I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
14580 Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley 
Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración 
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 
aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia 
y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia).
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
En la exposición de motivos del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprobó el texto refundido de la Ley Concursal, se señalaba que la 
imprescindible reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente que 
representaba esa refundición no excluía que el proceso de reforma del derecho de la 
insolvencia hubiera finalizado. Así, el texto refundido se presentaba como la base idónea 
para acometer de forma más ordenada, clara y sistemática la transposición de la 
Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, 
sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, tarea que, como también 
advertía esa exposición de motivos, reviste extraordinaria dificultad.
Los sistemas de insolvencia tienen como finalidad económica procurar una 
reasignación eficiente de los recursos productivos. En el caso de actividades 
económicamente viables, pero con dificultades financieras, estos procedimientos tratan 
de facilitar reestructuraciones del pasivo que garanticen a la vez los derechos de los 
acreedores y la continuidad de la empresa. En el caso de actividades inviables, el 
procedimiento trata de extraer el mayor valor de los activos para devolver a los 
acreedores el mayor porcentaje de sus créditos, siguiendo un orden de prelación. 
Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los 
deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que 
les permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía 
sumergida o a una situación de marginalidad.
El sistema de insolvencia está integrado, por una parte, por los denominados 
instrumentos preconcursales. Son procedimientos ágiles y con una participación 
reducida de la administración judicial, dirigidos a la consecución de acuerdos entre 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123682
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
empresas viables y sus acreedores, preferentemente en un estadio temprano de 
dificultades financieras. Por otra parte, el sistema incluye el procedimiento concursal, 
formal y estrechamente supervisado por la administración judicial, dirigido a la 
consecución de acuerdos (convenios) cuando el deudor es viable o a su liquidación 
cuando no lo es.
Los instrumentos preconcursales eficaces incrementan la eficiencia del sistema de 
insolvencia de forma directa, al posibilitar una reestructuración temprana y rápida, pero 
también de forma indirecta, al liberar recursos administrativos y descongestionar el 
procedimiento concursal, permitiendo así una gestión más rápida de los concursos.
El análisis de nuestro sistema de insolvencia permite detectar una serie de 
limitaciones. En primer lugar, la utilización de los instrumentos preconcursales en nuestro 
país ha venido aumentando de forma lenta y su uso ha sido relativamente reducido. Por 
otra parte, la percepción más extendida es que si bien los acuerdos de refinanciación 
han constituido un instrumento útil, los acuerdos extrajudiciales de pagos, dirigidos a 
pequeñas y medianas empresas, no han cumplido de forma satisfactoria con su 
propósito. En segundo lugar, el recurso al concurso también ha venido siendo inferior, en 
términos comparados, al de otros países de nuestro entorno. Pero, además, cuando las 
empresas recurren al concurso lo hacen en una situación de dificultades avanzadas. En 
concreto, el porcentaje de deudores que solicita el concurso en una situación patrimonial 
crítica supera el 45% en la actualidad. Asimismo, los concursos se caracterizan por su 
excesiva duración, que ha venido aumentando en los últimos años y alcanzó en 2020 un 
promedio de 60 meses. Este incremento no es ajeno al sustancial incremento de la carga 
de trabajo en los juzgados de lo mercantil. Además, los concursos se caracterizan por 
que la mayoría terminan en liquidación, y no en un convenio. En concreto, para las 
personas jurídicas, el 90% de las fases sucesivas lo son de liquidación. Por último, se 
puede destacar que el procedimiento de segunda oportunidad se caracteriza por su 
reducida utilización.
La presente ley pretende afrontar este conjunto de limitaciones mediante una reforma 
estructural de calado del sistema de insolvencia.
En primer lugar, se introducen los denominados planes de reestructuración, un 
instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que posibilita una 
actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumentos 
preconcursales, sin el estigma asociado al concurso y con características que 
incrementan su eficacia. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana, 
y por tanto con mayores probabilidades de éxito, y contribuirá a la descongestión de los 
juzgados y por tanto a una mayor eficiencia del concurso. En efecto, las empresas 
podrán acogerse a los planes de reestructuración en una situación de probabilidad de 
insolvencia, previa a la insolvencia inminente que se exige para poder recurrir a los 
actuales instrumentos. Su introducción lleva aparejada la supresión de los actuales 
instrumentos preconcursales. En la regulación de los planes de reestructuración se ha 
preservado el carácter flexible (poco procedimental) de los acuerdos de refinanciación y 
se han incorporado elementos que les otorgan mayor eficacia que a estos últimos, como 
la posibilidad de arrastre de clases disidentes, sujeta al cumplimiento de ciertas 
salvaguardas para los acreedores, que constituye el núcleo del modelo.
A su vez, la ley reforma el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, 
introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el 
procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una 
liquidación rápida cuando no lo sea. En el diseño de estos procedimientos se ha 
prestado especial atención a las microempresas, que constituyen en torno al 94% de las 
empresas españolas, para las que los instrumentos vigentes no han funcionado 
satisfactoriamente: los acuerdos extrajudiciales de pago han tenido un uso escaso y el 
concurso tiene unos elevados costes fijos que detraen los escasos recursos disponibles 
para los acreedores. Por ello, la ley introduce un procedimiento de insolvencia único, en 
el doble sentido de que pretende encauzar tanto las situaciones concursales (de 
insolvencia actual o inminente) como las preconcursales (probabilidad de insolvencia) y 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123683
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
que se aplicará de manera obligatoria a todos los deudores que entren dentro del 
concepto legal de microempresa. Este procedimiento está especialmente adaptado a las 
necesidades de las microempresas, caracterizándose, por tanto, por una simplificación 
procesal máxima.
Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, 
ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de 
exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, 
permitiendo así que este conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.
La presente ley tiene como objeto la adopción de las reformas legislativas necesarias 
para la transposición al derecho español de la Directiva 2019/1023, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Para ello, lleva a cabo una importante 
reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que constituye la base idónea para acometer de forma 
ordenada, clara y sistemática la transposición.
Esta reforma legislativa va a suponer el detonante de un cambio integral de la 
situación de los procedimientos de insolvencia en nuestro país, siendo clave para su 
flexibilización y agilización, y para favorecer los mecanismos preconcursales, con el fin 
último de facilitar la reestructuración de empresas viables y la liquidación rápida y 
ordenada de las que no lo son. Estos cambios normativos devienen, si cabe, más 
esenciales todavía como herramientas para afrontar la actual situación empresarial 
derivada de la pandemia de la COVID-19, ya que pese a las importantes ayudas que se 
han puesto en marcha, la supervivencia financiera de un importante número de las 
empresas españolas requerirá pasar por un proceso de reestructuración, y en caso de 
no ser factible, de una liquidación eficiente.
El antecedente directo en el ámbito europeo, a través del soft law,  de dicha Directiva 
es la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo 
enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, que puso de relieve la diferente 
regulación de las normas nacionales en materia de insolvencia en cuanto a 
procedimientos de que disponen los deudores con dificultades financieras para 
reestructurar sus empresas y enfatizó la necesidad de fomentar una mayor coherencia 
entre los marcos nacionales de insolvencia para reducir divergencias e ineficacias que 
obstaculizan la reestructuración temprana de empresas con dificultades financieras y la 
posibilidad de la segunda oportunidad para los empresarios honrados y así reducir el 
coste de la reestructuración, tanto para deudores como para acreedores.
La necesaria armonización de las diferencias entre las normativas nacionales fue el 
objeto de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades 
fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de 
establecimiento. Los ejes de la reforma que supone esta Directiva son tres: garantizar 
que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan 
acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan 
continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados 
puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de 
tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad; y que se mejore la 
eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, 
en particular con el fin de reducir su duración.
Se trata de una ley muy ambiciosa, inspirada con el objetivo de conseguir, de 
acuerdo a los ejes de reforma marcados por la Directiva, cuando sea objetivamente 
posible, una reestructuración de activos y pasivos para evitar la insolvencia o solucionar 
la ya acaecida; la decisión de convertir el beneficio de la exoneración de las deudas, 
cuando concurran determinadas circunstancias, en un derecho de la persona natural 
deudora; y la decidida voluntad legislativa de simplificar el concurso de acreedores en 
aras de las siempre deseadas rapidez de la tramitación y eficiencia institucional, con 
algunos mecanismos de alerta temprana que permitan al deudor responsable detectar la 
necesidad de actuar para evitar o para encauzar la insolvencia. El contenido de la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123684
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Directiva es heterogéneo, y, por consiguiente, heterogéneo también tiene que ser el 
contenido de la norma de transposición. Al mismo tiempo, para evitar algunas 
disfunciones e incoherencias con las nuevas normas en que se materializa la 
transposición, se procede a reformar la Ley Concursal en las materias directamente 
relacionadas.
II
Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la 
buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la 
obligación de transposición con fidelidad al texto de la Directiva y con la mínima reforma 
de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; 
así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el 
ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro del texto 
refundido de la Ley Concursal. También se ha cumplido el principio de eficiencia, ya que 
la ley reforma el procedimiento concursal introduciendo modificaciones para la 
agilización del procedimiento, con reducción de los plazos. El principio de transparencia 
ha sido atendido en la tramitación, ya que la consulta pública previa ha sido celebrada de 
conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, 
del 29 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019 y el trámite de información 
pública conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, se ha realizado del 4 de agosto 
de 2021 al 25 de agosto de 2021.
Esta ley va acompañada además de una Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para mejorar el reparto competencial 
actualmente establecido para los juzgados de lo mercantil y para las secciones 
especializadas de las Audiencias Provinciales y correlativamente el de los juzgados de 
primera instancia y el de las demás secciones de las Audiencias Provinciales.
III
La Directiva exige la introducción en la legislación nacional de uno o varios marcos o 
procedimientos de reestructuración preventiva. La finalidad de estos marcos o 
procedimientos es asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables pero 
que se encuentran en dificultades financieras que pueden amenazar la solvencia y 
acarrear el consiguiente concurso.
El texto europeo deja espacio a la decisión de los legisladores nacionales en cuanto 
a la forma de alcanzar este objetivo. Ante esta libertad de opción, el legislador español 
ha considerado oportuno reducir las dos instituciones hasta ahora existentes, los 
acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago, a una sola institución, los 
planes de reestructuración, aunque con algunas adaptaciones para los deudores de 
menor activo, de menor cifra de negocios o de menor número de trabajadores; y ha 
considerado igualmente oportuno mantener el principio de decisión mayoritaria de los 
acreedores y una intervención judicial mínima, inspirada en los criterios de necesidad y 
proporcionalidad. Para garantizar el buen funcionamiento de cualquier mecanismo de 
decisión colectiva resultan imprescindibles ciertas garantías procedimentales. La ley 
vincula estas garantías a la concurrencia de tres elementos fundamentales: una correcta 
configuración de las clases de acreedores afectados por el plan de reestructuración, que 
son quienes van a tomar la decisión; una mayoría cualificada favorable dentro de cada 
una de estas clases y, por último, el respeto a un valor económico mínimo cuando haya 
acreedores o clases de acreedores disidentes.
La confianza en la decisión mayoritaria de los sujetos afectados permite reducir la 
intervención judicial conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad. Al igual 
que en el derecho que se deroga, la intervención de una autoridad judicial se reduce a 
dos momentos distintos e independientes: la comunicación de la apertura de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123685
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
negociaciones con los acreedores y la confirmación u homologación del plan de 
reestructuración alcanzado. La ley deja así que sean las partes afectadas las que 
privadamente negocien y alcancen un acuerdo sobre el plan de reestructuración, y se 
limita a fijar un marco normativo con el fin de facilitar esa negociación colectiva, 
garantizar unas salvaguardas mínimas del proceso y del resultado de la negociación, y 
asegurar un equilibrio entre la protección del interés de la mayoría y una tutela adecuada 
de las partes afectadas disidentes. Esta opción por mantener, en la mayor medida 
posible, el régimen vigente se justifica por los frutos que ha dado hasta ahora y permite 
que los destinatarios se beneficien de la experiencia acumulada. A partir del régimen 
vigente, la ley introduce dos clases de modificaciones principales. Por un lado, aquellas 
exigidas por la Directiva y que es preciso incorporar necesariamente al derecho español; 
y, por otro lado, aquellas que son opcionales según la Directiva pero que pueden resultar 
oportunas para incrementar la eficacia del sistema y hacerlo homologable y competitivo 
con los de nuestro entorno. En términos muy generales, los cambios que introduce la ley 
tienden a incrementar la flexibilidad del procedimiento. No hay dos reestructuraciones 
iguales y, por consiguiente, el marco normativo debe ser lo suficientemente ágil, flexible y 
versátil como para poder adaptarse a las particularidades de cada caso.
A los efectos de llevar a cabo la transposición, la ley opta por una sustitución 
completa del libro segundo de la Ley Concursal. El nuevo libro segundo se divide en 
cinco títulos. El título I se ciñe a determinar los presupuestos subjetivo y objetivo. El título 
II regula la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores con el fin 
de alcanzar un plan de reestructuración. El título III se ocupa de los planes de 
reestructuración, su aprobación, su homologación judicial y el régimen de impugnación. 
El título IV trata del nombramiento y del estatuto del experto encargado de la 
reestructuración, nueva figura cuyo nombramiento contempla la Directiva en 
determinados supuestos. Y, por último, el título V establece ciertas especialidades para 
deudores que no alcancen determinados umbrales.
En cuanto al presupuesto subjetivo, el libro segundo tiene como destinatario a 
cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o 
profesional y que no esté comprendida dentro del ámbito de aplicación del nuevo 
procedimiento especial regulado en el libro tercero. Por lo que respecta al presupuesto 
objetivo, la especialidad de los marcos de reestructuración temprana es para la Directiva 
la probabilidad de insolvencia. Probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente e 
insolvencia actual son tres estados que se ordenan secuencialmente: la probabilidad de 
insolvencia es un estado previo a la insolvencia inminente y esta un estado previo a la 
insolvencia actual. Un deudor que tenga probabilidad de insolvencia no puede ser sujeto 
de un concurso de acreedores, pero puede utilizar los mecanismos que integran el 
derecho preconcursal. Con el fin de dar la mayor flexibilidad posible al sistema, la ley 
española no excluye el recurso a los institutos preconcursales cuando el deudor se halle 
en estado de insolvencia inminente o incluso de insolvencia actual. Ciertamente, la 
Directiva no establece como prepuestos del preconcurso los mismos presupuestos del 
concurso de acreedores, sino uno específico; pero no prohíbe esa extensión. Mientras 
que la empresa sea económicamente viable, está justificada su reestructuración para 
evitar los riesgos de destrucción de valor asociados al procedimiento concursal. Esta 
opción, por supuesto, no debe restringir el derecho de todo acreedor a solicitar el 
concurso del deudor insolvente. De ahí que el único límite temporal a la reestructuración 
de empresas en situación de insolvencia actual sea el que ya estuviera admitida a 
trámite una solicitud de concurso necesario.
La definición de probabilidad de insolvencia se hace en términos objetivos. La 
definición recogida en la ley permite que la reestructuración se lleve a cabo en una fase 
temprana, reduciendo la pérdida de valor empresarial y el consiguiente perjuicio para los 
acreedores y para el propio deudor. Para ello se opta por el modelo alemán, fijando un 
horizonte temporal dentro del que se prevé se van a materializar los incumplimientos de 
las obligaciones del deudor. En este sentido, se establece que se encuentra en 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123686
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
probabilidad de insolvencia el deudor que no va a poder cumplir las obligaciones que 
venzan en los próximos dos años.
El título II regula la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores 
para alcanzar un plan de reestructuración. El sentido último de esta comunicación es que 
el deudor pueda disfrutar de una paralización o suspensión temporal de las ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes necesarios para continuar con su 
actividad empresarial, con el fin de facilitar las negociaciones de ese plan de 
reestructuración. Esta continuidad permite preservar el valor de la empresa y, por 
consiguiente, si las negociaciones culminan satisfactoriamente, maximizar el excedente 
de valor asociado a una reestructuración preconcursal. A estos efectos, el derecho 
vigente es, en buena medida, compatible con la Directiva 2019/1023, por lo que la ley 
opta por introducir solo aquellas reformas exigidas por la propia Directiva o que se han 
considerado oportunas para mejorar la eficacia del sistema y salvaguardar 
suficientemente los intereses de todas las partes afectadas.
También es compatible con la Directiva la regulación específica de los 
procedimientos de ejecución de los acreedores públicos de la suspensión de ejecuciones 
singulares en los marcos de reestructuración preventiva mediante la que se incorpora a 
la norma interna parte del artículo 6.3 de la Directiva que sirve de base a esta exclusión, 
y que señala: «Los Estados miembros podrán prever que la suspensión de ejecuciones 
singulares pueda ser general, para todos los acreedores, o limitada, para uno o varios 
acreedores individuales o categorías de acreedores».
Así, la norma contempla que en estos casos la regla general es la imposibilidad de 
suspensión de ejecuciones singulares de los acreedores públicos y que, como 
excepción, la suspensión exclusivamente podrá acordarse durante la fase de realización 
o enajenación de los bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor por un período limitado a tres meses.
La exclusión de los créditos de derecho público de la regla general de prohibición de 
inicio de actuaciones o suspensión de las iniciadas cumple con la premisa contenida en 
el artículo 6.4 de la Directiva que se pretende trasponer, en base a la propia naturaleza 
de los mismos, según se desprende de los considerandos 33, 34 y 44. Si el legislador 
europeo contempla expresamente la generación de deuda tributaria o de Seguridad 
Social como regla objetiva para que quien incurra en esta conducta no pueda 
beneficiarse, en ningún caso, de la suspensión de la ejecución de sus créditos, no 
parece razonable pretender en coherencia con el texto europeo, en aplicación de la 
Directiva, que los créditos públicos, como categoría específica especialmente cualificada, 
no puedan quedar excluidos de la suspensión automática con carácter particular. Dada la 
finalidad de favorecer las negociaciones (artículo 6.1 de la Directiva) y que en los 
considerandos de la Directiva se indica: «el paso del tiempo normalmente solo se 
traduce en una mayor pérdida de valor del deudor o de su empresa» y que «las 
dificultades financieras de los empresarios pueden tratarse de manera eficiente no solo 
mediante procedimientos de reestructuración preventiva sino también a través de 
procedimientos que pueden llevar a la exoneración de deudas o a reestructuraciones 
informales a partir de acuerdos contractuales», equivaliendo los aplazamientos y 
fraccionamientos regulados en la normativa tributaria a las reestructuraciones informales 
de la Directiva, es evidente que la utilización del sistema de aplazamientos y 
fraccionamientos determina, con carácter general, la no suspensión de ejecuciones 
singulares para el acreedor público.
En virtud de las consideraciones previamente formuladas, ha de concluirse que la 
presente regla específica de la suspensión en la ley cumple con las dos premisas 
recogidas en el artículo 6.4 de la Directiva; la misma no pone en peligro la 
reestructuración de la empresa, en la medida en que la regulación específica tanto en 
Derecho tributario como en Seguridad Social cuenta con mecanismos de 
reestructuración de la deuda de empresas en el presupuesto del libro segundo, como el 
aplazamiento y el fraccionamiento de deuda, lo que además resulta coherente con la 
naturaleza de la regulación sectorial, en la medida en que en el Real Decreto 1415/2004, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123687
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, la presentación de la solicitud de aplazamiento no suspende el 
procedimiento recaudatorio, lo que no ha impedido la reestructuración y flexibilización de 
las condiciones de regularización de la deuda de las empresas, en ejercicio de las 
facultades de autotutela de la Administración Tributaria y de Seguridad Social.
Este título II se divide en tres capítulos. El capítulo I regula fundamentalmente los 
aspectos procesales de la comunicación. La ley mantiene el principio de que la iniciativa 
corresponde al deudor y exige que concurra el presupuesto objetivo y, por consiguiente, 
que se encuentre en estado de insolvencia probable, inminente o actual. Se introducen 
medidas para evitar conductas abusivas y se recoge la novedad de presentar una 
comunicación conjunta, especialmente en el caso de que abarque a varias sociedades 
dentro de un grupo. Como sucedía en el derecho hasta ahora vigente, una vez 
presentada la comunicación, sus efectos se producen de forma automática, ope legis,  y 
el control se limita a dos aspectos: el contenido formal de la comunicación, en especial 
de la información que debe acompañarla, y la competencia del juzgado ante el que se ha 
presentado.
El capítulo II regula los efectos de la comunicación y se divide en siete secciones. La 
sección 1.ª contiene un único artículo que se dedica a los efectos de la comunicación 
sobre las facultades patrimoniales del deudor; en coherencia con el principio de 
intervención mínima, en la fase preconcursal no hay ningún tipo de suspensión o 
intervención sobre las facultades del deudor para administrar y disponer de sus bienes. 
La sección 2.ª regula los efectos de la comunicación sobre los créditos y las garantías 
personales o reales de terceros; aunque se mantiene el principio general del régimen 
hasta ahora vigente, conforme al cual la comunicación no impide que, una vez vencida la 
obligación principal, un acreedor que goce de garantía personal o real de tercero pueda 
dirigirse contra este para satisfacer su crédito, se introduce como excepción la 
posibilidad, a instancia del deudor que ha presentado la comunicación, de extender sus 
efectos suspensivos a las garantías personales o reales prestadas por terceros que 
pertenezcan al mismo grupo de sociedades que la deudora principal cuando la ejecución 
de la garantía pueda precipitar la insolvencia de la sociedad garante y del deudor, con la 
consiguiente frustración de las negociaciones, y evitando así que la única alternativa 
para prevenir ese resultado sea instar una comunicación también por la sociedad 
garante, lo que se espera contribuya a mejorar la competitividad de nuestro sistema 
jurídico. La sección 3.ª regula los efectos de la comunicación sobre los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento; tal y como exige la Directiva, la ley 
recoge el principio general de vigencia de esos contratos y, en consecuencia, deja sin 
efecto las cláusulas contractuales que puedan contrariarlo (las llamadas «cláusulas ipso 
facto»),  con reglas especiales para los contratos de suministro de bienes o energía. La 
sección 4.ª del capítulo II se ocupa de los efectos de la comunicación sobre las acciones 
y los procedimientos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, sobre bienes o derechos del 
deudor necesarios para la continuidad de sus actividades, con exclusión, en todo caso, 
de tales efectos sobre los créditos de derecho público; como novedad, se da más 
versatilidad al régimen vigente para ajustar el alcance de la suspensión a las 
necesidades particulares de cada caso. La sección 5.ª del capítulo II regula la 
posibilidad, contemplada igualmente en la Directiva, de prorrogar, por una sola vez, los 
efectos de la comunicación por un período adicional de tres meses, lo cual puede ser 
pertinente en negociaciones muy complejas, que involucran a muchos y muy 
heterogéneos acreedores, e incluso accionistas, como puede suceder en el caso de una 
sociedad cotizada. En la sección 6.ª se prohíben las nuevas comunicaciones y el capítulo 
II concluye con una sección 7.ª relativa a los efectos de la comunicación sobre las 
solicitudes de concurso; su contenido es prácticamente idéntico al régimen establecido 
por el texto refundido, con una mínima adaptación para el caso de que los efectos de la 
comunicación se prorroguen.
El capítulo III del título II regula los efectos de la comunicación sobre determinados 
deberes legales del deudor; en concreto, el deber de solicitar el concurso y el deber de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123688
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
promover la disolución por pérdidas cualificadas. La novedad más importante atañe a los 
supuestos en los que sea la deudora quien solicite voluntariamente el concurso, de 
forma que la solicitud podrá ser suspendida cuando existan probabilidades de alcanzar 
un plan de reestructuración en un breve plazo con el fin de prevenir que la deudora 
frustre la adopción de un plan de reestructuración cuyas negociaciones están ya muy 
avanzadas.
El título III contiene el régimen aplicable a los planes de reestructuración, su 
aprobación y homologación judicial. El término «plan», en lugar de «acuerdo», es el 
utilizado por la Directiva y refleja la posibilidad de imponerlo, bajo ciertas condiciones, 
incluso a los socios del deudor. El régimen aplicable a los planes de reestructuración 
descansa sobre un principio de intervención judicial mínima y a posteriori. La 
negociación y votación del plan es informal y al margen de cualquier proceso reglado o 
de la intervención de ninguna autoridad judicial, sin perjuicio de la posible designación de 
un experto en la reestructuración, cuando proceda imperativamente o a instancias de las 
partes. El juez solo interviene al final del proceso, para homologar el plan ya aprobado 
por las clases y mayorías exigidas por la ley.
El título III se divide en siete capítulos. El capítulo I tiene como finalidad delimitar el 
ámbito de aplicación de este título. En primer lugar, la ley opta por una definición muy 
amplia del concepto de «planes de reestructuración» e incluye las medidas de 
reestructuración que afectan tanto al pasivo como al activo. La ley también acoge la 
opción, permitida por la Directiva, de homologar un plan de reestructuración que prevea 
la venta de partes o incluso de la totalidad de la empresa, los llamados planes 
liquidativos, que pueden resultar una opción atractiva, en particular, para las pequeñas y 
medianas empresas. En segundo lugar, el ámbito de aplicación objetivo viene 
determinado por los efectos que se pretendan dar al plan de reestructuración. El recurso 
al régimen especial que se prevé en este título será necesario cuando se pretendan 
extender sus efectos a acreedores disidentes dentro de una clase, a clases enteras de 
acreedores disidentes o incluso a los socios, esto es, cuando se excepcione el juego de 
las reglas generales del Derecho civil o mercantil. Igualmente, el recurso a este régimen 
especial será preciso cuando se quiera proteger el plan y las garantías, actos o negocios 
previstos en él de las reglas generales sobre acciones rescisorias concursales o 
conceder determinados privilegios a la financiación otorgada o comprometida en el 
contexto de un plan de reestructuración, en el caso de posterior concurso.
El capítulo II se ocupa de definir qué se debe entender por créditos afectados por un 
plan de reestructuración y su valoración. Créditos afectados son aquellos que, de 
conformidad con el plan, vayan a sufrir una modificación de sus términos o condiciones, 
con independencia de que además se altere su valor real. La ley, siguiendo a la 
Directiva, deja a los interesados que, en función de las necesidades de cada caso y del 
proceso de negociación, decidan si quieren afectar a la totalidad del pasivo o solo a una 
parte, y la cuantía o identidad de esta. El control judicial sobre cómo se han agrupado los 
créditos para formar las distintas clases presupone un control sobre cómo se ha 
delimitado ese «perímetro de afectación» y garantiza que responda a criterios objetivos y 
suficientemente justificados. La única excepción al principio de universalidad del pasivo 
susceptible de afectación son los créditos públicos, los créditos laborales, los 
alimenticios y los extracontractuales. Por invitación de la Directiva, la ley contiene reglas 
sobre cómo deben computarse los créditos a los efectos de ponderar el voto emitido; 
muchas de las reglas proceden de la legislación vigente, pero se ha añadido una 
novedad importante para resolver un problema habitual en la práctica, como es la 
valoración de los créditos contingentes. Como sucedía en el caso de la comunicación, la 
ley consagra el principio general de vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento, con la novedad de que la ley declara ineficaces 
las cláusulas de cambio de control que una capitalización de créditos pueda causar. La 
ley introduce otra novedad tomada del procedimiento concursal y de otros sistemas de 
nuestro entorno: la posibilidad de resolver contratos en interés de la reestructuración, 
incluidos, con alguna especialidad adicional, los contratos de alta dirección. Esta 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123689
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
novedad es una de las pocas reglas especiales que se establecen en relación con la 
reestructuración del activo. En efecto, la ley establece un régimen general para la 
reestructuración del pasivo por lo que, tanto la reestructuración del activo como las 
medidas operativas que pudieran acordarse, quedan sujetas a su legislación específica 
atendiendo a su naturaleza (laboral, tributaria o administrativa) en modo tal que las 
controversias que respecto de ellas pudieran suscitarse se sustanciarán ante el juez 
competente y no ante el juez del concurso, que no tiene vis atractiva respecto de las 
mismas. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las medidas de información y consulta 
con los trabajadores, que serán las previstas en la legislación laboral en función de la 
concreta medida operativa de que se trate. La presente ley se entiende sin perjuicio de 
los derechos de los trabajadores garantizados por el Derecho laboral comunitario y 
nacional, en particular en las Directivas 98/59/CE y 2001/23/CE del Consejo, y en las 
Directivas 2002/14/CE, 2008/94/CE y 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Esto incluye las obligaciones de informar y consultar a los representantes de 
los trabajadores sobre la decisión de recurrir a un plan de reestructuración en la medida 
en que así se disponga en la normativa laboral y, cuando así se prevea en la misma, con 
carácter previo a la aprobación u homologación del plan.
El capítulo III se dedica a la formación de las clases. Para la aprobación del plan de 
reestructuración los créditos afectados deben votar separados por clases según su 
naturaleza. Esto no es ninguna novedad en la legislación española. Hasta ahora, el 
derecho vigente distinguía entre categorías de acreedores teniendo en cuenta dos 
variables: su carácter financiero y la existencia de una garantía real. Al extender la 
Directiva el ámbito de pasivos susceptibles de afectación, la formación de las clases 
deviene más compleja. La ley brinda varios criterios para determinar cómo deben 
formarse estas clases. Tras la cláusula general tomada de la Directiva, y que se remite a 
la existencia de un interés común de los acreedores integrantes de cada clase 
determinado conforme a criterios objetivos, la ley señala que el parámetro principal para 
formar las clases deben ser los rangos crediticios concursales: los créditos con rangos 
concursales distintos deben separarse en clases distintas. Adicionalmente, la ley permite 
que créditos del mismo rango se separen por clases teniendo en cuenta datos como su 
naturaleza financiera o no financiera; el activo sobre el que recae su garantía cuando se 
trate de créditos garantizados; cómo vayan a quedar afectados por el plan, cuando 
créditos de igual naturaleza vayan a recibir instrumentos de naturaleza distinta; y en 
particular que sus titulares sean pequeñas o medianas empresas y el plan de 
reestructuración suponga para ellas un sacrificio superior al cincuenta por ciento del 
importe de su crédito deberán constituir una clase de acreedores separada. El ejemplo 
paradigmático de sacrificio estaría constituido por las quitas o condonaciones de deuda. 
La ley también precisa que los créditos de derecho público constituirán una clase 
separada entre las clases de su mismo rango concursal. Sin embargo, guarda silencio en 
relación con los pactos contractuales de subordinación, dejando que sean los propios 
mecanismos internos de voto los que, en su caso, jueguen y se externalicen. Aunque 
normalmente la formación de las clases se controlará  ex post,  en la fase de 
homologación, como novedad se concede la opción a las partes interesadas de solicitar 
una confirmación judicial previa ante la autoridad judicial competente; esta opción puede 
ser útil para los supuestos en los que, durante la fase de negociación del plan, haya una 
disparidad de criterios entre los sujetos afectados sobre las clases formadas y sea 
preferible despejar las dudas sin necesidad de aguardar hasta el final de todo el proceso.
El capítulo IV se dedica a la aprobación del plan por las clases de créditos afectados. 
La ley conserva el régimen vigente y no establece ningún procedimiento formal o reglado 
sobre cómo debe procederse a la formación de clases y la votación del plan. Sí se 
requiere, por exigencia de la Directiva, que el plan tenga un contenido mínimo y sea 
notificado a todos los acreedores afectados antes de proceder a su homologación. Y se 
recoge el principio fundamental, también procedente de la Directiva, de que todos los 
acreedores afectados tienen derecho de voto ponderado en función del importe nominal 
de su crédito. El plan se entenderá aprobado por cada clase de créditos si vota a favor 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123690
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
más de los dos tercios del pasivo incluido en esa clase. La mayoría se incrementa al 
setenta y cinco por ciento en la clase de créditos garantizados con garantía real. La ley 
mantiene, además, la regla especial para los créditos sometidos a un pacto de 
sindicación. Una vez aprobado por las clases necesarias, el acuerdo debe ser 
formalizado en instrumento público. La ley no introduce novedad alguna en este punto. 
Una de las cuestiones más complejas es la posición de los socios de la sociedad 
deudora cuando el plan de reestructuración afecta a sus derechos, esto es, conlleva 
medidas como ampliaciones de capital, modificaciones estructurales o disposición de 
activos esenciales que, bajo las reglas generales del derecho societario, requieren su 
consentimiento. También aquí la Directiva deja varias opciones a los Estados miembros. 
La ley opta por una solución que se aparta de la solución hasta ahora vigente en el 
derecho español y reconoce el derecho de voto de los socios cuando el plan de 
reestructuración afecta a sus derechos, pero permite que, en caso de insolvencia actual 
o de insolvencia inminente, el plan de reestructuración se homologue en contra de su 
voluntad, evitando así ciertas conductas abusivas que, en la práctica, comportan una 
redistribución de valor en su beneficio y en perjuicio de los acreedores sin justificación 
económica alguna. A los efectos de expresar su consentimiento, la ley respeta que la 
voluntad social se conforme bajo las reglas aplicables al tipo social correspondiente, al 
margen por tanto de las reglas procedimentales aplicables a los demás acreedores, pero 
con determinadas especialidades con el fin de acelerar el proceso y facilitar la 
consecución de un acuerdo favorable al plan.
El capítulo V regula los presupuestos y el procedimiento de homologación judicial del 
plan de reestructuración. Este capítulo se divide en cinco secciones. La sección 1.ª 
recoge el presupuesto objetivo necesario para la homologación y lo hace en términos 
muy amplios: que el deudor se encuentre en estado de probabilidad de insolvencia, de 
insolvencia inminente e incluso de insolvencia actual. El límite temporal es que se haya 
admitido a trámite una solicitud de concurso necesario. La ley, por exigencia de la 
Directiva, distingue dos tipos de supuestos, que refleja lo que, por influencia anglosajona, 
doctrinalmente se conocen como «planes consensuales» y «planes no consensuales». 
La mayor innovación de la ley, que procede de la Directiva, es la posibilidad de 
homologar un plan de reestructuración que no haya sido aprobado por todas las clases 
de acreedores, o incluso por los socios del deudor persona jurídica cuando el plan 
contenga medidas que requieran acuerdo de junta («plan no consensual»). Es lo que en 
la terminología anglosajona se conoce como cramdown  o cross-class cramdown.  Bajo 
ciertas condiciones, la ley permite que el plan no solo arrastre a acreedores disidentes 
dentro de una clase adherente o favorable (lo que se conoce como «arrastre intra-
clase»), sino incluso que arrastre a clases enteras de acreedores disidentes o a los 
propios socios, si la junta ha votado en contra del plan («arrastre inter-clases»).
Salvo el requisito de la unanimidad entre las clases, estos planes no consensuales 
deben cumplir las condiciones generales para su homologación; esto es, deben recoger 
el contenido mínimo legal, deben haberse notificado a todos los acreedores afectados, 
las clases deben haberse formado correctamente y los créditos dentro de una misma 
clase deben recibir un tratamiento paritario.
La diferencia fundamental es que, en este caso, el plan de reestructuración puede 
homologarse incluso en contra de la voluntad de una o varias clases. Es suficiente con 
que haya sido aprobado por una mayoría de clases, entre las cuales al menos una de 
ellas sea una clase de créditos con privilegio especial o general. O, en su defecto, por al 
menos una clase de acreedores distinta de los socios y de cualquier otra clase que no 
hubiese recibido pago alguno o conservado ningún derecho o interés, aplicando los 
rangos concursales previstos por esta ley, en caso de una valoración del deudor como 
empresa en funcionamiento.
La ley recoge, en este punto, el tenor literal de la Directiva, que responde a un 
compromiso entre diferentes opciones de política legislativa. La aplicación de esta regla 
requiere, en primer lugar, verificar si hay una mayoría de clases afectadas que haya 
votado a favor del plan y si, entre ellas, hay al menos una clase sea de créditos con 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123691
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
privilegio, especial o general, según la normativa concursal. En este caso basta una 
mayoría simple y no sería necesario determinar, al menos en esta fase, el valor del 
deudor como empresa en funcionamiento. Si no se logra esa mayoría, bastaría entonces 
con que una clase haya votado a favor, siempre que se trate de una clase que hubiese 
recibido algún pago, de conformidad con los rangos concursales, teniendo en cuenta el 
valor del deudor como empresa en funcionamiento. En este caso, sí que resulta 
necesario determinar este valor. En la práctica, una vez determinado el valor del activo, 
se debe calcular el pasivo e identificar las clases de acreedores, según su rango 
concursal, que hubiesen recibido algún pago de haberse vendido la empresa por aquel 
valor. Al menos una de estas clases debe haber votado a favor del plan. Esto es, el plan 
debe haber sido aprobado por una clase de acreedores afectados que, tomando como 
licencia el recurso al lenguaje más coloquial, esté «dentro del dinero» y típicamente por 
la clase «donde rompe el valor».
La sección 2.ª regula el procedimiento de homologación. Aunque la ley intenta 
mantener el principio de intervención judicial mínima y hacer ese procedimiento lo más 
ágil y abreviado posible, es inevitable introducir algunas modificaciones en el régimen 
vigente. En primer lugar, y por exigencia del Reglamento europeo de insolvencia, se 
introduce un control de oficio y a instancia de parte de la competencia del tribunal. A 
partir de aquí, y bajo ese principio de intervención mínima, la ley se basa en que el 
control inicial del juez es muy limitado. El sistema descansa así sobre el principio 
mayoritario: el mejor indicio de la razonabilidad del plan de reestructuración, incluida su 
necesidad e idoneidad para asegurar la viabilidad de la empresa deudora, es que una 
mayoría cualificada de acreedores está dispuesta a asumir el sacrificio que el plan 
comporta. El juez ha de verificar que se cumplen los presupuestos legales y este control 
lo hace exclusivamente a partir de la documentación presentada, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas generales sobre subsanación. La ley mantiene el principio de la 
eficacia inmediata del plan una vez homologado. Se introduce, sin embargo, una 
novedad muy importante en nuestro sistema: el acceso a los registros de los actos de 
ejecución del plan de reestructuración, incluso aunque no haya adquirido firmeza. Una 
impugnación del plan no impedirá la inscripción registral de esos actos. El interés en 
facilitar la inmediatez de la reestructuración en una situación de extraordinaria urgencia 
ante la inminencia del concurso justifica esta excepción a las reglas generales del 
derecho registral español. En este sentido, se prevé una modificación de la Ley 
Hipotecaria para reflejar esta especialidad. En esta misma sección, se introducen 
medidas especiales de protección de los acreedores con garantía real. Por último, se 
introduce también una novedad en relación con las garantías otorgadas por terceros. La 
ley parte, como no podía ser de otra manera, del mantenimiento de estos derechos de 
garantía. No obstante, y con el fin de facilitar las reestructuraciones de grupos de 
sociedades, los efectos del plan podrán extenderse también a las garantías personales o 
reales prestadas por cualquier otra sociedad del mismo grupo no sometida al plan de 
reestructuración, cuando la ejecución de la garantía pudiese causar la insolvencia de la 
sociedad garante y de la propia deudora.
La sección 3.ª se dedica a la impugnación del auto de homologación. Una vez 
dictado auto favorable, corresponde a los acreedores que no hayan votado a favor del 
plan o, en su caso, a los socios impugnarlo y probar que no se dan los presupuestos 
para su homologación, o que el plan incurre en alguna de las causas de impugnación 
adicionales. Esta distinción se explica en la medida en que la Directiva exige que 
determinados motivos o causas solo sean apreciables a instancia de parte. Estas causas 
varían en función de que el plan haya sido aprobado por todas las clases de créditos, y 
en su caso por los socios, o no. En el primer caso, y junto con la falta de concurrencia de 
los presupuestos para su homologación, los acreedores disidentes podrán impugnar el 
plan cuando el sacrificio de sus créditos sea manifiestamente mayor al que resulta 
necesario para garantizar la viabilidad de la empresa. También será motivo de 
impugnación cuando el plan no supere la llamada «prueba del interés superior de los 
acreedores». Adicionalmente, cuando el plan no haya sido aprobado por todas las clases 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123692
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
de créditos o por los socios, la ley exige que se haya respetado la llamada «regla de 
prioridad absoluta» que tiene un doble contenido, expresado en el principio «nadie puede 
cobrar más de lo que se le debe, ni menos de lo que merece». La opción por la regla de 
prioridad absoluta, que es una de las opciones que ofrece la Directiva, se justifica por 
dos motivos. Por un lado, resulta más justa, ya que respeta los rangos crediticios 
negociados ex ante  por los acreedores. Y, por otro lado, ofrece un marco más sencillo 
para la negociación entre las distintas clases y para la posterior homologación judicial del 
plan. No obstante, y como consecuencia de ese principio de flexibilidad que informa toda 
la ley, se permite que, en casos excepcionales, el plan se aparte de la regla de prioridad 
absoluta y deje algo de valor a una o varias clases de créditos de rango inferior, o a los 
socios, si ello es manifiestamente necesario para garantizar la viabilidad de la empresa y 
no perjudica injustificadamente los derechos de las clases de acreedores afectados que 
hayan votado en contra del plan. En relación con el procedimiento de impugnación del 
plan, la ley introduce sustanciales modificaciones en el régimen hasta ahora vigente. 
Estas modificaciones vienen exigidas por la Directiva y, en cualquier caso, resultan más 
garantistas. En principio, la Directiva 2019/1023 ofrece una alternativa a los Estados 
miembros: o un sistema de homologación unilateral o ex parte  con una posterior 
impugnación ante una instancia superior; o un sistema de homologación tras un 
procedimiento contradictorio previo, en cuyo caso no se exige ese recurso. De nuevo 
bajo la idea de que no hay dos reestructuraciones iguales y que, por consiguiente, las 
situaciones pueden ser muy heterogéneas, la ley deja que sean los interesados quienes 
escojan la vía que prefieran. Será, así, la razón práctica la que determine cuál de los dos 
sistemas es más funcional. En primer lugar, se regula la solución que más se asemeja al 
sistema vigente. Tras la homologación judicial sin contradictorio previo, la competencia 
para conocer de la impugnación de la homologación del plan se otorga a la Audiencia 
Provincial, pero se establece un procedimiento simple y abreviado para dar la mayor 
agilidad posible a todo el proceso.
La sección 4.ª, por su parte, regula la vía alternativa a la homologación ex parte  con 
impugnación ante un órgano superior. Si el interesado considera preferible ahorrarse los 
inconvenientes asociados a una posible impugnación ante la Audiencia Provincial, podrá, 
mediante una simple declaración en la solicitud de homologación, requerir al juez que 
con carácter previo a esta se dé trámite a las partes afectadas para que puedan 
oponerse a la homologación del plan. La ley introduce un procedimiento ágil y abreviado 
para dar cauce a estas posibles oposiciones y aclara que, bajo esta opción, la sentencia 
que conceda o deniegue la homologación no será susceptible de recurso.
El capítulo VI establece la protección del plan frente a las acciones rescisorias 
concursales. En primer lugar, se incluyen las definiciones de financiación interina y de 
nueva financiación. Las definiciones parten de las que hace la propia Directiva, pero con 
pequeños ajustes terminológicos. A partir de aquí, la ley establece distintos mecanismos 
de protección de esta financiación y de los actos, operaciones o negocios realizados en 
el contexto del plan de reestructuración frente a un concurso posterior. Con carácter 
general, esta protección resulta pertinente para incentivar esa financiación en un 
momento donde su concesión resulta más arriesgada, y en este sentido contribuye a 
reducir sus costes. La protección legal se condiciona a que el plan haya sido 
homologado y, por lo tanto, se den los presupuestos para esta homologación, y además 
concurra una determinada proporción de créditos afectados respecto del pasivo total. Si 
se dan las condiciones legales para esa protección, la ley concede además una 
preferencia de cobro a los acreedores de financiación interina o de nueva financiación en 
caso de posterior concurso, todo ello sin perjuicio de la obligación del deudor de cumplir 
con el pago de sus deudas cuyo devengo se produzca desde la apertura del concurso, 
en concreto, las deudas tributarias o de seguridad social, incluyendo cuotas y conceptos 
de recaudación conjunta. Naturalmente, esta protección solo está justificada si concurre 
el presupuesto objetivo para la homologación del plan y las demás condiciones, en 
concreto, la justificación de la financiación interina o de la nueva financiación, así como 
de la proporción del pasivo afectado. Para proteger adecuadamente los intereses de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123693
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
aquellos acreedores que, de forma indirecta o mediata, se puedan ver afectados por esa 
protección o por las preferencias de cobro de la financiación interina o de la nueva 
financiación, la ley amplía a cualquier acreedor la legitimación para oponerse al plan por 
estos motivos.
El capítulo VII contiene un único artículo relativo al incumplimiento de los planes de 
reestructuración. Frente a la solución vigente, la ley opta por rechazar el remedio 
resolutorio ante un incumplimiento del plan, pero deja la opción a las partes de que 
prevean otra cosa. De esta manera, se incentiva a las partes para que tengan en cuenta 
un escenario de incumplimiento del plan durante su negociación y regulen los posibles 
remedios frente al mismo o las consecuencias en caso de producirse.
El título IV se ocupa de una figura nueva en el derecho español: el experto en la 
reestructuración. La Directiva exige la designación obligatoria de este experto en 
determinados supuestos, fuera de los cuales tampoco en la norma de transposición es 
necesario el nombramiento, salvo que el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite. 
Este título se divide, a su vez, en dos capítulos. El primero de ellos contiene las reglas 
relativas al nombramiento del experto.
El capítulo II se ocupa del estatuto del experto, sus funciones, deberes y régimen de 
responsabilidad. El diseño que ha hecho la ley de esta figura, dentro de los diferentes 
modelos que permite la Directiva, es más próximo a la figura de un mediador que facilite 
la negociación entre las partes, ayude a deudores con poca experiencia o conocimientos 
en materia de reestructuración, y eventualmente facilite las decisiones judiciales cuando 
surja alguna controversia entre las partes. Su función material más relevante quizás sea 
la responsabilidad de elaborar un informe sobre el valor en funcionamiento de la 
empresa en caso de planes no consensuales. El experto en ningún caso interviene o 
supervisa los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor. De ahí que 
se haya optado por esa denominación, en lugar de la que utiliza la Directiva.
El título V es el último del libro segundo y contiene algunas especialidades para las 
personas naturales o jurídicas que no alcancen ciertos umbrales y no tengan la 
consideración de microempresa. Algunas de estas especialidades vienen exigidas por la 
Directiva y otras se explican por la necesidad de abaratar costes y facilitarles el acceso a 
los mecanismos preconcursales. En concreto, y como exige la Directiva, la ley excluye la 
posibilidad de imponer un plan de reestructuración que no cuente con la aprobación del 
deudor cuando esta sea una pequeña o mediana empresa. La Directiva entiende que, en 
este caso, los socios no tienen una posición meramente inversora en la sociedad y, en 
consecuencia, contribuyen con otros activos más allá del capital; incluso prevé que el 
riesgo de imponerles un plan de reestructuración pueda provocar un efecto 
contraproducente al generar un incentivo a la solicitud del concurso. Por esa razón, 
establece que los planes de reestructuración no puedan imponerse a este tipo de 
deudores, ni, cuando sea necesario su acuerdo, a los socios de la sociedad deudora. En 
coherencia con lo anterior, en estos mismos supuestos tampoco los acreedores o el 
experto en la reestructuración pueden paralizar la solicitud de concurso voluntario, ni 
pueden solicitar prorrogas de los efectos de la comunicación.
Además, y con el fin de dar una mayor consistencia al sistema, en este ámbito 
especial excluye el juego de la regla de prioridad absoluta, y opta por permitir la 
homologación de planes que respeten una prioridad relativa. Es suficiente con que la 
clase o clases de acreedores disidentes reciba un trato más favorable que cualquier 
clase de rango inferior, aunque acreedores de menor rango o los socios vayan a recibir 
cualquier pago o conservar cualquier derecho, acción o participación en la sociedad 
deudora pese a que aquella o aquellas vayan a recibir derechos, acciones o 
participaciones con un valor inferior al importe de sus créditos.
Por otro lado, y con una finalidad facilitadora y de reducción de costes, la ley prevé la 
elaboración de unos modelos oficiales de planes de reestructuración que podrán ser 
utilizados preferentemente por las pequeñas y medianas empresas. En este caso, la ley 
exime de la intervención notarial para la formalización del plan y de la certificación del 
auditor.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123694
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
IV
Dentro de los cambios introducidos en el libro primero destacan los que tienen que 
ver con la exoneración del pasivo insatisfecho, institución que prescinde del sustantivo 
«beneficio» en su propia definición. Aunque la Directiva no lo impone, sí aconseja, y de 
hecho se ha optado, por mantener la regulación de la exoneración también para el caso 
de personas naturales cuyas deudas no provengan de actividades empresariales 
(consumidores).
La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el 
concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la 
actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio 
de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían 
satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de 
la exoneración si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se 
mantenía en situaciones de economía sumergida.
Los beneficios macroeconómicos de la «segunda oportunidad» han sido enfatizados 
en reiterados estudios de organismos económicos internacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional o el Banco Mundial. Del mismo modo, un número creciente de 
legislaciones acogen ya la figura del fresh start,  incorporado a nuestro derecho por 
primera vez mediante la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Pero las estadísticas demuestran que en España se ha hecho un escaso uso de la 
exoneración del pasivo insatisfecho si se compara con lo que sucede en otros Estados 
de la Unión Europea. La explicación de esa menor incidencia en la práctica de este 
instituto en nuestro país ha de buscarse, quizá, en dos desajustes básicos que presenta 
la normativa vigente: por una parte, la modalidad básica de exoneración presupone el 
pago de un umbral mínimo de deuda, que se fija normativamente sin ninguna 
consideración de las circunstancias personales y patrimoniales del deudor. Por otra 
parte, el modelo hasta ahora vigente de exoneración del pasivo insatisfecho tiene como 
base o presupuesto la previa liquidación del patrimonio del deudor, lo cual resulta ilógico 
respecto del deudor que aspira a mantener una parte de sus bienes –precisamente 
aquellos que le permitirían desarrollar la actividad empresarial o profesional de la que 
resultarán esas rentas o ingresos futuros. Resulta indispensable superar esta limitación 
de nuestro sistema de exoneración, de modo que el deudor pueda optar entre una 
exoneración inmediata con previa liquidación de su patrimonio y una exoneración 
mediante plan de pagos, en la que destine sus rentas e ingresos futuros durante un 
plazo a la satisfacción de sus deudas, quedando exonerada la parte que finalmente no 
atienda y sin necesaria realización previa de todos sus bienes o derechos.
La Directiva 2019/1023 obliga a todos los Estados miembros al establecimiento de un 
mecanismo de segunda oportunidad para evitar que los deudores se vean tentados a 
deslocalizarse a otros países que ya acojan estos institutos, con el coste que esto 
supondría tanto para el deudor como para sus acreedores. Al tiempo, la 
homogeneización en este punto se considera imprescindible para el funcionamiento del 
mercado único europeo.
Uno de los cambios más drásticos de la nueva normativa es que, en lugar de 
condicionar la obtención de la exoneración a la satisfacción de un determinado tipo de 
deudas (como ha venido a recoger el artículo 487.2 del texto refundido de la Ley 
Concursal), se acoge un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, 
sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe en que se asienta 
este instituto, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma 
excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables. Se 
mantiene la opción, ya acogida por el legislador español en 2015, de conceder la 
exoneración a cualquier deudor persona natural de buena fe, sea o no empresario.
En todo caso, dada la singularidad que todo mecanismo de segunda oportunidad 
supone en cualquier sistema legal que, como el nuestro, consagra la responsabilidad del 
deudor con todos sus bienes presentes y futuros para la satisfacción de sus deudas, se 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123695
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
ha considerado oportuno seguir brindando la segunda oportunidad solo al deudor 
insolvente, sin extenderlo a deudores apenas aquejados, de momento, de 
sobreendeudamiento.
Sí que se ha considerado oportuno derogar la regla que imponía al deudor que 
quería beneficiarse de la exoneración haber intentado infructuosamente un acuerdo 
extrajudicial de pagos, al considerar, por una parte, que de ella resultaba una 
discriminación injustificada entre los distintos tipos de deudores y, por otra, que no 
parece que beneficie al deudor, a sus acreedores o a la economía en general que el 
deudor proponga una solución preconcursal en aquellos casos en los que esté 
completamente convencido de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con una mayoría 
suficiente de sus acreedores. De esta forma, el deudor persona natural que se encuentre 
en insolvencia actual o inminente deberá acudir al concurso para poder beneficiarse de 
la exoneración, pero sin necesidad de perder tiempo o incurrir en el coste de intentar una 
solución preconcursal en cuyo éxito no confíe.
Se articulan dos modalidades de exoneración: la exoneración con liquidación de la 
masa activa y la exoneración con plan de pagos. Estas dos modalidades son 
intercambiables, en el sentido de que el deudor que haya obtenido una exoneración 
provisional con plan de pagos puede en cualquier momento dejarla sin efecto y solicitar 
la exoneración con liquidación. Con estas dos rutas o itinerarios para la exoneración del 
pasivo, nuestro derecho se aproxima a otros como el derecho norteamericano, en el que 
cabe una exoneración inmediata para deudores que carecen de recursos (en el 
denominado Chapter 7 del Bankruptcy Code) y una exoneración con plan de pagos y sin 
obligatoria liquidación de la masa activa (en el Chapter 13), el derecho francés (art. 
L 742-24 del Código de Consumo/Code de la Consommation), o el derecho finlandés 
(art. 36.1 de la Ley de reestructuración de deudas de la persona natural), en los que el 
deudor puede obtener una exoneración tras un plan de reembolsos, manteniendo parte 
de sus bienes.
La buena fe del deudor sigue siendo una pieza angular de la exoneración. En línea 
con las recomendaciones de los organismos internacionales, se establece una 
delimitación normativa de la buena fe, por referencia a determinadas conductas objetivas 
que se relacionan taxativamente (numerus clausus),  sin apelación a patrones de 
conducta vagos o sin suficiente concreción, o cuya prueba imponga una carga diabólica 
al deudor. Se elimina el requisito para poder gozar de la exoneración consistente en que 
el deudor no haya rechazado oferta de empleo en los cuatro años anteriores a la 
declaración de concurso. Y también se elimina la obligación de haber celebrado, o haber 
al menos intentado, un acuerdo extrajudicial de pagos.
Se ha considerado igualmente oportuno reducir el plazo mínimo hasta ahora vigente 
de diez años que debía mediar entre una solicitud de exoneración y la exoneración 
anteriormente concedida al mismo deudor.
Se amplía la exoneración a todas las deudas concursales y contra la masa. Las 
excepciones se basan, en algunos casos, en la especial relevancia de su satisfacción 
para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho (como las deudas 
por alimentos, las de derecho público, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las 
deudas por responsabilidad extracontractual). Así, la exoneración de deudas de derecho 
público queda sujeta a ciertos límites y solo podrá producirse en la primera exoneración 
del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas. En otros casos, la excepción se justifica en 
las sinergias o externalidades negativas que podrían derivar de la exoneración de cierto 
tipo de deudas: la exoneración de las deudas por costes o gastos judiciales derivados de 
la tramitación de la propia exoneración podría desincentivar la colaboración de ciertos 
terceros con el deudor en este objetivo (por ejemplo, los abogados), lo cual perjudicaría 
el acceso del concursado al expediente. De la misma forma, la exoneración de deudas 
que gocen de garantías reales socavaría, sin fundamento alguno, una de las piezas 
esenciales del acceso al crédito y, con ello, del correcto funcionamiento de las 
economías modernas, cual es la inmunidad del acreedor que disfrute de una garantía 
real sólida a las vicisitudes de la insolvencia o el incumplimiento del deudor. Por último, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123696
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
de forma excepcional, se permite al juez que declare la no exonerabilidad total o parcial 
de ciertas deudas cuando ello sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor.
Se mantiene el derecho vigente en cuanto a los efectos de la exoneración respecto 
de los acreedores, los bienes conyugales comunes del deudor, y otros obligados 
solidarios y fiadores, si bien se amplía este último ámbito a los aseguradores y a 
quienes, por disposición contractual o legal, vienen obligados a satisfacer total o 
parcialmente deuda exonerada, de tal forma que la exoneración no afectará a los 
derechos de los acreedores frente a estos colectivos. En sintonía con la regla de 
responsabilidad del cónyuge contratante de deudas conyugales prevista en el Código 
Civil, se aclara que la exoneración de deudas conyugales comunes contratadas por 
ambos cónyuges o por el cónyuge del concursado no beneficia a este, salvo que 
obtenga él mismo el beneficio de la exoneración.
Para estimular la pronta reincorporación del deudor exonerado a la vida económica, 
la sentencia judicial que declare la exoneración supondrá mandamiento a los acreedores 
afectados por la exoneración para que informen de la exoneración a los sistemas de 
información crediticia a los que previamente hubieran comunicado el impago o mora de 
deuda exonerada, al objeto de la actualización de sus registros. El deudor podrá 
igualmente recabar testimonio de la resolución judicial para dirigirse directamente a los 
sistemas de información crediticia y requerir la actualización.
La exoneración puede ser revocada totalmente si se acreditase la ocultación por el 
deudor de bienes, derechos o ingresos. Se mantiene la revocación de la exoneración en 
caso de mejora sustancial de la situación económica del deudor, no solo para la 
modalidad de exoneración con plan de pagos (como en el derecho hasta ahora vigente), 
sino también en caso de exoneración con liquidación, siempre que esa mejora ocurra en 
los tres años siguientes y tenga causa en herencia, legado o donación, juego de suerte, 
envite o azar. Si la mejora de fortuna permitiera solo el pago de parte de la deuda 
exonerada, la revocación será parcial. Este régimen se considera compatible con el 
objetivo macroeconómico básico de la segunda oportunidad, ya que la mejora de fortuna 
se acota temporalmente y por referencia solo a circunstancias de azar o con causa 
gratuita y adicionalmente, y al contrario que en el derecho hasta ahora vigente, la 
revocación de la exoneración se produce únicamente respecto a la deuda exonerada 
que pueda satisfacerse con esa mejora de fortuna.
Se ha reducido de cinco a tres años la duración del plan de pagos del deudor, si bien 
se prevé la extensión a cinco años en algunos casos en los que los acreedores hacen 
concesiones o esfuerzos más gravosos a favor del deudor o cuando su riesgo de recobro 
es mayor. El plazo se computa desde la confirmación judicial del plan, sin perjuicio de los 
recursos que procedan.
El plan de pagos ha de contener una relación detallada de los ingresos y recursos 
previsibles del deudor para satisfacer deuda exonerable, deuda no exonerable y las 
nuevas obligaciones durante el plazo del plan (en especial, las de subsistencia del 
deudor y las que genere su actividad empresarial o profesional). Al igual que el convenio, 
el plan de pagos no puede consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor, pero 
puede contemplar la realización o cesión en pago de bienes no necesarios para la 
actividad del deudor. El plan tampoco puede alterar el orden de pago de los créditos, 
salvo con el consentimiento de los acreedores afectados. El juez resuelve sobre el plan 
de pagos propuesto, tras escuchar a los acreedores personados, concediendo la 
exoneración provisional conforme al plan de pagos presentado por el deudor o con las 
modificaciones que estime oportunas.
Aunque no se requiere la aprobación de los acreedores afectados para la concesión 
por el juez de la exoneración, cualquiera de ellos podrá impugnarla en los casos 
previstos. Se considera adecuado conceder recurso de apelación respecto de la 
sentencia que resuelva la impugnación, sin efectos suspensivos. La exoneración 
provisional producirá efectos desde el término del plazo para la impugnación, si no se 
impugna, o desde la fecha de la sentencia judicial que la rechace.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123697
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Al igual que con el convenio, con la eficacia de la exoneración, decaen los efectos 
sobre el deudor de la declaración de concurso, que quedan sustituidos por los que, en su 
caso, contemple el plan y cesa igualmente la administración concursal. Los deberes de 
información y colaboración del deudor se mantienen, no obstante, hasta la exoneración 
definitiva.
Como en el derecho hasta ahora vigente, la exoneración provisional puede revocarse 
en caso de incumplimiento del plan de pagos y, adicionalmente, si se evidenciara que el 
deudor no hubiera destinado a la satisfacción de la deuda exonerable toda la renta y 
recursos efectivos en las condiciones que se determinan. La revocación de la 
exoneración implica la resolución del plan de pagos y de sus efectos sobre los créditos, 
procediéndose a la apertura de la liquidación. Se conservan, en todo caso, los actos 
realizados en ejecución del plan, salvo en caso de fraude, alteración de la igualdad de 
trato de los acreedores o actuación contraria al propio plan.
Se mantiene la posibilidad ya contemplada en el derecho vigente de que, pese al 
incumplimiento parcial del plan de pagos, se otorgue al deudor la exoneración definitiva, 
para el caso de que el juez aprecie que el incumplimiento ha resultado de accidente o 
enfermedad graves e inesperadas, ya del deudor, ya de las personas que con él 
conviven. Se han eliminado, sin embargo, los supuestos que el derecho hasta ahora 
vigente contemplaba para poder acceder a la exoneración no obstante el incumplimiento 
del plan de pagos, por dos razones: en primer lugar, porque eran situaciones 
excesivamente casuísticas; en segundo, porque resultaban herramientas o instrumentos 
adicionales –y de alguna forma, incongruentes- con los beneficios que la especial 
normativa de protección de los deudores hipotecarios ha venido incorporando desde el 
año 2013 en nuestro derecho.
V
La modernización del sistema legal para dar solución a la crisis de las 
microempresas es una pieza necesaria de la transposición al derecho español de la 
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. 
Por microempresas (o micropymes) se entienden aquellas empresas que hayan 
empleado durante el año anterior a la solicitud de inicio del procedimiento especial una 
media de menos diez trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 
setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros según las 
últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
En la definición de microempresas se ha tenido en cuenta el artículo 3 de la 
Directiva 2013/34 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 
informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.
Resulta imprescindible que la actualización del derecho de la crisis empresarial 
contenga una parte dedicada a un sector de vital importancia en nuestra economía. 
Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a 31 de agosto de 2020, 
las microempresas constituían el 93,82% de las empresas españolas y daban empleo 
a 4.887.003 personas, lo que representa el 31,63% del empleo total. En la mayoría de 
los sectores, las microempresas constituyen una parte esencial del tejido productivo: 
el 61,83% de las empresas del sector agrario son micropymes, el 49,58% en la 
construcción, y el 31,24% en el sector servicios.
Las microempresas constituyen un sector con una alta volatilidad y una enorme 
rotación. Así, los datos hasta el final de 2018 muestran que el 25,98% de las micropymes 
tienen una vida inferior a un año, el 14,27% sobreviven entre 2 y 3 años, el 16,72% 
entre 4 y 7 años, y solo el 20,58% de las empresas más pequeñas duran más de 15 
años. Estos datos muestran la extraordinaria importancia que adquiere la 
implementación de un sistema que sea capaz de reducir la rotación, incrementando las 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123698
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
posibilidades de continuidad de aquellas empresas viables, y que ofrezca instrumentos 
eficaces y eficientes de salida del mercado a aquellas empresas que no tienen valor 
añadido, de modo que se liberen los recursos y puedan ser asignados a usos más 
eficientes.
Por lo que al uso del sistema concursal se refiere, los datos no son positivos. El 
hasta ahora vigente acuerdo extrajudicial de pagos ha tenido un uso muy escaso y el 
concurso de acreedores no ha resultado ser una herramienta eficaz para salir de la crisis 
empresarial.
Las microempresas suelen acceder al procedimiento concursal cuando su situación 
financiera se ha deteriorado tanto y queda tan poco valor en la empresa que cualquier 
solución reorganizativa resulta poco viable. Pese a ello, el concurso de acreedores 
incluye pocas excepciones y especialidades en el tratamiento de la insolvencia de las 
microempresas. El concurso de acreedores responde a un procedimiento de corte 
clásico, formal y con un fuerte contenido procesal, lo que comporta, en su 
implementación, unos costes fijos altos, con independencia del tamaño de la empresa 
concursada. En esta tesitura no es infrecuente que la propia estructura procesal del 
concurso genere más costes que el valor residual que queda en la empresa insolvente. 
Es, por tanto, necesario diseñar un procedimiento para las microempresas que reduzca 
notablemente los costes fijos del propio sistema.
En primer lugar, el procedimiento diseñado en el nuevo libro tercero incluye un gran 
número de medidas dirigidas, precisamente, a solucionar este problema. Las principales 
características del procedimiento son:
El procedimiento especial diseñado busca reducir los costes del procedimiento, 
eliminando todos los trámites que no sean necesarios y dejando reducida la participación 
de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función 
imprescindible, o cuyo coste sea voluntariamente asumido por las partes. Todo ello, sin 
menoscabo de la plena tutela de los derechos de los participantes en el procedimiento.
La intervención del juez solo se producirá para adoptar las decisiones más relevantes 
del procedimiento o cuando exista una cuestión litigiosa que las partes eleven al juzgado. 
Los incidentes se solucionarán, salvo excepciones, por un procedimiento escrito; y, 
cuando sea necesaria la participación oral de las partes o de expertos se utilizarán las 
vistas virtuales, celebradas por medios telemáticos.
Los incidentes y los recursos no tendrán efectos suspensivos, aunque el juez podrá 
adoptar medidas cautelares o suspender determinados efectos. Con carácter general, 
las decisiones judiciales no serán recurribles.
Se pone a disposición de las partes un programa de cálculo y simulación de pagos 
en línea sin coste, lo que permitirá reducir los costes de asesoramiento del deudor.
En segundo lugar, se articula una simplificación procesal estructural para las partes 
basado en que la comunicación en el seno del procedimiento se realizará a través de 
formularios normalizados oficiales accesibles en línea, sin coste. Ello permite recibir la 
información en tiempo real, lo que garantiza la completitud de la información. Los 
trámites del procedimiento especial podrán transcurrir en paralelo, a diferencia del 
concurso de acreedores que se desarrolla de forma lineal con etapas consecutivas.
Para utilizar el procedimiento, los usuarios deben hacer uso de sus propios 
certificados electrónicos cualificados o de sistemas de identificación electrónica tales 
como Cl@ve y Cl@veJusticia.
Uno de los aspectos más innovadores de este sistema es su carácter modular. 
Tradicionalmente, el Derecho concursal lleva aparejados una serie de efectos 
automáticos que tienen costes fundamentalmente para los acreedores. El procedimiento 
especial permite a las partes que soliciten su aplicación solo si así lo desean: este es el 
caso de la paralización de ejecuciones sobre activos con garantía real y del 
nombramiento de profesionales.
Así, la participación de profesionales (mediador, administrador concursal, experto en 
reestructuración) se exige solo para ejecutar determinadas funciones o cuando lo 
soliciten las partes y asuman el coste.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123699
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
El pilar del procedimiento es la veracidad de la información aportada. Por ello, la 
ocultación de información relevante, la manipulación de datos o la aportación de 
documentación incorrecta o no enteramente veraz tiene consecuencias severas. Es 
causa expresa de calificación culpable, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
En tercer lugar, el procedimiento especial es único: las microempresas no tienen 
acceso al concurso ni a los acuerdos de reestructuración.
Este procedimiento trata de combinar aquellos aspectos del concurso y de los planes 
de reestructuración que mejor se adaptan a las microempresas. Así, el presupuesto 
objetivo es amplio y se permite su utilización cuando la microempresa está en 
probabilidad de insolvencia (situación preconcursal), insolvencia inminente o insolvencia 
actual (situación concursal).
Los autónomos, además de tener acceso al procedimiento especial (si son 
microempresas), pueden acceder al procedimiento de segunda oportunidad.
Uno de los motivos por los que se regula un sistema único y simplificado es para 
facilitar su comprensión por los usuarios que, en su mayoría, carecerán de 
conocimientos específicos sobre instrumentos preconcursales y concursales y tendrán 
recursos limitados para contratar asesores externos.
Adicionalmente, son dos los elementos en los que se basa este procedimiento 
especial único: la negociación y el modo de finalización de esta.
De un lado, se trata de un procedimiento formal, en el que se contempla un período 
de negociación de tres meses no prorrogables, durante los cuales se suspenden las 
ejecuciones singulares y se puede preparar un plan de continuación o la enajenación de 
la empresa en funcionamiento. Finalizado este plazo se inicia un procedimiento formal, 
pero muy flexible y de bajo coste.
Se ha considerado que la regulación de un procedimiento formal es más adecuada 
por dos motivos: añade una «oficialidad» al sistema, que incrementa las posibilidades de 
que se proporcione toda la información necesaria para los acreedores y ayuda a reducir 
el fraude o su mal uso y promueve la participación de los acreedores profesionales cuya 
inactividad ha sido uno de los grandes problemas, pues es un sistema universal que 
afecta a todos los acreedores, y a todos los bienes y derechos (salvo los inembargables).
De otro, se establecen dos posibles itinerarios: una liquidación rápida (fast-track)  o 
un procedimiento de continuación de rápida gestión y flexible. Debe aclararse que a 
través de este procedimiento solo podrán liquidarse empresas insolventes, pues la 
normativa societaria y mercantil ya ofrece vías para la liquidación de empresas 
solventes. Y los autónomos podrán acceder al procedimiento de segunda oportunidad a 
partir de cualquiera de los dos itinerarios, ya sea el de liquidación o el de continuación.
Como ocurre con los supuestos de concurso y de los planes de reestructuración, el 
procedimiento especial funcionará mejor cuanto antes se utilice, para lo cual es esencial 
que se perciba como un instrumento útil y manejable por parte del deudor.
El capítulo I del título I del libro tercero regula las disposiciones generales (ámbito 
subjetivo, presupuesto objetivo, las reglas procesales especiales del procedimiento y la 
ocultación o provisión de información o documentación). La primera de las reglas 
procesales especiales es la sustitución del sistema tradicional de presentación de 
escritos en papel ante el juzgado, por la entrega de formularios normalizados 
electrónicos, predeterminados, accesibles en línea, sin coste, y cuyo envío se produce 
de forma telemática. Otra especialidad, como se ha anticipado, consiste en la 
eliminación, con carácter general, de las vistas orales presenciales y su sustitución por 
vistas virtuales.
Otro de los principios esenciales radica en la proactividad de las partes. Así, la 
adopción de medidas concretas o el acceso a determinada información debe ser 
solicitada por los interesados, no generándose costes innecesarios. Estas características 
del procedimiento explican la creación de un sistema dinámico de acceso a la 
información por parte de los acreedores.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123700
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Por último, se regulan en este capítulo I las consecuencias que comportaría la 
ocultación, manipulación, aportación de documentación incorrecta o no enteramente 
veraz, a las que se ha hecho referencia.
El capítulo II del título I regula la comunicación por el deudor del inicio de 
negociaciones y la apertura del procedimiento especial. Tienen la potestad de solicitar la 
apertura del procedimiento el deudor, los acreedores y los socios personalmente 
responsables. El solicitante debe elegir el inicio de un procedimiento de continuación o 
uno de liquidación. En el caso de que el solicitante sea un acreedor o un socio, al inicio 
del procedimiento el deudor tiene la facultad de modificar el itinerario en los siguientes 
términos: si se solicitó un procedimiento de continuación, el deudor puede imponer la 
liquidación siempre que se esté en una situación de insolvencia actual; y si se solicitó un 
procedimiento de liquidación, el deudor puede poner en marcha un procedimiento de 
continuación. No obstante, una vez comenzada la tramitación de un procedimiento de 
continuación, los acreedores que representen una mayoría del pasivo podrán, en 
cualquier momento, forzar la liquidación en el caso de que el deudor sea insolvente.
El sistema combina la previsión de la Directiva que requiere el consentimiento de la 
microempresa para alcanzar válidamente un plan de continuación, con la necesidad de 
evitar que el proceso se prolongue innecesariamente cuando los acreedores no crean en 
la posibilidad de una solución concordataria.
En la solicitud de apertura el deudor podrá solicitar de manera voluntaria, por 
ejemplo, el nombramiento de un experto en la reestructuración o de un administrador 
concursal o la paralización de las ejecuciones sobre activos sujetos a garantía real.
Tras la comunicación de apertura de negociaciones de microempresas, en el caso de 
los acreedores públicos, la regla general es la imposibilidad de suspensión de sus 
ejecuciones singulares. Como excepción, la suspensión exclusivamente podría 
acordarse durante la fase de realización o enajenación de los bienes o derechos 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor por 
un período limitado a tres meses. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad del deudor de 
solicitar la suspensión de las ejecuciones a partir de la solicitud de apertura del 
procedimiento especial de continuación.
El deudor dispondrá de un plazo de tres meses no prorrogable para negociar con los 
acreedores. Una vez tramitada la solicitud, el procedimiento se abrirá por auto judicial, 
que tendrá un contenido simplificado. Con el fin de agilizar los trámites y reducir la carga 
de trabajo de los juzgados, la notificación de la apertura del procedimiento a los 
acreedores se realizará por el deudor, por correo electrónico. La apertura se publicará en 
el Registro público concursal y en los registros de bienes y personas.
El capítulo III del título I regula los efectos de la apertura del procedimiento especial.
En el procedimiento de continuación los acreedores que representen un mínimo 
porcentaje del pasivo total pueden solicitar la limitación de las facultades de 
administración y disposición del deudor. También es posible la intervención o la 
sustitución de dichas facultades mediante petición expresa en la solicitud de 
nombramiento de experto en la reestructuración. La sustitución requerirá además que el 
deudor esté en situación de insolvencia.
En el procedimiento especial de liquidación los acreedores cuyos créditos 
representen un mínimo porcentaje del pasivo total podrán solicitar el nombramiento de 
un administrador concursal que sustituya al deudor en sus facultades de administración y 
disposición de su patrimonio. El auto del juez que resuelva sobre la petición será 
recurrible en reposición, que se resolverá previa celebración de vista.
En defecto de lo anterior, el deudor continuará desarrollando esas facultades de 
administración y disposición, aunque solo podrá realizar aquellos actos de disposición 
que tengan por objeto la continuación de la actividad empresarial o profesional, siempre 
que se ajusten a las condiciones normales de mercado.
La apertura del procedimiento trae consigo los mismos efectos sobre los contratos y 
las cláusulas contractuales de vencimiento anticipado previstas en el libro segundo, y, de 
modo similar, como regla general, se produce la suspensión de las ejecuciones sobre el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123701
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
patrimonio de la microempresa, con la finalidad de preservar el valor de la empresa en 
funcionamiento hasta que se alcance un plan de continuación o la venta de la unidad 
productiva. En el caso de bienes y derechos sometidos a garantía real solo se produce 
cuando así se solicita expresamente por el deudor y se reúnen los requisitos legales 
para ello.
El título I recoge expresamente una regla de protección del crédito comercial que, en 
condiciones normales de mercado, se haya concedido al deudor en los tres meses 
anteriores a la apertura del procedimiento, por medio de la irrescindibilidad, en ausencia 
de fraude, de las compensaciones efectuadas en el marco de contratos de cuenta 
corriente o de líneas de financiación del circulante.
El capítulo IV del título I se ocupa de las acciones rescisorias y de las acciones de 
responsabilidad contra administradores, liquidadores o auditores de la sociedad deudora.
El ejercicio de la acción corresponderá a un administrador concursal, nombrado 
específicamente al efecto o previamente nombrado con carácter general en el 
procedimiento. En el primer supuesto, deberá ser solicitado por acreedores que reúnan 
un mínimo porcentaje, y podrá ser rechazado por acreedores con porcentaje superior, 
salvo que los solicitantes asuman el coste del pago de la retribución.
La acción rescisoria o la acción de responsabilidad solo podrán ejercitarse en este 
contexto en caso de insolvencia actual del deudor. Estas acciones pueden ser cedidas o 
transmitidas de otro modo a un tercero, generando así liquidez para la masa y mejorando 
las opciones de cobro de la generalidad de los acreedores. Igualmente, este tipo de 
acciones pueden ser incluidas como un activo más en el sistema de generación de 
recursos para el pago de los créditos del plan de continuación.
El título II regula el procedimiento de continuación, que es un procedimiento 
abreviado en el que el deudor y sus acreedores pueden alcanzar una solución acordada 
a la insolvencia, con independencia de la situación patrimonial del deudor.
La iniciativa para presentar el plan corresponde tanto al deudor como a los 
acreedores, aunque la propuesta de aquel tiene preferencia en caso de que se 
presenten varias. Queda a la iniciativa del deudor la notificación de la propuesta a los 
acreedores, a través de un sistema por el que quedan registradas las notificaciones en el 
juzgado. La inacción del deudor se trata como una muestra de desinterés que arroja 
suficiente duda sobre las posibilidades de éxito del plan, lo que tiene como consecuencia 
el cierre del procedimiento, si el deudor es solvente, o la apertura de la liquidación, 
cuando se encuentra en insolvencia actual.
Desde el punto de vista de la reestructuración de la empresa, el límite se encuentra 
en el régimen jurídico general; no hay, por tanto, ninguna limitación específica, y el 
deudor y sus acreedores tienen libertad para sanear la empresa con las medidas 
necesarias para devolverla a un estado de viabilidad sostenida en el tiempo. La 
proposición del plan es, procesalmente, el momento para la determinación de las clases 
de acreedores, que se ordenan de manera sencilla, de acuerdo con su valor económico, 
que coincide con la clasificación de créditos prevista en el libro primero, tanto en lo 
relativo a las categorías de créditos como a las distintas subcategorías que conforman el 
orden jerárquico de los créditos privilegiados, ordinarios y subordinados. En el caso de 
las micropymes, todos los acreedores participan, incluidos los subordinados. En el 
supuesto de sociedades, los socios expresan su voluntad a través del órgano societario, 
no como clase (o subclases) en el marco general de decisión de los acreedores. Esta 
diferencia del sistema de microempresas entronca directamente con la exigencia de la 
Directiva. La aprobación del plan se hace exclusivamente por procedimiento escrito. En 
este procedimiento se fusionan dos trámites procesales que, tradicionalmente, se han 
realizado de forma separada y sucesiva: la determinación de los créditos y la emisión del 
voto (y, por tanto, la aprobación o rechazo) del plan. Se realiza, además, con total 
transparencia, en cuanto a las alegaciones realizadas sobre el contenido del plan, lo que 
hará aflorar información que puede resultar de gran utilidad para la decisión de los 
acreedores sobre el destino del plan de continuación.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123702
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Presentado el plan, el deudor y los acreedores podrán formular alegaciones a 
cualquier elemento del plan, tras lo cual tendrá lugar la votación que se realizará por 
medio de formulario normalizado oficial o por cualquier medio telemático habilitado por el 
juzgado.
Transcurrido el periodo de votación, el letrado de la Administración de Justicia emitirá 
certificación con el resultado, que será notificado electrónicamente al deudor y los 
acreedores. Con la finalidad de evitar la prolongación excesiva del procedimiento de 
continuación en caso de impugnación de la lista de acreedores, el libro tercero prevé la 
posibilidad de la emisión de una certificación provisional del resultado. Esto acontecerá 
cuando las alegaciones aun no resueltas judicialmente sean de una cuantía no 
susceptible de alterar el resultado de la votación.
La votación se realizará por todos aquellos créditos que resulten afectados por el 
plan de continuación. La definición de qué crédito se entenderá afectado no tiene 
especialización para microempresas, y se aplica lo previsto en el libro segundo. De 
acuerdo con lo previsto por la Directiva, el deudor y en su caso los socios de la sociedad 
deudora legalmente responsables de las deudas sociales deberán dar su consentimiento 
al plan. Como regla, el plan podrá afectar a todos los créditos, incluidos los contingentes 
y los sometidos a condición. Existe, sin embargo, una excepción para el caso de los 
créditos por alimentos derivados de relación familiar, para determinados créditos 
laborales, y los créditos derivados de daño extracontractual. Estos son los tipos de 
créditos que no resultarían exonerables en caso de que el deudor persona física 
solicitase la exoneración. También se introducen límites para el caso del crédito público, 
que no podrá ser afectado en la parte que deba ser calificada como privilegiada, ni en los 
porcentajes de las cuotas de la seguridad social cuyo abono corresponda a la empresa 
por contingencias comunes y contingencias profesionales, ni en los porcentajes de la 
cuota del trabajador que se refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional.
Existen dos aspectos en los que la aprobación del plan de continuación se separa de 
las reglas del libro segundo y que se fundamentan en las especiales características de 
las microempresas. En primer lugar, se entenderá que el acreedor que no emite voto 
alguno lo hace a favor del plan. Con esta regla se pretende incentivar la participación de 
los acreedores, sobre todo de aquellos de mayor tamaño, no infrecuentemente reacios a 
participar en los procedimientos de menor tamaño. En segundo lugar, la reducción de los 
porcentajes necesarios para que se entienda aprobado. Esta medida busca favorecer 
este tipo de acuerdos, preservando, en todo caso, mayorías amplias.
El sistema de homologación judicial del plan de continuación presenta también 
diferencias con el sistema de homologación del libro segundo. En el caso del 
procedimiento especial, el mecanismo de homologación se agiliza y se deja a la iniciativa 
de los interesados que así lo soliciten en aras de una mayor seguridad jurídica. Si ni el 
deudor ni los acreedores solicitan la homologación esta se producirá automáticamente 
de manera tácita. Esta diferencia con el libro segundo se explica, además de por los 
principios anteriormente enunciados, por la existencia de control de legalidad con 
anterioridad a la homologación durante el procedimiento escrito de aprobación. En otras 
palabras, en este punto el sistema de homologación del plan de continuación se asemeja 
más a la aprobación judicial del convenio en el concurso de acreedores. Y esto es así, 
precisamente, porque, también en el supuesto de este libro tercero, los intereses de las 
partes se han protegido suficientemente antes de este último acto.
Ahora bien, esta es la regla general del procedimiento especial de continuación, pero 
existe también una excepción para el caso en que se haya considerado la ausencia de 
voto como voto a favor del plan. En este supuesto la homologación judicial se antoja 
necesaria. No parece adecuado que un plan de continuación se apruebe por una minoría 
de acreedores ante el desinterés de la mayoría sin que el juez entre a realizar un control 
adicional sobre el fondo.
El capítulo III del título II regula las distintas vicisitudes que pueden acontecer en 
relación con el plan de continuación. En primer lugar, el plan de continuación se 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123703
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
entenderá cumplido una vez transcurridos treinta días desde el último pago previsto sin 
que nadie hubiera solicitado la declaración de incumplimiento. En segundo lugar, se 
regula la frustración del plan, que puede ocurrir por falta de aprobación, por rechazo a la 
homologación, en caso de estimación de una impugnación de la homologación, o, en fin, 
en caso de incumplimiento del plan. En todos estos supuestos, la consecuencia será, 
como regla general, la apertura del procedimiento especial de liquidación sobre la 
microempresa, salvo que esta no se encuentre, en el momento en que acontece la 
frustración del plan, en situación de insolvencia actual.
En tercer lugar, regula el incumplimiento del plan de continuación, incluyendo una 
serie de reglas similares a las previstas en el libro primero para el caso de 
incumplimiento del convenio concursal.
Cuando el plan de continuación no haya llegado a buen fin, el deudor persona física 
podrá intentar la vía de la exoneración del pasivo insatisfecho a través del cumplimiento 
de un plan de pagos de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo II del título 
XI del libro primero. En este caso, el deudor no pasará directamente a un procedimiento 
especial de liquidación.
El último capítulo del título II incluye una serie de medidas y efectos no obligatorios, 
es decir, que solo se producirán cuando lo solicite el deudor o los acreedores, y se den 
todos los requisitos legales.
La primera de estas opciones o módulos consiste en la solicitud, por parte del 
deudor, de una suspensión de las ejecuciones iniciadas o por iniciar sobre bienes de la 
masa sometidos a garantía real. Otra de las opciones o módulos a disposición del 
deudor y de los acreedores es la solicitud de un procedimiento interno de mediación, que 
consiste en una especie de procedimiento interno paralelo, informal, breve y sin coste 
más allá de la retribución del experto, en el que el profesional cita a las partes a 
encuentros en un espacio virtual, con la intención de favorecer un acuerdo entre las 
partes. En tercer lugar, otra opción o módulo consiste en la solicitud de que el deudor se 
vea sometido a limitaciones en sus facultades de administrar y disponer sobre la masa 
activa ulteriores a las previstas con carácter general en el título I. Esta última opción o 
módulo se limita, sin embargo, a los deudores en situación de insolvencia actual, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, que establece la regla 
general del deudor no desapoderado.
El cuarto y último de los módulos regula el nombramiento de un experto en la 
reestructuración. El nombramiento de un experto en los supuestos de insolvencia de las 
microempresas debe ser opcional, no una necesidad como ocurre en el concurso de 
acreedores.
La solicitud del nombramiento de un experto en la reestructuración puede 
acompañarse de la petición de sustitución del deudor en sus facultades de 
administración y disposición de la masa activa, que pasarían a ser asumidas por el 
experto. En este supuesto el deudor podrá oponerse, no al nombramiento de un experto 
en la reestructuración, sino a la sustitución de dichas facultades, cuando no se encuentre 
en situación de insolvencia actual. El juez puede en ese caso acordar el nombramiento 
del experto con meras facultades de intervención. El deudor y los acreedores con una 
mayoría del pasivo podrán acordar el nombramiento de un experto en la reestructuración 
y también su retribución. Si no hay acuerdo, el nombramiento del experto se producirá 
por el juez de entre los inscritos en las listas de expertos en la reestructuración. Como 
regla general la retribución será a cargo de quien solicite el nombramiento, y esta se 
fijará mediante negociación de honorarios profesionales entre el solicitante y el 
profesional.
El título III se dedica al procedimiento especial de liquidación. Está concebido para 
dotar a las microempresas de un instrumento sencillo, rápido y flexible, que les permita 
terminar ordenadamente un proyecto empresarial que, por un motivo u otro, no ha 
resultado exitoso.
La liquidación se abrirá a solicitud del deudor o de los acreedores. El deudor podrá 
solicitar su apertura en caso de insolvencia inminente o actual. Los acreedores, por el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123704
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
contrario, solo podrán solicitarla cuando el deudor se encuentre en situación de 
insolvencia actual. La apertura de la liquidación también procederá en el supuesto de 
frustración del plan de continuación. En estos supuestos de frustración, la apertura de la 
liquidación se producirá siempre y cuando el deudor esté en situación de insolvencia 
actual, y fracasado el plan de continuación, no haya optado por el camino de la 
exoneración de deudas mediante un plan de pagos.
Los efectos de la apertura del procedimiento especial de liquidación variarán 
dependiendo de si existe o no la posibilidad de la transmisión de la empresa o de alguna 
unidad productiva en funcionamiento. Mientras exista esta posibilidad, la apertura del 
procedimiento no afectará a los contratos pendientes de ejecución por ambas partes y 
serán ineficaces las cláusulas que anuden la resolución automática con la apertura de la 
liquidación. El título III ofrece una indicación sobre cuándo debe entenderse, a estos 
efectos, que la posibilidad de transmisión de la empresa o de unidades productivas en 
funcionamiento ya no existe. Esto acontecerá cuando así lo reconozca el deudor en la 
propia solicitud de apertura de la liquidación, cuando se determine objetivamente en el 
plan de liquidación presentado por el deudor o por la administración concursal, o, en fin, 
cuando así se desprenda del plan de liquidación modificado por el juez tras las 
alegaciones de las partes. Una vez no sea objetivamente previsible la transmisión de la 
empresa en funcionamiento se producirán los efectos típicos de la apertura de la 
liquidación concursal, es decir, el vencimiento anticipado de los créditos y la conversión 
en dinero de aquellos créditos u obligaciones que consistan en prestaciones no 
dinerarias.
La apertura del procedimiento especial de liquidación supone en todo caso la 
disolución de la sociedad. Los acreedores que representen créditos con una mínima 
mayoría podrán solicitar el nombramiento de un administrador concursal que sustituirá al 
órgano de administración en sus facultades de administración y disposición. En defecto 
de dicho nombramiento, el órgano de administración continuará con sus facultades de 
administración y disposición sobre el patrimonio, con las limitaciones legales que se 
establecen.
El carácter opcional para los acreedores del nombramiento de un administrador 
concursal determina que una de las grandes novedades de este libro tercero radica en la 
posibilidad de que el deudor sea quien liquide la masa activa. Esta especialidad se 
justifica, en primer lugar, por la previsibilidad de que, en una buena parte de los casos, la 
masa activa, en el momento de apertura del procedimiento, incluirá pocos activos y su 
liquidación debería resultar sencilla, sobre todo teniendo en cuenta los mecanismos de 
liquidación a través de venta por plataforma previstos en este libro tercero; y en segundo 
lugar, también previsiblemente, algunos de esos activos –los más valiosos– estarán 
sometidos a garantía real o algún tipo de preferencia específica. Ello no impide, como se 
ha dicho, que el propio deudor o los acreedores, si así lo solicitan, puedan solicitar el 
nombramiento de un administrador concursal que realice las tareas de liquidación.
El procedimiento especial de liquidación incluye un sistema ágil y abreviado de 
determinación de la masa activa y de la masa pasiva. Sobre la base de la lista de bienes 
y de créditos aportada por el deudor, los acreedores pueden, en el plazo de veinte días 
hábiles, impugnar partidas del inventario o la cuantía, naturaleza y circunstancias con 
que ha sido incluido un crédito. En este libro tercero se aplican las normas de 
reconocimiento de créditos de carácter sustantivo incluidas en el libro primero. Este 
procedimiento abreviado de determinación de las masas activa y pasiva también permite 
insinuar su crédito a aquellos acreedores que no han sido incluidos por el deudor en la 
lista. Este particular puede ser especialmente importante en la práctica, sobre todo en los 
supuestos en que no hay nombramiento de la administración concursal. La omisión 
deliberada de créditos, incluidos los litigiosos, así como la inclusión de créditos no reales 
reciben una severa sanción en el marco del sistema creado por el procedimiento 
especial.
En el caso del procedimiento especial para micropymes el plan de liquidación supone 
la pieza central en el proceso de liquidación. La razón de la diferencia radica en la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123705
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
existencia, en el concurso de acreedores, de un informe de la administración concursal 
en el que se fijan los derechos de las partes y se contienen los elementos esenciales del 
procedimiento. En el caso de las microempresas, sin embargo, no existe una fase 
común, ni un informe de la administración concursal, sino que todo se desarrolla, por 
economía procesal, en una misma fase. Este plan, en el libro tercero, se diseña de 
manera flexible e informal, evitándose, de este modo, los problemas de retrasos e 
incumplimientos que eran propios de la práctica en el concurso de acreedores antes de 
la reforma.
En el plan se incluirá la forma en que se prevé la liquidación de los activos y el 
tiempo previsto para la misma. Como regla general, siempre que sea posible, se 
enajenará la empresa o una unidad productiva en funcionamiento; y la venta de los 
activos individualmente considerados se producirá, salvo excepción justificada y 
suficientemente explicada, a través de la plataforma de liquidación. El plan de liquidación 
deberá ejecutarse en tres meses, aunque existe la posibilidad, a solicitud del deudor o de 
la administración concursal, de obtener una prórroga de un mes adicional.
Además, el plan constituye una pieza informativa de primer orden en el 
procedimiento especial de liquidación. Los acreedores y, en su caso, los trabajadores, 
tendrán la posibilidad de formular alegaciones al plan, a las que tendrán acceso todos los 
acreedores. Existe también la posibilidad de un breve trámite incidental, basado en las 
alegaciones realizadas por las partes, en que el juez puede modificar o, en su caso 
mantener, el contenido del plan de liquidación.
La plataforma de liquidación conforma otra de las novedades más importantes de 
este procedimiento especial para microempresas. Será de acceso gratuito y universal, y 
en ella se volcarán los activos de todos los procedimientos especiales de microempresas 
en liquidación. Se conformará un catálogo de bienes, organizados por categorías, según 
criterios comerciales, y enajenables de manera individual o por lotes. La venta de los 
activos se realizará tanto a través de venta directa por acceso externo al catálogo de los 
clientes como a través de la realización de subastas electrónicas periódicas, que 
deberán ser más frecuentes en las etapas iniciales del periodo de liquidación.
La plataforma no solo contribuirá a agilizar la venta de activos, permitirá reducir el 
coste de la liquidación, incrementará notablemente la transparencia, y coadyuvará a 
descargar notablemente de trabajo al sistema judicial, sino que jugará un papel muy 
importante a la hora de permitir la terminación de los procedimientos especiales de 
liquidación en los plazos previstos. Con la clausura del procedimiento especial sin haber 
liquidado todos los bienes, el deudor, o la administración concursal, y en ambos casos 
con el control del juzgado, entregarán a la plataforma una lista con identificación precisa 
tanto de los activos remanentes como de los acreedores cuyos créditos resultan 
insatisfechos, ordenados por estricto orden de prioridad. Periódicamente todo dinero que 
se recaude sobre bienes de cada procedimiento será entregado a los acreedores del 
mismo mediante un sistema de transferencias bancarias automáticas.
El título III regula la transmisión de la empresa o de sus unidades productivas en 
funcionamiento, si bien deberá completarse con lo previsto en el libro primero. La 
transmisión de la empresa o de sus unidades productivas podrá producirse en tres 
momentos distintos: con la propia presentación de solicitud de apertura de un 
procedimiento especial de liquidación; o en un momento posterior, con su inclusión en el 
plan de liquidación; o, posteriormente sin inclusión previa en el plan de liquidación, a 
modo de oferta sobrevenida que no se había considerado inicialmente como una 
posibilidad. Esta última opción persigue otorgar flexibilidad a la liquidación. Las tres 
formas de transmisión de la empresa o de las unidades productivas presentan algunas 
especialidades regulatorias.
La vía de la presentación junto con la solicitud sigue de cerca la regulación de la 
institución equivalente en el libro primero. Igual que en el caso del concurso, la propuesta 
que involucre a una persona especialmente relacionada con el deudor deberá ir 
acompañada del apoyo previo de un porcentaje de los acreedores que no sean personas 
especialmente relacionadas con el deudor; además, en este caso, para incrementar la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123706
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
transparencia, la empresa deberá anunciarse en la plataforma especial para la 
liquidación. Otra especialidad de esta vía rápida consiste en el necesario nombramiento 
de un administrador concursal o de un experto en la valoración de la empresa, que 
emitirá un informe que, al igual que la propia oferta, será incorporado al plan de 
liquidación. Entre las alegaciones que los acreedores pueden realizar al plan se prevé en 
este caso expresamente la posibilidad de que requieran de manera vinculante la 
publicidad a través de la plataforma de liquidación. Incluso cuando la oferta se presente 
junto con la solicitud, el procedimiento especial de liquidación prevé la posibilidad de que 
se presenten ofertas adicionales. Estas ofertas adicionales serán igualmente sometidas 
a informe y se creará una especie de proceso abreviado de negociación. El sistema crea 
una suerte de subasta dinámica y transparente de manera informal.
Cuando se incluya la previsión de transmisión de la empresa o de las unidades 
productivas en el plan de liquidación, se prevé también la posibilidad de una valoración 
externa de la empresa o de la unidad productiva. Esta valoración será obligatoria si ya 
existe un administrador concursal nombrado. En caso de producirse una valoración 
externa, las partes podrán realizar alegaciones.
Por otra parte, la plataforma de liquidación podrá ser asimismo utilizada para 
favorecer la transmisión de la empresa o de las unidades productivas. Se prevé la 
posibilidad de que el deudor o el administrador concursal vuelque información con un 
grado de detalle suficiente sobre la empresa o las unidades productivas para generar 
interés en posibles compradores, actuando, así, como facilitador de mercado. Como se 
señalaba para el supuesto de presentación inicial de la oferta, la publicidad a través de la 
plataforma es un requisito para la transmisión, en última instancia, a una persona 
especialmente relacionada con el deudor. Si se produce un interés, los interesados 
potencialmente en adquirir la empresa o la unidad productiva darán a conocer tal 
circunstancia por medio de formulario normalizado oficial habilitado, interés que será 
notificado al deudor y/o a la administración concursal. Los interesados podrán solicitar 
información adicional que, por su carácter sensible o reservado, no es objeto de 
publicidad accesible en abierto. La plataforma actúa, de este modo, como mecanismo 
reductor de los costes de la due diligence previos a las adquisiciones de empresas, pero 
no es el mecanismo apropiado para ejecutar la transacción. Antes bien, la transmisión de 
la empresa o de la unidad productiva se dará a través de un sistema de venta directa, 
siempre bajo los principios de transparencia y publicidad, o, excepcionalmente, a través 
de subasta.
Cuando la transmisión de la empresa o de la unidad productiva se realice de forma 
directa o por subasta, se determinará un plazo para la presentación de ofertas, todo ello 
siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de liquidación. Con la finalidad de 
incrementar la transparencia, los aspectos fundamentales de la operación se notificarán 
a todos los acreedores y se harán públicos a través de la inscripción del acuerdo en el 
registro de resoluciones concursales. El libro tercero incluye una especie de derecho de 
tanteo general que permitirá a cualquier tercero adjudicarse la empresa o la unidad 
productiva siempre que ofrezca, con el resto de las condiciones iguales, un incremento 
del 15% o más del precio fijado para la transacción original. Esta regla, por supuesto, 
persigue empujar al alza el precio en la venta directa de la empresa para beneficio de 
todos los acreedores del procedimiento especial de liquidación.
El precio inicial de venta o el precio inicial de la subasta será la valoración de la 
empresa o de la unidad productiva que se haya incluido en el plan de liquidación. Ahora 
bien, en todo caso, el valor por el que se transmita la empresa será siempre superior a la 
suma del valor de todos los activos incluidos en la masa individualmente considerados, 
de modo que una transmisión en funcionamiento no pueda, en ningún caso, perjudicar el 
derecho de los acreedores a su cuota de liquidación.
En el marco de las operaciones de liquidación, el procedimiento especial incluye 
reglas especiales en relación con los créditos que la microempresa tiene frente a tercero. 
Es habitual que una parte importante de los activos de una microempresa, al menos de 
aquellos que no están sometidos a garantía real y por tanto su realización puede ser 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123707
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
utilizada para satisfacer los créditos de los acreedores no privilegiados, sean 
precisamente los créditos por cobrar. Este tipo de activos a menudo requiere actuaciones 
procesales para su conversión en dinero que se acompasa con dificultad a los tiempos 
del procedimiento especial, que, como todo procedimiento de insolvencia, exige una 
rápida resolución. Con la finalidad de evitar que la recuperación de estos créditos y, por 
tanto, la conversión en dinero de este tipo de actuaciones liquidativas retrase 
enormemente la clausura del procedimiento de continuación, causando, con ello, un 
grave perjuicio al sistema, se incluye un sistema de monetización de los créditos que 
tiene una doble vertiente: por un lado, un sistema de enajenación de los créditos, y, por 
otro, un mecanismo de cesión de los créditos con gestión de cobro, cuya finalidad 
consiste en que el cesionario litigue en nombre y por cuenta del deudor. Esta cesión 
permitirá cerrar el procedimiento concursal, y el dinero obtenido con el éxito del pleito 
cedido llegará a los acreedores en un momento posterior según sistema seguro de 
distribución de lo recaudado. El cesionario, profesional de la materia, cobrará su 
retribución a través de un porcentaje de lo obtenido, sin perjuicio de que, si es necesario, 
el dinero de la masa activa se utilice para cubrir parte de los gastos procesales antes de 
haberse asegurado el éxito del pleito.
El pago a los acreedores se efectuará en el orden y según el régimen jurídico 
establecido en el libro primero para la liquidación en el concurso de acreedores. Se 
incluye, igualmente, un tratamiento similar en relación con la financiación interina 
otorgada al deudor durante el periodo de negociación o durante los tres meses 
anteriores a la apertura del procedimiento especial, así como con respecto a la nueva 
financiación otorgada para la implementación del plan, siempre y cuando, en ambos 
casos, dicho plan haya acabado siendo aprobado. Naturalmente, este tratamiento no 
obsta a que la microempresa deba seguir cumpliendo con el pago de sus deudas cuyo 
devengo se produzca desde la apertura del procedimiento, en concreto, las deudas 
tributarias o de seguridad social, incluyendo cuotas y conceptos de recaudación 
conjunta.
El capítulo II del título III incluye las opciones o módulos que las partes pueden 
solicitar de manera voluntaria. Las razones que justifican este capítulo son las mismas 
que justifican estas opciones o módulos para el procedimiento especial de continuación. 
En el caso de la paralización de las ejecuciones sobre los bienes y derechos sometidos a 
garantía real, la especialidad en este tipo de procedimiento se encuentra en que tan solo 
sea posible dicha paralización cuando sea todavía posible la transmisión de la empresa 
o de sus unidades productivas. Naturalmente, en el poco frecuente supuesto de que 
haya más de una unidad productiva en una microempresa, el activo sometido a garantía 
cuya ejecución se suspende debe ser necesario para la actividad de esa unidad 
productiva concreta que se pretende transmitir.
Como ya se ha indicado, el nombramiento de un administrador concursal en la fase 
de liquidación solo se producirá, como ocurría con el experto en la reestructuración, 
cuando así lo soliciten los acreedores o el deudor. Como tercera opción o módulo se 
prevé la posibilidad del nombramiento de un experto en la valoración de la empresa. Es 
posible que se nombre este experto incluso en aquellos procedimientos liquidativos en 
que ya haya un administrador concursal. En este caso, la situación no puede suponer un 
coste adicional para el deudor y sus acreedores, de forma que repercutirá en el 
patrimonio del administrador concursal. La duplicidad de órganos en el procedimiento de 
microempresas debe ser una excepción.
En el capítulo III, se prevé que el deudor persona física podrá solicitar la exoneración 
del pasivo insatisfecho. Para ello, una vez completada la liquidación de la masa, deberá 
iniciar el procedimiento según se regula en el libro primero, cumpliendo todos los 
requisitos legales exigidos.
El capítulo IV incluye la regulación de un procedimiento abreviado de calificación del 
procedimiento especial. Las diferencias con la calificación del concurso de acreedores 
son varias. En primer lugar, la calificación solo podrá abrirse en caso de liquidación de la 
microempresa, pero no en caso del cumplimiento de un plan especial de continuación. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123708
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Esto no quiere decir que los comportamientos antijurídicos realizados por el deudor o por 
aquellas personas que habrían podido resultar afectadas por la calificación queden sin 
remedio procesal, sino, simplemente, que deberán ventilarse en la instancia apropiada 
(por ejemplo, en un juicio de responsabilidad civil o en los juzgados de lo penal). Otra 
diferencia importante consiste en la no obligatoriedad de la apertura de una fase de 
calificación una vez concluida la liquidación en el procedimiento especial. De este modo, 
será necesario que, como regla general, acreedores que representen al menos el 10% 
del pasivo total soliciten la apertura de la calificación; o que lo hagan los socios 
personalmente responsables por las deudas de la sociedad, o cualquier acreedor, con 
independencia de su tamaño y naturaleza, cuando objetivamente se haya producido una 
ocultación o una falsificación de la información provista durante el procedimiento 
especial.
La calificación se realizará a través de un procedimiento abreviado, cuyo comienzo 
no requiere la finalización de las labores de liquidación, sino que puede desarrollarse en 
paralelo con el resto del procedimiento. En la calificación, la administración concursal 
juega el papel principal, debiendo ser nombrada si no lo había sido ya. El proceso sigue 
el esquema del concurso de acreedores, con la presentación de un informe por la 
administración concursal, que terminará la calificación cuando no encuentre motivos para 
justificar la culpabilidad. Cuando, por el contrario, se solicite la calificación del 
procedimiento especial como culpable, las personas afectadas podrán oponerse. 
Excepcionalmente, este trámite procesal sí debe realizarse con intervención de 
asistencia letrada. Se sustanciará mediante una vista virtual, si bien el juez podrá 
convocar una presencial cuando la práctica de la prueba así lo aconseje. Las 
presunciones de culpabilidad y el contenido de la sentencia se regulan por el libro 
primero. La especialidad en el ámbito del procedimiento para microempresas se sitúa en 
la atención que se concede a la veracidad y completitud de la información que el deudor 
debe aportar tanto en la solicitud como a lo largo del procedimiento.
El último capítulo del libro tercero incluye una serie de normas básicas sobre la 
conclusión del procedimiento. La pieza central es el informe final de la liquidación. Este 
informe deberá presentarse dentro del límite de tres meses, cuatro si el juez concede 
prórroga, previsto en el libro tercero para concluir las operaciones de liquidación. 
Excepcionalmente, el procedimiento especial de liquidación –y la presentación del 
informe final– se postergarán hasta que termine la tramitación de la calificación o de 
acciones rescisorias o de responsabilidad que se hubieren entablado por la 
administración concursal. Debido a que tanto la calificación como las mencionadas 
acciones deben correr en paralelo a las operaciones de liquidación, esta prolongación 
debería resultar una realidad excepcional.
En el informe se incluirá el detalle de las operaciones de liquidación realizadas, 
incluyendo el momento de cada operación liquidativa, las cantidades obtenidas, así 
como el momento y las cuantías satisfechas a los acreedores. Cuando las enajenaciones 
se hayan realizado por la plataforma de liquidación, se aportará certificación de la 
plataforma en el que se detallen los extremos relevantes de todas las operaciones 
realizadas. Como medida importante para evitar una prolongación excesiva de la 
liquidación, se prevé un mecanismo de continuación de la liquidación del activo 
remanente una vez transcurrido el plazo, sea de tres, sea de cuatro meses previsto para 
las operaciones de liquidación. Así, el informe final deberá incluir una lista de los activos 
aun no vendidos por la plataforma, según certificación aportada por esta, y una lista de 
los créditos que quedan por satisfacer. El deudor o la administración concursal deberán 
entregar la lista con los acreedores cuyos créditos están insatisfechos, jerarquizados por 
estricto orden de pago, con los detalles de pago, a la plataforma por medio electrónico 
que deje constancia de la entrega y recepción de la misma. De este modo, la plataforma 
podrá terminar la liquidación y distribuir el resultado sin necesidad de que, por ello, deba 
permanecer abierto el procedimiento de liquidación.
Se prevé, por último, la posibilidad de que el deudor o los acreedores presenten 
oposición al informe final o a la conclusión del procedimiento especial de liquidación.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123709
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
VI
La Directiva 2019/1023 impone a los Estados miembros adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que los procedimientos de insolvencia se tramiten de forma 
rápida y eficiente (artículo 25, letra «b»). La rapidez beneficia fundamentalmente a los 
acreedores, pero también al deudor y a los administradores de la persona jurídica 
deudora, porque aspiran a que esa situación excepcional que caracteriza al concurso de 
acreedores finalice cuanto antes. La eficiencia, íntimamente unida a una tramitación ágil, 
se manifiesta en muy distintos aspectos del procedimiento, entre los que tiene especial 
importancia el mantenimiento de aquellas unidades productivas que sean objetivamente 
viables.
La Directiva no especifica qué medidas deben adoptarse para conseguir ese doble 
objetivo, por lo que corresponde a cada Estado adoptar aquellas medidas que, 
atendiendo a la realidad de su legislación, se consideren más adecuadas para conseguir 
esas finalidades.
El análisis de los concursos de acreedores tramitados en España pone de manifiesto 
que el señalado doble objetivo de rapidez y eficiencia dista mucho de haberse 
alcanzado. Los procedimientos concursales, salvo excepciones, duran demasiado 
tiempo. Las cuestiones procesales prevalecen sobre lo que es esencial en caso de 
insolvencia: el rápido y eficaz tratamiento de la situación de crisis. No son infrecuentes 
casos en los que la insolvencia de un deudor provoca la de los acreedores, en una 
economía en la que la mayor parte de las empresas son de muy limitadas dimensiones, 
con efectos devastadores para la economía y para el empleo. La exigencia de que los 
concursos de acreedores sean más rápidos y eficaces contribuye a evitar el contagio de 
la insolvencia.
La experiencia acumulada en los años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
permite constatar que los errores de concepción de los que derivan los problemas 
esenciales del concurso de acreedores son los siguientes:
1.º  La consideración de que el convenio es la «solución normal» del concurso, 
cuando la realidad demuestra que el convenio es solución excepcional. Más del noventa 
por ciento de los concursos tramitados finalizan por liquidación.
2.º  Por lo general, el concurso se compone de dos fases sucesivas: la primera, que 
la ley denomina fase común, destinada básicamente a la determinación de las masas 
activa y pasiva, y una segunda, de contenido alternativo, que puede ser bien la fase de 
convenio, bien la fase de liquidación. Esta fase común se extiende desde el auto de 
declaración de concurso hasta la consolidación de los textos definitivos del inventario y 
de la lista de acreedores. Como la experiencia enseña, la «paralización» de la solución 
del concurso en tanto esos textos no devengan definitivos constituye un grave 
inconveniente para alcanzar esos postulados de rapidez y eficiencia. Cuando es elevado 
el número de impugnaciones del inventario o cuando se tramitan a ritmo lento las que se 
hayan presentado, la fase común puede durar varios años.
Ese modelo de dos fases no es rígido: puede reducirse a un modelo en el que a la 
fase común se superpone la fase de convenio o la fase de liquidación o ampliarse a un 
modelo de tres fases sucesivas.
3.º  A ese exceso de procesalismo se añade un exceso de judicialismo. Se impone, 
pues, reducir trámites; conectar plazos, de modo tal que, cuando finalice uno, se abra 
automáticamente otro; suprimir decisiones judiciales; y atribuir a la administración 
concursal la competencia para determinadas decisiones sin perjuicio del imprescindible 
control de la actuación de este órgano de compleja naturaleza, una de cuyas 
dimensiones es precisamente la de actuar como auxiliar del juez.
En la presente ley la agilización del concurso de acreedores se intenta conseguir 
mediante la declaración de concurso. La solicitud de concurso presentada por el deudor, 
por acreedor legítimo o por cualquiera de los demás legitimados, debe ser objeto de 
reparto el mismo día de la presentación o el siguiente día hábil, de modo tal que el juez 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123710
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
competente para la declaración de concurso pueda examinarla a la mayor brevedad 
posible. Del mismo modo, se reducen los plazos para la declaración de concurso 
voluntario y para la tramitación de la solicitud de declaración de concurso necesario.
Frente a la concepción según la cual solo el carácter definitivo del inventario y de la 
lista de acreedores es presupuesto para que el deudor opte por el convenio o por la 
liquidación, en el modelo diseñado por esta ley la presentación del informe de la 
administración concursal con el inventario provisional y la lista de acreedores provisional 
abre automáticamente el plazo de presentación de la propuesta de convenio por el 
deudor o por los acreedores que alcancen un determinado porcentaje del pasivo; y, 
además, esa presentación igualmente abre el plazo para que la administración concursal 
y los acreedores presenten informe de calificación.
Otro momento retardatario es la exigencia de que el juez apruebe un plan de 
liquidación. En lugar de este modelo, la ley opta por establecer normas legales de 
liquidación, facultando, no obstante, al juez del concurso para que, al acordar la apertura 
de la fase de liquidación de la masa activa o en resolución posterior, pueda establecer 
«reglas especiales de liquidación» atendiendo a la composición de esa masa, a las 
previsibles dificultades que tenga la liquidación o cualesquiera otras circunstancias 
concurrentes. El administrador concursal liquidará la masa conforme a las normas 
legales o, en su caso, conforme a esas reglas especiales fijadas por el juez del concurso.
Junto con las reglas dirigidas a agilizar la tramitación, la Directiva 2019/1023 exige el 
aumento de la eficiencia. Con esta específica finalidad, la presente ley introduce algunas 
modificaciones de las normas vigentes para hacerlas más adecuadas, más eficaces o 
más flexibles a las exigencias que la aplicación de la Ley Concursal ha puesto de 
manifiesto.
Especialmente importantes son las nuevas normas relativas a la solicitud de 
concurso con presentación de oferta de adquisición de una o varias unidades 
productivas. El deudor, junto con la solicitud de concurso, puede presentar una 
propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias 
unidades productivas. De este modo, la ley da carta de naturaleza a instrumentos 
técnicos arraigados en otras experiencias jurídicas, como es el pre-pack administration.
Destaca también el régimen de los concursos sin masa. La ley sustituye los 
concursos que nacen y fenecen al mismo tiempo por un sistema más abierto al control 
de los acreedores. Si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que 
la acompañen resultaren determinadas condiciones, el juez dictará auto declarando el 
concurso de acreedores con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin 
más pronunciamientos, ordenando que se publique edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el Registro público concursal. El acreedor o los acreedores que 
representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo pueden solicitar el nombramiento 
de un administrador concursal para que presente informe sobre si existen indicios 
suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa 
que sean rescindibles, si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social 
de responsabilidad contra los administradores o liquidadores o si existen indicios 
suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable. En el supuesto de que 
el administrador concursal emita informe apreciando la existencia de tales indicios, el 
juez dictará auto complementario con los demás pronunciamientos de la declaración de 
concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa, continuando el 
procedimiento conforme a lo establecido en la ley.
Con la finalidad de aumentar la eficiencia en el sistema de reintegración de la masa 
activa, la ley amplía los actos que se declaran rescindibles.
Sin propósito exhaustivo, entre las medidas arbitradas con ese propósito de 
simplificar el régimen legal deben mencionarse la unificación del régimen de 
responsabilidad de los bienes conyugales por las deudas contraídas en el ejercicio de la 
profesión de cualquiera de los cónyuges, con supresión de la distinción según que el 
deudor sea o no empresario, o la reordenación de los créditos contra la masa.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123711
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Al servicio de esa misma finalidad se han introducido algunas normas que tratan de 
evitar pronunciamientos judiciales en materias tradicionalmente conflictivas. Así, la 
declaración de que, en caso de insuficiencia de la masa activa, tienen la consideración 
de créditos imprescindibles para la conservación y liquidación los créditos por salarios de 
los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación mientras 
continúen prestando sus servicios; la retribución de la administración concursal; y las 
cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en concepto de 
rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y derechos de la 
masa activa.
Naturalmente, la consecución de la eficiencia no debe lograrse a costa de suprimir o 
restringir los derechos individuales o colectivos de los trabajadores, que se mantienen. 
Es más, los derechos individuales aumentan significativamente. Además de lo ya 
señalado en el caso de insuficiencia de la masa activa, al establecer el orden general de 
los créditos contra la masa, en la cúspide figuran los créditos anteriores a la declaración 
de concurso por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, tanto si son anteriores como posteriores a la declaración de concurso, 
seguidos de los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de 
trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere 
el doble del salario mínimo interprofesional.
Especial atención ha prestado la ley al convenio del concursado con los acreedores a 
fin de potenciar esta solución, de forma que se suprime el convenio anticipado, se 
suprime la junta de acreedores y se establece un régimen de aprobación muy parecido al 
previsto para los acuerdos de reestructuración. La supresión del convenio anticipado es 
consecuencia lógica de la articulación de un derecho preconcursal. La supresión de la 
junta de acreedores –a la que el derecho en vigor dedica especial atención– se enmarca 
dentro de la necesaria simplificación de la tramitación del concurso de acreedores, que 
también es uno de los objetivos de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio. La 
reforma opta por modificar los artículos del texto refundido de la Ley Concursal en la 
medida en que sean indispensables para esa doble finalidad de supresión del convenio 
anticipado y de la junta de acreedores.
Finalmente, también se modifica el artículo 579 sobre concesiones sobre el dominio 
público, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo 1/2021, de 24 de marzo, en la 
que se declaró que corresponde a la Administración la potestad para resolver, mediante 
el procedimiento administrativo apropiado, sobre la extinción de las concesiones 
demaniales.
VII
Las previsiones de la Directiva 2019/1023 respecto de los deberes de los 
administradores sociales se encuentran implícitos en la normativa vigente, por lo que no 
se introducen novedades en el régimen actual de la acción social ni en la posible 
calificación del concurso de acreedores como culpable.
La Directiva no contiene previsiones específicas en materia de calificación del 
concurso, dado que se trata de una institución que no tiene reflejo en el resto de los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en los que, por el contrario, se encuentra 
muy desarrollado el Derecho penal de la insolvencia, con funciones parcialmente 
semejantes a las de la calificación. La presente ley mantiene la calificación del concurso 
de acreedores, aunque con importantes innovaciones relativas a la presentación del 
informe de calificación, con continuidad de plazos para acelerar la tramitación de la 
sección sexta, y a la supresión del dictamen del Ministerio Fiscal. Esta supresión se 
compensa con el reconocimiento de la legitimación los acreedores que alcancen un 
determinado porcentaje del pasivo para presentar informe de calificación simultánea e 
independientemente del informe del administrador concursal, solicitando que el concurso 
sea calificado como culpable.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123712
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
La Directiva también regula las condiciones exigidas a los administradores 
concursales, por lo que la transposición atiende tanto al articulado como a los 
considerandos. Dos son los principios de los que debe partir la tarea de transposición: el 
primero, el de asegurar la formación y los conocimientos suficientes y adecuados de 
quienes aspiren a ser nombrados; y el segundo, el de la necesidad de atender las 
«particularidades» del caso. La ley proyecta el primero de esos principios a través de la 
doble exigencia de que las personas naturales o jurídicas que pretendan ser inscritas 
como administradores concursales en el Registro público concursal tengan la titulación y 
superen las pruebas que se establezcan en el Reglamento de la administración 
concursal. A través de esos requisitos se garantiza una formación adecuada, que se 
combina con el grado de complejidad del concurso debiendo añadir ese Reglamento 
mayores requisitos cuanta mayor sea la previsible complejidad de las funciones a 
desarrollar. En lugar de una clasificación de los concursos de acreedores en tres 
categorías en función de las dimensiones (pequeños concursos, concursos de grado 
medio y concursos de grandes dimensiones) la ley fija como parámetro el de la 
complejidad.
El segundo de esos principios, el de la adecuación al caso concreto, exige modular el 
sistema de «turno correlativo» en los concursos de mayor complejidad, entre los que 
cabe mencionar expresamente los concursos con elementos transfronterizos, en los que 
se tenga en cuenta el conocimiento de la lengua del país/es o la lengua inglesa; en todo 
caso, el juez, al efectuar el nombramiento, debe motivar la designación en la adecuación 
de los conocimientos y de la experiencia de la persona nombrada a las particularidades 
del caso. La combinación de ambas formas de designación permite configurar un 
sistema claro y transparente y, al propio tiempo, adaptado al caso concreto.
Al mismo tiempo, se ha modificado el artículo relativo a los deberes de los 
administradores concursales a fin de hacer explícitos los requisitos de actuación 
imparcial e independiente.
El objetivo de la eficiencia no se consigue simplemente con este sistema de 
nombramiento y la Directiva establece previsiones relativas a los mecanismos necesarios 
para relacionar retribución y eficiencia, conflicto de intereses y supervisión del ejercicio 
del cargo por parte del administrador concursal. Con el fin de fomentar la celeridad y 
agilidad del procedimiento, se entiende que la eficiencia debe ser promovida no solo por 
reducciones a la retribución sino también con incentivos a la pronta resolución de los 
trámites.
La Directiva 2019/1023 exige que los Estados miembros establezcan «herramientas 
de alerta temprana» para que el deudor, detectada la probabilidad de insolvencia, pueda 
actuar sin demora a fin de evitar que esa mera probabilidad se convierta en insolvencia 
actual.
Los mecanismos o herramientas de alerta temprana constituyen una de las 
novedades más relevantes introducidas en la Directiva 2019/1023, de 20 de junio, sobre 
marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la 
eficacia de los procedimientos concursales. La Directiva impone a los Estados miembros 
la obligación de implantar instrumentos de alerta y prevención de la insolvencia, que 
tengan virtualidad para efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de 
dificultades financieras, a los efectos de preservar el valor de la empresa, incentivando la 
adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible 
evitar la situación de insolvencia.
Así se establecerán servicios de asesoramiento gratuito y confidencial a empresas 
en dificultades para posibilitar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en un 
estadio temprano de dificultades. Adicionalmente, se mantendrá la página web de 
«autodiagnóstico de salud empresarial» del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
que ya dispone de acceso libre y gratuito.
Finalmente, como medida de alerta, aunque muy tardía, la ley establece que, en 
caso de ejecución judicial, si el ejecutado no señalare bienes susceptibles de embargo o 
el valor de los señalados fuera insuficiente para el fin de la ejecución, se introduce el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123713
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
deber a cargo del letrado de la Administración de Justicia de advertir al ejecutado de 
que, en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia 
actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar 
negociaciones con acreedores para pactar un plan de reestructuración de la deuda, con 
paralización de las ejecuciones durante esa negociación en los términos establecidos por 
la ley; y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no lo hace, tiene el deber 
de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer ese estado de insolvencia.
VIII
Las modificaciones introducidas en el libro cuarto del texto refundido de la Ley 
Concursal obedecen a dos tipos de motivos. Por un lado, la necesidad de adaptar ese 
texto al Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo, sobre procedimientos de insolvencia; y, por otro lado, la necesidad de introducir 
ciertas reglas especiales con el fin de ajustar el régimen general previsto en este libro a 
la particular naturaleza de los institutos o procedimientos preconcursales regulados en el 
libro segundo.
A fin de asegurar la eficacia de las previsiones que el Reglamento establece respecto 
de las comunicaciones directas entre los jueces de distintos Estados miembros, se ha 
considerado preciso desarrollar el cauce procesal previsto en la Ley 29/2015, de 30 de 
julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, otorgando la flexibilidad 
necesaria al juez para que valore la procedencia de la comunicación directa y la forma 
de llevarla a cabo.
Por último, la ley contiene ciento cincuenta y ocho apartados, once disposiciones 
adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diecinueve 
disposiciones finales.
Además, se añade al texto refundido de la Ley Concursal una disposición adicional 
relativa a las Haciendas Forales, especificando que en caso de que concurran sus 
créditos con los de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el límite global para la 
exoneración contemplado para los créditos de derecho público no se incrementa.
Dentro de las disposiciones adicionales y finales, destacan los mandatos normativos 
y no normativos dirigidos a reformar o aprobar, según proceda, el Reglamento de la 
administración concursal, el Reglamento del Registro público concursal, el sistema de 
estadística concursal, los modelos de solicitud de concurso voluntario de acreedores, la 
plataforma electrónica de liquidación de bienes, el programa de cálculo, los formularios 
del procedimiento especial de microempresas, y la web para el autodiagnóstico de salud 
empresarial.
Asimismo, se introduce una disposición adicional referida al régimen aplicable a los 
avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, y 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo, así como 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra de Ucrania por razón de la especialidad que suponen 
respecto del régimen general aplicable a los créditos de derecho público. En el marco de 
la excepcionalidad derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, entre otras 
medidas, se ha considerado conveniente hacer decaer la aplicación del régimen y 
procedimientos de recuperación y cobranza de los avales ejecutados previstos con 
carácter supletorio en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y 
encomendar los procedimientos de recuperación a las entidades financieras 
concedentes. Además, los Acuerdos de Consejo de Ministros que desarrollan las líneas 
de avales incorporan la cláusula pari passu,  que determina que en caso de que se 
produzcan pérdidas como consecuencia del impago de las operaciones avaladas, el 
Estado y las entidades financieras las asumirán de manera proporcional al nivel de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123714
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
cobertura del aval. Con la presente disposición adicional se trata de preservar dicho 
régimen especial, distinguiéndolo claramente del régimen aplicable a los créditos de 
derecho público en sede de reestructuración en todos los procedimientos previstos en la 
Ley Concursal.
Adicionalmente, se incorpora una disposición adicional relativa a los aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que viene a complementar la regulación de los mismos, contenida 
fundamentalmente en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su 
normativa de desarrollo. También se eleva a rango legal en dicha disposición la exención 
de la obligación de aportar garantías en determinados aplazamientos y fraccionamientos, 
que hasta ahora venía regulada en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que 
se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.
En lo que afecta a las disposiciones transitorias, la ley opta por mantener la regla 
general de irretroactividad de las normas procesales si bien que modulada ante la 
constatación de la excesiva duración de los concursos de acreedores. Así, las 
finalidades que se pretenden alcanzar con el nuevo régimen legal quedarían muy 
postergadas si no se fuera adelantando su aplicación a determinadas piezas, 
expedientes y trámites, como la exoneración del pasivo insatisfecho, el convenio o la 
pieza de calificación.
Particular referencia merece la entrada en vigor del libro tercero, que no puede 
aplicarse hasta tanto no estén disponibles los medios tecnológicos precisos, en 
particular, la plataforma electrónica de liquidación de activos. Por tanto, hasta tanto esa 
entrada en vigor tenga lugar, los concursos y preconcursos de las microempresas se 
regirán por las disposiciones de los libros primero y segundo con las especialidades 
previstas en la disposición transitoria segunda.
Por lo demás, las disposiciones transitorias tercera a sexta aclaran la vigencia de 
determinadas disposiciones del texto refundido y de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 
mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas 
de orden social. En la disposición derogatoria, se suprimen varios preceptos del Código 
de Comercio. En las disposiciones finales, además, se modifica el Código Civil, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de 
cooperación jurídica internacional en materia civil y la Ley de asistencia jurídica gratuita, 
se declara la incorporación de la Directiva 2019/1023 al ordenamiento jurídico español y 
se establece el plazo para la entrada en vigor.
IX
Esta ley está incluida en el Plan Anual Normativo de 2021, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
A su vez, esta norma se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al 
cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la directiva y con la 
mínima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de 
la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se 
realiza con el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y 
claro del texto refundido de la Ley Concursal.
En cuanto al principio de transparencia, el anteproyecto ha sido sometido al trámite 
de consulta pública establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y ha sido sometido al trámite de audiencia e información 
pública del artículo 26.6 de la misma ley, que ha tenido lugar entre el 4 y el 25 de agosto 
de 2021.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123715
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Esta reforma normativa es una de las que conforman y se ha comprometido en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España.
Así, la modificación se integra en el Componente 13: Impulso a la pyme, dentro de la 
Reforma 1: Mejora de la regulación y del clima de negocios, que aborda entre otras 
cuestiones una importante modernización del marco concursal, con el fin de agilizar los 
procedimientos, facilitar las soluciones negociadas y tratar de minimizar la destrucción de 
valor para el conjunto de la economía.
Artículo único.   Modificación del texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
El texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, queda modificado como sigue:
Uno.  El apartado 2 del artículo 1 pasa a ser el apartado 3 y se introduce un nuevo 
apartado 2, según se indica a continuación:
«2.  Los deudores incluidos en el ámbito de aplicación del libro tercero se 
sujetarán exclusivamente a las disposiciones de ese libro.
3. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los 
organismos públicos y demás entes de derecho público no podrán ser declarados 
en concurso».
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
«3.  La insolvencia podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de 
insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea 
que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente 
sus obligaciones».
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
«2.  La solicitud se presentará por procurador en el modelo oficial, con la 
firma de este y de abogado. El poder en el que el deudor otorgue la 
representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido 
apud acta  por comparecencia personal ante el letrado de la Administración de 
Justicia de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede judicial y deberá ser especial para solicitar el concurso».
Cuatro. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7.  Documentos generales.
A la solicitud de declaración de concurso, el deudor acompañará los 
documentos siguientes:
1.º  Una memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor; de 
la actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos años y 
de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, y de las 
causas del estado de insolvencia en que se encuentre.
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del 
cónyuge, la fecha del matrimonio, el régimen económico por el que se rija y, si se 
hubiera pactado, la fecha de las capitulaciones matrimoniales. Si el deudor tuviera 
pareja inscrita, indicará en la memoria la identidad de la pareja y la fecha de 
inscripción en el registro correspondiente.
Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los 
socios o asociados de que tenga constancia; la identidad de los administradores o 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123716
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
de los liquidadores, de los directores generales y, en su caso, del auditor de 
cuentas; si tiene admitidos valores admitidos a cotización en un centro de 
negociación, y si forma parte de un grupo de sociedades, enumerando las que 
estén integradas en este, con expresión de la identidad de la sociedad dominante.
2.º  Un inventario de los bienes y derechos que integren su patrimonio, con 
expresión de la naturaleza que tuvieran, las características, el lugar en que se 
encuentren y, si estuvieran inscritos en un registro público, los datos de 
identificación registral de cada uno de los bienes y derechos relacionados, el valor 
de adquisición, las correcciones valorativas que procedan y la estimación del valor 
de mercado a la fecha de la solicitud. Se indicarán también en el inventario los 
derechos, los gravámenes, las trabas y las cargas que afecten a estos bienes y 
derechos, a favor de acreedor o de tercero, con expresión de la naturaleza que 
tuvieren y, en su caso, los datos de identificación registral.
3.º  La relación de acreedores con expresión de la identidad, el domicilio y la 
dirección electrónica, si la tuviere, de cada uno de ellos, así como de la cuantía y 
el vencimiento de los respectivos créditos y las garantías personales o reales 
constituidas. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago del 
crédito, se identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de 
las actuaciones.
4.º  Si el deudor fuera empleador, el número de trabajadores, con expresión 
del centro de trabajo al que estuvieran afectos, y la identidad de los integrantes del 
órgano de representación de los mismos si los hubiere, con expresión de la 
dirección electrónica de cada uno de ellos».
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado como sigue:
«1.  La solicitud de concurso presentada por el deudor será repartida y 
remitida a la oficina judicial que corresponda el mismo día de la presentación o el 
siguiente día hábil. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente día hábil 
al del reparto, el juez competente examinará la solicitud».
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«1.  Si el juez estimara que la solicitud de declaración de concurso 
presentada por el deudor o la documentación que la acompaña adolecen de algún 
defecto material o procesal o que la documentación es insuficiente, señalará al 
solicitante un único plazo de justificación o de subsanación que no podrá exceder 
de tres días».
Siete.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 14, que quedan redactados 
como sigue:
«1.  La solicitud de concurso presentada por acreedor o por los demás 
legitimados será repartida y remitida a la oficina judicial que corresponda el mismo 
día de la presentación o el siguiente día hábil. En el mismo día o, si no fuera 
posible, en el siguiente hábil al del reparto, el juez competente examinará la 
solicitud».
«4.  Esta resolución judicial se notificará el mismo día de su adopción por 
medios electrónicos a los organismos y a las administraciones públicas a las que 
deba notificarse la declaración de concurso».
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«2.  Si el deudor alegase que no se encuentra en estado de insolvencia, le 
incumbirá la prueba de su solvencia».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123717
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«2.  Las pruebas declaradas pertinentes se practicarán de inmediato si se 
pudieran realizar en la propia vista. En otro caso, ese mismo día o, si no fuera 
posible, en el siguiente hábil, el letrado de la Administración de Justicia señalará 
fecha para la práctica de las restantes. La práctica de estas otras pruebas deberá 
realizarse en el más breve plazo posible, sin que pueda exceder de diez días».
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado como sigue:
«2.  En caso de declaración de concurso a solicitud de acreedor o de los 
demás legitimados distintos del deudor, las costas tendrán la consideración de 
créditos contra la masa. En caso de desestimación de la solicitud, el auto 
condenará al solicitante al pago de las costas, salvo que el juez aprecie, y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o derecho. La condena al 
pago de las costas al acreedor que hubiera solicitado la declaración de concurso 
no procederá si el crédito de que fuera titular hubiera vencido seis meses antes de 
la presentación de la solicitud, salvo caso de temeridad o mala fe».
Once.  Se modifica el ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 28, se suprime el 
numeral 2.º, corriendo la numeración de los ordinales 3.º a 6.º que pasan a ser 2.º a 5.º, 
y se añade un apartado 4, en los términos siguientes:
«1.º  El carácter voluntario o necesario del concurso, con indicación, en su 
caso, de que el deudor ha presentado propuesta de convenio, ha solicitado la 
liquidación de la masa activa o ha presentado una oferta vinculante de adquisición 
de unidad o unidades productivas».
«4.  En caso de que el deudor fuera empleador, el auto de declaración de 
concurso se notificará a la representación legal de las personas trabajadoras aún 
en los supuestos en los que no se hubiese personado o no hubiera comparecido 
como parte en el procedimiento».
Doce. Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue:
«Artículo 31.  Apertura de secciones.
1. El mismo día de la declaración de concurso, el letrado de la Administración 
de Justicia procederá a la formación de la sección primera, si el concurso se 
hubiera declarado a solicitud del deudor, que se encabezará con la solicitud y 
todos los documentos que la acompañaren, y, cualquiera que hubiera sido el 
solicitante, la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta, cada una de 
las cuales se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia de declaración de 
concurso.
2. Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de la masa activa, el letrado 
de la Administración de Justicia procederá a la formación de la sección quinta, que 
se encabezará por la solicitud de liquidación».
Trece.  Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 33 con la siguiente 
redacción:
«3.  El auto de declaración de concurso se notificará por medios electrónicos 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social».
Catorce.  Se modifica el apartado 1 del artículo 35, que queda redactado como 
sigue:
«1. El mismo día de la aceptación del cargo por el administrador concursal, el 
letrado de la Administración de Justicia remitirá por medios electrónicos al "Boletín 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123718
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Oficial del Estado", para su publicación en el suplemento del tablón judicial edictal 
único, y al Registro público concursal el edicto relativo a la declaración de 
concurso, redactado en el modelo oficial para que sea publicado con la mayor 
urgencia. La publicación del edicto tendrá carácter gratuito.
El edicto contendrá los datos indispensables para la identificación del 
concursado, incluyendo el número de identificación fiscal que tuviera; el órgano 
judicial que hubiera declarado el concurso, el número de autos y el número de 
identificación general del procedimiento; la fecha de presentación de la solicitud, la 
fecha en que se hubiera repartido, la fecha del auto de declaración de concurso; el 
régimen de intervención o de suspensión de las facultades de administración y 
disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integren la masa 
activa; la identidad del administrador o de los administradores concursales; el 
plazo para la comunicación de los créditos, la dirección electrónica y postal, para 
que los acreedores efectúen la comunicación de créditos y cuantas otras 
comunicaciones dirijan a la administración concursal, y la dirección electrónica del 
Registro público concursal en el que se publicarán las resoluciones que traigan 
causa del concurso».
Quince.  Se introduce en el capítulo V del título I del libro primero una nueva 
sección 4.ª integrada por los artículos 37 bis a 37 quinquies, con la siguiente rúbrica y 
contenido:
«Sección 4.ª De la declaración de concurso sin masa
Artículo 37 bis.  Concurso sin masa.
Se considera que existe concurso sin masa cuando concurran los supuestos 
siguientes por este orden:
a) El concursado carezca de bienes y derechos que sean legalmente 
embargables.
b) El coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera 
manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.
c) Los bienes y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor 
inferior al previsible coste del procedimiento.
d) Los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del 
concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y 
derechos.
Artículo 37 ter.  Especialidades de la declaración de concurso sin masa.
1. Si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la 
acompañen resultare que el deudor se encuentra en cualquiera de las situaciones 
a que se refiere el artículo anterior, el juez dictará auto declarando el concurso de 
acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más 
pronunciamientos, ordenando la remisión telemática al «Boletín Oficial del Estado» 
para su publicación en el suplemento del tablón edictal judicial único y la 
publicación en el Registro público concursal con llamamiento al acreedor o a los 
acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo a fin de que, 
en el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación del edicto, 
puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente 
informe razonado y documentado sobre los siguientes extremos:
1.º  Si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos 
perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles conforme a lo establecido 
en esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123719
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2.º  Si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, 
de la persona jurídica concursada, o contra la persona natural designada por la 
persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las funciones 
propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera 
que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección 
de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo 
en uno o varios consejeros delegados.
3.º  Si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de 
culpable.
2. En el caso de que, dentro de plazo, ningún legitimado hubiera formulado 
esa solicitud, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de 
exoneración del pasivo insatisfecho.
3. El auto de declaración de concurso, en caso de que el deudor fuera 
empleador, se notificará a la representación legal de las personas trabajadoras.
Artículo 37 quater.  Solicitud de nombramiento de administrador concursal.
1. En el caso de que, dentro de plazo, acreedor o acreedores que 
representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo formularan solicitud de 
nombramiento de administrador concursal para que emita el informe a que se 
refiere el artículo anterior, el juez, mediante auto, procederá al nombramiento para 
que, en el plazo de un mes a contar desde la aceptación, emita el informe 
solicitado. En el mismo auto fijará la retribución del administrador por la emisión 
del informe encomendado, cuya satisfacción corresponderá al acreedor o 
acreedores que lo hubieran solicitado.
2. El deudor deberá facilitar de inmediato toda la información que le sea 
requerida por el administrador concursal para la elaboración del informe a que se 
refiere el artículo anterior.
Artículo 37 quinquies.  Auto complementario.
1. Si en el informe el administrador concursal apreciara la existencia de los 
indicios a que se refiere el artículo 37 ter, el juez dictará auto complementario con 
los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase 
de liquidación de la masa activa, continuando el procedimiento conforme a lo 
establecido en esta ley.
2. El administrador concursal deberá ejercitar las acciones rescisorias y las 
acciones sociales de responsabilidad antes de que transcurran dos meses a 
contar desde la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior. Si no 
lo hiciera, el acreedor o los acreedores que hubieran solicitado el nombramiento 
de administrador concursal estarán legitimados para el ejercicio de esas acciones 
dentro de los dos meses siguientes. El régimen de las costas y de los gastos será 
el establecido en esta ley para los casos de ejercicio subsidiario de acciones por 
los acreedores».
Dieciséis. Se modifica el artículo 44, que queda redactado como sigue:
«Artículo 44.  Competencia objetiva.
Son competentes para declarar y tramitar el concurso de acreedores los 
jueces de lo mercantil».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123720
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Diecisiete.  Se suprime el apartado 3 y se modifica el apartado 1 del artículo 46, que 
queda redactado como sigue:
«1.  Será juez competente para la declaración conjunta de concurso el del 
lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor 
pasivo y, si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad dominante o, en 
supuestos en que el concurso no se solicite respecto de esta, el de la sociedad de 
mayor pasivo. Si ya hubiera sido declarado el concurso de la sociedad dominante, 
será juez competente para la declaración del concurso de cualquiera de las 
sociedades del grupo aquel que esté conociendo del concurso de aquella».
Dieciocho.  Se modifica el apartado 2 del artículo 47, que queda redactado como 
sigue:
«2.  La masa activa comprenderá todos los bienes y derechos del deudor, 
estén situados dentro o fuera del territorio español, con independencia de que se 
abra o no en el extranjero un concurso territorial. En el caso de que sobre los 
bienes y derechos situados en el territorio extranjero se abra un procedimiento de 
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas sobre reconocimiento de 
procedimientos extranjeros y coordinación de procedimientos paralelos previstas 
en el libro cuarto».
Diecinueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 49, que queda redactado como 
sigue:
«2.  Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se 
considerará concurso territorial, se limitarán a los bienes y derechos del deudor, 
afectos o no a la actividad de ese establecimiento, que estén situados en territorio 
español. En el caso de que sobre los bienes y derechos situados en el extranjero 
se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas sobre 
reconocimiento de procedimientos extranjeros y coordinación de procedimientos 
paralelos previstas en el libro cuarto».
Veinte. Se modifica el apartado 3 del artículo 51, que queda redactado como sigue:
«3.  Aunque se estime la declinatoria por falta de competencia territorial será 
válido todo lo actuado en el concurso».
Veintiuno. Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:
«Artículo 52.  Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción.
1. La jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias:
1.ª  Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre 
adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, 
matrimonio y menores.
2.ª  Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre 
los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa 
activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que las hubiera 
ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal.
3.ª  La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
4.ª  La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos 
laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123721
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
unidades productivas, así como la determinación en esos casos de los elementos 
que las integran.
5.ª  Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y 
derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, 
cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que las hubiera 
acordado, excepto las que se adopten en los procesos de adopción de medidas 
judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores.
6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.
2. Cuando el deudor sea persona natural, la jurisdicción del juez del concurso 
será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª  Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la 
asistencia jurídica gratuita.
2.ª  La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del 
concursado.
3. Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez del 
concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª  Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra 
los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del 
pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y 
las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de 
las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones 
accesorias.
2.ª  Las acciones de responsabilidad contra los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona 
jurídica y contra las personas, cualquiera que sea su denominación, que tengan 
atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo de administración en uno o 
varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los daños y 
perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la 
persona jurídica concursada.
3.ª  Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y 
perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la 
persona jurídica concursada».
Veintidós.  Se modifica el apartado 2 del artículo 60, que queda redactado como 
sigue:
«2.  En la solicitud de inscripción en el Registro o después de haberse 
practicado esta, la persona interesada deberá hacer constar el ámbito territorial 
específico en el que esté en condiciones de ejercer las funciones propias del 
cargo».
Veintitrés. Se modifica el artículo 61, que queda redactado como sigue:
«Artículo 61.  Requisitos para la inscripción.
1. Solo podrán inscribirse en el Registro público concursal como 
administradores concursales las personas naturales que tengan la titulación y 
superen el examen de aptitud profesional que se establezca en el Reglamento de 
la administración concursal. Excepcionalmente se podrá excluir de la realización 
de la prueba a los abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores que 
acrediten la experiencia previa como administrador concursal que se determine 
reglamentariamente.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123722
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. Las personas jurídicas podrán inscribirse en el Registro público concursal 
cuando cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de la administración 
concursal, si bien sus socios o representantes legales deberán sujetarse a lo 
establecido en el apartado anterior.
3. La inscripción se practicará especificando las clases de concursos en las 
que puede ser nombrado el administrador concursal. A tales efectos, en el 
Reglamento de la administración concursal los concursos de clasificarán en tres 
clases por razón de la complejidad que previsiblemente tuvieren y se precisarán 
los requisitos que el administrador concursal ha de cumplir para poder ser inscrito 
en cada clase. Los inscritos en una clase superior se entienden habilitados para 
actuar como administradores concursales en concursos de la clase o clases 
inferiores.
4. Quienes superen el examen de aptitud profesional estarán habilitados para 
el desempeño de sus funciones en los concursos de menor complejidad».
Veinticuatro. Se modifica el artículo 62, que queda redactado como sigue:
«Artículo 62.  Del nombramiento.
1. Como regla general, el nombramiento del administrador concursal deberá 
recaer en la persona natural o jurídica inscrita en el Registro público concursal que 
corresponda por turno correlativo en función de la clase de concurso de que se 
trate, siempre que hubiera hecho constar estar en condiciones para actuar en el 
ámbito territorial del juzgado que realice el nombramiento.
2. En los concursos de mayor complejidad el nombramiento recaerá en la 
persona natural o jurídica inscrita en el Registro público concursal habilitada para 
ejercer las funciones propias del cargo en dichos concursos que el juez designe, 
debiendo motivar la designación en la adecuación de la experiencia, los 
conocimientos o la formación de la persona nombrada a las particularidades del 
concurso, en los términos que se determinen reglamentariamente. En todo caso, 
antes de efectuar el nombramiento, el juez deberá consultar el Registro público 
concursal.
3. En los concursos con elementos transfronterizos, el nombramiento deberá 
recaer en persona que, además, acredite en el momento de su aceptación el 
conocimiento suficiente de la lengua del país o países relacionados con esos 
elementos o, al menos, el conocimiento suficiente de la lengua inglesa. 
Alternativamente, podrá acreditar que cuenta con personas trabajadoras o ha 
contratado a un traductor jurado con dichos conocimientos».
Veinticinco.  En el artículo 65, se suprime el apartado 3, corriendo la numeración de 
los actuales apartados 4 y 5, que pasan a ser 3 y 4, y se modifican el apartado 2 y el 
nuevo apartado 4, que quedan redactados como sigue:
«2.  En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado 
de inscritos, no podrán ser nombrados administradores concursales ni auxiliares 
delegados en los concursos de mayor complejidad aquellas personas naturales o 
jurídicas que hubieran sido nombradas discrecionalmente para cualquiera de esos 
cargos por el mismo juzgado o por el mismo juez en tres concursos dentro de los 
dos años anteriores contados desde la fecha del primer nombramiento. En el 
cómputo del límite máximo de nombramientos se incluirán los concursos en los 
que esas personas hubieran sido designadas representantes de la persona 
jurídica nombrada para el ejercicio de las funciones propias del cargo de 
administradora concursal o de auxiliar-delegada. Los nombramientos efectuados 
en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se 
computarán como uno solo».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123723
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
«4.  No podrá ser nombrado administrador concursal quien en la negociación 
de un plan de reestructuración hubiera sido nombrado experto en la 
reestructuración».
Veintiséis. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 67, que queda redactado 
como sigue:
«5.  En los concursos de mayor complejidad, en el momento de la aceptación 
del cargo, el nombrado deberá entregar al juzgado declaración firmada de los 
concursos de acreedores en que haya sido nombrado administrador concursal o 
auxiliar delegado que todavía se encuentren en tramitación, con indicación del 
tribunal que le haya nombrado, la fecha de la declaración de concurso y el juez 
que la haya dictado. Si alguno de estos concursos de acreedores se encontrara en 
fase de liquidación, se indicará la fecha de la resolución de apertura de esa fase y, 
en el caso de que haya transcurrido más de un año desde la misma, las razones 
por las cuales el concurso no se encuentra concluido».
Veintisiete.  Se suprime el apartado 2 del artículo 75.  El artículo 75 queda 
redactado como sigue:
«Artículo 75.  Auxiliares delegados.
Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la administración concursal 
podrá solicitar del juez el nombramiento de uno o varios auxiliares delegados, con 
especificación de las funciones a delegar, que pueden incluir las relativas a la 
continuación de la totalidad o parte de la actividad del deudor».
Veintiocho. Se suprime el artículo 76.
Veintinueve.  Se modifican la rúbrica y el contenido del artículo 80, que queda 
redactado como sigue:
«Artículo 80.  Deberes del administrador concursal.
1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán 
el cargo con la debida diligencia, del modo más eficiente para el interés del 
concurso.
2. Los administradores concursales deberán actuar con imparcialidad e 
independencia respecto del deudor y, si fuera persona jurídica, de sus socios, 
administradores y directores generales, así como respecto de los acreedores 
concursales y de la masa».
Treinta. Se modifica el apartado 1 del artículo 86, que queda redactado como sigue:
«1.  El arancel que determine la retribución de la administración concursal se 
ajustará necesariamente a las siguientes reglas:
1.ª  Regla de la exclusividad. Los administradores concursales solo podrán 
percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de lo 
establecido de la aplicación del arancel. En consecuencia, no podrá devengarse 
con cargo a la masa activa cantidad alguna adicional a la fijada inicialmente, en 
favor del administrador concursal o de persona especialmente vinculada al mismo 
por cualquier actuación de asistencia técnica o jurídica ni por la interposición de 
cualquier tipo de recursos, en el marco del concurso.
2.ª  Regla de la limitación. La cantidad total máxima que la administración 
concursal puede percibir por su intervención en el concurso será la menor de entre 
la cantidad de un millón de euros y la que resulte de multiplicar la valoración del 
activo del concursado por un cuatro por ciento.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123724
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
El juez, oídas las partes, podrá aprobar de forma motivada una remuneración 
que supere el límite anterior cuando, debido a la complejidad del concurso, lo 
justifiquen los costes asumidos por la administración concursal, sin que en ningún 
caso pueda exceder del cincuenta por ciento de dicho límite.
3.ª Regla de la duración del concurso.
a) Cuando la fase común exceda de seis meses, la retribución de la 
administración concursal aprobada para esta fase será reducida en un cincuenta 
por ciento, salvo que el juez de manera motivada, en el plazo de tres días a contar 
desde la solicitud, entienda que existan circunstancias objetivas que justifiquen 
ese retraso o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el 
cumplimiento de las demás funciones.
b) Cuando la fase de convenio exceda de seis meses, la retribución de la 
administración concursal aprobada para esta fase será reducida en un cincuenta 
por ciento, salvo que el juez de manera motivada, en el plazo de tres días a contar 
desde la solicitud, entienda que existan circunstancias objetivas que justifiquen 
ese retraso o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el 
cumplimiento de las demás funciones.
c) Cuando la fase de liquidación exceda de ocho meses, la retribución del 
administrador se reducirá en, al menos, un cincuenta por ciento salvo que el juez, 
de manera motivada, en el plazo de tres días a contar desde la solicitud, entienda 
que existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta 
del administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás 
funciones.
4.ª  Regla de la eficiencia. La retribución de la administración concursal se 
devengará conforme se vayan cumpliendo las funciones atribuidas por esta ley y 
el juez del concurso.
En su determinación deberán tenerse en cuenta incentivos para garantizar la 
eficiencia de la administración concursal orientados a lograr una mayor celeridad y 
agilidad, que podrán referirse, entre otros, a la pronta ejecución del plan de 
liquidación, a la transmisión de unidades productivas o a la realización de los 
bienes y derechos en liquidación por un valor superior al porcentaje determinado 
reglamentariamente del valor definitivo de los mismos, fijado en el informe de la 
administración.
La retribución inicialmente fijada será reducida por el juez de manera motivada 
por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un 
retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus 
obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos.
Si el retraso consistiera en exceder en más de la mitad del plazo legal que la 
administración concursal deba observar o el procedimiento concursal se dilatara 
en más de dieciséis meses desde la fecha de declaración del concurso, o se 
incumpliera el deber de información de los acreedores, el juez deberá reducir la 
retribución, salvo que el administrador concursal demuestre que el retraso no le 
resulta imputable, que existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso 
o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de 
las demás funciones.
Se considerará que la calidad del trabajo es deficiente cuando se resuelvan 
impugnaciones sobre el inventario o la relación de acreedores en favor de los 
demandantes en proporción igual o superior al quince por ciento del valor del 
inventario provisional o del importe de la relación provisional de acreedores 
presentada por la administración concursal. En este último caso, el juez deberá 
reducir la retribución, al menos, en la misma proporción que la modificación, salvo 
que concurran circunstancias objetivas que justifiquen esa valoración o ese 
importe o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el 
cumplimiento de las demás funciones».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123725
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Treinta y uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 100, que queda redactado 
como sigue:
«2.  En todo caso será causa de separación del administrador concursal el 
incumplimiento grave del deber de diligencia, así como el incumplimiento del deber 
de imparcialidad e independencia respecto del deudor y, si fuera persona jurídica, 
de sus administradores y directores generales, así como respecto de los 
acreedores concursales. No obstante la concurrencia de esta causa de 
separación, el juez podrá mantener al administrador concursal en el ejercicio del 
cargo cuando concurran circunstancias objetivas que así lo aconsejen».
Treinta y dos. Se modifica el artículo 102, que queda redactado como sigue:
«Artículo 102.  Rendición de cuentas.
1. En el caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del 
concurso, el juez le requerirá para que en el plazo de un mes presente una 
completa rendición de cuentas.
2. Esta rendición de cuentas se regirá por lo establecido en la sección 3.ª del 
capítulo I del título XI del libro primero».
Treinta y tres. Se suprime el apartado 3 del artículo 144.
Treinta y cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 149, que queda redactado 
como sigue:
«1.  La apertura de la fase de liquidación producirá la pérdida del derecho a 
iniciar la ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos 
de la masa activa por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas 
acciones antes de la declaración de concurso o no las hubieran iniciado 
transcurrido un año desde la declaración de concurso. Los titulares de garantías 
reales recuperarán el derecho de ejecución o realización forzosa cuando 
transcurra un año desde la apertura de la liquidación sin que se haya enajenado el 
bien o derecho afecto».
Treinta y cinco. Se modifica el artículo 156, que queda redactado como sigue:
«Artículo 156.  Principio general de vigencia de los contratos.
La declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato. 
Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de la otra 
parte de suspender o de modificar las obligaciones o los efectos del contrato, así 
como la facultad de resolución o la de extinción del contrato por la declaración de 
concurso de cualquiera de ellas o por la apertura de la fase de liquidación de la 
masa activa».
Treinta y seis. Se modifica el artículo 163, que queda redactado como sigue:
«Artículo 163.  Efectos de la resolución del contrato.
1. En caso de resolución del contrato por incumplimiento, quedarán 
extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento.
2. Si el incumplimiento del concursado hubiera sido anterior a la declaración 
del concurso, el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus 
obligaciones y el correspondiente a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados por ese incumplimiento tendrán la consideración de crédito concursal, 
cualquiera que sea la fecha de la resolución.
3. Si el incumplimiento del concursado fuera posterior a la declaración de 
concurso, el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123726
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
obligaciones y el correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios 
causados por el incumplimiento tendrán la consideración de crédito contra la 
masa».
Treinta y siete.  Se modifican la rúbrica y el contenido del artículo 164, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 164.  Mantenimiento del contrato por resolución del juez del concurso.
1. Ejercitada la acción de resolución de un contrato de tracto sucesivo por 
incumplimiento anterior a la declaración de concurso o de cualquier contrato, sea o 
no de tracto sucesivo, por incumplimiento posterior a esa declaración, el 
concursado, en caso de intervención, o la administración concursal, en caso de 
suspensión, podrán oponerse a la resolución solicitando en interés del concurso 
que se mantenga en vigor el contrato incumplido. Si el incumplimiento fuera 
posterior a la declaración de concurso, al formular oposición deberá ofrecerse al 
demandante el pago con cargo a la masa, dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de la sentencia, de las cantidades adeudadas por las prestaciones 
realizadas.
2. El juez, oído el demandante, resolverá sobre el mantenimiento del contrato 
según proceda.
3. En caso de estimación de la oposición a la resolución solicitada, si el pago 
de las cantidades adeudadas no se realizase dentro de plazo, el mantenimiento 
del contrato quedará sin efecto.
4. Contra la sentencia que acuerde el mantenimiento del contrato la parte 
que se considere perjudicada podrá interponer recurso de apelación».
Treinta y ocho.  Se modifica el apartado 3 del artículo 165, que queda redactado 
como sigue:
«3.  La demanda de resolución se tramitará por los cauces del incidente 
concursal. El juez decidirá acerca de la resolución solicitada acordando, en su 
caso, las restituciones que procedan. El crédito que, en su caso, corresponda a la 
contraparte en concepto de indemnización de daños y perjuicios tendrá la 
consideración de crédito concursal.
Si el contrato a resolver fuera de arrendamiento financiero, a la demanda se 
acompañará tasación pericial independiente del valor de los bienes cedidos, que el 
juez podrá tener en cuenta para fijar la indemnización».
Treinta y nueve.  Se modifica el apartado 3 del artículo 194, que queda redactado 
como sigue:
«3.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, se considerará 
que el valor de la vivienda habitual del matrimonio será el mayor entre el valor de 
tasación que tuviera establecido o el de mercado».
Cuarenta.  Se modifica el apartado 1 del artículo 197, que queda redactado como 
sigue:
«1.  En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es 
propiedad del deudor. La administración concursal, cualquiera que sea el régimen 
de limitación de las facultades de administración y de disposición de la masa 
activa, ordenará de inmediato bien la transferencia del saldo a la cuenta 
intervenida o bien ordenará a la entidad financiera la modificación pertinente en el 
régimen».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123727
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Cuarenta y uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 198, que quedan 
redactados como sigue:
«1.  La administración concursal deberá elaborar un inventario de la masa 
activa, que incluirá la relación y la valoración de los bienes y derechos de que se 
componía el día de la solicitud de concurso. En el inventario se indicará si alguno 
de esos bienes o derechos que en él figuren hubiera dejado de pertenecer al 
concursado o hubiera variado de valor entre la fecha de la solicitud y el día 
inmediatamente anterior al de presentación del informe de la administración 
concursal.
2. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o 
cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y la 
valoración de los bienes y derechos privativos del concursado, así como las de los 
bienes y derechos gananciales o comunes cuando deban responder de todas o 
algunas de las obligaciones de este, con expresa indicación de ese carácter».
Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 203, que queda redactado como sigue:
«Artículo 203.  Asesoramiento de expertos independientes.
1. La administración concursal podrá recurrir al asesoramiento de uno o 
varios expertos independientes para la estimación de los valores de bienes y 
derechos de la masa activa sin necesidad de autorización judicial.
2. La retribución de los expertos independientes será a cargo de la 
administración concursal.
3. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios 
devengados se unirán al inventario.
4. Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de 
incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para 
los administradores concursales y sus representantes».
Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 204, que queda redactado como sigue:
«Artículo 204.  Deber de conservación.
En tanto no sean enajenados, la administración concursal deberá conservar 
los elementos que integren la masa activa del modo más conveniente para el 
interés del concurso. A tal fin, la administración concursal podrá solicitar del 
juzgado el auxilio que estime necesario».
Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 205, que queda redactado como sigue:
«Artículo 205.  Prohibición de enajenación.
Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, 
los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar 
sin autorización del juez».
Cuarenta y cinco.  Se añade al artículo 206 un nuevo apartado 3 con la siguiente 
redacción:
«3.  Cuando se presente a inscripción en los registros de bienes cualquier 
título relativo a un acto de enajenación o gravamen de bienes o derechos de la 
masa activa realizado por la administración concursal antes de la aprobación 
judicial del convenio o de la apertura de la fase de liquidación, la administración 
concursal deberá declarar en el instrumento público el motivo de la enajenación o 
gravamen sin que el registrador pueda exigir que se acredite la existencia del 
motivo alegado».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123728
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Cuarenta y seis.  Se modifica el título y el contenido del artículo 209, que queda 
redactado como sigue:
«Artículo 209.  Modo de realización de los bienes afectos.
La realización de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 
especial se hará por el administrador concursal mediante subasta electrónica, 
salvo que el juez autorice otro modo de realización».
Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 215, que queda redactado como sigue:
«Artículo 215.  Modo ordinario de enajenación de unidades productivas.
Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, 
la enajenación del conjunto de una empresa o de una o varias unidades 
productivas se hará mediante subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro 
modo de realización».
Cuarenta y ocho.  Se modifica el artículo 216, que queda redactado como sigue, y 
se suprimen los apartados 2, 3 y 4:
«Artículo 216.  Autorización judicial para la enajenación directa o a través de 
persona o entidad especializada.
En cualquier estado del concurso, o cuando la subasta quede desierta, el juez, 
mediante auto, podrá autorizar la enajenación directa del conjunto de la empresa o 
de una o varias unidades productivas o la enajenación a través de persona o de 
entidad especializada».
Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 219, que queda redactado como sigue:
«Artículo 219.  Regla de la preferencia.
1. En caso de subasta, el juez, mediante auto, podrá acordar la adjudicación 
al oferente cuya oferta no difiera en más del quince por ciento de la oferta superior 
cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa en 
su conjunto o, en su caso, de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, así 
como la mejor y más rápida satisfacción de los créditos de los acreedores.
2. Esta regla se aplicará también a las ofertas de personas trabajadoras 
interesadas en la sucesión de la empresa mediante la constitución de sociedad 
cooperativa o laboral».
Cincuenta.  Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 3 al artículo 221, en 
los siguientes términos:
«2.  El juez del concurso será el único competente para declarar la existencia 
de sucesión de empresa, así como para delimitar los activos, pasivos y relaciones 
laborales que la componen.
3. En estos casos el juez podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social relativo a las relaciones laborales afectas a la enajenación de 
la unidad productiva y las posibles deudas de seguridad social relativas a estos 
trabajadores.
El informe deberá emitirse por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo improrrogable de diez días».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123729
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Cincuenta y uno.  Se introduce un nuevo artículo 224 bis en la subsección 3.ª de la 
sección 2.ª del capítulo III del título IV del libro primero, con la siguiente redacción:
«Artículo 224 bis.  Solicitud de concurso con presentación de oferta de 
adquisición de una o varias unidades productivas.
1. El deudor puede presentar, junto con la solicitud de declaración de 
concurso, una propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para la 
adquisición de una o varias unidades productivas.
En la propuesta el acreedor o el tercero deberá asumir la obligación de 
continuar o de reiniciar la actividad con la unidad o unidades productivas a las que 
se refiera por un mínimo de tres años. El incumplimiento de este compromiso dará 
lugar a que cualquier afectado pueda reclamar al adquirente la indemnización de 
los daños y perjuicios causados.
2. En el auto de declaración de concurso, el juez concederá un plazo de 
quince días para que los acreedores que se personen puedan formular a la 
propuesta las observaciones que tengan por conveniente y para que cualquier 
interesado pueda presentar propuesta vinculante alternativa. En el mismo auto, el 
juez requerirá a la administración concursal para que, dentro de ese plazo, emita 
informe de evaluación de la presentada.
3. La propuesta escrita vinculante de adquisición podrá ser realizada por 
personas trabajadoras interesadas en la sucesión de la empresa mediante la 
constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada.
4. Si se presentasen una o varias propuestas alternativas de adquisición, el 
juez requerirá a la administración concursal para que, en el plazo de cinco días, 
emita informe de evaluación.
5. En el informe la administración concursal valorará la propuesta o 
propuestas presentadas atendiendo al interés del concurso, e informará sobre los 
efectos que pudiera tener en las masas activa y pasiva la resolución de los 
contratos que resultare de cada una de las propuestas.
6. Una vez emitidos el informe o informes por la administración concursal, el 
juez, si se hubieran presentado varias propuestas, concederá un plazo simultáneo 
de tres días a los oferentes para que, si lo desean, mejoren las que cada uno de 
ellos hubiera presentado. Dentro de los tres días siguientes al término de ese 
plazo, el juez procederá a la aprobación de la que resulte más ventajosa para el 
interés del concurso. En caso de que se hubiera presentado una propuesta en los 
términos del apartado 3 y la oferta sea igual o superior a la de las demás 
propuestas alternativas presentadas, el juez priorizará dicha propuesta siempre 
que ello atienda al interés del concurso, considerando en el mismo la continuidad 
de la empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios.
7. Si la ejecución de la oferta vinculante aprobada estuviera sujeta al 
cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, tales como la aprobación 
de la adquisición por parte de las autoridades de la competencia o supervisoras, o 
a la realización de una modificación estructural que afecte a los activos a 
transmitir, el concursado y la administración concursal llevarán a cabo las 
actuaciones precisas para asegurar el pronto cumplimiento.
El juez podrá exigir al proponente adjudicatario que preste caución o garantía 
suficiente de consumación de la adquisición si las condiciones suspensivas se 
cumplieran en el plazo máximo para ello establecido en la oferta vinculante, o de 
resarcimiento de los gastos o costes incurridos por el concurso en otro caso.
8. La transmisión de la unidad o de las unidades productivas al adjudicatario 
estará sometida a las demás reglas establecidas en esta ley para esta clase de 
transmisiones.
9. La oferta de adquisición de una o varias unidades productivas se publicará 
en el portal de liquidaciones concursales del Registro público concursal el mismo 
día que se publique la declaración de concurso en la sección primera de dicho 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123730
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Registro. El juez podrá requerir tanto al deudor como al autor o autores de la 
oferta cuanta información considere necesaria o conveniente para facilitar la 
presentación de otras ofertas por acreedores o terceros. La información requerida 
se publicará igualmente en dicho portal».
Cincuenta y dos.  Se modifica la numeración de la subsección 4.ª de la sección 2.ª 
del capítulo III del título IV del libro primero, que pasa a ser la subsección 5.ª, y se 
introduce una nueva subsección 4.ª, integrada por los artículos 224 ter a 224 septies, con 
la siguiente rúbrica y contenido:
«Subsección 4.ª Nombramiento de experto para recabar ofertas de adquisición 
de la unidad productiva
Artículo 224 ter.  Solicitud de nombramiento de experto para recabar ofertas de 
adquisición de la unidad productiva.
En caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de 
insolvencia actual, el deudor, sea persona natural o jurídica, cualquiera que sea la 
actividad a la que se dedique, podrá solicitar del juzgado competente para la 
declaración de concurso el nombramiento de un experto que recabe ofertas de 
terceros para la adquisición, con pago al contado, de una o de varias unidades 
productivas de que sea titular el solicitante, aunque hubieran cesado en la 
actividad.
Artículo 224 quater.  Nombramiento del experto.
1. El nombramiento del experto podrá recaer en persona natural o jurídica 
que reúna las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones o 
administrador concursal. La aceptación del nombramiento es voluntaria.
2. En la resolución el juez establecerá la duración del encargo y fijará al 
experto la retribución que considere procedente atendiendo el valor de la unidad o 
unidades productivas. El derecho a percibir la retribución podrá estar total o 
parcialmente en función del resultado.
La resolución por la que se acuerde el nombramiento del experto se 
mantendrá reservada.
Artículo 224 quinquies.  Deber de solicitar el concurso.
El nombramiento del experto no exime al deudor del deber de solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
Artículo 224 sexies.  Especialidades del concurso posterior.
1. Será competente para la declaración de concurso el juez que hubiera 
nombrado al experto.
2. En la declaración del concurso, el juez podrá revocar o ratificar el 
nombramiento del experto. Si lo ratificara tendrá este la condición de administrador 
concursal.
3. La retribución que no hubiera percibido el experto tendrá la consideración 
de crédito contra la masa.
Artículo 224 septies.  Presentación de ofertas.
1. Quien realice la oferta no podrá actuar por cuenta del propio deudor.
2. En la oferta el oferente deberá asumir la obligación de continuar o de 
reiniciar la actividad con la unidad o unidades productivas a las que se refiera la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123731
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
oferta por un mínimo de dos años. El incumplimiento de este compromiso dará 
lugar a que cualquier afectado pueda reclamar al adquirente la indemnización de 
los daños y perjuicios causados».
Cincuenta y tres. Se modifica el artículo 226, que queda redactado como sigue:
«Artículo 226.  Acciones rescisorias de los actos del deudor.
1. Son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por 
el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de 
declaración de concurso, así como los realizados desde esa fecha a la de la 
declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
2. Son igualmente rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
comunicación de la existencia de negociaciones con los acreedores o la intención 
de iniciarlas, para alcanzar un plan de reestructuración, así como los realizados 
desde esa fecha a la de la declaración de concurso, aunque no hubiere existido 
intención fraudulenta, siempre que concurran las dos siguientes condiciones:
1.º  Que no se hubiera aprobado un plan de reestructuración o que, aun 
aprobado, no hubiera sido homologado por el juez.
2.º  Que el concurso se declare dentro del año siguiente a la finalización de 
los efectos de esa comunicación o de la prórroga que hubiera sido concedida».
Cincuenta y cuatro.  Se modifica el numeral 2.º del artículo 230 que queda 
redactado como sigue:
«2.º  Los actos de constitución de garantías de cualquier clase a favor de 
créditos públicos, así como los actos de reconocimiento y pago de estos créditos 
tendentes a lograr la regularización o atenuación de la responsabilidad del 
concursado prevista en la legislación penal».
Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 237, que queda redactado como sigue:
«Artículo 237.  Recurso contra la sentencia de rescisión.
Quienes hubieran sido parte en el incidente de rescisión podrán interponer 
contra la sentencia recurso de apelación. La tramitación y la resolución del recurso 
tendrán carácter preferente».
Cincuenta y seis. Se modifica el artículo 242, que queda redactado como sigue:
«Artículo 242.  Créditos contra la masa.
1. Son créditos contra la masa:
1.º  Los créditos anteriores a la declaración de concurso por responsabilidad 
civil extracontractual por muerte o daños personales, así como los créditos 
anteriores o posteriores a la declaración del concurso por indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la 
fecha de la resolución que los declare. Si los daños estuvieran asegurados, el 
crédito del asegurador por subrogación, regreso o reembolso tendrá la 
consideración de crédito concursal ordinario.
2.º  Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de 
trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo interprofesional.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123732
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3.º  Los créditos por alimentos a los que tuviera derecho el deudor y los que 
este último tuviera deber legal de prestar conforme a lo dispuesto en esta ley 
devengados antes o después de la declaración de concurso.
4.º  Los créditos por costas en caso de declaración de concurso a solicitud del 
acreedor o de los demás legitimados distintos del deudor.
5.º  Los créditos por la publicidad de la declaración de concurso y de 
cualquier otra resolución judicial que acuerde el juez, así como los relativos a la 
adopción de medidas cautelares.
6.º  Los créditos por la asistencia y representación del concursado y de la 
administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus 
incidentes y demás procedimientos judiciales en cualquier fase del concurso 
cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la 
masa hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del 
concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interponga el 
concursado contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas.
7.º  Los créditos por los gastos y las costas judiciales ocasionados por la 
asistencia y representación del concursado, de la administración concursal o de 
acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o 
inicien conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto para los casos de 
desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su 
caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
8.º  Los créditos por la condena al pago de las costas como consecuencia de 
la desestimación de las demandas que se hubieran presentado o de los recursos 
que se hubieran interpuesto por la administración concursal o por el concursado 
con autorización de la administración concursal o como consecuencia del 
allanamiento o del desistimiento realizados por la administración concursal o por el 
concursado con autorización de la administración concursal. En caso de 
transacción, se estará a lo pactado por las partes en materia de costas.
9.º  Los créditos por la retribución de la administración concursal, así como 
los créditos por la retribución del experto para recabar ofertas de adquisición de la 
unidad productiva.
10.º  Los créditos que resulten de obligaciones válidamente contraídas 
durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o 
conformidad de esta, por el concursado sometido a intervención.
11.º  Los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del concursado tras la declaración del concurso hasta la aprobación 
judicial del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso. Quedan 
comprendidos en este número los créditos laborales devengados después de la 
declaración de concurso, las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión 
del concurso.
12.º  Los créditos que, conforme a lo dispuesto en esta ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso, y los créditos por incumplimiento posterior a la declaración de concurso 
por parte del concursado.
13.º  Los créditos que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de 
responsabilidad extracontractual por todo tipo de daños causados con 
posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo 
distintos de aquellos a los que se refiere el ordinal 1.º de este apartado.
14.º  Los créditos por intereses y frutos en caso de retraso de la obligación de 
entrega de los bienes y derechos de propiedad ajena.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123733
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
15.º  Los créditos que, en los casos de pago de créditos con privilegio 
especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación 
de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta ley, 
correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del 
concursado.
16.º  En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado antes de 
la apertura de la fase de liquidación, para financiar el cumplimiento del convenio 
aprobado por el juez, según el plan de viabilidad presentado, si así se hubiera 
previsto en el convenio. La misma regla se aplicará a los créditos prestados por 
personas especialmente relacionadas con el concursado si en el convenio consta 
la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder.
17.º  El cincuenta por ciento del importe de los créditos derivados de la 
financiación interina o de la nueva financiación concedidos en el marco de un plan 
de reestructuración homologado cuando los créditos afectados por ese plan 
representen al menos el cincuenta y uno por ciento del pasivo total. En el caso de 
que esa financiación haya sido concedida o comprometida por personas 
especialmente relacionadas con el deudor, será necesario que los créditos 
afectados por el plan representen más del sesenta por ciento del pasivo total, con 
deducción de los créditos de aquellas para calcular esa mayoría.
18.º  Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración.
2. Cualquier acreedor de la masa podrá requerir en cualquier momento a la 
administración concursal para que se pronuncie sobre si la masa es insuficiente o 
es previsible que lo sea para el pago de esos créditos. Si el administrador 
concursal no contestara al requerimiento en el término de tres días o lo hiciera en 
términos genéricos o imprecisos, el acreedor de la masa podrá solicitar auxilio del 
juez del concurso a fin de que requiera al administrador concursal para que se 
pronuncie de inmediato o para que lo haga en términos concretos y precisos, con 
la advertencia, según tenga por conveniente, de la posible reducción de la 
retribución fijada o de la separación del cargo».
Cincuenta y siete. Se modifica el artículo 249, que queda redactado como sigue:
«Artículo 249.  Deber de comunicación de la insuficiencia de la masa activa.
En cuanto conste que la masa activa es insuficiente o es previsible que lo sea 
para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al juez del concurso. El letrado de la Administración de Justicia 
notificará por medios electrónicos esta comunicación a las partes personadas».
Cincuenta y ocho. Se modifica el artículo 250, que queda redactado como sigue:
«Artículo 250.  Pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de la 
masa activa.
1. Desde que la administración concursal comunique al juez del concurso 
que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, 
tendrán preferencia de cobro los créditos vencidos o que venzan después de esa 
comunicación que sean imprescindibles para la liquidación de la masa activa.
2. En todo caso, se consideran imprescindibles para la liquidación los 
créditos por salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la 
fase de liquidación mientras continúen prestando sus servicios, la retribución de la 
administración concursal durante la fase de liquidación; y las cantidades 
adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en concepto de rentas 
de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y derechos de la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123734
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
masa activa. Si la masa activa fuera insuficiente para atender estos créditos, el 
pago de los que hubieran vencido se realizará a prorrata.
3. El pago de los créditos contra la masa que no sean imprescindibles para la 
liquidación de la masa activa se satisfarán por el orden establecido en el 
artículo 242.1, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado.
4. Tendrán prelación sobre los créditos del artículo 242.1.2.º los créditos por 
salarios e indemnizaciones por despido o extinción de los contratos de trabajo 
generados tras la declaración del concurso en la cuantía que resulte de multiplicar 
el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario 
pendientes de pago».
Cincuenta y nueve.  Se modifica el apartado 1 del artículo 272, que queda 
redactado como sigue:
«1.  A los efectos del convenio y de los planes de reestructuración, el 
privilegio especial estará limitado al valor razonable del bien o derecho sobre el 
que se hubiera constituido la garantía, con las deducciones establecidas en esta 
ley».
Sesenta.  Se modifican los ordinales 1.º, 5.º y 6.º del artículo 280, que quedan 
redactados como sigue:
«1.º  Los créditos anteriores a la declaración de concurso por salarios que no 
tengan la consideración de créditos contra la masa ni reconocido privilegio 
especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago; por 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple 
del salario mínimo interprofesional; y por los capitales coste de seguridad social de 
los que sea legalmente responsable el concursado y los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral 
devengadas con anterioridad a la declaración de concurso».
«5.º  Los créditos por responsabilidad civil extracontractual por daños 
causados antes de la declaración de concurso distintos de aquellos a que se 
refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 242, las liquidaciones vinculadas a 
delito contra la Hacienda Pública reguladas en el Título VI de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y los créditos por responsabilidad civil 
derivada del delito contra la Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la 
Seguridad Social, cualquiera que sea la fecha de la resolución judicial que los 
declare. Si los daños estuvieran asegurados, el crédito del asegurador por 
subrogación, regreso o reembolso tendrá la consideración de crédito concursal 
ordinario».
«6.º  El cincuenta por ciento del importe de los créditos derivados de la 
financiación interina o de la nueva financiación concedidos en el marco de un plan 
de reestructuración homologado cuando los créditos afectados por ese plan 
representen al menos el cincuenta y uno por ciento del pasivo total. En el caso de 
que la financiación hubiera sido concedida o comprometida por personas 
especialmente relacionadas con el deudor, será necesario que los créditos 
afectados por el plan representen más del sesenta por ciento del pasivo total, con 
deducción de los créditos de aquellas personas para calcular esa mayoría».
Sesenta y uno.  Se modifica el artículo 281.2.1.º, que queda redactado como se 
sigue:
«1.º  Los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de 
concurso, que tendrán la consideración de créditos contra la masa, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 242.1.3.º».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123735
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Sesenta y dos. Se suprime el apartado 3 del artículo 289.
Sesenta y tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 293, que queda redactado 
como sigue:
«3.  Si se hubiese presentado propuesta de convenio se acompañará al 
informe el escrito de evaluación».
Sesenta y cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 294, que quedan 
redactados como sigue:
«1.  El mismo día de la presentación del informe, el letrado de la 
Administración de Justicia lo remitirá por medios electrónicos junto con los 
documentos anejos al Registro público concursal.
2. El mismo día de la presentación del informe la administración concursal 
remitirá el informe y los documentos anejos por correo electrónico al deudor, a 
aquellos que hubiesen comunicado sus créditos de cuya dirección electrónica 
tenga constancia, estén o no incluidos en la lista de acreedores, y a quienes, 
aunque no fueran acreedores, estuvieran personados en el concurso. Si no tuviera 
constancia fehaciente de la recepción del correo electrónico, deberá intentar la 
comunicación por cualquier otro medio que permita al acreedor conocer de su 
publicación en el Registro público concursal. Si no tuviera constancia de la 
dirección electrónica, el administrador concursal efectuará la remisión al 
procurador que los represente».
Sesenta y cinco. Se suprime el artículo 295.
Sesenta y seis.  En el capítulo I del título VI del libro primero se crea la sección 3.ª, 
integrada por el artículo 296 bis, con la siguiente redacción:
«Sección 3.ª De la finalización de la fase común
Artículo 296 bis.  Finalización de la fase común.
1. Dentro de los quince días siguientes al de presentación del informe de la 
administración concursal con los documentos anejos, el letrado de la 
Administración de Justicia dictará decreto poniendo fin a la fase común del 
concurso, con simultánea apertura de la fase de liquidación si todavía no estuviera 
abierta.
2. La apertura de la fase de liquidación no procederá si se hubiera 
presentado propuesta de convenio, esté o no admitida a trámite».
Sesenta y siete.  Se modifica el apartado 2 del artículo 297, que queda redactado 
como sigue:
«2.  El plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores se contará 
desde la inserción de esos documentos en el Registro público concursal».
Sesenta y ocho. Se suprime el artículo 301.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123736
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Sesenta y nueve.  Se modifican la rúbrica y el contenido del capítulo III del título VI 
del libro primero, que quedará integrado por el artículo 304, suprimiéndose los 
artículos 303, 305, 306 y 307, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO III
De la presentación de los textos definitivos
Artículo 304.  Remisión de los textos definitivos.
1. El mismo día de la presentación de los documentos definitivos, el letrado 
de la Administración de Justicia los remitirá por medios electrónicos al Registro 
público concursal.
2. El mismo día de la presentación de los documentos definitivos, el 
administrador concursal los remitirá por medios electrónicos al deudor y a los 
acreedores reconocidos de cuya dirección electrónica tenga constancia y a 
quienes estuvieran personados en el concurso, aunque no fueran acreedores. Si 
no tuviera constancia de la dirección electrónica, el administrador concursal 
efectuará la remisión al procurador que los represente».
Setenta. Se introduce un nuevo artículo 317 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 317 bis.  Propuesta de convenio con modificación estructural.
1. En la propuesta de convenio podrá incluirse la fusión, escisión o cesión 
global de activo o pasivo de la persona jurídica concursada. En ese caso la 
propuesta deberá ser firmada, además, por los respectivos representantes, con 
poder suficiente, de la entidad o entidades que sean parte en cualquiera de esas 
modificaciones estructurales.
2. En ningún caso la sociedad absorbente, la nueva sociedad, las sociedades 
beneficiarias de la escisión o la sociedad cesionaria pueden llegar a tener un 
patrimonio neto negativo como consecuencia de la modificación estructural».
Setenta y uno. Se modifica el artículo 318, que queda redactado como sigue:
«Artículo 318.  Prohibiciones.
1. En ningún caso la propuesta de convenio podrá suponer:
1.º  La alteración de la cuantía de los créditos establecida por esta ley, sin 
perjuicio de los efectos de la quita o quitas que pudiera contener.
2.º La alteración de la clasificación de los créditos establecida por esta ley.
3.º La liquidación de la masa activa para la satisfacción de los créditos.
2. La propuesta de convenio no podrá suponer para los créditos de derecho 
público ni para los créditos laborales el cambio de la ley aplicable; el cambio de 
deudor, sin perjuicio de que un tercero asuma sin liberación de ese deudor la 
obligación de pago; la modificación o extinción de las garantías que tuvieren; o la 
conversión de los créditos en acciones o participaciones sociales, en créditos o 
préstamos participativos o en cualquier otro crédito de características o de rango 
distintos de aquellos que tuviere el crédito originario.
3. La propuesta de convenio no podrá suponer quita ni espera respecto de 
los créditos correspondientes a los porcentajes de las cuotas de la seguridad 
social a abonar por el empresario por contingencias comunes y por contingencias 
profesionales, así como respecto de los créditos correspondientes a los 
porcentajes de la cuota del trabajador que se refieran a contingencias comunes o 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123737
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Setenta y dos. Se suprime el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 321.
Setenta y tres.  Se suprime el apartado 2 del artículo 327, quedando el apartado 1 
sin numeración.
Setenta y cuatro.  Se suprime la subsección 1.ª de la sección 1.ª del capítulo II del 
título VII del libro primero, que incluye los artículos 333 a 336, y la rúbrica de la 
subsección 2.ª La sección 1.ª queda integrada por los artículos 337, 338, 339 y 340, con 
la redacción que se indica:
«Sección 1.ª Del momento de presentación de la propuesta
Artículo 337.  Presentación de la propuesta de convenio por el concursado.
El concursado podrá presentar propuesta de convenio, acompañada o no de 
las adhesiones que considere conveniente, junto con la solicitud de declaración de 
concurso o en cualquier momento posterior siempre que no hayan transcurrido 
quince días a contar desde la presentación del informe de la administración 
concursal.
Artículo 338.  Presentación de la propuesta de convenio por los acreedores.
1. Desde la declaración de concurso hasta que finalice el plazo establecido 
en el artículo anterior, el acreedor o acreedores personados cuyos créditos, 
individual o conjuntamente, superen una quinta parte del total pasivo podrán 
presentar propuesta de convenio.
2. Si la propuesta se presenta antes de que la administración concursal 
hubiera presentado la lista provisional de acreedores, ese porcentaje se calculará 
por la lista que el deudor hubiera acompañado a la solicitud o, en caso de 
concurso necesario, por la que hubiera presentado, una vez declarado el 
concurso, dentro del plazo establecido por la ley. Si la propuesta de convenio se 
presenta después de la presentación de la lista provisional de acreedores, se 
estará lo que resulte de esta lista.
Artículo 339.  Efectos de la no admisión a trámite de las propuestas de convenio.
Si la propuesta o propuestas presentadas no se hubieran admitido a trámite, el 
juez acordará de oficio, mediante auto, la apertura de la liquidación el mismo día 
en que hubiera tenido lugar esa inadmisión.
Artículo 340.  Efectos de la falta de presentación de propuestas de convenio.
Dentro de los tres días siguientes al de la finalización del plazo para la 
presentación sin que se hubiera presentado propuesta de convenio, el juez, de 
oficio, acordará mediante auto la apertura de la fase de liquidación».
Setenta y cinco. Se modifica el artículo 341, que queda redactado como sigue:
«Artículo 341.  Traslado de la propuesta de convenio.
1. El letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la propuesta o 
propuestas presentadas a las partes personadas en el procedimiento.
2. El traslado de la propuesta o propuestas no procederá a aquellos 
acreedores que se hubieran adherido a la misma».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123738
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Setenta y seis. Se modifica el artículo 343, que queda redactado como sigue:
«Artículo 343.  Forma y momento de la admisión a trámite.
1. Cuando la propuesta de convenio se hubiera presentado con la solicitud 
de concurso voluntario, el juez resolverá sobre su admisión a trámite en el mismo 
auto de declaración de concurso.
2. Cuando la propuesta de convenio se hubiera presentado después de la 
declaración de concurso, el juez resolverá sobre su admisión a trámite mediante 
auto, que dictará dentro de los tres días siguientes al de la presentación».
Setenta y siete.  Se suprime el apartado 2 del artículo 344, quedando el apartado 1 
sin numeración.
Setenta y ocho. Se modifica el artículo 345, que queda redactado como sigue:
«Artículo 345.  Recursos.
Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite 
de cualquier propuesta de convenio solo podrá interponerse recurso de reposición. 
Contra el auto resolutorio del recurso de reposición no cabrá recurso alguno».
Setenta y nueve. Se modifica el artículo 346, que queda redactado como sigue:
«Artículo 346.  Prohibición de modificar o revocar la propuesta de convenio.
Las propuestas de convenio no podrán modificarse ni revocarse una vez 
hayan sido admitidas a trámite, pero el concursado podrá dejarlas sin efecto en 
cualquier momento mediante la solicitud de la liquidación de la masa activa».
Ochenta.  Se suprime el apartado 2 del artículo 347, quedando el apartado 1 sin 
numeración.
Ochenta y uno. Se suprime el artículo 350.
Ochenta y dos.  Se modifica la rúbrica del capítulo IV del título VII del libro primero, 
que pasa a tener el título que se indica:
«CAPÍTULO IV
De la aceptación de la propuesta de convenio»
Ochenta y tres.  Se da nueva redacción a la sección 1.ª del capítulo IV del título VII 
del libro primero, integrada por los artículos 351 a 361, que queda con la rúbrica y el 
contenido que se indica, suprimiéndose las secciones segunda, tercera y cuarta:
«Sección 1.ª De la adhesión de los acreedores
Artículo 351.  Adhesión u oposición.
1. Los acreedores podrán aceptar cualquier propuesta de convenio mediante 
la adhesión a la misma dentro de los plazos y con los efectos establecidos en esta 
ley.
2. En caso de existir más de una propuesta de convenio, el acreedor podrá 
adherirse a una sola, a varias o a todas las presentadas expresando en esos 
casos el orden en el que debe computarse la adhesión. De no indicar el orden se 
considerará que opta por el orden legal de verificación de las propuestas.
3. Los acreedores podrán oponerse a cualquier propuesta de convenio 
dentro de los plazos y con los efectos establecidos en esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123739
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 352.  Acreedores sin derecho de adhesión.
1. Los titulares de créditos subordinados no tendrán derecho de adhesión a 
la propuesta de convenio, así como tampoco las personas especialmente 
relacionadas con el concursado que hubiesen adquirido un crédito ordinario o 
privilegiado por actos entre vivos después de la declaración de concurso.
2. Los acreedores a que se refiere el apartado anterior podrán adherirse a la 
propuesta de convenio por los demás créditos de que fueran titulares.
Artículo 353.  Acreedores sindicados.
En caso de créditos que, tras la declaración del concurso, continúen sujetos a 
un régimen o pacto de sindicación, se considerará que los titulares de esos 
créditos se adhieren a la propuesta de convenio cuando la suma de las 
adhesiones represente, al menos, el setenta y cinco por ciento de los créditos 
sindicados, salvo que en el régimen o el pacto de sindicación se hubiera 
establecido una mayoría inferior.
Artículo 354.  Contenido de la adhesión.
1. En la adhesión a la propuesta de convenio el acreedor expresará el 
importe del crédito o de los créditos de que fuera titular con los que se adhiere, así 
como su clase. Si la adhesión tuviere lugar antes de la presentación de la lista de 
acreedores, el importe y clase deberán ser los que se hubieran comunicado a la 
administración concursal. Si la adhesión tuviera lugar después, el importe y la 
clase deberán ser los que figuren en esa lista.
2. La adhesión a la propuesta de convenio será pura y simple, sin introducir 
modificación ni condicionamiento alguno. En otro caso, se tendrá al acreedor por 
no adherido.
Artículo 355.  Formas de adhesión y de oposición.
La adhesión o la oposición a la propuesta de convenio habrá de efectuarse por 
escrito con firma ológrafa o electrónica basada en un certificado cualificado que se 
entregará o remitirá a la administración concursal con acreditación de la identidad 
del firmante y, en su caso, de las facultades representativas que tuviere.
Artículo 356.  Acreedores con créditos de distinta clase.
En el caso de que un acreedor sea simultáneamente titular de créditos 
privilegiados y ordinarios, la adhesión se presumirá realizada exclusivamente 
respecto de los ordinarios, y solo afectará a los créditos privilegiados si así se 
hubiera manifestado expresamente en el acto de adhesión.
Artículo 357.  Adhesión de acreedores públicos.
La adhesión a la propuesta de convenio por parte de los titulares de créditos 
públicos se realizará conforme a las normas legales y reglamentarlas especiales 
que resulten aplicables.
Artículo 358.  Plazo de adhesión o de oposición.
1. Los acreedores podrán adherirse u oponerse a la propuesta o propuestas 
de convenio durante los dos meses siguientes a contar desde la fecha de la 
admisión a trámite de cada una de ellas. Si el término final venciera después del 
plazo legal para la presentación de la lista provisional de acreedores por la 
administración concursal, el plazo para la adhesión o la oposición se prorrogará 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123740
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
automáticamente hasta los quince días siguientes a la fecha de presentación de la 
lista provisional.
2. Si las adhesiones presentadas fueran suficientes para considerar 
aceptada la propuesta de convenio presentada por el concursado, podrá este dar 
por finalizado en cualquier momento el periodo de adhesiones mediante simple 
comunicación al juzgado, aunque no hubiera finalizado el plazo de adhesión de 
otra u otras que hubieran presentado los acreedores.
3. Siempre que exista causa justificada y conste suficientemente acreditada, 
el juez del concurso podrá conceder, a instancias del deudor, una prórroga del 
plazo para recoger adhesiones a la propuesta de convenio, que, en ningún caso, 
podrá exceder del plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de 
adhesiones previsto en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 359.  Aceptación de la propuesta de convenio por el concursado.
1. El concursado podrá aceptar la propuesta o propuestas de convenio 
presentada por los acreedores dentro del plazo para las adhesiones. La 
aceptación no supone revocación de la que el concursado hubiera presentado.
2. En defecto de aceptación, el convenio al que la propuesta o propuestas de 
los acreedores se refieran no podrá ser aprobado por el juez.
Artículo 360.  Revocación de la adhesión.
1. Las adhesiones que hubieran tenido lugar antes de la presentación de la 
lista provisional de acreedores por la administración concursal podrán revocarse 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la presentación de esa lista si el 
importe o la clase del crédito o créditos expresado en la adhesión no coincidiera 
con los que figuren en esa lista.
2. La revocación deberá realizarse mediante la misma forma utilizada para la 
adhesión.
3. Una vez aprobado el convenio, aunque la sentencia que recaiga en el 
incidente de impugnación modifique el importe o la clase del crédito, la adhesión 
efectuada en tiempo y forma no podrá ser revocada.
Artículo 361.  Resultado de las adhesiones.
1. Al siguiente día hábil al del vencimiento del plazo de revocación, la 
administración concursal presentará al juzgado escrito haciendo constar el 
resultado de las adhesiones, acompañado de una relación de los créditos 
ordinarios o privilegiados adheridos, con expresión del importe total que 
representen, y de una relación de los que se hubieran opuesto, con expresión del 
importe total que representen, acompañadas de copia de los escritos de adhesión 
y de oposición.
2. El escrito en el que conste el resultado y las dos relaciones adjuntas se 
remitirán por el administrador concursal al concursado y a los acreedores de cuya 
dirección electrónica tenga conocimiento. Estos documentos y las copias de los 
escritos de adhesión y de oposición quedarán de manifiesto en la oficina judicial 
donde podrán ser examinados por quienes estén personados en el 
procedimiento».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123741
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ochenta y cuatro.  La sección 5.ª del capítulo IV del título VII del libro primero pasa 
a ser la sección 2.ª, integrada por los artículos 376 a 378, con la redacción que se indica:
«Sección 2.ª De las mayorías del pasivo ordinario necesarias para la aceptación 
de la propuesta de convenio
Artículo 376.  Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de 
convenio.
1. Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los 
créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los 
créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento y el resto a su 
respectivo vencimiento, será necesario que el pasivo que representen los 
acreedores adheridos a la propuesta sea superior al pasivo de los acreedores que 
hubieran manifestado su oposición a la misma.
2. Cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o inferiores a la 
mitad del importe del crédito, o esperas, ya sean de principal, de intereses o de 
cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, será 
necesario que el pasivo que representen los acreedores adheridos a la propuesta 
sea superior al cincuenta por ciento del pasivo ordinario.
3. Cuando la propuesta de convenio o alguna de las alternativas que 
contenga tuviera cualquier otro contenido, será necesario el sesenta y cinco por 
ciento del pasivo ordinario.
Artículo 377.  Regla de cómputo del pasivo ordinario.
A los efectos de la aceptación del convenio, se considerará pasivo ordinario la 
suma de los créditos ordinarios y de aquellos créditos privilegiados, especiales o 
generales, de los acreedores firmantes de la propuesta o que se hubieran 
adherido a ella.
Artículo 378.  Trato singular.
1. Para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya 
un trato singular a ciertos créditos o a grupos de créditos determinados por sus 
características será preciso, además de la obtención de la mayoría que 
corresponda, la adhesión, en la misma proporción, del pasivo no afectado por el 
trato singular.
2. A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular cuando la 
propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que se 
adhieran a la propuesta las ventajas propias del privilegio de que gocen, siempre 
que esos acreedores queden sujetos a quita, espera o a ambas en la misma 
medida que los ordinarios.
3. Tampoco se considera como trato singular la aplicación de las 
prohibiciones del artículo 318».
Ochenta y cinco.  Se suprimen la rúbrica y el contenido de la sección 6.ª del capítulo 
IV del título VII del libro primero.
Ochenta y seis.  Se suprimen la rúbrica y el contenido de la sección 7.ª del capítulo 
IV del título VII del libro primero.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123742
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ochenta y siete.  Se da nueva redacción a los artículos 379 y 380, que quedan con 
la rúbrica y el contenido que se indica:
«Sección 3.ª De la determinación de la aceptación de la propuesta de convenio
Artículo 379.  Determinación de la aceptación de las propuestas.
1. El orden legal de verificación de las propuestas para determinar la 
aceptación de las mismas se iniciará por la presentada por el concursado. Si no 
resultara aceptada, se procederá a la determinación de la aceptación de las 
presentadas por los acreedores que hubieran sido aceptadas por el concursado 
por el orden que resulte de la cuantía mayor o menor del total de los créditos 
titulados por quienes las hubieran presentado.
2. Aceptada una propuesta no procederá computar el resultado de las 
siguientes.
Artículo 380.  Proclamación del resultado.
Aceptada una propuesta de convenio por los acreedores ordinarios el letrado 
de la Administración de Justicia proclamará el resultado mediante decreto que 
dictará dentro de los tres días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo 
de adhesiones, con advertencia a los legitimados del derecho a oponerse a la 
aprobación judicial del convenio».
Ochenta y ocho. Se modifica el artículo 382, que queda redactado como sigue:
«Artículo 382.  Legitimación para formular oposición.
La legitimación activa para oponerse a la aprobación judicial del convenio 
corresponde a quienes no se hubieran adherido a la propuesta, así como a la 
administración concursal».
Ochenta y nueve. Se modifica el artículo 383, que queda redactado como sigue:
«Artículo 383.  Motivos de oposición.
La oposición solo podrá fundarse en los siguientes motivos:
1.º  En la infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido 
del convenio.
2.º  En la infracción de las normas que esta ley establece sobre la forma y el 
contenido de las adhesiones cuando las adhesiones en que se hubiera producido 
esa infracción hubieran sido decisivas para la aceptación de una propuesta de 
convenio.
3.º  En la adhesión a la propuesta por quien o quienes no fueren titulares 
legítimos de los créditos, o en la obtención de las adhesiones mediante maniobras 
que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios, cuando esas 
adhesiones hubieran sido decisivas para la aceptación de una propuesta de 
convenio.
4.º En el error en la proclamación del resultado de las adhesiones.
5.º  En caso de propuesta de convenio presentada por acreedores, en la falta 
de aceptación de esa propuesta por el deudor.
6.º  En caso de que quien formule oposición podría obtener en la liquidación 
de la masa activa una cuota de satisfacción en cualquiera de los créditos de que 
fuera titular superior a la que obtendría con el cumplimiento del convenio. A estos 
efectos se comparará el valor de lo que habría de obtener conforme al convenio 
con el valor de lo que pueda razonablemente presumirse que recibiría en caso de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123743
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
que la liquidación de la masa activa se realizase dentro de los dos años a partir de 
la fecha en que finalice el plazo para oponerse a la aprobación judicial del 
convenio».
Noventa. Se modifica el artículo 391, que queda redactado como sigue:
«Artículo 391.  Sentencia estimatoria de la oposición.
La sentencia que estime la oposición declarará rechazado el convenio. Contra 
la misma podrá interponerse recurso de apelación».
Noventa y uno. Se modifica el artículo 392, que queda redactado como sigue:
«Artículo 392.  Rechazo de oficio del convenio aceptado.
El juez rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si 
apreciare la existencia de motivo de oposición, aunque esta no hubiera sido 
presentada o lo hubiera sido por motivo distinto a aquel en que se fundamente el 
rechazo».
Noventa y dos. Se modifica el artículo 396, que queda redactado como sigue:
«Artículo 396.  Extensión necesaria del convenio.
1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios 
y subordinados, respecto de los créditos de cualquiera de estas clases que fuesen 
anteriores a la declaración de concurso, aunque no se hubieran adherido a la 
propuesta de convenio o aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido 
reconocidos.
2. Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y 
esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero cada uno de los 
plazos anuales de espera establecidos para los créditos ordinarios se computarán 
como plazos trimestrales de espera para los créditos subordinados desde el 
íntegro cumplimiento del convenio respecto de los primeros sin que la totalidad de 
la espera desde el comienzo del cumplimiento del convenio pueda ser superior a 
diez años para todos los acreedores. Quedan a salvo los efectos que pueda 
producir el ejercicio de la facultad de elección por los acreedores subordinados».
Noventa y tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 397, que queda redactado 
como sigue:
«1.  Los acreedores privilegiados quedarán vinculados al convenio aprobado 
por el juez si hubieren sido autores de la propuesta o si se hubieran adherido a 
ella, salvo que hubieran revocado la adhesión, así como si se adhieren en forma al 
convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez antes de la 
declaración judicial de su cumplimiento».
Noventa y cuatro.  Se introducen en el capítulo VI del título VII del libro primero dos 
nuevos artículos 399 bis y 399 ter con el contenido que se indica:
«Artículo 399 bis.  Aumento del capital en ejecución de convenio.
1. Si el convenio en que se hubiera previsto la conversión de créditos 
concursales en acciones o participaciones de la sociedad deudora fuera aprobado 
por el juez, los administradores de la sociedad estarán facultados para aumentar 
el capital social en la medida necesaria para la conversión de los créditos, sin 
necesidad de acuerdo de la junta general de socios. En la suscripción de las 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123744
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
nuevas acciones o en la asunción de las nuevas participaciones los socios no 
tendrán derecho de preferencia.
2. Aunque los estatutos sociales contengan cláusulas limitativas de la libre 
transmisibilidad de las acciones, las nuevas que se emitan en ejecución del 
convenio serán libremente transmisibles por actos inter vivos hasta que 
transcurran diez años a contar desde la inscripción del aumento del capital en el 
registro mercantil. Las nuevas participaciones sociales que se creen en ejecución 
del convenio serán libremente transmisibles hasta que transcurran diez años a 
contar desde la inscripción del aumento del capital en el registro mercantil».
«Artículo 399 ter.  Fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo en ejecución 
del convenio.
1. En el caso de que el convenio previera la fusión, la escisión o la cesión 
global de activo y pasivo los acreedores concursales no tendrán derecho de 
oposición.
2. La inscripción de la fusión, de la escisión total o la cesión global de activo 
y pasivo que produzca la extinción de la sociedad declarada en concurso, será 
causa de conclusión del concurso de acreedores».
Noventa y cinco.  Se introduce una nueva sección 2.ª en el capítulo VII del título VII 
del libro primero, integrada por el artículo 401 bis, con la siguiente rúbrica y contenido:
«Sección 2.ª De la modificación del convenio
Artículo 401 bis.  De la modificación del convenio.
1. Transcurridos dos años de su vigencia, el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio que se encuentre en riesgo de 
incumplimiento por causa que no le sea imputable a título de dolo, culpa o 
negligencia y siempre que se justifique debidamente que la modificación resulta 
imprescindible para asegurar la viabilidad de la empresa. A la solicitud deberá 
acompañar una relación de los créditos concursales satisfechos, de los que 
estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, devengados o habiendo sido 
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido 
satisfechos, junto con un inventario de sus bienes y derechos, un plan de 
viabilidad y un plan de pagos.
2. La propuesta de modificación se tramitará conforme a las previsiones de 
esta ley para la aprobación de una propuesta de convenio si bien el cómputo de 
las mayorías necesarias para su aprobación se establecerá atendiendo a los 
importes de los créditos que quedan pendientes de pago conforme a lo que resulte 
del convenio que se propone modificar.
3. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o 
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los 
acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o 
se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que se adhieran 
expresamente a la propuesta de modificación.
4. Mientras se encuentre en tramitación una propuesta de modificación de 
convenio no se admitirá a trámite solicitud de incumplimiento de convenio y de 
apertura de liquidación.
5. En ningún caso se admitirá que, modificado el convenio, el concursado 
proponga nueva modificación».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123745
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Noventa y seis.  Se modifica la numeración de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título VII del libro primero, que pasa a ser la sección 3.ª, con el contenido que se indica a 
continuación:
«Sección 3.ª Del incumplimiento del convenio
Artículo 402.  Legitimación para solicitar la declaración de incumplimiento.
1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte 
podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento.
2. La infracción de las medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio por el 
deudor de las facultades de administración y de disposición sobre bienes y 
derechos de la masa activa durante el periodo de cumplimiento del convenio 
constituirá incumplimiento del convenio, cuya declaración podrá ser solicitada del 
juez por cualquier acreedor.
Artículo 403.  Régimen de la solicitud y de la declaración de incumplimiento.
1. La acción para solicitar la declaración de incumplimiento del convenio 
podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos 
meses contados desde la última publicación del auto de cumplimiento.
2. La demanda de declaración de incumplimiento del convenio se tramitará 
por el cauce del incidente concursal.
3. En el caso de ser estimada, en la declaración de incumplimiento del 
convenio, el juez lo declarará resuelto y abrirá la fase de liquidación de la masa 
activa.
4. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación.
Artículo 404.  Efectos de la declaración de incumplimiento.
1. Desde que alcance firmeza la declaración de incumplimiento, las quitas, 
las esperas y cualesquiera otras modificaciones de los créditos que hubieran sido 
pactadas en el convenio quedarán sin efectos.
Asimismo, a partir de ese momento, los acreedores con privilegio especial a 
los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él 
una vez aprobado podrán reiniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía 
con independencia de la apertura de la fase de liquidación. En este caso, el 
acreedor ejecutante hará suyo el importe resultante de la ejecución en cantidad 
que no exceda de la deuda originaria. El resto, si lo hubiere, corresponderá a la 
masa activa del concurso.
2. La declaración de incumplimiento del convenio no afectará a la validez y 
eficacia de los actos realizados por el concursado o por terceros en ejecución del 
convenio. En particular, producirán plenos efectos los pagos realizados, las 
garantías de financiación constituidas y cualesquiera acuerdos societarios 
adoptados para dar cumplimiento a aquel, incluidas las modificaciones del capital 
social, de los estatutos y las estructurales.
Artículo 405.  Anulación o rescisión de actos del concursado durante el periodo 
de cumplimiento del convenio.
1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, desde que alcance 
firmeza la declaración de incumplimiento serán anulables los actos realizados 
durante el periodo de cumplimiento del convenio que supongan contravención del 
propio convenio o alteración de la igualdad de trato de los acreedores que se 
encuentren en igualdad de circunstancias.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123746
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. Serán rescindibles conforme a lo establecido en el capítulo IV del título IV 
del libro primero los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el 
deudor durante los dos años anteriores a la solicitud de declaración de 
incumplimiento del convenio o, en caso de imposibilidad de cumplimiento, de la 
solicitud de apertura de la fase de liquidación de la masa activa».
Noventa y siete. Se modifica el artículo 407, que queda redactado como sigue:
«Artículo 407.  Deber de solicitar la liquidación.
Durante la vigencia del convenio, el concursado deberá pedir la liquidación 
desde que conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en este y 
las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel».
Noventa y ocho. Se modifica el artículo 409, que queda redactado como sigue:
«Artículo 409.  Apertura de oficio de la liquidación.
1. La apertura de la fase de liquidación procederá de oficio en los siguientes 
casos:
1.º  No haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de 
convenio o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas.
2.º No haberse aceptado por los acreedores ninguna propuesta de convenio.
3.º  Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado por 
los acreedores.
4.º  Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio 
aprobado por el juez.
5.º  Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del 
convenio.
2. En los casos 1.º y 2.º del apartado anterior, la apertura de la fase de 
liquidación se acordará por el juez sin más trámites, en el momento en que 
proceda, mediante auto que se notificará al concursado, a la administración 
concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento.
En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se 
acordará en la propia resolución judicial que la motive y se hará efectiva una vez 
esta adquiera firmeza.
3. Contra el auto o la sentencia de apertura de la fase de liquidación el 
concursado podrá interponer recurso de apelación».
Noventa y nueve. Se modifica el artículo 413, que queda redactado como sigue:
«Artículo 413.  Efectos especiales sobre el concursado.
1. Si el concursado fuera persona natural la apertura de la fase de liquidación 
producirá los siguientes efectos:
1.º  La suspensión del ejercicio de las facultades de administración y de 
disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, con todos los 
efectos establecidos para la suspensión en el título III del libro primero.
2.º  La extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo 
cuando fuere imprescindible para atender a las necesidades mínimas del 
concursado, su cónyuge o pareja de hecho inscrita, descendientes bajo su 
potestad y ascendientes a su cargo.
3.º  El derecho a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, si concurren 
los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123747
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. Si la concursada fuera persona jurídica, la resolución judicial que abra la 
fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si esa persona jurídica 
no estuviese disuelta y, en todo caso, el cese de los administradores o 
liquidadores, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración 
concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en representación de la concursada 
en el procedimiento concursal y en los incidentes en los que sea parte».
Cien.  Se introduce en el capítulo II del título VIII del libro primero un nuevo 
artículo 414 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 414 bis.  Especialidades en caso de incumplimiento del convenio.
1. Los créditos contraídos por el deudor durante el periodo de cumplimiento 
del convenio tendrán la consideración de créditos concursales.
2. Las mismas reglas serán de aplicación en los casos de apertura de oficio 
de la declaración por nulidad del convenio aprobado».
Ciento uno.  Se modifica la rúbrica y el contenido de la sección 1.ª del capítulo III del 
título VIII del libro primero, que estará integrada por los artículos 415 y 415 bis, con la 
siguiente redacción:
«Sección 1.ª De las reglas especiales de liquidación
Artículo 415.  Reglas especiales de liquidación.
1. Al acordar la apertura de la liquidación de la masa activa o en resolución 
posterior, el juez, previa audiencia o informe del administrador concursal a evacuar 
en el plazo máximo de diez días naturales, podrá establecer las reglas especiales 
de liquidación que considere oportunas¸ así como, bien de oficio bien a solicitud de 
la administración concursal, modificar las que hubiera establecido. Las reglas 
especiales de liquidación establecidas por el juez podrán ser modificadas o 
dejadas sin efecto en cualquier momento, bien de oficio bien a solicitud de la 
administración concursal.
2. El juez no podrá exigir la previa autorización judicial para la realización de 
los bienes y derechos, ni establecer reglas cuya aplicación suponga dilatar la 
liquidación durante un periodo superior al año.
3. Contra el pronunciamiento de la resolución judicial de apertura de la fase 
de liquidación de la masa activa relativa al establecimiento de reglas especiales de 
liquidación o contra la resolución judicial posterior que las establezca, así como 
contra la resolución judicial que les modifique o deje sin efecto, los interesados 
solo podrán interponer recurso de reposición.
4. Las reglas especiales de liquidación establecidas por el juez quedarán sin 
efecto si así lo solicitaren acreedores cuyos créditos representen más del 
cincuenta por ciento del pasivo ordinario o más del cincuenta por ciento del total 
del pasivo.
5. Cuando se presente a inscripción en los registros de bienes, cualquier 
título relativo a un acto de enajenación de bienes y derechos de la masa activa 
realizado por la administración concursal durante la fase de liquidación, el 
registrador comprobará en el Registro público concursal si el juez ha fijado o no 
reglas especiales de la liquidación, y no podrá exigir a la administración concursal 
que acredite la existencia de tales reglas.
Artículo 415 bis.  Publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación.
En el caso de concursado persona jurídica, la administración concursal, una 
vez establecidas las reglas especiales de liquidación o acordado que la liquidación 
se realice mediante las reglas legales supletorias, deberá remitir, para su 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123748
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro público 
concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación de la 
masa activa en los términos que reglamentariamente se determinen».
Ciento dos.  Se suprime la sección 2.ª del capítulo III, integrada por los artículos 416 
a 420, y el capítulo IV, integrado por el artículo 423, del título VIII del libro primero.
Ciento tres.  Se modifica la numeración, rúbrica y contenido de la sección 3.ª del 
capítulo III del título VIII del libro primero, que pasa a ser la sección 2.ª, quedando 
integrada por los artículos 421, 422, 423 y 423 bis, con la redacción que se indica:
«Sección 2.ª De las reglas generales supletorias
Artículo 421.  Regla general en materia de liquidación.
De no haber establecido el juez reglas especiales de liquidación, el 
administrador concursal realizará los bienes y derechos de la masa activa del 
modo más conveniente para el interés del concurso, sin más limitaciones que las 
establecidas en los artículos siguientes y en el capítulo III del título IV del libro 
primero.
Artículo 422.  Regla del conjunto.
1. El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes o de servicios de la masa activa se enajenará 
como un todo, salvo que el juez, al establecer las reglas especiales de liquidación, 
hubiera autorizado la enajenación individualizada.
2. En todo caso, la administración concursal, cuando lo estime conveniente 
para el interés del concurso, podrá solicitar del juez la autorización para la 
enajenación individualizada de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas o de algunas de ellas, o de los elementos de que se 
compongan.
3. Contra el auto que acuerde la enajenación individualizada de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas o de 
algunas de ellas, o de los elementos de que se compongan, no cabrá recurso 
alguno.
Artículo 423.  Regla de la subasta.
1. La realización durante la fase de liquidación de la masa activa de cualquier 
bien o derecho o conjunto de bienes o derechos que, según el último inventario 
presentado por la administración concursal tuviera un valor superior al cinco por 
ciento del valor total de los bienes y derechos inventariados, se realizará mediante 
subasta electrónica, salvo que el juez, al establecer las reglas especiales de 
liquidación, hubiera decidido otra cosa.
2. La subasta electrónica de los bienes y derechos deberá realizarse 
mediante la inclusión de esos bienes o derechos o parte de ellos, bien en el portal 
de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bien en cualquier otro 
portal electrónico especializado en la liquidación de activos.
Artículo 423 bis.  Adjudicación de bienes hipotecados o pignorados subastados 
en caso de falta de postores.
1. Si en la subasta de bienes o derechos hipotecados o pignorados realizada 
a iniciativa del administrador concursal o del titular del derecho real de garantía no 
hubiera ningún postor, el beneficiario de la garantía tendrá derecho a adjudicarse 
el bien o el derecho en los términos y dentro de los plazos establecidos por la 
legislación procesal civil.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123749
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. En el caso de que no ejercitase ese derecho, si el valor de los bienes 
subastados, según el inventario de la masa activa, fuera inferior a la deuda 
garantizada, el juez, oídos el administrador concursal y el titular del derecho real 
de garantía, los adjudicará a este por ese valor, o a la persona natural o jurídica 
que el interesado hubiera señalado. Si el valor del bien o del derecho fuera 
superior, ordenará la celebración de nueva subasta sin postura mínima».
Ciento cuatro.  Se modifica la numeración del capítulo V del título VIII del libro 
primero, que pasa a ser el capítulo IV, integrado por el artículo 424, en el que se modifica 
el apartado 2 y se añade un apartado 3, en los términos siguientes:
«2.  El informe trimestral quedará de manifiesto en la oficina judicial y será 
remitido por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de 
cuya dirección electrónica tenga constancia. El incumplimiento de este deber 
podrá determinar la separación de la administración concursal y la exigencia de la 
responsabilidad si ese incumplimiento hubiera causado daño a los acreedores.
3. El informe trimestral que se presente transcurrido un año desde la apertura 
de la fase de liquidación de la masa activa, deberá contener como anejo un plan 
detallado, meramente informativo, del modo y tiempo de liquidación de aquellos 
bienes y derechos de la masa activa que todavía no hubieran sido realizados por 
la administración concursal. En los siguientes informes trimestrales, la 
administración concursal detallará los actos realizados para el cumplimento de ese 
plan o las razones que hubieran impedido ese cumplimiento».
Ciento cinco.  Se modifica la numeración de los capítulos VI y VII del título VIII del 
libro primero, que pasan a ser los capítulos V y VI.
Ciento seis.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 435, que queda redactado 
como sigue:
«3.  Siempre que no cause perjuicio a tercero y forme parte de él el deudor, el 
pacto de subordinación relativa entre acreedores se reconocerá en el concurso y 
será ejecutable dentro del mismo. La administración concursal realizará los pagos 
conforme a los previsto en los pactos».
Ciento siete. Se modifica el artículo 445, que queda redactado como sigue:
«Artículo 445.  Cómplices.
Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran 
cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en 
caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de 
derecho como de hecho, o con sus directores generales, a la realización de 
cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable».
Ciento ocho.  Se introduce en el capítulo I del título X del libro primero un nuevo 
artículo 445 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 445 bis.  Incumplimiento culpable del convenio.
1. El incumplimiento del convenio se calificará como culpable cuando hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho, de sus directores generales y de quienes, dentro del periodo 
de cumplimiento del convenio, hubieren reunido cualquiera de estas condiciones.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123750
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. En todo caso, el incumplimiento se calificará como culpable en los 
siguientes supuestos:
1.º  Si durante el periodo de cumplimiento del convenio hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.
2.º  Si el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular 
una situación patrimonial ficticia.
3. El incumplimiento del convenio se presume culpable, salvo prueba en 
contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, 
administradores o liquidadores:
1.º  Si durante el cumplimiento del convenio el deudor no hubiera reclamado 
el cumplimiento de las obligaciones exigibles.
2.º  Si el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la liquidación de la 
masa activa.
3.º  Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera 
formulado en tiempo y forma las cuentas anuales en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a aquel en que hubiera incumplido el convenio; no hubiera 
sometido esas cuentas a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no 
las hubiera depositado en el Registro mercantil o en el registro correspondiente».
Ciento nueve. Se modifica el artículo 446, que queda redactado como sigue:
«Artículo 446.  Formación de la sección sexta.
1. En el mismo auto por el que se ponga fin a la fase común, el juez ordenará 
la formación de la sección sexta.
2. La sección se encabezará con copia auténtica del auto por el que se haya 
procedido a su formación y se incorporarán a ella copia auténtica de la solicitud de 
declaración de concurso, de la documentación aportada por el deudor, del auto de 
declaración de concurso y del informe de la administración concursal con los 
documentos anejos».
Ciento diez. Se modifica el artículo 447, que queda redactado como sigue:
«Artículo 447.  Alegaciones sobre la calificación del concurso.
Durante el plazo para la comunicación de créditos cualquier acreedor o 
cualquier personado en el concurso podrá remitir por correo electrónico a la 
administración concursal cuanto considere relevante para fundar la calificación del 
concurso como culpable, acompañando, en su caso, los documentos que 
considere oportunos».
Ciento once. Se modifica el artículo 448, que queda redactado como sigue:
«Artículo 448.  Informe de calificación del administrador concursal.
1. Dentro de los quince días siguientes al de la presentación del inventario y 
de la lista de acreedores provisionales, la administración concursal presentará un 
informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación 
del concurso, con propuesta de resolución. Si los acreedores o los que sin ser 
acreedores se hayan personado en el concurso hubieran formulado alegaciones 
para la calificación del concurso como culpable, esas alegaciones se unirán como 
anejo al informe de calificación.
2. El informe de calificación tendrá la estructura propia de una demanda si el 
administrador concursal solicitara la calificación del concurso como culpable.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123751
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3. Si la administración concursal propusiera la calificación del concurso como 
culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar 
la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la 
causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se 
hayan causado por las personas anteriores y las demás pretensiones que se 
consideren procedentes conforme a lo previsto por la ley.
4. El mismo día de la presentación, el administrador concursal remitirá el 
informe a la dirección de correo electrónico de quienes hubieran formulado 
alegaciones sobre la calificación del concurso.
5. Si después de la presentación del informe de calificación la administración 
concursal tuviera conocimiento de algún hecho relevante para la calificación, 
podrá presentar una ampliación de su informe».
Ciento doce. Se modifica el artículo 449, que queda redactado como sigue:
«Artículo 449.  Informe de calificación de los acreedores.
Dentro de los diez días siguientes al de la remisión del informe de calificación 
del administrador concursal, los acreedores que hubieran formulado alegaciones 
para la calificación del concurso como culpable podrán presentar también un 
informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación 
del concurso como culpable, con propuesta de resolución del concurso como 
culpable conforme a lo establecido en el artículo anterior, siempre que 
representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo o sean titulares de créditos 
por importe superior a un millón de euros según la lista provisional presentada por 
la administración concursal».
Ciento trece. Se modifica el artículo 450, que queda redactado como sigue:
«Artículo 450.  Tramitación de la sección.
1. Si en alguno de los informes emitidos se hubiera solicitado la calificación 
del concurso como culpable, el juez, dentro de los cinco días siguientes a aquel en 
que hubiera transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, ordenará, 
mediante providencia, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, 
en la misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, 
según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del 
concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, 
comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad.
2. El mismo día de la providencia, el letrado de la Administración de Justicia 
señalará fecha y hora para la celebración de la vista, que deberá tener lugar 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de esa resolución.
3. A las personas que comparezcan en plazo el letrado de la Administración 
de Justicia les dará vista del contenido de la sección para que, dentro de los diez 
días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con 
posterioridad al vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso 
de las actuaciones. Si no comparecieren, el letrado de la Administración de 
Justicia los declarará en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a 
citarlos.
4. Si la prueba propuesta en los informes emitidos en los que se hubiera 
solicitado la calificación del concurso como culpable y en las alegaciones 
presentadas por el deudor, las demás personas afectadas por la calificación y los 
cómplices, fuese únicamente documental, el juez podrá dejar sin efecto el 
señalamiento para la celebración de la vista.
5. Salvo en caso de allanamiento, las alegaciones del deudor, de las demás 
personas afectadas por la calificación y de los cómplices deberán tener la 
estructura propia de una contestación a la demanda.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123752
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
6. Si el informe de la administración concursal solicitara la calificación del 
concurso como fortuito y los acreedores legitimados no hubieran presentado 
informe de calificación, el juez, sin más trámites, ordenará, mediante auto, el 
archivo de las actuaciones. Contra el auto que ordene el archivo de las 
actuaciones no cabrá recurso alguno».
Ciento catorce. Se introduce un nuevo artículo 450 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 450 bis.  Elevación de los informes al Ministerio Fiscal.
En el caso de que en cualquiera de los informes de calificación se pusiera de 
manifiesto la posible existencia de un hecho constitutivo de delito no perseguible 
únicamente a instancia de persona agraviada, el juez, en la misma resolución por 
la que acuerde el emplazamiento de las personas que pudieran quedar afectadas 
por la calificación o declaradas cómplices, lo pondrá en conocimiento del 
Ministerio Fiscal por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal».
Ciento quince. Se introduce un nuevo artículo 450 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 450 ter.  Personación de acreedores y demás legitimados.
Si el informe de calificación de la administración concursal solicitara la 
calificación del concurso como culpable, cualquier acreedor o persona que 
acredite interés legítimo podrá personarse en la sección sexta para defender esa 
calificación».
Ciento dieciséis.  Se introduce en la subsección 1.ª de la sección 1.ª del capítulo II 
del título X del libro primero un nuevo artículo 451 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 451 bis.  Transacción.
1. La administración concursal, los acreedores que hubieran presentado 
informe de calificación y las personas que, según cualquiera de esos informes, 
pudieran quedar afectadas por la calificación o ser declaradas cómplices podrán 
alcanzar un acuerdo transaccional sobre el contenido económico de la calificación.
2. La eficacia del acuerdo transaccional está condicionada a la aprobación 
por el juez del concurso. Presentada la solicitud de aprobación, el letrado de la 
Administración de Justicia dará traslado de esa solicitud a los personados en la 
sección para que, en el plazo de diez días, aleguen lo que a su derecho convenga.
3. Contra el auto por el que se apruebe la transacción los personados en la 
sección que hubieran alegado en contra de que la transacción fuera aprobada 
podrán interponer recurso de apelación. Contra el auto por el que se deniegue la 
aprobación no cabrá interponer recurso alguno».
Ciento diecisiete. Se modifica el artículo 452, que queda redactado como sigue:
«Artículo 452.  Especialidades de la formación de la sección de calificación en 
caso de incumplimiento del convenio.
1. En la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación 
por razón de incumplimiento del convenio, el juez procederá del siguiente modo:
1.º  Si en la sección sexta se hubiera dictado sentencia de calificación o auto 
de archivo de la sección, ordenará la reapertura de esa sección, con incorporación 
a ella de la propia resolución que ordene esa reapertura.
2.º  Si continuara en tramitación, ordenará la formación de una pieza 
separada dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123753
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
tramitación de forma autónoma y conforme a las normas establecidas en este 
título que le sean de aplicación.
2. El plazo para la presentación del informe o informes de calificación se 
iniciará al siguiente día de la notificación de la apertura de la liquidación al 
administrador concursal y a los acreedores personados en el concurso».
Ciento dieciocho. Se modifica el artículo 453, que queda redactado como sigue:
«Artículo 453.  Personación de acreedores y demás legitimados.
En caso de incumplimiento del convenio, si el informe o informes de 
calificación solicitaran la calificación del concurso como culpable, cualquier 
acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección 
sexta o en la pieza separada, antes de la celebración de la vista, para defender 
esta calificación».
Ciento diecinueve. Se modifica el artículo 454, que queda redactado como sigue:
«Artículo 454.  Contenido de los informes.
En el caso de reapertura de la sección o de formación de pieza separada, el 
informe o informes de calificación se limitarán a determinar si ha concurrido dolo o 
culpa grave en el incumplimiento del convenio, con propuesta de resolución».
Ciento veinte.  Se modifican los ordinales 2.º y 5.º del apartado 2 del artículo 455 y 
se añaden nuevos apartados 3 y 4 en los términos siguientes:
«2.º  La inhabilitación de las personas naturales afectadas por la calificación 
para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así 
como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Esta 
inhabilitación se notificará al Registro de la Propiedad y al Registro Mercantil para 
su constancia en la hoja de la concursada y en las demás del registro en que 
aparezca la persona inhabilitada, así como en el Índice único informatizado del 
artículo 242 bis de la Ley Hipotecaria.
La duración del periodo de inhabilitación se fijará por el juez atendiendo a la 
gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio causado a la masa activa, así 
como a la existencia de otras sentencias de calificación del concurso como 
culpable en los que la misma persona ya hubiera sido inhabilitada.
Excepcionalmente, en caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la 
administración concursal en el informe de calificación, la sentencia podrá autorizar 
al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la 
sociedad concursada durante el tiempo de cumplimiento del convenio o por 
periodo inferior».
«5.º  La condena a las personas afectadas por la calificación o declaradas 
cómplices a indemnizar, con o sin solidaridad, los daños y perjuicios causados».
«3.  En materia de costas, serán de aplicación las siguientes reglas 
especiales:
1.ª  La sentencia que desestime la solicitud de calificación del concurso como 
culpable a solicitud de la administración concursal no condenará a esta al pago de 
las costas, salvo que concurra temeridad.
2.ª  La sentencia que estime la solicitud de calificación del concurso como 
culpable no condenará a las personas afectadas por la calificación o declarados 
cómplices al pago de las costas en que hubieran incurrido los legitimados 
personados en la sección sexta para defender la calificación del concurso como 
culpable.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123754
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
4. La sentencia declarará el incumplimiento del convenio como fortuito o 
como culpable. La sentencia que califique ese incumplimiento como culpable 
contendrá, además, los pronunciamientos a que se refieren los apartados 1 y 2».
Ciento veintiuno. Se modifica el artículo 462, que queda redactado como sigue:
«Artículo 462.  Regla de la no vinculación de los jueces de lo penal ni de los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La calificación no vinculará a los jueces de lo penal que conozcan de aquellas 
actuaciones de las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
que pudieran ser constitutivas de delito, ni a los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa que conozcan de actuaciones sobre responsabilidad en 
el ámbito administrativo de terceras personas relacionadas con el concursado».
Ciento veintidós.  Se modifica el apartado 2 del artículo 463, que queda redactado 
como sigue:
«2.  Una vez recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa 
no sea firme, el juez, de oficio o a solicitud de la autoridad administrativa, dictará 
auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa 
declaración de concurso».
Ciento veintitrés. Se modifica el artículo 465, que queda redactado como sigue:
«Artículo 465.  Causas.
La conclusión del concurso con el archivo de las actuaciones procederá en los 
siguientes casos:
1.º  Cuando alcance firmeza el auto de la Audiencia Provincial que, estimando 
la apelación, revoque el auto de declaración de concurso.
2.º  Cuando de la lista definitiva de acreedores resulte la existencia de un 
único acreedor.
3.º  Cuando, terminada la fase común del concurso, alcance firmeza la 
resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de los acreedores 
reconocidos, a menos que tras el desistimiento o renuncia resulte la existencia de 
un único acreedor en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el ordinal anterior.
4.º  Cuando, dictado auto de cumplimiento del convenio, transcurra el plazo 
de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, 
sean rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado.
5.º  Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se compruebe el pago o 
la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción 
de los acreedores por cualquier otro medio.
6.º  Cuando se hayan liquidado los bienes y derechos de la masa activa y 
aplicado lo obtenido en la liquidación a la satisfacción de los créditos.
7.º  Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se compruebe la 
insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y 
concurran las demás condiciones establecidas en esta ley.
8.º  Cuando, en los casos admitidos por la ley, la sociedad declarada en 
concurso se hubiera fusionado con otra u otras o hubiera sido absorbida por otra, 
se hubiera escindido totalmente o hubiera cedido globalmente el activo y el pasivo 
que tuviere».
Ciento veinticuatro.  Se suprime la subsección 4.ª de la sección 2.ª del capítulo I del 
título XI del libro primero, integrada por los artículos 470 a 472.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123755
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento veinticinco. Se modifica el artículo 473, que queda redactado como sigue:
«Artículo 473.  Informe de la administración concursal sobre la insuficiencia 
sobrevenida.
1. En caso de insuficiencia sobrevenida de la masa activa para satisfacer 
todos los créditos contra la masa, la administración concursal, una vez pagados o 
consignado el importe de aquellos ya devengados conforme al orden establecido 
en esta ley, deberá solicitar del juez la conclusión del concurso de acreedores, con 
rendición de cuentas.
2. A la solicitud de conclusión acompañará un informe con el mismo 
contenido establecido para el informe final de liquidación, en el que, además, 
razonará inexcusablemente:
1.º  Que el deudor no ha realizado actos perjudiciales para la masa activa que 
sean rescindibles conforme a lo establecido en esta ley.
2.º  Que no existe fundamento para el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho 
de la persona jurídica concursada; o contra la persona natural designada por la 
persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las funciones 
propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera 
que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección 
de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo 
en uno o varios consejeros delegados.
3.º  Que no existe fundamento para que el concurso pueda ser calificado de 
culpable.
4.º  Que lo que se pudiera obtener del ejercicio de las correspondientes 
acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa 
pendientes de pago.
3. El mismo día de la presentación de la solicitud de conclusión del concurso 
la administración concursal remitirá el informe a los acreedores de cuya dirección 
electrónica tenga constancia.
4. El mismo día de la presentación de la solicitud de conclusión o, si no fuera 
posible, en el siguiente, el letrado de la Administración de Justicia lo pondrá de 
manifiesto en la oficina judicial a todas las partes personadas por el plazo de diez 
días».
Ciento veintiséis. Se modifica el artículo 474, que queda redactado como sigue:
«Artículo 474.  Presupuesto de la solicitud.
La administración concursal no podrá solicitar la conclusión del concurso por 
insuficiencia sobrevenida de la masa activa mientras esté en tramitación incidente 
de rescisión de cualquier acto del deudor perjudicial para la masa activa o de 
exigencia de responsabilidad de terceros o se encuentre en tramitación la sección 
de calificación, salvo que las correspondientes acciones ya ejercitadas hubiesen 
sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería 
suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa».
Ciento veintisiete. Se modifica el artículo 475, queda redactado como sigue:
«Artículo 475.  Oposición a la conclusión.
1. Dentro del plazo en que el informe estuviera de manifiesto en la oficina 
judicial, cualquier persona que acredite interés legítimo podrá formular oposición a 
la conclusión del concurso, siempre que justifique la existencia de indicios 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123756
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
suficientes para considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o de 
exigencia de responsabilidad o acrediten por escrito hechos relevantes que 
pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable.
2. Al escrito de oposición deberá acompañar documento acreditativo de la 
constitución de depósito o la consignación en el juzgado de una cantidad 
suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa. El 
depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de 
duración indefinida, pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio 
del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad.
3. Si el juez considerase suficientes los indicios y los hechos acreditados por 
quien hubiera formulado oposición y suficiente la garantía, la admitirá a trámite 
conforme a lo establecido para el incidente concursal. Si considerase insuficiente 
la garantía concederá a quien hubiera formulado oposición el plazo de cinco días 
para que pueda mejorarla.
4. Si dentro del plazo establecido por la ley ninguna persona con interés 
legítimo formulase oposición a la conclusión del concurso, el juez resolverá 
mediante auto sobre la conclusión solicitada».
Ciento veintiocho.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 478, que queda 
redactado como sigue:
«2.  En el escrito de rendición de cuentas, el administrador concursal 
justificará cumplidamente la utilización que haya hecho de las facultades 
conferidas; señalará las acciones de reintegración de la masa activa y las 
acciones de responsabilidad que hubiera ejercitado, con expresión de los 
respectivos resultados; expondrá las operaciones de liquidación de la masa activa 
que hubiera realizado y la fecha y el modo en que hubieran sido hechas; 
enumerará los pagos y, en su caso, las consignaciones realizadas de los créditos 
contra la masa y de los créditos concursales; expresará los pagos de cualesquiera 
expertos, tasadores y entidades especializadas que hubiera contratado, con cargo 
a la retribución del propio administrador concursal; detallará la retribución que le 
hubiera sido fijada por el juez, especificando las cantidades y las fechas en que 
hubieran sido percibidas, con expresión de los pagos del auxiliar o auxiliares 
delegados, si hubieran sido nombrados. Asimismo, precisará el número de 
trabajadores o personal contratado a estos efectos que se hubieren asignado por 
la administración concursal al concurso y el número total de horas dedicadas por 
el conjunto de estos trabajadores al concurso».
«3.  El letrado de la Administración de Justicia remitirá el escrito de rendición 
de cuentas por medios electrónicos al Registro público concursal».
Ciento veintinueve. Se modifica el artículo 485, que queda redactado como sigue:
«Artículo 485.  Efectos específicos en caso de concurso de persona jurídica.
1. En la resolución que acuerde la conclusión del concurso por finalización de 
la liquidación o por insuficiencia de la masa activa del concursado persona 
jurídica, el juez ordenará el cierre provisional de la hoja abierta a esa persona 
jurídica en el registro público en el que figure inscrita. En cuanto esta resolución 
devenga firme, el letrado de la Administración de Justicia expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución, con expresión de la firmeza, que remitirá 
por medios electrónicos al registro correspondiente.
2. Transcurrido un año a contar desde que se hubiera ordenado por el juez el 
cierre de la hoja registral sin que se haya producido la reapertura del concurso, el 
registrador procederá a la cancelación de la inscripción de la persona jurídica, con 
cierre definitivo de la hoja».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123757
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento treinta.  Se modifica el capítulo II del título XI del libro primero, integrado por 
los artículos 486 a 502, que queda con la siguiente rúbrica y contenido:
«CAPÍTULO II
De la exoneración del pasivo insatisfecho
Sección 1.ª Del ámbito de aplicación
Artículo 486.  Ámbito de aplicación.
El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración 
del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, 
siempre que sea deudor de buena fe:
1.º  Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la masa activa, 
conforme al régimen de exoneración contemplado en la subsección 1.ª de la 
sección 3.ª siguiente; o
2.º  Con liquidación de la masa activa sujetándose en este caso la 
exoneración al régimen previsto en la subsección 2.ª de la sección 3.ª siguiente si 
la causa de conclusión del concurso fuera la finalización de la fase de liquidación 
de la masa activa o la insuficiencia de esa masa para satisfacer los créditos contra 
la masa.
Sección 2.ª De los elementos comunes de la exoneración
Subsección 1.ª Excepción y prohibición
Artículo 487.  Excepción.
1. No podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor que se 
encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:
1.º  Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, 
hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aun 
suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, todos ellos siempre 
que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años, salvo que 
en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera extinguido la 
responsabilidad criminal y se hubiesen satisfecho las responsabilidades 
pecuniarias derivadas del delito.
2.º  Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, 
hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones 
tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el 
mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, 
salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera 
satisfecho íntegramente su responsabilidad.
En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos 
deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta 
por ciento de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1.5.º, salvo que en la 
fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho 
íntegramente su responsabilidad.
3.º  Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el 
concurso hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123758
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez 
podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso.
4.º  Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, haya 
sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un 
tercero calificado como culpable, salvo que en la fecha de presentación de la 
solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.
5.º  Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información 
respecto del juez del concurso y de la administración concursal.
6.º  Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya 
comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento 
o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de 
calificación del concurso como culpable. Para determinar la concurrencia de esta 
circunstancia el juez deberá valorar:
a) La información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de 
la concesión del préstamo a los efectos de la evaluación de la solvencia 
patrimonial.
b) El nivel social y profesional del deudor.
c) Las circunstancias personales del sobreendeudamiento.
d) En caso de empresarios, si el deudor utilizó herramientas de alerta 
temprana puestas a su disposición por las Administraciones Públicas.
2. En los casos a que se refieren los números 3.º y 4.º del apartado anterior, 
si la calificación no fuera aún firme, el juez suspenderá la decisión sobre la 
exoneración del pasivo insatisfecho hasta la firmeza de la calificación. En relación 
con el supuesto contemplado en el número 6.º del apartado anterior, 
corresponderá al juez del concurso la apreciación de las circunstancias 
concurrentes respecto de la aplicación o no de la excepción, sin perjuicio de la 
prejudicialidad civil o penal.
Artículo 488.  Prohibición.
1. Para presentar una nueva solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho 
tras una exoneración mediante plan de pagos será preciso que hayan transcurrido, 
al menos, dos años desde la exoneración definitiva.
2. Para presentar una nueva solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho 
tras una exoneración con liquidación de la masa activa será preciso que hayan 
transcurrido, al menos, cinco años desde la resolución que hubiera concedido la 
exoneración.
3. Las nuevas solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho no 
alcanzarán en ningún caso al crédito público.
Subsección 2.ª De la extensión de la exoneración
Artículo 489.  Extensión de la exoneración.
1. La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las 
deudas insatisfechas, salvo las siguientes:
1.º  Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños 
personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los 
declare.
2.º Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito.
3.º Las deudas por alimentos.
4.º  Las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de 
trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123759
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran 
devengado durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido 
asumido por el Fondo de Garantía Salarial.
5.º  Las deudas por créditos de Derecho público. No obstante, las deudas 
para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de diez mil 
euros por deudor; para los primeros cinco mil euros de deuda la exoneración será 
integra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el cincuenta por ciento de 
la deuda hasta el máximo indicado. Asimismo, las deudas por créditos en 
seguridad social podrán exonerarse por el mismo importe y en las mismas 
condiciones. El importe exonerado, hasta el citado límite, se aplicará en orden 
inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y, dentro de cada clase, 
en función de su antigüedad.
6.º  Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en 
procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.
7.º  Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de 
la solicitud de exoneración.
8.º  Las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier 
otro concepto debido, dentro del límite del privilegio especial, calculado conforme 
a lo establecido en esta ley.
2. Excepcionalmente, el juez podrá declarar que no son total o parcialmente 
exonerables deudas no relacionadas en el apartado anterior cuando sea necesario 
para evitar la insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de 
crédito.
3. El crédito público será exonerable en la cuantía establecida en el párrafo 
segundo del apartado 1.5.º, pero únicamente en la primera exoneración del pasivo 
insatisfecho, no siendo exonerable importe alguno en las sucesivas exoneraciones 
que pudiera obtener el mismo deudor.
Subsección 3.ª De los efectos de la exoneración
Artículo 490.  Efectos de la exoneración sobre los acreedores.
Los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no 
podrán ejercer ningún tipo de acción frente el deudor para su cobro, salvo la de 
solicitar la revocación de la exoneración.
Los acreedores por créditos no exonerables mantendrán sus acciones contra 
el deudor y podrán promover la ejecución judicial o extrajudicial de aquellos.
Artículo 491.  Efectos de la exoneración respecto de los bienes conyugales 
comunes.
Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u 
otro de comunidad y no se hubiere procedido a la liquidación de ese régimen, la 
exoneración del pasivo insatisfecho que afecte a deudas gananciales contraídas 
por el cónyuge del concursado o por ambos cónyuges no se extenderá a aquel, en 
tanto no haya obtenido él mismo el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho.
Artículo 492.  Efectos de la exoneración sobre obligados solidarios, fiadores, 
avalistas, aseguradores y quienes, por disposición legal o contractual, tengan 
obligación de satisfacer la deuda afectada por la exoneración.
1. La exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a los 
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores, avalistas, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123760
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
aseguradores, hipotecante no deudor o quienes, por disposición legal o 
contractual, tengan obligación de satisfacer todo o parte de la deuda exonerada, 
quienes no podrán invocar la exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el 
deudor.
2. Los créditos por acciones de repetición o regreso quedarán afectados por 
la exoneración con liquidación de la masa activa o derivada del plan de pagos en 
las mismas condiciones que el crédito principal. Si el crédito de repetición o 
regreso gozare de garantía real será tratado como crédito garantizado.
Artículo 492 bis.  Efectos de la exoneración sobre las deudas con garantía real.
1. Cuando se haya ejecutado la garantía real antes de la aprobación 
provisional del plan o antes de la exoneración en caso de liquidación, solo se 
exonerará la deuda remanente.
2. En el caso de deudas con garantía real cuya cuantía pendiente de pago 
cuando se presenta el plan exceda del valor de la garantía calculado conforme a lo 
previsto en el título V del libro primero se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª  Se mantendrán las fechas de vencimiento pactadas, pero la cuantía de 
las cuotas del principal y, en su caso, intereses, se recalculará tomando para ello 
solo la parte de la deuda pendiente que no supere el valor de la garantía. En caso 
de intereses variables, se efectuará el cálculo tomando como tipo de interés de 
referencia el que fuera de aplicación conforme a lo pactado a la fecha de 
aprobación del plan, sin perjuicio de su revisión o actualización posterior prevista 
en el contrato.
2.ª  A la parte de la deuda que exceda del valor de la garantía se le aplicará lo 
dispuesto en el artículo 496 bis y recibirá en el plan de pagos el tratamiento que le 
corresponda según su clase. La parte no satisfecha quedará exonerada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 500.
3. Cualquier exoneración declarada respecto de una deuda con garantía real 
quedará revocada por ministerio de la ley si, ejecutada la garantía, el producto de 
la ejecución fuese suficiente para satisfacer, en todo o en parte, deuda provisional 
o definitivamente exonerada.
Artículo 492 ter.  Efectos de la exoneración respecto de sistemas de información 
crediticia.
1. La resolución judicial que apruebe la exoneración mediante liquidación de 
la masa activa o la exoneración definitiva en caso de plan de pagos incorporará 
mandamiento a los acreedores afectados para que comuniquen la exoneración a 
los sistemas de información crediticia a los que previamente hubieran informado 
del impago o mora de deuda exonerada para la debida actualización de sus 
registros.
2. El deudor podrá recabar testimonio de la resolución para requerir 
directamente a los sistemas de información crediticia la actualización de sus 
registros para dejar constancia de la exoneración.
Subsección 4.ª De la revocación de la exoneración
Artículo 493.  Supuestos de revocación de la concesión de la exoneración.
1. Cualquier acreedor afectado por la exoneración estará legitimado para 
solicitar del juez del concurso la revocación de la exoneración del pasivo 
insatisfecho en los siguientes casos:
1.º  Si se acreditara que el deudor ha ocultado la existencia de bienes, 
derechos o ingresos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123761
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2.º  Si, durante los tres años siguientes a la exoneración con liquidación de la 
masa activa, o a la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, mejorase 
sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado 
o donación, o por juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar la 
totalidad o al menos una parte de los créditos exonerados. En caso de que la 
posibilidad de pago fuera parcial, la revocación de la exoneración solo afectará a 
esa parte.
3.º  Si en el momento de la solicitud estuviera en tramitación un 
procedimiento penal o administrativo de los previstos en los ordinales 1.º y 2.º del 
apartado 1 del artículo 487, y dentro de los tres años siguientes a la exoneración 
en caso de inexistencia o liquidación de la masa activa, o a la exoneración 
provisional en caso de plan de pagos, recayera sentencia condenatoria firme o 
resolución administrativa firme.
2. La revocación no podrá ser solicitada una vez transcurridos tres años a 
contar desde la exoneración con liquidación de la masa activa, o desde la 
exoneración provisional en caso de plan de pagos.
Artículo 493 bis.  Régimen de la revocación.
1. La solicitud de revocación se tramitará conforme a lo establecido para el 
juicio verbal.
2. Hasta la celebración de la vista, cualquier acreedor podrá personarse para 
defender la solicitud de revocación de la exoneración. Cualquier acreedor afectado 
por la exoneración podrá solicitar averiguación de bienes a través de los medios 
electrónicos de los que disponga la Administración de Justicia. En cuanto a las 
titularidades de bienes inmuebles y derechos reales, podrá solicitarse a través de 
la página web de registradores, o en cualquier registro de la propiedad.
Artículo 493 ter.  Efectos de la revocación de la concesión de la exoneración.
1. En los casos a que se refieren los ordinales 1.º y 3.º del apartado 1 del 
artículo 493, el juez, en la misma resolución en la que revoque la exoneración, 
acordará la reapertura del concurso de acreedores con simultánea reapertura de 
la sección de calificación.
2. En el caso a que se refiere el ordinal 2.º del apartado 1 del artículo 493, el 
juez dictará auto revocando total o parcialmente la exoneración concedida.
Los acreedores recuperarán sus acciones frente al deudor para hacer 
efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.
3. La resolución en la que se revoque total o parcialmente la exoneración se 
notificará a los acreedores personados en el concurso de acreedores del deudor a 
los que pudiera beneficiar.
Subsección 5.ª Efectos del pago por terceros de deuda no exonerable o no 
exonerada
Artículo 494.  Efectos del pago por terceros de la deuda no exonerable o no 
exonerada.
1. Quienes, por disposición legal o contractual, tengan obligación de pago de 
la totalidad o parte de deuda no exonerable o no exonerada, adquirirán por el pago 
los derechos de repetición, regreso y subrogación frente al deudor y frente a los 
obligados solidariamente con el deudor, sus fiadores, avalistas, aseguradores y 
demás obligados por causa legal o contractual respecto de la deuda.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123762
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. Lo previsto en el apartado 1 se aplicará igualmente, en los términos 
establecidos en la legislación civil, en caso de pago voluntario hecho por tercero 
de deuda no exonerable o no exonerada.
Sección 3.ª De las modalidades de la exoneración
Subsección 1.ª De la exoneración con plan de pagos
Artículo 495.  Solicitud de exoneración mediante plan de pagos.
1. El deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo con sujeción a un plan 
de pagos y sin liquidación de la masa activa. En la solicitud, el deudor deberá 
aceptar que la concesión de la exoneración se haga constar en el Registro público 
concursal durante el plazo de cinco años o el plazo inferior que se establezca en el 
plan de pagos. Deberá acompañar a la solicitud las declaraciones presentadas o 
que debieran presentarse del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
correspondientes a los tres últimos ejercicios finalizados a la fecha de la solicitud, 
y las de las restantes personas de su unidad familiar.
2. La solicitud de exoneración mediante plan de pagos podrá presentarse en 
cualquier momento antes de que el juez acuerde la liquidación de la masa activa.
Artículo 496.  Contenido del plan de pagos.
1. En la propuesta de plan de pagos deberá incluir expresamente el deudor 
el calendario de pagos de los créditos exonerables que, según esa propuesta, 
vayan a ser satisfechos dentro del plazo que haya establecido el plan.
2. La propuesta de plan de pagos deberá también relacionar en detalle los 
recursos previstos para su cumplimiento, así como para la satisfacción de las 
deudas no exonerables y de las nuevas obligaciones por alimentos, las derivadas 
de su subsistencia o las que genere su actividad, con especial atención a la renta 
y recursos disponibles futuros del deudor y su previsible variación durante el plazo 
del plan y, en su caso, el plan de continuidad de actividad empresarial o 
profesional del deudor o de la nueva que pretenda emprender y los bienes y 
derechos de su patrimonio que considere necesarios para una u otra.
El plan de pagos podrá incluir cesiones en pago de bienes o derechos, 
siempre que no resulten necesarios para la actividad empresarial o profesional del 
deudor durante el plazo del plan de pagos; que su valor razonable, calculado 
conforme a lo previsto en el artículo 273, sea igual o inferior al crédito que se 
extingue o, en otro caso, el acreedor integrará la diferencia en el patrimonio del 
deudor; y que se cuente con el consentimiento o aceptación del acreedor.
El plan podrá establecer pagos de cuantía determinada, pagos de cuantía 
determinable en función de la evolución de la renta y recursos disponibles del 
deudor o combinaciones de unos y otros.
El plan de pagos no podrá consistir en la liquidación total del patrimonio del 
deudor, ni alterar el orden de pago de los créditos legalmente establecidos, salvo 
con el expreso consentimiento de los acreedores preteridos o postergados.
Artículo 496 bis.  Vencimiento e intereses.
1. Los créditos afectados por la exoneración se entenderán vencidos con la 
resolución judicial que conceda la exoneración provisional, descontándose su 
valor al tipo de interés legal.
2. Los créditos exonerables no devengarán intereses durante el plazo del 
plan de pagos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123763
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3. Los créditos no exonerables tampoco devengarán intereses, salvo que 
gocen de garantía real, hasta el valor de garantía, conforme a las reglas 
establecidas en este capítulo.
Artículo 497.  Duración del plan de pagos.
1. La duración del plan de pagos será, con carácter general, de tres años.
2. La duración del plan de pagos será de cinco años en los siguientes casos:
1.º  Cuando no se realice la vivienda habitual del deudor y, cuando 
corresponda, de su familia.
2.º  Cuando el importe de los pagos dependa exclusiva o fundamentalmente 
de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor.
3. El plazo del plan de pagos comenzará a correr desde la fecha de la 
aprobación judicial.
Artículo 498.  Aprobación del plan de pagos.
1. El letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la propuesta de 
plan de pagos a los acreedores personados, a fin de que, dentro del plazo de diez 
días, puedan alegar cuanto estimen oportuno en relación con la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos legales para la exoneración o con la propuesta de 
plan de pagos presentada. Los acreedores personados podrán proponer el 
establecimiento de medidas limitativas o prohibitivas de los derechos de 
disposición o administración del deudor, durante el plan de pagos.
2. Presentadas las alegaciones de los acreedores, o transcurrido el plazo a 
que se refiere el apartado anterior, el juez, previa verificación de la concurrencia 
de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, del contenido del plan de 
pagos y de las posibilidades objetivas de que pueda ser cumplido, denegará o 
concederá provisionalmente la exoneración del pasivo insatisfecho, con 
aprobación del plan de pagos en los términos de la propuesta o con las 
modificaciones que estime oportunas, consten o no en las alegaciones de los 
acreedores.
Artículo 498 bis.  Impugnación del plan de pagos.
1. Dentro de los diez días siguientes, cualquier acreedor afectado por la 
exoneración podrá impugnarla, y el juez no la concederá, en cualquiera de 
siguientes casos:
1.º  Cuando el plan de pagos no le garantizara al menos el pago de la parte 
de sus créditos que habría de satisfacerse en la liquidación concursal.
2.º  Cuando el plan de pagos no incluya la realización y aplicación al pago de 
la deuda exonerable, de la deuda no exonerable o de las nuevas obligaciones del 
deudor de la totalidad de los activos que no resulten necesarios para la actividad 
empresarial o profesional del deudor o de su vivienda habitual, siempre que los 
acreedores impugnantes representen al menos el cuarenta por ciento del pasivo 
total de carácter exonerable.
3.º  Cuando se constatara la oposición al plan de pagos por parte de 
acreedores que representen más del ochenta por ciento de la deuda exonerable 
afectada por el plan de pagos, salvo que el juez, atendiendo a las particulares 
circunstancias del caso, lo imponga.
4.º  Cuando el plan no destinara a la satisfacción de la deuda exonerable la 
totalidad de las rentas y recursos previsibles del deudor que excedan del mínimo 
legalmente inembargable, de lo preciso para el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones del deudor durante el plazo del plan de pagos, siempre que se 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123764
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
entiendan razonables a la vista de las circunstancias, y de lo requerido para el 
cumplimiento de los vencimientos de la deuda no exonerable durante el plazo del 
plan de pagos.
5.º  Cuando no concurran los presupuestos y requisitos legales para la 
exoneración.
2. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el cauce del 
incidente concursal. De las impugnaciones presentadas se dará traslado al 
deudor, y al resto de acreedores para que puedan formular oposición.
3. La sentencia que resuelva la impugnación deberá dictarse dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que hubiera finalizado la tramitación del 
incidente y será susceptible de recurso de apelación, sin efectos suspensivos.
Artículo 498 ter.  Efectos de la exoneración provisional.
1. La resolución judicial que conceda la exoneración provisional producirá 
efectos desde el término del plazo para la impugnación, si no se hubiera deducido, 
o desde la fecha de la sentencia judicial que la rechace.
2. Desde la eficacia de la exoneración provisional, cesarán todos los efectos 
de la declaración de concurso, que quedarán sustituidos por los que, en su caso, 
se establezcan en el propio plan de pagos.
3. Los deberes de colaboración e información subsistirán hasta la 
exoneración definitiva. Con periodicidad semestral, el deudor informará al juez del 
concurso acerca del cumplimiento del plan de pagos, así como de cualquier 
alteración patrimonial significativa.
Artículo 499.  Extensión de la exoneración en caso de plan de pagos.
1. La exoneración se extenderá a la parte del pasivo exonerable que, 
conforme al plan, vaya a quedar insatisfecha.
2. Las acciones declarativas y de ejecución de los acreedores de deuda no 
exonerable o de las nuevas obligaciones asumidas por el deudor durante el plazo 
del plan de pagos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal.
Artículo 499 bis.  Alteración significativa de la situación económica del deudor.
1. Cuando, tras la eficacia de la exoneración provisional, se produjera una 
alteración significativa de la situación económica del deudor, tanto este como 
cualquiera de los acreedores afectados por la exoneración podrán solicitar del juez 
la modificación del plan de pagos aprobado.
2. De la solicitud se dará traslado al deudor y a los acreedores afectados.
3. La tramitación, aprobación e impugnación de la modificación del plan de 
pagos se realizará en los plazos y en la forma prevista para el plan de pagos 
original, y producirá los mismos efectos.
4. No podrá aprobarse más de una modificación del plan de pagos conforme 
a lo previsto en este artículo.
Artículo 499 ter.  Revocación de la exoneración en caso de plan de pagos.
1. Cualquier acreedor afectado por la exoneración estará legitimado para 
solicitar del juez del concurso la revocación de la concesión provisional de la 
exoneración del pasivo insatisfecho si el deudor incumpliere el plan de pagos.
2. En el caso de que los pagos previstos en el plan dependan exclusiva o 
fundamentalmente de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor, 
también podrá revocarse la exoneración provisional a solicitud de cualquiera de 
esos acreedores si, al término del plazo del plan de pagos, se evidenciase que el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123765
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
deudor no hubiera destinado a la satisfacción de la deuda exonerable la totalidad 
de las rentas y recursos efectivos del deudor que excedan del mínimo legalmente 
inembargable, de lo preciso para el cumplimiento de las nuevas obligaciones del 
deudor durante el plazo del plan de pagos, siempre que se entiendan razonables a 
la vista de las circunstancias, y de lo requerido para el cumplimiento de los 
vencimientos de la deuda no exonerable durante el plazo del plan de pagos.
3. La revocación de la exoneración provisional supondrá la resolución del 
plan de pagos y de sus efectos sobre los créditos, y la apertura de la liquidación 
de la masa activa. No obstante, los actos realizados en ejecución del plan de 
pagos producirán plenos efectos, salvo que se probare la existencia de fraude, 
contravención del propio plan, o alteración de la igualdad de trato de los 
acreedores.
Artículo 500.  Exoneración definitiva en caso de plan de pagos.
1. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que 
se haya revocado la exoneración, el juez del concurso dictará auto concediendo la 
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.
2. Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, 
el juez, previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del 
caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho cuando el 
incumplimiento del plan de pagos resultara de accidente o enfermedad, u otros 
acontecimientos graves e imprevisibles, que afecten al deudor o a quienes con él 
convivan, siempre que el deudor hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o 
prohibiciones a las facultades de disposición o administración, así como las 
medidas de cesión en pago, que se establezcan en el plan de pagos.
3. La resolución por la que se conceda la exoneración definitiva del pasivo 
insatisfecho se publicará en el Registro público concursal. Contra esta resolución 
no cabrá recurso alguno.
Artículo 500 bis.  Cambio de modalidad de exoneración.
El deudor que hubiera solicitado y obtenido la exoneración provisional 
mediante un plan de pagos podrá dejarla sin efecto, solicitando la exoneración con 
liquidación de la masa activa conforme a lo previsto en la subsección siguiente. Si 
se hubiera revocado la exoneración provisional o no procediera la exoneración 
definitiva con un plan de pagos, el deudor podrá igualmente solicitar la 
exoneración del pasivo insatisfecho con liquidación de la masa activa.
Subsección 2.ª De la exoneración con liquidación de la masa activa
Artículo 501.  Solicitud de exoneración tras la liquidación de la masa activa.
1. En los casos de concurso sin masa en los que no se hubiera acordado la 
liquidación de la masa activa el concursado podrá presentar ante el juez del 
concurso solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez días 
siguientes a contar bien desde el vencimiento del plazo para que los acreedores 
legitimados puedan solicitar el nombramiento de administrador concursal sin que 
lo hubieran hecho, bien desde la emisión del informe por el administrador 
concursal nombrado si no apreciare indicios suficientes para la continuación del 
procedimiento.
2. Las mismas reglas se aplicarán en los casos de insuficiencia sobrevenida 
de la masa activa para satisfacer todos los créditos contra la masa y en los que, 
liquidada la masa activa, el líquido obtenido fuera insuficiente para el pago de la 
totalidad de los créditos concursales reconocidos. El concursado podrá presentar 
ante el juez del concurso solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho dentro 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123766
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
del plazo de audiencia concedido a las partes para formular oposición a la solicitud 
de conclusión del concurso.
3. En la solicitud el concursado deberá manifestar que no está incurso en 
ninguna de las causas establecidas en esta ley que impiden obtener la 
exoneración, y acompañar las declaraciones del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas correspondientes a los tres últimos años anteriores a la fecha de 
la solicitud que se hubieran presentado o debido presentarse.
4. El letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud del 
deudor a la administración concursal y a los acreedores personados para que 
dentro del plazo de diez días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la 
concesión de la exoneración.
Artículo 502.  Resolución sobre la solicitud.
1. Si la administración concursal y los acreedores personados mostraran 
conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo 
legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá la exoneración del 
pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del concurso.
2. La oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos 
y requisitos establecidos en esta ley. La oposición se sustanciará por el trámite del 
incidente concursal.
3. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza 
la resolución que recaiga en el incidente concediendo o denegando la exoneración 
solicitada».
Ciento treinta y uno. Se modifica el artículo 508, que queda redactado como sigue:
«Artículo 508.  Secciones.
1. El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, 
ordenándose las actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas 
sean necesarias o convenientes:
1.ª  La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, 
a las medidas cautelares, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del 
concurso.
2.ª  La sección segunda comprenderá lo relativo a la administración 
concursal, al nombramiento y cese del titular o titulares de este órgano y, en su 
caso, del auxiliar delegado, a la determinación de las facultades de este órgano, al 
ejercicio del cargo, a la retribución, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la 
responsabilidad civil en que el administrador o administradores concursales 
hubieran podido incurrir. En esta sección se incluirá en pieza separada el informe 
de la administración concursal con los documentos que lo acompañen y, en su 
caso, la relación definitiva de acreedores.
3.ª  La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa 
activa, los incidentes relativos a qué bienes y derechos son necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, a los 
alzamientos de los embargos, a las autorizaciones judiciales y a los créditos contra 
la masa. En esta sección se incluirá en pieza separada cada uno de los incidentes 
relativos a la reintegración y a la reducción de la masa activa. En esta sección se 
incluirán igualmente en pieza separada las ejecuciones que se inicien o se 
reanuden contra los bienes y derechos de la masa activa.
4.ª  La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa 
pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los 
créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirá en 
pieza separada cada uno de los incidentes relativos a la inclusión o exclusión de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123767
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 
En esta sección se incluirán igualmente en pieza separada los juicios declarativos 
que se acumulen al concurso de acreedores.
5.ª  La sección quinta comprenderá en piezas separadas lo relativo al 
convenio y a la liquidación.
6.ª  La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso, a 
los efectos de la calificación y a la ejecución de la sentencia de calificación del 
concurso como culpable.
2. En caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones como 
concursos se hubieran declarado conjuntamente o se hubieran acumulado, salvo 
las secciones tercera y cuarta que serán comunes cundo el juez hubiera acordado 
acumulación de masas».
Ciento treinta y dos.  Se introduce un nuevo artículo 508 bis en el capítulo I del título 
XII del libro primero con el título y contenido que se indican a continuación:
«Artículo 508 bis.  Duración del procedimiento.
La duración del procedimiento de concurso, desde la apertura de la sección 
primera al cierre de la quinta previstas en el artículo anterior, no podrá ser superior 
a doce meses, si bien el juez podrá acordar una ampliación del plazo de duración 
del mismo si fuera necesario en atención a la complejidad del concurso o a las 
circunstancias justificadas que pudieran concurrir».
Ciento treinta y tres. Se modifica el artículo 509, que queda redactado como sigue:
«Artículo 509.  Partes necesarias de las secciones.
1. En las distintas secciones del concurso serán reconocidos como parte, sin 
necesidad de comparecencia en forma, el deudor que hubiera comparecido en el 
concurso de acreedores y la administración concursal.
2. En la sección sexta solo serán partes necesarias la administración 
concursal y, si comparecen en ella, las personas que, según el informe de 
calificación, pudieran quedar afectadas por la calificación y los acreedores que 
hubieran propuesto en tiempo y forma la calificación del concurso como culpable».
Ciento treinta y cuatro. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:
«Artículo 512.  Representación y defensa de los acreedores y demás legitimados.
1. Los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de 
concurso actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para 
solicitar esa declaración y para comparecer en el procedimiento, así como para 
presentar solicitudes o demandas, actuar en los incidentes que se incoen o 
interponer recursos.
2. Los acreedores podrán solicitar de la administración concursal en 
cualquier momento el examen de aquellos documentos o de aquellos informes que 
consten en autos sobre los créditos que hubieran comunicado.
3. Cualesquiera otras personas que tengan interés legítimo en el concurso 
podrán comparecer siempre que lo hagan representados por procurador y 
asistidos de letrado».
Ciento  treinta  y cinco. Se  suprime  el capítulo  II del título XII del libro primero,  integrado 
por los artículos 522 a 531. Los capítulos III y IV pasan a numerarse II y III.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123768
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 546, que queda redactado como sigue:
«Artículo 546.  Recursos contra providencias y autos.
Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso solo cabrá 
recurso de reposición, salvo que en esta ley se excluya todo recurso o, en el caso 
de los autos, se otorgue expresamente recurso de apelación».
Ciento treinta y siete. Se modifica el artículo 547, que queda redactado como sigue:
«Artículo 547.  Recursos contra sentencias.
Contra las sentencias dictadas por el juez del concurso cabrá recurso de 
apelación».
Ciento treinta y ocho. Se modifica el artículo 548, que queda redactado como sigue:
«Artículo 548.  Carácter preferente.
Los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias y, en su 
caso, contra los autos dictadas por el juez del concurso se tramitarán con carácter 
preferente y deberán estar resueltos dentro de los dos meses siguientes a la 
recepción de las actuaciones por la Audiencia Provincial».
Ciento treinta y nueve. Se modifica el artículo 552, que queda redactado como sigue:
«Artículo 552.  Publicidad por medios electrónicos.
La publicidad de la declaración de concurso, la publicidad de aquellas otras 
resoluciones exigida por esta ley y las notificaciones y comunicaciones que 
procedan se realizará por medios electrónicos».
Ciento cuarenta. Se modifica el artículo 556, que queda redactado como sigue:
«Artículo 556.  Traslado de los mandamientos.
1. El traslado de los mandamientos y de la documentación necesaria para la 
práctica de los asientos se realizará preferentemente por medios electrónicos 
desde el juzgado a los registros correspondientes. Excepcionalmente, si no fuera 
posible, los mandamientos serán entregados al procurador del solicitante del 
concurso, para su presentación inmediata en los registros correspondientes.
2. El traslado o la entrega se realizarán el mismo día de la notificación a las 
partes de la resolución judicial a la que se refieran. El procurador que reciba el 
mandamiento deberá presentarlo en el registro público correspondiente ese mismo 
día o el siguiente hábil, aunque no le hubiera sido facilitada provisión de fondos».
Ciento cuarenta y uno. Se modifica el artículo 557, que queda redactado como sigue:
«Artículo 557.  Resoluciones objeto de publicidad en los registros de personas.
1. Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente al 
concursado en los registros de personas a que se refiere esta ley, las resoluciones 
relativas a la declaración y reapertura del concurso; las que se dicten en materia 
de intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del 
concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa; las 
limitaciones que se establezcan en la sentencia de aprobación del convenio; la 
calificación del concurso como culpable; la conclusión del concurso, y cuantas 
resoluciones las modifiquen o las dejen sin efecto.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123769
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada 
será gratuita».
Ciento cuarenta y dos. Se modifica el artículo 558, que queda redactado como sigue:
«Artículo 558.  Resoluciones objeto de publicidad en los registros de bienes.
1. Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente a 
cada uno de los bienes o derechos pertenecientes a la masa activa que figuren 
inscritos a nombre del concursado en los registros de bienes a que se refiere esta 
ley, las resoluciones relativas a la declaración y reapertura del concurso; las que 
se dicten en materia de intervención o suspensión de las facultades de 
administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que 
integran la masa activa; las limitaciones que se establezcan en la sentencia de 
aprobación del convenio; la conclusión del concurso, y cuantas resoluciones las 
modifiquen o las dejen sin efecto.
2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada 
será gratuita.
3. La anotación o la inscripción en los registros de personas y de bienes a 
que se refiere esta ley de las medidas de apoyo al concursado por razón de su 
discapacidad establecidas en el convenio no impedirá el acceso a los registros 
públicos de los actos que las infrinjan, pero perjudicará a cualquier titular registral 
la acción de ineficacia o de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite».
Ciento cuarenta y tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 560, que queda 
redactado como sigue:
«1.  El Registro público concursal es un instrumento técnico de información, 
de acceso público, gratuito y permanente sobre las principales resoluciones que 
se dicten en los concursos de acreedores declarados en España o que hayan de 
producir efectos en España, sobre las comunicaciones de apertura de 
negociaciones, las homologaciones judiciales de los planes de reestructuración, 
así como de las personas naturales y jurídicas que puedan ser nombradas 
administradores concursales y de la información existente sobre liquidaciones y 
ventas de activos y unidades productivas».
Ciento cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 561, que queda redactado como sigue:
«Artículo 561.  Organización del registro.
El Registro público concursal constará de cinco secciones:
1.ª  En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados 
alfabéticamente por concursado y fechas, la declaración de concurso y las demás 
resoluciones que deban publicarse en este registro conforme a lo establecido en 
esta ley.
2.ª  En la sección segunda, de publicidad registral, se insertarán, ordenadas 
alfabéticamente por concursado y fechas, las resoluciones judiciales en materia de 
limitación o de suspensión de las facultades de administración y de disposición 
sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, las demás exigidas por 
esta ley y la sentencia de calificación del concurso como culpable.
En esa sección existirá una subsección, de personas afectadas por la 
calificación, en la que se insertarán, ordenadas alfabéticamente por afectado, las 
correspondientes resoluciones judiciales una vez sean firmes.
3.ª  En la sección tercera, de exoneración del pasivo insatisfecho, se 
insertarán, ordenadas alfabéticamente por concursado, las resoluciones judiciales 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123770
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
por la que se conceda, con carácter provisional o definitivo, la exoneración, con 
expresión de la revocación total o parcial de la exoneración concedida.
4.ª  En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares 
delegados, se inscribirán, ordenadas alfabéticamente por orden de apellidos, si 
fueran personas naturales, y por denominación, si no lo fueran, las personas 
naturales y jurídicas que, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios para 
poder ser nombradas como administrador concursal y auxiliares delegados, hayan 
solicitado la inscripción en este registro manifestando la voluntad de ejercer como 
administrador concursal o auxiliar delegado. Si el administrador concursal 
estuviera habilitado para actuar en concursos de media o gran complejidad se 
hará costar en la inscripción.
En esta sección se insertarán igualmente, en la parte relativa a cada una de 
esas personas, los nombramientos, los ceses, con expresión de la causa, y, en su 
caso, la inhabilitación de los administradores concursales y de los auxiliares 
delegados, con indicación del tribunal y de la clase y fecha de la resolución 
judicial, así como los autos en los que se fije o modifique su remuneración.
Cuando un administrador concursal sea inhabilitado el letrado de la 
Administración de Justicia lo pondrá en conocimiento del Registro público 
concursal a fin de que se le dé de baja por el periodo de inhabilitación, sin perjuicio 
de que continúe actuando en aquellos concursos en los que hubiera sido 
nombrado antes de la firmeza de la resolución judicial que lo hubiera inhabilitado.
5.ª  En la sección quinta, de planes de reestructuración, se insertarán, 
ordenadas alfabéticamente por deudor, las comunicaciones de la apertura de las 
negociaciones con los acreedores, salvo que tuviera carácter reservado, así como 
la homologación judicial de los planes de reestructuración.
En esa sección existirá una subsección, de expertos en reestructuraciones, en 
la que se insertarán, ordenadas alfabéticamente por experto, los nombramientos 
que hubieran tenido».
Ciento cuarenta y cinco. Se suprime el artículo 562.
Ciento cuarenta y seis.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 563, que 
quedan redactados como sigue:
«1.  En el caso de personas naturales, en la solicitud de inscripción en la 
sección cuarta, se indicará la identidad del solicitante, la dirección profesional 
postal y electrónica, el número de identificación fiscal, y el ámbito o ámbitos 
territoriales en los que se hubiera manifestado la disposición para ejercer, así 
como la identidad de todas las personas jurídicas inscritas en esta sección con las 
que se encuentre relacionada profesionalmente para el ejercicio de la actividad de 
administrador concursal. En la solicitud se indicarán igualmente los concursos 
previos en los que hubiera sido nombrado administrador concursal o auxiliar 
delegado con expresión del tribunal en que se hubiera tramitado y el número de 
autos, señalando la identidad del concursado y el sector de actividad.
2. En el caso de las personas jurídicas, en la solicitud de inscripción en la 
sección cuarta se indicará la denominación, el domicilio, la forma jurídica, la 
dirección postal y electrónica, y el ámbito o ámbitos territoriales en los que se 
hubiera manifestado la disposición para ejercer, así como la identidad y la 
dirección de cada uno de los socios y de cualquier persona natural inscrita en esta 
sección que preste sus servicios para la persona jurídica. En la solicitud se 
indicarán igualmente los concursos previos en los que hubiera sido nombrada 
administradora concursal o auxiliar delegado con expresión del tribunal en que se 
hubiera tramitado y el número de autos, señalando la identidad del concursado y 
el sector de actividad, la identidad de la persona natural encargada de la dirección 
de los trabajos y de la representación de la persona jurídica en cada uno de ellos».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123771
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento cuarenta y siete. Se modifica el artículo 564, que queda redactado como sigue:
«Artículo 564.  Libertad de acceso al Registro público concursal.
1. El contenido del Registro público concursal será accesible por internet u 
otros medios equivalentes de consulta telemática.
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, únicamente tendrán 
acceso a la sección segunda y sección tercera, aquellas personas que justifiquen 
la existencia de interés legítimo en averiguar la situación del deudor. La 
apreciación de la existencia de interés legítimo se realizará por quién esté a cargo 
del Registro público concursal. Se presumirá interés legítimo en las autoridades y 
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas».
Ciento cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 565, que queda redactado como sigue:
«Artículo 565.  Valor de la eficacia del Registro público concursal.
La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor 
meramente informativo salvo en aquellos casos en los que esta ley le atribuya 
otros efectos».
Ciento cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 566, que queda redactado como sigue:
«Artículo 566.  Control del inicio de la accesibilidad de la información.
El Registro público concursal deberá contar con mecanismos de trazabilidad 
que permitan conocer y acreditar fehacientemente a solicitud de cualquier 
interesado el inicio de la difusión pública de las resoluciones y de la información 
que se incluya en el mismo».
Ciento cincuenta. Se da nueva redacción al artículo 578 que queda redactado como sigue:
«Artículo 578.  Régimen especial del concurso de acreedores.
1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente 
asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, 
así como de entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades 
participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se 
aplicarán las especialidades que para el concurso de acreedores se hallen 
establecidas en su legislación específica.
2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del 
apartado anterior, la contenida en las siguientes normas:
1.º  La disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que 
se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas 
al sistema financiero.
2.º  La Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, por lo 
que respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de 
España, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la 
Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones.
3.º  La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, 
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
4.º  La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de 
liquidación de valores.
5.º  El texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
6.º La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123772
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
7.º  El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 
Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
8.º  El capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública.
9.º  La Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las 
entidades de crédito.
10.º  La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
11.º  El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
12.º  La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
13.º  Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras y el título VII 
del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
14.º  El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y su normativa de desarrollo.
15.º  El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de 
las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado 
por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
16.º  El Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones 
de inversión colectiva.
17.º  El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización 
de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
3. Las normas legales enumeradas en el apartado anterior se aplicarán con 
el alcance subjetivo y objetivo previsto en las mismas a las operaciones o 
contratos que en ella se contemplan».
Ciento cincuenta y uno.  Se modifica el artículo 579 con la siguiente rúbrica y 
contenido:
«Artículo 579.  Concurso de concesionarias de obras y servicios públicos, de 
contratistas de las administraciones públicas y de titulares de concesiones 
sobre el dominio público.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o 
contratistas de las administraciones públicas se aplicarán las especialidades 
establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación 
específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo.
Los efectos de la declaración de concurso o de las resoluciones adoptadas en 
el seno de dicho procedimiento en las concesiones sobre el dominio público que 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123773
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
ostente el concursado se regularán por su normativa específica. En el caso de 
concesiones sobre el dominio público portuario de titularidad de personas 
jurídicas, la disolución o extinción de dichas entidades por resoluciones acordadas 
en el seno del concurso será causa automática de extinción de la concesión, sin 
que esta pueda ser objeto de enajenación o liquidación en el concurso desde que 
aquellas se dicten».
Ciento cincuenta y dos. Se modifica el libro segundo, integrado por los artículos 583 
a 684, con la siguiente rúbrica y contenido:
«LIBRO SEGUNDO
Del Derecho preconcursal
TÍTULO I
De los presupuestos del preconcurso
Artículo 583.  Presupuesto subjetivo.
1. Cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad 
empresarial o profesional podrá efectuar la comunicación de apertura de 
negociaciones con los acreedores o solicitar directamente la homologación de un 
plan de reestructuración de conformidad con lo previsto en este libro.
2. No quedan comprendidos en el presupuesto subjetivo del apartado 1 los 
deudores que constituyan:
a) Empresas de seguros o de reaseguros, tal como se definen en el 
artículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), incorporada a 
nuestro ordenamiento interno por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
b) Entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del 
Reglamento  (UE) n° 575/2013  del Parlamento  Europeo  y del Consejo,  de 26 de junio 
de 2013,  sobre  los requisitos  prudenciales  de las entidades  de crédito  y las empresas  de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012.
c) Empresas de inversión u organismos de inversión colectiva, tal como se 
definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (UE) 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012.
d) Entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, 
punto 1, del Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones.
e) Depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, 
punto  1, del Reglamento  (UE) n° 909/2014  del Parlamento  Europeo  y del Consejo,  de 23 
de julio de 2014,  sobre  la mejora  de la liquidación  de valores  en la Unión  Europea  y los 
depositarios  centrales  de valores  y por el que se modifican  las Directivas  98/26/CE 
y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n° 236/2012.
f) Otras entidades y entes financieros recogidos en el artículo 1, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la 
recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123774
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n° 1093/2010 y 
(UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, incorporada a nuestro 
ordenamiento interno en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de créditos y empresas de servicios de inversión.
3. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los 
organismos públicos y demás entes de derecho público no quedan comprendidas 
en el presupuesto subjetivo del apartado 1.
4. Los deudores incluidos en el ámbito de aplicación del libro tercero se 
sujetarán exclusivamente a las disposiciones de ese libro.
5. Lo dispuesto en el libro segundo se entenderá sin perjuicio de los 
requisitos de garantía para la protección de los fondos recibidos de los usuarios de 
servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago para 
la ejecución de operaciones de pago, y de los fondos recibidos a cambio del 
dinero electrónico emitido o en relación con la prestación de servicios de pago no 
vinculados a dicha emisión aplicables a las entidades de pago y a las entidades de 
dinero electrónico que se exigen, respectivamente, en el Real Decreto-
ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes 
en materia financiera, y en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Artículo 584.  Presupuesto objetivo.
1. La comunicación de apertura de negociaciones o la homologación de un 
plan de reestructuración procederán cuando el deudor se encuentre en 
probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual.
2. Se considera que existe probabilidad de insolvencia cuando sea 
objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el 
deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los 
próximos dos años.
TÍTULO II
De la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores
CAPÍTULO I
De la comunicación
Artículo 585.  Comunicación de la apertura de negociaciones.
1. En caso de probabilidad de insolvencia o de insolvencia inminente, el 
deudor, sea persona natural o jurídica, podrá comunicar al juzgado competente 
para la declaración del concurso la existencia de negociaciones con sus 
acreedores, o la intención de iniciarlas de inmediato, para alcanzar un plan de 
reestructuración que permita superar la situación en que se encuentra.
2. El deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual podrá efectuar 
la comunicación a que se refiere el apartado anterior en tanto no se haya admitido 
a trámite solicitud de declaración de concurso necesario.
3. En caso de persona jurídica, la competencia para presentar la 
comunicación corresponde al órgano de administración del deudor.
Artículo 586.  Contenido de la comunicación.
1. En la comunicación al juzgado, que deberá hacerse a través de la sede 
judicial electrónica o por medios telemáticos o electrónicos excepto en el caso de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123775
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
personas no obligadas a comunicarse con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos, el deudor expresará:
1.º  Las razones que justifican la comunicación, con referencia al estado en 
que se encuentra, sea probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o 
insolvencia actual.
2.º  El fundamento de la competencia del juzgado para conocer de la 
comunicación.
3.º  La relación de los acreedores con los que se haya iniciado o tenga 
intención de iniciar negociaciones, el importe de los créditos de cada uno de ellos 
y el importe total de los créditos. Si entre ellos figurasen acreedores especialmente 
relacionados con el deudor se indicará cuáles tienen esta condición.
En el caso de los créditos de derecho público, deberá figurar la fecha de 
devengo de los mismos.
4.º  Cualquier circunstancia existente o que pueda sobrevenir susceptible de 
afectar al desarrollo o al buen fin de las negociaciones.
5.º  La actividad o actividades que desarrolle, así como el importe del activo y 
del pasivo, la cifra de negocios y el número de trabajadores al cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior a aquel en que presente la comunicación.
6.º  Los bienes o derechos que se consideren necesarios para la continuidad 
de su actividad empresarial o profesional. Si se siguieran ejecuciones contra esos 
bienes, identificará en la comunicación cada una de las que se encuentren en 
tramitación.
7.º Los contratos necesarios para la continuidad de su actividad.
8.º  En su caso, la solicitud por el deudor de nombramiento de experto en la 
reestructuración.
9.º En su caso, la solicitud del carácter reservado de la comunicación.
10.º  En el caso de que se pretenda que el plan de reestructuración afecte al 
crédito público, la acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante la 
presentación por el deudor en el juzgado de las correspondientes certificaciones 
emitidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General 
de la Seguridad Social, o la declaración del deudor de que no se encuentra en 
dicha situación.
2. Si el deudor fuera miembro de un grupo de sociedades, indicará las 
garantías otorgadas por otras sociedades del grupo que pretenda que queden 
afectadas por la comunicación.
3. En cualquier momento, mientras estén en vigor los efectos de la 
comunicación, podrá comunicar el deudor al juzgado la ampliación o la reducción 
de los acreedores con los que mantiene las negociaciones y la modificación del 
importe individual o total de los créditos.
4. Cuando en este título se establezca algún porcentaje del pasivo para el 
ejercicio de determinados derechos o facultades, se calculará sobre la base de los 
datos más recientes comunicados al juzgado, salvo que el interesado acredite otra 
cosa.
Artículo 587.  Comunicación conjunta.
1. Las personas que pueden solicitar la declaración conjunta de los 
respectivos concursos de acreedores podrán realizar una comunicación conjunta. 
En el caso de grupos de sociedades, podrá efectuarse la comunicación sin 
necesidad de incluir a la sociedad dominante ni a todas las sociedades del grupo.
2. La información a que se refiere el artículo anterior se facilitará desglosada 
por cada una de las personas que efectúe conjuntamente la comunicación. En la 
comunicación se expresarán, además, las relaciones existentes entre todas y cada 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123776
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
una de ellas, los créditos y las deudas recíprocos y las garantías de cualquier 
clase que se hubieran otorgado.
3. La competencia para conocer de la comunicación conjunta corresponderá 
al juzgado del lugar donde tenga el centro de intereses principales el deudor con 
mayor pasivo y, si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad 
dominante o, si no estuviera incluida en la comunicación, el de la sociedad de 
mayor pasivo.
Artículo 588.  Resolución sobre la comunicación.
1. En el plazo máximo de dos días, si el letrado de la Administración de 
Justicia estima que, con arreglo a las normas sobre competencia internacional o 
territorial, el juzgado es competente y comprueba que la comunicación no 
presenta defectos formales, la tendrá por efectuada por medio de decreto con 
efectos a la fecha en la que se hubiera presentado, con formación de los 
correspondientes autos.
2. Cuando el letrado de la Administración de Justicia estime que la 
comunicación presenta defectos, concederá al solicitante el plazo de dos días para 
que la subsane. Una vez subsanados los defectos, dictará resolución teniendo por 
realizada la comunicación con efectos desde la fecha en que se hubiera 
presentado.
En caso de falta de subsanación, el letrado de la Administración de Justicia 
dictará resolución teniéndola por no efectuada.
3. La resolución teniendo por efectuada la comunicación se dictará sin 
necesidad de que el deudor acredite el estado en que se encuentre que hubiera 
alegado.
4. Si a la fecha de la comunicación se hubiera admitido a trámite solicitud de 
declaración de concurso necesario del deudor, la comunicación no producirá 
ningún efecto hasta que se resuelva esta solicitud.
Artículo 589.  Control de la competencia internacional y territorial.
Cuando el letrado de la Administración de Justicia estime que, con arreglo a 
las normas sobre competencia internacional o territorial, el juzgado no es 
competente para conocer de la comunicación, dará cuenta de inmediato al juez, 
quien oirá al solicitante y al Ministerio Fiscal por el plazo común de cinco días, 
resolviendo al siguiente mediante auto. Contra el auto que declare la falta de 
competencia internacional o territorial se podrá interponer recurso de apelación.
Artículo 590.  Contenido de la resolución.
1. La resolución expresará la identidad del deudor o deudores que hubieran 
realizado la comunicación; los motivos en los que se funde la competencia 
internacional y territorial del juzgado al que se ha dirigido la comunicación y, en 
particular, si se basa en la localización del centro de los intereses principales o de 
un establecimiento del deudor; la fecha de la comunicación y de la resolución 
teniéndola por efectuada o no efectuada; el importe del pasivo total expresado en 
la comunicación, y si se hubiera nombrado a experto en la reestructuración, la 
identidad de este.
2. Si en la comunicación se hubiera expresado que se siguen ejecuciones 
contra bienes o derechos que el deudor considera necesarios para la continuidad 
de su actividad empresarial o profesional, o que determinadas garantías otorgadas 
por terceros han de quedar afectadas por la comunicación, en la resolución se 
identificarán esas ejecuciones y estas garantías. En el mismo día de la resolución 
el letrado de la Administración de Justicia la remitirá por medios electrónicos a 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123777
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
cada una de las autoridades judiciales que esté conociendo de las ejecuciones a 
efectos de proceder a su suspensión.
3. Cualquier acreedor podrá interponer recurso de revisión contra la 
resolución por los siguientes motivos:
1.º  Que el deudor hubiese presentado una comunicación dentro del año 
anterior;
2.º  Que los bienes o derechos contra los que se siguen ejecuciones o frente 
a los que se pretende iniciarlas no son necesarios para la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional del deudor; o
3.º  Que los efectos de la comunicación no deben extenderse a determinadas 
garantías otorgadas por terceros.
El plazo para la interposición del recurso será de cinco días a contar desde la 
inscripción de la resolución en el Registro público concursal o, en el caso de 
ejecuciones en tramitación, desde la notificación de la resolución por la que la 
autoridad judicial que estuviera conociendo de la ejecución la suspenda.
Artículo 591.  Publicidad de la resolución.
La resolución que tenga por efectuada la comunicación se publicará en el 
Registro público concursal, salvo que en la propia comunicación el deudor hubiera 
solicitado que se mantuviera reservada. En cualquier momento el deudor podrá 
solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación.
Artículo 592.  Declinatoria.
1. Cualquier acreedor podrá formular declinatoria por falta de competencia 
internacional o territorial en el plazo de diez días a contar desde la publicación en 
el Registro público concursal de la resolución teniendo por formulada la 
comunicación o, en el caso de que tuviera carácter reservado, desde el momento 
en que hubiere tenido conocimiento de esa comunicación.
2. La declinatoria ha de presentarse ante el juez, quien la tramitará y decidirá 
de conformidad con lo previsto en la legislación procesal civil.
Artículo 593.  Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción.
El juzgado competente para conocer del concurso conocerá, con carácter 
exclusivo y excluyente, de la comunicación; de los efectos de la comunicación que 
requieran decisión judicial; de la prórroga de los efectos de la comunicación; y de 
las impugnaciones de las decisiones judiciales sobre esas materias.
CAPÍTULO II
De los efectos de la comunicación
Sección 1.ª Situación jurídica del deudor
Artículo 594.  Regla general.
1. La comunicación no tendrá efecto alguno sobre las facultades de 
administración y disposición sobre los bienes y derechos que integren el 
patrimonio del deudor.
2. El nombramiento por el juez de un experto en la reestructuración, cuando 
proceda, tampoco tendrá efecto alguno sobre las facultades de administración y 
disposición sobre los bienes y derechos que integren el patrimonio del deudor.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123778
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Sección 2.ª Efectos de la comunicación sobre los créditos
Artículo 595.  Efectos de la comunicación sobre los créditos a plazo.
1. La comunicación por sí sola no producirá el vencimiento anticipado de los 
créditos.
2. Serán ineficaces las cláusulas contractuales que prevean la modificación 
de los términos o condiciones del crédito, incluido su vencimiento anticipado, por 
esa sola causa, por la solicitud de suspensión general o singular de acciones y 
procedimientos ejecutivos o por otra circunstancia análoga o directamente 
relacionada con ellas.
Artículo 596.  Garantía de terceros.
1. La comunicación, por sí sola, no impedirá que el acreedor que disponga 
de garantía personal o real de un tercero para la satisfacción de su crédito pueda 
hacerla efectiva si el crédito garantizado hubiese vencido.
2. Los garantes no podrán invocar la comunicación en perjuicio del acreedor, 
incluso aunque este participe en las negociaciones.
3. Como excepción a lo establecido en el apartado 1, la comunicación 
suspenderá la ejecución de las garantías personales o reales prestadas por 
cualquier otra sociedad del grupo no incluida en la comunicación cuando así lo 
haya solicitado la sociedad deudora acreditando que la ejecución de la garantía 
pueda causar la insolvencia del garante y de la propia deudora.
Sección 3.ª Efectos de la comunicación sobre los contratos
Artículo 597.  Principio general de vigencia de los contratos.
La comunicación, por sí sola, no afectará a los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento. En particular, se tendrán por no puestas 
las cláusulas contractuales que prevean la suspensión, modificación, resolución o 
terminación anticipada del contrato por el mero motivo de:
1.º La presentación de la comunicación o su admisión a trámite.
2.º  La solicitud de suspensión general o singular de acciones y 
procedimientos ejecutivos.
3.º  Cualquier otra circunstancia análoga o directamente relacionada con las 
anteriores.
Artículo 598.  Resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento.
1. La comunicación no afectará a la facultad de suspensión, modificación, 
resolución o terminación anticipada de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento por circunstancias distintas de las mencionadas en el 
artículo anterior.
2. Si se tratase de contratos necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor, las facultades de suspender el cumplimiento 
de las obligaciones de la contraparte o de modificar, resolver o terminar 
anticipadamente el contrato por incumplimientos anteriores a la comunicación no 
podrán ejercitarse mientras se mantengan los efectos de la comunicación sobre 
las acciones y los procedimientos ejecutivos. La contraparte afectada podrá 
interponer recurso de revisión si considera que su contrato no es necesario para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123779
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 599.  Especialidades para determinados acuerdos de compensación 
contractual.
1. La comunicación no afectará a la facultad de vencimiento anticipado, 
resolución o terminación de los acuerdos de compensación contractual sujetos al 
Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a 
la productividad y para la mejora de la contratación pública.
2. El saldo resultante de la aplicación de una cláusula de vencimiento 
anticipado de los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior quedará sujeto 
a las disposiciones de la sección 4.ª de este capítulo.
3. En ningún caso se podrán vencer anticipadamente, resolver o terminar los 
contratos de suministro de bienes, servicios o energía necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, a menos que 
tales contratos se hubieran negociado en mercados organizados de modo que 
puedan ser sustituidos en cualquier momento por su valor de mercado.
Sección 4.ª Efectos de la comunicación sobre las acciones y los procedimientos 
ejecutivos
Artículo 600.  Prohibición legal de iniciación de ejecuciones.
Hasta que transcurran tres meses a contar desde la presentación de la 
comunicación, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional del deudor.
Artículo 601.  Suspensión legal de las ejecuciones en tramitación.
Desde que reciban la resolución del juzgado teniendo por efectuada la 
comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores, las autoridades que 
estuvieren conociendo de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los 
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional las suspenderán automáticamente hasta que transcurran tres meses a 
contar desde la comunicación efectuada por el deudor al juzgado competente, 
salvo que el deudor acredite haber solicitado la prórroga.
Artículo 602.  Prohibición general o individual de iniciación o suspensión de 
ejecuciones por decisión judicial.
1. A solicitud del deudor, presentada en cualquier momento, el juez podrá 
extender la prohibición de iniciación de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, o 
la suspensión de las ya iniciadas sobre todos o algunos de los demás bienes o 
derechos distintos de aquellos a los que se refiere el artículo anterior, contra uno o 
varios acreedores individuales o contra una o varias clases de acreedores, cuando 
resulte necesario para asegurar el buen fin de las negociaciones. La eficacia de 
esta medida se extenderá durante el plazo establecido en esta sección.
2. Cuando se haya designado experto en la reestructuración, la solicitud 
deberá ir acompañada de informe favorable del experto. La suspensión general o 
individual deberá adoptarse con su opinión favorable.
3. La resolución se adoptará mediante auto, separada de la resolución 
teniendo por efectuada la comunicación y, si es favorable a la solicitud, se 
publicará en el Registro público concursal. Contra esta resolución solo cabe 
interponer recurso de reposición.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123780
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 603.  De la ejecución de garantías reales.
1. No obstante la comunicación, los titulares de derechos reales de garantía, 
incluso por deuda ajena cuando el deudor de esta sea una sociedad del mismo 
grupo que la sociedad que haya hecho la comunicación, podrán iniciar ejecuciones 
judiciales o extrajudiciales sobre los bienes o derechos gravados. Si la garantía 
recayera sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor, una vez iniciado el procedimiento de 
ejecución, se suspenderá por el juez que esté conociendo del mismo hasta que 
transcurran tres meses a contar desde la comunicación. Cuando la ejecución sea 
extrajudicial, la suspensión la ordenará el juez ante el que se haya presentado la 
comunicación.
2. La comunicación no impedirá la ejecución de la garantía financiera sujeta 
al Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
a la productividad y para la mejora de la contratación pública, ni afectará a la 
facultad de vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, por la parte 
cubierta por esa garantía financiera.
Artículo 604.  Posibilidad de iniciar o reanudar las ejecuciones.
1. Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o reanudarse 
si el juez, como consecuencia de la estimación del recurso de revisión contra el 
decreto del letrado de la Administración de Justicia teniendo por efectuada la 
comunicación, resolviera que los bienes o derechos no son necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, salvo que los 
efectos de la comunicación se hubiesen extendido a estos bienes de conformidad 
con lo previsto en este capítulo.
2. Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o reanudarse 
una vez transcurridos tres meses desde la comunicación, salvo que se prorroguen 
sus efectos de conformidad con lo previsto en este capítulo.
Artículo 605.  Exclusión de acreedores públicos.
Lo dispuesto en esta sección no será de aplicación a los procedimientos de 
ejecución de los acreedores públicos, al tratarse de una categoría de acreedores 
que no se verá afectada por la suspensión de ejecuciones singulares.
Si la ejecución recayera sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, una vez iniciado 
el procedimiento de ejecución, se podrá suspender exclusivamente en la fase de 
realización o enajenación por el juez que esté conociendo del mismo. Cuando la 
ejecución sea extrajudicial, la suspensión la podrá ordenar el juez ante el que se 
haya presentado la comunicación, exclusivamente en la fase de realización o 
enajenación. En ambos casos, la suspensión, en su caso, acordada decaerá 
perdiendo toda su eficacia una vez transcurridos tres meses desde el día de la 
comunicación, quedando sin efectos la suspensión, sin que sea preciso dictar 
resolución judicial alguna o, en su caso, acto alguno por el letrado de la 
Administración de Justicia.
Artículo 606.  Acreedores no afectados.
La prohibición del inicio de ejecuciones o la suspensión de las ya iniciadas en 
ningún caso serán de aplicación a las reclamaciones de créditos que legalmente 
no puedan quedar afectados por el plan de reestructuración.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123781
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Sección 5.ª Prórroga de los efectos de la comunicación
Artículo 607.  Prórroga de los efectos de la comunicación.
1. Antes de que finalice el periodo de tres meses a contar desde la 
comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, el deudor o los 
acreedores que representen más del cincuenta por ciento del pasivo que, en el 
momento de la solicitud de la prórroga, pueda resultar afectado por el plan de 
reestructuración, deducido el importe de los créditos que, en caso de concurso 
tendrían la consideración de subordinados, podrán solicitar del juez la concesión 
de prórroga de los efectos de esa comunicación por un periodo de hasta otros tres 
meses sucesivos a la ya concedida. La solicitud de prórroga deberá ir 
acompañada de informe favorable del experto en reestructuración, si hubiera sido 
nombrado.
2. La solicitud de prórroga presentada por el deudor deberá ir acompañada 
de acta de conformidad firmada por los acreedores que representen el porcentaje 
a que se refiere el apartado anterior, o de una declaración responsable firmada por 
el mismo por la que manifieste que ha obtenido la conformidad de los anteriores, y 
del informe del experto si hubiere sido nombrado, en la que se detallarán el estado 
de las negociaciones y las cuestiones pendientes de acuerdo, y se expresará la 
identidad de los acreedores que hayan manifestado expresamente oposición a la 
solicitud de prórroga o no se hubieran pronunciado.
3. Una vez presentada la solicitud de prórroga, los efectos iniciales de la 
comunicación continuarán en vigor hasta el que juez adopte una decisión.
4. La resolución concediendo o denegando la prórroga solicitada se adoptará 
en forma de auto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera 
presentado. En el mismo día de la resolución, el letrado de la Administración de 
Justicia la remitirá por medios electrónicos al Registro público concursal, así como 
a cada una de las autoridades judiciales o administrativas que esté conociendo de 
las ejecuciones a fin de que mantengan la suspensión hasta que finalice el periodo 
de prórroga. La prórroga será objeto de inscripción en el Registro público 
concursal, incluso si la comunicación hubiese sido hecha inicialmente con carácter 
reservado.
5. La resolución denegatoria de la prórroga no será susceptible de recurso. 
La resolución que la conceda podrá ser impugnada mediante recurso de 
reposición.
Artículo 608.  Levantamiento de la prórroga o de sus efectos frente a 
determinados acreedores.
1. El juez deberá dejar sin efecto la prórroga:
1.º  A solicitud del deudor o del experto en la reestructuración si hubiera sido 
nombrado;
2.º  A solicitud de los acreedores que representen al menos el cuarenta por 
ciento del pasivo que, en el momento de esta solicitud, pueda resultar afectado por 
el plan de reestructuración, deducido el importe de los créditos que en caso de 
concurso tendrían la consideración de subordinados; o
3.ª  A solicitud de cualquier acreedor, en cuyo caso este deberá acreditar que 
la prórroga de los efectos de la comunicación ha dejado de cumplir el objetivo de 
favorecer las negociaciones del plan de reestructuración.
2. Cualquier acreedor podrá solicitar ser excluido de los efectos de la 
prórroga si esta pudiera causarle un perjuicio injustificado, en particular, si pudiera 
provocar su insolvencia actual o una disminución significativa del valor de la 
garantía que tuviera el crédito de que fuera titular. También podrá solicitar ser 
excluido si la suspensión o paralización de las ejecuciones solo afectara a las que 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123782
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
tuvieran por objeto bienes o derechos necesarios y, en el momento de solicitar su 
exclusión, los bienes objeto de ejecución hubieran perdido ese carácter.
3. Las solicitudes previstas en los apartados anteriores se tramitarán 
conforme a las normas del recurso de reposición, que podrá interponerse en 
cualquier momento mientras esté vigente la prórroga.
Sección 6.ª Prohibición de nuevas comunicaciones
Artículo 609.  Prohibición temporal de nuevas comunicaciones.
Una vez formulada la comunicación, no podrá presentarse otra por el mismo 
deudor en el plazo de un año, a contar desde la presentación.
Sección 7.ª Efectos sobre las solicitudes de concurso
Artículo 610.  Efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso a 
instancia de legitimados distintos del deudor.
1. Las solicitudes de concurso presentadas después de la comunicación por 
otros legitimados distintos del deudor se repartirán al juzgado que hubiera tenido 
por efectuada la comunicación, pero no se admitirán a trámite mientras no 
transcurra el plazo de tres meses a contar desde la fecha de esa comunicación. 
Las presentadas antes de la comunicación aún no admitidas a trámite quedarán 
en suspenso.
2. Lo previsto en el apartado anterior se extenderá durante la prórroga de los 
efectos de la comunicación.
3. Las solicitudes suspendidas y las que se presenten con posterioridad a la 
expiración de los plazos anteriores solo se proveerán transcurrido un mes sin que 
el deudor hubiera solicitado la declaración de concurso, sin perjuicio de la 
adopción por el juez de las medidas cautelares que estime oportunas. Si el deudor 
solicita la declaración de concurso dentro de ese mes, esta se tramitará en primer 
lugar. Declarado el concurso a instancia del deudor, las solicitudes que se 
hubieran presentado antes y las que se presenten después de la del deudor se 
unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.
CAPÍTULO III
De la exigibilidad de deber legal de solicitar el concurso y de la causa legal 
de disolución de la sociedad
Artículo 611.  Exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso.
1. Transcurridos tres meses desde la comunicación, el deudor que no haya 
alcanzado un plan de reestructuración deberá solicitar la declaración de concurso 
dentro del mes siguiente, salvo que no se encontrara en estado de insolvencia 
actual.
2. En caso de prórroga de los efectos de la comunicación, lo dispuesto en el 
apartado anterior se aplicará a partir de la fecha en que finalice esa prórroga.
Artículo 612.  Suspensión de la solicitud de concurso voluntario.
1. Mientras estén en vigor los efectos de la comunicación, la solicitud de 
concurso presentada por el deudor podrá ser suspendida por el juez a instancia 
del experto en la reestructuración, si hubiera sido nombrado, o de los acreedores 
que, en el momento de la solicitud, representen más del cincuenta por ciento del 
pasivo que pudiera quedar afectado por el plan de reestructuración. En la solicitud 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123783
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
deberá acreditarse la presentación de un plan de reestructuración por parte de los 
acreedores que tenga probabilidad de ser aprobado.
2. La suspensión se levantará transcurrido un mes desde la presentación de 
la solicitud de concurso por el deudor si los acreedores no hubieran presentado la 
solicitud de homologación del plan de reestructuración.
3. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al deudor persona natural 
ni a las sociedades cuyos socios o algunos de ellos sean legalmente responsables 
de las deudas sociales.
Artículo 613.  Suspensión de la causa de disolución por pérdidas cualificadas.
En las sociedades de capital, mientras estén en vigor los efectos de la 
comunicación, quedará en suspenso el deber legal de acordar la disolución por 
existir pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social.
TÍTULO III
De los planes de reestructuración
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 614.  Concepto.
Se considerarán planes de reestructuración los que tengan por objeto la 
modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y 
del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de 
activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, 
así como cualquier cambio operativo necesario, o una combinación de estos 
elementos.
Artículo 615.  Ámbito objetivo.
1. Se someterán a este título los planes de reestructuración que prevean una 
extensión de sus efectos frente a:
1.º  Acreedores o clases de acreedores titulares de créditos afectados que no 
hayan votado a favor del plan.
2.º Los socios de la persona jurídica cuando no hayan aprobado el plan.
2. Con independencia de que se prevea o no una extensión de los efectos 
del plan de reestructuración, también se someterán a este título los planes de 
reestructuración cuando los interesados pretendan proteger la financiación interina 
y la nueva financiación que prevea el plan y los actos, operaciones o negocios 
realizados en el contexto de este frente al régimen general de las acciones 
rescisorias, y reconocer a esa financiación las preferencias de cobro previstas en 
el libro primero.
CAPÍTULO II
De los créditos y contratos afectados
Artículo 616.  Créditos afectados.
1. A los efectos de este título, se considerarán créditos afectados los créditos 
que en virtud del plan de reestructuración sufran una modificación de sus términos 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123784
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
o condiciones, en particular, la modificación de la fecha de vencimiento, la 
modificación del principal o los intereses, la conversión en crédito participativo o 
subordinado, acciones o participaciones sociales, o en cualquier otro instrumento 
de características o rango distintos de aquellos que tuviese el crédito originario, la 
modificación o extinción de las garantías, personales o reales, que garanticen el 
crédito, el cambio en la persona del deudor o la modificación de la ley aplicable al 
crédito.
2. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a 
condición, puede ser afectado por el plan de reestructuración, salvo los créditos de 
alimentos derivados de una relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los 
créditos derivados de responsabilidad civil extracontractual y los créditos 
derivados de relaciones laborales distintas de las del personal de alta dirección.
Los créditos futuros que nazcan de contratos de derivados que se mantengan 
en vigor no quedarán afectados por el plan de reestructuración.
Los créditos de Derecho público podrán ser afectados, exclusivamente en la 
forma prevista en el artículo 616 bis, y únicamente cuando concurran los 
siguientes requisitos:
1.º  Que el deudor acredite, tanto en el momento de presentar la 
comunicación de apertura de negociaciones, como en el momento de solicitud de 
homologación judicial del plan, que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante la 
presentación en el juzgado de las correspondientes certificaciones emitidas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social;
2.º  Que los créditos tengan una antigüedad inferior a dos años, computados 
desde la fecha de su devengo de acuerdo con la normativa tributaria y de la 
Seguridad Social hasta la fecha de presentación en el juzgado de la comunicación 
de apertura de negociaciones.
3. Los créditos por repetición, subrogación o regreso quedarán afectados en 
las mismas condiciones que el crédito principal si así se establece en el plan de 
reestructuración. Si el crédito de repetición o regreso gozase de garantía real, será 
tratado como crédito garantizado.
Artículo 616 bis.  Créditos de Derecho público.
1. En ningún caso, el plan de reestructuración podrá suponer para los 
créditos de Derecho público la reducción de su importe; el cambio de la ley 
aplicable; el cambio de deudor, sin perjuicio de que un tercero asuma sin 
liberación de ese deudor la obligación de pago; la modificación o extinción de las 
garantías que tuvieren; o la conversión del crédito en acciones o participaciones 
sociales, en crédito o préstamo participativo o en un instrumento de características 
o de rango distintos de aquellos que tuviere el originario.
2. Los créditos de Derecho público afectados por el plan de reestructuración 
deberán ser íntegramente satisfechos en los siguientes plazos:
1.º  Doce meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan 
de reestructuración, con carácter general.
2.º  Seis meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan de 
reestructuración, en el caso de que sobre dichos créditos se hubiese concedido un 
aplazamiento o fraccionamiento previamente.
En cualquier caso, todos los créditos de Derecho público deberán estar 
íntegramente satisfechos en un plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha 
de comunicación de la apertura de negociaciones.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123785
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 617.  Reglas de cómputo de créditos.
1. A los efectos del voto de un plan de reestructuración, cada crédito se 
computará por el principal más los recargos e intereses vencidos hasta la fecha de 
formalización del plan en instrumento público. La misma regla se aplicará a los 
créditos sometidos a condición resolutoria.
2. En los contratos de crédito solo se computará la parte del crédito 
dispuesta en el momento de la formalización del plan en instrumento público.
3. Los créditos expresados en otra moneda se computarán en euros según el 
tipo de cambio oficial en la fecha del instrumento público en que se hubiese 
formalizado el plan.
4. Los créditos contingentes, litigiosos o sometidos a condición suspensiva 
se computarán por su importe máximo, salvo que en el plan de reestructuración se 
hubieran incluido por una cantidad inferior. Si finalmente se materializaran, solo se 
verán afectados por la cuantía correspondiente al importe incluido en el plan.
5. En el caso de créditos garantizados con garantía real, cuando el valor de 
la garantía sea inferior al de la obligación garantizada, el crédito por el exceso será 
tratado como no garantizado, conforme a la clase que le corresponda según esta 
ley. La parte del crédito cubierta por el valor de la garantía se considerará como 
crédito garantizado.
Para determinar el valor de la garantía se estará a lo establecido en el título V 
del libro primero. Las certificaciones emitidas por el organismo rector del centro de 
negociación o del mercado secundario de que se trate, en caso de garantías sobre 
valores mobiliarios cotizados, o por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita en el registro especial del Banco de España, en caso de bienes inmuebles, 
se unirán al instrumento público como anejo.
Artículo 618.  Principio general de vigencia de los contratos.
1. La homologación de un plan de reestructuración, por sí sola, no afectará a 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. En 
particular, se tendrán por no puestas las cláusulas contractuales que establezcan 
la facultad de la otra parte de suspender o de modificar las obligaciones o los 
efectos del contrato, así como la facultad de resolución o la de extinción del 
contrato por el mero motivo de la presentación de la solicitud de homologación o 
su admisión a trámite, la homologación judicial del plan o cualquier otra 
circunstancia análoga o directamente relacionada con las anteriores.
2. Los contratos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional del deudor no podrán suspenderse, modificarse, resolverse o 
terminarse anticipadamente por el mero hecho de que el plan de reestructuración 
conlleve un cambio de control del deudor.
Artículo 619.  Especialidades para determinados acuerdos de compensación 
contractual.
1. Lo previsto en el artículo anterior no será aplicable a los acuerdos de 
compensación contractual sujetos al Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. El saldo resultante de la aplicación de una cláusula de 
vencimiento anticipado de estos acuerdos quedará sujeto a las disposiciones de 
este título.
2. En ningún caso quedará afectada por un plan de reestructuración la 
garantía financiera sujeta al Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación 
pública, ni la facultad de vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, 
por la parte cubierta por la garantía.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123786
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3. En ningún caso se podrán vencer anticipadamente, resolver o terminar los 
contratos de suministro de bienes, servicios o energía necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, a menos que 
tales contratos se hubieran negociado en mercados organizados de modo que 
puedan ser sustituidos en cualquier momento por su valor de mercado.
Artículo 620.  Resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento en interés de la reestructuración.
1. Durante la negociación de un plan de reestructuración, el deudor podrá 
solicitar a la otra parte contratante la modificación o resolución de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento cuando esa modificación 
o resolución resulte necesaria para el buen fin de la reestructuración y prevenir el 
concurso.
2. Si las partes no llegasen a un acuerdo sobre los términos de la 
modificación o las consecuencias de la resolución, el plan de reestructuración 
podrá prever la resolución de esos contratos. El crédito indemnizatorio derivado de 
la resolución también podrá quedar afectado por el plan.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los contratos de 
derivados podrán terminarse o cancelarse anticipadamente cuando ello resulte 
necesario para el buen fin de la reestructuración y prevenir el concurso. El saldo 
resultante de la liquidación también podrá quedar afectado por el plan.
4. Las controversias que se susciten sobre la necesidad de resolver o 
terminar el contrato o la cuantía que debe satisfacer el deudor se tramitarán por el 
cauce de la impugnación u oposición al plan.
Artículo 621.  Contratos de alta dirección.
1. Cuando resulte necesario para el buen fin de la reestructuración, el plan 
de reestructuración podrá prever la suspensión o extinción de los contratos con 
consejeros ejecutivos y con el personal de alta dirección.
2. En caso de extinción, en defecto de acuerdo, el juez podrá moderar la 
indemnización que corresponda al consejero ejecutivo y al alto directivo, quedando 
sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la 
indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo, que 
resultará igualmente aplicable a los consejeros ejecutivos.
3. En caso de suspensión del contrato, este se podrá extinguir por voluntad 
del consejero ejecutivo o del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando 
el derecho a la indemnización en los términos del apartado anterior.
4. Las controversias que se susciten se tramitarán por el incidente concursal 
ante el juez competente para la homologación.
5. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.
CAPÍTULO III
De la formación de clases
Artículo 622.  Clases de créditos.
Los acreedores titulares de créditos afectados por el plan de reestructuración 
votarán agrupados por clases de créditos.
Artículo 623.  Criterios generales de formación de clases.
1. La formación de clases debe atender a la existencia de un interés común a 
los integrantes de cada clase determinado conforme a criterios objetivos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123787
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. Se considera que existe interés común entre los créditos de igual rango 
determinado por el orden de pago en el concurso de acreedores.
3. A su vez, los créditos de un mismo rango concursal podrán separarse en 
distintas clases cuando haya razones suficientes que lo justifiquen. A estos efectos 
se podrá atender, en particular, a la naturaleza financiera o no financiera del 
crédito, al conflicto de intereses que puedan tener los acreedores que formen 
parte de distintas clases, o a cómo los créditos vayan a quedar afectados por el 
plan de reestructuración. Cuando los acreedores sean pequeñas o medianas 
empresas y el plan de reestructuración suponga para ellas un sacrificio superior al 
cincuenta por ciento del importe de su crédito, deberán constituir una clase de 
acreedores separada.
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se consideran créditos 
financieros:
1.º  Los derivados de contratos de crédito o préstamo, con independencia de 
la condición de su titular.
2.º  Los que sean titularidad de entidades financieras, estén o no sujetas a 
supervisión prudencial, y con independencia de cuál sea el origen del crédito, 
incluyendo entre esas entidades, en su caso, a las aseguradoras respecto al 
seguro de crédito o al seguro de caución.
3.º  Los derivados de contratos de naturaleza análoga como los 
arrendamientos financieros o las operaciones de financiación de bienes vendidos 
con reserva de dominio, aval o contra-aval,  factoring  y confirming.
No se considerarán como créditos financieros los derivados de operaciones 
comerciales, aunque tuvieran aplazada su exigibilidad, salvo que hayan sido 
cedidos a una entidad financiera.
Artículo 624.  Créditos con garantía real.
Los créditos con garantía real sobre bienes del deudor constituirán una clase 
única, salvo que la heterogeneidad de los bienes o derechos gravados justifique 
su separación en dos o más clases.
Artículo 624 bis.  Créditos de derecho público.
Los créditos de derecho público constituirán una clase separada entre las 
clases de su mismo rango concursal.
Artículo 625.  Confirmación judicial facultativa de las clases de acreedores.
El deudor y los acreedores que representen más del cincuenta por ciento del 
pasivo que vaya a quedar afectado por el plan de reestructuración estarán 
legitimados para solicitar la confirmación judicial de la correcta formación de las 
clases con carácter previo a la solicitud de homologación del plan de 
reestructuración.
Artículo 626.  Procedimiento para la confirmación judicial de las clases.
1. Cualquiera de los legitimados podrá solicitar la confirmación de una o 
varias clases al juez competente para conocer de la homologación del plan. A la 
solicitud deberá acompañarse la acreditación de la comunicación de la propuesta 
de formación de la clase o clases a las partes afectadas por la confirmación 
judicial, donde se les haya anunciado la presentación de esta solicitud.
2. El juez, si considera que posee competencia internacional y territorial, 
dictará providencia admitiendo la solicitud a trámite. La providencia se publicará en 
el Registro público concursal.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123788
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3. Los acreedores que puedan verse afectados por la formación de clases 
solicitada podrán presentar escrito de oposición dentro de los diez días siguientes 
a la publicación de la providencia. El juez resolverá por medio de sentencia dentro 
de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo de oposición. La resolución 
judicial no será susceptible de recurso alguno.
4. En el caso de que se hayan confirmado las clases propuestas por el 
solicitante, la formación de clases no podrá invocarse como motivo de 
impugnación u oposición a la homologación judicial del plan.
CAPÍTULO IV
De la aprobación de los planes de reestructuración
Artículo 627.  Comunicación de la propuesta.
1. La propuesta del plan de reestructuración deberá ser comunicada a todos 
los acreedores cuyos créditos pudieran quedar afectados.
2. La comunicación deberá ser individual, por vía postal o electrónica; o, si no 
fuera posible por desconocerse su identidad o dirección, mediante anuncio en la 
página web de la sociedad, con indicación del lugar donde los acreedores que 
acrediten legitimación podrán examinar el contenido del plan. Si no fuera posible la 
comunicación por estos medios, el experto en la reestructuración, cuando haya 
sido nombrado, o en su defecto quienes vayan a pedir la homologación del plan, 
solicitarán al letrado de la Administración de Justicia del juzgado competente para 
conocer de la homologación que ordene la publicación de un edicto en el Registro 
público concursal, con indicación del lugar donde los acreedores que acrediten 
legitimación podrán examinar el contenido del plan.
En el caso de los acreedores públicos, la comunicación se realizará, en todo 
caso, mediante el servicio establecido en la sede electrónica de cada entidad, y a 
través del cual se podrá aportar la información del correspondiente formulario 
normalizado.
3. En el caso de acreedores vinculados por un pacto de sindicación, se 
aplicarán las reglas contractuales sobre comunicación del deudor con los 
acreedores, si las hubiera.
Artículo 628.  Derecho de voto.
1. Todos los acreedores cuyos créditos pudieran quedar afectados por el plan 
tienen derecho de voto.
2. En el caso de los créditos con garantía personal o real de tercero, la 
legitimación para ejercitar el derecho de voto corresponde al acreedor principal. 
Las relaciones entre el acreedor y el garante se regirán por los pactos que sobre el 
particular hubiesen establecido y, en su defecto, por las normas aplicables a la 
obligación que hubieren contraído.
Artículo 628 bis.  Derechos de información y consulta de las personas 
trabajadoras.
Cualquier modificación o extinción de la relación laboral que tenga lugar en el 
contexto del plan de reestructuración, se llevará a cabo de acuerdo con la 
legislación laboral aplicable incluyendo, en particular, las normas de información y 
consulta de las personas trabajadoras.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123789
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 629.  Aprobación del plan de reestructuración por cada clase de créditos.
1. El plan de reestructuración se considerará aprobado por una clase de 
créditos afectados si hubiera votado a favor más de los dos tercios del importe del 
pasivo correspondiente a esa clase.
2. En el caso de que la clase estuviera formada por créditos con garantía 
real, el plan de reestructuración se considerará aprobado si hubieran votado a 
favor tres cuartos del importe del pasivo correspondiente a esta clase.
Artículo 630.  Pactos de sindicación.
1. Cuando el plan de reestructuración afecte a créditos vinculados por un 
pacto de sindicación, se respetarán los pactos contractuales sobre procedimiento 
y ejercicio del derecho de voto y se aplicarán las mayorías establecidas en el 
artículo anterior, salvo que el propio pacto de sindicación prevea una mayoría 
inferior para aprobar esos efectos.
2. En ambos casos, y si vota a favor la mayoría necesaria, se entenderá que 
aceptan el plan de reestructuración la totalidad de los créditos sindicados. Si no se 
obtiene la mayoría necesaria, se computarán los votos individualmente, salvo que 
los créditos sindicados formen una única clase, en cuyo caso se considerará que 
el plan de reestructuración no ha sido aprobado por esa clase.
3. Salvo que hayan quedado afectados en virtud de las cláusulas 
contractuales del propio pacto de sindicación, los acreedores que no hayan votado 
a favor del plan podrán oponerse o impugnarlo de conformidad con lo previsto en 
este título.
Artículo 631.  Decisión de los socios sobre la aprobación del plan.
1. Cuando el plan de reestructuración contenga medidas que requieran el 
acuerdo de los socios de la sociedad deudora, se estará a lo establecido para el 
tipo legal que corresponda.
2. En el caso de las sociedades de capital, serán aplicables las reglas 
generales con las siguientes especialidades:
1.ª  Entre la convocatoria y la fecha prevista de celebración de la junta 
general deberá existir un plazo de diez días, salvo que se trate de sociedades con 
acciones admitidas a negociación en un mercado regulado, en cuyo caso el plazo 
será de veintiún días.
2.ª  Si la junta no se hubiese celebrado con anterioridad a la fecha de solicitud 
de la homologación del plan, se podrá celebrar después siempre que hubiera sido 
convocada antes de esa fecha o el mismo día de presentación de la solicitud.
Si la junta no hubiera sido previa o simultáneamente convocada, el solicitante 
de la homologación podrá instar del juez que en la resolución de la admisión a 
trámite de la homologación convoque a la junta para su celebración en el plazo 
mencionado.
Si la junta no hubiera sido convocada, no llegase a constituirse, o no aprobara 
en todos sus términos el plan de reestructuración propuesto como máximo en el 
plazo de los diez o veintiún días desde la admisión a trámite de la solicitud de 
homologación, el plan se entenderá rechazado por los socios. Hasta que 
transcurran esos plazos, el juez no adoptará resolución alguna sobre la 
homologación.
3.ª  En la convocatoria de la junta, el orden del día se limitará exclusivamente 
a la aprobación o al rechazo del plan en todos sus términos, sin que se puedan 
incluir o proponer otros asuntos. El derecho de información del socio se ejercerá 
exclusivamente respecto a este punto del orden del día, incluso si se trata de una 
sociedad cotizada.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123790
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
4.ª  El acuerdo se adoptará con el quórum y por la mayoría legal ordinarios, 
cualquiera que sea su contenido, sin que resulten aplicables los quórums o las 
mayorías estatutarias reforzadas que pudieran ser de aplicación a la aprobación 
del plan y a los actos u operaciones que deban llevarse a cabo en su ejecución.
5.ª  El acuerdo de la junta que apruebe el plan de reestructuración será 
impugnable exclusivamente por el cauce y en el plazo previstos para la 
impugnación u oposición a la homologación. En el caso de que la junta se haya 
celebrado con posterioridad a la solicitud de homologación del plan, el plazo de 
impugnación comenzará para los socios en el momento en que se hubiese 
celebrado la junta. Las impugnaciones del acuerdo de la junta se acumularán a la 
impugnación u oposición al plan por parte de los acreedores, si las hubiese, y se 
tramitarán como cuestión incidental de previo pronunciamiento.
3. Salvo por lo que respecta a la formación de la voluntad social de 
conformidad con lo previsto en este artículo y a la protección de los acreedores, 
cualquier operación societaria que prevea el plan deberá ajustarse a la legislación 
societaria aplicable. En particular, en el caso de que el plan prevea una 
modificación estructural, los acreedores a los que afecte el plan no tendrán 
derecho de oposición.
4. Cuando se solicite la homologación de un plan de reestructuración en 
estado de insolvencia actual o inminente de la sociedad deudora, los socios no 
tendrán derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones o en la 
asunción de las nuevas participaciones, en particular cuando el plan prevea una 
reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal y 
simultáneamente el aumento del capital.
Artículo 632.  Régimen especial de la conversión en acciones o participaciones 
sociales.
A los efectos de la conversión de créditos en acciones o participaciones 
sociales, con o sin prima, se entenderá que los créditos a compensar son líquidos, 
vencidos y exigibles.
Artículo 633.  Contenido del plan de reestructuración.
Los planes de reestructuración sometidos a este título contendrán, como 
mínimo, las siguientes menciones:
1.ª La identidad del deudor.
2.ª  La identidad del experto encargado de la reestructuración, si hubiera sido 
nombrado.
3.ª  Una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de 
los trabajadores, y una descripción de las causas y del alcance de las dificultades 
del deudor.
4.ª  El activo y el pasivo del deudor en el momento de formalizar el plan de 
reestructuración.
5.ª  Los acreedores cuyos créditos van a quedar afectados por el plan, 
identificados individualmente o descritos por clases, con expresión del importe de 
su crédito que vaya a quedar afectado e intereses y la clase a la que pertenezcan.
6.ª  Los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
que, en su caso, vayan a quedar resueltos en virtud del plan.
7.ª  Si el plan afectase a los derechos de los socios, el valor nominal de sus 
acciones o participaciones sociales.
8.ª  Los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados por el plan, 
mencionados individualmente o descritos por clases, así como las razones de la 
no afectación.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123791
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
9.ª  Las medidas de reestructuración operativa propuestas, la duración, en su 
caso, de esas medidas y los flujos de caja estimados del plan, así como las 
medidas de reestructuración financiera de la deuda, incorporando la financiación 
interina y la nueva financiación prevista en el plan de reestructuración, con 
justificación de su necesidad y, en su caso, las consecuencias globales para el 
empleo, como despidos, acuerdos sobre reducción de jornada o medidas 
similares.
10.ª  La exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan de 
reestructuración y de las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de 
garantizar la viabilidad de la empresa, en el corto y medio plazo, y evitar el 
concurso del deudor.
11.ª  Las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de 
conformidad con la legislación laboral aplicable, se hayan adoptado o se vayan a 
adoptar, incluida la información de contenido económico relativa al plan de 
reestructuración, así como las previstas en los casos de adopción de las medidas 
de reestructuración operativas.
12.ª  En el caso de que se pretenda que el plan de reestructuración afecte al 
crédito público, se incluirá la acreditación de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
mediante la presentación de las correspondientes certificaciones emitidas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
Artículo 634.  Formalización del plan de reestructuración.
1. El plan de reestructuración deberá ser formalizado en instrumento público 
por quienes lo hayan suscrito, en el que se incluirá la certificación del experto en la 
reestructuración, si estuviera nombrado, y en otro caso de auditor, sobre la 
suficiencia de las mayorías que se exigen para aprobar el plan.
2. El instrumento público en que se formalice el plan tendrá la consideración 
de documento sin cuantía a los efectos de determinación de los honorarios del 
notario que lo autorice.
CAPÍTULO V
De la homologación de los planes de reestructuración
Sección 1.ª Reglas generales
Artículo 635.  Homologación judicial.
La homologación judicial del plan de reestructuración será necesaria en 
cualquiera de los siguientes casos:
1.º  Cuando se pretenda extender sus efectos a acreedores o clases de 
acreedores que no hubieran votado a favor del plan o a los socios del deudor 
persona jurídica;
2.º  Cuando se pretenda la resolución de contratos en interés de la 
reestructuración;
3.º  Cuando se pretenda proteger la financiación interina y la nueva 
financiación que prevea el plan, así como los actos, operaciones o negocios 
realizados en el contexto de este frente a acciones rescisorias en los términos 
previstos en este título, y reconocer a esa financiación las preferencias de cobro 
previstas en el libro primero.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123792
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 636.  Presupuesto objetivo.
1. La homologación judicial del plan de reestructuración aprobado de 
conformidad con lo previsto en este título se podrá solicitar cuando el deudor se 
encuentre en probabilidad de insolvencia o en estado de insolvencia inminente.
2. Cuando el deudor se encuentre en estado de insolvencia actual, se podrá 
solicitar la homologación del plan siempre que no hubiera sido admitida a trámite 
solicitud de concurso necesario.
Artículo 637.  Suspensión de la solicitud de concurso voluntario.
1. Si se estuviera negociando un plan de reestructuración sin comunicación 
previa, la solicitud de concurso presentada por el deudor podrá ser suspendida por 
el juez a instancia del experto en la reestructuración, si hubiera sido nombrado, o 
de los acreedores que, en el momento de la solicitud, representen más del 
cincuenta por ciento del pasivo que pudiera quedar afectado por el plan de 
reestructuración. En la solicitud deberá acreditarse la presentación de un plan de 
reestructuración por parte de los acreedores que tenga probabilidad de ser 
aprobado.
2. La suspensión se levantará transcurrido un mes si los acreedores no 
hubieran presentado la solicitud de homologación del plan de reestructuración.
3. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando el deudor sea una 
persona natural o una sociedad cuyos socios o algunos de ellos sean legalmente 
responsables de las deudas sociales.
Artículo 638.  Requisitos para la homologación del plan de reestructuración 
aprobado por todas las clases de acreedores.
El plan de reestructuración, para ser homologado, deberá reunir los siguientes 
requisitos:
1.º  Que el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia 
inminente o actual y el plan ofrezca una perspectiva razonable de evitar el 
concurso y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
2.º  Que cumpla con los requisitos de contenido y de forma exigidos en este 
título.
3.º  Que haya sido aprobado por todas las clases de créditos de conformidad 
con las previsiones de este título, por el deudor o, en su caso, por los socios.
4.º  Que los créditos dentro de la misma clase sean tratados de forma 
paritaria.
5.º  Que haya sido comunicado a todos los acreedores afectados conforme a 
lo establecido en esta ley.
Artículo 639.  Requisitos para la homologación del plan de reestructuración no 
aprobado por todas las clases de acreedores.
Como excepción a lo previsto en el ordinal 3.º del artículo anterior, también 
podrá ser homologado el plan de reestructuración que no haya sido aprobado por 
todas las clases de créditos si ha sido aprobado por:
1.º  Una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea 
una clase de créditos que en el concurso habrían sido calificados como créditos 
con privilegio especial o general; o, en su defecto, por
2.º  Al menos una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos 
prevista por esta ley, pueda razonablemente presumirse que hubiese recibido 
algún pago tras una valoración de la deudora como empresa en funcionamiento. 
En este caso, la homologación del plan requerirá que la solicitud vaya 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123793
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
acompañada de un informe del experto en la reestructuración sobre el valor de la 
deudora como empresa en funcionamiento.
Artículo 640.  Aprobación por el deudor y, en su caso, los socios.
1. Si el deudor fuera persona natural, la homologación del plan de 
reestructuración requerirá que haya sido aprobado por este.
2. Si el deudor fuera una persona jurídica, la homologación del plan de 
reestructuración requerirá que haya sido aprobado por los socios legalmente 
responsables de las deudas sociales. En caso de que estos socios no existieran, y 
el plan contuviera medidas que requieran acuerdo de la junta de socios, el plan de 
reestructuración se podrá homologar aunque no haya sido aprobado por los socios 
si la sociedad se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente.
Sección 2.ª Del procedimiento de homologación
Artículo 641.  Competencia para la homologación.
La competencia para conocer de la homologación de un plan de 
reestructuración corresponderá al juez de lo mercantil que fuera competente para 
la declaración del concurso del deudor. Si el deudor o deudores hubieran 
efectuado la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores, la 
competencia corresponderá al juez titular actual del juzgado que hubiera tenido 
por efectuada esa comunicación.
Artículo 642.  Planes conjuntos de reestructuración.
1. Los deudores que hubieran efectuado una comunicación conjunta podrán 
solicitar bien la homologación individual o conjunta de los respectivos planes de 
reestructuración o de alguno de ellos, bien la homologación de un plan conjunto de 
reestructuración.
2. En el caso de solicitud de homologación conjunta de distintos planes de 
reestructuración o de homologación o de un plan conjunto de reestructuración, los 
requisitos para la homologación deberán cumplirse en relación con cada uno de 
los deudores.
Artículo 643.  Solicitud de la homologación.
1. La solicitud de homologación del plan de reestructuración podrá ser 
presentada por el deudor o por cualquier acreedor afectado que lo haya suscrito e 
irá firmada por procurador y abogado. En la solicitud se indicará el lugar donde el 
plan esté a disposición de los acreedores que acrediten su legitimación y, en su 
caso, del deudor, con posibilidad de acceder a su contenido por medios 
telemáticos.
2. La competencia para solicitar la homologación del plan de reestructuración 
de una persona jurídica corresponde al órgano de administración.
3. A la solicitud se acompañará copia íntegra del instrumento público en el 
que se haya formalizado el plan, incluida la certificación de auditor sobre la 
suficiencia de las mayorías que se exigen para que se homologue el plan, de 
acuerdo con lo previsto en esta ley, del informe que, en su caso, haya sido emitido 
por el experto en la reestructuración y, en el caso de que se pretenda que el plan 
de reestructuración afecte al crédito público de las certificaciones emitidas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social que acrediten el cumplimiento del requisito previsto en el 
artículo 616.2.1.º.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123794
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 644.  Admisión a trámite.
1. Una vez recibida la solicitud de homologación, el juez, de considerarse 
competente, dictará providencia admitiéndola a trámite. En la providencia 
expresará los motivos en los que se base su competencia, en particular si se basa 
en la localización del centro de los intereses principales o de un establecimiento 
del deudor en su territorio, y decretará la prohibición de iniciar ejecuciones 
judiciales o extrajudiciales sobre los bienes del deudor y la paralización de las 
ejecuciones ya iniciadas hasta que se resuelva sobre la homologación.
2. Si considera que carece de competencia internacional o territorial, el juez, 
previa audiencia del solicitante y del Ministerio Fiscal por el plazo común de cinco 
días, resolverá al siguiente mediante auto. Contra el auto que declare la falta de 
competencia, el solicitante podrá interponer recurso de apelación.
Artículo 645.  Publicación de la providencia.
El letrado de la Administración de Justicia ordenará la publicación de la 
providencia en el Registro público concursal por medio de edicto que contendrá 
los datos que identifiquen el deudor, el órgano jurisdiccional competente y el 
fundamento de su competencia, el número del procedimiento judicial de 
homologación, la fecha del plan de reestructuración, con la indicación de que el 
plan está a disposición de los acreedores en el juzgado competente para conocer 
de la homologación, con posibilidad de acceder a su contenido por medios 
telemáticos o indicará el lugar donde el plan está a disposición de los acreedores 
que acrediten su legitimación y, en su caso, del deudor, con posibilidad de acceder 
a su contenido por medios telemáticos.
Artículo 646.  Impugnación de la competencia.
1. Cualquier acreedor, o el propio deudor si no hubiera solicitado la 
homologación del plan de reestructuración, podrá formular declinatoria por falta de 
competencia internacional o territorial en el plazo de diez días a contar desde la 
publicación de la providencia en el Registro público concursal.
2. La declinatoria se tramitará y decidirá de conformidad con lo previsto en la 
legislación procesal civil.
Artículo 647.  Auto de homologación.
1. Salvo que de la documentación presentada se deduzca manifiestamente 
que no se cumplen los requisitos exigidos en la sección 1.ª de este capítulo, el 
juez homologará el plan de reestructuración.
2. La homologación tendrá lugar mediante auto que se adoptará dentro de 
los quince días siguientes a la publicación de la providencia de admisión a trámite 
de la solicitud en el Registro público concursal. En el auto, se identificarán los 
acreedores con garantía real que hayan votado en contra del plan y que 
pertenezcan a una clase que no lo haya aprobado.
3. El auto de homologación determinará el alzamiento de la suspensión de 
los procedimientos de ejecución de créditos no afectados por el plan de 
reestructuración, así como el sobreseimiento de los restantes procedimientos de 
ejecución.
4. Si el propio plan de reestructuración conllevase alguna operación 
societaria, el control de legalidad lo realizará el juez y dejará constancia de ello en 
el auto.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123795
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 648.  Publicidad del auto de homologación.
El auto de homologación del plan se publicará de inmediato en el Registro 
público concursal.
Artículo 649.  Eficacia del auto de homologación.
Una vez homologado, los efectos del plan de reestructuración se extienden 
inmediatamente a todos los créditos afectados, al propio deudor y, si fuera 
sociedad, a sus socios, aunque el auto no sea firme.
Artículo 650.  Actos de ejecución del plan.
1. Los actos de ejecución del plan que sean inscribibles en los registros 
públicos se inscribirán en estos, conforme a la legislación que les sea aplicable.
2. Cuando el plan contuviera medidas que requirieran acuerdo de junta o 
asamblea de socios y esta no las hubiera acordado, los administradores de la 
sociedad y, si no lo hicieren, quien designe el juez a propuesta de cualquier 
acreedor legitimado, tendrán las facultades precisas para llevar a cabo los actos 
necesarios para su ejecución, así como para las modificaciones estatutarias que 
sean precisas. En estos casos, el auto de homologación será título suficiente para 
la inscripción en el Registro mercantil de las modificaciones estatutarias 
contenidas en el plan de reestructuración.
3. Cuando el plan contuviera medidas de reestructuración operativa, éstas 
deberán llevarse a cabo de acuerdo con las normas que les sean aplicables. Las 
controversias que se susciten en relación con las mismas se sustanciarán ante la 
jurisdicción competente.
Artículo 651.  Titulares de derechos de garantía real.
1. Los acreedores titulares de derechos de garantía real que hayan votado 
en contra del plan y pertenezcan a una clase en la que el voto favorable hubiera 
sido inferior al voto disidente, tendrán derecho a instar la realización de los bienes 
o derechos gravados en el plazo de un mes a contar desde la publicación del auto 
de homologación en el Registro público concursal. La ejecución podrá iniciarse sin 
testimonio del auto de homologación, pero deberá aportarse al procedimiento en 
cuanto se le facilite. El ejercicio de este derecho producirá el vencimiento del 
crédito originario garantizado.
2. El plan podrá prever la sustitución de este derecho por la opción de cobrar 
en efectivo, en un plazo no superior a ciento veinte días, la parte del crédito 
cubierta por el valor de la garantía conforme a lo establecido en el título V del libro 
primero. En caso de falta de pago del crédito, el acreedor tendrá derecho a la 
ejecución de la garantía.
3. Si la cantidad obtenida en la realización de los bienes o derechos 
gravados fuese menor que la deuda garantizada, pero mayor que el valor de la 
garantía recogido en el plan de reestructuración, el ejecutante hará suya toda la 
cantidad resultante de la ejecución. La diferencia entre esa cantidad y el valor de 
la garantía se deducirá de lo que, en su caso, hubiese recibido o deba recibir 
conforme al plan de reestructuración por la parte del crédito no garantizada. Si la 
cantidad obtenida fuese inferior al valor de la garantía, el acreedor hará suya toda 
la cantidad resultante de la ejecución, y la parte remanente quedará insatisfecha.
Artículo 652.  Garantías de terceros.
1. Los acreedores afectados que no hubieran votado a favor del plan de 
reestructuración mantendrán sus derechos frente a terceros que hayan constituido 
garantía personal o real para la satisfacción de su crédito. Respecto de los 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123796
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
acreedores que hayan votado a favor del plan, el mantenimiento de sus derechos 
frente a los terceros obligados dependerá de lo que hubiesen acordado en la 
respectiva relación jurídica y, en su defecto, de las normas aplicables a esta.
2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, los efectos del 
plan de reestructuración de una sociedad de un grupo se pueden extender 
también, en las condiciones previstas en este, a las garantías personales o reales 
prestadas por cualquier otra sociedad del mismo grupo no sometida al plan de 
reestructuración, cuando la ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia 
de la garante y de la propia deudora.
Sección 3.ª De la impugnación del auto de homologación
Artículo 653.  Impugnación de la homologación.
El auto de homologación del plan de reestructuración podrá ser impugnado 
ante la Audiencia Provincial en los términos previstos en esta sección.
Artículo 654.  Impugnación del auto de homologación del plan aprobado por todas 
las clases de créditos.
Dentro de los quince días siguientes a la publicación del auto de homologación 
en el Registro público concursal, los titulares de créditos afectados que no hayan 
votado a favor del plan de reestructuración aprobado por todas las clases de 
créditos podrán impugnar el auto por los siguientes motivos:
1.º  Que no se hayan cumplido los requisitos de comunicación, contenido y de 
forma que se exigen en el capítulo IV de este título.
2.º  Que la formación de las clases de acreedores y la aprobación del plan, no 
se hayan producido de conformidad con lo previsto en los capítulos III y IV de este 
título.
3.º  Que el deudor no se encuentre en probabilidad de insolvencia, 
insolvencia inminente o actual.
4.º  Que el plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y 
asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
5.º  Que sus créditos no hayan sido tratados de forma paritaria con otros 
créditos de su clase.
6.º  Que la reducción del valor de sus créditos sea manifiestamente mayor al 
que resulta necesario para garantizar la viabilidad de la empresa. En caso de 
cesión de créditos, se presumirá que no concurre esta circunstancia cuando el 
acreedor impugnante haya adquirido el crédito con un descuento superior a la 
reducción del valor que este padece.
7.º Que el plan no supere la prueba del interés superior de los acreedores.
Se considerará que el plan no supera esta prueba cuando sus créditos se vean 
perjudicados por el plan de reestructuración en comparación con su situación en 
caso de liquidación concursal de los bienes del deudor, individualmente o como 
unidad productiva. A los efectos de comprobar la satisfacción de esta prueba, se 
comparará el valor de lo que reciban conforme al plan de reestructuración con el 
valor de lo que pueda razonablemente presumirse que hubiesen recibido en caso 
de liquidación concursal. Para calcular este último valor, se considerará que el 
pago de la cuota de liquidación tiene lugar a los dos años de la formalización del 
plan.
8.º  Que el deudor haya incumplido la obligación de encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123797
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 655.  Impugnación del auto de homologación del plan no aprobado por 
todas las clases de crédito.
1. El auto de homologación de un plan de reestructuración que no haya sido 
aprobado por todas las clases de créditos podrá ser impugnado por los motivos 
previstos en el artículo anterior por los acreedores que no hayan votado a favor del 
plan, con independencia de que pertenezcan o no a una clase que haya aprobado 
dicho plan.
2. El auto de homologación de un plan de reestructuración que no haya sido 
aprobado por todas las clases de créditos podrá ser impugnado por los titulares de 
créditos afectados que no hayan votado a favor del plan y pertenezcan a una clase 
que no lo haya aprobado también por los siguientes motivos:
1.º  Que no haya sido aprobado por la clase o clases necesarias de 
conformidad con lo previsto en la sección 1.ª de este capítulo.
2.º  Que una clase de créditos vaya a mantener o recibir, de conformidad con 
el plan, derechos, acciones o participaciones, con un valor superior al importe de 
sus créditos.
3.º  Que la clase a la que pertenezca el acreedor o los acreedores 
impugnantes vaya a recibir un trato menos favorable que cualquier otra clase del 
mismo rango.
4.º  Que la clase a la que pertenezca el acreedor o acreedores impugnantes 
vaya a mantener o recibir derechos, acciones o participaciones con un valor 
inferior al importe de sus créditos si una clase de rango inferior o los socios van a 
recibir cualquier pago o conservar cualquier derecho, acción o participación en el 
deudor en virtud del plan de reestructuración.
5.º  En caso de que el plan afecte al crédito público, que el deudor haya 
incumplido la obligación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. Por excepción a lo establecido en el ordinal 4.º del apartado anterior, se 
podrá confirmar la homologación del plan de reestructuración, aunque no se 
cumpla esa condición, cuando sea imprescindible para asegurar la viabilidad de la 
empresa y los créditos de los acreedores afectados no se vean perjudicados 
injustificadamente.
Artículo 656.  Impugnación del auto de homologación del plan no aprobado por 
los socios.
1. Cuando los socios de la sociedad deudora no hayan aprobado el plan de 
reestructuración, podrán impugnar el auto de homologación por cualquiera de los 
siguientes motivos:
1.º  Que el plan no cumpla los requisitos de contenido y de forma que se 
exigen en el capítulo IV de este título.
2.º  Que no haya sido aprobado de conformidad con lo previsto en el capítulo 
IV de este título.
3.º  Que el deudor no se encontrara en estado insolvencia actual o de 
insolvencia inminente.
4.º  Que el plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y 
asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
5.º  Que una clase de acreedores afectados vaya a recibir, como 
consecuencia del cumplimiento del plan, derechos, acciones o participaciones, con 
un valor superior al importe de sus créditos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123798
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. En el caso de que la aprobación del plan requiera acuerdo de los socios y 
estos no lo hayan aprobado, solo aquellos que hayan votado en contra tendrán 
legitimación para impugnarlo.
Artículo 657.  Impugnación de la resolución de contratos.
Cuando en el auto de homologación del plan de reestructuración se hubiera 
acordado la resolución de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento, la parte afectada podrá impugnar esa resolución por cualquiera de 
los siguientes motivos:
1.º  Que esa resolución del contrato no resulte necesaria para asegurar el 
buen fin de la reestructuración y prevenir el concurso.
2.º  Que no sea adecuada la indemnización prevista en el plan por la 
resolución anticipada del contrato.
Artículo 658.  Tramitación de la impugnación.
1. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por los trámites del 
incidente concursal. En todo caso, al escrito de impugnación se acompañará copia 
del auto de homologación.
2. La impugnación se interpondrá ante la Audiencia Provincial. Si la 
impugnación hubiera sido formulada dentro de plazo, el letrado de la 
Administración de Justicia acordará mediante decreto su admisión a trámite y lo 
comunicará al órgano jurisdiccional que hubiera dictado el auto impugnado a los 
efectos de que este remita las actuaciones a la Audiencia Provincial en el plazo de 
cinco días. En caso de que la impugnación fuera extemporánea, el letrado de la 
Administración de Justicia dará cuenta a la Sala, que declarará mediante auto la 
inadmisión de la impugnación. Contra este auto podrá interponerse recurso de 
queja, que se tramitará conforme a lo establecido en la legislación procesal civil.
3. De las impugnaciones presentadas se dará traslado al deudor y a los 
acreedores adheridos al plan de reestructuración, para que puedan oponerse a la 
impugnación en un plazo de quince días.
Artículo 659.  Sentencia.
1. La sentencia que resuelva la impugnación deberá ser dictada dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que hubiera finalizado la tramitación del 
incidente.
2. La sentencia que resuelva la impugnación tendrá la misma publicidad que 
el auto de homologación y sus efectos se producirán, sin posibilidad de 
suspensión o aplazamiento, el día siguiente al de su publicación en el Registro 
público concursal.
3. La sentencia que resuelva la impugnación no será susceptible de recurso 
alguno.
Artículo 660.  Efectos de la impugnación.
La impugnación del auto de homologación del plan de reestructuración 
carecerá de efectos suspensivos.
Artículo 661.  Efectos de la sentencia estimatoria de la impugnación.
1. La sentencia estimatoria de la impugnación declarará la no extensión de 
los efectos del plan únicamente frente a quien hubiera instado la impugnación, 
subsistiendo los efectos de la homologación frente a los demás acreedores y 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123799
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
socios. En este caso, si los efectos no se pueden revertir, el impugnante tendrá 
derecho a la indemnización de los daños y perjuicios por parte del deudor.
2. Como excepción a lo previsto en el apartado anterior, cuando la 
estimación de la impugnación se haya basado en la falta de concurrencia de las 
mayorías necesarias o en la formación defectuosa de las clases, la sentencia 
declarará la ineficacia del plan.
3. La sentencia no perjudicará los derechos adquiridos por terceros de buena 
fe de acuerdo con la legislación hipotecaria.
Sección 4.ª Contradicción previa a la homologación judicial del plan
Artículo 662.  Solicitud de homologación con fase de contradicción previa.
En la solicitud de homologación, el solicitante podrá requerir que, con carácter 
previo a la homologación del plan de reestructuración, las partes afectadas 
puedan oponerse a esta.
Artículo 663.  Especialidades.
La oposición de las partes afectadas se tramitará por los cauces del incidente 
concursal con las especialidades siguientes:
1.ª  La providencia que admita a trámite la solicitud de homologación se 
publicará en el Registro público concursal con indicación del lugar donde el plan 
queda a disposición de los acreedores afectados y, en su caso, de los socios, para 
que en un plazo de quince días desde su publicación registral puedan formular 
oposición.
2.ª  La legitimación y los motivos de la oposición se sujetarán a las normas 
previstas para la impugnación del plan en la sección 3.ª de este capítulo, 
incluyendo la falta de competencia internacional o territorial.
3.ª  Todas las oposiciones, incluidas las fundadas en la falta de competencia 
judicial, se tramitarán conjuntamente, y se dará traslado de todas ellas al 
solicitante de la homologación para que, en un plazo común de quince días 
conteste a la oposición.
4.ª  La sentencia que resuelva sobre el incidente se dictará en un plazo de un 
mes y no será susceptible de recurso.
Sección 5.ª Prohibición de nuevas solicitudes
Artículo 664.  Prohibición temporal de nuevas solicitudes.
Una vez homologado un plan de reestructuración, no podrá solicitarse otra 
solicitud de homologación respecto del mismo deudor hasta que transcurra un año 
a contar desde la fecha de solicitud de la homologación del plan anterior.
CAPÍTULO VI
De la protección en caso de concurso
Artículo 665.  Financiación interina.
Se considera financiación interina la concedida por quien no fuera acreedor o 
por acreedor preexistente si en el momento de la concesión fuera razonable y 
necesaria inmediatamente, bien para asegurar la continuidad total o parcial de la 
actividad empresarial o profesional del deudor durante las negociaciones con los 
acreedores hasta la homologación de ese plan, bien para preservar o mejorar el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123800
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
valor que tuvieran a la fecha de inicio de esas negociaciones el conjunto de la 
empresa o una o varias unidades productivas.
Artículo 666.  Nueva financiación.
A los efectos de esta ley se considerará nueva financiación la concedida por 
quien no fuera acreedor o por acreedor preexistente que, estando prevista en el 
plan de reestructuración, resulte necesaria para el cumplimiento de ese plan.
Artículo 667.  Protección frente a acciones rescisorias.
1. En caso de concurso posterior, si los créditos afectados por un plan de 
reestructuración anterior que hubiera sido homologado representasen al menos el 
cincuenta y uno por ciento del pasivo total, no serán rescindibles, salvo prueba de 
que se realizaron en fraude de acreedores:
1.º  Los actos u operaciones razonables y necesarios inmediatamente para el 
éxito de la negociación con los acreedores, siempre que se hubieran identificado 
expresamente como tales en el propio plan.
2.º  La financiación interina y la nueva financiación, incluida la concedida por 
personas especialmente relacionadas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo siguiente.
3.º  Los actos, operaciones o negocios que sean razonables e 
inmediatamente necesarios para la ejecución del plan.
2. Las operaciones mencionadas en el ordinal 1.º del apartado anterior 
incluirán como mínimo las siguientes:
1.º  El pago de tasas y costes en relación con la negociación, la adopción o la 
confirmación de un plan de reestructuración;
2.º  El pago de honorarios y costes de asesoramiento profesional en estrecha 
relación con la reestructuración;
3.º El pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados;
4.º  Cualquier otro pago y desembolso efectuados en el curso ordinario de la 
actividad empresarial o profesional del deudor.
3. En caso de concurso posterior, si los créditos afectados por un plan de 
reestructuración anterior que hubiera sido homologado representasen una 
proporción inferior a la prevista en el apartado 1, la financiación interina, la nueva 
financiación y los actos, operaciones o negocios mencionados en ese apartado 
serán rescindibles conforme a lo establecido en el libro primero de esta ley, sin que 
sean de aplicación las presunciones relativas de perjuicio para la masa activa.
Artículo 668.  Financiación de personas especialmente relacionadas con el 
deudor.
1. En caso de concurso posterior, cuando la financiación interina o la nueva 
financiación hubieran sido concedidas por personas especialmente relacionadas 
con el deudor, solo gozarán de la protección prevista en el apartado 1 del artículo 
anterior si los créditos afectados, excluidos los créditos de que fueran titulares 
esas personas, representen más del sesenta por ciento del pasivo total.
2. Si no concurriese esa mayoría, la financiación interina o la nueva 
financiación otorgadas por personas especialmente relacionadas con el deudor 
quedarán sometidas a las normas sobre acciones concursales de rescisión 
contenidas en el libro primero de esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123801
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 669.  Control judicial.
En el trámite de homologación, el juez verificará que concurren los requisitos y 
las mayorías previstas en los artículos anteriores y que la nueva financiación no 
perjudica injustamente los intereses de los acreedores.
Artículo 670.  Motivos de impugnación u oposición de efecto limitado.
1. Además de los motivos establecidos en el capítulo anterior, cualquier 
acreedor afectado que no hubiera votado a favor del plan de reestructuración 
podrá impugnar u oponerse a la homologación del plan por cualquiera de los 
siguientes:
1.º  Que no concurren las mayorías necesarias para proteger la financiación 
interina o la nueva financiación.
2.º  Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones previstos para la ejecución del plan no cumplen los requisitos legales.
3.º  Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones previstos para la ejecución del plan perjudican injustamente los 
intereses de los acreedores.
2. Cualquier acreedor no afectado por el plan de reestructuración podrá 
impugnar u oponerse a la homologación por los motivos a que se refiere el 
apartado anterior y, además, por el motivo de que el plan no resulte necesario para 
evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
3. En los casos a que se refieren los dos apartados anteriores, la estimación 
de la impugnación o de la oposición tendrá como único efecto que, en caso de 
concurso de acreedores, la financiación interina, la nueva financiación y los actos, 
operaciones o negocios realizados en ejecución del plan quedarán sometidos a las 
normas sobre acciones concursales de rescisión contenidas en el libro primero y 
los créditos correspondientes serán clasificados conforme a lo establecido en ese 
libro.
CAPÍTULO VII
Del incumplimiento de los planes de reestructuración
Artículo 671.  Incumplimiento del plan de reestructuración.
1. Una vez homologado, no se podrá pedir la resolución del plan de 
reestructuración por incumplimiento, ni la desaparición de los efectos extintivos o 
novatorios de los créditos afectados, salvo que el propio plan previese otra cosa.
No obstante, los acreedores de derecho público afectados por el plan de 
reestructuración podrán, en todo caso, instar la resolución de dicho plan en cuanto 
a los créditos de derecho público, en caso de incumplimiento. El plan de 
reestructuración se entenderá incumplido tanto por el impago de cualquiera de los 
plazos de amortización de la deuda por créditos de derecho público en las 
condiciones previstas en el artículo 616 bis, como por la generación de deuda por 
cuota corriente tributaria y de seguridad social durante la vigencia del mismo.
2. Si el incumplimiento del plan tuviera como causa la insolvencia, cualquier 
persona legitimada podrá solicitar la declaración de concurso.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123802
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
TÍTULO IV
Del experto en la reestructuración
CAPÍTULO I
Del nombramiento del experto
Artículo 672.  Nombramiento obligatorio de experto.
1. El nombramiento de experto en la reestructuración solo procederá en los 
siguientes casos:
1.º Cuando lo solicite el deudor.
2.º  Cuando lo soliciten acreedores que representen más del cincuenta por 
ciento del pasivo que, en el momento de la solicitud, pudiera quedar afectado por 
el plan de reestructuración. En la solicitud, los acreedores, o algunos de ellos, 
deberán asumir expresamente la obligación de satisfacer la retribución del 
experto. La asunción de la obligación de pago quedará sin efecto si en el plan de 
reestructuración homologado por el juez se previera expresamente que la 
retribución del experto fuera a cargo del deudor.
3.º  Cuando, solicitada por el deudor la suspensión general de ejecuciones 
singulares o la prórroga de esa suspensión, el juez considerase, y así lo razonara, 
que el nombramiento es necesario para salvaguardar el interés de los posibles 
afectados por la suspensión.
4.º  Cuando el deudor o cualquier legitimado solicite la homologación judicial 
de un plan de reestructuración cuyos efectos se extiendan a una clase de 
acreedores o a los socios que no hubieran votado a favor del plan.
2. A la solicitud de nombramiento de experto deberá acompañarse:
1.º  Un escrito razonando que el experto reúne las condiciones establecidas 
en esta ley para el ejercicio del cargo.
2.º  La aceptación de su nombramiento por el experto para el caso de ser 
designado, así como la aceptación del importe y los plazos de devengo de la 
retribución que se hubiese pactado.
3.º  Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente que tuviera vigente para responder de posibles daños que el experto 
pudiera causar en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
3. El nombramiento del experto se realizará por el juez mediante auto, que 
dictará a la mayor brevedad posible y, en todo caso, dentro del plazo de dos días a 
contar desde la solicitud. La designación del experto y su identidad se harán 
constar en el Registro público concursal.
4. En el caso de comunicación conjunta o de planes conjuntos de 
reestructuración, se podrá designar el mismo experto para todos los deudores 
afectados.
Artículo 673.  Supuesto especial de nombramiento de experto.
1. Si no hubiera sido nombrado experto en la reestructuración, los 
acreedores que representen, al menos, el treinta y cinco por ciento del pasivo que, 
en el momento de la solicitud, pudiera quedar afectado por el plan de 
reestructuración, podrán solicitar al juez el nombramiento de uno determinado, 
razonando en la solicitud las circunstancias concurrentes en el caso para que sea 
necesario ese nombramiento.
2. En la solicitud, que deberá acompañarse de los documentos referidos en 
el artículo anterior, los acreedores solicitantes o algunos de ellos deberán asumir 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123803
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
expresamente la obligación de satisfacer la retribución del experto. La asunción de 
la obligación de pago quedará sin efecto si en el plan de reestructuración 
homologado por el juez se previera expresamente que la retribución del experto 
fuera a cargo del deudor.
3. El juez dará traslado al deudor de la solicitud de los acreedores por plazo 
de dos días, quien podrá oponerse al nombramiento razonando que no es 
necesario o que no reúne las condiciones para el ejercicio del cargo. Igualmente, 
podrán solicitar el nombramiento de un experto distinto, en cuyo caso deberá 
asumir expresamente la obligación de satisfacer la retribución del que proponga.
4. El juez, mediante auto, determinará si, atendiendo a las circunstancias del 
caso, procede o no el nombramiento solicitado y, en caso afirmativo, procederá al 
nombramiento del experto propuesto por los acreedores.
Artículo 674.  Condiciones subjetivas.
El nombramiento de experto deberá recaer en la persona natural o jurídica, 
española o extranjera, que tenga los conocimientos especializados, jurídicos, 
financieros y empresariales, así como experiencia en materia de 
reestructuraciones o que acredite cumplir los requisitos para ser administrador 
concursal conforme a esta ley. Cuando la reestructuración que se pretende 
conseguir tuviera particularidades, bien por el sector en el que opera el deudor, 
bien por las dimensiones o la complejidad del activo o del pasivo, bien por la 
existencia de elementos transfronterizos, estas particularidades deberán ser 
tenidas en cuenta para el nombramiento del experto.
Artículo 675.  Incompatibilidades y prohibiciones.
No podrán ser propuestos ni nombrados expertos en la reestructuración y, en 
caso de ser nombrados, no podrán aceptar las siguientes personas:
1.º  Quienes hayan prestado servicios profesionales relacionados con la 
reestructuración al deudor o a personas especialmente relacionadas con esta en 
los últimos dos años, salvo que se prestaran como consecuencia de haber sido 
nombrado experto en una reestructuración previa.
2.º  Quienes se encuentren en alguna de las situaciones de incompatibilidad 
previstas en la legislación en materia de auditoría de cuentas en relación con el 
deudor o las personas especialmente relacionadas con este.
Artículo 676.  Nombramiento del experto por el juez.
1. El nombramiento de experto deberá ser realizado por el juez y recaerá en 
la persona que, reuniendo las condiciones establecidas en esta ley, hubieran 
propuesto el deudor o los acreedores que hubieran formulado la solicitud.
2. Si el juez considerase, y así lo razonara, que el propuesto no reúne las 
condiciones establecidas en esta ley para el ejercicio de las funciones propias del 
cargo, solicitará a quien lo hubiera propuesto que, en el plazo de dos días, 
presente terna de posibles expertos de entre los que efectuará el nombramiento, 
siempre que reúnan esas condiciones.
3. En los casos en los que el nombramiento recaiga en alguno de los que 
figuren en la terna, el nombramiento del experto será comunicado por el juzgado al 
designado por el medio más rápido. Dentro de los dos días siguientes a la 
recepción de la comunicación, el experto deberá comparecer ante el juzgado para 
aceptar o rechazar el cargo, con copia del documento en el que conste la 
retribución pactada y de la póliza de seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente que tuviere vigente para responder de posibles daños que pudiera 
causar en el ejercicio de las funciones propias del cargo. La aceptación es 
voluntaria. Si el nombrado no aceptara o no compareciera, el juez procederá de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123804
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
inmediato a nuevo nombramiento, sin que esta circunstancia tenga consecuencia 
alguna para el experto inicialmente designado.
Artículo 677.  Impugnación del nombramiento.
1. El nombramiento como experto de quien no reúna las condiciones 
establecidas en esta ley, incurra en alguna incompatibilidad o prohibición, o de 
quien no tenga cobertura o garantía adecuada podrá ser impugnado en cualquier 
momento por quien acredite interés legítimo.
2. La impugnación se tramitará por los cauces del incidente concursal.
Artículo 678.  Sustitución del experto.
1. Los acreedores que representen más del cincuenta por ciento del pasivo 
que, en el momento de la solicitud, pudiera quedar afectado por el plan de 
reestructuración podrán pedir al juez la sustitución del experto nombrado a 
solicitud del deudor o, en su caso, de una minoría de acreedores.
2. La solicitud deberá acompañarse de los documentos exigidos en este 
título y del compromiso expreso de los acreedores, o de algunos de ellos, de 
satisfacer la retribución del experto. La asunción de la obligación de pago quedará 
sin efecto si, en el plan de reestructuración homologado por el juez, se previera 
expresamente que la retribución del experto sustituto fuera a cargo del deudor.
3. El juez acordará la sustitución mediante auto, que podrá impugnarse por 
los motivos y por el cauce previsto en el artículo anterior.
CAPÍTULO II
Del estatuto del experto
Artículo 679.  Funciones del experto.
El experto asistirá al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la 
elaboración del plan de reestructuración, y elaborará y presentará al juez los 
informes exigidos por esta ley y aquellos otros que el juez considere necesarios o 
convenientes.
Artículo 680.  Deberes de diligencia, independencia e imparcialidad.
El experto ejercerá las funciones propias del cargo con la diligencia propia de 
un profesional especializado en reestructuraciones y con independencia e 
imparcialidad tanto respecto del deudor como de los acreedores.
Artículo 681.  Responsabilidad civil del experto.
1. El experto responderá por los daños y perjuicios causados al deudor o a 
los acreedores por infracción de los deberes de diligencia, independencia e 
imparcialidad.
2. El experto deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil o 
garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto por 
cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se obligue dentro de los límites 
pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del propio experto asegurado 
de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio 
de su función. Cuando el experto sea una persona jurídica recaerá sobre esta la 
exigencia de suscripción del seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente.
3. La acción de responsabilidad se tramitará por los cauces del incidente 
concursal.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123805
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
TÍTULO V
Régimen especial
Artículo 682.  Ámbito de aplicación.
1. Las reglas especiales establecidas en este título serán de aplicación a las 
personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o 
profesional, siempre que, de acuerdo con el balance del ejercicio anterior al que se 
haga la comunicación o se presente la solicitud de homologación, reúnan las 
circunstancias siguientes:
1.ª  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
anterior no sea superior a cuarenta y nueve personas.
2.ª  Que el volumen de negocios anual o balance general anual no supere los 
diez millones de euros.
2. No serán aplicables las especialidades previstas en este título cuando la 
sociedad pertenezca a un grupo obligado a consolidar.
3. Tampoco serán aplicables cuando el deudor tenga la condición de 
microempresa y deba quedar sujeto al procedimiento especial del libro tercero.
Artículo 683.  Especialidades en materia de comunicación.
1. En la comunicación de la existencia de negociaciones con sus acreedores, 
o la intención de iniciarlas de inmediato, para alcanzar un plan de reestructuración, 
deberá especificar el deudor que concurren las circunstancias a que se refiere el 
artículo anterior. Si se acreditara que. a pesar de concurrir, no se hubiera 
especificado en la comunicación, quedará esta sin efecto y la persona natural o 
jurídica que la hubiera realizado no podrá efectuar otra nueva hasta que transcurra 
un año de la anterior.
2. Efectuada la comunicación, la tramitación de solicitud de declaración de 
concurso presentada por el deudor no se podrá suspender a instancia de los 
acreedores, ni del experto en la reestructuración.
3. Los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones a solicitud 
del deudor solo podrán prorrogarse por una sola vez. El deudor será el único 
legitimado para solicitar la prórroga de los efectos de la comunicación de apertura 
de negociaciones.
Artículo 684.  Especialidades en materia de plan de reestructuración.
1. El plan de reestructuración se podrá presentar en el modelo oficial, que 
estará disponible por medios electrónicos en la sede judicial electrónica, en las 
notarías u oficinas del registro mercantil y estará adaptado a las necesidades de 
las pequeñas empresas y se facilitará, además de en castellano, en las demás 
lenguas oficiales del Estado para, en su caso, su uso en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Incluirá directrices 
prácticas sobre la manera de redactar el plan de reestructuración de conformidad 
con la normativa. El instrumento público que se formalice tendrá la consideración 
de documento sin cuantía a los efectos de determinación de los honorarios del 
notario que lo autorice. Los folios de la matriz y de las primeras copias que se 
expidan no devengarán cantidad alguna.
2. La homologación del plan de reestructuración solo podrá solicitarse si el 
deudor y, en su caso, los socios de la sociedad deudora lo hubieran aprobado.
3. La confirmación facultativa de las clases de acreedores solo podrá ser 
solicitada por el deudor.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123806
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
4. Aunque no haya sido aprobado por todas las clases de acreedores, el plan 
de reestructuración podrá ser homologado si la clase o clases de acreedores que 
no lo hayan aprobado reciben un trato más favorable que cualquier otra clase de 
rango inferior».
Ciento cincuenta y tres.  El libro tercero pasa a ser libro cuarto y se incorpora un 
nuevo libro tercero, integrado por los artículos 685 a 720, con la rúbrica y contenido que 
a continuación se indican:
«LIBRO TERCERO
Procedimiento especial para microempresas
TÍTULO I
Reglas comunes
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 685.  Ámbito del procedimiento especial.
1. El procedimiento especial para microempresas será aplicable a los 
deudores que sean personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad 
empresarial o profesional y que reúnan las siguientes características:
1.ª  Haber empleado durante el año anterior a la solicitud una media de 
menos de diez trabajadores. Este requisito se entenderá cumplido cuando el 
número de horas de trabajo realizadas por el conjunto de la plantilla sea igual o 
inferior al que habría correspondido a menos de diez trabajadores a tiempo 
completo.
2.ª  Tener un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un 
pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros según las últimas cuentas 
cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
2. Si la entidad formase parte de un grupo, los criterios fijados en el apartado 
anterior se computarán en base consolidada.
3. El procedimiento especial afectará a la totalidad de los bienes y derechos 
integrados en el patrimonio del deudor en la fecha de apertura del procedimiento 
especial y los que se reintegren en el mismo o adquiera durante el procedimiento, 
con excepción, en su caso, de los bienes y derechos legalmente inembargables. 
Si el deudor estuviera casado, serán de aplicación los artículos relativos al 
régimen económico matrimonial del capítulo I del título IV del libro primero.
4. El procedimiento afectará a todos los acreedores del deudor, con 
independencia del origen y naturaleza de la deuda.
5. El procedimiento especial para microempresas podrá tramitarse como 
procedimiento de continuación o como procedimiento de liquidación con o sin 
transmisión de la empresa en funcionamiento.
Artículo 686.  Presupuesto objetivo del procedimiento especial.
1. El procedimiento especial será aplicable a aquellas microempresas que se 
encuentren en probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o 
en insolvencia actual.
2. El deudor tendrá el deber legal de solicitar la apertura del procedimiento 
especial dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123807
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
debido conocer el estado de insolvencia actual. Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que el deudor ha conocido que se encuentra en estado de insolvencia 
actual cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que pueden servir de 
fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado.
3. El procedimiento especial de liquidación sin transmisión de la empresa en 
funcionamiento regulado en este libro requerirá la existencia de insolvencia actual 
o inminente, si lo solicita el deudor, o actual, si lo solicitan legitimados distintos del 
deudor.
4. Si al menos el ochenta y cinco por ciento de los créditos correspondiesen 
a acreedores públicos, el procedimiento especial solo podrá tramitarse como 
procedimiento de liquidación.
Artículo 687.  Forma de celebración y notificación de los actos procesales.
1. Las comparecencias, declaraciones, vistas y, en general, todos los actos 
procesales del procedimiento especial se realizarán mediante presencia 
telemática.
2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos con la 
cumplimentación de los formularios normalizados que en su caso exija la ley.
3. Como regla general, y salvo que se establezca expresamente lo contrario 
en este libro, el juez podrá dictar resolución al finalizar la vista de manera oral.
Tratándose de resoluciones distintas de sentencia, se documentarán con 
expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.
Tratándose de sentencias, el juez al pronunciarlas oralmente hará expresión 
de las pretensiones de las partes, las pruebas propuestas y practicadas y, en su 
caso, de los hechos probados a resultas de las mismas, haciendo constar las 
razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión 
concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El fallo se ajustará a las 
previsiones de la regla 4.ª del artículo 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
La sentencia se documentará en un soporte audiovisual apto para la grabación 
y reproducción de la imagen y del sonido, sin perjuicio de la ulterior redacción por 
el juez del encabezamiento, la mera referencia a la motivación pronunciada 
oralmente dándose por reproducida y el fallo íntegro. Cuando la sentencia pueda 
ser recurrida, se dará traslado a las partes personadas de copia de la grabación 
original, en la notificación de la resolución, junto con el testimonio del texto 
redactado sucintamente, o bien se les dará acceso electrónico a la grabación 
original.
4. Contra los autos y sentencias dictadas en el procedimiento especial no 
cabrá recurso alguno, salvo que se establezca lo contrario en este libro tercero. 
Contra los decretos del letrado de la Administración de Justicia podrá interponerse 
recurso directo de revisión.
5. En aquellos casos en los que se permita recurso, el plazo para recurrir 
comenzará a contar desde que se notificase a la parte la resolución dictada 
mediante el traslado de copia de la grabación original o el acceso electrónico a la 
misma, junto con el testimonio del texto redactado referido en el apartado 3. El 
recurso no tendrá efectos suspensivos, sin perjuicio de la facultad del juez de 
acordar la suspensión de actuaciones que puedan ser afectadas por su resolución 
conforme a lo previsto en la legislación procesal civil.
6. La participación del deudor en el procedimiento especial requerirá 
asistencia letrada y representación procesal mediante procurador.
7. Los datos correspondientes a los formularios normalizados del libro tercero 
destinados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social se deben trasladar de forma síncrona a través de 
servicios de interconexión e intercambio de datos desde la Administración de 
Justicia a la sede electrónica de dichos organismos.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123808
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 688.  Presentación de información o documentación gravemente inexacta 
o falsa.
1. El procedimiento especial se calificará como culpable, en todo caso, 
cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los 
formularios normalizados remitidos o en los documentos acompañados a los 
mismos presentados durante la tramitación del procedimiento especial, o hubiera 
acompañado o presentado documentos falsos.
2. Si el juez, las partes o, en su caso, la administración concursal, apreciaran 
la posible existencia de un hecho que ofrezca apariencia de delito no perseguible 
únicamente a instancia de persona agraviada, se acordará poner a disposición del 
Ministerio Fiscal el expediente judicial electrónico, por si hubiere lugar al ejercicio 
de la acción penal.
Se entenderá que se incurre en inexactitud grave cuando el importe total de un 
ejercicio, del pasivo o el del activo o el de los ingresos o el de los gastos fuese 
realmente superior o inferior al veinte por ciento del consignado en el formulario, 
siempre que suponga un importe de al menos 10.000 euros.
Artículo 689.  Regulación supletoria.
1. Se aplicará supletoriamente al procedimiento especial para 
microempresas lo establecido en los libros primero y segundo, con las 
adaptaciones que resulten precisas para acomodar los principios que presiden 
este procedimiento especial y las reglas que integran este libro tercero.
2. A efectos del nombramiento del administrador concursal, los 
procedimientos especiales para microempresas se integrarán en la clase de 
concursos que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el libro primero, 
efectuándose el nombramiento, en defecto de acuerdo entre los acreedores o el 
deudor, conforme a lo dispuesto para dicha clase. La retribución del administrador 
concursal también se regirá por lo dispuesto en el libro primero.
CAPÍTULO II
Negociación y apertura del procedimiento especial
Artículo 690.  Comunicación de la apertura de negociaciones para 
microempresas.
1. Cualquier microempresa podrá comunicar al juzgado competente para la 
declaración de concurso la apertura de negociaciones con los acreedores con la 
finalidad de acordar un plan de continuación o una liquidación con transmisión de 
empresa en funcionamiento en el marco de un procedimiento especial, siempre 
que se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o 
insolvencia actual.
2. La comunicación será por medios electrónicos mediante formulario 
normalizado.
3. Será de aplicación el régimen jurídico regulado en el libro segundo, título 
II, capítulos I y II, con las siguientes especialidades:
1.ª  Las referencias al concurso de acreedores se entenderán hechas al 
procedimiento especial de este libro tercero.
2.ª  No será preceptivo el nombramiento de experto en el periodo de 
negociaciones abierto a solicitud del deudor.
3.ª  Los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones no podrán 
prorrogarse.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123809
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
4. La suspensión de ejecuciones no podrá afectar en ningún caso a los 
acreedores públicos.
Si la ejecución recayera sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, una vez iniciado 
el procedimiento de ejecución, se podrá suspender exclusivamente en la fase de 
realización o enajenación por el juez que esté conociendo del mismo. Cuando la 
ejecución sea extrajudicial, la suspensión la podrá ordenar el juez ante el que se 
haya presentado la comunicación, exclusivamente en la fase de realización o 
enajenación. En ambos casos, la suspensión, en su caso, acordada, decaerá 
perdiendo toda su eficacia una vez transcurridos tres meses desde el día de la 
comunicación, quedando sin efectos la suspensión, sin que sea preciso dictar 
resolución judicial alguna o, en su caso, acto alguno por el letrado de la 
Administración de Justicia.
5. Durante el periodo de negociaciones y hasta que transcurran tres meses 
desde la fecha de la comunicación no se admitirán a trámite las solicitudes de 
procedimiento especial presentadas por otros legitimados distintos del deudor. Las 
presentadas antes de la comunicación que no hubieran sido admitidas a trámite 
quedarán en suspenso.
6. Las solicitudes suspendidas y las que se presenten una vez transcurridos 
los tres meses del periodo de negociaciones se proveerán dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la expiración del plazo sin que el deudor hubiera solicitado la 
apertura del procedimiento especial.
7. Transcurridos los tres meses del periodo de negociaciones, el deudor que 
se encuentre en situación de insolvencia actual deberá solicitar la apertura del 
procedimiento especial dentro de los cinco días hábiles siguientes.
8. Mientras estén en vigor los efectos de la comunicación, quedará en 
suspenso el deber legal de acordar la disolución por existir pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.
Artículo 691.  Solicitud de apertura del procedimiento especial por el deudor.
1. El deudor, que deberá comparecer asistido por abogado, cuando se 
encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia 
actual, podrá solicitar la apertura del procedimiento especial mediante la 
presentación del formulario normalizado.
2. El formulario normalizado se presentará y tramitará electrónicamente bien 
a través de la sede judicial electrónica, bien en las notarías u oficinas del registro 
mercantil o cámaras de comercio que hayan asumido tales funciones. En aquellos 
casos en los que el deudor no disponga de los medios tecnológicos necesarios 
para acceder a la sede judicial electrónica, las notarías, las oficinas del registro 
mercantil o las cámaras de comercio que hayan asumido tal función podrán 
prestar el servicio que resulte necesario, el cual tendrá carácter gratuito, a los 
efectos de facilitar la presentación electrónica del formulario.
Las personas especialmente habilitadas deberán comprobar la identidad del 
solicitante y, en su caso, la representación que ostenten.
3. Para su válida tramitación, el formulario normalizado que presente el 
deudor deberá estar íntegramente cumplimentado, e incluirá, en todo caso, los 
siguientes extremos:
1.º  Identificación del deudor, incluida la localización de su domicilio, de su 
centro principal de intereses y de cualquier otro establecimiento.
2.º  Breve memoria explicativa que justifique la solicitud, que incluya una 
descripción de la situación económica, de la situación de los trabajadores, y una 
descripción de las causas y del alcance de las dificultades financieras, incluyendo 
el tipo de insolvencia en que el deudor alega encontrarse.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123810
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3.º  Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad 
del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio.
4.º  Elección del procedimiento de continuación o del procedimiento de 
liquidación, y, en este último supuesto, si se prevé la transmisión de la empresa en 
funcionamiento.
5.º  Elección de alguno de los módulos regulados en el capítulo IV del título II 
o en el capítulo II del título III de este libro tercero.
6.º  El activo, con valoración de cada partida, y el pasivo, con identificación 
individualizada de cada acreedor, de la cuantía de cada crédito, de su naturaleza 
concursal y de si está o no vencido, incluyéndose de manera separada los créditos 
litigiosos.
7.º Enumeración y detalles de los contratos pendientes de ejecución.
8.º  Enumeración de posibles contingencias susceptibles de afectar al valor 
de la empresa.
9.º  Si el deudor fuera empleador, el número de trabajadores con expresión 
del centro de trabajo al que estuvieran afectados, y la identidad de los integrantes 
del órgano de representación de los mismos si los hubiera, con expresión de la 
dirección electrónica de cada uno de ellos.
4. En caso de deudor persona jurídica, la competencia para solicitar la 
apertura del procedimiento especial corresponderá al órgano de administración.
5. El deudor deberá solicitar la apertura de este procedimiento especial en el 
plazo de un mes, una vez transcurridos los tres meses de incumplimiento en el 
pago a que se refiere el artículo 2.4.5.º. Esta solicitud se realizará por formulario 
normalizado y se presentará y tramitará electrónicamente bien a través de la sede 
judicial electrónica, bien en las notarías u oficinas del registro mercantil.
De no solicitarse el procedimiento en el plazo anterior, las quitas y esperas que 
resulten de la aprobación del plan de continuación no afectarán a los créditos 
tributarios y de seguridad social.
Artículo 691 bis.  Comunicación del plan de continuación a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
1. El deudor comunicará en el plazo de setenta y dos horas a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
la presentación de solicitud de apertura de procedimiento especial de continuación 
sobre el que conste su condición de acreedora.
2. La comunicación se efectuará a través del medio habilitado al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y, en todo caso, se acompañará de un documento de 
reconocimiento de deuda actualizado a la fecha.
3. El incumplimiento de la obligación de comunicación por el deudor a la 
Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en el plazo y el medio establecido, excluirá a los créditos de seguridad 
social y de la Agencia Tributaria de las quitas y esperas que resulten de la 
aprobación del plan de continuación.
Artículo 691 ter.  Solicitud de apertura de un procedimiento especial por 
acreedores u otros legitimados.
1. Los acreedores o los socios personalmente responsables de las deudas 
del deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual podrán solicitar la 
apertura del procedimiento especial mediante la presentación del formulario 
normalizado en los términos establecidos en el artículo 691.
2. Para su válida tramitación, el formulario normalizado que presente el 
acreedor o el socio personalmente responsable de las deudas del deudor deberá 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123811
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
estar íntegramente cumplimentado, incluyendo, en todo caso, los siguientes 
extremos:
1.º  Identificación completa del solicitante y del deudor cuyo procedimiento 
especial se solicita, debiendo incluirse preceptivamente una dirección de correo 
electrónico a efectos de la práctica de comunicaciones durante la tramitación del 
procedimiento.
2.º  Breve memoria explicativa que justifique la solicitud, que incluya, en su 
caso, una descripción del crédito que ostente frente al deudor, y una justificación 
explicativa de la situación de insolvencia actual con alegación del hecho o hechos 
externos reveladores de acuerdo con el libro primero.
3.º  Elección de un procedimiento de continuación o de un procedimiento de 
liquidación.
4.º  Elección de alguno de los módulos regulados en el capítulo IV del título II 
o en el capítulo II del título III de este libro tercero.
3. El solicitante deberá entregar por medios electrónicos los documentos 
justificativos necesarios. Deberá asimismo estar en disposición de entregar las 
copias autenticadas u originales de los documentos, en caso de ser requerido al 
efecto, en los cinco días hábiles siguientes al requerimiento.
Artículo 691 quater.  Tramitación de la solicitud.
1. Será juez competente en el procedimiento especial el que correspondería 
en caso de concurso de acreedores. El juez tendrá igualmente competencia para 
conocer de cualquier incidente que se suscite en el procedimiento especial.
2. La solicitud será repartida y remitida a la oficina judicial que corresponda el 
mismo día de la presentación o el siguiente día hábil.
3. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al del reparto, 
el letrado de la Administración de Justicia examinará la solicitud y comprobará el 
cumplimiento de todos los requisitos legales. Cuando estime que la solicitud es 
completa, la tendrá por efectuada por decreto con efectos desde la fecha de 
presentación.
4. Cuando la solicitud adoleciera de algún defecto, el letrado de la 
Administración de Justicia concederá al solicitante un plazo de tres días para su 
subsanación. Si el solicitante no procede a la subsanación requerida, el letrado de 
la Administración de Justicia dará cuenta al juez para que resuelva sobre la 
admisión. En caso contrario, una vez subsanado el defecto, el letrado de la 
Administración de Justicia tendrá la solicitud por efectuada de acuerdo con el 
apartado anterior.
Artículo 691 quinquies.  Especialidad en caso de solicitud por un acreedor.
1. Si la solicitud ha sido presentada por un acreedor, o por el socio 
personalmente responsable de las deudas de la microempresa, el letrado de la 
Administración de Justicia notificará la solicitud al deudor en los términos de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para que el deudor, en el plazo 
de cinco días hábiles desde la notificación, realice una de las siguientes 
actuaciones:
1.º  Acepte la solicitud y presente el formulario normalizado de apertura del 
procedimiento especial, acompañando la documentación necesaria. La falta de 
actuación por el deudor debidamente notificado se entenderá como aceptación de 
la solicitud.
2.º  Cuando la solicitud del acreedor o del socio personalmente responsable 
sea de apertura del procedimiento especial de continuación, rechace tal 
posibilidad y solicite la apertura del procedimiento especial de liquidación. Esta 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123812
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
solicitud del deudor abrirá de manera automática el procedimiento especial de 
liquidación siempre que haya sido debidamente presentada y concurran los 
requisitos legales.
3.º  Cuando la solicitud del acreedor o del socio personalmente responsable 
sea de apertura de un procedimiento especial de liquidación, rechace tal 
posibilidad y solicite la apertura del procedimiento especial de continuación. Esta 
solicitud del deudor abrirá de manera automática el procedimiento especial de 
continuación siempre que haya sido debidamente presentada y concurran los 
requisitos legales.
4.º  En caso de no encontrarse en situación de insolvencia actual, se oponga 
a la apertura del procedimiento especial presentando el formulario normalizado, y 
alegando y probando la solvencia actual. En este supuesto, el deudor podrá 
solicitar una ampliación de plazo por otros cinco días hábiles.
La oposición del deudor podrá fundarse en la falta de legitimación del 
solicitante, la inexistencia del hecho externo revelador del estado de insolvencia 
en que se fundamente la solicitud o que no se encontraba o ya no se encuentra en 
estado de insolvencia actual. No podrá formular oposición el deudor por esta 
causa si la solicitud presentada por el acreedor se fundara en la existencia de un 
título por el cual se hubiera despachado ejecución o apremio sin que del embargo 
hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago; o en la 
existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera 
general al patrimonio del deudor; o en la falta de pago de obligaciones tributarias 
exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del 
procedimiento especial de liquidación, de pago de cuotas de la seguridad social y 
demás conceptos de reclamación conjunta durante el mismo periodo o de pago de 
salarios e indemnizaciones derivadas de las relaciones de trabajo 
correspondientes a las tres últimas mensualidades.
2. En el plazo de tres días hábiles, el letrado de la Administración de Justicia 
examinará la solicitud del deudor y, una vez comprobado que dicha solicitud o, en 
su caso, la oposición, se han presentado en tiempo y forma, las tendrá por 
presentadas. Si la solicitud o la oposición no cumplen con los requisitos formales, 
el letrado de la Administración de Justicia lo notificará al solicitante, que tendrá un 
plazo de tres días hábiles para modificar la solicitud. En caso de oposición, el juez 
podrá convocar al deudor y al acreedor que ha instado el procedimiento a una 
vista, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes, y resolverá al final de la 
misma o dentro del plazo máximo de tres días hábiles. Si no considera necesaria 
la celebración de la vista, la resolución deberá dictarse dentro de los diez días 
siguientes a la presentación de la solicitud.
Artículo 692.  Resolución de apertura del procedimiento especial.
1. La apertura del procedimiento especial se realizará mediante auto dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la admisión a trámite de la solicitud, o, en caso 
de oposición del deudor, en el auto que la resuelva en los términos previstos en el 
artículo anterior. El auto de apertura incluirá la identificación del deudor, el tipo de 
procedimiento especial, y, en su caso, mención de los distintos módulos 
seleccionados por el solicitante, de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV del 
título II o en el capítulo II del título III de este libro. Además, deberá especificar si, 
conforme a la documentación e información facilitada en el formulario, el 
procedimiento especial se declara sobre la base de probabilidad de insolvencia, 
insolvencia inminente o insolvencia actual.
2. En el auto, el juez indicará el fundamento de su competencia judicial 
internacional, indicando si es un procedimiento principal o territorial.
3. El deudor o cualquier acreedor podrá impugnar la resolución de apertura 
por falta de competencia judicial internacional o territorial mediante declinatoria en 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123813
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
el plazo de diez días a contar desde la publicación en el Registro público concursal 
de la resolución de apertura del procedimiento especial.
4. El letrado de la Administración de Justicia notificará el auto al deudor y, en 
su caso, al acreedor solicitante, y lo remitirá al Registro público concursal.
Artículo 692 bis.  Notificación a las partes y publicidad registral.
1. El deudor dirigirá comunicación electrónica de apertura del procedimiento 
especial a los acreedores incluidos en su solicitud de cuya dirección electrónica 
tenga constancia, permitiéndoles el acceso a toda la documentación presentada 
en el juzgado. En caso de que el deudor sea persona casada, la comunicación se 
hará también al cónyuge.
Cuando el procedimiento especial hubiese sido declarado a solicitud de un 
acreedor o de un socio personalmente responsable, el deudor dirigirá a los 
acreedores la comunicación a que se refiere este apartado.
2. Cada comunicación se dirigirá simultáneamente al letrado de la 
Administración de Justicia.
3. La apertura del procedimiento especial será publicada en el Registro 
público concursal. En caso de apertura a solicitud de los acreedores, la 
publicación en el Registro público concursal surtirá los efectos de notificación 
respecto del deudor y demás acreedores de cuya dirección electrónica no se 
tenga constancia.
4. La apertura del procedimiento especial será inscrita en los registros de 
personas y bienes conforme a las reglas del libro primero.
Artículo 693.  Elección y conversión del procedimiento especial.
1. Tanto el deudor como los acreedores solicitantes podrán optar entre un 
procedimiento especial de liquidación o uno de continuación.
2. Los acreedores cuyos créditos representen más de la mitad del pasivo 
podrán, en cualquier momento, solicitar la conversión del procedimiento de 
continuación en uno de liquidación sin necesidad de justificación adicional, 
siempre que el deudor se encuentre en insolvencia actual.
3. Los acreedores cuyos créditos representen un veinticinco por ciento del 
pasivo podrán, en cualquier momento, solicitar la conversión de un procedimiento 
de continuación en uno de liquidación cuando, objetivamente, no exista la 
posibilidad de continuación de la actividad en el corto y medio plazo.
4. Los acreedores, en la cuantía prevista en los apartados 2 y 3, realizarán la 
solicitud por medio del formulario normalizado. Recibida la solicitud y comprobada 
la cuantía del pasivo en virtud de la documentación disponible, el letrado de la 
Administración de Justicia notificará la solicitud al deudor y al resto de los 
acreedores. En el plazo de tres días hábiles desde la notificación, el deudor y los 
acreedores podrán oponerse a la conversión alegando, exclusivamente, la 
insuficiencia de la cuantía del pasivo instante de la conversión, en el caso del 
apartado 2, y la insuficiencia del pasivo o la posibilidad objetiva de continuación, 
en el del apartado 3, adjuntando en todo caso la documentación que consideren 
oportuna. En ambos casos, el deudor podrá oponerse alegando que no se 
encuentra en estado de insolvencia actual.
5. El juez resolverá mediante auto sobre la conversión del procedimiento 
transcurridos los tres días sin que se haya producido oposición. Cuando el deudor 
o los acreedores se hayan opuesto, el juez, excepcionalmente, podrá convocar a 
las partes a una vista, que habrá de celebrarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la oposición. Si se convoca la vista, el juez resolverá 
en el acto de la vista o en los tres días hábiles siguientes. Si no considera 
necesaria la vista, el juez resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la oposición.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123814
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
6. El juez rechazará la conversión si no se han alcanzado las mayorías 
requeridas del pasivo o, en el caso del supuesto regulado en el apartado 3, si se 
acredita objetivamente la posibilidad de continuación de la actividad a corto y 
medio plazo, y, en ambos casos, cuando quede acreditado que el deudor no se 
encuentra en estado de insolvencia actual.
7. La apertura del procedimiento especial de liquidación se realizará 
mediante auto.
CAPÍTULO III
Efectos de la apertura del procedimiento especial
Artículo 694.  Efectos generales de la apertura del procedimiento especial.
1. Desde la apertura del procedimiento especial hasta su conclusión, el 
deudor mantendrá las facultades de administración y disposición sobre su 
patrimonio, aunque solo podrá realizar aquellos actos de disposición que tengan 
por objeto la continuación de la actividad empresarial o profesional, siempre que 
se ajusten a las condiciones normales de mercado.
2. Las facultades de administración y disposición podrán ser sometidas a las 
limitaciones establecidas en el capítulo IV del título II o en el capítulo II del título III 
de este libro tercero.
3. Salvo supuesto de fraude, no podrán ser rescindidas las compensaciones 
de créditos producidas en el marco de un contrato de cuenta corriente o de 
financiación del circulante, en el marco de la actividad empresarial o profesional 
ordinaria, en los tres meses anteriores al comienzo del procedimiento especial.
4. La apertura del procedimiento especial supondrá la paralización de las 
ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos del deudor, 
con independencia de si la ejecución se había ya iniciado o no en el momento de 
la solicitud y de la condición del crédito o del acreedor, siendo de aplicación lo 
previsto en el capítulo II del título II del libro segundo, con las especialidades aquí 
previstas. La suspensión de las ejecuciones no afectará a los créditos con garantía 
real, sin perjuicio de que el deudor lo solicite de acuerdo con los supuestos que así 
lo permitan en este libro tercero. Tampoco se suspenderán las ejecuciones de los 
créditos que no se vean afectados por el plan de continuación. Así, en el supuesto 
de los créditos públicos, no se suspenderá la ejecución de los créditos que tengan 
la calificación de privilegiados de acuerdo con las reglas generales ni, en todo 
caso, de los porcentajes de las cuotas de la seguridad social cuyo abono 
corresponda a la empresa por contingencias comunes y contingencias 
profesionales ni a los porcentajes de la cuota del trabajador que se refieran a 
contingencias comunes o accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Artículo 694 bis.  Efectos de la apertura del procedimiento de continuación y del 
procedimiento de liquidación con transmisión de la empresa en 
funcionamiento.
1. En el procedimiento especial de continuación y en el procedimiento de 
liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento se aplicarán, con las 
especialidades establecidas en este libro, las reglas de la sección 1.ª del capítulo 
IV del título III del libro primero en relación con los efectos sobre los contratos 
pendientes de ejecución.
2. La apertura del procedimiento especial, por sí sola, no afectará a los 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. En particular, 
se tendrán por no puestas las cláusulas contractuales que prevean la suspensión, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123815
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
modificación, resolución o terminación anticipada del contrato por el mero motivo 
de:
1.º La presentación de la solicitud de apertura o su admisión a trámite.
2.º  La solicitud de suspensión general o singular de acciones y 
procedimientos ejecutivos.
3.º  Cualquier otra circunstancia análoga o directamente relacionada con las 
anteriores.
3. La apertura del procedimiento especial de continuación implicará la 
suspensión del deber legal de acordar la disolución por pérdidas cualificadas en 
tanto se tramita.
4. La apertura de la liquidación no afectará a los contratos pendientes de 
ejecución por ambas partes, ni serán válidas las cláusulas que permitan la 
resolución anticipada en caso de liquidación, en tanto exista la posibilidad de 
transmisión de la empresa en funcionamiento y no se haya producido un 
incumplimiento del contrato, posterior o anterior al inicio del procedimiento 
especial de liquidación.
Artículo 694 ter.  Efectos de la apertura del procedimiento de liquidación sin 
transmisión de la empresa en funcionamiento.
1. Se entenderá que el procedimiento de liquidación se realiza sin 
transmisión de la empresa en funcionamiento cuando así lo determine el deudor 
en la solicitud de apertura de la liquidación, cuando así se desprenda del 
contenido del plan de liquidación o cuando así lo determine el juez tras las 
alegaciones realizadas al plan de liquidación por los acreedores.
2. Desde el momento de la apertura de la liquidación, cuando así lo indique 
el deudor, se desprenda del plan de liquidación o lo determine el juez tras las 
alegaciones realizadas al plan de liquidación por los acreedores, se producirá el 
vencimiento anticipado de los créditos aplazados y la conversión en dinero de 
aquellos que consistan en otras prestaciones.
3. La apertura de la liquidación supone la disolución de la sociedad. En caso 
de sustitución de la deudora por un administrador concursal, los administradores y 
liquidadores podrán desarrollar las funciones de representación de la deudora 
necesarias para defender sus derechos en el seno del procedimiento especial de 
liquidación.
4. La apertura de la liquidación del deudor persona natural producirá los 
efectos específicos en relación con los alimentos y la disolución de la sociedad 
conyugal previstos en el libro primero.
CAPÍTULO IV
Acciones para incrementar el patrimonio a disposición de los acreedores
Artículo 695.  Acciones rescisorias.
1. Desde la comunicación de la apertura del procedimiento especial y 
durante los treinta días hábiles siguientes, los acreedores y los socios 
personalmente responsables de las deudas del deudor podrán comunicar 
cualquier información que pueda resultar relevante a los efectos del posible 
ejercicio de acciones rescisorias contra actos realizados por el deudor, de acuerdo 
con las reglas de la sección 1.ª del capítulo IV del título IV del libro primero.
2. Los acreedores y los socios personalmente responsables de las deudas 
del deudor comunicarán la información mediante formulario normalizado.
3. Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la comunicación de la 
apertura del procedimiento especial, los acreedores cuyos créditos representen al 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123816
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
menos el veinte por ciento del pasivo total podrán solicitar el nombramiento de un 
experto en la reestructuración o un administrador concursal a los efectos del 
ejercicio de acciones rescisorias. Los acreedores que representen un porcentaje 
del pasivo mayor al que ha solicitado el nombramiento pueden oponerse al mismo, 
salvo que los solicitantes asuman íntegramente la retribución del experto en la 
reestructuración o del administrador concursal.
4. Si ya hubiera un experto en la reestructuración o un administrador 
concursal en el procedimiento especial, acreedores que representen al menos el 
diez por ciento del pasivo total podrán solicitar del mismo el ejercicio de la acción 
rescisoria. En caso de negativa del experto en la reestructuración o del 
administrador concursal, o en caso de falta de respuesta dentro de los quince días 
hábiles siguientes, los acreedores solicitantes tendrán legitimación subsidiaria 
para entablar la acción rescisoria. Los acreedores litigarán a su costa en interés 
del procedimiento especial, según el régimen jurídico previsto para la legitimación 
activa subsidiaria de acreedores en el libro primero.
5. Esta acción no suspenderá el normal desarrollo procesal del 
procedimiento especial.
6. La acción rescisoria solo podrá ser presentada en caso de insolvencia 
actual del deudor.
7. La acción rescisoria puede ser objeto de cesión a un tercero y, en caso de 
procedimiento especial de continuación, su ejercicio puede incluirse en el plan de 
continuación.
Artículo 696.  Acciones de responsabilidad.
Las reglas del artículo anterior se aplicarán para el ejercicio de las acciones de 
responsabilidad contra los administradores, liquidadores o auditores de la 
sociedad deudora cuando se dirijan a exigir responsabilidad civil.
TÍTULO II
Procedimiento de continuación
CAPÍTULO I
Tramitación del plan de continuación
Artículo 697.  Presentación del plan de continuación.
1. El plan de continuación podrá ser presentado por el deudor o por los 
acreedores con la solicitud de apertura del procedimiento especial o en los diez 
días hábiles siguientes a la declaración de apertura del procedimiento especial.
2. La falta de presentación del plan de continuación en el plazo señalado 
supone la automática conversión del procedimiento en uno de liquidación, salvo 
que el deudor no se encontrase en situación de insolvencia actual, en cuyo caso 
podrá plantear oposición conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del 
artículo 693. La resolución del juez estimando la oposición del deudor supondrá la 
conclusión del procedimiento especial.
Artículo 697 bis.  Tramitación de la presentación del plan.
1. Recibida la propuesta de plan de continuación, el letrado de la 
Administración de Justicia comprobará el cumplimiento formal de los requisitos 
legales. Transcurridos tres días hábiles, si el letrado de la Administración de 
Justicia no advirtiese la existencia de defectos, la propuesta del plan de 
continuación se entenderá admitida a trámite.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123817
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Si el letrado de la Administración de Justicia apreciara la existencia de 
defectos en la propuesta, concederá un plazo de tres días hábiles para su 
subsanación. Transcurrido el plazo referido sin que se hubieran subsanado, el plan 
se tendrá por no presentado y el juez resolverá por auto la conversión de la 
liquidación salvo oposición del deudor que acredite que no se encuentra en estado 
de insolvencia actual.
2. Admitida a trámite la propuesta del plan de continuación, el deudor la 
comunicará electrónicamente a los acreedores en el plazo de tres días hábiles 
desde la notificación del letrado de la Administración de Justicia confirmando la 
correcta realización de la propuesta o desde que hayan transcurrido los tres días 
sin notificación alguna por el letrado de la Administración de Justicia. El letrado de 
la Administración de Justicia recibirá en copia cada comunicación realizada por el 
deudor a los acreedores.
3. La falta de comunicación o la comunicación extemporánea del deudor a 
los acreedores constituirá causa de conversión del procedimiento en uno de 
liquidación, que se declarará por el juez de oficio o a instancia del deudor o de los 
acreedores.
4. En caso de que se haya presentado más de una propuesta, se tramitará 
en primer lugar la presentada por el deudor y, entre las presentadas por los 
acreedores, se atenderá al orden temporal de presentación.
Artículo 697 ter.  Contenido del plan de continuación.
1. El plan de continuación deberá contener, al menos:
1.º La relación nominal y cuantía de los créditos afectados por el plan.
2.º  Los efectos sobre los créditos, que podrán ser tanto quitas como esperas, 
una combinación de ambas, su conversión en préstamos participativos o su 
capitalización; si el plan va a afectar a los derechos de los socios, el valor nominal 
de sus acciones o participaciones sociales.
3.º  La agrupación de cada uno de los créditos en clases, que se conformarán 
de acuerdo con su valor económico, reflejado por la graduación de los créditos en 
el concurso de acreedores, según el libro primero de esta ley.
4.º  Un plan de pagos, que incluya con detalle las cuantías y los plazos 
durante toda la duración del plan de continuación.
5.º  Los efectos sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento que, en su caso, vayan a quedar afectados por el plan.
6.º  Una descripción justificada de los medios con los que propone cumplir 
con la propuesta, incluyendo las fuentes de financiación proyectadas.
7.º  Las garantías con que cuente la ejecución del plan, cuando resulte 
aplicable.
8.º  Una descripción justificada de las medidas de reestructuración operativa 
que prevé el plan, la duración, en su caso, de las medidas, y los flujos de caja 
estimados, que deberá estar relacionada con el plan de pagos.
9.º  Una memoria que explique las condiciones necesarias para el éxito del 
plan de reestructuración y las razones por las que ofrece una perspectiva 
razonable de garantizar la viabilidad de la empresa en el medio plazo.
10.º  Las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de 
conformidad con la ley aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar.
2. Cuando el plan contuviera medidas de reestructuración operativa, éstas 
deberán llevarse a cabo de acuerdo con las normas que les sean aplicables. Las 
controversias que se susciten en relación con las mismas se sustanciarán ante la 
jurisdicción competente.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123818
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 697 quater.  Derechos de información y consulta de los representantes 
legales de las personas trabajadoras.
En los supuestos en los que el deudor sea empleador, los representantes 
legales de las personas trabajadoras tendrán derecho, cuando así lo prevea la 
legislación laboral, a ser informados y consultados sobre el contenido del plan de 
continuación con carácter previo a su aprobación u homologación, según 
corresponda conforme a dicha legislación.
Artículo 697 quinquies.  Alegaciones y votación del plan de continuación.
1. El procedimiento de aprobación, alegaciones y votación se realizará por 
escrito.
2. Una vez presentado el plan y comunicado su contenido, los acreedores, 
en caso de propuesta presentada por el deudor, o este último y el resto de los 
acreedores, en caso de propuesta presentada por los acreedores o por un socio 
personalmente responsable de las deudas de la sociedad, o el experto en la 
reestructuración en ambos casos, dispondrán de un plazo de quince días hábiles 
para realizar alegaciones, aportando la documentación justificativa que consideren 
oportuno. En el caso del experto en la reestructuración, el plazo se computará 
desde su nombramiento.
3. Las alegaciones podrán tener por objeto cualquier parte del contenido del 
plan de continuación, incluidas las referidas a la cuantía, características y 
naturaleza de los créditos afectados por el plan, según se determinan en la lista de 
créditos incluida por el deudor en su solicitud o en un momento posterior, tras la 
apertura del procedimiento a petición de un acreedor o de un socio personalmente 
responsable de las deudas de la sociedad.
4. La no presentación de alegaciones por parte de un acreedor en relación 
con la cuantía, características y naturaleza de su crédito, o con la clase a que ha 
sido asignado, se entenderá como aceptación tácita e impedirá la impugnación 
posterior.
5. Cualquier persona que tenga un crédito contra el deudor y que no se 
encuentre en la lista de acreedores incluida en o tras la solicitud de apertura del 
procedimiento especial, o en la propuesta de plan de continuación, podrá solicitar 
la inclusión del mismo dentro de los veinte días hábiles siguientes a la apertura del 
procedimiento especial de continuación. Para ello deberá presentar 
electrónicamente el correspondiente formulario normalizado.
6. Transcurrido el plazo habilitado al efecto, se abrirá el periodo de votación 
en relación con los créditos sobre los que no se hayan presentado alegaciones, 
que durará quince días hábiles contados a partir de la comunicación electrónica a 
los acreedores de su comienzo, realizada por el deudor, con copia al letrado de la 
Administración de Justicia. La votación se realizará por medio del formulario 
normalizado. Si se hubieran presentado alegaciones relativas al valor de los 
medios con los que se propone cumplir con la propuesta que tuvieran 
objetivamente entidad suficiente para influir en el sentido del voto, el juez podrá 
suspender el comienzo del periodo de votación cuando así haya sido solicitado por 
el acreedor impugnante.
7. Si se han presentado alegaciones sobre el contenido y tratamiento de los 
créditos, o se ha solicitado la inclusión de créditos no incluidos en la lista 
presentada por el deudor o en la propuesta de plan, el letrado de la Administración 
de Justicia dará traslado de las alegaciones al juez para que este, en el plazo 
máximo de quince días hábiles, decida mediante auto. Excepcionalmente, el juez 
podrá convocar una vista y resolverá mediante auto en los cinco días siguientes a 
su celebración.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123819
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
8. El plazo para la emisión del voto en relación con los créditos sobre los que 
se hayan realizado alegaciones o que hayan solicitado su inclusión comenzará a 
contar desde la resolución judicial sobre las mismas.
9. Transcurrido el plazo de votación, el letrado de la Administración de 
Justicia certificará el resultado y lo notificará electrónicamente al deudor y los 
acreedores.
Artículo 697 sexies.  Resultado del procedimiento con determinación de créditos 
pendiente.
1. Transcurridos quince días hábiles sin que se hayan resuelto las 
alegaciones formuladas o la insinuación de nuevos créditos, y habiéndose 
alcanzado la mayoría suficiente, el letrado de la Administración de Justicia 
aprobará provisionalmente el plan de continuación.
2. En caso de aprobación provisional del plan, continuará la tramitación de 
las actuaciones, pero no podrán realizarse aquellas que perjudiquen el derecho de 
los acreedores cuyas alegaciones estuviesen pendientes de resolución.
3. Cuando, transcurridos los quince días hábiles, se constate que no será 
posible alcanzar la mayoría suficiente, el letrado de la Administración de Justicia 
certificará el rechazo del plan de continuación, con independencia de que se 
resuelvan las alegaciones pendientes de resolución.
CAPÍTULO II
Aprobación y homologación del plan
Artículo 698.  Aprobación del plan.
1. Para su válida aprobación, el deudor y, en su caso, los socios de la 
sociedad deudora que sean legalmente responsables de las deudas sociales, 
deberán dar su consentimiento al plan propuesto por los acreedores. Cuando el 
plan contenga medidas que afecten a los derechos políticos o económicos de los 
socios de la sociedad deudora, se requerirá igualmente el acuerdo de estos, 
siendo de aplicación lo previsto en el libro segundo para la adopción del acuerdo.
2. Se entenderá que son créditos afectados los que tengan esta 
consideración de acuerdo con lo establecido en el libro segundo.
3. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a 
condición, puede ser afectado por el plan de continuación, salvo los créditos de 
alimentos derivados de una relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los 
créditos derivados de daños extracontractuales, los créditos derivados de 
relaciones laborales distintas de las del personal de alta dirección ni en el 
supuesto de los créditos públicos, la parte que deba calificarse como privilegiada. 
En ningún caso se verán afectados los porcentajes de las cuotas de la seguridad 
social cuyo abono corresponda a la empresa por contingencias comunes y 
contingencias profesionales ni los porcentajes de la cuota del trabajador que se 
refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional.
4. Todo titular de un crédito afectado tendrá derecho al voto por el nominal de 
su crédito, computándose cada crédito por el principal más los recargos e 
intereses vencidos.
5. El plan deberá incluir un tratamiento paritario de los créditos en 
condiciones homogéneas, y ningún crédito mantendrá o recibirá, de conformidad 
con el plan, pagos, derechos, acciones o participaciones, con un valor superior al 
importe de sus créditos.
6. En ningún caso, el plan de continuación podrá suponer para los créditos 
de derecho público el cambio de la ley aplicable; el cambio de deudor, sin perjuicio 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123820
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
de que un tercero asuma sin liberación de ese deudor la obligación de pago; la 
modificación o extinción de las garantías que tuvieren; o la conversión del crédito 
en acciones o participaciones sociales, en crédito o préstamo participativo o en un 
instrumento de características o de rango distintos de aquellos que tuviere el 
originario. Tampoco podrá suponer quitas ni esperas respecto de los porcentajes 
de las cuotas de la seguridad social cuyo abono corresponda a la empresa por 
contingencias comunes y por contingencias profesionales ni a los porcentajes de 
la cuota del trabajador que se refieran a contingencias comunes o accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional.
7. La votación se realizará según la división por clases prevista en la 
propuesta de plan de continuación.
8. En caso de que un acreedor no vote, se entenderá que ha votado a favor 
del plan de continuación.
9. El plan se considerará aprobado por una clase de créditos afectados si 
hubiera votado a favor la mayoría del pasivo correspondiente a esa clase. En el 
caso de que la clase estuviera formada por créditos con garantía real, el plan de 
continuación se considerará aprobado si hubiera votado a favor dos tercios del 
importe del pasivo correspondiente a esta clase.
10.  El plan se considerará aprobado cuando haya sido aprobado por todas 
las clases de créditos o al menos por:
1.º  Una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea 
una clase de créditos con privilegio especial o general; o, en su defecto, por
2.º  Una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos del concurso 
de acreedores, pueda razonablemente presumirse que hubiese recibido algún 
pago tras una valoración del deudor como empresa en funcionamiento.
11.  En caso de que el acreedor sea la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, se entenderá que ha votado a favor del plan de continuación que 
contenga una quita no superior al quince por ciento del importe de sus créditos 
ordinarios, salvo que se indique lo contrario de conformidad con lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Artículo 698 bis.  Homologación judicial del plan.
1. Una vez aprobado el plan por los acreedores, el deudor o los acreedores 
titulares de créditos afectados por el plan podrán solicitar que el juez se pronuncie 
sobre la homologación del plan dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación de la certificación del resultado favorable a la aprobación en el 
procedimiento escrito.
2. Si, trascurrido el plazo previsto en el apartado anterior, ni el deudor ni 
ningún acreedor solicitare un pronunciamiento judicial expreso sobre la 
homologación, el plan se considerará tácitamente homologado. En caso de 
considerarlo necesario, el deudor o cualquier interesado podrá obtener una 
declaración de homologación tácita del plan de continuación del juzgado 
competente.
3. La homologación tácita no será posible cuando la aprobación del plan se 
haya conseguido con una mayoría del pasivo cuyo voto se ha considerado positivo 
por ausencia de voto, según se establece en el artículo precedente. Esta 
homologación expresa será obligatoria cuando se incluyan créditos de los 
acreedores públicos en el plan.
4. La solicitud de pronunciamiento judicial sobre la homologación se realizará 
mediante presentación de formulario normalizado, junto con las alegaciones que 
se consideren oportunas. Una vez recibida la solicitud, el letrado de la 
Administración de Justicia dará traslado al deudor y al resto de los acreedores 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123821
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
para que, en el plazo de quince días hábiles, manifiesten lo que consideren 
oportuno. Si lo considera necesario, el juez podrá convocar a las partes a una 
vista. Transcurrido el plazo de alegaciones o, en su caso, la celebración de la 
vista, el juez dictará auto homologando o rechazando la homologación del plan en 
un plazo máximo de diez días hábiles.
5. El juez podrá solicitar un informe de un experto en la reestructuración 
sobre el valor del deudor como empresa en funcionamiento cuando lo considere 
necesario, y, en todo caso, cuando una clase de acreedores afectados por el plan 
haya votado en contra. En este supuesto, el plazo máximo para resolver será de 
veinte días hábiles.
6. El juez procederá a homologar el plan siempre que se cumplan 
cumulativamente los siguientes requisitos:
1.º  Que el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia 
inminente o insolvencia actual y el plan ofrezca una perspectiva razonable de 
asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
2.º  Se hayan observado los requisitos procesales y se hayan alcanzado las 
mayorías necesarias previstas para el procedimiento especial de continuación.
3.º  Que los créditos dentro de la misma clase sean tratados de forma 
paritaria.
4.º  Que el plan supere la prueba del interés superior de los acreedores, de 
acuerdo con las reglas del libro segundo.
5.º  Que, en el caso de que el plan no haya sido aprobado por una clase de 
acreedores, el plan sea justo y equitativo. Como regla general se entenderá que el 
plan es justo y equitativo cuando la clase de acreedores que haya votado en 
contra reciba un trato más favorable que cualquier clase de rango inferior, el plan 
sea imprescindible para asegurar la viabilidad de la empresa y los créditos de los 
acreedores afectados no se vean perjudicados injustificadamente.
6.º  Cuando se haya concedido o se vaya a conceder financiación al deudor 
en virtud del plan de continuación, que dicha financiación sea necesaria para 
asegurar la viabilidad de la empresa y no perjudique injustificadamente los 
intereses de los acreedores.
7.º  Se hayan observado los requisitos y efectos previstos en este libro 
respecto de los acreedores públicos y el deudor se encuentre al corriente en el 
pago de las deudas tributarias y de seguridad social devengadas que hayan 
surgido con posterioridad a la solicitud de apertura del procedimiento especial de 
continuación.
Artículo 698 ter.  Publicidad del auto de homologación.
El auto de homologación del plan de continuación se publicará de inmediato en 
el Registro público concursal.
Artículo 698 quater.  Impugnación del auto de homologación.
1. El auto de homologación del plan de continuación podrá ser impugnado 
ante la Audiencia Provincial dentro de los quince días siguientes a la publicación 
del auto en el Registro público concursal, por los titulares de créditos afectados 
que hayan votado en contra del plan y por los acreedores públicos.
2. La impugnación del auto de homologación del plan carecerá en todo caso 
de efectos suspensivos.
Artículo 698 quinquies.  Protección de la financiación interina y de la nueva 
financiación.
1. Los créditos derivados de la financiación interina otorgada desde el 
comienzo del periodo de negociación, y, en su ausencia, durante los tres meses 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123822
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
anteriores a la declaración del procedimiento especial de continuación, o por 
nueva financiación, otorgada para la implementación de dicho plan, serán 
calificados conforme a lo establecido en el libro primero para los créditos por 
financiación interina o nueva en el concurso de acreedores.
2. Para que la financiación concedida antes de la apertura del procedimiento 
especial se considere interina, será necesario que el plan de continuación haya 
sido aprobado o que se haya enajenado la unidad productiva.
CAPÍTULO III
Vicisitudes del plan de continuación
Artículo 699.  Cumplimiento del plan de continuación.
El plan de continuación se considerará cumplido, sin necesidad de ulterior 
trámite, cuando, pasados treinta días naturales del plazo del último pago previsto, 
ningún acreedor hubiera solicitado la declaración de incumplimiento. El juez así lo 
declarará mediante auto, de oficio o a solicitud del deudor.
Artículo 699 bis.  Frustración del plan de continuación.
1. La falta de aprobación, el rechazo de la homologación por el juez, la 
estimación de la impugnación de la homologación o el incumplimiento del plan de 
continuación determinarán la apertura del procedimiento especial de liquidación, 
siempre que el deudor se encuentre en insolvencia actual.
2. En el caso de que no se hubieran alcanzado las mayorías necesarias, el 
juez declarará mediante auto la apertura de la liquidación en el mismo día o dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la finalización del procedimiento escrito.
3. En el caso de rechazo de la homologación, el juez, en el mismo auto, 
acordará la apertura del procedimiento especial de liquidación.
4. En caso de estimación del recurso frente al auto de homologación, el juez 
acordará la apertura del procedimiento especial de liquidación el día siguiente al 
de la comunicación de la sentencia por la Audiencia Provincial.
5. Cuando, en el procedimiento especial de continuación, se hubiese 
nombrado a un experto en la reestructuración, la terminación del procedimiento de 
continuación implicará su cese automático.
6. En los supuestos anteriores, el deudor podrá impugnar el auto de apertura 
de la liquidación alegando que no se encuentra en insolvencia actual. Para ello, 
tendrá un plazo de cinco días hábiles desde la publicidad del auto de apertura. La 
impugnación se realizará mediante presentación de formulario normalizado, que 
irá acompañado de la documentación probatoria que considere conveniente. El 
juez podrá convocar a una vista tanto al deudor como a los acreedores o al 
experto en la reestructuración, si hubiese sido nombrado, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la presentación del formulario normalizado y resolverá 
oralmente, al final de la misma o dentro de los cinco días hábiles siguientes, si 
procede la tramitación del procedimiento especial de liquidación o, por el contrario, 
su conclusión.
7. La impugnación del auto de apertura de la liquidación no tendrá efectos 
suspensivos, sin perjuicio de las medidas cautelares que el juez considere 
oportunas.
Artículo 699 ter.  Incumplimiento del plan de continuación.
1. Cualquier acreedor que estime incumplido el plan de continuación en 
relación con su crédito podrá solicitar la declaración de incumplimiento durante el 
plazo de dos meses desde que se produjo.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123823
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. La solicitud se realizará mediante formulario normalizado. En todo caso, la 
falta de pago en tiempo y forma o el incumplimiento de cualquier obligación 
establecida en el plan en favor del acreedor solicitante de la declaración de 
incumplimiento será prueba de dicho incumplimiento.
3. Recibida la solicitud, el juez podrá convocar al deudor y a los acreedores 
que considere a una vista, que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación del formulario normalizado y resolverá oralmente al 
final de la misma o dentro de los cinco días hábiles siguientes, declarando 
incumplido el plan y abierto el procedimiento especial de liquidación o, en caso de 
que no se considere probado el incumplimiento, rechazando la solicitud.
4. En caso de que se declare el incumplimiento del plan, resultarán de 
aplicación los artículos sobre los efectos de la declaración de incumplimiento y 
sobre los actos realizados en ejecución del convenio a que se refiere el libro 
primero.
Artículo 699 quater.  Obligación de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
También determinará la apertura del procedimiento especial de liquidación, en 
todo caso, que el deudor no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, siempre que su devengo sea posterior al auto de apertura 
del procedimiento especial.
Artículo 700.  Exoneración del pasivo insatisfecho.
En todos los casos de frustración del plan de continuación, si el deudor fuera 
persona física, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho conforme a lo 
establecido en el libro primero.
CAPÍTULO IV
Medidas que pueden solicitarse en el procedimiento especial de 
continuación
Artículo 701.  Solicitud de suspensión de las ejecuciones.
1. Con la solicitud de apertura del procedimiento especial de continuación o 
en cualquier momento posterior, el deudor podrá solicitar la suspensión de las 
ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos necesarios 
para la actividad empresarial o profesional que deriven del incumplimiento de un 
crédito con garantía real o de un crédito público, con independencia de si la 
ejecución se había ya iniciado o no en el momento de la solicitud y de la condición 
del crédito o del acreedor.
2. La suspensión se solicitará mediante formulario normalizado. El letrado de 
la Administración de Justicia, dentro del mismo día o el primer día hábil siguiente, 
comprobará la concurrencia de los requisitos legales de forma, ordenará su 
publicación en el Registro público concursal, y notificará electrónicamente la 
suspensión al acreedor y al juzgado o a la autoridad que estuviese conociendo de 
la ejecución. La suspensión producirá efectos desde que el juzgado o autoridad 
que estuviere conociendo de la ejecución recibiera la notificación.
3. La suspensión de la ejecución se mantendrá hasta el momento en que se 
compruebe objetivamente que no se aprobará un plan de continuación, y, en todo 
caso, por un máximo de tres meses desde el decreto en que se tenga por 
efectuada la solicitud. Transcurridos esos tres meses, quedará sin efectos la 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123824
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
suspensión, sin que sea preciso dictar acto alguno por el letrado de la 
Administración de Justicia.
4. El acreedor podrá oponerse a la suspensión en caso de que no concurran 
los requisitos legales incluidos en este artículo. La oposición deberá interponerse 
en cinco días hábiles desde la notificación, mediante formulario normalizado 
presentado electrónicamente. El deudor tendrá tres días hábiles para formular 
alegaciones. Si lo considera necesario, el juez convocará a las partes a una vista, 
que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo 
de alegaciones del deudor. El juez resolverá mediante auto dentro de los diez días 
siguientes a la expiración del plazo de alegaciones por el deudor, u oralmente al 
final de la vista o dentro de los dos días siguientes, en caso de celebración de una 
vista virtual.
5. El trámite de oposición no tendrá efectos suspensivos y el auto que lo 
decida no será susceptible de recurso alguno.
Artículo 702.  La solicitud de un procedimiento de mediación.
1. El deudor o acreedores cuyos créditos representen al menos un veinte por 
ciento del total del pasivo podrán solicitar la designación de un mediador concursal 
en cualquier momento desde la apertura del procedimiento especial hasta el final 
del plazo de votación.
2. La designación del mediador concursal tiene como única finalidad la 
negociación de un plan de continuación entre el deudor y los acreedores, y se 
regirá por lo dispuesto en este artículo y por lo dispuesto para el nombramiento de 
un experto en la reestructuración en este libro en cuanto a la elección, designación 
y retribución.
3. Como regla general, la mediación se realizará por medios electrónicos, por 
videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, 
siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes.
4. El proceso de mediación tendrá una duración máxima de diez días hábiles. 
Si, en algún momento, el mediador entiende que no es posible alcanzar un 
acuerdo, cerrará formalmente de manera definitiva la mediación y lo notificará al 
juzgado.
5. Si el mediador hubiera cerrado anticipadamente la mediación, el deudor o 
acreedores con un veinte por ciento del total del pasivo podrán solicitar la apertura 
del procedimiento especial de liquidación siempre que el deudor se encuentre en 
estado de insolvencia actual.
Artículo 703.  Solicitud de limitación de las facultades de administración y 
disposición del deudor.
1. El acreedor o acreedores cuyos créditos representen al menos el veinte 
por ciento del pasivo total podrán solicitar al juzgado la limitación de las facultades 
de administración y disposición del deudor que se encuentre en situación de 
insolvencia actual.
2. La solicitud se hará por medio de formulario normalizado determinando las 
facultades que se pretenden limitar y justificando los motivos por los que procede 
la limitación.
3. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
el deudor podrá realizar las alegaciones que a su derecho convengan y el juez 
resolverá por medio de auto dentro de los tres días siguientes.
4. El auto estimando o desestimando la solicitud será recurrible en 
reposición, que se resolverá, previa celebración de una vista, dentro del plazo de 
los tres días hábiles siguientes a la misma.
5. El auto estimatorio se hará constar en el folio abierto a la sociedad en el 
Registro Mercantil, y en el Libro sobre administración y disposición de bienes 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123825
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
inmuebles previsto en la legislación hipotecaria para su traslado al Índice Central 
Informatizado.
Artículo 704.  Solicitud de nombramiento de un experto en la reestructuración.
1. En cualquier momento del procedimiento, el deudor o acreedores cuyos 
créditos representen al menos el veinte por ciento del pasivo total podrán solicitar 
el nombramiento de un experto en la reestructuración con funciones de 
intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, por 
medio del formulario normalizado habilitado al efecto.
2. En cualquier momento del procedimiento, acreedores cuyos créditos 
representen al menos el cuarenta por ciento del pasivo total podrán solicitar el 
nombramiento de un experto en la reestructuración con funciones de sustitución 
de las facultades de administración y disposición del deudor, siempre que el 
deudor se encuentre en situación de insolvencia actual, y de acuerdo con el 
formulario normalizado.
3. La solicitud de nombramiento de un experto en la reestructuración será 
rechazada si se oponen acreedores que representen la mayoría del pasivo, salvo 
que el nombramiento sea necesario a efectos de realizar las valoraciones 
previstas o entablar acciones rescisorias o de responsabilidad, según se prevé en 
este libro tercero.
4. El deudor, en caso de solicitud de nombramiento de experto en virtud del 
apartado 2, o, en todo caso, los acreedores que representen la mayoría del 
pasivo, podrán oponerse al nombramiento presentando el formulario normalizado, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud de 
nombramiento del experto y acompañando los documentos acreditativos de su 
solvencia. El juez resolverá, en el plazo de cinco días hábiles, si procede nombrar 
el experto con sustitución o, por el contrario, si se le nombra con meras facultades 
de intervención.
5. El experto en la reestructuración tendrá facultades de propuesta del plan 
de continuación, podrá emitir opiniones técnicas sobre cualquiera de los extremos 
susceptibles de afectar a la formación de la voluntad de los acreedores en relación 
con el plan, y podrá mediar entre el deudor y sus acreedores. El experto en la 
reestructuración podrá realizar aquellas funciones que le son expresamente 
reconocidas en este Libro.
6. El nombramiento del experto en la reestructuración recaerá en la persona 
que elijan de mutuo acuerdo el deudor y acreedores cuyos créditos representen 
más del cincuenta por ciento del pasivo total, acuerdo que será notificado por 
formulario normalizado oficial al juzgado junto con la solicitud de nombramiento o 
dentro de los cinco días siguientes. De no haber acuerdo, y en todo caso si no se 
recibe comunicación de la persona dentro del plazo, el nombramiento se realizará 
por el juez siguiendo el procedimiento previsto en el libro segundo para el 
nombramiento de experto por el juez.
7. La retribución del experto correrá a cargo del solicitante, y se determinará 
de mutuo acuerdo entre el deudor y los acreedores que representen la mayoría del 
pasivo, salvo que la solicitud provenga de los acreedores y estos asuman 
voluntariamente el coste de la retribución, en cuyo caso les corresponderá la 
determinación de la cuantía. De no existir acuerdo o asunción voluntaria por los 
acreedores, la cuantía se fijará aplicando los aranceles establecidos para la 
retribución de administradores concursales.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123826
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
TÍTULO III
Procedimiento de liquidación
CAPÍTULO I
Tramitación
Artículo 705.  Apertura del procedimiento especial de liquidación.
1. Se abrirá el procedimiento especial de liquidación cuando se haya 
solicitado por el propio deudor o por un acreedor. Se abrirá igualmente cuando no 
se haya aprobado un plan de continuación, no se haya homologado el plan 
aprobado o, habiendo sido homologado, haya sido incumplido por el deudor, 
siempre y cuando en estos tres casos el deudor se encuentre en insolvencia 
actual. En todo caso, se procederá a la apertura del procedimiento especial de 
liquidación cuando concurra la circunstancia recogida en el artículo 699 quater.
2. Corresponderá al acreedor que hubiera solicitado el procedimiento 
especial de liquidación el privilegio concedido en el libro primero al acreedor 
instante del concurso de acreedores.
3. La apertura del procedimiento especial de liquidación tras haberse iniciado 
un procedimiento especial de continuación se comunicará a los acreedores y será 
sometida a la misma publicidad registral que se establece para la apertura del 
procedimiento especial previsto en el artículo 692 bis.
Artículo 706.  Determinación de los créditos y del inventario.
1. En los veinte días hábiles siguientes a la apertura del procedimiento 
especial de liquidación, cualquier acreedor podrá presentar por medios 
electrónicos, a través de formulario normalizado, alegaciones en relación con la 
cuantía, características y naturaleza de su crédito, o respecto del inventario de la 
masa activa. Transcurrido dicho plazo, se considerarán definitivos tanto los 
créditos sobre los que no se hayan realizado alegaciones como las partidas del 
inventario no impugnadas.
2. Dentro del mismo plazo y de la misma forma, cualquier persona que tenga 
un crédito contra el deudor podrá solicitar la inclusión del mismo en el 
procedimiento especial de liquidación. La solicitud incluirá la identificación del 
acreedor, con la aportación de una dirección de correo electrónico, así como todos 
los datos relevantes relativos al crédito, incluyendo su concepto, cuantía, fechas 
de adquisición y vencimiento, características y clasificación que se pretenda. Si se 
invocare un privilegio especial, se indicarán los bienes o derechos a que afecte y, 
en su caso, los datos registrales. A la solicitud se acompañará copia del título o de 
los documentos relativos al crédito.
3. En el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud, y tras 
comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, el letrado de la 
Administración de Justicia tendrá por presentada la solicitud. El deudor y, en su 
caso, la administración concursal, podrán presentar alegaciones sobre 
modificación de crédito o del inventario o sobre insinuación de nuevo crédito 
mediante formulario normalizado dentro del plazo de cinco días.
4. El juez podrá convocar una vista que habrá de celebrarse dentro de los 
diez días siguientes a la finalización del plazo para alegaciones del deudor o de la 
administración concursal. Cuando el deudor sea persona jurídica y no exista duda 
objetiva de que el activo no será suficiente para satisfacer, ni siquiera 
parcialmente, el crédito que se insinúa o cuya modificación se pretende, el juez no 
convocará vista ni realizará trámite ulterior alguno. En todo caso, el juez decidirá 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123827
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
mediante auto sobre la solicitud de inclusión o modificación en el plazo de quince 
días hábiles desde que finalizó el plazo de alegaciones.
Artículo 707.  Tramitación del plan de liquidación.
1. En la solicitud de apertura del procedimiento especial de liquidación, el 
deudor deberá señalar su disposición para liquidar el activo o, por el contrario, 
solicitará el nombramiento de un administrador concursal.
2. Desde el momento de la apertura voluntaria de la liquidación, el deudor 
que haya mostrado su disposición para liquidar el activo o, en otro caso, el 
administrador concursal, tiene veinte días hábiles para presentar un plan de 
liquidación por medio de formulario normalizado.
3. El plan de liquidación deberá exponer, motivadamente, los tiempos y la 
forma previstos para la liquidación del activo, de manera individualizada para cada 
bien o categoría de bienes genéricos. Siempre que sea posible, deberá preverse 
la enajenación unitaria del establecimiento o del conjunto de unidades productivas 
de la masa activa. A estos efectos, el plan incluirá una valoración de la empresa o 
de las unidades productivas realizada por un administrador concursal o, en caso 
de que no hubiera sido nombrado, por un experto designado al efecto de acuerdo 
con lo dispuesto en el capítulo II de este título III. El plan de liquidación se 
comunicará por medios electrónicos mediante formulario normalizado por el 
deudor o por el administrador concursal a los acreedores dentro del mismo día o el 
primer día hábil siguiente, con copia al letrado de la Administración de Justicia.
4. Dentro de los diez días hábiles siguientes desde la fecha en que se haya 
comunicado el plan de liquidación, el deudor, los acreedores concursales y, en su 
caso, los representantes de los trabajadores podrán formular observaciones y 
propuestas de modificación. En el caso de que el plan de liquidación contuviera 
previsiones sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o el 
despido colectivo de trabajadores, se estará a lo establecido en el libro primero en 
materia de contratos de trabajo.
5. El deudor o la administración concursal tienen diez días hábiles desde que 
finalicen los plazos para la determinación de los créditos y para modificar el plan 
en función de las alegaciones formuladas, de la información recibida y, en su caso, 
de la lista de créditos modificada. Transcurrido el plazo, se notificará a los 
acreedores y, en su caso, al deudor¸ así como a los representantes de los 
trabajadores, el plan de liquidación modificado o se les notificará la ausencia de 
modificaciones.
6. Si no se modificara el plan de liquidación, o si el deudor o los acreedores 
no estuvieran de acuerdo con las modificaciones propuestas, estos podrán 
impugnar el plan mediante la comunicación de formulario normalizado, dentro de 
los tres días hábiles siguientes. Si no se reciben impugnaciones, el juez declarará 
automáticamente aprobado el plan mediante auto, que será inmediatamente 
ejecutable.
7. Recibidas las impugnaciones, el juez podrá convocar a las partes, en los 
cinco días hábiles siguientes, a una vista y resolverá al final de la misma o dentro 
de los tres días hábiles siguientes, confirmando el plan o modificándolo. El 
procedimiento de modificación del plan de liquidación no paralizará las 
actuaciones de liquidación salvo que el juez establezca cautelarmente lo contrario 
en relación con actuaciones concretas.
8. Contra el auto de aprobación del plan de liquidación no cabrá recurso.
Artículo 707 bis.  Modificación del plan de liquidación.
1. El deudor o el administrador concursal podrá solicitar del juez en cualquier 
momento la modificación del plan aprobado si lo estima conveniente para la mayor 
y más rápida satisfacción de los acreedores. La solicitud especificará las concretas 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123828
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
reglas del plan que deben ser modificadas y aquellas otras que deban ser 
suprimidas o introducidas, así como la justificación de los cambios propuestos.
2. La propuesta de modificación se realizará mediante formulario 
normalizado y se notificará al deudor, si procede, y a los acreedores, que, en el 
plazo de diez días, podrán realizar las alegaciones que consideren oportunas.
3. Si lo estima conveniente, el juez, mediante auto, podrá aprobar la 
modificación propuesta en los términos en que hubiera sido solicitada por el 
deudor o por el administrador concursal, introducir en ella las modificaciones que 
estime necesarias sobre la base de las alegaciones recibidas, o denegar la 
solicitud de modificación.
4. Contra el auto los interesados no podrán interponer recurso.
Artículo 708.  Ejecución de las operaciones de liquidación.
1. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de alegaciones al plan 
de liquidación, el deudor o, en su caso, la administración concursal, podrán 
comenzar las operaciones de liquidación contenidas en el plan que no hayan sido 
impugnadas, sobre las que no se hayan realizado alegaciones o sobre las que se 
hayan realizado alegaciones cuyo contenido no comporte la necesidad de 
suspender la ejecución.
2. Cuando no se hayan producido alegaciones sobre las operaciones de 
liquidación, el deudor o, en su caso, la administración concursal comenzarán 
inmediatamente a ejecutar el plan de liquidación.
3. La liquidación de bienes individuales o de categorías genéricas de bienes 
se producirá a través del sistema de plataforma electrónica previsto al efecto, y 
complementariamente mediante entidad especializada, a menos que se justifique 
debidamente conforme a criterios objetivos.
4. La ejecución de las operaciones de liquidación previstas en el plan no 
podrá durar más de tres meses, prorrogables a petición del deudor o de la 
administración concursal por un mes adicional.
5. Cuando, debido a circunstancias extraordinarias ajenas al procedimiento 
especial, un bien o derecho no pueda ser objetivamente liquidado en el plazo 
regulado en el apartado anterior, el deudor persona física o, en su caso, su 
administrador concursal comunicarán dicho extremo al juez, junto con un plan para 
la realización del activo. El plan podrá incluir el uso de fondos de la masa activa 
para sufragar los costes de realización del bien o derecho, siempre que dichos 
gastos sean inferiores al previsible valor de realización de dicho bien o derecho. El 
resultado de la liquidación deberá ser distribuido entre los acreedores del 
procedimiento especial, siguiendo el orden de prelación previsto en el informe final 
de liquidación.
6. A los efectos de acceso al registro de las operaciones de liquidación 
llevadas a cabo a través de la plataforma, se entenderá como título inscribible la 
certificación generada electrónicamente por el sistema.
Artículo 709.  Informes de liquidación.
1. Cada mes, a contar de la apertura de la liquidación, el deudor o la 
administración concursal, según corresponda, presentarán un informe sobre el 
estado de las operaciones de liquidación. A ese informe se acompañará una 
relación de los créditos contra la masa, en la que se detallarán y cuantificarán los 
devengados y pendientes de pago, con indicación de sus respectivos 
vencimientos.
2. El informe mensual se comunicará electrónicamente mediante formulario 
normalizado a los acreedores y al deudor, en su caso, así como al letrado de la 
Administración de Justicia.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123829
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Artículo 710.  Transmisión de la empresa o de sus unidades productivas.
1. La transmisión de la empresa o de sus unidades productivas se llevará a 
cabo con sujeción a las reglas del libro primero de esta ley, con las siguientes 
especialidades:
1.ª  La transmisión se llevará a cabo por venta directa en favor del tercero que 
ofrezca como mínimo un quince por ciento más del valor acordado y mantenga el 
resto de condiciones.
2.ª  La venta directa se llevará a cabo de acuerdo con los principios de 
concurrencia y transparencia. A tal fin, las condiciones generales y el precio fijado 
de acuerdo con la valoración se notificarán a los acreedores y se publicarán en el 
Registro público concursal.
3.ª De no ser posible la venta directa, la transmisión se realizará por subasta.
4.ª  El precio de adjudicación de la subasta no podrá, en ningún caso, ser 
inferior a la suma del valor de los bienes y derechos del deudor incluidos en el 
inventario.
5.ª  Cuando se reciba más de una oferta cuyos contenidos difieran, 
objetivamente, en el modo en que se garantiza la continuidad de la empresa o del 
establecimiento mercantil, el mantenimiento de los puestos de trabajo o la 
satisfacción de los créditos, el deudor o la administración concursal, oídos los 
representantes de los trabajadores, presentarán un informe al juez, con propuesta 
de resolución, para que este resuelva de acuerdo con el artículo que regula la 
regla de la preferencia establecida en el libro primero.
2. También podrá presentarse una oferta de adquisición de empresa o de 
unidad productiva con la solicitud de procedimiento especial de liquidación de 
acuerdo con las reglas de los artículos 224 bis a 224 quater.
Artículo 711.  Créditos frente a terceros.
1. Salvo que los créditos se transmitan como parte de la empresa en 
funcionamiento, el deudor o el administrador concursal del procedimiento especial 
dispondrán de un plazo máximo de tres meses desde la apertura de la liquidación 
para obtener el pago de los créditos frente a terceros existentes en la masa activa. 
En su caso, este plazo se extenderá hasta la finalización de la calificación.
2. En cualquier momento, cuando esté debidamente justificado y siempre 
dentro de los tres meses siguientes a la apertura del procedimiento especial, el 
deudor o el administrador concursal deberán liquidar los créditos frente a terceros 
de la masa activa de alguna de las siguientes maneras:
1.ª  La transmisión de los créditos a un tercero. Si el descuento es mayor del 
treinta por ciento del valor nominal actualizado será necesario presentar al menos 
tres ofertas por el crédito, debiendo ser al menos una de ellas de entidades 
financieras o de entidades de reconocida trayectoria en el mercado secundario del 
crédito.
2.ª  El deudor o el administrador concursal del procedimiento especial podrán 
ceder el crédito o el conjunto de créditos que representen al menos el veinte por 
ciento del total del valor de la masa activa a un tercero, para que este gestione su 
cobro. La remuneración del cesionario consistirá en un porcentaje de la cantidad 
recuperada. Cuantos gastos y costas generen el recobro se entenderán incluidas 
en la remuneración del cesionario. La diferencia entre la cuantía cobrada y la 
retribución del cesionario se distribuirá entre los acreedores según quedara 
establecido en el procedimiento especial de liquidación. El pago lo realizará el 
cesionario, previa deducción de la comisión de cobro. Cada mes, el cesionario 
deberá informar a los acreedores del deudor con créditos aun insatisfechos del 
estado de la recuperación del crédito.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123830
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
CAPÍTULO II
Medidas que pueden solicitarse en el procedimiento especial de liquidación
Artículo 712.  Solicitud de suspensión de las ejecuciones.
1. Desde la apertura del procedimiento especial de liquidación, y en tanto 
exista una posibilidad objetiva razonable de que la empresa o las unidades 
productivas puedan transmitirse en funcionamiento, el deudor podrá solicitar la 
suspensión de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y 
derechos necesarios para la actividad empresarial o profesional que deriven del 
incumplimiento de un crédito con garantía real, con independencia de si la 
ejecución se había ya iniciado o no en el momento de la solicitud y de la condición 
del crédito o del acreedor. Se entenderá en todo caso que no existe posibilidad de 
transmisión de la empresa o de las unidades productivas cuando así lo haya 
señalado el deudor en la solicitud de apertura de la liquidación o cuando así se 
desprenda del plan de liquidación.
2. La solicitud de suspensión se realizará mediante formulario normalizado. 
El letrado de la Administración de Justicia comprobará la concurrencia de los 
requisitos legales de forma, ordenará su publicación en el Registro público 
concursal y en el Registro Mercantil y de la Propiedad competentes y notificará 
electrónicamente la suspensión al acreedor y al juzgado o a la autoridad que 
estuviese conociendo de la ejecución. La suspensión producirá efectos desde que 
el juzgado o autoridad que estuviere conociendo de la ejecución recibiera la 
notificación.
3. La suspensión de la ejecución se mantendrá hasta el momento en que se 
compruebe objetivamente que la empresa no se transmitirá en funcionamiento y 
en todo caso transcurridos tres meses desde el decreto en que se tenga por 
efectuada la solicitud. Transcurridos esos tres meses, la suspensión se levantará 
de manera automática.
4. La tramitación de la solicitud de suspensión y la oposición a la misma se 
llevará a cabo en la forma establecida en el procedimiento especial de 
continuación.
5. Cuando la apertura de la liquidación se produzca tras la frustración de un 
plan de continuación y se hubiera solicitado la suspensión durante la tramitación 
del plan, el plazo de tres meses seguirá contando desde que comenzó a surtir 
efecto, aunque, a solicitud del deudor, este plazo podrá prolongarse por un mes 
adicional, si el juez lo considera necesario y se dan todos los requisitos previstos 
en el apartado 1.
Artículo 713.  Solicitud de nombramiento de un administrador concursal.
1. En cualquier momento del procedimiento especial de liquidación, el deudor 
o los acreedores cuyos créditos representen al menos el veinte por ciento del 
pasivo total podrán solicitar el nombramiento de un administrador concursal que 
sustituya al deudor en sus facultades de administración y disposición. El 
porcentaje anterior quedará reducido al diez por ciento en caso de paralización de 
la actividad empresarial o profesional del deudor.
2. El administrador concursal tendrá facultades de propuesta del plan de 
liquidación, podrá emitir opiniones técnicas relativas a la valoración de los activos 
y de las ofertas de adquisición de la empresa o de unidades productivas, tendrá 
las facultades de administración conferidas en el procedimiento y las facultades de 
disposición necesarias para proceder a la liquidación del activo, dentro del marco 
de la liquidación. El administrador concursal podrá realizar aquellas funciones que 
le son expresamente reconocidas en este libro.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123831
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3. El nombramiento del administrador concursal recaerá en la persona 
inscrita en el Registro público concursal que elijan, de mutuo acuerdo, el deudor y 
acreedores cuyos créditos representen más del cincuenta por ciento del pasivo 
total. Cuando no haya acuerdo sobre la persona, se aplicarán las reglas del libro 
primero.
4. La retribución del administrador concursal se determinará de mutuo 
acuerdo entre el deudor y los acreedores que representen la mayoría del pasivo, 
salvo que la solicitud provenga de los acreedores. De no existir acuerdo o 
asunción voluntaria por los acreedores, la cuantía se fijará aplicando los aranceles 
establecidos en el reglamento por el que se establezca el arancel de derechos de 
los administradores concursales. La retribución del administrador concursal correrá 
a cargo del solicitante. Si lo hubiera solicitado el deudor, el cobro se producirá tras 
la satisfacción del crédito público privilegiado.
5. El juez podrá nombrar administrador concursal a instancia de un único 
acreedor cuando el deudor:
1.º Haya provisto información insuficiente o inadecuada.
2.º  Haya observado un comportamiento que genere dudas razonables sobre 
la conveniencia de que el deudor realice directamente las operaciones de 
liquidación.
En estos supuestos, la retribución del administrador concursal correrá a cargo 
del deudor y el cobro se producirá tras la satisfacción del crédito público 
privilegiado.
Artículo 714.  Solicitud de nombramiento de un experto para la valoración de la 
empresa o de establecimientos mercantiles.
1. El deudor, los acreedores o, excepcionalmente en casos de complejidad 
especial, el administrador concursal podrán solicitar el nombramiento de un 
experto a los solos efectos de la valoración de la empresa o de una o más de sus 
unidades productivas.
2. El nombramiento y la retribución del experto se acordará por el deudor y 
los acreedores que representen la mayoría del pasivo. De no haber acuerdo, el 
nombramiento y en su caso la retribución se determinarán por el letrado de la 
Administración de Justicia de acuerdo con el sistema de nombramiento y 
retribución de peritos judiciales.
3. La retribución será satisfecha por el solicitante. Si existe ya un 
administrador concursal nombrado en el procedimiento, el experto no podrá ser 
retribuido con cargo a la masa del procedimiento especial con independencia de 
quién solicite el nombramiento. Si lo hubiera solicitado el deudor, el cobro se 
producirá tras la satisfacción del crédito público privilegiado.
4. La solicitud se comunicará por medio de formulario normalizado, e incluirá, 
en su caso, el nombre del experto y la retribución acordada entre el deudor y los 
acreedores, con identificación de estos.
CAPÍTULO III
Especialidad en caso de deudor persona física
Artículo 715.  Exoneración del pasivo insatisfecho.
En caso de deudor empresario o profesional persona física, una vez terminada 
la liquidación y distribuido el remanente, podrá el deudor que reúna los requisitos 
legales para ello solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho conforme a lo 
establecido en el libro primero de esta ley.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123832
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
CAPÍTULO IV
Calificación abreviada del procedimiento especial
Artículo 716.  Apertura de la calificación abreviada.
1. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la apertura de la 
liquidación, la administración concursal, en caso de que haya sido nombrada, 
acreedores que representen al menos el diez por ciento del pasivo y los socios 
personalmente responsables de las deudas podrán solicitar la apertura de la 
calificación abreviada de manera justificada.
En el supuesto de que el deudor hubiera cometido inexactitud grave en 
cualquiera de los formularios normalizados remitidos o en los documentos que los 
acompañen, o cuando hubiera acompañado o presentado documentos falsos, la 
apertura de la calificación abreviada podrá ser instada por cualquier acreedor.
2. La solicitud se comunicará por medio de formulario normalizado e incluirá 
una memoria expresando los motivos que considera podrían fundar la calificación 
como culpable, aportando los documentos probatorios que se consideren 
relevantes.
3. Recibida la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia, en el plazo 
de tres días hábiles, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos legales 
notificará a las partes la apertura de la calificación abreviada.
Artículo 717.  Procedimiento de la calificación abreviada.
1. La administración concursal, en el plazo de veinte días hábiles desde la 
apertura del procedimiento abreviado o desde el nombramiento expresamente 
realizado a estos efectos, presentará un informe razonado y documentado sobre 
los hechos relevantes para la calificación del procedimiento especial de 
liquidación, con propuesta de resolución.
En el mismo plazo, los acreedores que representen al menos el diez por ciento 
del pasivo, y en todo caso los acreedores públicos, podrán presentar informe 
razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del 
procedimiento especial de liquidación, con propuesta de resolución.
2. Si la administración concursal propusiera la calificación del procedimiento 
especial de liquidación como culpable, el informe expresará la identidad de las 
personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser 
consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los 
daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores 
y las demás pretensiones que se consideren procedentes conforme a lo previsto 
por la ley.
3. Si el informe de la administración concursal califica el procedimiento 
especial de liquidación como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará mediante 
auto el archivo de las actuaciones, a menos que alguno de los acreedores 
públicos hubiera presentado informe calificando el concurso como culpable. 
Contra el auto que ordene el archivo de las actuaciones no cabrá recurso alguno.
4. En otro caso, si el informe de la administración concursal o el informe de 
alguno de los acreedores públicos calificaran el procedimiento especial de 
liquidación como culpable, se dará traslado del informe al deudor y a todas las 
demás personas que, según el informe, pudieran ser afectadas por la calificación o 
declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de quince días hábiles, acepten o se 
opongan a la calificación como culpable. La oposición se realizará mediante 
escrito de impugnación del informe de la administración concursal, que será 
firmado por abogado.
5. El juez podrá convocar a las partes a una vista, en un plazo no superior a 
cinco días, que excepcionalmente podrá ser una vista ordinaria cuando se 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123833
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
considere necesario para la práctica de las pruebas propuestas. En el plazo de 
diez días hábiles tras la vista y en todo caso dentro de los veinte días siguientes a 
la presentación de los escritos de oposición, el juez dictará sentencia.
6. Si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo 
de tres días hábiles.
Artículo 718.  Régimen general aplicable a la calificación abreviada.
1. Resultará aplicable la regulación del libro primero respecto de las 
disposiciones generales de la calificación del concurso y de la sentencia de 
calificación.
2. Respecto a las presunciones de culpabilidad, se considerará además 
como presunción, sin admitir prueba en contrario, la provisión de información o 
documentación gravemente inexacta o falsa de acuerdo con el artículo 688.
CAPÍTULO V
Conclusión del procedimiento especial de liquidación
Artículo 719.  Informe final de liquidación.
1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la liquidación 
de la masa activa y del pago a los acreedores, y en todo caso transcurridos tres 
meses desde su comienzo o cuatro meses si se concedió prórroga por el juez, el 
deudor o la administración concursal comunicará electrónicamente, por medio de 
formulario normalizado, el informe final de liquidación, solicitando la conclusión del 
procedimiento.
Si estuviera en tramitación la calificación, o una acción rescisoria o de 
responsabilidad, el informe final se presentará dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la sentencia.
2. En el informe final de liquidación, el deudor o el administrador concursal, 
como información mínima, detallarán las operaciones de liquidación realizadas, 
incluyendo el momento de cada operación liquidativa y las cantidades obtenidas, 
así como el momento y las cuantías satisfechas a los acreedores.
3. El informe final incluirá una lista de los créditos que quedan por satisfacer, 
así como una lista de los activos que aún no hayan podido ser liquidados a través 
de la plataforma de liquidación. Esta lista, que incluirá los detalles de pago de los 
acreedores con créditos aun insatisfechos, será entregada por medios electrónicos 
que dejen constancia de la entrega y recepción a la plataforma electrónica de 
liquidación.
4. El deudor o los acreedores podrán formular oposición al informe final o a la 
conclusión del procedimiento especial de liquidación en el plazo de diez días 
hábiles desde la comunicación del informe. La oposición se formulará mediante 
formulario normalizado junto con las alegaciones y los documentos probatorios 
que se consideren pertinentes. El juez decidirá si convoca al deudor, a la 
administración concursal y a la parte oponente a una vista virtual, que se celebrará 
dentro de los cinco días siguientes. Al final de la vista, o en los tres días hábiles 
siguientes, resolverá la oposición mediante sentencia, contra la que no cabrá 
recurso.
Artículo 720.  Conclusión del procedimiento especial.
1. La conclusión del procedimiento especial con el archivo de las actuaciones 
procederá:
1.º  Cuando se considere cumplido el plan de continuación de acuerdo con 
este libro. Contra el auto de conclusión del procedimiento especial podrá 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123834
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
interponerse recurso de reposición por los acreedores que consideren incumplido 
el plan.
2.º  Una vez liquidados los bienes y derechos de la masa activa, aplicado lo 
obtenido en la liquidación a la satisfacción de los créditos, y presentado el informe 
regulado en el artículo anterior sin que se hubiese formulado oposición dentro de 
plazo, o, habiéndose formulado, el juez hubiera resuelto desfavorablemente.
3.º  Cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer 
créditos contra la masa. Si los bienes de un deudor no se hubieran liquidado 
íntegramente, se mantendrá en la plataforma, que continuará realizando pagos 
periódicos a los acreedores a medida que se vayan produciendo las ventas de los 
activos, de acuerdo con las reglas generales del libro primero y conforme a la lista 
final de créditos insatisfechos aportada a la plataforma por el deudor o por el 
administrador concursal en el momento de conclusión del procedimiento especial 
de liquidación. Los gastos necesarios para la conservación de estos bienes se 
satisfarán también con cargo al producto obtenido de la venta de activos.
4.º  Cuando se compruebe el pago o consignación de la totalidad de los 
créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro 
medio, o el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores.
2. En el auto de conclusión del procedimiento especial de liquidación del 
deudor persona jurídica, el juez ordenará la cancelación de la hoja abierta a esa 
persona jurídica en el registro público en el que figure inscrita, con cierre definitivo 
de la hoja.
3. Tras la conclusión del procedimiento especial del deudor persona natural, 
cesarán las limitaciones sobre las facultades de administración y de disposición 
sobre aquel, salvo las que, en su caso, se contengan en la sentencia de 
calificación abreviada, y el deudor seguirá siendo responsable del pago de los 
créditos insatisfechos, salvo que obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho».
Ciento cincuenta y cuatro.  Se incluye un nuevo artículo 735 bis en el capítulo II del 
título II del libro cuarto con la siguiente redacción:
«Artículo 735 bis.  Compromiso con el fin de evitar procedimientos secundarios.
A los efectos del artículo 36 apartado 5 del Reglamento (UE) 2015/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos 
de insolvencia, para el procedimiento de aprobación del compromiso se seguirá lo 
dispuesto en el libro segundo de esta ley y se requerirá el voto favorable de 
acreedores locales afectados que representen las mayorías previstas en ese 
libro».
Ciento cincuenta y cinco.  Se añade un nuevo artículo 745 bis al título III del libro 
cuarto con la siguiente redacción:
«Artículo 745 bis.  Contratos de trabajo sometidos a la ley española.
En el caso de que se haya abierto un concurso principal en el extranjero y sus 
efectos sean reconocidos en España, con arreglo a esta ley o cualquier otra norma 
de la Unión Europea o convencional aplicables, los efectos del concurso sobre los 
contratos de trabajo y las relaciones laborales sometidas al derecho español se 
regirán exclusivamente por esta ley. Si, conforme a esta ley, la competencia en 
materia laboral hubiese correspondido al juez del concurso, el juez de lo mercantil 
que habría sido competente para abrir un procedimiento de insolvencia territorial 
será competente para aprobar la extinción o modificación de esos contratos, 
aunque no se haya incoado ningún procedimiento concursal en España».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123835
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento cincuenta y seis.  Se añade un nuevo título V al libro cuarto, integrado por los 
artículos 753 a 755, con la siguiente rúbrica y contenido:
«TÍTULO V
De las especialidades del Derecho preconcursal
Artículo 753.  Regla general.
1. Las normas de Derecho internacional privado establecidas en esta ley se 
aplicarán, con las adaptaciones pertinentes, a la comunicación de la apertura de 
negociaciones con los acreedores y a los planes de reestructuración regulados en 
el libro segundo.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, los títulos III y IV se 
aplicarán a los procedimientos de reestructuración preventiva extranjeros siempre 
que estos procedimientos sean funcionalmente equivalentes a los regulados en 
esta ley. Se presumirá que existe equivalencia funcional cuando se trate de 
procedimientos colectivos, basados en la legislación en materia de insolvencia, y 
cuyo fin sea la reestructuración del deudor o de su empresa, para garantizar su 
viabilidad y evitar la insolvencia.
Artículo 754.  Especialidades en materia de ley aplicable.
Los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones con los 
acreedores y de la homologación del plan de reestructuración reguladas en el libro 
segundo de esta ley se someterán a lo dispuesto en ese libro y tendrán alcance 
universal. En particular, no se aplicarán las reglas especiales previstas en los 
artículos 723 a 731, salvo la prevista el artículo 726 para los derechos sobre 
valores, sistemas de pagos y mercados financieros.
Artículo 755.  Competencia judicial internacional respecto de filiales extranjeras.
Cuando los tribunales españoles sean competentes para conocer de los 
procedimientos que se regulan en el libro segundo en relación con la sociedad 
matriz de un grupo de sociedades, podrán extender su competencia en relación 
con sociedades filiales cuyo centro de intereses principales se localice fuera de 
España, si concurren los siguientes requisitos:
1.º  Que la sociedad matriz haya instado la comunicación regulada en el libro 
segundo o vaya a quedar sometida al plan de reestructuración.
2.º  Que la comunicación o la homologación del plan de reestructuración se 
hayan solicitado como reservada en relación con las filiales, en cuyo caso ni la 
comunicación ni las resoluciones sobre la homologación del plan respecto de las 
filiales se publicarán en el Registro público concursal. Estas resoluciones se 
dictarán separadamente de las resoluciones relativas a la sociedad matriz.
3.º  Que la extensión de la competencia sobre las filiales resulte necesaria 
para garantizar el buen fin de las negociaciones de un plan de reestructuración o 
la adopción y cumplimiento del plan.
En cualquier caso, la competencia solo alcanzará a los acreedores 
contractuales comunes a la sociedad matriz y a las filiales».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123836
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Ciento cincuenta y siete.  Se añade una nueva disposición adicional primera con la 
redacción siguiente:
«Disposición adicional primera.  Haciendas Forales.
Las referencias que en esta ley se hacen a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria se entenderán también referidas a las Haciendas Forales 
de los territorios forales.
La extensión de la exoneración contemplada en el numeral 5.º del apartado 1 
del artículo 489 será común para todas las deudas por créditos de derecho público 
que un deudor mantenga en el mismo procedimiento con las Haciendas referidas 
en el párrafo anterior».
Ciento cincuenta y ocho.  Se añade una nueva disposición adicional segunda con la 
redacción siguiente.
«Disposición adicional segunda.  Participación de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación en los procedimientos de 
mediación concursal.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán, 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 4/2014, de 1 
de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación, y de conformidad con lo dispuesto en la legislación autonómica de 
desarrollo, ofrecer servicios de mediación concursal en el ámbito del 
procedimiento especial para microempresas regulado en el libro tercero de esta 
ley».
Disposición adicional primera.  Modelos de solicitud de concurso voluntario de 
acreedores.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio 
de Justicia aprobará el modelo de solicitud de declaración de concurso voluntario de 
acreedores, que será accesible por medios electrónicos sin coste alguno en la página 
web del Ministerio.
Disposición adicional segunda.  Plataforma electrónica de liquidación de bienes.
1. Antes de la entrada en vigor del libro tercero del texto refundido introducido por la 
presente ley, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha una plataforma electrónica de 
liquidación de bienes procedentes de procedimientos especiales de liquidación.
2. La plataforma consistirá en un portal público electrónico para la venta de los 
activos de las empresas en liquidación, que incluirá un catálogo integrado por los bienes 
que vayan siendo añadidos a través de comunicación por los deudores o por los 
administradores concursales tras la apertura de un procedimiento especial de 
liquidación. Salvo para aquellos supuestos excepcionales de bienes o derechos cuya 
transmisión se prevea a través de un sistema diverso en el plan de liquidación, el deudor 
o la administración concursal utilizarán la plataforma en línea de liquidación de bienes 
procedentes de procedimientos especiales de liquidación.
3. Los bienes y derechos se incorporarán al catálogo actualizado y clasificado por 
tipos de bienes. Salvo que el tipo de activo no lo aconseje, los bienes y derechos se 
incorporarán tanto a la sección de exposición de bienes individuales como a la sección 
por grupos agregados, junto con el precio inicial de cada bien y de los lotes. El precio 
inicial se corresponderá con la valoración concedida inicialmente al bien en el 
procedimiento especial de liquidación.
4. El deudor o la administración concursal remitirán a la plataforma la información 
detallada sobre los distintos activos, con descripción suficiente y estado de conservación, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123837
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
incluidas imágenes y todo cuanto determine la plataforma y sea susceptible de afectar el 
valor del activo.
5. La plataforma organizará la publicidad, la catalogación y la distribución de los 
bienes con criterios comerciales y de maximización de los ingresos. La venta de los 
bienes se producirá a través de subastas periódicas y, en casos justificados, mediante 
venta directa con los requisitos que se regulen reglamentariamente.
6. Si surgiera la posibilidad de transmisión de la empresa o de sus unidades 
productivas en un momento posterior a la elaboración del plan de liquidación, se 
realizará una valoración por el administrador concursal, si ha sido nombrado uno. En 
caso contrario, se deberá solicitar el nombramiento de un experto para la valoración.
7. La valoración sobrevenida de la empresa o de sus unidades productivas se 
notificará de manera específica al deudor y a los acreedores, que podrán hacer sus 
alegaciones durante cinco días hábiles. Transcurrido este plazo, el deudor, el 
administrador concursal o, en su caso, el experto confirmarán la valoración inicial o la 
modificarán en función de la información recibida.
8. El deudor o la administración concursal podrán incluir la empresa o sus unidades 
productivas en la plataforma a efectos de su exposición al mercado. La inclusión en la 
plataforma será requisito para la posterior presentación de ofertas de adquisición por 
persona especialmente relacionada con el deudor.
9. Para la inclusión de la empresa o de la unidad productiva en la plataforma, el 
deudor o, en su caso, la administración concursal aportarán, en la forma requerida por la 
plataforma, información sobre la forma de la persona jurídica concursada, el sector al 
que pertenece la empresa, el ámbito de actuación, el tiempo durante el que ha estado en 
funcionamiento, el volumen de negocio, el tamaño del balance y el número de 
empleados, el inventario de los activos más relevantes de la empresa, los contratos 
vigentes con terceros, las licencias y autorizaciones administrativas vigentes, los pasivos 
de la empresa con garantía real y la determinación de los bienes y derechos afectos, los 
procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera 
incursa y los aspectos laborales relevantes. En la comunicación, el deudor o la 
administración concursal determinarán qué parte de la información provista puede ser 
publicada en abierto y qué parte solo tras su autorización.
10.  Los interesados en la adquisición de la empresa comunicarán una expresión de 
interés no vinculante a través de la plataforma, que trasladará la misma al deudor o a la 
administración concursal inmediatamente.
11.  Una vez notificada la expresión de interés en la empresa o en el o los 
establecimientos mercantiles, la adquisición deberá tramitarse de acuerdo con el sistema 
de enajenación previsto en el artículo 710.
12.  Ejecutada la operación de liquidación, ya sea a través del procedimiento de 
subasta o de venta directa, la plataforma electrónica remitirá un certificado al letrado de 
la Administración de Justicia del juzgado de lo mercantil en el que se incluirá el contenido 
preciso que le permita verificar las condiciones de la enajenación, la identidad del 
adjudicatario o adquirente y los registros donde hacer constar la transmisión.
13.  Mediante orden del Ministerio de Justicia se definirán las especificaciones 
relativas a la operación y utilización de los servicios prestados por la Plataforma 
electrónica de liquidación de bienes procedentes de procedimientos especiales de 
liquidación.
14.  La plataforma creará la posibilidad de direccionar los distintos formularios 
normalizados a aquellos repositorios gestionados por el órgano competente según el 
libro tercero, de modo que la información llegue y pueda almacenarse por el Registro 
Mercantil o por el juzgado competente.
15. La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables.
Disposición adicional tercera.  Programa de cálculo.
El Gobierno promoverá la puesta a disposición de los empresarios y profesionales de 
un programa de cálculo automático del plan de pagos, con inclusión de distintas 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123838
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
simulaciones de plan de continuación. Este plan será accesible en línea y sin coste para 
el usuario.
Disposición adicional cuarta.  Formularios normalizados del procedimiento especial 
de microempresas.
Antes de la entrada en vigor del libro tercero del texto refundido introducido por la 
presente ley, por orden del Ministerio de Justicia se aprobarán las condiciones de acceso 
y modo de funcionamiento del servicio electrónico donde se podrá acceder y 
cumplimentar los formularios normalizados en ellos previstos. Dichos formularios serán 
electrónicos, accesibles en línea y sin coste. También serán accesibles en línea las 
directrices prácticas sobre la manera de su cumplimentación. El acceso a estos 
formularios normalizados implicará la posibilidad de su lectura y descarga, si bien su 
cumplimentación y envío se deberá realizar electrónicamente.
A los efectos de esta ley, se entenderán como formularios normalizados los servicios 
electrónicos donde poder cumplimentar y enviar la información necesaria en cada fase 
del procedimiento.
Disposición adicional quinta.  Web para el autodiagnóstico de salud empresarial.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantendrá, en la dirección electrónica 
que se determine, un servicio de autodiagnóstico que permita a las pequeñas y 
medianas empresas evaluar su situación de solvencia.
Disposición adicional sexta.  Portal de liquidaciones en el Registro público concursal.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se creará en 
el Registro público concursal el portal de liquidaciones concursales, en el que figurará 
una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información 
resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y 
explotaciones o unidades productivas.
Disposición adicional séptima.  Información por los registradores mercantiles.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se 
determinarán las condiciones y requisitos bajo los cuales el Colegio de Registradores de 
la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, pondrá a disposición del 
administrador societario que lo solicite un informe sobre la posición de riesgo de la 
sociedad en base a la información contenida en las cuentas.
Disposición adicional octava.  Régimen aplicable a los avales otorgados en virtud de 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
25/2020, de 3 julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo, y 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania.
1. Los avales públicos otorgados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, así como 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se regirán por el 
artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 que lo desarrolla en relación 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123839
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
con el régimen de cobranza de los avales otorgados en virtud de los referidos Reales 
Decretos-leyes y los sucesivos Acuerdos del Consejo de Ministros de desarrollo de los 
mismos. En todo caso, en los procedimientos previstos en la Ley Concursal se deberán 
tener en cuenta las especialidades recogidas en la presente disposición.
2. Los créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición 
tendrán la consideración de crédito financiero, a todos los efectos previstos en la Ley 
Concursal, incluyendo la formación de clases y la exoneración del pasivo insatisfecho. 
Estos créditos tendrán el rango de crédito ordinario, sin perjuicio de la existencia de otras 
garantías otorgadas al crédito principal avalado, en que ostentará al menos el mismo 
rango en orden de prelación a los derechos correspondientes a la parte del principal no 
avalado.
3. En los procedimientos previstos en la Ley Concursal, corresponderá a las 
entidades financieras, por cuenta y en nombre del Estado, la representación de los 
créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición, en los términos 
previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 y los 
posteriores Acuerdos del Consejo de Ministros que lo modifiquen o desarrollen. 
Corresponderá a las entidades financieras titulares del crédito principal avalado el 
ejercicio por cuenta y en nombre del Estado de las comunicaciones, ejercicio del derecho 
de voto o reclamaciones que fueran oportunas para el reconocimiento y pago de los 
créditos derivados de estos avales. En todo caso:
a) Los planes de reestructuración, continuación o propuestas de convenios que 
puedan afectar a los créditos derivados de estos avales públicos no pueden imponer 
ninguno de los contenidos siguientes: el cambio de la ley aplicable; el cambio de deudor, 
sin perjuicio de que un tercero asuma sin liberación de ese deudor la obligación de pago; 
la modificación o extinción de las garantías que tuvieren; o la conversión de los créditos 
en acciones o participaciones sociales, en créditos o préstamos participativos o en 
cualquier otro crédito de características o de rango distintos de aquellos que tuviere el 
crédito originario.
b) Para que las entidades de crédito puedan votar favorablemente en nombre y por 
cuenta del Estado a los planes de reestructuración que concedan aplazamientos, 
fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas o reconocidas, deberán recabar 
previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. La falta de autorización previa de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria determinará el perjuicio del aval, en la parte que no hubiera 
sido ejecutada o, en otro caso, la conservación de los derechos de recuperación y 
cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el 
contenido del Plan o convenio produzca efectos frente al mismo.
c) La autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se 
entiende emitida exclusivamente respecto de los créditos derivados de los avales 
públicos previstos en esta disposición y no afectará ni vinculará al derecho de voto 
derivado de los restantes créditos públicos calificados como ordinarios cuya gestión 
corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) En el caso de los planes de continuación o propuestas de convenio, será de 
aplicación lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
4. En caso de concurso del deudor avalado, el auto de declaración de concurso, 
independientemente de que se haya iniciado o no la ejecución del aval o se haya 
producido pago al acreedor principal, producirá, a los solos efectos de su intervención en 
el concurso, la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital por la parte del principal avalado conforme a lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 
de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Con independencia de esa subrogación, la entidad de crédito seguirá en todo caso 
representando el conjunto de los créditos derivados de la operación financiera, 
incluyendo la parte del principal subrogado, en los términos previstos en el apartado 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123840
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
anterior y los derivados de los Acuerdos del Consejo de Ministros dictados en aplicación 
del artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. A 
estos efectos, las entidades de crédito adoptarán los acuerdos y anotaciones que 
resulten necesarios como consecuencia de esta subrogación y harán las 
comunicaciones oportunas conforme a la normativa concursal y al régimen aplicable a 
estos avales.
Disposición adicional novena.  Referencias normativas.
Desde la entrada en vigor de la presente ley, las referencias normativas a los 
acuerdos de refinanciación y, en su caso, a los acuerdos extrajudiciales de pagos, han 
de entenderse realizadas a los planes de reestructuración regulados en el libro segundo 
y, tratándose de microempresas, a los planes de continuación en el libro tercero.
Disposición adicional décima.  Régimen aplicable a las certificaciones relativas a la 
administración concursal, en los concursos declarados desde el 1 de enero de 2020.
1. En relación con los concursos de acreedores declarados desde el 1 de enero 
de 2020, los letrados de la Administración de Justicia, dentro de los tres meses a contar 
desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado, remitirán al Consejo 
General del Poder Judicial y al Registro público concursal certificación acreditativa de los 
nombramientos, los ceses, con expresión de la causa, y, en su caso, la inhabilitación de 
los administradores concursales, de los auxiliares delegados y de los expertos en 
reestructuraciones, con indicación del tribunal y de la clase y fecha de la resolución 
judicial y del juez que la haya dictado, así como el importe de la retribución fijada o 
modificada para cada una de las fases del concurso de acreedores y la clase y fecha de 
las resoluciones judiciales en que se hubiera fijado o modificado y del juez que las haya 
dictado, así como la fecha de clausura del procedimiento.
2. La relación de personas incluidas en la certificación estará ordenada 
alfabéticamente por apellidos, si fueran personas naturales, y por denominación si no lo 
fueran.
Disposición adicional undécima.  Aplazamientos y fraccionamientos de deudas 
tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1. Las deudas tributarias para cuya gestión recaudatoria resulte competente la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria que se encuentren en período voluntario o 
ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado tributario, cuando 
su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los 
plazos establecidos.
Los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con cuotas iguales y 
vencimiento mensual, sin que en ningún caso puedan exceder de los regulados a 
continuación, a contar desde la finalización del plazo establecido para el pago en período 
voluntario original de la deuda tributaria de que se trate:
a) Plazo máximo de seis meses, para aquellos supuestos en que los aplazamientos 
y fraccionamientos se garanticen conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1, párrafos 
segundo y tercero de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y aquellos 
en los que se den las circunstancias previstas en el artículo 82.2.a) de la misma ley.
b) Plazo máximo de nueve meses para los supuestos en que los aplazamientos y 
fraccionamientos se garanticen conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1, párrafo 
primero de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c) Plazo máximo de doce meses para aquellos supuestos en los que se den las 
circunstancias previstas en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123841
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
2. En las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de 
derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los 
órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal, con exclusión de las deudas a que 
se refiere el Reglamento (UE) 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, que se 
regularán por lo dispuesto en dicho Reglamento, salvo las que se contraigan en 
aplicación del apartado 4 del artículo 105 del mismo, no se exigirán garantías siempre 
que su importe en conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo 
voluntario como en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este 
último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento 
de la presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el 
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como 
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el 
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de 
ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente 
garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del 
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u 
organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos 
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no 
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u 
organismos.
3. En todo lo no regulado expresamente en esta disposición, será de aplicación lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de 
desarrollo.
Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable a los procedimientos y 
actuaciones iniciadas después de la entrada en vigor de esta ley.
1. La presente ley será de aplicación:
1.º  A las solicitudes de concurso que se presenten por cualquier legitimado a partir 
de su entrada en vigor, incluidas las acompañadas de oferta de adquisición de una o 
varias unidades productivas, a la provisión de cualquiera de esas solicitudes y a la 
declaración de concurso.
2.º  A las solicitudes de nombramiento de experto para recabar ofertas de 
adquisición de una o varias unidades productivas que se presenten a partir de su entrada 
en vigor.
3.º  A los concursos de acreedores voluntarios o necesarios declarados a partir de 
su entrada en vigor.
4.º  A las comunicaciones de apertura de negociaciones con los acreedores o de la 
intención de negociarlas que se realicen a partir de su entrada en vigor.
5.º  A los planes de reestructuración que se negocien y a las solicitudes de 
homologación que se presenten a partir de su entrada en vigor.
2. Los concursos declarados antes de la entrada en vigor por la presente ley se 
regirán por lo establecido en la legislación anterior.
3. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, se regirán por la presente 
ley:
1.º  El informe de la administración concursal con el inventario y la relación de 
acreedores elaborada por el administrador concursal que se presenten después de su 
entrada en vigor.
2.º Las acciones rescisorias que se ejerciten después de su entrada en vigor.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123842
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
3.º  Las propuestas de convenio que se presenten después de su entrada en vigor, 
las adhesiones de los acreedores, y la tramitación de la propuesta.
4.º La modificación del convenio que se solicite después de su entrada en vigor.
5.º  La liquidación de la masa activa cuya apertura hubiera tenido lugar después de 
su entrada en vigor.
6.º  Las solicitudes de exoneración del pasivo que se presenten después de su 
entrada en vigor.
7.º  El régimen de calificación del concurso cuando la sección sexta hubiera sido 
abierta o reabierta después de su entrada en vigor.
8.º  Los recursos a interponer contra las resoluciones del juez del concurso dictadas 
después de su entrada en vigor.
4. Los concursos consecutivos a un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo 
extrajudicial de pagos que se declaren a partir de la entrada en vigor de la presente ley 
se regirán por lo establecido en los artículos 697 a 720 del texto refundido de la Ley 
Concursal, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio para el nombramiento de 
experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva y normas 
especiales en los concursos de acreedores de los microempresarios.
1. En tanto no entre en vigor el libro tercero del texto refundido introducido por la 
presente ley, en caso de probabilidad de insolvencia, los microempresarios, en el sentido 
dado a este término por el nuevo artículo 685, podrán solicitar el nombramiento de 
experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva.
2. En tanto no entre en vigor el libro tercero del texto refundido introducido por la 
presente ley, en los concursos de acreedores de los microempresarios, en el sentido 
dado a este término por el nuevo artículo 685, serán de aplicación las siguientes normas 
especiales:
1.ª  El deudor, aunque se encuentre en situación de mera probabilidad de 
insolvencia, podrá presentar solicitud de declaración de concurso, incluir en la solicitud 
oferta de adquisición de la unidad productiva de que sea titular y, a pesar de no estar en 
situación de insolvencia actual o inminente, solicitar en cualquier momento durante la 
tramitación del procedimiento la liquidación de la masa activa.
2.ª  El deudor obligado a llevar contabilidad no tendrá que acompañar a la solicitud 
de declaración de concurso los documentos contables o complementarios exigidos por 
los artículos 7 y 8 de la Ley Concursal, ni expresar en la solicitud la causa de la falta de 
presentación.
3.ª  El informe del administrador concursal, con el inventario y la relación de 
acreedores, deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que 
hubiera finalizado el plazo para la comunicación de créditos por los interesados.
4.ª  Si el informe de evaluación del administrador concursal fuera favorable y no 
contuviera reservas, la propuesta de convenio presentada por el deudor, cualquiera que 
sea su contenido, se entenderá que ha obtenido las mayorías necesarias si el pasivo que 
representan los acreedores adheridos fuera superior al pasivo de los acreedores que 
hubieran manifestado su oposición a la misma.
Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio del nombramiento del 
administrador concursal en el procedimiento especial para microempresas.
En tanto no entre en vigor el nuevo apartado 2 del artículo 689 del texto refundido, el 
nombramiento del administrador concursal en el procedimiento especial para 
microempresas se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
Concursal en su redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, de 30 de 
septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123843
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de la inscripción de las 
resoluciones judiciales de concesión de exoneración del pasivo insatisfecho.
Mientras no se haya aprobado el Real Decreto sobre estadística concursal al que se 
refiere la disposición final decimosexta de esta ley, el letrado de la Administración de 
Justicia remitirá al Registro público concursal las resoluciones judiciales que concedan la 
exoneración provisional con plan de pagos y aquellas que concedan la exoneración tras 
la liquidación de la masa activa. En ambos casos se precisará si la persona exonerada 
es o no empresaria.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio hasta la aprobación del 
Reglamento de la administración concursal.
En tanto no se apruebe por el Gobierno, conforme a la disposición final 
decimotercera, el Reglamento de la administración concursal en el que se establecerá el 
acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su 
retribución, continuarán resultando de aplicación la disposición transitoria única del Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Concursal, así como, en materia de arancel, la disposición transitoria tercera de la 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 
carga financiera y otras medidas de orden social.
Disposición transitoria sexta.  Venta directa de bienes a través de la plataforma de 
liquidación.
La regulación sobre la venta directa de bienes a través de la plataforma de 
liquidación a que se refiere el apartado 5 de la disposición adicional segunda entrará en 
vigor cuando se apruebe su desarrollo reglamentario.
Disposición transitoria séptima.  Efectos de la reducción en la cotización a la 
Seguridad Social aplicable a los trabajadores mayores de 62 años.
La modificación del apartado 4 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, efectuada por la disposición final décima, producirá efectos desde el día 1 de 
enero de 2022.
Disposición derogatoria.
Se derogan los artículos 6 a 12 del Código de Comercio, publicado por Real Decreto 
de 22 de agosto de 1885.
Disposición final primera.  Modificación del Código Civil, publicado por Real Decreto 
de 24 de julio de 1889.
Se modifica el Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, en los 
términos siguientes:
Uno.  Se modifica el apartado 7 del artículo 92, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«7.  No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores 
esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual 
del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá 
cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas 
practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de 
género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123844
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a 
cualquiera de estas personas».
Dos.  Se modifica el primer párrafo del artículo 914 bis, que queda con la siguiente 
redacción:
«A falta de disposición testamentaria relativa a los animales de compañía 
propiedad del causante, estos se entregarán a los herederos o legatarios que los 
reclamen de acuerdo con las leyes».
Tres. Se modifica el ordinal 2.º del artículo 1365, que queda redactado como sigue:
«2.º  En el ejercicio de la profesión, arte u oficio o en la administración 
ordinaria de los propios bienes».
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto 
de 8 de febrero de 1946.
Se modifica la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.
Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, 
deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria, o documento auténtico 
expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que 
prescriban los reglamentos.  También podrán ser inscritos los títulos expresados 
en el artículo anterior en virtud de testimonio del auto de homologación de un plan 
de reestructuración, del que resulte la inscripción a favor del deudor, de los 
acreedores o de las partes afectadas que lo hayan suscrito o a los que se les 
hayan extendido sus efectos».
Dos. El párrafo primero del artículo 82 queda redactado como sigue:
«Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura 
pública no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente 
recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico en la cual preste 
su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la 
inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. La 
cancelación de inscripciones o anotaciones preventivas a favor del deudor, de los 
acreedores o de las partes afectadas que resulte de un plan de reestructuración 
homologado respecto a quienes lo hubieran suscrito o a quienes se les hubieran 
extendido sus efectos se practicará por testimonio del auto de homologación de 
ese acuerdo».
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita.
Se añade un nuevo apartado g) al artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, relativo al ámbito personal de aplicación, que desplaza el 
orden de las siguientes letras y queda redactado como sigue:
«g)  En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores 
personas naturales que tengan la consideración de microempresa en los términos 
establecidos en el texto refundido de la Ley Concursal, a los que resulte de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123845
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
aplicación el procedimiento especial previsto en su libro tercero, siempre que 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar 
depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal 
de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las 
personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social».
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que queda redactada como sigue:
«b)  Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del 
Fiscal General del Estado».
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
Se modifica la numeración del actual apartado 3 del artículo 589 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que pasa a ser apartado 4, y se introduce un 
nuevo apartado 3, con la siguiente redacción:
«3.  Si el ejecutado no señalare bienes susceptibles de embargo o el valor de 
los señalados fuera insuficiente para el fin de la ejecución, el letrado de la 
Administración de Justicia dictará decreto advirtiendo al ejecutado de que, en caso 
de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, 
puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar 
negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, con 
paralización de las ejecuciones durante esa negociación en los términos 
establecidos por la ley; y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no 
lo hace, tiene el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer ese estado de insolvencia».
Disposición final sexta.  Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de 
los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, 
de 29 de noviembre.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, 
incluyendo un último párrafo en el apartado 8 del artículo 8 con la siguiente redacción:
«El concurso de acreedores no podrá dar lugar a la resolución judicial del plan 
de pensiones del concursado».
Disposición final séptima.  Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 y se añade un apartado 3 al artículo 365 en los 
siguientes términos:
«1.  Cuando concurra causa legal o estatutaria, los administradores deberán 
convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123846
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
disolución. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria 
si, a su juicio, concurriera causa de disolución».
«3.  Los administradores no estarán obligados a convocar junta general para 
que adopte el acuerdo de disolución cuando hubieran solicitado en debida forma la 
declaración de concurso de la sociedad o comunicado al juzgado competente la 
existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de 
reestructuración del activo, del pasivo o de ambos. La convocatoria de la junta 
procederá de inmediato en tanto dejen de estar vigentes los efectos de esa 
comunicación».
Dos. El artículo 367 queda redactado como sigue:
«Artículo 367.  Responsabilidad solidaria por las deudas sociales.
1. Los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta 
general en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de una causa 
legal o estatutaria de disolución o, en caso de nombramiento posterior, a contar 
desde la fecha de la aceptación del cargo, para que adopte, en su caso, el 
acuerdo de disolución o aquel o aquellos que sean necesarios para la remoción de 
la causa, así como los que no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos 
meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando 
esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera 
sido contrario a la disolución, responderán solidariamente de las obligaciones 
sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, en caso de 
nombramiento en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales 
posteriores a la aceptación del nombramiento.
2. Salvo prueba en contrario, las obligaciones sociales cuyo cumplimiento 
sea reclamado judicialmente por acreedores legítimos se presumirán de fecha 
posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del 
nombramiento por el administrador.
3. No obstante el previo acaecimiento de causa legal o estatutaria de 
disolución, los administradores de la sociedad no serán responsables de las 
deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, en caso de 
nombramiento en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales 
posteriores a la aceptación del nombramiento, si en el plazo de dos meses a 
contar desde el acaecimiento de la causa de disolución o de la aceptación el 
nombramiento, hubieran comunicado al juzgado la existencia de negociaciones 
con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración o hubieran solicitado 
la declaración de concurso de la sociedad. Si el plan de reestructuración no se 
alcanzase, el plazo de los dos meses se reanudará desde que la comunicación del 
inicio de negociaciones deje de producir efectos».
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social.
Se introduce un nuevo artículo 10 bis a la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 
Social, con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis.  Capitalización de la prestación por desempleo para la 
adquisición de la condición de sociedad laboral o transformación en 
cooperativa por sociedades mercantiles en concurso.
1. La entidad gestora podrá abonar a las personas que reúnan todos los 
requisitos para ser beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo, salvo 
el de estar en situación legal de desempleo, el valor actual del importe de dicha 
prestación, cuando pretendan adquirir acciones o participaciones sociales de una 
sociedad en la que prestan servicios retribuidos como personas trabajadoras con 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123847
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
contrato de trabajo por tiempo indefinido de forma que, con dicha adquisición, 
individualmente considerada, o con las adquisiciones que realicen otras personas, 
trabajadoras o no de la sociedad, esta reúna las condiciones legalmente 
necesarias para adquirir la condición de sociedad laboral o transformarse en 
cooperativa.
La solicitud de la prestación y de la capitalización será simultánea y la fecha de 
la misma se asimilará, a efectos de reconocimiento y cálculo de la prestación, a la 
fecha de la situación legal de desempleo.
2. El abono de la prestación capitalizada requerirá que la empresa se haya 
declarado en concurso y que el juez de lo mercantil haya acordado la 
transformación de la sociedad en una sociedad cooperativa o sociedad laboral en 
el marco de lo dispuesto en los artículos 219 o 224 bis y artículos concordantes 
del texto refundido de la Ley Concursal.
3. En los supuestos establecidos en el apartado 1 la prestación se podrá 
capitalizar hasta el 100 por cien de su importe para destinarla a la adquisición de 
acciones o participaciones sociales de la sociedad en la que trabajen las personas 
solicitantes o, en el caso de no obtener la prestación por su importe total, el 
importe restante se podrá obtener conforme a lo establecido para subvencionar las 
cuotas a la seguridad social según lo que se dispone en el apartado 4.
4. Cuando la prestación se obtenga, en el importe que corresponda, para la 
subvención de las cuotas a la seguridad social, el abono por parte de la entidad 
gestora se realizará en los siguientes términos:
a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, 
será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra de la persona 
trabajadora a la Seguridad Social en el momento de la solicitud de la capitalización 
sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe de la subvención 
quede por debajo de la aportación del trabajador o trabajadora que corresponda a 
la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social, 
abonándose, en tal caso, esta última.
b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, 
previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes 
correspondiente.
5. Mediante desarrollo reglamentario se precisará el procedimiento mediante 
el cual la entidad gestora acreditará ante el juez del concurso que en caso de ser 
autorizado por este se autorizarán las capitalizaciones de las prestaciones por 
desempleo que posibilitarán la transformación de la sociedad en sociedad 
cooperativa o sociedad laboral».
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
cooperación jurídica internacional en materia civil.
Se añaden cuatro nuevos apartados al artículo 4 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
cooperación jurídica internacional en materia civil, quedando su contenido actual como 
apartado 1, en los términos siguientes:
«2.  El juez español deberá informar a la autoridad judicial extranjera de los 
términos en que se vaya a desarrollar la comunicación y de la forma en que se 
dejará constancia de ella.
3. En caso de que la comunicación se haga por escrito, y si el juez lo 
considera necesario, recabará la asistencia de un traductor. Si lo considera 
conveniente, y con carácter previo a la comunicación, dará audiencia a las partes 
para que formulen las alegaciones o peticiones que estimen oportunas. En todo 
caso, una vez terminada la comunicación, se dejará constancia de su contenido en 
las actuaciones y se dará traslado a las partes.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123848
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
4. En caso de que la comunicación se efectúe de manera oral, y si el juez lo 
considera necesario, recabará la asistencia de un intérprete. Si lo considera 
conveniente, y con carácter previo a la comunicación, dará audiencia a las partes 
para que formulen las alegaciones o peticiones que estimen oportunas. De ser 
posible, y siempre que lo considere adecuado, el juez podrá permitir la presencia 
de las partes durante el desarrollo de la comunicación. En todo caso, una vez 
terminada la comunicación, se dejará constancia de su contenido mediante 
grabación u otro medio, que se incorporará a las actuaciones y del que también se 
dará traslado a las partes.
5. En cualquier caso, el juez adoptará las medidas oportunas para preservar 
la confidencialidad de la información objeto de comunicación que tenga esa 
naturaleza».
Disposición final décima.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el apartado 4 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
que queda redactado como sigue:
«La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de nacimiento y cuidado de menor, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, así como 
en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así se establezca 
reglamentariamente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán 
derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad 
temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. A 
estas reducciones de cuotas no les resultará de aplicación lo establecido en el 
artículo 20.1».
Disposición final undécima.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Se modifica la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que queda 
redactada como se indica:
«Disposición adicional primera.  Grupos de sociedades.
A los efectos del texto refundido de la Ley Concursal se entenderá por grupo 
de sociedades el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, aunque el 
control sobre las sociedades directa o indirectamente dependientes lo ostente una 
persona natural o una persona jurídica que no sea sociedad mercantil».
Disposición final duodécima.  Asesoramiento a empresas en dificultades.
El Gobierno promoverá la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y 
medianas empresas en dificultades en un estadio temprano de dificultades con el 
propósito de evitar su insolvencia.
Este servicio se prestaría a solicitud de las empresas, tendrá carácter confidencial y 
no impondrá obligaciones de actuación a las empresas que recurran a él ni supondrá 
asunción de responsabilidad alguna para los prestadores del servicio.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123849
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Disposición final decimotercera.  Reglamento de la administración concursal.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, aprobará mediante real decreto el Reglamento de la 
administración concursal, en el que se establecerá el acceso a la actividad, el 
nombramiento de los administradores concursales y su retribución.
Disposición final decimocuarta.  Reglamento del Registro público concursal.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará mediante real decreto la 
reforma del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro 
público concursal, en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como 
los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la 
plataforma europea.
2. El real decreto contemplará las condiciones para la publicación de las 
retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que 
resulte designado.
Disposición final decimoquinta.  Reglamento de comunicaciones entre la Fiscalía y el 
Gobierno o entre la Fiscalía y los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará mediante real decreto las normas 
reglamentarias oportunas que regulen las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno 
de la Nación o entre la Fiscalía y los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas.
Disposición final decimosexta.  Reglamento sobre estadística concursal.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, aprobará mediante real decreto un Reglamento sobre estadística 
concursal, que determinará las estadísticas que han de elaborarse para analizar 
adecuadamente la eficacia y eficiencia de los instrumentos preconcursales y 
concursales, y cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/1023, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas 
para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132.
Disposición final decimoséptima.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas 
para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva 
sobre reestructuración e insolvencia).
Disposición final decimoctava.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 6.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil» y de «legislación 
procesal».
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123850
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
Disposición final decimonovena.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», con excepción del libro tercero del texto refundido de la Ley 
Concursal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del 
artículo 689, que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la 
disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial y la disposición adicional undécima referida a los aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 5 de septiembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 6 de septiembre de 2022 Sec. I.   Pág. 123851
cve: BOE-A-2022-14580
Verificable en https://www.boe.es
https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X