BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296  Sábado 8 de diciembre de 2018  Sec. I.   Pág. 120633
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16791 Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el 
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el 
comercio en España.
I
Un sector industrial fuerte y competitivo contribuye a generar una economía más 
resiliente ante los ciclos, genera empleo estable y de calidad y es un elemento de cohesión 
social y bienestar y vertebrador de nuestro país. Se configura como uno de los principales 
motores de nuestra economía con un gran potencial para combatir las desigualdades 
sociales, originadas por los bajos salarios y el desempleo, y es un vector clave para el 
avance en materia de desarrollo sostenible y economía circular.
La competitividad de la industria es esencial para garantizar un crecimiento sostenible 
e integrador. El sector industrial aporta el 14,4 por ciento del VAB, un 3,7 por ciento más si 
tenemos en cuenta el sector energético y el 14,1 por ciento del número de empleados en 
España, pero las sinergias que genera y su efecto motor de la economía lo convierten en 
una palanca aún más relevante en términos relativos. Sin embargo, en un entorno cada 
vez más globalizado y digitalizado son múltiples los elementos que socavan la 
competitividad del sector, que requiere actuaciones rápidas y adaptadas a las necesidades 
de las empresas. Así, en el año 2018, el sector industrial, tanto en magnitud PIB como en 
empleo, ha moderado su crecimiento en mayor proporción al que lo ha hecho la economía 
española en su conjunto.
La sociedad española está cada vez más concienciada de que hemos de evolucionar 
hacia un modelo socioeconómico en el que la sostenibilidad sea el factor decisivo en las 
actuaciones que se lleven a cabo desde todas las áreas. Por todo ello, el cambio de 
paradigma de la sociedad hacia un modelo de economía circular y un modelo energético 
sostenible requiere un esfuerzo de transformación por parte del sector industrial que 
contribuya a mantener y potenciar su competitividad.
En esta línea, el marco estratégico para la España industrial 2030 del Gobierno y las 
Agendas Industriales que la desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el 
fin de alcanzar, en este ámbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los 
objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial español; favorecer e impulsar 
la adopción de la Industria Conectada 4.0; impulsar el crecimiento y desarrollo de las 
PYMES industriales y profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de 
calidad. Con ello, el Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector 
generador de crecimiento y de cohesión social.
Estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una pérdida de 
competitividad de la industria española que conduzca a una situación de desventaja en los 
mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que permita 
hacer frente a los retos de la digitalización y globalización que la economía mundial está 
experimentando de manera cada vez más acelerada.
Estas acciones tienen distintos tiempos de ejecución, pero algunas de ellas requieren 
una intervención inmediata del Gobierno para que su desarrollo futuro no se vea 
comprometido. Por ello, el presente real decreto-ley aborda los aspectos más inaplazables 
que afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulación del contrato de 
relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera. Se adoptan, 
asimismo, medidas de apoyo al sector industrial y, muy especialmente, a las empresas 
electrointensivas y, por último, se aprueban determinadas disposiciones en materia de 
seguridad industrial.
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Este paquete regulatorio que impulsa la competitividad industrial se complementa con 
algunas medidas concretas que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se 
regula la limitación de la venta con pérdida, adaptando la regulación española a la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se suprimen los Registros de Franquiciadores 
y de Ventas a Distancia.
II
La industria manufacturera es uno de los motores de crecimiento de la economía 
española y de generación de bienestar. En una sociedad cada vez más globalizada y 
digitalizada, esta industria juega un papel fundamental para afrontar los retos de la 
sostenibilidad y la competitividad de toda la economía española, por su capacidad de 
incorporar nuevas tecnologías, de generar trabajos estables y de calidad y de vertebrar el 
territorio.
Actualmente, la industria manufacturera representa el 14,1 por ciento del empleo. La 
aplicación de medidas de eficiencia y la determinación por hacer de España uno de los 
países con las industrias más productivas de nuestro entorno, ha sentado las bases para 
la recuperación del sector en términos de empleo y de desarrollo social.
Si algo caracteriza a la industria manufacturera es la alta calidad de sus empleos, con 
un alto grado de contratación indefinida, donde se ofrecen oportunidades de desarrollo 
profesional, aprovechando la mayor permeabilidad en el mercado laboral a través de la 
Formación Profesional y la Formación Profesional Dual.
Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en una industria global es necesario 
sustentar el rendimiento de las empresas también sobre aquellos factores que son 
susceptibles de generar un éxito diferenciado con respecto a los principales países 
productores. La productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes vertebradores 
del desarrollo industrial de los últimos años. Para seguir creando empleo y continuar 
siendo competitivos hay que avanzar sobre estos dos factores, en el marco del diálogo 
social, con medidas consensuadas que ofrezcan al sector herramientas para competir en 
estos ámbitos, como lo es el contrato de relevo, un instrumento valioso para minorar los 
porcentajes de desempleo que, de forma particularmente acusada, afectan a la población 
activa de menor edad.
Las reformas operadas en los últimos años en las normas reguladoras de la modalidad 
de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, han venido a 
dificultar en la práctica el acceso a dicha modalidad de jubilación. En consecuencia, el uso 
del contrato de relevo ha disminuido en los últimos años, poniendo de manifiesto la 
existencia de determinadas disfuncionalidades en la actual regulación de la figura de la 
jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, lo que, a su vez, ha 
venido a frustrar en parte la finalidad perseguida por esta modalidad de jubilación parcial, 
que no es otra que la de procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la 
contratación indefinida y el incremento de la productividad de las empresas.
El próximo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la disposición 
transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que se haya completado el 
ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de 
fabricación y montaje. Es necesario, pues, y urgente, alargar el período de aplicación de la 
mencionada disposición transitoria, con el fin de evitar que la misma se extinga.
Lo anterior se lleva a cabo en el artículo 1 de este real decreto-ley mediante la 
correspondiente modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
En concreto, la exigencia de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de la 
Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma transitoria y limitada de la modalidad 
de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, orientada 
particularmente a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos 
colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes 
esfuerzos físicos y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización 
mínima.
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La incorporación de esta medida, alargando el periodo de aplicación de la mencionada 
disposición transitoria, impulsará la competitividad de la industria y facilitará las decisiones 
de nuevas inversiones en nuestras plantas productivas, inversiones orientadas en gran 
medida a realizar la necesaria transformación de la industria durante la transición 
ecológica, ofreciendo productos sostenibles y nuevas soluciones para una sociedad 
descarbonizada, mejorando sus procesos para un mayor aprovechamiento de las materias 
primas y la energía, y reduciendo las emisiones contaminantes. Esta medida contribuirá, 
sin duda, a asegurar la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus 
empleos.
Por otra parte, esta contribución del sector industrial a la transición ecológica debe ser 
convenientemente monitorizada, de forma que las Administraciones Públicas, y la sociedad 
en su conjunto, puedan tener la información al respecto. Las empresas industriales deben 
contribuir a proporcionar información sobre sus políticas de empresa y planes de actuación 
destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como informar 
sobre el cumplimiento de dichos planes y los logros obtenidos, sin que dicha exigencia de 
información suponga una carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con lo anterior, en la disposición adicional primera del real decreto-ley se 
exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan 
acogido a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de 
relevo establecida en el artículo 1, que incluyan entre la información no financiera de sus 
informes de gestión, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de 
la transición hacía una economía descarbonizada. Todo ello, a efectos de favorecer una 
gestión equilibrada de la transición del modelo actual de producción y consumo de la 
industria manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente 
la variable del cambio climático.
III
Una industria competitiva, sostenible e integradora debe corresponderse con una 
asunción de responsabilidad de las Administraciones Públicas en el control de la seguridad 
industrial y en la calidad y vigilancia del mercado que garantice la competencia leal entre 
los productores y, a la vez, suponga una mejora en la seguridad de los productos que se 
ponen a disposición de los consumidores, incluyendo su impacto medio ambiental.
En ese sentido, se han venido reforzando las políticas europeas de control 
administrativo previo y posterior a la puesta en servicio de los productos comercializados, 
lo que hace necesario y urgente establecer un régimen sancionador en el ámbito industrial 
que penalice de manera proporcionada, efectiva y actualizada las infracciones cometidas 
y actúe de forma disuasoria ante posibles incumplimientos.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone que las instalaciones, equipos, 
actividades y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán 
ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. Ello de acuerdo con los 
reglamentos de seguridad industrial dictados en el ámbito comunitario o por organismos 
internacionales supranacionales con los que España tiene suscritos acuerdos en materia 
de armonización técnica, tanto de vehículos como de otros productos industriales.
La conformidad del diseño, fabricación y puesta en servicio de productos industriales 
constituye no solo la base de la libre circulación de mercancías en el mercado interior 
europeo, sino un factor clave de competitividad de las empresas, que les habilita para 
comercializar sus productos en otros mercados internacionales, y supone un impulso al 
desarrollo y la innovación tecnológica empresarial. Desde la aprobación de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria, el marco legislativo comunitario en este sector ha avanzado 
notablemente. En concreto, el acervo comunitario en materia de seguridad de productos 
abarca numerosos ámbitos y se ha venido regulando por diferentes directivas y reglamentos 
europeos. Esta regulación europea dispone que los Estados miembros deberán establecer 
normas relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la reglamentación europea en materia de seguridad de productos. Además, 
establece que dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
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En nuestro ordenamiento, las infracciones y sanciones en materia de seguridad de 
productos se recogen en la citada Ley 21/1992, de 16 julio, no obstante, las cuantías de 
las sanciones han quedado desfasadas y alejadas de los objetivos que la normativa 
comunitaria exige.
Por ello, y teniendo en cuenta que todas las reglamentaciones europeas en materia de 
seguridad de productos ya se encuentran en vigor, se considera urgente y de imperiosa 
necesidad la modificación, en el artículo 2 de esta norma, del importe de las sanciones que 
se establecen en Ley 21/1992, de 16 de julio, para alinearlo con los objetivos marcados 
por las diferentes normativas europeas en cuanto a efectividad, proporcionalidad y efecto 
disuasorio.
IV
El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, impone una serie 
de requisitos administrativos que hacen que, en la práctica, el coste de una instalación con 
gas refrigerante de categoría 2-L sea inviable, a pesar de ser conforme a la normativa 
comunitaria y tener menor potencial de calentamiento atmosférico, lo que significa una 
reducción de la contribución de este tipo de gases refrigerantes al cambio climático.
El Gobierno, consciente de la traba que ello supone, ha iniciado el trámite de 
aprobación de un nuevo real decreto que actualice los requisitos del Real Decreto 
138/2011, de 4 de febrero, entre otras cosas, en los aspectos referidos a los equipos con 
refrigerante de la categoría 2-L.
Los trámites procedimentales necesarios para realizar esta reforma reglamentaria 
hacen que no sea posible su aprobación hasta mediados del año 2019. Es necesario y 
urgente, por tanto, llevar a cabo una actuación de carácter transitorio que evite una rotura 
de stocks de estos equipos, ya que los fabricantes están actualmente iniciando su 
fabricación para el año 2019 y necesitan, de forma urgente, seguridad jurídica sobre la 
aceptación en España de estos equipos con refrigerantes de categoría 2-L, eliminando 
unos trámites y requisitos tan exigentes como los que recoge la actual reglamentación, a 
la vez que se garantiza la seguridad de los aparatos. Esta medida, urgente y necesaria, se 
recoge en la disposición transitoria segunda del real decreto-ley.
V
La Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE, en su artículo 28 admite la posibilidad de la existencia de 
«redes de distribución cerradas», definidas como redes de distribución que suministran 
energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida 
desde el punto de vista geográfico.
Las redes de distribución de energía eléctrica cerradas son un tipo especial de redes 
de distribución que se han implementado en numerosos países de la Unión Europea con 
el fin de contemplar la realidad de la industria interrelacionada entre sí en determinados 
polígonos. Este tipo de industrias, con riesgo de deslocalización fuera de la Unión Europea 
por la fuerte competencia internacional y con un elevado coste energético en su estructura 
de costes, pueden constituir una red de distribución de energía eléctrica cerrada que 
comporte ventajas económicas para todo el conjunto.
Aunque la Directiva 2009/72/CE no obliga a los Estados miembros a regular las redes 
de distribución de energía eléctrica cerradas, su regulación en nuestro país permitirá una 
reducción de costes económicos de la energía eléctrica para la mediana y gran industria 
concentrada en ámbitos territoriales reducidos, mejorando su competitividad en unos 
momentos en que es clave el mantenimiento de la industria existente y la reindustrialización 
e implantación de nueva actividad industrial en nuestro país, teniendo sus condiciones de 
conexión a la red pública garantía suficiente, dado que su eventual volumen de consumo 
y potencia no deben constituir en modo alguno un riesgo para la seguridad de las redes.
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En este sentido, mediante el artículo 3 del presente real decreto-ley se incorpora al 
ordenamiento jurídico español el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE. Para ello se 
establecen los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de redes 
de distribución de energía eléctrica cerradas, fijando un plazo máximo de seis meses para 
que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribución de 
energía eléctrica cerradas, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y 
financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.
Es necesario también reconocer una especial protección a la industria electrointensiva, 
una industria estratégica para cualquier país desarrollado. El coste del suministro eléctrico 
puede alcanzar hasta un 50 por ciento de sus costes productivos. Esta industria compite 
en mercados globales, por lo que el coste local que tengan las condiciones de suministro 
eléctrico juega un papel fundamental a la hora de determinar su viabilidad en un país. La 
Comisión Europea reconoce la sensibilidad que tienen estas industrias a factores locales 
de precio. En sus directrices recoge la importancia que tiene el coste del suministro 
eléctrico en la industria electrointensiva, por lo que la mayoría de los Estados miembros de 
la Unión Europea están evolucionando hacia un modelo sensible al coste del suministro 
eléctrico en la industria electrointensiva, implantando una combinación de medidas que 
protejan su competitividad en todos los componentes que forman la factura final del 
suministro.
En este entorno global tan competitivo, España no puede ser una excepción. Por ello, 
es necesario y urgente arbitrar mecanismos que permitan optimizar el coste que la energía 
eléctrica tiene para estos consumidores electrointensivos y, de esta forma, mejorar su 
competitividad internacional. Estos consumidores reúnen unas características de consumo 
y poseen una potencial contribución a la mejora de la gestión técnica del sistema que 
requiere de un tratamiento diferencial donde se reconozcan sus particularidades para 
mejorar su competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria.
Con este fin, el presente real decreto-ley, en su artículo 4, contempla la figura del 
consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses desde su entrada en vigor, elabore y apruebe un Estatuto de Consumidores 
Electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación con 
su participación en el sistema y los mercados de electricidad. La creación y regulación de 
la figura del consumidor electrointensivo permitirá dotar a estos consumidores de 
escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a 
los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.
Como se ha señalado, el sector industrial europeo se encuentra inmerso en una 
profunda transformación. A pesar de los instrumentos comunitarios y nacionales a su 
alcance, existe una enorme preocupación ante las decisiones de cierre de grandes 
instalaciones industriales, algunas de ellas de carácter estratégico por su posición en la 
cadena de valor.
Especial mención merecen las industrias electrointensivas que soportan en mayor 
medida los costes derivados de las políticas climáticas y energéticas.
Para preservar la competitividad y evitar la deslocalización de las industrias 
electrointensivas se han establecido ya mecanismos como la compensación de los costes 
indirectos y, además, cuando se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de este real 
decreto-ley, se podrán establecer otros mecanismos de apoyo, medidas o ayudas, a los 
que se podrán acoger estos consumidores, todo ello conforme con la normativa de la 
Unión Europea sobre ayudas de Estado.
Con la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de estos mecanismos de 
compensación, se concluye que para que las ayudas sean verdaderamente eficaces y 
cumplan con la finalidad real de las mismas, evitar la deslocalización, es necesario incluir 
obligaciones adicionales a los beneficiarios, siguiendo la línea marcada desde la Unión 
Europea, de establecer criterios de condicionalidad en la concesión de ayudas, con la 
aprobación de Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, en las que se vincula la obtención de ayudas para inversiones 
en infraestructuras o productivas con un compromiso de permanencia de los beneficiarios.
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En este sentido, el artículo 5 de este real decreto-ley obliga a los beneficiarios de estas 
ayudas a la industria electrointensiva a mantener la actividad productiva durante un 
periodo de tres años, a partir de la fecha de concesión de las mismas, salvo en los 
supuestos de situaciones de crisis empresarial, considerándose que esta obligación se 
incumple si proceden de manera efectiva a reducir en más de un 85 por ciento su 
capacidad de producción o se produce un despido colectivo que implique una reducción 
de más de un 85 por ciento de toda su plantilla de trabajadores. Se podrán excluir del 
reintegro de las ayudas a las empresas que reduzcan su capacidad productiva o su 
plantilla en más de un 85 por ciento, pero lo hagan de forma temporal durante el proceso 
de búsqueda de nuevos inversores, siempre que desemboque en el reinicio de la actividad 
productiva de la instalación recuperando, al menos, el 50 por ciento de su producción y de 
su nivel de empleo anteriores.
Por otro lado, la cogeneración de alta eficiencia que utilice combustibles renovables, 
gas natural o de bajas emisiones, es un instrumento relevante para la mejora de la 
eficiencia energética y la reducción de las emisiones en los usos industriales de la energía.
Ante la próxima finalización de la vida útil regulatoria de una importante parte del 
parque de cogeneración actualmente en funcionamiento, resulta necesario y urgente 
establecer una habilitación que permita extender su vida útil, de manera que dicha 
capacidad siga operativa y evitando, al mismo tiempo, la necesidad de que cuantiosos 
recursos económicos tengan que ser destinados a su sustitución en un momento en que 
la financiación se va a convertir en un recurso escaso que conviene dirigir de la manera 
más eficiente para el conjunto de la sociedad. Lo anterior se lleva a cabo en la disposición 
transitoria tercera del real decreto-ley.
La industria necesita seguir operando sus actuales instalaciones de cogeneración con 
un mínimo de rentabilidad. Su cierre significaría una escalada de sus costes energéticos, 
la pérdida de eficiencia del sistema energético y un aumento de emisiones, dado que las 
empresas tendrían que sustituir sus instalaciones actuales de cogeneración tanto por el 
consumo eléctrico necesario como por los equipos generadores de calor equivalente. Es 
urgente desarrollar un marco que posibilite su operación al concluir su vida útil actual para 
evitar la pérdida de eficiencia del sistema y de rentabilidad de sus operadores, ya que 
durante 2018 y 2019 finalizarán su vida útil decenas de instalaciones de cogeneración con 
una potencia estimada de 248 MW, de los cuales 237 MW pertenecen a instalaciones de 
cogeneración de alta eficiencia que utilizan combustibles renovables o gas natural.
Con este real decreto-ley, por tanto, se contribuye a mejorar la competitividad de 
nuestra industria y se establecen mecanismos que le permitan, en el ámbito de los costes 
energéticos, competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno. 
Además, de forma simultánea, se articulan mecanismos que aseguren la transición justa, 
así como una relación sinalagmática de la industria con la sociedad, garantizando que el 
esfuerzo que ésta realiza se traduzca en creación y mantenimiento del empleo y en 
generación de actividad económica.
VI
En lo que al sector del comercio se refiere, recientemente se han producido una serie 
de circunstancias y acontecimientos que hacen necesario replantearse la regulación de 
determinados aspectos dentro del ámbito del comercio minorista y, por tanto, la 
modificación de una serie de preceptos que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la derogación de su normativa de 
desarrollo.
En primer lugar, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de 
octubre de 2017, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso 
Europamur Alimentación S. A., declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con 
pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el 
mercado interior. Ello obliga a realizar la modificación del citado artículo con premura, ya 
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que las sentencias recaídas en procesos relativos a cuestiones prejudiciales constituyen 
interpretación del Derecho Comunitario y solo cabe acatarlas por los Estados miembros al 
ser de obligado cumplimiento.
La referida sentencia declara que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o 
realizar ventas con pérdida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibición 
basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva, que los Estados miembros no 
pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión 
Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y 
que la deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a 
los criterios que fija la propia Directiva. La regulación vigente sobre la venta a pérdida 
recogida en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista no se adapta a 
estas exigencias.
En consecuencia, urge la modificación de su regulación, tanto para dar cumplimiento 
al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar la apertura de un 
procedimiento sancionador por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, como 
para que se supere la inseguridad jurídica que ahora existe en esta materia para un sector 
tan importante para la economía española como es el de la distribución comercial.
La nueva regulación de la venta a pérdida que se establece en el artículo 6 de este real 
decreto-ley cumple con la referida sentencia, ya que no establece una prohibición general, 
aunque sí determinadas limitaciones, que son conforme a lo que dispone la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de 
las empresas a los consumidores en el mercado interior. También desaparece la 
automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, 
para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los 
supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por 
tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.
Por otra parte, esta norma es respetuosa con las competencias autonómicas, ya que 
las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio 
y/o de consumo en función de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulación sigue 
manteniendo la definición técnica de venta con pérdida, que facilita a las Comunidades 
Autónomas su función de inspección y sanción, ya que les proporciona el indicio, pero 
dado que esto no es suficiente para imponer la sanción, debe acreditarse que además de 
existir venta a pérdida ésta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina 
la ley.
En segundo lugar, entre las medidas adoptadas en el ámbito del comercio, mediante 
el presente real decreto-ley se lleva a cabo la modificación de los artículos 38 y 62 de la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, con el objetivo de 
suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia, 
que se encuentran previstos en los referidos artículos.
Por lo que se refiere al Registro de Franquiciadores, se encuentra actualmente 
regulado en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro 
de franquiciadores. A raíz de las decisiones adoptadas en la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas, en 2016 se puso en marcha el Registro de Franquiciadores 
telemático. Sin embargo, las aplicaciones informáticas en las que se sustenta presentan 
graves carencias. Su utilización resulta complicada y poco intuitiva para los usuarios y ha 
supuesto la introducción de trabas y exigencias que habían sido superadas.
Por otra parte, la única información que este Registro verifica es que la empresa 
franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestión que ya 
estaba cubierta por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ningún dato más de los 
comunicados por los franquiciadores es objeto de comprobación por el personal del 
Registro. No obstante, el incumplimiento de la obligación de comunicación de datos y alta 
en el mismo prevista en la Ley 7/1996, de 15 de enero y en el Real Decreto 201/2010, 
de 26 de febrero, constituye, según el artículo 65.1.r) de dicha ley, una infracción grave.
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En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en 
el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos 
de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia, 
dictado en desarrollo de las previsiones del artículo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista.
De todos los supuestos que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista regula en su 
Título III como ventas especiales (ventas a distancia, ventas ambulantes o no sedentarias, 
ventas automáticas y ventas en pública subasta) la única en la que se exige registro es en 
la modalidad de venta a distancia, sin que exista una justificación para esta diferenciación.
El artículo 5 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, enumera las técnicas de 
ventas a distancia que quedan incluidas en la obligación registral, exceptuando de forma 
expresa las empresas de servicios de sociedad de la información cuando únicamente 
ejerzan su actividad a través de internet. De forma que las empresas que tienen 
obligatoriamente que solicitar su alta en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia 
son aquellas que ejercen su actividad comercial a través de técnicas como el catálogo, el 
impreso, la carta normalizada, publicidad en prensa con cupón de pedido, el teléfono, la 
radio, la televisión, visiófono, vídeo texto y fax.
Al igual que ocurre con el Registro de Franquiciadores, la información que facilita el 
Registro de Ventas a Distancia se basa únicamente en las afirmaciones de la empresa, sin 
que exista actividad de verificación de ningún tipo, como tampoco se exige la presentación 
de documentación acreditativa alguna.
Se han valorado los escasos resultados de la telematización del Registro de 
Franquiciadores, el elevado coste de dicho proyecto, la carga que el mismo ha supuesto 
para los obligados, las limitaciones que impone la normativa vigente y la escasa relevancia 
de la información que el mismo proporciona. Así mismo, debe valorarse la escasa 
relevancia de los métodos de venta a distancia sobre los que incide la obligación registral, 
que difícilmente justificaría el gasto en recursos humanos y materiales que tiene asignados, 
y la inversión necesaria para la puesta en marcha del Registro de Ventas a Distancia en 
su versión telemática.
A la vista de lo anterior, y tras el análisis de la evolución del mercado en el sector, las 
necesidades reales del mismo y las limitaciones tanto funcionales como competenciales 
que presentan ambos registros, se ha concluido que éstos ya no cumplen la función legal 
de política administrativa correspondiente a la disciplina de mercado y dirigida a la 
protección del consumidor que justificó su existencia, por lo que, con base en razones de 
supresión de trabas para las empresas, incentivación de la actividad económica y de 
racionalización de recursos, se ha adoptado la decisión de suprimirlos. Por todo lo anterior, 
y por la existencia de un fuerte régimen sancionador asociado al incumplimiento de la 
obligación de comunicación de datos, es de máxima urgencia que la solución definitiva se 
adopte a la mayor brevedad, para mayor garantía y seguridad jurídica de los sectores 
afectados.
Por lo que se refiere a las becas del Programa de Becas ICEX a la Internacionalización, 
hay que señalar que de acuerdo con la disposición final décima octava de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estas becas que 
hasta entonces venían siendo reguladas por la normativa interna del organismo público 
conforme a los principios de la Ley General de Subvenciones, quedan sometidas 
íntegramente a esta ley, lo que implica que su normativa reguladora debe ajustarse a lo 
establecido en la misma.
No obstante, teniendo en cuenta la elevada dificultad conceptual y procedimental, 
incluso de viabilidad, que conlleva la adaptación de la normativa interna del Programa de 
Becas ICEX a la Internacionalización, mientras dicha adaptación no se produzca y a 
efectos de garantizar la convocatoria para el año 2019, urge y es necesario recoger la 
previsión en la disposición transitoria cuarta del real decreto-ley de que para dicha 
convocatoria no resulte de aplicación lo establecido en la disposición final décima octava 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Lo anterior constituye una medida de extraordinaria y 
urgente necesidad ya que, de no adoptarse, no sería posible realizar la convocatoria de 
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becas en el ejercicio 2019, impidiendo la realización de las actividades y funciones que son 
encomendadas al ICEX, y no existiendo otro mecanismo que garantice en el próximo año 
dicha actividad.
En conclusión, a la vista de los hechos descritos, en el conjunto de las medidas que se 
adoptan en el ámbito del comercio concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
VII
Por último, la norma incluye en las disposiciones finales primera y segunda, 
respectivamente, sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de 
julio, para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el 
ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 
la materia.
En el primer caso, la sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, ha 
declarado nulos determinados aspectos puntuales de la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(en adelante, AICA), interpretando, ante la ambigüedad del texto legal, que el legislador 
estaba invadiendo competencias autonómicas. En concreto, se ha declarado 
inconstitucional la letra e) del apartado sexto de la referida disposición adicional en cuanto 
atribuye en exclusiva a la AICA el establecimiento y desarrollo del régimen de control 
necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En consecuencia, 
resulta necesario concretar de manera expresa en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que el 
ámbito de aplicación de esta función de control que se atribuye a la AICA se limita al propio 
de la Administración General del Estado. Todo ello permitirá a este organismo realizar una 
planificación de sus controles, actuando proactivamente ante la posible comisión de 
irregularidades y no sólo como consecuencia de las denuncias que le sean presentadas.
Por otra parte, y también con motivo de un pronunciamiento judicial que ha generado 
un vacío normativo que urge colmar, este real decreto-ley introduce en la Ley 28/2015, 
de 30 de julio, un concreto ajuste a efectos de salvaguardar el correcto encaje de las 
facultades de control de los poderes públicos en materia de calidad alimentaria, un aspecto 
de importancia capital para la adecuada articulación de la cadena alimentaria a que se ha 
hecho referencia. Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016, de 21 de julio, 
vino a anular una parte concreta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, considerando que 
contenía un excesivo detalle en el tratamiento de las conductas tipificadas, que debiera 
permitir un mayor desarrollo normativo por las administraciones autonómicas en ejercicio 
de sus competencias. Como consecuencia de este pronunciamiento judicial, se anuló 
entre otros extremos una parte de la disposición transitoria única de la referida, por lo que 
resulta urgente articular de modo cognoscible el régimen de infracciones y sanciones 
aplicable en estos casos, garantizando al propio tiempo la seguridad jurídica de los 
operadores y los poderes públicos afectados y logrando con ello la efectiva articulación 
entre sistemas sancionadores en materia de calidad agroalimentaria. Esta inclusión, sin 
alterar el esquema general prevenido en la ley, viene a completar su contenido y actúa 
como correlato lógico sectorial de las medidas ya previstas con carácter general por la 
legislación.
Las anteriores modificaciones normativas se encuadran sin dificultad en el concepto de 
extraordinaria y urgente necesidad, pues los cambios normativos que se establecen no 
pueden demorarse debido a los perjuicios que estas lagunas jurídicas generan en el correcto 
funcionamiento del mercado, derivados de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 
Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a esta circunstancia, 
dotando de reglas claras y cognoscibles al sector agroalimentario, con el fin de que tanto 
operadores como entidades públicas, no sólo puedan actuar en la legítima confianza de que 
concurren los requisitos de validez de su marco regulador, sino también con garantía de la 
plena adecuación de dicha regulación a las concretas necesidades de su estructura.
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VIII
Tal y como se ha justificado caso por caso en los apartados anteriores, se considera 
que la adopción del conjunto de medidas contempladas en el presente real decreto-ley 
reúne, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente 
necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución como presupuestos habilitantes 
para su aprobación.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/2014, de 11 de 
septiembre (FJ 5), señaló «la relevancia, desde la perspectiva del artículo 86.1 CE, de la 
ordenación de los procesos que se desarrollan en el sector energético (SSTC 170/2012, 
de 4 de octubre, FJ 6; 233/2012, de 13 de diciembre, FJ 2; y 39/2013, de 14 de febrero, 
FJ 8)». Así, en relación con la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente 
necesidad en la adopción de un real decreto-ley, el Tribunal Constitucional señala que «la 
importancia del sector energético para el desarrollo de la actividad económica en general 
determina que su ordenación, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el 
funcionamiento de los distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir 
una necesidad cuya valoración entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponde 
al Gobierno…».
La extraordinaria y urgente necesidad también se deriva de los riesgos que afectan a 
la competitividad del sector industrial español, de los elevados precios de la factura 
eléctrica para la industria y, en particular, para las industrias electrointensivas, así como de 
las situaciones de incumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales 
exigidos a vehículos y productos industriales, y cuya vigencia inmediata es imprescindible 
para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En concreto, 
por lo que a la modificación de sanciones en materia de seguridad industrial se refiere, hay 
que recordar la STC 3/1988, relativa al Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre 
protección de la seguridad ciudadana, en su FJ 6 considera que el establecimiento de 
infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al artículo 25 de la 
Constitución: «… la utilización del Decreto-ley para la previsión de tipos de ilícito y las 
correspondientes sanciones no supondría una contradicción con lo dispuesto en el 
art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, según el art. 86. 1 C.E., como «disposición 
legislativa» que se inserta en el ordenamiento jurídico (provisionalmente hasta su 
convalidación, y definitivamente tras ésta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley 
(STC 29/1982, de 31 de mayo, fundamento jurídico 2.º)».
En cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito del comercio, en primer lugar, urge la 
modificación de la regulación vigente sobre la venta a pérdida recogida en el artículo 14 de 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista una vez que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha declarado que no se adapta a las exigencias de la Directiva 2005/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales 
de las empresas a los consumidores en el mercado interior. En segundo término, es 
necesaria la supresión de las obligaciones relativas a los registros que se contienen en la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y en sus normas de 
desarrollo, las cuales se han revelado como poco justificadas constituyendo cargas para 
las empresas, pero cuyo incumplimiento, sin embargo, puede ser objeto de sanción.
En definitiva, de todo lo anterior resulta que el real decreto-ley representa un 
instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la 
consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, tal como 
reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de 
febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10; 
137/2011, F. 7 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), que subvenir a un situación concreta, dentro de 
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
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Además, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas 
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I 
de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral 
general.
Por tanto, cabe concluir que en conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, 
concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente 
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuestos habilitantes para 
la aprobación de un real decreto-ley.
IX
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al 
Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, al 
ser la actividad industrial una parte de la actividad económica, en la que el Estado tiene 
competencia exclusiva para determinar las bases y la coordinación referente a toda clase 
de industrias. Asimismo, esta norma se dicta de acuerdo con las competencias estatales 
establecidas en los artículos 149.1.7.ª y 17.ª sobre la legislación laboral y legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Por otro lado, la norma se fundamenta en el título competencial reconocido en el 
artículo 149.1.25.ª sobre bases del régimen minero y energético, y se adecua a la doctrina 
del Tribunal Constitucional con relación al alcance de las normas básicas en materia de 
energía respetando las competencias que, en su caso, se atribuyan a las comunidades 
autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía.
Las medidas adoptadas en materia de comercio se fundamentan en los artículos 149.1.6.ª 
y 8.ª de la Constitución, que otorgan al Estado la competencia exclusiva para regular el 
derecho mercantil de la competencia y la legislación civil. Asimismo, estas medidas 
también se amparan en el título competencial otorgado al Estado en el artículo 149.1.13.ª 
sobre bases y de coordinación de la planificación general de la actividad económica.
X
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el 
cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que 
se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de 
proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad 
jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estableciéndose un 
marco normativo estable, integrado y claro. Por último, en cumplimiento del principio de 
transparencia la norma identifica claramente su propósito, ofreciéndose en esta 
Exposición de Motivos una explicación de las medidas que se adoptan en los distintos 
sectores.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la Ministra 
para la Transición Ecológica y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2018,
cve: BOE-A-2018-16791
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DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en materia de industria
CAPÍTULO I
Medidas de fomento de la competitividad industrial
Artículo 1.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se añade un nuevo apartado 6 a la disposición transitoria cuarta del texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, con la siguiente redacción :
«6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial 
con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación 
y modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes 
del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice 
directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en 
tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, 
puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria 
y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un 
período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad 
acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los 
términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o 
en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje 
de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, 
supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su plantilla.
d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle 
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento, o 
del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a 
jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. Dichos porcentajes 
se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador 
relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser 
inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes a 
los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación 
parcial.
f) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la fecha 
del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en 
cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años.»
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Artículo 2.  Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria queda modificada en los siguientes 
términos:
Uno. Se modifica el artículo 34 que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.
b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, podrá 
actualizar, mediante real decreto, las cuantías de las sanciones.
2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:
a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación y beneficio obtenido.
c) La capacidad económica del infractor.
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
e) La reincidencia.
f) El número de productos puestos en el merado objeto de la infracción.
g) El volumen de facturación de la entidad, incluido el grupo al que pertenezca.
3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, en las 
infracciones graves y muy graves, la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones 
Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta 
cinco años en las muy graves.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, 
serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1 las acciones u omisiones 
tipificadas en la presente Ley que lo estén también en otras, se calificarán con 
arreglo a la que comporte mayor sanción.»
Dos. Se modifica el artículo 35 que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 35. Multas coercitivas.
Con independencia de las multas previstas en los artículos anteriores, los 
órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el 
requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de productos o instalaciones 
a lo dispuesto en las normas o a la obtención de autorización para la ejecución de 
actividades, podrán imponer multas coercitivas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la 
multa fijada para la infracción cometida.»
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CAPÍTULO II
Medidas de apoyo para la transición justa de la industria electrointensiva
Artículo 3.  Redes de distribución de energía eléctrica cerrada.
1. Se habilita al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la figura de la red de 
distribución de energía eléctrica cerrada, para el suministro de electricidad a actividades 
industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas 
en ámbitos geográficos reducidos.
2. A tal efecto, el Gobierno desarrollará en el plazo máximo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley un reglamento que recoja el procedimiento 
y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización 
administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada. Entre dichos 
requisitos deberán contemplarse, al menos, los relativos a la sostenibilidad económica y 
financiera del sistema eléctrico, garantía de la seguridad en la operación, la evitación de la 
fragmentación y redundancia en las redes para alimentar a los consumidores, la evitación 
de la discriminación entre grupos de consumidores que reúnan características similares, y 
la minimización del impacto ambiental provocado por las redes. La autorización podrá ser 
revocada si dejan de cumplirse los requisitos que se establezcan para su autorización.
El real decreto señalado, adicionalmente, podrá regular aspectos relativos a la 
propiedad de los activos, las condiciones de acceso a las redes de distribución de energía 
eléctrica cerradas, los tipos de contratos y las obligaciones económicas y técnicas con el 
sistema eléctrico.
3. Las redes de distribución cerradas deberán ser autorizadas por la Dirección 
General de Política Energéticas y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, previo 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que se analice 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 2 y, en particular, la sostenibilidad 
económica y financiera del sistema eléctrico.
Artículo 4.  Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 
el Gobierno aprobará, mediante real decreto, un Estatuto de Consumidores 
Electrointensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores eléctricos 
con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda 
eléctrica y una curva de consumo estable y predecible.
2. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos establecerá la caracterización de 
dichos consumidores atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen 
de potencia y energía demandadas, así como a su contribución potencial a una mejor 
gestión técnica y económica del sistema eléctrico.
3. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos desarrollará mecanismos a los que 
se podrán acoger estos consumidores, encaminados a mitigar los efectos de los costes 
energéticos sobre la competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria, así 
como las obligaciones y compromisos que deberán asumir dichos consumidores en el 
ámbito de la eficiencia energética, sustitución de fuentes energéticas emisoras y 
contaminantes, inversión en I+D+i y empleo, entre otros.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios de ayudas a la industria electrointensiva.
1. Los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva previstas en el 
artículo 4 y en la disposición adicional sexta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la 
fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas.
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2. Se entenderá que los beneficiarios incumplen esta obligación de mantenimiento de 
la actividad cuando, durante el referido periodo de tres años, incurran en alguno de los 
siguientes supuestos:
a) Procedan de manera efectiva a reducir en más de un 85 por ciento su capacidad 
de producción.
b) Se comunique la decisión empresarial de despido colectivo, conforme a lo recogido 
en artículo 12.1 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre, y que ésta comunicación implique una reducción de más de un 85 por 
ciento de toda su plantilla.
No se considerará incumplida esta obligación en los supuestos de transformación, 
fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos siempre que la entidad adquirente 
mantenga la actividad en los términos previstos en este apartado. Tampoco se considerará 
incumplida esta obligación cuando el presupuesto de incumplimiento derive de un 
procedimiento de liquidación en el marco de un proceso concursal previsto en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3. El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad dentro del 
periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las 
ayudas, será causa de reintegro de las mismas para lo que se seguirá el procedimiento 
previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
4. Se podrán excluir del reintegro, en las condiciones y de acuerdo con el 
procedimiento que se desarrolle reglamentariamente, a aquellas empresas industriales 
que, a pesar de haber reducido su capacidad productiva o su plantilla en más de un 85 por 
ciento, lo hagan de forma temporal durante el proceso de búsqueda de nuevos inversores, 
siempre que dicho proceso desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la 
instalación recuperando, al menos, el 50 ciento de su producción y de su nivel de empleo 
anteriores.
5. No podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas en 
las que concurra alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 o que estén 
incursas en un procedimiento concursal de conformidad con la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal.
TÍTULO II
Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial 
minorista y registros específicos
Artículo 6.  Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 14 que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Venta con pérdida.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrán realizar ventas 
al público con pérdida si éstas se reputan desleales. Las ventas con pérdida se 
reputarán desleales en los siguientes casos:
a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del 
nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 
establecimiento ajeno.
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c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un 
competidor o grupo de competidores del mercado.
d) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información 
falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja 
específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor 
medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, 
no hubiera realizado.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe 
venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de 
adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que 
figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste 
efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, 
incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.
Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por 
sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días 
siguientes a su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la 
anterior un plazo adicional de 10 días para su subsanación y nueva remisión de la 
correspondiente factura rectificada.»
Dos. Se modifica el artículo 38 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38. Concepto.
1. Para la calificación de las ventas a distancia se estará a lo dispuesto en el 
artículo 92 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. Para el ejercicio de las ventas a distancia será de aplicación el régimen 
contenido en el título III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.»
Tres. Se modifica el artículo 62 que queda redactado como sigue:
«Artículo 62. Regulación del régimen de franquicia.
1. La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto 
en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada 
franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de 
un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
2. Con una antelación mínima de 20 días a la firma de cualquier contrato o 
precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador 
de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado 
por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con 
conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los 
datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de 
actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la 
franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos 
esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las 
demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.»
Cuatro. El artículo 65.1.a) queda redactado como sigue:
«a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que 
esta fuera preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la 
administración comercial exigidas por la normativa vigente.»
cve: BOE-A-2018-16791
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Cinco. El artículo 65.1.c) queda redactado como sigue:
«c) Realizar ventas con pérdida que sean desleales en los supuestos del 
artículo 14.1.»
Disposición transitoria primera.  Expedientes en curso de ayudas.
Lo dispuesto en el artículo 5 será de aplicación a los procedimientos de concesión de 
ayudas en tramitación en los que en el momento de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley no se haya dictado resolución de concesión de las ayudas por el órgano 
competente.
Disposición transitoria segunda.  Condiciones para las instalaciones que contengan 
refrigerantes del grupo A2L.
En tanto no se apruebe, mediante real decreto, el nuevo Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, en el que se 
establezcan medidas específicas para las instalaciones con refrigerantes de la clase A2L, 
según norma UNE-EN 378-1:2017, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera 
inflamabilidad, será de aplicación lo siguiente:
1. Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire 
portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de 
clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 
[m1=LIIx4m3], no le aplicaran los requisitos de la presente disposición ni aquellas que 
pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011, en 
reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo 
que conlleva una reducida probabilidad de ignición.
Siendo m1 uno de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la UNE-EN 
378-1:2017 y, LII el límite inferior de inflamabilidad, que aparece en la tabla E.1 del anexo E 
de la norma UNE-EN 378-1:2017 en kg/m3. El multiplicador 4 se basa en una carga 
de 150 gr. del refrigerante R-290.
2. Los sistemas de refrigeración no compactos, que contengan refrigerantes de clase 
A2L, con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 
[m1=LIIx4m3], en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de 
combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición, se les aplicará 
única y exclusivamente lo siguiente:
La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas 
instalaciones se realizará por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el 
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones, o por las empresas 
instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
La empresa que realice la instalación deberá entregar al titular del sistema o instalación 
la siguiente documentación:
a) Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, 
modelo, año, número de fabricación, carga, denominación y grupo del refrigerante 
empleado, así como las actuaciones realizadas.
b) Manual de instrucciones.
3. El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase 
A2L, que no sobrepasen los límites máximos de carga conforme a las tablas C.1 y C.2 del 
anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 y que no requieran medidas de protección 
específicas según el análisis de riesgos contemplado en la norma UNE-EN 378-1:2017, 
distintas a las medidas adicionales incluidas en el apartado C.3 del anexo C de la norma 
cve: BOE-A-2018-16791
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UNE-EN 378-1:2017, está exento de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra 
los riesgos que pudieran derivarse de la instalación, con cuantía mínima de 500.000 €.
4. Las instalaciones que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, 
que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores 
superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores 
frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cámara 
de atmósfera artificial, pueden ejecutarse por empresas frigoristas de nivel 1, de las 
establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, o por las empresas instaladoras 
que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5. Para instalaciones con carga de refrigerante igual o superior al resultado de aplicar 
el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de 
seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los 
compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los 
compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen 
ninguna cámara de atmósfera artificial, deberán comunicar a la Comunidad Autónoma la 
siguiente documentación:
a) Memoria técnica de la instalación ejecutada firmada por el instalador frigorista o 
técnico titulado competente, facilitando por escrito al usuario información detallada de los 
equipos: fabricante, modelo, tipo y carga de refrigerante y año de fabricación. Adjuntará un 
documento del cálculo justificativo de que la instalación cumple con las exigencias de la 
norma UNE-EN 378-1:2017, en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del 
equipo sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho 
documento estará firmado por el representante legal de la empresa frigorista o por técnico 
titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los límites de carga según se 
establecen en las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 o por un 
técnico titulado competente si se sobrepasan los límites de carga o se requiere hacer 
análisis de riesgo.
b)  «Análisis de riesgo» de la instalación, en caso de que no se satisfagan los criterios 
del punto anterior, es decir que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida de 
acuerdo con la norma UNE-EN 378-1:2017, documentando si se trata de una zona de 
extensión despreciable (ED) según la Norma UNE-EN 60079-10-1, en caso contrario 
deberá aplicarse el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de 
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. En este caso la 
instalación la realizara una empresa instaladora de nivel 2.
c) Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, 
confirmando que dispone de personal habilitado para la instalación y manejo de sistemas 
e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L, que está familiarizado con los requisitos 
de este tipo de instalaciones con respecto a estos refrigerantes y ha recibido la formación 
necesaria, y que la instalación y sus componentes cumplen con las condiciones específicas 
que recomienda el fabricante de los equipos para la utilización de esta clase de 
refrigerantes A2L.
d) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista.
Los certificados indicados en los apartados c) y d) anteriores podrán unificarse en un 
solo documento que incluya toda la información exigida en ambos.
e) Certificado de instalación eléctrica, que incluya la parte correspondiente a la 
instalación frigorífica, firmado por un instalador en baja tensión.
f) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías 
de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios 
de seguridad o presión.
g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, las declaraciones de 
conformidad CE de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, 
y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones 
de conformidad de las tuberías cuando aplique.
h) Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista.
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Disposición transitoria tercera.  Instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles 
renovables o gas natural que han agotado su vida útil regulatoria.
Las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia que utilicen combustibles 
renovables o gas natural, y que superen su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de 
enero de 2018, podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a 
su instalación tipo por la energía que produzcan desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley y hasta un periodo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley. Este derecho a la percepción de la retribución a la operación se 
extinguirá en el caso de que se desarrolle reglamentariamente un régimen regulador de 
estas tecnologías.
Para la percepción de esta retribución, las instalaciones de producción de energía 
eléctrica con cogeneración a las que sea de aplicación esta disposición deberán 
mantenerse en el cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y de los demás 
requisitos recogidos en la normativa de aplicación.
Disposición transitoria cuarta.  Convocatoria del Programa de Becas ICEX de 
Internacionalización para el año 2019.
Lo previsto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no resultará de aplicación a la convocatoria de las 
becas de Internacionalización Empresarial de ICEX correspondiente al ejercicio 2019. 
Durante dicho ejercicio deberá adaptarse la normativa reguladora de las mencionadas 
becas a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el fin de que la normativa 
de subvenciones resulte de aplicación a las becas convocadas en 2020.
Disposición adicional primera.  Información no financiera de las empresas con 
trabajadores acogidos a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración 
de contrato de relevo.
Las empresas que empleen a trabajadores que se hayan acogido a la modalidad de 
jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo establecida en el 
apartado 6 de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en 
la redacción dada por el artículo 1 de este real decreto-ley, deberán incluir entre la 
información no financiera contenida en el informe de gestión previsto en el artículo 262.1 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el conjunto de medidas que hayan adoptado en el marco 
de la transición justa hacia una economía descarbonizada.
Disposición adicional segunda.  Evaluación de las medidas establecidas en el real 
decreto-ley.
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración, en su caso, con los 
Departamentos ministeriales competentes, llevará a cabo una evaluación de las medidas 
establecidas en el mismo. A estos efectos, la evaluación contendrá, al menos, los criterios 
establecidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se 
regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la 
Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas expresamente las siguientes normas:
a) El artículo 65.1.r) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista.
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b) El Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados 
aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a 
distancia.
c) El capítulo III, la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda, la 
disposición transitoria primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en 
régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se modifica la letra e) del apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, que queda redactada como sigue:
«e) Establecer y desarrollar, en el ámbito de las competencias que tiene 
atribuidas por esta ley la Administración General del Estado, el régimen de control 
necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la 
defensa de la calidad alimentaria.
La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se suprime la disposición transitoria única.
Dos. Se introduce una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta . Infracciones.
La tipificación de las infracciones en materia de calidad alimentaria será la que 
al efecto se regule por la legislación de cada comunidad autónoma en la materia .»
Disposición final tercera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta norma se incorpora al derecho español el artículo 28 de la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE.
Disposición final cuarta.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 17.ª 
y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencias en materia de legislación 
mercantil, legislación laboral, legislación civil, bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social y bases de régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final quinta.  Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo previsto en este real decreto-ley.
cve: BOE-A-2018-16791
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Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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