I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17910 Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de 
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a 
las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes.
ÍNDICE
Libro primero.  Transposición de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión 
pública de bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE 
y 2014/59/UE.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Tipos de bonos garantizados.
Artículo 4. Reserva de actividad y denominación.
Título II. Características estructurales de los bonos garantizados.
Capítulo 1.º Régimen jurídico y garantías de la emisión.
Artículo 5. Régimen jurídico de la emisión.
Artículo 6. Garantías de la emisión.
Capítulo 2.º Del conjunto de cobertura.
Artículo 7. Naturaleza y régimen del conjunto de cobertura.
Artículo 8. Reglas comunes para los activos de cobertura elegibles.
Artículo 9. Registro especial del conjunto de cobertura.
Capítulo 3.º Requisitos de cobertura y de liquidez.
Artículo 10. Requisitos de cobertura y sobregarantía.
Artículo 11. Colchón de liquidez del conjunto de cobertura.
Artículo 12.  Inclusión de instrumentos financieros derivados en los conjuntos de 
cobertura.
Artículo 13. Estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados.
Artículo 14. Financiación conjunta de las emisiones.
Artículo 15. Estructuras de vencimiento prorrogable.
Capítulo 4.º Valoración de los activos incluidos en el conjunto de cobertura.
Artículo 16. Valoración de los activos en garantía.
Artículo 17.  Principios generales para la tasación de los activos físicos que 
garantizan los activos de cobertura.
Artículo 18. Tasación de inmuebles en garantía de préstamos hipotecarios.
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Capítulo 5.º Normas de información.
Artículo 19. Obligaciones de información a inversores y divulgación.
Artículo 20. Tasación alternativa.
Título III. Sociedades y servicios de tasación.
Artículo 21. Sociedades de tasación.
Artículo 22. Participaciones significativas en el capital de una sociedad de tasación.
Título IV. Tipos de bonos garantizados y especialidades.
Capítulo 1.º Cédulas hipotecarias.
Artículo 23.  Activos de cobertura admisibles para las cédulas hipotecarias y 
régimen de emisión.
Capítulo 2.º Cédulas territoriales.
Artículo 24.  Activos de cobertura admisibles para cédulas territoriales y régimen de 
emisión.
Capítulo 3.º Cédulas de internacionalización.
Artículo 25.  Activos de cobertura admisibles para las cédulas de 
internacionalización y régimen de emisión.
Capítulo 4.º Bonos hipotecarios, territoriales y de internacionalización.
Artículo 26.  Activos de cobertura admisibles para los bonos hipotecarios, 
territoriales y de internacionalización y régimen de emisión.
Capítulo 5.º Otros bonos garantizados.
Artículo 27.  Activos de cobertura admisibles para otros bonos garantizados y 
régimen de emisión.
Título V. Mercado secundario.
Artículo 28. Transmisión de los bonos garantizados.
Artículo 29. Uso de bonos garantizados como activos en reservas obligatorias.
Título VI. Supervisión de los bonos garantizados.
Capítulo 1.º Órgano de control del conjunto de cobertura.
Artículo 30. Funciones.
Artículo 31. Designación y cese.
Artículo 32. Régimen de funcionamiento.
Capítulo 2.º Supervisión pública.
Artículo 33. Supervisión pública de los bonos garantizados.
Artículo 34. Autorización para los programas de bonos garantizados.
Artículo 35. Comunicación de información al Banco de España.
Artículo 36.  Facultades de las autoridades competentes a efectos de la supervisión 
pública de los bonos garantizados.
Artículo 37.  Requerimiento de modificación de las políticas y procedimientos en 
relación con el conjunto de cobertura.
Artículo 38. Requisitos de divulgación.
Artículo 39. Obligaciones de cooperación.
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Título VII. Concurso o resolución de la entidad emisora.
Capítulo 1.º Disposiciones generales.
Artículo 40.  Efectos de la resolución o concurso de la entidad emisora en los 
derechos y obligaciones de las partes.
Artículo 41.  Administrador especial: designación y sustitución, y facultades y 
responsabilidades.
Capítulo 2.º Concurso de la entidad emisora.
Artículo 42. Disposiciones generales.
Artículo 43. Segregación material y transmisión de los activos de cobertura en caso 
de concurso.
Artículo 44. Valoración de los activos de cobertura.
Artículo 45. Efectos de la solicitud de liquidación del patrimonio separado.
Artículo 46. Liquidación del patrimonio separado.
Artículo 47.  Pago a los tenedores de bonos garantizados y demás acreedores 
específicos del patrimonio separado.
Capítulo 3.º Resolución de la entidad emisora.
Artículo 48. Efectos de la apertura de la resolución.
Título VIII. Régimen sancionador.
Capítulo 1.º Disposiciones generales.
Artículo 49. Carácter de normas de ordenación y disciplina.
Artículo 50. Órganos competentes, procedimiento y prescripción.
Artículo 51. Información de las sanciones a la Autoridad Bancaria Europea.
Capítulo 2.º  Infracciones y sanciones aplicables en relación con los bonos 
garantizados.
Artículo 52. Clasificación de las infracciones.
Artículo 53. Infracciones muy graves.
Artículo 54. Infracciones graves.
Artículo 55. Infracciones leves.
Artículo 56. Sanciones.
Capítulo 3.º  Infracciones y sanciones aplicables en relación con la actividad de 
tasación.
Artículo 57. Clasificación de las infracciones.
Artículo 58. Infracciones muy graves.
Artículo 59. Infracciones graves.
Artículo 60. Infracciones leves.
Artículo 61. Sanciones.
Libro segundo.  Transposición de la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se modifican las 
Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza 
de organismos de inversión colectiva.
Artículo 62.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Artículo 63.  Modificación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se 
regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
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por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
Libro tercero.  Transposición de la Directiva (UE) 2019/1024, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la 
reutilización de la información del sector público.
Artículo 64. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público.
Libro cuarto. Transposición de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de 
los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE; y la Directiva (UE) 2019/790 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 65. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 66. Definiciones.
Título II.  Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y 
transfronterizo.
Artículo 67. Minería de textos y datos.
Artículo 68.  Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas 
digitales y transfronterizas.
Artículo 69. Conservación del patrimonio cultural.
Artículo 70. Pastiche.
Título III.  Medidas para mejorar las prácticas de concesión de autorizaciones y 
garantizar un mayor acceso a los contenidos.
Artículo 71.  Uso de obras y prestaciones fuera del circuito comercial por parte de 
las instituciones responsables del patrimonio cultural, y concesión de autorizaciones no 
exclusivas para fines no comerciales por las entidades de gestión para dichas 
instituciones.
Artículo 72. Obras de arte visual de dominio público.
Título IV.  Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de 
derechos de propiedad intelectual.
Capítulo 1.º Determinados usos de contenidos protegidos por servicios en línea.
Artículo 73.  Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios 
para compartir contenidos en línea.
Capítulo 2.º  Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes en los contratos de explotación.
Artículo 74. Principio de remuneración adecuada y proporcionada.
Artículo 75. Obligación de transparencia.
Título V.  Transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y 
retransmisiones de programas de radio y televisión.
Capítulo 1.º Servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión.
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Artículo 76.  Aplicación del principio del «país de origen» a los servicios accesorios 
en línea.
Capítulo 2.º Retransmisión de programas de televisión y radio.
Artículo 77.  Ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares de derechos 
que no sean organismos de radiodifusión.
Artículo 78.  Ejercicio de los derechos de retransmisión por los organismos de 
radiodifusión.
Capítulo 3.º Transmisión de programas mediante inyección directa.
Artículo 79. Transmisión de programas mediante inyección directa.
Título VI.  Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Artículo 80.  Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Libro quinto.  Transposición de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de 
julio de 2021 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las 
exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19.
Artículo 81. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.
Libro sexto.  Transposición de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
Artículo 82.  Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Artículo 83.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Artículo 84.  Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal.
Artículo 85.  Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista.
Libro séptimo.  Transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes.
Artículo 86. Objeto y finalidad.
Artículo 87. Ámbito de aplicación.
Artículo 88. Definiciones.
Artículo 89. Vehículos excluidos.
Artículo 90. Objetivos mínimos de contratación pública y distribución de los mismos.
Artículo 91. Obligaciones de cooperación e información.
Disposición adicional primera. Participaciones hipotecarias.
Disposición adicional segunda. Certificados de transmisión de hipoteca.
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Disposición adicional tercera.  Régimen común a las participaciones hipotecarias y 
los certificados de transmisión de hipoteca.
Disposición adicional cuarta.  Instrumentos de movilización de créditos o préstamos 
garantizados con primera hipoteca mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los títulos emitidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del libro primero de este real decreto-ley.
Disposición transitoria segunda.  Asignación de los activos de cobertura a los títulos 
emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del libro primero de este real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera. Adaptación del colchón de liquidez.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio para el ejercicio de los derechos 
de retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión y 
para la transmisión de programas mediante inyección directa.
Disposición final primera. Modificación del Código Civil.
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley Concursal, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.
Disposición final sexta. Referencias normativas.
Disposición final séptima. Títulos competenciales.
Disposición final octava. Incorporación de derecho de la Unión Europea..
Disposición final novena. Facultades de desarrollo.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea es un objetivo 
fundamental del Consejo Europeo. A este fin, la Comisión Europea somete informes 
periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político por su 
función de medición de la eficacia y credibilidad de los Estados miembros en la puesta 
en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta del todo prioritario, habida cuenta del 
escenario diseñado por el Tratado de Lisboa de 2007 por el que se modifican el Tratado 
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los 
incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones 
económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea –TFUE–).
España viene cumpliendo consistentemente con los objetivos de transposición en los 
plazos comprometidos desde que resultan fijados los mismos. No obstante, en los 
últimos años, hechos como la repetición de elecciones generales en 2019, con la 
consiguiente disolución de las Cortes Generales, la existencia de un Gobierno en 
funciones durante un tiempo prolongado, así como el estadillo de la pandemia del 
COVID-19 en el año 2020, explican la acumulación de retrasos en la transposición de 
algunas directivas, que requieren de una norma con rango de ley para su incorporación 
al ordenamiento jurídico interno.
Tal es el caso de las Directivas cuya transposición constituye el objeto del presente 
real decreto-ley, dado que todas ellas se encuentran en riesgo de multa con base a lo 
establecido en el artículo 260.3 del TFUE. En este sentido, deben considerarse en riesgo 
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de multa aquellas directivas para las que queda menos de 3 meses para que se cumpla 
su plazo límite de transposición y que necesitan, al menos, una norma con rango de ley 
para su transposición sin que dicha ley haya empezado su tramitación parlamentaria; así 
como todas aquellas directivas que tienen ya un procedimiento de infracción abierto por 
la Comisión Europea por haberse cumplido su plazo límite de transposición.
Como ejemplo reciente de las consecuencias económicas que pueden derivarse de 
estos retrasos, cabe señalar la Sentencia del TJUE de 25 de febrero de 2021 contra 
España (asunto C-658/19) por retraso en la transposición de la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de 
las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos; condenando al pago de 15 millones de euros en concepto de 
suma a tanto alzado más 8.099.000 euros como multa coercitiva.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir dilatando la incorporación al 
ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la 
aprobación de un real decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que permitirá 
cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.
En lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino 
de España», debe tenerse en cuenta que pese al carácter opcional previsto en el 
artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación 
de 13 de diciembre de 2016, «Derecho de la UE» mejores resultados gracias a una 
mejor aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar 
de manera sistemática la suma a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la 
suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la 
infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un procedimiento de 
infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo y solicitará en 
cualquier caso al TJUE la imposición de la suma a tanto alzado.
Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva 
práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación 
de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de 
enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder 
a la transposición antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, 
para evitar así un procedimiento judicial que finalizaría mediante una sentencia que 
declare el incumplimiento por parte del Reino de España de las obligaciones que le 
impone el Derecho de la Unión.
En cuanto a la utilización del real decreto-ley, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que la situación de extraordinaria y urgente necesidad que exige, como presupuesto 
habilitante, el artículo 86.1 de la Constitución Española, puede deducirse «de una 
pluralidad de elementos», entre ellos, «los que quedan reflejados en la exposición de 
motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación 
directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la 
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en 
cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la 
situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 
de julio, FJ 4)».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3; y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
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situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever precisa de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
Por otro lado, en relación con la figura del real decreto-ley como instrumento de 
transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 1/2012, de 13 
de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente 
necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española cuando concurran «el patente 
retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra 
el Reino de España».
Asimismo, cabe señalar que el Consejo de Estado, en su informe sobre la inserción 
del Derecho europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, considera 
que, si bien no debe convertirse en mecanismo ordinario para la incorporación de las 
directivas, sí está justificado en atención, por ejemplo, «al plazo fijado por la norma 
comunitaria, a la necesidad de dar urgente respuesta a unas determinadas 
circunstancias o a la existencia de una declaración de incumplimiento por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas».
A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/2015, de 24 de 
septiembre, declaró en materia de decretos-leyes transversales que «la concurrencia de 
la urgencia y la necesidad debe analizarse de cada precepto, porque solo de este modo 
podrá realizarse un examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma».
Asimismo, en relación con la diversidad de ámbitos y materias que el presente real 
decreto-ley viene a regular, se estima necesario destacar que el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia 136/2011, de 13 de septiembre, declaró que el dogma de la deseable 
homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador 
dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución Española 
precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido 
heterogéneo.
De este modo, sigue diciendo en su Sentencia el Tribunal Constitucional, «por más 
que pueda hablarse de la existencia de una global situación de urgencia o de necesidad, 
vinculada a lo que este Tribunal ha denominado como «coyunturas económicas 
problemáticas», en los supuestos en que existe la previsión de un conjunto de medidas 
diversas para afrontar esa coyuntura, bien se puede exigir al Gobierno que exponga 
razonadamente los motivos que ha tenido en cuenta para incluir cada bloque de medidas 
en el decreto-ley, optando por sacarlas de la órbita de un eventual proyecto de ley 
específico. Por tanto (...) la valoración de la concurrencia del presupuesto habilitante en 
un decreto-ley transversal, pasa por verificar que la motivación relativa a la existencia de 
dicho presupuesto, no es una vaga motivación genérica, sino que se refiere, 
expresamente, a cada precepto o grupo de preceptos, con el objetivo de exteriorizar las 
razones que justifican la inclusión de esas medidas en un decreto-ley. Solo de este 
modo, quien está llamado a ejercer el control sobre el Decreto-ley puede tener presentes 
«las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la 
aprobación de cada uno de los Decretos-leyes enjuiciados» (SSTC 6/1983, de 4 de 
febrero, FJ 5; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 
y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)».
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Por todo ello, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en los 
sucesivos apartados de esta exposición de motivos se concretan las razones que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en 
cada uno de los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.
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II
El presente real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte 
dispositiva que consta de siete libros, conformados por noventa y un artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 
diez disposiciones finales y un anexo.
El libro primero de este real decreto-ley viene a transponer la Directiva (UE) 
2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la 
emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y por la que se modifican las 
Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE.
Los bonos garantizados – covered bonds  en terminología anglosajona– han sido 
tradicionalmente una fuente de captación de recursos relevante para las entidades de 
crédito. Dichos instrumentos, presentan características estructurales que tienen por 
finalidad proteger a los inversores en todo momento. Ello se traduce en una elevada 
calidad crediticia que atrae a inversores demandantes de instrumentos financieros de 
bajo riesgo y a entidades emisoras dado su reducido coste y su carácter de activos 
elegibles como garantía para las operaciones de obtención de liquidez del Eurosistema.
La característica fundamental de los bonos garantizados es que presentan un 
conjunto de activos de cobertura que garantizan el pago de principal e intereses a los 
tenedores de estos instrumentos. En España, en función de los activos de cobertura de 
los que se trate existen tres mercados diferentes de bonos garantizados: el hipotecario, 
el de cédulas territoriales y el de cédulas de internacionalización.
El mercado hipotecario de bonos garantizados se regula en la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de regulación del mercado hipotecario y el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero 
que la desarrolla. En dicha norma se recogen distintos instrumentos como son las 
cédulas, los bonos y las participaciones hipotecarias, siendo el instrumento de mayor 
popularidad en el mercado las cédulas hipotecarias.
En efecto, del saldo vivo de casi 201.300 millones de euros de todos los títulos 
hipotecarios, las cédulas constituyen la práctica totalidad de dicho mercado. Su 
popularidad refleja la importancia relativa de este instrumento en su contrapartida 
financiera por el lado del pasivo de las entidades: los préstamos hipotecarios, en la 
medida que la cartera hipotecaria de calidad constituye su garantía.
Las cédulas territoriales son títulos emitidos por entidades de créditos y respaldados 
de forma global por su cartera de préstamos y créditos concedidos a las 
administraciones públicas. Se crearon a imagen y semejanza de las cédulas hipotecarias 
en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 
como la exposición de motivos de dicha norma reconoce. En abril de 2021 el saldo vivo 
de dichas cédulas ascendía a 18.262 millones de euros.
Finalmente, las cédulas y bonos de internacionalización, también inspiradas en las 
cédulas y los bonos hipotecarios, se garantizan por la cartera de préstamos vinculados a 
contratos de exportación y a la internacionalización de las empresas de una determinada 
calidad crediticia. Aparecieron con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 
y su regulación se encuentra actualmente contenida en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, desarrollado por el 
Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, en materia de cédulas y bonos de internacionalización.
En otro orden, la ya referida Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de noviembre de 2019, esta forma parte de un paquete legislativo que 
incluye el Reglamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013 en lo que 
respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados.
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Hasta la publicación de dicha directiva, el cuerpo jurídico de la Unión Europea en 
relación con los bonos garantizados se encontraba disperso en la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, y el Reglamento (UE) n ° 
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n ° 648/2012. Ambas normas armonizan aspectos 
parciales de los bonos garantizados, como son las condiciones que deben presentar en 
sus normativas nacionales para que reciban un trato preferencial a efectos de regulación 
de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) o en el 
tratamiento prudencial de las tenencias de estos instrumentos (cuyo carácter preferencial 
se refuerza con el Reglamento (UE) 2019/2160). Sin embargo, ni siquiera había una 
definición armonizada del concepto de bonos garantizados.
En definitiva, existía hasta el momento una armonización de las condiciones para 
invertir como entidad de crédito u OICVM, pero no para emitir. Ello conllevaba que se 
pudiese otorgar el mismo trato preferencial a instrumentos que podían diferir en cuanto a 
su naturaleza, riesgo y nivel de protección de los inversores (esto último, no tanto por las 
reglas de comercialización como instrumento financiero, que sí están armonizadas, sino 
por la información que se proporciona de la cartera de cobertura de los bonos) lo que 
dificultaba la creación de un verdadero mercado único de bonos garantizados y podía 
perjudicar a la estabilidad financiera, en la medida que se otorga un tratamiento de 
requisitos prudenciales preferencial a bonos que pueden tener distinto nivel de 
salvaguarda, con lo que dichos requisitos no reflejaban adecuadamente el riesgo.
Precisamente esta preocupación por la estabilidad financiera llevó a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico en una recomendación de 20 de diciembre de 2012 en la 
que invitaba a las autoridades nacionales competentes y a la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) a determinar buenas prácticas en relación con los bonos garantizados y 
a promover la armonización de los marcos nacionales. Además, recomendaba que la 
ABE coordinara las medidas adoptadas por las autoridades nacionales competentes, en 
particular en relación con la calidad y la segregación de los conjuntos de cobertura, la 
inmunidad a la quiebra de los bonos garantizados, los riesgos para los activos y los 
pasivos que afecten a los conjuntos de cobertura y la comunicación de la composición de 
dichos conjuntos. La recomendación pedía asimismo a la ABE que, a fin de evaluar la 
necesidad de adoptar medidas legislativas, vigilara durante un período de dos años el 
funcionamiento de los mercados de bonos garantizados a la luz de las buenas prácticas 
determinadas por ella y que informara en consecuencia a la JERS y a la Comisión.
Como consecuencia de ello y de una petición de asesoramiento de la Comisión 
Europea en 2013, la ABE realizó dos informes, uno en 2014 y otro en 2016 que sirvieron 
de base para la elaboración de la propuesta inicial de la Directiva (UE) 2019/2162.
La directiva aborda distintos aspectos muy vinculados a las condiciones de emisión 
de los bonos garantizados y en línea con la recomendación de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico: quién puede ser emisor, cuáles son las características que debe 
presentar el conjunto de cobertura, cuáles son las reglas aplicables en caso de concurso 
del emisor, el organismo de control del conjunto de cobertura, y a la obligación de 
disponer de un colchón de liquidez.
Se trata de una directiva de armonización mínima, que define principios sobre los 
que los Estados miembros deben construir su normativa nacional. No obstante, debe 
destacarse que el carácter abierto de algunas de sus disposiciones ha llevado a la 
Comisión Europea a emitir un documento interpretativo de preguntas y respuestas que, 
junto con la Directiva, ha servido de base para la elaboración de este real decreto-ley.
En el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019, sobre la emisión y la supervisión 
pública de bonos garantizados, el real decreto-ley trata igualmente de simplificar el 
régimen jurídico del mercado hipotecario, integrando en su regulación la mayoría de los 
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aspectos previstos en norma de rango legal y en particular, el contenido de la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
Este Libro primero se estructura en ocho títulos que incluyen tres grandes áreas 
regulatorias, como son el establecimiento de unos principios comunes, las 
especificidades de los distintos tipos de bonos garantizados y la intervención pública a lo 
largo de la vida de estos.
El título I regula el ámbito de aplicación, la terminología usada a lo largo del texto y 
los tipos de bonos garantizados, denominación esta objeto de reserva, al igual que el tipo 
de entidad emisora, limitado en general a las entidades de crédito.
El título II, por su parte, constituye el eje en la regulación transversal aplicable a todo 
tipo de bono garantizado. En él se aborda la normativa aplicable a su emisión, buscando 
la mayor simplicidad en la emisión y la sustitución de una buena parte de las reglas 
aplicables al resto de emisiones por un mayor grado de control público permanente 
asociado a estas emisiones.
De este modo, se obliga a la entidad emisora a aislar un grupo de activos 
perfectamente identificados y controlados, el conjunto de cobertura, como activos cuya 
finalidad será la de servir de plena garantía a las obligaciones de la entidad frente a los 
tenedores de los bonos a lo largo de la vida de éstos, garantía cuya validez se mantiene 
incluso en un escenario de eventual liquidación o resolución de la entidad de crédito 
emisora, tal como se establece en capítulo primero.
La importancia del conjunto de cobertura justifica una regulación pormenorizada 
realizada en el capítulo segundo de los tipos de activos que pueden formar parte del 
mismo, así como del registro que debe permitir a la entidad emisora disponer de una 
identificación clara y precisa de los activos concretos que lo forman en cualquier 
momento. La aproximación cualitativa de capítulo respecto a las características de los 
activos se complementa con la determinación de los activos que han de incorporarse al 
conjunto de cobertura en el capítulo tercero, cuyo punto de partida es que el valor de la 
totalidad de los pasivos debe estar cubierto por el de los derechos de créditos 
correspondientes a los activos integrados, nivel este sobre el que se añade el 
denominado colchón de liquidez, formado por activos de elevada liquidez y llamados a 
cubrir la salida neta de liquidez del programa de bonos garantizados durante los 
siguientes 180 días. Se permite además la integración de instrumentos financieros 
derivados, como mecanismos de mitigación del riesgo de tipo de interés.
Como mecanismo para facilitar la financiación de la entidad emisora mediante bonos 
garantizados, la ley permite las estructuras intragrupo de bonos garantizados, realizadas 
por varias entidades que forman parte del mismo grupo, así como la utilización de 
activos de cobertura adquiridos de otras entidades.
El real decreto-ley incorpora también la posibilidad de prorrogar automáticamente la 
estructura de vencimientos del programa de bonos, cuando se produzca alguna de las 
circunstancias previstas en la ley y así se establezca expresamente en la emisión.
Una de las cuestiones clave, a tenor de cuanto viene señalándose, es la valoración 
de los activos llamados a servir de cobertura a los bonos emitidos, que se aborda en el 
capítulo cuarto. En particular, cada activo en garantía debe ser objeto de valoración en el 
momento que el activo garantizado sea incorporado al conjunto de cobertura, debiendo 
contar la entidad emisora con políticas y procedimientos de valoración que 
necesariamente han de cumplir los requisitos normativos establecidos. Los activos 
físicos en garantía que, con los debidos requisitos y cautelas, también pueden hallarse 
fuera de la Unión Europea, han de ser objeto de actualización continua de su valor, como 
mecanismo que asegure el mantenimiento permanente del valor del conjunto de 
cobertura.
El capítulo quinto completa el régimen jurídico de las emisiones incorporando 
algunas normas de conducta que la entidad emisora debe cumplir. De un lado, se 
establece la obligación de la entidad emisora de proporcionar un nivel adecuado de 
información al potencial adquirente y al tenedor de bonos garantizados que le permitan 
evaluar adecuadamente los riesgos asociados, incluyendo en particular los niveles de 
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cobertura o de sobregarantía que haya incluido en la emisión. De otro, se añade también 
la obligación de la entidad de aceptar tasaciones alternativas del inmueble aportadas por 
parte del cliente.
El título III regula los principios generales del régimen jurídico de las sociedades y 
servicios de tasación, en un sentido análogo a lo previsto en la normativa anterior, su 
funcionamiento y su régimen de supervisión, tanto respecto de su actividad como del 
régimen de cambios en su estructura de propiedad.
El título IV determina las características propias de ciertos tipos específicos de bonos 
garantizados, con cuatro capítulos correspondientes a las cédulas hipotecarias, cédulas 
territoriales, cédulas de internacionalización y bonos hipotecarios, territoriales y de 
internacionalización, que se caracterizan por cumplir los requisitos necesarios en virtud 
del Reglamento 575/2013, de 26 de junio, para tener un trato preferente conforme al 
artículo 129 del mismo Reglamento.
Asimismo, en el capítulo quinto del presente título, se regulan otros bonos 
garantizados. Todo ello con el doble fin de mantener la estructura de títulos hipotecarios, 
ahora bonos garantizados, regulados en la normativa aplicable anterior asociados a la 
máxima calidad crediticia otorgada por la normativa prudencial europea y, a su vez, 
permitir la emisión de otros bonos garantizados compatibles con la Directiva 2019/2162, 
de 27 de noviembre de 2019.
Respecto al conjunto de cobertura de las cédulas hipotecarias, principal tipo de bono 
garantizado hasta ahora emitido en nuestro país, resulta relevante destacar la solidez 
asociada al valor de los préstamos hipotecarios incorporados, cuyo valor a efectos de 
cobertura no podrá exceder del 60% del valor del inmueble que lo garantiza, o del 80% si 
se trata de un inmueble residencial. La solidez del conjunto de cobertura se combina con 
la posibilidad de mantener transitoriamente en el conjunto de cobertura préstamos cuyo 
«Loan to Value» sea superior al legalmente establecido, con el único fin de otorgar una 
cierta estabilidad al conjunto de cobertura.
Por su parte, el título V asegura el mayor grado de simplicidad y facilidad en la 
transmisión y la negociación de los bonos garantizados, así como sus amplias 
posibilidades de utilización en la cobertura de reservas o provisiones de dotación 
obligatoria.
Una pieza esencial en la regulación es el régimen de supervisión especialmente 
intenso al que se someten las emisiones de bonos garantizados, conforme al título VI, a 
partir de dos ejes previstos en cada una de sus dos capítulos.
El primero de ellos viene derivado de la obligación de la entidad emisora de designar 
un órgano de control del conjunto de cobertura, regulado en el capítulo primero. Sus 
funciones consisten, básicamente, en realizar un seguimiento permanente del conjunto 
de cobertura, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de la 
emisión, entre los que se incluyen la supervisión de las entradas y salidas de los activos 
de cobertura o la realización de pruebas de estrés sobre la solvencia y liquidez de los 
programas. La ley busca mantener en todo momento la independencia del órgano de 
control del conjunto de cobertura respecto de la entidad emisora, como premisa para que 
su actividad de control resulte efectiva, ya se trate de órgano de control externo o 
interno. En ambos casos, la designación ha de ser objeto de autorización por parte del 
Banco de España. La constancia documental y la comunicación con el Banco de España 
son principios que deben presidir necesariamente el funcionamiento del órgano de 
control y que lo dotan de un marco operativo que asegure la eficacia en el cumplimiento 
de sus funciones.
El segundo eje sobre el que pivota la intervención pública es la supervisión continua 
realizada por el Banco de España, como autoridad directamente encargada por la ley de 
la supervisión de los programas de bonos garantizados, en los términos establecidos en 
el capítulo segundo. Su actividad se abarca desde la autorización del órgano de control, 
antes indicado, hasta la propia autorización de cada programa de bonos, incluyendo la 
necesaria obligación de suministro de información que la entidad emisora ha de 
comunicarle de forma periódica sobre aspectos claves para una adecuada supervisión, 
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que se extenderá también a una eventual situación de inviabilidad de la propia entidad 
emisora. Además de las facultades tradicionalmente asociadas a la supervisión, la ley 
proporciona al Banco de España la capacidad para requerir a la entidad emisora la 
modificación de las políticas y procedimientos en relación con el conjunto de cobertura, 
para lograr que se cumplan las reglas internas de la entidad sobre diversificación del 
riesgo para una protección más eficaz de los inversores.
La función supervisora del Banco de España se completa con la divulgación de 
información de las entidades y de los bonos garantizados disponibles, de un lado y con 
la colaboración estrecha con otras autoridades nacionales y de la Unión Europea cuyas 
competencias puedan afectar al desenvolvimiento de los bonos.
El título VII regula los efectos del concurso o de la resolución de la entidad emisora. 
En caso de concurso el conjunto de cobertura se segregará materialmente del patrimonio 
de la entidad y formará un patrimonio separado. El capítulo segundo desarrolla el curso a 
seguir en el concurso, distinguiendo dos procedimientos en función de la valoración de 
los activos de cobertura. En caso de insuficiencia del valor de los mismos, se ha previsto 
la liquidación del patrimonio separado. De este modo, el propio capítulo segundo regula 
el pago a los tenedores de bonos garantizados y demás acreedores específicos del 
patrimonio separado.
El título VIII establece el régimen sancionador, como elemento que confiere al 
supervisor la capacidad de reacción frente a posibles incumplimientos de las previsiones 
normativas. El régimen establecido, la tipificación de las infracciones y de las sanciones, 
se construye con una sistemática análoga al régimen previsto en la normativa aplicada a 
las entidades de crédito, sobre la base de la consideración de la propia ley y sus 
disposiciones de desarrollo como normas de ordenación y disciplina. El capítulo primero 
establece la competencia del Banco de España en la iniciación y resolución del 
procedimiento sancionador y la sujeción de este a la normativa sancionadora propia de 
las entidades de crédito, así como las obligaciones de información a la Autoridad 
Bancaria Europea. Los capítulos segundo y tercero establecen los tipos infractores y las 
sanciones correspondientes en el ámbito de los bonos garantizados y en el de la 
actividad de tasación, respectivamente.
III
El objetivo fundamental de este Libro primero es incorporar al ordenamiento jurídico 
español, como ya ha quedado puesto de manifiesto, la Directiva (UE) 2019/2162 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019.
Por su parte, en lo que se refiere al recurso al real decreto-ley como instrumento de 
transposición, cabe señalar, en primer lugar, que viene motivado por el vencimiento del 
plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2019/12162 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2019. El plazo máximo otorgado a los Estados 
miembros para su incorporación a los ordenamientos jurídicos internos finalizó el 
pasado 8 de julio de 2021, habiéndose recibido ya la correspondiente carta de 
emplazamiento el pasado 29 de septiembre.
Asimismo, además de la obligación formal de transponer a tiempo, existen razones 
materiales que aconsejan una transposición urgente. Solo el mercado de cédulas 
hipotecarias supone un saldo vivo de 220.000 millones de euros. La trasposición de la 
Directiva (UE) 2019/2162 que se realiza en este real decreto-ley supone un cambio 
estructural en la actual normativa de los bonos garantizados que, para el caso de las 
cédulas hipotecarias, data de 1981. Se requiere despejar cuanto antes cualquier 
incertidumbre jurídica sobre la situación de dichos bonos para evitar que dicha 
incertidumbre se traduzca en un empeoramiento de la calidad crediticia percibida por los 
mercados, en un contexto competitivo e integrado como son los mercados financieros en 
la Unión Europea. Debe recordarse a su vez el papel fundamental que desarrollan estos 
bonos para la financiación del acceso a la vivienda o la internacionalización de 
empresas.
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Se ha establecido, no obstante una entrada en vigor diferida al 8 de julio de 2022 que 
coincide asimismo con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/2160 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013 en lo que respecta a las 
exposiciones en forma de bonos garantizados que confiere un tratamiento prudencial 
privilegiado a exposiciones en bonos garantizados que cumplan con los requisitos de la 
Directiva (UE) 2019/2162. El decalaje de un año entre la fecha de trasposición y la de 
entrada en vigor demuestra el reconocimiento del legislador comunitario de la necesidad 
de un período de adaptación del mercado a la nueva situación. Ello acentúa a su vez la 
necesidad de adaptación urgente de la normativa nacional al nuevo marco regulatorio 
europeo.
Asimismo, también es urgente adaptar la normativa de servicios de pagos para 
garantizar el cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento europeo y 
del Consejo de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y 
empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 924/2009, en las relaciones de pago entre empresas. Dicho 
Reglamento establece un derecho universal (que aplica a empresas y a individuos, 
consumidores o no) de accesibilidad en los pagos según el cual el beneficiario de un 
pago no puede exigir que las transferencias y domiciliaciones se realicen solo a través 
de cuentas situadas en su país de residencia. Cualquier cuenta de cualquier Estado 
miembro del área SEPA debe ser válida para transferencias y adeudos domiciliados. 
Para que se haga efectivo este derecho, es necesario designar a una autoridad 
competente y establecer un régimen sancionador. Si bien las Comunidad Autónomas ya 
realizan esta labor cuando la relación de pagos tiene lugar entre empresas y 
consumidores y sancionan conforme a la normativa de consumidores y usuarios, es 
urgente necesario garantizar el ejercicio de este derecho a las empresas en su relación 
con otras empresas. A ello se le añade la apertura de un procedimiento de investigación 
por la Comisión EUP(2019)9478 el 14 de enero de 2020, que eventualmente podría 
concluir en un procedimiento de infracción, siendo las modificaciones que se introducen 
en este real decreto-ley las que permitirían garantizar la efectividad que la Comisión 
Europea solicita para que cerrar dicho procedimiento.
Por las razones expuestas, concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad 
para incluir las modificaciones legales relativas a la transposición de la Directiva (UE) 
2019/2162 y la adaptación al Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento europeo y 
del Consejo de 14 de marzo de 2012 en este real decreto-ley.
IV
Por su parte, el Libro segundo de este real decreto-ley introduce las medidas 
necesarias para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE 
y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva.
Para la transposición de esta directiva se introducen modificaciones tanto en la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, como en la 
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, 
otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
La Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio 
de 2019, se enmarca en la Unión para el Mercado de Capitales y modifica las directivas 
que permiten a los organismos de inversión colectiva y a los fondos alternativos (que 
incluyen el capital riesgo) operar transfronterizamente. La Directiva se orienta a mejorar 
las condiciones para la inversión colectiva transfronteriza avanzando en la estrategia de 
desbancarización de la economía europea y facilitando el acceso a la inversión de los 
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clientes minoristas entre distintos los Estados miembros, garantizando en todo caso su 
adecuada protección.
En primer lugar, se introducen medidas para coordinar las condiciones de los 
gestores de fondos que operan en el mercado interior, de manera que los gestores de 
fondos que deseen comercializar sus productos financieros en otros Estados miembros 
deberán notificarlo a las autoridades competentes de Estado miembro de destino. De 
esta manera, se alinean los procedimientos de notificación previstos para organismos de 
inversión colectiva y fondos alternativos.
En segundo lugar, se desarrollan medidas para facilitar la comercialización de 
organismos de inversión colectiva a inversores de otros Estados miembros, eliminando la 
exigencia de presencia física local en el Estado miembro de destino ya que 
habitualmente se utilizan medios electrónicos o telefónicos. Estas medidas se recogen 
en la modificación del artículo 15.1 y en el nuevo artículo 16 quáter.2 de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, y en el nuevo artículo 75 ter.2 de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre.
En tercer lugar, se aclaran las condiciones para el cese de la comercialización de 
fondos organismos de inversión colectiva y de fondos alternativos en el Estado Miembro 
de destino. Se busca equilibrar el interés de gestores e inversores de forma que la 
flexibilidad de los primeros para interrumpir la comercialización de un fondo no suponga 
un coste ni un recorte de las salvaguardias ni del nivel de protección de los segundos. El 
cese de la comercialización se recoge en los nuevos artículos 16 bis y 16 quinques de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre y en el nuevo artículo 80 bis de la Ley 22/2014, de 12 
de noviembre.
En cuarto lugar, se introduce una regulación de la precomercialización de los fondos 
alternativos con el fin de armonizar sus condiciones en todos los Estados miembros. 
Hasta ahora no existía una definición homogénea de precomercialización y las 
condiciones bajo las que se permitía variaban, habiendo incluso algunos Estados 
miembros donde el concepto ni siquiera existía.
A través de la introducción de un nuevo artículo 2 bis, en la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre y de un nuevo artículo 75 bis en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, se fija 
una definición armonizada de las actividades de comunicación y contacto con inversores 
que pueden realizarse con carácter previo al establecimiento de un fondo de inversión, y 
las condiciones para ello. La precomercialización debe dirigirse a inversores 
profesionales y referirse a una idea de inversión, si bien la adquisición de acciones o 
participaciones solo puede hacerse tras la autorización y registro del fondo.
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura 
normativa. Concretamente, la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019, venció con fecha el 2 de agosto de 2021, habiéndose 
recibiendo carta de emplazamiento con fecha 29 de septiembre.
En el contexto actual de recuperación económica derivado de la pandemia 
COVID-19, resulta de capital importancia impulsar los mecanismos de financiación no-
bancaria, permitiendo a las empresas y al conjunto de la economía obtener la necesaria 
financiación para garantizar la continuidad o desarrollo de su actividad. Destaca 
especialmente la extraordinaria y urgente necesidad de permitir que los fondos 
armonizados y, sobre todo, los vehículos de capital-riesgo, puedan aplicar lo antes 
posible la reducción de cargas administrativas que establece la directiva y las 
posibilidades de pre-comercializar fondos con plenas garantías de seguridad jurídica 
para los inversores.
El impulso al capital-riesgo, y en general a la financiación empresarial vía fondos de 
inversión, es clave para financiar la recuperación económica y para apalancar, con 
inversión privada, la inversión pública plasmada en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que ya está en marcha con los mecanismos introducidos 
por el Real Decreto-ley 36/2020. No disponer de un mercado de capital-riesgo y fondos 
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de inversión competitivo y seguro desaprovecharía una gran oportunidad para amplificar 
el impacto de los fondos europeos. La incorporación de estas medidas a nuestro 
ordenamiento jurídico y su aplicación es, por tanto, urgente.
En efecto, este real decreto-ley tiene como objetivo principal realizar las 
adaptaciones del ordenamiento jurídico español a las novedades derivadas de la 
Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 
por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la 
distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva.
De este modo, se incorporan a la legislación española preceptos que buscan 
terminar con la existencia de obstáculos que condicionan la capacidad de los gestores 
de fondos de beneficiarse plenamente del mercado interior, evitando de esta manera 
disrupciones que podrían generar graves dificultades en el sistema financiero español en 
un momento de importantes cambios a escala de la Unión Europea y que podrían afectar 
a la capacidad de recuperación de las empresas españolas.
V
El Libro tercero del presente real decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico 
español las novedades que recoge la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público.
La información pública constituye un importante recurso para promover la economía 
de los datos. Mediante la reutilización de esta información generada por el sector público 
y la puesta a disposición de este gran volumen de información, se generan grandes 
beneficios económicos y sociales, así como de transparencia de las administraciones.
La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, transpuso al ordenamiento jurídico la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre 
de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público y dispuso un 
marco general mínimo para las condiciones de reutilización, subrayando la potencialidad 
que otorga la información generada desde las instancias públicas al desarrollo de la 
sociedad de la información y como elemento de apertura y participación democrática, 
donde el eje central era la autorización potestativa de la reutilización.
Con la publicación de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se transpuso la Directiva 2013/37/UE, que modifica la 
anterior Directiva 2003/98/CE, y que tuvo como objetivo actualizar el régimen de la 
reutilización de la información, teniendo en cuenta los profundos cambios producidos en 
cuanto al volumen de información generada, el progreso de la tecnología para su análisis 
y explotación y la creciente concienciación del valor de la información pública e interés 
por la reutilización como herramienta para fomentar el crecimiento económico, el 
compromiso social y la transparencia. Una tercera modificación de la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, para adaptar su ámbito subjetivo a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su ámbito objetivo y las tarifas 
aplicables, se llevó a cabo mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tras la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público es necesario llevar a cabo la transposición de la misma.
Se trata, por tanto, de incorporar al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2019/1024 llevando a cabo para ello una nueva modificación de la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre. A tal fin, se modifican 10 artículos, una disposición adicional, la 
disposición transitoria única y el anexo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se 
suprime una disposición adicional y se introducen 3 nuevos artículos.
En el Título preliminar de la Ley (que regula su objeto, el ámbito de aplicación, tanto 
objetivo como subjetivo, los datos de investigación y los conjuntos de datos de alto valor) 
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se modifica el artículo 1 que amplía su objeto a la regulación básica del régimen jurídico 
aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por sociedades 
mercantiles públicas (que en la Directiva denomina «empresas públicas») de ámbitos 
concretos y los datos de investigación, de acuerdo a las novedades que se incluyen en el 
artículo 1 de la Directiva. Esas sociedades mercantiles públicas (cuyo detalle se 
introduce en el nuevo párrafo c) del artículo 2) son aquellas en las que concurran las 
siguientes circunstancias:
a) Que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la 
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE 
Texto pertinente a efectos del EEE.
b) Que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del 
Consejo.
c) Que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio 
público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la 
explotación de servicios aéreos en la Comunidad.
d) Que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio 
público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de 
diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los 
transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).
En el artículo 3, que regula el ámbito objetivo de aplicación se incluyen varias 
novedades, pues, en primer lugar, amplía el concepto de reutilización de la información a 
las mencionadas sociedades mercantiles públicas, con fines comerciales o no 
comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos de prestar 
servicios de interés general para el que se produjeron, excepto para el intercambio de 
documentos entre estas sociedades mercantiles públicas y el resto de sujetos previstos 
en el artículo 2 que se realice exclusivamente en el desarrollo de las actividades de 
servicio público de estos últimos. En segundo lugar, en transposición del apartado 7 del 
artículo 1 de la Directiva se establece que la ley se aplica, asimismo, a los datos de 
investigación en los términos previstos en el artículo 11 y a los documentos a los que se 
aplica la Directiva Inspire (Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información 
espacial en la Comunidad Europea). Por último, se actualiza parcialmente la descripción 
de los documentos excluidos de la aplicación de la ley dentro del apartado 3.
Asimismo, se incluye un nuevo artículo 3.bis, sobre «Datos de investigación», que 
transpone el artículo 10 de la Directiva, con un doble alcance. Por una parte, se 
establece un mandato a los sujetos previstos en el artículo 2 y que realicen actividades 
de investigación o financien la investigación para que adopten medidas para apoyar que 
los datos de investigaciones financiadas públicamente sean plenamente reutilizables, 
interoperables y de acceso abierto. Ese mandato se modula con la previsión de que para 
su cumplimiento se deberán tener en cuenta las limitaciones que pudieran derivarse de 
los derechos de propiedad intelectual e industrial, la protección de datos personales y la 
confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos. Por otra parte, se 
establece que los datos de investigación serán reutilizables para fines comerciales o no 
comerciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/2007, cuando sean 
financiados con fondos públicos y cuando los investigadores, las universidades o las 
organizaciones que realizan actividades de investigación o las organizaciones que 
financien la investigación ya hubieran puesto tales datos a disposición del público a 
través de un repositorio institucional o temático. Esa previsión se prevé sin perjuicio tanto 
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del artículo 3.3.e) (que excluye de la reutilización los documentos sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros), con pleno respeto, 
por tanto, a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, como sin perjuicio 
de los intereses comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos 
y los derechos de propiedad intelectual preexistentes.
En el título preliminar se incorpora también un nuevo artículo 3.ter que regula los 
«Conjuntos de datos de alto valor» para incluir la posibilidad de establecer conjuntos de 
alto valor a nivel nacional trasponiendo con ello los artículos 13 y 14 de la Directiva.
En el Título II de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, que regula el régimen jurídico 
de la reutilización de la información del sector público se introducen diferentes 
modificaciones en los artículos 4 a 8.
Así, en el artículo 4 se incluyen pequeños cambios para adaptar a las condiciones 
que se reflejan en la Directiva, incluida la reutilización transfronteriza; se introduce un 
nuevo apartado sobre la exclusión del ejercicio del derecho del fabricante de bases de 
datos previsto en el artículo 1.6 de la Directiva para evitar la reutilización de documentos 
o restringir la reutilización más allá de los límites establecidos en esta Ley; se introduce 
la previsión de que los sujetos a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 2 
promoverán la creación de sistemas que permitan la conservación de los documentos 
disponibles para su reutilización y se complementa la regulación sobre los catálogos de 
información pública para, junto a que en la medida de lo posible se facilitará la búsqueda 
multilingüe de los documentos, se permita en particular la agregación de metadatos a 
escala de la Unión Europea; por último, en este artículo 4 se incluye la referencia a un 
único punto de acceso, en consonancia con el artículo 9.2 de la Directiva, aunque se 
mantiene la obligatoriedad del Catálogo sólo para la información pública del ámbito de la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, sin perjuicio de que los posibles catálogos de información 
pública reutilizable establecidos por el resto de sujetos previstos en el artículo 2 deberán 
interoperar con el catálogo nacional.
Por su parte, en el artículo 5 de este Título II, que regula los formatos disponibles 
para la reutilización, introducen novedades especialmente relevantes. Así, se incluye el 
principio de «documentos abiertos desde el diseño y por defecto» del apartado 2 del 
artículo 5 de la Directiva, de tal forma que la elaboración y la puesta a disposición de los 
documentos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se efectuará, en la medida 
de lo posible, conforme a dicho principio; asimismo, se añaden los apartados 4 y 5 sobre 
los datos dinámicos y conjuntos de alto valor en relación a los apartados 5, 6 y 8 del 
artículo 5 de la Directiva, de tal forma que los sujetos previstos en los párrafos a) y b) del 
artículo 2 pondrán a disposición los datos dinámicos de los que dispongan para su 
reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de «interfaces de 
programación de aplicaciones» (API) adecuadas y, cuando proceda, en forma de 
descarga masiva; se introduce la cautela de que cuando la puesta a disposición de datos 
dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación pueda 
superar sus capacidades financieras o técnicas suponiendo un esfuerzo 
desproporcionado, esos datos dinámicos se pondrán a disposición para su reutilización 
en un plazo o con restricciones técnicas temporales que no perjudiquen indebidamente 
su potencial económico y social; por último, se señala que los conjuntos de datos de alto 
valor a que se refiere el artículo 3 ter, que obren en poder de los sujetos previstos en el 
artículo 2 se pondrán a disposición para su reutilización en un formato legible por 
máquina, a través de interfaces de programación de aplicaciones adecuadas y, cuando 
proceda, en forma de descarga masiva.
En el artículo 6, que regula la prohibición de derechos exclusivos, la modificación 
fundamental consiste en trasponer la previsión del artículo 12.4 de la Directiva, de forma 
que los acuerdos que, sin conceder expresamente un derecho exclusivo, conlleven una 
disponibilidad limitada para la reutilización de documentos por entidades distintas de 
quienes participen en el acuerdo, deberán ser transparentes y públicos, siendo sus 
condiciones finales puestas a disposición del público en línea al menos dos meses antes 
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de su entrada en vigor. El efecto de estos acuerdos sobre la disponibilidad de datos para 
su reutilización estará sujeto a revisiones periódicas y, en todo caso, se someterá a 
revisión cada tres años.
En el artículo 7, que regula las tarifas, introduce, de una parte, el principio según el 
cual la reutilización de documentos se realizará con carácter gratuito, aunque cabe 
aplicar una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización en las 
condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la normativa que 
resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la misma a los costes 
marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición, difusión, y, lo 
que constituye una novedad respecto de la legislación vigente, también por la 
anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información 
comercial confidencial. Asimismo, se incluye un apartado sobre la reutilización gratuita 
para los conjuntos de datos de alto valor y los datos de investigación (con objeto de 
transponer el artículo 6.6 de la Directiva) con determinadas excepciones.
En el artículo 8, que regula las condiciones de reutilización, la modificación se limita a 
ajustar la remisión al ámbito subjetivo del artículo 2 en su nueva redacción.
En el Título III, que regula el procedimiento de tramitación de las solicitudes de 
reutilización y el régimen sancionador, con relación al procedimiento regulado en el 
artículo 10 se han actualizado las referencias normativas a la legislación vigente, se ha 
ajustado el ámbito subjetivo al previsto en el artículo 2 y se ha introducido una previsión 
(en relación con el artículo 4.6 de la Directiva) que excluye del cumplimiento de este 
procedimiento a las sociedades mercantiles públicas previstas en el párrafo c) del 
artículo 2, los centros de enseñanza, las organizaciones que realicen actividades de 
investigación o que financien tales actividades.
Asimismo, se introduce en la ley un nuevo artículo 10.bis para facilitar el 
cumplimiento de la Directiva en cuanto a la coordinación de esta materia y la publicación 
de información de calidad con la figura de la «Unidad responsable de información» pues 
la experiencia en el catálogo nacional ha puesto en evidencia la necesidad de contar con 
estos responsables para disponer de un punto de contacto tanto para peticiones de 
ciudadanos como para actualizar la información allí dispuesta.
Por último, se han actualizado las referencias normativas a la legislación vigente en 
el artículo 11.
En cuanto a las modificaciones de la parte final se modifica la disposición adicional 
segunda para actualizar las referencias normativas a la legislación vigente; se suprime la 
disposición adicional tercera y las vigentes disposiciones adicionales cuarta y quinta 
pasan a ser reenumeradas como tercera y cuarta, respectivamente, manteniendo en 
ambos casos su actual redacción; se modifica la disposición transitoria única, en línea 
con el artículo 12.5 de la Directiva, para regular el régimen transitorio aplicable a los 
acuerdos exclusivos y se modifica la disposición final primera (fundamento 
constitucional) para incluir entre los preceptos no básicos al apartado 2 del nuevo 
artículo 10.bis.
Por último, se modifica el anexo para incorporar determinadas definiciones previstas 
en la directiva a los efectos de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
En definitiva, las principales novedades que se incluyen en la norma son las 
siguientes:
a) Ampliación del alcance: Se incluyen una parte de las sociedades mercantiles 
públicas (que en la directiva denominan en español como «empresas públicas» dentro 
del ámbito de aplicación de la norma. Adicionalmente también se incluyen dentro del 
alcance los datos de investigación.
b) Formato de los documentos: Para facilitar la reutilización, los sujetos señalados 
en el artículo 2 facilitarán sus documentos por medios electrónicos, en formatos que 
sean abiertos, legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, 
conjuntamente con sus metadatos. Adicionalmente, los organismos pondrán a 
disposición datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su 
recopilación, a través de APIs y, cuando proceda, en forma de descarga masiva. Se 
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introduce el concepto de conjuntos de datos de alto valor considerados como tales por 
sus beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía.
c) Principios de tarifación: Se establece que la reutilización de documentos será 
gratuita. No obstante, se contemplan algunas excepciones y que se pueda aplicar una 
tarifa limitándose a costes marginales en que incurra para su reproducción, puesta a 
disposición, difusión, anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para 
proteger información comercial confidencial.
d) Acuerdos exclusivos: Se procura una mayor transparencia al establecimiento de 
acuerdos exclusivos y reducir aún más las condiciones para realizar este tipo de 
acuerdos.
Por su parte, en lo que se refiere al recurso al real decreto-ley como instrumento de 
transposición, cabe señalar que viene motivado por el vencimiento del plazo para la 
transposición de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019. El plazo máximo otorgado a los Estados miembros para su 
incorporación a los ordenamientos jurídicos internos finalizó el pasado 17 de julio, 
habiéndose recibido ya la correspondiente carta de emplazamiento el pasado 29 de 
septiembre, primera fase de la apertura de un procedimiento de infracción (2021/0411).
VI
Mediante el Libro cuarto del presente real decreto-ley se incorpora al Derecho 
español la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril 
de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y 
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 
radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se 
modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el 
mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, con 
el fin de armonizar las distintas normativas nacionales de los Estados miembros sobre 
los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor en el entorno digital 
para lograr un buen funcionamiento del mercado único digital, y de mejorar el acceso 
transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la 
obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la 
emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la 
retransmisión de programas de radio y televisión.
El desarrollo de las tecnologías digitales y de Internet ha transformado la manera en 
que se crean, producen, distribuyen y explotan las obras y prestaciones objeto de 
derechos de propiedad intelectual, sean derechos de autor o derechos afines o conexos. 
Siguen surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevos agentes. La legislación aplicable 
debe mantener un carácter estable frente a futuras innovaciones, de forma que no se 
limite el desarrollo tecnológico. Los objetivos y los principios establecidos por el marco 
de la Unión en materia de derechos de autor continúan siendo sólidos. Con todo, 
persiste cierta inseguridad jurídica, tanto para los titulares de derechos como para los 
usuarios, en lo que se refiere a determinados usos, entre ellos los de carácter 
transfronterizo, de las obras y otras prestaciones en el entorno digital.
Asimismo, las citadas directivas dan respuesta jurídica a la necesidad de adaptar los 
derechos de propiedad intelectual, a los nuevos cambios surgidos, garantizando un 
elevado nivel de protección a los titulares de derechos y estimulando la innovación, la 
creatividad, la inversión y la producción de nuevos contenidos en el entorno digital. La 
protección que depara ese marco jurídico también contribuye al objetivo de la Unión de 
respetar y fomentar la diversidad cultural, situando al mismo tiempo en primer plano al 
patrimonio cultural común europeo.
En concreto, las medidas que recogen dichas directivas y que transponen este real 
decreto-ley se centran en dos grandes áreas: mejorar el acceso seguro de las personas 
usuarias de Internet en la Unión Europea al contenido en línea protegido por derechos 
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de propiedad intelectual, principalmente los contenidos pedagógicos o científicos, los 
programas de radio y televisión, las obras europeas audiovisuales y el patrimonio 
cultural, y garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los 
derechos de autor en el entorno digital.
Por lo que se refiere a la mejora del acceso a contenidos protegidos por derechos de 
propiedad intelectual, es importante mencionar la ampliación del catálogo de límites que 
excluye la necesaria autorización de los titulares de derechos para el uso de las 
correspondientes obras y prestaciones protegidas. En este sentido se destacan los 
nuevos límites de minería de textos y de datos tanto para uso científico como comercial 
que precisan del tratamiento de grandes cantidades de información para adquirir nuevos 
conocimientos y descubrir nuevas tendencias, siendo uno de los elementos claves del 
negocio en la Red; no obstante lo cual, este límite apoya de manera decisiva a los 
sectores de investigación e innovación.
Son también relevantes los límites dirigidos a la conservación del patrimonio cultural 
y a la difusión de obras fuera del circuito comercial por parte de las instituciones 
culturales; asimismo, se refuerzan los límites ya existentes relativos a la educación y a la 
investigación científica puesto que las tecnologías digitales permiten nuevos tipos de 
usos para los que la normativa existente se revela insuficiente. Asimismo, se incluye por 
primera vez en el derecho español el límite de «pastiche», que refuerza la cobertura 
legal de las expresiones y construcciones multimedia que se replican y transmiten 
mediante Internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión –los 
conocidos como «memes»–, aunque este límite extiende también su ámbito al entorno 
analógico.
Por otra parte, también se establecen normas que permiten a las personas usuarias 
el acceso en línea a todas las emisiones radiofónicas de la Unión Europea y a los 
programas informativos y de producción propia de las emisoras y canales establecidos 
en la Unión.
En lo referente a las medidas para garantizar un funcionamiento correcto y equitativo 
del mercado de los derechos de propiedad intelectual, estas pretenden corregir los 
desequilibrios que el contexto digital ha provocado en la cadena de valor de la 
producción protegida por derechos de propiedad intelectual, al tiempo que se asegura la 
posición de las personas usuarias promoviendo el acceso a contenidos seguros y 
legales, así como también el acceso a información contrastada y fiable. Las medidas 
afectan a toda la cadena de valor, desde las plataformas y operadores del entorno digital 
hasta los autores y artistas, afectando también a otros titulares de derechos de 
propiedad intelectual tales como editores o productores.
Es importante mencionar el derecho reconocido a los editores de prensa, ya 
existente en el derecho español como derecho cedido por los autores de prensa, y que 
ha sido modificado para adecuarlo a la Directiva que se transpone. Asimismo, son 
importantes las medidas para reforzar la posición de los titulares de derechos en las 
plataformas que comparten contenidos, facilitando la concesión de autorizaciones si ello 
conviene a su modelo de negocio, o impidiendo la difusión y explotación de sus obras 
por las plataformas. Además, se fortalece la posición de los autores e intérpretes, que en 
el derecho español ya tienen reconocido el derecho irrenunciable a una retribución justa, 
con la incorporación de nuevas herramientas jurídicas como por ejemplo, el derecho de 
revocación de la cesión de sus obras que se otorga bajo ciertas condiciones a los 
autores, artistas e intérpretes, el derecho a la revisión de sus retribuciones si resultaron 
desproporcionadamente escasas; y la obligación de transparencia que se impone a 
cesionarios y licenciatarios de los derechos respecto de los autores, artistas e 
intérpretes.
Igualmente contribuyen a un correcto y equitativo funcionamiento del mercado de los 
derechos de propiedad intelectual las medidas que facilitan la liquidación de derechos de 
autor para las actividades de transmisión y retransmisión de contenidos a través de la 
radio y de la televisión en línea, en este contexto ha de situarse asimismo la regulación 
de la inyección directa.
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De acuerdo con lo previsto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de mayo de 2001, que se transpone al ordenamiento jurídico español 
mediante el presente real decreto-ley, esta persigue garantizar un alto nivel de protección 
de los derechos de propiedad intelectual.
Los criterios seguidos en la transposición se han basado, preferentemente, en la 
fidelidad al texto de las directivas y, en la medida de lo posible, en el principio de 
economía, de tal suerte que la reforma de la actual normativa en materia de propiedad 
intelectual sea la menor posible.
Por su parte, en lo que se refiere al recurso al real decreto-ley como instrumento de 
transposición, cabe señalar, en primer lugar, que viene motivado por el vencimiento del 
plazo para la transposición de las Directivas (UE) 2019/789 y 2019/790. El plazo máximo 
otorgado a los Estados miembros para su incorporación a los ordenamientos jurídicos 
internos finalizó el pasado 7 de junio de 2021, habiéndose recibido ya las 
correspondientes cartas de emplazamiento de la Comisión Europea, con fecha 23 de 
julio de 2021, como primera fase de la apertura de sendos procedimientos de infracción, 
2021/0223 y 2021/0224, respectivamente.
Además, debe tenerse en cuenta que, a pesar de que los objetivos y los principios 
establecidos por el marco de la Unión Europea en materia de derechos de autor 
continúan siendo sólidos, persiste cierta inseguridad jurídica, tanto para los titulares de 
derechos como para los usuarios, en lo que se refiere a determinados usos, entre ellos 
los de carácter transfronterizo, de las obras y otras prestaciones en el entorno digital. El 
modelo de explotación surgido, más digital y transfronterizo, ha requerido la adopción, 
por parte del legislador de la Unión, de nuevas medidas y del reconocimiento de 
derechos que permitan adaptarse a esta evolución y palíen los perjuicios irreparables 
que han venido sufriendo específicamente los titulares de derechos de propiedad 
intelectual; los cuales deben ser incorporados en el actual contexto, con la mayor 
brevedad posible, por los Estados miembros.
En España, los usos de contenidos digitales se han incrementado y prácticamente se 
han universalizado en 2020, según el estudio cualitativo de tendencias «Estudio sobre 
usos y actitudes de consumo de contenidos digitales de 2021», del Observatorio 
Nacional de Tecnología y Sociedad.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha influido no sólo en el consumo de 
contenidos digitales durante la vigencia del estado de alarma y el confinamiento en 2020, 
sino que ha seguido avanzando en el momento actual, ya que un porcentaje 
considerable de la población consume actualmente más contenidos digitales que antes 
de la pandemia.
Si bien no en todas las franjas de población este consumo ha aumentado (el 36% de 
los mayores de 75 años no ha consumido contenidos digitales nunca y el 20% sólo de 
manera excepcional), el incremento ha sido exponencial, de un 60 %, en la franja de 
entre 14 y 24 años; población ésta que ya tenía un consumo elevado de contenidos 
digitales y que está marcando la evolución para las actividades económicas relacionadas 
con el ámbito digital.
Respecto a la tipología de contenido, el incremento en la tasa de consumo en lo que 
se refiere a películas, series, vídeos y documentales sube de un 59,5% a un 80,3% en la 
actualidad, pasando la música digital del 58,1% de la población al 80,1%.
Además, el elevado y creciente uso en 2020 de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en los hogares españoles ha sido puesto de manifiesto una vez más por 
los resultados de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Sus resultados indican que, en 2020, el 93,2% de las personas de 16 a 74 años ha 
utilizado Internet en los últimos tres meses (2,5 puntos más que en 2019). Esto supone 
un total de 32,8 millones (con un aumento de más de un millón de usuarios). Asimismo, 
casi 19 millones de personas, el 53,8% de la población de 16 a 74 años, ha comprado 
por Internet en los tres últimos meses por motivos particulares, frente al 46,9% de 2019; 
pudiendo destacarse, entre los contenidos digitales vinculados a cultura, la compra de 
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música física o a través de descargas, 1,9 y 9,8% respectivamente, de películas o series 
a través de descargas o streaming , 15,6%, o de libros, en formato físico 11,4% o en 
descargas, 8%.
A ello se añaden múltiples indicadores de la Encuesta de Hábitos y Prácticas 
Culturales 2018-2019, elaborada por el Ministerio de Cultura y Deporte, que muestran, 
por ejemplo, una elevada disponibilidad de suscripción a plataformas digitales vinculadas 
a la cultura en el hogar; disponiendo de algún tipo de suscripción el 52,2% de la 
población de 15 años en adelante. En concreto, el 26,8% de este grupo de población 
cuenta con una suscripción a plataformas de contenidos musicales, el 38,9% a 
plataformas de películas o series, el 28,8% a plataformas de canales de televisión, y 
el 3,4% y 4,1 % respectivamente a plataformas de libros y de videojuegos.
Los datos expuestos ponen de manifiesto la extraordinaria y urgente necesidad en la 
aprobación de la nueva regulación en el marco del Mercado Único Digital europeo, a fin 
de mejorar las perspectivas económicas y laborales de las industrias culturales y 
creativas españolas, reforzando su competitividad en el contexto europeo, y dando 
respuesta a las necesidades y nuevos hábitos de los consumidores y usuarios de los 
contenidos culturales digitales.
Debe tenerse en cuenta que son ya varios Estados miembros de la Unión Europea 
los que ya han transpuesto esta nueva regulación a sus ordenamientos internos, lo que 
hace que los contenidos digitales de los Estados que aún no han procedido a dicha 
transposición estén perdiendo oportunidades de competir en el Mercado Único Digital 
europeo. España no puede quedarse a la cola en este proceso, máxime cuando, por un 
lado, el sector cultural español lo viene demandando públicamente desde hace tiempo, y, 
por otro, el plazo máximo de transposición ha expirado desde hace cuatro meses. Una 
tramitación ordinaria de la propuesta como anteproyecto de ley repercutiría 
negativamente en nuestras industrias culturales y creativas, perjudicando así su 
competitividad.
En ese sentido, una de las cuestiones conflictivas y más demandadas por parte del 
sector cultural ha sido la regulación específica de la responsabilidad de aquellas 
plataformas en línea que permiten el almacenamiento e intercambio de contenido 
protegido por derechos de propiedad intelectual subido por los usuarios. Hasta ahora, 
estas plataformas han venido gozando, en la mayoría de los casos, de una exención de 
responsabilidad o «puerto seguro» en relación con el material subido por los usuarios. 
Esto propiciaba que en estas plataformas se pudiese encontrar una gran cantidad de 
obras o prestaciones protegidas por los derechos de autor y derechos conexos, sin que 
hubieran obtenido autorización para realizar esta actividad. La nueva regulación 
pretende atajar este problema de explotación ilegal de contenidos.
Esta nueva regulación requirió, por mandato de la propia Directiva (UE) 2019/790, la 
emisión de unas Orientaciones Generales por parte de la Comisión Europea, para 
incorporar la regulación más adecuada en el marco de la normativa de la Unión. La 
publicación de las citadas Orientaciones, que se produjo finalmente el pasado mes de 
junio, ha dificultado también el proceso de transposición.
En definitiva, es imprescindible que la normativa interna sea adaptada lo antes 
posible para no perjudicar al sector cultural español, ya de por sí vulnerable 
(especialmente tras la pandemia provocada por la COVID-19, ya que muchos espacios 
de explotación de los contenidos culturales hubieron de permanecer cerrados), 
constituido en su mayor parte por PyMES y afectado con especial gravedad por las 
consecuencias de crisis sanitaria. Es de sobra conocido el impacto negativo que ha 
tenido la COVID-19 en nuestras industrias culturales y creativas, tanto en términos 
económicos como de destrucción de empleo (con un descenso en el empleo cultural, en 
datos medios anuales, en 2020, del 5,9% respecto al año 2019); impacto éste que puede 
contrarrestarse en estos momentos con una inmediata transposición de las Directivas 
(UE) 2019/789 y (UE) 2019/790.
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VII
El Libro quinto de la presente norma incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 
2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las 
importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19.
El pasado 15 de julio de 2021 publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE), la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales 
relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia 
de COVID-19, cuya trasposición deberá realizarse antes del 1 de enero de 2022.
Esta Directiva tiene por objeto ampliar la exención que actualmente concede la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido, a las importaciones de bienes y a las 
entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas a favor de la Comunidad 
Europea, la Comunidad de la Energía Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco 
Europeo de Inversiones, o los organismos creados por la Unión realizadas para uso 
oficial, a las adquisiciones de bienes y servicios que realice la Comisión o un órgano u 
organismo creado con arreglo al Derecho de la Unión para dar respuesta a la pandemia 
de la COVID-19 en el ejercicio de sus funciones, siempre que los bienes importados o 
los bienes y servicios adquiridos no se utilicen para realizar entregas ulteriores a título 
oneroso por parte de la Comisión o de la entidad beneficiaria de la exención.
De este modo se garantizaría que las medidas adoptadas en el marco de las 
diversas iniciativas de la Unión Europea en este contexto no se vean obstaculizadas por 
el hecho de que estas adquisiciones de bienes y servicios queden gravadas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, que no pueda ser deducido y, por 
tanto, recuperado por estas instituciones comunitarias.
Por otra parte, para conseguir el mejor uso posible del presupuesto comunitario en la 
lucha contra la COVID-19, las exenciones introducidas en la Directiva, que ahora se 
traspone, deberán aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021 y con 
vigencia indefinida, siempre que las adquisiciones se vinculen a la lucha contra la 
pandemia.
En consecuencia, es preciso modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, para incorporar las exenciones previstas en la referida 
Directiva comunitaria a la normativa nacional del Impuesto.
La aplicación retroactiva de la medida exigirá, por tanto, la rectificación de las 
operaciones efectuadas por los sujetos pasivos por las que se hubiera devengado el IVA 
desde el 1 de enero de 2021 hasta su entrada en vigor, con sujeción a los criterios 
generales contendidos en la Ley del IVA.
La aprobación de la Directiva (UE) 2021/1159, cuya tramitación se ha realizado de 
forma urgente, así como la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2021 de las 
nuevas exenciones previstas en la misma, precisan que su transposición se realice de 
forma urgente y extraordinaria.
De esta forma, se limita temporalmente la necesidad de rectificar las operaciones 
efectuadas por los sujetos pasivos con carácter previo a su trasposición y se garantiza 
que las modificaciones contenidas en la referida Directiva puedan desplegar sus efectos 
de forma inmediata desde la entrada en vigor de este real decreto-ley contribuyendo así 
a la lucha contra los efectos sociales y económicos de la pandemia.
Por todo ello, se estima que en la medida relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido 
concurren las circunstancias del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente 
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para el empleo. de dicho 
instrumento normativo.
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VIII
En relación con el contenido previsto en el Libro sexto de este real decreto-ley, a 
continuación se concretan las razones que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad, en virtud del artículo 87 de la Constitución Española, para transponer la 
Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección 
de los consumidores de la Unión, cuyo plazo de transposición vence el 28 de noviembre 
de 2021.
La necesidad de regular este vacío se ha visto acrecentada por la actual crisis 
sanitaria pues, como se indica en la Nueva Agenda Europea del Consumidor, publicada 
en noviembre de 2020, las medidas de confinamiento han destacado «el papel 
fundamental de las tecnologías digitales en la vida de las personas, permitiendo comprar 
bienes esenciales que, de otra manera, no serían asequibles y acceder a servicios a 
pesar de las restricciones».
Este hecho hace aún más necesario proceder a incorporar a la normativa española 
las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2019, que viene a modernizar la normativa de consumo en 
relación con determinadas prácticas contrarias a los intereses de las personas 
consumidoras que se dan en las relaciones de consumo a través de internet y que, hasta 
la fecha, no cuentan con regulación específica.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que, desde el 17 de enero de 2020, resulta de 
aplicación el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 
responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los 
consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004, directamente 
vinculado con la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019 en cuanto al régimen sancionador. La transposición de esta 
Directiva, por tanto, también viene a introducir en la normativa nacional las 
modificaciones del régimen sancionador necesarias para la aplicación efectiva en 
España del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017.
En este contexto, se debe tener en cuenta que el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, procedió a 
refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias 
dictadas en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias que incidían 
en los aspectos regulados en dicha ley, en cumplimiento de la previsión recogida en la 
disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios.
Con posterioridad a la aprobación de dicho texto, se han llevado a cabo sucesivas 
modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, principalmente, 
de cara a incorporar a nuestro ordenamiento los nuevos desarrollos legislativos de la 
Unión Europea. En este sentido, se modificaron los artículos 21, 49.1 y 60.2, por 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; los artículos 8, 
18, 19, 20, 47.3, 49.1 y 123, por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica 
el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios; y se añadieron determinados preceptos; se 
suprimió el título IV y se renumeró el V, por Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Posteriormente, se modificaron los 
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artículos 19.2, 141.a) y 163, por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; 
los artículos 66 bis.3 y 107.1, por Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 
transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores; el artículo 21.3 y 4, por Ley 7/2017, 
de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo; el artículo 93.g) y el 
libro cuarto, se enumeró el anexo como I, y se añadieron los anexos II y III, por Real 
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de 
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Más 
recientemente, también se ha modificado el artículo 83, por Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; los artículos 21.2 y 49.1, por Real 
Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 
de transportes; y los artículos 3, 8, 17 a 20, 43 y 60, por Real Decreto-ley 1/2021, de 19 
de enero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.
Más recientemente, se ha procedido a modificar el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
mediante Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación 
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 
servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
Así se han transpuesto, mediante la modificación del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
de 16 de noviembre, que incorpora el Título VIII del citado real decreto-ley, la Directiva 
(UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales 
y la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, 
por la que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se 
deroga la Directiva 1999/44/CE.
Estas dos Directivas han supuesto una mejora en la protección de las personas 
consumidoras y la consolidación del mercado interior, procediendo a reforzar la 
seguridad jurídica, tanto de las personas consumidoras y usuarias como de las 
empresas, tanto personas físicas, como jurídicas, eliminando disparidades existentes en 
la legislación europea en materia de garantías que crean obstáculos significativos en el 
mercado interior. Estas diferencias dificultan el funcionamiento del mercado, dando lugar 
a un aumento de los costes de cumplimiento para las empresas que desean ofertar o 
vender sus bienes en otros Estados miembros, al tiempo que afectan a la confianza de 
las personas consumidoras.
Las citadas Directivas establecen normas comunes sobre determinados requisitos 
relativos a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y de 
compraventa de bienes, respectivamente, celebrados entre empresas y personas 
consumidoras y usuarias, en particular, normas sobre la conformidad con el contrato, las 
medidas correctoras en caso de falta de conformidad y las modalidades para exigir 
dichas medidas correctoras, que se han incorporado al texto refundido.
El 18 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, la 
Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección 
de los consumidores de la Unión cuyas disposiciones afectan al contenido del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
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leyes complementarias y que requieren su modificación para ser incorporadas al derecho 
español.
Esta Directiva supone un nuevo impulso a la protección de las personas 
consumidoras en la Unión, representando un esfuerzo de modernización de las normas 
europeas en este ámbito e incorporando nuevas medidas y modificando el régimen 
sancionador para lograr su cumplimiento efectivo, garantizando con ello un mercado 
único justo tanto para los consumidores como para las empresas. En este sentido, estas 
normas vienen a consolidar el nuevo marco para los consumidores, presentado por la 
Comisión Europea en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo, de 11 de abril de 2018 (COM (2018) 183 final).
Asimismo, esta Directiva entronca con la Estrategia para el Mercado Único Digital de 
Europa, recogida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo de 6 de mayo de 2015 (COM (2015) 192 final), 
que planteaba la necesidad de adoptar normas modernas y simplificadas para el 
comercio electrónico transfronterizo, animando con ello a las empresas a vender en línea 
traspasando las fronteras de los Estados miembros, incrementando así la confianza de 
las personas consumidoras en el comercio electrónico transfronterizo. Desde la 
perspectiva española, estas normas se incluyen en el eje estratégico «Garantizar los 
derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital», de España Digital 2025.
En consecuencia, a fin de transponer completamente al derecho interno la Directiva 
mencionada, mediante este real decreto-ley se procede a modificar principalmente el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias y, en menor medida, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, al resultar también afectadas parcialmente en su contenido por la regulación 
que incorpora la directiva que es objeto de transposición.
Las diferencias existentes entre las normas nacionales de los Estados miembros 
sobre infracciones y sanciones aplicables, que no permiten garantizar que puedan 
imponerse multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas responsables 
de las infracciones generalizadas, y de las infracciones generalizadas con dimensión en 
la Unión, ha sido causa de la introducción de nuevas normas sobre sanciones en la 
Directiva 93/13/CEE y la modificación de aquellas contenidas en las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE, tal como se señala en el Considerando 5 de la Directiva (UE) 
2019/2161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019.
En atención a ello, la introducción de tales modificaciones en el régimen sancionador 
estatal relativo a la defensa de las personas consumidoras requiere realizar asimismo los 
ajustes necesarios para la aplicación del Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de 
protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) 2006/2004. 
Estos ajustes están estrechamente relacionados con las modificaciones previstas en la 
Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019 y son necesarios para su aplicación efectiva en España.
Asimismo, se hace preciso regular la graduación de sanciones del artículo 50.1 del 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, declarado nulo por Sentencia del Tribunal 
Constitucional 10/2015, de 2 de febrero, sin la cual no es posible aplicar las 
disposiciones sancionadoras derivadas del Derecho de la Unión, resultando preciso, 
asimismo, determinar la Administración competente en relación con la comisión de 
infracciones que superen el ámbito territorial de las comunidades autónomas o del propio 
Estado.
Dada la relevancia de los cambios que deben introducirse, y al objeto de la 
transposición completa de la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2019 y garantizar la aplicación efectiva en España del 
Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
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de 2017, se ha considerado necesario abordar una revisión íntegra del Título IV, sobre la 
Potestad sancionadora, del Libro Primero del citado texto refundido. Con ello, se da 
también cumplimiento al mandato previsto en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de 
mejora de la protección de los consumidores y usuarios que, en su Disposición final 
cuarta, anunciaba que «en el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establezca, en el ejercicio 
de las competencias estatales, las reglas sobre infracciones y sanciones en materia de 
consumo.»
En definitiva, se considera preciso que en el real decreto-ley integre dicho contenido, 
en atención a que la parte de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2019, que se transpone, que afecta a régimen de 
infracciones y sanciones, en particular, lo relativo a la introducción de un nuevo artículo 8 
ter en la Directiva 93/13/CEE y la modificación del artículo 8 de la Directiva 98/6/CE 
exige para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, que se proceda a modificar 
el régimen sancionador contenido en el Título IV del Libro Primero del texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, como garantía de la completa 
transposición de aquélla, al devenir materialmente de imposible cumplimiento en el 
Estado de España su contenido en tal materia sin la modificación del referido Título.
Por consiguiente, se propone llevar a cabo las modificaciones necesarias en el 
ámbito sancionador previsto en el texto refundido citado, con la finalidad de permitir la 
adecuada transposición de la directiva, y que, en consecuencia, sea posible prever las 
infracciones a las que se refiere el artículo 1 de la directiva, de conformidad con la 
articulación de cuanto exige constitucionalmente su incorporación al ámbito interno, que 
no es otra cosa que su incorporación, mediante el real decreto-ley a una norma con 
rango legal, como garantía de la previsión recogida en el artículo 25 de la Constitución.
Y ello, por otra parte, se ha realizado en atención a la Jurisprudencia constitucional 
en materia de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en los supuestos en los que el Estado no dispone de competencias plenas 
sobre una materia, como es el caso de la regulación que con carácter básico se pretende 
realizar por el Estado en materia de consumo y defensa de los consumidores y usuarios, 
de modo tal que se reservan al Estado, en las normas legales que pretenden ser 
aprobadas, las actuaciones relacionadas con aquellas infracciones que exceden el 
ámbito de cada Comunidad Autónoma y que cumplen las condiciones a las que 
precisamente se refiere la directiva que se transpone, al prever la necesidad de su 
implantación a nivel de la Unión como garantía última de la defensa de los consumidores 
y usuarios comunitarios.
Así será de aplicación este régimen sancionador, en particular, a las infracciones 
generalizadas o infracciones generalizadas con dimensión en la Unión Europea previstas 
en el Reglamento (UE) 2017/2394, cuyo régimen se modifica expresamente en virtud del 
artículo 1 de la Directiva que se transpone. Estas infracciones, las infracciones 
generalizadas o generalizadas con dimensión de la Unión Europea previstas en el 
Reglamento (UE) 2017/2394 se prevé que sean sancionadas por el Estado, al 
manifestarse la excepcional necesidad de centralizar la tramitación de estos expedientes 
sancionadores por parte de la Administración General del Estado al afectar a intereses 
que exceden los propios de cada comunidad autónoma y establecerse, a nivel de la 
Unión, un régimen sancionador concreto a nivel nacional para tales infracciones, 
circunstancias que exigen una actuación homogeneizadora estatal con capacidad de 
integrar intereses contrapuestos.
Por todo ello, es necesario que se incluya esta transposición en el real decreto-ley, 
en los términos que se proponen, puesto que de no hacerlo resultaría que a partir del 
mes de noviembre el Reino de España estará incumpliendo el plazo máximo de 
transposición de la Directiva (UE) 2019/2161, con las consecuencias por todos 
conocidas que ello podrá suponer; y además el contenido que presenta la modificación 
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legislativa que se propone pretende garantizar que la transposición se realice además de 
en plazo, de forma completa, puesto que en otro caso resultarían de imposible 
cumplimiento en nuestro ordenamiento las infracciones y sanciones a las que alude la 
directiva, que no podrían llegar a aplicarse de manera efectiva en España. Ello podría 
dar lugar, tanto a nivel estatal como comunitario, a denuncias o procedimientos 
jurisdiccionales por una incorrecta transposición al derecho interno.
Con la presente regulación se pretende garantizar de una parte, el legítimo ejercicio 
de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en la materia, así como 
la libre circulación de bienes y servicios en el seno del mercado europeo y la igualdad 
básica de los derechos de los ciudadanos, al tratarse de normativa básica del Estado.
El artículo 46 con el que se inicia el Título IV, dedicado a establecer los principios 
generales del régimen sancionador, regula la posible concurrencia de infracciones y 
delitos, o de infracciones administrativas entre sí, o de normas represivas de cualquier 
naturaleza ante unos mismos hechos. En este contexto, la defensa de las personas 
consumidoras ha de ponerse en relación con otras materias, a veces próximas o 
conexas, a veces aparentemente alejadas de este pero que, en casos concretos, 
suponen tal concurrencia. La solución está condicionada por la proclamación del 
principio non bis in idem  y por la concreta interpretación que del mismo ha hecho el 
Tribunal Constitucional. En este mismo precepto, y siguiendo reiteradas 
recomendaciones del Defensor del Pueblo, se confiere a las asociaciones de 
consumidores legalmente constituidas la condición de interesado en los procedimientos 
que versen sobre intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y 
usuarios.
En la relación de infracciones recogida en el artículo 49 del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
y que pasan al artículo 47, se han racionalizado algunos de los tipos que ya estaban 
incluidos en la norma e incorporado las nuevas infracciones exigidas por las 
modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, además de considerar como infracciones las 
actuaciones discriminatorias para con las personas consumidoras y usuarias, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/302, y aclarar la infracción por incumplimiento 
de deberes o prohibiciones impuestos por la Administración, incluidos los 
comportamientos que no respetan compromisos adquiridos, todo ello en aplicación del 
Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2017, diferenciándola de la norma de cierre que posibilita la sanción por cualquier 
infracción de las normas aplicables, en atención a la normativa autonómica que resulte 
de aplicación.
En aras de transponer completamente la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019 resulta necesario dar cumplimiento 
a la Sentencia 10/2015, de 2 de febrero, del Tribunal Constitucional, que declaró 
inconstitucional y nulo el artículo 50.1 del citado texto refundido, al entender que el 
precepto posponía la calificación de las infracciones a un momento aplicativo posterior y, 
por ende, externo a la previsión legal en contra de la vertiente material del derecho a la 
legalidad sancionadora recogido en el artículo 25.1 de la Constitución. Por ello, se ha 
considerado necesario en la nueva redacción de los artículos 48 y 49 distinguir las 
infracciones lesivas de la salud de las restantes, asimilando a las primeras las que 
resulten lesivas de la seguridad de las personas consumidoras y remitiendo a la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la determinación de la gravedad de las 
infracciones del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias en estos supuestos.
El resto de infracciones son calificadas inicialmente como leves y graves, recogiendo 
los criterios incorporados por la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2019, para determinar la gravedad final de la conducta. 
Asimismo, se generaliza la posibilidad de terminación convencional del procedimiento 
sancionador prevista en la letra c) del artículo 9.4 del Reglamento (UE) 2017/2394 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017 y el importe máximo 
para infracciones muy graves establecido en el artículo 21 de dicho Reglamento. 
Finalmente, además de actualizar la cuantía de las multas previstas en cada tramo para 
cumplir con los requisitos de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias 
impuestos por la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, se introduce como novedad relevante para concretar la sanción 
económica aplicable la estimación de la cuantía del beneficio ilícito obtenido así como la 
publicidad de las resoluciones por las que se sanciones infracciones calificadas como 
muy graves, pues se considera necesario de cara a conseguir la pretendida finalidad 
disuasoria de las sanciones, como ocurre en la normativa sobre defensa de la 
competencia o protección de datos.
El decomiso como sanción accesoria es regulado en el artículo 50, junto con la 
publicidad de la sanción, introduciéndose modificaciones sustanciales con el fin de 
subrayar su carácter sancionador y su diferencia con otras medidas administrativas de 
contenido similar, pero con naturaleza muy diferente, aproximando el régimen de esta 
sanción al de la pena equivalente establecida en el Código Penal.
El artículo 51 se dedica a dar una solución adecuada a uno de los problemas 
fundamentales que presenta en la actualidad la regulación sancionadora de la protección 
de las personas consumidoras y que se centra en la identificación de los responsables 
de las infracciones; es decir, aquellas personas contra las que debe dirigirse la 
Administración al instruir los procedimientos sancionadores y que en la normativa vigente 
no se encontraban reguladas.
Tampoco contempla la normativa actual la prescripción de las infracciones y 
sanciones, la caducidad del procedimiento sancionador ni la extinción de responsabilidad 
por otras causas, aspectos que se hace necesario regular tanto para la transposición 
completa de la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, como para garantizar la aplicación efectiva en España del 
Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2017. El artículo 52 regula estas materias consideradas por el Tribunal Constitucional 
parte del régimen sancionador básico y que deben ser objeto de tratamiento unitario, 
como declaró en su Sentencia 124/2003, de 19 de junio.
A la hora de determinar el régimen sancionador es preciso considerar el supuesto de 
aquellas infracciones en materia de consumo cuyos efectos se producen en un ámbito 
superior al de cada comunidad autónoma, resultando preciso, de conformidad con la 
Jurisprudencia constitucional, determinar el punto de conexión aplicable para determinar 
la Administración competente para la ejecución del procedimiento sancionador y, 
asimismo, considerar aquellos supuestos en los que, con carácter excepcional, resulta 
competente la Administración General del Estado para la aplicación de las infracciones y 
sanciones previstas en la presente Ley, de conformidad con la competencia atribuida al 
Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución, en aras de garantizar un sistema de 
control y sanción eficaz y disuasorio como exige la normativa europea desde la 
perspectiva de la defensa de los intereses de las personas consumidoras. Con esta 
finalidad se incorpora el artículo 52 bis.
Así, el nuevo artículo 52 bis enfrenta la tarea que corresponde al Estado de fijar 
puntos de conexión con arreglo a los cuales pueda determinarse la Administración 
competente para sancionar una determinada infracción. En primer lugar, se delimita el 
ordenamiento español aplicable frente a otros Estados y se acoge como criterio el del 
lugar de comisión de la infracción ( forum delicti comissi ) y se utiliza la teoría de la 
ubicuidad presente para fijar los puntos de conexión, de tal forma que tengan 
competencia para sancionar una conducta todas aquellas autoridades de consumo en 
cuyo territorio se haya producido el hecho que pudiera ser objeto de infracción. Se prevé 
en estos casos el establecimiento de mecanismos de colaboración entre las distintas 
administraciones en el seno de la Comisión Sectorial de Consumo, en orden a conseguir 
una cooperación que permita unos altos niveles de protección de las personas 
consumidoras independientemente del territorio donde estén ubicadas.
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Excepcionalmente, se establece por primera vez que la Administración General del 
Estado podrá sancionar determinadas infracciones de consumo de ámbito nacional, 
incluidas las infracciones generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión 
Europea, previstas en el Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2017, cuando por su magnitud se pueda ver afectada la 
unidad del mercado nacional y la competencia en el mismo. Se justifica la necesidad de 
centralizar la tramitación de los expedientes sancionadores por parte de la 
Administración General del Estado en el caso de infracciones de ámbito supra 
autonómico, que afectan a miles de consumidores, o con residencia en varios Estados 
miembros de la Unión Europea, y que presentan incidencia en la economía en su 
conjunto, al afectar a intereses que exceden de los propios de cada comunidad 
autónoma, circunstancias que exigen una actuación homogeneizadora estatal con 
capacidad de integrar intereses contrapuestos. Se pretende salvaguardar en estos casos 
la unidad de mercado que emana del artículo 139 de la Constitución y la competencia 
efectiva en el mismo, así como la garantía de igualdad en el trato de los infractores y la 
defensa de los consumidores y usuarios afectados.
Por último, el artículo 52 ter, trata de complementar al Reglamento (UE) 2017/2394, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, que pretende 
reforzar la confianza de las personas consumidoras mediante una aplicación más rápida, 
ágil y coherente de las normas relativas a su protección, al mismo tiempo que se evita 
una distorsión de la competencia para las y los comerciantes respetuosos de la ley.
En cuanto a la necesidad de legislar en esta materia, es preciso tener en cuenta que, 
como se indicó en el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es factible la 
intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos 
europeos cuando tal intervención pueda resultar necesaria tanto para la depuración del 
ordenamiento nacional como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se 
trate. Los Reglamentos europeos deben ser integrados internamente de una manera lo 
suficientemente clara como para permitir su pleno conocimiento, tanto por los 
operadores jurídicos como por los propios ciudadanos. Asimismo, se deben eliminar 
situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho 
nacional incompatibles con el de la Unión. Por consiguiente, y en aras del principio de 
seguridad jurídica, la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la 
Unión Europea debe ser eliminada «mediante disposiciones internas de carácter 
obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban 
modificarse» (Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto 
Comisión vs. España; de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de 
octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia). Asimismo, y de forma complementaria con 
la aplicabilidad directa de los Reglamentos de la Unión, pueden exigirse otras normas 
internas para hacer plenamente efectiva esta aplicación.
Los cinco apartados incluidos en el artículo 52 ter obedecen a esa necesidad de 
complementar el derecho de la Unión, designando el órgano que realizará las tareas de 
Oficina de Enlace, así como las condiciones y facultades de las autoridades competentes 
que garantizarán el cumplimiento de las normas en materia de protección de las 
personas consumidoras. El último apartado prevé la posibilidad de imponer multas 
coercitivas para garantizar el cumplimiento del mencionado Reglamento.
Se incorporan asimismo al derecho español el resto de disposiciones no 
sancionadoras de la Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2019.
La única modificación que ha sufrido la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en 
materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a las personas 
consumidoras, ha sido, además del régimen de sanciones, la relativa a la obligación de 
indicar el precio anterior aplicado por el empresario, es decir, el precio menor aplicado 
por el empresario durante un periodo de tiempo que no podrá ser inferior a los treinta 
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días anteriores a la aplicación de la reducción del precio. Si bien esta obligación ya se 
contemplaba en el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, mediante el presente real decreto-ley se introduce una nueva 
redacción de dicho precepto en la citada ley, plenamente adaptado a la Directiva.
Las modificaciones de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, afectan al 
artículo 19 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, mediante el que se habilita a las 
administraciones públicas competentes para establecer requisitos específicos para las 
modalidades de visitas no solicitadas efectuadas por las y los comerciantes al domicilio 
de las personas consumidoras y excursiones organizadas por las empresas con el 
objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a las personas consumidoras, y 
al artículo 20 del mismo texto, mediante el que se obliga a informar sobre si el tercero 
que ofrece productos o servicios en mercados en línea es una empresa o no y, por lo 
tanto, no sería de aplicación el régimen protector de las personas consumidoras, así 
como la veracidad de las reseñas y los parámetros que determinan las clasificaciones 
ofrecidas.
Asimismo, se añade un nuevo artículo 20 bis al citado texto refundido con medidas 
correctoras a disposición de las personas consumidoras perjudicadas por prácticas 
comerciales desleales, tales como considerar como acreditado, salvo prueba en 
contrario, la constatación en una resolución firme de una infracción para el ejercicio de 
las acciones previstas en el apartado 1 del artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, 
de Competencia Desleal; establecer la responsabilidad solidaria por los daños y 
perjuicios ocasionados de todos los que hayan realizado de forma conjunta la infracción; 
e impedir que la existencia de una práctica comercial desleal pueda ser utilizada en 
contra de los intereses de las personas consumidoras.
Las novedades introducidas en la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 11 de mayo de 2005, también requieren modificar la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal, calificando como desleal la comercialización de un bien 
como idéntico a otro comercializado en otro Estado miembro cuando presenta 
características diferentes, a fin de luchar contra el denominado fenómeno de calidad dual 
y la discriminación de mercados. Asimismo, los comportamientos contrarios a las 
previsiones sobre información en los medios de comunicación para promocionar un 
producto, reseñas y búsquedas, también se califican de desleales, además de la reventa 
de entradas de espectáculos empleando medios automatizados para evitar los límites a 
las compras masivas. Al respecto debe hacerse hincapié en que el concepto de medios 
de comunicación abarca una acepción amplia del término que englobaría, por ejemplo, a 
las redes sociales, cuando actúan como plataformas para la publicidad, el 
emplazamiento de productos y las opiniones de los consumidores.
Entre las modificaciones de la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, en materia de información a las personas 
consumidoras y aclarando el ejercicio del derecho de desistimiento, es destacable la 
nueva exigencia de información sobre el hecho de que el precio haya sido personalizado 
sobre la base de una toma de decisiones automatizada, práctica que puede 
generalizarse mediante la elaboración de perfiles de comportamiento de las personas 
consumidoras, facilitado con el incremento del big data .
La modificación de la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011, establece, asimismo, unos requisitos específicos adicionales 
de información para los contratos celebrados en mercados en línea, que se recogen en 
el nuevo artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, entre los que se encuentra el 
de informar sobre cómo se reparten las obligaciones relacionadas con el contrato entre 
el tercero que realiza la oferta y el proveedor del mercado en línea, el carácter de 
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empresa o no del oferente, así como la previsión que se añade de la obligación de 
informar sobre las garantías y seguros ofrecidos por el proveedor del mercado en línea.
Asimismo, y con la finalidad de adaptar el texto de las actuales disposiciones finales 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias al nuevo articulado resultante de este real decreto-ley, se 
lleva a cabo una actualización de las referencias cruzadas existentes en las 
disposiciones finales primera y segunda y de la disposición final primera del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con el título competencial.
En último lugar, se habilita al Gobierno para establecer un registro general de 
infracciones y sanciones y un procedimiento sancionador, en desarrollo de las 
modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
IX
Por su parte, el Libro séptimo abarca la transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes.
Esta norma comunitaria establece un plazo de transposición ya vencido, el día 2 del 
pasado mes de agosto, existiendo carta de emplazamiento de 11 de octubre de 2021.
El objetivo de esta Directiva es el de garantizar que los poderes adjudicadores y las 
entidades contratantes correspondientes tengan en cuenta, en la contratación pública 
relativa a los vehículos de transporte por carretera incluidos en su ámbito de aplicación, 
los impactos energético y medioambiental de estos durante su vida útil, a fin de 
promover y estimular el mercado de vehículos limpios y energéticamente eficientes y 
mejorar así la contribución del sector del transporte a las políticas en materia de medio 
ambiente, clima y energía de la Unión Europea.
A tal fin, este real decreto-ley define las contrataciones públicas a las que le será de 
aplicación, dentro de las realizadas por contrato de suministro destinados a la compra, 
arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con derecho a compra de vehículos de 
transporte por carretera; de servicio público de transporte de pasajeros por carretera y de 
determinados servicios (transporte por la vía pública, recogida de desperdicios, 
transporte de paquetes o distribución postal entre otros).
También se explicita el ámbito de aplicación temporalmente, siendo aplicable solo 
para aquellos contratos respecto de los cuales se haya enviado una convocatoria de 
licitación después del 2 de agosto de 2021, o, en los casos en que no se haya previsto 
una convocatoria de licitación, cuando el poder adjudicador o entidad contratante haya 
iniciado el procedimiento de adjudicación del contrato después de esa fecha.
Asimismo se define qué se entiende por «vehículo de transporte por carretera», por 
«vehículo limpio» y por «vehículo pesado de emisión cero» a los efectos de la norma de 
transposición; qué vehículos quedan excluidos de su aplicación y cuáles son los 
«objetivos mínimos de contratación pública» de vehículos y servicios definidos, 
expresados como porcentajes mínimos de vehículos limpios respecto del total de 
vehículos de transporte por carretera comprendidos en la suma de todos los contratos 
incluidos en el ámbito de aplicación. Estos porcentajes se fijan en distintos cuadros que 
figuran en un Anexo que acompaña a este real decreto-ley.
X
Este real decreto-ley incluye, en su parte final, cuatro disposiciones adicionales, que 
cierran el contenido del libro primero, regulando cuestiones distintas, aunque conectadas 
con este. Estas tienen como objetivo incorporar los instrumentos jurídicos que facilitan la 
transmisión y la movilidad de los derechos asociados a los créditos o préstamos 
hipotecarios ya existentes en la normativa hipotecaria, como es el caso de las 
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participaciones hipotecarias en la adicional primera, o los certificados de transmisión de 
hipoteca en la segunda, con el régimen común a ambos instrumentos en la tercera. 
Finalmente, la cuarta trata de promover la movilización de créditos garantizados con 
activos físicos no inmobiliarios y facilitar su uso eventual como instrumentos de 
cobertura.
Resulta especialmente importante la disposición transitoria primera, que prevé la 
aplicación del régimen de este decreto-ley a las cédulas y bonos ya emitidos, una vez 
entre en vigor el Libro primero, de manera que pasen a considerarse y a tener el 
tratamiento jurídico propio de los bonos garantizados, con las ventajas que el nuevo 
régimen confiere, respecto al anterior, a sus tenedores en términos de seguridad jurídica, 
armonización comunitaria y mejora global de las garantías e inmunidades asociadas a 
los activos de cobertura de los bonos y, en último término, de la protección del inversor. 
Las entidades emisoras dispondrán del tiempo que medie entre la publicación y la 
entrada en vigor para realizar los cambios y adaptaciones necesarias que conduzcan al 
cumplimiento de las previsiones legales de la ley, incluyendo, en particular, la formación 
del conjunto de cobertura con el correspondiente registro de activos.
Por su parte, la disposición transitoria segunda viene a regular el procedimiento por 
el que las entidades de crédito deberán asignar los activos de cobertura a los títulos 
emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Libro primero este decreto-ley con el 
fin de garantizar la neutralidad y la calidad de activos traspasados al conjunto de 
cobertura.
La disposición transitoria tercera tiene como objetivo evitar el solapamiento de 
medidas dirigidas a mitigar el riesgo de liquidez, que pueden resultar redundantes con la 
previsión del colchón de liquidez aplicado a los bonos garantizados.
La disposición transitoria cuarta contempla el régimen transitorio para el ejercicio de 
los derechos de retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de 
radiodifusión y para la transmisión de programas mediante inyección directa.
La disposición derogatoria única incluye la Ley 2/1981, de 25 de marzo, del mercado 
hipotecario, cuyo contenido, tras un gran número de modificaciones, se integra dentro de 
este real decreto-ley, así como otras previsiones sustituidas por nuevos preceptos 
incorporados al real decreto-ley.
Las disposiciones finales introducen modificaciones en diversos preceptos del 
ordenamiento jurídico necesarias para una adecuada transposición de la directiva. La 
primera incorpora de forma explícita la preferencia de los créditos asociados a los bonos 
garantizados sobre el patrimonio del deudor, tanto respecto a bienes muebles como 
inmuebles. La tercera tiene como objetivo establecer la competencia del Banco de 
España para asegurar la efectividad de los adeudos domiciliados en España, 
consecuencia de su pertenencia a la denominada zona SEPA, ampliando su facultad 
sancionadora a personas jurídicas no financieras.
Frente a las reglas comunes del procedimiento concursal, la disposición final cuarta 
configura, como normativa especial, las disposiciones relativas a la segregación del 
conjunto de cobertura ante un eventual concurso de la entidad emisora, de manera que 
se asegure la estabilidad y la no alteración de los derechos de los tenedores de los 
bonos garantizados en todo momento. Asimismo, establece el carácter de crédito con 
privilegio especial de los créditos a favor de los tenedores de bonos garantizados, 
respecto de los préstamos y créditos, y otros activos que los garanticen, integrados en el 
conjunto de cobertura hasta donde alcance su valor.
La disposición final quinta modifica realiza modificaciones de carácter técnico en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La disposición final sexta asegura la vigencia del conjunto actual de desarrollos de la 
normativa del mercado hipotecario, que ha ido completándose de forma continua y 
pormenorizada durante largo tiempo, de manera que continúen siendo funcionales todas 
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aquellas previsiones que resulten compatibles con este real decreto-ley, a la que se 
considerarán realizadas las referencias que correspondan de las normas en vigor.
La disposición final séptima contempla los títulos competenciales que amparan al 
Estado para dictar el presente real decreto-ley.
Por su parte, la disposición final octava establece qué normas de derecho de la 
Unión Europea se incorporan al ordenamiento jurídico español.
La disposición final novena asegura el desarrollo posterior de algunas partes del 
texto cuyo contenido requiera de mayor grado de precisión o adaptación posterior, de tal 
manera que asegure la funcionalidad de las distintas piezas de la regulación y su 
adaptación a las necesidades que puedan ir surgiendo en cada momento.
Por último, la disposición final décima señala la entrada en vigor del real decreto-ley.
XI
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en el 
interés general en el que se fundamentan las medidas, siendo el real decreto-ley el 
instrumento más inmediato para garantizar su consecución. Se respeta también el 
principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible para la 
consecución de los objetivos previamente mencionados.
Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como 
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define 
claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria 
que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real 
decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se 
dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución Española.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, de Hacienda y Función Pública, y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, y de los Ministros de Cultura y Deporte, y de Consumo, de acuerdo con 
el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 2 de noviembre de 2021,
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DISPONGO:
LIBRO PRIMERO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de 
bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE 
y 2014/59/UE
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto-ley tiene por objeto regular el régimen de emisión y supervisión 
de los bonos garantizados, estableciendo sus características, las obligaciones de 
información y los mecanismos de protección a los inversores.
2. Este real decreto-ley será de aplicación a las emisiones de bonos garantizados 
realizadas en España por parte de entidades de crédito establecidas en España, incluido 
el Instituto de Crédito Oficial, o a las emisiones de bonos garantizados fuera de España 
por entidades de crédito españolas cuando dichas emisiones se realicen con sujeción a 
este real decreto-ley.
Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de este real decreto-ley se entiende por:
1) «bono garantizado»: un título de deuda emitido por una entidad de crédito de 
conformidad con las disposiciones de este real decreto-ley y garantizado por activos de 
cobertura a los que los inversores pueden recurrir directamente en su calidad de 
acreedores preferentes;
2) «programa de bonos garantizados»: las características estructurales de una o 
varias emisiones de bonos garantizados que se determinan por normas legales y por 
cláusulas y condiciones contractuales, de conformidad con el permiso concedido a la 
entidad emisora de los bonos garantizados;
3) «conjunto de cobertura»: un conjunto de activos claramente definidos que 
garantizan las obligaciones de pago vinculadas a un programa de bonos garantizados y 
que están segregados de otros activos mantenidos por la entidad emisora;
4) «activos de cobertura»: los activos incluidos en un conjunto de cobertura;
5) «activos en garantía»: los activos físicos y los activos en forma de exposiciones 
que garantizan activos de cobertura;
6) «segregación»: las acciones llevadas a cabo por una entidad emisora de bonos 
garantizados a fin de identificar los activos de cobertura y dejarlos legalmente fuera del 
alcance de acreedores que no sean inversores en bonos garantizados y contrapartes de 
contratos de derivados;
7) «entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013;
8) «terminación anticipada automática»: una situación en la que un bono 
garantizado se convierte de forma automática inmediatamente en un instrumento 
vencido y exigible en caso de concurso o resolución del emisor y en la que los inversores 
en el bono garantizado tienen un derecho de crédito exigible cuyo reembolso ha de 
efectuarse antes de la fecha de vencimiento original;
9) «valor de mercado»: en relación con bienes inmuebles, el valor de mercado tal 
como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 76, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013;
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10) «valor hipotecario»: en relación con bienes inmuebles, el valor hipotecario tal 
como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 74, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013;
11) «activos primarios»: los activos de cobertura dominantes que determinan la 
naturaleza del conjunto de cobertura;
12) «activos de sustitución»: los activos de cobertura que contribuyen a cumplir los 
requisitos de cobertura, distintos de los activos primarios;
13) «sobregarantía»: la totalidad del nivel legal, contractual o voluntario de garantía 
que excede de los requisitos de cobertura establecidos en el artículo 10;
14) «requisitos de financiación casada»: las normas por las que se exige que se 
casen los flujos de caja entre los activos y los pasivos a su vencimiento, asegurando 
mediante cláusulas y condiciones contractuales que los pagos de los prestatarios y las 
contrapartes de contratos de derivados venzan antes de efectuar los pagos a los 
inversores en bonos garantizados y las contrapartes de contratos de derivados, que los 
importes recibidos sean como mínimo de un valor igual al de los pagos que deban 
realizarse a los inversores en bonos garantizados y las contrapartes de contratos de 
derivados y que los importes recibidos de los prestatarios y las contrapartes de contratos 
de derivados se incluyan en el conjunto de cobertura de conformidad con el artículo 12, 
hasta que hayan vencido los pagos a los inversores en bonos garantizados y las 
contrapartes de contratos de derivados;
15) «salida neta de liquidez»: todos los flujos de pagos que venzan en un día, 
incluidos los pagos de principal e intereses y los pagos en virtud de contratos de 
derivados del programa de bonos garantizados, netos de todos los flujos de ingresos que 
venzan ese mismo día por derechos de crédito relacionados con los activos de 
cobertura;
16) «estructura de vencimiento prorrogable»: un mecanismo que prevé la 
posibilidad de prorrogar el vencimiento previsto de los bonos garantizados durante un 
período de tiempo predeterminado en el supuesto de que se produzca una circunstancia 
desencadenante específica;
17) «supervisión pública de los bonos garantizados»: la supervisión de los 
programas de bonos garantizados para asegurar el cumplimiento y la aplicación de los 
requisitos aplicables a la emisión de bonos garantizados;
18) «administrador especial»: la persona natural o jurídica designada para 
administrar un programa de bonos garantizados en caso de concurso o resolución de 
una entidad de crédito que emita bonos garantizados en el marco de dicho programa;
19) «resolución»: una resolución tal como se define en el artículo 2.1.h) de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión;
20) «grupo»: un grupo tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 138, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013;
21) «empresas públicas»: empresas públicas tal como se definen en el artículo 2 de 
la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las 
Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de 
determinadas empresas.
Artículo 3.  Tipos de bonos garantizados.
1. Los bonos garantizados emitidos en España podrán, en función de la clase de 
activos primarios que se integren en su conjunto de cobertura, pertenecer a alguna de 
las siguientes categorías:
a) «cédulas hipotecarias»;
b) «cédulas territoriales»;
c) «cédulas de internacionalización»;
d) «bonos hipotecarios»;
e) «bonos territoriales»;
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f) «bonos de internacionalización»;
g) otros bonos garantizados con la denominación comercial que, en su caso, quiera 
dar la entidad emisora.
2. Los bonos hipotecarios, territoriales y los bonos de internacionalización, así 
como los bonos mencionados en la letra g) del apartado 1 dispondrán de un conjunto de 
cobertura cerrado a lo largo de toda la vida del instrumento con las características 
establecidas en el capítulo 4.º del título IV.
Dentro de cada programa de emisión de bonos, todos los tenedores de los mismos 
tendrán el mismo nivel de prelación.
3. Las cédulas hipotecarias, las cédulas territoriales y las cédulas de 
internacionalización dispondrán de un conjunto de cobertura abierto a lo largo de toda la 
vida del instrumento. Cada una de estas categorías de cédulas emitidas por un mismo 
emisor estarán garantizadas por un único conjunto de cobertura formado por una cartera 
abierta y variable de activos primarios con las características establecidas en los 
capítulos 1.º, 2.º y 3.º del título IV.
Todos los tenedores de cédulas, cualquiera que fuese su fecha de emisión, tendrán 
la misma prelación sobre los préstamos que las garantizan, los activos para la cobertura 
del colchón de liquidez y, si existen, sobre los activos de sustitución y sobre los flujos 
económicos generados por los instrumentos financieros derivados de cobertura 
vinculados a la categoría correspondiente.
Artículo 4.  Reserva de actividad y denominación.
1. Únicamente las entidades contempladas en el artículo 1.2 podrán emitir bonos 
garantizados. Toda emisión de un instrumento de financiación para el que se utilice 
cualquiera de las denominaciones contenidas en este real decreto-ley habrá de sujetarse 
a las previsiones de ésta que le resulten aplicables. Asimismo, solo se podrán utilizar las 
denominaciones específicas contenidas en este real decreto-ley, para los instrumentos 
de financiación que cumplan los requisitos de la misma.
2. La denominación «bono garantizado europeo», así como su traducción a otras 
lenguas oficiales de la Unión Europea, podrá usarse exclusiva y conjuntamente con la 
denominación, en su caso, dada por la entidad para designar los bonos garantizados 
mencionados en la letra g) del artículo 3.1.
3. La denominación «bono garantizado europeo (premium)», así como su 
traducción a otras lenguas oficiales de la Unión Europea, se usará exclusivamente para 
designar los bonos garantizados que pertenezcan a alguna de las categorías 
mencionadas en la letras a) a f) del artículo 3.1, y podrá usarse conjuntamente con 
dichas denominaciones.
4. Todo «bono garantizado europeo» o «bono garantizado europeo (premium)» 
emitido en otro Estado miembro de la Unión Europea por una entidad de crédito 
española gozará en España de la misma protección jurídica que los bonos garantizados 
emitidos conforme a este real decreto-ley.
TÍTULO II
Características estructurales de los bonos garantizados
CAPÍTULO 1.º
Régimen jurídico y garantías de la emisión
Artículo 5.  Régimen jurídico de la emisión.
1. Las emisiones de bonos garantizados se regirán por lo previsto en este real 
decreto-ley, y supletoriamente por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
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de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores y su desarrollo reglamentario.
2. Las emisiones de bonos garantizados no se sujetarán a lo previsto en el Título XI 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ni se inscribirán en el Registro Mercantil.
3. Los programas de bonos garantizados requerirán la autorización administrativa 
previa prevista en el artículo 34.
Artículo 6.  Garantías de la emisión.
1. Los bonos garantizados incorporan el derecho de crédito de su tenedor frente a 
la entidad emisora en la forma prevista en este artículo y llevarán aparejada ejecución en 
los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para 
reclamar del emisor el pago después de su vencimiento. El derecho de crédito se 
extenderá a la totalidad de las obligaciones de pago asociadas a los bonos garantizados.
2. Sin perjuicio del derecho de crédito contra la entidad emisora derivado de su 
responsabilidad patrimonial universal, la totalidad del capital y de los intereses, tanto los 
devengados como los futuros, de los bonos emitidos estarán especialmente 
garantizados, sin necesidad de afectación de los activos en garantía mediante escritura 
pública, ni de inscripción alguna en cualquier registro público ni ninguna otra formalidad 
por un derecho preferente sobre la totalidad de los activos que integran el 
correspondiente conjunto de cobertura, incluyendo sus rendimientos presentes y futuros, 
así como cualquier garantía recibida en conexión con posiciones en contratos de 
derivados y cualquier derecho de crédito derivado del seguro contra daños previsto en el 
artículo 23.6, identificados e individualizados en el registro especial previsto en el 
artículo 9.
Los tenedores de los referidos títulos tendrán el carácter de acreedores con 
preferencia especial que señalan el número 8.º  del artículo 1.922 y el numero 6.º  del 
artículo 1923 del Código Civil. Asimismo, en caso de concurso del emisor, dichos 
tenedores gozarán del privilegio especial establecido en el número 7 del artículo 270 del 
texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo.
3. Lo previsto en este artículo será de aplicación tanto a los tenedores de bonos 
garantizados como a las contrapartes de contratos de derivados que cumplan lo 
dispuesto en el artículo 12, teniendo ambos el mismo nivel como acreedores con 
privilegio especial.
CAPÍTULO 2.º
Del conjunto de cobertura
Artículo 7.  Naturaleza y régimen del conjunto de cobertura.
1. Todo programa de bonos garantizados deberá contar, en todo momento, con un 
conjunto de cobertura integrado por activos primarios, activos de sustitución, activos 
líquidos e instrumentos derivados en la cantidad con las características previstas en este 
real decreto-ley y cuya exclusiva finalidad sea la de servir de garantía de las obligaciones 
contraídas por la entidad emisora con los tenedores de dichos instrumentos y las 
contrapartes de derivados de cobertura.
2. Las entidades emisoras deberán velar porque el conjunto de cobertura esté 
integrado por activos en garantía que tengan diferentes características en términos 
estructurales, de duración y perfil de riesgo. A estos efectos, las entidades emisoras 
deben contar con políticas y procedimientos internos que aseguren el cumplimiento de 
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este principio en la composición de la cartera que cumplan, en particular, los siguientes 
requisitos:
a) deben recoger explícitamente reglas y pruebas internas de granularidad y 
concentración, sobre potenciales desfases de vencimientos, duración y tipos de interés y, 
en su caso, tipos de cambio;
b) deben ser aprobadas por el órgano de administración de la entidad; y
c) la parte de la información sobre dichas políticas y procedimientos que resulte 
más relevante para el inversor debe ser incluida en los términos y condiciones 
contractuales.
Artículo 8.  Reglas comunes para los activos de cobertura elegibles.
1. Los activos que consistan en créditos o préstamos serán incluidos en el conjunto 
de cobertura y servirán de garantía por el importe total del principal pendiente de 
amortizar, con independencia del importe con el que contribuyan a la cobertura de 
acuerdo con el artículo 10. En ningún caso el mismo activo podrá pertenecer a dos 
conjuntos de cobertura distintos. Tampoco se permiten inclusiones parciales de los 
activos en el conjunto de cobertura.
2. Podrán incluirse activos garantizados con inmuebles radicados en terceros 
Estados no miembros de la Unión Europea. En este caso, la entidad emisora se 
asegurará de que los activos:
a) cumplen todos los requisitos establecidos en el capítulo 4.º de este título;
b) ofrecen un nivel de seguridad similar al de los activos en garantía ubicados en la 
Unión Europea, y
c) son legalmente susceptibles de enajenación de modo equivalente al de la 
enajenación de los activos en garantía ubicados en la Unión Europea.
Artículo 9.  Registro especial del conjunto de cobertura.
1. Los activos integrados en cada conjunto de cobertura serán objeto de 
segregación. Para ello, las entidades emisoras deberán contar con un registro especial 
actualizado donde se registrarán todos y cada uno de los préstamos y, en su caso, la 
parte dispuesta de los créditos, los activos de sustitución los activos para la cobertura del 
requisito de liquidez y los instrumentos derivados que integran cada uno de sus 
conjuntos de cobertura, así como cualquier garantía recibida en conexión con posiciones 
en instrumentos derivados y cualquier derecho de crédito derivado del seguro contra 
daños previsto en el artículo 23.6. Las entidades emisoras deberán diseñar ese registro 
especial de tal forma que permita la identificación individualizada de cada activo y 
verificar que cada uno de ellos cumple con las condiciones de elegibilidad previstas en 
este real decreto-ley.
La incorporación de dichos activos en el registro especial mencionado en el párrafo 
anterior no supondrá ningún cambio en la gestión de los mismos por parte de la entidad 
emisora, que deberá continuar su gestión de acuerdo con las políticas generales 
establecidas por ella en idénticas condiciones que para los activos no incluidos en un 
conjunto de cobertura.
2. A efectos de lo previsto en los artículos 1922 y 1923 del Código civil y en el 
número 7.º  del artículo 270 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, la inscripción de un activo en el registro 
especial permitirá:
a) identificar todos y cada uno de los activos integrados en el conjunto de cobertura 
en todo momento por parte de la entidad emisora de los bonos garantizados; y
b) adscribir todos y cada uno de los activos inscritos a las garantías señaladas en el 
artículo 6 exclusivamente a favor de los tenedores de los bonos garantizados y 
contrapartes de derivados.
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Salvo prueba en contrario, se presumirá que todos los activos, y exclusivamente 
esos, incluidos en el registro especial constituyen la garantía de los bonos garantizados 
emitidos, sin necesidad de formalidad alguna, bastando la certificación del órgano de 
control del conjunto de cobertura del contenido del mismo para acreditar en cualquier 
momento la composición del conjunto de cobertura y, en particular, los activos sobre los 
que se aplicará lo previsto en el título VII.
3. El registro especial del conjunto de cobertura incluirá al menos la siguiente 
información de cada uno de los activos y garantías que lo forman:
a) naturaleza del activo, conforme al título IV;
b) tipo de activo de que se trata, conforme al artículo 10.4;
c) tipo de garantía recibida en relación a los instrumentos financieros derivados, 
especificando al que se vincula;
d) la identificación del seguro de daños y el alcance de la cobertura;
e) fecha y valor con el que se integra el activo o la garantía recibida en el conjunto 
de cobertura y, en su caso, valoración actualizada;
f) fecha en que fue concedido el préstamo, y datos necesarios para la identificación 
del mismo;
g) estado de cumplimiento del préstamo;
h) un identificador que permita conocer la situación registral del inmueble que sirve 
de garantía a cada uno de los préstamos, cuando se trate de un préstamo hipotecario, 
tasación original y, en su caso, valoración actualizada del inmueble, y, en general, los 
datos necesarios para la identificación de las garantías de los préstamos;
i) un identificador que permita conocer el tipo de derivado de forma específica e 
individual. Si el derivado cotizare en algún mercado regulado o fuera objeto de 
compensación o liquidación con una entidad de contrapartida central o con una o cámara 
de compensación oficial, se incluirán tanto su número de referencia como su valor de 
negociación en cada momento. Si no cotizare en un mercado regulado ni fuera objeto de 
compensación o liquidación con una entidad de contrapartida central o con una cámara 
de compensación, se incluirá la información remitida a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados sobre dicho instrumento que permita la identificación del contrato y de su 
contenido preciso.
j) un identificador que permita individualizar el contrato específico de préstamo a 
una empresa pública o garantizado por ésta, incluyendo la identificación del prestatario;
k) cualquier otro dato necesario para la adecuada identificación del préstamo o 
crédito.
CAPÍTULO 3.º
Requisitos de cobertura y liquidez
Artículo 10.  Requisitos de cobertura y sobregarantía.
1. Los programas de bonos garantizarán que en todo momento los pasivos de los 
bonos garantizados estén cubiertos por los derechos de crédito vinculados a los activos 
de cobertura en los términos previstos en este real decreto-ley.
2. El conjunto de cobertura de los bonos garantizados deberá contar con un nivel 
mínimo de sobregarantía del total de activos, valorados según las reglas del capítulo 4.º 
del título II, de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley para cada tipo de bono 
garantizado. El nivel mínimo de sobregarantía podrá ser superior a dicho nivel previsto 
para cada tipo de bono garantizado, cuando así lo recojan sus términos y condiciones 
contractuales y, en su caso, su folleto de emisión o admisión, quedando obligada la 
entidad a mantener un conjunto de cobertura asociado a dicha emisión con tal 
sobregarantía en tanto no queden amortizados totalmente los correspondientes bonos 
garantizados.
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3. Los pasivos a los que se refiere el apartado 1 incluirán:
a) las obligaciones de pago del principal de los bonos garantizados pendientes;
b) las obligaciones de pago de cualquier interés sobre los bonos garantizados 
pendientes;
c) las obligaciones de pago vinculadas a los contratos de derivados mantenidos de 
conformidad con el artículo 12; y
d) los costes previstos relacionados con el mantenimiento y la administración para 
la liquidación del programa de bonos garantizados, que serán calculables a tanto alzado.
4. Se considerará que contribuyen al requisito de cobertura los siguientes activos 
de cobertura:
a) activos primarios;
b) activos de sustitución;
c) activos líquidos mantenidos de conformidad con el artículo 11; y
d) los derechos de crédito vinculados a los contratos de derivados mantenidos de 
conformidad con el artículo 12.
Cuando se considere que se ha producido impago de conformidad con el artículo 178 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, los créditos sin garantía no 
contribuirán a la cobertura.
5. El cálculo de la cobertura requerida garantizará que el importe del principal 
agregado de todos los activos de cobertura sea como mínimo igual al importe del 
principal agregado de los bonos garantizados pendientes y, en su caso, la sobregarantía 
exigida legal, voluntaria o contractualmente.
El cálculo de cualquier interés a abonar respecto de los bonos garantizados 
pendientes y de cualquier interés a cobrar respecto de los activos de cobertura se 
realizará atendiendo a principios prudenciales sólidos con arreglo a las normas contables 
aplicables.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, párrafo primero, los futuros intereses 
a percibir sobre el activo en garantía, netos de los futuros intereses pagaderos por el 
bono garantizado correspondiente, podrán ser tenidos en cuenta para equilibrar 
cualquier déficit en la cobertura de la obligación de pago del principal vinculada al bono 
garantizado, cuando exista una estrecha correspondencia tal como se define en el 
reglamento delegado aplicable adoptado con arreglo al artículo 33, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, con sujeción a las siguientes 
condiciones:
a) los pagos percibidos durante la vida de un activo en garantía necesarios para la 
cobertura de la obligación de pago vinculada al bono garantizado correspondiente se 
segregarán de conformidad con lo previsto en el título VII o se incluirán en el conjunto de 
cobertura en forma de activos de cobertura en el sentido del apartado 4, hasta que 
hayan vencido los pagos; y
b) el pago anticipado del activo en garantía solo es posible mediante el ejercicio de 
la opción de entrega, tal como se define en el reglamento delegado aplicable adoptado 
con arreglo al artículo 33, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013, o, en el caso de los bonos garantizados con opción de amortización a su valor 
nominal por la entidad emisora de los bonos garantizados, mediante el pago por parte 
del prestatario del activo en garantía de como mínimo el valor nominal del bono 
garantizado amortizado.
7. El cálculo de los activos garantizados y de los pasivos ha de basarse en el 
mismo método. No obstante, podrán usarse métodos distintos para unos y otros siempre 
que el resultado de su aplicación no dé lugar a una ratio de cobertura superior a la 
calculada aplicando el mismo método.
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Artículo 11.  Colchón de liquidez del conjunto de cobertura.
1. El conjunto de cobertura deberá incluir en todo momento un colchón de liquidez 
compuesto por activos líquidos de alta calidad crediticia disponibles para cubrir la salida 
neta de liquidez del programa de bonos garantizados, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2.15. De la base de cálculo del colchón de liquidez podrán excluirse los bonos 
garantizados que estén sujetos a requisitos de financiación casada.
2. El colchón de liquidez del conjunto de cobertura cubrirá la salida neta de liquidez 
acumulada máxima en los 180 días siguientes.
3. El colchón de liquidez estará formado únicamente por los siguientes tipos de 
activos:
a) activos que puedan calificarse como activos de nivel 1, 2A o 2B en virtud del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n ° 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de 
crédito, que sean valorados de conformidad con dicho Reglamento Delegado, y no sean 
emitidos por la propia entidad emisora de los bonos garantizados, su empresa matriz, 
salvo que se trate de un ente del sector público que no sea una entidad de crédito, por 
sus filiales, por otra filial de su empresa matriz o por un vehículo especializado en 
titulizaciones con el que la entidad de crédito mantenga vínculos estrechos;
b) exposiciones a corto plazo frente a entidades de crédito que puedan calificarse 
en el nivel 1 o 2 de calidad crediticia, o depósitos a corto plazo en entidades de crédito 
que puedan calificarse en el nivel 1, 2 o 3 de calidad crediticia de conformidad con el 
artículo 129, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013.
En ningún caso podrán formar parte del colchón de liquidez los derechos de crédito 
sin garantía correspondientes a exposiciones consideradas en situación de impago en 
virtud del artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.
4. En las estructuras de vencimiento prorrogable, en caso de prórroga del 
vencimiento previsto de los bonos garantizados, el cálculo del principal se basará en la 
fecha de vencimiento derivada de la prórroga.
Artículo 12.  Inclusión de instrumentos financieros derivados en los conjuntos de 
cobertura.
1. A fin de mitigar riesgos y, en particular, el riesgo de tipo de interés, el conjunto de 
cobertura podrá incluir instrumentos financieros derivados, siempre que se verifique que:
a) los instrumentos financieros derivados se incluyan en el conjunto de cobertura 
exclusivamente con fines de cobertura de riesgos, su volumen se ajuste en caso de 
reducción del riesgo cubierto y se excluyan cuando el riesgo cubierto deje de existir;
b) los instrumentos financieros derivados estén suficientemente documentados;
c) los instrumentos financieros derivados se segreguen de conformidad con el 
artículo 9;
d) los instrumentos financieros derivados no puedan rescindirse, resolverse o 
terminarse anticipadamente en caso de concurso o resolución de la entidad de crédito 
que emitió los bonos garantizados;
e) los instrumentos financieros derivados cumplan las normas establecidas en los 
apartados 2 y 3.
2. Las contrapartes en los instrumentos financieros derivados deberán ser 
entidades de crédito que cumplan con lo previsto en el artículo 129.1.c) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013 y con los límites establecidos en dicho 
artículo.
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3. Las entidades deberán presentar tanto al órgano de control del conjunto de 
cobertura como al Banco de España cuanta documentación les sea requerida para 
evaluar el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
4. Los instrumentos financieros derivados incluidos en conjuntos de cobertura se 
valorarán de conformidad con lo establecido en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, 
del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, y modelos de estados financieros.
Artículo 13.  Estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados.
1. Como excepción a las reglas previstas en el capítulo 2.º  de este título, una 
entidad de crédito perteneciente a un grupo podrá emitir bonos garantizados (bonos 
garantizados emitidos externamente) integrando en el conjunto de cobertura bonos 
garantizados emitidos por otra entidad de su grupo (bonos garantizados emitidos 
internamente).
2. Tanto los bonos garantizados emitidos internamente como los emitidos 
externamente deberán estar calificados en el nivel 1 de calidad crediticia con arreglo a la 
parte tercera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013 en el momento de la emisión y los bonos garantizados emitidos internamente 
estarán garantizados por préstamos y créditos elegibles según este real decreto-ley.
3. No obstante lo anterior, el Banco de España podrá permitir que los bonos 
garantizados que estén calificados en el nivel 2 de calidad crediticia a raíz de una 
modificación que resulte en la reducción del nivel de calidad de los mismos sigan 
formando parte de una estructura intragrupo, siempre que dicho cambio de nivel de 
calidad crediticia no se debe a un incumplimiento de los requisitos de autorización del 
programa de los bonos garantizados recogidos en el artículo 34.2. El Banco de España 
notificará posteriormente a la Autoridad Bancaria Europea cualquier decisión en relación 
con lo dispuesto en el presente artículo.
4. En las estructuras intragrupo deberán cumplirse los requisitos siguientes:
a) los bonos garantizados emitidos internamente se vendan a la entidad emisora de 
los bonos garantizados emitidos externamente;
b) que los bonos garantizados emitidos internamente se utilicen como activos de 
cobertura en el conjunto de cobertura para los bonos garantizados emitidos 
externamente, y estén consignados en el balance de la entidad emisora de los bonos 
garantizados emitidos externamente;
c) que el conjunto de cobertura para los bonos garantizados emitidos externamente 
solo contenga bonos garantizados emitidos internamente por una única entidad de 
crédito dentro del grupo;
d) que la entidad emisora de los bonos garantizados emitidos externamente tenga 
intención de venderlos a inversores en bonos garantizados fuera del grupo;
e) en el caso de estructuras transfronterizas intragrupo de bonos garantizados 
agrupados, que los activos de cobertura de los bonos garantizados emitidos 
internamente cumplan con los requisitos de admisibilidad y cobertura de los bonos 
garantizados emitidos externamente.
Artículo 14.  Financiación conjunta de las emisiones.
1. Los activos de cobertura originados por una o varias entidades de crédito que 
hayan sido adquiridos por otra entidad emisora de bonos garantizados podrán ser 
utilizados como activos de cobertura para la emisión de los bonos garantizados de esta 
última. En estas adquisiciones deberán observarse los requisitos de admisibilidad y 
segregación de los activos de cobertura previstos en este real decreto-ley.
2. También será posible realizar transmisiones de activos de cobertura mediante 
acuerdos de garantía financiera previstos en el capítulo II del título I del Real Decreto-
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ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública.
3. Los activos originados por una empresa que no sea una entidad de crédito 
podrán ser utilizados como activos de cobertura, siempre que su propiedad haya sido 
transferida a la entidad emisora, o se encuentren adecuadamente garantizados. En este 
caso, la entidad emisora deberá evaluar las normas de concesión de créditos de la 
empresa que originó los activos de cobertura o llevar a cabo por sí misma una 
evaluación exhaustiva de la solvencia del prestatario.
Artículo 15.  Estructuras de vencimiento prorrogable.
1. Las entidades emisoras podrán emitir bonos garantizados con estructuras de 
vencimiento prorrogable, siempre que la protección al inversor quede asegurada al 
menos con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) el vencimiento solo podrá prorrogarse cuando concurra alguna de las 
circunstancias desencadenantes especificadas en el apartado 2, cuya determinación no 
quedará en ningún caso a la discreción de la entidad emisora de los bonos garantizados;
b) las circunstancias desencadenantes de las prórrogas de vencimiento estén 
adecuadamente especificadas en los términos y condiciones contractuales del bono 
garantizado;
c) la información facilitada a los inversores sobre la estructura de vencimiento será 
suficiente para permitirles determinar el riesgo del bono garantizado, incluyendo una 
descripción detallada de:
1.º) las circunstancias desencadenantes de las prórrogas de vencimiento;
2.º) las consecuencias que el concurso o la resolución de la entidad emisora de los 
bonos garantizados revisten para una prórroga del vencimiento;
3.º) el papel del Banco de España y del administrador especial, en lo que respecta 
a las prórrogas de vencimiento;
d) la fecha de vencimiento final del bono garantizado será determinable en todo 
momento;
e) en caso de concurso o resolución de la entidad emisora, las prórrogas de 
vencimiento no afectarán a la prelación de los inversores en bonos garantizados ni 
invertirán la secuencia del calendario de vencimientos original del programa de bonos 
garantizados;
f) la prórroga del vencimiento no alterará las características estructurales de los 
bonos garantizados en lo relativo al doble recurso y a las garantías en caso de concurso 
o resolución previstos en los artículos 6 y el título VII.
2. Son circunstancias desencadenantes para la prórroga del vencimiento:
a) la existencia de un peligro cierto de impago de los bonos garantizados por 
problemas de liquidez en el conjunto de cobertura o en la entidad emisora. Este se 
apreciará cuando se incumpla el requerimiento de colchón de liquidez del conjunto de 
cobertura previsto en el artículo 11 de esta Ley o cuando el Banco de España adopte 
alguna de las medidas previstas en el artículo 68 de la Ley 10/2014 relativas a la liquidez 
de la entidad, excepción hecha de la prevista en la letra j) de su apartado 2;
b) la entrada en concurso o resolución de la entidad emisora;
c) la declaración de inviabilidad de conformidad con el artículo 8 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión de la emisora; y
d) la existencia de graves perturbaciones que afecten a los mercados financieros 
nacionales, cuando así lo haya apreciado la Autoridad Macroprudencial Consejo de 
Estabilidad Financiera (AMCESFI) mediante una comunicación que revista la forma de 
alerta o de recomendación, que no tenga carácter confidencial.
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3. Las entidades emisoras deberán incluir en los términos y condiciones 
contractuales y, en su caso, el folleto de emisión o admisión la posibilidad de prorrogar el 
vencimiento de los bonos garantizados de un mismo programa.
4. Toda prórroga de vencimiento en los bonos garantizados a la que se refiere este 
artículo deberá ser autorizada por el Banco de España a solicitud de la entidad emisora o 
del administrador especial.
CAPÍTULO 4.º
Valoración de los activos incluidos en el conjunto de cobertura
Artículo 16.  Valoración de los activos en garantía.
1. Cada uno de los activos en garantía que vayan a integrarse en el conjunto de 
cobertura deberán ser objeto de valoración en el momento de su inclusión en el conjunto 
de cobertura. Dicha valoración deberá ser revisada, de acuerdo con las políticas y 
procedimientos internos establecidos por la entidad, al menos, con periodicidad anual.
2. La valoración deberá realizarse conforme a las reglas establecidas en la 
Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, 
sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 
financieros.
3. Las entidades emisoras deberán documentar y conservar la documentación de la 
valoración de los activos en garantía realizada conforme a este real decreto-ley y sus 
políticas y procedimientos internos. La totalidad de dicha documentación estará a 
disposición del Banco de España y deberá facilitarse al órgano de control del conjunto de 
cobertura en el momento de inclusión de los activos en el conjunto de cobertura y tras la 
correspondiente revisión periódica de las valoraciones.
Artículo 17.  Principios generales para la tasación de los activos físicos que garantizan 
los activos de cobertura.
1. La metodología y el proceso de valoración de los activos físicos que garanticen 
los activos de cobertura deberán asegurar en todo momento que:
a) para cada activo físico en garantía exista una tasación actualizada que 
determine el valor de mercado o el valor hipotecario, en caso de valoraciones posteriores 
que sean igual o inferior al valor de mercado o el valor hipotecario tanto en el momento 
de la concesión como en el momento de la inclusión del activo de cobertura en el 
conjunto de cobertura;
b) la valoración la efectúe una sociedad de tasación homologada y profesionales 
homologados independientes, que no participen en ningún momento en el proceso de 
decisión crediticia, con las cualificaciones, medios, aptitudes y experiencia necesarias, y
c) no se tenga en cuenta ningún elemento especulativo en la valoración del activo 
físico en garantía y se documente el valor del activo físico en garantía de forma clara y 
transparente.
2. En todo caso, la metodología y el proceso de valoración de los activos físicos 
deberá realizarse conforme a las reglas establecidas en la Circular 4/2017, de 27 de 
noviembre, del Banco de España
Artículo 18.  Tasación de inmuebles en garantía de préstamos hipotecarios.
1. La tasación del inmueble en garantía de un préstamo hipotecario que vaya a 
integrarse en el conjunto de cobertura o con ocasión de la concesión del mismo deberá 
realizarse por sociedades o servicios de tasación, conforme a lo previsto en el título III, o, 
en su caso, por algún profesional homologado en los términos establecidos en el 
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artículo 13 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario, y su disposición adicional décima.
La tasación seguirá los principios establecidos en el artículo anterior con las 
especialidades señaladas en este artículo.
Cuando el inmueble radique en otro Estado, la tasación se realizará de conformidad 
con lo establecido en la regulación de dicho Estado, aplicándose, subsidiariamente, lo 
previsto en este capítulo.
2. A efectos de lo previsto en la letra a) del artículo 17, se considerará actualizada 
la tasación realizada dentro de los seis meses anteriores a la integración del préstamo 
en el conjunto de cobertura. Las tasaciones realizadas con anterioridad a este plazo 
serán objeto de actualización en el momento de integración del préstamo en el conjunto 
de cobertura aplicando la metodología señalada en el apartado siguiente.
3. La tasación original será actualizada al menos anualmente desde el momento de 
la inclusión del préstamo en el conjunto de cobertura.
La actualización de la valoración del inmueble podrá realizarse mediante modelos 
automáticos de valoración.
No obstante, en caso de que se observen caídas significativas en la valoración del 
inmueble recibido en garantía, las entidades emisoras deberán proceder a actualizar 
esta valoración sin esperar a que trascurra el periodo fijado para su actualización.
Para los inmuebles radicados fuera del territorio nacional podrá seguirse una 
metodología equivalente a juicio del Banco de España, basada en datos fiables, 
comparables, geográficamente diferenciados y de uso comúnmente aceptado dentro de 
país en el que se ubiquen los activos.
CAPÍTULO 5.º
Normas de información
Artículo 19.  Obligaciones de información a inversores y divulgación.
1. La entidad emisora de bonos garantizados deberá proporcionar información 
sobre sus programas de bonos garantizados lo suficientemente detallada como para 
permitir a los inversores evaluar el perfil y los riesgos de dicho programa y llevar a cabo 
su proceso de diligencia debida.
2. Trimestralmente, las entidades publicarán la siguiente información sobre los 
programas:
a) el valor del conjunto de cobertura y los bonos garantizados pendientes;
b) una lista de los números internacionales de identificación de valores (ISIN) de 
todas las emisiones de bonos garantizados en el marco de dicho programa, a las que se 
haya asignado un ISIN;
c) la distribución geográfica y el tipo de activos de cobertura, incluyendo la cuantía 
total de los préstamos, así como, en su caso, el método de valoración de los préstamos 
y, en su caso, los activos en garantía.
d) datos sobre el riesgo de mercado, incluidos los riesgos de tipos de interés y de 
divisa y los riesgos de crédito y de liquidez;
e) la estructura de vencimiento de los activos de cobertura y los bonos 
garantizados, incluida una visión general de las circunstancias desencadenantes de una 
prórroga del vencimiento, si procede;
f) los niveles de cobertura necesaria y disponible, y los niveles de la sobregarantía 
legal, contractual y voluntaria;
g) el porcentaje de préstamos respecto de los que se considere que se ha 
producido un impago de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, de 26 de junio de 2013 y, en todo caso, respecto de los que lleven vencidos 
más de 90 días.
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h) el tipo de órgano de control del conjunto de cobertura y, en caso de ser externo, 
identificación del mismo.
En el caso de los bonos garantizados emitidos externamente en el marco de las 
estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados, la información del presente 
apartado, o un enlace a la misma, se facilitará de forma agregada a los inversores en 
relación con todos los bonos garantizados emitidos internamente del grupo.
3. A fin de proteger a los inversores, las entidades emisoras publicarán en su sitio 
web la información facilitada a los inversores con arreglo a los apartados 1 y 2.
Artículo 20.  Tasación alternativa.
Las entidades de crédito, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien 
aportada por el cliente, siempre que, sea realizada por un tasador homologado de 
conformidad con lo previsto en la presente ley y no esté caducada según lo dispuesto 
legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las 
comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su 
coste al cliente que aporte la certificación.
TÍTULO III
Sociedades y servicios de tasación
Artículo 21.  Sociedades de tasación.
1. Las sociedades de tasación y los servicios de tasación de las entidades de 
crédito estarán sometidas a los requisitos de homologación previa, independencia y 
secreto que se establezcan reglamentariamente.
2. Las sociedades de tasación cuyos ingresos totales deriven, en el período 
temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 10 por cien de su 
relación de negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de entidades de crédito 
de un mismo grupo, deberán disponer de mecanismos adecuados para favorecer la 
independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente 
con los directivos o las unidades de la entidad de crédito que, sin competencias 
específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén relacionado con la concesión o 
comercialización de créditos o préstamos hipotecarios.
Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta que 
establezca las incompatibilidades de sus directivos y administradores y los demás 
aspectos que resulten más adecuados para la entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de 
negocio, y demás características. El Banco de España verificará dichos mecanismos y 
podrá establecer los requisitos mínimos que deban cumplir con carácter general y 
requerir a las entidades, de manera razonada, para que adopte las medidas adicionales 
que resulten necesarias para preservar su independencia profesional.
La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los servicios de 
tasación de las entidades de crédito. Igualmente afectará a aquellas sociedades de 
tasación en las que ejerzan una influencia significativa, accionistas con intereses 
específicos en la promoción o comercialización de inmuebles, o en actividades que, a 
juicio del Banco de España, sean de análoga naturaleza.
3. Las entidades de crédito que hayan emitido y tengan en circulación bonos 
garantizados y cuenten con servicios propios de tasación deberán constituir una 
comisión técnica que verificará el cumplimiento de los requisitos de independencia 
mencionados en el apartado anterior. Dicha comisión elaborará un informe anual, que 
deberá remitir al consejo de administración u órgano equivalente de la entidad, sobre el 
grado de cumplimiento de las citadas exigencias. El referido informe anual deberá ser 
remitido igualmente al Banco de España.
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4. Las sociedades de tasación deberán ajustar el ejercicio económico al año natural 
y someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas regulada en la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
5. Las sociedades de tasación y las entidades de crédito que dispongan de 
servicios propios de tasación deberán respetar las normas aplicables en las valoraciones 
de bienes que tengan por objeto el mercado hipotecario u otras finalidades financieras, 
redactar con veracidad los certificados e informes que emitan y operar en todo momento 
con diligencia profesional.
Artículo 22.  Participaciones significativas en el capital de una sociedad de tasación.
1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, 
una participación significativa en una sociedad de tasación deberá informar previamente 
de ello al Banco de España. Asimismo, se deberá comunicar al Banco de España, en 
cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en 
su capital que traspasen el nivel señalado en el apartado 2 de este artículo. Queda 
prohibida la adquisición o mantenimiento por parte de las entidades de crédito, de forma 
directa o indirecta, de una participación significativa en una sociedad de tasación. 
Idéntica prohibición de adquisición o mantenimiento de participaciones significativas en 
una sociedad de tasación se extenderá a todas aquellas personas físicas o jurídicas 
relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes 
tasados por la misma.
2. A los efectos de este real decreto-ley se entenderá por participación significativa 
en una sociedad de tasación aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos 
el 10 por cien del capital o de los derechos de voto de la sociedad.
También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar 
al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la sociedad.
3. El Banco de España dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la fecha en que haya sido informado, para, en su caso, oponerse a la adquisición 
pretendida. La oposición podrá fundarse en no considerar idóneo al adquirente. Entre 
otros factores, la idoneidad se apreciará en función de:
a) La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas. Esta honorabilidad 
se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones Públicas o entidades de 
ellas dependientes.
b) Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para atender los 
compromisos asumidos.
c) La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda 
pertenecer la sociedad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener 
la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.
Si el Banco de España no se pronunciara en dicho plazo se entenderá que acepta la 
pretensión.
4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones reguladas en el apartado 1 de este 
artículo sin haber informado previamente al Banco de España, o, habiéndole informado, 
no hubieran transcurrido todavía los tres meses previstos en el apartado anterior, o si 
mediara la oposición expresa del Banco de España, se producirán los siguientes efectos:
a) En todo caso, y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos políticos 
correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no obstante, 
llegaran a ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán 
impugnables en vía judicial, según lo previsto en el Capítulo IX del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, estando legitimado al efecto el Banco de España.
b) Además, se podrán imponer las sanciones previstas en el título VIII de este real 
decreto-ley.
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TÍTULO IV
Tipos de bonos garantizados y especialidades
CAPÍTULO 1.º
Cédulas hipotecarias
Artículo 23.  Activos de cobertura admisibles para las cédulas hipotecarias y régimen de 
emisión.
1. Las cédulas hipotecarias deberán estar en todo momento garantizadas por los 
activos primarios admisibles recogidos en las letras d) y f) del artículo 129.1 del 
Reglamento n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Además de reunir las condiciones establecidas en el capítulo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, la hipoteca inmobiliaria que garantiza los 
préstamos deberá estar constituida con rango de primera sobre el pleno dominio de la 
totalidad de la finca. Si sobre el mismo inmueble gravasen otras hipotecas o estuviere 
afecto a prohibiciones de disponer, condición resolutoria o cualquier otra limitación del 
dominio, habrá de procederse a la cancelación de unas y otras o a su posposición a la 
hipoteca que se constituye previamente a su inclusión en el conjunto de cobertura.
No se considerarán carga, a estos efectos, las afectaciones por razón de impuestos 
devengados por el Estado, la Administración Autonómica o la Administración Local.
La inmatriculación de la finca hipotecada deberá estar vigente y sin contradicción 
alguna, y no sujeta a limitaciones por razón de inmatriculación.
2. En el momento de su incorporación al conjunto de cobertura, el préstamo 
garantizado con hipoteca inmobiliaria no podrá exceder del 60 por ciento del valor de 
tasación del bien hipotecado. Cuando se trate de bienes inmuebles residenciales, el 
préstamo podrá alcanzar el 80 por ciento del valor de tasación. El plazo de amortización 
del préstamo garantizado, cuando financie la adquisición, construcción o rehabilitación 
de la vivienda habitual, no podrá exceder de 30 años. Si como consecuencia de la 
amortización de un préstamo inelegible inicialmente por exceder de los límites 
señalados, se llegará a los umbrales correspondientes, el préstamo con garantía 
hipotecaria podría ser elegible como activo en garantía a partir de ese momento.
Cuando por desmerecimiento de la garantía, en algún momento posterior a su 
incorporación al conjunto de cobertura, el préstamo excediera de los límites establecidos 
en el párrafo anterior, dicho préstamo computará hasta el límite señalado en el mismo a 
efectos del requisito de cobertura establecido en el artículo 10.5.
3. Las cédulas hipotecarias podrán estar respaldadas hasta un límite del 10 por 
ciento del principal por los siguientes activos de sustitución:
a) valores de renta fija admitidos a negociación en mercados regulados emitidos 
por las contrapartes mencionadas en las letras a) y b) del artículo 129.1 del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013;
b) depósitos a corto plazo en entidades de crédito que cumplan lo previsto en la 
letra c) del artículo 129.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y 
con los límites previstos en el citado artículo.
4. Si por razón de la amortización de los préstamos que conforman el conjunto de 
cobertura, los activos de sustitución que respaldan las cédulas hipotecarias emitidas 
excedieran de los límites aplicables, la entidad emisora podrá optar por adquirir sus 
propias cédulas hasta restablecer la proporción, o sustituirlos por otros activos de 
cobertura que reúnan las condiciones exigidas.
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5. Las cédulas hipotecarias deberán contar con el nivel mínimo de sobre garantía 
legal previsto en el primer párrafo del artículo 129.3 bis del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, de 26 de junio de 2013.
El requisito de cobertura previsto en el artículo 15.2 deberá calcularse de acuerdo 
con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 129.3 bis del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, de 26 de junio de 2013.
6. Los bienes hipotecados habrán de estar asegurados contra daños, al menos, por 
el valor de tasación y que el derecho de crédito vinculado al seguro deberá incluirse en el 
registro especial previsto en el artículo 9.
7. Las entidades emisoras no podrán respecto de los préstamos afectos a la 
emisión de las cédulas, salvo autorización expresa del órgano de control del conjunto de 
cobertura y, en su caso, con sujeción a las condiciones que este pudiera establecer:
a) Cancelar voluntariamente dichas hipotecas, por causa distinta del pago del 
préstamo garantizado.
b) Renunciar o transigir sobre ellas.
c) Condonar en todo o en parte el préstamo garantizado.
d) En general, realizar cualquier acto que disminuya el rango, la eficacia jurídica o 
el valor económico de la hipoteca o del préstamo
e) Posponer las hipotecas existentes a su favor en garantía de préstamos.
8. Las cédulas hipotecarias podrán incluir cláusulas de amortización anticipada a 
disposición del emisor según lo especificado en las condiciones y términos contractuales 
del programa de emisión.
9. Las entidades de crédito emisoras de bonos garantizados deberán documentar 
la conformidad de los activos de cobertura de las cédulas hipotecarias y de sus políticas 
de préstamo con lo dispuesto en este real decreto-ley.
CAPÍTULO 2.º
Cédulas territoriales
Artículo 24.  Activos de cobertura admisibles para cédulas territoriales y régimen de 
emisión.
1. Las cédulas territoriales deberán estar en todo momento garantizadas por 
préstamos o créditos frente a las contrapartes elegibles como activos primarios recogidas 
en la letra a) del artículo 129.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013, siempre que tales préstamos no estén vinculados a la financiación de contratos 
de exportación de bienes y servicios ni a la internacionalización de empresas.
2. Los apartados 3, 5, 7, 8 y 9 del artículo 23 resultarán de aplicación a las cédulas 
territoriales.
CAPÍTULO 3.º
Cédulas de internacionalización
Artículo 25.  Activos de cobertura admisibles para las cédulas de internacionalización y 
régimen de emisión.
1. Las cédulas de internacionalización deberán estar en todo momento 
garantizadas por los préstamos o créditos frente a las contrapartes elegibles como 
activos primarios recogidas en las letras a) y b) del artículo 129.1 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, o garantizados por ellas, vinculados a la 
financiación de contratos de exportación de bienes y servicios españoles o de otras 
nacionalidades o a la internacionalización de empresas residentes en España o en otros 
países, siempre que el prestatario no sea una entidad del sector público español.
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Cuando se trate de exposiciones con garantía personal, esta deberá reunir las 
condiciones establecidas en el capítulo 4 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio de 2013.
2. Los apartados 3, 5, 7, 8 y 9 del artículo 23 resultarán de aplicación a las cédulas 
de internacionalización.
CAPÍTULO 4.º
Bonos hipotecarios, territoriales y de internacionalización
Artículo 26.  Activos de cobertura admisibles para los bonos hipotecarios, territoriales y 
de internacionalización y régimen de emisión.
1. Los bonos hipotecarios, territoriales y de internacionalización estarán 
garantizados por activos de las clases especificadas en y con las condiciones 
establecidas en los artículos 23, 24 y 25 para las cédulas de su misma denominación. 
Dichos activos estarán delimitados y no podrán ser sustituidos en el futuro por otros 
activos admisibles.
2. Si por razón de la amortización de los préstamos o créditos que conforman el 
conjunto de cobertura, los activos de sustitución que respaldan los bonos hipotecarios, 
territoriales y de internacionalización emitidos excedieran de los límites aplicables, la 
entidad emisora deberá cubrir la diferencia mediante un depósito de efectivo o de fondos 
públicos en el Banco de España.
CAPÍTULO 5.º
Otros bonos garantizados
Artículo 27.  Activos de cobertura admisibles para otros bonos garantizados y régimen 
de emisión.
1. Las entidades de crédito podrán emitir bonos garantizados con los siguientes 
activos primarios:
a) activos de cobertura de alta calidad que garanticen que la entidad emisora de 
bonos garantizados es titular de un derecho de crédito, tal como se establece en el 
apartado 2, asegurado por activos en garantía, tal como se establece en el apartado 3; o
b) activos en forma de préstamos a empresas públicas o garantizadas por ellas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.
2. El derecho de crédito al que hace referencia el apartado 1, letra a), estará 
sometido a los requisitos legales siguientes:
a) que el activo represente un derecho de crédito con un valor mínimo determinable 
en todo momento, que sea legalmente válido y exigible, que no esté sujeto a condiciones 
distintas de la condición de que el derecho de crédito venza en una fecha futura, y que 
esté garantizado por una hipoteca, carga, gravamen u otra garantía;
b) que la hipoteca, carga, gravamen u otra garantía que garantizan el derecho de 
crédito relativo al pago sea exigible;
c) que se hayan cumplido todos los requisitos legales para la constitución de la 
hipoteca, carga, gravamen o garantía que garantizan el derecho de crédito;
d) que la hipoteca, carga, gravamen o garantía que garantizan el derecho de 
crédito permita a la entidad emisora de los bonos garantizados recuperar el valor del 
derecho de crédito sin demora indebida.
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Las entidades emisoras de bonos garantizados deberán evaluar la exigibilidad de los 
derechos de crédito y la capacidad, tanto jurídica como económica, de realización de los 
activos en garantía antes de incluirlos en el conjunto de cobertura.
3. Los activos en garantía a los que se refiere el apartado 1, letra a), deberán 
cumplir uno de los requisitos siguientes:
a) en el caso de los activos físicos en garantía, que existan normas de valoración 
que generalmente se aceptan entre los expertos y que son adecuadas para el activo 
físico en garantía en cuestión, y que exista un registro público que registra la propiedad 
de dichos activos físicos en garantía y los derechos sobre estos; o
b) para los activos en forma de exposiciones, la seguridad y la solidez de la 
contraparte de la exposición se derivará de su potestad tributaria o del sometimiento a 
supervisión pública permanente de la solidez operativa y solvencia financiera de la 
contraparte.
Los activos físicos en garantía a los que se refiere la letra a) de este apartado 
contribuirán a la cobertura de los pasivos vinculados al bono garantizado, hasta el menor 
importe entre el principal de los gravámenes combinados con cualesquiera gravámenes 
anteriores y el 70% del valor de dichos activos físicos en garantía.
4. A los efectos de la letra b) del apartado 1, los bonos garantizados por préstamos 
a empresas públicas o garantizados por estas como activos primarios estarán sujetos a 
un nivel mínimo de sobregarantía legal del 10 % así como a todas las condiciones 
siguientes:
a) que las empresas públicas presten servicios públicos esenciales en base a una 
licencia, un contrato de concesión u otra forma de delegación concedida por una 
autoridad pública;
b) que las empresas públicas estén sujetas a supervisión pública;
c) que las empresas públicas tengan la capacidad suficiente de generar ingresos, lo 
que aseguran por el hecho de:
1.º) disponer de la flexibilidad suficiente para recaudar y aumentar las tasas, 
gravámenes y derechos de cobro por el servicio prestado con el fin de garantizar su 
solidez financiera y solvencia,
2.º) recibir subvenciones suficientes, avaladas por la ley, para garantizar su solidez 
financiera y su solvencia a cambio de la prestación de servicios públicos esenciales, o
3.º) haber formalizado un acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias con 
una autoridad pública.
5. Los bonos garantizados emitidos de acuerdo con este artículo podrán estar 
respaldadas hasta un límite del 10 por ciento del principal de cada emisión por los 
siguientes activos de sustitución:
a) valores de renta fija representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por 
Estados, otros Estados miembros de la Unión Europea o el Instituto de Crédito Oficial,
b) cédulas hipotecarias, territoriales o de internacionalización admitidas a cotización 
en un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, siempre que dichas 
cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo con o sin garantía hipotecaria 
concedido por el propio emisor de los bonos ni por otras entidades de su grupo,
c) bonos hipotecarios, territoriales o de internacionalización admitidos a cotización 
en un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una calificación 
crediticia equivalente a la del Reino de España, siempre que dichos valores no estén 
garantizados por ningún préstamo con o sin garantía hipotecaria concedido por la propia 
entidad emisora de los bonos, ni por otras entidades de su grupo,
d) valores emitidos por Fondos de Titulización Hipotecaria o por Fondos de 
Titulización de Activos admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, o en un 
mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del Reino de España, 
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siempre que dichos valores no estén garantizados por ningún préstamo o crédito 
concedido por la propia entidad emisora de los bonos hipotecarios, ni por otras entidades 
de su grupo,
e) otros valores de renta fija admitidos a cotización en un mercado secundario 
oficial, o en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del 
Reino de España, siempre que dichos valores no hayan sido emitidos por la propia 
entidad emisora de los bonos, ni por otras entidades de su grupo,
6. Los apartados 6 y 8 del artículo 23 resultarán de aplicación a los bonos 
garantizados emitidos conforme a este artículo. El apartado 9 del artículo 23 también 
resultará de aplicación cuando se utilicen los activos previstos en la letra a) del 
apartado 1 como activos primarios.
TÍTULO V
Mercado secundario
Artículo 28.  Transmisión de los bonos garantizados.
1. Los títulos representativos de los bonos garantizados serán transmisibles por 
cualesquiera de los medios admitidos en derecho y sin necesidad de intervención de 
fedatario público, ni notificación al deudor del activo de cobertura. En caso de que los 
títulos sean al portador, se presumirá que el propietario de los mismos es el último 
perceptor de intereses.
2. Los bonos garantizados podrán ser admitidos a negociación en los mercados 
regulados y sistemas multilaterales de negociación, de conformidad con lo previsto en el 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
3. Las entidades emisoras podrán adquirir bonos garantizados emitidos por ellos 
mismos o por entidades de su grupo.
Artículo 29.  Uso de bonos garantizados como activos en reservas obligatorias.
Los bonos garantizados serán admitidos como activos de las reservas obligatorias de 
las sociedades y empresas mercantiles, equiparándose a estos efectos a los valores 
cotizados en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación. En particular, 
serán admitidos para los siguientes fines:
a) Inversiones para la cobertura de provisiones técnicas de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, siempre que los bonos garantizados hayan sido 
emitidos por sociedades establecidas en el Espacio Económico Europeo.
b) Inversiones aptas para los fondos de pensiones.
c) Inversión de los recursos de las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria.
d) Inversiones en el fondo de reserva de la Seguridad Social regulado en los 
artículos 117 a 127 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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TÍTULO VI
Supervisión de los bonos garantizados
CAPÍTULO 1.º
Órgano de control del conjunto de cobertura
Artículo 30.  Funciones.
1. La entidad emisora de bonos garantizados deberá designar un órgano de control 
del conjunto de cobertura para cada programa, que actuará en todo momento en interés 
de los inversores y cuya función será realizar un seguimiento permanente del conjunto 
de cobertura con respecto a los requisitos exigidos en este real decreto-ley.
2. En particular, el órgano de control deberá asegurar que:
a) la exigibilidad de cada uno de los derechos de crédito y la capacidad de 
realización de cada uno de los activos en garantía han sido correctamente evaluada en 
el momento de su inclusión en la cartera de cobertura;
b) los préstamos y demás activos de cobertura cumplen todos los requisitos 
establecidos en este real decreto-ley y sus normas de desarrollo, y en las políticas y 
procedimientos de la entidad;
c) los bonos garantizados cumplen los niveles de sobregarantía, exigidos legal y 
contractualmente, así como el que voluntariamente haya determinado la entidad 
emisora;
d) la aplicación de las reglas y procedimientos de incorporación y salida de los 
préstamos elegibles al conjunto de cobertura por parte de la entidad emisora es correcta 
y sigue los criterios y previsiones de las normas y las políticas internas de la entidad 
emisora;
e) el nivel de liquidez es suficiente y en especial, que se mantiene el colchón de 
liquidez requerido por el artículo 11;
f) los tests de estrés que realice la entidad, a los efectos de evaluar la solvencia y 
liquidez de su programa de bonos garantizados partan de supuestos y premisas 
adecuadas;
g) el seguimiento de los riesgos y, en particular, el de mercado y el operativo se 
realiza acorde a las normas, a las políticas internas de la entidad y a lo que se informa a 
las autoridades y a los inversores;
h) el diseño del registro especial del conjunto de cobertura realizado por la entidad 
emisora es adecuado a los fines previstos en este real decreto-ley y permite la 
trazabilidad de las entradas y salidas del mismo.
3. El órgano de control del conjunto de cobertura será el encargado de autorizar las 
entradas y salidas del registro especial del conjunto de cobertura previsto en el artículo 9 
de esa Ley. No se podrán dar de baja activos o derechos incluidos en el mismo, salvo:
a) por vencimiento ordinario de acuerdo con los términos del contrato 
correspondiente, debiendo ser sustituido este por el flujo de caja derivado del mismo con 
la debida identificación, que permita una posterior trazabilidad del movimiento en dicho 
registro especial hasta tanto el órgano de control del conjunto de cobertura no haya 
autorizado su sustitución, en su caso, por los activos primarios necesarios o por activos 
de sustitución.
b) por pérdida de elegibilidad del activo, debiendo ser sustituido este 
inmediatamente por los activos primarios necesarios o de sustitución, que haya 
autorizado el órgano de control del conjunto de cobertura.
c) a petición de la entidad emisora de sustituir algún activo primario siempre que 
cuente con la autorización del órgano de control del conjunto de cobertura.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la gestión del Registro especial de 
cobertura será realizada por el propio emisor.
Artículo 31.  Designación y cese.
1. Cada conjunto de cobertura deberá contar con un órgano de control, que podrá 
ser externo o interno.
2. Podrá desempeñar las funciones de órgano de control externo una sociedad 
mercantil que disponga de recursos humanos con formación, conocimientos y 
experiencia, medios técnicos, capacidad organizativa, procedimientos y medidas 
necesarios para desarrollar de forma adecuada sus funciones de acuerdo con la 
naturaleza, tamaño y complejidad del programa de bonos garantizados.
3. La entidad emisora no podrá designar como órgano externo de control a una 
sociedad que:
a) haya realizado la auditoría de las cuentas anuales de la entidad emisora, su 
grupo o de alguna de las entidades de su grupo hasta que no hayan transcurrido, al 
menos, tres ejercicios desde su cese como auditor respecto de alguno de los tres 
ejercicios anteriores al de la designación;
b) forme o haya formado parte del mismo grupo de la entidad emisora o del grupo 
de la sociedad a que se refiere la letra a) en los tres años anteriores a la designación.
c) no disponga de un protocolo interno de conducta que regule la relación entre el 
órgano externo de control y las entidades de crédito emisoras de bonos garantizados, 
estableciendo los oportunos procedimientos y medidas para la gestión de conflictos de 
interés en el marco del servicio prestado.
d) alguno de los accionistas de la sociedad con una participación significativa, 
entendiéndose por tal aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10% 
del capital social o de los derechos de voto, o, sin alcanzar el citado porcentaje, que 
permita ejercer una influencia notable en la sociedad, no posea reconocida honorabilidad 
comercial y profesional en los términos del artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito.
e) alguno de los miembros del órgano de administración, directores generales o 
asimilados no posea reconocida honorabilidad comercial y profesional en los términos 
del artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito.
4. La entidad emisora podrá designar un órgano interno de control del conjunto de 
cobertura, como unidad u órgano específico que asuma la realización de la función de 
control del conjunto de cobertura adecuadamente en proporción a la naturaleza, tamaño 
y complejidad del programa de bonos garantizados, que sea independiente de las 
funciones operativas, comerciales y de gestión de riesgos, y que tenga autoridad, rango 
y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al consejo de administración, que 
cumpla los siguientes requisitos:
a) El responsable del órgano interno de control deberá ser nombrado o apartado 
del ejercicio de sus funciones por el consejo de administración de la entidad emisora y 
dependerá directamente del Presidente o del máximo responsable de la función de 
control interno de la entidad.
b) La entidad emisora debe diseñar, aprobar y aplicar los procedimientos y los 
mecanismos necesarios para que el órgano interno de control no pueda disponer de 
acceso a la información sobre el proceso de decisión crediticia de la entidad emisora; 
dichos procedimientos permitirán identificar todos los conflictos de intereses que puedan 
derivarse de la condición interna del órgano de control, así como las medidas necesarias 
y razonables para evitarlos.
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c) Las políticas y procedimientos en materia retributiva de la entidad emisora deben 
asegurar la autonomía en la adopción de decisiones y el cumplimiento de las funciones 
por parte del órgano interno de control del conjunto de cobertura, siempre en interés de 
los inversores.
5. La entidad emisora señalará en la solicitud de autorización del programa de 
emisión prevista en el artículo 34 de este real decreto-ley, si el órgano de control del 
conjunto de cobertura va a ser externo o interno, e identificará a la sociedad mercantil 
que realizaría esa función o persona designada responsable y la estructura del órgano 
interno de control.
Cuando se trate de un órgano externo de control, tanto la entidad emisora como la 
sociedad anónima que vaya a realizar dicha función presentará, junto con la solicitud de 
autorización del programa de bonos garantizados, una declaración responsable de que 
cumple los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 anteriores.
En el caso de que el órgano vaya a ser interno, la entidad emisora presentará una 
declaración responsable de que cumple con los requisitos previstos en el apartado 4 
anterior.
A la vista de la información facilitada en el marco de la autorización del programa de 
emisión, y de cualquier información adicional que hubiera solicitado, el Banco de España 
autorizará el órgano de control propuesto, tras comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos en este artículo.
Una vez autorizado, el Banco de España inscribirá al órgano de control del conjunto 
de cobertura en un registro específico en el que se identificará el programa para el que 
ha sido designado por la entidad emisora.
6. Una entidad emisora podrá tener a un mismo órgano de control del conjunto de 
cobertura, externo o interno, para varios programas de bonos garantizados. Cuando 
estos programas correspondan a emisiones de cédulas, el órgano de control del conjunto 
de cobertura será único para las cédulas emitidas de un determinado tipo, con 
independencia del número de programas de bonos garantizados que integren el conjunto 
de cobertura. Una misma sociedad anónima podrá ser órgano externo de control del 
conjunto de cobertura de programas de emisión de bonos garantizados de varias 
entidades de crédito emisoras.
7. El órgano externo de control del conjunto de cobertura de un programa de bonos 
garantizados deberá ser cesado por la entidad emisora y sustituido por otro órgano de 
control idóneo:
a) en caso de que hayan dejado de cumplirse los requisitos exigidos en este 
artículo para su nombramiento.
b) cuando la sociedad haya sido objeto de una sanción administrativa que la 
inhabilite para el desempeño de funciones como órgano de control del conjunto de 
cobertura de un programa de bonos garantizados.
c) trascurrido el periodo máximo de contratación previsto en el apartado 8.
8. El periodo mínimo de contratación de una sociedad como órgano externo de 
control del conjunto de cobertura de un programa de bonos garantizados será de tres 
años, pudiendo prorrogar su contratación hasta un máximo de diez años. Trascurridos 
tres años del cese, podrá ser de nuevo contratado.
9. La entidad emisora podrá cesar antes del vencimiento contractual al órgano 
externo de control del conjunto de cobertura de un programa de bonos garantizados 
cuando lo decida, de manera motivada, su consejo de administración o cuando tenga 
conocimiento del incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. La 
decisión de cese, junto con la motivación de la misma, deberá ser comunicada al Banco 
de España para su autorización, junto con la solicitud de autorización de un nuevo 
órgano de control del conjunto de cobertura, siguiendo para el nuevo nombramiento el 
procedimiento previsto en el apartado 5 de este artículo. Una vez autorizado el nuevo 
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nombramiento se procederá a la baja en el registro específico del anterior y la inscripción 
del nuevo órgano de control del conjunto de cobertura.
Al menos tres meses antes del vencimiento del contrato con el órgano externo de 
control del conjunto de cobertura, en caso de que este no se vaya a renovar, o del 
vencimiento del plazo máximo de contratación, la entidad emisora de bonos garantizados 
comunicará al Banco de España el nuevo órgano de control del programa de emisión, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 5, al efecto de su autorización y registro.
Artículo 32.  Régimen de funcionamiento.
1. El órgano de control tendrá derecho a obtener de cualquiera de los 
departamentos de la entidad emisora todos los datos o la información que precise para 
desempeñar adecuadamente sus funciones.
2. Los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias detectadas 
por el órgano de control deberán ser comunicadas de inmediato por el órgano de control 
al máximo responsable de la función de control interno de la entidad o al consejo de 
administración en caso de que el órgano de control sea interno. El órgano de control 
dejará constancia de las comunicaciones efectuadas en cada momento y de su 
contenido, que estará a disposición del Banco de España para el ejercicio de las 
funciones previstas en el capítulo 2.º  En todo caso, dichas comunicaciones serán 
trasladadas al Banco de España al final de cada ejercicio.
3. El órgano de control elaborará un informe semestral que trasladará al máximo 
responsable de la función de control interno o, en caso de ser un órgano interno, al 
consejo de administración, que incluirá, en particular, las actividades concretas 
realizadas y sus resultados, así como la valoración sobre la aplicación de los criterios de 
elegibilidad de los activos y las propuestas de mejora que entienda conveniente. Estos 
informes estarán a disposición del Banco de España para el ejercicio de las funciones 
previstas en el capítulo 2.º
4. En caso de concurso o resolución de la entidad emisora, el órgano de control 
emitirá la certificación prevista en el artículo 40 y, cuando proceda, continuará 
autorizando las altas y bajas en el registro especial previsto en el artículo 9 y 
desempeñando las funciones previstas en el artículo 30.
5. Las sociedad que ejerza la función de órgano externo de control del conjunto de 
cobertura, así como los socios de ésta, su personal encargado de ejercer dicha función 
en nombre de esta o, si fuera el caso, el personal de la entidad emisora a quien se le ha 
encargado la función de órgano interno de control del conjunto de cobertura, estarán 
obligados a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su 
actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las que le 
corresponden como órgano de control del conjunto de cobertura, sin perjuicio de su 
deber de colaboración con el Banco de España de acuerdo con lo previsto en este real 
decreto-ley y del deber de denuncia contemplado en el artículo 262 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
La invocación del deber de secreto por el órgano de control del conjunto de cobertura 
regulado en este apartado no impedirá la aplicación de lo dispuesto en este real decreto-
ley.
CAPÍTULO 2.º
Supervisión pública
Artículo 33.  Supervisión pública de los bonos garantizados.
1. El Banco de España supervisará el cumplimiento de lo previsto en este real 
decreto-ley para cada uno de los programas de bonos garantizados.
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2. El Banco de España tendrá la facultad de obtener la información necesaria para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley, investigar 
posibles incumplimientos de esos requisitos e imponer sanciones administrativas.
3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisará el cumplimiento de los 
requisitos exigibles para la comercialización de los bonos garantizados, para las ofertas 
públicas de los mismos, así como de los aspectos referentes al mercado secundario de 
los títulos de esa naturaleza que se negocien en mercados oficiales de acuerdo con lo 
previsto en este real decreto-ley y en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su 
desarrollo reglamentario.
4. La entidad emisora deberá dejar constancia y conservará la documentación 
correspondiente a todas y cada una de las operaciones que afecten a un programa de 
bonos garantizados y de la información que afecte al mismo. A tal fin, deberá contar con 
mecanismos y procedimientos que garanticen el registro de las operaciones, la 
constancia de dicha información, la conservación de la documentación y su plena 
disponibilidad para el adecuado ejercicio de la función supervisora.
Artículo 34.  Autorización para los programas de bonos garantizados.
1. La emisión de un programa de bonos garantizados requerirá la previa 
autorización administrativa por parte del Banco de España. Un programa de bonos 
garantizados podrá incluir varios conjuntos de cobertura en función de los tipos de 
activos usados como garantía.
2. La obtención de la autorización por parte de la entidad emisora requerirá el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) que la entidad presente un órgano de control del conjunto de cobertura conforme 
al artículo 31;
b) que la entidad presente una valoración del impacto del programa de emisión 
tendría sobre su rentabilidad, estructura de financiación y liquidez, solvencia y 
resolubilidad o, en su caso, liquidación;
c) que la entidad presente documentación detallada acerca de su gestión del riesgo 
del conjunto de cobertura, incluyendo, entre otras, información sobre los test de estrés 
de la cartera, de la liquidez y, en su caso, sobre el empleo de derivados para la cobertura 
del riesgo;
d) remisión del folleto de emisión previa a la autorización por parte de la CNMV;
e) políticas, procesos y métodos adecuados y orientados a la protección de los 
inversores para la aprobación, modificación, renovación y refinanciación de los 
préstamos incluidos en el conjunto de cobertura;
f) la posesión por parte de la dirección y el personal dedicados al programa de 
bonos garantizados de cualificaciones y conocimientos adecuados en lo que respecta a 
la emisión de dichos bonos y a la administración de tal programa;
g) una organización administrativa para una adecuada gestión del conjunto de 
cobertura y una vigilancia de que tal conjunto cumple los requisitos aplicables 
establecidos en el capítulo 1.º
h) en su caso, que la entidad de crédito acredite que la emisión de bonos 
garantizados es una actividad permitida dentro de su objeto social y cuenta con las 
autorizaciones necesarias de su autoridad supervisora, cuando esta sea distinta del 
Banco de España.
Artículo 35.  Comunicación de información al Banco de España.
1. Las entidades emisoras deberán proporcionar al Banco de España a 
requerimiento de este y, al menos, con carácter trimestral la información siguiente:
a) la admisibilidad de los activos y los requisitos del conjunto de cobertura de 
conformidad con los artículos 10 a 27;
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b) la organización y gestión del registro especial previsto en el artículo 9 para la 
segregación de los activos de cobertura;
c) el funcionamiento del órgano de control del conjunto de cobertura de 
conformidad con los artículos 30, 31 y 32;
d) los requisitos de cobertura de conformidad con los artículos 11 y 12.3;
e) el colchón de liquidez del conjunto de cobertura de conformidad con el 
artículo 11 y la disposición transitoria tercera;
f) las condiciones aplicables a las estructuras de vencimiento prorrogable del 
artículo 15;
g) cualquier otra información que el Banco de España considere necesaria para el 
ejercicio de sus funciones de supervisión sobre los bonos garantizados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 32, el Banco de 
España podrá requerir del órgano de control del conjunto de cobertura la información que 
considere necesaria para el ejercicio de sus funciones de supervisión sobre los bonos 
garantizados.
2. Durante la tramitación del concurso o la resolución de la entidad emisora, en el 
marco de lo previsto en los artículos 40,41 y 42, el Banco de España comunicará al 
administrador especial y al órgano de control del conjunto de cobertura la información 
que deberá continuar remitiendo, su contenido y periodicidad, ello, sin perjuicio, de poder 
requerirles en todo momento cualquier información que considere necesaria para el 
ejercicio de sus funciones de supervisión,, con la finalidad de velar por la protección de 
los inversores.
Artículo 36.  Facultades de las autoridades competentes a efectos de la supervisión 
pública de los bonos garantizados.
1. El Banco de España estará facultado para realizar cuantas actividades de 
supervisión, investigación y sanción sean necesarias para desempeñar las funciones de 
supervisión pública de los bonos garantizados.
2. En particular, el Banco de España tendrá facultad para:
a) conceder o denegar las autorizaciones con arreglo al artículo 34;
b) examinar periódicamente el programa de bonos garantizados con arreglo al 
artículo 33;
c) llevar a cabo inspecciones in situ y a distancia;
d) imponer sanciones administrativas y otras medidas administrativas de 
conformidad con el título VIII;
e) adoptar y aplicar directrices, mediante circulares y otros instrumentos no 
vinculantes, en materia de supervisión de la emisión de bonos garantizados;
f) elaborar guías técnicas de acuerdo con el artículo 54.1 de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
g) conceder o denegar la autorización del órgano de control del conjunto de 
cobertura para un programa de bonos garantizados de acuerdo con el artículo 31.
Asimismo, el Banco de España podrá requerir a una entidad emisora de bonos 
garantizados cambios en las políticas y procedimientos establecidos con carácter 
general por la entidad, cuando dichas políticas no aseguran suficientemente o dificultan 
la diversificación del riesgo en los conjuntos de cobertura y la protección de los 
inversores.
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Artículo 37.  Requerimiento de modificación de las políticas y procedimientos en 
relación con el conjunto de cobertura.
El Banco de España podrá requerir a una entidad emisora para que modifique las 
políticas y procedimientos señalados en el artículo 7.2 o su aplicación, cuando considere 
que:
a) la diversificación del riesgo en el conjunto de cobertura, en relación con su 
granularidad y concentración material, no queda lo suficientemente garantizada debido a 
los tipos de activos incluidos, o que
b) el conjunto de cobertura no resulta lo suficientemente diversificado como para 
dotar de un alto nivel de protección a los inversores, en función de las características 
estructurales, de duración o de perfil de riesgo de los activos incluidos.
Artículo 38.  Requisitos de divulgación.
1. El Banco de España publicará en su página web la siguiente información:
a) el texto de cuantas circulares, guías y otras disposiciones administrativas de 
carácter general se adopten en relación con la emisión de bonos garantizados;
b) la lista de entidades de crédito a las que se haya autorizado emitir un programa 
de bonos garantizados, así como el tipo de bonos garantizados previstos en el título IV 
de este real decreto-ley para los que dicha autorización es válida;
c) la lista de bonos garantizados elegibles para utilizar la denominación «Bono 
Garantizado Europeo», de conformidad con el artículo 4.2 y la lista de bonos 
garantizados elegibles para utilizar la denominación «Bono Garantizado Europeo 
(Premium)», de conformidad con el artículo 4.3.
2. Tal información se actualizará para tener en cuenta cualquier cambio y deberá 
ser suficiente para permitir una comparación significativa de los planteamientos 
adoptados por las demás autoridades competentes de los Estados de la Unión Europea 
designadas en virtud del artículo 18.2 de la Directiva (UE) 2019/2162.
3. El Banco de España notificará anualmente a la Autoridad Bancaria Europea la 
lista de entidades de crédito a que se refiere el apartado 1, letra b), y las listas de bonos 
garantizados a que se refiere el apartado 1, letra c).
Artículo 39.  Obligaciones de cooperación.
1. El Banco de España cooperará estrechamente con el juez del concurso, el 
administrador concursal ordinario, el administrador especial y con el FROB, en su caso, 
durante la tramitación del proceso concursal o la resolución de una entidad emisora de 
bonos garantizados, a fin de velar por que se preserven los derechos e intereses de los 
tenedores de bonos garantizados. Asimismo, el Banco de España cooperará 
estrechamente con el supervisor de la entidad emisora, en caso de no ser él mismo.
2. El Banco de España comunicará, por iniciativa propia, cualquier información 
esencial a otras autoridades de Estados miembros de la Unión Europea designadas en 
virtud del artículo 18.2 de la Directiva (UE) 2019/2162. También deberán suministrar a 
tales autoridades toda la información pertinente que estas les soliciten, y cooperarán 
estrechamente con la Autoridad Bancaria Europea y con la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, a efectos de la presente Ley.
3. A efectos del presente artículo, la información se considerará esencial cuando 
pueda influir significativamente en la evaluación de la emisión de bonos garantizados en 
otro Estado miembro de la Unión Europea.
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TÍTULO VII
Concurso o resolución de la entidad emisora
CAPÍTULO 1.º
Disposiciones generales
Artículo 40.  Efectos de la resolución o concurso de la entidad emisora en los derechos 
y obligaciones de las partes.
1. El régimen previsto en este título resultará de aplicación una vez acordada la 
apertura de la resolución de la entidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión o en el artículo 18 del Reglamento (UE) No 806/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014 por el que se establecen 
normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 
crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el 
Reglamento (UE) no 1093/2010 o la apertura del concurso de la entidad emisora de 
acuerdo con el procedimiento concursal ordinario conforme al Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal.
El FROB o el juez del concurso comunicará la correspondiente decisión al órgano de 
control del conjunto de cobertura a fin de que emita una certificación de los activos y 
derechos incluidos en el registro especial previsto en el artículo 9 a la fecha de dicha 
comunicación para el programa de emisión correspondiente. A partir de la fecha de 
comunicación de la decisión, y en tanto no se instrumente la transmisión de activos al 
patrimonio separado en caso de seguirse el procedimiento concursal ordinario, no se 
podrán dar de baja activos o derechos incluidos en el mismo, salvo por vencimiento 
ordinario de acuerdo con los terminos del contrato correspondiente, debiendo ser 
sustituido este por el flujo de caja derivado del mismo con la debida identificación, que 
permita una posterior trazabilidad del movimiento en dicho registro especial.
2. La apertura del concurso o de la resolución de la entidad emisora en ningún 
caso:
a) producirá la terminación anticipada automática de las obligaciones de pago 
asociadas a los bonos garantizados, ni afectará en forma alguna al cumplimiento del 
resto de obligaciones asociadas a los bonos garantizados, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 42.2 de la Ley 11/2015.
b) facultará al tenedor de bonos garantizados para instar su vencimiento anticipado,
c) supondrá la suspensión del devengo de intereses de los bonos garantizados, ni
d) será causa de vencimiento o resolución anticipada de los contratos de derivados 
integrados en un conjunto de cobertura.
Artículo 41.  Administrador especial: designación y sustitución, y facultades y 
responsabilidades.
1. El juez competente, por razon del concurso, deberá nombrar un administrador 
especial para administrar un programa de bonos garantizados en caso de concurso de la 
entidad de crédito que emita bonos garantizados en el marco de dicho programa, previa 
consulta al Banco de España, de entre las personas propuestas en terna por el FROB.
El juez podrá acordar la sustitución del administrador especial, previa consulta al 
Banco de España y al FROB, y, en particular, a solicitud del FROB, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación concursal para la separación y revocación del administrador 
concursal en lo que resulte de aplicación.
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2. El FROB, en caso de resolución de una entidad emisora de bonos garantizados, 
nombrará un administrador especial, previa consulta al Banco de España. Asimismo, el 
FROB podrá acordar en cualquier momento su cese y sustitución, previa consulta al 
Banco de España.
3. El administrador especial velará por que se preserven los derechos e intereses 
de los inversores en bonos garantizados, verificando la gestión continuada y sólida del 
programa de bonos garantizados durante el período necesario en caso de resolución de 
la entidad o administrando un programa de bonos garantizados en caso de concurso de 
la entidad de crédito. En caso de considerarlo necesario, podrá instar la apertura de un 
procedimiento de recuperación de los activos del conjunto de cobertura con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 48.3.
Las funciones del administrador especial serán determinadas por el juez del 
concurso o por el FROB en el momento de su nombramiento y podran ser modificadas 
por ellos en cualquier momento con posteriodad a este.
En particular, el administrador especial podrá:
a) disponer de los flujos económicos recibidos tanto de dichos activos como de su 
enajenación para el pago a los tenedores o para la compra y amortización de los bonos;
b) utilizar la reserva de liquidez constituida;
c) obtener financiación de terceros, siempre que no capte depósitos u otros fondos 
reembolsables de los consumidores e inversores minoristas;
d) pignorar los activos del conjunto de cobertura;
e) enajenar o ceder los activos;o
f) instar la prórroga de los vencimientos.
Todo ello, en el marco de lo previsto en los capítulos 2.º  y 3.º, y en tanto sea 
compatible con las facultades y responsabilidades que se le hayan asignado en su 
nombramiento.
4. El administrador especial se coordinará y suministrará la información necesaria 
al juez del concurso, y al administrador concursal ordinario para garantizar los intereses 
de todos los acreedores. También suministrará al Banco de España la información 
necesaria para el adecuado ejercicio de su función supervisora, conforme a lo previsto 
en el artículo 35. En caso de resolución de una entidad de crédito emisora de bonos 
garantizados, en el marco de las funciones y responsabilidades atribuidas por la 
autoridad de resolución ejecutiva, tambien deberá suministrarle la información necesaria 
para el desempeño de sus competencias.
5. En caso de entidades con varios programas de bonos garantizados, se podrá 
nombrar el mismo administrador especial para todos ellos o varios administradores 
especiales en función del tamaño de dichos programas o de las necesidades de 
especialización para su gestión por el tipo de activos primarios que compongan el 
conjunto de cobertura. En todo caso, cuando se hayan emitido cédulas, el administrador 
especial será único para todas las de un mismo tipo, con independencia del número de 
programas que integren el conjunto de cobertura.
6. La retribución del administrador especial se fijará por el juez competente o, en su 
caso, por el FROB, con cargo al conjunto de cobertura. Esta se determinará mediante un 
arancel que se aprobará reglamentariamente. El arancel atenderá a las funciones que 
efectivamente desempeñe el administrador especial, al número de acreedores y de 
activos de cobertura y del volumen y complejidad del programa, diferenciando si se trata 
de un concurso o una resolución. Para la fijación del arancel, se aplicarán en lo que 
resulte compatible, las reglas previstas en la legislación concursal para la determinación 
del arancel del administrador concursal.
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CAPÍTULO 2.º
Concurso de la entidad emisora
Artículo 42.  Disposiciones generales.
1. En caso de concurso del emisor, en el supuesto de que el derecho de crédito 
privilegiado al que se refiere el artículo 6.2 no pueda saldarse plenamente, los inversores 
en bonos garantizadosy las contrapartes de derivados de cobertura tendrán un derecho 
de crédito con la misma prelación que los derechos de crédito de los acreedores 
ordinarios no garantizados de la entidad de crédito.
En el supuesto de que el derecho de crédito privilegiado no pueda saldarse 
plenamente, los inversores en bonos garantizadosy las contrapartes de derivados de 
cobertura tendrán un derecho de crédito con la misma prelación que los derechos de 
crédito de los acreedores ordinarios no garantizados de la entidad de crédito.
Si una vez saldado plenamente el crédito con los inversores en bonos gantizados y 
con las contrapartes de derivados de cobertura, hubiera algún remanente, este 
corresponderá a la masa activa del concurso
2. Las hipotecas sobre activos en garantía inscritas a favor de las entidades 
emisoras,los préstamos y créditos, los contratos de derivados, así como la incorporación 
de dichos activos y del resto de activos que forman el conjunto de cobertura en el 
registro especial previsto en el artículo 9, sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al 
amparo de lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley Concursal, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por la administración 
concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de la 
garantía hipotecaria, en los contratos correspondientes o en la incorporación de los 
activos de cobertura en el registro especial. En todo caso quedarán a salvo los derechos 
del tercero de buena fe.
3. Lo previsto en este artículo será de aplicación tanto a los tenedores de bonos 
garantizados como a las contrapartes de contratos de derivados que cumplan lo 
dispuesto en el artículo 12.
Artículo 43.  Segregación material y transmisión de los activos de cobertura en caso de 
concurso.
En caso de concurso de la entidad emisora, los activos integrantes de un conjunto de 
cobertura individualizados e identificados por su incorporación en el registro especial 
previsto en el artículo 9 de acuerdo con la certificación emitida por el órgano de control 
del conjunto de cobertura, se segregarán materialmente del patrimonio de la entidad y 
formarán un patrimonio separado sin personalidad jurídica, que operará en el tráfico 
jurídico representado por el administrador especial.
La segregación material de los activos de cobertura implica que:
a) no forman parte de la masa del concurso hasta que se satisfaga el derecho de 
crédito privilegiado de los tenedores de los bonos garantizados y las contrapartes de 
derivados y los gastos derivados con el mantenimiento y la administración del patrimonio 
separado y,en su caso, con su liquidación.
b) cuentan con protección frente a derechos de terceros, no siendo rescindibles por 
aplicación de las acciones de reintegración previstas en la legislación concursal, excepto 
en el supuesto previsto en el artículo 42.2 de este real decreto-ley.
Las operaciones mediante las que se instrumente la segregación material de los 
activos de cobertura y su transmisión estarán sometidas a las mismas condiciones 
especiales previstas en la Ley 11/2015 para las operaciones mediante las que se 
instrumenten las medidas de resolución. En particular, resultará de aplicación a la 
segregación y transmisión de activos regulada en este articulo, las medidas especiales 
previstas en los apartados 7 a 9 del artículo 25 y en el artículo 29.4 de la Ley 11/2015. La 
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transmisión de activos y derechos al patrimonio separado no requerirá notificación 
alguna a los deudores de los activos o derechos correspondientes ni a las contrapartes 
de los derivados afectados.
Artículo 44.  Valoración de los activos de cobertura.
1. Sobre la base de la valoración realizada de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 11/2015, que sirvió de base para decidir que se 
siguiera el procedimiento concursal ordinario, la autoridad de resolucion ejecutiva 
determinará el valor de los activos segregados y que van a ser transmitidos.
A los efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la valoración 
anterior sustituirá la realizada por un experto independiente.
2. El administrador especial determinará que los activos que figuran inscritos en el 
registro especial, junto con los pasivos correspondientes, sean objeto de transmisión 
para formar el patrimonio separado sin personalidad jurídica.
Una vez efectuada la transmisión, si el valor total de los activos fuera superior al 
valor total de los pasivos más la sobregarantía legal, contractual o voluntaria y el 
requerimiento de liquidez, el administrador especial podrá decidir si continúa con la 
gestión corriente del patrimonio separado hasta su vencimiento o hace una cesión total o 
parcial del patrimonio separado a otra entidad emisora de bonos garantizados. En todo 
caso, se entenderá que la cesión total o parcial constituye un programa nuevo para dicha 
entidad que requerirá la autorización prevista en el artículo 34.
En cambio, si el valor total de los activos fuera superior al valor total de los pasivos 
más la sobregarantía legal, contractual o voluntaria y el requerimiento de liquidez, el 
administrador especial solicitará la liquidación del patrimonio separado siguiendo el 
procedimiento concursal ordinario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.
3. Hasta tanto se produzca la liquidación del patrimonio separado o venzan todos 
los pasivos del patrimonio separado cuya gestión se hubiera mantenido por el 
administrador especial, se mantendrá de alta en el Registro de Entidades de Crédito la 
entidad emisora de los bonos garantizados como entidad en liquidación, a los efectos de 
que dichos bonos garantizados puedan seguir considerandose como emitidos por una 
entidad de crédito, con sujeción a los requisitos de información y operativos que el Banco 
de España pueda establecer en cada caso concreto.
4. Si una vez finalizada la liquidación del patrimonio separado o vencidos todos los 
pasivos del mismo, hubiera remanente, este corresponderá a la masa activa del 
concurso. Si, por el contrario, no se consiguiese la completa satisfacción del crédito, la 
parte no satisfecha será reconocida en el concurso de la entidad con la clasificación de 
acreedores ordinarios.
5. En caso de que la entidad tenga varios programas de bonos garantizados, lo 
previsto en este capitulo se aplicará de manera individualizada para cada uno de los 
programas.
Artículo 45.  Efectos de la solicitud de liquidación del patrimonio separado.
La solicitud de liquidación del patrimonio separado por parte del administrador 
especial producirá los siguientes efectos:
a) El vencimiento anticipado del programa de bonos garantizados.
b) El inicio de la liquidación de los activos del patrimonio separado.
Artículo 46.  Liquidación del patrimonio separado.
1. Las operaciones de liquidación se efectuarán con arreglo a un plan de liquidación 
que elaborará el administrador especial dentro de los quince dias siguientes a su 
nombramiento. Si por la complejidad de la liquidación lo justifica, podrá solicitar al juez 
autorización para prorrogar este plazo por un mismo periodo de igual duración.
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2. El plan presentado deberá ser aprobado por los acreedores con privilegio 
especial dentro de los quince dias siguientes a su presentación. En caso de no 
aprobación del plan de liquidación por la mayoria simple de los acreedores se precisará 
de aprobación judicial.
3. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere 
previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las reglas supletorias 
establecidas en el capítulo III, Título VIII, del Libro primero de la ley concursal.
4. El administrador especial podrá elegir la forma de enajenación de los activos que 
en cada caso estime más adecuada para los intereses de los tenedores de bonos 
garantizados. En particular, podria acordar la venta total o parcial de activos del 
patrimonio separado a otra entidad emisora de bonos garantizados.
Artículo 47.  Pago a los tenedores de bonos garantizados y demás acreedores 
específicos del patrimonio separado.
Con el importe obtenido con la liquidación del patrimonio separado, una vez 
deducidos los gastos y costes derivados de la liquidación del mismo, incluida la 
remuneración del administrador especial, se pagará a los tenedores de bonos y, en su 
caso, a las contrapartes de contratos de derivados, a prorrata de sus créditos con 
independencia de la antigüedad de la deuda.
CAPÍTULO 3.º
Resolución de la entidad emisora
Artículo 48.  Efectos de la apertura de la resolución.
1. Adoptada la decisión de iniciar un proceso de resolución de la entidad emisora 
conforme a la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión, el FROB lo notificará al organo de control 
del conjunto de cobertura a los efectos previstos en el artículo 40.
2. Nombrado el administrador especial, este colaborará con la autoridad de 
resolución ejecutiva en la aplicación de los instrumentos de resolución que dicha 
autoridad adopte. En función del instrumento de resolución adoptado, el FROB 
determinará las funciones y responsabilidades del administrador especial para que vele 
por los derechos e intereses de los inversores en bonos garantizados y lleve a cabo una 
gestión continuada y sólida del programa de bonos garantizados durante el período 
necesario; ello sin menoscabo de las facultades y funciones atribuidas al FROB por la 
Ley 11/2015.
3. Si fuera el caso, en función del instrumento de resolución adoptado, el FROB, a 
solicitud del administrador especial, podrá autorizar nuevas entradas o salidas en el 
conjunto de cobertura del programa de bonos garantizados, que se deberán inscribir en 
el registro especial previsto en el artículo 9, con el objeto que los activos y derechos que 
forman parte del conjunto de cobertura de cada programa estén en todo momento 
adecuadamente identificados. En todo caso, deberán respetarse los niveles mínimos de 
sobregarantía en favor de los acreedores.
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TÍTULO VIII
Régimen sancionador
CAPÍTULO 1.º
Disposiciones generales
Artículo 49.  Carácter de normas de ordenación y disciplina.
Tendrán consideración de normas de ordenación y disciplina de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, las disposiciones contenidas 
en este real decreto-ley y las normas que la desarrollen.
Artículo 50.  Órganos competentes, procedimiento y prescripción.
1. El régimen sancionador aplicable a la determinación del órgano competente, al 
procedimiento sancionador, a la prescripción de las infracciones y las sanciones, a la 
concurrencia con procedimientos penales y a las medidas provisionales será el previsto 
en el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, así como en el Real Decreto 2119/1993, 
de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en 
los mercados financieros será de aplicación a los efectos de este real decreto-ley, 
excepto en lo previsto en el mismo.
El régimen de publicidad de las sanciones será el previsto en el artículo 115 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, salvo el plazo máximo de publicación de toda la información 
de las sanciones en la página web del Banco de España, que será de un mínimo de 
cinco años y un máximo de diez años.
2. El Banco de España valorará razonadamente la posible incoación de un 
procedimiento sancionador cuando exista una comunicación razonada de otro organismo 
o autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestación irregular 
de los servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de actuación 
administrativa. Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios podrá solicitar al 
Banco de España la incoación de un procedimiento sancionador cuando, a su juicio, se 
ponga de manifiesto la prestación irregular de los servicios de tasación.
En el supuesto señalado en este apartado, antes resolver el expediente, informará el 
organismo o autoridad administrativa competente.
Artículo 51.  Información de las sanciones a la Autoridad Bancaria Europea.
El Banco de España informará a la Autoridad Bancaria Europea, a la mayor brevedad 
posible, de todas las condenas penales firmes, de los sujetos objeto de supervisión de 
acuerdo con este real decreto-ley, consecuencia de la comisión de un delito cuyo objeto 
traiga causa de la emisión y supervisión de los bonos garantizados y las sanciones 
administrativas impuestas en virtud de lo previsto en el capítulo 2.º  de este título, así 
como, en su caso, de los recursos interpuestos en relación con ellas y el resultado de los 
mismos.
CAPÍTULO 2.º
Infracciones y sanciones aplicables en relación con los bonos garantizados
Artículo 52.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones aplicables en relación con los bonos garantizados se clasifican en 
muy graves, graves y leves.
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Artículo 53.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) La obtención de la autorización para un programa de bonos garantizados 
mediante falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;
b) Dejar de cumplir las condiciones bajo las cuales se concedió la autorización para 
un programa de bonos garantizados;
c) La emisión en España de bonos garantizados sin haber obtenido previamente 
autorización del Banco de España;
d) La emisión de bonos garantizados que no cumplan los requisitos de doble 
recurso establecidos en este real decreto-ley;
e) La emisión de bonos garantizados que no cumplan los requisitos de inmunidad al 
concurso establecidos en este real decreto-ley;
f) La emisión de bonos garantizados que no estén garantizados con las clases de 
activos establecidos en este real decreto-ley;
g) La emisión de bonos garantizados que estén garantizados por activos ubicados 
fuera de la Unión Europea, incumpliendo los requisitos establecidos en este real decreto-
ley;
h) el incumplimiento por una entidad de crédito que garantice bonos garantizados 
dentro de una estructura intragrupo de bonos garantizados agrupados de los requisitos 
establecidos en el artículo 13;
i) el incumplimiento por una entidad emisora de bonos garantizados de las 
condiciones de financiación conjunta establecidas en el artículo 14;
j) el incumplimiento por una entidad emisora de bonos garantizados de los 
requisitos en materia de composición del conjunto de cobertura establecidas en el 
artículo 7.2;
k) el incumplimiento por una entidad emisora de bonos garantizados de los 
requisitos relativos a los contratos de derivados en el conjunto de cobertura establecidos 
en el artículo 12;
l) el incumplimiento por una entidad emisora de bonos garantizados de los 
requisitos de llevanza del Registro especial del conjunto de cobertura, así como los 
requisitos de registro e identificación de los activos incluidos en el conjunto de cobertura 
establecidos en el artículo 9;
m) el incumplimiento por una entidad emisora de bonos garantizados de los 
requisitos previos que den lugar a una segregación de los activos de cobertura en caso 
de concurso o resolución de la entidad emisora, de conformidad con el artículo 43;
n) la no comunicación o la facilitación incompleta o inexacta de forma reiterada o 
persistente por una entidad emisora de bonos garantizados de la información prevista en 
el artículo 19;
ñ) la carencia, de forma reiterada o persistente, por una entidad emisora de bonos 
garantizados de un colchón de liquidez del conjunto de cobertura, en incumplimiento del 
artículo 11;
o) el incumplimiento por una entidad de crédito que emita bonos garantizados con 
estructuras de vencimiento prorrogable de las condiciones establecidas en el artículo 15;
p) la no comunicación o la facilitación de información incompleta o inexacta de 
forma reiterada o persistente por una entidad emisora de bonos garantizados, en 
incumplimiento del artículo 35;
q) la anotación en el registro especial del conjunto de cobertura de una entrada o 
una salida de activos o derechos sin la aprobación del órgano de control prevista en el 
artículo 30.2.b);
r) el uso de las denominaciones reservadas conforme al artículo 4 de este real 
decreto-ley cuando no se cumplan los requisitos establecidos para ello;
s) el incumplimiento de la obligación de contar con un órgano externo de control, 
cuando la entidad emisora no haya optado por uno interno, con capacidad suficiente 
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para el ejercicio de la función de control del conjunto de cobertura, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31;
t) el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 31 cuando la entidad 
emisora haya optado por un órgano interno de control;
u) incurrir en infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su 
comisión hubiera sido impuesta a la entidad emisora sanción firme en vía administrativa 
por el mismo tipo de infracción.
Artículo 54.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) la falta de políticas y procedimientos sobre composición de la cartera de 
cobertura a que se refiere el artículo 7.2,
b) la no comunicación o la facilitación incompleta o inexacta de forma ocasional por 
una entidad emisora de bonos garantizados de la información prevista en el artículo 19;
c) la carencia, de forma ocasional, por una entidad emisora de bonos garantizados 
de un colchón de liquidez del conjunto de cobertura, en incumplimiento del artículo 11;
d) la no comunicación o la facilitación de información incompleta o inexacta de 
forma ocasional por una entidad emisora de bonos garantizados, en incumplimiento del 
artículo 35;
e) incurrir en infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su 
comisión, hubiera sido impuesta a la entidad emisora sanción firme en vía administrativa 
por el mismo tipo de infracción.
Artículo 55.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves el incumplimiento de preceptos de obligada 
observancia para las entidades de crédito comprendidos en este real decreto-ley y su 
desarrollo reglamentario que no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores.
Artículo 56.  Sanciones.
La comisión de las infracciones a que se refieren los artículos anteriores dará lugar a 
la imposición una o más de las sanciones previstas en el capítulo III del título IV de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, en base a los criterios previstos en el artículo 103 de la 
Ley 10/2014, y adicionalmente:
a) se revocará la autorización para el programa de bonos garantizados en relación 
con el cual se hubiera cometido la infracción, si bien dicha revocación no producirá 
efectos respecto de los bonos garantizados ya emitidos;
b) se requerirá a quien haya cometido la infracción para que ponga fin a su 
conducta y se abstenga de repetirla.
CAPÍTULO 3.º
Infracciones y sanciones aplicables en relación con la actividad de tasación
Artículo 57.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones aplicables en relación con la actividad de tasación se clasifican en 
muy graves, graves y leves.
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Artículo 58.  Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves:
1.ª El incumplimiento, durante un período superior a tres meses, del requisito del 
capital social mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en la legislación del 
mercado hipotecario, así como, durante igual período, la ausencia, o la cobertura por 
importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad civil establecido en 
esa misma normativa.
2.ª El ejercicio de actividades ajenas a su objeto social legalmente determinado, 
salvo que tengan un carácter meramente ocasional o aislado.
3.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, 
incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, o en los 
procedimientos de control interno, cuando a causa de tales deficiencias no quede 
asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del 
mercado inmobiliario en el que operen, el cumplimiento uniforme de las normas de 
valoración aplicables, su independencia profesional de accionistas o clientes, o el control 
de las obligaciones de secreto o incompatibilidades a que están sujetos los profesionales 
a su servicio.
4.ª El incumplimiento por los firmantes de los informes de tasación de los requisitos 
de titulación profesional previstos reglamentariamente.
5.ª La emisión de certificados o informes de tasación en cuyo contenido se aprecie 
de forma manifiesta:
a) La falta de veracidad en la valoración y, en particular, la falta de concordancia 
con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada.
b) La falta de prudencia valorativa cuando la emisión de dichos documentos se 
haga a efectos de valorar bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos que 
formen o vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea para la 
cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del patrimonio 
inmobiliario de los fondos de pensiones, o para cualquier otra finalidad en la que sea 
exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa.
En todo caso, se presumirá la existencia de manifiesta falta de veracidad o, en su 
caso, de manifiesta falta de prudencia valorativa cuando, como consecuencia de las 
valoraciones reflejadas en alguno de dichos documentos, se genere la falsa apariencia 
de que una entidad de crédito, una entidad aseguradora, un fondo de pensiones, u otra 
entidad de naturaleza financiera cumplen las garantías financieras exigibles a las 
mismas.
6.ª La resistencia, negativa u obstrucción a la labor inspectora del Banco de 
España, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
7.ª El incumplimiento de las normas de independencia recogidas en los 
reglamentos internos previstos en este real decreto-ley.
8.ª El poner en peligro la gestión sana y prudente de una sociedad de tasación 
mediante la influencia ejercida por el titular de una participación significativa, de 
conformidad con la regulación prevista reglamentariamente.
9.ª El ejercicio de actividades de tasación por personas físicas o jurídicas sin estar 
homologadas. A dichas personas les será de aplicación lo previsto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, con las adaptaciones que 
reglamentariamente se puedan establecer.
10.ª La no aceptación por la entidad de crédito, incluso por aquella que disponga de 
servicio propio de tasación, de cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, 
siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto 
en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, y ello, sin 
perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime 
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pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la 
certificación, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
11.ª Las infracciones graves, cuando durante los cinco años anteriores a su 
comisión hubiera sido impuesta una sanción firme por el mismo tipo de infracción.
Artículo 59.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1.ª El incumplimiento del requisito de capital mínimo exigible para ejercer la 
actividad de tasación en la legislación del mercado hipotecario, cuando no suponga 
infracción muy grave, así como las deficiencias que se aprecien en la póliza de seguro 
de responsabilidad civil, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado o 
supongan exclusiones excepcionales de ciertos daños de acuerdo con las prácticas 
habituales en la cobertura aseguradora.
2.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, 
incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, en los 
procedimientos de control interno, una vez haya transcurrido el plazo concedido para su 
subsanación por las autoridades competentes y siempre que ello no constituya infracción 
muy grave.
3.ª La emisión de certificados de tasación que no sean conformes con el informe de 
tasación efectuado, salvo que tenga carácter meramente ocasional o aislado.
4.ª La emisión de certificados o informes en cuyo contenido se aprecie:
a) La falta de veracidad y, en particular, la falta de concordancia con los datos y 
pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada, así como los incumplimientos 
continuados de los principios, procedimientos, comprobaciones e instrucciones de 
valoración previstos en la normativa aplicable.
b) La falta de prudencia valorativa, cuando la emisión de dichos documentos se 
haga a efectos de valorar bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos que 
formen o vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea para la 
cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del patrimonio 
inmobiliario de los fondos de pensiones, o para cualquier otra finalidad en la que sea 
exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa, salvo que dicha falta tenga 
carácter ocasional o aislado.
En ambos casos siempre que las conductas no constituyan infracción muy grave.
5.ª Cualquier otro incumplimiento de las normas de tasación que pueda causar 
perjuicio económico a terceros o a la persona a la que se presta el servicio.
6.ª La falta de remisión de los datos que deban ser suministrados al Banco de 
España, o su falta de veracidad cuando con ello se dificulte la apreciación de la actividad 
realizada por la entidad o su situación patrimonial u organizativa. A estos efectos, se 
entenderá que hay falta de remisión cuando esta no se produzca en el plazo concedido 
al efecto, por el órgano competente, al solicitar por escrito el cumplimiento de la 
obligación o reiterar el requerimiento.
7.ª Los incumplimientos de los deberes de secreto profesional, independencia e 
incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones que no den lugar a infracciones muy 
graves, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado.
8.ª La no aceptación por la entidad de crédito, incluso por aquella que disponga de 
servicio propio de tasación, de cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, 
siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto 
en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, y ello, sin 
perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime 
pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la 
certificación, cuando tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
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9.ª Las infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su comisión, 
hubiera sido impuesta a los servicios y sociedades de tasación sanción firme por el 
mismo tipo de infracción.
Artículo 60.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves las demás acciones y omisiones que supongan 
un incumplimiento de la normativa aplicable.
Artículo 61.  Sanciones.
A las sociedades de tasación, a las entidades de crédito que prestan servicios de 
tasación, a sus administradores y directivos, así como a los profesionales homologados 
señalados en el artículo 18.1 les serán aplicables las sanciones previstas en la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, con las siguientes modificaciones:
a) La sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la de 
pérdida definitiva de la homologación para prestar servicios de tasación.
b) Por infracciones muy graves se podrá también imponer la sanción de suspensión 
de la homologación para prestar servicios de tasación entre uno y cinco años, y por 
infracciones graves la de suspensión de dicha homologación hasta un año.
c) Las sanciones de inhabilitación se entenderán referidas a entidades de crédito, a 
sociedades de tasación y a los profesionales homologados señalados en el artículo 18.1.
LIBRO SEGUNDO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de junio de 2019 por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE 
y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva
Artículo 62.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo artículo 2 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 2 bis.  Precomercialización en el ámbito de la Unión Europea de IIC 
distintas a las reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la Unión Europea 
gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en España de conformidad 
con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, en el ámbito de la Unión Europea.
1. Se entiende por precomercialización el suministro de información o la 
comunicación, directa o indirecta, sobre estrategias de inversión o ideas de 
inversión por parte de una sociedad gestora autorizada en España de conformidad 
con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, de la UE, o realizada en su nombre a potenciales inversores 
profesionales domiciliados o registrados en la Unión, a fin de comprobar su interés 
por una IIC distinta a las reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, o un compartimento aún no 
establecido o ya establecido pero cuya comercialización todavía no se haya 
notificado, en el Estado miembro en el que los inversores potenciales estén 
domiciliados o tengan su domicilio social, y que en cada caso no sea equivalente a 
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una oferta o colocación al potencial inversor para invertir en las participaciones o 
acciones de dicha IIC o compartimento.
2. Las SGIIC españolas autorizadas al amparo de esta Ley podrán realizar 
actividades de precomercialización en el ámbito de la Unión Europea de las 
acciones o participaciones de IIC distintas a las reguladas por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, excepto cuando la información presentada a los posibles inversores 
profesionales:
a) sea suficiente como para permitir a los inversores comprometerse a 
adquirir participaciones o acciones de una determinada IIC;
b) sea equivalente a formularios de suscripción o documentos similares, ya 
sea en forma de borrador o en versión definitiva, o
c) sea equivalente a documentos constitutivos, un folleto o documentos de 
oferta de una IIC todavía no establecido en su versión definitiva.
Cuando se facilite un borrador de folleto o de documentos de oferta, no 
contendrán información suficiente que permita a los inversores adoptar una 
decisión de inversión, e indicarán claramente que:
a) no constituyen una oferta o una invitación de suscripción de 
participaciones o acciones de una IIC, y
b) la información allí mostrada no es fiable porque está incompleta y puede 
estar sujeta a cambios.
Las sociedades gestoras no estarán obligadas, antes de llevar a cabo 
actividades de precomercialización, a notificar a la CNMV el contenido o los 
destinatarios de la precomercialización o a cumplir otras condiciones o requisitos 
distintos a los establecidos en el presente artículo.
3. Las sociedades gestoras velarán por que los inversores no adquieran 
participaciones o acciones en una IIC a través de precomercialización y porque los 
inversores contactados en el marco de la precomercialización solo puedan adquirir 
participaciones o acciones en dicha IIC a través de la comercialización permitida 
con arreglo a la presente ley.
Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de 
dieciocho meses después de que una sociedad gestora haya comenzado la 
precomercialización, de participaciones o acciones de una IIC mencionada en la 
información proporcionada en el contexto de la precomercialización, o de una IIC 
establecida como resultado de la precomercialización, se considerará como el 
resultado de una comercialización y estará sujeta a los procedimientos de 
notificación aplicables a la comercialización.
Las sociedades gestoras enviarán a la CNMV, en el plazo de dos semanas 
tras haber comenzado la precomercialización, una carta informal, en papel o por 
medios electrónicos. En dicha carta se especificarán los Estados miembros donde 
se haya realizado la precomercialización y los períodos durante los cuales esté 
teniendo o haya tenido lugar la precomercialización, se hará una descripción 
sucinta de la precomercialización que incluya información sobre las estrategias de 
inversión presentadas y, si procede, una lista de las IIC y los compartimentos de 
IIC que fueron objeto de precomercialización. La CNMV informará sin demora a 
las autoridades competentes de los Estados miembros en los que la sociedad 
gestora lleve o haya llevado a cabo la precomercialización. Las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que esté teniendo o haya tenido lugar la 
precomercialización podrán solicitar a la CNMV que faciliten información 
suplementaria sobre la precomercialización que esté teniendo o haya tenido lugar 
en su territorio.
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4. Un tercero solo podrá participar en la precomercialización en nombre de la 
sociedad gestora cuando esté autorizado como empresa de servicios de inversión 
con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
como una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, como una sociedad de gestión de OICVM con arreglo a la 
Directiva 2009/65/CE, como una sociedad gestora con arreglo a la presente ley o 
cuando actúe como un agente vinculado con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. 
Dicho tercero estará sujeto a las condiciones establecidas en el presente artículo.
5. Las sociedades gestoras se asegurarán de que la precomercialización 
esté suficientemente documentada.»
Dos. Se modifica el artículo 15, el cual queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 15.  Comercialización en España de las acciones y participaciones de 
IIC autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea reguladas por la 
Directiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 13 de julio 
de 2009.
1. La comercialización en España de las acciones y participaciones de las IIC 
autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, será libre con sujeción a las normas previstas en este artículo, desde que 
la autoridad competente del Estado miembro de origen de la IIC comunique a la 
IIC que ha remitido a la CNMV el escrito de notificación con información sobre las 
disposiciones y modalidades de comercialización de las acciones o participaciones 
en España, y cuando proceda, sobre las clases de estas o sobre las series de 
aquellas, el reglamento del fondo de inversión o los documentos constitutivos de la 
sociedad, su folleto, el último informe anual y en su caso el informe semestral 
sucesivo, el documento con los datos fundamentales para el inversor y el 
certificado acreditativo de que la IIC cumple las condiciones impuestas por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009.
La CNMV aceptará el envío por medios electrónicos de la documentación a 
que se refiere el párrafo anterior.
La CNMV no exigirá información o documentación adicional a la establecida en 
este artículo.
Las IIC deberán respetar las disposiciones normativas vigentes en España que 
no se encuentren en el ámbito de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, así como las normas que regulan la 
publicidad en España. La CNMV supervisará el cumplimiento de estas 
obligaciones.
El escrito de notificación incluirá asimismo los detalles necesarios, incluida la 
dirección, para la facturación o la comunicación de cualesquiera tasas o 
gravámenes reglamentarios aplicables por parte de la CNMV e información de los 
servicios para llevar a cabo las siguientes tareas:
a) procesar las órdenes de suscripción, recompra y reembolso y efectuar 
otros pagos a los partícipes en relación con las participaciones de la IIC, de 
conformidad con las condiciones establecidas en la documentación exigida con 
arreglo a lo establecido en esta Ley y en su normativa de desarrollo.
b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar 
las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el importe de la recompra 
y el reembolso;
c) facilitar el tratamiento de la información y el acceso a los procedimientos y 
disposiciones relativos al ejercicio, por parte de los inversores, de los derechos 
asociados a su inversión en la IIC.
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d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la 
obtención de copias, la información y la documentación que deban suministrar a 
los accionistas y partícipes;
e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información 
pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, y
f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades 
competentes.
Las IIC no estarán obligadas a tener presencia física en España o a designar 
un tercero para llevar a cabo estas tareas.
La IIC velará por que los servicios para llevar a cabo estas tareas, incluidos los 
electrónicos, sean prestados:
a) en castellano o en otra lengua admitida por la CNMV;
b) por la propia IIC o bien por un tercero sujeto a la regulación y la 
supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.
A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las 
tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en 
el que se especificará cuáles de las tareas señaladas en el apartado 1 no llevará a 
cabo la IIC, y que el tercero recibirá de la IIC toda la información y los documentos 
pertinentes.
2. La IIC a que se refiere el apartado anterior proporcionará a los inversores 
radicados en España toda la información y documentación que con arreglo a la 
legislación de su Estado miembro de origen deba proporcionar a los inversores 
radicados en dicho Estado. Esta información se proporcionará en la forma 
establecida en esta Ley y en su normativa de desarrollo.
El documento con los datos fundamentales para el inversor y sus 
modificaciones deberán presentarse en castellano o en otra lengua admitida por la 
CNMV.
El folleto y los informes anual y semestral y sus modificaciones deberán 
presentarse en castellano, en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas 
internacionales o en otra lengua admitida por la CNMV.
La traducción de la información a la que se refieren los párrafos anteriores 
será fiel a su original y se realizará bajo la responsabilidad de la IIC.
3. En caso de modificación de la información comunicada en el escrito de 
notificación de conformidad con el apartado 1, o de modificaciones en relación con 
las clases de acciones que se vayan a comercializar, la IIC informará de ello por 
escrito a la CNMV, como mínimo un mes antes de que dicha modificación sea 
efectiva.
La IIC comunicará a la CNMV cualquier modificación de los documentos a que 
se refiere el primer párrafo del apartado primero e indicará el sitio en que pueden 
obtenerse en formato electrónico.»
Tres. Se modifica el artículo 16, con la siguiente redacción:
«Artículo 16.  Comercialización de las acciones y participaciones de IIC 
españolas reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la Unión Europea.
1. Las IIC españolas que pretendan comercializar sus acciones o 
participaciones en el ámbito de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva 2009/65/CE, deberán remitir a la CNMV un escrito de notificación 
que contenga información sobre las disposiciones y modalidades de 
comercialización de las acciones o participaciones en el Estado miembro de 
acogida, y cuando proceda, sobre las clases de éstas o sobre las series de 
aquéllas.
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La IIC adjuntará a este escrito la siguiente documentación:
a) Reglamento del fondo de inversión o escritura de constitución de la 
sociedad de inversión;
b) Folleto;
c) Documento con los datos fundamentales para el inversor;
d) Último informe anual y en su caso el informe semestral sucesivo.
El documento con los datos fundamentales para el inversor deberá 
presentarse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida o en 
otra lengua admitida por las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida.
El reglamento del fondo de inversión o la escritura de constitución de la 
sociedad de inversión, el folleto y los informes anual y semestral deberán 
presentarse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida, en 
una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales o en otra lengua 
admitida por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.
La traducción de la información a la que se refieren los párrafos anteriores se 
realizará bajo la responsabilidad de la IIC y reflejará fielmente el contenido de la 
información original.
La CNMV verificará que esta documentación esté completa. En este caso la 
remitirá a las autoridades competentes del Estado miembro en el que la IIC tenga 
previsto comercializar sus participaciones o acciones, en el plazo máximo de diez 
días hábiles desde la recepción de dicha documentación completa junto con un 
certificado señalando que la Institución de Inversión Colectiva reúne las 
condiciones establecidas en la Directiva 2009/65/CE. Esta remisión se llevará a 
cabo por medios electrónicos. La CMMV notificará inmediatamente este hecho a la 
IIC. Una vez recibida dicha notificación por la IIC, ésta tendrá acceso al mercado 
del Estado miembro de acogida.
El escrito de notificación y el certificado referidos en el primer y sexto párrafo 
se expedirán, al menos, en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas 
internacionales.
El escrito de notificación incluirá asimismo los detalles necesarios, incluida la 
dirección, para la facturación o la comunicación de cualesquiera tasas o 
gravámenes reglamentarios aplicables por parte de las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida e información de los servicios para llevar a cabo 
las siguientes tareas:
a) procesar las órdenes de suscripción, recompra y reembolso y efectuar 
otros pagos a los partícipes en relación con las participaciones de la IIC, de 
conformidad con las condiciones establecidas en la documentación exigida con 
arreglo a lo establecido en las disposiciones y modalidades de comercialización de 
las acciones o participaciones en el Estado miembro de acogida.
b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar 
las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el importe de la recompra 
y el reembolso;
c) facilitar el tratamiento de la información y el acceso a los procedimientos y 
disposiciones relativos al ejercicio, por parte de los inversores, de los derechos 
asociados a su inversión en la IIC en el Estado miembro de acogida.
d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la 
obtención de copias, la información y la documentación que deban suministrar a 
los accionistas y partícipes residentes en el Estado miembro de acogida;
e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información 
pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, y
f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades 
competentes.
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Las IIC no estarán obligadas a tener presencia física en España o a designar 
un tercero para llevar a cabo estas tareas.
La IIC velará porque los servicios para llevar a cabo estas tareas, incluidos los 
electrónicos, sean prestados:
a) en una lengua admitida por las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida;
b) por la propia IIC o bien por un tercero sujeto a la regulación y la 
supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.
A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las 
tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en 
el que se especificará cuáles de las tareas señaladas en el apartado 1 no llevará a 
cabo la IIC, y que el tercero recibirá de la IIC toda la información y los documentos 
pertinentes.
2. La CNMV garantizará que las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida de la IIC tengan acceso por medios electrónicos a la 
documentación a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior, en los 
términos señalados, y velará porque la IIC mantenga actualizadas la 
documentación y las traducciones. La IIC comunicará a la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida cualquier modificación de dichos documentos e 
indicará el sitio en que pueden obtenerse en formato electrónico.
En caso de modificación de la información comunicada en el escrito de 
notificación de conformidad con el apartado 1, o de modificaciones en relación con 
las clases de acciones que se vayan a comercializar, la IIC informará de ello por 
escrito a la CNMV y a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida, como mínimo un mes antes de que dicha modificación sea efectiva.
Cuando, como consecuencia de una modificación contemplada en el párrafo 
anterior, la IIC ya no fuese conforme con la presente ley, la CNMV notificará a la 
IIC, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la información a 
que se refiere el párrafo primero, que no puede aplicar dicha modificación. En ese 
caso, la CNMV lo notificará a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida de la IIC.
Cuando la modificación contemplada en el párrafo primero se aplique después 
de que se haya transmitido la información con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo y como consecuencia de dicha modificación la IIC ya no fuese conforme 
con la presente ley, la CNMV adoptará todas las medidas adecuadas de 
conformidad con el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, entre ellas, si fuera necesario, la prohibición expresa de comercializar la 
IIC y notificará las medidas adoptadas, sin demora injustificada, a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la IIC.
Las IIC proporcionarán a los inversores radicados en el Estado miembro de 
acogida toda la información prevista en esta ley y en su normativa de desarrollo.
3. A las IIC autorizadas en España que comercialicen sus acciones o 
participaciones en otro Estado miembro de la UE de acuerdo con lo establecido en 
este artículo, se les aplicará, en todo caso, la normativa española en relación a la 
frecuencia de cálculo y publicación del valor liquidativo de las participaciones o 
acciones, a los efectos de suscripción, reembolso, venta y recompra.»
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Cuatro. Se modifica el artículo 16 bis y se añaden nuevos artículos 16 ter, 16 quater 
y 16 quinquies con la siguiente redacción:
«Artículo 16 bis.  Notificación del cese de la comercialización de las acciones y 
participaciones de IIC españolas reguladas por la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la 
Unión Europea.
1. Las SGIIC notificarán el cese de las medidas adoptadas para la 
comercialización de las participaciones y, cuando proceda, respecto de las clases 
de acciones, en un Estado miembro para el que haya presentado una notificación 
de conformidad con el artículo 16, cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que se haga una oferta global de recompra o reembolso, sin gastos o 
deducciones, de todas las participaciones en poder de los inversores en ese 
Estado miembro, que esté disponible públicamente durante al menos treinta días 
hábiles y que se dirija individualmente, de modo directo o a través de 
intermediarios financieros, a todos los inversores de dicho Estado miembro cuya 
identidad se conozca;
b) que la intención de poner fin a las medidas adoptadas para la 
comercialización de dichas participaciones en ese Estado miembro se haga 
pública a través de un medio accesible al público, incluidos medios electrónicos, 
que sea habitual para la comercialización de IIC y adecuado para un inversor tipo 
de IIC;
c) que se modifiquen o cancelen los acuerdos contractuales con 
intermediarios financieros con efecto a partir de la fecha de notificación de cese, 
con el fin de impedir nuevas ofertas, o su prolongación, directa o indirecta, o la 
colocación de las participaciones que figuren en la notificación mencionada en el 
apartado 2.
La información a que se refieren las letras a) y b) dejará claras las 
consecuencias para los inversores de no aceptar la oferta de recompra o 
reembolso de sus participaciones.
La información a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero se 
facilitará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
con respecto al cual la IIC haya realizado una notificación de conformidad con el 
artículo 16 o en otra lengua admitida por las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida
A partir de la fecha mencionada en la letra c) del párrafo primero, la IIC cesará 
toda oferta o colocación nueva de sus participaciones, o su prolongación, directa o 
indirecta, que hayan sido objeto de notificación en ese Estado miembro.
2. La SGIIC presentará una notificación a la CNMV que contenga la 
información a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c).
3. La CNMV verificará que la notificación presentada por la IIC de 
conformidad con el apartado 2 esté completa. La CNMV transmitirá dicha 
notificación, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recepción de 
una notificación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, y a la AEVM.
Una vez transmitida la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero, la CNMV comunicará sin dilación a la SGIIC dicha transmisión.
4. La SGIIC facilitará a los inversores que mantengan su inversión en la IIC, 
así como a la CNMV, la información requerida con arreglo a esta Ley.
5. La CNMV transmitirá a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo 
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información sobre cualquier modificación de los documentos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 16.
6. La CNMV tendrá los mismos derechos y obligaciones que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la IIC.
Sin perjuicio de otras actividades de seguimiento y de las competencias de 
supervisión contempladas en los artículos 70 y 71.1, a partir de la fecha de 
transmisión a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, la autoridad 
competente del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el 
apartado 2 no exigirá a la IIC en cuestión que demuestre el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los 
requisitos de comercialización contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 
2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el 
que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y 
(UE) n.º 1286/2014.
7. Se permite el uso de todos los medios electrónicos u otros medios de 
comunicación a distancia a efectos del apartado 4, a condición de que la 
información y los medios de comunicación estén disponibles para los inversores 
en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro donde el 
inversor esté ubicado o en una lengua aprobada por las autoridades competentes 
de ese Estado miembro.»
«Artículo 16 ter.  Comercialización en el ámbito de la Unión Europea de IIC 
distintas a las reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la Unión Europea 
gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en España de conformidad 
con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, en el ámbito de la Unión Europea.
1. Las SGIIC españolas autorizadas al amparo de esta Ley que pretendan 
comercializar en el ámbito de la Unión Europea las acciones o participaciones de 
IIC distintas a las reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la Unión Europea deberán 
remitir a la CNMV un escrito de notificación que contenga la siguiente información:
a) Identificación de las IIC que se pretendan comercializar, así como dónde 
están establecidas dichas IIC.
b) Las disposiciones y modalidades de comercialización de las acciones o 
participaciones de la IIC en los Estados miembros donde pretenda 
comercializarlas, y cuando proceda, sobre las clases de estas o sobre las series 
de aquellas.
c) El reglamento del fondo de inversión o los documentos constitutivos de la 
sociedad.
d) El folleto de la institución o documento equivalente y el último informe 
anual.
e) La identificación del depositario de la IIC.
f) Una descripción de la IIC, o cualquier información sobre esta, a disposición 
de los inversores.
g) Información sobre el lugar en que se encuentra establecida la IIC principal 
si la IIC que se pretende comercializar es una IIC subordinada.
h) La indicación del Estado miembro en que tenga previsto comercializar la 
IIC entre inversores profesionales.
i) Cuando proceda, información sobre las medidas adoptadas para impedir la 
comercialización de la IIC entre inversores minoristas.
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j) los detalles necesarios, incluida la dirección, para que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida puedan facturar o comunicar 
cualesquiera tasas o gravámenes aplicables;
k) información sobre los servicios disponibles para los inversores minoristas.
2. La CNMV verificará que esta documentación esté completa. En el plazo 
de 20 días hábiles desde la recepción del expediente de documentación completo 
a que se refiere el apartado 1, la CNMV lo transmitirá a las autoridades 
competentes del Estado o los Estados miembros en que se pretenda comercializar 
la IIC. Esta remisión se llevará a cabo por medios electrónicos.
La CNMV adjuntará al escrito de notificación un certificado acreditativo que 
confirme que la sociedad gestora está autorizada de conformidad con la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, a gestionar IIC con esa estrategia de inversión concreta.
3. Una vez transmitido el expediente de notificación, la CNMV lo notificará 
inmediatamente a la sociedad gestora. La gestora podrá iniciar la comercialización 
de la IIC en el Estado miembro de acogida a partir de la fecha de dicha 
notificación.
La CNMV informará a las autoridades competentes del Estado miembro en el 
que está establecida la IIC que la gestora puede comenzar a comercializar 
participaciones de la IIC en el Estado miembro de acogida.
El escrito de notificación y el certificado referidos en los apartados 1 y 2 se 
expedirá, al menos, en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas 
internacionales.
4. En caso de modificación sustancial de alguno de los datos comunicados 
de conformidad con el apartado 1, la sociedad gestora informará de ello por escrito 
a la CNMV al menos un mes antes de hacer efectiva la modificación, si la misma 
está prevista, o, en el caso de una modificación imprevista, inmediatamente 
después de producirse la modificación.
Si, como consecuencia de una modificación prevista, la gestión de la IIC por 
parte de la sociedad gestora ya no fuese conforme con la presente ley o, en 
general, la gestora ya no cumpliese la presente ley, la CNMV informará a la 
gestora, en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la 
información a que se refiere el párrafo primero, de que no puede aplicar la 
modificación. En ese caso, la CNMV informará de ello a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la gestora.
Si la modificación prevista se aplica a pesar de los párrafos primero y segundo, 
o si se ha producido un acontecimiento imprevisto que ha provocado una 
modificación, como consecuencia de la cual la gestión de la IIC por parte de la 
gestora pudiera dejar de ser conforme con la presente ley, o si la gestora pudiera 
dejar de cumplir la presente ley, la CNMV adoptará todas las medidas oportunas 
de conformidad, incluyendo, si fuese necesario, la prohibición expresa de la 
comercialización de la IIC, y se lo notificarán sin demora injustificada a las 
autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la gestora.
Si las modificaciones no afectan al cumplimiento de la presente ley en cuanto 
a la gestión de la IIC por parte de la sociedad gestora, o al cumplimiento de la 
presente ley por dicha gestora, la CNMV informará, en el plazo de un mes, de 
dichas modificaciones a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida de la gestora.»
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«Artículo 16 quater.  Servicios disponibles para los inversores minoristas en el 
ámbito de la comercialización en el ámbito de la Unión Europea de IIC distintas 
a las reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, en el ámbito de la Unión Europea gestionadas 
por sociedades gestoras autorizadas en España de conformidad con la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, en el ámbito de la Unión Europea.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 
2015/760, las sociedades gestoras facilitarán, en cada Estado miembro en el que 
se propongan comercializar participaciones o acciones de una IIC entre inversores 
minoristas, servicios para llevar a cabo las tareas siguientes:
a) procesar las órdenes de los inversores de suscripción, pago, recompra y 
reembolso en relación con las participaciones o acciones de la IIC, de conformidad 
con las condiciones establecidas en la documentación de la IIC;
b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar 
las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el producto de la 
recompra y el reembolso;
c) facilitar el tratamiento de la información relativa al ejercicio, por parte de 
los inversores, de los derechos asociados a su inversión en la IIC en el Estado 
miembro donde la IIC se comercializa;
d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la 
obtención de copias, la información y los documentos requeridos con arreglo al 
artículo 17.
e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información 
pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE, y
f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades 
competentes.
2. No se exigirá a las sociedades gestoras tener presencia física en el Estado 
miembro de acogida ni designar a un tercero a efectos del apartado 1.
3. La sociedad gestora velará por que los servicios para llevar a cabo las 
tareas a que se refiere el apartado 1, incluido por medios electrónicos, sean 
facilitados:
a) en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa la IIC o en una lengua aprobada por las autoridades 
competentes de ese Estado miembro;
b) por la propia sociedad gestora, o bien por un tercero sujeto a la regulación 
y la supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.
A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las 
tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en 
el que se especificará cuáles son las tareas mencionadas en el apartado 1 que no 
lleva a cabo la sociedad gestora y que el tercero recibirá de la sociedad gestora 
toda la información y los documentos pertinentes.
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Artículo 16 quinquies.  Notificación del cese de la comercialización en el ámbito 
de la Unión Europea de IIC distintas a las reguladas por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en España de 
conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2011.
1. Las SGIIC españolas autorizadas al amparo de esta Ley notificarán el 
cese de las medidas adoptadas para la comercialización de las participaciones y, 
cuando proceda, respecto de las clases de acciones, en un Estado miembro para 
el que haya presentado una notificación de conformidad con el artículo 16 ter, 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) excepto en el caso de IIC de tipo cerrado y los fondos regulados por el 
Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se haga 
una oferta global de recompra o reembolso, sin gastos o deducciones, de todas 
esas participaciones o acciones en poder de los inversores en ese Estado 
miembro, que se haga pública durante al menos treinta días hábiles y se dirija 
individualmente, de modo directo o a través de intermediarios financieros, a todos 
los inversores de dicho Estado miembro cuya identidad se conozca;
b) que la intención de poner fin a las medidas adoptadas para la 
comercialización de dichas participaciones en ese Estado miembro se haga 
pública a través de un medio accesible al público, incluidos medios electrónicos, 
que sea habitual para la comercialización de IIC y adecuado para un inversor tipo 
de IIC;
c) que se modifiquen o cancelen los acuerdos contractuales con 
intermediarios financieros con efecto a partir de la fecha de notificación de cese, 
con el fin de impedir nuevas ofertas, o su prolongación, directa o indirecta, o la 
colocación de las participaciones que figuren en la notificación mencionada en el 
apartado 2.
A partir de la fecha mencionada en la letra c) del párrafo primero, la SGIIC 
cesará toda oferta o colocación nueva de sus participaciones, o su prolongación, 
directa o indirecta, que hayan sido objeto de notificación en ese Estado miembro.
2. La SGIIC presentará una notificación a la CNMV que contenga la 
información a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c).
3. La CNMV verificará que la notificación presentada por la SGIIC de 
conformidad con el apartado 2 esté completa. La CNMV transmitirá dicha 
notificación, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recepción de 
una notificación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, y a la AEVM.
Una vez transmitida la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero, la CNMV comunicará sin dilación a la SGIIC dicha transmisión. Durante 
un período de 36 meses a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1, letra c), 
la SGIIC no participará en la precomercialización de participaciones o acciones de 
IIC que figuren en la notificación o en relación con estrategias o ideas de inversión 
similares en el Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el 
apartado 2.
4. La SGIIC facilitará a los inversores que mantengan su inversión en la IIC, 
así como a la CNMV, la información requerida con arreglo a la presente Ley.
5. La CNMV transmitirá a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo 
información sobre cualquier modificación de los documentos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 16 ter.
6. La CNMV tendrá los mismos derechos y obligaciones que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la SGIIC.
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Sin perjuicio de otras actividades de seguimiento y de las competencias de 
supervisión contempladas en esta Ley, a partir de la fecha de transmisión a que se 
refiere el apartado 5 del presente artículo, la autoridad competente del Estado 
miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 no exigirá a la 
SGIIC en cuestión que demuestre el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los requisitos de 
comercialización contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1156 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se 
facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n.º 
1286/2014.
7. Se permite el uso de todos los medios electrónicos u otros medios de 
comunicación a distancia a efectos del apartado 4.»
Cinco. Se eliminan los apartados 3 y 4 del artículo 18.
Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 54, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3. La CNMV deberá remitir toda la información aportada por la sociedad 
gestora a la autoridad competente del Estado miembro de acogida en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la totalidad de la información exigible, salvo 
que tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la adecuación de 
las estructuras administrativas o de la situación financiera de la sociedad de 
gestión, habida cuenta de las actividades que ésta se proponga ejercer. Esta 
circunstancia deberá ser notificada a la sociedad gestora en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la totalidad de la información.
La CNMV comunicará a la Comisión Europea y a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados anualmente el número y la naturaleza de los casos en que no 
se remita dicha información.
En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado anterior, la SGIIC comunicará por escrito dicha 
modificación a la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea 
de acogida de la SGIIC y a la CNMV, como mínimo un mes antes de hacerla 
efectiva, para que ésta pueda pronunciarse sobre la misma de acuerdo con lo 
establecido en este artículo.
Cuando, como consecuencia de la modificación de alguno de los datos 
comunicados con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, la sociedad 
gestora ya no fuese conforme con la presente ley, la CNMV informará a la 
sociedad gestora, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la 
información a que se refiere el párrafo primero, que no puede aplicar dicha 
modificación. En ese caso, la CNMV informarán de ello a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de dicha sociedad, como 
corresponda.
Cuando la modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado anterior se aplique después de que se haya transmitido 
la información conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior y como consecuencia 
de dicha modificación la sociedad gestora ya no fuese conforme con la presente 
ley, la CNMV adoptará todas las medidas oportunas de conformidad con el 
artículo 70 y notificarán sin demora injustificada las medidas adoptadas a las 
autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la sociedad gestora.
Junto a la información a la que se refiere el primer párrafo, cuando la SGIIC 
desee desarrollar la actividad consistente en la administración, representación, 
gestión de las inversiones y gestión de las suscripciones y reembolsos de los 
fondos y sociedades de inversión, la CNMV deberá también enviar a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión un 
certificado acreditativo señalando que ésta ha sido autorizada conforme a los 
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requisitos establecidos en la Directiva 2009/65/CE, una descripción del alcance de 
la autorización y los pormenores de cualquier restricción respecto de los tipos de 
fondos o sociedades que la sociedad de gestión está autorizada a gestionar.
La CNMV actualizará la información incluida en el certificado a que se refiere 
el párrafo anterior e informará al Estado miembro de acogida siempre que haya 
una modificación del alcance de la autorización de la sociedad de gestión o de los 
pormenores relativos a cualquier restricción respecto de los tipos de fondos o 
sociedades que la sociedad de gestión está autorizada a gestionar.»
Siete. Se modifica el apartado 5 del artículo 54.bis, con la siguiente redacción:
«5. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados de 
conformidad con el apartado 2 y, en su caso, el apartado 3, la gestora notificará 
por escrito dicha modificación a la CNMV, al menos un mes antes de hacer 
efectiva la modificación, o inmediatamente después de una modificación 
imprevista.
Si, como consecuencia de la modificación prevista, la gestión de la IIC por 
parte de la gestora ya no fuese conforme con una o más disposiciones de esta Ley 
o, en general, la gestora ya no cumpliese una o más disposiciones de esta Ley, la 
CNMV informará a la gestora, en un plazo de quince días hábiles desde la 
recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, de que no 
puede aplicar la modificación.
Si la modificación prevista se ha adoptado contraviniendo lo previsto en los 
párrafos primero y segundo, o si se ha producido un acontecimiento imprevisto 
que ha provocado una modificación, como consecuencia de la cual la gestión de la 
IIC por parte de la gestora pudiera dejar de ser conforme con esta Ley, o si la 
gestora pudiera dejar de cumplir esta Ley, la CNMV adoptará todas las medidas 
oportunas de conformidad con el artículo 70 y se lo notificarán sin demora 
injustificada a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.
Si las modificaciones no afectan al cumplimiento del régimen jurídico aplicable, 
la CNMV informará sin demora de dichas modificaciones a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida.»
Artículo 63.  Modificación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan 
las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por 
la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-
riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras 
de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se introducen dos nuevos artículos 75 bis y 75 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 75 bis.  Precomercialización de ECR y EICC gestionadas por 
sociedades gestoras autorizadas en España, en España y en el resto de la 
Unión Europea.
1. Se entiende por precomercalización, el suministro de información o la 
comunicación, directa o indirecta, sobre estrategias de inversión o ideas de 
inversión por parte de sociedades gestoras autorizadas en España o realizada en 
su nombre a potenciales inversores profesionales domiciliados o registrados en 
España y en el resto de la Unión Europea, a fin de comprobar su interés por una 
ECR o EICC o un compartimento aún no establecido o ya establecido pero cuya 
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comercialización todavía no se haya notificado, en España o en el Estado 
miembro en el que los inversores profesionales potenciales estén domiciliados o 
tengan su domicilio social, y que en cada caso no sea equivalente a una oferta o 
colocación al potencial inversor profesional para invertir en las participaciones o 
acciones de dicho ECR, EICC o compartimento.
2. Las SGEIC españolas, autorizadas, podrán realizar actividades de 
precomercialización en España y en el resto de la Unión Europea de acciones o 
participaciones de ECR o EICC excepto cuando la información presentada a los 
posibles inversores profesionales:
a) sea suficiente como para permitir a los inversores profesionales 
comprometerse a adquirir participaciones o acciones de una determinada ECR o 
EICC;
b) sea equivalente a formularios de suscripción o documentos similares, ya 
sea en forma de borrador o en versión definitiva, o
c) sea equivalente a documentos constitutivos, un folleto o documentos de 
oferta de una ECR o EIC todavía no establecido en su versión definitiva.
Cuando se facilite un borrador de folleto o de documentos de oferta, no 
contendrán información suficiente que permita a los inversores profesionales 
adoptar una decisión de inversión, e indicarán claramente que:
a) no constituyen una oferta o una invitación de suscripción de 
participaciones o acciones de una ECR o EICC, y
b) la información allí mostrada no es fiable porque está incompleta y puede 
estar sujeta a cambios.
Las SGEIC no estarán obligadas, antes de llevar a cabo actividades de 
precomercialización, a notificar a la CNMV el contenido o los destinatarios de la 
precomercialización o a cumplir otras condiciones o requisitos distintos a los 
establecidos en el presente artículo.
3. Las SGEIC velarán por que los inversores profesionales no adquieran 
participaciones o acciones en una ECR o EICC a través de precomercialización y 
porque los inversores profesionales contactados en el marco de la 
precomercialización solo puedan adquirir participaciones o acciones en dicha ECR 
o EICC a través de la comercialización permitida con arreglo a la presente ley.
Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de 
dieciocho meses después de que una SGEIC haya comenzado la 
precomercialización, de participaciones o acciones de una ECR o EICC 
mencionada en la información proporcionada en el contexto de la 
precomercialización, o de una ECR o EICC establecida como resultado de la 
precomercialización, se considerará como el resultado de una comercialización y 
estará sujeta a los procedimientos de notificación aplicables a la comercialización.
Las SGEIC enviarán a la CNMV, en el plazo de dos semanas tras haber 
comenzado la precomercialización, una carta informal, en papel o por medios 
electrónicos. En dicha carta se especificarán los Estados miembros donde se haya 
realizado la precomercialización y los períodos durante los cuales esté teniendo o 
haya tenido lugar la precomercialización, se hará una descripción sucinta de la 
precomercialización que incluya información sobre las estrategias de inversión 
presentadas y, si procede, una lista de las ECR o EIC y los compartimentos de 
ECR o EICC que fueron objeto de precomercialización. La CNMV informará sin 
demora a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que la 
SGEIC lleve o haya llevado a cabo la precomercialización. Las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que esté teniendo o haya tenido lugar la 
precomercialización podrán solicitar a la CNMV que faciliten información 
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suplementaria sobre la precomercialización que esté teniendo o haya tenido lugar 
en su territorio.
4. Un tercero solo podrá participar en la precomercialización en nombre de 
una SGEIC cuando esté autorizado como empresa de servicios de inversión con 
arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, como 
una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, como una sociedad gestora con arreglo a la presente ley o 
cuando actúe como un agente vinculado con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. 
Dicho tercero estará sujeto a las condiciones establecidas en el presente artículo.
5. Las sociedades gestoras autorizadas en la UE se asegurarán de que la 
precomercialización esté suficientemente documentada.»
«Artículo 75 ter.  Servicios disponibles para los inversores minoristas.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 
2015/760, las sociedades gestoras facilitarán, en cada Estado miembro en el que 
se propongan comercializar participaciones o acciones de una ECR o EICC entre 
inversores minoristas, servicios para llevar a cabo las tareas siguientes:
a) procesar las órdenes de los inversores de suscripción, pago, recompra y 
reembolso en relación con las participaciones o acciones de la ECR o EICC, de 
conformidad con las condiciones establecidas en la documentación de la ECR o 
EICC;
b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar 
las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el producto de la 
recompra y el reembolso;
c) facilitar el tratamiento de la información relativa al ejercicio, por parte de 
los inversores, de los derechos asociados a su inversión en la ECR o EICC en el 
Estado miembro donde la ECR o EICC se comercializa;
d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la 
obtención de copias, la información y los documentos requeridos con arreglo a los 
artículos 67, 68 y 69;
e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información 
pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, tal como se define en el 
artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE, y
f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades 
competentes.
2. No se exigirá a las sociedades gestoras tener presencia física en el Estado 
miembro de acogida ni designar a un tercero a efectos del apartado 1.
3. La sociedad gestora velará por que los servicios para llevar a cabo las 
tareas a que se refiere el apartado 1, incluido por medios electrónicos, sean 
facilitados:
a) en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa la ECR o EICC o en una lengua aprobada por las 
autoridades competentes de ese Estado miembro;
b) por la propia sociedad gestora, o bien por un tercero sujeto a la regulación 
y la supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.
A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las 
tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en 
el que se especificará cuáles son las tareas mencionadas en el apartado 1 que no 
lleva a cabo la sociedad gestora y que el tercero recibirá de la sociedad gestora 
toda la información y los documentos pertinentes.»
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Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 77, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. La sociedad gestora de la entidad de inversión deberá asimismo registrar 
en la CNMV la siguiente información:
a) Identificación de la ECR o EICC que la gestora pretende comercializar, así 
como dónde se encuentran establecidas las mismas.
b) Disposiciones y modalidades de comercialización de las acciones o 
participaciones en España, y cuando proceda, sobre las clases de estas o sobre 
las series de aquellas.
c) Reglamento del FCR, FICC o los documentos constitutivos de la SCR o 
SICC.
d) Folleto del fondo, o documento equivalente, en caso de que sea exigible y 
el último informe anual.
e) Identificación del depositario de la entidad de inversión.
f) Descripción de la entidad de inversión, o cualquier información sobre esta, 
a disposición de los inversores.
g) Información sobre el lugar en que se encuentra localizada la entidad de 
inversión principal si la entidad de inversión que se pretende comercializar es una 
entidad subordinada.
h) Cuando proceda, información sobre las medidas adoptadas para impedir 
la comercialización de la entidad de inversión entre inversores minoristas.
i) Los documentos que acrediten la sujeción de la entidad de inversión 
constituida en un Estado no miembro de la Unión Europea y las acciones, 
participaciones o valores representativos de su capital o patrimonio, al régimen 
jurídico que le sea aplicable.
j) los detalles necesarios, incluida la dirección, para que la CNMV pueda 
facturar o comunicar cualesquiera tasas o gravámenes aplicables;
k) información sobre los servicios disponibles para los inversores minoristas.
Todos los documentos a los que se refiere este apartado y el anterior deberán 
presentarse, al menos, en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas 
internacionales.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 78, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. Acreditados los extremos a los que se refiere el apartado anterior, la 
gestora de la entidad de inversión deberá aportar y registrar en la CNMV la 
información a la que se refiere el artículo 77.2 en sus letras a) a h), j) y k), y los 
documentos que acrediten la sujeción de la gestora constituida en un Estado no 
miembro de la Unión Europea, y cuando corresponda de la entidad de inversión 
constituida en un Estado no miembro de la Unión Europea y las acciones, 
participaciones o valores representativos de su capital o patrimonio, al régimen 
jurídico que le sea aplicable.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 79, con la siguiente redacción:
«2. Acreditados los extremos a los que se refiere el apartado anterior, la 
gestora de la ECR que pretende comercializar deberá aportar y registrar en la 
CNMV la siguiente documentación:
a) Identificación de las ECR que la gestora pretende comercializar, así como 
dónde se encuentran establecidas las mismas.
b) Disposiciones y modalidades de comercialización de las acciones o 
participaciones en España, y cuando proceda, sobre las clases de estas o sobre 
las series de aquellas.
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c) Reglamento del FCR o los documentos constitutivos de la SCR.
d) Folleto del fondo o documento equivalente que deberán ser aprobados por 
la CNMV así como su publicación.
e) Identificación del depositario de la ECR.
f) Descripción de la ECR, o cualquier información sobre ésta, a disposición 
de los inversores.
g) Información sobre el lugar en que se encuentra establecida la ECR 
principal si la ECR que se pretende comercializar es una ECR subordinada.
h) Los documentos que acrediten la sujeción de la gestora constituida en un 
Estado no miembro de la Unión Europea, y cuando corresponda de la ECR 
constituida en un Estado no miembro de la Unión Europea y las acciones, 
participaciones o valores representativos de su capital o patrimonio, al régimen 
jurídico que le sea aplicable.
i) Los estados financieros de la ECR y su correspondiente informe de 
auditoría de cuentas, preparados de acuerdo con la legislación aplicable a dicha 
ECR.
j) los detalles necesarios, incluida la dirección, para que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida puedan facturar o comunicar 
cualesquiera tasas o gravámenes aplicables;
k) información sobre los servicios disponibles para los inversores 
minoristas.»
Cinco. Se modifica el artículo 80 y se introduce un nuevo artículo 80 bis, con la 
siguiente redacción:
«Artículo 80.  Comercialización de ECR y EICC gestionadas por sociedades 
gestoras autorizadas en España por la Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, en el ámbito de la Unión 
Europea.
1. Las SGEIC españolas, autorizadas conforme la Directiva 2011/61/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que pretendan 
comercializar en el ámbito de la Unión Europea acciones o participaciones de ECR 
o EICC, deberán remitir a la CNMV un escrito de notificación que contenga la 
siguiente información:
a) Identificación de las ECR o EICC que pretendan comercializar, así como 
dónde están establecidas las mismas.
b) Disposiciones y modalidades de comercialización de las acciones o 
participaciones de la ECR o EICC en los Estados miembros donde pretenda 
comercializarlas, y cuando proceda, sobre las clases de estas o sobre las series 
de aquellas.
c) Reglamento del FCR o FICC o los documentos constitutivos de la SCR o 
SICC.
d) Folleto de la ECR o EICC, y el último informe anual.
e) Identificación del depositario de la ECR o EICC.
f) Descripción de la ECR o EICC, o cualquier información sobre esta, a 
disposición de los inversores.
g) Indicación sobre el lugar donde se encuentra localizada la entidad 
principal si la entidad que se pretende comercializar es un fondo subordinado.
h) La indicación de los Estados miembros en que tenga previsto 
comercializar la ECR o EICC entre inversores profesionales.
i) Cuando proceda, información sobre las medidas adoptadas para impedir la 
comercialización de la ECR o EICC entre inversores particulares.
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j) los detalles necesarios, incluida la dirección, para que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida puedan facturar o comunicar 
cualesquiera tasas o gravámenes aplicables;
k) información sobre los servicios disponibles para los inversores minoristas.
2. La CNMV verificará que esta documentación esté completa. En un plazo 
máximo de 20 días desde la fecha de recepción del expediente de documentación 
completo a que se refiere el apartado 1, la CNMV lo transmitirá por medios 
electrónicos a las autoridades competentes del Estado o los Estados miembros en 
que se pretenda comercializar la ECR o EICC.
El escrito de notificación deberá acompañarse de un certificado acreditativo 
que confirme que la sociedad gestora está autorizada de conformidad con la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, a gestionar entidades de inversión con esa estrategia de inversión 
concreta.
3. Una vez transmitido el expediente de notificación, la CNMV lo notificará 
inmediatamente a la sociedad gestora y ésta podrá iniciar la comercialización de la 
ECR o EICC en el Estado miembro de acogida a partir de la fecha de dicha 
notificación.
En caso de que sean diferentes, la CNMV informará asimismo a las 
autoridades competentes del Estado miembro donde esté establecida la ECR o 
EICC de que la gestora puede comenzar a comercializar participaciones de la 
ECR o EICC en el Estado miembro de acogida.
El escrito de notificación referido en el apartado 1 y el certificado referido en el 
apartado 2 se expedirán, al menos, en una lengua habitual en el ámbito de las 
finanzas internacionales.
4. En caso de modificación sustancial de alguno de los datos comunicados 
de conformidad con el apartado 1, la gestora informará de ello por escrito a la 
CNMV al menos un mes antes de hacer efectiva la modificación, si la misma está 
prevista, o, en el caso de una modificación imprevista, inmediatamente después 
de producirse la modificación.
Si, como consecuencia de una modificación prevista, la gestión de la ECR o 
EICC por parte de la sociedad gestora ya no fuese conforme con lo previsto en 
esta Ley o, en general, la sociedad gestora ya no cumpliese la presente Ley, la 
CNMV informará a la gestora, en un plazo de quince días hábiles desde la 
recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, de que no 
puede aplicar la modificación. En ese caso, la CNMV informará de ello a las 
autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la gestora.
Si la modificación prevista se aplica a pesar de los párrafos primero y segundo, 
o si se ha producido un acontecimiento imprevisto que ha provocado una 
modificación, como consecuencia de la cual la gestión de la ECR o EICC por parte 
de la gestora pudiera dejar de ser conforme con esta Ley, o si la gestora pudiera 
dejar de cumplir la presente Ley, la CNMV adoptará todas las medidas oportunas 
incluyendo, si fuese necesario, la prohibición expresa de la comercialización de la 
ECR o EICC, y se lo notificarán sin demora injustificada a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la gestora.
Si las modificaciones no afectan al cumplimiento de la presente Ley en cuanto 
a la gestión de la ECR o EICC por parte de la gestora, o al cumplimiento de la 
presente Ley por dicha gestora, la CNMV informará, en el plazo de un mes, de 
dichas modificaciones a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida de la gestora.»
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«Artículo 80 bis.  Notificación del cese de la comercialización de ECR y EICC 
gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en España por la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, en el ámbito de la Unión Europea.
1. Las SGEIC notificarán el cese de las medidas adoptadas para la 
comercialización de las participaciones y, cuando proceda, respecto de las clases 
de acciones, en un Estado miembro para el que haya presentado una notificación 
de conformidad con el artículo 80, cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que la intención de poner fin a las medidas adoptadas para la 
comercialización de dichas participaciones en ese Estado miembro se haga 
pública a través de un medio accesible al público, incluidos medios electrónicos, 
que sea habitual para la comercialización de ECR o EICC y adecuado para un 
inversor tipo de ECR o EICC;
b) que se modifiquen o cancelen los acuerdos contractuales con 
intermediarios financieros con efecto a partir de la fecha de notificación de cese, 
con el fin de impedir nuevas ofertas, o su prolongación, directa o indirecta, o la 
colocación de las participaciones que figuren en la notificación mencionada en el 
apartado 2.
La información a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero se 
facilitará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
con respecto al cual la SGEIC haya realizado una notificación de conformidad con 
el artículo 80 o en una lengua aprobada la CNMV.
A partir de la fecha mencionada en la letra b) del párrafo primero, la SGEIC 
cesará toda oferta o colocación nueva de sus participaciones, o su prolongación, 
directa o indirecta, que hayan sido objeto de notificación en ese Estado miembro.
2. La SGEIC presentará una notificación a la CNMV que contenga la 
información a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b).
3. La CNMV verificará que la notificación presentada por la SGEIC de 
conformidad con el apartado 2 esté completa. La CNMV transmitirá dicha 
notificación, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recepción de 
una notificación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, y a la AEVM.
Una vez transmitida la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero, la CNMV comunicará sin dilación a la SGEIC dicha transmisión. Durante 
un período de 36 meses a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1, letra b), 
la SGEIC no participará en la precomercialización de participaciones o acciones 
de ECR o EICC que figuren en la notificación o en relación con estrategias o ideas 
de inversión similares en el Estado miembro identificado en la notificación a que se 
refiere el apartado 2.
4. La SGEIC facilitará a los inversores que mantengan su inversión en la 
ECR o EICC, así como a la CNMV, la información requerida con arreglo a la 
presente Ley.
5. La CNMV transmitirá a las autoridades competentes del Estado miembro 
identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo 
información sobre cualquier modificación de los documentos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 80.
6. La CNMV tendrá los mismos derechos y obligaciones que las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida de la SGEIC.
Sin perjuicio de otras actividades de seguimiento y de las competencias de 
supervisión contempladas en los artículos 85, 86 y 87 de esta Ley, a partir de la 
fecha de transmisión a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, la CNMV 
no exigirá a la SGEIC en cuestión que demuestre el cumplimiento de las 
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disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los 
requisitos de comercialización contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 
2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el 
que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y 
(UE) n.º 1286/2014.
7. Se permite el uso de todos los medios electrónicos u otros medios de 
comunicación a distancia a efectos del apartado 4.»
Seis. Se modifica el artículo apartado 5 del artículo 81, con la siguiente redacción:
«5. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados de 
conformidad con el apartado 2 y, en su caso, el apartado 3, la gestora notificará 
por escrito dicha modificación a la CNMV, al menos un mes antes de hacer 
efectiva la modificación, o inmediatamente después si la modificación fuera 
imprevista, a los siguientes efectos:
a) Si, como consecuencia de la modificación prevista, la gestión de la ECR o 
EICC ya no fuese conforme con una o más disposiciones de la esta Ley o, en 
general, la gestora ya no cumpliese el régimen jurídico al que está sometida, la 
CNMV informará a la gestora, en un plazo de quince días hábiles desde la 
recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, de que no 
puede aplicar la modificación.
b) Si, concurriendo las circunstancias descritas en la letra a), la modificación 
prevista se aplica, o si se ha producido un acontecimiento imprevisto que ha 
provocado una modificación, como consecuencia de la cual la gestión de la ECR o 
EICC pudiera dejar de ser conforme con esta Ley, o si la gestora incumpliera el 
régimen jurídico al que está sometida, la CNMV adoptará todas las medidas 
oportunas de conformidad con el artículo 86, y se lo notificará sin demora 
injustificada a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.
c) Si las modificaciones son aceptables, la CNMV informará sin demora de 
dichas modificaciones a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida.»
LIBRO TERCERO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público
Artículo 64.  Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 
la información del sector público.
Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 
del sector público, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico 
aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por los 
sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación regulado en el artículo 2, así 
como de los datos de investigación de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el artículo 3.bis.
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La aplicación de esta ley se hará sin perjuicio del régimen aplicable al derecho 
de acceso a los documentos y a las especialidades previstas en su normativa 
reguladora.»
Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.
La presente Ley se aplica a:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Los organismos y entidades del sector público institucional creados para 
satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o 
mercantil.
c) Las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público institucional 
que:
1.º Lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la 
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la 
Directiva 2004/17/CE Texto pertinente a efectos del EEE.
2.º Actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 
y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
3.º Actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio 
público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad.
4.º Actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de 
servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del 
Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre 
prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados 
miembros (cabotaje marítimo).»
Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Ámbito objetivo de aplicación.
1. Se entiende por reutilización el uso por personas físicas o jurídicas de 
documentos elaborados o custodiados por:
a) Los sujetos previstos en los párrafos a) y b) del artículo 2, con fines 
comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos 
documentos en la actividad de servicio público para la que se produjeron, excepto 
para el intercambio de documentos entre dichos sujetos en el marco de sus 
actividades de servicio público.
b) Las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el párrafo c) del 
artículo 2 con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que 
tenían esos documentos de prestar servicios de interés general para el que se 
produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre estas sociedades 
mercantiles públicas y el resto de sujetos previstos en el artículo 2 que se realice 
exclusivamente en el desarrollo de las actividades de servicio público de estos 
últimos.
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2. Esta ley se aplica, asimismo, a los datos de investigación en los términos 
previstos en el artículo 3.bis y a los documentos a los que se aplica la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire).
3. Esta ley no será aplicable a los siguientes documentos elaborados o 
custodiados por los sujetos previstos en el artículo 2:
a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el 
derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y las demás normas que regulan el derecho 
de acceso o la publicidad registral con carácter específico.
b) De conformidad con su legislación específica, los documentos que afecten 
a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de la seguridad 
pública, así como los obtenidos por la Administración Tributaria y la Administración 
de la Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, los sometidos al 
secreto estadístico, a la confidencialidad comercial, tales como secretos 
comerciales, profesionales o empresariales y, en general, los documentos 
relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, 
secreto o confidencialidad.
c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o 
interés legítimo.
d) Los documentos que obran en poder de los sujetos previstos en los 
párrafos a) y b) del artículo 2 para finalidades ajenas a las funciones de servicio 
público de acuerdo con la legislación aplicable y en particular, con la normativa de 
creación del servicio público de que se trate.
e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o 
industrial por parte de terceros.
No obstante, esta ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad 
intelectual de los sujetos previstos en el artículo 2 ni a su posesión por éstos, ni 
restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por esta 
ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los sujetos previstos 
en el artículo 2 deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, a los 
documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los 
museos y los archivos sean titulares originarios de los derechos de propiedad 
intelectual como creadores de la misma conforme a lo establecido en la legislación 
de propiedad intelectual, así como cuando sean titulares porque se les haya 
transmitido la titularidad de los derechos sobre dicha obra según lo dispuesto en la 
citada legislación, debiendo en este caso respetar lo establecido en los términos 
de la cesión.
f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios 
esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.
g) Los documentos conservados por instituciones educativas de nivel 
secundario e inferior y, en el caso de todas las demás instituciones educativas, 
documentos distintos de los datos investigación referidos en el artículo 1.
h) Los documentos distintos de los datos de investigación mencionados en el 
artículo 1, conservados por organizaciones que realizan actividades de 
investigación y organizaciones que financian la investigación, incluidas las 
organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación.
i) Los documentos producidos o conservados por instituciones culturales que 
no sean bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos.
j) Los logotipos, divisas e insignias.
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k) Los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté 
limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de los datos 
personales, de conformidad con la normativa vigente y las partes de documentos 
accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya 
reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa 
a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos 
personales.
l) Los documentos elaborados por entidades del sector público empresarial, 
excepto las previstas en el párrafo c) del artículo 2, y fundacional en el ejercicio de 
las funciones atribuidas legalmente y los de carácter comercial, industrial o 
mercantil elaborado en ejecución del objeto social previsto en sus Estatutos.
m) Los estudios realizados por entidades del sector público en colaboración 
con el sector privado, mediante convenios o cualquier otro tipo de instrumento, 
como fórmula de financiación de los mismos.
n) Los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de 
protección de información sensible sobre infraestructuras críticas.
ñ) Los documentos producidos o conservados por las sociedades 
mercantiles públicas previstas en el párrafo c) del artículo 2, fuera del ámbito de la 
prestación de servicios de interés general o relativos a actividades sometidas 
directamente a la competencia y no sujetas a la normativa de contratación de 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales.
4. En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la información en que la 
ponderación a la que se refieren los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
arroje como resultado la prevalencia del derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal, a menos que se produzca la disociación de los datos a 
la que se refiere el artículo 15.4 de la citada Ley.»
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 3.bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 3.bis.  Datos de investigación.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la 
presente Ley y que realicen actividades de investigación o financien la 
investigación adoptarán medidas para apoyar que los datos de investigaciones 
financiadas públicamente sean plenamente reutilizables, interoperables y de 
acceso abierto, teniendo en cuenta las limitaciones que pudieran derivarse de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial, la protección de datos personales y 
la confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.3.e) y de los intereses 
comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos y los 
derechos de propiedad intelectual preexistentes, los datos de investigación serán 
reutilizables para fines comerciales o no comerciales, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley, cuando sean financiados con fondos públicos y 
cuando los investigadores, las universidades o las organizaciones que realizan 
actividades de investigación o que financien la investigación ya hubieran puesto 
tales datos a disposición del público a través de un repositorio institucional o 
temático y, en todo caso, con pleno respeto a la normativa vigente en materia de 
propiedad intelectual.»
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Cinco. Se introduce un nuevo artículo 3.ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 3.ter.  Conjuntos de datos de alto valor.
1. Además de la lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que, en 
su caso, establezca la Comisión Europea, se podrán determinar a nivel nacional 
otros conjuntos de datos adicionales seleccionados en relación a su potencial para 
generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios 
innovadores; beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; 
contribuir a generar ingresos, y la posibilidad de ser combinados con otros 
conjuntos de datos.
2. Dichos conjuntos de datos de alto valor, tanto los establecidos a nivel 
europeo como nacional:
a) Estarán disponibles gratuitamente, a reserva de lo previsto en el 
artículo 7.9.a).
b) Serán legibles por máquina
c) Se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones 
(API), y
d) Se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda.
Se podrán especificar acuerdos organizativos relativos a la publicación y de 
reutilización de los tipos de conjuntos de datos de alto valor. Esos acuerdos serán 
compatibles con las licencias tipo abiertas. Los acuerdos podrán incluir 
condiciones aplicables a la reutilización, el formato de los datos y los metadatos, 
así como acuerdos técnicos para la difusión.3. El Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital aprobará la lista de los conjuntos de datos 
de alto valor nacionales que se publicará mediante Resolución de la Secretaria de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La selección y actualización de los 
conjuntos de datos incluidos en dicha lista se realizará a través de la División 
Oficina del Dato contando con la colaboración de los actores interesados, tanto 
públicos como privados, a través de los órganos y mecanismos que se 
establezcan.»
Seis. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.  Régimen administrativo de la reutilización.
1. Los documentos de los sujetos previstos en el artículo 2 serán reutilizables 
en los términos previstos en esta ley. Dichos sujetos velarán porque los 
documentos a los que se aplica esta normativa puedan ser reutilizados para fines 
comerciales o no comerciales de conformidad con alguna o algunas de las 
siguientes modalidades:
a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público sin sujeción 
a condiciones.
b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público con 
sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.
c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 10 o, en su caso, en la normativa autonómica, pudiendo 
incorporar en estos supuestos condiciones establecidas en una licencia.
d) Acuerdos exclusivos conforme el procedimiento previsto en el artículo 6.
2. La reutilización de documentos no estará sujeta a condiciones a menos 
que estas sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas 
por un objetivo de interés público. En los supuestos de sujeción, las condiciones 
se fijarán en una licencia.
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Los sujetos previstos en el artículo 2 podrán facilitar licencias-tipo para la 
reutilización de documentos, las cuales deberán estar disponibles en formato 
digital y ser procesables electrónicamente.
3. Las condiciones incorporadas en las licencias habrán de respetar los 
siguientes criterios:
a) Deberán ser claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la 
competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de 
reutilización, incluida la reutilización transfronteriza.
4. Los sujetos a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 2 no ejercerán 
el derecho del fabricante de una base de datos previsto en el artículo 133 de la 
Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la 
Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección 
jurídica de las bases de datos, para evitar la reutilización de documentos o 
restringir la reutilización más allá de los límites establecidos en esta Ley.
5. Los sujetos previstos en el artículo 2 crearán dispositivos y sistemas de 
gestión documental que permitan a los ciudadanos una recuperación eficaz de la 
información, disponible en línea y que enlacen con los dispositivos y sistemas de 
gestión puestos a disposición por otras Administraciones. Asimismo, facilitarán 
herramientas informáticas que permitan el acceso en línea a los listados de los 
documentos que puedan ser ampliamente reutilizables y la búsqueda de los 
documentos disponibles para su reutilización, con los metadatos pertinentes de 
conformidad con lo establecido en las normas técnicas de interoperabilidad, 
accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por 
máquina.
Los sujetos previstos en los párrafos a) y b) del artículo 2 promoverán la 
creación de sistemas que permitan la conservación de los documentos disponibles 
para su reutilización.
La Administración General del Estado mantendrá el catálogo nacional de 
información pública reutilizable en el que se pondrán a disposición los conjuntos 
de datos relativos a los documentos a los que aplica la presente Ley, en formatos 
accesibles, fáciles de localizar y reutilizables. Este catálogo dará cobertura, al 
menos, al ámbito de la Administración General del Estado y a sus organismos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes. Los posibles catálogos 
de información pública reutilizable establecidos por el resto de sujetos previstos en 
el artículo 2 deberán interoperar con el catálogo nacional cumpliendo las Normas 
Técnicas de Interoperabilidad que se establezcan al respecto.
Los catálogos de información pública reutilizable proporcionarán información 
sobre los derechos previstos en esta ley y ofrecerán la ayuda pertinente.
En la medida de lo posible, se facilitará la búsqueda multilingüe de los 
documentos, en particular permitiendo la agregación de metadatos a escala de la 
Unión Europea.
6. La reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal 
se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
7. La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los 
usuarios o agentes de la reutilización bajo su responsabilidad y riesgo, 
correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que 
pudieran derivarse de ella.
Los sujetos previstos en el artículo 2 no serán responsables del uso que de su 
información hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o 
pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan 
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producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso 
de la información reutilizada.
8. La puesta a disposición de un documento para su reutilización no supone 
renuncia al derecho a su explotación, ni es impedimento para la modificación de 
los datos que en el mismo consten como consecuencia del ejercicio de funciones 
o competencias de dicho sujeto.
9. Igualmente, no se podrá indicar, de ningún modo, que los sujetos previstos 
en el artículo 2 pertenecientes al ámbito estatal titulares de la información 
reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se lleve a cabo de 
ella.»
Siete. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Formatos disponibles para la reutilización.
1. La elaboración y la puesta a disposición de los documentos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley se efectuará, en la medida de lo posible, 
conforme al principio de documentos abiertos desde el diseño y por defecto.
2. Los sujetos previstos en el artículo 2 promoverán que la puesta a 
disposición de los documentos para su reutilización, así como que la tramitación 
de solicitudes de reutilización se realice por medios electrónicos y mediante 
plataforma multicanal cuando ello sea compatible con los medios técnicos de que 
disponen.
3. Los sujetos previstos en el artículo 2 facilitarán sus documentos en 
cualquier formato o lengua preexistente, pero también procurarán, siempre que 
ello sea posible y apropiado, proporcionarlos en formato abierto, accesible, legible 
por máquina conforme a lo previsto en el apartado anterior y conjuntamente con 
sus metadatos, con los niveles más elevados de precisión y desagregación, fáciles 
de localizar y reutilizables. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de 
lo posible, deben cumplir estándares y normas formales abiertas. Esto no 
implicará que estén obligados a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos 
de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve 
algo más que una simple manipulación.
4. Los sujetos previstos en el artículo 2 pondrán a disposición los datos 
dinámicos de los que dispongan para su reutilización inmediatamente después de 
su recopilación, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) 
adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.
Cuando la puesta a disposición de datos dinámicos para su reutilización 
inmediatamente después de su recopilación pueda superar sus capacidades 
financieras o técnicas suponiendo un esfuerzo desproporcionado, esos datos 
dinámicos se pondrán a disposición para su reutilización en un plazo o con 
restricciones técnicas temporales que no perjudiquen indebidamente su potencial 
económico y social.
5. Los conjuntos de datos de alto valor, conforme al artículo 3 ter, que obren 
en poder de los sujetos previstos en el artículo 2 se pondrán a disposición para su 
reutilización en un formato legible por máquina, a través de interfaces de 
programación de aplicaciones adecuadas y, cuando proceda, en forma de 
descarga masiva.
6. Con arreglo a la presente Ley, no podrá exigirse a los sujetos previstos en 
el artículo 2 que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado 
tipo de documento con vistas a su reutilización.
7. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el Anexo, la puesta a 
disposición de los documentos para su reutilización por medios electrónicos por 
parte de los sujetos previstos en el artículo 2 debe realizarse en los términos 
establecidos por las normas reguladoras de la Administración electrónica, la 
interoperabilidad y los datos abiertos.
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8. Con arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, los medios electrónicos 
de puesta a disposición de los documentos a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo serán accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las 
normas técnicas existentes en la materia.
Asimismo, los sujetos previstos en el artículo 2 adoptarán, en lo posible, las 
medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos destinados a personas 
con discapacidad estén disponibles en formatos que tengan en cuenta las 
posibilidades de reutilización por parte de dichas personas.
No regirá esta obligación en los supuestos en los que dicha adecuación no 
constituya un ajuste razonable, entendiéndose por tal lo dispuesto en el artículo 7 
del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.»
Ocho. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.  Prohibición de derechos exclusivos.
1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes 
potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes 
exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.
Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los sujetos previstos en el 
artículo 2 que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos 
exclusivos, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes apartados.
2. Solo será admisible la suscripción de acuerdos exclusivos que 
corresponda a los mencionados sujetos a favor de terceros cuando tales derechos 
exclusivos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. En 
tal caso, el sujeto previsto en el artículo 2 de que se trate quedará obligado a la 
realización de una revisión periódica, y en todo caso, cada tres años, con el fin de 
determinar si permanece la causa que justificó la concesión del mencionado 
derecho exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y 
públicos, debiendo ser puestos a disposición del público en línea al menos dos 
meses antes de su entrada en vigor.
3. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la 
digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad no será 
superior, por regla general, a diez años. En el caso de que lo sea, su duración se 
revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de 
entonces. Tales acuerdos deberán ser transparentes y se pondrán en 
conocimiento del público.
Cuando exista un acuerdo exclusivo en el sentido establecido en el párrafo 
anterior deberá facilitarse gratuitamente al sujeto de que se trate previsto en los 
párrafos a) y b) del artículo 2, como parte de dichos acuerdos, una copia de los 
recursos culturales digitalizados de la misma calidad y características técnicas del 
original, tales como formato, resolución, gama de colores, etc., con sus metadatos 
y requisitos técnicos de digitalización establecidos en la normas nacionales e 
internacionales pertinentes. Esa copia estará disponible para su reutilización una 
vez finalizado el período de exclusividad.
4. Los acuerdos que, sin conceder expresamente un derecho exclusivo, 
conlleven una disponibilidad limitada para la reutilización de documentos por 
entidades distintas de quienes participen en el acuerdo, deberán ser transparentes 
y públicos, siendo sus condiciones finales puestas a disposición del público en 
línea al menos dos meses antes de su entrada en vigor. El efecto de estos 
acuerdos sobre la disponibilidad de datos para su reutilización estará sujeto a 
revisiones periódicas y, en todo caso, se someterá a revisión cada tres años.»
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Nueve. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7.  Tarifas.
1. La reutilización de los documentos será gratuita. No obstante, podrá 
aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización en las 
condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la 
normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la 
misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a 
disposición, difusión, anonimización de datos personales y las medidas adoptadas 
para proteger información comercial confidencial.
En caso de que un sujeto previsto en el artículo 2 reutilice los documentos 
como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias que tenga 
atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades 
las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a:
a) Los sujetos previstos en el párrafo b) del artículo 2 a los que se exija 
generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la 
realización de sus misiones de servicio público.
b) Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.
c) Las sociedades mercantiles públicas a que se refiere párrafo c) del 
artículo 2.
3. Se publicará en línea una lista de los sujetos a los que se refiere la letra a) 
del apartado anterior.
4. En los casos a los que se refieren los párrafos a) y c) del apartado 2, se 
calculará el precio total conforme a criterios objetivos, transparentes y 
comprobables, que serán fijados mediante la normativa que corresponda. Los 
ingresos totales de cada sujeto obtenidos por suministrar documentos y autorizar 
su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de 
recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, 
incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión y, en su caso, 
anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger la 
información comercial confidencial. La tarifa se calculará conforme a los principios 
contables aplicables y de acuerdo con la normativa aplicable.
5. Cuando quienes apliquen tarifas sean los sujetos mencionados en el 
párrafo b) del apartado 2, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar 
la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no 
superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, 
almacenamiento de datos, conservación, compensación de derechos y, en su 
caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger la 
información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio 
razonable de la inversión. A efectos de calcular dicho margen, estos sujetos 
podrán tener en cuenta los precios aplicados por el sector privado por la 
reutilización de documentos idénticos o similares. Las tarifas se calcularán 
conforme a los principios contables aplicables a los sujetos correspondientes y de 
acuerdo con la normativa aplicable.
6. Se podrán aplicar tarifas diferenciadas según se trate de reutilización con 
fines comerciales o no comerciales.
7. Los sujetos previstos en el artículo 2 publicarán por medios electrónicos, 
siempre que sea posible y apropiado, las tarifas fijadas para la reutilización de 
documentos que estén en su poder, así como las condiciones aplicables y el 
importe real de los mismos, incluida la base de cálculo utilizada.
En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, el sujeto de que se trate 
indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta para el cálculo de la 
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misma. Cuando se solicite, dicho sujeto también indicará cómo se ha calculado 
esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización concreta.
8. Cuando las tarifas a exigir tengan la naturaleza de tasa, su establecimiento 
y la regulación de sus elementos esenciales se ajustarán a lo previsto en la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y demás normativa 
tributaria.
9. En todo caso, los usuarios podrán reutilizar gratuitamente:
a) Los conjuntos de datos de alto valor mencionados en el artículo 3 ter salvo 
que:
1.º) Se trate de documentos de bibliotecas, incluidas las universitarias, los 
museos y los archivos.
2.º) Se trate de documentos en poder de sociedades mercantiles públicas 
previstas en el párrafo c) del artículo 2, cuando el hecho de poner a disposición 
dichos conjuntos de datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsión de 
la competencia en los mercados correspondientes.
3.º) Cuando el hecho de poner a disposición de forma gratuita conjuntos de 
datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de 
organismos o entidades de derecho público que deban obtener ingresos para 
financiar su actividad de servicio público, en cuyo caso la Administración Pública a 
la que estén vinculados o de la que dependan podrá eximir a tales organismos o 
entidades de la obligación de poner a disposición de forma gratuita los conjuntos 
de datos de alto valor, por un período no superior a los dos años a partir de la 
entrada en vigor del acto de ejecución o resolución que apruebe la lista de 
conjuntos de datos de alto valor.
b) Los datos de investigación previstos en el artículo 1 de esta ley.»
Diez. Se modifica el primer párrafo del artículo 8, que queda redactado como sigue:
«La reutilización de la información de los sujetos previstos en el artículo 2 
podrá estar sometida, entre otras, a las siguientes condiciones generales:»
Once. Se modifican los apartados 1, 2 y 7 y se añade un nuevo apartado 9 al 
artículo 10, con la siguiente redacción:
«1. Las solicitudes de reutilización de documentos administrativos deberán 
dirigirse al órgano competente, entendiendo por tal aquel en cuyo poder obren los 
documentos cuya reutilización se solicita. Las solicitudes se presentarán por 
aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan reutilizar los documentos de 
conformidad con lo previsto en esta Ley.
No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido la solicitud no posea la 
información requerida pero tenga conocimiento del sujeto previsto en el artículo 2 
que la posee, le remitirá a la mayor brevedad posible la solicitud dando cuenta de 
ello al solicitante.
Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitante sobre el 
sujeto previsto en el artículo 2 al que, según su conocimiento, ha de dirigirse para 
solicitar dicha información.
2. La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artículo 66.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, identificando el documento o documentos 
susceptibles de reutilización y especificando los fines, comerciales o no 
comerciales, de la reutilización. No obstante, cuando una solicitud esté formulada 
de manera imprecisa, el órgano competente pedirá al solicitante que la concrete y 
le indicará expresamente que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
solicitud, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. El solicitante deberá concretar su petición en el plazo de diez días a 
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contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho requerimiento. A estos 
efectos, el órgano competente asistirá al solicitante para delimitar el contenido de 
la información solicitada.
El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información se entenderá 
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su 
efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del 
plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para 
resolver.»
«7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener una 
referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en 
los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
«9. Las sociedades mercantiles públicas previstas en el párrafo c) del 
artículo 2, los centros de enseñanza, las organizaciones que realicen actividades 
de investigación o que financien tales actividades no estarán obligadas a cumplir 
lo previsto en este artículo.»
Doce. Se introduce un nuevo artículo 10.bis con la siguiente redacción:
«Artículo 10.bis.  Unidad responsable de información.
1. Cada sujeto previsto en el artículo 2 determinará la Unidad responsable de 
garantizar la puesta a disposición de su información.
2. En la Administración General del Estado se designarán las Unidades 
responsables de información en el ámbito de las Subsecretarías de cada 
Departamento. Los restantes sujetos previstos en el artículo 2 del sector público 
estatal con personalidad jurídica propia designarán sus Unidades 
correspondientes.
3. La Unidad responsable de información tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar las actividades de reutilización de la información con las 
políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y 
administración electrónica.
b) Facilitar información sobre los órganos competentes, dentro de su ámbito, 
para la recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de reutilización que 
se tramiten de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.
c) Promover que la información sea provista en los formatos adecuados y 
esté actualizada en la medida de lo posible.
d) Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y 
formación.»
Trece. Se modifica el apartado 6 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«6. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la 
presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su ejercicio 
corresponderá a los órganos competentes que la tengan atribuida por razón de la 
materia.»
Catorce. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional segunda, que queda 
redactado como sigue:
«1. Lo previsto en esta ley será de aplicación a los documentos conservados 
por organismos e instituciones diferentes a los mencionados en el artículo 2, a los 
que, en los términos previstos en su normativa reguladora, resulte aplicable en su 
actividad la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
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Quince. Se suprime la disposición adicional tercera y las vigentes disposiciones 
adicionales cuarta y quinta pasan a ser reenumeradas como tercera y cuarta, 
respectivamente, manteniendo en ambos casos su actual redacción.
Dieciséis. Se modifica la disposición transitoria única, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición transitoria única.  Régimen transitorio aplicable a los acuerdos 
exclusivos.
Los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se 
aplique la excepción contemplada en los apartados 2 y 3 del artículo 6 y que 
fuesen celebrados por los sujetos previstos en los párrafos a) y b) del artículo 2 
concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, no más tarde del 18 de 
julio de 2043.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los acuerdos exclusivos 
existentes a 16 de julio de 2019 a los que no se apliquen las excepciones 
contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 6 que fuesen celebrados por los 
sujetos previstos en el párrafo c) del artículo 2, concluirán cuando expire el 
contrato o, en cualquier caso, no más tarde del 17 de julio de 2049.»
Diecisiete. Se modifica la disposición final primera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición final primera.  Fundamento constitucional.
La presente ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.18 ª de la Constitución Española. Se exceptúan los 
apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10, el apartado 2 del 
artículo 10.bis. y el artículo 11.»
Dieciocho. Se modifica el anexo, que queda redactado como sigue:
«ANEXO
Definiciones
A efectos de la presente Ley, se entiende por:
1) Anonimización: Proceso por el que se transforman documentos en 
documentos anónimos que no se refiere a una persona física identificada o 
identificable o al proceso de convertir datos personales que se hayan 
anonimizado, de forma que el interesado no sea identificable o haya dejado de 
serlo.
2) Conjuntos de datos de alto valor: Documentos cuya reutilización está 
asociada a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la 
economía, en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de 
valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad, y del 
número de beneficiarios potenciales de los servicios de valor añadido y 
aplicaciones basados en tales conjuntos de datos.
3) Datos abiertos: Son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y 
redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente 
o reconocimiento de su autoría.
4) Datos dinámicos: Documentos en formato digital, sujetos a actualizaciones 
frecuentes o en tiempo real, debido, en particular, a su volatilidad o rápida 
obsolescencia; los datos generados por los sensores suelen considerarse datos 
dinámicos.
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5) Datos de investigación: Documentos en formato digital, distintos de las 
publicaciones científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de actividades 
de investigación científica y utilizados como prueba en el proceso de investigación, 
o comúnmente aceptados en la comunidad investigadora como necesarios para 
validar las conclusiones y los resultados de la investigación.
6) Documento: Toda información o parte de ella, cualquiera que sea su 
soporte o forma de expresión, sea esta textual, gráfica, sonora visual o 
audiovisual, incluyendo los metadatos asociados y los datos contenidos con los 
niveles más elevados de precisión y desagregación. A estos efectos no se 
considerarán documentos los programas informáticos que estén protegidos por la 
legislación específica aplicable a los mismos.
7) Formato legible por máquina: Un formato de archivo estructurado que 
permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad 
datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna.
8) Formato abierto: Un formato de archivo independiente de plataformas y 
puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de 
los documentos.
9) Licencia tipo: Conjunto de condiciones de reutilización predefinidas en 
formato digital, preferiblemente compatibles con licencias modelo públicas 
disponibles en línea.
10) Norma formal abierta: Una norma establecida por escrito que especifica 
los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática.
11) Tercero: Toda persona física o jurídica distinta de un sujeto previsto en el 
artículo 2 que esté en posesión de los datos.
12) Universidad: Todo organismo del sector público que imparta enseñanza 
superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos académicos.»
LIBRO CUARTO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los 
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de 
radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva 
(UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre 
los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se 
modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 65.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto-ley, en su Libro cuarto, será de aplicación a los derechos de 
propiedad intelectual, incluyendo tanto derechos de autor como derechos afines o 
conexos, en el marco del mercado interior europeo, teniendo especialmente en cuenta 
los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos.
Mediante este real decreto-ley se profundiza en ciertos límites a los derechos 
exclusivos de propiedad intelectual relacionados con nuevos usos que las tecnologías 
digitales permiten hacer en los ámbitos de la investigación, la innovación, la educación y 
la conservación del patrimonio cultural, todo ello con el objetivo puesto en el beneficio 
que supone el acceso de las personas a los contenidos. Del mismo modo, se concretan 
las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de 
explotación de obras y prestaciones objeto de derechos de propiedad intelectual.
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2. Asimismo, este real decreto-ley será de aplicación a la mejora del acceso 
transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la 
obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la 
emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la 
retransmisión de programas de radio y televisión. También establece normas para la 
transmisión de programas de radio y televisión a través del proceso de inyección directa.
3. El presente real decreto-ley no afectará a las utilizaciones lícitas, tales como 
usos al amparo de límites vigentes a los derechos de propiedad intelectual y no 
conducirá a identificación alguna de usuarios concretos ni al tratamiento de sus datos 
personales, salvo si es conforme con la normativa vigente en materia de protección de 
datos.
Artículo 66.  Definiciones.
A los efectos del Libro cuarto de este real decreto-ley, se entenderá por:
1. «Minería de textos y datos»: toda técnica analítica automatizada destinada a 
analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye pautas, 
tendencias, correlaciones u elementos similares.
2. «Institución responsable del patrimonio cultural»: una biblioteca o un museo 
accesibles al público, un archivo o una institución responsable del patrimonio 
cinematográfico o sonoro. También se entienden comprendidos, entre otros, bibliotecas 
nacionales y archivos nacionales y, en lo que respecta a sus archivos y bibliotecas 
accesibles al público, los centros de enseñanza, los organismos de investigación y los 
organismos de radiodifusión del sector público.
3. «Organismo de investigación»: toda entidad cuyo principal objetivo sea realizar 
investigaciones científicas o llevar a cabo actividades educativas que también impliquen 
investigaciones científicas, que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Sean sin ánimo de lucro o reinvirtiendo todos sus beneficios en las mismas.
b) Se realicen conforme a una misión de interés público.
No podrán beneficiarse de acceso preferente a los resultados generados por las 
investigaciones científicas las empresas que ejerzan una influencia decisiva sobre el 
organismo de investigación.
4. «Entidad de gestión colectiva suficientemente representativa»: toda entidad de 
gestión de derechos de propiedad intelectual sobre la cual el Ministerio de Cultura y 
Deporte haya resuelto favorablemente la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos legales al inicio de la actividad de la misma, conforme al texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril.
En aquellos casos en que más de una entidad de gestión colectiva sea 
representativa en un ámbito de obras u otras prestaciones, será exigible una licencia 
conjunta o un acuerdo entre las correspondientes entidades de gestión.
5. «Servicio de la sociedad de la información»: todo servicio en el sentido de la letra 
a), del anexo la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y 
de comercio electrónico.
6. «Prestador de servicios para compartir contenidos en línea»: todo prestador de 
un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines 
principales es almacenar y dar al público acceso a obras u otras prestaciones protegidas, 
en gran número o con un alto nivel de audiencia en España, cargadas por sus usuarios, 
que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos directos o indirectos.
Los prestadores de servicios como las enciclopedias en línea sin fines lucrativos 
directos ni indirectos, los repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos directos 
ni indirectos, las plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de 
código abierto, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, los 
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mercados en línea y los prestadores de servicios entre empresas y en la nube, que 
permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso, no serán considerados 
prestadores de servicios para compartir contenidos en línea a los efectos del presente 
real decreto-ley.
7. «Servicio accesorio en línea»: todo servicio en línea consistente en el suministro 
al público por un organismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, de 
programas de radio o televisión simultáneamente o posteriormente a esa emisión 
durante un período de tiempo definido, así como de cualquier material que sea accesorio 
a tal emisión.
8. «Retransmisión»: toda retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, distinta de 
la distribución por cable, destinada a su recepción por el público, de una transmisión 
inicial procedente de otro Estado miembro de programas de radio o televisión destinados 
a su recepción por el público, cuando dicha transmisión inicial sea alámbrica o 
inalámbrica, incluida vía satélite, pero no en línea, a condición de que:
a) la retransmisión la efectúe una parte distinta del organismo de radiodifusión que 
efectuó la transmisión inicial o bajo cuyo control y responsabilidad se efectuó dicha 
transmisión inicial, independientemente de la manera en que la parte que efectúe la 
retransmisión obtenga las señales portadoras de programas del organismo de 
radiodifusión a efectos de retransmisión, y
b) la retransmisión se efectúe en un entorno gestionado, en caso de efectuarse la 
retransmisión a través de un servicio de acceso a internet, entendiéndose como un 
servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del público que proporciona 
acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente todos los puntos 
extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red y del equipo 
terminal utilizados.
9. «Entorno gestionado»: todo entorno en el que un operador de un servicio de 
retransmisión proporciona una retransmisión segura a usuarios autorizados.
10. «Inyección directa»: todo proceso técnico por el que un organismo de 
radiodifusión transmite sus señales portadoras de programas a un organismo que no sea 
un organismo de radiodifusión, de forma que las señales portadoras de programas no 
sean accesibles al público durante dicha transmisión.
TÍTULO II
Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y 
transfronterizo
Artículo 67.  Minería de textos y datos.
1. No será precisa la autorización del titular de los derechos de propiedad 
intelectual para las reproducciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma 
legítima realizadas con fines de minería de textos y datos.
2. Las reproducciones y extracciones podrán conservarse durante todo el tiempo 
que sea necesario para cumplir con estos fines, con pleno respeto a los principios de 
legalidad y a la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable cuando los titulares de derechos 
hayan reservado expresamente el uso de las obras a medios de lectura mecánica u otros 
medios que resulten adecuados.
4. Las reproducciones de obras y otras prestaciones efectuadas por organismos de 
investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural para realizar, con fines 
de investigación científica, minería de textos y datos, se almacenarán con un nivel 
adecuado de seguridad y podrán conservarse para la verificación de los resultados de la 
investigación.
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En este supuesto, los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas 
que tengan como único objetivo garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases 
de datos en que estén almacenadas las obras. Estas medidas no irán más allá de lo 
necesario para lograr ese objetivo.
Los titulares de derechos, organismos de investigación e instituciones responsables 
del patrimonio cultural podrán aprobar códigos de conducta voluntarios que recojan las 
mejores prácticas aplicables. La Administración podrá promover la elaboración de dichos 
códigos.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones 
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de 
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, cuando se trate 
de reproducciones y extracciones de obras accesibles de forma legítima para fines de 
minería de textos y datos conforme al presente artículo.
6. Cuando se trate de reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones 
accesibles de forma legítima para fines de minería de textos y datos conforme al 
presente artículo, no será necesaria la autorización del titular de los derechos de realizar 
o de autorizar:
a) la reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de 
ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. 
Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un 
programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que 
otorgará el titular del derecho
b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un 
programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio 
de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.
7. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta 
haya sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la 
base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, cuando se 
trate de reproducciones y extracciones de obras accesibles de forma legítima para fines 
de minería de textos y datos conforme al presente artículo.
Artículo 68.  Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas 
digitales y transfronterizas.
1. No será precisa autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual 
para los actos de reproducción, distribución y comunicación pública por medios digitales 
de obras y otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos siempre que:
a) sean realizados por el profesorado de la educación reglada impartida en centros 
integrados en el sistema educativo español y por el personal de universidades y 
organismos de investigación.
b) tengan lugar en un entorno electrónico seguro.
c) se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, siempre que sea posible.
2. Estos actos se entenderán únicamente realizados en territorio español, aunque 
sus destinatarios no se encuentren en él.
Artículo 69.  Conservación del patrimonio cultural.
1. Las instituciones responsables del patrimonio cultural podrán realizar, sin 
autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, reproducciones, de las 
obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, 
mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación adecuados, en 
cualquier formato o medio, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida 
de una obra u otra prestación, y en la medida necesaria para los fines de conservación.
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2. Las instituciones responsables del patrimonio cultural podrán recurrir a terceros 
que actúen en su nombre y bajo su responsabilidad, incluidos los establecidos en otros 
Estados miembros, para la realización de las reproducciones que legalmente estén 
habilitadas a llevar a cabo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones 
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de 
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, para realizar su reproducción, 
cuando se trate de fines de conservación del patrimonio cultural conforme al artículo 37 
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
4. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta 
haya sido divulgada, podrá, sin autorización del fabricante de la base, reproducir una 
parte sustancial del contenido de la misma, cuando se trate de fines de conservación del 
patrimonio cultural conforme al artículo 37 del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual.
Artículo 70.  Pastiche.
No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una 
obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra 
de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación 
independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o 
prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite 
será también aplicable a usos diferentes de los digitales.
TÍTULO III
Medidas para mejorar las prácticas de concesión de autorizaciones y garantizar un 
mayor acceso a los contenidos
Artículo 71.  Uso de obras y prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las 
instituciones responsables del patrimonio cultural.
1. Se considerará que una obra o prestación está fuera del circuito comercial 
cuando pueda presumirse de buena fe que la totalidad de dicha obra o prestación no 
está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales, después 
de haberse hecho un esfuerzo razonable para determinar si está a disposición del 
público.
2. Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual podrán, 
de acuerdo con los mandatos efectivos otorgados por los correspondientes titulares de 
derechos, otorgar a una institución responsable del patrimonio cultural una autorización 
no exclusiva para proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución, 
comunicación al público o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones 
que estén fuera del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección 
de la institución, con independencia de si todos los titulares de derechos amparados por 
la autorización han otorgado mandato en este sentido a la entidad de gestión colectiva, 
siempre que:
a) La entidad de gestión colectiva, sobre la base de sus mandatos, sea 
suficientemente representativa de los titulares de derechos sobre la categoría de obras u 
otras prestaciones correspondientes y de los derechos objeto de la autorización. Estos 
derechos deben estar contemplados en el objeto social de la entidad.
b) Se garantice a todos los titulares de derechos la igualdad de trato en relación 
con los términos de la autorización no exclusiva.
3. Las autorizaciones otorgadas al amparo del apartado 2 podrán permitir el uso 
mencionado a una institución de patrimonio cultural en cualquier Estado miembro. En tal 
caso, el uso se entenderá producido únicamente en territorio español.
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4. En el caso de que no exista una entidad de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2, las 
instituciones responsables del patrimonio cultural no necesitarán autorización para 
proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución, comunicación al 
público o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones que estén fuera 
del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección de la institución, a 
condición de que:
a) Se indique el nombre del autor o de cualquier otro titular de derechos 
identificable, siempre que sea posible.
b) Dichas obras y prestaciones se pongan a disposición en sitios web no 
comerciales.
5. Quedan excluidos del régimen de uso previsto en el presente artículo los 
conjuntos de obras compuestos principalmente por:
a) Obras que no sean obras cinematográficas o audiovisuales, publicadas por 
primera vez o, a falta de publicación, emitidas por primera vez en un tercer país.
b) Obras cinematográficas o audiovisuales cuyos productores tengan su sede o 
residencia habitual en un tercer país.
c) Obras de nacionales de un tercer país cuando, tras un esfuerzo razonable, no se 
haya podido determinar un Estado miembro o un tercer país según las dos letras 
anteriores.
Estas exclusiones no serán aplicables cuando la entidad de gestión colectiva sea 
suficientemente representativa de los titulares de derechos del tercer país de que se 
trate.
6. No será aplicable lo dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual al uso de obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial por 
parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones 
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de 
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, cuando se trate de puesta a 
disposición de obras fuera del circuito comercial.
8. Cuando se trate de la puesta a disposición de obras y prestaciones fuera del 
circuito comercial, no será necesaria la autorización del titular para llevar a cabo, por 
parte de una institución cultural y para fines no comerciales:
a) La reproducción total o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya 
fuere permanente o transitoria. Cuando la distribución o comunicación al público de la 
obra o prestación necesiten tal reproducción sí deberá disponerse de autorización para 
ello, que otorgará el titular del derecho.
b) La transformación de la obra y la reproducción de los resultados de tal acto de 
transformación, sin perjuicio de los derechos de la persona que realice tal 
transformación.
c) Cualquier forma de distribución de la obra o prestación.
9. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta 
haya sido divulgada, podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o 
reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma cuando se trate de puesta a 
disposición de obras fuera del circuito comercial.
Artículo 72.  Obras de arte visual de dominio público.
Cuando hayan expirado los derechos de explotación de una obra de arte visual, 
cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no estará sujeto a 
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derechos de propiedad intelectual, a menos que el material resultante de dicho acto de 
reproducción sea original en la medida en que sea una creación intelectual de su autor.
TÍTULO IV
Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de 
propiedad intelectual
CAPÍTULO 1.º
Determinados usos de contenidos protegidos por servicios en línea
Artículo 73.  Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para 
compartir contenidos en línea.
1. Se considerará que los prestadores de servicios para compartir contenidos en 
línea realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público a 
efectos de la presente ley, cuando ofrezcan al público el acceso a obras o prestaciones 
protegidas por derechos de propiedad intelectual que hayan sido cargadas por sus 
usuarios.
En consecuencia, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea 
deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos referidos a 
los actos de comunicación pública que define el artículo 20 del texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, para llevar a cabo dicho acto de explotación. La negociación de 
las correspondientes autorizaciones se realizará de acuerdo con los principios de buena 
fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a la libre competencia, lo que 
excluye el ejercicio de posición de dominio.
2. Cuando un prestador de servicios para compartir contenidos en línea solicite y 
obtenga una autorización a esos efectos, ésta incluirá también, dentro del alcance de la 
autorización concedida y en las mismas condiciones, los actos realizados por usuarios 
de dichos servicios que entren en el ámbito de aplicación del artículo 20 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual siempre que dichos usuarios no actúen con 
carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos.
3. Cuando los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea sean 
responsables de actos de comunicación al público o de puesta a disposición del público 
en las condiciones establecidas en el presente artículo, no se beneficiarán de la 
limitación de responsabilidad prevista en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.
La limitación de responsabilidad mencionada en este artículo no afectará a 
prestadores de servicios con respecto a fines ajenos al ámbito de aplicación del presente 
artículo.
4. En caso de que el titular de los citados derechos de comunicación pública o 
puesta a disposición del público no otorgue la citada autorización, los prestadores de 
servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no 
autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición de obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, a menos que demuestren 
que:
a) Han hecho sus mayores esfuerzos por obtener una autorización, y
b) Han hecho, de acuerdo con estrictas normas sectoriales de diligencia 
profesional, sus mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de las obras y 
prestaciones respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la 
información pertinente y necesaria; y, en cualquier caso
c) Han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente 
motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras 
prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho sus mayores 
esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b).
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En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir 
contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web 
durante la retransmisión del evento en directo en cuestión.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de derechos podrán ejercer las acciones 
legales dirigidas a reestablecer el daño patrimonial, tales como la acción de 
enriquecimiento injusto, en el caso de que, aunque los proveedores de servicios hayan 
hecho sus mayores esfuerzos para eliminar el contenido no autorizado, éste continúe 
siendo explotado por ellos, causando un perjuicio significativo a los titulares de derechos.
5. En los casos en que un prestador de servicios para compartir contenidos en línea 
sea responsable de los actos no autorizados de comunicación al público, será de 
aplicación, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso incurra el 
prestador, el régimen de acciones y procedimientos establecido en los artículos 138 y 
siguientes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
6. Para determinar si el prestador del servicio ha cumplido con sus obligaciones en 
virtud del apartado 4, y a la luz del principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta, al 
menos, los siguientes elementos:
a) El tipo, la audiencia y la magnitud del servicio, así como el tipo de obras u otras 
prestaciones cargadas por los usuarios del servicio, y
b) La disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste para los 
prestadores de servicios.
7. A los nuevos prestadores de servicios para compartir contenidos en línea que 
lleven menos de tres años operando en la Unión Europea y cuyo volumen de negocios 
anual sea inferior a 10.000.000 euros, calculado con arreglo a la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, se les aplicarán los requisitos del 
régimen de responsabilidad establecido en el apartado 4 limitados al cumplimiento de la 
letra a) de dicho apartado y a la actuación expeditiva, al recibir una notificación 
suficientemente motivada, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones 
notificadas o para retirarlas de sus sitios web.
Cuando el promedio de visitantes únicos mensuales de dichos prestadores de 
servicios supere los cinco millones, calculado sobre la base del ejercicio anual anterior, 
éstos demostrarán asimismo que han hecho sus mayores esfuerzos por evitar nuevas 
cargas de las obras y otras prestaciones notificadas respecto de las cuales los titulares 
de derechos hayan facilitado la información pertinente y necesaria.
8. La cooperación entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los 
titulares de derechos no impedirá que los usuarios carguen y pongan a disposición del 
público contenidos de obras u otras prestaciones que no infrinjan tales derechos o que 
se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, 
parodia o pastiche.
9. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no tendrán una 
obligación general de supervisión. Deberán proporcionar a los titulares de derechos que 
lo soliciten información adecuada, con carácter semestral, sobre el funcionamiento de 
sus prácticas en relación con la cooperación a que se refiere el apartado 4. Asimismo, 
cuando se celebren acuerdos de licencia, proporcionarán información sobre el uso de los 
contenidos contemplados por dichos acuerdos entre prestadores de servicios y titulares 
de derechos.
10. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea establecerán 
un mecanismo de reclamación y recurso ágil y eficaz a disposición de sus usuarios en 
caso de conflicto sobre la inhabilitación del acceso a obras o prestaciones cargadas por 
ellos o sobre su retirada. Las obras y prestaciones que sean objeto del procedimiento de 
reclamación y recurso no se mantendrán accesibles en el servicio del prestador mientras 
se resuelva dicho procedimiento.
11. Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a obras o 
prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras o prestaciones, justificarán 
debidamente los motivos de su solicitud. Las reclamaciones presentadas con arreglo al 
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mecanismo establecido en el apartado 10 se tramitarán en un plazo no superior a 10 
días hábiles y las decisiones de inhabilitar el acceso a los contenidos cargados o de 
retirarlos estarán sujetas a examen por parte de personas, esto es, sin intervención 
automatizada de robots u otros medios análogos.
12. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las 
funciones de mediación o arbitraje en los litigios relacionados con el acceso y retirada de 
obras por aplicación de este artículo.
13. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea informarán a 
sus usuarios sobre sus condiciones generales y sobre los límites a los derechos de 
propiedad intelectual a los fines establecidos en el presente artículo y en el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO 2.º
Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los 
contratos de explotación
Artículo 74.  Principio de remuneración adecuada y proporcionada.
Cuando los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes concedan autorizaciones o 
cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras u otras prestaciones, 
tendrán derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada. La negociación 
de las correspondientes autorizaciones o cesiones se realizará de acuerdo con los 
principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a la libre 
competencia, lo que excluye el ejercicio de posición de dominio.
Artículo 75.  Obligación de transparencia.
1. El cesionario de unos derechos de explotación o titular de una autorización para 
el uso de una obra o prestación o de un repertorio administrado por una entidad de 
gestión de derechos de propiedad intelectual deberá facilitar a los autores o a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, al menos una vez al año y por medios electrónicos, 
información actualizada sobre la explotación de sus obras o prestaciones, especialmente 
en lo que se refiere a los modos de explotación, la totalidad de los ingresos generados y 
la remuneración correspondiente.
En el caso de que la autorización sea cedida por su titular a terceros, los autores y 
los artistas intérpretes o ejecutantes podrán solicitar al titular cedente la identidad de los 
sucesivos cesionarios y requerir a estos, directamente o a través del titular cedente, la 
información adicional que necesiten.
2. En aquellos casos en que la obligación derivada del apartado 1 resulte ser 
desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación de la obra o 
prestación, ésta se limitará a un nivel de información razonable, proporcionado y 
efectivo.
3. La presente obligación no será aplicable cuando la contribución del autor o del 
artista intérprete o ejecutante no sea significativa en relación con la obra o prestación, a 
menos que necesite esa información para el ejercicio de la acción prevista en el 
artículo 47 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, o cuando sea de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 167 del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual.
4. Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes podrán ejercer este derecho 
de información por sí mismos o por medio de sus representantes
5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los autores de programas de 
ordenador.
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TÍTULO V
Transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y retransmisiones de 
programas de radio y televisión
CAPÍTULO 1.º
Servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión
Artículo 76.  Aplicación del principio del «país de origen» a los servicios accesorios en 
línea.
1. Se considerarán producidos únicamente en el Estado miembro en el que el 
organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal, a efectos del ejercicio de 
los derechos de propiedad intelectual pertinentes, los siguientes actos:
a) Los actos de comunicación y puesta a disposición al público de obras u otras 
prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, que se producen 
cuando dicho organismo ofrece al público mediante un servicio accesorio en línea, 
directamente o bajo su control y responsabilidad, los siguientes programas:
1.º Programas de radio y
2.º Programas de televisión que sean programas de informativos y programas de 
contenido informativo de actualidad; o producciones propias del organismo de 
radiodifusión financiadas por este en su totalidad. Esta previsión no se aplicará a la 
radiodifusión de acontecimientos deportivos y a obras y otras prestaciones protegidas 
incluidas en ellos.
b) Los actos de reproducción de dichas obras o prestaciones protegidas u otras 
prestaciones protegidas que sean necesarios para la prestación del servicio en línea, el 
acceso a él o su utilización para los mismos programas.
2. En la determinación del pago del importe de los derechos sujetos al principio del 
país de origen según lo establecido en el apartado 1, las partes deben tener en cuenta 
todos los aspectos del servicio accesorio en línea, tales como las características de 
dicho servicio accesorio en línea, incluida la duración de la disponibilidad en línea de los 
programas ofrecidos por ese servicio, la audiencia y las versiones lingüísticas 
disponibles. Ello no excluirá la opción de calcular el importe sobre la base de los 
ingresos de los organismos de radiodifusión.
3. El principio del país de origen establecido en el apartado 1 no supondrá ningún 
perjuicio para la libertad contractual de los titulares de derechos y los organismos de 
radiodifusión para acordar la introducción de límites a la explotación de esos derechos 
contemplados en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO 2.º
Retransmisión de programas de televisión y radio
Artículo 77.  Ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares de derechos que no 
sean organismos de radiodifusión.
1. Los actos de retransmisión de programas deben ser autorizados por los titulares 
del derecho exclusivo de comunicación al público.
Los titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión ejercerán sus 
derechos exclusivamente a través de una entidad de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual.
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2. En caso de que un titular de derechos no haya transferido la gestión del derecho 
a que se refiere el apartado anterior, a una entidad de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual, se considerará que la entidad de gestión colectiva que gestione en 
España derechos de la misma categoría tiene derecho a conceder o denegar la 
autorización para la retransmisión al mencionado titular.
Cuando existiera más de una entidad de gestión de los derechos de dicha categoría, 
el Ministerio de Cultura y Deporte encomendará la gestión de los mismos a cualquiera de 
las entidades mediante la correspondiente orden ministerial.
3. Los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos entre un operador de un 
servicio de retransmisión y una entidad o entidades de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual que actúen de conformidad con el apartado 2 serán los mismos 
para todos los titulares de derechos, con independencia de que hayan o no transferido 
su gestión a dicha entidad.
4. Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o 
transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá que 
consiente en no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, la 
retransmisión de la misma en los términos dispuestos del presente artículo.
Artículo 78.  Ejercicio de los derechos de retransmisión por los organismos de 
radiodifusión.
1. Los organismos de radiodifusión ejercerán los derechos de retransmisión 
respecto de sus propias transmisiones. En el caso de que los derechos del organismo 
sobre tales transmisiones le hayan sido transferidos por terceros, no se requerirá la 
autorización de éstos para su retransmisión.
2. Las negociaciones entre los organismos de radiodifusión y los operadores de los 
servicios de retransmisión en relación con una autorización de retransmisión con arreglo 
al presente real decreto-ley, se llevarán a cabo de buena fe.
CAPÍTULO 3.º
Transmisión de programas mediante inyección directa
Artículo 79.  Transmisión de programas mediante inyección directa.
1. Cuando un organismo de retransmisión transmita mediante inyección directa sus 
señales portadoras de programas a un distribuidor de señal, sin que el propio organismo 
de radiodifusión transmita simultáneamente esas señales portadoras de programas de 
forma directa al público, y el distribuidor de señal transmita estas señales portadoras de 
programas al público, se considerará que el organismo de radiodifusión y el distribuidor 
de señal participan en un acto único de comunicación al público para el que obtendrán 
autorización de los titulares de derechos.
2. Para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, los titulares de 
derechos ejercerán estos exclusivamente a través de una entidad de gestión colectiva de 
derechos de propiedad intelectual. En el caso de que no hayan transferido sus derechos 
a una entidad de gestión colectiva, se aplicará lo dispuesto en el artículo 77.
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TÍTULO VI
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
Artículo 80.  Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el párrafo f) del artículo 20.2 que queda redactado en los 
siguientes términos:
«f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados 
anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
Se entiende por distribución por cable la retransmisión simultánea, inalterada e 
íntegra por cable o microondas, para su recepción por el público, de una 
transmisión inicial de otro Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, incluida vía 
satélite, de programas de radio o televisión destinados a su recepción por el 
público, independientemente de la manera en que el operador de un servicio de 
retransmisión por cable obtenga del organismo de radiodifusión las señales 
portadoras de programas con fines de retransmisión.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 32 quedando redactado en los 
siguientes términos:
«2. La puesta a disposición del público, por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos, de textos o fragmentos de textos de 
publicaciones de prensa objeto de derechos de propiedad intelectual requerirá la 
concesión, por parte de los titulares de derechos en lo relativo a usos en línea, de 
la correspondiente autorización prevista en el artículo 129 bis.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del 
público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de 
búsqueda de palabras aisladas no estará sujeta a autorización ni remuneración 
siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad 
comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para 
ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas 
por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público 
incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»
Tres. Se modifica el artículo 47 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 47.  Acción de revisión por remuneración no equitativa.
1. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción entre la 
remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de 
los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por 
el cesionario o su derechohabiente, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en 
defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración adecuada y 
equitativa, atendidas las circunstancias del caso.
2. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la 
cesión, siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio 
colectivo o acuerdo sectorial entre los representantes de los autores y los 
cesionarios que prevean un procedimiento de revisión de la remuneración no 
equitativa por la cesión de derechos como el indicado en el apartado anterior.
3. Esta acción de revisión no será aplicable a los autores de los programas 
de ordenador en el sentido del artículo 97, ni a las autorizaciones exclusivas 
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concedidas por las entidades de gestión y los operadores de gestión 
independiente regulados en el Título IV del Libro II.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 48 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 48 bis.  Derecho de revocación.
1. Cuando un autor haya concedido una autorización o cedido sus derechos 
sobre una obra de forma exclusiva podrá resolver, en todo o en parte, la 
autorización o cesión si la obra no está siendo explotada.
El autor podrá optar, como alternativa a la resolución anterior, por poner fin a la 
exclusividad del contrato.
El presente apartado no será de aplicación si la ausencia de explotación se 
debe principalmente a circunstancias que se puede razonablemente esperar sean 
subsanadas por el autor o el artista intérprete o ejecutante.
2. Quedan excluidas de lo dispuesto en el apartado anterior las obras 
colectivas, las obras en colaboración y los programas de ordenador.
3. Este derecho podrá ejercerse, previa comunicación, una vez transcurridos 
cinco años desde la autorización o cesión de los derechos siempre que no exista 
pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo sectorial en el que 
se regule el ejercicio de este derecho. La comunicación del autor fijará un plazo no 
inferior a un año vencido el cual podrá decidir poner fin a la autorización, a la 
cesión o a la exclusividad del contrato.
4. El derecho regulado en este artículo será irrenunciable.»
Cinco. Se modifica el artículo 58 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 58.  Concepto.
1. Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, 
mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de 
distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo 
en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta ley.
2. Esta cesión constituye fundamento jurídico suficiente para que el editor 
tenga derecho a una parte de la compensación equitativa prevista en el 
artículo 25.»
Seis. Se modifica el artículo 110 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 110.  Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios.
1. Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato 
de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo estipulación en 
contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren sobre aquéllas los 
derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública 
previstos en este título y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato.
2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los derechos 
de remuneración reconocidos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108.
3. A la remuneración pactada por el artista, intérprete o ejecutante con el 
empresario o arrendatario por la cesión de sus derechos, le será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 47.
4. El derecho de revocación regulado en artículo 48 bis, y las obligaciones de 
información del cesionario o licenciatario de derechos de propiedad intelectual, 
establecidas en el artículo 75 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, 
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de 
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derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes, serán aplicables con respecto a los artistas, 
intérpretes o ejecutantes en los términos establecidos en el citado artículo 48 bis y 
en dicha legislación.»
Siete. Se añade un nuevo artículo 129 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 129 bis.  Derechos de las editoriales de publicaciones de prensa y 
agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de 
prensa.
1. Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias 
establecidas en el territorio español, cuando publican publicaciones de prensa en 
el sentido de este artículo, tendrán el derecho exclusivo de reproducción directa o 
indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de 
la totalidad o parte de una publicación de prensa así como el derecho exclusivo de 
puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos 
para el uso en línea de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de 
servicios de la sociedad de la información.
Estos derechos no podrán ser invocados frente a los autores y otros titulares 
de derechos y, en particular, por sí mismos no privarán a éstos del derecho a 
explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de 
prensa a la que se incorporen.
2. La reproducción o puesta a disposición del público por terceros usuarios 
de cualquier texto, imagen, obra fotográfica o mera fotografía que sean objeto de 
este derecho estará sujeta a autorización y no excluirá la responsabilidad civil o 
penal del tercero usuario que eventualmente se pudiera derivar de la utilización no 
autorizada del contenido publicado.
3. Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán 
autorizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 del presente 
artículo a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. La 
negociación de dichas autorizaciones se realizará de acuerdo con los principios de 
buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la 
libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación.
Dicha autorización se recogerá en un acuerdo celebrado al efecto con el 
prestador de servicios de la sociedad de la información, que deberá reunir los 
siguientes requisitos:
a) Se deberá respetar la independencia editorial de las editoriales de 
publicaciones de prensa y agencias de noticias.
b) El prestador de servicios de la sociedad de la información, en el marco de 
la relación contractual que establezca con la editorial de publicaciones de prensa o 
agencia de noticias, deberá informar de forma detallada y suficiente sobre los 
parámetros principales que rigen la clasificación de los contenidos y la importancia 
relativa de dichos parámetros principales, atendiendo a lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de intermediación en línea. Esta información deberá 
mantenerse actualizada.
c) No cabrá establecer otros contratos o prestaciones vinculados a este 
acuerdo que no se refieran a las explotaciones de las publicaciones de prensa.
d) Será competente para conocer de las cuestiones litigiosas sobre el 
acuerdo la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, contra cuyas 
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resoluciones cabrá recurso ante los órganos jurisdiccionales españoles que 
resulten competentes.
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las editoriales de 
publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán otorgar las autorizaciones 
para el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 a través de los 
mecanismos de gestión colectiva, según lo establecido en la presente ley. En 
estos casos, deberán también respetarse los requisitos del apartado anterior.
5. A los efectos de este artículo, se entenderá por publicación de prensa una 
recopilación compuesta principalmente por obras literarias de carácter periodístico 
que también incluye otro tipo de obras, en particular fotografías y videos, u otras 
prestaciones, y que:
a) Constituye un cuerpo unitario publicado de forma periódica o actualizado 
regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés 
general o especial;
b) Tiene por finalidad proporcionar al público en general información sobre 
noticias u otros temas, y
c) Se publica en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo 
responsabilidad de la editorial y el control de un prestador de servicios.
6. Los derechos reconocidos en el apartado 1 no serán aplicables a:
a) El uso privado o no comercial de las publicaciones de prensa por parte de 
usuarios individuales.
b) Los actos de hiperenlace.
c) Al uso de palabras sueltas o extractos muy breves o poco significativos, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de publicaciones de 
prensa por los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando 
dicho uso en línea no perjudique a las inversiones realizadas por las editoriales de 
publicaciones de prensa y agencias de noticias para la publicación de los 
contenidos y no afecte a la efectividad de los derechos reconocidos en el presente 
artículo.
d) Los contenidos literarios que no tengan la condición de publicación de 
prensa, que se regirán por lo establecido al efecto en el presente texto refundido.
e) Las publicaciones periódicas con fines científicos o académicos, como las 
revistas científicas.
f) Los sitios web, como blogs, que proporcionan información como parte de 
una actividad que no se lleva a cabo por iniciativa ni con la responsabilidad y 
control editorial de un prestador de servicios como los que caracterizan a una 
editorial de noticias.
g) Los contenidos cuyo uso esté amparado por una excepción o un límite a 
los derechos de autor o los derechos afines.
7. No podrán invocarse los derechos reconocidos en este artículo:
a) Para prohibir su utilización por otros usuarios autorizados, cuando una 
obra u otra prestación sea incorporada a una publicación de prensa sobre la base 
de una autorización no exclusiva.
b) Para prohibir la utilización de obras cuya protección haya expirado.
8. Los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa 
recibirán una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de publicaciones 
de prensa o agencias de noticias perciban por el uso de sus publicaciones de 
prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. 
Para el ejercicio de este derecho, los autores podrán también acudir, de forma 
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potestativa, a los mecanismos de gestión colectiva establecidos en la presente 
ley.»
Ocho. Se modifica el artículo 130 quedando redactado de la siguiente forma:
«Artículo 130.  Duración de los derechos.
1. Los derechos reconocidos en el artículo 129.1 durarán veinticinco años, 
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita de 
la obra.
2. Los derechos reconocidos en el artículo 129.2 durarán veinticinco años, 
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la publicación.
3. Los derechos reconocidos en el artículo 129 bis durarán dos años 
contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de la publicación de 
prensa.»
Nueve. Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 194, 
reenumerándose como 6 el vigente apartado 5:
«3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su 
función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de 
gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria 
que, respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de 
remuneración sobre la misma obra o prestación.
La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización 
de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma 
de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos 
indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión 
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un 
usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya 
acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la 
negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar 
informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en 
relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a 
determinar, así como de las asociaciones o representantes de los usuarios 
correspondientes.
En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará, al menos, 
los criterios establecidos en el artículo 164.3. Asimismo, dichas decisiones se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», serán aplicables a partir del día 
siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y 
obligados, respecto de la misma modalidad de uso de obras y prestaciones e 
idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o 
desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales 
referida en el artículo 164.4, previo informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.»
«5. El ámbito material de actuación de la Sección Primera de la Comisión de 
Propiedad Intelectual en el ejercicio de sus funciones de mediación y/o arbitraje 
señaladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrá comprender, 
asimismo, los siguientes aspectos:
a) Mediación para prestar asistencia, ayudar a alcanzar acuerdos y presentar 
propuestas en aquellos casos en que las partes encuentren dificultades 
relacionadas con alcanzar un acuerdo con la concesión de autorizaciones para 
poner a disposición obras audiovisuales en servicios de vídeo a la carta.
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b) Mediación o arbitraje en los conflictos relacionados con la obligación de 
transparencia en favor de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes regulada 
en el artículo 110, conforme a lo previsto legalmente sobre la transparencia 
respecto a la remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes en los contratos de explotación, y con la acción de revisión prevista 
para autores, artistas, intérpretes o ejecutantes en los artículos 47 y 110.
c) Mediación o arbitraje en los litigios relacionados con el acceso y retirada 
de obras por aplicación de la regulación legal del uso de contenidos protegidos por 
parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.
d) Mediación en los conflictos que se generen entre una entidad de gestión 
colectiva y el operador de un servicio de retransmisión o entre el operador de un 
servicio de retransmisión y el organismo de radiodifusión en relación con la 
autorización para la retransmisión de emisiones.»
Diez. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda con el siguiente 
contenido:
«Disposición transitoria vigésima segunda.  Publicaciones de prensa.
Los derechos reconocidos a las editoriales de prensa y agencias de noticias 
para el uso en línea de sus publicaciones por parte de prestadores de servicios de 
la sociedad de la información no se aplicarán a las publicaciones de prensa que se 
hayan publicado por vez primera antes del 6 de junio de 2019.»
LIBRO QUINTO
Transposición de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021 por 
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones 
temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19
Artículo 81.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo 22, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los 
organismos internacionales reconocidos por España o al personal de dichos 
organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones 
fijadas en los convenios internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.
En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de 
Inversiones, o a los organismos creados por las Comunidades a los que se aplica 
el Protocolo del 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de 
dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.
Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo 
establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho 
órgano u organismo adquieran dichos bienes o servicios en el ejercicio de las 
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tareas que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios adquiridos se utilicen, 
inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso 
por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.»
Dos. Se modifica el artículo 61, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 61.  Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales.
Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes efectuadas por 
organismos internacionales reconocidos por España y las realizadas por sus 
miembros con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones 
fijadas en los convenios internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.
En particular, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes 
realizadas por la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, o por los 
organismos creados por las Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 
de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades 
Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y 
a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que dicha 
exención no provoque distorsiones en la competencia.
Asimismo, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes 
realizadas por la Comisión o por un órgano u organismo establecidos con arreglo 
al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo los 
importen en el ejercicio de las funciones que les confiere el Derecho de la Unión 
en respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en caso de que los bienes 
importados se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas 
ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u 
organismo.»
LIBRO SEXTO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
Artículo 82.  Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 19, con la siguiente redacción:
«7. La Administración pública competente, con el fin de proteger en mayor 
medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, podrá restringir, en 
los términos que se establezca, determinadas formas y aspectos de las visitas no 
solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor y usuario o 
las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o efecto de promocionar 
o vender bienes o servicios. Las disposiciones que se adopten serán 
proporcionadas y no discriminatorias, sin que en ningún caso puedan implicar la 
prohibición de los citados canales de venta, salvo cuando se basen en motivos 
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distintos a la protección de los consumidores, tales como el interés público o el 
respeto de la vida privada de los mismos.»
Dos. El artículo 20 queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 20.  Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios.
1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de 
comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o 
servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión 
sobre la contratación, y siempre que no pueda desprenderse claramente del 
contexto, deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de 
la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del 
empresario por cuya cuenta actúa.
b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada 
a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado.
c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, 
el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y 
los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario.
En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no 
pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse 
sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. 
Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o 
usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe 
informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su 
importe estimado.
d) Los procedimientos de pago y los plazos de entrega y ejecución del 
contrato, cuando se aparten de las exigencias de la diligencia profesional, 
entendiendo por tal el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe 
esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado.
e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento.
f) En el caso de bienes y servicios ofrecidos en mercados en línea, si el 
tercero que ofrece el bien o servicio tiene la condición de empresario o no, con 
arreglo a su declaración al proveedor del mercado en línea.
2. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y sin 
perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, la 
información necesaria a incluir en la oferta comercial deberá facilitarse a los 
consumidores o usuarios, principalmente cuando se trate de personas 
consumidoras vulnerables, en términos claros, comprensibles, veraces y en un 
formatos adecuados, accesibles y comprensibles, de forma que aseguren su 
adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus 
intereses.
3. Las prácticas comerciales consistentes en ofrecer a los consumidores y 
usuarios la posibilidad de buscar bienes y servicios ofertados por distintos 
empresarios o consumidores y usuarios sobre la base de una consulta en forma 
de palabra clave, expresión u otro tipo de dato introducido, independientemente de 
dónde se realicen las transacciones en último término, deberán contener, en una 
sección específica de la interfaz en línea que sea fácil y directamente accesible 
desde la página en la que se presenten los resultados de la búsqueda, la siguiente 
información:
a) Información general relativa a los principales parámetros que determinan 
la clasificación de los bienes y servicios presentados al consumidor y usuario 
como resultado de la búsqueda.
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b) La importancia relativa de dichos parámetros frente a otros.
El presente apartado no se aplicará a proveedores de motores de búsqueda 
en línea, tal como se definen en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea.
4. Las prácticas comerciales en las que un empresario facilite el acceso a las 
reseñas de los consumidores y usuarios sobre bienes y servicios deberán 
contener información sobre el hecho de que el empresario garantice o no que 
dichas reseñas publicadas han sido efectuadas por consumidores y usuarios que 
han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio. A tales efectos, el 
empresario deberá facilitar información clara a los consumidores y usuarios sobre 
la manera en que se procesan las reseñas.
5. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de 
información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
6. El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores será 
considerado una práctica desleal por engañosa en el sentido del artículo 7 de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 20 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 20 bis.  Medidas correctoras como consecuencia de las prácticas 
comerciales desleales a disposición de los consumidores y usuarios 
perjudicados.
1. Para el ejercicio de las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª 
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se considerará 
acreditado, salvo prueba en contrario, el uso de prácticas comerciales desleales 
contra los consumidores y usuarios que haya sido constatado en una resolución 
firme de una autoridad competente o de un órgano jurisdiccional.
2. Las personas que hubieran realizado de forma conjunta la infracción 
referida en el apartado anterior serán solidariamente responsables del 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
3. En ningún caso, la existencia de una práctica comercial desleal puede ser 
utilizada en contra de los intereses de los consumidores y usuarios.»
Cuatro. Se modifica el título IV del libro primero, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«TÍTULO IV
Potestad sancionadora
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 46.  Principios generales.
1. Las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones 
administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudiesen 
corresponder.
2. En los supuestos en que las infracciones tipificadas en esta ley pudieran 
ser constitutivas de delito, el órgano competente comunicará tal extremo a la 
autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal 
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comunicarán al órgano competente la resolución o acuerdo que hubieran 
adoptado. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de 
haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, 
podrá iniciarse o proseguir el procedimiento sancionador. En todo caso, el órgano 
competente quedará vinculado por los hechos declarados probados en vía judicial.
3. La instrucción de causa penal ante los tribunales de Justicia suspenderá la 
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiere sido incoado 
por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de 
imposición de sanción. No obstante, la instrucción de causa penal no será 
obstáculo para que la Administración adopte las medidas necesarias para 
salvaguardar la salud, seguridad y otros intereses de los consumidores en virtud 
de las potestades no sancionadoras que tenga conferidas.
4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y 
en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse 
las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 
concurrentes.
5. Cuando el mismo hecho y en función de idéntico ataque a los intereses 
públicos pueda ser calificado como infracción con arreglo a dos o más preceptos 
de esta Ley o de otras normas sancionadoras, se aplicará el que prevea más 
específicamente la conducta realizada y, si todos ofrecieran los mismos 
caracteres, el que establezca mayor sanción, sin perjuicio de que prevalezcan y 
sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos 
aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión 
Europea de las que traigan causa.
6. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la 
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida, sin perjuicio de que, al 
calificar la infracción o al fijar la extensión de la sanción, se tengan en cuenta 
todas las circunstancias.
7. Cuando se trate de hechos concurrentes constitutivos de infracción, 
procederá la imposición de todas las sanciones o multas previstas en esta y las 
otras Leyes aplicables para cada una de las infracciones. No obstante, al imponer 
las sanciones, se tendrán en cuenta, a efectos de su graduación, las otras 
sanciones recaídas para que conjuntamente resulten proporcionadas a la 
gravedad de la conducta del infractor.
Se considerará que hay hechos concurrentes constitutivos de infracción 
cuando el mismo sujeto haya incumplido diversos deberes que supongan 
diferentes lesiones del mismo o de distintos intereses públicos sin que una de las 
infracciones conlleve necesariamente la otra, aunque haya servido para facilitarla 
o encubrirla, y ello con independencia de que se refieran a los mismos productos o 
servicios, o que esos incumplimientos sean sancionables conforme al mismo tipo 
de infracción.
8. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionará como 
única infracción, aunque valorando la totalidad de la conducta, la pluralidad 
continuada de acciones u omisiones idénticas o similares realizadas por un sujeto 
en relación con una serie de productos o prestaciones del mismo tipo.
9. Cuando se vean afectados los intereses generales, colectivos o difusos de 
los consumidores y usuarios, las asociaciones de consumidores y usuarios 
constituidas conforme a lo previsto en esta norma, o en la normativa autonómica 
que les resulte de aplicación, tendrán la consideración de partes interesadas en el 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente cuando el objeto de las 
actuaciones administrativas coincida con los fines establecidos en sus respectivos 
Estatutos.
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CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 47.  Infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios las 
siguientes:
a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o 
prohibiciones de naturaleza sanitaria.
b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la 
salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o 
deliberada, ya sea por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la 
actividad, servicio o instalación de que se trate.
c) El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que 
concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones 
específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas 
nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud 
pública.
d) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de 
consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración 
de su composición o calidad o incumplimiento de las condiciones que 
correspondan a su naturaleza.
e) El incumplimiento del régimen de garantías y servicios posventa, o del 
régimen de reparación de productos de naturaleza duradera.
f) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición 
injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades 
mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un 
incremento de los precios o márgenes comerciales.
g) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o 
denominación de productos, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y 
servicios, incluidas las relativas a la información previa a la contratación.
h) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten 
o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
i) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de 
información, vigilancia o inspección.
j) La introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, así 
como la no remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter 
abusivo o sancionado tal hecho en vía administrativa con carácter firme.
k) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de 
poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de 
tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del 
consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la 
falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el 
servicio.
l) Toda actuación discriminatoria contra personas consumidoras vulnerables 
independientemente del motivo o contra cualquier consumidor o usuario por el 
ejercicio de los derechos que confiere esta Ley o sus normas de desarrollo, ya sea 
no atendiendo sus demandas, negándoles el acceso a los establecimientos o 
dispensándoles un trato o imponiéndoles unas condiciones desiguales, así como 
el incumplimiento de las prohibiciones de discriminación previstas en el 
Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuación no sea constitutiva de delito.
m) El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o 
usuarios.
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n) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación 
de los servicios y, en especial, las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando no sean 
constitutivas de delito.
ñ) La negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los 
límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal
o) El incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por la 
Administración mediante órdenes o como medidas cautelares o provisionales 
dictadas con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones 
para los consumidores y usuarios, así como el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos para poner fin a la infracción y corregir sus efectos.
p) La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la 
contratación que establece el artículo 81.1 de esta ley o cualquier otra información 
requerida por la Administración competente en el ejercicio de sus competencias de 
acuerdo con esta ley.
q) El incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de 
atención al cliente incluidas en esta norma.
r) El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos 
celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
s) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos 
celebrados a distancia impone en materia de plazos de ejecución y de devolución 
de cantidades abonadas; el envío o suministro, con pretensión de cobro, de bienes 
o servicios no solicitados por el consumidor y usuario; el uso de técnicas de 
comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de 
oposición del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia 
correspondiente; así como la negativa u obstrucción al ejercicio del derecho de 
desistimiento.
t) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos 
celebrados a distancia impone en materias no recogidas en la letra anterior.
u) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, obligaciones o 
prohibiciones establecidas en esta norma o en disposiciones que la desarrollen, 
que no esté previsto en los tipos recogidos en este artículo será considerado 
infracción de la normativa de consumo y sancionado en los términos previstos en 
la legislación autonómica que resulte de aplicación.
Artículo 48.  Calificación y Graduación de las infracciones.
1. Las infracciones contrarias a la salud de los consumidores y usuarios 
recogidas en las letras a) b) y c) del artículo anterior se calificarán de conformidad 
con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad. Las mismas reglas, adaptando las referencias al bien jurídico protegido, 
se aplicarán respecto a las infracciones lesivas de la seguridad de los 
consumidores y usuarios.
2. Cuando no sea de aplicación lo previsto en el apartado anterior, las 
infracciones se calificarán inicialmente por los caracteres de la acción u omisión y 
de la culpabilidad del responsable conforme a las siguientes reglas:
a) Las infracciones de los apartados f), g), i), k), l), m), n), ñ), p), q) y t) del 
artículo 47 se calificarán como leves, salvo que tengan la consideración de graves 
de acuerdo con el apartado tercero de este artículo.
b) Las infracciones de los apartados d), e), h), j), o), r) y s) se calificarán 
como graves, salvo que tengan la consideración de muy graves de acuerdo con el 
apartado tercero de este artículo.
c) Los reglamentos de los diferentes productos, actividades y servicios 
podrán concretar la gravedad de las especificaciones de infracción que prevean 
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atendiendo a los criterios señalados en esta Ley, sin que en ningún caso puedan 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites que 
esta Ley contiene.
3. Las infracciones que, de acuerdo con el apartado anterior, merezcan en 
principio la calificación de leve o grave de acuerdo con el apartado anterior serán 
calificadas respectivamente como graves o muy graves si concurriere alguna de 
las siguientes circunstancias:
a) Haber sido realizadas aprovechando situaciones de necesidad de 
determinados bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y 
generalizado, así como originar igual situación.
b) Haberse realizado explotando la especial inferioridad, subordinación o 
indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos.
c) Cometerse con incumplimiento total de los deberes impuestos o con una 
habitualidad, duración u otras circunstancias cualitativas o cuantitativas que 
impliquen desprecio manifiesto de los intereses públicos protegidos por esta Ley.
d) Producir una alteración social grave, injustificada y previsible en el 
momento de la comisión, originando alarma o desconfianza en los consumidores o 
usuarios o incidiendo desfavorablemente en un sector económico.
e) Realizarse prevaliéndose de la situación de predominio del infractor en un 
sector del mercado.
f) Ser reincidente el responsable por la comisión de cualesquiera delitos o 
infracciones lesivas de los intereses de los consumidores o usuarios en las 
condiciones y plazos previstos en el artículo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Las infracciones que, de acuerdo con los apartados anteriores, merezcan 
en principio la calificación de grave o muy grave se considerarán respectivamente 
como leve o grave si antes de iniciarse el procedimiento sancionador el 
responsable corrigiera diligentemente las irregularidades en que consista la 
infracción siempre que no haya causado perjuicios directos, devolviera 
voluntariamente las cantidades cobradas, colaborara activamente para evitar o 
disminuir los efectos de la infracción u observara espontáneamente cualquier otro 
comportamiento de análogo significado.
No obstante, no se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior, y se 
impondrá la sanción en su grado máximo, cuando se acredite alguna de las 
siguientes circunstancias:
a) Que se trate de una infracción continuada o de una práctica habitual.
b) Que la infracción comporte un riesgo para la salud o la seguridad de los 
consumidores y usuarios, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.
5. Cuando concurrieran circunstancias del apartado 3 con las del apartado 4 
se podrán compensar para la calificación de la infracción.
Artículo 49.  Sanciones.
1. La imposición de sanciones deberá garantizar, en cualquier circunstancia, 
que la comisión de una infracción no resulte más beneficiosa para la parte 
infractora que el incumplimiento de las normas infringidas. Sobre esta base, las 
infracciones serán sancionadas con multa comprendida entre los siguientes 
importes máximos y mínimos:
a) Infracciones leves: entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas 
cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
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b) Infracciones graves: entre 10.001 y 100.000 euros pudiéndose sobrepasar 
esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito 
obtenido.
c) Infracciones muy graves: ente 100.001 y 1.000.000 euros, pudiéndose 
sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio 
ilícito obtenido.
2. Para determinar, dentro de los mínimos y máximos establecidos, el 
importe de la multa correspondiente a cada infracción, se atenderá especialmente 
a la concurrencia de alguna de las circunstancias de los apartados 3 o 4 del 
artículo anterior que no hubieran podido ser tenidas en cuenta para alterar la 
calificación de la infracción o que no se dieran con todos sus requisitos, además 
de la naturaleza de la infracción, el grado de culpabilidad o la existencia de 
intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de 
consumidores afectados, el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido, las 
sanciones impuestas por la misma infracción a su autor en otros Estados 
miembros en casos transfronterizos así como el volumen de negocio anual o 
cualquier otro indicador de su capacidad económica.
3. El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado 
exactamente, con criterios estimativos e incluirá el aumento de ingresos y el 
ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracción sin 
descontar multas, perjuicios de los comisos o cierres, ni las cantidades que por 
cualquier concepto haya tenido que abonar el responsable a la Administración o a 
los consumidores y usuarios como consecuencia de la infracción.
4. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no 
cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión 
de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los 
requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del 
mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y 
seguridad, no tienen el carácter de sanción.
5. Cuando  se impongan  sanciones  con arreglo  al artículo  21 del Reglamento 
(UE) 2017/2394,  su importe  máximo  para infracciones  muy graves,  equivaldrá  al 4 % 
del volumen  de negocio  anual  del empresario  en España  o en los Estados  miembros 
afectados  por la infracción.  En caso de no disponerse  de esta información,  se podrán 
imponer multas cuyo importe máximo equivaldrá a dos millones de euros.
6. El órgano competente para imponer la sanción podrá resolver la 
terminación del procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores 
propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre los consumidores y 
usuarios derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado 
suficientemente el interés público. Los compromisos serán vinculantes y surtirán 
plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al 
procedimiento.
7. Cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, las resoluciones 
por la que se ponga fin al procedimiento sancionador en relación con infracciones 
que tengan la calificación de muy graves conforme a esta norma, así como 
aquellas que se dicten con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, 
serán de libre acceso y publicadas en la página web de la autoridad 
correspondiente, una vez sea notificada a los interesados. Dicha publicación se 
llevará a cabo tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su 
contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se 
refiere el artículo 4.1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.
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Artículo 50.  Sanciones accesorias.
La administración pública competente podrá acordar en relación con las 
infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios previstas en 
esta norma las siguientes sanciones accesorias:
1. El comiso de las mercancías objeto de la infracción que sean propiedad 
del responsable, salvo que ya se hubiere adoptado definitivamente para preservar 
los intereses públicos o que, pudiendo resultar de lícito comercio tras las 
modificaciones que procedan, su valor, sumado a la multa, no guarde proporción 
con la gravedad de la infracción, en cuyo caso podrá no acordarse tal medida o 
acordarse sólo parcialmente en aras de la proporcionalidad. La resolución 
sancionadora que imponga esta sanción decidirá el destino que, dentro de las 
previsiones que en su caso se encuentren establecidas en la normativa aplicable, 
deba dar la Administración competente a los productos decomisados. Todos los 
gastos que origine el comiso, incluidos los de transporte y destrucción, serán de 
cuenta del infractor.
2. La publicidad de las sanciones leves y graves impuestas, cuando hayan 
adquirido firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, 
denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables y 
la índole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la 
salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de 
naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción.
3. El cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo 
máximo de cinco años en los casos de infracciones muy graves.
Artículo 51.  Personas responsables.
1. Son responsables de las infracciones de consumo las personas físicas o 
jurídicas que dolosa o culposamente incurran en las mismas.
2. Cuando en relación con los mismos bienes o servicios e infracciones 
conexas hayan intervenido distintos sujetos, como fabricantes o importadores, 
envasadores, marquistas, distribuidores o minoristas, cada uno será responsable 
de su propia infracción.
3. Asimismo, la responsabilidad de los coautores de una misma infracción 
será independiente y se impondrá a cada uno la sanción correspondiente a la 
infracción en la extensión adecuada a su culpabilidad y demás circunstancias 
personales. En particular, se entenderán incluidos en este caso los anunciantes y 
agencias de publicidad respecto de las infracciones de publicidad subliminal, 
engañosa o que infrinja lo dispuesto en la normativa sobre publicidad de 
determinados bienes o servicios.
4. Los importadores o quienes distribuyan por primera vez en el mercado 
nacional productos de consumo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
consumidores o usuarios, tienen el deber de asegurar que dichos productos 
cumplen los requisitos exigibles para ser puestos a disposición de los 
consumidores o usuarios. Asimismo, responderán solidariamente de las sanciones 
impuestas a sus suministradores o proveedores, con independencia de la 
responsabilidad que les corresponda por sus propias infracciones cuando, dentro 
de su deber de diligencia, no hayan adoptado las medidas que estén a su alcance, 
incluyendo la facilitación de información, para prevenir las infracciones cometidas 
por estos.
5. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica podrán ser 
consideradas también como responsables las personas que integren sus 
organismos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la 
elaboración y control.
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6. Conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición 
de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la 
indemnización de daños y perjuicios causados al consumidor o usuario, que será 
determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad 
sancionadora debiendo notificarse al infractor para que proceda a su satisfacción 
en un plazo que será determinado en función de la cuantía. De no satisfacerse la 
indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
7. La atribución al empresario de la carga de probar el cumplimiento de las 
obligaciones que le competen de conformidad con lo previsto en esta Ley no será 
de aplicación en el marco de los procedimientos sancionadores.
Artículo 52.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los 
tres años y las leves al año. Las sanciones impuestas por la comisión de 
infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por la 
comisión de infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones 
leves al año.
2. El plazo de prescripción de la infracción de la normativa de consumo no 
comenzará a computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de 
infracciones continuadas, solo cuando finalice la acción infractora o el último acto 
con que la infracción se consume.
3. Interrumpirán la prescripción las actuaciones judiciales en el ámbito penal 
sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separación de los 
constitutivos de la infracción de la normativa de consumo sea jurídicamente 
imposible, de manera que la sentencia que pudiera recaer vinculara a la 
Administración actuante.
4. Igualmente interrumpirá la prescripción de las infracciones de la normativa 
de consumo la iniciación de procedimientos administrativos de naturaleza 
sancionadora por los mismos hechos, con conocimiento del interesado, sobre la 
base de normativa sectorial si, finalmente, apreciándose identidad de fundamento, 
procediese la aplicación preferente de la normativa de consumo. En estos 
supuestos, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable.
5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el 
día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la 
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción en 
estos supuestos la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación 
presunta del recurso de alzada o de reposición interpuesto contra la resolución por 
la que se imponga la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo legalmente previsto 
para la resolución de dichos recursos.
6. Se producirá la caducidad del procedimiento sancionador en caso de no 
haber recaído resolución transcurridos nueve meses desde su iniciación. Si se 
acuerda la acumulación en un único procedimiento de infracciones que hasta 
entonces se tramitaban separadamente, el plazo para dictar resolución se contará 
desde el acuerdo de iniciación del último de los procedimientos incoado.
7. De forma complementaria a los supuestos recogidos en el artículo 22 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, el transcurso del plazo de nueve meses previsto 
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para resolver el procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, 
cuando deba solicitarse a terceros la aportación de documentos y otros elementos 
de juicio necesarios o cuando sea necesaria la cooperación o coordinación con 
otras autoridades de consumo de otras comunidades autónomas o de la Unión 
Europea.
8. La muerte del infractor extingue la responsabilidad. En caso de sanciones 
pecuniarias impuestas sobre entidades disueltas y liquidadas, la administración 
correspondiente podrá dirigirse, para el cobro de las sanciones pecuniarias 
impuestas a dichas entidades, contra los socios o partícipes que responderán 
solidariamente del importe de la deuda y hasta el límite del valor de la cuota de 
liquidación que se les hubiera adjudicado.
CAPÍTULO III
Régimen de competencias y puntos de enlace
Artículo 52 bis.  Administración competente.
1. Las Administraciones españolas que en cada caso resulten competentes 
sancionarán las infracciones de consumo cometidas en territorio español 
cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los 
establecimientos del responsable. Las autoridades competentes en materia de 
consumo sancionarán, asimismo, las conductas tipificadas como prácticas 
comerciales desleales con los consumidores o usuarios
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, corresponderá a los 
órganos administrativos de las comunidades autónomas la tramitación y resolución 
de los procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de las 
infracciones previstas en la presente Ley cometidas, aunque parcialmente, en sus 
respectivos territorios.
3. Las infracciones se entenderán cometidas en cualquiera de los lugares en 
que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, 
además, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los 
establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se 
manifieste la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios 
protegidos por la norma sancionadora.
4. En caso en que, de conformidad con las reglas anteriores, resultasen 
competentes órganos de diversas administraciones autonómicas, se establecerán 
mecanismos de colaboración en el seno de la Comisión Sectorial de Consumo.
5. Cuando resulten aplicables los apartados anteriores, en el supuesto de 
que el órgano competente en materia de consumo de la Administración General 
del Estado tuviera conocimiento de que por parte de las comunidades autónomas 
afectadas no se estuviese tramitando el expediente sancionador que corresponda 
de conformidad con lo previsto en el presente texto refundido, resultará aplicable 
lo que dispone el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, y lo que dispone el Título IV de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa.
6. No obstante, cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los 
intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada en el territorio de 
más de una comunidad autónoma, de tal forma que se pueda ver afectada la 
unidad de mercado nacional y la competencia en el mismo, la competencia 
corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la 
Administración General del Estado. A tales efectos, la competencia corresponderá 
a la Dirección General competente en materia de consumo de la Administración 
General del Estado cuando la sanción impuesta no supere los 100.000 euros ni 
implique el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio y a la 
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Secretaría General competente en materia de consumo de la Administración 
General del Estado en el resto de supuestos. En todo caso, la competencia de la 
Secretaría General competente en materia de consumo de la Administración 
General del Estado se extenderá a las infracciones generalizadas o generalizadas 
con dimensión en la Unión Europea, previstas en el Reglamento (UE) 2017/2394, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2017, y a las 
cometidas a través de internet cuando la residencia o domicilio del responsable, 
siempre que coincida con el lugar en que se realice efectivamente la gestión 
administrativa y dirección del negocio, esté fuera de la Unión Europea.
A los efectos del párrafo anterior, para considerar que una infracción de la 
normativa de consumo produce lesiones o riesgos para los intereses de los 
consumidores o usuarios de forma generalizada de tal forma que se pueda ver 
afectada la unidad de mercado nacional y la competencia en el mismo se tendrán 
en cuenta, entre otras circunstancias, el número de consumidores y usuarios 
afectados, la dimensión del mercado donde opere la compañía infractora, la cuota 
de mercado de la entidad correspondiente o los efectos de la conducta sobre los 
competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios.
Artículo 52 ter.  Oficina de enlace.
1. La Dirección General competente en materia de consumo de la 
Administración General del Estado actuará como Oficina de enlace única a los 
efectos del Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de diciembre de 2017.
2. Dicho órgano será responsable de coordinar las actividades de 
investigación y ejecución que realicen las autoridades competentes, otras 
autoridades públicas contempladas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 
2017/2394 y, en su caso, los organismos designados, en relación con las 
infracciones reguladas en dicho Reglamento.
3. El órgano referido en el apartado 1 comunicará a la Comisión Europea las 
autoridades competentes que sean responsables de que se cumpla la legislación 
de la Unión que protege los intereses de los consumidores o usuarios y 
garantizará que colaboren estrechamente, de modo que puedan desempeñar 
eficazmente sus funciones.
4. Las autoridades competentes designadas dispondrán al menos de las 
facultades mínimas de investigación y ejecución previstas en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2017/2394 y las ejercerán de conformidad con su artículo 10.
5. Con sujeción a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las autoridades competentes podrán imponer multas coercitivas, una vez 
efectuado requerimiento de ejecución de los actos y resoluciones administrativas 
destinadas al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/2394. El 
requerimiento deberá advertir del plazo establecido para su cumplimiento, así 
como de la cuantía de la multa que pudiere ser impuesta en caso de 
incumplimiento. Para la determinación del plazo se estará a la naturaleza y 
extensión de la obligación, debiendo ser suficiente para su cumplimiento, no 
pudiendo exceder la cuantía de la multa de 3.000 euros o del 10% del importe de 
la obligación, si esta fuere cuantificable. Si la persona requerida no diere 
cumplimiento a lo ordenado en el plazo establecido, el órgano competente podrá 
reiterar las multas por períodos que sean suficientes para su cumplimiento, no 
pudiendo, en cualquier caso, otorgarse un plazo inferior al establecido en el primer 
requerimiento. Estas multas son independientes de las que puedan imponerse en 
concepto de sanción y compatibles con ellas.»
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Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 59 bis, con la siguiente redacción:
«3. A los efectos del artículo 20 y de este libro, se considera «mercado en 
línea» un servicio que emplea programas ( software ), incluidos un sitio web, parte 
de un sitio web o una aplicación, operado por el empresario o por cuenta de éste, 
que permite a los consumidores o usuarios celebrar contratos a distancia con otros 
empresarios o consumidores, y se considera «proveedor de un mercado en línea» 
a todo empresario que pone a disposición de los consumidores o usuarios un 
mercado en línea. A los mismos efectos, se entiende por «clasificación», la 
preeminencia relativa atribuida a los bienes y servicios, en su presentación, 
organización o comunicación por parte del empresario, independientemente de los 
medios tecnológicos empleados para dicha presentación, organización o 
comunicación.»
Seis. Se añade un nuevo apartado cuatro y se modifican las letras e), i) y j) del 
apartado 2 del artículo 60, quedan redactadas del siguiente modo:
«e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de 
conformidad para los bienes, el contenido digital y los servicios digitales, la 
existencia y las condiciones de los servicios posventa y las garantías 
comerciales.»
«i) La funcionalidad de los bienes con elementos digitales, el contenido digital 
y los servicios digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, 
como son, entre otras, la protección a través de la gestión de los derechos 
digitales o la codificación regional.»
«j) Toda compatibilidad e interoperabilidad relevante de los bienes con 
elementos digitales, el contenido digital y los servicios digitales conocidos por el 
empresario o que quepa esperar razonablemente que conozca, como son, entre 
otros, el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los 
soportes físicos.»
4. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de 
información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.»
Siete. Se añade una nueva letra n) en el artículo 93, con la siguiente redacción:
«n) A los contratos de bienes vendidos por la autoridad judicial tras un 
embargo u otro procedimiento.»
Ocho. El artículo 97 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 97.  Información precontractual de los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier 
contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta 
correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible, con 
especial atención en caso de tratarse de personas consumidoras vulnerables, a 
las que se les facilitará en formatos adecuados, accesibles y comprensibles, la 
siguiente información:
a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida 
adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios de que se trate.
b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial.
c) La dirección completa del establecimiento del empresario, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. Asimismo, cuando el empresario facilite 
otros medios de comunicación en línea que garanticen que el consumidor o 
usuario puede mantener cualquier tipo de correspondencia escrita, incluida la 
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fecha y el horario de dicha correspondencia, con el empresario en un soporte 
duradero, la información también incluirá detalles sobre esos otros medios. Todos 
estos medios de comunicación facilitados por el empresario permitirán al 
consumidor o usuario ponerse en contacto y comunicarse con el empresario de 
forma rápida y eficaz. Cuando proceda, el empresario facilitará también la 
dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa.
d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la 
dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario 
por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor o usuario puede dirigir sus 
reclamaciones.
e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, 
si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de 
los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, 
cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y 
cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente 
de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos 
adicionales. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato 
que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de 
facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el 
precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no sea 
posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará de forma 
precisa la forma en que se determina el precio.
f) Cuando proceda, que el precio ha sido personalizado sobre la base de una 
toma de decisiones automatizada.
g) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la 
celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base 
diferente de la tarifa básica.
h) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el 
empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los 
servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las 
reclamaciones del empresario.
i) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta 
no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
j) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los 
procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de 
desistimiento.
k) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor o usuario tendrá que 
asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los 
contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse 
normalmente por correo postal, el coste de la devolución de los mismos.
l) En caso de que el consumidor o usuario ejercite el derecho de 
desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al 
artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor o usuario deberá 
abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el 
artículo 108.3.
m) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de 
desistimiento, la indicación de que al consumidor o usuario no le asiste dicho 
derecho, o las circunstancias en las que lo perderá cuando sí le corresponda.
n) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para 
los bienes, contenido digital o servicios digitales.
ñ) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y 
usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.
o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir 
ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, se entiende por código de 
conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones 
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legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento 
de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con 
una o más prácticas comerciales o sectores económicos.
p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.
q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor o 
usuario derivadas del contrato.
r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras 
garantías financieras que el consumidor o usuario tenga que pagar o aportar a 
solicitud del empresario.
s) Cuando proceda, la funcionalidad de los bienes con elementos digitales, el 
contenido digital o los servicios digitales, incluidas las medidas técnicas de 
protección aplicables.
t) Cuando proceda, toda compatibilidad e interoperabilidad relevante de los 
bienes con elementos digitales, el contenido digital o los servicios digitales 
conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que este pueda 
conocer.
u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de 
resolución de conflictos al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener 
acceso al mismo.
2. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de 
agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas–, calefacción mediante sistemas 
urbanos y contenido digital que no se preste en un soporte material.
3. En las subastas públicas, la información a que se refiere el apartado 1.b), 
c) y d), podrá ser sustituida por los datos equivalentes del subastador.
4. La información contemplada en el apartado 1.j), k) y l) podrá 
proporcionarse a través del modelo de documento de información al consumidor o 
usuario sobre el desistimiento establecido en la letra A del anexo I. El empresario 
habrá cumplido los requisitos de información contemplados en el apartado 1.j), k) y 
l), cuando haya proporcionado dicha información correctamente cumplimentada.
5. La información a que se refiere el apartado 1 formará parte integrante del 
contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento y no se alterará a 
menos que las partes dispongan expresamente lo contrario. Corresponderá al 
empresario probar el correcto cumplimiento de sus deberes informativos y, en su 
caso, el pacto expreso del contenido de la información facilitada antes de la 
celebración del contrato.
6. Si el empresario no cumple los requisitos de información sobre gastos 
adicionales u otros costes contemplados en el apartado 1.e), o sobre los costes de 
devolución de los bienes contemplados en el apartado 1.k), el consumidor o 
usuario no tendrá la obligación de abonar dichos gastos o costes.
7. Los requisitos de información establecidos en este capítulo se entenderán 
como adicionales a los requisitos que figuran en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si una disposición general o 
sectorial sobre prestación de servicios, incluidos los servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, relativa al contenido o el modo en que se 
debe proporcionar la información entrase en conflicto con alguna disposición de 
esta ley, prevalecerá la disposición de esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y 
sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos 
aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión 
Europea de las que traigan causa.
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8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de 
información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.»
Nueve. Se añade un nuevo artículo 97 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 97 bis.  Requisitos de información específicos adicionales para 
contratos celebrados en mercados en línea.
1. Antes de que un consumidor o usuario quede obligado por un contrato a 
distancia, o cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el 
proveedor del mercado en línea le facilitará, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de esta norma y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal, de forma clara, comprensible y adecuada a las técnicas de 
comunicación a distancia, con especial atención en caso de tratarse de personas 
consumidoras vulnerables, a las que se les facilitará en formatos adecuados, 
accesibles y comprensibles, la siguiente información:
a) Información general, facilitada en una sección específica de la interfaz en 
línea que sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se 
presenten las ofertas, relativa a los principales parámetros que determinan la 
clasificación de las ofertas presentadas al consumidor o usuario como resultado 
de la búsqueda y la importancia relativa de dichos parámetros frente a otros.
b) Si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital tiene la 
condición de empresario o no, con arreglo a su declaración al proveedor del 
mercado en línea.
c) Cuando el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital no 
sea un empresario, la mención expresa de que la normativa en materia de 
protección de los consumidores y usuarios no es de aplicación al contrato.
d) Cuando proceda, cómo se reparten las obligaciones relacionadas con el 
contrato entre el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital y el 
proveedor del mercado en línea, entendiéndose esta información sin perjuicio de 
cualquier responsabilidad que el proveedor del mercado en línea o el tercero 
empresario tenga en relación con el contrato en virtud de otra normativa de la 
Unión Europea o nacional.
e) En su caso, las garantías y seguros ofrecidos por el proveedor del 
mercado en línea.
f) Los métodos de resolución de conflictos y, en su caso, el papel 
desempeñado por el proveedor del mercado en línea en la solución de 
controversias.
2. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de 
información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.»
Diez. Se modifican los apartados 2, 4 y 8 del artículo 98, quedando redactados 
como sigue:
«2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios 
electrónicos implica obligaciones de pago para el consumidor o usuario, el 
empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y destacada, y 
justo antes de que efectúe el pedido, la información establecida en el 
artículo 97.1.a), e), p) y q).
El empresario deberá velar por que el consumidor o usuario, al efectuar el 
pedido, confirme expresamente que es consciente de que el pedido implica una 
obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o 
una función similar, estos deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente 
legible, únicamente con la expresión ''pedido con obligación de pago'' o una 
formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica 
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la obligación de realizar un pago al empresario. En caso contrario, el consumidor o 
usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.»
«4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a 
distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son 
limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico o a través de él, antes 
de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual 
sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del 
empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato y, 
en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución, tal 
como se refiere en el artículo 97.1, letras a), b), e), j) y p) de la presente ley, 
excepto el modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo I, letra B, 
a que se refiere la letra j). El empresario facilitará al consumidor o usuario las 
demás informaciones que figuran en el artículo 97, incluido el modelo de 
formulario de desistimiento, de una manera apropiada con arreglo al apartado 1.»
«8. En caso de que un consumidor o usuario desee que la prestación de 
servicios o el suministro de agua, gas o electricidad, –cuando no estén envasados 
para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de 
calefacción mediante sistemas urbanos, dé comienzo durante el plazo de 
desistimiento previsto en el artículo 104, y el contrato imponga al consumidor o 
usuario una obligación de pago, el empresario le exigirá que presente una solicitud 
expresa solicitando el comienzo del contrato, así como una declaración de que, 
una vez que el empresario haya ejecutado íntegramente el contrato, habrá perdido 
su derecho de desistimiento.»
Once. Se modifica el apartado 3 del artículo 99, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3. En caso de que un consumidor o usuario desee que la prestación de 
servicios o el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados 
para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de 
calefacción mediante sistemas urbanos, dé comienzo durante el plazo de 
desistimiento previsto en el artículo 104, y el contrato imponga al consumidor o 
usuario una obligación de pago, el empresario le exigirá que presente en un 
soporte duradero una solicitud expresa solicitando el comienzo del contrato, así 
como una declaración de que, una vez que el empresario haya ejecutado 
íntegramente el contrato, habrá perdido su derecho de desistimiento.»
Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 102, que queda redactado del siguiente 
modo:
«1. Salvo las excepciones previstas en el artículo 103, el consumidor o 
usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de catorce días 
naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los 
previstos en los artículos 107.2 y 108.
En el caso de los contratos celebrados en el contexto de visitas no solicitadas 
efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario o de 
excursiones organizadas por el empresario con el objetivo o efecto de 
promocionar o vender bienes o servicios, el plazo de desistimiento se amplía a 
treinta días naturales.»
Trece. Se modifican las letras a) y m) del artículo 103, que quedan redactadas del 
siguiente modo:
«a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado, y si el contrato impone al consumidor o usuario una 
obligación de pago, cuando la ejecución haya comenzado, con previo 
consentimiento expreso del consumidor o usuario y con el conocimiento por su 
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parte de que, una vez que el empresario haya ejecutado íntegramente el contrato, 
habrá perdido su derecho de desistimiento.»
«m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte 
material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al 
consumidor o usuario una obligación de pago, cuando se den las siguientes 
condiciones:
1.º El consumidor o usuario haya otorgado su consentimiento previo para 
iniciar la ejecución durante el plazo del derecho de desistimiento.
2.º El consumidor o usuario haya expresado su conocimiento de que, en 
consecuencia, pierde su derecho de desistimiento; y
3.º El empresario haya proporcionado una confirmación con arreglo al 
artículo 98.7 o al artículo 99.2.»
Catorce. El artículo 104 queda redactado como sigue:
«Artículo 104.  Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el plazo de desistimiento 
concluirá a los catorce días naturales o, en su caso, a los treinta días naturales, 
contados a partir de:
a) El día de la celebración del contrato, en el caso de los contratos de 
servicios.
b) El día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados, en el caso de 
los contratos de venta, o bien:
1.º En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor o 
usuario en el mismo pedido y entregados por separado, el día que el consumidor o 
usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión 
material del último de los bienes.
2.º En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o 
piezas, el día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material del último componente o pieza.
3.º En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un 
plazo determinado, el día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes.
c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad –
cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en 
cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas urbanos o de 
contenido digital que no se preste en un soporte material, el día en que se celebre 
el contrato.»
Quince. El artículo 105 queda redactado del siguiente modo:
«1. Si el empresario no ha facilitado al consumidor o usuario la información 
sobre el derecho de desistimiento, tal como se establece en el artículo 97.1.j), el 
periodo de desistimiento finalizará doce meses después de la fecha de expiración 
del periodo de desistimiento inicial, determinada de conformidad con el 
artículo 104.
2. Si el empresario ha facilitado al consumidor o usuario la información 
contemplada en el apartado anterior en el plazo de doce meses a partir de la fecha 
contemplada en el artículo 104, el plazo de desistimiento expirará a los catorce 
días naturales o, en su caso, a los treinta días naturales de la fecha en que el 
consumidor y usuario reciba la información.»
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Dieciséis. Se añaden los apartados 4 a 8 al artículo 107 con la siguiente redacción:
«4. En lo que respecta a los datos personales del consumidor o usuario, el 
empresario cumplirá las obligaciones aplicables con arreglo al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, así como a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
5. El empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido, distinto de los 
datos personales, proporcionado o creado por el consumidor o usuario al utilizar 
los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario, excepto 
cuando dicho contenido cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) No tenga ninguna utilidad fuera del contexto de los contenidos o servicios 
digitales suministrados por el empresario.
b) Esté exclusivamente relacionado con la actividad del consumidor o usuario 
durante el uso de los contenidos o servicios digitales suministrados por el 
empresario.
c) Haya sido agregado con otros datos por el empresario y no pueda 
desagregarse o sólo se pueda realizando esfuerzos desproporcionados.
d) Haya sido generado conjuntamente por el consumidor o usuario y otras 
personas, y otros consumidores o usuarios puedan continuar haciendo uso del 
contenido.
6. Salvo en las situaciones a que se refiere el apartado 5, letras a), b) o c), el 
empresario pondrá a disposición del consumidor o usuario, a petición de éste, 
cualquier contenido distinto de los datos personales que el consumidor o usuario 
haya proporcionado o creado al utilizar los contenidos o servicios digitales 
suministrados por el empresario.
7. El consumidor o usuario tendrá derecho a recuperar dichos contenidos sin 
cargo alguno, sin impedimentos por parte del empresario, en un plazo razonable y 
en un formato utilizado habitualmente y legible electrónicamente.
8. El empresario podrá impedir al consumidor o usuario cualquier uso 
posterior a la fecha de desistimiento de los contenidos o servicios digitales, en 
particular haciendo que estos no sean accesibles para el consumidor o usuario o 
inhabilitándole la cuenta de usuario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al 
artículo 108, renumerándose los actuales apartados 3 a 5 como apartados 4 a 6, 
asimismo se modifica el actual apartado 4 renumerado como apartado 5, que quedan 
redactados como sigue:
«2. El consumidor o usuario sólo será responsable de la disminución de valor 
de los bienes resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria 
para establecer su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En ningún 
caso el consumidor o usuario será responsable de la disminución de valor de los 
bienes si el empresario no le ha informado de su derecho de desistimiento con 
arreglo al artículo 97.1.j).»
«3. En caso de desistimiento del contrato, el consumidor o usuario se 
abstendrá de utilizar el contenido o servicio digital y de ponerlo a disposición de 
terceros.»
«5. El consumidor o usuario no asumirá ningún coste por:
a) La prestación de los servicios o el suministro de agua, gas o electricidad 
–cuando  no estén  envasados  para la venta  en un volumen  delimitado  o en 
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cantidades  determinadas–  o de calefacción  mediante  sistemas  urbanos,  de 
forma total o parcial, durante el período de desistimiento, cuando:
1.º El empresario no haya facilitado información con arreglo al artículo 97.1.j) 
o l); o
2.º El consumidor o usuario no haya solicitado expresamente que la 
prestación del servicio se inicie durante el plazo de desistimiento con arreglo al 
artículo 98.8 y al artículo 99.3.
b) El suministro, en su totalidad o en parte, de contenido digital que no se 
preste en un soporte material, cuando:
1.º El consumidor o usuario no haya dado expresamente su consentimiento 
previo a la ejecución antes de que finalice el periodo de catorce o, en su caso, 
treinta días naturales contemplado en el artículo 102;
2.º El consumidor o usuario no sea consciente de que renuncia a su derecho 
de desistimiento al dar su consentimiento; o
3.º El empresario no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 98.7 o 
al artículo 99.2.»
Dieciocho. Se modifican el epígrafe «Derecho de desistimiento» y el punto 2 del 
epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación», de la letra A del anexo I, que quedan 
redactados como sigue:
«Derecho de desistimiento:
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de catorce/
treinta (*) días naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los catorce/treinta (*) días naturales del día (1).
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (2) su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por 
ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar el 
modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso 
no es obligatorio (3).
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa 
al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo 
correspondiente.»
«(2) Insértese su nombre, su dirección completa, su número de teléfono y su 
dirección de correo.»
Diecinueve. Se modifica el primer guion de la letra B del anexo I, que queda 
redactado como sigue:
«– A la atención de (aquí se deberá insertar el nombre del empresario, su 
dirección completa y su dirección de correo electrónico):»
Veinte. Se modifica la Disposición final primera, que queda redactada como sigue:
«Disposición final primera.  Modificación de cuantías.
Se autoriza al Gobierno a modificar las cuantías establecidas esta norma. Las 
cuantías de los artículos 49 y 148 se modificarán teniendo en cuenta la variación 
de los índices de precios al consumo y las previstas en el artículo 141 para 
adaptarlas a las revisiones periódicas de la normativa comunitaria.»
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Veintiuno. Se modifica la Disposición final segunda, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar, en materia de su competencia, las 
disposiciones precisas para la aplicación de esta norma. En particular, el Gobierno 
determinará los productos de naturaleza duradera.»
Artículo 83.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, que queda redactado del modo siguiente:
«2. Los artículos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del 
título I del libro primero y el título IV del libro primero tienen carácter básico al 
dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el 
artículo 149.1.1 ª, 13 ª, 16 ª y 18 de la Constitución Española.»
Artículo 84.  Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se modifica en lo siguiente:
Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 5, con la siguiente redacción:
«También se considera desleal cualquier operación de comercialización de un 
bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando 
dicho bien presente una composición o unas características significativamente 
diferentes, a menos que esté justificado por factores legítimos y objetivos.»
Dos. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26.  Prácticas comerciales encubiertas.
Se consideran desleales por engañosas las prácticas que:
1. Incluyan como información en los medios de comunicación o en servicios 
de la sociedad de la información o redes sociales, comunicaciones para 
promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha 
promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido, o a través de 
imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario, que 
se trata de un contenido publicitario.
2. Faciliten resultados de búsquedas en respuesta a las consultas en línea 
efectuadas por un consumidor o usuario sin revelar claramente cualquier 
publicidad retribuida o pago dirigidos específicamente a que los bienes o servicios 
obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsqueda, 
entendiendo por clasificación la preeminencia relativa atribuida a los bienes o 
servicios, en su presentación, organización o comunicación por parte del 
empresario, independientemente de los medios tecnológicos empleados para 
dicha presentación, organización o comunicación.»
Tres. Se añaden los apartados 6, 7 y 8 al artículo 27, con la siguiente redacción:
«6. Consistan en la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores 
o usuarios si el empresario las adquirió empleando medios automatizados para 
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sortear cualquier límite impuesto al número de entradas que puede adquirir cada 
persona o cualquier otra norma aplicable a la compra de entradas.»
«7. Afirmen que las reseñas de un bien o servicio son añadidas por 
consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o 
servicio, sin tomar medidas razonables y proporcionadas para comprobar que 
dichas reseñas pertenezcan a tales consumidores y usuarios.»
«8. Añadan o encarguen a otra persona física o jurídica que incluya reseñas 
o aprobaciones de consumidores falsas, o distorsionen reseñas de consumidores 
o usuarios o aprobaciones sociales con el fin de promocionar bienes o servicios.»
Cuatro. Se añade un apartado 4 en el artículo 31, con la siguiente redacción:
«4. Las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del 
consumidor o usuario o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o 
el efecto de promocionar o vender bienes o servicios, en el caso de que no 
respeten los términos de las restricciones establecidas en virtud del artículo 19.7 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.»
Artículo 85.  Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista.
El apartado 1 del artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista queda redactado del modo siguiente:
«1. Siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar 
con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, 
salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera 
vez.
Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre 
productos idénticos en los treinta días precedentes. A estos efectos no se tendrá 
en consideración el precio que hubiese podido ser aplicado, con la finalidad de 
reducir el desperdicio alimentario, sobre productos idénticos cuyas fechas de 
caducidad o consumo preferente estuviesen próximas a vencer.»
LIBRO SÉPTIMO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE 
relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes
Artículo 86.  Objeto y finalidad.
El presente Libro de este real decreto-ley tiene por objeto garantizar que los poderes 
adjudicadores y las entidades contratantes definidos en el artículo 88, tengan en cuenta, 
en la contratación pública relativa a los vehículos de transporte por carretera incluidos en 
su ámbito de aplicación, los impactos energético y medioambiental de estos durante su 
vida útil, incluidos el consumo de energía y las emisiones de CO 2 y de determinados 
contaminantes, con la finalidad de promover y estimular el mercado de vehículos limpios 
y energéticamente eficientes y mejorar la contribución del sector del transporte a las 
políticas en materia de medio ambiente, clima y energía nacionales y de la Unión 
Europea.
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Artículo 87.  Ámbito de aplicación.
1. El presente Libro será de aplicación a las contrataciones públicas que se realicen 
a través de:
a) contratos de suministro destinados a la compra, arrendamiento financiero, 
alquiler o alquiler con opción de compra de vehículos de transporte por carretera, 
adjudicados por poderes adjudicadores o entidades contratantes, cuando se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada conforme al artículo 21 la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o por encima del umbral previsto en el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; 
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
b) contratos de servicio público en el sentido definido en el artículo 88 de este real 
decreto-ley, cuyo objeto sea la prestación de servicios de transporte de pasajeros por 
carretera, cuando se superen los umbrales establecidos en el artículo 5.4 del 
Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del 
Consejo.
c) contratos de servicios incluidos en los códigos CPV que figuran en el siguiente 
cuadro, cuando se trate de contratos adjudicados por poderes adjudicadores o entidades 
contratantes, que estén sujetos a regulación armonizada conforme al artículo 22 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o por encima del umbral previsto en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
Cuadro 1
Códigos del Vocabulario común de contratos públicos (CPV) para determinados 
contratos de servicios
Código CPV Descripción
60112000-6 Servicios de transporte por la vía pública.
60130000-8 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
60140000-1 Transporte no regular de pasajeros.
90511000-2 Servicios de recogida de desperdicios.
60160000-7 Transporte de correspondencia por carretera.
60161000-4 Servicios de transporte de paquetes.
64121100-1 Servicios de distribución postal.
64121200-2 Servicios de distribución de paquetes.
2. Los objetivos establecidos en el presente Libro de este real decreto-ley serán 
aplicables a aquellas contrataciones indicadas en el apartado anterior, respecto de las 
cuales se haya producido lo siguiente después del 2 de agosto de 2021:
a) El envío al Diario Oficial de la Unión Europea para su publicación del anuncio 
que sirva como medio de convocatoria de la licitación.
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b) La aprobación de los pliegos o documento equivalente en los siguientes casos:
1.º En los procedimientos negociados sin publicidad sujetos a la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre o al Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero.
2.º En los procedimientos de adjudicación directa o a través de licitación 
competitiva a los que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007. En defecto de pliego o 
documento equivalente, en el caso de contratos que sean objeto de adjudicación directa 
del apartado 1 anterior letra b), se entenderán iniciados en la fecha de la publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea a que obliga el artículo 7.2 del Reglamento (CE) n.º 
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007.
c) El envío para su publicación del anuncio de convocatoria de la licitación para el 
establecimiento de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición, en los 
casos respectivos de contratos basados o de contratos específicos.
d) La aprobación del documento en el que se establezcan las condiciones de 
contratos de servicio público en el sentido definido en el artículo 88, cuando la prestación 
se confíe directamente a un operador interno.
3. Este Libro del real decreto-ley no será aplicable a los procedimientos para el 
establecimiento de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado anterior en relación con sus respectivos contratos basados 
o contratos específicos.
Artículo 88.  Definiciones.
A efectos del presente Libro del real decreto-ley, se entenderá por:
1) «Poderes adjudicadores»: las entidades que tengan esta consideración 
conforme a la Ley 9/2017, de 8 noviembre;
2) «Entidades contratantes»: las entidades contratantes definidas en el artículo 5.2 
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero;
3) «Vehículo de transporte por carretera»: un vehículo de la categoría M o N, tal 
como se define en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) 
2018/858, del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la 
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de 
los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 
595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE:
a) categoría M, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados 
principalmente para el transporte de pasajeros y su equipaje, dividida en:
i) categoría M1: vehículos de motor que tengan, como máximo, ocho plazas de 
asiento además de la del conductor, sin espacio para pasajeros de pie, 
independientemente de que el número de plazas de asiento se limite o no a la plaza de 
asiento del conductor,
ii) categoría M2: vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento 
además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas, 
independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio para 
pasajeros de pie, y
iii) categoría M3: vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento 
además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas, 
independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio para 
pasajeros de pie;
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b) categoría N, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados 
principalmente para el transporte de mercancías, dividida en:
i) categoría N1: vehículos de motor cuya masa máxima no sea superior a 3,5 
toneladas,
ii) categoría N2: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 3,5 
toneladas, pero no supere las 12 toneladas, y
iii) categoría N3: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 12 
toneladas;
4) «Vehículo limpio»:
a) un vehículo de la categoría M 1, M2 o N 1 con unas emisiones del tubo de escape 
máximas expresadas en g CO 2 /km y unas emisiones de contaminantes en condiciones 
reales de conducción por debajo de un porcentaje de los límites de emisiones aplicables 
como se establecen en el siguiente cuadro, o bien,
Cuadro 2
Umbrales de emisiones aplicables a los vehículos ligeros limpios
Categorías de 
vehículosHasta el 31 de diciembre de 2025 A partir del 1 de enero de 2026
g CO 2 /kmEmisiones de 
contaminantes 
atmosféricos (1) en RDE 
en porcentaje de los 
límites de emisión (2)g CO 2 /kmEmisiones de 
contaminantes 
atmosféricos (1) en RDE 
en porcentaje de los 
límites de emisión (2)
Vehículos M 1. 50 80 % 0 n. d.
Vehículos M 2. 50 80 % 0 n. d.
Vehículos N 1. 50 80 % 0 n. d.
(1) Valores máximos declarados de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) de número de 
partículas (PN) en #/km, y óxidos de nitrógeno (NO x) en mg/km, tal como se indica en el punto 48.2 del 
certificado de conformidad, según lo descrito en el anexo IX de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, en relación con desplazamientos completos y urbanos 
con emisiones en condiciones reales de conducción.
(2) Los límites de emisión aplicables establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2007, o los 
que los sucedan.
b) un vehículo de la categoría M 3, N2 o N 3 que utilice combustibles alternativos, tal 
como se definen en el artículo 2, puntos 1 y 2, del Real Decreto 639/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos, excluidos los combustibles fósiles y los 
biocombustibles producidos a partir de materias primas con riesgo elevado de cambio 
indirecto del uso de la tierra para las que se observe una expansión significativa de la 
superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono, de conformidad 
con el artículo 26 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
En el caso de los vehículos que utilicen gases renovables, biocombustibles líquidos o 
combustibles renovables sintéticos o parafínicos, esos combustibles no se mezclarán 
con combustibles fósiles convencionales;
5) «vehículo pesado de emisión cero»: un vehículo limpio, tal como se define en el 
apartado 4, letra b), del presente artículo, sin motor de combustión interna, o con un 
motor de combustión interna que emita menos de 1 g CO 2 /kWh, medido de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2009, y sus medidas de aplicación, o que emita menos de 1 g CO 2 /km, medido 
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de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, y sus medidas de aplicación.
6) «Contratación pública»: comprende tanto «contratos públicos» en el sentido 
definido en el artículo 2.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; como «contratos de 
servicio público» en el sentido definido en el artículo 2.i) del Reglamento (CE) n.º 
1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007; 
adjudicados por poderes adjudicadores o por entidades contratantes, 
independientemente del procedimiento utilizado para su adjudicación (procedimiento de 
licitación competitivo, adjudicación directa o encargo a un «operador interno» en el 
sentido del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de octubre de 2007).
7) «Contrato de suministro»: en el sentido definido en el artículo 16 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en el artículo 2 d) del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 
de febrero.
8) «Contrato de servicio público»: en el sentido del artículo 2 letra i) del Reglamento 
(CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007.
9) «Contrato de servicios»: en el sentido definido en el artículo 17 de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre y en el artículo 2 e) del Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de enero.
Artículo 89.  Vehículos excluidos.
Quedan excluidos de la aplicación del presente real decreto-ley, los siguientes 
vehículos:
a) los vehículos mencionados en el artículo 2, apartado 2, letras a), b), y c), y el 
artículo 2, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.º 2018/858: vehículos agrícolas o 
forestales, según se definen en el Reglamento (UE) n.° 167/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo; vehículos de dos o tres ruedas y cuatriciclos, según se definen 
en el Reglamento (UE) n.° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo; vehículos 
oruga; y todo vehículo autopropulsado diseñado y fabricado específicamente para 
realizar determinadas tareas y que, debido a sus características estructurales, no sea 
adecuado para transportar pasajeros ni mercancías, y que no sea maquinaria montada 
en el chasis de un vehículo de motor;
b) los vehículos de la categoría M3 distintos de los de clase I (vehículo M3 con una 
capacidad superior a 22 viajeros además del conductor, construido con zonas para 
viajeros de pie que permitan el movimiento frecuente de viajeros) y de clase A (vehículo 
M3 con una capacidad no superior a 22 viajeros, además del conductor, diseñado para 
transportar viajeros de pie y que esté provisto de asientos y preparado para viajeros de 
pie), tal como se definen en el artículo 3, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 661/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus 
remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos 
destinados.
c) los vehículos mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra d) (vehículos 
diseñados y fabricados o adaptados para su uso exclusivo por las fuerzas armadas), y 
apartado 3, letras a) y b) (vehículos diseñados y fabricados para su uso principalmente 
en obras o en canteras o en instalaciones portuarias o aeroportuarias, y vehículos 
diseñados y fabricados o adaptados para su uso por la protección civil, los servicios de 
bomberos y las fuerzas y cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento de la 
seguridad ciudadana), del Reglamento (UE) 2018/858 y los puntos 5.2 a 5.5 y el 
punto 5.7 de la parte A del anexo I (vehículos blindados, ambulancias, coches fúnebres, 
vehículos accesibles en silla de ruedas y grúas móviles) del mismo Reglamento.
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Artículo 90.  Objetivos mínimos de contratación pública y distribución de los mismos.
1. Se establecen como objetivos mínimos a alcanzar los que figuran en el cuadro 3 
del Anexo para los vehículos ligeros limpios y en el cuadro 4 del Anexo para los 
vehículos pesados limpios.
Los objetivos mínimos de contratación pública de vehículos y servicios a que se 
refiere el artículo 87 por parte de los distintos poderes adjudicadores y entidades 
contratantes se expresan como porcentajes mínimos de vehículos limpios respecto del 
total de vehículos de transporte por carretera comprendidos en la suma de todos los 
contratos contemplados en el artículo 87, perfeccionados dentro de cada período de 
referencia.
2. En el marco institucional y de gobernanza vigente, corresponde al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el impulso y la adopción de las medidas que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos, de acuerdo con lo previsto en el 
presente artículo.
A dicho fin, corresponderá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
atendiendo al calendario previsto en el artículo 10.1 de la Directiva y en el marco de los 
órganos de cooperación establecidos, determinar el reparto de los objetivos que 
establece este real decreto-ley, pudiendo tomar en consideración a estos efectos 
factores tales como las diferencias territoriales en la calidad del aire, la densidad de 
población, las características de los sistemas de transporte, las políticas de 
descarbonización del transporte, la reducción de contaminación atmosférica, la 
capacidad económica o la disponibilidad de fondos comunitarios o nacionales, entre 
otros que en su caso se acuerden.
3. Se establecen los siguientes períodos de referencia:
a) Primer período de referencia: entre el 2 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2025.
b) Segundo período de referencia: entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre 
de 2030.
c) Tercer y subsiguientes períodos de referencia: por períodos consecutivos de 
cinco años a partir del 1 de enero de 2031.
4. Si los nuevos objetivos para el período de referencia posterior al 1 de enero 
de 2030 y posteriores no se adoptan, seguirán aplicándose los objetivos fijados para el 
segundo período de referencia, y se calcularán de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados anteriores.
5. En el caso de los contratos contemplados en el artículo 87, apartado 1, letra a), o 
modificaciones de los mismos, se computará el número de vehículos de transporte por 
carretera objeto de compra, arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con opción de 
compra en virtud de cada contrato perfeccionado dentro del periodo de referencia que 
corresponda a efectos de evaluar el cumplimiento de los objetivos mínimos de 
contratación pública.
6. En el caso de los contratos contemplados en el artículo 87, apartado 1, letras b) 
y c), o modificaciones de los mismos, se computará el número de vehículos de transporte 
por carretera que se vayan a utilizar para la prestación de los servicios a los que se 
aplique cada contrato perfeccionado dentro del periodo de referencia que corresponda a 
efectos de evaluar el cumplimiento de los objetivos mínimos de contratación pública.
Los vehículos que se contabilizan para la consecución del objetivo son todos los que 
se vayan a utilizar para la prestación del servicio, independientemente de si el prestador 
del servicio compra vehículos nuevos o utiliza otros ya existentes.
7. Los vehículos que, tras su retroadaptación, puedan considerarse vehículos 
limpios con arreglo al artículo 88, punto 4, o vehículos pesados de emisión cero con 
arreglo al artículo 88, punto 5, podrán contabilizarse como vehículos limpios o vehículos 
pesados de emisión cero, respectivamente, a efectos del cumplimiento de los objetivos 
mínimos de contratación pública.
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La retroadaptación se computará en el período que corresponda según la fecha en la 
que se haga efectiva.
Artículo 91.  Obligaciones de cooperación e información.
1. En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre 
Administraciones Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con la finalidad 
de que el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información respecto a la 
Comisión Europea establecidas en la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE 
relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes, todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, darán cumplimiento a los objetivos de este Libro del real 
decreto-ley de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 y colaborarán con el Estado 
para su consecución, proporcionando asimismo los datos sobre el número de vehículos y 
categorías que hayan sido objeto de contratación pública al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
Igual obligación tendrán las entidades contratantes no integrantes del Sector Público, 
las cuales deberán proporcionar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana los datos sobre el número de vehículos y categorías que hayan sido objeto de 
contratación pública, en los términos que por dicho Ministerio se establezcan.
2. Al objeto de facilitar la recogida de la información correspondiente a los contratos 
del artículo 87.1 letras a) y c), y del artículo 87.1 b) que conforme al artículo 5.1 del 
Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 
deban ser licitados con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y al Real Decreto-
Ley 3/2020, de 4 de febrero, las Comunidades Autónomas que hubieran establecido un 
sistema de información equivalente a la Plataforma de Contratación del Sector Público 
publicarán, en la forma establecida en el artículo 347.3, tercer párrafo, de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público aquellos datos 
que obren en el mismo sobre el número de vehículos y categorías que hayan sido objeto 
de contratación pública, referidos a las contrataciones de las entidades sujetas a este 
Libro del real decreto-ley pertenecientes al sector público autonómico; y, en la medida en 
que publiquen su perfil de contratante en el servicio de información que a tal efecto 
hubiera establecido la Comunidad Autónoma, también a las contrataciones de las 
entidades locales de su ámbito territorial.
El Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública previsto en el 
artículo 329 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrá adoptar instrucciones referidas a 
la forma de recoger los datos a que se refiere el apartado 2 en las mencionadas 
plataformas de contratación autonómicas a efectos de facilitar el adecuado cumplimiento 
de las obligaciones de información a la Comisión Europea.
La Plataforma de Contratación del Sector Público pondrá a disposición del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aquellos datos que obren en la misma sobre 
el número de vehículos y categorías que hayan sido objeto de las contrataciones del 
artículo 87.1 letras a) y c), así como sobre aquéllas contrataciones del artículo 87.1 b) 
que por mandato del artículo 5.1 del Reglamento 1370/2007, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de octubre de 2007, se hayan adjudicado conforme a la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre o conforme al Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero.
3. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibirá los datos sobre 
el número de vehículos y categorías que hayan sido objeto de las contrataciones sujetas 
a este real decreto ley a que se refiere el artículo 87.1 letra b), cuando se hayan 
adjudicado directamente, o mediante el procedimiento de licitación competitiva regulado 
en el artículo 5 del Reglamento 1370/2007, o se haya confiado a un operador interno.
A dicho fin, todas las entidades del sector público estatal, autonómico y local 
comunicarán en formato electrónico a dicho Ministerio los datos sobre el número de 
vehículos y categorías que hayan sido objeto de las contrataciones a que se refiere el 
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artículo 87.1 letra b), cuando no les resulte de aplicación del artículo 5.1 del 
Reglamento 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2007.
4. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaborará los informes 
a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Directiva 2009/33/CE relativa a 
la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
Dichos informes deberán remitirse al Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
su integración por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el informe 
trienal referido en los artículos 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 126.1 del 
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, a más tardar el 15 de febrero de 2027 y 
posteriormente cada tres años con la misma fecha límite.
Disposición adicional primera.  Participaciones hipotecarias.
1. Las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito podrán 
hacer participar a terceros en todo o en parte de un préstamo hipotecario de su cartera 
que cumpla las condiciones para ser activo de cobertura de cédulas hipotecarias 
conforme a lo previsto en el artículo 23, mediante la emisión de títulos valores 
denominados participaciones hipotecarias.
Sobre un mismo préstamo hipotecario se podrán emitir varias participaciones.
2. Dicha participación podrá realizarse al comienzo o a lo largo de la vida del 
préstamo concedido. Pero el plazo de la participación no podrá ser superior al que reste 
por transcurrir para el vencimiento del préstamo hipotecario, ni el interés superior al 
establecido para éste.
3. El titular de la participación hipotecaria tendrá acción ejecutiva contra la entidad 
emisora, siempre que el incumplimiento de sus obligaciones no sea consecuencia de la 
falta de pago del deudor en cuyo préstamo participa dicha persona. En este caso, el 
titular de la participación concurrirá, en igualdad de derechos con el acreedor hipotecario, 
en la ejecución que se siga contra el mencionado deudor, cobrando a prorrata de su 
respectiva participación en la operación y sin perjuicio de que la entidad emisora perciba 
la posible diferencia entre el interés pactado en el préstamo y el cedido en la 
participación, cuando éste fuera inferior. El titular de la participación podrá compeler al 
acreedor hipotecario para que inste la ejecución.
4. Si el acreedor hipotecario no instare la ejecución judicial dentro de los sesenta 
días desde que fuera compelido a ello, el titular de la participación podrá subrogarse en 
dicha ejecución, por la cuantía de su respectiva participación. Las notificaciones 
pertinentes se harán fehacientemente.
5. En caso de concurso de la entidad emisora de la participación, el negocio de 
emisión de la participación sólo será impugnable en caso de existencia de fraude en la 
constitución de gravamen, quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros de 
buena fe.
6. El titular de la participación gozará de un derecho absoluto de separación en 
caso de concurso de la entidad emisora de la participación.
Disposición adicional segunda.  Certificados de transmisión de hipoteca.
1. Las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito podrán 
hacer participar a terceros en todo o parte de uno o varios préstamos o créditos con 
garantía hipotecaria de su cartera, cuando estos préstamos o créditos hipotecarios no 
reúnan los requisitos para ser activo de cobertura de las cédulas hipotecarias conforme a 
lo previsto en el artículo 23 de este real decreto-ley. Estos valores se denominarán 
«certificados de transmisión de hipoteca».
Las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado 
miembro de la Unión Europea podrán hacer participar a terceros en los préstamos y 
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créditos con garantía hipotecaria sobre inmuebles situados en España concedidos por 
ellas mediante la emisión de certificados de transmisión de hipoteca, en los términos 
establecidos en esta disposición adicional.
2. A estos certificados les serán de aplicación las normas que para las 
participaciones hipotecarias se establecen en la disposición adicional segunda.
Disposición adicional tercera.  Régimen común a las participaciones hipotecarias y los 
certificados de transmisión de hipoteca.
1. A efectos de la establecido en el último párrafo del apartado 8 del artículo 20 del 
Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 
de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco 
específico para la titulización simple, transparente y normalizada, las participaciones 
hipotecarias y los certificados de transmisión de hipoteca solo se considerarán valores 
negociables cuando por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sean 
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero.
2. La entidad emisora de las participaciones hipotecarias y de los certificados de 
transmisión hipotecaria llevará un libro registro de los préstamos y créditos que sirven de 
garantía a las emisiones de participaciones hipotecarias y los certificados de transmisión 
de hipoteca. Las cuentas anuales de la entidad emisora recogerán, en la forma que 
reglamentariamente se determine, los datos esenciales de dicho libro registro.
3. Se prohíbe la comercialización, distribución o venta de participaciones 
hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca a clientes minoristas, 
entendiéndose por tales los previstos en el artículo 204 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisará los requisitos exigibles 
para la comercialización de las participaciones hipotecarias y los certificados de 
transmisión de hipoteca de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores y su desarrollo reglamentario.
4. En ningún caso podrá resultar perjudicado el deudor hipotecario por la emisión 
de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca.
5. No  podrá  hacerse  participar  a terceros  mediante  participaciones  hipotecarias  o 
certificados de transmisión de hipoteca de los préstamos y créditos hipotecarios siguientes:
a) Los que estén instrumentados en títulos valores nominativos, a la orden o al 
portador.
b) Los que estuvieren afectos a una emisión de cédulas hipotecarias o bonos 
hipotecarios o los que hayan sido objeto de participaciones hipotecarias o certificados de 
transmisión de hipoteca en la porción participada.
c) Los garantizados con hipoteca que aparezca registralmente contradicha 
mediante anotación de demanda.
d) Los subhipotecados o embargados.
e) Los  sujetos  a condición  suspensiva,  mientras  no conste  registralmente  su 
cumplimiento,  y los garantizados  por hipoteca  de seguridad  o de máximo,  en la parte  de los 
mismos en que no conste haber sido efectivamente contraída la deuda correspondiente en el 
libro especial mencionado en el apartado 2 llevado por la entidad emisora.
6. Las entidades no podrán posponer las hipotecas existentes a su favor en 
garantía de préstamos o créditos que hayan sido objeto de participación por terceros, 
salvo con el consentimiento expreso de todos los partícipes del préstamo o crédito. 
Tampoco podrán, sin el expresado consentimiento:
a) cancelar voluntariamente dichas hipotecas, por causa distinta del pago del 
préstamo o del crédito garantizado.
b) renunciar o transigir sobre ellas.
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c) condonar en todo o en parte el préstamo o crédito garantizado.
d) en general, realizar cualquier acto que disminuya el rango, la eficacia jurídica o el 
valor económico de la hipoteca o del préstamo o crédito.
7. No será necesaria formalidad alguna para su emisión ni inscripción del negocio 
jurídico en registro público. Tampoco será necesaria notificación al deudor de la emisión 
de la participación hipotecaria o del certificado de transmisión de activos.
Disposición adicional cuarta.  Instrumentos de movilización de créditos o préstamos 
garantizados con primera hipoteca mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento.
1. Las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito podrán 
emitir instrumentos de movilización de créditos o préstamos garantizados con primera 
hipoteca mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento.
2. A los instrumentos emitidos de acuerdo con lo establecido en esta disposición les 
será de aplicación lo previsto en los artículos 5 a 17, 20, 28, 29, 33 a 48, sin perjuicio de 
las especialidades que puedan establecerse reglamentariamente.
3. La relación entre los préstamos o créditos garantizados que sirven de garantía a 
los instrumentos regulados en esta disposición y el valor de tasación del bien que sirve 
de garantía no podrá exceder del 60 por ciento.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los títulos emitidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del libro primero de la este real decreto-ley.
1. Las cédulas y bonos emitidos antes de la entrada en vigor del Libro primero de 
este real decreto-ley conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario, en el artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y el artículo 13 de 
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 
continuarán rigiéndose por dicha normativa hasta la entrada en vigor de este real 
decreto-ley. Posteriormente, el régimen jurídico de dichas cédulas y bonos será el 
previsto en este real decreto-ley y su desarrollo reglamentario.
2. Desde la fecha publicación de este real decreto-ley en el Boletín Oficial del 
Estado hasta la entrada en vigor de su Libro primero, las entidades emisoras de las 
cédulas y bonos señaladas en el apartado anterior desarrollarán las acciones necesarias 
para ejecutar respecto de dichos activos las obligaciones previstas en este real decreto-
ley, salvo lo previsto en el artículo 34. Tal exención de autorización administrativa para 
los programas de bonos garantizados aplicará únicamente a los programas respecto de 
los que existieran bonos ya emitidos, debiendo obtenerse una nueva autorización para 
futuros programas de emisión o los programas de emisión en los que la emisión de 
bonos garantizados no hubiera comenzado.
3. Los tenedores de las cédulas y bonos previstas en el apartado 1 no tendrán 
acción alguna contra la entidad emisora para reclamar su vencimiento anticipado como 
consecuencia de esta modificación en el régimen legal.
4. Las participaciones hipotecarias y certificados de transmisión hipotecaria 
emitidos antes de la entrada en vigor del libro primero de este real decreto-ley conforme 
a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, y 
la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial seguirán rigiéndose por la normativa con la que se emitieron 
hasta su vencimiento.
Disposición transitoria segunda.  Asignación de los activos de cobertura a los títulos 
emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Libro primero de de este real 
decreto-ley.
Las entidades de crédito que tengan emitidos bonos garantizados conforme a la 
normativa en vigor a la fecha de entrada en vigor del Libro primero de este real decreto-
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ley articularán un procedimiento que garantice la neutralidad y la calidad de activos 
traspasados al conjunto de cobertura. Dicho procedimiento deberá permitir que la cartera 
traspasada mantenga un nivel de calidad crediticia mínimo, una coherencia entre los 
vencimientos medios de los préstamos y el vencimiento de los títulos en circulación, 
diversificación geografía y la adecuada granularidad. El controlador del conjunto de 
cobertura deberá verificar el procedimiento elegido y controlar que los activos 
traspasados cumplen los criterios establecidos por la entidad de crédito. Las entidades 
de crédito deberán facilitar a los inversores, a través de su página de internet, la 
información necesaria sobre el proceso de transición. Al menos, con tres meses de 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, las entidades de crédito que 
tengan emitidos bonos garantizados conforme a la normativa que deroga este real 
decreto-ley, deberán presentar al Banco de España un órgano de control del conjunto de 
cobertura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de este real decreto-ley para su 
autorización y registro como órgano del conjunto de cobertura del programa de emisión 
correspondiente, salvo que se trate de cédulas, donde el órgano de control del conjunto 
de cobertura será único para las cedulas emitidas de un mismo tipo.
Disposición transitoria tercera.  Adaptación del colchón de liquidez.
Hasta la entrada en vigor de la modificación del acto jurídico de la Unión Europea 
que modifique los requisitos de liquidez establecidos a la entidad y el colchón de liquidez 
exigido al conjunto de cobertura, las entidades emisoras de bonos garantizados que 
estén sujetas a requisitos de liquidez establecidos en algún acto jurídico de la Unión 
Europea podrán corregir dicho solapamiento calculando el importe correspondiente al 
mismo durante el período de 30 días establecido en el LCR y deduciendo dicho importe 
del calculado conforme al artículo 11 de este real decreto-ley. Dicho importe deducido 
deberá ser comunicado al órgano de control de cobertura y al Banco de España, y en 
caso de que se adopte alguna de las medidas establecidas en el título VII del Libro 
primero de este real decreto-ley dicho importe deberá ser objeto de segregación del 
balance de la entidad.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio para el ejercicio de los derechos de 
retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión y 
para la transmisión de programas mediante inyección directa.
1. Los acuerdos a los que se refiere el artículo 77 del presente real decreto-ley que 
estén en vigor el 7 de junio de 2021 estarán sujetos al principio de país de origen a partir 
del 7 de junio de 2023 en caso de que expiren con posterior a esta fecha.
2. Las autorizaciones obtenidas para los actos de comunicación al público que 
entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 79 que estén en vigor el 7 de junio 
de 2021 estarán sujetas a lo establecido en dicho artículo a partir del 7 de junio de 2025 
en caso de que expiren con posterior a esta fecha.
Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. En particular, se deroga:
a) la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario;
b) el artículo 13 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero;
c) el apartado Dos de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2013, 
de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e 
inversión y otras medidas de carácter financiero;
d) el artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización; y
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e) la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial.
f) el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real 
Decreto 1082/2012, de 13 de julio.
g) los artículos 105 y 106, así como la Disposición adicional sexta, de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Disposición final primera.  Modificación del Código Civil.
El Código Civil de 1889 queda modificado de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el artículo 1922 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 1922.
Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de 
preferencia:
1.º Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta 
de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor 
de los mismos.
2.º Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la 
cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.
3.º Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en 
establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de 
la misma.
4.º Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio 
del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y 
durante treinta días después de ésta.
5.º Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.
6.º Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al 
deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.
7.º Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles 
del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.
8.º Los créditos a favor de los tenedores de bonos garantizados, respecto de 
los préstamos y créditos, y otros activos que los garanticen, integrados en el 
conjunto de cobertura, conforme al Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, 
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de 
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes, hasta donde alcance su valor.
Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, 
el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de treinta 
días, contados desde que ocurrió la sustracción.»
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Dos. Se modifica el artículo 1923 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 1923.
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, 
gozan de preferencia:
1.º Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, 
por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que 
graviten sobre ellos.
2.º Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los 
premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos 
dividendos que se hubiesen repartido.
3.º Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el 
Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto 
de la refacción.
4.º Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en 
virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de 
sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.
5.º Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la 
refacción se refiera y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en 
los cuatro números anteriores.
6.º Los créditos a favor de los tenedores de bonos garantizados, respecto de 
los préstamos y créditos hipotecarios, y otros activos que los garanticen, 
integrados en el conjunto de cobertura, conforme al Real Decreto-ley 24/2021, 
de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector 
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de 
radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, hasta donde alcance 
su valor.»
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un nuevo número 33 al artículo 45.I.B), con la siguiente redacción:
«33. 1. La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y 
participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en 
el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de 
la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización 
de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, así 
como su reembolso.
2. Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado 
previsto para el caso de concurso de la entidad emisora y la transmisión de 
préstamos a otra entidad de crédito para la financiación conjunta de las emisiones, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de 
noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 
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bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión 
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Se introduce en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de 
pago y otras medidas urgentes en materia financiera, una nueva disposición adicional 
cuarta, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional cuarta.  Medidas de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
260/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, por 
el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 924/2009.
1. Se designa al Banco de España como autoridad competente responsable 
de garantizar el cumplimiento por los proveedores de servicios de pago del 
Reglamento (UE) n.º 260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para 
las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 924/2009.
2. Se designa al Banco de España como autoridad competente responsable 
de garantizar el cumplimiento del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 260/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, respecto de las 
empresas, empresarios o profesionales que actúen en desarrollo de su actividad 
comercial, empresarial, oficio o profesión y no tengan la consideración de 
proveedor de servicios de pago y sean beneficiarios de una orden de pago cuyo 
ordenante sea otra empresa, empresario o profesional que actúe en desarrollo de 
su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión y no tenga la consideración 
de proveedor de servicios de pago.
3. En relación con los sujetos previstos en el apartado 2, el Banco de España 
podrá:
a) Solicitar la remisión, con la forma que éste establezca, de la información 
que entienda necesaria para el ejercicio de las funciones previstas en el 
apartado 2, así como, en su caso, emitir los oportunos requerimientos. En 
particular, en caso de denuncia o sospecha de algún incumplimiento, las 
empresas, empresarios o profesionales mencionadas en dicho apartado quedarán 
obligadas a poner a disposición del Banco de España cuantos libros, registros y 
documentos este considere precisos, incluidos los programas informáticos, 
ficheros y bases de datos, sea cual sea su soporte, físico o virtual.
b) Imponer sanciones por la comisión de las siguientes infracciones:
i) Muy graves:
1.º La negativa o resistencia a la actuación del Banco de España en el 
ejercicio de la función prevista en el apartado 2, siempre que medie requerimiento 
expreso y por escrito al respecto.
2.º Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su 
comisión le hubiera sido impuesta al sujeto sanción firme en vía administrativa por 
el mismo tipo de infracción.
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Por la comisión de infracciones muy graves el Banco de España podrá 
imponer una multa, que deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria, que no 
podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto 
sancionado.
Adicionalmente, el Banco de España podrá imponer como medida accesoria 
una amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y la sanción impuesta.
ii) Graves:
1.º El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 
260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, salvo 
que tenga carácter ocasional o aislado.
2.º La no remisión al Banco de España de los datos o documentos que 
deban serle remitidos o que el mismo requiera en el ejercicio de la función prevista 
en el apartado 2 o su remisión incompleta o inexacta. A los efectos de esta 
infracción, se entenderá también como falta de remisión, la remisión 
extemporánea fuera del plazo previsto en la norma correspondiente o del plazo 
concedido por el órgano competente al efectuar el requerimiento.
Por la comisión de infracciones graves el Banco de España podrá imponer una 
multa, que deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria, que no podrá superar 
el 5% del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto sancionado.
Adicionalmente, el Banco de España podrá imponer como medida accesoria 
una amonestación pública con publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y la sanción impuesta.
iii) Leves:
El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 
260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, cuando 
dicho incumplimiento tenga carácter ocasional o aislado.
Por la comisión de infracciones leves el Banco de España podrá imponer una 
multa, que deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria, que no podrá superar 
el 1% del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto sancionado.
4. En relación con los sujetos previstos en el apartado 2, cuando el sujeto 
infractor sea una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional de los 
Mercados de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
será preceptivo para la imposición de la correspondiente sanción por infracciones 
graves o muy graves, el informe del respectivo supervisor.
5. En relación con los sujetos previstos en el apartado 2, en lo no previsto en 
esta Disposición Adicional será de aplicación lo establecido en los artículos 90, 95, 
103, 107,108, 109, 110, 111, 113, 114 y 117 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, así 
como el Real Decreto 2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento 
sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.»
Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
La Ley Concursal, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
queda modificada del siguiente modo.
Uno. Se añade un punto 7.º al artículo 270:
«7.º Los créditos a favor de los tenedores de bonos garantizados, respecto 
de los préstamos y créditos, y otros activos que los garanticen, integrados en el 
conjunto de cobertura, conforme al Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 
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garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, 
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de 
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes, hasta donde alcance su valor.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 578 que queda redactado como sigue:
«Artículo 578.  Régimen especial del concurso de acreedores.
1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente 
asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, 
así como de entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades 
participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se 
aplicarán las especialidades que para el concurso de acreedores se hallen 
establecidas en su legislación específica.
2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del 
apartado anterior, la contenida en las siguientes normas:
1.º La disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que 
se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas 
al sistema financiero.
2.º La Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, por lo 
que respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de 
España, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la 
Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones.
3.º La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, 
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
4.º La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de 
liquidación de valores.
5.º El texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
6.º La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
7.º El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 
Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
8.º El capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública.
9.º La Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las 
entidades de crédito.
10.º La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
11.º El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
12.º La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
13.º Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
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14.º El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y su normativa de desarrollo.
15.º El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de 
las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado 
por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
16.º El Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones 
de inversión colectiva.
17.º El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización 
de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
3. Las normas legales enumeradas en el apartado anterior se aplicarán con 
el alcance subjetivo y objetivo previsto en las mismas a las operaciones o 
contratos que en ella se contemplan.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, queda redacta del 
siguiente modo:
Uno. Se añade una nueva letra f) en el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguiente redacción:
«f) Información requerida por otras normas comunitarias que deba incluirse 
en estos informes.»
Dos. Se modifica la letra a) del artículo 331 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014que queda redactada de la siguiente forma:
«a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en 
las letras  b), c), d), e) y f) del apartado  4 del artículo  328 con una periodicidad 
de –al menos– cada tres años.»
Tres. Se añade una nueva letra e) en el artículo 126.1 del Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales, con la siguiente redacción:
«e) Información requerida por otras normas comunitarias que deba incluirse 
en estos informes.»
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Disposición final sexta.  Referencias normativas.
Todas las referencias hechas en otras leyes y en disposiciones reglamentarias a la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, al artículo 13 de la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y al 
artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización se entenderán hechas a este real decreto-ley.
Disposición final séptima.  Títulos competenciales.
El Libro primero y el segundo de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo 
establecido en el artículo 149.1. 6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil, bases de la ordenación 
del crédito, banca y seguro, y bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, respectivamente.
El Libro tercero de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo previsto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
El Libro cuarto de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo previsto en el 
artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre legislación sobre propiedad intelectual.
El Libro quinto de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de Hacienda general.
El Libro sexto de real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 1.ª, 6.ª, 8.ª, 
13.ª, 16.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado, respectivamente, la 
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos; sobre la legislación 
mercantil; sobre la legislación civil; sobre las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica; sobre las bases y coordinación general de la sanidad 
y el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de 
la organización propia de las Comunidades Autónomas.
El Libro séptimo de este real decreto-ley dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 18.ª, 
21.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
sobre legislación básica sobre contratos, en materia de transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 
establecer normas adicionales de protección, así como en materia de bases de régimen 
energético.
La disposición final primera se dicta en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª de 
la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan.
La disposición final segunda de este real decreto-ley se dicta en virtud del 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española que otorga al Estado la competencia 
exclusiva en materia de Hacienda general.
La disposición final tercera de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo 
establecido en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, y 13.ª de la Constitución Española que atribuye 
al Estado las competencias exclusivas sobre legislación mercantil, bases de la 
ordenación de crédito, banca y seguro, y bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica, respectivamente.
La disposición final cuarta de este real decreto-ley se dicta en virtud del 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española que otorga al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación mercantil y legislación procesal.
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La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución Española que establece la competencia exclusiva del Estado en legislación 
básica sobre contratos.
Disposición final octava.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se transponen las siguientes directivas:
La Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril 
de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y 
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 
radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se 
modifica la Directiva 93/83/CEE.
La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril 
de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
La Directiva  (UE) 2019/1024  del Parlamento  Europeo  y del Consejo  de 20 de junio 
de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.
La Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio 
de 2019 por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que 
respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva.
La Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
La Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la 
Directiva  2006/112/CE  en lo que respecta  a las exenciones  temporales  relativas  a las 
importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19.
La Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
La Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y por 
la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE.
Disposición final novena.  Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo de este real decreto-ley.
2. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá regular:
a) las normas generales sobre la tasación de los activos de garantía;
b) la forma en que deba constar la tasación efectuada;
c) el régimen de supervisión del cumplimiento de tales normas.
3. El Banco de España podrá desarrollar, mediante Circular:
a) la  información  adicional  a la prevista  en el artículo  35.1 que resulte  necesaria  para el 
adecuado ejercicio de sus funciones de supervisión sobre los bonos garantizados;
b) el formato y el momento en el que debe ser suministrada la información prevista 
en el artículo 35.1, así como el contenido y periodicidad de la información específica que 
deba ser suministrada al Banco de España en caso de concurso o resolución de la 
entidad emisora.
c) la información a remitir al Banco de España a los efectos de la supervisión del 
cumplimiento del colchón de liquidez definido en el artículo 11, así como en la disposición 
adicional tercera, y la periodicidad de la misma.
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4. Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las 
medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el Libro 
quinto de este real decreto-ley.
5. Se habilita al Gobierno para que apruebe el Reglamento del procedimiento 
sancionador en materia de protección de los consumidores y usuarios, y el Reglamento 
para la creación y funcionamiento del Registro General de Infracciones y Sanciones en 
materia de consumo, en el que, a los efectos de aplicación de la reincidencia y otros que 
se determinen, se harán constar todas las sanciones impuestas por cualquier 
administración pública por comisión de infracciones lesivas de los intereses de los 
consumidores o usuarios contempladas en la legislación general destinada a la 
protección de los mismos.
6. Se autoriza a los titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para modificar mediante Orden Ministerial conjunta el contenido del anexo 
de este real decreto-ley, con objeto de actualizar los objetivos mínimos de contratación 
pública para los siguientes períodos de referencia, posteriores al 1 de enero de 2030, 
que se adopten en la planificación nacional o en la Unión Europea.
Disposición final décima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley  entrará  en vigor el día siguiente  al de su publicación  en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto en las regulaciones que a continuación se especifican:
a) El libro primero, las disposiciones adicionales primera a tercera y las 
disposiciones finales primera y cuarta del presente real decreto-ley entrarán en vigor el 8 
de julio de 2022.
b) El libro quinto tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021.
c) El libro sexto entrará en vigor el 28 de mayo de 2022, con la excepción de lo dispuesto 
en el apartado  decimosexto  del artículo  82 respecto  a la modificación  del apartado  5 del 
artículo  107 del texto refundido  de la Ley General  de Defensa  de Consumidores  y Usuarios  y 
otras leyes  complementarias,  aprobado  por Real Decreto  Legislativo  1/2007,  de 16 de 
noviembre,  que entrará  en vigor el 1 de enero  de 2022  en lo referente  a la resolución  del 
contrato prevista en el apartado 5 del artículo 119 ter del mismo texto refundido.
d) La disposición final tercera entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO
Cuadro 3
Objetivos mínimos de contratación pública para la cuota de vehículos ligeros limpios con 
arreglo al cuadro 2 del artículo 88.4.a) en el número total de vehículos ligeros objeto de 
contratos contemplados en el artículo 87 a nivel nacional
Del 2 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre 
de 2025Del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre 
de 2030
36,3% 36,3%
Cuadro 4
Objetivos mínimos de contratación pública para la cuota de vehículos pesados limpios en 
el número total de vehículos pesados objeto de los contratos contemplados en el 
artículo 87 a nivel nacional (*)
Camiones (categorías de vehículos N2 y N3) Autobuses (categoría de vehículos M3) (*)
Del 2 de agosto de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2025Del 1 de enero de 
2026 hasta el 31 de 
diciembre de 2030Del 2 de agosto de 
2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2025Del 1 de enero de 
2026 hasta el 31 de 
diciembre de 2030
10% 14 % 45% 65%
(*) Debe alcanzarse la mitad del objetivo mínimo para la cuota de autobuses limpios mediante la 
contratación pública de autobuses de emisión cero, tal como se definen en el artículo 88, punto 5. Este 
requisito se reducirá a la cuarta parte del objetivo mínimo para el primer período de referencia, si más del 80 
% de los autobuses objeto de la suma de todos los contratos contemplados en el artículo 87, formalizados 
durante ese período, son autobuses de dos pisos.
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