastos formulado por el 
contribuyente.
b) Desestimar el criterio de imputación temporal de ingresos y gastos formulado por 
el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar antes de 6 meses, contados desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del órgano administrativo 
competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho 
órgano.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior sin haberse 
producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el criterio de imputación 
temporal de ingresos y gastos utilizado por el contribuyente.
Artículo 2. Órgano competente.
Será competente para instruir y resolver el procedimiento el órgano de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de 
estructura orgánica.
CAPÍTULO II
Amortizaciones
Artículo 3. Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible 
e inversiones inmobiliarias: normas comunes.
1. Se considerará que la depreciación de los elementos patrimoniales del inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias es efectiva cuando sea el resultado de 
aplicar alguno de los métodos previstos en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley del 
Impuesto.
2. Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su 
caso, el valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del 
precio de adquisición correspondiente al valor del suelo excluidos, en su caso, los costes 
de rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el 
precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año 
de adquisición. No obstante, el contribuyente podrá utilizar un criterio de distribución del 
precio de adquisición diferente, cuando se pruebe que dicho criterio se fundamenta en el 
valor normal de mercado del suelo y de la construcción en el año de adquisición.
3. Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento y los del 
inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones de producir 
ingresos.
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Los elementos patrimoniales del inmovilizado material, inmaterial e inversiones 
inmobiliarias deberán amortizarse dentro del período de su vida útil.
4. Cuando las renovaciones, ampliaciones o mejoras de los elementos patrimoniales 
del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se incorporen a dicho inmovilizado, el 
importe de las mismas se amortizará durante los períodos impositivos que resten para 
completar la vida útil de los referidos elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a 
cada período impositivo el resultado de aplicar al importe de las renovaciones, ampliaciones 
o mejoras el coeficiente resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento 
patrimonial practicada en cada período impositivo, en la medida en que se corresponda 
con la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento patrimonial tenía 
al inicio del período impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, 
ampliación o mejora.
Los elementos patrimoniales que han sido objeto de las operaciones de renovación, 
ampliación o mejora, continuarán amortizándose según el método que se venía aplicando 
con anterioridad a la realización de las mismas.
Cuando las operaciones mencionadas en este apartado determinen un alargamiento 
de la vida útil estimada del activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta a los 
efectos de la amortización del elemento patrimonial y del importe de la renovación, 
ampliación o mejora.
5. Las reglas del apartado anterior también se aplicarán en el supuesto de 
revalorizaciones contables realizadas en virtud de normas legales o reglamentarias que 
obliguen a incluir su importe en el resultado contable.
6. En los supuestos de fusión, escisión, total y parcial, y aportación, deberá 
proseguirse para cada elemento patrimonial adquirido el método de amortización a que 
estaba sujeto, excepto si el contribuyente prefiere aplicar a los mismos su propio método 
de amortización.
Artículo 4.  Amortización según la tabla de amortización establecida en la Ley del 
Impuesto.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según la tabla de 
amortización establecida en la Ley del Impuesto, la depreciación se entenderá efectiva si 
se corresponde con el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción 
del elemento patrimonial del inmovilizado alguno de los siguientes coeficientes:
a) El coeficiente de amortización lineal máximo establecido en la tabla.
b) El coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de 
amortización establecido en la tabla.
c) Cualquier otro coeficiente de amortización lineal comprendido entre los dos 
anteriormente mencionados.
A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 3.1.º del artículo 11 de la Ley del 
Impuesto, cuando un elemento patrimonial se hubiere amortizado contablemente en algún 
período impositivo por un importe inferior al resultante de aplicar el coeficiente previsto en 
la letra b) anterior, se entenderá que el exceso de las amortizaciones contabilizadas en 
posteriores períodos impositivos respecto de la cantidad resultante de la aplicación de lo 
previsto en la letra a) anterior, corresponde al período impositivo citado en primer lugar, 
hasta el importe de la amortización que hubiera correspondido por aplicación de lo 
dispuesto en la referida letra b) anterior.
2. Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal 
de trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de:
a) el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de 
amortización, y
b) el resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal 
máximo y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de 
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amortización, por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho 
horas.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a aquellos elementos que por su 
naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.
3. Tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias que se adquieran usados, es decir, que no sean puestos en condiciones de 
funcionamiento por primera vez, el cálculo de la amortización se efectuará de acuerdo con 
los siguientes criterios:
a) Sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2 la 
cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.
b) Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, éste podrá 
ser tomado como base para la aplicación del coeficiente de amortización lineal máximo.
c) Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el 
contribuyente podrá determinar aquél pericialmente. Establecido dicho precio de 
adquisición o coste de producción se procederá de acuerdo con lo previsto en la letra 
anterior.
Tratándose de elementos patrimoniales usados adquiridos a entidades pertenecientes 
a un mismo grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, la amortización se calculará de acuerdo con lo previsto en 
la letra b), excepto si el precio de adquisición hubiese sido superior al originario, en cuyo 
caso la amortización deducible tendrá como límite el resultado de aplicar al precio de 
adquisición el coeficiente de amortización lineal máximo.
A los efectos de este apartado no se considerarán como elementos patrimoniales 
usados los edificios cuya antigüedad sea inferior a diez años.
Artículo 5. Amortización según porcentaje constante.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según porcentaje 
constante, la depreciación se entenderá efectiva si se corresponde con el resultado de 
aplicar al valor pendiente de amortización del elemento patrimonial un porcentaje constante 
que se determinará ponderando cualquiera de los coeficientes que resulte de la aplicación 
de la tabla de amortización establecida en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley del 
Impuesto por los siguientes coeficientes:
a) 1,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización inferior a 5 años.
b) 2, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a 5 
e inferior a 8 años.
c) 2,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior 
a 8 años.
El período de amortización será el correspondiente al coeficiente de amortización 
lineal elegido.
En ningún caso el porcentaje constante podrá ser inferior al 11 por ciento.
El importe pendiente de amortizar en el período impositivo en que se produzca la 
conclusión de la vida útil se amortizará en dicho período impositivo.
2. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante el método de 
amortización según porcentaje constante.
3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados podrán amortizarse mediante el 
método de amortización según porcentaje constante, aplicando el porcentaje constante a 
que se refiere el apartado 1.
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Artículo 6. Amortización según números dígitos.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según números dígitos 
la depreciación se entenderá efectiva si la cuota de amortización se obtiene por aplicación 
del siguiente método:
a) Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adición de los valores numéricos 
asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento patrimonial. A estos efectos, 
se asignará el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el 
elemento patrimonial al año en que deba comenzar la amortización, y para los años 
siguientes, valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta llegar al 
último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.
La asignación de valores numéricos también podrá efectuarse de manera inversa a la 
prevista en el párrafo anterior.
El período de amortización podrá ser cualquiera de los comprendidos entre el período 
máximo y el que se deduce del coeficiente de amortización lineal máximo según la tabla 
de amortización establecida en la Ley del Impuesto, ambos inclusive.
b) Se dividirá el precio de adquisición o coste de producción entre la suma de dígitos 
obtenida según el párrafo anterior, determinándose así la cuota por dígito.
c) Se multiplicará la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda al período 
impositivo.
2. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante el método de 
amortización según números dígitos.
3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados podrán amortizarse mediante el 
método de amortización según números dígitos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1.
Artículo 7. Planes de amortización.
1. Los contribuyentes podrán proponer a la Administración tributaria un plan para la 
amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible o 
inversiones inmobiliarias.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de 
amortización, indicando la actividad a la que se hallen adscritos y su ubicación.
b) Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las 
amortizaciones que se derivan del mismo.
c) Justificación del método de amortización propuesto.
d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.
e) Fecha de inicio de la amortización de los elementos patrimoniales.
En el caso de elementos patrimoniales en construcción, se indicará la fecha prevista 
en que deba comenzar la amortización.
3. La solicitud se presentará dentro del período de construcción o de amortización de 
los elementos patrimoniales.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, 
informes, antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 
días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.
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6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan de amortización formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan de amortización que difiera 
del inicialmente presentado.
c) Desestimar el plan de amortización formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo 
competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho órgano.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse 
producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de amortización 
formulado por el contribuyente.
8. El plan de amortización aprobado surtirá efecto en los períodos impositivos que 
finalicen tras la presentación del mismo, salvo que expresamente se establezca una fecha 
distinta.
9. Los planes de amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del 
contribuyente, observándose las normas previstas en los apartados anteriores. Dicha 
solicitud deberá presentarse en el período impositivo en el cual deba surtir efecto dicha 
modificación.
10. Los planes de amortización aprobados podrán aplicarse a aquellos otros 
elementos patrimoniales de idénticas características cuya amortización vaya a comenzar 
antes del transcurso de 3 años contados desde la fecha de notificación del acuerdo de 
aprobación del plan de amortización, siempre que se mantengan sustancialmente las 
circunstancias de carácter físico, tecnológico, jurídico y económico determinantes del 
método de amortización aprobado. Dicha aplicación deberá ser objeto de comunicación a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria con anterioridad a la finalización del período 
impositivo en que deba surtir efecto.
11. Será competente para instruir y resolver el expediente el órgano de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de 
estructura orgánica.
CAPÍTULO III
Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
Lo previsto en este capítulo será de aplicación a las entidades de crédito obligadas a 
formular sus cuentas anuales individuales de acuerdo con las normas establecidas por el 
Banco de España, así como a las sucursales de entidades de crédito residentes en el 
extranjero que operen en España.
Asimismo, resultará de aplicación a los fondos de titulización a que se refiere el título III 
de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en relación con 
la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los instrumentos 
de deuda valorados por su coste amortizado.
Artículo 9. Cobertura del riesgo de crédito.
1. Serán deducibles las dotaciones correspondientes a la cobertura del riesgo de 
crédito, hasta el importe de las cuantías mínimas previstas en las normas establecidas por 
el Banco de España.
2. No serán deducibles las dotaciones correspondientes a pérdidas respecto de los 
créditos que seguidamente se citan, excepto si son objeto de un procedimiento arbitral o 
judicial que verse sobre su existencia o cuantía:
a) Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público.
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b) Los garantizados mediante derechos reales, pactos de reserva de dominio y 
derecho de retención, cuando el objeto de los citados derechos reales sean viviendas 
terminadas.
No obstante, serán deducibles las dotaciones que se hubieran practicado en los casos 
de pérdida o envilecimiento de la garantía, así como las practicadas conforme a lo 
establecido en el apartado 17.b) del anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del 
Banco de España.
c) Los garantizados con depósitos dinerarios o contratos de seguro de crédito o 
caución.
d) Los que se hallen sujetos a un pacto o acuerdo interno de renovación, 
entendiéndose que tal sujeción se da cuando, con posterioridad a la aparición de las 
circunstancias determinantes del riesgo de crédito, el contribuyente conceda crédito al 
deudor.
No se considerará producida la renovación en los siguientes casos:
1.º Concesión de nuevas facilidades o renegociación de las deudas contraídas por 
los acreditados, residentes o no residentes, en el caso de procedimientos concursales, 
planes de viabilidad, reconversión o situaciones análogas.
2.º Concesión de facilidades financieras al deudor relacionadas exclusivamente con 
la financiación de sus ventas.
3.º Prórroga o reinstrumentación simple de las operaciones, efectuadas con el fin de 
obtener una mejor calidad formal del título jurídico sin obtención de nuevas garantías 
eficaces.
e) Los adeudados por personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley del Impuesto, excepto si se hallan en situación de concurso, 
insolvencias judicialmente declaradas o en otras circunstancias debidamente acreditadas 
que evidencien una reducida posibilidad de cobro.
f) Los adeudados por partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones 
empresariales, colegios profesionales y cámaras oficiales, salvo en los casos de 
procedimientos concursales, insolvencias judicialmente declaradas o concurrencia de 
otras circunstancias debidamente justificadas que evidencien unas reducidas posibilidades 
de cobro.
g) Los denominados subestándar del apartado 7 del anejo IX de la Circular 4/2004, 
de 22 de diciembre, en la parte que corresponda a operaciones con garantía real o cuyas 
dotaciones estarían excluidas de la deducción por incurrir en ellas algunas de las demás 
circunstancias descritas en los párrafos a) a f) anteriores, así como los garantizados por 
otras entidades del mismo grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas.
El importe deducible correspondiente a las demás operaciones no podrá exceder de 
la cobertura genérica que correspondería de haberse clasificado como riesgo normal, 
por aplicación del parámetro alfa a que se refiere el apartado 29.b) del anejo IX de la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre.
h) Tratándose de la cobertura del denominado riesgo-país, no serán deducibles las 
dotaciones relativas a:
1.º Los créditos y riesgos de firma garantizados indirectamente por cualquier tipo de 
operación comercial o financiera.
2.º La parte del crédito no dispuesta por el deudor.
3.º Los países incluidos en el grupo de países no clasificados, excepto en la parte 
que afecte a operaciones interbancarias.
3. No serán deducibles las dotaciones basadas en estimaciones globales, incluso 
estadísticas, del riesgo de crédito. No obstante, será deducible el importe de la cobertura 
genérica, que no se corresponda a riesgos contingentes, con el límite del resultado de 
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aplicar el uno por ciento sobre la variación positiva global en el período impositivo de los 
instrumentos de deuda clasificados como riesgo normal a que se refiere el apartado 7.a) 
del anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, excluidos los instrumentos de 
deuda sin riesgo apreciable, los valores negociados en mercados secundarios organizados, 
créditos cubiertos con garantía real y cuotas pendientes de vencimiento de contratos de 
arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles. La cobertura genérica que corresponda 
a riesgos contingentes será deducible en la parte que se haya dotado por aplicación del 
parámetro alfa a que se refiere el apartado 29.b) de dicho anejo IX.
CAPÍTULO IV
Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. Planes 
especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares de montes 
vecinales en mano común
Artículo 10. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.
1. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 14 de la Ley del Impuesto, los 
contribuyentes podrán someter a la Administración tributaria un plan de gastos 
correspondientes a actuaciones medioambientales.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de las obligaciones del contribuyente o compromisos adquiridos por 
el mismo para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente.
b) Descripción técnica y justificación de la necesidad de la actuación a realizar.
c) Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y 
justificación del mismo.
d) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos 
correspondientes a la actuación medioambiental y justificación del mismo.
e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental.
3. La solicitud se presentará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de 
nacimiento de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, 
informes, antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 
días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan de gastos formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan alternativo de gastos.
c) Desestimar el plan de gastos formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse 
notificado una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de gastos formulado por 
el contribuyente.
8. Los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales 
aprobados podrán modificarse a solicitud del contribuyente, observándose las normas 
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previstas en los apartados anteriores. Dicha solicitud habrá de presentarse dentro de los 3 
últimos meses del período impositivo en el cual deba surtir efecto la modificación.
Artículo 11. Planes especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares de 
montes vecinales en mano común.
1. Cuando se pruebe que las inversiones y gastos deben efectuarse necesariamente 
en un plazo superior al previsto en el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto, 
los contribuyentes podrán presentar planes especiales de inversiones y gastos.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los gastos, inversiones y sus importes realizados dentro del plazo 
previsto en el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto.
b) Descripción de las inversiones o gastos pendientes objeto del plan especial.
c) Importe efectivo o previsto de las inversiones o gastos del plan.
d) Descripción del plan temporal de realización de la inversión o gasto.
e) Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de 
inversiones y gastos.
3. El plan especial de reinversión se presentará antes de la finalización del último 
período impositivo a que se refiere el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, 
informes, antecedentes y justificantes sean necesarios. Asimismo, será preceptivo recabar 
informe de los organismos de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en 
materia forestal en las que tenga su domicilio fiscal el contribuyente.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 
días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan especial de inversiones y 
gastos alternativo.
c) Desestimar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse 
notificado una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan especial de inversiones 
y gastos.
8. En caso de incumplimiento total o parcial del plan, el contribuyente regularizará su 
situación tributaria en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 125 de la Ley 
del Impuesto, teniendo en cuenta la inversión o gasto propuesta y la efectivamente 
realizada.
Artículo 12. Órgano competente.
Será competente para instruir y resolver el procedimiento relativo a planes de gastos 
correspondientes a actuaciones medioambientales y de inversiones y gastos de las 
comunidades titulares de montes vecinales en mano común, el órgano de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de 
estructura orgánica.
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CAPÍTULO V
Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
Sección 1.ª Elementos generales de la información y documentación sobre entidades y 
operaciones vinculadas
Artículo 13. Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
1. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de 
dominantes de un grupo, definido en los términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley 
del Impuesto, y no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no 
residente, deberán aportar la información país por país a que se refiere el artículo 14 de 
este Reglamento.
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio 
español dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio 
español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o a establecimientos 
permanentes de entidades no residentes, siempre que se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias:
a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar dicha 
información.
b) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a 
la prevista en este apartado respecto de la referida entidad no residente en su país o 
territorio de residencia fiscal.
c) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de 
dicha información, con el país o territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad 
no residente.
d) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de 
dicha información con el país o territorio en el que reside fiscalmente la referida entidad no 
residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido 
comunicado por la Administración tributaria española a las entidades dependientes o a los 
establecimientos permanentes residentes en territorio español en el plazo previsto en el 
párrafo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio 
español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida 
deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de 
residencia de la entidad obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá 
realizarse antes de la finalización del período impositivo al que se refiera la información.
El plazo para presentar la información prevista en este apartado concluirá 
transcurridos doce meses desde la finalización del período impositivo. El suministro de 
dicha información se efectuará en el modelo elaborado al efecto, que se aprobará por 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. A los efectos de lo dispuesto en artículo 18.3 de la Ley del Impuesto, las personas 
o entidades vinculadas, con el objeto de justificar que las operaciones efectuadas se han 
valorado por su valor de mercado, deberán aportar, a requerimiento de la Administración 
tributaria, la siguiente documentación específica:
a) La documentación a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, relativa a las 
operaciones vinculadas del grupo al que pertenece el contribuyente, definido en los 
términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, incluyendo a los 
establecimientos permanentes que formen parte del mismo.
b) La documentación del contribuyente a que se refiere el artículo 16 de este 
Reglamento. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio 
español estarán igualmente obligados a aportar esta documentación.
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Esta documentación deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir 
de la finalización del plazo voluntario de declaración, y es independiente de cualquier 
documentación o información adicional que la Administración tributaria pueda solicitar en 
el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
La documentación específica señalada deberá elaborarse de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad y suficiencia. En su preparación, el contribuyente podrá 
utilizar aquella documentación relevante de que disponga para otras finalidades.
3. No obstante, la documentación específica señalada en el apartado anterior no 
resultará de aplicación:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo 
de consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley del 
Impuesto.
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes 
del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés 
Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de 
mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las 
Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante la documentación específica será 
exigible en el caso de uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración 
análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 
de la Ley del Impuesto.
c) A las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas 
públicas de adquisición de valores.
d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre 
que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 
euros, de acuerdo con el valor de mercado.
4. El contribuyente deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la 
información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sección 2.ª Información país por país
Artículo 14. Información país por país.
1. La información país por país establecida en este artículo resultará exigible a las 
entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de este Reglamento, exclusivamente, 
cuando el importe neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que 
formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al 
menos, de 750 millones de euros.
2. La información país por país comprenderá, respecto del período impositivo de la 
entidad dominante, de forma agregada, por cada país o jurisdicción:
a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades 
vinculadas o con terceros.
b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga al mismo.
c) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga 
satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas.
d) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al 
mismo devengados, incluyendo las retenciones.
e) Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en la fecha de 
conclusión del período impositivo.
f) Plantilla media.
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g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de 
crédito.
h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y 
actividades principales realizadas por cada una de ellas.
i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los 
datos incluidos en la información.
3. La información establecida en este artículo se presentará en euros.
Sección 3.ª Documentación específica
Artículo 15. Documentación específica del grupo al que pertenezca el contribuyente.
1. La documentación relativa al grupo, a que se refiere la letra a) del apartado 2 del 
artículo 13 de este Reglamento, deberá comprender:
a) Información relativa a la estructura y organización del grupo:
1.º Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, 
así como cualquier cambio relevante en la misma.
2.º Identificación de las distintas entidades que formen parte del grupo.
b) Información relativa a las actividades del grupo:
1.º Actividades principales del grupo, así como descripción de los principales 
mercados geográficos en los que opera el grupo, fuentes principales de beneficios y 
cadena de suministro de aquellos bienes y servicios que representen, al menos, el 10 por 
ciento del importe neto de la cifra de negocios del grupo, correspondiente al período 
impositivo.
2.º Descripción general de las funciones ejercidas, riesgos asumidos y principales 
activos utilizados por las distintas entidades del grupo, incluyendo los cambios respecto 
del período impositivo anterior.
3.º Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que 
incluya el método o métodos de fijación de los precios adoptados por el grupo.
4.º Relación y breve descripción de los acuerdos de reparto de costes y contratos de 
prestación de servicios relevantes entre entidades del grupo.
5.º Descripción de las operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de 
activos relevantes, realizadas durante el período impositivo.
c) Información relativa a los activos intangibles del grupo:
1.º Descripción general de la estrategia global del grupo en relación al desarrollo, 
propiedad y explotación de los activos intangibles, incluyendo la localización de las 
principales instalaciones en las que se realicen actividades de investigación y desarrollo, 
así como la dirección de las mismas.
2.º Relación de los activos intangibles del grupo relevantes a efectos de precios de 
transferencia, indicando las entidades titulares de los mismos, así como descripción 
general de la política de precios de transferencia del grupo en relación con los mismos.
3.º Importe de las contraprestaciones correspondientes a las operaciones vinculadas 
del grupo, derivadas de la utilización de los activos intangibles, identificando las entidades 
del grupo afectadas y sus territorios de residencia fiscal.
4.º Relación de acuerdos entre las entidades del grupo relativos a intangibles, 
incluyendo los acuerdos de reparto de costes, los principales acuerdos de servicios de 
investigación y acuerdos de licencias.
5.º Descripción general de cualquier transferencia relevante sobre activos intangibles 
realizada en el período impositivo, incluyendo las entidades, países e importes.
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d) Información relativa a la actividad financiera:
1.º Descripción general de la forma de financiación del grupo, incluyendo los 
principales acuerdos de financiación suscritos con personas o entidades ajenas al grupo.
2.º Identificación de las entidades del grupo que realicen las principales funciones de 
financiación del grupo, así como el país de su constitución y el correspondiente a su sede 
de dirección efectiva.
3.º Descripción general de la política de precios de transferencia relativa a los 
acuerdos de financiación entre entidades del grupo.
e) Situación financiera y fiscal del grupo:
1.º Estados financieros anuales consolidados del grupo, siempre que resulten 
obligatorios para el mismo o se elaboren de manera voluntaria.
2.º Relación y breve descripción de los acuerdos previos de valoración vigentes y 
cualquier otra decisión con alguna autoridad fiscal que afecte a la distribución de los 
beneficios del grupo entre países.
2. La documentación prevista en este artículo no resultará de aplicación a aquellos 
grupos en los que el importe neto de la cifra de negocios, definido en los términos 
establecidos en el artículo 101 de la Ley del Impuesto, sea inferior a 45 millones de euros.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto constituyen 
distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren el número 1.º de la letra a), 
los números 1.º, 2.º, 3.º y 5.º de la letra b), el número 1.º de la letra c) y los números 1.º y 3.º 
de la letra d) del apartado 1 de este artículo. A estos mismos efectos tendrá la consideración 
de dato cada una de las informaciones a que se refiere el número 2.º de la letra a), el 
número 4.º de la letra b), los números 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la letra c), el número 2.º de la letra d) 
y los números 1.º y 2.º de la letra e) del apartado 1 de este artículo.
Artículo 16. Documentación específica del contribuyente.
1. La documentación específica del contribuyente deberá comprender:
a) Información del contribuyente:
1.º Estructura de dirección, organigrama y personas o entidades destinatarias de los 
informes sobre la evolución de las actividades del contribuyente, indicando los países o 
territorios en que dichas personas o entidades tienen su residencia fiscal.
2.º Descripción de las actividades del contribuyente, de su estrategia de negocio y, 
en su caso, de su participación en operaciones de reestructuración o de cesión o 
transmisión de activos intangibles en el período impositivo.
3.º Principales competidores.
b) Información de las operaciones vinculadas:
1.º Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las 
operaciones vinculadas.
2.º Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y 
número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas 
con las que se realice la operación.
3.º Análisis de comparabilidad detallado, en los términos descritos en el artículo 17 
de este Reglamento.
4.º Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo 
una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma 
de aplicación, los comparables obtenidos y la especificación del valor o intervalo de valores 
derivados del mismo.
5.º En su caso, criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados 
conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los 
cve: BOE-A-2015-7771
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correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se 
refiere el artículo 18 de este Reglamento.
6.º Copia de los acuerdos previos de valoración vigentes y cualquier otra decisión 
con alguna autoridad fiscal que estén relacionados con las operaciones vinculadas 
señaladas anteriormente.
7.º Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el contribuyente 
para determinar la valoración de sus operaciones vinculadas.
c) Información económico-financiera del contribuyente:
1.º Estados financieros anuales del contribuyente.
2.º Conciliación entre los datos utilizados para aplicar los métodos de precios de 
transferencia y los estados financieros anuales, cuando corresponda y resulte relevante.
3.º Datos financieros de los comparables utilizados y fuente de la que proceden.
2. Si, para determinar el valor de mercado, se utilizan otros métodos y técnicas de 
valoración generalmente aceptados distintos en los señalados en las letras a) a e) del 
artículo 18.4 de la Ley del Impuesto, como pudieran ser métodos de descuento de flujos 
de efectivo futuro estimados, se describirá detalladamente el método o técnica concreto 
elegido, así como las razones de su elección.
En concreto, se describirán las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés, tasas 
de actualización y demás variables en que se basen los citados métodos y técnicas y se 
justificará la razonabilidad y coherencia de las hipótesis asumidas por referencia a datos 
históricos, a planes de negocios o a cualquier otro elemento que se considere esencial 
para la correcta determinación del valor y su adecuación al principio de libre competencia.
Deberá maximizarse el uso de datos observables de mercado, que deberán quedar 
acreditados, y se limitará, en la medida de lo posible, el empleo de consideraciones 
subjetivas y de datos no observables o contrastables.
La documentación que deberá mantenerse a disposición de la Administración tributaria 
comprenderá los informes, documentos y soportes informáticos necesarios para la 
verificación de la correcta aplicación del método de valoración y del valor de mercado 
resultante.
3. Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior se referirán al 
período impositivo en el que el contribuyente haya realizado la operación vinculada.
Cuando la documentación elaborada para un período impositivo continúe siendo válida 
en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin 
perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias.
4. En el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra 
de negocios, definido en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley del 
Impuesto, sea inferior a 45 millones de euros, la documentación específica tendrá el 
siguiente contenido simplificado:
a) Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones 
vinculadas.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y 
número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas 
con las que se realice la operación.
c) Identificación del método de valoración utilizado.
d) Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de 
valoración utilizado.
En el supuesto de personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 101 de la Ley del Impuesto, esta documentación específica se podrá entender 
cumplimentada a través del documento normalizado elaborado al efecto por Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Estas entidades no deberán aportar los 
comparables a que se refiere la letra d) anterior.
cve: BOE-A-2015-7771
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5. El contenido simplificado de la documentación específica a que se refiere el 
apartado anterior no resultará de aplicación a las siguientes operaciones:
a) Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el 
método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, 
ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, 
tengan un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos 
propios.
b) Las operaciones de transmisión de negocios.
c) Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la 
participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a 
negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a 
negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como 
paraísos fiscales.
d) Las operaciones de transmisión de inmuebles.
e) Las operaciones sobre activos intangibles.
No obstante, en el supuesto de entidades a que se refiere el artículo 101 de la Ley del 
Impuesto o personas físicas y no se trate de operaciones realizadas con personas o 
entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, las 
obligaciones específicas de documentación no deberán incorporar el análisis de 
comparabilidad a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.
6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto, constituyen 
distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren el número 1.º, 2.º y 3.º de 
la letra a), los números 3.º, 4.º y 7.º de la letra b), los números 1.º, 2.º y 3.º de la letra c) del 
apartado 1 así como la información a que se refiere el apartado 2 de este artículo. A estos 
mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones a que se 
refiere los números 1.º, 2.º, 5.º y 6.º de la letra b) del apartado 1 de este artículo y las 
letras a), b), c) y d) del apartado 4 de este artículo.
CAPÍTULO VI
Reglas de valoración y procedimiento de comprobación de operaciones vinculadas
Sección 1.ª Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas. Reglas 
específicas
Artículo 17. Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas: análisis 
de comparabilidad.
1. A los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado personas o 
entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, se compararán las 
circunstancias de las operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre 
personas o entidades independientes que pudieran ser equiparables.
Para ello deberán tenerse en cuenta las relaciones entre las personas o entidades 
vinculadas y las condiciones de las operaciones a comparar atendiendo a la naturaleza de 
las operaciones y a la conducta de las partes.
2. Para determinar si dos o más operaciones son equiparables se tendrán en cuenta, 
en la medida en que sean relevantes y que el contribuyente haya podido disponer 
razonablemente de información sobre ellas, las siguientes circunstancias:
a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones 
vinculadas.
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b) Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de 
análisis, identificando los riesgos asumidos y ponderando, en su caso, los activos 
utilizados.
c) Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones 
teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte 
contratante.
d) Las circunstancias económicas que puedan afectar a las operaciones vinculadas, 
en particular, las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se 
prestan los servicios.
e) Las estrategias empresariales.
Asimismo, a los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado 
personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre 
competencia también deberá tenerse en cuenta cualquier otra circunstancia que sea 
relevante y sobre la que el contribuyente haya podido disponer razonablemente de 
información, como entre otras, la existencia de pérdidas, la incidencia de las decisiones de 
los poderes públicos, la existencia de ahorros de localización, de grupos integrados de 
trabajadores o de sinergias.
En todo caso deberán indicarse los elementos de comparación internos o externos que 
deban tenerse en consideración.
3. Cuando las operaciones vinculadas que realice el contribuyente se encuentren 
estrechamente ligadas entre sí, hayan sido realizadas de forma continua o afecten a un 
conjunto de productos o servicios muy similares, de manera que su valoración 
independiente no resulte adecuada, el análisis de comparabilidad a que se refiere el 
apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones.
4. Dos o más operaciones son equiparables cuando no existan entre ellas diferencias 
significativas en las circunstancias a que se refiere el apartado 2 anterior que afecten al 
precio del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo diferencias, 
puedan eliminarse efectuando los ajustes de comparabilidad necesarios.
5. El análisis de comparabilidad previsto en este artículo forma parte de la 
documentación a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento y cumplimenta la 
obligación prevista en el número 3.º de la letra b) del apartado 1 del citado artículo.
6. El grado de comparabilidad, la naturaleza de la operación y la información sobre 
las operaciones equiparables constituyen los principales factores que determinarán, en 
cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley del 
Impuesto, el método de valoración más adecuado.
7. Cuando, a pesar de no existir datos suficientes, se haya podido determinar un 
rango de valores que cumpla razonablemente el principio de libre competencia, teniendo 
en cuenta el proceso de selección de comparables y las limitaciones de la información 
disponible, se podrán utilizar medidas estadísticas para minimizar el riesgo de error 
provocado por defectos en la comparabilidad.
Artículo 18. Requisitos de los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas o 
entidades vinculadas.
A efectos de lo previsto en el apartado 7 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, los 
acuerdos de reparto de costes de bienes y servicios suscritos por el contribuyente deberán 
incluir la identificación de las demás personas o entidades participantes, en los términos 
previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 16 de este Reglamento, el ámbito de las 
actividades y proyectos específicos cubiertos por los acuerdos, su duración, criterios para 
cuantificar el reparto de los beneficios esperados entre los partícipes, la forma de cálculo 
de sus respectivas aportaciones, especificación de las tareas y responsabilidades de los 
partícipes, consecuencias de la adhesión o retirada de los partícipes así como cualquier 
otra disposición que prevea adaptar los términos del acuerdo para reflejar una modificación 
de las circunstancias económicas.
cve: BOE-A-2015-7771
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Sección 2.ª Comprobación de las operaciones vinculadas
Artículo 19. Comprobación de las operaciones vinculadas.
1. Cuando la comprobación de las operaciones vinculadas no sea el objeto único de 
la regularización que proceda practicar en el procedimiento de inspección en el que se 
lleve a cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se documentará en un 
acta distinta de las que deban formalizarse por los demás elementos de la obligación 
tributaria. En dicha acta se justificará la regularización que resulte por aplicación del 
artículo 18 de la Ley del Impuesto. La liquidación derivada de este acta tendrá carácter 
provisional de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.4.b) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
2. Si el contribuyente interpone recurso o reclamación contra la liquidación provisional 
practicada como consecuencia de la regularización practicada, se notificará dicha 
liquidación y la existencia del procedimiento revisor a las demás personas o entidades 
vinculadas afectadas al objeto de que puedan personarse en el procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 223.3 y 232.3 de la Ley 58/2003.
Transcurridos los plazos oportunos sin que el contribuyente haya interpuesto recurso 
o reclamación, se notificará la liquidación provisional practicada a las demás personas o 
entidades vinculadas afectadas para que aquellas que lo deseen puedan optar de forma 
conjunta por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económico-
administrativa.
3. Una vez que la liquidación practicada al contribuyente haya adquirido firmeza, la 
Administración tributaria regularizará de oficio la situación tributaria de las demás 
personas o entidades vinculadas, salvo que estas hubieran ya efectuado la referida 
regularización con carácter previo. La regularización se realizará mediante la práctica de 
una liquidación o, en su caso, de una autoliquidación o de una liquidación derivada de 
una solicitud de rectificación de la autoliquidación correspondiente al último período 
impositivo cuyo plazo de declaración e ingreso hubiera finalizado en el momento en que 
se produzca tal firmeza. Tratándose de impuestos en los que no exista período impositivo, 
dicha regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente 
al momento en que se produzca la firmeza de la liquidación o, en su caso, de una 
autoliquidación o de una liquidación derivada de una solicitud de rectificación de la 
autoliquidación practicada al contribuyente.
En el caso de impuestos en los que existen períodos impositivos, esta regularización 
deberá comprender todos aquellos que estén afectados por la corrección llevada a cabo 
por la Administración tributaria, derivada de la comprobación de la operación vinculada.
La regularización incluirá, en su caso, los correspondientes intereses de demora 
calculados desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la 
autoliquidación de cada uno de los períodos impositivos en los que la operación vinculada 
haya surtido efectos o, si la regularización diera lugar a una devolución y la autoliquidación 
se presentó fuera de plazo desde la fecha de la presentación extemporánea de la 
autoliquidación.
Los intereses se calcularán hasta la fecha en que se practica la liquidación o, en su 
caso, la autoliquidación, correspondiente al período impositivo en que la regularización de 
dicha operación es eficaz frente a las demás personas o entidades vinculadas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18.12.3.º de la Ley del Impuesto y en el primer párrafo de 
este apartado.
La regularización realizada por la Administración tributaria deberá ser tenida en cuenta 
por los contribuyentes en las declaraciones que se presenten tras la firmeza de la 
liquidación, cuando la operación vinculada produzca efectos en las mismas.
Para la práctica de la liquidación anterior, los órganos de inspección podrán ejercer las 
facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, y realizar las actuaciones de 
obtención de información que consideren necesarias.
Las personas o entidades afectadas que puedan invocar un tratado o convenio que 
haya pasado a formar parte del ordenamiento interno, podrán acudir al procedimiento 
cve: BOE-A-2015-7771
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amistoso o al procedimiento arbitral para eliminar la posible doble imposición generada por 
la corrección, de acuerdo con lo dispuesto en el número 5.º del apartado 12 del artículo 18 
de la Ley del Impuesto.
Sección 3.ª Restitución patrimonial
Artículo 20. Restitución patrimonial derivada de las diferencias entre el valor convenido y 
el valor de mercado de las operaciones vinculadas.
1. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor de 
mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades 
vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de 
manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18.11 de la Ley del Impuesto.
2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior cuando se proceda a la 
restitución patrimonial entre las personas o entidades vinculadas. Para ello, el contribuyente 
deberá justificar dicha restitución antes de que se dicte la liquidación que incluya la 
aplicación de lo señalado en el apartado anterior.
CAPÍTULO VII
Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas
Sección 1.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas
Artículo 21. Actuaciones previas.
1. Las personas o entidades vinculadas que pretendan solicitar a la Administración 
tributaria que determine el valor de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas, en 
condiciones que respeten el principio de libre competencia podrán presentar una solicitud 
previa, cuyo contenido será el siguiente:
a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.
b) Descripción sucinta de las operaciones objeto del mismo.
c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que se pretenda formular.
2. La Administración tributaria analizará la solicitud previa, pudiendo recabar de los 
interesados las aclaraciones pertinentes y comunicará a los interesados la viabilidad o no 
del acuerdo previo de valoración.
Artículo 22. Inicio del procedimiento.
1. Las personas o entidades vinculadas podrán solicitar a la Administración tributaria 
un acuerdo previo de valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas 
con carácter previo a la realización de estas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.8 
de este Reglamento.
Dicha solicitud podrá comprender la determinación del valor de mercado de las rentas 
estimadas por operaciones realizadas por un contribuyente con un establecimiento 
permanente en el extranjero, en aquellos supuestos en que así esté establecido en un 
convenio para evitar la doble imposición internacional que le resulte de aplicación.
La solicitud se acompañará de una propuesta que se fundamentará en el principio de 
libre competencia, y que contendrá una descripción del método y del análisis seguido para 
determinar el valor de mercado.
La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán 
acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan 
cve: BOE-A-2015-7771
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a realizar las operaciones cuya valoración se solicita conocen y aceptan la solicitud de 
valoración.
2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de este Reglamento, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de 
valoración, y se adaptará a las circunstancias del caso.
Artículo 23. Régimen de la documentación presentada.
1. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación al 
procedimiento regulado en este capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del 
mismo.
2. Lo previsto en los artículos anteriores no eximirá a los contribuyentes de las 
obligaciones que les incumben de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en otra disposición, en cuanto el 
cumplimiento de las mismas pudiera afectar a la documentación referida en el artículo 21 
de este Reglamento.
3. En los casos de desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta se 
procederá a la devolución de la documentación aportada.
Artículo 24. Tramitación.
La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la documentación 
presentada. A estos efectos, podrá requerir a los contribuyentes cuantos datos, informes, 
antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así como explicaciones o 
aclaraciones adicionales sobre la misma.
Artículo 25. Terminación y efectos del acuerdo.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el contribuyente
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que 
difiera de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
2. El acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al 
menos:
a) Lugar y fecha de su formalización.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de los de los contribuyentes a los que se refiere la propuesta.
c) Conformidad de los contribuyentes con el contenido del acuerdo.
d) Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta.
e) Elementos esenciales del método de valoración y valor o intervalo de valores que 
se derivan del mismo.
f) Períodos impositivos o de liquidación a los que será aplicable el acuerdo y fecha 
de entrada en vigor del mismo.
g) Asunciones críticas cuyo acaecimiento condiciona la aplicabilidad del acuerdo en 
los términos recogidos en dicho acuerdo.
3. En la desestimación de la propuesta de valoración se incluirá junto con la 
identificación de los contribuyentes los motivos por los que la Administración tributaria 
desestima la propuesta.
4. El procedimiento deberá finalizar en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo 
sin haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada.
5. La Administración tributaria y los contribuyentes deberán aplicar lo que resulte de 
la propuesta aprobada.
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6. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones 
descritos en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que 
la propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada.
Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la 
propuesta aprobada no se corresponden con la realidad, o que la propuesta aprobada no 
ha sido aplicada correctamente, la Inspección de los Tributos procederá a regularizar la 
situación tributaria de los contribuyentes.
7. El desistimiento de cualquiera de los contribuyentes determinará la terminación del 
procedimiento.
8. El acuerdo surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad 
a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos que se 
concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los 4 períodos impositivos 
siguientes al vigente en la fecha de aprobación del acuerdo.
Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas 
en períodos impositivos anteriores, siempre que no hubiera prescrito el derecho de la 
Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ni hubiese 
liquidación firme que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud.
Artículo 26. Recursos.
La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no 
serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de 
liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.
Artículo 27. Órganos competentes.
Será competente para instruir, resolver y, en caso de modificación del acuerdo, iniciar 
el procedimiento el órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que 
corresponda de acuerdo con sus normas de estructura orgánica.
Artículo 28. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las 
operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.
Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, los 
contribuyentes presentarán un escrito relativo a la aplicación del acuerdo previo de 
valoración aprobado, cuyo contenido deberá comprender, entre otra, la siguiente 
información:
a) Operaciones realizadas en el período impositivo o de liquidación al que se refiere 
la declaración a las que ha sido de aplicación el acuerdo previo.
b) Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como 
consecuencia de la aplicación del acuerdo previo.
c) Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias 
económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración.
d) Operaciones efectuadas en el período impositivo o de liquidación similares a 
aquéllas a las que se refiere el acuerdo previo, precios por los que han sido realizadas y 
descripción de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el 
ámbito del acuerdo previo.
e) Aquella que se determine en el propio acuerdo.
No obstante, en los acuerdos firmados con otras Administraciones, la documentación 
que deberá presentar el contribuyente anualmente será la que se derive del propio 
acuerdo.
cve: BOE-A-2015-7771
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Artículo 29. Modificación del acuerdo previo de valoración.
1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas o 
tecnológicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración, 
éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El 
procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a instancia de los contribuyentes.
2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por las personas o entidades 
solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o 
entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita, 
conocen y aceptan la solicitud de modificación, y deberá contener la siguiente información:
a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.
El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas determinará la 
terminación del procedimiento de modificación.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y 
previa audiencia de los contribuyentes, quienes dispondrán al efecto de un plazo de 15 
días, dictará resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación formulada por el contribuyente.
2.º Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que 
difiera de la inicialmente presentada.
3.º Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, confirmando o dejando 
sin efecto el acuerdo previo de valoración inicialmente aprobado.
3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración 
tributaria, el contenido de la propuesta se notificará a los contribuyentes quienes 
dispondrán de un plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la notificación 
de la propuesta para:
a) Aceptar la modificación.
b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.
c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará 
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación, si los contribuyentes la han aceptado.
2.º Aprobar, con la aceptación de los contribuyentes, una modificación alternativa.
3.º Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración.
4.º Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial.
4. En el caso de mediar un acuerdo con otra Administración tributaria, la modificación 
del acuerdo previo de valoración requerirá la previa modificación del acuerdo alcanzado 
con dicha Administración. A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 31 
y siguientes de este Reglamento.
5. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá 
entenderse desestimada.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto 
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que 
puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.
7. La aprobación de la modificación, tendrá los efectos previstos en el artículo 25 de 
este Reglamento, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la 
solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.
8. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial 
determinará la extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, en 
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relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación 
o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.
9. La desestimación de la modificación formulada por los contribuyentes determinará:
a) La confirmación de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, 
cuando no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) La extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, 
respecto de las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación, 
en los demás casos.
Artículo 30. Prórroga del acuerdo previo de valoración.
1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue 
el plazo de validez del acuerdo de valoración que hubiera sido aprobado. Dicha solicitud 
deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización de dicho plazo de validez 
y se acompañará de la documentación que consideren conveniente para justificar que las 
circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado.
2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración deberá ser suscrita por 
las personas o entidades que suscribieron el acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y 
deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas 
que vayan a realizar las operaciones conocen y aceptan la solicitud de prórroga.
3. La Administración tributaria dispondrá de un plazo de 6 meses para examinar la 
documentación a que se refiere el apartado 1 anterior, y notificar a los contribuyentes la 
prórroga o no del plazo de validez del acuerdo de valoración previa. A tales efectos, la 
Administración podrá solicitar cualquier información y documentación adicional.
4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber notificado la 
prórroga del plazo de validez del acuerdo de valoración previa, la solicitud podrá 
considerarse desestimada.
5. La resolución por la que se acuerde la prórroga del acuerdo o el acto presunto 
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que 
puedan interponerse contra los actos de liquidación que en puedan dictarse.
Sección 2.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas con otras 
administraciones tributarias
Artículo 31. Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras 
Administraciones tributarias.
El procedimiento para la celebración de acuerdos con otras Administraciones tributarias 
se regirá por las normas previstas en este capítulo con las especialidades establecidas en 
los artículos 32 a 36 de este Reglamento.
Artículo 32. Inicio del procedimiento.
1. En el caso de que los contribuyentes soliciten que la propuesta formulada se 
someta a la consideración de otras Administraciones tributarias del país o territorio en el 
que residan las personas o entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará la 
procedencia de iniciar dicho procedimiento. La desestimación del inicio del procedimiento 
deberá ser motivada, y no podrá ser impugnada.
2. Cuando la Administración tributaria en el curso de un procedimiento previo de 
valoración, considere oportuno someter el asunto a la consideración de otras 
Administraciones tributarias que pudieran resultar afectadas, lo pondrá en conocimiento 
las personas o entidades vinculadas. La aceptación por parte del contribuyente será 
requisito previo a la comunicación a la otra Administración.
3. El contribuyente deberá presentar la solicitud de inicio acompañada de la 
documentación prevista en el artículo 22 de este Reglamento.
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Artículo 33. Tramitación.
1. En el curso de las relaciones con otras Administraciones tributarias, las personas 
o entidades vinculadas vendrán obligados a facilitar cuantos datos, informes, antecedentes 
y justificantes tengan relación con la propuesta de valoración.
Los contribuyentes podrán participar en las actuaciones encaminadas a concretar el 
acuerdo, cuando así lo convengan los representantes de ambas Administraciones 
tributarias.
2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en 
conocimiento de los sujetos interesados, cuya aceptación será un requisito previo a la 
firma del acuerdo entre las Administraciones implicadas.
La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta 
de valoración.
Artículo 34. Resolución.
En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, el órgano competente suscribirá el 
acuerdo con las otras Administraciones tributarias, dándose traslado de una copia del 
mismo a los interesados.
Artículo 35. Órganos competentes.
Será competente para iniciar, informar, instruir el procedimiento, establecer las 
relaciones pertinentes con las Administraciones a que se refiere el artículo anterior, 
resolver el procedimiento y suscribir el acuerdo con la otra Administración tributaria el 
órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con 
sus normas de estructura orgánica.
Artículo 36. Solicitud de otra Administración tributaria.
Cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria la iniciación 
de un procedimiento dirigido a suscribir un acuerdo para la valoración de operaciones 
realizadas entre personas o entidades vinculadas se observarán las reglas previstas en los 
artículos anteriores en cuanto resulten de aplicación.
CAPÍTULO VIII
Documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas 
residentes en paraísos fiscales
Artículo 37. Documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas 
residentes en paraísos fiscales.
A efectos de lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, quienes realicen 
operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios considerados 
como paraísos fiscales estarán obligados a mantener a disposición de la Administración 
tributaria la documentación específica prevista en el capítulo V del título I de este 
Reglamento, con las siguientes especialidades:
a) No será de aplicación lo establecido en la letra d) del artículo 13.3 de este 
Reglamento.
b) Deberá mantenerse la documentación relativa a todas las operaciones realizadas 
con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado como 
paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o en 
Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista un efectivo 
intercambio de información en materia tributaria en los términos previstos en el apartado 4 
de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas 
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para la prevención del fraude fiscal, y el contribuyente acredite que las operaciones 
responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan 
actividades económicas.
c) La documentación a que se refiere el artículo 16.1.a) de este Reglamento deberá 
comprender, adicionalmente, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o 
entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, la 
identificación de las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan 
intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la 
identificación de los administradores de las mismas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto tendrá la 
consideración de dato cada una de las personas y administradores a que se refiere esta 
letra.
d) A las operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios 
considerados como paraísos fiscales, que no tengan la consideración de personas o 
entidades vinculadas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto, 
no les será exigible la documentación específica del contribuyente prevista en el artículo 16 
de este Reglamento respecto de servicios y compraventas internacionales de mercancías, 
incluidas las comisiones de mediación en estas, así como los gastos accesorios y conexos, 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que el contribuyente pruebe que la realización de la operación a través de un 
país o territorio considerado como paraíso fiscal responde a la existencia de motivos 
económicos válidos
2.º Que el contribuyente realice operaciones equiparables con personas o entidades 
no vinculadas que no residan en países o territorios considerados como paraísos fiscales 
y acredite que el valor convenido de la operación se corresponde con el valor convenido 
en dichas operaciones equiparables, una vez efectuadas, en su caso, las correspondientes 
correcciones que resulten necesarias.
CAPÍTULO IX
Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación 
científica o de innovación tecnológica
Artículo 38. Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación 
científica o de innovación tecnológica.
1. Las personas o entidades que tengan el propósito de realizar actividades de 
investigación científica o de innovación tecnológica podrán solicitar a la Administración 
tributaria la valoración, conforme a las reglas del Impuesto sobre Sociedades y, con 
carácter previo y vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que 
consideren susceptibles de disfrutar de la deducción a la que se refiere el artículo 35 de la 
Ley del Impuesto.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de efectuar los gastos 
correspondientes y contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación de la persona o entidad solicitante.
b) Identificación y descripción del proyecto de investigación científica o innovación 
tecnológica a que se refiere la solicitud, indicando las actividades concretas que se 
efectuarán, los gastos en los que se incurrirá para la ejecución de las mismas y el período 
de tiempo en el que se realizarán tales actividades.
c) Propuesta de valoración de los gastos que se realizarán, expresando la regla de 
valoración aplicada y las circunstancias económicas que hayan sido tomadas en 
consideración.
3. La Administración tributaria examinará la documentación referida en el apartado 
anterior, pudiendo requerir al solicitante cuantos datos, informes, antecedentes y 
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justificantes tengan relación con la solicitud. Tanto la Administración tributaria como el 
solicitante podrán solicitar o aportar informes periciales que versen sobre el contenido de 
la propuesta de valoración. Asimismo, podrán proponer la práctica de las pruebas que 
entiendan pertinentes por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
4. Una vez instruido el procedimiento y con anterioridad a la redacción de la 
propuesta de resolución, la Administración tributaria lo pondrá de manifiesto al solicitante, 
junto con el contenido y las conclusiones de las pruebas efectuadas y los informes 
solicitados, para que pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y 
justificantes que estime pertinentes en el plazo de 15 días.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar la propuesta formulada inicialmente por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, otra propuesta de valoración que 
difiera de la inicialmente presentada
c) Desestimar la propuesta formulada por el contribuyente.
6. La resolución será motivada y, en el caso de que sea aprobatoria, contendrá, al 
menos:
a) Lugar y fecha de su formalización
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal del contribuyente.
c) Conformidad del contribuyente con la valoración realizada.
d) Descripción de la operación a que se refiere la propuesta.
e) Valoración realizada por la Administración tributaria conforme a las normas del 
Impuesto sobre Sociedades, con indicación de los gastos y de las actividades concretas a 
que se refiere, así como del método de valoración utilizado, con indicación de sus 
elementos esenciales.
f) Plazo de vigencia de la valoración y fecha de su entrada en vigor.
7. El procedimiento deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses, contados desde 
la fecha en que la propuesta haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano 
administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento 
de la Administración tributaria. La falta de contestación de la Administración tributaria en 
los plazos indicados implicará la aceptación de los valores propuestos por el contribuyente.
8. La resolución que se dicte no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y 
reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que se efectúen 
como consecuencia de la aplicación de los valores establecidos en la resolución.
9. La Administración tributaria deberá aplicar la valoración de los gastos que resulte de la 
resolución durante su plazo de vigencia, siempre que no se modifique la legislación o varíen 
significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron dicha valoración.
10. La documentación aportada por el solicitante únicamente tendrá efectos en 
relación con este procedimiento. Los funcionarios que intervengan en el procedimiento 
deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los documentos y 
demás información que conozcan en el curso del mismo.
11. El órgano competente para informar, instruir y resolver el procedimiento será el 
órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con 
sus normas de estructura orgánica.
CAPÍTULO X
Acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas 
procedentes de determinados activos intangibles
Artículo 39. Inicio del procedimiento.
1. Las personas o entidades que tengan el propósito de realizar las operaciones 
susceptibles de acogerse a la reducción recogida en el artículo 23 de la Ley del Impuesto, 
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podrán solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de valoración de los 
ingresos procedentes de la cesión de los activos a que se refiere el apartado 1 de dicho 
artículo y de los gastos asociados a los mismos, así como de las rentas generadas en la 
transmisión, o un acuerdo previo de calificación y valoración que comprenderá la 
calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere 
el apartado 1 de dicho artículo, y la valoración de los ingresos y gastos asociados a los 
mismos, así como de las rentas generadas en la transmisión.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito, con carácter previo a la realización de 
las operaciones que motiven la aplicación de la reducción del artículo 23 de la Ley del 
Impuesto, y contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación de la persona o entidad solicitante y de las personas o entidades 
cesionarios.
b) Descripción del activo que pretende ser objeto de cesión o transmisión.
c) En su caso, descripción del derecho de uso o explotación que se pretende 
establecer y duración del mismo.
d) En el procedimiento de calificación y valoración, calificación motivada de los 
activos a los efectos del artículo 23 de la Ley del Impuesto.
e) Propuesta de valoración de los ingresos y de los gastos asociados a la cesión del 
activo, o de las rentas generadas en su transmisión con indicación del valor de adquisición 
y transmisión, expresando el método o criterio de valoración aplicado y las circunstancias 
económicas que hayan sido tomadas en consideración.
f) Demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de 
juicio por parte de la Administración tributaria.
3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la propuesta de valoración, o de calificación y valoración, que se pretende 
formular carezca manifiestamente de fundamento para determinar el valor de los ingresos 
procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asociados, o bien de las rentas 
generadas en la transmisión, o la calificación del activo como apto.
b) Que se hubiesen desestimado propuestas de valoración, o de calificación y 
valoración, sustancialmente iguales a la propuesta que se pretende formular.
4. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación con el 
procedimiento regulado en este capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del 
mismo.
5. Lo previsto en los apartados anteriores no eximirá a los contribuyentes de las 
obligaciones que les incumben de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en otra disposición.
6. En los casos de desistimiento, archivo, inadmisión o desestimación de la propuesta 
se procederá a la devolución de la documentación aportada.
Artículo 40. Tramitación.
1. La Administración tributaria examinará la solicitud junto con la documentación 
presentada. A estos efectos, podrá requerir a los contribuyentes, en cualquier momento, 
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así 
como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.
2. En el procedimiento del acuerdo previo de calificación y valoración, el órgano 
competente para instruir deberá solicitar informe vinculante a la Dirección General de 
Tributos, en relación con la calificación de los activos a efectos de la aplicación de la 
reducción del artículo 23 de la Ley del Impuesto. En caso de estimarlo procedente, la 
Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto al Ministerio 
de Economía y Competitividad.
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La Dirección General de Tributos evacuará el informe, que se comunicará al órgano 
solicitante en el plazo máximo de 3 meses. Este plazo no computará en el plazo máximo 
establecido en el apartado 6 del artículo 41 de este Reglamento.
Artículo 41. Terminación y efectos del acuerdo.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento del acuerdo previo de valoración 
podrá:
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que 
difiera de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento del acuerdo previo de calificación y 
valoración podrá:
a) Calificar los activos como no aptos a los efectos del artículo 23 de la Ley del 
Impuesto.
b) Calificar los activos como aptos y aprobar la propuesta de valoración formulada 
inicialmente por el contribuyente.
c) Calificar los activos como aptos y aprobar otra propuesta alternativa, con la 
aceptación del contribuyente.
d) Calificar los activos como aptos y desestimar la propuesta de valoración formulada 
por el contribuyente.
3. El acuerdo previo de valoración, o de calificación y valoración, tendrá carácter 
vinculante y se formalizará en un documento que incluirá al menos:
a) Lugar y fecha de su formalización.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal del contribuyente.
c) Conformidad del contribuyente con el contenido del acuerdo.
d) Descripción de la operación a la que se refiere la propuesta.
e) En el caso del acuerdo previo de calificación y valoración, calificación motivada de 
los activos a los efectos del artículo 23 de la Ley del Impuesto.
f) Valoración que se derive del acuerdo, con indicación de los elementos esenciales 
del método de valoración empleado, así como las circunstancias económicas que deban 
entenderse básicas en orden a su aplicación.
g) Plazo de vigencia del acuerdo y fecha de entrada en vigor del mismo.
4. En la desestimación de la propuesta de valoración o de calificación y valoración se 
incluirá junto con la identificación del contribuyente los motivos por los que la Administración 
tributaria desestima la misma.
5. El desistimiento del solicitante determinará la terminación del procedimiento.
6. El procedimiento deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse 
desestimada.
7. La Administración tributaria y el contribuyente deberán aplicar la valoración y, en 
su caso, calificación, que resulte de la resolución, durante su plazo de vigencia, siempre 
que no varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron dicha 
calificación y valoración.
8. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones 
descritos en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que 
la propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada. Cuando de la comprobación 
resultare que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se 
corresponden con la realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada 
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correctamente, la Inspección de los Tributos procederá a regularizar la situación tributaria 
de los contribuyentes.
9. La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no 
serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de 
liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.
Artículo 42. Órgano competente.
Será competente para instruir, resolver y, en el caso de modificación del acuerdo, 
iniciar, el procedimiento a que se refiere este capítulo el órgano de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura 
orgánica.
Artículo 43. Modificación del acuerdo previo de valoración o de calificación y valoración.
1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas que han 
determinado la valoración, existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo 
de valoración, o de calificación y valoración, éste podrá ser modificado para adecuarlo a 
las nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modificación podrá iniciarse 
de oficio o a instancia de los contribuyentes.
2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por la persona o entidad solicitante, 
y deberá contener la siguiente información:
a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) Modificación de la valoración que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.
El desistimiento del solicitante determinará la terminación del procedimiento.
La Administración tributaria podrá requerir a los contribuyentes, en cualquier momento, 
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así 
como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y 
previa audiencia del contribuyente, que dispondrá al efecto de un plazo de 15 días, dictará 
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación de valoración formulada por el contribuyente.
2.º Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que 
difiera de la inicialmente presentada.
3.º Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, confirmando o dejando 
sin efecto la propuesta de valoración inicialmente aprobada. No obstante, no afectará a la 
calificación de los activos, realizada en el acuerdo previo de calificación y valoración inicial.
3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración 
tributaria, el contenido de la propuesta se notificará al contribuyente que dispondrá de un 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, para:
a) Aceptar la modificación.
b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.
c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará 
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación, si el contribuyente la ha aceptado.
2.º Aprobar la modificación alternativa formulada por el contribuyente.
3.º Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración, 
sin que afecte a la calificación de los activos en el supuesto de un acuerdo previo de 
calificación y valoración inicial.
4.º Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial.
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4. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá 
entenderse desestimada.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación no será recurrible, 
sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de 
liquidación que puedan dictarse.
6. La aprobación de la modificación tendrá los efectos previstos en el artículo 41 de 
este Reglamento, desde la solicitud de la modificación o, en su caso, desde la comunicación 
de propuesta de modificación.
7. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial, 
o de calificación y valoración inicial en relación con la valoración, determinará, respecto de 
ésta, la extinción de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, desde la 
solicitud de la modificación o, en su caso, desde la comunicación de propuesta de 
modificación.
8. La desestimación de la modificación formulada por el contribuyente determinará:
a) La confirmación de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, 
cuando no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) La extinción de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, desde 
la desestimación.
Artículo 44.  Prórroga del acuerdo previo de valoración o del acuerdo previo de calificación 
y valoración.
1. El contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el 
plazo de validez del acuerdo de valoración, o de calificación y valoración, que hubiera sido 
aprobado. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización 
de dicho plazo de validez y se acompañará de la documentación que considere 
conveniente para justificar que las circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud 
original no han variado.
2. La Administración tributaria dispondrá de un plazo de 6 meses para examinar la 
documentación a que se refiere el apartado 1 anterior, y notificar a los contribuyentes la 
prórroga o no del plazo de validez del acuerdo previo de valoración, o de calificación y 
valoración. A tales efectos, la Administración podrá solicitar cualquier información y 
documentación adicional así como la colaboración del contribuyente.
3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber notificado la 
prórroga del plazo de validez del acuerdo previo de valoración, o de calificación y 
valoración, la solicitud podrá considerarse desestimada.
4. La resolución por la que se acuerde o se deniegue la prórroga o el acto presunto 
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que 
puedan interponerse contra los actos de liquidación que en su día puedan dictarse.
TÍTULO II
Límites en las ayudas derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea
Artículo 45. Límites de la acumulación de las ayudas al sector cinematográfico.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley del Impuesto 
resultará de aplicación, siempre que se tengan en cuenta los siguientes límites:
a) Las producciones que generen derecho a la referida deducción deberán tener un 
coste mínimo de 2 millones de euros.
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b) La base de la deducción no podrá superar el 80 por ciento del coste total de la 
producción.
TÍTULO III
Reglas de aplicación de determinados regímenes especiales
CAPÍTULO I
Agrupaciones de interés económico españolas y europeas, uniones temporales de 
empresas
Artículo 46. Obligaciones de las agrupaciones de interés económico, españolas y 
europeas, y de las uniones temporales de empresas.
1. Las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, a las que resulte 
de aplicación el régimen especial previsto en el capítulo II del título VII de la Ley del 
Impuesto, deberán presentar, conjuntamente con su declaración por dicho Impuesto, una 
relación de las personas o entidades que ostenten los derechos inherentes o la cualidad 
de socio o empresa miembro el último día del período impositivo, con los siguientes datos:
a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las 
personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de 
socio.
b) Importe total de las cantidades a imputar a las personas o entidades que ostenten 
los derechos inherentes o la cualidad de socio o empresa miembro que sean residentes en 
territorio español o no residentes con establecimiento permanente en el mismo, relativas a 
los siguientes conceptos:
1.º Resultado contable.
2.º Gastos financieros netos no deducidos por la entidad.
3.º Reserva de capitalización no aplicada por la entidad.
4.º Base imponible, minorada o incrementada, en su caso, en las cantidades 
derivadas de la aplicación de la reserva de nivelación.
5.º Base de las deducciones para evitar la doble imposición internacional y, en su 
caso, porcentaje de participación en la entidad de la que procede la renta.
6.º Base de las bonificaciones.
7.º Base de las deducciones para incentivar la realización de determinadas 
actividades, así como, en su caso, la base de la deducción por inversiones en elementos 
del inmovilizado material nuevos.
8.º Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la agrupación de interés 
económico.
c) Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, 
distinguiendo los que correspondan a ejercicios en que a la entidad no le hubiese sido 
aplicable el régimen especial.
2. Las agrupaciones de interés económico deberán notificar a las personas o 
entidades que ostenten los derechos económicos inherentes o la cualidad de socio o 
empresa miembro las cantidades totales a imputar y la imputación individual realizada con 
los conceptos previstos en la letra b) del apartado anterior, en cuanto fueran imputables de 
acuerdo con las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
3. A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios 
establecida en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 43 de la Ley del Impuesto, las 
agrupaciones deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente 
información:
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Núm. 165  Sábado 11 de julio de 2015  Sec. I.   Pág. 57766
a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los 
que tributaron en régimen general.
b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los 
que tributaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a socios 
residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residentes en 
territorio español.
c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a 
reservas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de 
beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.
4. Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán 
ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado, 
aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.
5. Las obligaciones de información establecidas en los apartados 3 y 4 de este 
artículo serán también exigibles respecto de las sucesivas entidades que ostenten la 
titularidad de las reservas referidas en la letra b) del apartado 3.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, en la medida en que 
resulte de aplicación, obligará a las uniones temporales de empresas sujetas al 
régimen especial previsto en el capítulo II del título VII de la Ley del Impuesto, en 
relación con sus empresas miembros residentes en territorio español el último día del 
período impositivo.
CAPÍTULO II
Régimen de consolidación fiscal
Artículo 47.  Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al 
régimen de consolidación fiscal.
1. El ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se comunicará a la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la 
entidad representante o a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes cuando la entidad representante se halle adscrita a ellas.
La comunicación contendrá los siguientes datos:
a) Identificación de las entidades que integran el grupo fiscal.
En el caso de que la entidad dominante sea no residente en territorio español se 
exigirá, adicionalmente, la identificación de esta.
En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio 
español, se exigirá, adicionalmente, la identificación de la entidad no residente en territorio 
español a la que pertenecen aquellos.
b) Copia de los acuerdos por los que las entidades del grupo han optado por el 
régimen de consolidación fiscal y, en el caso de que la entidad dominante sea no residente 
en territorio español, documento en el que se designe a la entidad representante.
c) Relación del porcentaje de participación directo o indirecto mantenido por la 
entidad dominante respecto de todas y cada una de las entidades que integran el grupo 
fiscal, porcentaje de derechos de voto poseídos sobre las mismas y la fecha de adquisición 
de las respectivas participaciones.
La entidad representante manifestará que se cumplen todos los requisitos establecidos 
en el artículo 58 de la Ley del Impuesto.
2. Los órganos administrativos referidos en el apartado anterior comunicarán a la 
entidad representante el número del grupo fiscal otorgado.
3. Será competente para la comprobación e investigación de las entidades integradas 
en los grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal el órgano de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de 
estructura orgánica.
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CAPÍTULO III
Régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y 
cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa 
Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea
Artículo 48. Comunicación del régimen especial.
1. La realización de las operaciones reguladas en el capítulo VII del título VII de la 
Ley del Impuesto deberá ser objeto de comunicación a la Administración tributaria.
La comunicación será efectuada por la entidad adquirente de las operaciones, salvo 
que la misma no sea residente en territorio español, en cuyo caso dicha comunicación se 
efectuará por la entidad transmitente.
No obstante, tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente ni la 
transmitente sean residentes en territorio español, la comunicación deberá ser efectuada 
por los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes en territorio 
español. En caso contrario, la comunicación la realizará la entidad transmitente.
2. La comunicación deberá efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes 
a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación.
Si la inscripción no fuera necesaria, el plazo se computará desde la fecha en que se 
otorgue la escritura pública o documento equivalente que corresponda a la operación.
En las operaciones de cambio de domicilio social, la comunicación deberá efectuarse 
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción en el registro del 
Estado miembro del nuevo domicilio social de la escritura pública o documento equivalente 
en que se documente la operación.
No obstante, tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente ni la 
transmitente sean residentes en territorio español, la comunicación se realizará en el 
plazo previsto para la presentación de las declaraciones o autoliquidaciones 
correspondientes a los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes 
en territorio español. En caso contrario, se aplicará el plazo previsto en el primer párrafo 
de este apartado.
3. La comunicación se dirigirá a la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del domicilio fiscal de las entidades, o establecimientos 
permanentes si se trata de entidades no residentes, que, conforme a los apartados 
anteriores, estén obligadas a efectuarla, o a las Dependencias Regionales de Inspección 
o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, tratándose de contribuyentes 
adscritos a las mismas.
Artículo 49. Contenido de la comunicación.
La comunicación deberá contener:
a) Identificación de las entidades participantes en la operación y descripción de la 
misma.
b) Copia de la escritura pública o documento equivalente que corresponda a la 
operación.
c) En el caso de que las operaciones se hubieran realizado mediante una oferta 
pública de adquisición de acciones, también deberá aportarse copia del correspondiente 
folleto informativo.
d) Indicación, en su caso, de la no aplicación del régimen fiscal especial del capítulo 
VII del título VII de la Ley del Impuesto.
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CAPÍTULO IV
Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
Artículo 50. Contratos de arrendamiento financiero.
1. El ejercicio de la opción establecida en el apartado 8 del artículo 106 de la Ley del 
Impuesto será objeto de comunicación a la Dirección General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La comunicación de la opción deberá realizarse antes de la finalización del período 
impositivo en el que se pretenda que surta efectos.
3. La comunicación contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
a) Identificación del activo objeto del contrato de arrendamiento financiero.
b) Indicación de la fecha de inicio efectivo y fin del período de construcción del activo.
c) Determinación de los importes y del momento temporal en que se van a satisfacer 
las cuotas del contrato de arrendamiento financiero.
d) Indicación de que los activos reúnen requisitos técnicos y de diseño singulares y 
que no se corresponden con una producción en serie.
CAPÍTULO V
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros
Artículo 51. Comunicación de la opción y de la renuncia en el régimen de las entidades 
de tenencia de valores extranjeros.
1. La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros 
deberá comunicarse a la Administración tributaria.
2. El régimen se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a la 
comunicación y a los sucesivos que concluyan antes de que se comunique a la 
Administración tributaria la renuncia al mismo.
CAPÍTULO VI
Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje
Artículo 52. Ámbito de aplicación: explotación de buques.
1. Podrán optar por la tributación por este régimen:
a) Las entidades cuyo objeto social incluya la explotación de buques propios o 
arrendados. La opción deberá referirse a todos los buques, propios o arrendados, que 
explote el solicitante, así como a los que se adquieran o arrienden con posterioridad.
b) Las entidades que realicen, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación de 
buques. La opción comprenderá todos los buques gestionados por el solicitante, así como 
los que gestione con posterioridad.
En ambos supuestos, los buques deberán cumplir los requisitos del apartado 2 del 
artículo 113 de la Ley de Impuesto.
2. La opción podrá extenderse a todos los buques tomados en fletamento por el 
solicitante. No obstante lo anterior, el tonelaje neto de los buques tomados en fletamento 
no podrá superar el 75 por ciento del tonelaje total de la flota de la entidad o, en su caso, 
del grupo fiscal que aplique el régimen, quedando excluidos de éste los buques que 
ocasionen la superación de dicho límite.
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Artículo 53. Procedimiento de solicitud del régimen.
1. La solicitud que, en su caso, deberá estar referida a la totalidad de los buques 
explotados, o respecto de los que se realice la gestión técnica y de tripulación, por las 
entidades del mismo grupo fiscal que cumplan las condiciones indicadas en el artículo 
anterior deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Estatutos de la entidad, o proyecto de éstos si aún no se ha constituido.
b) Respecto de las entidades ya constituidas, certificado de inscripción de la entidad 
en el registro de buques y empresas navieras o en el registro especial de buques y 
empresas navieras, y respecto de las no constituidas, proyecto de constitución o solicitud 
de inscripción en los citados registros. Esta documentación no se exigirá a las entidades 
que realicen, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación de buques.
c) Identificación y descripción de las actividades de las entidades respecto de las 
cuales se solicita la aplicación del régimen.
d) Acreditación, respecto de cada buque, del título en virtud del cual se utiliza o se 
utilizará, o se lleva a cabo, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación, del ámbito 
territorial en el que se llevará a cabo su gestión estratégica y comercial, de su abanderamiento 
y de su afectación exclusiva a las actividades contempladas en el artículo 113.2.b) de la Ley 
del Impuesto.
e) En el caso de sociedades ya constituidas, el último balance aprobado de la 
entidad.
f) Acreditación o, en el caso de entidades no constituidas, previsión del valor neto 
contable y del valor de mercado de los buques en que concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 114 de la Ley del Impuesto.
g) En el caso de entidades que realicen, en su totalidad, la gestión técnica y de 
tripulación de buques, documento demostrativo del cumplimiento de las prescripciones del 
código CGS, expedido en los términos establecidos en la prescripción 13.2 del Código 
Internacional de Gestión y para la Seguridad de la Explotación de los buques y la 
prevención de la contaminación, adoptado por la Organización Marítima Internacional 
mediante la Resolución A 741.
2. La solicitud se presentará antes de la finalización del período impositivo respecto 
del que se pretende que tenga efectos.
3. El órgano competente para la instrucción y resolución de este procedimiento será 
la Dirección General de Tributos, que podrá solicitar del contribuyente cuantos datos, 
informes, antecedentes y justificantes sean necesarios.
Asimismo, podrá recabar informe de los organismos competentes para verificar la 
existencia de una contribución a los objetivos de la política comunitaria de transporte 
marítimo, especialmente en lo relativo al nivel tecnológico de los buques que garantice la 
seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación del medio ambiente y al 
mantenimiento del empleo comunitario tanto a bordo como en tareas auxiliares al transporte 
marítimo, y para verificar la actividad realizada por las entidades que realicen, en su totalidad, 
la gestión técnica y de tripulación de buques. La solicitud del citado informe determinará la 
interrupción del plazo de resolución a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes.
4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 
días para formular las alegaciones, así como para presentar los documentos y 
justificaciones que estime oportunos.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada y podrá:
a) Autorizar el régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, 
determinando el período impositivo a partir del cual surtirá efectos. La autorización se 
concederá por un período de diez años.
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b) Desestimar la concesión del régimen de las entidades navieras en función del 
tonelaje.
La solicitud deberá resolverse en el plazo de tres meses, contados desde la fecha en 
que la solicitud haya sido presentada o desde la fecha de su subsanación a requerimiento 
de dicho órgano, transcurrido el cual podrá entenderse denegada.
6. El contribuyente podrá solicitar prórrogas de la autorización inicial por períodos 
adicionales de diez años. Dicha solicitud de prórroga se presentará antes de que finalice 
el período impositivo respecto del que se pretende que tenga efectos.
7. Si con posterioridad a la concesión de una autorización el contribuyente adquiere, 
arrienda, toma en fletamento o gestiona, en su totalidad, otros buques que cumplan los 
requisitos del régimen, deberá presentar, en los términos expuestos en los apartados 
anteriores, una nueva solicitud referida a estos. La autorización adicional se concederá por 
el período temporal de vigencia que reste a la autorización inicial de régimen.
Artículo 54. Renuncia e incumplimiento del régimen.
1. El contribuyente podrá renunciar a la aplicación del régimen. La renuncia se 
presentará antes de que finalice el período impositivo respecto del que se pretende que 
tenga efectos. Durante los cinco años siguientes a la fecha anterior no se podrá solicitar 
una nueva aplicación del régimen.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en este régimen supondrá la 
pérdida inmediata del derecho a aplicarlo y determinará la obligación de ingresar, 
conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en que dicho 
incumplimiento tuvo lugar, las cuotas íntegras correspondientes a todos los ejercicios en 
los que el régimen resultó de aplicación, calculadas conforme al régimen general del 
Impuesto, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, 
resulten procedentes. Durante los cinco años siguientes a la fecha de inicio del período 
impositivo en que tuvo lugar el incumplimiento no se podrá solicitar una nueva aplicación 
del régimen.
CAPÍTULO VII
Partidos políticos
Artículo 55.  Explotaciones económicas propias de los Partidos Políticos exentas en el 
Impuesto sobre Sociedades.
1. Para disfrutar de la exención prevista en el artículo 10.º, dos.d) de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, estos deberán 
formular solicitud dirigida al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria antes de que finalice el periodo impositivo en que deba surtir 
efectos.
El partido político solicitante aportará, junto con el escrito de solicitud, copia simple de 
la escritura de constitución y estatutos, certificado de inscripción en el Registro de Partidos 
Políticos del Ministerio de Interior así como, memoria, en la que se explique y justifique que 
las explotaciones económicas para las que solicita la exención coinciden con su propia 
actividad.
A estos efectos, se entenderá que las explotaciones económicas coinciden con la 
actividad propia del partido político cuando:
a) Contribuyan directa o indirectamente a la consecución de sus fines.
b) Cuando el disfrute de esta exención no produzca distorsiones en la competencia 
en relación con empresas que realicen la misma actividad.
c) Que se preste en condiciones de igualdad a colectividades genéricas de personas. 
Se entenderá que no se cumple este requisito cuando los promotores, afiliados, 
compromisarios y miembros de sus órganos de dirección y administración, así como los 
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cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, sean los 
destinatarios principales de la actividad o se beneficien de condiciones especiales para 
utilizar sus servicios.
2. El órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de 
acuerdo con sus normas de estructura orgánica resolverá de forma motivada la exención 
solicitada. Dicha exención quedará condicionada, a la concurrencia en todo momento, de 
las condiciones y requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/2007 y en el presente artículo.
Se entenderá otorgada la exención si el citado órgano no ha notificado la resolución en 
un plazo de seis meses.
3. Una vez concedida la exención a que se refieren los apartados anteriores no será 
preciso reiterar su solicitud para su aplicación a los períodos impositivos siguientes, salvo 
que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.
El partido político deberá comunicar al órgano de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura orgánica cualquier 
modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación de la 
exención. Dicho órgano podrá declarar, previa audiencia del partido político por un plazo 
de diez días, si procede o no la continuación de la aplicación de la exención. De igual 
forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca por cualquier medio la 
modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación de la exención.
4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de esta exención 
determinará la pérdida del derecho a su aplicación a partir del propio período impositivo en 
que se produzca dicho incumplimiento.
5. Para favorecer el adecuado control de la actividad económico-financiera de los 
partidos políticos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará al Tribunal de 
Cuentas las solicitudes de exención presentadas y el resultado de las mismas.
Artículo 56. Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar 
a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por los partidos políticos.
La acreditación de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la obligación de 
retener o ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 11.º, dos de la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se efectuará mediante certificado 
expedido por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que 
corresponda de acuerdo con sus normas de estructura orgánica, previa solicitud a la que 
se acompañará copia del certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del 
Ministerio del Interior.
Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha 
de su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso del solicitante.
TÍTULO III
Gestión del Impuesto
CAPÍTULO I
Índice de entidades, devolución y obligaciones de colaboración
Artículo 57. Índice de entidades.
1. Mediante el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a que se refiere 
el artículo 9 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimiento de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, se 
llevará en cada una de las Delegaciones el índice de entidades a que se refiere el 
artículo 118 de la Ley del Impuesto.
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2. Las modificaciones censales y solicitudes de baja del índice de los contribuyentes 
adscritos a las Dependencias Regionales de Inspección y a la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes se dirigirán, en el primer caso, a las Delegaciones Especiales 
correspondientes a su domicilio fiscal y en el segundo a la referida Delegación Central.
3. Cuando se hubiera dictado acuerdo de baja provisional como consecuencia de lo 
previsto en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 119 de la Ley del Impuesto y, 
posteriormente, la entidad presentara las declaraciones omitidas, el órgano competente de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acordará la rehabilitación de la inscripción 
en el índice y remitirá el acuerdo al Registro Público en el que se hubiera extendido la nota 
marginal correspondiente para la cancelación de la misma.
Artículo 58. Devolución.
Las devoluciones a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Impuesto se realizarán 
por transferencia bancaria. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá 
autorizar la devolución por cheque cruzado cuando concurran las circunstancias que lo 
justifiquen.
Artículo 59. Colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones.
1. La Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la 
presentación de declaraciones por este Impuesto a través de acuerdos con las 
Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas, con entidades, instituciones 
y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o 
profesionales.
2. Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior podrán referirse, entre otros, a 
los siguientes aspectos:
a) Campañas de información y difusión.
b) Asistencia en la realización de declaraciones y en su cumplimentación correcta y 
veraz.
c) Remisión de declaraciones a la Administración tributaria.
d) Subsanación de defectos, previa autorización de los contribuyentes.
e) Información del estado de tramitación de las devoluciones, previa autorización de 
los contribuyentes.
3. La Administración tributaria proporcionará la asistencia técnica necesaria para el 
desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer dichos servicios con 
carácter general a los contribuyentes.
4. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 
establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan suscrito los 
citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos declaraciones, declaraciones-
liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en 
representación de terceras personas.
Dicha Orden podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho 
sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas.
CAPÍTULO II
Obligación de retener e ingresar a cuenta
Artículo 60. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de:
a) Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de 
entidad, de la cesión a terceros de capitales propios y las restantes rentas comprendidas 
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en el artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o 
combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de 
determinados bienes, productos o servicios.
c) Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos 
de administrador o consejero en otras sociedades.
d) Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o 
del consentimiento o autorización para su utilización, aun cuando constituyan ingresos 
derivados de explotaciones económicas.
e) Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.
f) Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de 
inversión colectiva.
g) Las rentas obtenidas como consecuencia de la reducción de capital con devolución 
de aportaciones y de la distribución de la prima de emisión realizadas por sociedades de 
inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no 
sometidas al tipo general de gravamen u organismos de inversión colectiva equivalentes a 
las sociedades de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de 
cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la 
adquisición, cesión o rescate de sus acciones, así como por las sociedades amparadas en 
la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por 
la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de 
bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de bienes y derechos de los incluidos en 
el apartado 4 del artículo 25 de la Ley 35/2006, deberá practicar retención sobre el 
importe total.
Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas 
rústicas, conjuntamente con otros bienes muebles, no se practicará la retención excepto si 
se trata del arrendamiento o cesión de negocios o minas.
3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al perceptor respecto de las rentas de los apartados anteriores, cuando 
sean satisfechas o abonadas en especie.
Artículo 61. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:
a) Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan 
instrumento regulador de intervención en el mercado monetario y los rendimientos de las 
Letras del Tesoro.
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen 
con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro, 
estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las 
citadas cuentas.
b) Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación 
de los préstamos del Estado al crédito oficial.
c) Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades 
de crédito y establecimientos financieros de crédito inscritos en los registros especiales del 
Banco de España, residentes en territorio español.
La excepción anterior no se aplicará a los intereses y rendimientos de las obligaciones, 
bonos u otros títulos emitidos por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que integran la cartera de valores de las referidas entidades.
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d) Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas 
como pasivas que realice la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con 
sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extenderse 
esta excepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.
e) Los intereses percibidos por las sociedades de valores como consecuencia de los 
créditos otorgados en relación con operaciones de compra o venta de valores a que hace 
referencia el artículo 63.2 b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
así como los intereses percibidos por las empresas de servicios de inversión respecto de 
las operaciones activas de préstamos o depósitos mencionados en el apartado 2 del 
artículo 49 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de 
inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre.
Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses 
percibidos por sociedades o agencias de valores, en contraprestación a las garantías 
constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieros, 
en los términos a que hacen referencia los capítulos IV y V del Real Decreto 1282/2010, 
de 15 de octubre, por el que se regulan los mercados secundarios oficiales de futuros, 
opciones y otros instrumentos financieros derivados.
f) Las primas de conversión de obligaciones en acciones.
g) Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o 
participaciones efectuadas por entidades distintas de las señaladas en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento.
h) Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus 
sociedades filiales residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, en relación 
con la retención prevista en el apartado 2 del artículo 62 de este Reglamento, cuando 
concurran los requisitos establecidos en la letra h) del apartado 1 del artículo 14 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
i) Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:
1.º Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus 
empleados.
2.º Cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere 
los 900 euros anuales.
3.º Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del 
grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro 
epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al 
arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los 
epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento 
del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
4.º Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a 
que se refiere el artículo 106 de la Ley del Impuesto, en cuanto tengan por objeto bienes 
inmuebles urbanos.
j) Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económico 
española o europea y sus socios, así como los que sean exigibles entre una unión temporal 
y sus empresas miembros.
k) Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de 
crédito que constituyan ingreso de los fondos de titulización.
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l) Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por 
establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos 
financieros residentes en España.
m) Los rendimientos satisfechos a entidades que gocen de exención por el Impuesto 
en virtud de lo dispuesto en un tratado internacional suscrito por España.
n) Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos 
satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de 
consolidación fiscal.
ñ) Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de 
interés económico, españolas o europeas, y por uniones temporales de empresas, salvo 
aquellas que deban tributar conforme a las normas generales del Impuesto, que 
correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan 
de períodos impositivos durante los cuales la entidad haya tributado según lo dispuesto en 
el régimen especial del capítulo II del título VII de la Ley del Impuesto.
o) Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 9 de la Ley del Impuesto.
La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de 
prueba admitidos en derecho. Mediante la resolución del órgano competente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con su estructura 
orgánica, podrán establecerse los medios y forma para acreditar la condición de entidad 
exenta.
Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se podrá determinar 
el procedimiento para poder hacer efectiva la exoneración de la obligación de retención o 
ingreso a cuenta en relación con los rendimientos derivados de los títulos de la deuda 
pública del Estado percibidos por las entidades exentas a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 9 de la Ley del Impuesto.
p) Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 21 de la Ley del Impuesto.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, la entidad perceptora deberá comunicar a la 
entidad obligada a retener que concurren los requisitos establecidos en el citado artículo. 
La comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los 
documentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.
q) Las rentas obtenidas por los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.
2.º Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español, o en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija, sistema multilateral de negociación creado de 
conformidad con lo previsto en el título XI de la Ley 24/1988.
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen 
con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre activos financieros 
estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las 
citadas cuentas.
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los 
valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o 
reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular 
del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que 
asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en 
las operaciones antes enumeradas.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá, asimismo, las 
obligaciones de intermediación e información correspondientes a las separaciones, 
transmisiones, reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de los valores de Deuda 
pública para los que se haya autorizado la negociación separada del principal y de los 
cupones. En tales supuestos, las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada titular e informar 
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del mismo, tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, asimismo, 
proporcionarán la información correspondiente a las personas que intervengan en las 
operaciones sobre estos valores.
Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer el 
procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en esta letra.
r) Los premios a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo anterior, 
cuando su importe no sea superior a 300 euros, así como los premios de loterías y 
apuestas que, por su cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se refiere la 
disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
s) Las rentas obtenidas por los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
procedentes de Deuda emitida por las Administraciones públicas de países de la OCDE y 
activos financieros negociados en mercados organizados de dichos países.
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen 
con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre los activos financieros 
a que se refiere el párrafo precedente, estarán obligadas a retener respecto de los 
rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los 
valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o 
reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular 
del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, 
asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en 
las operaciones antes enumeradas.
Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer el 
procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en esta letra.
t) Las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones 
representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva obtenidas por:
1.º Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de 
capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida una 
inversión mínima superior al 50 por ciento de su patrimonio en acciones o participaciones 
de varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en los párrafos c) y d), 
indistintamente, del artículo 48.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, 
de 13 de julio.
2.º Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de 
capital variable regulados en la Ley 35/2003, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos 
tengan establecida la inversión de, al menos, el 85 por ciento de su patrimonio en un único 
fondo de inversión de carácter financiero de los regulados en el primer inciso del artículo 3.3 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003. Cuando esta política de inversión se 
refiera a un compartimento del fondo o de la sociedad de inversión, la excepción a la 
obligación de retener e ingresar a cuenta prevista en esta letra solo será aplicable respecto 
de las inversiones que integren la parte del patrimonio de la institución atribuida a dicho 
compartimento.
La aplicación de la exclusión de retención prevista en esta letra t) requerirá que la 
institución inversora se encuentre incluida en la correspondiente categoría que, para los 
tipos de inversión señalados en los párrafos 1 y 2, tenga establecida la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, la cual deberá constar en su folleto informativo.
u) Las cantidades satisfechas por entidades aseguradoras a los fondos de pensiones 
como consecuencia del aseguramiento de planes de pensiones.
v) Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las 
provisiones de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión.
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Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros 
deberán comunicar a las entidades obligadas a practicar la retención, con motivo de la 
transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de 
seguro en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los 
requisitos previstos en el artículo 14.2.h) de la Ley 35/2006. La entidad obligada a practicar 
la retención deberá conservar la comunicación debidamente firmada.
w) Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de entidades 
aseguradoras y de los procesos concursales a que estas se encuentren sometidas 
obtenidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo tercero del apartado 1 del artículo 24 del texto refundido del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, 
de 29 de octubre.
x) La renta que se ponga de manifiesto en las empresas tomadoras como 
consecuencia de la variación en los compromisos por pensiones que estén instrumentados 
en un contrato de seguro colectivo que haya sido objeto de un plan de financiación, en 
tanto no se haya dado cumplimiento íntegro al mismo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 36.5, segundo párrafo, del Reglamento sobre la instrumentación de los 
compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, 
aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.
y) Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de participaciones en los fondos 
regulados por el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003.
z) Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciba la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores 
por los préstamos de valores realizados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 
del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio 
de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.
Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco estará obligada a 
practicar retención por las remuneraciones y compensaciones derivadas de los préstamos 
de valores tomados en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 57, que abone a 
las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la sujeción de dichas 
rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la normativa reguladora del 
correspondiente impuesto personal del prestamista, que, cuando proceda, deberá 
practicarla la entidad participante que intermedie en su pago a aquél, a cuyo efecto no se 
entenderá que efectúa una simple mediación de pago.
Artículo 62. Sujetos obligados a retener o a efectuar un ingreso a cuenta.
1. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta cuando satisfagan o abonen 
rentas de las previstas en el artículo 60 de este Reglamento:
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y 
de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.
b) Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus 
actividades.
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio 
español, que operen en él mediante establecimiento permanente.
2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando 
se limite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de una 
cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de entidades depositarias 
de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su 
cargo la gestión de cobro de las rentas de dichos valores. Las citadas entidades 
depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no 
hayan soportado retención previa en España.
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3. En el caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona 
o entidad que los satisfaga.
4. En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:
a) En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de activos 
financieros, la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a 
una entidad financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será 
la entidad financiera encargada de la operación.
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos 
financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o institución 
financiera que intervenga en la presentación al cobro.
b) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros incluidos 
los instrumentos de giro a los que se refiere el apartado anterior, cuando se canalice a 
través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que 
actúe por cuenta del transmitente.
A efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá que actúa por cuenta del 
transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de 
los activos financieros.
c) En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público que 
obligatoriamente debe intervenir en la operación.
5. En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la 
retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga 
en la transmisión.
6. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas 
del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, deberán practicar 
retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:
a) En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las 
sociedades gestoras, salvo por las participaciones registradas a nombre de entidades 
comercializadoras por cuenta de partícipes, respecto de las cuales serán dichas entidades 
comercializadoras las obligadas a practicar la retención o ingreso a cuenta.
b) En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital 
variable cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de 
negociación de valores, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de 
comercializador a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad 
gestora; en este caso, será esta.
c) En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las 
entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de 
las acciones o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades 
encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, 
cuando efectúen el reembolso.
d) En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el 
representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición 
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
e) En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los 
párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que 
efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará 
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 64.4 párrafo primero, 65.3 y 66 de 
este Reglamento.
7. En las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones y de 
distribución de la prima de emisión, realizadas por sociedades de inversión de capital 
variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo 
general de gravamen, deberá practicar la retención o ingreso a cuenta la propia sociedad.
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En el caso de instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios, constituidas y domiciliadas en algún Estado 
miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en 
España, estarán obligados a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades 
comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones 
o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la 
colocación o distribución de los valores, que intervengan en el pago de las rentas
Cuando se trate de organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades 
de inversión de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier 
limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisición, 
cesión o rescate de sus acciones, la obligación de practicar la retención o ingreso a cuenta 
corresponderá a la entidad depositaria de los valores o que tenga encargada la gestión de 
cobro de las rentas derivadas de los mismos.
En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta 
conforme a los párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o 
partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de 
emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas 
en los artículos 64.8, 65.1 y 66 de este Reglamento.
8. En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras que operen 
en régimen de libre prestación de servicios, estará obligado a practicar retención o ingreso 
a cuenta el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1 del 
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
9. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el 
Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.
La retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento 
sea la Administración del Estado, se efectuará de forma directa.
Artículo 63.  Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la transmisión, 
reembolso y amortización de activos financieros.
1. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquellos 
en los que el rendimiento se genere mediante diferencia entre el importe satisfecho en la 
emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de 
aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a 
través de cualesquier valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.
Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o 
reembolso.
Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de 
colocación, giradas sobre el precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las 
prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador, 
intermediario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los 
activos financieros regulados en esta norma.
Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento 
de giro incluso los originados en operaciones comerciales, a partir del momento en que se 
endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de 
proveedores o suministradores.
2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquellos 
que generen intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como contraprestación 
a la cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de 
rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.
3. Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos 
financieros con rendimiento explícito cuando el efectivo anual que produzcan de esta 
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naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión, 
aunque en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiese fijado, de 
forma implícita, otro rendimiento adicional. Este tipo de referencia será, durante cada 
trimestre natural, el 80 por ciento del tipo efectivo correspondiente al precio medio 
ponderado redondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre 
precedente, correspondiente a bonos del Estado a tres años, si se tratara de activos 
financieros con plazo igual o inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si se 
tratara de activos financieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, 
y a obligaciones del Estado a 10, 15 o 30 años si se tratara de activos con plazo superior. 
En el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de 
aplicación el del plazo más próximo al de la emisión planeada.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos 
financieros con rendimiento variable o flotante, se tomará como interés efectivo de la 
operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de 
naturaleza explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del 
parámetro respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimientos 
devengados.
No obstante lo anterior, si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos 
cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, el 
porcentaje del primer párrafo será el 40 por ciento.
4. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos 
financieros con rendimiento implícito y de activos financieros con rendimiento explícito que 
deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, 
habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios 
o instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la 
operación.
Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta 
en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público 
o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución 
financiera. El fedatario o institución financiera consignarán en el documento su carácter de 
activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.
5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la 
institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución 
financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, 
deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:
a) Fecha de la operación e identificación del activo.
b) Denominación del adquirente.
c) Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.
d) Precio de adquisición.
De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos 
ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.
6. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o 
intervenir en la transmisión de estos activos cuando el transmitente no justifique su 
adquisición de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.
7. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere el 
apartado 4 no podrán reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisición 
previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 5 anterior.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo 
con el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo 
deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.
La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirán la intervención o 
mediación de institución financiera o de fedatario público, quedando la entidad o persona 
emisora del activo como mero adquirente en el caso de que vuelva a poner en circulación 
el título.
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8. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su 
adquisición, podrá solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la persona o 
entidad que emitió tal certificación.
Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así 
como la fecha de expedición de ese último.
9. En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga 
en el valor de adquisición del transmitente, en tanto medie una justificación suficiente del 
referido coste.
Artículo 64. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener 
la contraprestación íntegra exigible o satisfecha.
En el caso de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la base de la 
retención estará constituida por todos los conceptos que se satisfagan al arrendador, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros 
constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la diferencia positiva entre el 
valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de 
dichos activos. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación 
acreditativa de la adquisición. A estos efectos, no se minorarán los gastos accesorios a la 
operación.
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad 
emisora adquiera un activo financiero emitido por ella, se practicará la retención e ingreso 
sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título, 
excluida la amortización.
3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de la 
misma el importe del premio.
En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y 
no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la 
disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
la retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento, de acuerdo con 
la referida disposición.
4. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento, la base de retención será la diferencia 
entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o 
participaciones. A estos efectos se considerará que los valores transmitidos o reembolsados 
por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.
Cuando se trate de reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados por 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para las que, 
por aplicación de lo previsto en el artículo 40.3 de la citada Ley, exista más de un registro 
de partícipes, o de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones 
de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, comercializadas, colocadas o 
distribuidas en territorio español, la regla de antigüedad a que se refiere el párrafo anterior 
se aplicará por la entidad gestora o comercializadora con la que se efectúe el reembolso o 
transmisión respecto de los valores que figuren en su registro de partícipes o accionistas.
5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto 
en el apartado 3 del artículo 60 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de 
la misma el valor de mercado del bien.
A estos efectos, se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en 
un 20 por ciento el valor de adquisición o coste para el pagador.
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6. Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra exigible o satisfecha, la 
Administración tributaria podrá computar como tal una cantidad de la que, restada la 
retención procedente, arroje la efectivamente percibida.
7. Cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste 
secundario derivado de lo previsto en el artículo 18.11 de la Ley del Impuesto, constituirá 
la base de la misma la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.
8. En el caso de las rentas a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 60 
de este Reglamento, la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible 
calculada de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 17 de la Ley del 
Impuesto.
Artículo 65. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán 
en el momento de la exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención 
o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento 
señaladas en la escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se 
reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se 
acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el 
acuerdo de distribución o a partir del día siguiente al de su adopción a falta de la 
determinación de la citada fecha.
2. En el caso de rendimientos derivados de la amortización, reembolso o transmisión 
de activos financieros, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento 
en que se formalice la operación.
3. En el caso de rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de 
instituciones de inversión colectiva, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en 
el momento en que se formalice la operación, cualesquiera que sean las condiciones de 
cobro pactadas.
Artículo 66. Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.
El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:
a) Con carácter general, el 19 por ciento. Cuando se trate de rentas procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos situados en Ceuta, Melilla o sus 
dependencias, obtenidas por entidades domiciliadas en dichos territorios o que operen en 
ellos mediante establecimiento o sucursal, dicho porcentaje se dividirá por dos.
b) En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la 
imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, el 24 por ciento.
c) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran 
sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se 
refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2003, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, el 20 por ciento.
Artículo 67. Importe de la retención o del ingreso a cuenta.
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje 
a que se refiere el artículo anterior a la base de cálculo.
Artículo 68. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar en los 
primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante el órgano 
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competente de la Administración tributaria, declaración de las cantidades retenidas y de 
los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior e 
ingresar su importe en el Tesoro Público.
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará 
en los 20 primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y 
los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el 
apartado 3.1.º del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
No procederá la presentación de declaración negativa cuando no se hubieran 
satisfecho en el período de la declaración rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta.
2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar en los primeros 20 
días naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e ingresos a 
cuenta efectuados. No obstante, en el caso de que esta declaración se presente en 
soporte directamente legible por ordenador o haya sido generado mediante la utilización, 
exclusivamente, de los correspondientes módulos de impresión desarrollados, a estos 
efectos, por la Administración tributaria, el plazo de presentación será el comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al del que corresponde dicha 
declaración.
En esta declaración, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste 
una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:
a) Denominación de la entidad.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los 
conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado.
d) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las 
entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta 
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas 
de valores.
3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del 
contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas, o de los ingresos a 
cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben 
incluirse en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior.
La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad 
al inicio del plazo de declaración de este Impuesto.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las 
entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta 
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de 
valores.
4. Los pagadores deberán comunicar a los contribuyentes la retención o ingreso a 
cuenta practicados en el momento en que satisfagan las rentas, indicando el porcentaje 
aplicado.
5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que 
para cada clase de rentas establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
quien asimismo podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de 
los previstos en el apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar 
a cuenta a cumplimentar la totalidad de los datos así determinados y contenidos en las 
declaraciones que le afecten.
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas.
6. La declaración e ingreso del pago a cuenta a que se refiere la letra e) del artículo 
62.6 de este Reglamento, se efectuará en la forma, lugar y plazo que determine el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas.
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CAPÍTULO III
Conversión de activos por impuesto diferido en créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública. Procedimiento de compensación y abono
Artículo 69.  Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la 
Hacienda Pública.
1. Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de 
los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados con entidades de derecho público y cuya 
deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de la Ley 
del Impuesto, así como los derivados de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la Ley del 
Impuesto, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, 
en su caso, prejubilación, se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración 
tributaria, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 130 de la Ley del 
Impuesto.
2. La conversión de los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 
anterior en un crédito exigible frente a la Administración tributaria se producirá en el 
momento de la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al período impositivo en que se hayan producido las circunstancias 
previstas en el apartado 1 del artículo 130 de la Ley del Impuesto.
3. La conversión de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la 
Administración tributaria determinará que el contribuyente pueda optar por solicitar su 
abono a la Administración tributaria o por compensar dichos créditos con otras deudas de 
naturaleza tributaria de carácter estatal que el propio contribuyente genere a partir del 
momento de la conversión.
4. La solicitud de abono del crédito exigible frente a la Administración tributaria se 
realizará a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. Este abono se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el 
devengo del interés de demora a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo 31.
5. En el caso de que el contribuyente inste la compensación del crédito exigible 
frente a la Administración tributaria con otras deudas, en los términos establecidos en el 
apartado 3 del artículo 130 de la Ley del Impuesto, deberá dirigir al órgano competente 
para su tramitación la correspondiente solicitud, para cada deuda cuya compensación 
pretenda realizar, de acuerdo con el modelo que se aprobará por Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Dicha solicitud contendrá los siguientes datos:
a) Identificación de la deuda tributaria cuya compensación se solicita, indicando al 
menos, su importe y concepto. Se indicará también la fecha de vencimiento del plazo de 
ingreso en el caso de deudas con plazo de ingreso en período voluntario.
b) Identificación de la autoliquidación en que se genera el crédito exigible frente a la 
Administración tributaria cuya compensación se pretenda.
c) Manifestación del contribuyente indicando que no se ha solicitado el abono del 
referido crédito ni se ha solicitado su compensación por el mismo importe con otras deudas 
tributarias.
La solicitud se podrá presentar en relación con aquellas deudas generadas a partir del 
momento de la conversión. Esta solicitud no impedirá la solicitud de aplazamientos o 
fraccionamientos de la deuda restante.
La resolución de esta solicitud deberá notificarse en el plazo de 6 meses.
En lo no previsto en este artículo, resultará de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en 
relación con la compensación de deudas.
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La competencia para tramitar el correspondiente procedimiento y dictar resolución en 
los supuestos regulados en este artículo se establecerá mediante la correspondiente 
norma de organización específica.
Disposición adicional única. Concepto de entidad patrimonial en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5, para determinar si una 
entidad tiene o no la condición de patrimonial en períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2015, se tendrá en cuenta la suma agregada de los balances 
anuales de los períodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la 
participación, con el límite de los iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2009, salvo 
prueba en contrario.
Disposición transitoria primera. Amortización de los elementos usados.
Los elementos patrimoniales adquiridos usados, que se estuvieren amortizando con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, continuarán amortizándose de acuerdo con las normas vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley.
Disposición transitoria segunda. Riesgo de crédito en entidades financieras.
1. La excepción prevista en el artículo 7.3 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, según la redacción 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, únicamente afectará a las dotaciones 
correspondientes a los excesos de los saldos de los conceptos a que se refiere dicha 
excepción, respecto de los saldos de la misma naturaleza correspondientes a la fecha de 
entrada en vigor de la Orden de 13 de julio de 1992, sobre aplicación de la provisión para 
insolvencias a las entidades de crédito sometidas a la tutela administrativa del Banco de 
España, sin perjuicio de la integración en la base imponible de los saldos del Fondo de 
Insolvencias que queden liberados por cualquier causa, en cuanto dichos saldos procedan 
de dotaciones que hubieren tenido la consideración de fiscalmente deducibles.
2. La excepción prevista en el artículo 7.3 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, según la redacción 
vigente para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2005, únicamente 
afectará a las dotaciones correspondientes a los excesos de los saldos de los conceptos a 
que se refiere dicha excepción, respecto de los saldos de la misma naturaleza a partir del 31 
de diciembre de 2004, sin perjuicio de la integración en la base imponible de los saldos de la 
cobertura genérica que queden liberados por cualquier causa, en cuanto dichos saldos 
procedan de dotaciones que hubieran tenido la consideración de fiscalmente deducibles.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los beneficios fiscales sobre 
determinadas operaciones financieras.
1. Aplicación del régimen transitorio.–Mantendrán los derechos adquiridos, en los 
términos en los que fueron concedidos y de acuerdo con lo establecido en esta disposición 
transitoria, las entidades que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, gozaran de alguno de los beneficios 
tributarios a los que se refiere la disposición transitoria sexta de la Ley del Impuesto.
2. Derechos adquiridos.
a) A efectos de lo previsto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
derechos adquiridos:
1.º Las bonificaciones reconocidas en el Impuesto sobre las Rentas del Capital a las 
sociedades concesionarias de autopistas, concedidas por plazo determinado y a título 
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individual, con anterioridad al 1 de enero de 1979 en virtud de pacto o contrato solemne 
con el Estado.
2.º Las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, concedidas durante la 
vigencia de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, de duración determinada, reconocidas por 
el Estado, a las que se refiere la disposición transitoria sexta de la Ley del Impuesto.
b) Los derechos adquiridos no podrán ser objeto de prórroga alguna al término del 
período reconocido.
3. Aplicación a las sociedades concesionarias de autopistas de los beneficios 
procedentes del Impuesto sobre las Rentas del Capital.
a) Los beneficios reconocidos a las sociedades concesionarias de autopistas 
continuarán aplicándose de acuerdo con las normas del Impuesto sobre las Rentas del 
Capital y sobre el tipo que resultara aplicable según dicho impuesto.
b) El perceptor de los rendimientos, cuando figure sometido a obligación personal, 
podrá deducir de su cuota el Impuesto sobre las Rentas del Capital que habría sido 
aplicado de no existir el beneficio.
c) No obstante lo dispuesto en el número anterior, las entidades de seguros, de 
ahorros y entidades de crédito de todas clases deducirán de su cuota únicamente la 
cantidad efectivamente retenida.
4. Bonificaciones concedidas durante la vigencia de la Ley 61/1978, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades que, a la entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, tuvieran derechos adquiridos en relación con las 
bonificaciones a las que se refiere el párrafo a).2.º del apartado 2 de esta disposición 
conservarán los mismos en los términos en que fueron concedidos, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados siguientes.
5. Créditos-puente.
a) Se entenderá por créditos-puente los concedidos para cubrir el período de 
instrumentación de las operaciones de refinanciación para las que se pretenda la 
bonificación, siempre que su plazo no exceda de un año, prorrogable, previa comunicación 
a la Administración tributaria, por otro período anual.
b) Los rendimientos de los créditos-puente no gozarán de bonificación.
c) No se perderá la bonificación que tuviesen reconocida en virtud del apartado 7 de 
esta disposición los préstamos o empréstitos cuyo importe se destine a cancelar los 
créditos-puente a que hace referencia el párrafo a).
6. Sustitución y transmisión de participaciones.
a) En los casos de sustitución y transmisión de participaciones de la operación 
crediticia que no superen el 5 por ciento del saldo pendiente de la operación, siempre que 
no se altere el grado de participación extranjera en la financiación ni suponga variación en 
la dirección de la operación, la entidad prestataria se limitará a informar anualmente al 
órgano que concedió la bonificación de las alteraciones habidas.
b) Cuando no se cumplan las condiciones reseñadas en la letra anterior, la entidad 
emisora vendrá obligada a solicitar la convalidación de las bonificaciones en su día 
otorgadas.
7. Operaciones de refinanciación.
a) Podrán refinanciarse, sin perder por ello las bonificaciones que tuvieran 
reconocidas originariamente siempre que cumplan los requisitos establecidos en esta 
disposición:
1.º Los préstamos concertados en el mercado exterior, así como los empréstitos 
emitidos en el mismo.
2.º Los empréstitos emitidos en el mercado interior.
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b) Serán requisitos inexcusables para que las operaciones de refinanciación puedan 
gozar de la bonificación los siguientes:
1.º Que en ningún caso se supere el plazo máximo de la operación financiera 
originaria.
2.º Que el importe de la operación de refinanciación no exceda de la cuantía de la 
deuda pendiente y no vencida en la fecha de dicha operación.
Cuando se trate de operaciones efectuadas en moneda extranjera que impliquen 
sustitución de la divisa empleada se aplicará el tipo de cambio de divisa a divisa de la 
fecha en que se efectúe la operación de refinanciación.
c) Excepcionalmente, cuando se trate de operaciones efectuadas en el mercado 
internacional podrá autorizarse la ampliación del plazo a que se refiere el párrafo b).1.º 
cuando la operación de refinanciación se efectúe en mejores condiciones tanto de interés 
como de garantías.
d) En ningún caso la bonificación podrá aplicarse a las operaciones de refinanciación 
de los intereses.
e) La concesión de las bonificaciones de las operaciones de refinanciación deberá 
ser solicitada por la entidad prestataria en las condiciones establecidas en esta disposición.
8. Solicitud:
a) La solicitud de la bonificación en las operaciones a las que se refiere esta 
disposición se dirigirá a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, acompañando los siguientes documentos:
1.º Memoria acerca de las inversiones a realizar con los fondos procedentes de los 
préstamos o empréstitos en la que se hará constar el presupuesto detallado del coste de 
aquéllas, su localización y las fechas y plazos aproximados en que se llevarán a cabo.
2.º Plan de financiación de dichas inversiones, en el que deberán constar las fechas 
previstas en que en una o varias veces se recurrirá a medios financieros ajenos, interiores 
o exteriores, con objeto de conseguir la financiación necesaria.
3.º Copia del contrato o acuerdo de préstamo. En los empréstitos se acompañará 
certificación del acta de la Junta general en que se aprobó la emisión o del acuerdo del 
Consejo de Administración en que se ejecute por delegación el acuerdo tomado en su día 
por la Junta general.
Cuando se presente una propuesta de contrato deberá remitirse copia del definitivo 
una vez establecido.
4.º Cuadro de amortización del préstamo o empréstito.
5.º Créditos-puente disfrutados, así como su duración.
6.º Grado de vinculación o ausencia de ésta, entre prestamistas y prestatarios.
b) La solicitud deberá acompañarse de memoria económico-financiera justificativa de 
la operación.
9. Resolución:
a) Si la resolución que adopte el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
y por delegación el Director General de Tributos, fuese favorable, en la misma se 
determinará:
1.º Porcentaje de bonificación concedido.
2.º Cuantía total de la operación que gozará de bonificación.
3.º Plazo máximo dentro del cual deberán llevarse a cabo las inversiones contenidas 
en la memoria.
4.º Calendario y condiciones de las operaciones financieras previstas, sin que en 
ningún caso se exceda de la cuantía a que se refiere el párrafo 2.º anterior.
5.º Cualesquiera otras condiciones que se estimen pertinentes.
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b) La resolución a que se refiere el número anterior tendrá el carácter de provisional 
en tanto no se cumplan los siguientes trámites:
1.º Autorización administrativa, en la forma que procediera, cuando sea exigida para 
la realización de la operación financiera.
2.º Comprobación por la Administración tributaria una vez transcurrido el plazo para 
la realización de las inversiones, de que la sociedad las ha llevado a efecto y cumplido las 
condiciones bajo las cuales hubiesen sido concedidas las bonificaciones. En todo caso, la 
Administración tributaria podrá efectuar en cualquier momento las comprobaciones que 
estime necesarias para establecer el adecuado seguimiento de las inversiones a que los 
beneficios concedidos se refieran.
Asimismo, tendrá carácter provisional la autorización concedida en base a una 
propuesta de contrato en tanto no resulte ratificada en el plazo de 15 días a partir de la 
recepción del contrato definitivo.
c) El plazo para adoptar la decisión provisional será de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquél en que se presente la solicitud acompañada de todos los datos y 
documentos pertinentes o, en su caso, desde que se subsanen las omisiones a 
requerimiento de la Administración tributaria.
d) Cuando el plazo fijado en la resolución para la realización de las inversiones 
resulte insuficiente, la empresa podrá solicitar, con una antelación mínima de un mes con 
respecto a la fecha en que aquél hubiera de expirar, una única prórroga del mismo, 
exponiendo las razones que justifiquen esta solicitud. La Administración tributaria notificará 
a la sociedad la resolución pertinente antes de que finalice el plazo ordinario. De no 
hacerse así, se entenderá que la resolución ha sido favorable.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en 
materia de retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario y sobre ganancias 
patrimoniales.
1. La obligación de retener en las transmisiones, amortizaciones o reembolsos de 
activos financieros con rendimiento explícito será aplicable a las operaciones formalizadas 
desde el 1 de enero de 1999.
En las transmisiones de activos financieros con rendimiento explícito emitidos con 
anterioridad al 1 de enero de 1999, en caso de no acreditarse el precio de adquisición, la 
retención se practicará sobre la diferencia entre el valor de emisión del activo y el precio 
de transmisión.
No se someterán a retención los rendimientos derivados de la transmisión, canje o 
amortización de valores de deuda pública emitidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 
que, con anterioridad a esta fecha, no estuvieran sujetos a retención.
2. Cuando se perciban, a partir del 1 de enero de 1999, rendimientos explícitos para 
los que, por ser la frecuencia de las liquidaciones superior a doce meses, se hayan 
efectuado ingresos a cuenta, la retención definitiva se practicará al tipo vigente en el 
momento de la exigibilidad y se regularizará atendiendo a los ingresos a cuenta realizados.
Disposición transitoria quinta. Obligaciones de información de la disposición transitoria 
decimocuarta de la Ley del Impuesto.
A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley del 
Impuesto, los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con su declaración por el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que practiquen la deducción 
contemplada en dicha disposición, la siguiente información:
a) Identificación y porcentaje de participación en aquellas entidades participadas 
cuya adquisición haya generado el derecho a aplicar la referida deducción.
b) Descripción de sus actividades.
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c) Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como el valor del patrimonio 
neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales 
homogeneizadas.
d) Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, así como 
de imputación a los bienes y derechos de la entidad participada, de la diferencia existente 
entre el precio de adquisición de sus participaciones y el patrimonio neto contable 
imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.
Disposición final única. Habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para:
a) Aprobar el modelo de declaración por este Impuesto y determinar los lugares y 
forma de presentación del mismo.
b) Aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, 
incluyendo la declaración consolidada de los grupos de sociedades.
c) Establecer los documentos o justificantes que deban acompañar a la declaración.
d) Aprobar el modelo de pago fraccionado y determinar el lugar y forma de 
presentación del mismo.
e) Aprobar el modelo de información que deben rendir las agrupaciones de interés 
económico y las uniones temporales de empresas.
f) Ampliar, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, el plazo de 
presentación de las declaraciones tributarias establecidas en la Ley del Impuesto y en este 
Reglamento cuando esta presentación se efectúe por vía telemática.
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