BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56551
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8554 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La Alimentación en España es un signo de identidad que surge de la gran variedad y 
riqueza de las producciones agroalimentarias de este país que son consecuencia de la 
diversidad de sus tierras, mares, ecosistemas y tradiciones.
La importancia por tanto de todo lo relacionado con los alimentos, no deriva sólo de la 
necesidad de satisfacer una función primaria de todo ser humano, sino de la intrínseca 
relación que la alimentación ha venido tradicionalmente manteniendo con la sociedad, la 
economía y el medio rural en España.
Este vínculo inexorable ha ido consolidándose con el paso del tiempo y generando 
alrededor un sector de vital importancia, que tiene como fin último no sólo atender a las 
demandas de los consumidores, sino generar riqueza y contribuir de forma significativa al 
crecimiento económico y al desarrollo y progreso del medio rural español.
El sector agroalimentario en España tiene pues un valor estratégico innegable para la 
economía nacional, tal y como lo corroboran las magnitudes económicas sobre su 
participación en el PIB, en la balanza comercial, su dimensión, el número de empleos que 
genera o sus cotas de producción, que le sitúan como el primer sector manufacturero y 
uno de los que gozan de mayor proyección internacional.
No obstante, es un sector vulnerable en su conjunto por sus propias características, 
ya que integra a una amplia diversidad de agentes de los sectores de la producción, la 
transformación y la distribución, que a su vez se ven limitados individualmente por su 
idiosincrasia.
Con carácter general, el sector productor agrario se ve afectado por un alto nivel de 
atomización, en el que mayoritariamente se integran empresas de pequeña dimensión. 
La rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión 
territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural, son especificidades 
propias del sector agrario que le diferencian claramente de otros sectores económicos, tal 
y como lo demuestra el tratamiento que ha recibido en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea a través de la Política Agraria Común (PAC).
Por su parte, la industria agroalimentaria está integrada mayoritariamente por 
pequeñas y medianas empresas, junto con grandes grupos industriales españoles e 
internacionales.
El sector de la distribución alimentaria se encuentra dividido en dos tipos de canales 
de venta. El canal de venta organizado que está muy concentrado en empresas con 
superficies de venta de mediano y gran tamaño que ofertan una amplia gama de 
productos que, normalmente, pertenecen a grandes grupos de distribución minorista que 
concentran la demanda de los distintos puntos de venta, lo que les confiere un gran poder 
de negociación frente a los proveedores. El otro canal de venta es el del comercio 
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56552
especializado, formado por empresas con superficies de venta al público de reducido 
tamaño de tipo familiar, ubicadas en mercados municipales, galerías comerciales o 
instalaciones de venta propias.
Esta heterogeneidad ha condicionado sin duda el funcionamiento y las relaciones de 
los agentes que operan a lo largo de la cadena alimentaria, evidenciando deficiencias que 
se han visto agravadas en el contexto de la actual crisis económica global. La volatilidad 
de los precios percibidos por los productores, el alto coste de los insumos y la inestabilidad 
de los mercados internacionales, son factores coyunturales que han mermado la 
competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario.
Un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia la existencia de 
claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan, 
en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales 
potencialmente desleales y con prácticas contrarias a la competencia que distorsionan el 
mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector 
agroalimentario.
El correcto funcionamiento de la cadena alimentaria resulta indispensable para 
garantizar un valor añadido sostenible para todos los operadores que contribuya a 
aumentar su competitividad global y revierta igualmente en beneficio de los consumidores. 
Por tanto, se hace imprescindible atajar esta problemática desde una perspectiva de 
conjunto que alcance a todos los agentes que se interrelacionan a lo largo de la cadena 
alimentaria de manera que se garantice la unidad de mercado para que el sector 
agroalimentario pueda desarrollarse plenamente y desplegar todo su potencial.
La garantía de la unidad de mercado en el ámbito de la cadena alimentaria es un 
factor clave de competitividad que permitirá un mayor aprovechamiento de las economías 
de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que reducirá los 
costes de producción, mejorará la productividad y permitirá alcanzar mayores niveles de 
empleo y de bienestar.
II
La sociedad española y europea, así como las instituciones nacionales y comunitarias, 
no han permanecido ajenas a la situación que afecta a todo el sector agroalimentario 
derivada de los desequilibrios existentes entre los distintos eslabones de la cadena.
Desde que la Comisión Europea publicó su «Comunicación sobre la mejora en el 
funcionamiento de la cadena agroalimentaria» en 2009, se han multiplicado las iniciativas 
que han ido profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales 
que están afectando a su desarrollo.
A las diferentes iniciativas de la Comisión, se han sumado otras instituciones 
comunitarias: los Consejos de Ministros de Competitividad y Agricultura, el Parlamento 
Europeo y el Comité Económico y Social, que mediante declaraciones, resoluciones e 
informes han evidenciado la gravedad y extensión global de este problema, subrayando 
la necesidad de que los Estados adopten medidas para solucionar este problema social y 
económico.
La constitución del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria, a finales de 2011, es el último paso dado por la Unión Europea para 
buscar soluciones que permitan garantizar una mayor transparencia de los precios, 
mejorar la competencia, evitar el abuso de poder en la negociación y contratación, prohibir 
la especulación y fomentar la autorregulación.
Paralelamente, en España, el Congreso de los Diputados ha llevado a cabo varias 
iniciativas para instar al Gobierno a promover políticas orientadas a conseguir que los 
operadores de la cadena de valor, especialmente los agricultores y ganaderos, perciban 
la contraprestación suficiente y, en consecuencia, obtengan un beneficio adecuado a su 
actividad. En cumplimiento de esta proposición se impulsó la creación en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Observatorio de Precios de los Alimentos, 
con el fin de contribuir a dotar de mayor transparencia a los mercados.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56553
Estos debates y análisis de la situación que afecta a la cadena alimentaria, se han 
extendido también a nivel interno en la mayoría de los Estados miembros, donde se van 
implementado diversas medidas de variado alcance pero que comparten una misma 
finalidad.
El objetivo común de todas estas iniciativas comunitarias y nacionales mencionadas 
en los párrafos anteriores, es lograr el equilibrio de la cadena alimentaria y poder 
garantizar una competencia justa, leal y efectiva manteniendo un adecuado nivel de 
precios e informando de forma adecuada a los consumidores.
III
En el marco expuesto, la presente ley tiene como finalidad mejorar el funcionamiento 
y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y 
competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las 
relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco 
de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de 
los consumidores.
Para el cumplimiento de este objetivo, la ley se estructura del modo siguiente:
Un Título I de «Disposiciones generales» que  regula el objeto y ámbito de aplicación 
de la Ley, sus fines, algunas definiciones y la colaboración que habrá de regir las 
relaciones de las Administraciones públicas competentes en el ejercicio de las actuaciones 
que realicen en el marco de lo dispuesto en esta Ley.
El ámbito de aplicación de la Ley se extiende a las relaciones comerciales entre todos 
los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la 
distribución de alimentos o productos alimenticios.
Quedarán excluidas de la aplicación de esta ley las entregas de producto que se 
realicen a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas, por parte de los socios 
de las mismas.
Sin embargo, serán también operaciones comerciales sujetas a lo dispuesto en esta 
ley, las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los procesos de 
envasado, transformación o acopio para su posterior comercialización, y en todo caso, las 
compras de los animales vivos, los piensos y todas las materias primas e ingredientes 
utilizados para alimentación animal. Por tanto, no será de aplicación esta ley a las 
relaciones comerciales que afecten a los restantes insumos agroalimentarios.
Asimismo, el ámbito de aplicación del Capítulo I del Título II de esta ley se circunscribe 
a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales, 
continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, siempre que éstos se 
encuentren en algunas de las siguientes situaciones de desequilibrio:
a) Que uno de los operadores tenga la condición de PYME y el otro no.
b) Que, en los casos de comercialización de productos agrarios no transformados, 
perecederos e insumos alimentarios, uno de los operadores tenga la condición de 
productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos 
y el otro no la tenga.
c) Que uno de los operadores tenga una situación de dependencia económica 
respecto del otro operador, entendiendo por tal dependencia, que la facturación del 
producto de aquél respecto de éste sea al menos un 30% de la facturación del producto 
del primero en el año precedente.
Finalmente, de acuerdo con la definición de cadena alimentaria que se incluye en el 
artículo 5, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley las actividades del 
transporte, así como las relaciones comerciales con las empresas que operan en el canal 
de hostelería, tales como los puntos de venta o establecimientos minoristas como hoteles, 
restaurantes, bares y cafeterías.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56554
En este Título es importante destacar el artículo 6, que está dedicado a la colaboración 
entre las Administraciones Públicas, que será determinante para garantizar el adecuado 
cumplimiento del contenido de esta ley y del principio de unidad de mercado.
Un Título II con un Capítulo I que regula los contratos alimentarios que se suscriban 
entre los operadores de la cadena alimentaria. La novedad más significativa, para 
garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, es el 
establecimiento de la obligación de formalizarlos por escrito que afectará al contrato de 
suministro, el de compraventa y el de integración. Asimismo, se establece la obligación de 
incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales de los 
mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de 
productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción) pactados 
libremente por las partes conforme a los principios rectores de esta Ley. En ningún caso, 
el requisito de forma exigido lo es de existencia y validez del contrato.
Por último, se regulan asimismo las subastas electrónicas y la obligación de 
conservación de documentos por los operadores durante un período de dos años a 
efectos de los controles que resulten pertinentes.
Con la regulación de los contratos alimentarios también se pretende conseguir una 
mayor transparencia (afloramiento de economía sumergida) en las relaciones comerciales 
del ámbito de la cadena alimentaria.
En el Capítulo II se regulan las prácticas comerciales abusivas. Se prohíben las 
modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se 
realicen por mutuo acuerdo de las partes. Los contratos alimentarios deberán contener 
las correspondientes cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible 
modificación y, en su caso, para la determinación de su eficacia retroactiva.
Por lo que se refiere a los llamados pagos comerciales, se prohíben todos los pagos 
adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y bajo 
condiciones restrictivas.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador 
información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de 
su relación comercial. Además la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines 
para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
Finalmente, se incluye un precepto sobre gestión de marcas que establece la 
obligación de los operadores de  gestionar las marcas de productos alimentarios que 
ofrezcan al consumidor, tanto las propias como las de otros operadores, evitando 
prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia 
desleal de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como 
actos de publicidad ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad.
Asimismo, se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en 
beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad 
ilícita por reputarse desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación 
o en la publicidad del producto o servicio de cualesquiera elementos distintivos que 
provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o 
nombres comerciales de otro operador en los términos definidos en la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre de Marcas y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de 
Competencia Desleal.
En el Título III regula las buenas prácticas en la contratación alimentaria. El Capítulo I 
se centra en la regulación del Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación 
alimentaria que impulsaría el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, las Comunidades Autónomas y las 
organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la transformación, la 
industria o distribución, cuya adhesión será voluntaria por los operadores de la cadena.
A estos efectos, se ha previsto crear un Registro estatal, como instrumento público 
que agruparía a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al 
Código citado anteriormente.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56555
También se prevé que la inscripción de los operadores en el Registro se tenga en 
cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que en relación con la 
alimentación y la cadena alimentaria se promuevan por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
Por su parte, en el Capítulo II se prevé la posibilidad de que existan otros códigos de 
buenas prácticas comerciales impulsados por los propios operadores de la cadena, que 
también podrían inscribirse, así como sus operadores, en el Registro.
A continuación se regula el Título IV de la Ley en el que se crea el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Este nuevo órgano sustituye al Observatorio de Precios 
de los Alimentos cuya normativa de creación se deroga por la presente ley, para asumir 
nuevas funciones relacionadas con el funcionamiento de la cadena alimentaria y continuar 
ejerciendo las relacionadas con los precios de los alimentos.
Con carácter general, serán funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria el 
seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la 
cadena alimentaria y de los precios de los alimentos. Asimismo, informará la propuesta de 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria regulado en esta 
Ley, facilitará su conocimiento entre los operadores de la cadena y promoverá su adhesión 
y conocerá de los resultados de la aplicación del mismo para, en su caso, proponer las 
medidas de mejora o actualización que sean necesarias. Finalmente, también podrá dar 
traslado a la autoridad competente de aquellos incumplimientos de la ley que haya 
detectado en el ejercicio de sus funciones.
Su composición y funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
En el Título V se regula la potestad sancionadora que se aplicará por el incumplimiento 
de lo dispuesto en la presente ley, tipificando las infracciones y sanciones y delimitando 
las autoridades competentes que en cada caso corresponda ejercer dicha potestad.
Cabe destacar, en relación con la responsabilidad por incumplimiento de la obligación 
de formalizar por escrito los contratos, que se ha incluido la presunción, que admite 
prueba en contrario, de la autoría de los operadores que se encuentran en posición de 
mayor fuerza económica en la relación contractual por las infracciones de incumplimiento 
de las obligaciones de formalizar por escrito los contratos y de no inclusión de los 
extremos que como mínimo deben contener.
Asimismo, para garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio del Estado 
del régimen sancionador previsto en esta ley, se prevé que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente promueva, a través de la Conferencia Sectorial que 
corresponda por razón de la materia, la elaboración y aprobación de unas directrices 
comunes.
En el Título VI se incluyen medidas para mejorar la vertebración de la cadena 
alimentaria mediante el fomento de la integración y otras medidas que ayuden a mejorar 
la competitividad de sus operadores.
Asimismo, se incluyen cuatro disposiciones adicionales.
La Disposición adicional primera procede a la modificación del organismo autónomo  
Agencia para el Aceite de Oliva que pasará a denominarse Agencia de Información y 
Control Alimentarios, asumiendo además de las funciones que venía ejerciendo, aquellas 
nuevas relacionadas con el control del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
La Disposición adicional segunda regula los  Laboratorios agroalimentarios para el 
control oficial dependientes funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y establece la tasa que podrá exigirse por la prestación de sus servicios.
La Disposición adicional tercera señala expresamente que lo dispuesto en esta ley se 
efectuará con los medios materiales y personales destinados al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y a sus organismos dependientes, sin que suponga 
incremento neto de gasto, en especial, en relación a los gastos de personal.
Se incluyen también dos disposiciones finales de modificación normativa.
La Disposición final primera, procede a la reforma de la Ley 38/1994, de 30 de 
diciembre, Reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Con la 
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56556
nueva redacción quedan solucionados los problemas recientes del impago de la extensión 
de norma de interprofesionales de ámbito regional y de figuras de calidad. También se 
incluyen nuevas funciones (entre ellas la posibilidad de hacer previsiones estadísticas, 
regulación de oferta y negociación colectiva de precios) que deberán en todo caso 
someterse a lo previsto en la normativa de competencia nacional y comunitaria. 
Finalmente, actualiza el sistema de infracciones y sanciones.
Por lo que se refiere, a la Disposición final segunda, modifica la Ley 2/2000, de 7 de 
enero, Reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios.  Esta modificación 
responde a la necesidad de mejorar estos instrumentos esenciales en la construcción de 
un sector agroalimentario competitivo, eficaz y transparente. Por este motivo, es necesario 
actualizar el régimen de contratos-tipo en el ámbito agroalimentario, para dotar de una 
mayor estabilidad a los mercados, adaptando las producciones en cantidad y calidad a 
las demandas de los mercados exterior e interior y mejorando la transparencia y la 
competencia del mercado.
Las principales modificaciones al texto de esta ley se refieren a la posibilidad de tener 
en cuenta, en su caso, a la hora de fijar el precio, indicadores de precios o costes, siendo, 
en cualquier caso, el precio a percibir así como los indicadores que se apliquen, libremente 
fijados entre las partes. Estos indicadores deberán ser objetivos, transparentes y 
verificables, y no manipulables y se fijarán teniendo en cuenta la normativa sobre 
competencia. Asimismo, se procede a actualizar las infracciones y sanciones aplicables 
por incumplimiento de lo dispuesto en la ley.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de mejora del funcionamiento de la 
cadena alimentaria para la consecución de los fines establecidos en el artículo 3.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan 
entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la 
distribución de alimentos o productos alimenticios.
A los efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de relaciones comerciales y, 
por tanto, quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto que se 
realicen a cooperativas agrarias y otras  entidades asociativas, por parte de los socios de 
las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su realización.
2. Serán también operaciones comerciales además de las previstas en el apartado 
anterior, las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los 
procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior comercialización, y en 
todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las materias primas e 
ingredientes utilizados para alimentación animal.
3. El ámbito de aplicación del Capítulo I del Título II de esta ley se circunscribe a las 
relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales cuyo 
precio sea superior a 2.500 euros, siempre que éstos se encuentren en algunas de las 
siguientes situaciones de desequilibrio:
a) Que uno de los operadores tenga la condición de PYME y el otro no.
b) Que, en los casos de comercialización de productos agrarios no transformados, 
perecederos e insumos alimentarios, uno de los operadores tenga la condición de 
productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos 
y el otro no la tenga.
c) Que uno de los operadores tenga una situación de dependencia económica 
respecto del otro operador, entendiendo por tal dependencia, que la facturación del 
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56557
producto de aquél respecto de éste sea al menos un 30% de la facturación del producto 
del primero en el año precedente.
4. Será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito en el caso de 
las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto en aquellos casos 
en los que, con carácter previo se pueda estimar que el precio del contrato será en todo 
caso inferior a 2.500 euros.
Artículo 3. Fines.
Son fines de la Ley:
a) Aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y la 
competitividad del sector alimentario globalmente considerado, así como fomentar la 
creación o la mejora del empleo,  dada su importancia para el conjunto de la sociedad, el 
medio rural y la economía nacional.
b) Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio 
tanto de los consumidores como de los operadores que intervienen en la misma, 
garantizando a la vez una distribución sostenible del valor añadido, a lo largo de los 
sectores que la integran.
c) Favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y 
comunicación en la cadena y el desarrollo de nuevos canales de distribución de los 
productos alimentarios.
d) Conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre 
los diferentes operadores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la 
cadena alimentaria, regulando las prácticas comerciales y promoviendo códigos de 
buenas prácticas comerciales entre los operadores.
e) Fortalecer el sector productor y potenciar las actividades de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias.
f) Mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción 
agraria, la industria y la transformación alimentaria.
g) Favorecer el desarrollo de las tareas que corresponden a las empresas de la 
distribución, en un marco de competitividad y de respeto a las normas de competencia.
h) Contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la 
mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su calidad, a la 
transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, así como a la 
disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad.
i) Garantizar la unidad de mercado para la mejora de la competitividad de la cadena 
alimentaria.
j) Favorecer la generalización de la cultura de la sostenibilidad en la cadena 
alimentaria como factor de compromiso social empresarial, de incremento de la 
competitividad y de contribución a la mejora de la calidad de la producción agroalimentaria.
Artículo 4. Principios rectores.
Las relaciones comerciales sujetas a esta Ley se regirán por los principios de equilibrio 
y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa 
distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la 
libre competencia en el mercado.
Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones:
a) Cadena alimentaria: Es el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos 
operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o 
productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte y de la hostelería y la 
restauración.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56558
b) Sector alimentario: El conjunto de los sectores productivos agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero, así como los de transformación y distribución de sus productos.
c) Operador: La persona física o jurídica del sector alimentario, incluyendo una 
agrupación, central o empresa conjunta de compra o de venta, que realiza alguna 
actividad económica en el ámbito de la cadena alimentaria. Los consumidores finales no 
tendrán la condición de operadores de la cadena alimentaria.
d) Productor primario: Persona física o jurídica cuya actividad principal la ejerce en 
la producción agrícola, ganadera, forestal o en la pesca.
e) Alimento o producto alimenticio: Cualquier sustancia o producto destinados a ser 
ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido 
transformados entera o parcialmente como si no. Incluye las bebidas, la goma de mascar 
y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante 
su fabricación, preparación o tratamiento.
f) Contrato alimentario: Aquél en el que una de las partes se obliga frente a la otra a 
la venta de productos alimentarios o alimenticios e insumos alimentarios antes citados, 
por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma 
continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales.
g) Contrato de integración: Es aquella modalidad de contrato alimentario en el que 
una de las partes, denominada integrador, se obliga frente a la otra parte denominado 
integrado, a proporcionar todos o parte de los productos, materias primas e insumos 
necesarios para la producción objeto del contrato, así como, en su caso, a ejercer la 
dirección técnica y a hacerse cargo de la producción al concluir el ciclo productivo. Por su 
parte, el integrado se obliga frente al integrador, a aportar los terrenos, los espacios y las 
instalaciones, así como los medios y servicios complementarios que resulten necesarios 
para completar la producción y una vez obtenida ésta, a su entrega al integrador.
h) Información comercial sensible: Es aquel conjunto de conocimientos técnicos que 
no son de dominio público, que están referidos a la naturaleza, características o 
finalidades de un producto, a los métodos o procesos para su producción, o a los medios 
o formas para su distribución o comercialización, y cuyo conocimiento es necesario para 
la fabricación o comercialización del producto.
i) Trazabilidad previsible: Las etapas de producción, transformación y distribución de 
un alimento o producto alimenticio que entran dentro de las previsiones normales.
Artículo 6. Colaboración entre Administraciones Públicas.
1. Las distintas Administraciones públicas competentes ajustarán las actuaciones 
que desarrollen en el marco de lo previsto en esta Ley a los principios de información 
mutua, de cooperación y de colaboración.
2. Asimismo, las Administraciones públicas competentes garantizarán en la 
aplicación de la presente ley, el cumplimiento de la normativa vigente sobre garantía de la 
unidad de mercado, adoptando para ello las medidas normativas, de cooperación y de 
colaboración que resulten precisas en el ejercicio de sus competencias propias.
3. Cuando un operador considere que existe una actuación en el ámbito de 
aplicación de esta ley que pueda ser contraria al principio de unidad de mercado podrá 
utilizar los mecanismos de protección y, en su caso, de impugnación, previstos en la 
legislación vigente en materia de garantía de la unidad de mercado.
Artículo 7. Defensa de la competencia.
El contenido de las relaciones reguladas por la presente Ley, así como la aplicabilidad 
de los principios rectores en la ejecución e interpretación de tales relaciones, quedará 
sometido a la normativa de defensa de la competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa comunitaria.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56559
TÍTULO II
Régimen de contratación y prácticas comerciales abusivas
CAPÍTULO I
Contratos alimentarios
Artículo 8. Formalización de los contratos alimentarios.
1. Los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito. Dicha formalización 
deberá realizarse antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos.
2. En ningún caso, el requisito de forma exigido lo es de existencia y validez del contrato.
3. No obstante, en las relaciones entre operadores de la cadena alimentaria cuando 
el pago del precio se realice al contado contra la entrega de los productos alimenticios, no 
será necesario suscribir un contrato alimentario, teniendo las partes la obligación de 
identificarse como operadores y documentar dichas relaciones comerciales mediante la 
expedición de la correspondiente factura con los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación.
Artículo 9. Condiciones contractuales.
1. Los contratos alimentarios regulados en este Capítulo, contendrán como mínimo 
los siguientes extremos:
a) Identificación de las partes contratantes.
b) Objeto del contrato.
c) Precio del contrato, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los 
descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. En este ultimo caso, 
se determinará en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables 
y expresamente establecidos en el contrato, tales como la evolución de la situación del 
mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del producto, entre otros.
d) Condiciones de pago.
e) Condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos.
f) Derechos y obligaciones de las partes contratantes.
g) Información que deben suministrarse las partes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 13 de esta Ley.
h) Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modificación 
del mismo.
i) Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato.
2. El contenido y alcance de los términos y condiciones del contrato serán libremente 
pactados por las partes, teniendo en cuenta los principios rectores recogidos en el 
artículo 4 de la presente Ley.
Artículo 10. Realización de subastas electrónicas.
1. Los operadores de la cadena alimentaria podrán celebrar ofertas públicas de 
contratación para la compra o venta de productos alimentarios, en los términos 
establecidos por las normas sobre la sociedad de la información  entre sus participantes.
La organización de subastas electrónicas se someterá a los principios de 
transparencia, libre acceso y no discriminación.
2. Los organizadores de las subastas harán públicas las condiciones generales de 
acceso a la misma, los posibles costes de participación y los mecanismos de adjudicación.
3. Los organizadores de cada subasta harán pública, tras la adjudicación, la razón 
social del adjudicatario. Existirá la obligación de compra o venta por parte del organizador 
y de venta o compra por parte del que resulte adjudicatario de la totalidad del producto 
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56560
adjudicado, según las condiciones generales de acceso y salvo que exista en el pliego de 
condiciones la mención a un precio de reserva, por debajo del cual no se realizaría la 
compra o venta.
Artículo 11. Obligación de conservación de documentos.
1. Los operadores de la cadena alimentaria deberán conservar toda la 
correspondencia, documentación y justificantes , en soporte electrónico o en papel, 
relacionados con los contratos alimentarios que celebren en el marco de lo dispuesto en 
esta ley, durante un período de dos años.
2. Los organizadores de subastas electrónicas quedarán obligados a mantener 
durante dos años un archivo documental o electrónico de todas las subastas realizadas, 
incluyendo información sobre la identidad de los concursantes, sus ofertas y la 
formalización del contrato alimentario.
CAPÍTULO II
Prácticas comerciales abusivas
Artículo 12. Modificaciones unilaterales y pagos comerciales no previstos.
1. Se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en 
el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes. Los contratos 
alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las que se prevea el 
procedimiento para su posible modificación y, en su caso, para la determinación de su 
eficacia retroactiva.
2. Se prohíben los pagos adicionales, sobre el precio pactado, salvo que se refieran 
al riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de 
una promoción comercial de un producto reflejada en el precio unitario de venta al público 
y hayan sido pactados e incluidos expresamente en el correspondiente contrato 
formalizado por escrito, junto con la descripción de las contraprestaciones a las que 
dichos pagos estén asociados.
3. El contrato deberá establecer los mecanismos de devolución de los pagos 
anteriores que hayan sido abonados, cuando las contraprestaciones o las actividades de 
promoción o análogas vinculadas a los mismos, no se hayan ejecutado en los plazos y 
condiciones pactados.
Artículo 13. Suministro de información comercial sensible.
1. En los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información que 
las partes deban suministrarse para el efectivo cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones contractuales, así como el plazo de entrega de dicha información, que en 
todo caso deberá ser proporcionada y estar justificada en razones objetivas relacionadas 
con el objeto del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de 
defensa de la competencia.
2. En ningún caso un operador podrá exigir a otro operador de la cadena información 
comercial sensible sobre sus productos, ni tampoco los documentos que permitan verificar 
dicha información, salvo que así conste en el contrato escrito de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado anterior.
3. La información comercialmente sensible que se obtenga en el proceso de 
negociación o ejecución de un contrato alimentario, se destinará exclusivamente a los 
fines para los que le fue facilitada, respetándose en todo momento la confidencialidad de 
la información transmitida o almacenada.
4. Los operadores no podrán exigirse ni desvelar información comercial sensible 
sobre otros operadores y, en particular, documentos que permitan verificar dicha 
información comercial.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56561
Artículo 14. Gestión de marcas.
1. Los operadores gestionarán las marcas de productos alimentarios que ofrezcan 
al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias 
a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de 
conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad .
2. Se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio 
propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita 
por reputarse desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o 
en la publicidad del producto o servicio de cualesquiera elementos distintivos que 
provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o 
nombres comerciales de otro operador en los términos definidos en la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre de Marcas y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Competencia Desleal.
TÍTULO III
Buenas Prácticas en la contratación alimentaria
CAPÍTULO I
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria
Artículo 15. Finalidad, alcance y elaboración.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones y 
asociaciones de ámbito superior al de una comunidad autónoma, representativas de los 
operadores de la producción, la industria o la distribución, acordarán un Código de Buenas 
Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Asimismo, participarán en el citado 
acuerdo el Ministerio de Economía y Competitividad y las Comunidades Autónomas con el 
objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio del Estado.
2. El Código establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las 
relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena, con 
objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales, la observancia de las 
mejores prácticas en el desarrollo de dichas relaciones y su adecuación a las normas y 
principios contemplados en el artículo 4 de esta ley.
Asimismo, el Código detallará las prácticas mercantiles que fomenten relaciones 
justas, equilibradas y leales entre los operadores de la cadena alimentaria.
3. La adhesión al Código de buenas prácticas mercantiles será voluntaria por parte 
de los operadores de los distintos ámbitos de la cadena alimentaria mencionados en el 
apartado 1 de este artículo.
4. Desde la adhesión al Código, los operadores estarán obligados a que sus 
relaciones comerciales se ajusten a los principios y reglas que en el mismo se contengan 
y a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos que puedan surgir en dichas 
relaciones, siguiendo los procedimientos que en el mismo se establezcan.
Artículo 16. Contenido.
1. El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria 
contendrá el conjunto de principios mencionados en el apartado 2 del artículo 15 y, en 
particular, la obligación de los operadores que se adhieran voluntariamente al Código de 
someter la resolución de los problemas que puedan surgir en sus relaciones con otros 
operadores al sistema de resolución de conflictos que haya sido designado expresamente 
en el mismo.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56562
Asimismo, incluirá la obligación de los operadores de hacer constar en todos los 
contratos que suscriban en el ámbito de sus relaciones comerciales el citado compromiso 
de someter la resolución de sus conflictos al sistema que haya sido establecido en el 
Código a tal efecto.
En todo caso, los operadores de la cadena alimentaria que decidan adherirse al 
Código se comprometen a aportar la información que se requiera para analizar el conflicto 
planteado.
Además, para cuando no hubiere acuerdo entre las organizaciones de productores y 
los compradores en el precio de los contratos alimentarios que tengan por objeto 
productos agrarios no transformados, en su primera venta, el Código incluirá la facultad 
de que cualquiera de las partes pueda solicitar una mediación. La mediación se realizará 
en los términos, en las condiciones y con los efectos que reglamentariamente se 
establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento neutral, imparcial y donde 
las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades. El contenido de dicha 
mediación no tendrá carácter vinculante para las partes salvo que así lo hayan 
expresamente acordado con carácter previo a la misma.
2. El Código podrá contener, en caso de que se considere necesario, acuerdos 
específicos, de ámbito sectorial, con objeto de poder contemplar con mayor precisión los 
aspectos propios de aquellos sectores que lo requieran.
3. Con objeto de mantener actualizado el contenido del Código, se contemplará en 
el mismo la constitución de una Comisión de Seguimiento, integrada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Competitividad  y 
representantes de las organizaciones y asociaciones representativas de los diferentes 
operadores de la cadena alimentaria.
A este fin, la Comisión se ocupará de analizar los resultados obtenidos en la aplicación del 
Código y proponer, en su caso, las modificaciones a introducir para su adaptación a la realidad 
del momento o la introducción de nuevos compromisos no contemplados anteriormente.
4. El contenido del Código respetará, en todo caso, la normativa de defensa de la 
competencia y al mismo se le dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento 
por el conjunto de operadores implicados.
Artículo 17. Registro Estatal.
1. Se crea en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Registro 
Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria como instrumento 
público que agrupará a todos aquellos operadores que interviniendo en la cadena 
alimentaria, se adhieran voluntariamente al Código al que hace referencia el artículo 15.
2. Los operadores que se adhieran voluntariamente al Código deberán comunicarlo 
a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente que procederá a su inscripción.
Una vez inscritos, los operadores podrán utilizar la mención de «Acogido al Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria».
3. Periódicamente se dará publicidad de los operadores que figuren inscritos en el 
Registro en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, dicho Ministerio realizará periódicamente campañas de promoción estatal 
para dar a conocer a los consumidores la importancia y significación de la firma del Código 
por parte de los distintos operadores de la cadena agroalimentaria que lo suscriban.
4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la cancelación de la 
inscripción en el Registro.
5. La inscripción de los operadores en el Registro se tendrá en cuenta en la 
normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que en relación con la alimentación y 
la cadena alimentaria se promuevan por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56563
CAPÍTULO II
Otros códigos de buenas prácticas mercantiles
Artículo 18. Suscripción y promoción de otros códigos.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores del presente Título, los 
operadores de la cadena alimentaria podrán suscribir otros códigos de buenas prácticas 
mercantiles en la contratación alimentaria con mayor nivel de exigencia para los operadores 
que los suscriban que el establecido en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria. Asimismo, las entidades representativas de los intereses de la 
cadena alimentaria, podrán promover la elaboración de este tipo de códigos para empresas 
que operen exclusiva o principalmente en su ámbito territorial. En ambos casos, dichos 
códigos deberán respetar lo dispuesto en el Título I y II de esta ley, así como en el resto del 
ordenamiento jurídico, especialmente en la normativa de defensa de la competencia.
2. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento y los requisitos que habrán de 
reunir estos otros códigos de buenas prácticas, de ámbito nacional o suprarregional, para que 
puedan ser incluidos en el Registro Estatal creado en virtud del artículo 17. También se 
incluirán los operadores que suscriban estos códigos.
TÍTULO IV
Observatorio de la Cadena Alimentaria
Artículo 19. Creación.
Se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria como órgano colegiado, adscrito al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General 
de la Industria Alimentaria del Departamento.
Artículo 20. Funciones.
1. Con carácter general, serán funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria 
el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la 
cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.
Además de las anteriores, el Observatorio tendrá las funciones siguientes:
a) Informar la propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria regulado en esta Ley.
b) Informar las propuestas de otros códigos de buenas prácticas mercantiles, que se 
presenten para su incorporación al Registro Estatal.
c) Conocer el resultado de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento 
del Código, a la que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 16, y proponer a la 
misma aquellas cuestiones que se consideren de interés para la mejora y actualización 
de los compromisos contemplados en el Código.
d) Facilitar el conocimiento del Código entre los operadores de la cadena y promover 
su adhesión al mismo.
e) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales empleadas 
por los operadores de la cadena, mediante la realización de encuestas u otros sistemas 
de análisis del mercado , así como de la publicación de informes y recomendaciones.
En el caso de que se detecten incumplimientos de lo establecido en la ley, como 
consecuencia del resultado de los trabajos realizados, dará traslado a la autoridad 
competente. Asimismo, realizará informes y estudios explicativos, en su caso, de las 
situaciones de desequilibrio producidas en los mercados de origen y destino de los 
alimentos considerados, analizando especialmente los diversos factores que contribuyen 
a la formación de los precios de los productos estacionales .
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56564
f) Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su 
evolución, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consumo, 
en los distintos escalones de su formación.
g) Fomentar la adopción de buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de 
conflictos en la negociación de los contratos relacionados con la primera compra de 
productos perecederos.
h) Realizar estudios de carácter regular, encaminados a establecer un seguimiento 
sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos.
i) Favorecer el diálogo y la intercomunicación entre los representantes del sector 
productor, la industria,  la distribución comercial y los consumidores, entre sí y con las 
Administraciones públicas, en orden a dotar de la mayor racionalidad y transparencia 
posibles el proceso de formación de precios de los alimentos, compatible con el marco de 
la economía de mercado, en un sistema de apertura a la competencia, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.
j) Elaborar propuestas de actuación de las Administraciones competentes y 
recomendaciones a los diversos agentes económicos intervinientes, empresas e 
instituciones públicas o privadas tendentes a mantener la necesaria estabilidad en un 
marco de desarrollo abierto a la competencia y equilibrio en los precios de los alimentos, 
compatible con el derecho comunitario.
k) Elaborar los informes sobre precios de los alimentos que le sean demandados 
por los Ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía y 
Competitividad.
l) Analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los costes y de 
precios percibidos y pagados así como los factores causantes de su evolución, en los 
productos de mayor importancia estratégica para el sector agroalimentario español.
2. Anualmente el Observatorio de la cadena alimentaria elaborará un informe de 
evaluación de los avances registrados y los resultados logrados  en la mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria y de la eficacia de las actuaciones desarrolladas, 
que será remitido a las Cortes Generales.
Artículo 21. Composición y funcionamiento.
La composición, funcionamiento y, en su caso, supresión del Observatorio de la 
Cadena Alimentaria se determinarán reglamentariamente asegurando en su composición 
la inclusión de las Organizaciones y Asociaciones más representativas de la cadena 
alimentaria desde el productor hasta el consumidor final.
TÍTULO V
Potestad sancionadora
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 22. Principios generales.
1. A los efectos de esta ley, se consideran infracciones administrativas leves, graves 
y muy graves las que se tipifican en los artículos siguientes.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de 
expediente de infracción de las normas de defensa de la competencia, suspenderá la 
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los 
mismos hechos.
3. Serán de aplicación a las infracciones recogidas en esta Ley las reglas y principios 
sancionadores contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56565
4. En ningún caso se podrán imponer dos o más sanciones por los mismos hechos 
y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las 
demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
5. Las personas de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan la 
obligación de disponer de información o documentación que pudiera contribuir al 
esclarecimiento de la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley o a la 
determinación del alcance de la gravedad de las mismas, tienen el deber de colaborar 
con las autoridades competentes en materia de ordenación del comercio. A tal efecto, 
dentro de los plazos establecidos, facilitarán la información y los documentos que les 
sean requeridos por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 23. Infracciones en materia de contratación alimentaria.
1. Son infracciones leves en materia de contratación alimentaria, las siguientes:
a) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere esta Ley.
b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 
alimentarios.
c) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de 
subastas electrónicas.
d) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
e) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 
expresamente pactadas por las partes.
f) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo en los 
supuestos previstos en esta ley.
g) Exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores , que haya 
sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines 
distintos a los expresamente pactados en el contrato.
h) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la 
autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
2. Se consideran infracciones graves la reincidencia por la comisión de dos o más 
infracciones leves en el plazo de dos años contados desde la sanción por resolución firme 
en vía administrativa de la primera de ellas.
Asimismo, se considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en 
las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo 
establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.
3. Se consideran infracciones muy graves la reincidencia por la comisión de dos o 
más infracciones graves en el plazo de dos años contados desde la sanción por resolución 
firme en vía administrativa de la primera de ellas.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que son autores de las infracciones 
tipificadas en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo, los operadores que no 
tengan la condición de PYME, los que no tengan la condición de productor primario 
agrario, ganadero, pesquero o forestal o agrupación de los mismos y los operadores 
respecto de los cuales el otro operador que interviene en la relación se encuentre en 
situación de dependencia económica, cuando cualquiera de ellos se relacione con otros 
operadores que tengan la condición de PYME o de productor primario o agrupación de 
los mismos, o se encuentre en situación de dependencia económica.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56566
5. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en esta ley, se afecte a la competencia efectiva de los mercados, resultarán de aplicación 
las disposiciones contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.
Artículo 24. Sanciones.
1. Las infracciones en materia de contratación alimentaria previstas en esta norma 
serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves, hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves, entre 3.001 euros y 100.000 euros.
c) Infracciones muy graves, entre 100.001 y 1.000.000 euros.
2. La Administración pública competente para la imposición de la sanción principal 
podrá acordar, como sanción accesoria, la publicidad de las sanciones impuestas por 
infracciones muy graves que hayan adquirido firmeza en vía judicial, así como los 
nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas 
responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.
Artículo 25. Graduación de las sanciones.
Las sanciones se graduarán especialmente en función del grado de intencionalidad o 
la naturaleza del perjuicio causado.
Artículo 26. Competencia.
1. Corresponde a la Administración General del Estado ejercer la potestad 
sancionadora prevista en esta ley, en los supuestos siguientes:
a) Cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales 
en diferentes Comunidades Autónomas.
b) Cuando el contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma 
en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio 
objeto del contrato.
2. Corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
ejercer la potestad sancionadora prevista en esta ley, en los restantes supuestos.
3. Serán competentes para la imposición de las sanciones en materia de 
contratación alimentaria en el ámbito de la Administración General del Estado los 
siguientes órganos:
a) El Director General de la Industria Alimentaria, cuando la cuantía total de la 
sanción propuesta por el instructor del expediente no supere los 100.000 euros.
b) El Secretario General de Agricultura y Alimentación, cuando dicha cuantía exceda 
de 100.000 euros y no supere los 300.000 euros.
c) El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando dicha cuantía 
exceda de 300.000 euros y no supere 600.000 euros.
d) El Consejo de Ministros, cuando dicha cuantía exceda de 600.000 euros.
4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promoverá, a través 
de la Conferencia Sectorial que corresponda por razón de la materia, la elaboración y 
aprobación de unas directrices que garanticen la aplicación uniforme del régimen 
sancionador en todo el territorio del Estado.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56567
TÍTULO VI
Mejora de la vertebración de la cadena alimentaria
Artículo 27. Fomento de la integración y potenciación del desarrollo de la cadena de valor.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias, con los requisitos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, trabajará conjuntamente con las Comunidades Autónomas para 
fomentar una mayor integración de los operadores que intervienen en la cadena 
alimentaria, con objeto de facilitar una mayor eficiencia y rentabilidad en los distintos 
sectores que la integran.
2. En colaboración con otros Departamentos y con las organizaciones del sector 
productor implicados y las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente trabajará para identificar y favorecer el desarrollo e 
implantación de nuevos canales de comercialización interior y exterior de alimentos o 
productos alimenticios, que permitan generar mayor eficiencia en las operaciones de la 
cadena de valor. Se favorecerán las iniciativas que faciliten la introducción de la 
innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la cadena, así como las 
encaminadas al desarrollo de los canales cortos de comercialización, que permitan una 
mayor repercusión del valor añadido en los productores y elaboradores.
3. Asimismo, para conseguir la mejora de la competitividad de la producción agraria, 
se apoyará el desarrollo de medidas y programas de fomento de la calidad, de mejora de 
la eficiencia logística y de fomento de la innovación y utilización de las nuevas tecnologías.
4. Se fomentará la participación de las Asociaciones de Consumidores en las 
acciones previstas en este artículo.
Disposición adicional primera. La Agencia de Información y Control Alimentarios.
1. Se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, con naturaleza de 
organismo autónomo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad 
jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, que se regirá por lo dispuesto en 
esta ley y las demás normas de aplicación.
La Agencia de Información y Control Alimentarios sustituye en el ejercicio de sus 
funciones a la Agencia para el Aceite de Oliva. En consecuencia, las menciones que la 
normativa vigente hace a la Agencia para el Aceite de Oliva, se entenderán hechas a la 
Agencia de Información y Control Alimentarios. Asimismo, la Agencia de Información y 
Control Alimentarios se subrogará en todos los convenios, derechos, obligaciones y 
demás negocios jurídicos relativos o suscritos por la Agencia para el Aceite de Oliva.
2. La Agencia de Información y Control Alimentarios se adscribe, a través de la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente al que corresponde su dirección estratégica y la evaluación y el control 
de los resultados de su actividad.
3. A la Agencia, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden ejercer 
las potestades administrativas para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con la 
legislación aplicable.
4. En el ejercicio de sus funciones públicas, la Agencia actuará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Los fines generales de la Agencia serán la gestión de los sistemas de información 
y control de los mercados oleícolas, lácteos y la de aquellos otros que reglamentariamente 
se determinen, así como el control del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para la 
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56568
6. Para el  cumplimiento de los fines fijados en el apartado anterior, la Agencia 
desarrollará las siguientes funciones:
a) Gestionar y mantener los sistemas de información, seguimiento y análisis de los 
mercados oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa) y lácteos y el análisis y difusión 
de sus resultados. Para los sectores o mercados alimentarios que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considere especialmente sensibles y/o 
estratégicos se creará un sistema de información, seguimiento y análisis específico.
b) Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los sectores o mercados 
a que se refiere la letra precedente, para asegurar la veracidad e integridad de los datos 
que se incorporan a los sistemas de información de mercados y para determinar el origen, 
destino y características de las materias primas y los productos, incluso mediante la 
correspondiente toma de muestras y determinaciones analíticas, en cualquier fase de la 
cadena; así como el seguimiento y control de la aplicación o destrucción final de los 
subproductos que no tengan uso alimentario.
c) Trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos 
incumplimientos detectados en las actuaciones de control recogidas en la letra anterior, 
acompañando la documentación necesaria sobre los hechos constatados y su valoración 
técnica y jurídica.
d) Iniciar e instruir, de acuerdo a su propio régimen, los expedientes sancionadores 
por incumplimientos en el pago de las aportaciones obligatorias a las organizaciones 
interprofesionales o de productores, reconocidas por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en los productos o sectores a que se refiere la letra a), 
formulando a las autoridades competentes las propuestas de resolución que correspondan.
e) Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena.
f) Realizar las comprobaciones que corresponda de las denuncias por incumplimientos 
de lo dispuesto en esta ley que les sean presentadas e instruir el correspondiente 
procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución que proceda a la 
autoridad competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o 
trasladarlas a la Comisión Nacional de la Competencia junto con las actuaciones realizadas.
g) Iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las 
irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones que supongan 
incumplimientos de lo dispuesto en esta ley y, tras la correspondiente instrucción, 
proponer a la autoridad competente la resolución que proceda o, en su caso, formular 
denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia debidamente documentada.
h) Colaborar con el Observatorio de la Cadena Alimentaria en la realización de los 
trabajos, estudios e informes que, sobre los productos, mercados y sectores a que se 
refiere el apartado cinco, resulten necesarios para el ejercicio de las funciones que el 
Observatorio tiene encomendadas.
i) Gestionar y mantener el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria.
j) Establecer relaciones de colaboración con otros órganos de la Administración 
General del Estado y con las Comunidades Autónomas en materias de su competencia y 
en actuaciones de control de la calidad y de promoción de los productos, mercados o 
sectores a que se refiere el apartado cinco.
k) Colaborar con organizaciones sectoriales, de productores e interprofesionales 
relacionadas con las materias de su competencia.
l) Cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le atribuyan para el 
cumplimiento de sus fines generales.
7. Las actuaciones de control e inspección que lleve a cabo la Agencia se realizarán 
por funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de 
agentes de la autoridad.
Las actas levantadas por los inspectores de la Agencia tendrán el carácter de 
documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que 
en ellas se recojan.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56569
8. Los funcionarios de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que estén 
debidamente acreditados por su Director, realizarán las actuaciones de inspección y 
control a las entidades y operadores que les ordene, y en su actuación tendrán las 
siguientes facultades:
a) Acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte utilizados por 
las personas físicas o jurídicas sometidas a control.
b) Verificar las existencias de sus almacenes, los productos obtenidos, los procesos 
que aplican y las instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
c) Acceder a los libros y documentos relativos a la actividad de la entidad, cualquiera 
que sea su soporte material y, en particular, a todos los que acrediten el origen de sus 
compras y el destino de sus ventas y sus respectivos precios y valores, así como obtener 
copias o extractos, en cualquier formato y soporte, de dichos libros y documentos.
d) Retener por un plazo máximo de cinco días los libros o documentos mencionados 
en la letra c) de este apartado. Excepcionalmente se entregarán los originales cuando no 
se pueda entregar copia autenticada de los mismos.
e) Precintar almacenes, instalaciones, depósitos, equipos, vehículos, libros o 
documentos y demás bienes de la entidad durante el tiempo y en la medida que sea 
necesario para la inspección.
f) Requerir a cualquier representante o miembro del personal al servicio de la 
persona objeto de control, las explicaciones que considere necesarias sobre las 
actividades, procesos, materiales o documentos relacionados con el objeto y finalidad de 
la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
g) Tomar muestras de materias primas, productos intermedios y terminados para 
determinar su composición y características, así como de los subproductos generados.
h) Levantar acta en la que se reflejen las actuaciones realizadas, la información 
requerida y la obtenida y los hechos constatados.
El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo 
consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización 
judicial.
En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de 
parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que se consideren 
confidenciales, formando con ellos pieza separada.
9. Todos los que tomen parte en las actuaciones de control, inspección o tramitación 
de los expedientes sancionadores deberán guardar secreto sobre los hechos y de cuantas 
informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento. Asimismo, deberán 
guardar secreto sobre dichas actuaciones, los que las conociesen por razón de profesión, 
cargo o intervención como parte, incluso después de cesar en sus funciones.
10. Toda persona física o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con la 
Agencia de Información y Control Alimentarios y está obligada a proporcionar, a 
requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que disponga y 
que puedan resultar necesarios con el objeto y finalidad de la inspección. Dicho plazo 
será de diez días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado y las circunstancias del caso 
se fije de forma motivada un plazo diferente.
11. El régimen de personal de la Agencia se ajustará a lo dispuesto en el artículo 47.1 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.
12. Los recursos económicos de la Agencia podrán provenir de cualquiera de los 
enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
13. En materia de contratación, de adquisición y de enajenación, la Agencia se rige 
por las normas generales de contratación de las Administraciones Públicas.
14. El régimen patrimonial de la Agencia de Información y Control Alimentarios se 
ajustará a las previsiones del artículo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56570
Disposición adicional segunda.  Laboratorios agroalimentarios para el control oficial 
dependientes funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
Uno.  Laboratorios agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente .
Los laboratorios agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, con el fin de homogeneizar los criterios aplicados en la realización de los 
controles analíticos oficiales y mejorar la calidad de los resultados, coordinarán, colaborarán 
y cooperarán con los laboratorios agroalimentarios designados por las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas para realizar el análisis de las muestras 
tomadas en dichos controles, desarrollando principalmente las siguientes funciones:
– Armonizar los criterios para la adopción de métodos analíticos en los laboratorios 
oficiales y proponer su modificación, extinción o establecimiento de nuevos.
– Facilitar la transferencia de métodos analíticos entre los laboratorios agroalimentarios 
de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y difundir la oferta y capacidad analítica de dichos laboratorios.
– Organizar y desarrollar el funcionamiento de los Grupos de Trabajo Sectoriales, en los 
que participan representantes técnicos de las diferentes Administraciones públicas y del sector.
– Facilitar la formación del personal técnico de los laboratorios responsable de los 
análisis de los productos agroalimentarios.
– Establecer un marco de relación institucional común entre los laboratorios y la 
Entidad Nacional de Acreditación.
La designación, por parte de las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas de los laboratorios para hacer el control analítico oficial, tendrá validez para 
todo el territorio del Estado y los laboratorios designados formarán parte de la Red de 
Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
lo que permitirá una coordinación más eficaz del soporte analítico del control oficial. Este 
soporte se llevará a cabo por laboratorios acreditados que tengan implantados sistemas 
de control de la calidad de acuerdo con lo que establezca la normativa comunitaria, de 
modo que los resultados de los análisis presenten una elevada calidad y uniformidad.
Dos. Red de Laboratorios Agroalimentarios.
La Red de Laboratorios Agroalimentarios que coordinará el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente tiene como fin compartir y fomentar la acreditación de 
laboratorios de ensayo y métodos analíticos para el control oficial. Formarán parte de 
dicha red los laboratorios, públicos o privados, que participen en trabajos de control oficial 
por designación de las autoridades competentes de las comunidades autónomas o de la 
Administración General del Estado. Las distintas autoridades competentes deberán 
facilitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa 
a dichos laboratorios y su cartera de servicios. El funcionamiento de la red se establecerá 
de forma reglamentaria.
Tres. Coordinación de los Grupos de Trabajo .
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordinará los grupos de 
trabajo que se establezcan en el seno de la red, para su desarrollo.
Cuatro. Especialización en técnicas acreditadas.
En colaboración con las Comunidades Autónomas y al objeto de optimizar los 
recursos disponibles, se promoverá la especialización de los laboratorios en determinadas 
técnicas acreditadas específicas, de manera que puedan realizar los análisis solicitados 
por el conjunto de las Administraciones públicas que así lo requieran en el ejercicio de 
sus competencias de control oficial.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56571
Cinco. Designación de laboratorios de referencia .
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas, designará los laboratorios nacionales de referencia, en el 
ámbito agroalimentario y de piensos, cuyo carácter será necesariamente público.
Seis. Tasa por los servicios de análisis oficiales realizados por los laboratorios 
alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
1. La Tasa por la realización de servicios de análisis oficiales de muestras efectuados 
por los laboratorios alimentarios que dependan funcionalmente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se regirá por la presente Ley y por las demás 
fuentes normativas previstas en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible, la realización de servicios de análisis oficiales de 
muestras por los laboratorios alimentarios que dependan funcionalmente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. No se devengará esta tasa en los casos de 
estudios, caracterización de productos agroalimentarios o desarrollo de métodos 
analíticos.
3. Serán sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
soliciten la prestación de cualquiera de los servicios que constituyen el hecho imponible.
4. Estarán exentas del pago de la tasa, la Administración General del Estado y 
aquellas otras Administraciones Públicas con las que, a condición de reciprocidad, así se 
conviniere.
5. El devengo se producirá en el momento en que se presente la solicitud para el 
inicio de la prestación de los servicios.
6. La cuantía de las tasas por la realización de servicios de análisis de muestras de 
los laboratorios alimentarios que dependan funcionalmente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, serán los siguientes:
a) Análisis consistentes en mediciones directas con instrumental sencillo, reacciones 
cualitativas, cálculos aritméticos y determinaciones físicas. Por cada muestra: 15 euros.
b) Preparación de muestras:
1.º Para análisis con operaciones básicas o cuantificación de análisis, consistentes 
en operaciones convencionales de laboratorio (extracciones, destilaciones, 
mineralizaciones). Por cada muestra y cada determinación: 10 euros.
2.º Para procesos intermedios de mayor complejidad: 25 euros por cada muestra.
c) Preparación de una muestra para análisis isotópico: 36 euros.
d) Identificación y/o cuantificación de una sustancia mediante técnicas no 
instrumentales: 15 euros.
e) Identificación y/o cuantificación de una sustancia mediante kits enzimáticos y 
técnicas espectrofotométricas (ultravioleta visible, infrarrojo, absorción atómica de llama o 
con cámara de grafito o por generación de hidruros o por vapor frío): 29 euros.
f) Identificación y/o cuantificación de un grupo de elementos por ICP óptico o ICP masas:
1.º Un elemento 20 euros, hasta 4 elementos 40 euros y más de 4 elementos: 100 euros.
2.º En el caso del «Br», «Rb», «Sr» e «I», por cada elemento y muestra 32 euros.
g) Determinación y cuantificación de Hg por espectrometría de absorción atómica 
con analizador directo: 28 euros.
h) Identificación y/o cuantificación de una sustancia, o grupo de sustancias, 
mediante técnicas instrumentales separativas (cromatografía de gases, de líquidos, 
electroforesis capilar): Por una sustancia 30 euros, entre dos y quince sustancias 40 
euros, y más de quince sustancias 65 euros.
i) Identificación y/o cuantificación de una sustancia, o grupos de sustancias, 
mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos/
masas: 80 euros.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56572
j) Identificación y/o cuantificación de residuos de pesticidas:
1.º Organofosforados, organoclorados y otros grupos 45 euros.
2.º Confirmación de los compuestos del apartado a) mediante cromatografía de 
gases/espectrofotometría de masas y/o cromatografía de líquidos masas 35 euros.
3.º Métodos específicos para un pesticida 50 euros.
k) Medidas isotópicas por espectrometría de masas de 13C, 18O y 2H, por cada 
isótopo: 60 euros.
l) Medidas isotópicas de la relación D/H por resonancia magnética nuclear: 100 euros.
m) Medida por centelleo líquido de 14C y/o 3H, por cada muestra: 100 euros.
n) Análisis sensorial cuyo resultado se obtenga mediante el dictamen de un panel de 
cata. Por cada muestra: 75 euros.
o) Análisis polínico y otros análisis micrográficos: Por cada muestra: 70 euros.
p) Recuentos de mohos y levaduras por Howard: Por cada muestra: 15 euros.
q) Prueba biológica de antifermentos, por cada muestra: 15 euros.
r) Determinación de una sustancia mediante kits específicos para radioinmunoensayo: 57 
euros.
s) Determinaciones realizadas mediante inmunoensayo (ELISA): 80 euros.
t) Determinación del contenido de gluten en alimentos por Western inmunobloting: 50 
euros.
u) Identificación y/o cuantificación de sustancias mediante la concurrencia de 
técnicas definidas en los diferentes epígrafes precedentes: se valorará mediante la suma 
de los mismos.
v) Análisis microbiológicos:
1.º Recuento de una especie de microorganismos: 25 euros.
2.º Aislamiento e identificación de microorganismos por especie: 25 euros.
3.º Prueba microbiológica de cribado de inhibidores del crecimiento bacteriano: 15 euros.
4.º Análisis microbiológico por PCR: 70 euros.
5.º Estudios serológicos de patógenos: 50 euros.
w) Análisis por PCR de Organismos Modificados Genéticamente:
1.º Análisis de screening (detección de controles internos de planta, y de secuencias 
reguladoras o de selección) por gen analizado: 50 euros.
2.º Análisis de detección e identificación por PCR a tiempo real de secuencias 
específicas por gen analizado: 60 euros.
3.º Análisis cuantitativo por PCR a tiempo real: por OMG (están incluidas las 
operaciones descritas en 1.º y 2.º): 180 euros.
x) Emisión de certificado sobre un análisis practicado: 8 euros.
y) Emisión de informe sobre un análisis practicado: 36 euros/hora o fracción.
7. Las tasas serán objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
8. La gestión de la tasa le corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
Disposición adicional tercera. No incremento de gasto.
La ejecución de lo dispuesto en esta ley se efectuará con los medios materiales y 
personales destinados al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a sus 
organismos dependientes, sin que suponga incremento neto del gasto, en especial, en 
relación a los gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Realización y difusión de estudios y análisis comparativos.
1. Cuando a iniciativa de cualquier persona física o jurídica se realicen estudios y 
análisis comparativos en productos alimenticios dispuestos para su venta al consumidor 
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56573
final, y cuyos resultados se destinen a su difusión se deberán observar los principios de 
veracidad, rigor técnico y analítico y cumplir con todas las garantías contempladas en la 
normativa nacional o comunitaria en materia de análisis.
2. Todas las pruebas o análisis en que se basen los estudios, informes y análisis 
deberán ser realizadas por un laboratorio que posea una acreditación equivalente a la 
exigida a los laboratorios autorizados para intervenir en el control oficial de alimentos.
3. Una vez obtenido el resultado de la prueba, éste se comunicará al fabricante o 
titular del establecimiento, según el procedimiento que se establecerá reglamentariamente. 
Cuando del resultado del análisis se derive un incumplimiento legal, el fabricante o, 
envasador o responsable del producto, cuyo nombre figura en el etiquetado, podrá 
realizar un análisis contradictorio. En caso de discrepancia entre los resultados de ambos 
análisis, se realizará un tercer análisis, que será dirimente. El procedimiento en ambos 
casos se desarrollará reglamentariamente.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento al que tendrán que ajustarse los 
estudios, informes o análisis, en relación con la ficha técnica, el procedimiento de compra 
de los productos a analizar, los requisitos aplicables a la toma de muestras y el 
procedimiento de comunicación de resultados a los afectados.
4. Los estudios, informes y análisis no deberán inducir a error al consumidor 
respecto a la seguridad, calidad de los productos o al cumplimiento de la legislación 
alimentaria que le sea de aplicación.
5. El incumplimiento de los principios y requisitos aplicables a los estudios, informes 
y análisis llevados a cabo por entidades de carácter público o privado destinados a su 
difusión pública, contenidos en esta Disposición podrá ser considerado como un 
comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Disposición transitoria primera. Contratos preexistentes.
La presente Ley se aplicará a los contratos perfeccionados con posterioridad a su entrada 
en vigor, así como a las renovaciones, prórrogas y novaciones de contratos perfeccionados 
anteriormente, cuyos efectos se produzcan tras la entrada en vigor de esta ley.
Disposición transitoria segunda. Organizaciones Profesionales Agroalimentarias.
Quedarán exceptuadas de las novedades introducidas en esta ley sobre el requisito 
exigido para el reconocimiento de organizaciones interprofesionales agroalimentarias de 
acreditar que representan, en su ámbito territorial y en su sector al menos el 51 por 100 
de las producciones afectadas en todas y cada una de las ramas profesionales, aquellas 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias que ya se encuentren reconocidas por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o 
resulten incompatibles con lo establecido en la presente Ley y en particular:
– La Ley 28/1987, de 11 de diciembre, por la que se crea la Agencia para el Aceite de 
Oliva, y
– el Real Decreto 509/2000, de 14 de abril, por el que se crea el Observatorio de 
Precios de los Alimentos.
Disposición final primera . Modificación de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
Reguladora de las Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Se modifica la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias, en la forma que a continuación se indica.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 2.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56574
«Artículo 2. Concepto de organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Por organización interprofesional agroalimentaria se entenderá, a los efectos 
de la presente Ley, aquélla, de ámbito estatal o superior al de una Comunidad 
Autónoma, que esté constituida por organizaciones representativas cualquiera que 
sea la naturaleza jurídica empresarial de sus representados, de la producción, de 
la transformación y en su caso de la comercialización y distribución agroalimentaria.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 3.
«Artículo 3. Finalidades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias se constituirán con 
todas o algunas de las siguientes finalidades:
a) Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y favorecer 
unas buenas prácticas en las relaciones entre sus socios en tanto que son 
partícipes de la cadena de valor.
b) Llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la 
eficiencia y la transparencia de los mercados, en especial mediante la puesta en 
común de información y estudios que resulten de interés para sus socios.
c) Desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la calidad de los 
productos en todas las fases de la producción, la transformación, la comercialización 
y la distribución.
d) Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los 
procesos de innovación en su sector y que mejoren la incorporación de la 
tecnología, tanto a los procesos productivos como a la competitividad de los 
sectores implicados.
e) Contribuir a mejorar la coordinación de los diferentes operadores implicados 
en los procesos de puesta en el mercado de nuevos productos, en particular, 
mediante la realización de trabajos de investigación y estudios de mercado.
f) Realizar campañas para difundir y promocionar las producciones 
alimentarias, así como llevar a cabo actuaciones para facilitar una información 
adecuada a los consumidores sobre las mismas.
g) Proporcionar información y llevar a cabo los estudios y acciones necesarias 
para racionalizar, mejorar y orientar la producción agroalimentaria a las necesidades 
del mercado y las demandas de los consumidores.
h) Proteger y promover la agricultura ecológica, la producción integrada y 
cualquier otro método de producción respetuoso con el medio ambiente, así como 
las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y cualquier 
otra forma de protección de calidad diferenciada.
i) Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa 
de competencia nacional y comunitaria.
j) Promover la adopción de medidas para regular la oferta, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de competencia nacional y comunitaria.
k) La negociación colectiva de precios cuando existan contratos obligatorios 
en los términos previstos en la normativa comunitaria.
l) Desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos 
veterinarios y fitosanitarios y otros factores de producción, para garantizar la 
calidad de los productos y la protección del medio ambiente.
m) Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio 
ambiente.
n) Promover la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria 
mediante acciones que tengan por objetivo mejorar la eficiencia energética, reducir 
el impacto ambiental, gestionar de forma responsable los residuos y subproductos 
o reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56575
ñ) Diseño y realización de acciones de formación de todos los integrantes de 
la cadena para garantizar la competitividad de las explotaciones agrarias, empresas 
y trabajadores, así como la incorporación a la cadena de jóvenes cualificados.
o) La realización de estudios sobre los métodos de producción sostenible y la 
evolución del mercado, incluyendo índices de precios y costes objetivos, 
transparentes, verificables y no manipulables, que puedan ser usados de referencia 
en la fijación del precio libremente pactado en los contratos, siempre teniendo en 
cuenta lo establecido al respecto por la normativa sectorial comunitaria.
p) Desarrollar e implementar la formación necesaria para la mejora de la 
cualificación profesional y empleabilidad de los profesionales de los sectores 
agroalimentarios.
q) Cualquier otra que le atribuya la normativa comunitaria.»
Tres. Se da nueva redacción a las letras b) del apartado 1 y a) y c) del apartado 2 
del artículo 4.
«Artículo 4. Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.
1.
b) Acrediten representar, en su ámbito territorial y en su sector, al menos el 51 
por 100 de las producciones afectadas en todas y cada una de las ramas profesionales.
2.
a) Regularán las modalidades de adhesión y retirada de los miembros que las 
conforman, garantizando la pertenencia a la misma de toda organización 
representativa de ámbito nacional que se comprometa al cumplimiento de los 
mismos, siempre que acredite representar, al menos, al 10 por 100 de la rama 
profesional a la que pertenece.
Asimismo, tendrá garantizada su presencia toda organización de ámbito 
autonómico que acredite representar al menos el 50 por 100 de la rama profesional 
correspondiente a su ámbito territorial, siempre que el sector o producto de que se 
trate suponga al menos un 3 por 100 de la producción final agraria pesquera o 
agroalimentaria a nivel nacional, o el 8 por 100 de la producción final agraria a nivel 
de Comunidad Autónoma.
Regularán igualmente, la duración del período de representatividad de las 
organizaciones miembro, los procedimientos para su renovación y una previsión 
sobre el estado de dicha representatividad, en caso de que por falta de acuerdo 
entre sus miembros se sobrepasase dicho período.
c) Regularán la participación paritaria en la gestión de la organización 
interprofesional agroalimentaria del sector productor de una parte, y del sector 
transformador y comercializador de otra. En función de la representación de intereses 
así como del objeto social para el que han sido constituidas, las organizaciones de 
cooperativas agrarias podrán encuadrarse en el sector de la producción, de la 
transformación y de la comercialización, o en todos ellos simultáneamente.»
Cuatro . Se da nue va redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 5.
«Artículo 5. Número de organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
1. Sólo se reconocerá una única organización interprofesional agroalimentaria 
por sector o producto, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes del presente 
artículo.
2. Los productos agrarios y alimentarios con derecho al uso de figuras de 
protección de la calidad diferenciada podrán ser considerados, a los efectos del 
presente artículo, como sectores o productos diferenciados del de carácter general 
considerado en el apartado anterior, o de otros de igual o similar naturaleza.»
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56576
Cinco. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 6.
«2. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deberán remitir al 
Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, antes del 30 de abril de cada año, la 
Memoria anual de actividades del año anterior, el estado de representatividad al 
cierre del ejercicio, las cuentas anuales y la liquidación del último ejercicio 
debidamente auditado y el presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio 
corriente.»
Seis. Se modifica el párrafo primero del artículo 7.
«Artículo 7. Acuerdos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias se ajustarán, para la 
adopción de sus acuerdos y en su funcionamiento, a las normas y principios 
recogidos en la normativa de defensa de la competencia nacional y comunitaria.»
Siete. Se da nueva redacción al artículo 8.
«Artículo 8. Extensión de normas.
1. Adoptado un acuerdo en la organización interprofesional agroalimentaria, 
se elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la 
aprobación, en su caso, mediante orden ministerial de la propuesta de extensión 
de todas o algunas de sus normas al conjunto total de productores y operadores 
del sector o producto.
Las propuestas de extensión de normas deberán referirse a actividades 
relacionadas con las definidas en el artículo 3 como finalidades de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, así como cualquier otra que le 
atribuya la normativa comunitaria.
2. Solo podrá solicitarse la extensión de norma regulada en el apartado 
anterior en el seno de una organización interprofesional, en las condiciones que se 
establezcan por vía reglamentaria, cuando concurra que:
a) El acuerdo es respaldado por al menos el 50% de cada una de las ramas 
profesionales implicadas y,
b) la organización interprofesional agroalimentaria represente como mínimo 
al 75% de las producciones afectadas.
3. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de control y 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de extensión de normas.
4. El contenido de este artículo se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa vigente de defensa de la 
competencia y en la normativa comunitaria.
5. En el caso de que dentro de un sector determinado existan varias 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas, éstas se verán 
vinculadas a los acuerdos de extensión de norma, aprobados y publicados, de otra 
organización interprofesional agroalimentaria reconocida para el mismo sector o 
producto  de carácter general y estatal, en el que queden sectorialmente incluidas.
6. La Orden reguladora correspondiente fijará la duración de los acuerdos, no 
superior a cinco años o campañas, para los que se solicita la extensión de normas 
con base en la normativa nacional y comunitaria.
7. En el procedimiento de elaboración de la Orden de extensión, que se 
ajustará a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se acreditará la participación pública de los potenciales destinatarios, 
por periodo no inferior a quince días.»
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56577
Ocho. El artículo 9 quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9. Aportación económica en caso de extensión de normas.
Cuando, en los términos establecidos en el artículo anterior, se extiendan 
normas al conjunto de los productores y operadores implicados, las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias podrán proponer al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, para su aprobación, en su caso, la aportación 
económica por parte de aquéllos que no estén integrados en las mismas, de 
acuerdo con los principios de proporcionalidad en la cuantía respecto a los costes 
de las acciones y de no discriminación con respecto a los miembros de las 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
No se podrán repercutir gastos de funcionamiento de la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria que no correspondan al coste de las acciones.»
Nueve. Se suprime el artículo 10.
Diez. Se da una nueva redacción al artículo 11.
«Artículo 11. Revocación del reconocimiento de organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revocará el 
reconocimiento a todas aquellas organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
que dejen de cumplir alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4 de 
esta Ley.
2. Podrá revocarse el reconocimiento de aquellas organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias que hayan permanecido inactivas, sin 
desarrollar ninguna de las finalidades establecidas en el artículo 3 de la presente 
ley, durante un período ininterrumpido de tres años.
3. La revocación del reconocimiento se efectuará previa audiencia de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias afectadas y se inscribirá en el 
Registro regulado en el artículo 14 de la presente Ley.»
Once. Se da nueva redacción al artículo 12.
«Artículo 12. Tipificación de infracciones.
1. Las infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente Ley se 
clasificarán en leves, graves y muy graves.
2. Constituirán infracciones leves las siguientes:
a) El retraso injustificado en el envío al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente de cualquiera de los documentos mencionados en los artículos 6 
y 7 sobre documentación y acuerdos de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias de la presente Ley.
b) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica 
obligatoria o de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de 
norma aprobada por la autoridad competente, cuando su cuantía no supere 
6.000 euros.
3. Const ituirán infracciones graves las siguientes:
a) La comisión, en el término de un año, de más de dos infracciones leves, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La no remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por parte de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de los 
acuerdos adoptados en su seno.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56578
c) La no remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de las cuentas anuales y la liquidación del último ejercicio debidamente auditado, 
por parte de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, cuando a lo 
largo del período anual éstas hayan percibido aportaciones económicas obligatorias 
de todo el sector en virtud de una orden de extensión de norma aprobada por la 
autoridad competente.
d) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica 
obligatoria o de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de 
norma aprobada por la autoridad competente, cuando su cuantía supere 6.000 
euros y no exceda de 60.000 euros.
4. Constituirán infracciones muy graves:
a) La comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) El desarrollo de actuaciones cuya finalidad sea contraria a las establecidas 
en el artículo 3 de esta Ley.
c) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para el 
reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el 
artículo 4 de esta Ley.
d) La denegación de la adhesión como miembro de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias de aquellas organizaciones sectoriales de 
ámbito nacional o autonómico que acrediten tener la representatividad mínima 
establecida en el artículo 4.2 a) de esta Ley.
e) La aplicación del régimen de aportaciones económicas por extensión de 
normas de la presente Ley en términos distintos a los contenidos en la 
correspondiente Orden Ministerial.
f) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica 
obligatoria o de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de 
norma aprobada por la autoridad competente, cuando su cuantía exceda de 
60.000 euros.
5. En las infracciones relativas al incumplimiento del pago de la aportación 
económica obligatoria o de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de 
extensión de norma aprobada por la autoridad competente, el impago deberá ser 
denunciado por la organización interprofesional ante la autoridad competente, 
acompañando la documentación que acredite haber requerido el pago a los 
deudores, así como la admisión a trámite de la correspondiente demanda judicial o, 
en su caso, de la solicitud de laudo arbitral.
No obstante, cuando la aportación económica impagada o las cuotas en que se 
desglose se calculen sobre datos incluidos en declaraciones oficiales a la administración 
competente o constatados en sus actuaciones de control, no será necesario acreditar 
la presentación de la documentación mencionada en el párrafo anterior.»
Doce. Se da nueva redacción al artículo 13.
«Artículo 13. Sanciones.
1. Las infracciones administrativas enumeradas en el artículo anterior se 
sancionarán:
a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa comprendida entre 3.001 euros 
y 150.00 0 euros.
Además podrá ordenarse la suspensión temporal del reconocimiento de la 
organización interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo establecido en la 
presente Ley, por plazo no superior a un año.
c) Las infracciones muy graves con multa comprendida entre 150.001 euros 
y 3.000.000 de euros.
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56579
Además podrá ordenarse la suspensión temporal del reconocimiento de la 
organización interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo establecido en la 
presente Ley, por un plazo comprendido entre un año y un día y tres años.
Asimismo, se podrá ordenar la retirada definitiva del reconocimiento a la 
organización interprofesional agroalimentaria, a los efectos previstos en esta Ley.
2. Los criterios para la graduación de la sanción a aplicar serán los que 
determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La resolución del procedimiento sancionador será competencia de:
a) El Director General de la Industria Alimentaria, cuando la cuantía total de la 
sanción propuesta por el instructor del expediente no supere los 100.000 euros.
b) El Secretario General de Agricultura y Alimentación, cuando dicha cuantía 
exceda de 100.000 euros y no supere los 300.000 euros.
c) El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando dicha 
cuantía exceda de 300.000 euros y no supere 600.000 euros.
d) El Consejo de Ministros, cuando dicha cuantía exceda de 600.000 euros o 
cuando se proponga como sanción la suspensión temporal o definitiva del 
reconocimiento de la organización interprofesional agroalimentaria.»
Trece. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 15.
«Artículo 15. Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
2. El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 
actuará en Pleno y en Comisión Permanente. El Pleno estará presidido por el 
Secretario General de Agricultura y Alimentación, y estará compuesto, en la forma 
en que se determine reglamentariamente, por representantes de los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía y Competitividad y de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de las Comunidades Autónomas, de las 
organizaciones profesionales agrarias, organizaciones de cooperativas agrarias y 
pesqueras, organizaciones de productores pesqueros reconocidas, organizaciones 
de la industria y del comercio alimentario y de las organizaciones de consumidores.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 2/2000, de 7 de enero, Reguladora de 
los contratos-tipo de productos agroalimentarios.
Se modifica la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos-tipo de 
productos agroalimentarios, en la forma que a continuación se indica:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 2.
«Artículo 2. El contrato-tipo agroalimentario.
2. Se entiende por sistema agroalimentario, a los efectos de lo establecido en 
esta Ley, el conjunto de los sectores productivos agrícolas, ganadero, forestal y 
pesquero, así como los de transformación y comercialización de sus productos.»
Dos. Se da una nueva redacción al apartado d) del artículo 3:
«Artículo 3. Contenido de los contratos.
d) Precios y condiciones de pago. El precio a percibir y los criterios para su 
actualización serán libremente fijados por las partes signatarias del contrato, las 
cuales podrán tener en cuenta, en su caso, indicadores de precios o costes. Estos 
indicadores deberán ser objetivos, transparentes y verificables, y no manipulables. 
En la fijación de los precios y condiciones de pago se tendrá en cuenta lo 
establecido al respecto por la normativa sectorial comunitaria.»
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56580
Tres. Se suprime el artículo 8.
Cuatro. Se da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 10.
«Artículo 10. Controversias.
En caso de que por la comisión de seguimiento, en el plazo y forma que 
reglamentariamente se establezca, no se logre una solución al conflicto, o en el 
de discrepancia con la solución propuesta, las partes podrán recurrir a 
procedimientos arbitrales.»
Cinco. Se da nueva redacción al artículo 11.
«Artículo 11. Infracciones y sanciones.
1. Se consideran infracciones leves:
a) La no remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de los resultados de la auditoría externa en el plazo reglamentariamente establecido.
b) La no remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de los datos a los que se refiere el artículo 4.1 de esta Ley.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La no constitución por los proponentes del contrato tipo homologado de la 
comisión de seguimiento en el plazo reglamentariamente previsto.
b) El no cumplimiento de todos o alguno de los fines de la comisión de 
seguimiento.
c) La no realización de la auditoría externa establecida en la presente Ley.
d) La no remisión de información, o la remisión de datos falsos a la autoridad 
competente dentro del plazo fijado.
e) La reincidencia en una infracción leve de igual naturaleza en el mismo año 
contado desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la infracción 
anterior.
3. Se consideran infracciones muy graves.
a) La aplicación de las aportaciones económicas a destinos distintos de los 
contenidos en la memoria complementaria a que se refiere el artículo 5.3 de la 
presente Ley.
b) Acordar o realizar actividades con ánimo de lucro por la comisión de 
seguimiento.
c) La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
d) La reincidencia en una infracción grave de igual naturaleza en el mismo 
año contado desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la 
infracción anterior.
4. Las infracciones enumeradas en los apartados anteriores serán sancionadas:
a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa comprendida entre 3.000 y 150.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa comprendida entre 150.000 
euros y 3.000. 000 de euros.
5. Los criterios para la graduación de la sanción a aplicar serán los que 
determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
cve: BOE-A-2013-8554
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Sábado 3 de agosto de 2013  Sec. I.   Pág. 56581
Seis. Se da nueva redacción al artículo 12.
«Artículo 12. Órganos competentes.
La resolución del procedimiento sancionador será competencia de:
a) El Director General de la Industria Alimentaria, cuando la cuantía total de la 
sanción propuesta por el instructor del expediente no supere los 100.000 euros.
b) El Secretario General de Agricultura y Alimentación, cuando dicha cuantía 
exceda de 100.000 euros y no supere los 300.000 euros.
c) El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando dicha 
cuantía exceda de 300.000 euros y no supere 600.000 euros.
d) El Consejo de Ministros, cuando dicha cuantía exceda de 600.000 euros.»
Disposición final tercera. Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.
Se exceptúa de lo anterior lo dispuesto en las letras f) y g) del artículo 5, el Título II y la 
disposición transitoria primera, que se amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil y legislación civil.
Disposición final cuarta. Facultad de desarrollo.
Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y aplicación de esta ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 2 de agosto de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
cve: BOE-A-2013-8554
http://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X