BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49749
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6872 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de 
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, 
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de 
trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores.
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad 
uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea 
somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor 
político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados 
miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del 
escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de 
transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada 
(artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).
España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en 
los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento de los mismos. No obstante, 
en los últimos años, hechos como la repetición de elecciones generales en 2019, con la 
consiguiente disolución de las Cortes generales y la existencia de un Gobierno en 
funciones durante un tiempo prolongado, así como la propagación de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 desde el primer trimestre de 2020, explican la acumulación 
de retrasos en la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango 
de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico interno,
En algunos de estos casos, existe además un riesgo de multa con base en lo 
establecido en el artículo 260.3 del TFUE, al haberse recibido las correspondientes cartas 
de emplazamiento y existir un procedimiento de infracción abierto por la Comisión. Tal es 
el caso de la mayoría de Directivas cuya transposición constituye el objeto del presente 
real decreto-ley.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir 
a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que permitirá 
cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.
En lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de 
España», debe tenerse en cuenta que pese al carácter opcional previsto en el artículo 260.3 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación de 13 de 
diciembre de 2016, «Derecho de la UE» mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de 
manera sistemática la suma a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la 
suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la 
infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un procedimiento de 
infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo.
Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva 
práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación 
de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de 
enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49750
a la transposición antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, para 
evitar así un procedimiento judicial que finalizaría mediante una sentencia que declare el 
incumplimiento por parte del Reino de España de las obligaciones que le impone el 
Derecho de la Unión.
En cuanto a la utilización del real decreto-ley, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que la situación de extraordinaria y urgente necesidad que exige, como presupuesto 
habilitante, el artículo 86.1 de la Constitución Española, puede deducirse «de una 
pluralidad de elementos», entre ellos, «los que quedan reflejados en la exposición de 
motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas 
contenidas en él debe existir una «relación directa o de congruencia». Por tanto, para la 
concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, 
de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los 
motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo 
que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una 
necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada 
para subvenir a ella».
Por otro lado, en relación con la figura del real decreto-ley, como instrumento de 
transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 23/1993, de 21 
de enero, declara que el real decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para 
afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, 
avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad 
del artículo 86.1 de la Constitución Española cuando concurran «el patente retraso en la 
transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de 
España».
Asimismo, en relación con la diversidad de ámbitos y materias que el presente real 
decreto-ley viene a regular, se estima necesario destacar que el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia 136/2011, de 13 de septiembre, afirma que el dogma de la deseable 
homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador 
dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución Española precepto 
alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo.
A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/2015, de 24 de 
septiembre, declaró en materia decretos-leyes transversales que «la concurrencia de la 
urgencia y la necesidad debe analizarse de cada precepto, porque solo de este modo 
podrá realizarse un examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma».
De este modo, sigue diciendo en su Sentencia el Tribunal Constitucional, «por más 
que pueda hablarse de la existencia de una global situación de urgencia o de necesidad, 
vinculada a lo que este Tribunal ha denominado como «coyunturas económicas 
problemáticas», en los supuestos en que existe la previsión de un conjunto de medidas 
diversas para afrontar esa coyuntura, bien se puede exigir al Gobierno que exponga 
razonadamente los motivos que ha tenido en cuenta para incluir cada bloque de medidas 
en el decreto-ley, optando por sacarlas de la órbita de un eventual proyecto de ley 
específico. Por tanto (...) la valoración de la concurrencia del presupuesto habilitante en un 
decreto-ley transversal, pasa por verificar que la motivación relativa a la existencia de 
dicho presupuesto, no es una vaga motivación genérica, sino que se refiere, expresamente, 
a cada precepto o grupo de preceptos, con el objetivo de exteriorizar las razones que 
justifican la inclusión de esas medidas en un decreto-ley. Solo de este modo, quien está 
llamado a ejercer el control sobre el Decreto-ley puede tener presentes «las situaciones 
concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación de cada 
uno de los Decretos-leyes enjuiciados» (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 182/1997, 
de 28 de octubre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)».
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49751
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general.
Por todo ello, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en los 
sucesivos apartados de esta exposición de motivos se concretan las razones que justifican 
la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de 
los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.
II
El Título I, que comprende los artículos primero y segundo, contiene las modificaciones 
derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de 
competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las 
normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior 
(Directiva ECN+).
La aplicación efectiva del derecho de la competencia garantiza mercados competitivos, 
más abiertos y justos, en los que las empresas compiten sobre la base de sus méritos 
generando riqueza y creando puestos de trabajo. Dicha aplicación protege además a los 
consumidores y las consumidoras de las prácticas comerciales que generan precios de 
bienes y servicios a niveles artificialmente elevados y aumenta sus posibilidades de 
elección de bienes y servicios de mayor calidad.
La consecución de estos objetivos de la política de competencia requiere de 
autoridades de competencia dotadas de las facultades e instrumentos necesarios para 
garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados. Así, la aplicación 
efectiva de la normativa de competencia en la Unión Europea requiere de un verdadero 
espacio común de aplicación tanto de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) como del derecho nacional de la competencia en paralelo a 
dichos artículos, de modo que las Autoridades Nacionales de Competencia (en adelante 
ANC) puedan ser plenamente eficaces. Sin embargo, tradicionalmente han existido 
divergencias en las herramientas de que disponen las distintas ANC para aplicar 
efectivamente la normativa de competencia, así como margen de mejora en los 
instrumentos de asistencia mutua entre ellas.
La aprobación de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los 
Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia 
y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (Directiva ECN+) tiene como 
principal objetivo superar las deficiencias del sistema que han supuesto la aplicación 
desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE, velando para que las ANC de los Estados 
miembros dispongan de las garantías de independencia, los recursos y facultades de 
aplicación e imposición de multas necesarios para poder aplicar eficazmente los 
artículos 101 y 102 del TFUE.
El plazo de transposición de la Directiva ECN+ venció el pasado 4 de febrero de 2021. 
Se ha recibido carta de emplazamiento de la Comisión fechada el pasado 18 de marzo 
para su contestación en el plazo de dos meses, existiendo un procedimiento de infracción 
abierto.
Dentro del sistema de defensa de la competencia español, corresponde a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como ANC el papel de garante de la 
competencia en los mercados en el ámbito nacional, sin perjuicio de las facultades de los 
organismos de competencia autonómicos.
La regulación española ya contempla la mayor parte de las previsiones contenidas en 
la Directiva ECN+. Con todo, la plena adecuación a la Directiva ECN+ hace necesario 
modificar, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, para garantizar la 
plena adecuación a las previsiones del derecho europeo y realizar alguna modificación 
puntual en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49752
Entre los elementos que se transponen a nuestro ordenamiento destacan las medidas 
e instrumentos para impulsar la asistencia mutua entre la CNMC y las ANC de los Estados 
miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea y reforzar la Red Europea de 
Competencia de la que forman parte todas ellas, garantizando la aplicación efectiva de los 
artículos 101 y 102 del TFUE y el buen funcionamiento del mercado interior. En este 
ámbito destaca la regulación de la interrupción de la prescripción por actuación de otras 
ANC, por actuación de la Comisión Europea o como consecuencia de la revisión 
jurisdiccional.
La ley procede a la transposición a nuestro ordenamiento de otros elementos que 
buscan garantizar una aplicación más eficaz de la normativa de competencia. En este 
sentido, se amplían y concretan en mayor medida los deberes de información y 
colaboración y las facultades de inspección, regulando expresamente la facultad de 
realizar entrevistas a las personas representantes y al personal de las empresas 
investigadas.
Igualmente, derivado del proceso de transposición, la ley procede a realizar otros 
ajustes en la normativa de competencia, como son la revisión del límite máximo de las 
multas para todas las infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE, la revisión de la 
regulación de las multas coercitivas, la introducción de determinados ajustes en el 
programa de clemencia o incluir de rechazar denuncias con base en criterios de 
priorización.
Por último, cabe señalar que transposición completa de la Directiva ECN+ requiere 
algunas modificaciones menores que no están previstas en norma de rango de Ley, ya que 
se ha decidido, de acuerdo con los principios de buena regulación, que su transposición 
se lleve a cabo a través de norma reglamentaria. Por ello, se plantea la modificación de 
determinados artículos del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el 
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero y la modificación del Real Decreto 2295/2004, 
de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de 
competencia para recoger cuestiones como la forma de presentación de las solicitudes de 
clemencia o el desarrollo de los principios de cooperación. Se incluye una disposición final 
para la salvaguarda de rango de estos desarrollos reglamentarios.
III
El Título II, que consta del artículo tercero, introduce las necesarias modificaciones en 
nuestro ordenamiento interno, para la correcta transposición de la reciente Directiva en 
materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, que modifica las anteriores Directivas adoptadas en este 
ámbito.
Se trata de una materia que tiene la necesidad de adaptarse y evolucionar a medida 
que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta su normativa reguladora. 
Conforme a esta premisa, después de la transposición mediante el Real Decreto 
Ley 11/2018, de 31 de agosto, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Cuarta Directiva), 
debe adaptarse nuevamente la normativa nacional a otras normas europeas.
En concreto, procede transponer la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE 
y 2013/36/UE (Quinta Directiva). Y ello con el doble objetivo de perfeccionar los 
mecanismos de prevención del terrorismo y de mejorar la transparencia y disponibilidad de 
información sobre los titulares reales de las personas jurídicas y otras entidades sin 
personalidad jurídica que actúan en el tráfico jurídico.
Dentro de las modificaciones derivadas de la transposición de la Quinta Directiva 
destaca la incorporación de nuevos sujetos obligados y, en particular, el sometimiento a las 
obligaciones preventivas de las personas que presten servicios de cambio de moneda 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49753
virtual por moneda de curso legal. Asimismo, se incorpora como sujetos obligados a los 
proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, entendiendo por tales 
aquellas personas físicas o jurídicas que prestan servicios de salvaguardia de claves 
criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y 
la transferencia de monedas virtuales de manera similar a la de la custodia de fondos o 
activos financieros tradicionales. En ambos casos, el sometimiento a la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales se acompaña, tal y como requiere la Directiva (UE) 
2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, de una 
obligación de registro de estos prestadores.
La Quinta Directiva lleva a cabo una reforma trascendental en lo que se refiere a los 
registros de titulares reales, para los cuales establece un sistema de acceso público ya no 
limitado a sujetos obligados y autoridades. Para ello, esta ley crea un nuevo modelo de 
identificación de la titularidad real que parte de la creación de un Registro único en el 
Ministerio de Justicia, que obtendrá información de manera directa, pero que además 
centralizará la información contenida en los registros y bases de datos existentes en el 
Consejo General del Notariado y el Registro Mercantil. Este registro será el que garantice 
la interconexión con el resto de registros de la Unión Europea y, además, será el encargado 
de controlar los accesos y su ajuste a Derecho, así como a las limitaciones que la 
normativa impone.
La creación de este registro se acompaña del establecimiento de una obligación para 
las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y 
actualizar esta información de titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos 
obligados. En este contexto se aclaran tanto los datos e información que deben mantenerse 
en este registro como las personas concretas responsables del mantenimiento y 
actualización del mismo.
En la Quinta Directiva se establece por vez primera la obligación de creación de 
sistemas automatizados de bases de datos centralizadas de cuentas de pago y de cuentas 
bancarias, un instrumento ya contemplado en el texto original de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
denominado Fichero de Titularidades Financieras.
Este fichero automatizado se encuentra ya en pleno funcionamiento en España desde 
el año 2016, pero se realizan ahora ajustes adicionales para adaptar su contenido a las 
nuevas exigencias de la Quinta Directiva. Así, se incorpora la obligación de declarar el 
alquiler de cajas de seguridad y las cuentas de pago, con inclusión de las que se gestionen 
por entidades de pago y entidades de dinero electrónico, que pasan a ser sujetos obligados 
a declarar junto con las entidades de crédito, que ya tenían esta obligación. Asimismo, se 
incluyen modificaciones en el sistema de acceso a esta información, reconociendo a 
nuevas autoridades con competencias para el acceso y modificando el marco y condiciones 
para el acceso de otras autoridades ya contempladas por la norma.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la Quinta Directiva, al tratamiento 
de datos personales en esta materia le serán de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, en los términos que se indican en esta ley.
El Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2018, relativo a los controles de entrada y salida de efectivo de la Unión y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005, de aplicación obligatoria a partir del 3 
de junio de 2021, establece nuevas obligaciones que deben recogerse en la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, y, como señala su Considerando número (7), determina un sistema de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49754
normas que facilita la prevención, detección e investigación de las actividades delictivas 
definidas en la Directiva de prevención del blanqueo de capitales. En concreto, la definición 
de efectivo incluye a las materias primas utilizadas como depósito de gran liquidez, se 
establece la obligación de informar del efectivo no acompañado y la necesidad de 
declaración del efectivo transportado en movimientos de la entrada o salida de la Unión 
Europea por aquellos que realicen actividades de transporte profesional de fondos o 
medios de pago. También se modifica el régimen jurídico aplicable a la intervención 
temporal de medios de pago, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1672 de 23 de octubre de 2018, que determina la 
introducción una reclamación administrativa contra la intervención temporal de medios de 
pago y su relación con el procedimiento sancionador de movimiento de efectivo a los 
efectos de los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
IV
El Título III de este real decreto-ley establece, en los artículos cuarto a octavo, las 
modificaciones legales derivadas de la transposición de aquellas disposiciones que 
requieren rango de ley de la Directiva (UE) 2019/878 (CRD5), del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20 de mayo de 2019 y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo de 2019.
En respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008 y de los 
mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó un nuevo marco global con nuevas 
normas sobre la adecuación del capital de los bancos (Acuerdo de Basilea III).
Fruto del consenso internacional gestado a raíz de la crisis financiera global de 2008, 
los miembros del G20 coincidieron en que era necesario arbitrar mecanismos que 
permitieran abordar las dificultades que pudieran experimentar las entidades financieras 
evitando todo impacto a los recursos de los contribuyentes, a la vez que se preservaba la 
estabilidad del sistema financiero internacional.
Como consecuencia de estos trabajos, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por 
sus siglas en inglés) aprobó en 2015 el requerimiento de capacidad total de absorción de 
pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés) de capitalización de entidades que pondera los 
activos de las entidades según su riesgo y exige que al menos un 18 por ciento de dichos 
activos estén cubiertos por capital y deuda subordinada -deuda que puede ser convertida 
en capital si la entidad se encuentra en dificultades. Ahora bien, el estándar TLAC se 
aplica únicamente a aquellas entidades financieras que tengan una importancia sistémica 
mundial, quedando en manos del regulador nacional el régimen de las demás entidades. 
En el caso de la Unión Europea, existía un peligro de arbitraje regulatorio y diferencias de 
trato a las entidades, pues a la regulación de cada Estado miembro se añadía una 
regulación distinta para las grandes entidades.
Por ello, en el seno de la Unión se decidió crear un equivalente comunitario del TLAC 
que fuera aplicable a todas las entidades del espacio común: el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés). Este conjunto de 
reglas comunes dentro de la Unión Europea, que delimitan la capacidad necesaria para 
absorber pérdidas de una forma común para todos los Estados miembros, constituye una 
de las piezas indispensables en la construcción de la Unión Bancaria.
La reforma del marco legislativo aplicable a entidades de crédito que tuvo lugar 
en 2013 y 2014, así como de la arquitectura bancaria europea sobre supervisión y gestión 
de crisis bancarias, han sido necesarias para garantizar una mayor resiliencia del sistema 
financiero y avanzar en el proceso de la Unión Bancaria.
No obstante, con objeto de seguir avanzando en la consecución de ambos objetivos, 
la Comisión Europea presentó en noviembre de 2016 un paquete legislativo que 
comprendía modificaciones del código normativo único y en particular de la Directiva y del 
Reglamento de Requisitos de Capital, así como de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por la que se establece un marco para la 
reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49755
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las 
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria en 
adelante), y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 15 de julio de 2014 por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento 
uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de 
servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo 
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (Reglamento de 
Recuperación y Resolución Bancaria en adelante).
Esta reforma legislativa incorporaba al ordenamiento jurídico los últimos elementos 
acordados por el CSBB y la Junta de Estabilidad Financiera relativos al proceso de reforma 
regulatoria bancaria comenzado tras el desencadenamiento de la crisis financiera 
internacional. En particular, la ratio de apalancamiento obligatorio para todas las entidades, 
el requisito de financiación estable neta obligatorio para todas las entidades, así como el 
requisito de capacidad de absorción de pérdidas obligatorio para todas las entidades de 
importancia sistémica mundial (TLAC).
Además de incorporar los últimos elementos de Basilea III y otros estándares 
internacionales (en particular, el requisito de capacidad de absorción de pérdidas 
obligatorio para todas las entidades de importancia sistémica mundial), la propuesta de la 
Comisión actualizaba la normativa para adaptarla también a las características específicas 
del mercado de la Unión. En este sentido, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo 
han aprobado los actos jurídicos oportunos.
En primer lugar, el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que 
se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión, y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de 
recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como 
la Directiva 98/26/CE. Dichas normas modificativas reforman el marco de resolución y 
liquidación aplicable a las entidades de crédito.
En segundo lugar, el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los 
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el 
riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones 
a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de 
presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012, por el que 
se modifica el Reglamento de Requisitos de Capital, así como la Directiva (UE) 2019/878 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras 
de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas 
y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital reforman el 
marco normativo prudencial aplicable a las entidades de crédito. Dichas normas modifican, 
respectivamente, la Directiva y el Reglamento de Requisitos de Capital.
Con fecha de 9 de diciembre de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Acuerdo de 
tramitación por urgencia de diversas normas en el ámbito de la regulación financiera y, en 
particular, de dos anteproyectos de ley que ahora conforman, únicamente en lo que a 
transposición se refiere, el contenido del Título III de este real decreto-ley.
Uno de ellos tenía como finalidad la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de 
la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019. 
Esta Directiva se complementa con el Reglamento 2019/876 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49756
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el 
riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones 
a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de 
presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012. La revisión 
del marco normativo prudencial tiene por finalidad garantizar su eficacia, así como del 
régimen supervisor de entidades de crédito, todo ello teniendo en cuenta las principales 
debilidades detectadas hasta el momento, velando asimismo por el principio de 
proporcionalidad. Adicionalmente, contiene modificaciones que son necesarias a raíz de la 
adopción de otros actos jurídicos pertinentes de la Unión, como la Directiva 2014/59/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo o las modificaciones, paralelamente propuestas, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013. El plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/878 
venció el 28 de diciembre de 2020.
El otro anteproyecto de ley tenía como finalidad la trasposición de la Directiva (UE) 
2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y 
de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así 
como la Directiva 98/26/CE (Segunda Directiva de Resolución y Recuperación de 
Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión o BRRDII). Esta Directiva se 
complementa con el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de mayo de 201, por el que se modifica el Reglamento (UE) 806/2014 en lo que se 
refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de 
crédito y las empresas de inversión. Su finalidad es la adecuación del marco de resolución 
europeo a los estándares internacionales de la Junta de Estabilidad Financiera (Financial 
Stability Board) en lo que se refiere al requisito de pasivos elegibles capaces de absorber 
pérdidas de las entidades globalmente sistémicas (conocido por sus siglas en inglés, 
TLAC). Asimismo, se refuerzan las facultades de las autoridades de resolución y se eleva 
el requisito de pasivos elegibles para absorber pérdidas, no solo para las entidades 
globalmente sistémicas sino para todas las entidades, lo que permitirá resoluciones más 
eficaces y en las que se minimice el coste para el contribuyente. El plazo para trasponer 
esta directiva venció el 28 de diciembre de 2020.
No obstante lo anterior, la fecha límite para la transposición de ambas directivas venció 
el 28 de diciembre de 2020, siendo el 3 de febrero de 2021 cuando se recibió carta de 
emplazamiento de la Comisión Europea dando inicio al correspondiente procedimiento de 
infracción.
Los reglamentos que complementan estas directivas contienen disposiciones que, o 
bien ya han entrado en vigor, o bien se encuentran próximas a entrar en vigor. La aplicación 
de los reglamentos sin la debida inserción de las directivas en el ordenamiento jurídico 
español, originan disfunciones que se acentúan en el contexto de la Unión Bancaria, en el 
que juegan un papel esencial las autoridades europeas de supervisión y resolución: el 
Banco Central Europeo y la Junta Única de Resolución.
La trasposición de la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, requiere de la aplicación diferida de algunas de sus disposiciones. 
En efecto, como se recoge en el artículo 2.1 de dicha directiva, la directiva debe ser 
traspuesta a más tardar el 28 de diciembre de 2020 y aplicable desde el 29 de diciembre 
de dicho año. Sin embargo, para determinadas disposiciones se establece una aplicación 
diferida en dos plazos distintos: el 28 de junio de 2021 y el 1 de enero de 2022. A ello 
responden precisamente los apartados a) y b) de la disposición final octava y no es 
contrario a la extraordinaria y urgente necesidad dado que la aplicación diferida (que no la 
obligación de transponer estas disposiciones, que venció el pasado 28 de diciembre) nace 
directamente de la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019.
Asimismo, la referida Directiva 2019/878 (CRD5), de 20 de mayo de 2019, introduce 
un nuevo apartado 3 en el artículo 3 de la Directiva 2013/36 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se equipara el tratamiento regulatorio previsto 
en la propia Directiva 2013/36 y en el Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49757
y del Consejo de 26 de junio de 2013 para las entidades de crédito a las sociedades 
financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera (holdings normalmente 
en la cabecera de grupos bancarios, de empresas de seguros y de servicios de inversión). 
A su vez, el artículo 21 bis de la CRD5 introduce un procedimiento de autorización por el 
supervisor específico para estas sociedades. En definitiva, en virtud de estas 
modificaciones que tienen origen en la directiva que ahora se transpone en el real 
decreto-ley, estas sociedades pasan a ser los sujetos obligados en la supervisión a nivel 
de grupo, y como tales tienen que cumplir con la normativa de solvencia, lo que incluye los 
requisitos de capital.
Para permitir la clasificación como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario las 
acciones ordinarias o participaciones sociales de las sociedades financieras de cartera 
deben cumplir con todos los requisitos del artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 
En particular, la letra h), numeral 5.º, de ese artículo, establece que, para que tales 
instrumentos sean computables, las condiciones aplicables a los instrumentos no [deben 
incluir] la obligación de que la entidad efectúe distribuciones a los titulares de los mismos 
y la entidad no esté de ningún otro modo sujeta a tal obligación.
Por su parte, la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 348bis, reconoce al 
accionista un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos En este 
sentido, la Autoridad Bancaria Europea ha determinado que un derecho de separación del 
socio o socia ligado a la no distribución de un dividendo mínimo es incompatible con tal 
requisito.
Por este motivo, la Ley de Sociedades de Capital, en su Disposición adicional 
undécima, excluye de la aplicación de este derecho de separación a las entidades de 
crédito, entre otras entidades, con objeto de permitir que se cumpla con los requisitos 
prudenciales de acuerdo con las normas de la UE de carácter imperativo.
Dado lo anterior, si la exclusión prevista en la Disposición adicional undécima no se 
extiende a las sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de 
cartera, los instrumentos emitidos por dichas sociedades no podrían computar como 
recursos propios, por lo que no podría garantizarse el cumplimiento de los requisitos de 
capital a nivel consolidado y subconsolidado para los grupos consolidables cuya cabecera 
sea una sociedad de este tipo, lo que contraviene el objetivo de Directiva (UE) 2019/878 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019.
Por ello, debe incluirse a este tipo de sociedades dentro del ámbito de aplicación 
subjetivo de la excepción prevista en la disposición adicional undécima del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se incluyen dentro de la exclusión a las 
sociedades financieras mixtas de cartera previstas en el artículo 1.2.c) de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y a determinadas empresas matrices que tengan entre sus filiales, 
al menos, un establecimiento financiero de crédito, por estar sujetas a ciertos requisitos 
prudenciales del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de junio de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Real 
Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, 
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Por las razones expuestas, concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad 
para incluir las modificaciones legales relativas a la transposición de estas dos Directivas 
en este real decreto-ley.
V
El Título IV de la norma, que consta de un único artículo noveno, lleva a cabo una 
modificación puntual y concreta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, limitándose la misma a modificar la duración de los títulos habilitantes 
del uso del dominio público radioeléctrico con limitación de número. El artículo 49.2 de la 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49758
Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, 
adopta como medida regulatoria dirigida a aumentar la previsibilidad de las inversiones 
para contribuir a un despliegue más rápido de las redes y a mejores servicios, a garantizar 
la estabilidad para apoyar el comercio y el alquiler del espectro radioeléctrico, así como a 
permitir la recuperación de las inversiones realizadas, una ampliación de los plazos 
mínimos de duración de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico con 
condiciones armonizadas. A su vez, el artículo 50 del Código Europeo de Comunicaciones 
Electrónicas permite adicionalmente la renovación de los títulos habilitantes del uso del 
dominio público radioeléctrico. El plazo de transposición al ordenamiento jurídico interno 
del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas finalizó el día 21 de diciembre 
de 2020.
Esta transposición se llevará a cabo a través de la aprobación de una nueva Ley 
General de Telecomunicaciones, que derogará la actualmente vigente Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones, y que actualmente está culminando su tramitación 
mediante la petición de los últimos informes.
El Código realiza una clara apuesta por incentivar el despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas más avanzadas, para lo cual se crea un marco jurídico que 
impulse y proteja las imprescindibles inversiones en las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta capacidad mediante la incorporación de distintas medidas regulatorias 
que inviten a los operadores a efectuar esas inversiones y a que las mismas puedan 
rentabilizarse en un entorno jurídico de seguridad.
Las medidas regulatorias que introduce o reconoce el Código para incentivar la 
realización por los operadores de inversiones en redes de comunicaciones electrónicas de 
alta capacidad afectan tanto al despliegue de redes fijas como a redes móviles, que 
requieren el uso del dominio público radioeléctrico.
Así, entre estas medidas regulatorias, y en lo que se refiere de manera particular al 
uso del dominio público radioeléctrico, destaca la ampliación de la duración de las 
concesiones demaniales. En efecto, una de las principales modificaciones que introduce 
el Código respecto a las directivas anteriores de comunicaciones electrónicas es ampliar 
los plazos de duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público 
radioeléctrico en aras de favorecer las inversiones en redes de nueva generación y de 
permitir la rentabilidad y los retornos de inversión efectuada en unas redes que exigen 
importantes necesidades de financiación y de aportación de capital.
Por tanto, el Código, consciente de la necesidad de que se efectúen importantes 
inversiones en el despliegue de las redes de alta capacidad, en particular, en las redes 5G, 
y que las inversiones hayan de ser eficientes, sostenibles, recuperables y rentables si se 
quiere fomentar la competencia y poder prestar servicios de calidad a los ciudadanos, 
permite que los derechos de uso del dominio público radioeléctrico puedan llegar a tener 
una duración ilimitada, y en el caso de que se fije una duración limitada, la misma debe 
garantizar un período mínimo inicial de 20 años, siendo posible su prórroga.
La razón principal para incluir esta medida tan concreta y particular en el presente real 
decreto-ley y no esperar a la culminación y aprobación de la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones que transponga en su integridad el citado Código, radica en que se 
va a convocar muy en breve una nueva licitación de concesiones demaniales para el uso 
del dominio público radioeléctrico en la banda de frecuencias de 700 MHz (provenientes 
del segundo dividendo digital).
Esta banda de frecuencias de 700 MHz, por normativa comunitaria, constituye una de 
las bandas prioritarias para la implantación definitiva de la tecnología 5G y es una banda 
especialmente idónea para conseguir grandes coberturas y penetración en interiores. A su 
vez, la tecnología 5G, que va a ser muy disruptiva, pues no supone simplemente una 
evolución tecnológica de las generaciones anteriores, sino que va a implicar la aplicación 
de nuevos casos de uso (como la automatización de procesos, el coche autónomo y 
conectado, usos industriales, etc.)., algunos de los cuales aún están por descubrir y definir, 
va a requerir un volumen incremental y progresivo de las inversiones a realizar en red 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49759
respecto a las generaciones. Algunos estudios consideran que la implantación de una 
red 5G exige 4 veces más emplazamientos que una red 4G.
Así, se considera que las inversiones que los operadores van a realizar en desplegar 
una red 5G deben comenzar a disfrutar de una mayor protección, proporcionando unos 
horizontes temporales más amplios que les permita construir esa red 5G en un marco de 
mayor seguridad jurídica, comercial y financiera, que les posibilite una más tranquila 
amortización y un retorno adecuado de las inversiones.
Si no se modificara el artículo 64.2 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones 
a través del presente real decreto-ley, cuando el plazo de transposición del Código ya ha 
vencido, la duración que como máximo podrían tener las concesiones demaniales en la 
banda de 700 MHz sería de 20 años, sin posibilidad de prórrogas o renovaciones, cuando 
el Código fija esos 20 años en la duración mínima, permitiendo que haya prórrogas y 
renovaciones, pudiendo llegar a otorgar dichas concesiones por un período ilimitado.
Por ello, se estima oportuno y necesario que una de las bandas prioritarias para la 
implantación de la tecnología 5G como es la banda de 700 MHz disfrute de esta medida 
regulatoria aprobada en el Código de ampliar el plazo de duración de los títulos habilitantes 
del uso del dominio público radioeléctrico, teniendo en cuenta adicionalmente que esta 
medida ya debería poder ser aplicable en nuestro país por haber vencido el plazo de 
transposición del Código.
VI
El Título V, que consta de un único artículo décimo, contiene las modificaciones 
derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la 
Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto 
sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de 
bienes, con excepción de su artículo 1 que fue objeto de transposición por la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y de la Directiva 
(UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a 
distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.
La incorporación de estas Directivas a nuestro ordenamiento interno concluye la 
regulación del tratamiento del IVA del comercio electrónico y establece las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, generalmente 
contratados por internet y otros medios electrónicos por consumidores finales comunitarios, 
son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde otro Estado miembro o 
un país o territorio tercero. Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro 
de llegada de la mercancía o de establecimiento del destinatario, por lo que afianzan la 
generalización del principio de tributación en destino en las operaciones transfronterizas 
en el IVA. Por otra parte, la gestión tributaria del comercio electrónico en el IVA se sustenta 
en la ampliación de los regímenes especiales de ventanilla única que pasan a ser el 
procedimiento específico previsto por la ley para la gestión y recaudación del IVA 
devengado por estas operaciones a nivel comunitario. La nueva regulación del comercio 
electrónico en el IVA involucra también, por primera vez, a los titulares de las interfaces 
digitales que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la 
propia recaudación, gestión y control del impuesto.
A mediados de 2016, la Comisión Europea presentó un ambicioso plan de acción del 
IVA diseñado en distintas fases cuyo objetivo fundamental era permitir que el sistema IVA, 
ejemplo de éxito de la Imposición indirecta en la Unión Europea, pudiera sobrevivir a un 
mundo cambiante y globalizado en el que las decisiones de consumo y la provisión de 
bienes y servicios dejaban de ser local y nacional, a medida que la economía y los propios 
consumidores se adaptaban a un mundo cada vez más digital.
El nuevo diseño del sistema IVA abandonaba definitivamente su vieja aspiración de 
tributación en origen tanto en las operaciones intracomunitarias como en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios a consumidores finales, de tal forma que unas y otras 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49760
pasarían a tributar como operaciones interiores sujetas a IVA en el lugar de llegada de la 
mercancía o de establecimiento del destinatario, generalizándose la regla de imposición 
del IVA en el lugar de destino. El cambio de modelo tendría que ser también suficiente para 
aumentar los ingresos tributarios y reducir las pérdidas de recaudación, atajar el fraude del 
comercio transfronterizo, garantizar la imparcialidad de las decisiones de compra de los 
consumidores, ampliar el mercado interior, proteger la competencia entre los proveedores 
comunitarios y de fuera de la Unión Europea y reducir las cargas administrativas y los 
costes de gestión del IVA para los operadores. Además, debería incentivar una cooperación 
reforzada entre los Estados miembros y potenciar el uso de herramientas digitales tanto en 
materia de la gestión como del control del impuesto.
Dentro de las propuestas contempladas en el plan de acción que ya han sido 
acordadas destaca por su importancia y efectos la referente a la reforma del régimen de 
tributación de las operaciones derivadas del comercio electrónico en el IVA que es objeto 
de transposición en esta ley. Como se ha señalado, el sistema vigente no estaba preparado 
para abordar los retos de una economía global, digital y cambiante puesto que fue 
concebido como un sistema transitorio que fragmenta el mercado interior, desincentiva la 
comercialización de bienes y servicios para un creciente número de empresas que querían 
ampliar su mercado nacional y favorece el fraude puesto que las operaciones nacionales 
y transfronterizas son tratadas de manera diferente.
El actual sistema del IVA para el comercio electrónico transfronterizo es complejo y 
costoso tanto para los Estados miembros como para las empresas y propicia que las 
empresas de la Unión Europea se encuentren en una situación de desventaja competitiva, 
ya que la exención por importación de envíos de pequeño valor no resulta aplicable a las 
entregas de bienes comunitarias. La complejidad del sistema actual también dificulta a los 
Estados miembros garantizar el cumplimiento de las normas que rigen el comercio 
electrónico lo que se traduce en importantes pérdidas de recaudación, dado su rápido 
crecimiento con incrementos superiores al 20 por ciento anual de la cifra de comercio 
electrónico en los últimos 5 años.
La Comisión presentó una propuesta legislativa a finales de 2016 encaminada a 
modernizar y simplificar el IVA del comercio electrónico transfronterizo, cuyos pilares se 
basaban en la reforma del régimen comunitario de ventas a distancia, la ampliación del 
mecanismo de ventanilla única aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión y a los prestados por vía electrónica, así como la igualdad de 
trato y tributación para proveedores comunitarios y de fuera de la Unión. Por otra parte, 
para facilitar la gestión y el ingreso del IVA devengado en el comercio electrónico de bienes 
y servicios a consumidores finales, se establecía un umbral común comunitario para 
ayudar a las pequeñas empresas emergentes que quieren ampliar su mercado a través del 
canal digital; se suprimía la exención del IVA para las importaciones de pequeños envíos 
procedentes de proveedores extracomunitarios y se diseñaba un sistema de control en el 
Estado de identificación de las empresas que realizan comercio transfronterizo en 
colaboración con la Administración tributaria de los Estados de consumo. La propuesta fue 
mejorada durante su debate y aprobación y ha incluido medidas adicionales relacionadas 
con los titulares de interfaces y plataformas digitales que facilitan el comercio electrónico 
para garantizar su cooperación en la recaudación y el control de las operaciones en las 
que intervienen, que no habían sido previstas en la propuesta de la Comisión.
De esta forma, el 29 de diciembre de 2017 se publicaron la Directiva 2017/2455 del 
Consejo, 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la 
Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del IVA para 
las prestaciones de servicios digitales y las ventas a distancia de bienes; el Reglamento 
(UE) 2017/2454 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el 
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido; y el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2459 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 por el que se establecen disposiciones de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49761
aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido.
Tras la publicación de la Directiva 2017/2455, los Estados miembros continuaron los 
trabajos en la mejora y la ampliación de los regímenes de ventanilla única. El paquete de 
reformas se completó con la publicación el 2 de diciembre de 2019 de la Directiva (UE) 
2019/1995 del Consejo, de 21 de noviembre de 2019, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a 
distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes; el 4 de diciembre de 2019, 
del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta a 
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas 
y a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a 
personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia 
de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes; y, por último, el pasado 13 de 
febrero de 2020 se completó el paquete legislativo con la publicación del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/194 de la Comisión, de 12 de febrero de 2020 por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo 
en lo que respecta a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 
servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, a las ventas a 
distancia de bienes y a determinadas entregas nacionales de bienes.
Debe tenerse en cuenta que las primeras medidas contenidas en la Directiva (UE) 
2017/2455, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2019, fueron incorporadas 
a nuestro ordenamiento interno por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, que supuso la modificación de las reglas de tributación de los 
servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y 
televisión para reducir las cargas administrativas y tributarias que suponía para las 
microempresas establecidas en un único Estado miembro que prestan estos servicios de 
forma ocasional tributar por estas operaciones en el Estado miembro de consumo. En este 
sentido, se estableció un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros 
anuales que permite que mientras no se rebase dicho importe los servicios estarán sujetos 
al IVA del Estado miembro de establecimiento del prestador. También se establecieron 
nuevas reglas en materia de facturación para evitar que el proveedor de estos servicios 
tuviera que cumplir con las exigencias de facturación de todos los Estados miembros a los 
que presta servicios, por lo que, para minimizar las cargas para las empresas, las normas 
relativas a la facturación serán las aplicables en el Estado miembro de identificación del 
proveedor que se acoja a los regímenes especiales. Por último, para favorecer el acceso 
a los regímenes especiales de ventanilla única se permitió a los empresarios y 
profesionales no establecidos en la Comunidad, pero ya registrados a efectos del IVA en 
un Estado miembro, utilizar el régimen especial aplicable para los empresarios no 
establecidos en la Comunidad. Estas modificaciones se mantienen vigentes y van a ser 
también de aplicación en relación con las operaciones incluidas en los regímenes 
especiales de ventanilla única que son ahora objeto de transposición.
La transposición de la segunda parte de la Directiva 2017/2455, cuyas normas son de 
aplicación desde el 1 de julio de 2021, introduce importantes modificaciones en el ámbito 
de la tributación de las entregas de bienes que, adquiridos por consumidores finales, 
generalmente a través de internet y plataformas digitales, son enviados por el proveedor 
desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, y las prestaciones de servicios 
efectuadas a favor de consumidores finales por empresarios no establecidos en el Estado 
miembro donde, conforme a las reglas de localización del hecho imponible, quedan sujetas 
a IVA. De esta forma, se adapta el contenido de las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE 
al crecimiento exponencial del comercio electrónico derivado de la globalización y de los 
cambios tecnológicos y se refuerza el principio de imposición en el lugar de destino ante la 
necesidad de proteger los ingresos fiscales de los Estados miembros, así como para 
establecer unas condiciones de competencia equitativas para las empresas afectadas y de 
minimizar las cargas que soportan.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49762
Por una parte, para evitar que los empresarios o profesionales que prestan servicios 
distintos de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de los 
prestados por vía electrónica a personas que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales actuando como tales, deban identificarse a efectos del IVA en cada uno de 
los Estados miembros en los que dichos servicios estén sujetos al IVA, estas prestaciones 
de servicios se incluyen entre las que pueden ser objeto de declaración-liquidación a 
través de sistemas de ventanilla única tanto para empresarios y profesionales establecidos 
como no establecidos en la Comunidad.
Por otra parte, se extiende el régimen especial aplicable a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y a los prestados por vía electrónica 
prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el 
Estado miembro de consumo a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y se 
introduce un régimen especial de naturaleza similar para las ventas a distancia de bienes 
importados de países o territorios terceros. Para determinar claramente su ámbito de 
aplicación se definen dos nuevas categorías de entregas de bienes, las derivadas de las 
ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las derivadas de ventas a distancia de 
bienes importados, así como los nuevos regímenes especiales de ventanilla única 
asociados a las mismas.
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas a distancia intracomunitarias de 
bienes las entregas de bienes expedidos o transportados por el proveedor desde un 
Estado miembro a otro distinto cuyos destinatarios actúen o tengan la condición de 
consumidores finales. Estas entregas de bienes, que deberán ser distintos de medios de 
transporte nuevos o bienes objeto de instalación y montaje, tributarán en el Estado 
miembro donde el destinatario recibe la mercancía, y los empresarios y profesionales 
proveedores que realizan dichas entregas podrán opcionalmente acogerse a un sistema 
de ventanilla única para la gestión y liquidación del IVA devengado en cada Estado 
miembro.
Por su parte, constituyen ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros las entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados por 
el proveedor a partir de un país o territorio tercero con destino a destinatarios que actúen 
o tengan la condición de consumidores finales establecidos en un Estado miembro, siendo 
igualmente posible optar por un régimen especial de ventanilla única para la liquidación del 
IVA devengado en todos los Estados miembros de consumo a través de una única 
Administración tributaria en el Estado miembro donde se identifique el proveedor.
Estas operaciones son independientes de la importación de bienes que realiza el 
destinatario de los bienes importados, pero se limita la aplicación del régimen especial a 
las ventas a distancia de bienes importados expedidos directamente desde un país o 
territorio tercero, en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros. Hasta dicha 
cantidad se aplica la franquicia aduanera por lo que no se exige una declaración completa 
ante la Aduana en el momento de la importación. A su vez, para favorecer la aplicación del 
régimen especial y evitar la doble imposición se establece una exención del IVA a las 
importaciones de bienes que en el momento de la importación deban declararse con 
arreglo al régimen especial del que quedan excluidos los productos objeto de impuestos 
especiales.
Por otra parte, los empresarios y profesionales no establecidos en la Comunidad que 
quieran acogerse al régimen especial para las ventas a distancia de bienes importados 
podrán designar a un intermediario establecido en la Comunidad como responsable de 
liquidar el IVA y de cumplir las obligaciones establecidas en el régimen especial en su 
nombre y por su cuenta.
En todo caso, para restaurar la competencia entre los proveedores de dentro y fuera 
de la Comunidad y evitar la elusión fiscal se suprime la exención en las importaciones de 
bienes de escaso valor aplicable en la actualidad hasta los 22 euros de valor global de la 
mercancía, de tal forma que las importaciones de bienes que no se acojan al régimen 
especial deberán liquidar el IVA a la importación.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49763
No obstante, dado el crecimiento exponencial del comercio electrónico y el consiguiente 
aumento del número de pequeños envíos con un valor intrínseco que no excede de los 150 
euros importados en la Comunidad, se establece la posibilidad de aplicar una modalidad 
especial de declaración, liquidación y pago del IVA ante la Aduana de estas importaciones 
de bienes en los supuestos en que no se opte por la utilización del régimen especial de 
ventanilla única previsto para las ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros.
Esta modalidad especial va a permitir la declaración, liquidación y el pago del importe 
total del IVA correspondiente a las importaciones realizadas durante un mes natural, 
reduciendo de forma importante las cargas administrativas de los operadores.
Con independencia de lo anterior, otro de los aspectos importantes de la nueva 
economía digital es el surgimiento de nuevos empresarios o profesionales creados por y 
para el comercio electrónico que canalizan las decisiones de compra de bienes y servicios 
de los consumidores finales. Se trata de las interfaces digitales, como las plataformas, 
portales y mercados en línea que, además de la actividad de intermediación, a menudo 
prestan servicios logísticos y de almacenamiento para sus clientes. Estos nuevos 
operadores están alcanzando un tamaño, hegemonía y nivel de información tan relevantes 
en el mercado digital que parece conveniente que colaboren en la gestión y la recaudación 
del IVA derivado del comercio electrónico. En particular, cuando intervengan en el comercio 
de bienes y servicios de proveedores no establecidos en la Comunidad. De esta forma, 
para asegurar el ingreso del IVA y reducir las cargas administrativas de proveedores, 
Administraciones tributarias y de los propios consumidores finales deberá entenderse que 
los empresarios o profesionales titulares de una interfaz digital cuando faciliten la venta a 
distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor 
intrínseco no exceda de 150 euros, o cuando faciliten entregas de bienes en el interior de 
la Comunidad por parte de un proveedor no establecido en la misma a consumidores 
finales, han recibido y entregado en nombre propio dichos bienes y su expedición o 
transporte se encuentra vinculado a su entrega. Esta ficción puede determinar importantes 
implicaciones tributarias y puede suponer que los titulares de las interfaces digitales 
lleguen a tener la consideración de sujetos pasivos del impuesto. No obstante, para evitar 
situaciones de doble imposición, la entrega del bien que se entiende realizada por el 
proveedor al titular de la interfaz estará exenta de IVA y no limitará el derecho a la 
deducción del IVA soportado por quienes la realizan.
Por su parte, el empresario o profesional titular de la interfaz digital podrá acogerse a 
los regímenes especiales de ventanilla única para la declaración-liquidación del IVA 
derivado de estas operaciones por las que tenga la condición de sujeto pasivo, incluso 
cuando se trate de entregas interiores realizadas a favor de consumidores finales 
efectuadas en el mismo Estado miembro donde se almacenan las mercancías y que, por 
tanto, no son objeto de expedición o transporte entre Estados miembros.
La presente norma incorpora las modificaciones necesarias de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación de las disposiciones 
establecidas en la normativa de la Unión Europea para la regulación y tributación del 
comercio electrónico en el IVA y para facilitar su gestión, recaudación y control, reduciendo 
notablemente las cargas y costes administrativos de los empresarios y profesionales con 
una apuesta decidida por los sistemas de ventanilla única que pasan de tener una 
aplicación limitada, casi experimental, a convertirse en un elemento fundamental para la 
gestión del IVA en la Unión Europea, dado que los ingresos tributarios que gestionan serán 
cada vez mayores a medida que lo sea el comercio electrónico.
En particular, se incluyen en el Capítulo XI del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tres nuevos regímenes especiales para la 
declaración y liquidación del IVA devengado por las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios efectuadas a favor de consumidores finales por empresarios y profesionales, 
generalmente no establecidos en el Estado miembro donde quedan sujetas las 
operaciones, que sustituyen y amplían los regímenes especiales vigentes en la actualidad 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49764
para los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión 
y televisión:
En primer lugar, se incorpora un nuevo régimen especial denominado «Régimen 
exterior de la Unión» que será aquel aplicable a los servicios prestados por empresarios o 
profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios que no tengan la condición 
de empresarios o profesionales actuando como tales.
Por otra parte, se incluye un nuevo régimen especial, denominado «Régimen de la 
Unión», aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos 
en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo a destinatarios que no 
tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales, a las ventas a 
distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes imputadas a los 
titulares de interfaces digitales que faciliten la entrega de estos bienes por parte de un 
proveedor no establecido en la Comunidad al consumidor final.
Por último, se establece un nuevo régimen especial, «Régimen de importación», 
aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros al 
que podrán acogerse, directamente o a través de un intermediario establecido en la 
Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios o profesionales que realicen 
ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo 
valor intrínseco no exceda de 150 euros, a excepción de los productos que sean objeto de 
impuestos especiales.
Todos estos regímenes especiales de ventanilla van a permitir, mediante una única 
declaración-liquidación presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del 
Estado miembro por el que haya optado o sea de aplicación (Estado miembro de 
identificación), que el empresario o profesional pueda ingresar el IVA devengado por todas 
sus operaciones efectuadas en la Comunidad (Estados miembros de consumo) por cada 
trimestre o mes natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen especial.
Cuando el Reino de España sea el Estado miembro de identificación el empresario o 
profesional quedará obligado a declarar ante la Administración tributaria española el inicio, 
la modificación o el cese de sus operaciones y será identificado mediante un número de 
identificación individual asignado por la misma.
Este número de identificación deberá consignarse en la declaración-liquidación en la 
que el empresario o profesional incluirá, por cada Estado miembro de consumo en que se 
haya devengado el IVA, la cantidad global del impuesto correspondiente, desglosada por 
tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser 
ingresado en España en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, 
dentro del plazo de presentación de la declaración, haciendo referencia a la declaración 
específica a la que corresponde.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las 
declaraciones-liquidaciones presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres 
años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación inicial, a 
través de una declaración-liquidación periódica posterior.
Los empresarios y profesionales que se acojan a estos regímenes especiales deberán 
mantener durante diez años un registro de las operaciones incluidas en los mismos que 
estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo. 
También quedarán obligados a expedir y entregar facturas respecto de las operaciones 
declaradas conforme a los regímenes especiales.
Estos empresarios y profesionales no podrán deducir el IVA soportado para la 
realización de sus operaciones en las referidas declaraciones-liquidaciones. No obstante, 
tendrán derecho a la deducción del IVA soportado en la adquisición o importación de 
bienes y servicios que se destinen a la realización de las operaciones acogidas a los 
regímenes especiales. Tratándose de empresarios y profesionales no establecidos en el 
territorio de aplicación del impuesto podrán solicitar la devolución de las cuotas soportadas 
en dicho territorio por el procedimiento previsto para la devolución de las cuotas soportadas 
por empresarios o profesionales establecidos en otro Estado miembro, o no establecidos 
en la Comunidad, previstos en los artículos 119 y 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49765
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente. En el caso de 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, a estos efectos, no se 
exigirá el requisito de reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales 
establecidos en España.
A estos efectos, dado que los procedimientos específicos previstos en los referidos 
artículos 119 y 119 bis están armonizados a nivel comunitario para evitar tratos diferentes 
que provoquen desviaciones en el tráfico comercial y distorsiones en la competencia, debe 
señalarse que dichos procedimientos se ajustarán a lo establecido en la normativa 
comunitaria, sin que deban adicionarse trámites que no estén expresamente regulados en 
dicha normativa.
Cuando dichos empresarios o profesionales no establecidos presenten por otras 
operaciones declaraciones-liquidaciones ante la Administración tributaria española 
deberán deducir en las mismas las cuotas soportadas para la realización de operaciones 
sujetas a los regímenes especiales.
Por otra parte, la Ley del Impuesto introduce en su Título XI la modalidad especial para 
la declaración y el pago del IVA a la importación de bienes cuando el valor intrínseco del 
envío no supere los 150 euros, que no sean objeto de impuestos especiales y cuyo destino 
final sea el territorio de aplicación del impuesto, cuando el empresario o profesional no 
haya optado por acogerse al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes 
importados de países o territorios terceros. En estos casos, el destinatario de los bienes 
importados será responsable del pago del IVA, pero la persona que presente los bienes 
para su despacho ante la Aduana recaudará el impuesto que recaiga sobre su importación 
del destinatario de los bienes importados y efectuará el pago del IVA recaudado a través 
de una modalidad especial de declaración correspondiente a las importaciones realizadas 
durante el mes natural. Estas importaciones quedarán gravadas al tipo general del 
impuesto, pero la declaración a través de la modalidad especial será opcional.
La Directiva (UE) 2017/2455 que es objeto de transposición incluye también una 
medida coherente con la regulación del comercio electrónico en el IVA y que, sin embargo, 
no se incluyó en la propuesta original presentada por la Comisión Europea.
Por iniciativa de la Delegación española se ha añadido un nuevo artículo 242 bis en la 
Directiva 2006/112/CE que se incorpora a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y que establece que cuando un empresario o profesional utilizando 
una interfaz digital como una plataforma, un portal, un mercado en línea u otros medios 
similares, facilite la entrega de bienes o la prestación de servicios a una persona que no 
tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal en el interior de la 
Comunidad, cuando no deba o no opte por acogerse a los regímenes especiales previstos 
para el comercio electrónico, tendrá la obligación de llevar un registro de dichas 
operaciones. Dicho registro será lo suficientemente detallado como para permitir a la 
Administración tributaria del Estado miembro en el que las operaciones sean imponibles 
comprobar si el IVA se ha declarado correctamente, debiendo poner dicho registro, por vía 
electrónica, a disposición de los Estados miembros interesados que lo soliciten.
El registro deberá mantenerse por un período de diez años a partir del final del ejercicio 
en que se hayan realizado las operaciones y será exigible, con independencia de que el 
empresario o profesional titular de la interfaz digital se acoja a los regímenes especiales 
por otras operaciones.
Esta medida, que no va a suponer una carga administrativa desproporcionada para los 
titulares de los interfaces digitales dado que su negocio se basa también en el registro de 
la información, está llamada a convertirse en una importante herramienta para el control 
del comercio electrónico, garantizar la recaudación de las operaciones e incentivar la 
utilización de los regímenes especiales de ventanilla única.
El contenido de los registros y las condiciones que determinan que pueda considerarse 
que el titular de la interfaz digital facilita el comercio electrónico se han incluido en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 para su aplicación uniforme en todos los 
Estados miembros.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49766
La implantación de las nuevas reglas de tributación el 1 de julio de 2021 precisa con 
carácter previo que los empresarios y profesionales puedan solicitar con anticipación la 
opción por los nuevos regímenes especiales de ventanilla única por lo que la aprobación 
del texto normativo debe realizarse con anterioridad a dicha fecha. A estos efectos, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria ha concluido el diseño de los trámites 
necesarios para realizar dicha opción mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales 
que se aprobarán a tal fin.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que España ha abanderado los debates 
sobre la urgencia y necesidad de establecer a la mayor brevedad la nueva regulación del 
comercio electrónico en el IVA, dada la transcendencia de su entrada en vigor. En efecto, 
la nueva regulación del comercio electrónico en el IVA supone una importante reducción 
de las cargas administrativas de los operadores, facilita la internacionalización de las 
empresas, refuerza la cooperación administrativa a nivel comunitario, ataja el fraude fiscal 
y garantiza una distribución justa de los ingresos. Debe recordarse que la fecha inicial 
establecida para la transposición de las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 era 
el 1 de enero de 2021. Aunque algunos Estados miembros solicitaron un retraso en su 
entrada en vigor, incluso de varios años, la posición española ha sido siempre de que 
aquel no fuera más allá del estrictamente necesario para poner en marcha los 
procedimientos administrativos y técnicos para su implementación.
Por último, dado que la nueva reglas de tributación se fundamentan en los nuevos 
regímenes de ventanilla única opcionales para cualquier operador y los Estados miembros 
han asumido el compromiso cuando sean el Estado miembro de identificación de gestionar 
la recaudación de los ingresos tributarios de otros Estados miembros, un retraso en su 
aprobación podría generar conflictos a nivel comunitario y menoscabar la diligencia 
normativa de otros Estados miembros por lo que, dada la proximidad de la fecha de 
entrada en vigor, se hace necesaria la aprobación del paquete normativo con carácter 
urgente, habiendo, por otra parte, dado cumplimiento de los trámites y la solicitud de los 
informes preceptivos.
Por consiguiente, de todo lo expuesto, concurren las circunstancias de extraordinaria 
y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto 
habilitante para recurrir a este tipo de norma.
Adicionalmente, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de un tipo 
del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la 
COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros 
hospitalarios cuya vigencia finalizaba el 30 de abril de 2021 en virtud de lo establecido en 
el artículo 6 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de 
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria De esta 
forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar la respuesta del sistema sanitario 
en el control de la pandemia.
Con base en la Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa 
a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA 
respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del 
brote de COVID-19 durante el año 2020, el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, ante 
la necesidad de combatir la pandemia ocasionada por el COVID-19 y facilitar de forma 
prioritaria que el suministro de material sanitario se realizase de forma rápida y efectiva, 
estableció hasta el 31 de julio de 2020 la aplicación de un tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido del cero por ciento a las entregas interiores, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos destinatarios sean entidades 
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.
Posteriormente, al aprobarse la Decisión (UE) 2020/1101 de la Comisión, de 23 de julio 
de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión de una 
franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación 
de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49767
año 2020, prorrogando la aplicación de dicho tipo impositivo hasta el 31 de octubre, se 
procedió, mediante el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia, a extender hasta la citada fecha la aplicación de la medida. Más tarde, la 
aprobación de la Decisión (UE) 2020/1573 de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, por 
la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las 
mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el 
año 2020, conllevó, mediante el artículo 6 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético 
y en materia tributaria, la ampliación temporal de los efectos de dicha medida hasta el 30 
de abril de 2021.
Habida cuenta de que se ha aprobado una nueva Decisión por la Comisión Europea, 
la Decisión (UE) 2021/660 de la Comisión, de 19 de abril de 2021, por la que se modifica 
la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de 
importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías 
necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020, con 
efectos hasta 31 de diciembre de 2021, dado que se ha constatado la eficacia de la 
medida, se estima conveniente, al amparo de la disposición comunitaria, extender la 
aplicación de la medida con la misma vigencia.
La relación de bienes a los que, con efectos desde el 1 de mayo de 2021, les es de 
aplicación esta medida se contiene en el Anexo que acompaña a la presente norma.
VII
El Título VI, que comprende los artículos undécimo a decimocuarto, contiene las 
modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre 
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, 
cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.
La nueva Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
junio de 2018, responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más de 20 años 
después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de 
fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones de competencia 
equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de las personas 
trabajadoras desplazadas, por otro.
Tal y como se comunicó a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2020, 
esta directiva se encuentra transpuesta parcialmente a la legislación española a través de 
la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de servicios transnacional. Dicha ley ya cumple con las disposiciones de 
la directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos 
constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo 
previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida (en este caso, 
España) en todos los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y 
otras condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas.
No obstante, con el fin de completar la transposición de la Directiva, este real 
decreto-ley debe adaptar en lo que resulte necesario la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, 
sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional, así como otras normas de rango legal como la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49768
Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española para incluir, entre otras, las 
siguientes medidas obligadas por la directiva:
La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos 
superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).
La regulación de las consecuencias del desplazamiento llamado informalmente «en 
cadena» de personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal a empresas 
usuarias del mismo u otro Estado miembro de la Unión Europea («UE») o del Espacio 
Económico Europeo («EEE») para realizar un trabajo temporal en España.
La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la 
legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso 
de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para las personas trabajadoras 
que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España.
La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del 
complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de esta, se 
presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la 
remuneración prevista en la legislación española.
La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.
La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales.
Respecto del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido 
en el artículo 86.1 de la Constitución Española, concurre la situación de urgencia por las 
razones que se indican a continuación.
En primer lugar, porque el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, expiró el 30 de julio de 2020, 
lo que provocó la apertura por la Comisión Europea, en octubre de 2020, de un 
procedimiento de infracción. Tras la comunicación a la Comisión Europea de la 
transposición parcial de la directiva, la falta de incorporación al Derecho español de las 
cuestiones pendientes, previsiblemente, va a dar lugar a la continuación del procedimiento 
de infracción, lo que puede derivar en la imposición de sanciones económicas.
Pero además, existen razones materiales derivadas de la necesidad de evitar la 
competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y trabajadores españoles, 
así como de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores desplazados a 
España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del 
COVID-19 como el agroalimentario, lo que requiere una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes.
Tal y como ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo (Resolución del 
Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-19) como 
la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a los 
trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia del COVID-19» 
(2020/C 235 I/01), publicadas el 17 de julio de 2020), dada la naturaleza temporal y las 
particulares circunstancias en las que trabajan los trabajadores transfronterizos y 
temporeros -en los que se incluyen los trabajadores desplazados cuando son desplazados 
de un Estado miembro del EEE a otro, pueden ser más vulnerables a sufrir condiciones de 
trabajo y de vida precarias. La pandemia del COVID-19 ha hecho más visibles esas 
condiciones, y, en algunos casos, las ha agravado. Además, ha demostrado que en 
ocasiones esos problemas pueden dan lugar a una mayor propagación de las 
enfermedades infecciosas y aumentar el riesgo de grupos de brotes de COVID-19. Por 
ello, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que garanticen un 
alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros, desvinculado de su 
remuneración y que transpongan la Directiva revisada sobre el desplazamiento de 
trabajadores de manera correcta, oportuna y ambiciosa.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49769
VIII
El Título VII, que comprende el artículo decimoquinto, contiene las modificaciones 
necesarias para llevar a cabo la correcta transposición de la Directiva (UE) 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, y 
que fue transpuesta por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.
Con fecha 7 de julio de 2020 se recibió en la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, carta de emplazamiento 2020/2119 en la que se considera que se ha producido 
un incumplimiento de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales.
En la carta de emplazamiento se informa de que la Comisión Europea ha evaluado la 
transposición del artículo 12, apartado 1 de la Directiva 2004/35, a la luz de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de junio de 2017, en el asunto C-529/15, 
que interpreta las obligaciones que incumplen los Estados miembros en virtud del 
artículo 12, apartado 1, de la Directiva.
La Comisión Europea considera que la transposición del artículo 12, apartado 1 de la 
Directiva por parte del Reino de España no es correcta ya que el artículo 42, apartado 1, 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en conjunción con el artículo 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no transpone el artículo 12, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva, 
debido a que esta disposición no menciona a la personas físicas o jurídicas que se vean o 
puedan verse afectadas por un daño medioambiental.
Por ello, la Comisión considera que el alcance de las personas físicas o jurídicas que 
pueden solicitar una intervención y, posteriormente, una revisión de una decisión es más 
restrictivo que lo que establece el artículo 12, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la 
Directiva.
En agosto de 2020 se remitió una respuesta a esta carta de emplazamiento alegando 
que la transposición del artículo 12.1 de la Directiva 2004/35/CE sí que había sido correcta, 
ya que con la remisión a la «condición de interesado», regulada en el artículo 4 de 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya se entendía que quedaban englobadas las personas 
(físicas o jurídicas) que se vean o puedan verse afectadas por un daño medioambiental. 
Sin embargo, la Comisión Europea no ha aceptado la justificación remitida.
Por ello, la modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, tiene por objeto dar 
respuesta al procedimiento de infracción n.º 2020/2119, abierto por la Comisión Europea 
por incorrecta transposición de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales.
La extraordinaria y urgente necesidad de resolver esta infracción en el plazo más 
breve posible es el motivo de la nueva redacción del párrafo a) del artículo 42.1, de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, que modifica la condición de interesado en los 
procedimientos de exigencia responsabilidad medioambiental, procurando una 
transcripción lo más fiel posible de lo dispuesto en la directiva.
IX
El Título VIII, que comprende el artículo decimosexto contiene las modificaciones 
necesarias para llevar a cabo la correcta transposición de dos Directivas de la Unión 
Europea que afectan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (en adelante, TRLGDCU).
Las referidas Directivas son la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de 
suministro de contenidos y servicios digitales (en adelante, la Directiva (UE) 2019/770 o 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49770
Directiva de servicios digitales), y la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de 
compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) número 2017/2394 y 
la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (en adelante, la Directiva 
(UE) 2019/771 o Directiva sobre compraventa de bienes).
El TRLGDCU procedió a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición 
de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y 
usuarios que incidían en los aspectos regulados en dicha ley, en cumplimiento de la 
previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de 
mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
Con posterioridad a la aprobación de dicho texto, se han llevado a cabo sucesivas 
modificaciones del TRLGDCU, principalmente, de cara a incorporar a nuestro ordenamiento 
los nuevos desarrollos legislativos de la Unión Europea. En este sentido, se modificaron 
los artículos 21, 49.1 y 60.2, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio; los artículos 8, 18, 19, 20, 47.3, 49.1 y 123, por Ley 29/2009, de 30 
de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios; y se añadieron 
determinados preceptos; se suprimió el título IV y se renumeró el V, por Ley 3/2014, de 27 
de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Posteriormente, se modificaron los artículos 19.2, 
141.a) y 163, por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; los artículos 66 
bis.3 y 107.1, por Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen 
directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el 
desplazamiento de trabajadores; el artículo 21.3 y 4, por Ley 7/2017, de 2 de noviembre, 
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo; el artículo 93.g) y el libro cuarto, se enumeró 
el anexo como I, y se añadieron los anexos II y III, por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de 
diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Más recientemente, también se ha 
modificado el artículo 83, por Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario; los artículos 21.2 y 49.1, por Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; y los artículos 3, 
8, 17 a 20, 43 y 60 y la disposición final primera, por Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 
enero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica.
En 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea las Directivas (UE) 
2019/770 y 2019/771, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, que 
afectan al contenido del TRLGDCU y que requieren su modificación para ser incorporadas 
al derecho español.
Sendas Directivas, partiendo de la base de un alto nivel de protección de las personas 
consumidoras, comparten como objetivo armonizar determinados aspectos relativos a los 
contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales, en 
aras de lograr un auténtico mercado único digital, reforzar la seguridad jurídica y reducir 
los costes de las transacciones, en particular, para las pequeñas y medianas empresas.
Coinciden también ambas Directivas en las circunstancias que motivan su adopción, 
que es el hecho de que la evolución tecnológica haya dado lugar a un incremento del 
mercado de bienes que incorporan contenidos o servicios digitales o están interconectados 
con ellos. Debido al número cada vez mayor de tales dispositivos y al rápido aumento de 
su utilización por las personas consumidoras, se precisa una actuación a escala de la 
Unión para garantizar un alto nivel de protección y aumentar la seguridad jurídica para los 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49771
contratos de compraventa de dichos productos, pues un aumento de la seguridad jurídica 
contribuiría a reforzar la confianza tanto de las personas consumidoras como de las 
empresas.
En este sentido, es preciso tener en cuenta que el potencial de crecimiento del 
comercio electrónico en la Unión no está aun plenamente explotado. La Estrategia para un 
Mercado Único Digital aborda los principales obstáculos este crecimiento, y señala que el 
hecho de garantizar a las personas consumidoras un mejor acceso a los contenidos y 
servicios digitales, y facilitar que las empresas suministren contenidos y servicios digitales, 
puede contribuir a impulsar la economía digital de la Unión y a estimular el crecimiento 
económico general.
Asimismo, su contenido es tributario en gran medida de la regulación establecida en la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, 
sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, que 
ahora se deroga, que a su vez tiene como antecedente la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional, hecha en Viena el 11 de abril 
de 1980 (Instrumento de adhesión de España, BOE n.º 26, 30.01.1991).
Dadas esas características comunes que hacen compartir a ambas regulaciones 
previsiones coincidentes, únicamente diferenciadas cuando la naturaleza del servicio o 
contenido digital así lo requiera, se ha optado por integrarlas en el presente texto de 
transposición, lo que permite evitar reiteraciones, además de incrementar la seguridad 
jurídica en su aplicación, al mantener los mismos conceptos y previsiones normativas que 
se aplicarán indistintamente a todas las situaciones que no requieran esa diferenciación 
por la naturaleza de la prestación acordada. Este enfoque facilita que los supuestos 
mixtos, cada vez más frecuentes, en los que el bien y el servicio o contenido digital formen 
un conjunto funcionalmente inseparable, tengan una regulación clara y unificada, sin pasar 
de una disposición a otra según el modo en que se ofrezcan en el mercado.
Ambas Directivas establecen una armonización plena y por ello, los Estados miembros 
no podrán mantener o introducir, en su Derecho nacional, disposiciones que se aparten de 
las establecidas en ellas, en particular disposiciones más o menos estrictas para garantizar 
un diferente nivel de protección de las personas consumidoras, salvo que se disponga de 
otro modo en la normativa comunitaria aplicable.
El contenido armonizado se basa en la entrega del bien, servicio o contenido digital no 
conforme con el contrato como causa de la responsabilidad del vendedor. Este concepto 
absorbe las tradicionales categorías de vicios ocultos y entrega de cosa diversa, de 
nuestro Código Civil, según ha declarado el Tribunal Supremo, Sentencia 18/2008, de 17 
de enero, con referencia a la Convención de Viena.
La conformidad con el contrato se determina ahora mediante el cumplimiento de unos 
requisitos objetivos y subjetivos, incluida la instalación, pudiendo exigir la persona 
consumidora su puesta en conformidad mediante su reparación o sustitución, en el caso 
de los bienes, y si estos remedios no son efectivos, procederá la reducción del precio o la 
resolución del contrato.
Entre las opciones de modulación que la Directiva sobre compraventa de bienes 
admite a los Estados miembros, resulta de gran interés la determinación del plazo en el 
que se manifiesta la falta de conformidad que debe asumir el vendedor, así como el 
periodo en el que se presume que cualquier falta de conformidad que se manifieste ya 
existía en el momento de la entrega, salvo que el vendedor demuestre lo contrario o que 
esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o con la índole de la falta 
de conformidad.
En virtud de esta norma, se establece un plazo de tres años para que pueda 
manifestarse la falta de conformidad y de dos años para la presunción de que toda falta de 
conformidad que se manifieste, existía en el momento de la entrega del bien. Sin duda, 
esta ampliación de los plazos mínimos previstos en la Directiva, de dos años y un año 
respectivamente, refuerza la posición de las personas consumidoras al positivizar la 
necesidad de suministrar bienes con la calidad, seguridad y durabilidad que se puede 
razonablemente esperar de los mismos.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49772
Como se indica en el considerando 32 de la Directiva (UE) 2019/771, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, garantizar una mayor durabilidad de los 
bienes es importante para lograr patrones de consumo más sostenibles y una economía 
circular. La durabilidad debe referirse a la capacidad de los bienes de mantener sus 
funciones y rendimiento obligatorios en condiciones normales de utilización. Para que los 
bienes sean conformes deben poseer la durabilidad que sea habitual en bienes del mismo 
tipo y que se pueda razonablemente esperar habida cuenta de la naturaleza de los bienes 
específicos, incluida la posible necesidad de un mantenimiento razonable de los bienes. 
En la medida en que la información específica sobre la durabilidad se indique en cualquier 
declaración precontractual que forme parte de los contratos de compraventa, la persona 
consumidora debe poder confiar en ella como parte de los criterios subjetivos de 
conformidad.
Para coadyuvar a la durabilidad de los bienes puestos en el mercado, esta norma 
mantiene y refuerza las previsiones de nuestra legislación garantizando la existencia de un 
adecuado servicio técnico, así como de los repuestos necesarios, durante un plazo mínimo 
de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse, contribuyendo con ello 
al derecho a la reparación reclamado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 25 
de noviembre de 2020, sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las 
empresas y los consumidores».
Estas medidas se integran en la nueva Estrategia Española de Economía Circular 2030, 
que trata de pasar del actual modelo lineal de nuestra economía, que se apoya en la 
producción de bienes y servicios bajo las pautas de «usar-consumir-tirar», lo que conlleva 
un uso intensivo de recursos naturales y una elevada generación de residuos, a un modelo 
en el que el valor de los bienes se mantenga durante el mayor tiempo posible, lo que incide 
en el aumento del valor económico de los mismos y en la reducción de los residuos que se 
generen. Este cambio a un consumo más responsable requiere la participación activa e 
informada de las personas consumidoras.
Respecto de la regulación de los servicios y contenidos digitales, además de su 
novedad en la normativa europea, cabe destacar que la Directiva (UE) 2019/770, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, incluye en su ámbito de 
aplicación a los contratos en los que el empresario suministra o se compromete a 
suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor a cambio de que este facilite o 
se comprometa a facilitar sus datos personales. Esta modalidad, cada vez más habitual en 
el mercado digital, debe tener en cuenta que la protección de datos personales es un 
derecho fundamental, por lo que los datos personales no pueden considerarse mercancía 
y su tratamiento debe cumplir las obligaciones aplicables de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE.
Las Directivas (UE) 770/2019 Y 771/2019 suponen una evolución de la normativa de 
consumo en los aspectos relacionados con la compraventa de bienes y, en especial, 
contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Estos contratos han cobrado 
gran relevancia en los últimos años, sin que la normativa de consumo se haya adaptado a 
sus particularidades. En este contexto, es preciso tener en cuenta que los contenidos o 
servicios digitales se suministran también cuando el consumidor no paga un precio como 
tal, pero facilita datos personales al empresario. Estos contratos no cuentan en la 
actualidad con regulación específica, pues la consideración tradicional de contrato no 
contemplaba estos supuestos. Es por ello urgente y necesario cubrir este vacío, tanto por 
la necesidad de tener un marco jurídico estable y armonizado a nivel de la Unión Europea 
al respecto, como por la necesidad de ofrecer a los consumidores o usuarios una 
protección integral en sus distintas formas de contratación.
La necesidad de regular este vacío se ha visto acrecentada por la actual crisis sanitaria 
pues, como se indica en la Nueva Agenda Europea del Consumidor, publicada en 
noviembre de 2020, las medidas de confinamiento han destacado «el papel fundamental 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49773
de las tecnologías digitales en la vida de las personas, permitiendo comprar bienes 
esenciales que, de otra manera, no serían asequibles y acceder a servicios a pesar de las 
restricciones». Parece claro que los españoles están entre los europeos que más han 
incrementado sus compras online, especialmente en productos esenciales como 
alimentación o electrónica (como medio de llevar a cabo el teletrabajo), lo que ha 
determinado que, en muchos casos, las personas consumidoras hayan tenido que 
descubrir nuevas herramientas y servicios digitales para su vida cotidiana. Incluso las 
personas consumidoras más reticentes a este tipo de comercio se han visto obligados a 
superar los temores asociados a este tipo de compras y en un número relevante han sido 
la primera vez que lo han hecho. Paralelamente, el distanciamiento social ha hecho crecer 
los negocios online ya existentes, especialmente los gigantes y propiciado la apertura o 
creación de otros.
Es decir, en un momento en el que ha aumentado de forma exponencial el comercio 
electrónico y en el que las formas de contratación al efecto han sufrido una importante 
evolución, es urgente que el suministro de contenidos y servicios digitales cuente con una 
regulación específica que garantice los derechos de los consumidores o usuarios en este 
ámbito. Es urgente, por tanto, la actualización de la normativa de consumo en el actual 
contexto de crisis sanitaria para abarcar estas nuevas formas de contratación disruptivas 
que no cuentan hasta la fecha con respaldo normativo.
X
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El real 
decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de 
transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta pública, ni el trámite de audiencia 
e información públicas tal y como excepciona el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se 
dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución Española.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de la Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la 
Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, de la 
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de la Ministra de Hacienda, y del Ministro de Consumo, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de abril de 2021,
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49774
DISPONGO:
TÍTULO I
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de defensa 
de la competencia
Artículo primero.  Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.
Se modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18. Colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia con Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados 
miembros y con la Comisión Europea.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al objeto de 
aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y en el ejercicio de su facultad de colaboración con Autoridades Nacionales de 
Competencia de otros Estados miembros y con la Comisión Europea, podrá:
a) Intercambiar con la Comisión Europea y con las Autoridades Nacionales de 
Competencia de otros Estados miembros y utilizar como medio de prueba todo 
elemento de hecho o de derecho, incluida la información confidencial, en los 
términos previstos en la normativa europea. En particular, en relación con las 
declaraciones de clemencia, estas se podrán intercambiar con el consentimiento del 
solicitante o cuando dicho solicitante haya presentado su solicitud ante las citadas 
Autoridades de Competencia, siempre y cuando en la fecha de transmisión de la 
declaración de clemencia, el solicitante de clemencia no pueda retirar la información 
facilitada a la Autoridad de Competencia que reciba la declaración de clemencia.
b) Ejercer, a requerimiento de la Comisión Europea o de las Autoridades 
Nacionales de Competencia de otros Estados miembros, las facultades previstas en 
los artículos 39, 39 bis y 40 de esta ley, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 20 a 22 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado y en el artículo 24 de la Directiva (UE) 2019/1 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar 
a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar 
más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior.
c) Autorizar con carácter excepcional a personal de las Autoridades Nacionales 
de Competencia de otros Estados miembros, para que, bajo la supervisión del 
personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, puedan asistir 
y ayudar activamente a esta en el ejercicio de las facultades previstas en los 
artículos 39 bis y 40, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 de la 
Directiva (UE) 2019/1, de 11 de diciembre de 2018.
d) Notificar, en nombre y representación de las Autoridades Nacionales de 
Competencia de otros Estados miembros, los pliegos de concreción de hechos, las 
resoluciones en las que se acredite la existencia de prácticas prohibidas o la 
imposición de multas o multas coercitivas y cualquier otra decisión, acto o 
documento en relación con la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 25 de la Directiva (UE) 2019/1, de 11 de diciembre de 2018.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49775
e) Tramitar la ejecución de resoluciones firmes en aplicación de los 
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por las que 
se imponen multas o multas coercitivas, en nombre y representación de las 
Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Directiva (UE) 2019/1, de 11 de 
diciembre de 2018, cuando la empresa o asociación de empresas sancionada no 
esté establecida o no tenga suficientes activos para hacer frente a la multa en el 
Estado miembro que impone la multa.
f) Solicitar a otra Autoridad Nacional de Competencia de la Unión Europea que 
realice una inspección, una entrevista o un requerimiento de información en nombre 
y por cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
designando, en su caso, al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia para asistir y ayudar activamente en dicha inspección o entrevista, en 
aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre 
de 2002, y del artículo 24.1 de la Directiva (UE) 2019/1, de 11 de diciembre de 2018.
g) Actuar como autoridad requirente a efectos de la aplicación de los 
artículos 25 a 28 de la Directiva (UE) 2019/1, de 11 de diciembre de 2018.
Las notificaciones y actuaciones realizadas por la Dirección de Competencia de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en virtud de este apartado 
se regirán por la legislación española aplicable a los actos de la propia Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ejercicio de 
sus funciones de control de concentraciones en operaciones que hayan sido 
notificadas en otros Estados miembros o ante la Comisión Europea o sean 
susceptible de serlo, y previa autorización expresa de las partes, podrá intercambiar 
con la Comisión Europea y con las Autoridades Nacionales de Competencia de 
otros Estados miembros y utilizar como medio de prueba todo elemento de hecho o 
de derecho, incluida la información confidencial.»
Dos. Se modifica el artículo 39, que queda redactado como sigue:
«Artículo 39. Deberes de colaboración e información.
1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier 
Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y están obligados a proporcionar, a 
requerimiento de esta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que 
dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación de esta ley.
Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las 
circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente.
Tales requerimientos de información serán proporcionados y no obligarán a los 
destinatarios de los mismos a admitir la comisión de una infracción de la normativa 
de competencia. La obligación de facilitar toda la información necesaria se referirá 
a información que sea accesible para los sujetos obligados, con independencia del 
soporte en que se almacene la información, tales como ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, otros dispositivos móviles o almacenamiento en la nube.
2. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, no implicará la condición de interesado en el 
correspondiente procedimiento.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 39 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 39 bis. Entrevistas.
1. El deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia incluye la facultad de esta de realizar entrevistas a cualquier 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49776
representante de una empresa o asociación de empresas, a cualquier representante 
de otras personas jurídicas, y a cualquier persona física, cuando puedan estar en 
posesión de datos e informaciones que puedan resultar necesarios para la aplicación 
de lo previsto en la presente ley.
2. La realización de entrevistas que se realicen previa convocatoria se motivará 
en el acto por el que, en su caso, se convoque al entrevistado.
3. Las entrevistas no podrán obligar a los destinatarios de las mismas a 
declarar contra sí mismos ni a admitir la comisión de una infracción de la normativa 
de competencia. Los entrevistados podrán contar con la presencia de asistencia 
letrada de su elección para que asista durante la celebración de la entrevista.
4. Las entrevistas se realizarán en las dependencias de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por su personal y, en su caso, por personal de 
otras autoridades designado por esta. Asimismo, a propuesta de la Dirección de 
Competencia, las entrevistas podrán realizarse en la sede de una empresa o entidad 
previo consentimiento de la misma o a través de sistemas digitales que, mediante la 
videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y 
simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre el 
entrevistado y el personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
5. Cuando la naturaleza de la actuación lo requiera, las entrevistas podrán ser 
grabadas y transcritas utilizando los medios materiales propios de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, sin que se permita su grabación por el 
entrevistado. Asimismo, el personal encargado de la entrevista podrá levantar acta 
de la misma en la que quede constancia de su contenido. El entrevistado podrá, en 
su caso, solicitar una copia del acta, grabación o transcripción de la entrevista.
Las grabaciones, transcripciones y actas extendidas tendrán naturaleza de 
documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 en relación con el tratamiento de la 
información confidencial.»
Cuatro. Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40. Facultades de inspección.
1. El ejercicio de las facultades de inspección de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en el ámbito de las funciones que tiene atribuidas por 
esta ley se regirá por lo dispuesto en este artículo y en su desarrollo reglamentario. 
Todo ello sin perjuicio de las facultades de inspección reguladas en el artículo 27 de 
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia para las inspecciones de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia en el ámbito de las funciones que tiene atribuidas por otras leyes.
2. La Dirección de Competencia podrá realizar todas las inspecciones 
necesarias, sin previo aviso, a las empresas y asociaciones de empresas, al 
domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del 
personal de las empresas que puedan estar en posesión de información que sea 
relevante, para la aplicación de esta ley.
Estas inspecciones podrán realizarse ante la noticia de la posible existencia de 
una infracción en un determinado mercado conforme a lo establecido en esta ley, 
pudiendo ser inspeccionada cualquier entidad o sujeto presente en dicho mercado 
al objeto de verificar su posible participación en dichas conductas.
A estos efectos la persona titular de la Dirección de Competencia dictará una 
orden de inspección que indicará los sujetos investigados, el objeto y la finalidad de 
la inspección, la fecha en que dará comienzo y hará referencia a las sanciones 
previstas en esta ley, para el caso de que las entidades o sujetos obligados no se 
sometan a las inspecciones u obstruyan por cualquier medio la labor de inspección, 
así como al derecho a recurrir contra la misma.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49777
3. Las actuaciones de inspección llevadas a cabo por la Dirección de 
Competencia podrán desarrollarse:
a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la entidad inspeccionada.
b) En el domicilio particular de los empresarios, administradores y otros 
miembros del personal de las empresas y en cualquier otro despacho, oficina, 
dependencia o lugar, cuando exista una sospecha razonable de que en los mismos 
puedan existir pruebas o documentación relevante para los hechos objeto de 
inspección.
c) En los propios locales de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las 
actuaciones puedan ser examinados en ellos o para analizar y realizar búsquedas y 
seleccionar copias o extractos de documentos recabados en el curso de una 
inspección domiciliaria.
4. El personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
debidamente autorizado por la persona titular de la Dirección de Competencia tiene, 
en el ejercicio de sus funciones inspectoras, la consideración de agente de la 
autoridad y deberá acreditar su condición, si es requerido a ello, fuera de las oficinas 
públicas.
Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al 
personal inspector de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para 
el ejercicio de las funciones de inspección, incluso como medida preventiva, para 
superar una posible oposición por parte de aquellos sometidos a la inspección.
La persona titular de la Dirección de Competencia podrá designar a 
acompañantes autorizados con el objeto de que presten apoyo y asistencia al 
personal inspector para la práctica de la actuación inspectora.
5. El personal encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. 
Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de 
los hechos que motiven su formalización.
6. El personal inspector de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia autorizado por la persona titular de la Dirección de Competencia, así 
como el personal designado para prestar apoyo y asistencia para la práctica de la 
actuación inspectora tendrá las siguientes facultades de inspección:
a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las 
entidades y sujetos inspeccionados.
b) Precintar los locales, libros o documentación, sistemas informáticos o 
dispositivos electrónicos y demás bienes de la entidad inspeccionada durante el 
tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.
c) Examinar los libros y cualquier otra documentación a la que tenga acceso la 
entidad o sujeto inspeccionado, con independencia del lugar y soporte en que se 
almacene. Esta facultad incluirá en particular:
i. La inspección de toda la documentación en soporte papel, incluidos los 
archivos físicos, documentos contractuales o la correspondencia comercial.
ii. La inspección de toda la documentación e información en soporte informático 
o electrónico, y todas las formas de correspondencia utilizadas por el sujeto o 
entidad inspeccionada y el personal al servicio de misma, independientemente de si 
aparecen como no leídos o han sido eliminados.
Dicha documentación e información incluirá tanto la que se encuentre 
almacenada en los sistemas informáticos y dispositivos electrónicos de la entidad 
inspeccionada y del personal al servicio de la misma, como la que se encuentre 
alojada en sistemas, servicios informáticos o dispositivos proporcionados por 
terceros, sistemas y servicios de almacenamiento en la nube y toda aquella otra a 
la que tenga acceso la entidad inspeccionada.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49778
d) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de los libros o 
documentos mencionados en la letra c).
e) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos 
mencionados en la letra c) y hacer u obtener copias o extractos, en cualquier 
formato, de dichos libros o documentos en los locales de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia o en cualquier otro local que se designe.
f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la entidad 
inspeccionada explicaciones sobre hechos o documentos relevantes para la 
inspección y guardar constancia de sus respuestas.
g) Los inspectores podrán requerir la comparecencia física del personal de las 
entidades inspeccionadas o de las personas investigadas, así como de la aportación 
de cualquier documentación que obre en poder de los mismos o de cualquier 
dispositivo electrónico utilizado por dicho personal.
7. Las entidades están obligadas a someterse a las inspecciones que haya 
ordenado la persona titular de la Dirección de Competencia. Dicha obligación 
comprenderá a matrices, filiales o empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial de las empresas inspeccionadas en el sentido del artículo 42 del Código 
de Comercio en la medida en que exista una conexión directa entre estas y los 
hechos investigados. La negativa de la entidad inspeccionada a someterse a la 
inspección una vez notificada la correspondiente orden de inspección dará lugar a 
la incoación de un expediente sancionador como infracción independiente, según lo 
previsto en el artículo 62, sin perjuicio de que sea considerada una circunstancia 
agravante para fijar el importe de la sanción que pudiera imponérsele en aplicación 
del artículo 64.
Los sujetos y las entidades inspeccionadas y su personal, incluyendo a 
directivos, empleados y personal externo que preste servicios en las mismas, 
deberán prestar su colaboración para la práctica de la inspección, en particular, 
facilitando al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus 
locales, instalaciones, terrenos y medios de transporte, así como a toda la 
documentación e información que les sea solicitada, con independencia del soporte 
y el lugar en el que se encuentre, y responder de forma veraz a las preguntas en el 
marco del epígrafe f) del apartado 5 que les sean formuladas por el personal 
inspector. Asimismo, deberán facilitar los medios técnicos y humanos pertinentes 
para facilitar la práctica de la inspección, en particular para garantizar el acceso 
efectivo a la información en soporte electrónico.
8. El ejercicio de las facultades señaladas en los epígrafes a) y b) del 
apartado 6, cuando el mismo implique restricción del derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio o el acceso a dependencias, terrenos o medios de 
transporte distintos de los propios de las empresas o asociaciones de empresas 
investigadas, requerirá de autorización judicial. En este caso la Dirección de 
Competencia podrá, con carácter previo a la práctica de la inspección, solicitar la 
citada autorización al órgano judicial competente que resolverá en el plazo máximo 
de 48 horas.
Asimismo, podrán ejercerse dichas facultades previo consentimiento expreso de 
las entidades o sujetos inspeccionados, una vez informados sobre el objeto de la 
inspección recogido en la orden de inspección, las facultades de inspección 
previstas en la presente ley, el derecho a oponerse a la práctica de la inspección y 
las consecuencias de dicha oposición.
9. Los datos e informaciones obtenidos solo podrán ser utilizados por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para las finalidades previstas 
en esta ley.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49779
Cinco. Se modifica el artículo 42, que queda redactado como sigue:
«Artículo 42. Tratamiento de la información confidencial.
1. En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que se 
consideren confidenciales, formando con ellos pieza separada, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 18 y en el Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre 
de 2002.
2. En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confidencial 
con la información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la remisión del 
borrador de resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º1/2003, de 16 de diciembre 
de 2002.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formará pieza 
separada especial de confidencialidad con las solicitudes de clemencia y las 
declaraciones que puedan presentarse en el ámbito de esta. Las partes incoadas 
podrán tener acceso a dicha documentación para contestar la imputación formulada 
por la Dirección de Competencia. En todo caso, las partes incoadas no podrán 
obtener copias de las declaraciones de las personas físicas o jurídicas en el marco 
de solicitudes de clemencia ni de cualquier declaración adicional posterior que haya 
sido realizada por los solicitantes de clemencia de forma específica para su 
presentación en el ámbito de dichas solicitudes. Ello es sin perjuicio de que las 
partes incoadas puedan acceder y obtener copia de la documentación 
complementaria que aporte el solicitante de clemencia como prueba de la existencia 
de la infracción y que no constituye propiamente una declaración. Además de para 
la contestación a la imputación formulada por la Dirección de Competencia, las 
partes incoadas que hayan tenido acceso a dicha documentación solo podrán 
utilizar la información extraída de las solicitudes de clemencia cuando sea necesario 
para el ejercicio de sus derechos de defensa ante órganos jurisdiccionales 
nacionales en asuntos que estén directamente relacionados con el asunto en el que 
se haya concedido el acceso, y únicamente cuando la revisión jurisdiccional se 
refiera a:
a) La distribución entre los participantes en un cártel de una multa impuesta 
solidariamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
b) Una resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia por la que se haya constatado una infracción de los artículos 1 o 2 de 
esta ley o de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.»
Seis. Se añade un nuevo artículo 45 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 45 bis.  Adecuación del procedimiento a los derechos fundamentales 
garantizados por la normativa europea.
En los procedimientos regulados en esta ley y en su normativa de desarrollo se 
garantizará en todo momento el cumplimiento de los principios generales del 
Derecho de la Unión y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
la legislación nacional que sea de aplicación.»
Siete. Se modifica el artículo 49, que queda redactado como sigue:
«Artículo 49. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Competencia, ya sea 
a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o bien por denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49780
no, podrá formular denuncia de las conductas prohibidas por esta ley, con el 
contenido que se determinará reglamentariamente. La Dirección de Competencia 
incoará expediente cuando se observen indicios racionales de la existencia de 
conductas prohibidas y notificarán a los interesados el acuerdo de incoación, 
excepto en el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo.
2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de 
Competencia podrá realizar una información reservada, incluso con investigación 
domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente 
sancionador.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a 
propuesta de la Dirección de Competencia, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por 
esta ley o por los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de 
infracción.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 de la Directiva (UE) 2019/1 
de 11 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
informará a la Comisión Europea del archivo de las actuaciones cuando hubiera 
informado a esta del inicio de una investigación con base en los artículos 101 o 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. En caso de denuncia, la Dirección de Competencia podrá acordar no iniciar 
actuaciones por considerar que la investigación de los hechos que se contemplan 
en la misma no constituye una prioridad. Con este fin, comunicará al Consejo su 
intención de no iniciar procedimiento. Si en el plazo de 15 días el Consejo no ha 
motivado su oposición al respecto, la Dirección de Competencia procederá a ponerlo 
en conocimiento del denunciante.
Se podrán considerar que no son prioritarias, entre otras, aquellas denuncias 
que:
a) Aportan escasos elementos de prueba o indicios débiles, siendo reducida la 
probabilidad de que la Dirección de Competencia, dedicando recursos a ello, 
puedan probar la conducta ilícita.
b) Se refieren a conductas ilícitas cuyo alcance potencial es limitado o el daño 
potencial que pueden conllevar para el consumidor o para la competitividad de los 
mercados de factores productivos, bienes o servicios es escaso.
c) Se refieren a conductas cuya prevención o erradicación es factible a través 
de otros instrumentos legales para preservar y promover la competencia, haciendo 
un uso más eficiente de los recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
Todo ello sin perjuicio de las prioridades que para la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia marque su Consejo de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20.16 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, y de las facultades de dirección de la 
política general del Gobierno previstas en el artículo 3.2 de esa misma ley.»
Ocho. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:
«Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia.
1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrán declarar:
a) La existencia de conductas prohibidas por la presente ley o por los 
artículos 101 o 102 del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea.
b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean 
capaces de afectar de manera significativa a la competencia.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49781
c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrán contener:
a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean 
estructurales o de comportamiento. En la elección entre condiciones estructurales o 
de comportamiento de eficacia equivalente se optará por la que resulte menos 
gravosa para la empresa en cuestión.
c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias 
al interés público.
d) La imposición de multas.
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente ley.
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta ley.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
podrá proceder, a propuesta de la Dirección de Competencia, que actuará de oficio 
o a instancia de parte, a la revisión de las condiciones y de las obligaciones 
impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una modificación sustancial y 
permanente de las circunstancias tenidas en cuenta al dictarlas.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
podrá, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier 
omisión que contengan sus resoluciones.
Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución o, en su caso, a la petición de aclaración 
o adición, que deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días 
siguientes al de la notificación.
Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier 
momento.»
Nueve. Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:
«Artículo 54. Adopción de medidas cautelares.
1. Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a 
propuesta o previo informe de la Dirección de Competencia, las medidas cautelares 
necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se 
dicte.
2. Las medidas cautelares estarán motivadas, serán proporcionadas, limitadas 
temporalmente y dirigidas a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento 
se dicte, sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de 
difícil o imposible reparación. En el caso de procedimientos referidos a la aplicación 
de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará a la Red Europea 
de Competencia de la imposición de dichas medidas cautelares.»
Diez. Se modifica el artículo 61, que queda redactado como sigue:
«Artículo 61. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las 
acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley o, en el caso de 
empresas, sus sucesores legales o económicos.
2. A los efectos de la aplicación de esta ley, la actuación de una empresa es 
también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su 
comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49782
3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de 
empresas y esta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las 
contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del 
plazo fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá 
exigir el pago de la multa a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean 
miembros de los órganos de gobierno de la asociación de que se trate.
Una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya 
requerido el pago con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá exigir el 
pago del saldo a cualquier miembro de la asociación que operase en el mercado en 
que se hubiese producido la infracción cuando ello sea necesario para garantizar el 
pago íntegro de la multa.
No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo y 
tercero a las empresas que demuestren que no han aplicado la decisión o 
recomendación de la asociación constitutiva de infracción y que o bien ignoraban su 
existencia o se distanciaron activamente de ella antes de que se iniciase la 
investigación del caso.
La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa 
no podrá ser superior al 10 por ciento de su volumen de negocios total en el ejercicio 
inmediatamente anterior.»
Once. Se modifica el artículo 62, que queda redactado como sigue:
«Artículo 62. Infracciones.
1. Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, 
graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) Haber presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
la notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos en los 
artículos 9.3.a) y 9.5.
b) No haber notificado una concentración requerida de oficio por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5.
3. Son infracciones graves:
a) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos 
establecidos en el artículo 3.
b) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo 
previsto en esta ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución 
expresa o tácita autorizando la misma sin que se haya acordado el levantamiento de 
la suspensión.
c) La obstrucción por cualquier medio de la labor de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en el marco de un requerimiento de información, una 
entrevista o una inspección, contraviniendo las obligaciones establecidas respectivamente 
en los artículos 39, 39 bis y 40. Entre otras, constituyen obstrucción a la labor de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las siguientes conductas:
1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta, engañosa o falsa, 
los libros, documentos o cualquier otra información solicitada por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en el marco de un requerimiento de 
información o una inspección.
2.º No comparecer, no someterse a una entrevista o responder a las preguntas 
formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de forma 
incompleta, inexacta o engañosa.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49783
3.º No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en el marco de lo previsto en el artículo 40.5.f) de esta 
ley, o hacerlo de forma incompleta, inexacta o engañosa.
4.º Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia en el marco de una inspección.
4. Son infracciones muy graves:
a) El desarrollo de conductas tipificadas en el artículo 1 de esta ley y en el 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de esta ley y en 
el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o 
compromiso adoptado en aplicación de la presente ley, tanto en materia de 
conductas restrictivas como de control de concentraciones.»
Doce. Se modifica el artículo 63, que queda redactado como sigue:
«Artículo 63. Sanciones.
1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente 
o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente ley las siguientes sanciones, 
para cada una de las infracciones declaradas:
a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de 
negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de la imposición de la multa.
b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de 
negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de la imposición de la multa.
c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen 
de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de imposición de la multa.
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de 
empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios total 
mundial de sus miembros, salvo cuando en el mismo expediente se sancione tanto 
a empresas asociadas como a la asociación a la que pertenecen. En este caso, 
para la determinación del volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o 
agrupaciones de empresas no se computará el volumen de negocios total mundial 
de las empresas asociadas que hayan sido sancionadas en el mismo expediente.
2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor 
sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada 
uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos 
directivos que hayan intervenido en la conducta.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los 
órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o 
hubieran votado en contra o salvado su voto.
3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se 
refiere el apartado 1, las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas 
en los términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 hasta 10 millones de euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49784
Trece. Se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue:
«Artículo 65. Exención del pago de la multa.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia eximirá a una empresa o a una persona 
física del pago de la multa que hubiera podido imponerle cuando:
a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de 
una inspección en los términos establecidos en el artículo 40 en relación con un 
cártel, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de 
elementos suficientes para ordenar la misma, o
b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, le permitan comprobar una infracción 
del artículo 1 en relación con un cártel, siempre y cuando, en el momento de 
aportarse los elementos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
no disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la 
infracción y no se haya concedido una exención a una empresa o persona física en 
virtud de lo establecido en la letra a).
2. Para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conceda 
la exención prevista en el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la persona 
física que haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes 
requisitos:
a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en los términos en que se establezcan 
reglamentariamente, a lo largo de todo el procedimiento administrativo de 
investigación.
b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que 
facilite los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en 
aquellos supuestos en los que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia estime necesario que dicha participación continúe con el fin de 
preservar la eficacia de una inspección.
c) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de 
exención ni haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la 
Comisión Europea o de otras Autoridades de Competencia, su intención de 
presentar esta solicitud o su contenido.
d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en 
la infracción.
3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará 
igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los 
órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y 
cuando hayan colaborado con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
4. La exención prevista en el apartado 1 comprenderá también la de la 
prohibición de contratar prevista en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
5. La empresa o la persona física que vaya a presentar una solicitud de 
exención del pago de la multa podrá solicitar un indicador que reserve el puesto 
para dar tiempo al solicitante a presentar los elementos de prueba necesarios para 
aplicar el apartado 1 de este artículo.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49785
Catorce. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue:
«Artículo 66. Reducción del importe de la multa.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá reducir el 
importe de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o personas 
físicas que, sin reunir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 
anterior:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor 
añadido significativo con respecto a aquellos de los que ya dispongan la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, y
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 
del artículo anterior.
2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a la 
siguiente regla:
a) La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido en el 
apartado anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 por 
ciento.
b) La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una reducción 
de entre el 20 y el 30 por ciento.
c) Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse de una 
reducción de hasta el 20 por ciento del importe de la multa.
3. En caso de aportación por parte de una empresa o persona física de 
elementos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con repercusión 
directa en el importe de la multa, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia no tendrá en cuenta esos hechos adicionales al determinar el importe 
de la multa correspondiente a dicha empresa o persona física.
4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será 
aplicable, en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus 
representantes o a las personas que integran los órganos directivos que hayan 
intervenido en el acuerdo o decisión, siempre que hayan colaborado con la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.
5. La reducción del importe de la multa prevista en este artículo podrá 
comprender la exclusión de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Quince. Se modifica el artículo 67, que queda redactado como sigue:
«Artículo 67. Multas coercitivas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, independientemente 
de las multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de 
ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento 
del cumplimiento a las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de estas, y 
agentes económicos en general, multas coercitivas de hasta un 5 por ciento del 
volumen de negocios total mundial medio diario durante el ejercicio social anterior 
por cada día de retraso contado a partir de la fecha fijada en el previo requerimiento, 
con el fin de obligarlas:
a) A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida conforme a lo 
dispuesto en la ley.
b) A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada 
prohibida conforme a lo dispuesto en la ley.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49786
c) A la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la 
competencia.
d) Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en las 
resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o en los 
acuerdos de Consejo de Ministros según lo previsto en la presente ley.
e) Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento o acuerdo 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o del Consejo de 
Ministros.
f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 39.
g) Al cumplimiento del deber de acudir a las entrevistas del artículo 39 bis. En 
particular, se impondrá multa coercitiva a la entidad a la que preste servicios o a la 
que represente la persona física convocada a las entrevistas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para la recopilación de información en 
relación con el objeto de una investigación. En el caso de que la relación de 
representación o de prestación de servicios con la entidad ya no esté vigente en el 
momento de aplicación de la multa coercitiva, esta se impondrá a la persona física 
convocada a la entrevista y será de hasta 5.000 euros al día.
h) Al cumplimiento de las medidas cautelares.
i) A no obstruir la inspección y a presentar los libros y cualquier otra 
documentación requerida, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.
No se impondrán multas coercitivas, y se interrumpirá la prescripción y la 
exigibilidad de las multas coercitivas ya impuestas, durante la tramitación del 
procedimiento sancionador ante las Autoridades Nacionales de Competencia de 
otros Estados miembros o ante la Comisión Europea con respecto a unos mismos 
hechos que constituyan una infracción prohibida por los artículos 101 o 102 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 3 del artículo 68 y se añade un nuevo apartado 4 
al artículo 68:
«3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración 
tendente al cumplimiento de la ley y por los actos realizados por los interesados al 
objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las resoluciones correspondientes.
4. La prescripción para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
se interrumpe durante la tramitación del procedimiento sancionador ante las 
Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros o ante la 
Comisión Europea con respecto a unos mismos hechos que constituyan una 
infracción prohibida por esta ley o por los artículos 101 o 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
La interrupción de la prescripción comenzará en el momento de la notificación 
de la primera medida de investigación formal por parte de la Autoridad Nacional de 
Competencia de otro Estado miembro o de la Comisión Europea, y se producirá 
para todos los sujetos que hayan participado en la infracción, desde el momento en 
que al menos uno de ellos tenga conocimiento formal del acto que motiva la 
interrupción, debiendo notificarse esta circunstancia al resto de sujetos.
La interrupción de la prescripción se mantendrá mientras la resolución 
sancionadora sea objeto de revisión en un proceso jurisdiccional.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará también a las multas coercitivas 
reguladas en el artículo 67.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 70, que queda redactado como sigue:
«Artículo 70. Normativa aplicable y órganos competentes.
1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes 
a los artículos 1, 2 y 3, el procedimiento para la imposición de las sanciones 
previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49787
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en su normativa de desarrollo.
2. La Dirección de Competencia será el órgano competente para la iniciación 
e instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia para la resolución del mismo.
3. La recaudación de las multas, incluidas aquellas a las que se refiere el 
artículo 18.1.e), corresponderá a la Administración General del Estado en período 
voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, 
conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por 
el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»
Dieciocho. Se modifica la Disposición adicional primera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional primera. De la jurisdicción contencioso administrativa y de 
los Juzgados de lo Mercantil.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. letra f de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil 
conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional 
civil respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de esta ley 
y de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúe 
como autoridad requirente a los efectos de lo previsto en el artículo 18.1 g), los 
litigios serán competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y se regirán 
por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando se refieran a:
a) la legalidad de los pliegos de concreción de hechos, las resoluciones en las 
que se acredite la existencia de prácticas prohibidas o la imposición de multas o 
multas coercitivas y cualquier otra decisión, acto o documento en relación con la 
aplicación de los artículos 101 y 102 o de las resoluciones firmes en aplicación de 
los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por las 
que se imponen multas o multas coercitivas, y
b) la legalidad del instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado 
miembro de la autoridad requerida.
3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúe 
como autoridad requerida, serán competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y se regirán por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, los litigios referentes a las medidas de ejecución adoptadas en 
España o referentes a la validez de una notificación efectuada por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la letra g) del artículo 5.1, que queda redactada como sigue:
«g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación, 
asistencia mutua y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras 
Autoridades Nacionales de Competencia de los Estados miembros previstos en la 
normativa europea y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales 
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), en el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49788
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo y en la 
Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia 
y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.»
Dos. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo del artículo 37, que queda 
redactado como sigue:
«d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales y su 
comparación con las cuentas anuales de los dos años anteriores, la situación 
organizativa y la información relativa al personal, la composición del Consejo 
indicando los cambios que se puedan haber producido respecto al año anterior, y las 
actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los 
resultados alcanzados, que se enviará a la Comisión correspondiente del Congreso 
de los Diputados y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.»
Tres.  Se añade una nueva disposición adicional decimonovena, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional decimonovena.
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a 
propuesta de la persona titular de su Presidencia, aprobará un Código de Conducta 
del personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que será 
publicado en el “Boletín Oficial del Estado” y que, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas al respecto, podrá incluir disposiciones concretas en relación con los 
conflictos de intereses del personal del organismo.»
TÍTULO II
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención 
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Artículo tercero. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, en los siguientes términos:
Uno. Se añaden los nuevos apartados 5, 6 y 7 al artículo 1 con la siguiente redacción:
«5. Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no 
emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente 
asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de 
moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser 
transferida, almacenada o negociada electrónicamente.
6. Se entenderá por cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria la compra 
y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier 
otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de 
pago en el país en el que haya sido emitido.
7. Se entenderá por proveedores de servicios de custodia de monederos 
electrónicos aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de 
salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes 
para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49789
Dos. Se modifican las letras b), h), k), l), m) y r) y se añade la letra z) en el apartado 1 
y se modifica el apartado 4 del artículo 2, que quedan redactados del siguiente modo:
«b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u 
otros seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando 
actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con 
inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.»
«h) Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas 
físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto 
Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera.»
«k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la 
concesión de préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la 
autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen 
profesionalmente alguna actividad prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 
de abril, de fomento de la financiación empresarial, o desarrollen actividades de 
concesión de préstamos previstas en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 
los contratos de crédito inmobiliario, así como las personas dedicadas 
profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades 
de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en 
arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta 
total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior 
a 10.000 euros.
m) Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier 
otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras 
personas relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o profesional principal.»
«r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o 
antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte 
o antigüedades, y las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o 
antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte 
o antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos.»
«z) Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda 
fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.»
«4. A los efectos de esta ley, se considerarán entidades financieras los sujetos 
obligados mencionados en las letras a) a i) y en la letra z) del apartado 1 de este 
artículo.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas 
pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera 
operaciones.
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o 
realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido 
debidamente identificadas. Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación 
o mantenimiento de cuentas, libretas de ahorro, cajas de seguridad, activos o 
instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios.»
Cuatro. Se añade un apartado b bis) al artículo 4.2 y se modifican los apartados 1.º 
y 3.º del artículo 4.2.c) que quedan redactados del siguiente modo:
«b bis) Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos 
de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49790
indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el 
administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una 
persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física 
nombrada por el administrador persona jurídica. Los sujetos obligados verificarán su 
identidad y consignarán las medidas tomadas y las dificultades encontradas durante 
el proceso de verificación.»
«1.º el fideicomitente o fideicomitentes.»
«3.º el protector o protectores, si los hubiera»
Cinco. Se añade un nuevo artículo 4 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa 
reguladora, las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas 
personas jurídicas estén sujetas a la obligación de declarar su titularidad real, 
constituidas conforme a la legislación española o con domicilio social o sucursal en 
España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar la información del titular 
o los titulares reales de esa persona jurídica, de conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 4. La información de los titulares reales se conservará por 
un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real en los 
términos establecidos reglamentariamente.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones 
ocasionales, las entidades previstas en el apartado 1 tendrán a disposición de los 
sujetos obligados la información a la que se refiere este artículo, a fin de que se 
pueda dar cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.
3. La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:
a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.
b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del 
Consejo de Administración, sea o no consejero.
c) El patronato y el secretario.
d) El órgano de representación de la asociación y el secretario.
4. Todas las personas físicas que tengan la condición de titulares reales 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de 
forma inmediata, desde el momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a 
las personas relacionadas en el apartado 3, su condición de titulares reales, con 
inclusión de los siguientes datos de identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales 
españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en 
España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 
Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones 
o derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de 
propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su 
participación en cada una de ellas.
i) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49791
Seis. Se añade un nuevo artículo 4 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros 
instrumentos jurídicos análogos.
1. Las personas físicas o jurídicas residentes o con establecimiento en España 
que actúen como fiduciarios, gestionando o administrando fideicomisos como el 
trust anglosajón y otros tipos de instrumentos jurídicos análogos con actividades en 
España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar la información de los 
titulares reales, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2. c) y d). La 
información de los titulares reales se conservará por un plazo de 10 años a contar 
desde el cese de su condición de titular real.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones 
ocasionales, los fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente deberán 
informar de la condición en la que actúan a los sujetos obligados, teniendo a su 
disposición la información a la que se refiere este artículo.
3. Las personas físicas que tengan la condición de titulares reales de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 c) y d), tendrán la obligación de 
suministrar de forma inmediata, desde el momento en que tengan conocimiento de 
ese hecho, a los fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente, su 
condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales 
españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en 
España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 
Documento nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.»
Siete. Se modifican los apartados 2 y 4, y se añade un nuevo apartado 8 al artículo 7 
con la siguiente redacción:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3.1, los 
sujetos obligados no solo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en 
este capítulo a todos los nuevos clientes sino, asimismo, a los clientes existentes, 
en función de un análisis del riesgo.
En todo caso, los sujetos obligados aplicarán a los clientes existentes las 
medidas de diligencia debida en función del riesgo cuando se proceda a la 
contratación de nuevos productos, cambien las circunstancias del cliente o cuando 
se produzca una operación significativa por su volumen o complejidad y, en todo 
caso, cuando el sujeto obligado tenga obligación en el curso del año natural 
correspondiente de ponerse en contacto con el cliente para revisar la información 
pertinente relativa al titular o titulares reales.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad 
exigible por el incumplimiento de obligaciones vigentes con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley.»
«4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida 
establecidas en este Capítulo a los fideicomisos como el trust anglosajón, la fiducia, 
el treuhand de la legislación alemana u otros instrumentos jurídicos análogos o 
masas patrimoniales que, careciendo de personalidad jurídica, puedan actuar en el 
tráfico económico.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49792
«8. Las entidades financieras que actúen como adquirentes solo aceptarán 
pagos efectuados con tarjetas prepago anónimas emitidas en países fuera de 
España cuando esas tarjetas cumplan con los umbrales y requisitos establecidos en 
el artículo 12 de la Directiva (UE) 2015/849.»
Ocho. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 12 que queda redactada del 
siguiente modo:
«a) La identidad del cliente quede acreditada mediante la firma electrónica 
cualificada regulada en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y 
por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. En este caso no será necesaria la 
obtención de la copia del documento, si bien será preceptiva la conservación de los 
datos de identificación que justifiquen la validez del procedimiento.»
Nueve. Se modifican las letras b) y c) y se añade una nueva letra e) en el apartado 3 
del artículo 14 con la siguiente redacción:
«b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los 
Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las personas 
que desempeñen cargos equivalentes a los relacionados en la letra a), y los 
diputados autonómicos y los cargos de alta dirección de partidos políticos con 
representación autonómica.
c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las personas que 
desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios 
capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de 
más de 50.000 habitantes, así como los cargos de alta dirección de partidos políticos 
con representación en dichas circunscripciones.»
«e) Las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las 
organizaciones internacionales acreditadas en España. Estas organizaciones 
deberán elaborar y mantener actualizada una lista de esas funciones públicas de 
conformidad con lo señalado en el apartado 2.»
Diez.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 15 que quedan redactados del 
siguiente modo:
«3. El tratamiento y cesión de los datos a los que se refieren los dos apartados 
anteriores quedarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de esos datos, en adelante, “Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016’’ y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante, “Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre”.
No obstante, no será preciso informar a los afectados acerca de la inclusión de 
sus datos en los ficheros a los que se refiere este artículo.»
«4. Los sujetos obligados y los terceros a que se refiere el apartado 2 deberán 
establecer procedimientos que permitan la actualización continua de los datos 
contenidos en los ficheros relativos a las personas con responsabilidad pública. En 
todo caso deberán aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49793
Once. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 18 que queda 
redactado del siguiente modo:
«En particular, se consideran operaciones por indicio y se comunicarán al 
Servicio Ejecutivo de la Comisión los casos que, tras el examen especial, el sujeto 
obligado conozca, sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que tengan 
relación con el blanqueo de capitales, o con sus delitos precedentes o con la 
financiación del terrorismo, incluyendo aquellos casos que muestren una falta de 
correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes 
operativos de los clientes, siempre que en el examen especial no se aprecie 
justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las 
operaciones.»
Doce. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 24 que queda redactada del 
siguiente modo:
«a) La comunicación de información entre sujetos obligados que pertenezcan 
al mismo grupo. A estos efectos, se estará a la definición de grupo establecida en el 
artículo 42 del Código de Comercio. Esta excepción es aplicable a la comunicación 
de información con sujetos obligados domiciliados en terceros países, siempre que 
se aplique en ellos políticas y procedimientos de grupo que cumplan con los 
requisitos establecidos en esta ley.»
Trece. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 25 con la siguiente redacción:
«3. En el caso de la identificación realizada de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, de 23 de julio de 2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica 
y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior, la obligación de conservación se extenderá a los datos e información que 
acrediten la identificación por esos medios.»
Catorce. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 3 al artículo 31 con la 
siguiente redacción:
«2. Cuando el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas 
equivalentes a las establecidas por el derecho de la Unión Europea, los sujetos 
obligados adoptarán respecto de sus sucursales y filiales con participación 
mayoritaria medidas adicionales para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo 
de capitales o de financiación del terrorismo. Las entidades financieras deberán 
aplicar medidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 
2019/758, de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la 
Directiva (UE) 2015/849 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las 
entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y 
de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
Asimismo, los sujetos obligados informarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
de esta circunstancia en el plazo máximo de siete días después de identificar al 
tercer país, que podrá proponer al Comité Permanente de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de 
requerimientos para la adopción de medidas de obligado cumplimiento.
3. En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias informará a la Autoridad Bancaria 
Europea de aquellos casos en que el derecho del tercer país no permita la aplicación 
de medidas equivalentes y en los que se pueda actuar en el marco de un 
procedimiento acordado para hallar una solución.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49794
Quince. Se añade un artículo 32 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 32 bis.  Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de 
diligencia debida.
1. El tratamiento de datos personales que resulte necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo II de esta ley se 
encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, y en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no precisando del 
consentimiento del interesado.
2. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las 
obligaciones de diligencia debida no podrán ser utilizados para fines distintos de los 
relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo que el tratamiento de dichos 
datos sea necesario para la gestión ordinaria de la relación de negocios.
3. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o la 
realización de una transacción ocasional, los sujetos obligados deberán facilitar a 
los nuevos clientes la información requerida en los artículos 13 y 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Dicha información 
contendrá, en particular, un aviso general sobre las obligaciones legales de los 
sujetos obligados con respecto al tratamiento de datos personales a efectos de 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la 
protección de datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de 
adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán 
en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los 
datos.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 34 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 34. Obligación de declarar.
1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el 
presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, 
realicen los siguientes movimientos:
a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual 
o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o 
superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
A estos efectos se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o 
posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de 
pago.
Se exceptúan de la obligación de declaración establecida en el presente artículo 
las personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, debidamente 
autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte 
profesional de fondos o medios de pago, excepto cuando se trate de movimientos 
de entrada y salida de la Unión Europea.
2. Cuando se produzca la entrada o salida del territorio nacional de medios de 
pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador, 
tales como envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o 
carga en contenedores, por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor 
en moneda extranjera, deberá presentarse declaración dentro del plazo de 30 días 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49795
anteriores al movimiento no acompañado. La obligación de declaración del 
movimiento será responsabilidad del remitente o su representante legal en el caso 
de movimientos de salida de medios de pago. En los casos de entrada de medios 
de pago procedentes de un tercer país, será responsable de la declaración el 
destinatario del efectivo, o su representante legal.
3. A los efectos de esta ley se entenderá por medios de pago:
a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
b) Los efectos negociables o medios de pago al portador. Son aquellos 
instrumentos que, previa presentación, dan a sus titulares el derecho a reclamar un 
importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese 
importe. Se incluyen aquí los cheques de viaje, los cheques, pagarés u órdenes de 
pago, ya sean extendidos al portador, firmados pero con omisión del nombre del 
beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario 
ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega y 
los instrumentos incompletos.
c) Las tarjetas prepago, entendiendo por tales aquellas tarjetas no nominativas 
que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan 
utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de 
dinero en metálico, cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta 
bancaria.
d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, 
como el oro.
En la interpretación de las definiciones de los medios de pago descritos se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida 
de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005.
4. La declaración establecida en el presente artículo se ajustará al modelo 
aprobado y deberá contener datos veraces relativos al portador, propietario, 
destinatario, remitente, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y 
modo de transporte de los medios de pago. La obligación de declarar se entenderá 
incumplida cuando la información consignada sea incorrecta o incompleta.
El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y 
presentado por la persona que transporte los medios de pago en el caso de los 
movimientos relacionados en el apartado 1. Durante todo el movimiento los medios 
de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración debidamente 
diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.
En los movimientos de medios de pago descritos en el apartado 2, la declaración 
será presentada por el remitente o el destinatario, según corresponda.
Los modelos de declaración establecida en el presente artículo serán:
a) En el supuesto de entradas y salidas a las que se refieren los apartados 1 
y 2 procedentes o con destino a un país que no forma parte de la Unión Europea, el 
aprobado por la Comisión Europea en el correspondiente Reglamento de Ejecución.
b) En el resto de supuestos, el aprobado por Orden del titular del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El lugar y forma de presentación de ambas declaraciones se fijará mediante 
Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.
5. Cuando los medios de pago sean transportados por menores de edad no 
acompañados, será responsable del cumplimiento de la obligación de declaración la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En caso de que el menor 
viajara acompañado, la cuantía de los medios de pago transportada por el menor se 
entenderá, a los efectos de lo previsto en este artículo, portada por la persona 
mayor de edad que acompañe al menor.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49796
Diecisiete. Se modifica el artículo 35 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declaración 
establecida en el artículo 34.1, los funcionarios aduaneros y policiales estarán 
facultados para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus 
medios de transporte.
A los efectos de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar medios 
de pago no acompañados prevista en el artículo 34.2, y sin perjuicio de la legislación 
aduanera, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar 
e inspeccionar las mercancías que puedan contener medios de pago no 
acompañados, envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado, 
carga en contenedores y cualquier sistema de envío y de transporte que pueda 
contener medios de pago no acompañados.
2. Procederá la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago 
objeto del movimiento por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes, 
salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse mediante orden de la 
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 
los casos siguientes:
a) No presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 
y 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
b) No presentación en plazo de la declaración previa a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
c) Presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 
del artículo 34 con información incorrecta o incompleta. A estos efectos, y sin 
perjuicio de su aplicación en otros supuestos, en todo caso se considerará 
información incorrecta o incompleta la falta de veracidad total o parcial de los datos 
relativos al portador, propietario, remitente, destinatario, procedencia o uso previsto 
de los medios de pago, así como la variación por exceso o defecto del importe 
declarado respecto del real en más de un 10 por ciento o de 3.000 euros.
d) Cuando los medios de pago no se pongan a disposición de las autoridades 
para su control en los términos previstos en la normativa, cuando el movimiento esté 
sometido a la obligación de declaración.
e) Cuando, no obstante haberse declarado o ser el importe del efectivo inferior 
al umbral que determina la obligación de su declaración, existan, al menos, indicios 
de que los medios de pago están vinculados a una actividad delictiva.
Esta intervención provisional tendrá una duración de treinta días que podrá ser 
ampliada, en su caso, hasta un máximo de noventa días por razones motivadas, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 61.2 para el caso en que se acuerde la iniciación 
de un procedimiento administrativo sancionador por infracción de lo previsto en los 
artículos 34 de esta ley.
3. Los medios de pago intervenidos se ingresarán, directamente o por 
transferencia, en las cuentas abiertas a nombre de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Los funcionarios policiales o 
aduaneros actuantes podrán identificarse en el momento del ingreso mediante la 
aportación de su número de identificación profesional.
4. Los medios de pago objeto de intervención que como consecuencia del 
transcurso de los plazos establecidos o de las actuaciones administrativas 
correspondientes deban ser objeto de devolución, de manera total o parcial, se 
pondrán a disposición de la persona a la que le fueron intervenidos esos medios de 
pago en los casos del artículo 34.1 o de las personas obligadas o responsables de 
la declaración de los movimientos de medios de pago no acompañados previstos en 
el artículo 34.2, sin perjuicio de la acreditación de un apoderamiento expreso en un 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49797
tercero de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la intervención realizada afecte a divisas para las que la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no disponga de 
cuenta en el Banco de España, se procederá a su conversión al euro por la entidad 
bancaria con carácter previo a su transferencia a las cuentas abiertas a nombre de 
la Comisión en el Banco de España, salvo que la divisa intervenida no esté cotizada 
en mercado oficial o concurran otras circunstancias que aconsejen el depósito en 
efectivo de los fondos, en cuyo caso se depositarán en el Banco de España para su 
custodia. Cuando como consecuencia del transcurso de los plazos establecidos o 
de las actuaciones administrativas correspondientes deba procederse a la 
devolución de todo o parte de la cantidad intervenida objeto de conversión a euros, 
la cuantía de la devolución se determinará tomando como referencia la cantidad en 
euros que fue objeto de conversión inmediatamente tras la intervención de la divisa.
5. El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio 
Ejecutivo de la Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para 
la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá 
indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados, en su 
caso, en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos. El acta de 
intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
Contra la intervención provisional de los medios de pago a las personas físicas, 
los interesados podrán formular reclamación ante la persona titular de la Secretaría 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la intervención, que 
será resuelta en los términos del artículo 61.2.
6. Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento 
de la obligación de declaración establecida en el artículo precedente, el juzgado o 
tribunal lo comunicará a la Secretaría de la Comisión, poniendo a su disposición los 
medios de pago intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, procediéndose 
según lo establecido en este artículo.»
Dieciocho. Se modifica el artículo 43 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
1. Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades de crédito, las entidades de dinero 
electrónico y las entidades de pago (en adelante, las entidades declarantes) deberán 
declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que 
reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, 
cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de cuentas de pago, así como 
los contratos de alquiler de cajas de seguridad y su periodo de arrendamiento, con 
independencia de su denominación comercial.
Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de 
las sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares 
y de sus titulares reales y los datos identificativos de los representantes o 
autorizados y cualesquiera otras personas con poderes de disposición. La 
información de los productos a declarar incluirá en todo caso la numeración que lo 
identifique, el tipo de producto declarado y las fechas de apertura y de cancelación. 
En el caso de las cajas de seguridad se incluirá la duración del periodo de 
arrendamiento. Reglamentariamente se podrán determinar otros datos de 
identificación que deban ser declarados.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49798
2. Los datos declarados serán incluidos en un fichero de titularidad pública, 
denominado Fichero de Titularidades Financieras, del cual será responsable la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como encargado del tratamiento, 
determinará, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, las características técnicas del fichero, pudiendo 
aprobar las instrucciones pertinentes.
El tratamiento de los datos personales contenidos en el Fichero de Titularidades 
Financieras por el Servicio Ejecutivo de la Comisión se regirá por lo establecido en 
el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. El Servicio 
Ejecutivo de la Comisión podrá utilizar la información obrante en el mismo para el 
ejercicio de sus competencias.
3. Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, podrán acceder al Fichero de Titularidades 
Financieras los órganos jurisdiccionales con competencias en la investigación de 
estos delitos y el Ministerio Fiscal. Previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal, 
podrán acceder a los datos declarados en el Fichero de Titularidades Financieras:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas 
con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de los delitos de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
b) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos cuando le haya sido 
encomendada la localización de activos por los órganos judiciales o fiscalías, así 
como en la realización de sus funciones de intercambio de información con otras 
oficinas análogas de la Unión Europea o instituciones de terceros Estados cuyo fin 
sea el embargo o decomiso en el marco de un procedimiento penal y se trate de 
delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
c) La Secretaría de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación 
del Terrorismo en el marco de las competencias que tiene atribuidas en materia de 
bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en 
cajas de seguridad abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones 
terroristas, en virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de 
prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, y del Real Decreto 413/2015, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia 
de Actividades de Financiación del Terrorismo.
d) El Centro Nacional de Inteligencia para el cumplimiento de las funciones 
que tiene asignadas en su normativa reguladora.
e) La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acceder al Fichero de 
Titularidades Financieras para el ejercicio de sus competencias en materia de 
prevención y lucha contra el fraude, en los términos previstos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 7.3 bis del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre 
de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude.
Toda petición de acceso a los datos del Fichero de Titularidades Financieras 
habrá de ser adecuadamente motivada por el órgano requirente, que será 
responsable de la regularidad del requerimiento. En ningún caso podrá requerirse el 
acceso al Fichero para finalidades distintas de las previstas en este artículo.
4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Agencia Española 
de Protección de Datos y al Consejo General del Poder Judicial en relación con los 
tratamientos con fines jurisdiccionales realizados por los órganos judiciales, un 
miembro del Ministerio Fiscal designado por el Fiscal General del Estado, de 
conformidad con los trámites previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
y que durante el ejercicio de esta actividad no se encuentre desarrollando su función 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49799
en alguno de los órganos del Ministerio Fiscal encargados de la persecución de los 
delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, velará por el uso 
adecuado del fichero, a cuyos efectos podrá requerir justificación completa de los 
motivos de cualquier acceso.»
Diecinueve. Se modifica la letra n) y se incluyen las nuevas letras ñ) y o) en el 
artículo 44.2 con la siguiente redacción:
«n) Elaborar, publicar y comunicar a la Comisión Europea las estadísticas 
anuales sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los términos y 
con los contenidos establecidos por las instituciones europeas. A tal efecto, deberán 
prestarle su colaboración todos los órganos con competencias en la materia, en 
particular, la Comisión Nacional de Estadística Judicial facilitará los datos 
estadísticos sobre procesos judiciales que tengan por objeto delitos de blanqueo de 
capitales o de financiación del terrorismo.
ñ) Adoptar y actualizar el análisis nacional de riesgos de blanqueo de capitales 
y de financiación del terrorismo en los términos que establezcan las autoridades 
europeas, teniendo en consideración la Evaluación Supranacional de Riesgos de la 
Unión Europea y la Estrategia de Seguridad Nacional.
o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes.»
Veinte. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 46 que queda 
redactado del siguiente modo:
«1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión analizará la información recibida de 
los sujetos obligados o de otras fuentes, remitiendo, en tiempo oportuno, si apreciara 
la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales, delitos subyacentes 
conexos o de financiación del terrorismo, o a petición de las autoridades 
competentes, el correspondiente informe de inteligencia financiera al Ministerio 
Fiscal o a los órganos judiciales, policiales o administrativos competentes. En 
ejercicio de sus funciones de inteligencia financiera, será independiente y autónomo 
en el plano operativo, con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones 
libremente, pudiendo decidir de forma autónoma analizar, pedir y transmitir 
información específica.»
Veintiuno.  Se modifica el apartado 4 del artículo 48, que queda redactado del 
siguiente modo:
«4. Cuando ejerza sus funciones en relación con entidades financieras 
sometidas a legislación especial, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá recabar 
del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, según corresponda, toda la información 
y colaboración precisas para llevarlas a cabo. Igualmente, el Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones podrán recabar información de que disponga el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión en sus funciones de autoridad supervisora.»
Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 bis, que queda redactado del 
siguiente modo:
«1. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o, en 
caso de convenio, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cooperarán por 
propia iniciativa o previa solicitud, en tiempo oportuno y gratuitamente, con otras 
autoridades competentes de la Unión Europea siempre que sea necesario para 
llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, haciendo uso, a tal fin, de todas 
las facultades que la misma les atribuye y sin imponer condiciones indebidamente 
restrictivas. En el marco de esta cooperación se facilitará a la Autoridad Bancaria 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49800
Europea la información necesaria para permitirle llevar a cabo sus obligaciones en 
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
Este intercambio de información estará sometido al deber de secreto profesional 
previsto en el artículo 49.1 de la ley.»
Veintitrés. Se modifican las letras b), m) y v) del apartado 1 del artículo 52 que 
quedan redactadas del siguiente modo:
«b) El incumplimiento de las obligaciones de identificación e información del 
titular real, en los términos de los artículos 4, 4 bis y 4 ter.»
«m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas 
y procedimientos adecuados de control interno en los términos de los artículos 26 
y 26 bis, incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de 
admisión de clientes.»
«v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar 
la apertura, modificación o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 
depósitos, cuentas de pago y contratos de alquiler de cajas de seguridad, así como 
de declarar y mantener actualizados los datos de los intervinientes.»
Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 que queda redactado del 
siguiente modo:
«2. La instrucción de los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar 
por la comisión de infracciones previstas en esta ley corresponderá a la Secretaría 
de la Comisión.
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador podrá 
acordar, al tiempo de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, la 
constitución de garantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que 
hubiera lugar. En el caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligación 
de declaración establecida en el artículo 34, de conformidad con el artículo 35.2 se 
entenderá constituida en garantía, pudiendo acordarse por el secretario de la 
Comisión durante la instrucción del procedimiento sancionador la ampliación o 
reducción de la referida garantía.
En el caso de que hubiera sido interpuesta por el interesado reclamación contra 
la intervención provisional de medios de pago en los términos previstos en el 
artículo 35.5, la persona titular de la Secretaría de la Comisión resolverá dicha 
reclamación, en su caso, en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, 
pudiendo el interesado formular las alegaciones que considere oportunas, que serán 
resueltas en la resolución por la que se acuerde la terminación del procedimiento 
administrativo sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta ley será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la 
potestad sancionadora por las Administraciones Públicas.»
Veinticinco. Se añade un apartado 5 al artículo 65 de la Ley con la siguiente 
redacción:
«5. Las personas expuestas a amenazas, acciones hostiles o medidas 
laborales adversas por comunicar por vía interna o al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión comunicaciones sobre actividades relacionadas con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo podrán presentar una reclamación ante el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión. Mediante orden de la persona titular del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital se aprobará el modelo de 
comunicación y el sistema de recepción de comunicaciones para garantizar su 
confidencialidad y seguridad.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49801
Veintiséis. La disposición adicional única se convierte en disposición adicional 
primera, con el siguiente título:
«Disposición adicional primera. Registro de prestadores de servicios a sociedades 
y fideicomisos.»
Veintisiete. La nueva disposición adicional segunda queda redactada del siguiente 
modo:
«Disposición adicional segunda. Registro de proveedores de servicios de cambio 
de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos 
electrónicos.
1. Las personas físicas o jurídicas que, cualquiera que sea su nacionalidad, 
ofrezcan o provean en España servicios de los descritos en los apartados 6 y 7 del 
artículo 1 de la ley, deberán estar inscritas en el registro constituido al efecto en el 
Banco de España.
2. Se inscribirán asimismo en el registro:
a) las personas físicas que presten estos servicios, cuando la base, la dirección 
o la gestión de estas actividades radique en España, con independencia de la 
ubicación de los destinatarios del servicio.
b) Las personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, 
con independencia de la ubicación de los destinatarios.
3. La inscripción en el registro estará condicionada a la existencia de 
procedimientos y órganos adecuados de prevención previstos en esta ley y al 
cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional en los 
términos del artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. El incumplimiento de los requisitos de honorabilidad 
determinará la pérdida de la inscripción en el registro.
4. El Banco de España será competente para supervisar el cumplimiento de la 
obligación de registro y de las condiciones de honorabilidad exigidas para el acceso 
y mantenimiento de la inscripción.
5. La prestación de los servicios descritos en el apartado 1 sin contar con el 
preceptivo registro tendrá la consideración de infracción muy grave, pudiendo ser 
considerada como grave si la actividad se hubiera desarrollado de forma meramente 
ocasional o aislada, y será sancionado por el Banco de España de conformidad con 
lo dispuesto en las normas en materia de sanciones, de procedimiento y las relativas 
al régimen de publicidad que forman parte del título IV de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito».
Veintiocho.  Se añade una nueva disposición adicional tercera con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional tercera. Registro de Titularidades Reales.
1. Mediante real decreto se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de 
Titularidades Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, que 
contendrá la información a la que se refieren los artículos 4, 4 bis y 4 ter, relativa a 
todas las personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad 
jurídica que tengan la sede de su dirección efectiva o su principal actividad en 
España, o que estén administradas o gestionadas por personas físicas o jurídicas 
residentes o establecidas en España. Las personas físicas cuyos datos personales 
se conserven en el registro en calidad de titularidades reales deben ser informadas 
al respecto de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de 
datos personales.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49802
2. En el registro se incluirán también los datos de las entidades o estructuras 
sin personalidad jurídica que, no estando gestionadas o administradas desde 
España u otro Estado de la Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado 
de la Unión Europea, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar 
operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en España.
3. La información se conservará y actualizará durante la vida de las personas 
jurídicas o entidades o estructuras sin personalidad jurídica, y se mantendrá por un 
periodo de 10 años tras su extinción. En los casos previstos en el apartado 2, la 
información se conservará y actualizará durante el tiempo en que se prolongue la 
relación de negocios o la propiedad de los inmuebles, y se mantendrá por un periodo 
de 10 años tras la finalización de la relación de negocios, la venta del inmueble o la 
terminación de la operación ocasional.
4. El Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de 
Justicia, que además de los datos recabados de manera directa, centralizará la 
información de titularidad real disponible en los Registros de Fundaciones, 
Asociaciones, Mercantil y otros registros que puedan recoger la información de las 
entidades inscritas, así como la obtenida por el Consejo General del Notariado.
5. Las fundaciones, asociaciones, y en general, todas las personas jurídicas, 
los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica que no 
declaren su titularidad real a través del Registro Mercantil, o los Registros de 
Fundaciones, Asociaciones u otros donde estuvieran inscritas, por no estar regulada 
dicha vía de declaración, deberán declarar al Registro de Titularidades Reales la 
información relacionada en los artículos 4 bis y 4 ter y actualizar los datos cuando 
se produzcan cambios en la titularidad real. En todo caso, se realizará una 
declaración anual y en el supuesto de que no se hayan producido cambios en la 
titularidad real se realizará una declaración confirmando este extremo.
6. Reglamentariamente se regulará el tratamiento que se dará a la información 
suministrada por varias de las indicadas fuentes, cuando sea discrepante, de 
acuerdo con el principio de preferencia del dato que sea más relevante, por su fecha 
o por la fiabilidad de la forma en que el mismo ha sido obtenido, siempre teniendo 
presente la naturaleza electrónica del Registro y su finalidad.»
Veintinueve. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. Acceso al Registro de Titularidades Reales.
1. Corresponderá al Ministerio de Justicia garantizar y controlar el acceso a la 
información contenida en el Registro de Titularidades Reales en las condiciones 
establecidas en la ley y las que reglamentariamente se determinen. Esta información 
será accesible, de forma gratuita y sin restricción, a las autoridades con competencias 
en la prevención y represión de los delitos de financiación del terrorismo, blanqueo 
de capitales y sus delitos precedentes: la Fiscalía, los órganos del Poder Judicial, los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sus órganos de 
apoyo, los órganos supervisores en caso de convenio, la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Protectorado 
de Fundaciones y aquellas autoridades que reglamentariamente se determinen. 
Todas estas autoridades, así como los notarios y registradores, podrán acceder no 
solo al dato vigente sobre la titularidad real de la persona o entidad, sino también a 
los datos históricos que hayan quedado registrados.
2. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tendrán acceso a la 
información vigente contenida en el Registro y recabarán prueba del registro o un 
extracto de este para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificación 
del titular real. A tal efecto, en los casos de relaciones de negocios o clientes de riesgo 
superior al promedio, los sujetos obligados no se basarán únicamente en la 
información contenida en el registro, debiendo realizar comprobaciones adicionales.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49803
3. Los terceros no incluidos en los apartados anteriores podrán acceder 
exclusivamente a los datos consistentes en el nombre y apellidos, mes y año de 
nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los titulares reales vigentes de 
una persona jurídica o entidad o estructura sin personalidad jurídica, así como a la 
naturaleza de esa titularidad real, en particular, al dato de si la misma se debe al 
control de la propiedad o al del órgano de gestión de la misma.
4. El acceso a la información disponible en el Registro requerirá la previa 
identificación del solicitante, la acreditación de la condición en la que se solicita el 
acceso y, en el caso de información sobre fideicomisos tipo trust, la demostración de 
un interés legítimo por los particulares en su conocimiento, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. Asimismo, será obligatorio el previo pago de una 
tasa que cubra el coste del Registro y, en su caso, el de las fuentes de los datos 
incluidos en el mismo, por el sistema que se establezca reglamentariamente. No 
será exigible el pago de tasas en los accesos realizados por autoridades públicas, 
notarios y registradores.
5. Cuando el acceso a la información pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado, o a un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación, u otros de análoga gravedad, o si el titular real es un menor de edad o 
persona con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, el 
Registro de Titularidades Reales podrá denegar el acceso a la información. No se 
podrá denegar el acceso por estas causas a las autoridades y sujetos relacionadas 
en el apartado 1, ni a los sujetos obligados que soliciten el acceso para el 
cumplimiento de sus obligaciones de identificación del titular real.
La persona titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
será la encargada del Registro. Las Resoluciones de la persona encargada del 
Registro de Titularidades Reales por las que se deniegue el acceso podrán ser 
recurridas en alzada ante en alzada ante el órgano superior jerárquico del que 
dependa, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
6. El Ministerio de Justicia garantizará la interconexión con la plataforma 
central europea conforme a las especificaciones y procedimientos técnicos que se 
determinen de acuerdo con el apartado 9 del artículo 31 de la Directiva (UE) 
2015/849 en su redacción dada por la Directiva (UE) 2018/843.»
Treinta. Se añade una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Forma y plazo para la declaración en el Fichero de 
Titularidades Financieras.
En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión establecerá la forma y plazo para realizar la 
declaración inicial de las cuentas de pago y cajas de seguridad a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, que se encuentren activas a la fecha 
que se indique.»
Treinta y uno.  Se añade una nueva disposición adicional sexta con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional sexta. Plazo para la creación del Registro de Titularidades 
Reales.
En el plazo de seis meses, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, 
aprobará el reglamento por el que se creará en el Ministerio de Justicia el Registro 
de Titularidades Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, de 
conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49804
TÍTULO III
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de sociedades 
financieras, entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de 
pagos y de liquidación de valores.
Se da nueva redacción al artículo 2.c) de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«c) Los participantes en un sistema y los contratantes de las operaciones a 
que se refiere la letra b).
A estos efectos, se entenderá por:
1.º “Participantes”: toda entidad, contraparte central, agente de liquidación, 
cámara de compensación, operador de un sistema o miembro compensador de una 
entidad de contrapartida central autorizada de conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, que sean aceptados como miembros del sistema, 
de acuerdo con las normas reguladoras del mismo y sean responsables frente a él 
de asumir obligaciones financieras derivadas de su funcionamiento.
También podrán ser participantes de un sistema el Banco Central Europeo, el 
Banco de España y los demás Bancos Centrales de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como las organizaciones financieras internacionales de las que 
España sea miembro.
Tendrá la condición de participante indirecto aquella entidad, contraparte central, 
agente de liquidación, cámara de compensación o gestor de sistema que tenga una 
relación contractual con un participante en virtud de la cual el primero pueda cursar 
órdenes de transferencia a través del sistema, siempre y cuando el gestor del 
sistema conozca al participante indirecto. La existencia de un participante indirecto 
no limitará la responsabilidad del participante a través del cual aquel transmite las 
órdenes de transferencia al sistema.
2.º “Entidad”: las entidades de crédito y las empresas de inversión referidas en 
el artículo 2 (b) de la Directiva 98/26/CE autorizadas para operar en el Espacio 
Económico Europeo, el Tesoro Público y los órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas, y los entes pertenecientes al sector público enumerados 
en el artículo 3 del Reglamento (CE) núm. 3603/93, de 13 de diciembre, por el que 
se establecen definiciones para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren 
el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado, así como cualquier 
empresa cuya administración principal se encuentre fuera de la Unión Europea y 
cuyas funciones correspondan a las de las entidades de crédito o empresas de 
inversión de la Unión Europea.
3.º “Gestor de un sistema”: la entidad o entidades legalmente responsables de 
la explotación del mismo. El gestor de un sistema podrá actuar asimismo en calidad 
de agente de liquidación, contraparte central o cámara de compensación, según 
resultan estos definidos a continuación.
4.º “Agente de liquidación”: un Banco Central u otro organismo o entidad que 
facilite a los participantes en el sistema cuentas en las que se liquiden las órdenes 
de transferencia aceptadas por dicho sistema o que se utilicen por el mismo para el 
depósito de fondos de valores y que, en su caso, conceda crédito a tales entidades 
o contrapartes centrales a efectos de la liquidación.
5.º “Entidad de contrapartida central o contraparte central”: Una entidad de 
contrapartida central tal como se define en el artículo 2.1, del Reglamento (UE) n.º 
648/2012.
6.º “Cámara de compensación”: una organización encargada de calcular las 
posiciones netas de los participantes en un sistema.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49805
Artículo quinto. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 348 bis, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional undécima, salvo 
disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde 
la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio o socia que hubiera 
hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos 
reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no 
acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los 
beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles 
siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin 
embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de 
separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos 
cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios 
legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las 
acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran 
corresponder.»
«4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, 
deberá reconocerse, salvo disposición contraria en los estatutos, el mismo derecho 
de separación al socio o socia de la dominante, aunque no se diere el requisito 
establecido en el apartado primero, si la junta general de la citada sociedad no 
acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los 
resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio 
anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido 
resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los 
tres ejercicios anteriores.»
Dos. Se modifica la disposición adicional undécima, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«Disposición adicional undécima. Derecho de separación en instituciones 
financieras.
No resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley a las 
siguientes entidades:
a) Las entidades de crédito;
b) Los establecimientos financieros de crédito;
c) Las empresas de servicios de inversión;
d) Las entidades de pago;
e) Entidades de dinero electrónico;
f) Las sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de 
cartera definidas de conformidad con los artículos 4.1.20) y 4.1.21) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, sobre los requisitos prudenciales de las entidades 
de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012;
g) Las sociedades financieras de cartera definidas en el artículo 34 del Real 
Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, 
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49806
de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito;
h) Las sociedades mixtas de cartera previstas en el artículo 4.1.22 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013.»
Artículo sexto. Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito queda modificada como sigue:
Uno. Se introduce un nuevo artículo 1 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 1 bis.  Salvaguardias de la aplicación de los requisitos y facultades de 
supervisión en base consolidada o subconsolidada.
A los exclusivos efectos de garantizar que los requisitos o facultades de 
supervisión establecidos en la esta ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, se aplican de forma 
adecuada en base consolidada o subconsolidada se entenderá que los términos 
“entidad”, “entidad matriz de un Estado miembro”, “entidad matriz de la UE” y 
“empresa matriz” también incluirán a:
a) A las sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de 
cartera a las que se les haya concedido la aprobación de conformidad con el 
artículo 15 bis.
b) A las entidades designadas según lo previsto en el artículo 15 ter.1.c), 
controladas por una sociedad financiera de cartera matriz de la UE, una sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera 
matriz de un Estado miembro o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de 
un Estado miembro cuando la matriz correspondiente no esté sujeta a aprobación 
de conformidad con el artículo 15 ter.
c) A las sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de 
cartera o entidades designadas con arreglo al artículo 15 sexies.2.d).»
Dos. Se introduce una nueva letra a bis) en el artículo 4.2, con el siguiente contenido:
«a bis) Aprobar las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera de acuerdo con lo previsto en el capítulo II bis.»
Tres. La letra b) del artículo 6.3 queda redactada del siguiente modo:
«b) Que la entidad de crédito vaya a estar controlada por la empresa matriz de 
una entidad de crédito, de una empresa de servicios de inversión o de una entidad 
aseguradora o reaseguradora autorizada en ese Estado.»
Cuatro. La letra a) del artículo 7.1 queda redactada del siguiente modo:
«a) Cuando esta carezca del capital mínimo requerido, de una estructura 
organizativa adecuada, de una buena organización administrativa y contable, de 
procedimientos de control interno adecuados y, en general, de sistemas de gobierno 
corporativo que aseguren una gestión sana y prudente de la entidad.»
Cinco. La letra d) del artículo 8.1 queda redactada del siguiente modo:
«d) Si deja de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las 
partes tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, excepto por lo establecido en sus 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49807
artículos 92 bis y 92 ter, o impuestos en virtud de los artículos 42 y 68.2.a) de esta Ley, 
o comprometa la capacidad de reembolso de los activos que le han confiado los 
depositantes o no ofrezca garantía de poder cumplir sus obligaciones con acreedores.»
Seis. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13. Apertura de sucursales y prestación de servicios sin sucursal en 
España por entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión 
Europea.
1. El establecimiento en España de sucursales de entidades de crédito 
autorizadas en Estados que no sean miembros de la Unión Europea requerirá 
autorización del Banco de España en la forma que reglamentariamente se determine. 
La falta de resolución en el plazo establecido supondrá denegación de la solicitud.
2. El Banco de España notificará a la Autoridad Bancaria Europea:
a) Todas las autorizaciones de sucursales concedidas a las entidades de 
crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea y todos los cambios 
posteriores de dichas autorizaciones.
b) El total de los activos y pasivos de las sucursales autorizadas de entidades 
de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea, según se 
comuniquen de forma periódica.
c) El nombre del grupo de un tercer país al que pertenezca la sucursal 
autorizada.
A efectos de esta ley y su normativa de desarrollo, un grupo de un tercer país 
será aquel grupo que, definido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, tenga su empresa 
matriz establecida en un Estado no miembro de la Unión Europea.
3. Asimismo, las sucursales de entidades de crédito autorizadas deberán 
comunicar al Banco de España al menos anualmente la información que se 
determine reglamentariamente.»
Siete. La letra a) del artículo 15.4 queda redactada del siguiente modo:
«a) El Registro de sociedades financieras de cartera o sociedades financieras 
mixtas de cartera, cuando dichas sociedades sean las sociedades financieras de 
cartera o sociedades financieras mixtas de cartera a que se refieren los apartados 1 
y 2 del artículo 15 bis, aun cuando pudieran resultar exentas de aprobación por 
cumplir las condiciones recogidas en el artículo 15 ter, siempre que estén sujetas a 
supervisión en base consolidada por parte del Banco de España.»
Ocho. Se introduce un nuevo capítulo II bis en el título I con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO II bis
Régimen de aprobación de las sociedades financieras de cartera 
y de las sociedades financieras mixtas de cartera
Artículo 15 bis. Aprobación de las sociedades financieras de cartera y de las 
sociedades financieras mixtas de cartera.
1. Deberán solicitar la aprobación del Banco de España las sociedades 
enumeradas a continuación, cuando estén establecidas en España y pertenezcan a 
un grupo consolidable cuya supervisión en base consolidada, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 57, corresponda al Banco de España:
a) Las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro y las 
sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado Miembro.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49808
b) Las sociedades financieras de cartera matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de la UE.
c) Otras sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de 
cartera que, en base subconsolidada, estén sujetas a esta ley o al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
2. Las sociedades a que se refiere el apartado 1, siempre que estén 
establecidas en otro Estado miembro y que pertenezcan a un grupo consolidable 
cuya supervisión en base consolidada corresponda al Banco de España de 
conformidad con el artículo 57, deberán presentar la solicitud de aprobación ante el 
Banco de España, el cual la tramitará mediante el procedimiento de decisión 
conjunta con la autoridad competente del Estado miembro en que estén 
establecidas, conforme al artículo 65.
Por su parte, las sociedades a que se refiere el apartado 1, siempre que estén 
establecidas en España y pertenezcan a un grupo consolidable cuya supervisión en 
base consolidada no corresponda al Banco de España de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 57, deberán presentar la solicitud de aprobación ante el Banco de 
España, que la tramitará mediante el procedimiento de decisión conjunta con el 
supervisor en base consolidada, que corresponda al artículo 65.
3. El Banco de España, teniendo en cuenta en su caso lo previsto en el 
artículo 65, solo concederá la aprobación a que se refiere el apartado 1 cuando se 
cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Los procedimientos internos y la asignación de funciones dentro del grupo 
sean adecuados para cumplir los requisitos impuestos por esta ley y por el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013, en base consolidada o subconsolidada y, en particular, sean eficaces 
para:
1.º Coordinar a todas las filiales de la sociedad financiera de cartera o de la 
sociedad financiera mixta de cartera, incluyendo, en particular y cuando fuere 
necesario, una asignación adecuada de funciones entre las entidades filiales,
2.º Evitar o gestionar los conflictos internos del grupo; y
3.º Aplicar las políticas establecidas a nivel de grupo por la sociedad financiera 
de cartera matriz o la sociedad financiera mixta de cartera matriz en el conjunto del 
grupo.
b) La organización estructural del grupo del que forma parte la sociedad 
financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera no obstaculice ni 
impida de otro modo la supervisión efectiva de las entidades filiales o de las 
entidades matrices en relación con las obligaciones individuales, consolidadas y, 
cuando proceda, con las obligaciones subconsolidadas a las que estén sujetas. La 
evaluación de ese criterio tendrá en cuenta, en particular:
1.º La posición de la sociedad financiera de cartera o de la sociedad financiera 
mixta de cartera en un grupo de varios niveles,
2.º La estructura accionarial;
3.º La función de la sociedad financiera de cartera o de la sociedad financiera 
mixta de cartera dentro del grupo;
c) Se cumplan los criterios y los requisitos establecidos en el artículo 7 en 
relación con los accionistas y socios o socias y aquellos establecidos en el 
artículo 24 y en el artículo 26, a excepción de lo dispuesto en su apartado 5 en 
relación con los miembros del consejo de administración u órgano equivalente.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49809
Artículo 15 ter. Exención de la aprobación.
1. Las sociedades a las que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 15 bis 
estarán exentas de solicitar la aprobación del Banco de España cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones:
a) La actividad principal de la sociedad financiera de cartera sea la adquisición 
de participaciones en filiales o, en el caso de una sociedad financiera mixta de 
cartera, que su actividad principal con respecto a las entidades o entidades 
financieras sea la adquisición de participaciones en filiales;
b) La sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera 
no haya sido designada entidad de resolución en ninguno de los grupos de 
resolución del grupo de conformidad con la estrategia de resolución establecida por 
la autoridad de resolución pertinente de conformidad con la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión y el Reglamento (UE) n °806/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un 
procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas 
empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de 
Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n ° 
1093/2010.
c) Una entidad de crédito filial sea designada como responsable de garantizar 
el cumplimiento por parte del grupo de los requisitos prudenciales en base 
consolidada y reciba todos los medios necesarios y las facultades legales para 
cumplir dichas obligaciones de manera eficaz;
d) La sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera 
no participe en la toma de decisiones financieras, operativas o de gestión que 
afecten al grupo o a las filiales del grupo que sean entidades o entidades financieras;
e) No exista ningún impedimento a la supervisión efectiva del grupo en base 
consolidada.
2. Las sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixtas 
de cartera que estén exentas no estarán excluidas del perímetro de consolidación 
establecido en esta ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
3. Cuando el Banco de España, en tanto supervisor en base consolidada, 
determine que cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 1 ha 
dejado de cumplirse, la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta 
de cartera deberá solicitar la aprobación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15 bis.
Artículo 15 quater. Plazo máximo para resolver del procedimiento de aprobación.
1. La solicitud de aprobación a que se refiere el artículo 15 bis deberá ser 
resuelta dentro de los cuatro meses siguientes a su recepción, o al momento en que 
se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los seis meses 
siguientes a la recepción de la solicitud. Cuando la solicitud no sea resuelta en el 
plazo anterior, se entenderá desestimada.
2. Cuando corresponda al Banco de España la supervisión en base 
consolidada, comunicará al solicitante la decisión, que deberá estar adecuadamente 
motivada.
La denegación de la aprobación podrá acompañarse de cualquiera de las 
medidas de supervisión establecidas de conformidad con lo previsto en el artículo 15 
sexies.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49810
Artículo 15 quinquies. Deberes de información.
1. A efectos de valorar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
artículos 15 bis.3 y 15 ter.1, las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del 
artículo 15 bis. deberán facilitar al Banco de España y, cuando proceda, al supervisor 
en base consolidada o a la autoridad competente de la jurisdicción donde estén 
establecidas, la información que se determine reglamentariamente.
2. Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas 
de cartera proporcionarán al Banco de España, cuando le corresponda la supervisión 
en base consolidada la información requerida para supervisar de forma continuada 
la organización estructural del grupo y el cumplimiento de las condiciones 
contempladas en los artículos 15 bis.3 y 15 ter.1. Dicha información deberá ser 
actualizada de forma permanente por parte de las entidades.
El Banco de España compartirá dicha información con la autoridad competente 
del Estado miembro en que esté establecida la sociedad financiera de cartera o la 
sociedad financiera mixta de cartera.
Artículo 15 sexies. Medidas de supervisión.
1. Cuando el Banco de España sea el supervisor en base consolidada 
supervisará de forma permanente el cumplimiento de las condiciones de los 
artículos 15 bis.3 y 15 ter.1.
Cuando el Banco de España determine que las condiciones para la aprobación 
previstas en el artículo 15 bis.3 no se cumplen o han dejado de cumplirse, las 
sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixta de cartera 
quedarán sujetas a las medidas de supervisión que el Banco de España decida 
adoptar, en su caso, mediante decisión conjunta y de conformidad con el artículo 65, 
con la finalidad de garantizar o restablecer, en su caso, la continuidad y la integridad 
de la supervisión consolidada, y velar por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, en base consolidada.
2. Las medidas de supervisión que, de conformidad con el apartado anterior, 
adopte el Banco de España podrán incluir:
a) Suspender el ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las 
participaciones en las entidades filiales que pertenezcan a la sociedad financiera de 
cartera o a la sociedad financiera mixta de cartera;
b) Emitir requerimientos o imponer sanciones a la sociedad financiera de 
cartera, la sociedad financiera mixta de cartera o a los miembros del consejo de 
administración u órgano equivalente y directivos, a reserva de lo dispuesto en el 
Título IV;
c) Dar instrucciones o indicaciones a la sociedad financiera de cartera o a la 
sociedad financiera mixta de cartera para transferir a sus accionistas las 
participaciones en sus entidades filiales;
d) Designar de forma temporal a otra sociedad financiera de cartera, a una 
sociedad financiera mixta de cartera o a una entidad dentro del grupo para que 
actúe como responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta ley, y en su normativa de desarrollo y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, en base consolidada;
e) Restringir o prohibir la distribución de dividendos o los pagos de intereses a 
accionistas;
f) Exigir a las sociedades financieras de cartera o a las sociedades financieras 
mixtas de cartera que desinviertan en entidades u otros entes del sector financiero 
o reduzcan las participaciones en ellos;
g) Exigir a las sociedades financieras de cartera o a las sociedades financieras 
mixtas de cartera que presenten, sin demora, un plan de retorno al cumplimiento.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49811
En el caso de las sociedades financieras mixtas de cartera, las medidas de 
supervisión tendrán en cuenta, en particular, los efectos en el conglomerado 
financiero.»
Nueve. Se introduce un nuevo capítulo II ter dentro del título I con el siguiente 
contenido:
«CAPÍTULO II ter
Empresas matrices intermedias de la UE
Artículo 15 septies. Empresa matriz intermedia de la UE.
1. Los grupos de un tercer país que tengan como filiales en la Unión Europea 
dos o más entidades de crédito o al menos una entidad de crédito y una empresa de 
servicios de inversión, contarán con una única empresa matriz intermedia de la UE 
establecida en la Unión Europea.
2. Las empresas matrices intermedias de la UE deberán ser:
a) entidades de crédito; o
b) sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de 
cartera a las que se les haya concedido la aprobación de conformidad con el 
capítulo II bis.
3. El Banco de España podrá permitir que las entidades de crédito y empresas 
de servicios de inversión contempladas en el apartado 1 tengan dos empresas 
matrices intermedias de la UE cuando determine que:
a) El establecimiento de una única empresa matriz de la UE sería incompatible 
con el requisito obligatorio de separación de actividades impuesto por la normativa 
o por las autoridades de supervisión del Estado no miembro de la Unión Europea en 
el que la empresa matriz última del grupo de un tercer país tenga su sede; o
b) El establecimiento de una única empresa matriz de la UE afectaría 
negativamente a la resolubilidad en comparación con el establecimiento de dos 
empresas matrices intermedias de la UE, según una evaluación realizada a tal 
efecto por la autoridad de resolución preventiva competente de la empresa matriz 
intermedia de la UE.
A efectos de los apartados a) y b), como excepción a lo establecido en el 
apartado 2, la segunda empresa matriz intermedia de la UE podrá ser una empresa 
de servicios de inversión autorizada de conformidad con el artículo 149 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
4. La obligación de establecer una empresa matriz intermedia de la UE no será 
de aplicación a los grupos de un tercer país con un valor total de activos en la Unión 
Europea inferior a 40 000 millones de euros.
A estos efectos, el valor total de los activos en la Unión Europea de un grupo de 
un tercer país será la suma de lo siguiente:
a) El valor total de los activos de cada entidad de crédito o empresa de 
servicios de inversión en la Unión Europea del grupo de un tercer país, según se 
desprenda de su balance consolidado o, en su caso, de su balance individual; y
b) El valor total de los activos de cada sucursal del grupo de un tercer país que 
esté autorizada a operar en la Unión Europea de conformidad con esta ley, el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores o el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo a los mercados de 
instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49812
5. El Banco de España, teniendo en cuenta el marco de colaboración estrecha 
previsto en el artículo 61.1 bis, notificará a la Autoridad Bancaria Europea la siguiente 
información con respecto a cada grupo de un tercer país que opere en España:
a) Los nombres y el valor total de los activos de las entidades de crédito y de 
los grupos consolidables de entidades de crédito sometidos a la supervisión del 
Banco de España y que pertenezcan a un grupo de un tercer país;
b) Los nombres y el importe del valor total de los activos correspondientes a 
las sucursales autorizadas en España con arreglo al artículo 13, el texto refundido 
de la Ley del Mercado de Valores o el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, y el tipo de actividades que están 
autorizadas a ejercer;
c) El nombre y tipo de las empresas matrices intermedias de la UE establecidas 
en España, indicadas en el apartado 2 y en el último párrafo del apartado 3, así 
como el nombre del grupo de un tercer país al que pertenezcan.
6. El Banco de España velará por que cada entidad de crédito bajo su 
jurisdicción que forme parte de un grupo de un tercer país cumpla una de las 
siguientes condiciones:
a) tenga una empresa matriz intermedia de la UE;
b) sea una empresa matriz intermedia de la UE;
c) sea la única entidad de crédito en la Unión del grupo de un tercer país; o
d) forme parte de un grupo de un tercer país con un valor total de activos en la 
Unión inferior a 40 000 millones de euros.»
Diez. El artículo 24, queda redactado como sigue:
«1. Las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las 
sociedades financieras mixtas de cartera, tendrán la responsabilidad de garantizar 
que el consejo de administración esté formado por personas que reúnan los 
requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su cargo. En particular, 
deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener 
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en 
disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.
La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá 
reunir conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de 
entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, 
incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de 
administración para tomar decisiones de forma independiente y autónoma en 
beneficio de la entidad. En todo caso, deberá velar porque los procedimientos de 
selección de sus miembros favorezcan la diversidad de experiencias y de 
conocimientos, faciliten la selección de consejeras y, en general, no adolezcan de 
sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna.
2. Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia anteriores 
deberán concurrir igualmente en los directores generales o asimilados, así como en 
los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el 
desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad de crédito. Estos requisitos 
serán también exigibles a las personas físicas que representen en el consejo de 
administración a los consejeros que sean personas jurídicas. También serán de 
aplicación a las personas que determinen de modo efectivo la orientación de las 
sucursales de entidades de crédito no autorizadas en un Estado miembro de la 
Unión Europea.
3. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores:
a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta 
personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49813
desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia 
de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de acuerdo 
con los parámetros que se determinen reglamentariamente. Para valorar la 
concurrencia de honorabilidad se deberá considerar toda la información disponible, 
incluyendo la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión 
de infracciones administrativas teniendo en cuenta:
1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa.
2.º Si la condena o sanción es o no firme.
3.º La gravedad de la condena o sanción impuestas.
4.º La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, 
especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, 
contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad 
bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores.
5.º Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en 
provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o 
gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los 
hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones 
que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad de 
crédito.
6.º La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa 
o la posible extinción de la responsabilidad penal.
7.º La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la 
comisión del delito o infracción.
8.º La reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones.
A efectos de valorar lo previsto en esta letra, la entidad remitirá al Banco de 
España un certificado de antecedentes penales de la persona objeto de valoración. 
Asimismo, el Banco de España consultará las bases de datos de la Autoridad 
Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre sanciones administrativas y 
podrá establecer un comité de expertos independientes con el objeto de informar los 
expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas.
b) Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones 
en las entidades de crédito quienes cuenten con formación del nivel y perfil 
adecuados, en particular en las áreas de banca y servicios financieros, y experiencia 
práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo 
suficiente.
c) Para valorar la capacidad de los miembros del consejo de administración de 
ejercer un buen gobierno de la entidad se tendrán en cuenta la existencia de 
potenciales conflictos de interés y la capacidad de dedicar el tiempo suficiente para 
llevar a cabo las correspondientes funciones.»
Once. El párrafo primero del artículo 25.3 queda redactado como sigue:
«3. Las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las 
sociedades financieras mixtas de cartera deberán velar en todo momento por el 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en este Capítulo. A estos 
efectos, el Banco de España requerirá la suspensión temporal o cese definitivo en 
los cargos previstos en el artículo anterior o la subsanación de las deficiencias 
identificadas en caso de falta de honorabilidad, conocimientos o experiencia 
adecuados o de capacidad para ejercer un buen gobierno.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49814
Doce.  El párrafo primero del artículo 29.1 se modifica y se introduce un nuevo 
apartado 7 en el artículo 29, el cual queda redactado como sigue:
«1. Las entidades y los grupos consolidables de entidades de crédito se 
dotarán de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, que incluirán:
a) Una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien 
definidas, transparentes y coherentes;
b) Procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación 
de los riesgos a los que estén expuestas o puedan estarlo;
c) Mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables correctos;
d) Políticas y prácticas de remuneración que sean:
1.º No discriminatorias en cuanto al género; y,
2.º Compatibles con una gestión adecuada y eficaz de riesgos y que la 
promuevan.»
«7. Igualmente, como parte de los procedimientos de gobierno y estructura 
organizativa, las entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de 
crédito deberán documentar de manera adecuada y poner a disposición y, en su 
caso, remitir al Banco de España la información relativa a los préstamos otorgados 
a miembros del consejo de administración y a sus partes vinculadas en la forma en 
que este lo determine mediante circular. A estos efectos, se entenderá por parte 
vinculada de un miembro del consejo de administración:
a) Su cónyuge, pareja de hecho y descendiente y ascendiente en primer grado 
por consanguinidad o adopción.
b) Toda entidad mercantil en la que el miembro del consejo de administración, 
o una de las personas indicadas en la letra a), tenga una participación significativa 
superior o igual al 10 por ciento en su capital o en sus derechos de voto, o en la cual 
puedan ejercer una influencia notable, o en la cual ocupen puestos de alta dirección 
o sean miembros del consejo de administración.»
Trece. Se suprime el artículo 30.
Catorce. El artículo 32 queda redactado como sigue:
«Artículo 32. Política de remuneraciones.
1. Las entidades de crédito, al fijar y aplicar la política de remuneración global, 
incluidos los salarios y los beneficios discrecionales de pensión, de las categorías 
de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el 
perfil de riesgo de la entidad, se atendrán a los requisitos establecidos en el 
artículo 33 de manera acorde con su tamaño, su organización interna y la naturaleza, 
el alcance y la complejidad de sus actividades. Como mínimo, se considerarán 
incluidas dentro de las categorías de personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, las siguientes:
a) Todos los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y al 
personal de alta dirección;
b) Todo el personal con responsabilidad de dirección con respecto a las 
funciones de control o las unidades de negocio importantes de la entidad;
c) El personal que haya recibido una remuneración significativa en el ejercicio 
anterior, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1.º La remuneración del miembro del personal es igual o superior a 500 000 
EUR e igual o superior a la remuneración media concedida a los miembros del 
consejo de administración u órgano equivalente y al personal de la alta dirección de 
la entidad a que se hace referencia en la letra a).
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49815
2.º El miembro del personal desempeñe su actividad profesional en una unidad 
de negocio importante y, por su naturaleza, dicha actividad incide de manera 
significativa en el perfil de riesgo de la unidad de negocio donde la desempeña. Se 
entenderá por unidad de negocio importante el que determine la Autoridad Bancaria 
Europea en la norma técnica de regulación aprobada al amparo del artículo 94.2 de 
la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio.
2. Las entidades de crédito presentarán al Banco de España cuanta información 
este les requiera para comprobar el cumplimiento de esta obligación y, en particular, 
una lista indicando las categorías de empleados cuyas actividades profesionales 
inciden de manera significativa en su perfil de riesgo. Esta lista habrá de presentarse 
anualmente y, en todo caso, cuando se hayan producido alteraciones significativas. 
El Banco de España determinará la forma de presentación de dicha lista.
3. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 450 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013, las entidades de crédito harán pública la remuneración total 
devengada en cada ejercicio económico de cada uno de los miembros de su consejo 
de administración u órgano equivalente.
4. Lo dispuesto en este artículo, así como lo dispuesto en los artículos 33, 34, 
y 36, no se aplicará en base consolidada a ninguna de las siguientes filiales:
a) Filiales establecidas en la Unión Europea que estén sujetas a requisitos de 
remuneración específicos de conformidad con otros actos jurídicos de la Unión 
Europea.
b) Filiales establecidas en un tercer país que estarían sujetas a requisitos de 
remuneración específicos de conformidad con otros actos jurídicos de la Unión 
Europea si estuvieran establecidas dentro de esta.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los requisitos establecidos 
en los artículos 32, 33, 34 y 36 serán de aplicación al personal de las filiales no 
sujetas a esta ley a nivel individual cuando:
a) La filial sea una sociedad de gestión de activos definida de conformidad con 
el artículo 4.1.19) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2013, o una empresa de servicios de inversión que preste 
los servicios y realice las actividades previstas en el artículo 140.1.b), c), d), e) y f) 
del texto refundido de la Ley del Mercado de valores; y,
b) Dicho personal haya recibido el mandato de realizar actividades 
profesionales que tienen una incidencia significativa directa en el perfil de riesgo o 
el negocio de las entidades del grupo.»
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5, el Banco de España podrá 
requerir mediante circular la aplicación de los requisitos previstos en este artículo, 
así como en los artículos 33, 34 y 36 en base consolidada a un conjunto más amplio 
de filiales y a su personal.»
Quince. El artículo 33 queda redactado como sigue:
«Artículo 33. Requisitos generales de la política de remuneraciones.
1. La política de remuneraciones de las categorías de personal a las que se 
refiere el artículo 32.1 se determinará de conformidad con los siguientes requisitos 
generales:
a) Promoverá y será compatible con una gestión adecuada y eficaz de los 
riesgos, y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel tolerado 
por la entidad.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49816
b) Será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y 
los intereses a largo plazo de la entidad e incluirá medidas para evitar los conflictos 
de intereses.
c) El personal que ejerza funciones de control dentro de la entidad de crédito 
será independiente de las unidades de negocio que supervise, contará con la 
autoridad necesaria para desempeñar su cometido y será remunerado en función de 
la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia 
de los resultados de las áreas de negocio que controle.
d) La remuneración de los altos directivos encargados de la gestión de riesgos 
y con funciones de cumplimiento será supervisada directamente por el comité de 
remuneraciones.
e) Distinguirá de forma clara entre los criterios para el establecimiento de:
1.º La remuneración fija, que deberá reflejar principalmente la experiencia 
profesional pertinente y la responsabilidad en la organización según lo estipulado en 
la descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo, y
2.º La remuneración variable, que deberá reflejar un rendimiento sostenible y 
adaptado al riesgo, así como un rendimiento superior al requerido para cumplir lo 
estipulado en la descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo.
f) Deberá ser una política de remuneración no discriminatoria en cuanto al 
género, entendida como aquella basada en la igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
2. El consejo de administración de la entidad adoptará y revisará 
periódicamente los requisitos generales de la política de remuneración y será 
responsable de la supervisión de su aplicación.
Adicionalmente, la política de remuneración será objeto, al menos una vez al 
año, de una evaluación interna central e independiente, al objeto de comprobar si se 
cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el consejo 
de administración en su función de supervisión.
3. La política de remuneraciones de los miembros del consejo de 
administración de las entidades de crédito se someterá a la aprobación de la junta 
de accionistas, asamblea general u órgano equivalente, en los mismos términos que 
se establezcan para las sociedades cotizadas en la legislación mercantil.»
Dieciséis. Se modifica el párrafo 1.º del artículo 34.1.I), se modifica la letra m) del 
artículo 34.1 y se introducen tres nuevos apartados en el artículo 34, los cuales quedan 
redactados como sigue:
«1.º Acciones o, en función de la forma jurídica de la entidad de que se trate, 
títulos de propiedad equivalentes; o instrumentos vinculados a acciones o, en 
función de la forma jurídica de que se trate, instrumentos no pecuniarios 
equivalentes, y,»
«m) Una parte sustancial, y en todo caso al menos el 40 por ciento del 
elemento de remuneración variable se diferirá durante un periodo no inferior a entre 
cuatro y cinco años y se adaptará correctamente a la naturaleza de los negocios, 
sus riesgos y las actividades del miembro del personal correspondiente. En el caso 
de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y de la alta 
dirección de entidades importantes por razón de su tamaño, su organización interna 
y por la naturaleza, dimensión y complejidad de sus actividades, el período de 
diferimiento no será inferior a cinco años.»
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos establecidos en 
sus letras l) y m) y en el segundo párrafo de la letra ñ), no se aplicarán a:
a) las entidades que no tengan la consideración de “entidad grande” de 
acuerdo con el artículo 4.1.146) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49817
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, y cuyo valor de activos sea, en 
promedio y de forma individual, conforme a esta ley y al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sea 
igual o inferior a 5.000 millones de euros durante el período de cuatro años 
inmediatamente anterior al ejercicio en curso, o desde su creación si tuviera una 
antigüedad inferior a cuatro años
b) el personal cuya remuneración variable anual no exceda de 50.000 euros y 
no represente más de un tercio de su remuneración anual total.»
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.a), el Banco de España, 
mediante circular, podrá reducir el umbral indicado en dicho apartado cuando la 
naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la entidad, su organización 
interna o, en su caso, las características del grupo al que pertenezca así lo 
justifiquen.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.b), el Banco de España podrá 
decidir, mediante circular, que el personal que tenga derecho a una remuneración 
anual variable inferior al umbral y al porcentaje a que se refiere dicha letra no esté 
sujeto a la excepción contemplada en la misma debido a las especificidades del 
mercado español en términos de prácticas de remuneración o debido a la naturaleza 
de la responsabilidad y al perfil profesional de dicho personal.»
Diecisiete. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 41 con el siguiente 
contenido:
«2. Con arreglo a las estrategias y a los procedimientos a los que se refiere el 
apartado anterior, las entidades fijarán su capital interno a un nivel adecuado de 
recursos propios que sea suficiente para cubrir todos los riesgos a que esté 
expuesta una entidad y para garantizar que los recursos propios de la entidad 
puedan absorber las pérdidas potenciales resultantes de escenarios de tensión, 
incluidos los determinados con arreglo a las pruebas de resistencia con fines de 
supervisión a que se refiere el artículo 55.5.»
Dieciocho. Se suprime la letra d) del artículo 42.
Diecinueve. El artículo 43 queda redactado como sigue:
«Artículo 43. Requisito combinado de colchones de capital.
1. Las entidades de crédito deberán cumplir en todo momento el requisito 
combinado de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 
ordinario necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de 
conservación de capital, y, si procede:
a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial.
c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica.
d) Un colchón contra riesgos sistémicos.
2. El capital de nivel 1 ordinario que las entidades mantengan para satisfacer 
alguno de los elementos que componen su requisito combinado de colchones de 
capital previsto en el apartado 1, habrá de ser distinto y, por tanto, adicional, al 
capital de nivel 1 ordinario que mantengan para satisfacer, si ha lugar, cualquier otro 
de los elementos de su requisito combinado de colchones de capital.
3. El capital de nivel 1 ordinario que las entidades mantengan para satisfacer 
el requisito combinado de colchones de capital previsto en el apartado 1, habrá de 
ser distinto y, por tanto, adicional, al capital requerido para cumplir con:
a) Los requisitos de recursos propios previstos en las letras a) a c) del 
artículo 92.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2013;
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49818
b) Los requisitos de recursos propios adicionales para hacer frente a riesgos 
distintos del riesgo de apalancamiento excesivo según lo previsto en el artículo 69;
c) La orientación sobre recursos propios adicionales según lo previsto en el 
artículo 69 bis para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento 
excesivo;
d) El componente basado en riesgo de los requisitos de recursos propios y 
pasivos admisibles previstos en los artículos 92 bis y 92 ter del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013;
e) El componente basado en riesgo del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles y del requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles para las entidades de resolución de las EISM y las filiales 
significativas de la Unión de las EISM de fuera de la Unión Europea. previstos en la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, y su normativa de desarrollo.
4. El cumplimiento de los requisitos de colchones de capital deberá realizarse 
de manera individual, consolidada o subconsolidada, de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente, y con arreglo a la parte primera Título II, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013.
5. Cuando una entidad o grupo incumpla la obligación establecida en el 
apartado 1, por razones diferentes a la satisfacción de las letras d) y e) del 
apartado 3, quedará sujeto a las restricciones en materia de distribuciones que se 
establecen en el artículo 48 y deberá presentar un plan de conservación de capital 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de a aplicación, 
cuando proceda, del régimen sancionador previsto en el Título IV y de las medidas 
que hubiera podido adoptar el Banco de España de conformidad con el artículo 68.»
Veinte. El artículo 46 queda redactado como sigue:
«Artículo 46. Colchón de capital para entidades de importancia sistémica.
1. El Banco de España identificará las entidades de crédito autorizadas en 
España que son:
a) Entidades de importancia sistémica mundial (EISM), en base consolidada.
b) Las demás entidades de importancia sistémica (OEIS), en base individual, 
subconsolidada o consolidada.
2. Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las 
EISM, que se basará en las siguientes categorías:
a) El tamaño del grupo.
b) La interconexión del grupo con el sistema financiero.
c) La posibilidad de sustitución de los servicios o de la infraestructura financiera 
que presta el grupo.
d) La complejidad del grupo.
e) La actividad transfronteriza del grupo, incluyendo la actividad transfronteriza 
entre Estados miembros de la Unión Europea y entre un Estado miembro y un tercer 
país.
Asimismo, se establecerá reglamentariamente un método de clasificación de las 
entidades de crédito identificadas como EISM en varias subcategorías en función de 
su importancia sistémica.
2 bis.  Reglamentariamente se determinará el método adicional de identificación 
de las EISM, que se basará en las siguientes categorías:
a) El tamaño del grupo.
b) La interconexión del grupo con el sistema financiero.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49819
c) La posibilidad de sustitución de los servicios o de la infraestructura financiera 
que presta el grupo.
d) La complejidad del grupo.
e) La actividad transfronteriza del grupo, excluidas las actividades del grupo en 
todos los Estados miembros participantes a que se refiere el artículo 4 del 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio 
de 2014 por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme 
para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios 
de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único 
de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010.
3. Reglamentariamente se determinará el método de identificación de las 
OEIS. Para la evaluación de su importancia sistémica deberá tenerse en cuenta al 
menos alguno de los siguientes criterios:
a) Tamaño.
b) Importancia para la economía española o de la Unión Europea.
c) Importancia de las actividades transfronterizas.
d) La interconexión de la entidad o grupo con el sistema financiero.
4. Cada EISM mantendrá, en base consolidada, un colchón para EISM 
correspondiente a la subcategoría en la que se clasifique la entidad, que, en todo 
caso, no podrá ser inferior al 1 por ciento.
5. El Banco de España podrá imponer a cada una de las OEIS, en base 
consolidada, subconsolidada o individual, según sea el caso, la obligación de 
mantener un colchón de hasta un 3 por ciento del importe total de exposición al 
riesgo calculado con arreglo al artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, 
atendiendo a los criterios para la identificación de la OEIS, y conforme al 
procedimiento que reglamentariamente se determine.
A reserva de la autorización de la Comisión a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 131.5 bis de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, el Banco de España 
podrá imponer a cada una de las OEIS, en base consolidada o subconsolidada o de 
forma individual, según el caso, la obligación de mantener un colchón para OEIS 
superior al 3 por ciento del importe total de exposición al riesgo calculado con 
arreglo al artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de junio de 2013.
6. El Banco de España notificará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico los 
nombres de las EISM y OEIS y las subcategorías en que se han clasificado las 
primeras con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Asimismo, hará 
pública la subcategoría en la que se ha clasificado cada EISM.
7. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de aplicación conjunta de 
los colchones para EISM y OEIS, así como el de estos con el colchón contra riesgos 
sistémicos previsto en el artículo 47.»
Veintiuno. Los apartados 1 y 2 del artículo 47, quedan redactados como sigue:
«1. El Banco de España podrá exigir, a todas las entidades del sector 
financiero o a uno o más subconjuntos de ellas, la constitución de un colchón contra 
riesgos sistémicos de capital de nivel 1 ordinario con el fin de prevenir y paliar los 
riesgos macroprudenciales o sistémicos que no estén cubiertos por el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, ni 
por los colchones previstos en los artículos 45 y 46 de esta ley, no pudiendo servir 
para afrontar los riesgos cubiertos por estos. Estos riesgos se entenderán como 
aquellos que podrían producir una perturbación en el sistema financiero con 
consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la economía real.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49820
2. El colchón contra riesgos sistémicos podrá aplicarse a todas las 
exposiciones o a un subconjunto de las exposiciones que reglamentariamente se 
establezcan.»
Veintidós. El artículo 48 queda redactado como sigue:
«Artículo 48. Restricción de las distribuciones por incumplimiento del requisito 
combinado de colchón.
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 ter, las entidades de crédito 
que cumplan el requisito combinado de colchones de capital podrán realizar 
distribuciones relativas al capital de nivel 1 ordinario siempre y cuando dicha 
distribución no conlleve una disminución de este hasta un nivel en el que ya no se 
respete el requisito combinado, y siempre que el Banco de España no haya 
adoptado ninguna de las medidas tendentes a reforzar los recursos propios previstas 
en el artículo 68.2.h), o a limitar o a prohibir el pago de dividendos conforme al 
artículo 68.2.i).
2. Las entidades de crédito que no cumplan el requisito combinado de 
colchones de capital deberán calcular el importe máximo distribuible (en adelante, 
IMD), en los términos que reglamentariamente se determinen, y comunicarlo al 
Banco de España.
Las entidades de crédito no podrán realizar ninguna de las siguientes 
actuaciones antes de haber calculado el IMD y haber informado inmediatamente al 
Banco de España de dicho importe:
a) Realizar una distribución relativa al capital de nivel 1 ordinario.
b) Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requisito combinado 
de colchón.
c) Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
Las entidades de crédito dispondrán de mecanismos que garanticen la exactitud 
del cálculo del importe de los beneficios distribuibles y del IMD y deberán poder 
demostrarla al Banco de España cuando lo solicite.
3. Cuando una entidad no cumpla o no sobrepase su requisito combinado de 
colchón o cuando el Banco de España haya adoptado alguna de las medidas 
previstas en el artículo 68 tendentes a reforzar los recursos propios o a limitar o 
prohibir el pago de dividendos, dicha entidad no podrá distribuir más del IMD 
calculado conforme al apartado 2 para las finalidades previstas en dicho apartado.
4. Las restricciones impuestas por este artículo se aplicarán únicamente a los 
pagos que den lugar a una reducción del capital de nivel 1 ordinario o a una 
reducción de los beneficios, y siempre que la suspensión o cancelación del pago no 
constituyan un incumplimiento de las obligaciones de pago u otra circunstancia que 
conduzca a la apertura del oportuno procedimiento concursal.
5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderán como distribuciones 
relativas al capital de nivel 1 ordinario:
a) El pago de dividendos en efectivo.
b) La distribución de acciones total o parcialmente liberadas u otros 
instrumentos de capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
c) El rescate o la compra por una entidad de acciones propias u otros 
instrumentos propios de capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49821
d) El reembolso de importes pagados en relación con los instrumentos de 
capital a que se refiere el artículo 26.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
e) La distribución de los elementos a que se refieren las letras b) a e) del 
artículo 26.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2013.
f) Cualesquiera otros que el Banco de España pudiera determinar o considerar 
que tienen un efecto similar a los mencionados en las letras anteriores.
6. Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este artículo.»
Veintitrés. Se introduce un nuevo artículo 48 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 48 bis. Incumplimiento del requisito combinado de colchón.
A efectos de lo previsto en el artículo 48, se considerará que una entidad 
incumple el requisito combinado de colchón cuando no disponga de recursos 
propios cuyo importe y calidad sean los necesarios para satisfacer al mismo tiempo 
el requisito combinado de colchón y cada uno de los requisitos establecidos en:
a) El artículo 92.1.a) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013Reglamento (UE) n. º 575/2013, de 26 
de junio, y, si ha lugar en su caso, el requisito de recursos propios adicionales 
exigido por el Banco de España, para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo, con arreglo al artículo 68.2.a).
b) El artículo 92.1.b) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013Reglamento (UE) n. º 575/2013, de 26 
de junio, y, si ha lugar en su caso, el requisito de recursos propios adicionales 
exigido por el Banco de España, para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo, con arreglo al artículo 68.2.a)
c) El artículo 92.1.c) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013Reglamento (UE) n. º 575/2013, de 26 
de junio, y, si ha lugar en su caso, el requisito de recursos propios adicionales 
exigido por el Banco de España, para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo, con arreglo al artículo 68.2.a).»
Veinticuatro. Se introduce un nuevo artículo 48 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 48 ter. Restricción de las distribuciones en caso de incumplimiento del 
requisito de colchón de ratio de apalancamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, las entidades de crédito que 
cumplan el requisito de colchón de ratio de apalancamiento podrán realizar 
distribuciones relativas al capital de nivel 1 siempre y cuando dicha distribución no 
conlleve una disminución de este hasta un nivel en el que ya no se respete el 
requisito de colchón de ratio de apalancamiento, y siempre que no haya sido 
adoptada por el Banco de España ninguna de las medidas tendentes a reforzar los 
recursos propios previstas en el artículo 68.2.h), o a limitar o prohibir el pago de 
dividendo o de intereses de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario o de capital 
de nivel 1 adicional previstas en el artículo 68.2.i).
2. Las entidades de crédito que no cumplan el requisito de colchón de ratio de 
apalancamiento deberán calcular el importe máximo distribuible relacionado con la 
ratio de apalancamiento (en adelante, A-IMD), en los términos que 
reglamentariamente se determinen.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49822
Las entidades de crédito no podrán realizar ninguna de las siguientes 
actuaciones antes de haber calculado el A-IMD y haber informado inmediatamente 
al Banco de España de dicho importe:
a) Realizar una distribución relativa al capital de nivel 1 ordinario.
b) Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía el requisito de colchón 
de ratio de apalancamiento.
c) Realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
Las entidades de crédito dispondrán de mecanismos para garantizar que el 
importe de beneficios distribuibles y el A-IMD se calculen con exactitud, que habrá 
de poder demostrarse al Banco de España cuando se les solicite.
3. Cuando una entidad no cumpla o no sobrepase su requisito de colchón de 
ratio de apalancamiento o cuando el Banco de España haya adoptado alguna de las 
medidas previstas en el artículo 68 tendentes a reforzar los recursos propios o a 
limitar o prohibir el pago de dividendos o de intereses de instrumentos de capital de 
nivel 1 ordinario o de capital de nivel 1 adicional, dicha entidad no podrá distribuir 
más del A-IMD calculado conforme al apartado 2 para las finalidades previstas en 
dicho apartado.
4. Las restricciones impuestas por este artículo se aplicarán únicamente a los 
pagos que den lugar a una reducción del capital de nivel 1 o a una reducción de los 
beneficios, y siempre que la suspensión o cancelación del pago no constituyan un 
incumplimiento de las obligaciones de pago u otra circunstancia que conduzca a la 
apertura del oportuno procedimiento concursal.
5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderán como distribuciones 
relativas al capital de nivel 1 cualquiera de las previstas en el artículo 48.5 de esta ley.
6. Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este artículo.»
Veinticinco. Se introduce un nuevo artículo 48 quáter con la siguiente redacción:
«Artículo 48 quater. Incumplimiento del requisito de colchón de ratio de 
apalancamiento.
Se considerará que una entidad incumple el requisito de colchón de ratio de 
apalancamiento a los efectos del artículo 48 ter de esta ley cuando no disponga de 
capital de nivel 1 en la cantidad necesaria para satisfacer al mismo tiempo el 
requisito establecido en el artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, y, en su caso, el requisito 
establecido en el artículo 92.1 bis, del citado Reglamento y en la letra a) del 
artículo 68.2 esta Ley, al hacer frente a un riesgo de apalancamiento excesivo que 
no esté suficientemente cubierto por la letra d) del artículo 92.1 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.»
Veintiséis. Los apartados 1 y 2 del artículo 49 quedan redactados como sigue:
«1. Cuando una entidad de crédito no cumpla el requisito combinado de 
colchón o, en su caso, el requisito de colchón de ratio de apalancamiento al que 
esté sujeta, elaborará un plan de conservación del capital y lo presentará, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, al Banco de España.
2. El Banco de España evaluará el plan de conservación del capital y lo 
aprobará si considera que, de ejecutarse, resulta razonablemente previsible la 
conservación u obtención de capital suficiente para que la entidad pueda cumplir el 
requisito combinado de colchones de capital, o en su caso, el requisito de colchón 
de ratio de apalancamiento, en el plazo que el Banco de España juzgue adecuado.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49823
Veintisiete.  Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 50, con la siguiente 
redacción:
«5. Toda decisión que tome el Banco de España en el ejercicio de su potestad 
supervisora deberá ser debidamente motivada.»
Veintiocho. Se suprime la letra b) del artículo 55.1 y la letra c) pasa a ser la letra b).
Veintinueve. Se introduce un nuevo artículo 60 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 60 bis. Colaboración del Banco de España con otras autoridades.
1. Cuando el Banco de España, como supervisor en base consolidada de 
conformidad con el artículo 57, sea diferente del coordinador determinado de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los 
conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector 
financiero, deberá colaborar estrechamente con el coordinador a efectos de 
asegurar la correcta aplicación de esta ley y del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, en base consolidada.
Con vistas a facilitar y establecer una cooperación eficaz, el Banco de España 
alcanzará acuerdos escritos de coordinación y cooperación con el coordinador.
2. El Banco de España, la unidad de inteligencia financiera, y las autoridades 
en las que recaiga la función pública de supervisión de la normativa de prevención 
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cooperarán estrechamente 
entre sí y con las autoridades que desempeñen las funciones equivalentes en otros 
Estados miembros, en el marco de sus respectivas competencias, facilitando la 
información pertinente para la ejecución de sus tareas respectivas en virtud de esta 
ley, de la Ley 10/2010, de 28 de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo y del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, siempre que la cooperación y el 
intercambio de información no afecten a una indagación, a una investigación o a un 
procedimiento en curso de conformidad con el derecho administrativo o penal del 
Estado miembro en el que se encuentren la autoridad competente, la unidad de 
inteligencia financiera o la autoridad en la que recaiga la función pública de 
supervisión de las entidades financieras.»
Treinta.  Se introduce un nuevo apartado 1 bis en el artículo 61, con la siguiente 
redacción:
«1 bis. El Banco de España, tanto en su función de supervisor de sucursales 
de entidades de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea 
como en su función de supervisor de entidades de crédito que pertenezcan a un 
grupo de un tercer país, colaborará estrechamente con todas aquellas autoridades 
competentes de la Unión Europea que sean responsables de la supervisión de las 
entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, o las sucursales 
establecidas en la Unión Europea por entidades de crédito o empresas de servicios 
de inversión con sede en un tercer país, que formen parte de un mismo grupo de un 
tercer país.
Esta colaboración estrecha perseguirá las siguientes finalidades:
a) Garantizar que todas las actividades que dicho grupo de un tercer país 
realice en la Unión Europea sean objeto de una supervisión exhaustiva,
b) Impedir que se eludan los requisitos aplicables a los grupos de un tercer 
país previstos en esta ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, y,
c) Evitar todo efecto perjudicial para la estabilidad financiera de la Unión 
Europea.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49824
Treinta y uno. Se introduce un nuevo párrafo al final de la letra e) del artículo 62.1, 
con la siguiente redacción:
«Asimismo, cuando una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera 
mixta de cartera esté establecida en otro Estado miembro, o cuando estando 
establecida la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera 
en España no le corresponda al Banco de España la supervisión en base 
consolidada del grupo, el Banco de España alcanzará acuerdos de coordinación y 
cooperación con la autoridad competente del Estado miembro donde dicha sociedad 
esté establecida o con el supervisor en base consolidada de la sociedad financiera 
de cartera o sociedad financiera mixta de cartera, según corresponda en cada 
caso.»
Treinta y dos. El artículo 65 queda redactado como sigue:
«Artículo 65. Decisiones conjuntas.
1. En el marco de la colaboración prevista en el artículo 62, y de conformidad 
con los términos que se prevean reglamentariamente, el Banco de España, como 
supervisor en base consolidada de un grupo o como autoridad competente 
responsable de la supervisión de las filiales establecidas en España de una entidad 
de crédito matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o 
de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, procurará con todos 
sus medios alcanzar una decisión consensuada con las demás autoridades 
supervisoras de la Unión Europea sobre:
a) La aplicación de lo dispuesto en los artículos 41, 51, 52 y 53 para determinar 
la adecuación del nivel consolidado de recursos propios que posea el grupo en 
relación con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de recursos propios 
necesario para la aplicación del artículo 68.2.a) a cada una de las entidades del 
grupo y en base consolidada.
b) Las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y 
constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez, en 
particular en lo que respecta a la adecuación de la organización y el tratamiento de 
los riesgos conforme al artículo 29 y en lo que respecta a la necesidad de aplicar 
requisitos de liquidez específicos en función de la entidad, de conformidad con el 
artículo 42.
c) Cualquier orientación en materia de recursos propios adicionales a que se 
hace referencia en el artículo 69 bis.
2. Del mismo modo, el Banco de España como supervisor en base consolidada 
o como autoridad competente del Estado miembro donde esté establecida una 
sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera 
pertenecientes a un grupo consolidable de entidades de crédito no sujeto a su 
supervisión en base consolidada, procurará alcanzar una decisión consensuada con 
las demás autoridades supervisoras de la Unión Europea respecto a las decisiones 
sobre la aprobación, la exención de la aprobación y las medidas de supervisión a las 
que se refieren los artículos 15 bis, 15 ter y 15 sexies. En todo caso, el Banco de 
España trabajará en estrecha consulta con el supervisor en base consolidada o con 
la autoridad competente del Estado miembro de la Unión donde esté establecida la 
sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera, según sea 
el caso.
En el caso de las sociedades financieras mixtas de cartera, cuando el supervisor 
en base consolidada o la autoridad competente del Estado miembro en que esté 
establecida la sociedad financiera mixta de cartera sea diferente del coordinador 
establecido de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, se 
precisará el acuerdo del coordinador para adoptar las decisiones o las decisiones 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49825
conjuntas a las que se refieren los artículos 15 bis, 15 ter y 15 sexies de esta ley, 
según proceda.»
Treinta y tres. Se introduce un nuevo apartado 1 bis dentro del artículo 66 con la 
siguiente redacción:
«1 bis. Cuando corresponda al Banco de España la supervisión en base 
consolidada designará colegios de supervisores, con el objeto de facilitar el ejercicio 
de las tareas a que se refieren las letras a) a e) del artículo 62.1 y el artículo 81, 
cuando todas las filiales transfronterizas de una entidad matriz de la UE, de una 
sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta 
de cartera matriz de la UE tengan su sede en terceros países, siempre y cuando las 
autoridades de supervisión de dichos terceros países estén sometidas a requisitos 
de confidencialidad equivalentes de conformidad con la legislación aplicable.»
Treinta y cuatro. Se introduce un nuevo artículo 67 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 67 bis.  Obligación de notificación del requisito de recursos propios 
adicionales y la orientación sobre recursos propios adicionales.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Banco de España 
notificará a las autoridades de resolución competentes el establecimiento de 
requisitos de recursos propios adicionales y cualquier orientación sobre recursos 
propios adicionales comunicada a las entidades de conformidad con los artículos 69 
y 69 bis, respectivamente.»
Treinta y cinco. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 2 bis en 
el artículo 68, los cuales quedan redactados como sigue:
«2. En las circunstancias previstas en el apartado anterior el Banco de España 
podrá adoptar, de entre las siguientes, las medidas que considere más oportunas 
atendiendo a la situación de la entidad o grupo:
a) Exigir a las entidades de crédito que mantengan recursos propios superiores 
a los establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de junio de 2013, en las condiciones establecidas en el artículo 69.
b) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que refuercen los 
procedimientos, mecanismos y estrategias establecidos a fin de cumplir lo dispuesto 
en los artículos 29 y 41.
c) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que presenten un plan para 
retornar al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013, y que fijen un plazo para su ejecución, así como que introduzcan en 
el plan las mejoras necesarias en cuanto a su alcance y plazo de ejecución.
d) Exigir que las entidades de crédito y sus grupos apliquen una política 
específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos 
en términos de requisitos de recursos propios.
e) Restringir o limitar las actividades, las operaciones o la red de las entidades 
o solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez 
de una entidad.
f) Exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y 
sistemas de las entidades, incluida la delegación de la prestación de servicios o del 
ejercicio de funciones de las entidades de crédito en un tercero.
g) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que limiten la remuneración 
variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el 
mantenimiento de una base sólida de capital.
h) Exigir a las entidades de crédito y sus grupos que utilicen los beneficios 
netos para reforzar sus recursos propios.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49826
i) Prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos o intereses a 
accionistas, socios o socias o titulares de instrumentos de capital adicional de 
nivel 1, siempre y cuando la prohibición no constituya un supuesto de incumplimiento 
de las obligaciones de pago de la entidad.
j) Imponer obligaciones de información adicionales o más frecuentes, incluida 
información sobre recursos propios, liquidez y apalancamiento.
k) Imponer la obligación de disponer de una cantidad mínima de activos 
líquidos que permitan hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de 
pasivos y compromisos, incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a 
la liquidez, y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y 
de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar 
potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner en 
riesgo la situación financiera de la entidad.
l) Exigir la divulgación de información adicional.»
«2 bis. A los efectos, del apartado 2, letra j), las obligaciones de información 
adicionales o más frecuentes se podrán imponer siempre y cuando sean adecuadas 
y proporcionadas respecto al objetivo para el cual se requiera la información y la 
información solicitada no sea repetitiva.
A los efectos de la revisión y evaluación supervisora, prevista en los 
artículos 51, 52 y 53, y de los supuestos de adopción de medidas de supervisión, 
previstos en el apartado 1, la información adicional se considerará repetitiva 
cuando información igual o sustancialmente igual ya se ha remitido al Banco de 
España o puede ser elaborada por el Banco de España a partir de la información 
de la que ya dispone.
El Banco de España no exigirá a las entidades que remitan información 
adicional cuando ya disponga de ella en distinto formato o con un desglose de 
detalle diferente, siempre que estas circunstancias no impidan al Banco de España 
producir información con la misma calidad y fiabilidad que la que se derivase de la 
información adicional que la entidad pudiera remitir a petición del Banco de 
España.»
Treinta y seis. Se introduce un nuevo artículo 68 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 68 bis. Medidas de supervisión prudencial en materia de riesgo de tipos 
de interés derivado de actividades ajenas a la cartera de negociación.
1. El Banco de España adoptará medidas de supervisión prudencial, como 
mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el valor económico del patrimonio neto de la entidad disminuya en 
una cifra superior al 15 por ciento de su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios supervisores de perturbación aplicados a los tipos de interés.
b) Cuando los ingresos netos por intereses de la entidad sufran una 
disminución significativa como consecuencia de una variación súbita e inesperada 
de los tipos de interés según alguno de los dos escenarios supervisores de 
perturbación aplicados a los tipos de interés.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Banco de España no estará 
obligado a adoptar medidas de supervisión cuando, basándose en la revisión y 
evaluación supervisora prevista en los artículos 51, 52 y 53, considere que la gestión 
por parte de la entidad del riesgo de tipo de interés derivado de las actividades 
ajenas a la cartera de negociación es adecuada y que la entidad no está 
excesivamente expuesta al riesgo de tipo de interés derivado de las actividades 
ajenas a la cartera de negociación.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49827
3. De conformidad con los apartados 1 y 2, el Banco de España podrá adoptar, 
de entre las siguientes, las medidas que considere más oportunas atendiendo a la 
situación de la entidad o grupo:
a) Especificar hipótesis de modelización y asunciones paramétricas, distintas 
de las previstas en la normativa europea aplicable y exigir que las entidades las 
utilicen en los cálculos del valor económico de su patrimonio neto.
b) Exigir cualquiera de las medidas de supervisión previstas en el 
artículo 68.2.»
Treinta y siete. El artículo 69 queda redactado como sigue:
«Artículo 69. Requisitos sobre recursos propios adicionales.
1. El Banco de España exigirá a las entidades de crédito el mantenimiento de 
recursos propios superiores a los establecidos de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 68.2.a), cuando como resultado de la revisión y evaluación supervisora a la 
que se refieren los artículos 51, 52 y 53 y de la revisión permanente de la 
autorización de utilizar métodos internos, constate en relación con una determinada 
entidad cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Que esté expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no 
suficientemente cubiertos por los requisitos de recursos propios establecidos en las 
partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013. Los elementos que regulan el marco 
de imposición de recursos propios adicionales por este motivo se desarrollarán 
reglamentariamente.
b) Que no cumpla los requisitos establecidos en los artículos 29, y 41.1 de esta 
ley o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de junio de 2013 y no sea probable que otras medidas de 
supervisión sean suficientes para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos en 
un plazo adecuado.
c) Que los ajustes de valoración con respecto a posiciones o carteras 
específicas dentro de la cartera de negociación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 105 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2013, no sean suficientes para permitir que la entidad 
venda o cubra sus posiciones en un corto periodo de tiempo sin incurrir en pérdidas 
importantes en condiciones de mercado normales.
d) Que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de un 
método de cálculo de los requisitos de recursos propios que requiere autorización 
previa de conformidad con la parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, pueda dar lugar a unos 
requisitos de recursos propios insuficientes.
e) Que, de forma reiterada, el nivel de recursos propios de la entidad sea inferior 
al nivel de recursos propios adecuado de conformidad con la orientación sobre 
recursos propios adicionales comunicada de conformidad con el artículo 69 bis.
f) Otras situaciones específicas que el Banco de España considere que 
puedan suscitar problemas importantes de supervisión.»
2. El requisito de recursos propios adicionales a que se refiere el artículo 68.2.a) 
solo podrá exigirse para cubrir los riesgos en los que incurran entidades concretas 
debido a sus actividades, incluidos aquellos que reflejen el impacto de determinadas 
evoluciones económicas o del mercado en relación con el perfil de riesgo de una 
entidad concreta.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49828
Treinta y ocho. Se renumeran los artículos 69 bis y 69 ter como 69 ter y 69 quáter y 
se introduce un nuevo artículo 69 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 69 bis. Orientación sobre recursos propios adicionales.
1. El Banco de España comunicará a las entidades su orientación sobre 
recursos propios adicionales con las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan.
2. La comunicación relativa a la orientación sobre recursos propios adicionales 
se realizará tomando en consideración el nivel global de recursos propios que el 
Banco de España considere apropiado para cada entidad. Este nivel global se 
determinará sobre la base de las revisiones periódicas que, de acuerdo con los 
artículos 51, 52 y 53, el Banco de España realice sobre el nivel de capital interno 
que cada entidad haya fijado de conformidad con el artículo 41.2, de la revisión 
permanente de la autorización de utilizar métodos internos y los resultados de las 
pruebas de resistencia a que se refiere el artículo 55.5.
3. La orientación sobre recursos propios adicionales tendrá carácter específico 
para cada entidad, y ascenderá a la cantidad de recursos propios que cumpla con 
los dos requisitos siguientes:
a) Supere la cantidad de recursos propios requerida con arreglo a las 
siguientes normas:
1.º Las partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013;
2.º Los requisitos de recursos propios adicionales previstos en el 
artículo 68.2.a) y 69;
3.º El requisito combinado de colchones de capital establecido en el artículo 43, 
o, según proceda, la cantidad de recursos propios requerida por el requisito de 
colchón de la ratio de apalancamiento previsto en el artículo 92.1 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.
b) Sea necesaria para alcanzar el nivel global de recursos propios que el 
Banco de España considere apropiado conforme al apartado 2 del presente artículo.
4. La incapacidad para mantener la orientación de recursos propios adicionales 
no activará las restricciones en materia de distribución a que se refieren los 
artículos 48 y 48 ter cuando la entidad cumpla con:
a) Los requisitos de recursos propios aplicables establecidos en las partes 
tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de junio de 2013;
b) El requisito de recursos propios adicionales previsto en los artículos 68.2.a) 
y 69; y
c) El requisito combinado de colchones de capital establecido en el artículo 43 
o el requisito de colchón de ratio de apalancamiento previsto en el artículo 92.1 bis 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
junio de 2013, según proceda.»
Treinta y nueve. La letra a) del artículo 80.1 queda redactada del siguiente modo:
«a) Los criterios y métodos generales empleados para la revisión y evaluación 
de los mecanismos de cumplimiento normativo, de supervisión de riesgos y de 
gobierno corporativo y políticas remuneratorias, en particular, los criterios para la 
aplicación del principio de proporcionalidad.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49829
Cuarenta. Se modifica la letra j) y se introduce una nueva letra p) en el artículo 82.3, 
las cuales quedan redactados como sigue:
«j) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las 
autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por lo que 
respecta al cumplimiento de dicha normativa y a las unidades de inteligencia 
financiera, así como las comunicaciones que de modo excepcional puedan 
realizarse en virtud de lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo I del Título III de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, previa autorización de la 
persona titular del Ministerio de Hacienda. A estos efectos deberán tenerse en 
cuenta los acuerdos de colaboración firmados por el Banco de España con 
autoridades supervisoras de otros países.»
«p) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las 
autoridades competentes u organismos responsables de la aplicación de las normas 
relativas a la separación estructural dentro de un grupo bancario.»
Cuarenta y uno. Se introduce un nuevo artículo 82 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 82 bis. Transmisión de información a organismos internacionales.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Banco de España podrá 
transmitir o compartir determinada información, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en el apartado 2, con los siguientes organismos internacionales:
a) El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a efectos del Programa 
de Evaluación del Sector Financiero.
b) El Banco de Pagos Internacionales, a los efectos de los estudios de impacto 
cuantitativo.
c) La Junta de Estabilidad Financiera, a efectos de su función de supervisión.
2. La información de carácter confidencial solo podrá compartirse a solicitud 
expresa del organismo pertinente y siempre que se reúnan las siguientes 
condiciones:
a) Que la solicitud esté debidamente justificada por razón de las funciones 
concretas que desempeña el organismo solicitante de conformidad con su mandato 
estatutario;
b) Que la solicitud describa con la precisión suficiente la naturaleza, el alcance 
y el formato de la información solicitada, así como la forma de facilitarla o transmitirla;
c) Que la información solicitada sea estrictamente necesaria para el 
desempeño de funciones concretas del organismo solicitante y que no exceda de 
las competencias estatutarias otorgadas a dicho organismo;
d) Que la información se transmita o facilite exclusivamente a las personas 
que participan directamente en el desempeño de la función de que se trate; y,
e) Que las personas que tengan acceso a la información estén sujetas a 
requisitos de secreto profesional al menos equivalentes a los previstos en el 
artículo 82.
Cuando la solicitud proceda de alguno de los organismos internacionales 
mencionados en el apartado 1, el Banco de España sólo podrá transmitir información 
agregada o anonimizada y únicamente podrá compartir otra información en sus 
dependencias.
Asimismo, cuando facilitar la información implique el tratamiento de datos 
personales, todo tratamiento de datos personales por parte del organismo solicitante 
cumplirá los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49830
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.»
Cuarenta y dos. Se introduce un nuevo párrafo al final del artículo 90.1, con la 
siguiente redacción:
«Toda decisión que tome el Banco de España en el ejercicio de su potestad 
sancionadora deberá ser debidamente motivada y le será de aplicación supletoria la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.»
Cuarenta y tres. Se introducen dos nuevas letras ac) y ad) en el artículo 92, las 
cuales quedan redactadas del siguiente modo:
«ac) El incumplimiento, por parte de una entidad matriz, una sociedad 
financiera de cartera matriz o una sociedad financiera mixta de cartera matriz, del 
deber de garantizar el cumplimiento, en base consolidada o subconsolidada, de:
1.º Los requisitos prudenciales recogidos en las partes tercera, cuarta, sexta o 
séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de junio de 2013;
2.º Los requisitos prudenciales exigidos en virtud del artículo 68.2.a); o,
3.º Los requisitos específicos de liquidez exigidos en virtud del artículo 42.
ad) No solicitar la aprobación de conformidad con el artículo 15 bis, así como 
el incumplimiento de los requisitos de información relativos a la aprobación o la 
exención de la aprobación de conformidad con el artículo 15 quinquies.1.»
Cuarenta y cuatro.  Se introduce una nueva disposición adicional vigesimoprimera, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoprimera. Facultad del Banco de España para exigir 
la sustitución de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas 
anuales y consolidadas.
El Banco de España podrá exigir a las entidades bajo su supervisión la 
sustitución de los auditores de cuentas cuando actúen incumpliendo las obligaciones 
que les incumben de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y en la 
disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas.»
Cuarenta y cinco.  Se introduce una nueva disposición adicional vigesimosegunda, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimosegunda. Tratamiento de datos personales.
1. El tratamiento de datos personales de las personas físicas a los fines de lo 
dispuesto en esta ley se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE.
En particular, las transferencias de datos personales a terceros países u 
organizaciones internacionales se atendrán a lo dispuesto en el Capítulo V del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016.
2. Las entidades de crédito llevarán a cabo el tratamiento de datos personales 
de las personas físicas de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49831
Artículo séptimo. Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito 
y empresas de servicios de inversión, queda modificada como sigue:
Uno. Se añaden nuevas letras p) a z al apartado 1 del artículo 2, que quedan 
redactadas como sigue:
«p) Filial: una filial tal como se define en el artículo 4.1.16, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. A efectos de la aplicación a los grupos 
de resolución a que se refiere el numeral 2.º de la letra v) del presente apartado de 
los planes de resolución de grupo, competencias para reducir o eliminar obstáculos 
a la resolubilidad (tratamiento individual o de grupo), requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles, amortización o conversión de los instrumentos 
de capital y pasivos admisibles, resolución de grupos con implicación o no de filiales, 
la definición incluye, cuando proceda, las entidades de crédito afiliadas de forma 
permanente a un organismo central, el propio organismo central, y sus respectivas 
filiales, teniendo en cuenta la manera en que estos grupos de resolución cumplen lo 
dispuesto en relación con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles para las entidades de resolución.
q) Filial significativa: una filial significativa tal como se define en el 
artículo 4.1.135 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
r) Pasivos susceptibles de recapitalización interna: pasivos e instrumentos de 
capital no calificados como instrumentos de capital ordinario de nivel 1, de capital 
adicional de nivel 1 o de capital de nivel 2 de una entidad o sociedad a que se refiere 
el artículo 1.2.b), c) o d), y que no están excluidos del ámbito de aplicación del 
instrumento de recapitalización interna en virtud del artículo 42.
s) Pasivos admisibles: pasivos susceptibles de recapitalización interna que 
cumplen, según proceda, las condiciones establecidas en el artículo 44 bis sobre 
pasivos admisibles para entidades de resolución, en su desarrollo reglamentario y 
en lo que se prevea reglamentariamente en relación con los pasivos admisibles para 
entidades que no sean entidades de resolución, e instrumentos de capital de nivel 2 
que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 72 bis.1.b), del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.
t) Instrumentos admisibles subordinados: los instrumentos que cumplen todas 
las condiciones enunciadas en el artículo 72 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
que no sean los apartados 3 a 5 del artículo 72 ter de dicho reglamento.
u) Entidad de resolución:
1.º una persona jurídica establecida en la Unión, para la que el plan de 
resolución de conformidad con el artículo 14 prevé una medida de resolución; o
2.º una entidad que no forma parte de un grupo sujeto a una supervisión 
consolidada con arreglo a los artículos 57, 58 y 62 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, para la que el plan 
de resolución elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley 
prevé una medida de resolución.
v) Grupo de resolución:
1.º una entidad de resolución y sus filiales que no sean:
i) ellas mismas entidades de resolución;
ii) filiales de otras entidades de resolución; o
iii) entidades establecidas en un tercer país que no estén incluidas en el grupo 
de resolución de conformidad con el plan de resolución, y sus filiales; o
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49832
2.º las entidades de crédito afiliadas permanentemente a un organismo central 
y el propio organismo central cuando al menos una de esas entidades de crédito o 
el organismo central sea una entidad de resolución, así como sus respectivas 
filiales.
w) Entidad de importancia sistémica mundial o (EISM): una EISM según se 
define en el artículo 4.1.133, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
x) Requisitos combinados de colchón: los requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 43 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
y) Bono garantizado: un bono garantizado tal como se define en el artículo 3, 
punto 1, de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo o, en 
el caso de un instrumento emitido antes del 8 de julio de 2022, una obligación tal 
como se contempla en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
z) Capital de nivel 1 ordinario: capital de nivel 1 ordinario calculado de 
conformidad con el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»
Dos. Se modifica la redacción de la letra d) del apartado 3 del artículo 6, que pasa a 
tener el siguiente tenor literal:
«d) modificar la estrategia de financiación para mejorar la solidez de las áreas 
principales de actividad y de las funciones críticas, o»
Tres. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 13, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«3. Los planes de resolución se actualizarán, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2, al menos anualmente, y en los siguientes 
casos:
a) siempre que un cambio en la estructura jurídica u organizativa de la entidad, 
sus actividades, o en su situación financiera pudiera afectar significativamente a la 
eficacia del plan o requerir cambios del mismo, o
b) tras la aplicación de las medidas de resolución o el ejercicio de la 
amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles conforme 
a lo previsto en el artículo 38, o
c) siempre que la autoridad de resolución preventiva, a iniciativa propia o del 
FROB, lo estime conveniente.»
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 14, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 14. Planes de resolución de grupo.
1. La autoridad de resolución preventiva competente a nivel de grupo, 
actuando conjuntamente con las autoridades de resolución de las filiales en colegios 
de autoridades de resolución y tras consultar a los supervisores competentes que 
corresponda, al FROB y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las 
que se encuentren establecidas sucursales significativas, respecto a las cuestiones 
que afecten a estas últimas, aprobará y mantendrá actualizados los planes de 
resolución de los grupos cuya supervisión en base consolidada corresponda a un 
supervisor competente de los previstos en el artículo 2.1.b).
La adopción del plan de resolución se plasmará en una decisión conjunta de la 
autoridad de resolución preventiva con las autoridades de resolución de las filiales 
del grupo. Cuando un grupo esté compuesto por más de un grupo de resolución, las 
medidas de resolución para las entidades de resolución de cada grupo de resolución 
se incluirán en el plan de resolución de grupo adoptado mediante una decisión 
conjunta según lo dispuesto en este párrafo.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49833
Cuando en virtud del artículo 17 se aprecien obstáculos a la resolubilidad de una 
entidad, quedará en suspenso la obligación de elaborar el plan de resolución de 
grupo hasta que se adopten las medidas oportunas para eliminar tales obstáculos.
2. A los efectos del apartado anterior, la autoridad de resolución preventiva, 
junto al FROB, asistirá al colegio de autoridades de resolución, y contribuirá a la 
elaboración y aprobación del plan de conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo anterior.
3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de elaboración y el 
contenido específico de los planes de resolución de grupo, así como la información 
que podrá ser requerida a las entidades y que deberá ser facilitada por la autoridad 
de resolución preventiva a otras autoridades de resolución, a los supervisores 
competentes y a la Autoridad Bancaria Europea, para su elaboración y actualización. 
En todo caso, los planes de resolución de grupo deberán identificar las medidas que 
deben tomarse con respecto a:
a) La empresa matriz.
b) Las filiales del grupo con domicilio social en la Unión Europea.
c) Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera y las sociedades mixtas de cartera con domicilio social en la Unión Europea.
d) Las filiales del grupo con domicilio social fuera de la Unión Europea, en el 
marco de lo establecido en el Capítulo VII sobre resolución transfronteriza.
e) Las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro, las 
sociedades financieras de cartera matrices de la Unión, las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de un Estado miembro y las sociedades financieras 
mixtas de cartera matrices de la Unión.
De conformidad con las medidas a que se refiere el párrafo primero, el plan de 
resolución deberá determinar para cada grupo las entidades de resolución y los 
grupos de resolución.
4. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las entidades que estén 
sujetas a la supervisión directa del Banco Central Europeo en virtud del artículo 6.4 
del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, o que 
constituyan una parte considerable del sistema financiero español, serán también 
objeto de planes de resolución individuales conforme a lo previsto en el artículo 
anterior.
5. La autoridad de resolución preventiva competente, al actuar como autoridad 
de resolución de una entidad filial autorizada en España cuya matriz esté situada en 
otro Estado miembro de la Unión Europea y cuya supervisión en base consolidada 
no corresponda a alguno de los supervisores competentes contemplados en el 
artículo 2.1.b), cooperará con la autoridad de resolución a nivel de grupo en la 
elaboración, actualización y aprobación del plan de resolución de grupo en los 
términos que reglamentariamente se determinen.»
Cinco. Se modifica la redacción de la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del 
artículo 15, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
«b) Se garantice la continuidad de las funciones críticas desarrolladas por la 
entidad.»
«3. Adicionalmente, el supervisor competente y el FROB podrán solicitar a la 
autoridad de resolución preventiva competente que lleve a cabo la evaluación 
prevista en el apartado anterior siempre que considere que pueden existir obstáculos 
sustantivos para la resolución de una entidad.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49834
Seis. Se da nueva redacción al artículo 16, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 16. Evaluación de la resolubilidad de grupos.
1. La autoridad de resolución preventiva competente, cuando sea la autoridad 
de resolución a nivel de grupo, determinará, en función de la evaluación a que se 
refiere el apartado siguiente, que el grupo es resoluble si, en el caso de que 
cumpliese las condiciones para la resolución, pudiera procederse a la liquidación o 
a la resolución de las entidades de ese grupo conforme a lo establecido en el 
apartado 1 del artículo anterior.
2. Al elaborar el plan de resolución de grupo, la autoridad de resolución 
preventiva, previo informe del supervisor competente y del FROB, junto con las 
autoridades de resolución de las filiales y previa consulta a los supervisores 
competentes de las mismas y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones 
en que estén establecidas las sucursales significativas, evaluará en qué medida un 
grupo puede ser objeto de resolución sin la intervención de apoyo público tal y como 
prevé el artículo 13.2.
Cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, la autoridad 
de resolución preventiva competente realizará la evaluación de la resolubilidad del 
grupo en su conjunto, así como la resolubilidad de cada grupo de resolución 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo, en el marco del proceso decisorio 
establecido en el artículo 14.
3. Si la autoridad de resolución preventiva competente concluyera que el grupo 
no reúne las condiciones para resolverse, lo notificará sin demoras indebidas a la 
Autoridad Bancaria Europea.»
Siete. Se introduce un nuevo artículo 16 bis con el siguiente tenor literal:
«Artículo 16 bis. Facultad de prohibir determinadas distribuciones.
1. Cuando una entidad esté en condiciones de cumplir los requisitos 
combinados de colchón de capital evaluados en conjunción con cada uno de los 
requisitos contemplados en el artículo 48 bis, letras a), b) y c) de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, pero no cumpla dichos requisitos combinados de colchón de capital 
evaluados en conjunción con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles calculado de conformidad con el artículo 44.2.a), la autoridad de 
resolución preventiva tendrá la facultad de prohibir que la entidad distribuya más del 
importe máximo distribuible relacionado con el requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles, mediante una de las siguientes medidas:
a) Realizar una distribución en conexión con el capital ordinario de nivel 1 o 
pagos vinculados a instrumentos de capital adicional de nivel 1; o
b) Asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la entidad no cumplía con los requisitos 
combinados de colchón de capital;
En caso de que una entidad se encuentre en la situación a que se refiere este 
apartado, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad de resolución preventiva.
2. En la situación contemplada en el apartado 1, la autoridad de resolución 
preventiva de la entidad, tras consultar al supervisor competente, deberá evaluar, 
sin demoras indebidas, si ejerce la facultad a que se refiere el apartado 1, teniendo 
en cuenta todos los elementos siguientes:
a) El motivo, la duración y la magnitud del incumplimiento y sus consecuencias 
para la resolubilidad;
b) La evolución de la situación financiera de la entidad y la probabilidad de 
que, en un futuro próximo, cumpla la condición a que se refiere el artículo 19.1.a);
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49835
c) La perspectiva de que la entidad pueda garantizar el cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el apartado 1 en un plazo razonable;
d) Si la entidad es incapaz de sustituir los pasivos que ya no cumplen los 
criterios de admisibilidad o vencimiento establecidos en los artículos 72 ter y 72 
quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013, o en el artículo 44 bis de la presente ley, 
su normativa de desarrollo o los criterios de admisibilidad que se desarrollen 
reglamentariamente para las entidades que no sean entidades de resolución, si 
dicha incapacidad es de naturaleza intrínseca o se debe a perturbaciones generales 
del mercado;
e) Si el ejercicio de la facultad a que se refiere el apartado 1 es el medio más 
adecuado y proporcionado para abordar la situación de la entidad, teniendo en 
cuenta su impacto potencial sobre las condiciones de financiación y resolubilidad de 
la entidad en cuestión.
La autoridad de resolución preventiva repetirá su evaluación acerca de la 
conveniencia de ejercer la facultad a que se refiere el apartado 1 al menos cada 
mes mientras la entidad siga estando en la situación a que se refiere el apartado 1.
3. Si la autoridad de resolución preventiva constata que la entidad está todavía 
en la situación descrita en el apartado 1 nueve meses después de que la entidad 
haya informado de esta situación, la autoridad de resolución preventiva, tras 
consultar al supervisor competente, ejercerá la facultad a que se refiere el 
apartado 1, excepto en caso de que el supervisor competente constate que se 
cumplen al menos dos de las condiciones siguientes:
a) El incumplimiento se debe a una perturbación grave del funcionamiento de 
los mercados financieros que les conduce a unas tensiones de amplio alcance en 
varios segmentos de los mismos;
b) La perturbación a que se refiere la letra a) no solo da lugar a un aumento de 
la volatilidad de los precios de los instrumentos de fondos propios e instrumentos de 
pasivos admisibles de la entidad o a un incremento de los costes para la entidad, 
sino que también conduce a un cierre total o parcial de los mercados que impide a 
la entidad emitir instrumentos de fondos propios e instrumentos de pasivos 
admisibles en los mercados;
c) El cierre de mercado a que se refiere la letra b), se observa no sólo para la 
entidad en cuestión, sino para otras varias entidades;
d) La perturbación a que se refiere la letra a) impide a la entidad en cuestión 
emitir de instrumentos de fondos propios e instrumentos de pasivos admisibles 
suficientes para subsanar el incumplimiento; o
e) El ejercicio de la facultad a que se refiere el apartado 1 provocaría efectos 
colaterales negativos para una parte del sector bancario, perjudicando 
potencialmente a la estabilidad financiera.
4. Cuando se aplique la excepción a que se refiere el apartado 3, la autoridad 
de resolución preventiva informará al supervisor competente de su decisión y 
explicará por escrito su evaluación.
Cada mes, la autoridad de resolución preventiva repetirá su evaluación para 
determinar si la excepción referida en el párrafo anterior se aplica.
5. Reglamentariamente se desarrollará el método de cálculo del importe 
máximo distribuible relacionado con el requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49836
Ocho. Se da nueva redacción al artículo 17, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 17. Obstáculos a la resolubilidad de entidades.
1. La autoridad de resolución preventiva competente, tras examinar la 
evaluación llevada a cabo en virtud del artículo 15, notificará al supervisor 
competente, a la entidad y a las autoridades de resolución en cuya jurisdicción estén 
situadas las sucursales significativas, la concurrencia de obstáculos sustantivos 
para la resolución de la entidad. El resultado de este examen será presentado al 
FROB.
2. En el plazo de cuatro meses desde la recepción de la notificación, la entidad 
propondrá a la autoridad de resolución preventiva competente medidas adecuadas 
para reducir o eliminar los obstáculos sustantivos identificados.
En un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de una notificación 
realizada en virtud del apartado anterior, la entidad deberá proponer a la autoridad 
de resolución preventiva posibles medidas y el calendario para su aplicación, para 
garantizar que la entidad cumpla tanto el requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles para entidades de resolución y entidades que no sean de 
resolución como los requisitos combinados de colchón de capital, cuando un 
obstáculo sustantivo a la resolubilidad se deba a cualquiera de las situaciones 
siguientes:
a) La entidad cumple los requisitos combinados de colchón evaluados en 
conjunción con cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 48 bis letras 
a), b) y c), de la Ley 10/2014, de 26 de junio, pero no cumple dichos requisitos 
combinados de colchón, evaluados en conjunción con los requisitos a que se refiere 
el artículo 44 ter y su normativa de desarrollo y los requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles para las entidades de resolución de las EISM y las filiales 
significativas de la Unión de las EISM de fuera de la Unión Europea, calculados de 
conformidad con el artículo 44.2.a); o
b) La entidad no cumple los requisitos a que se refieren los artículos 92 bis 
y 494 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o los requisitos a que se refiere el 
artículo 44 ter y su normativa de desarrollo y los requisitos de fondos propios y 
pasivos admisibles para las entidades de resolución de las EISM y las filiales 
significativas de la Unión de las EISM de fuera de la Unión Europea.
El calendario para la aplicación de las medidas propuestas en el párrafo 
segundo de este apartado tendrá en cuenta las causas del obstáculo sustantivo 
identificado.
La autoridad de resolución preventiva competente comunicará sin demora al 
supervisor competente y al FROB, para su informe, las medidas propuestas en 
virtud de los párrafos anteriores.
2 bis.  En caso de que la autoridad de resolución preventiva competente, previo 
informe del supervisor competente y del FROB, no considere tales medidas 
suficientes para reducir o eliminar los obstáculos identificados, deberá solicitar de 
forma motivada a la entidad que adopte medidas alternativas para reducir o eliminar 
los obstáculos, debiendo notificar esas medidas por escrito a la entidad. Tales 
medidas podrán consistir en:
a) Exigir a la entidad la revisión de los mecanismos de financiación intragrupo 
o la elaboración de acuerdos para garantizar el desarrollo de sus funciones críticas.
b) Establecer límites a los riesgos individuales y globales de la entidad.
c) Imponer requisitos adicionales de información relevante para llevar a cabo 
la resolución.
d) Exigir a la entidad que se deshaga de activos específicos.
e) Exigir a la entidad que limite o cese determinadas actividades.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49837
f) Restringir o impedir el desarrollo de ciertas ramas de actividad o la venta de 
ciertos productos.
g) Imponer cambios en la estructura jurídica u operativa de la entidad o de 
cualquier entidad del grupo que se encuentre directa o indirectamente bajo su 
control, con el fin de reducir su complejidad y garantizar que las funciones críticas 
puedan separarse jurídica y operativamente de otras funciones mediante la 
aplicación de instrumentos de resolución.
h) Exigir a una entidad o a una empresa matriz la constitución de una sociedad 
financiera de cartera matriz en España o matriz en la Unión Europea.
i) Exigir a la entidad que presente un plan para restablecer el cumplimiento del 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades de 
resolución y para las entidades que no sean de resolución, expresado como un 
porcentaje del importe total de la exposición al riesgo calculado de conformidad con 
el artículo 92, apartado 3 del Reglamento (UE) n. 575/2013 y, en su caso, los 
requisitos combinados de colchón, y los requerimientos mínimos de fondos propios 
y pasivos admisibles para las entidades de resolución y para las entidades que no 
sean de resolución expresados como porcentaje de la medida de la exposición total 
a que se refieren los artículos 429 y 429 bis del Reglamento n.º 575/2013.
j) Exigir a una entidad la emisión de pasivos admisibles para dar cumplimiento 
a los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles para las 
entidades de resolución y para las entidades que no sean de resolución.
k) Exigir a una entidad que adopte otras medidas para cumplir el requerimiento 
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades de resolución y 
para las entidades que no sean de resolución. En particular, la autoridad de 
resolución preventiva podrá exigir a la entidad que renegocie cualquier pasivo 
admisible o instrumento de capital adicional de nivel 1 o nivel 2 emitido, para 
garantizar que las decisiones de amortización o conversión que adopte el FROB se 
apliquen con arreglo a la legislación que rija el pasivo o instrumento.
l) A los efectos de asegurar de manera continua el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades 
de resolución y para las entidades que no sean de resolución, exigir a una entidad 
que modifique su calendario de vencimientos de:
1.º los instrumentos de fondos propios, tras haber obtenido el acuerdo del 
supervisor competente, y
2.º los pasivos admisibles a los que se refiere el artículo 44 bis para entidades 
de resolución y en lo que se prevea reglamentariamente en relación con los pasivos 
admisibles para entidades que no sean entidades de resolución;
m) Cuando una entidad sea filial de una sociedad mixta de cartera, exigir a la 
sociedad mixta de cartera que constituya una sociedad financiera de cartera 
separada para controlar la entidad, si ello fuera necesario para facilitar la resolución 
de la entidad y evitar que la aplicación de los instrumentos y el ejercicio de las 
facultades de resolución tuviesen efectos adversos en la parte no financiera del 
grupo.
3. En el plazo de un mes desde la recepción de la notificación de las medidas 
alternativas impuestas por la autoridad de resolución preventiva competente en 
virtud del apartado anterior, la entidad deberá presentar un plan de implementación 
de dichas medidas.
4. A los efectos de lo previsto en este artículo, las autoridades de resolución 
competentes deberán considerar, entre otros factores, el riesgo para la estabilidad 
financiera que suponen los obstáculos identificados, así como el efecto potencial de 
las medidas alternativas propuestas sobre la actividad y estabilidad de la entidad, su 
capacidad de contribución a la economía, el mercado interior de servicios financieros 
y sobre la estabilidad financiera tanto en España como en otros Estados miembros 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49838
de la Unión Europea y en la Unión Europea en su conjunto. Para realizar dicha 
evaluación, deberán solicitar la opinión de la Autoridad Macroprudencial Consejo de 
Estabilidad Financiera sobre tales aspectos.
Asimismo, las autoridades de resolución competentes, al determinar medidas 
alternativas a las propuestas por la entidad para eliminar los obstáculos a la 
resolubilidad, deberán demostrar por qué las medidas propuestas por la entidad no 
conseguirían eliminar tales obstáculos y cómo las medidas alternativas pueden 
resultar proporcionales para eliminarlos.»
Nueve.  Se da nueva redacción al artículo 18, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 18. Obstáculos a la resolubilidad de grupos.
1. La autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de resolución 
a nivel de grupo, de conformidad con la evaluación prevista en el artículo 16, 
procurará alcanzar una decisión conjunta con el resto de autoridades de resolución 
competentes sobre las medidas oportunas para subsanar los obstáculos a la 
resolubilidad, en relación con todas las entidades de resolución y sus filiales que 
sean entidades mencionadas en el artículo 1, apartado 2, y formen parte del grupo.
A tales efectos, la autoridad de resolución preventiva, en cooperación con el 
supervisor competente en base consolidada, el FROB y la Autoridad Bancaria 
Europea, remitirá un informe a la empresa matriz y a las autoridades de resolución 
de las filiales y de las jurisdicciones en que estén establecidas sucursales 
significativas. Dicho informe analizará los obstáculos sustantivos a la aplicación 
efectiva de los instrumentos de resolución y al ejercicio de las facultades de 
resolución en relación con el grupo y también en relación con los grupos de 
resolución cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución. El 
informe también examinará el impacto en el modelo empresarial del grupo y 
recomendará cualquier medida proporcionada específica que, desde el punto de 
vista de la autoridad de resolución a nivel de grupo, sea necesaria o apropiada para 
eliminar dichos obstáculos. Cuando un obstáculo a la resolubilidad del grupo se 
deba a que una entidad del grupo se encuentra en una situación de las contempladas 
en el párrafo segundo del artículo 17.2, la autoridad de resolución preventiva 
comunicará la evaluación de dicho obstáculo a la empresa matriz en la Unión 
Europea, previa consulta a la autoridad de resolución de la entidad de resolución y 
a las autoridades de resolución de sus entidades filiales.
2. En el plazo de cuatro meses desde la recepción del informe, la empresa 
matriz del grupo podrá remitir observaciones y proponer a la autoridad de resolución 
preventiva medidas alternativas para eliminar los obstáculos identificados para su 
resolución. La autoridad de resolución preventiva comunicará tales medidas, sin 
demora, al supervisor competente en base consolidada, al FROB, a la ABE, a las 
autoridades de resolución de las filiales y a las autoridades de resolución de las 
jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas respecto de las 
cuestiones que afecten a dichas sucursales.
Cuando los obstáculos constatados en el informe se deban a que una sociedad 
del grupo se encuentra en una de las situaciones contempladas en el párrafo 
segundo del artículo 17.2, la empresa matriz en la Unión Europea, en el plazo de 
dos semanas a partir de la recepción de una notificación realizada en virtud del 
último párrafo del apartado anterior, propondrá a la autoridad de resolución 
preventiva a nivel de grupo posibles medidas y el calendario de su aplicación para 
garantizar que el grupo cumpla:
a) Los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles para 
las entidades de resolución y las entidades que no sean entidades de resolución 
expresados como porcentaje del importe total de la exposición al riesgo calculado 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49839
de conformidad con el artículo 92, apartado 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y, 
en su caso,
b) Los requisitos combinados de colchón y los requerimientos mínimos de 
fondos propios y pasivos admisibles para las entidades de resolución y las entidades 
que no sean entidades de resolución expresados como porcentaje de la medida de 
la exposición total a que se refieren los artículos 429 y 429 bis del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.
Dicho calendario tendrá en cuenta las razones que han generado el obstáculo 
sustantivo. La autoridad de resolución preventiva, tras consultar al supervisor 
competente y al FROB, evaluará si dichas medidas van a reducir o eliminar de 
forma efectiva el obstáculo sustantivo.
3. La autoridad de resolución preventiva y las autoridades de resolución de las 
filiales, previa consulta al FROB, a los supervisores competentes y a las autoridades 
de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales 
significativas, procurarán alcanzar en el colegio de autoridades de resolución una 
decisión conjunta sobre los obstáculos a la resolución, la evaluación de las medidas 
propuestas por la empresa matriz y las medidas que se exigirán para eliminar tales 
obstáculos, atendiendo a las posibles repercusiones de estas en los Estados 
miembros de la Unión Europea en los que opere el grupo.
4. La autoridad de resolución preventiva, cuando actúe como autoridad de 
resolución de una entidad filial autorizada en España cuya matriz esté situada en 
otro Estado miembro de la Unión Europea y cuya supervisión en base consolidada 
no corresponda a alguno de los supervisores competentes contemplados en el 
artículo 2.1 letra b), procurará, en cooperación con el FROB, alcanzar una decisión 
conjunta con el resto de autoridades de resolución competentes sobre las medidas 
oportunas para subsanar los obstáculos a la resolubilidad en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.»
Diez. Se da nueva redacción al artículo 19, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 19. Condiciones para la resolución.
1. Procederá la resolución de una entidad cuando concurran, simultáneamente, 
las circunstancias siguientes:
a) La entidad es inviable o es razonablemente previsible que vaya a serlo en 
un futuro próximo.
b) No existen perspectivas razonables de que medidas procedentes del sector 
privado, como, entre otras, las medidas aplicadas por los sistemas institucionales de 
protección; o acción de supervisión, como, entre otras, las medidas de actuación 
temprana; o la amortización o conversión de instrumentos de capital y de los pasivos 
admisibles pertinentes de conformidad con la Sección 2.ª del Capítulo VI, puedan 
impedir la inviabilidad de la entidad en un plazo de tiempo razonable.
c) Por razones de interés público, resulta necesario o conveniente acometer la 
resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos mencionados en el 
artículo 3, por cuanto la liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento 
concursal no permitiría razonablemente alcanzar dichos objetivos en la misma 
medida.
2. Procederá la resolución de una entidad financiera prevista en el artículo 
1.2.b) cuando las condiciones de resolución se den tanto en la entidad financiera 
como en la entidad matriz sujeta a supervisión consolidada.
3. Procederá la resolución de una sociedad prevista en el artículo 1.2.c) 
o 1.2.d) cuando dicha entidad cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1.
4. Cuando las entidades filiales de una sociedad mixta de cartera estén directa 
o indirectamente en poder de una sociedad financiera de cartera intermedia, el plan 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49840
de resolución dispondrá que la sociedad financiera de cartera intermedia se 
identifique como una entidad de resolución y toda medida de resolución a efectos de 
resolución de grupo se adoptará en relación con la sociedad financiera de cartera 
intermedia. El FROB no adoptará medidas de resolución a efectos de resolución de 
grupo en relación con la sociedad mixta de cartera.
5. Conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, aunque una sociedad de 
las previstas en el artículo 1.2.c) o 1.2.d) no cumpla las condiciones de resolución, 
el FROB le podrá aplicar una medida de resolución, cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
a) que la entidad sea una entidad de resolución;
b) que una o varias de las filiales de la entidad que sean entidades, pero no 
entidades de resolución cumplan las condiciones establecidas en el artículo 19.1;
c) que debido a la naturaleza de los activos y pasivos de las filiales a que se 
refiere la letra b), la inviabilidad de dichas filiales suponga una amenaza para el 
grupo en su conjunto y que la medida de resolución respecto de la entidad sea 
necesaria para la resolución de dichas filiales que sean entidades o para la 
resolución del grupo de resolución pertinente en su conjunto.
6. El FROB podrá adoptar una medida de resolución en relación con un 
organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de forma permanente 
que formen parte del mismo grupo de resolución, cuando dicho grupo de resolución 
se ajuste en su conjunto a las condiciones establecidas en el apartado 1 de este 
artículo.»
Once. Se introduce un nuevo artículo 19 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 19 bis. Procedimientos de insolvencia en relación con entidades y 
sociedades que no sean sometidas a un proceso de resolución.
Cuando se determine que en una entidad o sociedad de las previstas en el 
artículo 1.2.b), c) o d) se cumplen las condiciones previstas en el artículo 19.1.a) y 
b), pero que la medida de resolución no redunda en el interés público de conformidad 
con el artículo 19.1.c), esta será liquidada de forma ordenada con arreglo al 
procedimiento previsto en el Título VIII del libro primero del texto refundido de la Ley 
Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.»
Doce. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 24, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«2. El FROB publicará igualmente el acto por el que se acuerdan las medidas 
de resolución o una comunicación resumida de los efectos de estas medidas, en 
particular, sobre los clientes minoristas, y, si procede, las modalidades y la duración 
de la suspensión o restricción a que se refieren los artículos 70 a 70 quater, ambos 
inclusive.»
Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«2. Siempre que el FROB adopte medidas de resolución de las que se deriven 
la asunción de pérdidas por parte de los acreedores, de manera previa, o con 
carácter simultáneo, deberá proceder a la amortización o conversión de los 
instrumentos de capital y pasivos admisibles, en los términos previstos en esta ley.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49841
Catorce.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 36, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el FROB calculará, 
teniendo en cuenta la evaluación realizada de acuerdo con el apartado 1, la suma 
agregada de:
a) el importe por el cual deben amortizarse los pasivos susceptibles de 
recapitalización interna para garantizar que el valor activo neto de la entidad en 
resolución es igual a cero, y
b) el importe por el cual deben convertirse los pasivos susceptibles de 
recapitalización interna en acciones u otros instrumentos de capital para restablecer 
el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad objeto de resolución o de 
la entidad puente.»
«3. El cálculo previsto en el apartado anterior determinará el importe por el 
cual los pasivos susceptibles de recapitalización interna deben ser amortizados o 
convertidos para restablecer el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la 
entidad objeto de resolución o, en su caso, de la entidad puente, y para mantener la 
confianza suficiente del mercado en las mismas, así como para permitir que estas 
puedan cumplir, durante al menos un año, las condiciones para su autorización y 
proseguir las actividades para las que están autorizadas.»
Quince. Se da nueva redacción a la sección 2.ª del capítulo VI y a los artículos que 
la integran, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Sección 2.ª Amortización y conversión de instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes
Artículo 38. Amortización y conversión de instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes.
1. El FROB, previa consulta al supervisor competente, podrá realizar la 
amortización o conversión de los instrumentos de capital y pasivos admisibles 
pertinentes de una entidad:
a) Independientemente de cualquier medida de resolución, incluida la 
recapitalización interna.
b) Conjuntamente con cualquier medida de resolución, cuando se den las 
circunstancias previstas en el artículo 19.
Cuando la entidad de resolución haya adquirido instrumentos de capital y 
pasivos admisibles pertinentes indirectamente a través de otras entidades del 
mismo grupo de resolución, la facultad de amortización o conversión de dichos 
instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes se ejercerá conjuntamente 
con el ejercicio de la misma facultad a nivel de la empresa matriz de la entidad de 
que se trate o a nivel de otras empresas matrices que no sean entidades de 
resolución, de modo que se produzca una transmisión efectiva de las pérdidas y la 
entidad de que se trate sea recapitalizada por la entidad de resolución.
Una vez ejercida la facultad para amortizar o convertir los instrumentos de 
capital y los pasivos admisibles pertinentes con independencia de la medida de 
resolución, se efectuará la valoración de la diferencia en el trato prevista en el 
artículo 5.3 y su desarrollo reglamentario.
1 bis. La facultad para amortizar o convertir los pasivos admisibles 
independientemente de la medida de resolución solo podrá ejercerse en relación 
con los pasivos admisibles que cumplan las condiciones para entidades que no 
son entidades de resolución que se determinaren reglamentariamente, salvo la 
condición relativa al plazo de vencimiento residual de los pasivos, establecida en 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49842
el artículo 72 quater.1 del Reglamento (UE) N.º 575/2013. Cuando el FROB ejerza 
dicha facultad, la amortización o conversión se realizará de conformidad con el 
principio previsto en el artículo 4.1.d).
1 ter. Cuando se adopte una medida de resolución en relación con una entidad 
de resolución o, en circunstancias excepcionales, desviándose del plan de 
resolución, en relación con una entidad que no sea una entidad de resolución, el 
importe que se reduzca, amortice o convierta de conformidad con el artículo 39.1, a 
nivel de dicha entidad computará para el cumplimiento de los umbrales establecidos 
en el artículo 50.2.a) o en el artículo 50.3.a) aplicables a la entidad de que se trate.
2. El FROB, previa consulta al supervisor competente, procederá sin demora 
a la amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles a 
que se refiere el apartado 1 bis, cuando se dé alguna de las circunstancias 
siguientes:
a) Que la entidad cumpla las condiciones de resolución previstas en el 
artículo 19.
b) Que, a no ser que se ejerza esta competencia, la entidad devendrá inviable. 
Cuando se trate de filiales españolas pertenecientes a grupos consolidables, la 
apreciación de esta circunstancia deberá realizarse de forma conjunta con la 
autoridad apropiada del Estado miembro del supervisor en base consolidada de 
acuerdo con el procedimiento que se fije reglamentariamente.
c) Que la entidad necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto 
cuando esta adopte la forma prevista en el artículo 20.2.c).
d) En el caso de los instrumentos de capital emitidos por una filial española y 
si dichos instrumentos de capital se reconocen a los efectos de cumplimiento de los 
requerimientos de fondos propios en base individual y consolidada, que la autoridad 
apropiada del Estado miembro del supervisor en base consolidada y el FROB, a 
iniciativa propia o del supervisor o la autoridad de resolución preventiva competentes, 
efectúen, previo cumplimiento de los requisitos de información y consulta 
establecidos en esta Ley, la apreciación conjunta de que, a no ser que se ejerza la 
facultad de amortización o conversión en relación con dichos instrumentos, el grupo 
devendría inviable.
e) En el caso de los instrumentos de capital emitidos por una matriz española 
y si dichos instrumentos se reconocen a los efectos de cumplimiento de los 
requerimientos de fondos propios con carácter individual al nivel de la empresa 
matriz o en base consolidada, que el FROB, a iniciativa propia o del supervisor o la 
autoridad de resolución preventiva competentes, aprecie que, a no ser que se ejerza 
la facultad de amortización o conversión en relación con dichos instrumentos, el 
grupo devendría inviable.
3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que una entidad 
es inviable si se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
20 y, además, se cumple la condición prevista en el artículo 19.1.b).
En el caso de grupos de entidades, se entenderá que se cumple lo previsto en 
el artículo 20 si el grupo infringe, o existen elementos objetivos que hagan probable 
que infrinja en el futuro próximo, sus requerimientos de solvencia a nivel consolidado 
de tal manera que justifique la adopción de acciones por el supervisor competente, 
incluso en el caso de que el grupo haya incurrido en pérdidas que agoten la totalidad 
o una parte significativa de sus recursos propios.
4. Los instrumentos de capital emitidos por una filial no serán amortizados o 
convertidos en mayor grado o en términos más desfavorables, en el supuesto 
previsto en el apartado 2.d), que otros instrumentos de capital, de igual rango 
emitidos por la matriz.
5. Las autoridades supervisoras y de resolución competentes, a nivel individual 
o consolidado, cooperarán y llevarán a cabo las notificaciones oportunas para 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49843
proceder a la determinación de que se cumplen las circunstancias y condiciones 
previstas en este artículo.
6. La amortización y conversión de instrumentos de capital, y de pasivos 
admisibles a que se refiere el apartado 1 bis, habrá de estar precedida de la 
oportuna valoración, en los términos previstos en el artículo 5 y su desarrollo 
reglamentario, que servirá también de base para aplicar los coeficientes de 
amortización y conversión.
Artículo 39. Reglas sobre la amortización o conversión de los instrumentos de 
capital y pasivos admisibles pertinentes.
1. El FROB ejercerá la facultad de amortización o de conversión de los 
instrumentos de capital y de los pasivos admisibles pertinentes en los términos 
establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo, de acuerdo con la 
prelación de los créditos aplicable al procedimiento concursal, de forma que se 
produzcan los resultados siguientes:
a) En primer lugar se amortizarán los elementos del capital ordinario de nivel 1 
de forma proporcional a las pérdidas y hasta donde fuera posible, adoptándose 
alguna o ambas de las medidas previstas en el artículo 47.1.
b) Si el importe anterior no fuera suficiente para la recapitalización, se 
amortizará el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 o 
se convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, o ambas cosas, en la 
medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución o, si el 
importe es inferior, hasta donde fuera posible.
c) Si los importes anteriores no resultaran suficientes para la recapitalización, 
se amortizará el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 o se 
convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, o ambas cosas, en la 
medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución o, si el 
importe es inferior, hasta donde fuera posible.
d) Si los importes anteriores no resultaran suficientes para la recapitalización, 
se amortizará el importe principal de los pasivos admisibles contemplados en el 
artículo 38.1 bis, o se convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, o 
ambas cosas, en la medida necesaria para alcanzar los objetivos de resolución o, si 
el importe es inferior, hasta donde fuera posible.
El FROB no convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 o 
amortizará una clase de instrumentos de capital y de los pasivos admisibles 
contemplados en el artículo 38.1 bis mientras otra clase más subordinada no haya 
sido convertida en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 o amortizada en su 
totalidad.
2. Cuando se lleve a cabo la amortización o conversión del principal de los 
instrumentos de capital, o de los pasivos admisibles a que se refiere el artículo 38.1 
bis:
a) La reducción del principal será permanente, sin perjuicio del mecanismo 
para compensar a los acreedores previsto en el artículo 36.5.
b) No subsistirá ninguna obligación frente a los titulares de los instrumentos de 
capital y de los pasivos admisibles del artículo 38.1 bis, respecto al importe 
amortizado, excepto las obligaciones ya devengadas o la responsabilidad que se 
derive como resultado de un recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de 
la facultad de amortización.
c) No se pagará ninguna indemnización al titular de los instrumentos de capital 
o de los citados pasivos admisibles, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3.
3. A fin de efectuar la conversión de los instrumentos de capital y de los 
pasivos admisibles del artículo 38.1 bis con arreglo a las letras b), c) y d) del 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49844
apartado 1 de este artículo, el FROB, en las condiciones que se fijen 
reglamentariamente, podrá exigir a las entidades afectadas que emitan instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital 
adicional de nivel 1, capital de nivel 2 y los citados pasivos admisibles. A estos 
efectos, el FROB podrá exigir a dichas entidades que mantengan en todo momento 
la autorización previa que se requiera para la emisión.»
Dieciséis. Se modifica el título de la Sección 4.ª del Capítulo VI, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«Sección 4.ª Pasivos susceptibles de recapitalización interna»
Diecisiete. Se modifica el artículo 41, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 41. Pasivos susceptibles de recapitalización interna.
1. Todos los pasivos que no estén expresamente excluidos o que no se hayan 
excluido por decisión del FROB, de acuerdo con lo previsto en esta ley, serán 
susceptibles de amortización o conversión en capital para la recapitalización interna 
de la entidad afectada. Reglamentariamente se determinarán los criterios de 
admisibilidad de los pasivos, tomándose en consideración, en particular, el plazo de 
vencimiento del instrumento, su naturaleza, su nivel de prelación, las garantías con 
las que pudiera contar, y siempre que se trate de un instrumento emitido que esté 
plenamente desembolsado.
2. La autoridad de resolución preventiva, previo informe del FROB, podrá 
limitar la posesión, por parte de otras entidades, de pasivos susceptibles de 
recapitalización interna de una entidad, excepto si ambas entidades forman parte 
del mismo grupo y sin perjuicio de las normas sobre grandes exposiciones que 
resulten aplicables.»
Dieciocho. Se da nueva redacción a la letra f) del apartado 1 del artículo 42, que 
pasa a tener el siguiente tenor literal:
«f) Pasivos que tengan un plazo de vencimiento restante inferior a siete días, 
respecto de sistemas u operadores de sistemas designados de conformidad con la 
Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de 
valores, o de sus participantes, y resultantes de la participación en uno de estos 
sistemas, o respecto de entidades de contrapartida central autorizadas en la Unión 
Europea en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) n° 648/2012, y de entidades 
de contrapartida central de terceros países reconocidas por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de dicho 
Reglamento.»
Diecinueve. Se inserta una nueva letra en el apartado 1 del artículo 42, tras la letra g), 
con el siguiente tenor literal:
«h) Pasivos emitidos a entidades que formen parte del mismo grupo de 
resolución sin ser ellas mismas entidades de resolución, independientemente de 
sus vencimientos. No obstante, no quedarán excluidos estos pasivos cuando se 
clasifiquen por debajo de los pasivos no garantizados ordinarios en el orden de 
jerarquía concursal aplicable. En los casos en que se aplique esta excepción, la 
autoridad de resolución preventiva de la filial pertinente que no sea una entidad de 
resolución deberá evaluar si el importe de los elementos que cumplen con el 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para dicha filial es 
suficiente para apoyar la aplicación de la estrategia de resolución preferida conforme 
a lo previsto en el correspondiente plan de resolución.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49845
Veinte. Se modifica el apartado 1 y el apartado 3, y se inserta un nuevo apartado 1 
bis en el artículo 43, con el siguiente tenor literal:
«1. En circunstancias excepcionales, y previa comunicación a la Comisión 
Europea, el FROB, en los términos y con las condiciones previstas en esta ley y de 
acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, podrá excluir 
de la recapitalización interna, total o parcialmente, ciertos pasivos o categorías de 
pasivos susceptibles de recapitalización interna cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias:
a) No sea posible amortizar o convertir dichos pasivos dentro de un plazo 
razonable.
b) La exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada para:
1.º Garantizar la continuidad de las funciones críticas y las ramas de actividad 
principales de manera tal que se mantenga la capacidad de la entidad objeto de 
resolución de continuar las operaciones, los servicios y las transacciones 
principales, o
2.º Evitar que se origine un contagio extendido, en particular respecto de los 
depósitos admisibles en poder de personas físicas, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas, que perturbe gravemente el funcionamiento de los mercados 
financieros, incluidas sus infraestructuras, de modo tal que pueda causarse un 
trastorno grave a la economía de un Estado miembro o a la de la Unión Europea.
c) Cuando la aplicación del instrumento de recapitalización interna a dichos 
pasivos originaría una destrucción del valor tal que las pérdidas sufridas por otros 
acreedores serían más elevadas que si dichos pasivos se hubieran excluido de la 
recapitalización interna.»
«1 bis. Las autoridades de resolución valorarán atentamente si los pasivos de 
entidades que formen parte del mismo grupo de resolución sin ser ellas mismas 
entidades de resolución y que no estén excluidos de la aplicación de las facultades 
de amortización o de conversión en virtud del artículo 42.1.h) deben quedar 
excluidos total o parcialmente, en virtud de las letras a) a c) del apartado anterior, 
para garantizar la ejecución efectiva de la estrategia de resolución.»
«3. Cuando el FROB decida excluir total o parcialmente un pasivo susceptible 
de recapitalización interna o una categoría de dichos pasivos de conformidad con 
este artículo, el nivel de la amortización o conversión aplicada a otros pasivos 
susceptibles de recapitalización interna podrá aumentarse para tener en cuenta 
dichas exclusiones, siempre que el nivel de amortización y conversión aplicada a 
otros pasivos susceptibles de recapitalización interna respete el principio establecido 
en el artículo 4.1.d).»
Veintiuno. Se inserta una nueva Sección en el Capítulo VI en la que se incluyen los 
siguientes artículos:
«Sección 4.ª bis. Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
Artículo 44. Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.
1. La autoridad de resolución preventiva, previo informe del FROB y del 
supervisor competente, fijará el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles exigibles a cada entidad de acuerdo con lo previsto en esta sección y en 
su normativa de desarrollo.
Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de fijación del requerimiento 
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para cada entidad, incluido el modo 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49846
de cálculo, los pasivos que pueden ser incluidos para cumplir con el requerimiento, 
así como los plazos y periodos transitorios de cumplimiento.
Las entidades deberán cumplir en todo momento el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles en los casos requeridos.
2. Este requerimiento se calculará como el importe de fondos propios y pasivos 
admisibles, y se expresarán como porcentaje de:
a) el importe total de la exposición al riesgo de la entidad, calculado de acuerdo 
con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
b) la medida de la exposición total de la entidad, calculada de acuerdo con los 
artículos 429 y 429 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que regulan el cálculo de 
la ratio de apalancamiento.
Artículo 44 bis. Pasivos admisibles para las entidades de resolución.
1. Para ser incluidos en el importe de fondos propios y pasivos admisibles de 
las entidades de resolución, los pasivos han de cumplir los requisitos previstos en 
los siguientes artículos del Reglamento (UE) n.º 575/2013:
a) el artículo 72 bis;
b) el artículo 72 ter, a excepción del apartado 2, letra d); y
c) el artículo 72 quater.
2. No obstante, cuando se haga referencia a los requerimientos de fondos 
propios y pasivos admisibles aplicables a las EISM, contemplados en los artículos 
92 bis y 92 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se entenderá por pasivos 
admisibles aquellos definidos en su artículo 72 duodecies y determinados de 
conformidad con la parte segunda, título I, capítulo 5 bis, de dicho Reglamento.
3. Los pasivos correspondientes a instrumentos de deuda con derivados 
implícitos, como los bonos estructurados, así como los pasivos emitidos por una 
filial a aquellos accionistas que no formen parte del mismo grupo de resolución, se 
incluirán en el importe de fondos propios y pasivos admisibles sujetos a las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.
4. La autoridad de resolución preventiva, en el proceso de fijación del 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles exigible a cada 
entidad de resolución en la forma que reglamentariamente se desarrolle, determinará 
el requisito de subordinación, entendido como la proporción mínima de dicho 
requerimiento que habrá de cumplirse con fondos propios, con instrumentos 
admisibles subordinados, o con los pasivos emitidos por una filial establecida en la 
Unión a uno de sus accionistas que no forme parte del mismo grupo de resolución, 
de acuerdo con los umbrales, categorías de entidades y demás condiciones que se 
determinen reglamentariamente.
Artículo 44 ter. Criterios para la fijación del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles.
1. La autoridad de resolución preventiva, previo informe del FROB y del 
supervisor competente, fijará el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles previsto en el artículo 44 sobre la base de los siguientes criterios:
a) La necesidad de garantizar la resolución del grupo de resolución mediante 
la aplicación de los instrumentos de resolución a la entidad de resolución, incluido, 
cuando proceda, el instrumento de recapitalización interna, de forma que se 
cumplan los objetivos de resolución;
b) La necesidad de garantizar, cuando proceda, que tanto la entidad de 
resolución como sus filiales que no siendo entidades de resolución, sean entidades 
o sociedades previstas en el artículo 1.2.b), c) y d), tengan un nivel suficiente de 
fondos propios y de pasivos admisibles para garantizar que, si se les aplicase el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49847
instrumento de recapitalización interna o las facultades de amortización o de 
conversión, respectivamente, podrían absorber las pérdidas y recapitalizar las 
entidades correspondientes.
c) La necesidad de garantizar que, si el plan de resolución prevé que 
determinadas categorías de pasivos admisibles podrían quedar excluidos de la 
recapitalización interna de acuerdo con el artículo 43, o podrían ser transferidos a 
un receptor en su totalidad en virtud de una transferencia parcial, la entidad de 
resolución disponga de un nivel suficiente de fondos propios y pasivos admisibles 
para absorber las pérdidas y recapitalizarse.
d) El tamaño, modelo empresarial, modelo de financiación y perfil de riesgo de 
la entidad. En relación con el perfil de riesgo, se tendrá especialmente en cuenta la 
pertenencia de la entidad a un sistema institucional de protección de los previstos 
en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio, que haya 
constituido un fondo ex ante que garantice que el sistema institucional de protección 
tiene fondos directamente a su disposición para medidas de apoyo a la liquidez y 
solvencia, o a un sistema institucional de protección de los previstos en la disposición 
adicional 5.ª de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades de crédito.
e) En qué medida la inviabilidad de la entidad tendría un efecto adverso en la 
estabilidad financiera debido, entre otras cosas, al contagio a otras entidades o 
sociedades como consecuencia de la interconexión de la entidad con otras 
entidades o sociedades o con el resto del sistema financiero.
2. A los efectos de la letra b) y c) del apartado anterior, se entenderá por 
recapitalización el restablecimiento de la ratio de capital total o, en su caso, la ratio 
de apalancamiento de las entidades de que se trate, a un nivel necesario para 
permitirles seguir cumpliendo las condiciones de autorización y proseguir las 
actividades para las que han sido autorizadas en virtud de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, o el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre;
3. Si el plan de resolución prevé que se deben adoptar medidas de resolución 
o deben ejercerse las facultades de amortización y conversión de los instrumentos 
de capital y pasivos admisibles pertinentes conforme al artículo 38 de conformidad 
con el correspondiente escenario que pueda desencadenar la inviabilidad 
contemplado en el propio plan de resolución, el requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles a que se refiere el artículo 44 será igual a un importe 
suficiente para garantizar que:
a) Las pérdidas en que se espera que incurra la entidad sean absorbidas en 
su totalidad.
b) La entidad de resolución y sus filiales que no son entidades de resolución, 
sean recapitalizadas al nivel necesario para permitirles seguir cumpliendo las 
condiciones de autorización y proseguir las actividades a las que se refiere el 
apartado 2 durante un periodo apropiado no superior a un año.
4. Si el plan de resolución prevé que la entidad sea liquidada conforme al 
procedimiento concursal, la autoridad de resolución preventiva evaluará si está 
justificado limitar el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles 
para esta entidad de forma que no supere un importe suficiente para absorber las 
pérdidas conforme a lo previsto en la letra a) del apartado anterior.
En esta evaluación, tendrá en cuenta, en particular, cualquier posible impacto 
sobre la estabilidad financiera y sobre el riesgo de contagio al sistema financiero.
Artículo 44 quater. Exención del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.
No obstante lo dispuesto en el artículo 44 ter.1, letra b), las autoridades de 
resolución dispensarán del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49848
artículo 44.1 a las entidades de crédito hipotecario financiadas por bonos u 
obligaciones garantizados que no estén autorizadas a recibir depósitos en virtud del 
Derecho nacional, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) la liquidación de dichas entidades se efectuará en procedimientos 
nacionales de insolvencia o en otro tipo de procedimientos previstos para dichas 
entidades y aplicados de conformidad con los artículos 26, 27 o 28; y
b) los procedimientos mencionados en la letra a) garantizarán que los 
acreedores de dichas entidades, incluidos los titulares de bonos u obligaciones 
garantizados, en su caso, asuman las pérdidas de forma que se cumplan los 
objetivos de resolución.
Artículo 45. Eliminación de los obstáculos que impidan la recapitalización interna.
1. La autoridad de resolución preventiva, previo informe del FROB y el 
supervisor competente, y como consecuencia del análisis del desarrollo y 
mantenimiento del plan de resolución, podrá exigir a las entidades que mantengan 
en todo momento un importe de capital social autorizado suficiente, u otro 
instrumento de capital ordinario de nivel 1, para que, en el caso de que deban 
ejercerse las facultades de recapitalización interna respecto a dicha entidad o 
cualquiera de sus filiales, ésta pueda emitir una cantidad suficiente de nuevas 
acciones u otros instrumentos de capital con el fin de garantizar que la conversión 
de pasivo en acciones u otros instrumentos de capital se lleve a cabo de forma 
efectiva.
2. En todo caso, si el plan de resolución prevé una eventual aplicación del 
instrumento de recapitalización interna, el capital social autorizado u otro instrumento 
de capital ordinario de nivel 1 deberán ser suficientes para cubrir la suma de los 
importes a que se refiere el artículo 36.2.
En caso de que el importe máximo del capital autorizado previsto en el 
artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, resultara insuficiente, dicho 
límite podrá ser excedido a requerimiento de la autoridad de resolución preventiva 
efectuado en ejercicio de las competencias previstas en el apartado anterior. En 
ejercicio de dichas competencias, también podrá requerir que se sobrepase el plazo 
máximo fijado en el referido artículo. Tampoco resultará de aplicación el requisito de 
que las aportaciones deban ser dinerarias.
Artículo 46. Reconocimiento contractual de la recapitalización interna.
1. Las entidades deberán incluir en los contratos que celebren o en los 
instrumentos que emitan una cláusula de reconocimiento de los pasivos que con 
ellos se creen al ejercicio de la facultad de amortización y conversión del FROB así 
como de acatamiento, por el acreedor o la parte del instrumento o contrato que de 
origen a los pasivos, de cualquier reducción del importe principal o adeudado y 
cualquier conversión o cancelación, derivadas de dicho ejercicio, siempre que los 
pasivos concernidos cumplan con todas las condiciones siguientes:
a) No estén excluidos de acuerdo con el artículo 42.
b) No constituyan un depósito de los contemplados en la disposición adicional 
decimocuarta, apartado 1, letra b).
c) Estén regulados por la normativa de un Estado no perteneciente a la Unión 
Europea.
d) Se emitan o contraten después de la entrada en vigor de las normas sobre 
amortización de instrumentos de capital y recapitalización interna contenidas en 
este Capítulo.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49849
La autoridad de resolución preventiva competente podrá requerir a la entidad 
que le remita un informe jurídico sobre la ejecutividad y eficacia de las cláusulas 
previstas en este apartado.
La autoridad de resolución preventiva podrá decidir que la obligación 
establecida en el primer párrafo no se aplique a aquellas entidades respecto de 
las cuales el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles 
previsto en el artículo 44.1 sea igual al importe para absorción de pérdidas previsto 
en el artículo 44 ter.3.a), siempre que los pasivos que cumplan las condiciones 
establecidas en el párrafo pero no incluyan la cláusula requerida en el mismo, no 
se computen a efectos de dicho requerimiento.
2. La obligación prevista en el apartado anterior no se aplicará cuando la 
autoridad de resolución preventiva determine, previo informe del FROB, que los 
pasivos o instrumentos contemplados en el mismo pueden estar sujetos a las 
facultades de amortización y conversión por el FROB conforme a la legislación del 
Estado en cuestión o de un convenio o tratado celebrado con dicho Estado.
3. Cuando una entidad determinare que no es viable, por motivos jurídicos o 
de otra índole, incluir entre las disposiciones contractuales aplicables a un pasivo 
determinado la cláusula prevista en el apartado 1, dicha entidad lo notificará a la 
autoridad de resolución preventiva, incluyendo la designación de la categoría del 
pasivo y la justificación de dicha determinación. La entidad o sociedad facilitará a la 
autoridad de resolución preventiva toda la información que dicha autoridad solicite 
en un plazo razonable tras la recepción de la notificación, para que la autoridad de 
resolución preventiva evalúe el efecto de dicha notificación en la resolubilidad de 
dicha entidad o sociedad.
La obligación de incluir entre las disposiciones contractuales de un pasivo la 
cláusula prevista en el apartado 1 quedará automáticamente suspendida desde el 
momento en que la autoridad de resolución preventiva reciba una notificación con 
arreglo al párrafo anterior.
En el caso de que la autoridad de resolución preventiva concluya que sí es 
viable, por motivos jurídicos o de otra índole, incluir entre las disposiciones 
contractuales la cláusula prevista en el apartado 1, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar la resolubilidad de la entidad o sociedad, requerirá la inclusión de 
dicha cláusula contractual. Este requerimiento deberá realizarse en un plazo 
razonable desde la notificación contemplada en el primer párrafo del presente 
apartado. La autoridad de resolución preventiva podrá, además, exigir a la entidad 
que modifique sus prácticas relativas a la aplicación de la exención del 
reconocimiento contractual de la recapitalización interna.
A efectos del párrafo anterior, se entenderá por plazo razonable el que determine 
la Autoridad Bancaria Europea en la norma técnica de regulación aprobada al 
amparo del artículo 55.6 de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo.
4. La entidad no podrá considerar inviable la inclusión entre las disposiciones 
contractuales de la cláusula prevista en el apartado 1, en el caso de los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1, instrumentos de capital de nivel 2 o instrumentos de 
deuda negociables, cuando dichos instrumentos sean pasivos no garantizados.
Además, los pasivos a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior 
deberán ser preferentes en el orden de prelación respecto de los créditos ordinarios 
no preferentes que resulten de instrumentos de deuda que se contemplan en el 
apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta.
5. La autoridad de resolución preventiva evaluará, en el contexto de la 
evaluación de la resolubilidad de una entidad o sociedad, de conformidad con los 
artículos 15 y 16, o en cualquier otro momento, si dentro de una categoría de 
pasivos que incluya pasivos admisibles, el importe de los pasivos que, de 
conformidad con el párrafo primero del apartado tercero del presente artículo, no 
incluyan la cláusula contractual a que se refiere el apartado 1, junto con los pasivos 
que se excluyan de la aplicación de las facultades de recapitalización interna de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49850
conformidad con el artículo 42, o que es probable que se excluyan de conformidad 
con el artículo 43, asciende a más del 10 por ciento de dicha categoría.
En tal caso, la autoridad de resolución preventiva evaluará inmediatamente su 
impacto para la resolubilidad de la entidad, incluidas las repercusiones sobre la 
resolubilidad que resulten del riesgo de vulnerar las salvaguardias de los acreedores 
previstas en el artículo 4.1.d cuando se aplican las facultades para amortizar o 
convertir los pasivos admisibles.
En caso de concluir que constituye un obstáculo a la resolubilidad, la autoridad 
de resolución preventiva iniciará el procedimiento previsto en los artículos 17 o 18, 
según proceda, para eliminar dicho obstáculo a la resolubilidad.
6. Los pasivos para los que la entidad o sociedad no incluya entre las 
disposiciones contractuales la cláusula requerida por el apartado 1 del presente 
artículo o para los que, de conformidad con el apartado tercero, no se aplique dicho 
requisito, no se computarán a efectos del requerimiento mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles.
7. El incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 por la 
entidad no será obstáculo para el ejercicio de la facultad de amortización y 
conversión sobre un pasivo determinado.
8. La autoridad de resolución preventiva especificará, cuando lo considere 
necesario, las categorías de pasivos para los que una entidad podrá llegar a la 
conclusión de que no es viable, por motivos jurídicos o de otra índole, incluir la 
cláusula contractual a que se refiere el apartado 1.»
Veintidós. Se modifica el apartado 2.º del artículo 47.1.b), que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«2.º los pasivos susceptibles de recapitalización interna emitidos por la 
entidad.»
Veintitrés. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 48, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1. El FROB aplicará el instrumento de recapitalización interna para absorber 
pérdidas y cubrir el importe de la recapitalización determinado con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley, amortizando o reduciendo el importe de las acciones, 
instrumentos de capital, o pasivos susceptibles de recapitalización interna según la 
siguiente secuencia:
a) Los elementos del capital ordinario de nivel 1 de forma proporcional a las 
pérdidas y hasta donde fuera posible.
b) El importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 en la 
medida necesaria y hasta donde fuera posible.
c) El importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 en la medida 
necesaria y hasta donde fuera posible.
d) El importe principal de la deuda subordinada que no es capital adicional de 
nivel 1 o 2, de acuerdo con la prelación de los derechos de crédito prevista en el 
texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo.
e) El importe principal o el importe pendiente de los pasivos susceptibles de 
recapitalización interna, de acuerdo con la prelación de los derechos de crédito 
prevista en la normativa concursal aplicable.
2. Al ejercer las competencias de amortización o conversión, el FROB asignará 
las pérdidas de forma equitativa entre las acciones, otros instrumentos de capital y 
los pasivos susceptibles de recapitalización interna del mismo rango, reduciendo el 
importe principal o el importe pendiente de tales acciones, otros instrumentos de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49851
capital y pasivos susceptibles de recapitalización interna en un grado proporcional a 
su valor, excepto cuando se haga uso de la facultad prevista en el artículo 43.3.
Lo anterior no es obstáculo para que los pasivos excluidos conforme a lo 
dispuesto en esta Ley reciban un trato más favorable que los pasivos susceptibles 
de recapitalización interna del mismo rango en el procedimiento concursal.»
Veinticuatro. Se modifica el apartado 1y la letra a) del apartado 2 del artículo 50, que 
pasan a tener el siguiente tenor literal:
«1. En el supuesto contemplado en el artículo 43.4, el Fondo de Resolución 
Nacional previsto en el artículo 53.1.a) podrá hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución con la finalidad de:
a) cubrir cualquier pérdida que no haya sido absorbida por pasivos susceptibles 
de recapitalización interna y restaurar el valor neto de los activos de la entidad 
objeto de resolución igualándolo a cero, o
b) adquirir acciones u otros instrumentos de capital de la entidad objeto de 
resolución, con el fin de recapitalizarla.»
«a) que, mediante la reducción de capital, conversión o de cualquier otro 
modo, se haya realizado, por parte de los accionistas y los tenedores de otros 
instrumentos de capital y otros pasivos susceptibles de recapitalización interna, una 
contribución a la absorción de pérdidas y recapitalización interna por un importe 
equivalente, al menos, al 8 por ciento del total del pasivo, incluyendo los fondos 
propios de la entidad determinados en el momento de la resolución según la 
valoración prevista en el artículo 5, y»
Veinticinco. Se modifica la letra i) del artículo 64.1, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«i) Aplazar, suspender, eliminar o modificar determinados derechos, 
obligaciones, términos y condiciones de todas o alguna de las emisiones de 
instrumentos de deuda y de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna 
emitidos por la entidad objeto de resolución.»
Veintiséis. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 66 pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«1. La adopción de cualquier medida de actuación temprana o de resolución, 
incluidas las medidas previstas en los artículos 70, 70 bis y 70 ter, así como 
cualquier hecho que esté directamente relacionado con la aplicación de tal medida, 
no constituirá por sí misma un supuesto de incumplimiento ni permitirá por sí misma 
a ninguna contraparte declarar el vencimiento, modificación, suspensión o resolución 
anticipada de las operaciones o contratos realizados con la entidad, instar la 
ejecución de una garantía sobre cualquier bien de la entidad o la compensación de 
cualesquiera derechos u obligaciones que se deriven de la operación o del contrato, 
ni afectar de cualquier otra manera a éste, teniéndose por no puestas las cláusulas 
que así lo establezcan.»
Veintisiete. Se inserta un nuevo párrafo en el final del apartado 2 del artículo 69:
«Igualmente, el FROB informará sin demora a la entidad, al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la autoridad de supervisión 
competente, a la autoridad de resolución preventiva competente, al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y, en caso de que se trate de una 
entidad con valores cotizados o participante en alguna de las infraestructuras de 
mercado, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en caso de ejercer la 
facultad prevista en el artículo 70 ter, una vez que se haya determinado que la 
entidad es inviable o tiene probabilidad de serlo con arreglo al artículo 19.1.a).»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49852
Veintiocho. Se modifica el artículo 70 y se inserta una nueva sección 3.ª en el 
capítulo VII como sigue:
«Sección 3.ª Facultades de suspensión de contratos
Artículo 70. Facultades de suspensión de obligaciones de pago, contratos y 
garantías.
1. El FROB dispondrá de las facultades de suspensión o restricción en relación 
con obligaciones de pago o entrega, ejecución de garantías o declaración del 
vencimiento anticipado, en los términos que se desarrollan en esta sección, con 
carácter de acto administrativo, por un plazo máximo que se inicia con la publicación 
del ejercicio de estas facultades a partir de la apertura del proceso de resolución 
hasta las 24:00 horas del día hábil siguiente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 70 ter.
2. Estas facultades no serán de aplicación a:
a) los sistemas u operadores de sistemas designados en la Ley 41/1999, de 12 
de noviembre, ni los designados por otros Estados miembros a efectos de lo 
dispuesto en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de 
liquidación de valores,
b) las entidades de contrapartida central autorizadas en la Unión en virtud del 
artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y entidades de contrapartida central 
de terceros países reconocidas por la AEVM con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 de dicho Reglamento, y
c) los bancos centrales.
Artículo 70 bis. Facultades de suspensión tras la apertura del proceso de 
resolución.
1. El FROB podrá suspender cualquier obligación de pago o entrega que se 
derive de cualquier contrato celebrado por la entidad.
En caso de aplicación de las facultades previstas en el párrafo anterior o en el 
artículo 70 ter, cuando una obligación de pago o de entrega hubiera debido 
ejecutarse durante el período de suspensión, el pago o la entrega se efectuarán 
inmediatamente después de expirar dicho período.
Cuando las obligaciones de pago o entrega que se deriven de un contrato 
celebrado por la entidad se suspendan, las obligaciones de pago o entrega de las 
contrapartes de la entidad con arreglo a dicho contrato también se suspenderán por 
el mismo período de tiempo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo VI, el FROB podrá impedir o 
limitar la ejecución de garantías sobre cualquiera de los activos de la entidad.
Cuando se aplique el artículo 67, el FROB garantizará que cualquier restricción 
impuesta de conformidad con la competencia mencionada en el párrafo anterior 
aplique de forma equitativa a todas las entidades de grupo que sean objeto de una 
determinada medida de resolución.
3. El FROB podrá suspender el derecho de una parte a declarar el vencimiento 
anticipado, la resolución o la rescisión de un contrato celebrado con una entidad en 
resolución siempre que sigan ejerciéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al 
contrato, incluyendo las obligaciones de pago o entrega y la concesión de garantías.
Lo dispuesto en este apartado resultará también de aplicación a aquellos 
contratos celebrados con una filial de la entidad objeto de resolución cuando:
a) Las obligaciones creadas por dicho contrato estén garantizadas o avaladas 
por la entidad en resolución.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49853
b) Los derechos de vencimiento anticipado, resolución o rescisión de dicho 
contrato tengan como único motivo la insolvencia o la situación financiera de la 
entidad en resolución.
c) En el caso de que se haya ejercido o se pueda ejercer la potestad de 
transferir acciones u otros instrumentos de capital, activos o pasivos, cuando los 
activos y pasivos de la filial relativa al contrato se hayan transferido o puedan 
transferirse a un comprador o cuando el FROB confiera de cualquier modo 
protección a dichas obligaciones.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, una persona podrá ejercer 
el derecho de declarar el vencimiento anticipado, la resolución o la rescisión del 
contrato antes de que finalice el período de suspensión, siempre que el FROB le 
notifique previamente que los activos y pasivos cubiertos por el contrato no serán 
transmitidos a otra entidad o sometidos al instrumento de recapitalización interna.
En el caso de que se ejerza el derecho de suspensión y no se realice la 
notificación prevista en el párrafo anterior, se podrá ejercer el derecho de declarar el 
vencimiento anticipado, la resolución o la rescisión del contrato:
a) Si los activos y pasivos han sido transmitidos a otra entidad, únicamente en 
el caso de que se produzca un evento que dé lugar al vencimiento anticipado, la 
resolución o la rescisión del contrato por parte de la entidad receptora de manera 
continuada o posteriormente.
b) Si la entidad en resolución mantiene los activos y pasivos y el FROB no les 
aplica el instrumento de recapitalización interna, cuando finalice el período de 
suspensión.
5. Al ejercer las competencias a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 
del presente artículo, el FROB tendrá en cuenta los efectos que el ejercicio de 
dichas competencias pueda tener sobre el funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros.
Artículo 70 ter. Facultades de suspensión con carácter previo a la apertura de un 
proceso de resolución.
1. El FROB podrá asimismo ejercer las facultades previstas en el artículo 70 bis.1 
en relación con cualesquiera obligaciones de pago o entrega derivadas de cualquier 
contrato suscrito por una entidad o una sociedad contemplada en el artículo 1.2.b), c) 
y d), previa consulta al supervisor competente, que responderá a la mayor brevedad 
posible, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Se ha determinado que la entidad o sociedad es inviable o es 
razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo con arreglo al 
artículo 19.1.a);
b) No existe ninguna medida del sector privado inmediatamente disponible de 
las referidas en el artículo 19.1.b) que pueda impedir la inviabilidad de la entidad o 
sociedad;
c) El ejercicio de la facultad de suspensión se considera necesario para evitar 
un mayor deterioro de la situación financiera de la entidad o sociedad; y
d) El ejercicio de la facultad de suspensión es:
1.º Necesario para proceder a la determinación de la circunstancia prevista en 
el artículo 19.1.c); o
2.º Necesario para elegir las medidas de resolución adecuadas o para 
garantizar la aplicación eficaz de uno o más instrumentos de resolución.
2. El periodo de suspensión previsto en el apartado 1 será tan corto como sea 
posible y no excederá el periodo mínimo que el FROB considere necesario para los 
fines indicados en el apartado 1, letras c) y d), y, en ningún caso, tendrá una 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49854
duración mayor que el periodo transcurrido desde la publicación de una notificación 
de suspensión con arreglo al apartado 2 del artículo 69 hasta el final del día hábil 
siguiente al de su publicación.
Al terminar el periodo de suspensión a que se refiere el párrafo primero, la 
suspensión dejará de tener efecto.
3. Cuando ejerza sus facultades con arreglo al apartado 1 del presente 
artículo, el FROB tendrá en cuenta los efectos que el ejercicio de dichas facultades 
pueda tener sobre el buen funcionamiento de los mercados financieros y tomará en 
consideración la normativa concursal, los poderes de las autoridades de supervisión 
y las competencias judiciales para salvaguardar los derechos de los acreedores y el 
trato equitativo de los acreedores si la entidad fuera liquidada en el marco de un 
procedimiento concursal. El FROB tendrá en cuenta en particular la aplicación 
potencial de la liquidación a la entidad o sociedad en el marco de un procedimiento 
concursal como resultado de la determinación de interés público del artículo 19.1.c).
4. Cuando el FROB ejerza la facultad de suspender obligaciones de pago o de 
entrega con arreglo al apartado 1, durante el periodo de aplicación de dicha 
suspensión, el FROB también podrá ejercer la facultad de:
a) Restringir los acreedores garantizados de dicha entidad en relación con 
cualquiera de los activos de dicha entidad durante el mismo periodo, en cuyo caso 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 70 bis.2.
b) Suspender los derechos de rescisión de cualquier parte en un contrato con 
la entidad o sociedad en cuestión durante el mismo periodo, en cuyo caso se 
aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 70 bis.3.
5. En caso de que, tras determinar que una entidad es inviable o tiene 
probabilidad de serlo con arreglo al artículo 19.1.a), el FROB haya ejercido la 
facultad de suspender las obligaciones de pago o de entrega en las circunstancias 
previstas en los apartados 1 o 4 de este artículo, y si con posterioridad se toma una 
medida de resolución con respecto a la entidad en cuestión, el FROB no ejercerá 
sus facultades con arreglo al artículo 70 bis con respecto a la entidad.
Artículo 70 quater.  Ámbito de aplicación de las facultades de suspensión de las 
obligaciones de pago o entrega.
1. El FROB establecerá el ámbito de aplicación de la facultad a que se refieren 
los artículos 70 bis.1 y 70 ter teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 
En particular, el FROB evaluará cuidadosamente la conveniencia de extender la 
suspensión a los depósitos admisibles de conformidad con la definición del artículo 4 
del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito, especialmente a depósitos garantizados en 
poder de personas físicas y microempresas y pequeñas y medianas empresas.
2. Cuando se ejerza la facultad de suspender obligaciones de pago o de 
entrega respecto de depósitos admisibles prevista en este artículo, el FROB 
permitirá el acceso a un importe diario que este determine en cada caso. Podrá 
determinarse un único importe diario común o importes diferenciados en función de 
las categorías de depositantes con depósitos garantizados que se determinen, que 
podrán ser:
a) personas físicas;
b) fundaciones, asociaciones y comunidades de bienes;
c) entidades del Tercer Sector de Acción Social definidas de conformidad con 
el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social;
d) pequeñas y medianas empresas, definidas de conformidad con el Anexo I 
del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, que no tengan la forma 
de personas físicas;
e) otras personas jurídicas.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49855
Artículo 70 quinquies.  Reconocimiento contractual de las facultades de suspensión 
de la resolución.
1. Cuando las entidades celebren contratos financieros que estén sujetos al 
Derecho de un Estado no perteneciente a la Unión Europea, deberán incluir una 
cláusula por la que las partes reconozcan que dicho contrato puede estar sujeto al 
ejercicio de las facultades del FROB de suspender o restringir los derechos y las 
obligaciones previstas en los artículos 70, 70 bis y 70 ter, y someterse a los 
requisitos establecidos en el artículo 66.
2. Asimismo, las empresas matriz se asegurarán de que sus filiales 
establecidas en un Estado no perteneciente a la Unión Europea incluyan en los 
contratos financieros mencionados en el apartado 1 cláusulas por las que se excluya 
que el ejercicio de la facultad del FROB de suspender o restringir los derechos y las 
obligaciones de la empresa matriz, de conformidad con el apartado 1, constituya un 
motivo válido para la rescisión, suspensión, modificación, compensación, 
compensación por saldos netos o ejecución de garantías anticipada, siempre que 
dichos contratos financieros contengan obligaciones cuyo cumplimiento esté 
garantizado o asegurado por una entidad española perteneciente al grupo de 
resolución de la empresa matriz..
El requisito establecido en el párrafo primero se aplicará respecto de filiales 
establecidas en un Estado no perteneciente a la Unión Europea que sean:
a) entidades de crédito;
b) empresas de servicios de inversión (o que lo serían si tuvieren un domicilio 
social en España); o
c) entidades financieras.
3. El apartado 1 se aplicará a todo contrato financiero que:
a) Cree una nueva obligación o modifique sustancialmente una obligación 
existente después de la entrada en vigor del real decreto-ley.
b) Prevea el ejercicio de uno o más derechos de vencimiento anticipado, 
resolución o rescisión o derechos de ejecución de garantías, a los que serían de 
aplicación los artículos 66 y 70 a 70 quater, ambos inclusive, en caso de que el 
contrato financiero se rigiese por la legislación de un Estado miembro.
4. Cuando una entidad no incluya la cláusula contractual exigida de 
conformidad con el apartado 1 del presente artículo, ello no impedirá al FROB 
aplicar las facultades previstas en los artículos 66 y 70 a 70 quater, ambos inclusive, 
en relación con dicho contrato financiero.»
Veintinueve. Se modifica la letra a) del artículo 73.1, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«a) Los accionistas, socios o socias de la entidad emisora de los instrumentos 
de capital y pasivos susceptibles de recapitalización interna que representen al 
menos un 5 por ciento del capital social y, en su caso, la entidad íntegramente 
participada a través de la cual se haya instrumentado la emisión.»
Treinta. Se modifica el artículo 76.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1. La tramitación de los procedimientos sancionadores e imposición de las 
sanciones que se deriven de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponde a 
las siguientes autoridades:
a) Al FROB cuando se trate de infracciones relacionadas con sus funciones 
como autoridad de resolución ejecutiva y, en particular, de aquellas que supongan 
la vulneración de las normas previstas en los Capítulos IV a VII, excepto las que 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49856
correspondan al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
conforme lo previsto en las letras b) y c).
b) Al Banco de España cuando se trate de infracciones relacionadas con sus 
funciones como supervisor competente y como autoridad de resolución preventiva, 
en particular, de aquellas que supongan la vulneración de las normas previstas en 
los Capítulos II y III, así como de las previstas en la Sección 4.ª bis del Capítulo VI 
y los artículos 21.4, 26.7.f).3.º, 41.2 y 70 quinquies.
c) A la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de 
infracciones relacionadas con sus funciones como supervisor competente y como 
autoridad de resolución preventiva, en particular, de las que supongan la vulneración 
de las normas previstas en los Capítulos II y III, así como de las previstas en la 
Sección 4.ª bis del Capítulo VI y los artículos 21.4, 26.7.f).3.º, 41.2 y 70 quinquies.»
Treinta y uno. Se añaden dos nuevas letras q) y r) al artículo 79, con el siguiente 
tenor literal:
«q) El incumplimiento de la obligación de incluir alguna de las cláusulas a que 
hace referencia el artículo 46 o el 70 quinquies que no tenga carácter ocasional o 
aislado.
r) Incurrir en una cobertura insuficiente del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles, cuando estos se sitúen por debajo del 80 por ciento 
del mínimo fijado por la autoridad de resolución preventiva, permaneciendo en tal 
situación por un periodo de, al menos, seis meses.»
Treinta y dos. Se añaden tres nuevas letra p), q) y r) al artículo 80, con el siguiente 
contenido:
«p) Realizar alguna de las distribuciones previstas en el artículo 16 bis.1 sin 
haber realizado previamente la comunicación a la que se refiere el último párrafo de 
dicho apartado.
q) El incumplimiento de la obligación de incluir alguna de las cláusulas a que 
hace referencia el artículo 46 o el 70 quinquies, cuando tenga carácter meramente 
ocasional o aislado.
r) Incurrir en una cobertura insuficiente del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles fijado por la autoridad de resolución preventiva, 
permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses, siempre 
que ello no suponga la comisión de una infracción muy grave conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.»
Treinta y tres. Se modifica la disposición adicional novena como sigue:
«Disposición adicional novena. Entidades financieras y otro tipo de sociedades.
Esta Ley será de aplicación a las entidades y sociedades previstas en el 
artículo 1.2.b), c) y d) en la medida necesaria para hacer plenamente efectivos los 
objetivos y principios de resolución previstos en los artículos 3 y 4, y dar estricto 
cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo; y, en 
particular, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 6.6, 7, 14, 16, 
16 bis, 17.2bis, 18, 21, 24, 25, 38 a 40, 42, 45, 46, 49, 58, 63 a 65, 67, 70 a 70 
quinquies y 71, la disposición adicional quinta, la disposición adicional decimocuarta, 
apartados 2 y 3 y la disposición adicional decimoquinta, sin perjuicio de aquellos 
otros preceptos de la ley cuya literalidad comprenda o exija su aplicación a estas 
entidades y sociedades.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49857
Treinta y cuatro.  Se da una nueva redacción a la disposición adicional decimocuarta, 
con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional decimocuarta. Régimen aplicable en caso de concurso de 
una entidad.
En caso de concurso de una entidad de las previstas en el artículo 1.2 de esta ley:
1. Serán considerados créditos con privilegio general, con posterioridad en el 
orden de prelación a los créditos con privilegio general previstos en el artículo 280.5.º 
del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo:
a) los depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito y los derechos en que se haya subrogado dicho Fondo si 
hubiera hecho efectiva la garantía,
b) la parte de los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel garantizado previsto en el 
Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, y los depósitos de las personas físicas 
y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que serían depósitos 
garantizados si no estuvieran constituidos a través de sucursales situadas fuera de 
la Unión Europea de entidades establecidas en la Unión Europea.
2. Serán considerados créditos ordinarios no preferentes, posteriores en el 
orden de prelación al resto de los créditos ordinarios previstos en el artículo 269.3 
del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, aquellos que resulten de instrumentos de deuda que cumplan 
las siguientes condiciones:
a) que hayan sido emitidos o creados con plazo de vencimiento efectivo igual 
o superior a un año;
b) que no sean instrumentos financieros derivados ni tengan instrumentos 
financieros derivados implícitos; y
c) que los términos y condiciones y, en su caso, el folleto relativo a la emisión, 
incluyan una cláusula en la que se establezca que tienen una prelación concursal 
inferior frente al resto de créditos ordinarios y que, por tanto, los créditos derivados 
de estos instrumentos de deuda serán satisfechos con posterioridad a los restantes 
créditos ordinarios.
Los créditos ordinarios que reúnan las condiciones enumeradas en las letras 
anteriores tendrán una prelación superior a los créditos subordinados incluidos en el 
artículo 281 del texto refundido de la Ley Concursal y serán satisfechos con 
anterioridad a estos.
3. Los créditos subordinados incluidos en el numeral 2.º del artículo 281.1 del 
texto refundido de la Ley Concursal, tendrán la siguiente prelación:
1.º El importe principal de la deuda subordinada que no sea capital adicional 
de nivel 1 o capital nivel 2.
2.º El importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2.
3.º El importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1.
Todos los créditos derivados de los instrumentos de capital de nivel 2 y de los 
instrumentos de capital adicional de nivel 1 contemplados en los numerales 2.º y 3.º 
del párrafo anterior, con independencia de que solo estén parcialmente reconocidos 
como instrumentos de capital de nivel 2 o instrumentos de capital adicional de 
nivel 1, serán posteriores en el orden de prelación al resto de créditos incluidos en 
el artículo 281.1 del texto refundido de la Ley Concursal y serán satisfechos con 
posterioridad a estos.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49858
Artículo octavo. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
Se da nueva redacción a la disposición adicional cuarta, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional cuarta. Comercialización a minoristas de instrumentos 
financieros de deuda recogidos en el apartado a), punto 2.º del Anexo de esta 
ley que a su vez sean pasivos admisibles para la recapitalización interna de 
acuerdo con lo establecido en la sección 4.ª bis del capítulo VI de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, y de instrumentos de deuda subordinada que no tengan esa 
consideración.
1. La comercialización o colocación entre clientes o inversores minoristas de 
emisiones de instrumentos financieros de deuda recogidos en el apartado a), 
punto 2.º del Anexo de esta ley que a su vez sean pasivos susceptibles para la 
recapitalización interna para las entidades de resolución y las entidades que no son 
entidades de resolución de acuerdo con lo establecido en la sección 4.ª bis del 
capítulo VI de la Ley 11/2015, de 18 de junio; de participaciones preferentes, 
instrumentos de deuda convertibles o financiaciones subordinadas computables 
como recursos propios conforme a la normativa de solvencia de entidades de crédito 
y de instrumentos de deuda subordinada que no tengan esa consideración, exigirá 
el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 2 y 3:
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán sujetos a los 
requisitos de comercialización los pasivos admisibles a los que se refiere el primer 
párrafo de este apartado y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 72 bis, 
apartado 1 letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
2. Los requisitos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) La emisión habrá de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes 
o inversores profesionales de al menos el cincuenta por ciento del total de la misma, 
sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que 
sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 206 de esta ley.
b) El comercializador o colocador entre clientes o inversores minoristas de los 
instrumentos financieros a los que se refiere el presente apartado deberá evaluar la 
idoneidad de dichos instrumentos para el cliente conforme a lo establecido en el 
artículo 213 de esta Ley.
En caso de que la cartera de instrumentos financieros del cliente, en el momento 
en que vaya a realizar la compra, no exceda de 500.000 euros, para que el 
comercializador o colocador pueda considerar que el instrumento resulta idóneo, 
además de cumplir con el resto de los requisitos previstos en la normativa, deberá 
verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1.º Que la inversión total del cliente en los instrumentos financieros definidos 
en el primer párrafo de este artículo, incluyendo la compra objeto de análisis, no 
supera el 10 por ciento de su cartera de instrumentos financieros. A estos efectos, 
la cartera de instrumentos financieros del cliente incluirá depósitos de efectivo e 
instrumentos financieros, quedando excluidos aquellos instrumentos financieros que 
el cliente haya aportado en garantía de sus obligaciones.
2.º Que el importe inicial invertido en uno o varios de los instrumentos definidos 
en el primer párrafo de este artículo asciende al menos a 10.000 euros.
3. Los instrumentos financieros mencionados en el apartado 1 de la presente 
disposición adicional podrán también comercializarse entre inversores minoristas sin 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49859
sujeción a los requisitos previstos en la letra b) del apartado 2, siempre que, además 
de cumplirse lo establecido en la letra a) de dicho apartado 2, el valor nominal 
unitario mínimo de la emisión de dichos instrumentos sea de 100.000 euros.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resultará de aplicación en el 
ámbito de las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada regulados en el capítulo VII de esta ley ni a los instrumentos híbridos 
de capital y de deuda subordinada emitidos al objeto de canjear otros valores de 
este tipo emitidos con anterioridad al 31 de agosto de 2012.
5. Esta disposición tiene la consideración de norma de ordenación y disciplina 
del mercado de valores, constituyendo su incumplimiento una infracción muy grave 
conforme a lo previsto en el título VIII de este texto refundido.
6. La presente disposición no se aplicará a los instrumentos financieros de 
deuda emitidos antes del 28 de diciembre de 2020 y recogidos en el apartado a), 
punto 2.º del Anexo de esta ley que a su vez sean pasivos susceptibles para la 
recapitalización interna para las entidades de resolución y las entidades que no son 
entidades de resolución de acuerdo con lo establecido en la sección 4.ª bis del 
capítulo VI de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
TÍTULO IV
Transposición de los artículos 49.2 y 50 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
Artículo noveno. Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones.
Se modifica el artículo 64.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, que queda redactado como sigue:
«2. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración 
prevista en los correspondientes procedimientos de licitación. A la hora de 
determinar en el procedimiento de licitación la duración concreta de los derechos de 
uso, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la necesidad de garantizar la 
competencia, un uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico y de 
promover la innovación y las inversiones eficientes, incluso autorizando un período 
apropiado de amortización de las inversiones, las obligaciones vinculadas a los 
derechos de uso, como la cobertura mínima que se imponga, y las bandas de 
frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen.
Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración 
mínima de veinte años.
En el caso de que resulte necesario para incentivar la inversión eficiente y 
rentable en infraestructuras, los derechos de uso privativo con limitación de número 
podrán ser objeto de una prórroga, por una sola vez, por una duración mínima de 
cinco años y una duración máxima de veinte años adicionales. La duración concreta 
de la prórroga se determinará en el pliego regulador de la licitación.
Los criterios concretos para el otorgamiento de la prórroga se determinarán en 
el pliego regulador de la licitación y se basarán en alguno de los siguientes criterios 
generales:
a) El uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico de que se trate.
b) El cumplimiento de objetivos de cobertura territorial y de población.
c) El cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad.
d) El cumplimiento de objetivos de cobertura de los grandes corredores de 
transporte.
e) El cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49860
f) Las aportaciones al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones 
inalámbricas.
g) El cumplimiento de objetivos de interés general de protección de la 
seguridad de la vida humana.
h) El cumplimiento de objetivos de interés general de protección del orden 
público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
i) El cumplimiento de cualquier compromiso asumido en el procedimiento de 
licitación.
j) La necesidad de garantizar una competencia no falseada.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, antes del plazo 
de dos años a contar desde la fecha de finalización del período de vigencia inicial 
del título habilitante, realizará una evaluación objetiva de los criterios concretos para 
el otorgamiento de la prórroga determinados en el pliego regulador de la licitación. 
Los interesados dispondrán de un plazo de 3 meses para presentar alegaciones en 
el expediente de prórroga del título habilitante. Partiendo de dicha evaluación, el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, decidirá sobre el otorgamiento 
de la prórroga.
Salvo que en los correspondientes procedimientos de licitación se haya previsto 
que no pueden ser objeto de renovación, los derechos de uso privativo con limitación 
de número podrán ser renovados antes del término de su duración.»
TÍTULO V
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia del Impuesto 
sobre el Valor Añadido
Artículo décimo. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se añade un nuevo apartado tres al artículo 8, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Tres. A efectos de esta ley, se entenderá por:
1.º “Ventas a distancia intracomunitarias de bienes”: las entregas de bienes 
que hayan sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente, 
o por su cuenta, a partir de un Estado miembro distinto del de llegada de la 
expedición o del transporte con destino al cliente, cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas 
adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, o en el precepto equivalente al mismo que 
resulte aplicable en el Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte, 
o bien cualquier otra persona que no tenga la condición de empresario o profesional 
actuando como tal.
b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que 
se indican a continuación:
a’) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2.º de esta Ley.
b’) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.
Dos.2.º de esta Ley.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49861
2.º “Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros”: 
las entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el vendedor, 
directa o indirectamente, o por su cuenta, a partir de un país o territorio tercero con 
destino a un cliente situado en un Estado miembro, cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:
a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas 
adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, o en el precepto equivalente al mismo que 
resulte aplicable en el Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte, 
o bien cualquier otra persona que no tenga la condición de empresario o profesional 
actuando como tal.
b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que 
se indican a continuación:
a’) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2.º de esta Ley.
b’) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.
Dos.2.º de esta Ley.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 8 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8 bis. Entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital.
Cuando un empresario o profesional, utilizando una interfaz digital como un 
mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite:
a) La venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en 
envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, o
b) La entrega de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un 
empresario o profesional no establecido en la Comunidad a una persona que no 
tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal, se considerará 
en ambos supuestos que el empresario o profesional titular de la interfaz digital ha 
recibido y entregado por sí mismo los correspondientes bienes y que la expedición 
o el transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega por él realizada.
A efectos de lo previsto en esta ley, la determinación del valor intrínseco de los 
bienes se efectuará en los términos previstos en la legislación aduanera.»
Tres. Se modifica la letra h) del número 3.º del artículo 9, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«h) Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el 
territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de 
electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o 
de refrigeración, que se considerarían efectuadas en otro Estado miembro de la 
Comunidad con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 68.Seis de esta 
Ley.»
Cuatro. Se modifican las letras d) y g) del número 1.º del artículo 13, que quedan 
redactadas de la siguiente forma:
«d) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las ventas a 
distancia comprendidas en el artículo 68.Tres.a) de esta Ley.»
«g) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de gas 
a través de una red de gas natural situada en el territorio de la Comunidad o de 
cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de 
calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración que se 
entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto de acuerdo con el 
artículo 68.Seis de esta Ley.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49862
Cinco.  Se modifica el apartado dos del artículo 14, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Dos. La no sujeción establecida en el apartado anterior sólo se aplicará 
respecto de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, efectuadas por las 
personas indicadas, cuando el importe total de las adquisiciones de bienes 
procedentes de los demás Estados miembros, excluido el impuesto devengado en 
dichos Estados, no haya alcanzado en el año natural precedente 10.000 euros.
La no sujeción se aplicará en el año natural en curso hasta alcanzar el citado 
importe.
En la aplicación del límite a que se refiere este apartado debe considerarse que 
el importe de la contraprestación relativa a los bienes adquiridos no podrá 
fraccionarse a estos efectos.
Para el cálculo del límite indicado en este apartado se computará el importe de 
la contraprestación de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 8.Tres.1.º 
de esta Ley, cuando, por aplicación de las reglas comprendidas en el artículo 68 de 
esta Ley, se entiendan realizadas fuera del territorio de aplicación del impuesto.»
Seis. Se añade un nuevo artículo 20 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 20 bis. Exención de las entregas de bienes facilitadas a través de una 
interfaz digital.
Estarán exentas del impuesto, en el supuesto previsto en el artículo 8 bis.b) de 
esta Ley, las entregas de bienes efectuadas a favor del empresario o profesional 
que facilite la entrega a través de la interfaz digital, cuando dichas entregas se 
entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.»
Siete. Se suprime el artículo 34.
Ocho. Se añade un nuevo número 4.º al artículo 66, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«4.º Las importaciones de bienes, cuando el impuesto sobre el valor añadido 
deba declararse en virtud del régimen especial previsto en el Título IX, Capítulo XI, 
Sección 4.ª de esta Ley, o la normativa equivalente aplicable en el Estado miembro 
de llegada de la expedición o transporte del bien y se haya aportado a la Aduana el 
número de identificación individual asignado para la aplicación de dicho régimen 
especial, con arreglo a lo establecido en el artículo 163 septvicies de esta Ley, o la 
normativa aplicable en el Estado miembro de identificación, por el vendedor o por el 
intermediario que actúe por su cuenta, a más tardar en el momento de presentar la 
declaración aduanera de importación.»
Nueve. Se modifica el artículo 68, que queda redactado de la siguiente forma.
«Artículo 68. Lugar de realización de las entregas de bienes.
El lugar de realización de las entregas de bienes se determinará según las 
reglas siguientes:
Uno. Las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte, 
se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando los 
bienes se pongan a disposición del adquirente en dicho territorio.
Dos.  También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto:
1.º A) Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de 
expedición o transporte con destino al adquirente, distintas de las señaladas en los 
apartados tres y cuatro siguientes, cuando la expedición o transporte se inicien en 
el referido territorio.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49863
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de 
la expedición o del transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación 
esté situado en un país tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el 
importador y, en su caso, por sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en el 
territorio de aplicación del impuesto.
B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, 
tratándose de bienes objeto de entregas sucesivas, enviados o transportados con 
destino a otro Estado miembro directamente desde el primer proveedor al adquirente 
final de la cadena, la expedición o transporte se entenderá vinculada únicamente a 
la entrega de bienes efectuada a favor del intermediario.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a 
la entrega efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor 
un número de identificación fiscal a efectos del impuesto sobre el valor añadido 
suministrado por el Reino de España.
A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un 
empresario o profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los 
bienes directamente, o por un tercero en su nombre y por su cuenta.
Lo anterior no será de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 8 bis de 
esta Ley.
2.º Las entregas de los bienes que hayan de ser objeto de instalación o 
montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en el 
referido territorio y siempre que la instalación o montaje implique la inmovilización 
de los bienes entregados.
3.º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.
4.º Las entregas de bienes a los pasajeros que se efectúen a bordo de un 
buque, de un avión o de un tren, en el curso de la parte de un transporte realizada 
en el interior de la Comunidad, cuyo lugar de inicio se encuentre en el ámbito 
espacial del Impuesto y el lugar de llegada en otro punto de la Comunidad.
Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se 
considerará como un transporte distinto.
A los efectos de este número, se considerará como:
a) La parte de un transporte realizada en el interior de la Comunidad, la parte 
de un transporte que, sin escalas en territorios terceros, discurra entre los lugares 
de inicio y de llegada situados en la Comunidad.
b) Lugar de inicio, el primer lugar previsto para el embarque de pasajeros en 
el interior de la Comunidad, incluso después de la última escala fuera de la 
Comunidad.
c) Lugar de llegada, el último lugar previsto para el desembarque en la 
Comunidad de pasajeros embarcados también en ella, incluso antes de otra escala 
en territorios terceros.
Tres.  Se entenderán también realizadas en el territorio de aplicación del 
impuesto:
a) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes cuando dicho territorio 
sea el lugar de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente.
La regla anterior no resultará de aplicación cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:
a’) que las ventas sean efectuadas por un empresario o profesional que actúe 
como tal establecido únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la 
sede de su actividad económica o su único establecimiento o establecimientos 
permanentes en la Comunidad o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente 
o residencia habitual; y
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49864
b’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni 
se haya ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo, o 
sus equivalentes en la legislación del Estado miembro referido en la letra a’).
b) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes efectuadas por un 
empresario o profesional que actúe como tal establecido únicamente en el territorio 
de aplicación del impuesto por tener en el mismo la sede de su actividad económica, 
o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en 
su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y se cumplan 
los siguientes requisitos:
a’) cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de inicio de la 
expedición o del transporte con destino al cliente;
b’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni 
se haya ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.
c) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros 
en un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte con 
destino al cliente, cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de 
llegada de dicha expedición o transporte.
d) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros 
en el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte con destino al 
cliente cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de 
dicha expedición o transporte, siempre que se declare el impuesto sobre el valor 
añadido de dichas ventas mediante el régimen especial del Título IX, Capítulo XI, 
Sección 4.ª de esta Ley.
Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los bienes cuyas 
entregas hayan tributado conforme al régimen especial de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección en el Estado miembro de inicio de la 
expedición o transporte.
Cuatro. No se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto 
las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en dicho territorio con 
destino a otro Estado miembro de llegada de esa expedición o transporte al cliente 
final, cuando se trate de ventas a distancia intracomunitarias de bienes referidas en 
la letra b) del apartado tres anterior, cuando no se cumpla, o desde el momento que 
deje de cumplirse, la condición de la letra b’).
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las referidas entregas de bienes 
no se entenderán realizadas, en ningún caso, en el territorio de aplicación del 
impuesto cuando los bienes sean objeto de los impuestos especiales y sus 
destinatarios sean las personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no 
estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley o en 
el precepto equivalente al mismo que resulte aplicable en el Estado miembro de 
llegada de la expedición o el transporte.
Cinco.  Las entregas de bienes que sean objeto de impuestos especiales, 
efectuadas en las condiciones descritas en el apartado tres, letra a), se entenderán, 
en todo caso, realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el lugar 
de llegada de la expedición o del transporte se encuentre en el referido territorio y 
los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 14 de esta Ley.
El importe de las entregas de bienes a que se refiere este apartado no se 
computará a los efectos de determinar el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley.
Seis.  Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el 
territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de 
electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49865
de refrigeración, se entenderán efectuadas en el territorio de aplicación del impuesto 
en los supuestos que se citan a continuación:
1.º Las efectuadas a un empresario o profesional revendedor, cuando este 
tenga la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente o, 
en su defecto, su domicilio en el citado territorio, siempre que dichas entregas 
tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente o domicilio.
A estos efectos, se entenderá por empresario o profesional revendedor aquel 
cuya actividad principal respecto de las compras de gas, electricidad, calor o frío, 
consista en su reventa y el consumo propio de los mismos sea insignificante.
2.º Cualesquiera otras, cuando el adquirente efectúe el uso o consumo 
efectivos de dichos bienes en el territorio de aplicación del impuesto. A estos efectos, 
se considerará que tal uso o consumo se produce en el citado territorio cuando en 
él se encuentre el contador en el que se efectúe su medición.
Cuando el adquirente no consuma efectivamente el total o parte de dichos 
bienes, los no consumidos se considerarán usados o consumidos en el territorio de 
aplicación del impuesto cuando el adquirente tenga en este territorio la sede de su 
actividad económica o posea un establecimiento permanente o, en su defecto, su 
domicilio, siempre que las entregas hubieran tenido por destinatarios a dicha sede, 
establecimiento permanente o domicilio.»
Diez. Se modifican los números 4.º y 8.º del apartado uno del artículo 70, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«4.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de 
radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional 
actuando como tal, siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia 
o domicilio habitual en el territorio de aplicación del impuesto, en los siguientes 
casos:
a) Cuando concurran los siguientes requisitos:
a’) que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal 
establecido únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de 
su actividad económica, o su único establecimiento o establecimientos permanentes 
en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia 
habitual; y
b’) que se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley o que 
se haya ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.
b) Que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal 
distinto de los referidos en la letra a’) de la letra a) anterior.»
«8.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de 
radiodifusión y televisión, que sean efectuados por un empresario o profesional que 
actúe como tal establecido únicamente en el territorio de aplicación del impuesto por 
tener en el mismo la sede de su actividad económica, o su único establecimiento o 
establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su 
domicilio permanente o residencia habitual y se cumplan los siguientes requisitos:
a) que el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, 
siempre que este se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual 
en otro Estado miembro; y
b) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni 
se haya ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49866
Once. Se añade un nuevo Capítulo III en el Título III, y un nuevo artículo 73, que se 
incluye en ese capítulo, que quedan redactados de la siguiente forma:
«CAPÍTULO III
Límite cuantitativo aplicable a determinadas ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.»
«Artículo 73. Límite cuantitativo aplicable a las ventas a distancia intracomunitarias 
de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) y b) de esta Ley, y a las 
prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 70.Uno.4.º y 8.º de esta 
Ley.
A los efectos previstos en el artículo 68.Tres.a) y b) de esta Ley, y en el 
artículo 70.Uno.4.º y 8.º de esta Ley, el límite referido será de 10.000 euros para el 
importe total, excluido el impuesto, de dichas entregas de bienes y/o prestaciones 
de servicios realizadas en la Comunidad, durante el año natural precedente, o su 
equivalente en su moneda nacional.
Cuando las operaciones efectuadas durante el año en curso superen el límite 
indicado en el párrafo anterior, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 68.Tres.a) de esta Ley y en el artículo 70.Uno.4.º.a) de esta Ley.
Los empresarios o profesionales que realicen estas operaciones podrán optar, 
en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes con 
destino al cliente o en el que estén establecidos, tratándose de las prestaciones de 
servicios, por la tributación de las mismas como si el límite previsto en el párrafo 
primero hubiera excedido los 10.000 euros. Cuando se trate de empresarios o 
profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y 
sea dicho territorio desde el que presten los servicios o el de inicio de la expedición 
o transporte de los bienes, la opción se realizará en la forma que reglamentariamente 
se establezca y comprenderá, como mínimo, dos años naturales.
Para la aplicación del límite a que se refiere este artículo debe considerarse que 
el importe de la contraprestación de las operaciones no podrá fraccionarse a estos 
efectos.»
Doce. Se añade un nuevo apartado tres al artículo 75, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las entregas 
de bienes realizadas en los términos previstos en el artículo 8 bis de esta Ley, el 
devengo del impuesto de la entrega efectuada a favor del empresario o profesional 
que facilite la venta o la entrega, así como la efectuada por el mismo, se producirá 
con la aceptación del pago del cliente.»
Trece. Se modifica el número 4.º del apartado uno del artículo 84, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«4.º Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o 
profesionales, así como las personas jurídicas que no actúen como empresarios o 
profesionales, que sean destinatarios de entregas de gas y electricidad o las 
entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración 
que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68.Seis de esta Ley, siempre que la entrega la efectúe un 
empresario o profesional no establecido en el citado territorio y le hayan comunicado 
el número de identificación que a efectos del impuesto sobre el valor añadido tengan 
asignado por la Administración española.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49867
Catorce. Se modifica la letra c) del número 1.º del apartado uno del artículo 94, que 
queda redactada de la siguiente forma:
«c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 bis, 
21, 22, 23, 24 y 25 de esta Ley, así como las demás exportaciones definitivas de 
bienes fuera de la Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones 
a que se refiere el número 2.º de este apartado.»
Quince. Se modifican los apartados cinco y siete del artículo 119, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«Cinco.  Las solicitudes de devolución deberán referirse a períodos no 
superiores al año natural ni inferiores a tres meses.
No obstante, las solicitudes de devolución podrán referirse a un período de 
tiempo inferior a tres meses cuando dicho período constituya el saldo de un año 
natural.»
«Siete.  La Administración tributaria, en el procedimiento especifico derivado de 
la solicitud de devolución, podrá exigir a los solicitantes, a la Administración tributaria 
del Estado miembro de establecimiento o a terceros, la aportación de información 
adicional y, en su caso, ulterior, así como los justificantes necesarios para poder 
apreciar el fundamento de las solicitudes de devolución que se presenten y, en 
particular, para la correcta determinación del importe de la devolución según lo 
previsto en este artículo y en su desarrollo reglamentario.
La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto en 
este artículo, sus disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria dictada 
al efecto, con aplicación exclusiva de los trámites que están expresamente regulados 
en dicha normativa.
Si con posterioridad al abono de una devolución se pusiera de manifiesto su 
improcedencia por no cumplirse los requisitos y limitaciones establecidos por este 
artículo o por su desarrollo reglamentario, o bien por haberse obtenido aquélla en 
virtud de datos falsos, incorrectos o inexactos, la Administración tributaria procederá 
directamente a recuperar su importe junto con los intereses de demora devengados 
y la sanción que se pudiera imponer instruido el expediente que corresponda, de 
acuerdo con el procedimiento de recaudación regulado en el Capítulo V del Título III 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de las 
disposiciones sobre asistencia mutua en materia de recaudación relativas al 
impuesto.
La falta de pago por el solicitante en periodo voluntario de la cuota del impuesto, 
de una sanción o de los intereses de demora devengados, permitirá adoptar las 
medidas cautelares a que se refiere el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 119 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 119 bis.  Régimen especial de devoluciones a determinados empresarios 
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en 
la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de 
aplicación del impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán 
solicitar la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido que hayan 
soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios realizadas en 
dicho territorio, cuando concurran las condiciones y limitaciones previstas en el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49868
artículo 119 de esta Ley sin más especialidades que las que se indican a 
continuación y con arreglo al procedimiento que se establezca reglamentariamente:
1.º Los solicitantes deberán nombrar con carácter previo un representante que 
sea residente en el territorio de aplicación del impuesto que habrá de cumplir las 
obligaciones formales o de procedimiento correspondientes y que responderá 
solidariamente con aquellos en los casos de devolución improcedente. La Hacienda 
Pública podrá exigir a dicho representante caución suficiente a estos efectos.
2.º Dichos solicitantes deberán estar establecidos en un Estado en que exista 
reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el 
territorio de aplicación del impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
El reconocimiento de la existencia de la reciprocidad de trato a que se refiere el 
párrafo anterior se efectuará por resolución de la persona titular de la Dirección 
General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
3.º Por excepción a lo previsto en el número anterior, cualquier empresario y 
profesional no establecido a que se refiere este artículo, podrá obtener la devolución 
de las cuotas del impuesto soportadas respecto de las importaciones de bienes y las 
adquisiciones de bienes y servicios relativas a:
– El suministro de plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados en el 
territorio de aplicación del impuesto por el empresario o profesional no establecido, 
para su puesta a disposición a un empresario o profesional establecido en dicho 
territorio para ser utilizados en la fabricación de bienes que sean expedidos o 
transportados fuera de la Comunidad con destino al empresario o profesional no 
establecido, siempre que al término de la fabricación de los bienes sean expedidos 
con destino al empresario o profesional no establecido o destruidos.
– Los servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte, vinculados con 
la asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional 
que se celebren en el territorio de aplicación del impuesto.
Dos. La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto 
en este artículo, sus disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria 
dictada al efecto, con aplicación exclusiva de los trámites que están expresamente 
regulados en dicha normativa.»
Diecisiete. Se modifican el número 7.º del apartado uno y el apartado cinco del 
artículo 120, que quedan redactados de la siguiente forma:
«7.º Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas 
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios.»
«Cinco.  Los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a 
determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios se aplicarán 
a aquellos empresarios o profesionales que hayan presentado las declaraciones 
previstas en los artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163 septvicies de esta 
Ley.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49869
Dieciocho. Se modifica el nombre del Capítulo XI del Título IX, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«CAPÍTULO XI
Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas 
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios.»
Diecinueve. Se modifica el artículo 163 septiesdecies, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Artículo 163 septiesdecies. Definiciones y causas de exclusión.
Uno. A efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes 
definiciones:
a) “Declaraciones-liquidaciones periódicas de los regímenes especiales”: las 
declaraciones-liquidaciones en las que consta la información necesaria para 
determinar la cuantía del impuesto correspondiente en cada Estado miembro de 
consumo.
b) “Estado miembro de consumo”: el definido como tal para cada uno de los 
regímenes especiales.
c) “Estado miembro de identificación”: el definido como tal para cada uno de 
los regímenes especiales.
Dos. Serán causas de exclusión de los empresarios o profesionales acogidos 
a estos regímenes especiales cualesquiera de las siguientes circunstancias que se 
relacionan a continuación:
a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas 
en dichos regímenes especiales.
b) La existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del 
empresario o profesional incluidas en estos regímenes especiales han concluido.
c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos 
regímenes especiales.
d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa 
de estos regímenes especiales.
e) Para los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial previsto 
en la Sección 4.ª de este capítulo, que operen a través de un intermediario, también 
será causa de exclusión que dicho intermediario notifique a la Administración 
tributaria que ha dejado de representarlos.
La decisión de exclusión será competencia exclusiva del Estado miembro de 
identificación.
Tres. Serán causas de exclusión del intermediario del régimen especial 
previsto en la Sección 4.ª de este capítulo cualesquiera de las siguientes 
circunstancias:
a) La falta de actuación durante dos trimestres naturales como intermediario 
por cuenta de un empresario o profesional acogido al citado régimen especial.
b) El incumplimiento de los requisitos necesarios para actuar como 
intermediario.
c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa 
del citado régimen especial.
Cuatro. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el empresario 
o profesional, o el intermediario, podrá darse de baja voluntaria de estos regímenes 
especiales o de actuar como tal.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49870
Cinco.  Reglamentariamente se establecerán las disposiciones necesarias para 
el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este capítulo.»
Veinte. Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo XI del Título IX, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«Sección 2.ª Régimen exterior de la Unión. Régimen especial aplicable a los 
servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales actuando como tales
Artículo 163 octiesdecies. Ámbito de aplicación.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, que 
presten servicios a personas que no tengan la condición de empresario o profesional, 
actuando como tales, y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en 
ella su domicilio o residencia habitual, podrán acogerse al régimen especial previsto 
en esta sección.
El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios que, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta ley, o sus equivalentes en las legislaciones de 
otros Estados miembros, deban entenderse efectuadas en la Comunidad.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario 
o profesional que tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y 
no posea un establecimiento permanente en el territorio de la Comunidad.
b) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro por el que haya 
optado el empresario o profesional no establecido en la Comunidad para declarar el 
inicio de su actividad como tal empresario o profesional en el territorio de la 
Comunidad.
c) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro en el que se considera 
que tiene lugar la prestación de los servicios conforme a lo dispuesto en esta ley o 
sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros.
Artículo 163 noniesdecies. Obligaciones formales.
Uno.  En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de 
identificación elegido por el empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad, este quedará obligado a:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.
Uno.2.º de esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones 
comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía 
electrónica.
La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes 
datos de identificación: nombre, direcciones postales y de correo electrónico, 
direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere en su 
caso, el número mediante el que esté identificado ante la Administración fiscal del 
territorio tercero en el que tenga su sede de actividad y una declaración en la que 
manifieste que no ha situado la sede de su actividad económica en el territorio de la 
Comunidad y que no posee en él un establecimiento permanente. Igualmente, el 
empresario o profesional no establecido en la Comunidad comunicará toda posible 
modificación de la citada información.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla, la información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49871
gravadas incluirá nombre, direcciones postales y de correo electrónico y las 
direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y número 
de identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española.
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario 
o profesional no establecido en la Comunidad mediante un número individual.
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya 
asignado.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre 
el valor añadido por cada trimestre natural, independientemente de que haya 
suministrado o no servicios cubiertos por este régimen. La declaración-liquidación 
se presentará durante el mes siguiente al del período al que se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación individual 
que le haya sido notificado por la Administración tributaria conforme lo previsto en la 
letra b) anterior y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado 
el impuesto, el valor total, excluido el impuesto sobre el valor añadido que grave la 
operación, de los servicios cubiertos por este régimen durante el período al que se 
refiere la declaración, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada 
Estado miembro desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la 
suma de todas estas, que debe ser ingresado en España.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en 
moneda distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio 
válido que corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se 
realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo 
para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día 
siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las 
declaraciones-liquidaciones presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de 
tres años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación 
inicial, a través de una declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y con 
el contenido que se determine reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, 
haciendo referencia a la declaración-liquidación específica a la que corresponde. El 
importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la Administración 
tributaria, dentro del plazo de presentación de la declaración.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. 
Este registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración 
tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración 
mencionada en la letra c) anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación 
como del de consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido.
El empresario o profesional no establecido deberá conservar este registro 
durante un período de diez años desde el final del año en que se hubiera realizado 
la operación.
f) Expedir y entregar factura ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para 
presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y en relación con las 
operaciones que deban considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del 
impuesto, el ingreso del impuesto correspondiente a las mismas deberá efectuarse 
al tiempo de la presentación en el Estado miembro de identificación de la 
declaración-liquidación a que se hace referencia en el apartado anterior.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49872
Además, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad deberá 
cumplir el resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior en el Estado 
miembro de identificación y, en particular, la establecida en la letra e) de dicho 
apartado.
Artículo 163 vicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que 
se acojan a este régimen especial no podrán deducir en la declaración-liquidación a 
que se refiere el artículo 163 noniesdecies.Uno.c) de esta Ley cantidad alguna de 
las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que, 
conforme a las reglas que resulten aplicables, se destinen a la prestación de los 
servicios a los que se refiere este régimen.
No obstante lo anterior, dichos empresarios o profesionales acogidos a este 
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre 
el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios 
que se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere este régimen 
especial que deban entenderse realizadas en el Estado miembro de consumo, 
conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de consumo 
en desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE, del Consejo, de 17 de 
noviembre de 1986, en los términos que prevé el artículo 368 de la 
Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, en el caso de 
empresarios o profesionales que estén establecidos en las Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento 
previsto en el artículo 117 bis de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119. Dos.2.º de esta Ley, los empresarios 
o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen 
especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor 
añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que deban 
entenderse realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos 
bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere 
este régimen especial. El procedimiento para el ejercicio de este derecho será el 
previsto en el artículo 119 bis de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad 
de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de 
aplicación del impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo 
dispuesto en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante la 
Administración tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el 
previsto en el artículo 119 de esta Ley.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
y realicen en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere 
este régimen especial conjuntamente con otras distintas que determinen la 
obligación de registrarse y de presentar declaraciones-liquidaciones en dicho 
territorio deberán deducir las cuotas soportadas en la adquisición o importación de 
bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y sean utilizados 
en la prestación de los servicios a que se refiere este régimen especial a través de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el 
territorio de aplicación del impuesto.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49873
Veintiuno. Se modifica la Sección 3.ª del Capítulo XI del Título IX, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Sección 3.ª Régimen de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios 
prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no 
en el Estado miembro de consumo, a destinatarios que no tengan la condición de 
empresarios o profesionales actuando como tales, a las ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes realizadas en las 
condiciones previstas en el artículo 8 bis.b) de esta Ley
Artículo 163 unvicies. Ámbito de aplicación.
Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección los 
empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado 
miembro de consumo, que presten servicios que se consideren prestados en este 
último, a destinatarios que no tengan la condición de empresario o profesional 
actuando como tales, así como los que realicen ventas a distancia intracomunitarias 
de bienes o entregas interiores de bienes en las condiciones previstas en el 
artículo 8 bis.b) de esta Ley.
El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios efectuadas 
por los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen que, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros 
Estados miembros, deban entenderse efectuadas en la Comunidad, siempre que se 
presten en un Estado miembro distinto a aquel en el que el empresario o profesional 
acogido a este régimen especial tenga establecida la sede de su actividad 
económica o tenga un establecimiento permanente, así como a todas las entregas 
de bienes a las que resulte de aplicación este régimen especial que sean efectuadas 
por los empresarios o profesionales que se acojan al mismo.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en el Estado miembro de 
consumo”: todo empresario o profesional que tenga establecida la sede de su 
actividad económica en el territorio de la Comunidad o que posea en ella un 
establecimiento permanente, pero que no tenga establecida dicha sede en el 
territorio del Estado miembro de consumo ni posea en él un establecimiento 
permanente;
b) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro en el que el 
empresario o profesional tenga establecida la sede de su actividad económica. 
Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad 
económica en la Comunidad, se atenderá al único Estado miembro en el que tenga 
un establecimiento permanente o, en caso de tener establecimientos permanentes 
en varios Estados miembros, al Estado por el que opte el empresario o profesional 
de entre los Estados miembros en que disponga de un establecimiento permanente.
Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad 
económica ni tenga establecimiento permanente alguno en la Comunidad, el Estado 
miembro de identificación será aquel en el que se inicie la expedición o el transporte 
de los bienes. Si hubiera más de un Estado miembro en el que se iniciase la 
expedición o el transporte de los bienes, el empresario o profesional deberá optar 
por uno de ellos.
La opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto 
no sea revocada por el mismo. La opción por su aplicación tendrá una validez 
mínima de tres años naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción 
ejercitada.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49874
c) “Estado miembro de consumo”:
a’) En el caso de las prestaciones de servicios, el Estado miembro en el que 
se considera que tiene lugar la prestación de servicios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados 
miembros.
b’) En el caso de ventas a distancia intracomunitarias de bienes, el Estado 
miembro de llegada de la expedición o el transporte de los bienes con destino al 
cliente.
c’) En el caso de entregas de bienes por parte de un empresario o profesional 
que facilite tales entregas de conformidad con el artículo 8 bis.b) de esta Ley, 
cuando la expedición o el transporte de los bienes entregados comience y acabe en 
el mismo Estado miembro, dicho Estado miembro.
Tres. A efectos de la presente sección se considerará al Reino de España el 
“Estado miembro de identificación” en los siguientes supuestos:
a) En todo caso, para los empresarios o profesionales que tengan la sede de 
su actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto y aquellos que no 
tengan establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la 
Comunidad, pero tengan exclusivamente en el territorio de aplicación del impuesto 
uno o varios establecimientos permanentes.
b) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan la sede de 
su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que teniendo más de un 
establecimiento permanente en el territorio de aplicación del impuesto y en algún 
otro Estado miembro hayan elegido a España como Estado miembro en el que se 
acogen para la aplicación del presente régimen especial.
c) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan su sede de 
actividad ni un establecimiento permanente en la Comunidad y el inicio de la 
expedición o transporte de los bienes sea exclusivamente el territorio de aplicación 
del impuesto o, habiéndose iniciado dicha expedición o transporte en varios Estados 
miembros, hayan elegido a España como Estado miembro en el que se acogen para 
la aplicación del presente régimen especial.
Artículo 163 duovicies. Obligaciones formales.
Uno. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación el 
empresario o profesional que realice operaciones acogidas a este régimen especial 
quedará obligado a:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.
Uno.2.º de esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones 
comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía 
electrónica.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre 
el valor añadido por cada trimestre natural, independientemente de que haya 
realizado operaciones a las que se les aplique el presente régimen especial. La 
declaración-liquidación se presentará durante el mes siguiente al del período al que 
se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal 
asignado al empresario o profesional por la Administración tributaria previsto en la 
letra a) anterior y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado 
el impuesto, el valor total de las operaciones gravadas por este régimen, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido que grave la operación, durante el período al que 
se refiere la misma, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada Estado 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49875
miembro, desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma 
de todas estas, que debe ser ingresado en España.
Cuando los bienes se expidan o transporten desde Estados miembros distintos 
de España, la declaración-liquidación deberá incluir también el valor total, excluido 
el impuesto sobre el valor añadido que grave la operación, durante el período al que 
se refiere la misma, la cantidad global del impuesto correspondiente, desglosado 
por tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas estas, para 
las siguientes entregas a las que resulte aplicable este régimen, por cada Estado 
miembro desde el que se hayan expedido o transportado tales bienes:
a’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes distintas de las 
realizadas con arreglo al artículo 8 bis.b) de esta Ley o su equivalente en la 
legislación de dicho Estado miembro.
b’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las entregas de bienes 
cuando la expedición o transporte de dichos bienes comience y acabe en el mismo 
Estado miembro efectuadas por un empresario o profesional de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 8 bis.b) de esta Ley o su equivalente en la legislación de dicho 
Estado miembro.
En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra a’), la 
declaración-liquidación incluirá también el número de identificación individual a 
efectos del impuesto sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal 
asignado por cada Estado miembro desde el que se hayan expedido o transportado 
tales bienes.
En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra b’), la 
declaración-liquidación incluirá también el número de identificación individual a 
efectos del impuesto sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal 
asignado por cada Estado miembro desde el que se hayan expedido o transportado 
tales bienes, cuando se disponga del mismo.
La declaración-liquidación incluirá la información a que se hace referencia en 
esta letra c), desglosada por Estado miembro de consumo.
Cuando el empresario o profesional tenga uno o más establecimientos 
permanentes en Estados miembros distintos de España, desde los que preste los 
servicios a que se refiere este régimen especial, deberá incluir en sus 
declaraciones-liquidaciones el importe total de dichas prestaciones de servicios, por 
cada Estado miembro en que tenga un establecimiento permanente, junto con el 
número de identificación individual a efectos del impuesto sobre el valor añadido, o 
el número de identificación fiscal de dicho establecimiento permanente, y desglosado 
por Estado miembro de consumo.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en 
moneda distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio 
válido que corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se 
realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo 
para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día 
siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las 
declaraciones-liquidaciones presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de 
tres años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación 
inicial, a través de una declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y el 
contenido que se determine reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, 
haciendo referencia a la declaración específica a la que corresponde. El importe se 
ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, 
dentro del plazo de presentación de la declaración.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. 
Este registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49876
tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración 
mencionada en la letra c) anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación 
como del de consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido.
El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período 
de diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine 
reglamentariamente.
Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como 
Estado miembro de identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las 
declaraciones-liquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del impuesto 
correspondiente a todas las operaciones a que se refiere este régimen especial 
realizadas en todos los Estados miembros de consumo.
Artículo 163 tervicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
no podrán deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 
duovicies.Uno.c) de esta Ley cantidad alguna por las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a las reglas que 
resulten aplicables, se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere 
este régimen.
No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a este 
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre 
el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios 
que se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen 
especial que deban entenderse realizadas en el Estado miembro de consumo, 
conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de consumo 
en desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de 
noviembre de 1986, en los términos que prevé el artículo 368 de la 
Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, o la Directiva 2008/9/CE, del 
Consejo, de 12 de febrero de 2008, en los términos que prevé el artículo 369 
undecies de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, 
en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de 
aplicación del impuesto solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con 
excepción de las realizadas en el indicado territorio, a través del procedimiento 
previsto en el artículo 117 bis de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119.Dos.2.º de esta Ley, los empresarios 
o profesionales que se acojan a este régimen especial tendrán derecho a la 
devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en 
el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se 
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial.
Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro 
Estado miembro, el procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto 
en el artículo 119 de esta Ley.
Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el 
procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis 
de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad 
de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49877
aplicación del impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo 
dispuesto en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante la 
Administración tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el 
previsto en el artículo 119 de esta Ley.
En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los 
empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del 
impuesto podrán deducir las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas 
en la adquisición o importación de bienes y servicios utilizados en la realización de 
las operaciones acogidas al presente régimen conforme al régimen general del 
impuesto.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
y realicen en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere 
este régimen especial conjuntamente con otras distintas que determinen la 
obligación de registrarse y de presentar declaraciones-liquidaciones en dicho 
territorio deberán deducir las cuotas soportadas en la adquisición o importación de 
bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y sean utilizados 
en la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial a través 
de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el 
territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 163 quatervicies. Prestaciones de servicios realizadas en el territorio de 
aplicación del impuesto por empresarios o profesionales establecidos en el 
mismo.
El régimen especial previsto en esta sección no resultará aplicable a las 
prestaciones de servicios realizadas en el territorio de aplicación del impuesto por 
empresarios o profesionales que tengan la sede de su actividad económica o un 
establecimiento permanente en el mismo. A dichas prestaciones de servicios les 
resultará aplicable el régimen general del impuesto.»
Veintidós. Se añade una nueva Sección 4.ª al Capítulo XI del Título IX, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Sección 4.ª Régimen de importación. Régimen especial aplicable a las ventas a 
distancia de bienes importados de países o territorios terceros.
Artículo 163 quinvicies. Ámbito de aplicación.
Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en la presente sección los 
empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados 
de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 
euros, a excepción de los productos que sean objeto de impuestos especiales, 
siempre que sean:
– empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad;
– empresarios o profesionales, establecidos o no en la Comunidad, que estén 
representados por un intermediario establecido en la Comunidad. A estos efectos no 
será posible designar más de un intermediario a la vez; o
– empresarios o profesionales establecidos en un país tercero con el que la 
Unión Europea haya celebrado un acuerdo de asistencia mutua con un ámbito de 
aplicación similar al de la Directiva 2010/24/UE del Consejo y al del Reglamento 
(UE) n.º 904/2010, y que realicen ventas a distancia de bienes procedentes de ese 
país tercero.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49878
El presente régimen especial se aplicará a todas las ventas a distancia de 
bienes importados de países o territorios terceros efectuadas por el empresario o 
profesional.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario 
o profesional que tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y 
no tenga en ella un establecimiento permanente.
b) “Intermediario”: aquella persona establecida en la Comunidad a quien 
designa el empresario o profesional que realiza ventas a distancia de bienes 
importados de un país o territorio tercero y que, en nombre y por cuenta de éste, 
queda obligado al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales derivadas 
del presente régimen especial y es titular de las relaciones jurídicas-tributarias 
derivadas del mismo.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para actuar 
como intermediario de este régimen especial.
c) “Estado miembro de identificación”:
a’) Cuando el empresario o profesional no esté establecido en la Comunidad, 
el Estado miembro por el que opte.
b’) Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su 
actividad económica en la Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos 
permanentes, el Estado miembro en el que, teniendo un establecimiento 
permanente, indique que se acoge al presente régimen especial. La citada opción 
por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea 
revocada por el mismo y tendrá una validez mínima del año natural a que se refiere 
la opción ejercitada y de los dos siguientes.
c’) Cuando el empresario o profesional haya establecido la sede de su 
actividad económica en un Estado miembro o tenga exclusivamente uno o varios 
establecimientos permanentes en el mismo, dicho Estado miembro.
d’) Cuando el intermediario haya establecido la sede de su actividad económica 
en un Estado miembro, dicho Estado miembro.
e’) Cuando el intermediario no tenga establecida la sede de su actividad 
económica en la Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos 
permanentes, el Estado miembro en el que, teniendo un establecimiento 
permanente, indique que se acoge al presente régimen especial. La citada opción 
por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea 
revocada por el mismo y tendrá una validez mínima del año natural a que se refiere 
la opción ejercitada y de los dos siguientes.
d) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro de llegada de la 
expedición o transporte de los bienes con destino al cliente.
Tres. A efectos de lo previsto en la presente sección se considerará al Reino 
de España el “Estado miembro de identificación” en los siguientes supuestos:
a) En todo caso, para los empresarios o profesionales o los intermediarios que 
tengan la sede de su actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto, 
y aquellos que no tengan establecida la sede de su actividad económica en el 
territorio de la Comunidad, pero tengan exclusivamente en el territorio de aplicación 
del impuesto uno o varios establecimientos permanentes.
b) Cuando se trate de empresarios o profesionales o intermediarios que no 
tengan la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que 
teniendo más de un establecimiento permanente en el territorio de aplicación del 
impuesto y en algún otro Estado miembro hayan elegido a España como Estado 
miembro en el que se acogen para la aplicación del presente régimen especial.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49879
c) Cuando el empresario o profesional no tenga su sede de actividad ni 
disponga de establecimiento permanente alguno en el territorio de la Comunidad, 
cuando haya elegido a España como Estado miembro en el que se acoge para la 
aplicación del presente régimen especial.
Artículo 163 sexvicies. Devengo.
En las entregas de bienes acogidas a este régimen especial el devengo del 
impuesto se producirá en el momento de la entrega, que se entenderá producida 
con la aceptación del pago del cliente.
Artículo 163 septvicies. Obligaciones formales.
Uno.  En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de 
identificación, el empresario o profesional acogido al presente régimen especial, o 
el intermediario que actúe por su cuenta, quedarán obligados a:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.
Uno. 2.º de esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones 
comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía 
electrónica.
La información que debe facilitar el empresario o profesional acogido al presente 
régimen especial, que no actúe por medio de intermediario, al declarar el inicio de 
sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, 
direcciones postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios 
de internet a través de los que opere y el número de identificación a efectos del 
impuesto sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal.
La información que debe facilitar el intermediario a la Administración tributaria, 
antes de iniciar su actividad de intermediación, incluirá los siguientes datos de 
identificación: nombre, direcciones postales y de correo electrónico, direcciones 
electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y el número de 
identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido.
Además, el intermediario deberá facilitar a la Administración tributaria, en 
relación con cada empresario o profesional por cuyo nombre y cuenta actúa, antes 
del inicio de las actividades gravadas los siguientes datos de identificación: nombre, 
direcciones postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios 
de internet a través de los que opere, el número de identificación a efectos del 
impuesto sobre el valor añadido, o el número de identificación fiscal. Igualmente, 
aquel deberá facilitar el número de identificación fiscal que le haya sido asignado 
por el Estado miembro de identificación a efectos de este régimen especial.
El empresario o profesional acogido al presente régimen especial, o su eventual 
intermediario, comunicarán toda posible modificación de la citada información.
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario 
o profesional que se acoja al presente régimen especial mediante un número de 
identificación a efectos del régimen. En caso de actuar mediante intermediario, se le 
asignará a este además un número de identificación a efectos del régimen en 
relación con cada empresario o profesional que lo haya designado como tal.
Estos números de identificación serán de uso exclusivo a efectos de este 
régimen especial y deberán aportarse para la aplicación de la exención prevista en 
el artículo 66.4.º de esta Ley.
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o 
profesional acogido al presente régimen especial o, en su caso, al intermediario, los 
números de identificación que se le hayan asignado.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre 
el valor añadido por cada mes natural, independientemente de que se hayan 
realizado o no operaciones a las que se aplique este régimen especial. La 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49880
declaración-liquidación se presentará durante el mes siguiente al del período al que 
se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal que 
le haya sido asignado por la Administración tributaria a efectos del presente régimen 
especial y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado el 
impuesto, el valor total de las operaciones gravadas por este régimen, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido que grave la operación, durante el período al que 
se refiere la misma, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada Estado 
miembro, desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma 
de todas estas, que debe ser ingresado en España.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en 
moneda distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio 
válido que corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se 
realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo 
para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día 
siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las 
declaraciones-liquidaciones presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de 
tres años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación 
inicial, a través de una declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y con 
el contenido que se determine reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, 
haciendo referencia a la declaración-liquidación específica a la que corresponde. El 
importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la Administración 
tributaria, dentro del plazo de presentación de la declaración-liquidación.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. 
Este registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración 
tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la 
declaración-liquidación mencionada en la letra c) anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación 
como del de consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido.
El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período 
de diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine 
reglamentariamente.
Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como 
Estado miembro de identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las 
declaraciones-liquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del impuesto 
correspondiente a todas las operaciones a que se refiere este régimen especial 
realizadas en todos los Estados miembros de consumo.
Artículo 163 octovicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
no podrán deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 
septvicies.Uno.c) de esta Ley cantidad alguna por las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a las reglas que 
resulten aplicables, se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere 
este régimen.
No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales acogidos a este régimen 
especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor 
añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49881
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial 
que deban entenderse realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al 
procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de consumo en 
desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de 
noviembre de 1986, o de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero 
de 2008, ambas en los términos que prevé el artículo 369 quatervicies de la 
Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, en el caso de 
empresarios o profesionales que estén establecidos en las Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla, solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento 
previsto en el artículo 117 bis de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119.,Dos.2.º de esta Ley, los empresarios 
o profesionales que se acojan a este régimen especial tendrán derecho a la 
devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en 
el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se 
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial.
Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro 
Estado miembro, el procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto 
en el artículo 119 de esta Ley.
Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el 
procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis 
de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad 
de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de 
aplicación del impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo 
dispuesto en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante la 
Administración Tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el 
previsto en el artículo 119 de esta Ley.
En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los 
empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del 
impuesto podrán deducir las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas 
en la adquisición o importación de bienes y servicios utilizados en la realización de 
las operaciones acogidas al presente régimen conforme al régimen general del 
impuesto.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
y realicen en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere 
este régimen especial conjuntamente con otras distintas que determinen la 
obligación de registrarse y de presentar declaraciones-liquidaciones en dicho 
territorio, deberán deducir las cuotas soportadas en la adquisición o importación de 
bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y sean utilizados 
en la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial a través 
de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el 
territorio de aplicación del impuesto.»
Veintitrés.  Se añade un nuevo artículo 166 bis en el Título X, que queda redactado de 
la siguiente forma:
«Artículo 166 bis. Registro de operaciones.
Uno. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una 
interfaz digital como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49882
similares, facilite la entrega de bienes o la prestación de servicios a personas que 
no sean empresarios o profesionales, actuando como tales, y no tenga la condición 
de sujeto pasivo respecto de dichas entregas de bienes o prestaciones de servicios, 
tendrá la obligación de llevar un registro de dichas operaciones.
Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 quater.2 del Reglamento 
(UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, y deberá estar por vía electrónica, previa 
solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados.
El registro se mantendrá por un período de diez años a partir del final del año en 
que se haya realizado la operación.
Dos. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una 
interfaz digital como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios 
similares, facilite la entrega de bienes en los términos del artículo 8 bis de esta Ley 
o cuando participe en una prestación de servicios por vía electrónica para la cual se 
considere que actúa en nombre propio de conformidad con el artículo 9 bis del 
mencionado Reglamento (UE) n.º 282/2011, tendrá la obligación de llevar los 
siguientes registros:
a) Los registros establecidos en el artículo 63 quater del citado Reglamento 
(UE) n.º 282/2011 cuando dicho empresario o profesional se encuentre acogido a 
los regímenes especiales previstos en el Capítulo XI del Título IX de esta Ley.
b) Los registros establecidos en el artículo 164.Uno.4.º de esta Ley cuando no 
se encuentre acogido a los regímenes especiales previstos en el Capítulo XI del 
Título IX de esta Ley».
Veinticuatro. Se modifica el apartado dos del artículo 167, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Dos. En las importaciones de bienes el impuesto se liquidará en la forma 
prevista por la legislación aduanera para los derechos arancelarios o, en su caso, 
por el artículo 167 bis de esta Ley.
La recaudación e ingreso de las cuotas del impuesto a la importación se 
efectuará en la forma que se determine reglamentariamente, donde se podrán 
establecer los requisitos exigibles a los sujetos pasivos, para que puedan incluir 
dichas cuotas en la declaración-liquidación correspondiente al período en que 
reciban el documento en el que conste la liquidación practicada por la 
Administración.»
Veinticinco.  Se modifica el artículo 167 bis, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«Artículo 167 bis. Modalidad especial para la declaración y el pago del impuesto 
sobre el valor añadido sobre las importaciones.
Uno. Cuando los empresarios o profesionales que realicen las operaciones a 
que se refiere el Título IX, Capítulo XI, Sección 4.ª de esta Ley, no opten por la 
aplicación del régimen especial previsto en esa sección, la persona que presente los 
bienes en la Aduana por cuenta del importador en el territorio de aplicación del 
impuesto podrá optar por una modalidad especial para la declaración y el pago del 
impuesto sobre el valor añadido correspondiente a la importación de los bienes en 
que concurran los siguientes requisitos:
a) que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros;
b) que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales; y
c) que el destino final de la expedición o transporte de los bienes sea el 
territorio de aplicación del impuesto.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49883
Dos. En el supuesto de que se opte por la modalidad especial de declaración 
y pago, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) El destinatario de los bienes importados estará obligado al pago del 
impuesto sobre el valor añadido.
b) La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana 
recaudará el impuesto sobre el valor añadido que recaiga sobre su importación del 
destinatario de los bienes importados y efectuará el pago del impuesto sobre el valor 
añadido recaudado.
A estos efectos, no será necesaria autorización expresa por parte del destinatario 
de los bienes importados para la utilización de la citada modalidad especial de 
declaración y pago.
Tres.  No obstante lo dispuesto en el artículo 91 de esta Ley, será de aplicación 
el tipo impositivo general del impuesto a las importaciones de bienes que se 
declaren utilizando la modalidad especial de declaración y pago prevista en este 
artículo.
La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana deberá 
tomar las medidas necesarias para garantizar que el destinatario de los bienes 
importados pague el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a la 
importación.
Cuatro. Los empresarios o profesionales que utilicen la modalidad especial de 
declaración y pago, deberán presentar por vía electrónica una declaración mensual 
con el importe total del impuesto sobre el valor añadido recaudado correspondiente 
a las importaciones realizadas durante dicho mes natural al amparo de las mismas.
A estos efectos, se presumirá que el impuesto sobre el valor añadido 
correspondiente a los bienes importados ha sido recaudado, salvo en los supuestos 
de reexpedición, destrucción o abandono.
El importe del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a cada 
declaración mensual se podrá pagar hasta el día 16 del segundo mes siguiente al 
mes de importación.
Cinco Los empresarios o profesionales deberán llevar un registro de las 
operaciones incluidas en la declaración presentada con arreglo a la modalidad 
especial de declaración y pago durante el plazo de 4 años en las condiciones que 
se establezcan reglamentariamente.»
Veintiséis. Se añade un nuevo artículo 167 ter, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«Artículo 167 ter. Liquidación provisional.
Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que 
proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, incluso en los supuestos a los que se refiere en el 
artículo siguiente.»
Veintisiete. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada de la 
siguiente forma, pasando la actual disposición final segunda a numerarse como tercera:
«Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno, y a la persona titular del Ministerio de Hacienda en el 
ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49884
TÍTULO VI
Transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios
Artículo undécimo. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal.
Se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, en los siguientes términos.
Uno. El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23. Disposiciones aplicables a las empresas usuarias.
1. Las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España 
podrán celebrar contratos de puesta a disposición con las empresas de trabajo 
temporal a que se refiere el artículo 22 cuando estas, de conformidad con la 
legislación de su Estado de establecimiento, estén válidamente constituidas y 
reúnan los requisitos para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter 
temporal, personas trabajadoras por ellas contratadas.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la relación entre la persona 
trabajadora desplazada a España y la empresa usuaria se ajustará a lo establecido 
en el capítulo IV de la presente Ley.
2. Las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España 
que envíen temporalmente a las personas trabajadoras que le sean cedidas por las 
empresas de trabajo temporal españolas o por las referidas en el artículo 22 a otro 
Estado miembro de la Unión Europea u otro Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo para realizar un trabajo en el marco de una prestación 
de servicios transnacional, deberán indicar en el contrato de puesta a disposición 
las fechas estimadas de inicio y finalización del envío, ya sea en el momento de su 
firma o a través de una adenda al mismo en caso de necesidad sobrevenida de 
efectuar el envío, así como informar sobre el inicio del envío a la empresa de trabajo 
temporal con tiempo suficiente antes del mismo para que la empresa de trabajo 
temporal pueda comunicar el desplazamiento al otro Estado al que es enviada la 
persona trabajadora, dentro del plazo que ese otro Estado prevé a tal efecto.
3. En los desplazamientos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 45/1999, 
de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, las empresas usuarias establecidas en otros 
Estados de la Unión Europea o signatarias del Acuerdo del Espacio Económico 
Europeo que envíen temporalmente a las personas trabajadoras que le sean 
cedidas por las empresas de trabajo temporal a España para realizar un trabajo en 
el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán informar a la 
empresa de trabajo temporal sobre el inicio del envío con tiempo suficiente para que 
dicha empresa pueda comunicar el desplazamiento a las autoridades españolas.
Dichas empresas usuarias serán también responsables ante las autoridades 
españolas del incumplimiento de dicha obligación una vez que se haya producido el 
desplazamiento.
Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 3.7 de la Ley 45/1999, 
de 29 de noviembre.»
Dos. El apartado 2 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
«2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las relaciones 
laborales en la empresa de trabajo temporal se regirán por lo dispuesto en el 
capítulo III de la presente Ley. En todo caso, las empresas de trabajo temporal 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49885
españolas deberán garantizar a sus personas trabajadoras las condiciones de 
trabajo previstas en el país de desplazamiento por las normas nacionales de 
transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios, quedando sujetas a lo dispuesto en la disposición 
adicional primera de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento 
de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas de trabajo 
temporal cuyas personas trabajadoras sean enviadas temporalmente por las 
empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España o en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo a otro de tales Estados para realizar un trabajo en 
el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán garantizar a sus 
personas trabajadoras las condiciones de trabajo previstas en este último Estado 
por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios y cumplir con las obligaciones 
previstas en dicho Estado para las empresas que desplacen temporalmente a sus 
personas trabajadoras en el marco de una prestación de servicios transnacional.
Las obligaciones de las empresas de trabajo temporal de acuerdo con el párrafo 
anterior deben entenderse sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan 
a las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España de 
acuerdo con la legislación española, o a las empresas usuarias establecidas o que 
ejerzan su actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea o en Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de acuerdo con lo 
previsto en las normas nacionales de transposición de la Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal y la Directiva del Consejo de 25 de junio 
de 1991 por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de 
duración determinada o de empresas de trabajo temporal (91/383/CEE).»
Artículo duodécimo.  Modificación de Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional.
Se modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los siguientes 
términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«2. A efectos de las definiciones del apartado anterior, se entiende incluida la 
persona trabajadora de una empresa de trabajo temporal puesta a disposición de 
una empresa usuaria establecida o que ejerce su actividad en el mismo Estado que 
la empresa de trabajo temporal o en otro Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que es enviada 
temporalmente por ésta a España para realizar un trabajo en el marco de una 
prestación de servicios transnacional en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Por cuenta y bajo la dirección de la empresa usuaria en ejecución de un 
contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación de servicios, que 
esté establecido o que ejerza su actividad en España.
b) En un centro de trabajo en España de la propia empresa usuaria o de otra 
empresa del grupo del que forme parte, de acuerdo con el concepto de grupo de 
empresas previsto en el apartado anterior.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49886
En estos supuestos, se entenderá que es la empresa de trabajo temporal la que 
desplaza temporalmente a sus personas trabajadoras a España, debiendo cumplir 
las obligaciones que la presente Ley establece para las empresas que desplacen 
temporalmente a sus personas trabajadoras en el marco de una prestación de 
servicios transnacional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.7.
En caso de que, pese a la apariencia formal de desplazamiento según este 
apartado, la persona trabajadora, mientras presta sus servicios en España, quede 
sometida al poder de dirección de la empresa establecida o que ejerza su actividad 
en España, será de aplicación el régimen jurídico relativo al desplazamiento previsto 
en el apartado 1.1.º.c), sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades 
oportunas en caso de constituir cesión ilegal de personas trabajadoras.»
Dos. Se añaden tres nuevas letras i), j) y k) en el apartado 1 del artículo 3, con la 
siguiente redacción:
«i) las condiciones de cesión de personas trabajadoras incluidas las previstas 
en los apartados 2 y 7.
j) Las condiciones de alojamiento de las personas trabajadoras, cuando el 
empleador se lo proporcione a personas trabajadoras que se encuentren fuera de 
su lugar de trabajo habitual.
k) Las dietas o los reembolsos para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención en que incurran las personas trabajadoras desplazadas a España 
cuando, durante su estancia, deban viajar a y desde su lugar habitual de trabajo 
situado en España a otro lugar fuera de su residencia temporal en España por 
motivos profesionales o cuando su persona empleadora los envíe temporalmente 
desde dicho lugar habitual de trabajo a otro lugar de trabajo en España o en el 
extranjero.»
Tres. Se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 3, con la siguiente 
redacción:
«7. En los desplazamientos a que se refiere el artículo 2.2, las empresas de 
trabajo temporal y las empresas usuarias deberán garantizar a las personas 
trabajadoras desplazadas las condiciones de trabajo a que se refiere el apartado 1 
de este artículo y, en particular, el artículo 28.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de la aplicación de condiciones 
de trabajo más favorables previstas en el apartado 5 o en la legislación laboral del 
Estado de establecimiento o en el que ejerce su actividad la empresa usuaria que 
envía a la persona trabajadora temporalmente a España.
8. Cuando la duración efectiva de un desplazamiento sea superior a doce 
meses, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, 
además de garantizar a sus personas trabajadoras desplazadas, cualquiera que sea 
la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo a que se 
refiere el apartado 1 previstas por la legislación laboral española, deberán garantizar 
a estas, el resto de condiciones de trabajo previstas por esta, con excepción de las 
siguientes materias:
a) los procedimientos, formalidades y condiciones de celebración y de 
extinción del contrato de trabajo, con inclusión de las cláusulas de no competencia;
b) los regímenes complementarios de jubilación.
No obstante, cuando la empresa prestadora de servicios estime que la duración 
efectiva del desplazamiento va a ser superior a doce meses, podrá dirigir a la 
autoridad laboral a que se refiere el artículo 5, antes del transcurso del indicado 
plazo, una notificación motivada, que ampliará hasta un máximo de dieciocho meses 
la aplicación de las condiciones de trabajo previstas en la legislación laboral 
española según el apartado 1.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49887
El cómputo de la duración efectiva del desplazamiento no se interrumpirá por el 
disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y en caso de otras interrupciones 
breves tales como otros descansos o los permisos retribuidos previstos en la 
legislación laboral española en los términos del apartado 4 de ser aplicable esta o 
los fundados en las mismas causas en caso de ser otra la legislación aplicable por 
ser más favorable.
Cuando una empresa incluida en el ámbito de aplicación de la presente Ley 
sustituya a una persona trabajadora desplazada por otra persona trabajadora 
desplazada que realice el mismo trabajo en el mismo lugar, la duración del 
desplazamiento será, a efectos del presente apartado, la duración acumulada de los 
períodos de desplazamiento de cada una de las personas trabajadoras desplazadas 
de que se trate.
El concepto de “mismo trabajo en el mismo lugar” contemplado en el párrafo 
anterior del presente apartado se determinará teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la naturaleza del servicio objeto de la prestación de servicios transnacional 
de que se preste, el trabajo que se realice y la dirección o direcciones del lugar de 
trabajo.»
Cuatro. Se añade un nuevo párrafo segundo en el apartado 3 del artículo 4, con el 
siguiente contenido:
«En caso de que ni el contrato de trabajo ni las disposiciones aplicables a la 
relación laboral indiquen si los elementos del complemento específico por 
desplazamiento se abonan en concepto de reembolso de gastos efectivamente 
realizados a causa del desplazamiento o como parte de la remuneración ni, en su 
caso, cuáles son esos elementos, se considerará que la totalidad del complemento 
se abona en concepto de reembolso de gastos.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 5, con la siguiente redacción:
«7. En el supuesto previsto en el artículo 2.2, la empresa de trabajo temporal 
deberá comunicar el desplazamiento en los términos establecidos en los apartados 
anteriores. La comunicación deberá incluir, además de lo dispuesto en el apartado 2, 
lo siguiente:
a) La identificación de la empresa usuaria extranjera que envía a la persona 
trabajadora a España.
b) La determinación de la prestación de servicios que las personas 
trabajadoras desplazadas van a desarrollar en España con indicación del supuesto 
que corresponda de los previstos en el artículo 2.2, en lugar de lo dispuesto en el 
apartado 2.f) de este artículo.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 8 bis, con la siguiente redacción:
«6. Cuando, tras una evaluación global realizada de conformidad con este 
artículo, se compruebe que una empresa está creando, de manera indebida o 
fraudulenta, la impresión de que la situación de una persona trabajadora entra en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley, la persona trabajadora tendrá derecho a la 
aplicación de la legislación española de trabajo y seguridad social, sin perjuicio de 
las responsabilidades de cualquier orden que puedan exigirse a la empresa.
Lo anterior no podrá dar lugar a que la persona trabajadora de que se trate se 
vea sometida a condiciones menos favorables que las aplicables a las personas 
trabajadoras desplazados.»
Siete. El apartado 2 del artículo 9 pasa a tener la siguiente redacción:
«2. La cooperación y asistencia consistirán, en particular, en formular y en 
responder a peticiones justificadas de información respecto al desplazamiento de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49888
personas trabajadoras en el marco de prestaciones de servicios transnacionales, 
incluidos los casos de abuso manifiesto y de actividades transnacionales 
presuntamente ilegales, como los casos transnacionales de trabajo no declarado y 
de trabajo autónomo ficticio relacionados con el desplazamiento de personas 
trabajadoras.
En el caso de que la autoridad receptora competente y la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social reciban una solicitud de información sobre desplazamientos de 
personas trabajadoras por empresas establecidas en España por parte de la 
autoridad o el organismo competente del Estado miembro a cuyo territorio se ha 
desplazado la persona trabajadora para ejecutar su trabajo y no posea la misma, 
deberá recabarla de otras autoridades u organismos.
La autoridad laboral, sin perjuicio de las funciones que le correspondan según la 
legislación española, pondrá en conocimiento de los órganos competentes de las 
Administraciones públicas de otros Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo las 
infracciones administrativas cometidas en España por las empresas establecidas en 
tales Estados con ocasión del desplazamiento de sus personas trabajadoras en el 
marco de una prestación de servicios transnacional.»
Ocho. La disposición adicional novena pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Actualización de la información.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social deberá mantener actualizada la 
página web de desplazamiento transnacional de personas trabajadoras contenida 
en el sitio web del Ministerio Trabajo y Economía Social, así como la información 
proporcionada en la ficha de país en el sitio web de la Comisión Europea».
Artículo decimotercero. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en los siguientes 
términos.
Uno. Se añade un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 3 en los siguientes 
términos:
«Los desplazamientos temporales de personas trabajadoras por las empresas 
establecidas en España al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, no podrán dar lugar a que se sancionen las 
acciones u omisiones de los sujetos responsables que hayan sido ya sancionadas 
penal o administrativamente en el país de desplazamiento en los casos en que se 
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.»
Dos. El párrafo a) del artículo 10.2 queda redactado del siguiente modo:
«a) La presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad 
a su inicio o sin designar ya sea al representante de la empresa que sirva de enlace 
con las autoridades competentes españolas y para envío y recepción de documentos 
o notificaciones, ya sea a una persona que pueda actuar en España en 
representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de 
información y consulta de las personas trabajadoras, y negociación, que afecten a 
las personas trabajadoras desplazadas a España, así como dar cuenta a las 
autoridades competentes de los motivos de la ampliación del desplazamiento 
alegando hechos y circunstancias que se demuestre que son falsos o inexactos.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49889
Tres. Se renumera la Sección 5.ª del Capítulo II que pasa a ser la Sección 6.ª, y se 
renumera el actual artículo 19 bis, que pasa a ser el artículo 19 quinquies.
Cuatro. Se añade una nueva Sección 5.ª en el Capítulo II con la siguiente redacción:
«Sección 5.ª Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en 
otros Estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, así como de las empresas usuarias
Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en 
otros estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
1. Constituyen infracciones graves de las empresas de trabajo temporal:
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los 
previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
2. Constituyen infracciones muy graves de las empresas de trabajo temporal:
a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar válidamente 
constituidas como empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de 
establecimiento o sin reunir los requisitos exigidos por la citada legislación para 
poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, personas 
trabajadoras por ella contratadas.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de 
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud 
se determinen reglamentariamente.
c) Ceder personas trabajadoras con contrato temporal a otra empresa de 
trabajo temporal o a otras empresas para su posterior cesión a terceros.
Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias establecidas o que ejerzan 
su actividad en España.
1. Constituye infracción leve no facilitar a la empresa de trabajo temporal los 
datos relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo aplicable 
para el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato 
de puesta a disposición.
2. Infracciones graves:
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los 
previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, o para la cobertura de 
puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la 
preceptiva evaluación de riesgos.
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por las personas 
trabajadoras puestas a su disposición de los derechos establecidos en el artículo 17 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
d) La falta de información a la persona trabajadora temporal en los términos 
previstos en el artículo 16.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos 
o funciones que, en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización 
por despido improcedente, despido colectivo o por causas objetivas, o para la 
cobertura de puestos que en los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya 
cubiertos por más de trece meses y medio, de forma continua o discontinua, por 
personas trabajadoras puestas a disposición por empresas de trabajo temporal, 
entendiéndose en ambos casos cometida una infracción por cada persona 
trabajadora afectado.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49890
f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de las personas trabajadoras 
puestas a disposición sin tener constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación 
específica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de 
trabajo a desempeñar.
g) La ausencia de información de la empresa usuaria a la empresa de trabajo 
temporal con la antelación suficiente sobre el inicio de un envío temporal de una 
persona trabajadora desplazada a otro Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Acuerdo del Espacio Económico Europeo en los términos previstos 
legalmente.
3. Infracciones muy graves:
a) Los actos de la empresa lesivos del derecho de huelga, consistentes en la 
sustitución de personas trabajadoras en huelga por otros puestos a su disposición 
por una empresa de trabajo temporal.
b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de 
aquellas actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o 
la salud se determinen reglamentariamente, entendiéndose cometida una infracción 
por cada contrato en tales circunstancias.
c) Formalizar contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo 
temporal que no estén válidamente constituidas como tales según la legislación del 
Estado de establecimiento o que no reúnan los requisitos exigidos por la citada 
legislación para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, 
personas trabajadoras por ellas contratadas.»
Artículo 19 quater. Infracciones de las empresas usuarias establecidas en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.
Constituye infracción grave la ausencia de información de la empresa usuaria a 
la empresa de trabajo temporal establecida en otro Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre el 
inicio del envío temporal de una persona trabajadora desplazada a España, con la 
antelación suficiente para que dicha empresa pueda comunicar el desplazamiento a 
las autoridades españolas.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 41 en los siguientes términos:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores la reincidencia de 
las empresas de trabajo temporal establecidas en otros Estados miembros de la 
Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo en la comisión de infracciones tipificadas como muy graves en el artículo 19 
bis.2 de la presente Ley podrá dar lugar a la prohibición durante un año de la puesta 
a disposición de personas trabajadoras a empresas usuarias establecidas o que 
ejerzan su actividad en España o, si dicha sanción se impone en dos ocasiones, por 
tiempo indefinido.
Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la propuesta de prohibición 
a que se refiere el párrafo anterior será competente para resolver la persona titular 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social o la autoridad equivalente de las 
Comunidades Autónomas con competencia de ejecución de la legislación laboral.»
Seis. Se añade un nuevo párrafo segundo en la letra a) del artículo 52.1, con la 
redacción siguiente:
«En el supuesto de empresas establecidas en España que desplacen 
temporalmente a sus personas trabajadoras al territorio de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49891
Europeo en el marco de una prestación de servicios transnacional, también podrá 
iniciarse de oficio el procedimiento sancionador mediante acta de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en virtud de actuaciones derivadas de comunicación de 
las Administraciones públicas a las que corresponda en el lugar de desplazamiento 
la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo.»
Artículo decimocuarto. Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El apartado 2 del artículo 13 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema 
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, queda redactado en los siguientes términos:
«2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por la empresa o su 
representante, las personas trabajadoras, sus representantes y por las personas 
peritas y técnicas de la empresa o de sus entidades asesoras que estimen necesario 
para el mejor desarrollo de la función inspectora, así como por personas peritas o 
expertas pertenecientes a la Administración Pública española, de otros Estados 
Miembros de la Unión Europea y Estado signatarios del Acuerdo del Espacio 
Económico Europeo, de la Autoridad Laboral Europea u otras personas habilitadas 
oficialmente.»
TÍTULO VII
Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de prevención 
y reparación de daños medioambientales
Artículo decimoquinto. Modificación del artículo 42.1, párrafo a), de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 42 de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«a) Toda persona física o jurídica que se vea o pueda verse afectada por un 
daño medioambiental, así como en la que concurra cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
TÍTULO VIII
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de contratos 
de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales
Artículo decimosexto. Modificación del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. Se suprime el último párrafo del artículo 53.
Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 59, con la siguiente redacción:
«4. El ámbito de aplicación de este Libro también abarcará los contratos en 
virtud de los cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar 
contenidos o servicios digitales al consumidor o usuario y este facilita o se 
compromete a facilitar datos personales, salvo cuando los datos personales 
facilitados por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49892
empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios digitales objeto de un 
contrato de compraventa o de servicios o para permitir que el empresario cumpla los 
requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para 
ningún otro fin.»
Tres. El artículo 59 bis queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 59 bis. Definiciones.
1. A los efectos de este libro se entenderá por:
a) “Bienes con elementos digitales”: todo objeto mueble tangible que incorpore 
contenidos o servicios digitales o esté interconectado con ellos de tal modo que la 
ausencia de dichos contenidos o servicios digitales impediría que los bienes 
realizasen sus funciones.
b) “Bienes elaborados conforme a las especificaciones del consumidor y 
usuario”: todo bien no prefabricado para cuya elaboración sea determinante una 
elección o decisión individual por parte del consumidor y usuario.
c) “Compatibilidad”: la capacidad de los bienes de funcionar con los aparatos 
(hardware) o programas (software) con los cuales se utilizan normalmente los 
bienes del mismo tipo, sin necesidad de convertir los bienes, aparatos (hardware) o 
programas (software), así como la capacidad de los contenidos o servicios digitales 
de funcionar con los aparatos (hardware) o programas (software) con los cuales se 
utilizan normalmente los contenidos o servicios digitales del mismo tipo, sin 
necesidad de convertir los contenidos o servicios digitales.
d) “Contenido digital”: los datos producidos y suministrados en formato digital.
e) “Contrato complementario”: un contrato por el cual el consumidor y usuario 
adquiere bienes o servicios sobre la base de otro contrato celebrado con un 
empresario, incluidos los contratos a distancia o celebrados fuera del 
establecimiento, y dichos bienes o servicios son proporcionados por el empresario 
o un tercero sobre la base de un acuerdo entre dicho tercero y el empresario.
f) “Contrato de compraventa o venta”: todo contrato celebrado, en el ámbito de 
una relación de consumo, en virtud del cual el empresario transmite o se compromete 
a transmitir la propiedad de bienes al consumidor o usuario pudiendo llevar incluido 
la prestación de servicios.
g) “Contrato de servicios”: todo contrato, con excepción del contrato de venta 
o compraventa, celebrado en el ámbito de una relación de consumo, en virtud del 
cual el empresario presta o se compromete a prestar un servicio al consumidor o 
usuario, incluido aquel de carácter digital.
h) “Datos personales”: toda información sobre una persona física identificada 
o identificable, considerándose así toda persona cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo 
un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en 
línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
i) “Durabilidad”: la capacidad de los bienes de mantener sus funciones y 
rendimiento requeridos en condiciones normales de utilización durante el tiempo 
que sea razonable en función del tipo de bien.
j) “Entorno digital”: el aparato (hardware), programa (software) y cualquier 
conexión a la red que el consumidor y usuario utilice para acceder a los contenidos 
o servicios digitales o para hacer uso de ellos.
k) “Establecimiento mercantil”: toda instalación inmueble de venta al por menor 
en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda instalación 
móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma 
habitual.
l) “Funcionalidad”: la capacidad de los contenidos o servicios digitales de 
realizar sus funciones teniendo en cuenta su finalidad.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49893
m) “Garantía comercial”: todo compromiso asumido por un empresario o un 
productor (el “garante”) frente al consumidor o usuario, además de sus obligaciones 
legales con respecto a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado 
o de sustituir, reparar o prestar un servicio de mantenimiento relacionado con el 
bien o el contenido o servicio digital, en caso de que no se cumplan las 
especificaciones o cualquier otro requisito no relacionado con la conformidad del 
bien o del contenido o servicio digital con el contrato, enunciados en la declaración 
de garantía o en la publicidad, disponible en el momento o antes de la celebración 
del contrato.
n) “Integración”: la conexión e incorporación de los contenidos o servicios 
digitales con los componentes del entorno digital del consumidor o usuario para que 
los contenidos o servicios digitales se utilicen con arreglo a los requisitos de 
conformidad previstos en el título IV de este libro.
ñ) “Interoperabilidad”: la capacidad de los bienes o de los contenidos o 
servicios digitales de funcionar con aparatos (hardware) o programas (software) 
distintos de aquellos con los cuales se utilizan normalmente los bienes o los 
contenidos o servicios digitales del mismo tipo.
o) “Servicio digital”: un servicio que permite al consumidor o usuario crear, 
tratar, almacenar o consultar datos en formato digital, o un servicio que permite 
compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros 
usuarios de ese servicio, o interactuar de cualquier otra forma con dichos datos.
p) “Servicio financiero”: todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de 
seguros, de pensión privada, de inversión o de pago.
q) “Soporte duradero”: todo instrumento que permita al consumidor o usuario 
y al empresario almacenar información que se le haya dirigido personalmente de 
forma que en el futuro pueda consultarla durante un período de tiempo acorde con 
los fines de dicha información y que permita su fiel reproducción. Entre otros, tiene 
la consideración de soporte duradero, el papel, las memorias USB, los CD-ROM, los 
DVD, las tarjetas de memoria o los discos duros de ordenador, los correos 
electrónicos, así como los mensajes SMS.
r) “Subasta pública”: método de venta en el que el empresario ofrece bienes o 
servicios a los consumidores o usuarios, que asisten o se les da la posibilidad de 
asistir a la subasta en persona, aunque sea por medios telemáticos, mediante un 
procedimiento de puja transparente y competitivo, dirigido por un subastador y en el 
que el adjudicatario esté obligado a comprar los bienes o servicios.
2. A los efectos de este libro, título I, capítulo I, artículos 66 bis y 66 ter, y de los 
títulos III y IV, se consideran “bienes” a las cosas muebles corporales. El agua, el 
gas y la electricidad se considerarán “bienes” cuando estén envasados para su 
comercialización en un volumen delimitado o en cantidades determinadas.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 62, con la siguiente redacción:
«5. En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia 
adquirido con la empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación 
contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de 
permanencia acordado.»
Cinco. El artículo 66 bis queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 66 bis. Entrega de bienes y suministro de contenidos o servicios digitales 
que no se presten en soporte material.
1. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión material o control al consumidor o usuario, 
sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de 
la celebración del contrato y suministrará los contenidos o servicios digitales sin 
demora indebida tras la celebración del contrato.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49894
La obligación de suministro por parte del empresario se entenderá cumplida cuando:
a) El contenido digital o cualquier medio adecuado para acceder al contenido 
digital o descargarlo sea puesto a disposición del consumidor o usuario o sea 
accesible para él o para la instalación física o virtual elegida por el consumidor y 
usuario para ese fin.
b) El servicio digital sea accesible para el consumidor o usuario o para la 
instalación física o virtual elegida por el consumidor o usuario a tal fin.
2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el consumidor o 
usuario lo emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado a las 
circunstancias.
En el caso de que el empresario no cumpla su obligación de suministro, el 
consumidor o usuario podrá solicitar que le sean suministrados los contenidos o 
servicios digitales sin demora indebida o en un período de tiempo adicional acordado 
expresamente por las partes.
Si el empresario continúa sin cumplir con la entrega o suministro, el consumidor 
o usuario tendrá derecho a resolver el contrato.
3. No obstante lo anterior, el consumidor o usuario tendrá derecho a resolver 
el contrato en el momento en el que se dé alguna de las siguientes situaciones:
a) El empresario haya rechazado entregar los bienes o haya declarado, o así 
se desprenda claramente de las circunstancias, que no suministrará los contenidos 
o servicios digitales.
b) Las partes hayan acordado o así se desprenda claramente de las 
circunstancias que concurran en la celebración del contrato, que para el consumidor 
o usuario es esencial que la entrega o el suministro se produzca en una fecha 
determinada o anterior a esta. En el supuesto de tratarse de bienes, dicho acuerdo 
deberá haberse producido antes de la celebración del contrato.
4. Cuando el consumidor o usuario resuelva el contrato de suministro de 
contenidos o servicios digitales con arreglo al presente artículo, se aplicarán en 
consecuencia los artículos 119 ter y 119 quáter.
5. Recaerá en el empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento de 
las obligaciones que le corresponden en virtud de este artículo.
6. Este artículo no será aplicable a los contratos excluidos del ámbito del 
Título IV de este Libro que aparecen relacionados en el apartado 2 del artículo 114, 
a excepción de los señalados en su apartado a).»
Seis. Se suprime el apartado 4 del artículo 74.
Siete. Se modifica el título IV del libro segundo, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«TÍTULO IV
Garantías y servicios posventa
CAPÍTULO I
Disposiciones generales sobre garantía
Artículo 114. Ámbito de aplicación.
1. Están incluidos en el ámbito de aplicación de este título los contratos de 
compraventa de bienes existentes o de bienes que hayan de producirse o fabricarse 
y los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, incluyéndose como 
tales todos aquellos que tengan por objeto la entrega de soportes materiales que 
sirvan exclusivamente como portadores de contenidos digitales.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49895
El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, así como la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, 
se aplicarán a cualesquiera datos personales tratados en las relaciones 
contempladas en los apartados anteriores, prevaleciendo sus disposiciones en caso 
de conflicto con lo regulado en este Título.
2. Lo previsto en este título no será de aplicación a:
a) Los animales vivos.
b) Los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que 
los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente.
c) La prestación de servicios distintos de los servicios digitales, 
independientemente de que el empresario haya utilizado formas o medios digitales 
para obtener el resultado del servicio o para entregarlo o transmitirlo al consumidor 
o usuario.
d) Los servicios de comunicaciones electrónicas prestados por lo general a 
cambio de una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, 
con la excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre 
ellos, y que incluyen:
1.º El servicio de acceso a internet, entendido según la definición del punto 2) 
del párrafo segundo del artículo 2 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen 
medidas en relación con el acceso a una internet abierta.
2.º El servicio de comunicaciones interpersonales, excepto los servicios de 
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración.
3.º Los servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte 
de señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de 
servicios máquina a máquina y para la radiodifusión.
e) Los contenidos o servicios digitales relacionados con la salud prescritos o 
suministrados por un profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o 
restablecer su estado de salud, incluidos la receta, dispensación y provisión de 
medicamentos y productos sanitarios.
f) Los servicios de juego que impliquen apuestas de valor pecuniario en juegos 
de azar, incluidos aquellos con un elemento de destreza, como las loterías, los 
juegos de casino, los juegos de póquer y las apuestas, por medios electrónicos o 
cualquier otra tecnología destinada a facilitar la comunicación y a petición individual 
del receptor de dichos servicios.
g) Los servicios financieros.
h) El programa (software) ofrecido por el empresario bajo una licencia libre y 
de código abierto, cuando el consumidor o usuario no pague ningún precio y los 
datos personales facilitados por el consumidor o usuario sean tratados 
exclusivamente por el empresario con el fin de mejorar la seguridad, compatibilidad 
o interoperabilidad de ese programa (software) concreto.
i) El suministro de los contenidos digitales cuando estos se pongan a 
disposición del público en general por un medio distinto de la transmisión de señales 
como parte de una actuación o acontecimiento, como las proyecciones 
cinematográficas digitales.
j) El contenido digital proporcionado de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector por organismos del 
sector público de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
En el caso a que se refiere la letra b), los consumidores o usuarios podrán 
acceder fácilmente a información clara y comprensible de que no se aplican los 
derechos derivados del presente título.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49896
3. Los artículos 126 y 126 bis no se aplicarán cuando un paquete en el sentido 
del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, incluya elementos de un 
servicio de acceso a internet, tal como se define en el artículo 2.2) del Reglamento 
(UE) 2015/2120, o un servicio de comunicaciones interpersonales basado en 
numeración, según la definición del citado Código.
Artículo 115. Conformidad de los bienes y de los contenidos o servicios digitales.
Los bienes, los contenidos o servicios digitales que el empresario entregue o 
suministre al consumidor o usuario se considerarán conformes con el contrato 
cuando cumplan los requisitos subjetivos y objetivos establecidos que sean de 
aplicación siempre que, cuando corresponda, hayan sido instalados o integrados 
correctamente, todo ello sin perjuicio de los derechos de terceros a los que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 117.
Artículo 115 bis. Requisitos subjetivos para la conformidad.
Para ser conformes con el contrato, los bienes y los contenidos o servicios 
digitales deberán cumplir, en particular y cuando sean de aplicación, los siguientes 
requisitos:
a) Ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad y calidad y poseer la 
funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características que se 
establezcan en el contrato.
b) Ser aptos para los fines específicos para los que el consumidor o usuario 
los necesite y que este haya puesto en conocimiento del empresario como muy 
tarde en el momento de la celebración del contrato, y respecto de los cuales el 
empresario haya expresado su aceptación.
c) Ser entregados o suministrados junto con todos los accesorios, 
instrucciones, también en materia de instalación o integración, y asistencia al 
consumidor o usuario en caso de contenidos digitales según disponga el contrato.
d) Ser suministrados con actualizaciones, en el caso de los bienes, o ser 
actualizados, en el caso de contenidos o servicios digitales, según se establezca en 
el contrato en ambos casos.
Artículo 115 ter. Requisitos objetivos para la conformidad.
1. Además de cumplir cualesquiera requisitos subjetivos para la conformidad, 
los bienes y los contenidos o servicios digitales deberán cumplir todos los siguientes 
requisitos:
a) Ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen bienes o 
contenidos o servicios digitales del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando sea de 
aplicación, toda norma vigente, toda norma técnica existente o, a falta de dicha 
norma técnica, todo código de conducta específico de la industria del sector.
b) Cuando sea de aplicación, poseer la calidad y corresponder con la 
descripción de la muestra o modelo del bien o ser conformes con la versión de 
prueba o vista previa del contenido o servicio digital que el empresario hubiese 
puesto a disposición del consumidor o usuario antes de la celebración del contrato.
c) Cuando sea de aplicación, entregarse o suministrarse junto con los 
accesorios, en particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor y 
usuario pueda razonablemente esperar recibir.
d) Presentar la cantidad y poseer las cualidades y otras características, en 
particular respecto de la durabilidad del bien, la accesibilidad y continuidad del 
contenido o servicio digital y la funcionalidad, compatibilidad y seguridad que 
presentan normalmente los bienes y los contenidos o servicios digitales del mismo 
tipo y que el consumidor o usuario pueda razonablemente esperar, dada la 
naturaleza de los mismos y teniendo en cuenta cualquier declaración pública 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49897
realizada por el empresario, o en su nombre, o por otras personas en fases previas 
de la cadena de transacciones, incluido el productor, especialmente en la publicidad 
o el etiquetado. El empresario no quedará obligado por tales declaraciones públicas, 
si demuestra alguno de los siguientes hechos:
1.º Que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la 
declaración en cuestión.
2.º Que, en el momento de la celebración del contrato, la declaración pública 
había sido corregida del mismo o similar modo en el que había sido realizada.
3.º Que la declaración pública no pudo influir en la decisión de adquirir el bien 
o el contenido o servicio digital.
2. En el caso de contratos de compraventa de bienes con elementos digitales 
o de suministro de contenidos o servicios digitales, el empresario velará por que se 
comuniquen y suministren al consumidor o usuario las actualizaciones, incluidas las 
relativas a la seguridad, que sean necesarias para mantener la conformidad, durante 
cualquiera de los siguientes períodos:
a) Aquel que el consumidor o usuario pueda razonablemente esperar habida 
cuenta del tipo y la finalidad de los bienes con elementos digitales o de los 
contenidos o servicios digitales, y teniendo en cuenta las circunstancias y la 
naturaleza del contrato, cuando el contrato establezca un único acto de suministro 
o una serie de actos de suministro separados, en su caso.
b) Aquel en el que deba suministrarse el contenido o servicio digital con arreglo 
al contrato de compraventa de bienes con elementos digitales o al contrato de 
suministro, cuando este prevea un plazo de suministro continuo durante un período 
de tiempo. No obstante, cuando el contrato de compraventa de bienes con 
elementos digitales prevea un plazo de suministro continuo igual o inferior a tres 
años, el período de responsabilidad será de tres años a partir del momento de la 
entrega del bien.
3. En caso de que el consumidor o usuario no instale en un plazo razonable 
las actualizaciones proporcionadas de conformidad con el apartado anterior, el 
empresario no será responsable de ninguna falta de conformidad causada 
únicamente por la ausencia de la correspondiente actualización, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
a) El empresario hubiese informado al consumidor o usuario acerca de la 
disponibilidad de la actualización y de las consecuencias de su no instalación; y
b) El hecho de que el consumidor o usuario no instalase la actualización o no 
lo hiciese correctamente no se debiera a deficiencias en las instrucciones facilitadas.
4. Cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios 
digitales a lo largo de un período, estos serán conformes durante todo ese período.
5. No habrá lugar a responsabilidad por faltas de conformidad en el sentido de 
lo dispuesto en los apartados 1 o 2 cuando, en el momento de la celebración del 
contrato, el consumidor o usuario hubiese sido informado de manera específica de 
que una determinada característica de los bienes o de los contenidos o servicios 
digitales se apartaba de los requisitos objetivos de conformidad establecidos en los 
apartados 1 o 2 y el consumidor o usuario hubiese aceptado de forma expresa y por 
separado dicha divergencia.
6. Salvo que las partes lo hayan acordado de otro modo, los contenidos o 
servicios digitales se suministrarán de conformidad con la versión más reciente 
disponible en el momento de la celebración del contrato.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49898
Artículo 115 quater.  Instalación incorrecta de los bienes e integración incorrecta de 
los contenidos o servicios digitales.
La falta de conformidad que resulte de una instalación incorrecta del bien o 
integración incorrecta de los contenidos o servicios digitales en el entorno digital del 
consumidor o usuario se equiparará a la falta de conformidad, cuando se de alguna 
de las siguientes condiciones:
a) La instalación o integración incorrecta haya sido realizada por el empresario 
o bajo su responsabilidad y, en el supuesto de tratarse de una compraventa de 
bienes, su instalación esté incluida en el contrato.
b) En el contrato esté previsto que la instalación o la integración la realice el 
consumidor o usuario, haya sido realizada por éste y la instalación o la integración 
incorrecta se deba a deficiencias en las instrucciones de instalación o integración 
proporcionadas por el empresario o, en el caso de bienes con elementos digitales, 
proporcionadas por el empresario.
Artículo 116. Incompatibilidad de acciones.
El ejercicio de las acciones que contempla este título será incompatible con el 
ejercicio de las acciones derivadas del saneamiento previstas en el Código Civil.
En todo caso, el consumidor o usuario tendrá derecho, de acuerdo con la 
legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados 
de la falta de conformidad.
CAPÍTULO II
Responsabilidad del empresario y derechos del consumidor y usuario
Artículo 117.  Responsabilidad del empresario y derechos del consumidor y usuario 
en caso de falta de conformidad de los bienes, contenidos o servicios digitales. 
Derechos de terceros.
1. El empresario responderá ante el consumidor o usuario de cualquier falta de 
conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, contenido o servicio 
digital, pudiendo el consumidor o usuario, mediante una simple declaración, exigir al 
empresario la subsanación de dicha falta de conformidad, la reducción del precio o 
la resolución del contrato. En cualquiera de estos supuestos el consumidor o usuario 
podrá exigir, además, la indemnización de daños y perjuicios, si procede.
El consumidor o usuario tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte 
pendiente del precio del bien o del contenido o servicio digital adquirido hasta que el 
empresario cumpla con las obligaciones establecidas en el presente título.
2. Cuando, a consecuencia de una vulneración de derechos de terceros, en 
particular de los derechos de propiedad intelectual, se impida o limite la utilización 
de los bienes o de los contenidos o servicios digitales, el consumidor o usuario 
podrá exigir igualmente, en el supuesto de su falta de conformidad, las medidas 
correctoras previstas en el apartado anterior, salvo que una ley establezca en esos 
casos la rescisión o nulidad del contrato.
Artículo 118. Régimen jurídico de la puesta en conformidad.
1. Si el bien no fuera conforme con el contrato, para ponerlo en conformidad, 
el consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, 
salvo que una de estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación con 
la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias y, entre ellas las recogidas en el 
apartado 3 de este artículo, así como si la medida correctora alternativa se podría 
proporcionar sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49899
2. Si los contenidos o servicios digitales no fueran conformes con el contrato, 
el consumidor o usuario tendrá derecho a exigir que sean puestos en conformidad.
3. El empresario podrá negarse a poner los bienes o los contenidos o servicios 
digitales en conformidad cuando resulte imposible o suponga costes 
desproporcionados, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y entre ellas:
a) El valor que tendrían los bienes o los contenidos o servicios digitales si no 
hubiera existido falta de conformidad.
b) La relevancia de la falta de conformidad.
4. Las medidas correctoras para la puesta en conformidad se ajustarán a las 
siguientes reglas:
a) Serán gratuitas para el consumidor o usuario. Dicha gratuidad comprenderá 
los gastos necesarios en que se incurra para que los bienes sean puestos en 
conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o 
materiales.
b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable a partir del momento en que 
el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de 
conformidad.
c) Deberán realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor o 
usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios 
digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.
5. Cuando proceda la reparación o la sustitución del bien, el consumidor o 
usuario lo pondrá a disposición del empresario y este, en su caso, recuperará el 
bien sustituido a sus expensas de la forma que menos inconvenientes genere para 
el consumidor o usuario dependiendo del tipo de bien.
6. Cuando una reparación requiera la retirada de bienes que hayan sido 
instalados de forma coherente con su naturaleza y finalidad antes de manifestarse 
la falta de conformidad o, cuando se sustituyan, la obligación de repararlos o 
sustituirlos incluirá la retirada de los no conformes y la instalación de los bienes 
sustituidos o reparados, o la asunción de los costes de dicha retirada e instalación 
por cuenta del empresario.
7. El consumidor o usuario no será responsable de ningún pago por el uso 
normal de los bienes sustituidos durante el período previo a su sustitución.
Artículo 119. Régimen jurídico de la reducción del precio y resolución del contrato.
El consumidor o usuario podrá exigir una reducción proporcionada del precio o 
la resolución del contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) En relación con bienes y los contenidos o servicios digitales, cuando la 
medida correctora consistente en ponerlos en conformidad resulte imposible o 
desproporcionada en el sentido del apartado 3 del artículo 118.
b) El empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución de los 
bienes o no lo haya realizado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 118 o no lo haya hecho en un plazo razonable siempre que el consumidor o 
usuario hubiese solicitado la reducción del precio o la resolución del contrato.
c) El empresario no haya puesto los contenidos o servicios digitales en 
conformidad de acuerdo con las reglas recogidas en el apartado 4 del artículo 118.
d) Aparezca cualquier falta de conformidad después del intento del empresario 
de poner los bienes o los contenidos o servicios digitales en conformidad.
e) La falta de conformidad sea de tal gravedad que se justifique la reducción 
inmediata del precio o la resolución del contrato.
f) El empresario haya declarado, o así se desprenda claramente de las 
circunstancias, que no pondrá los bienes o los contenidos o servicios digitales en 
conformidad en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor 
o usuario.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49900
Artículo 119 bis. La reducción del precio.
1. La reducción del precio será proporcional a la diferencia existente entre el 
valor que el bien o el contenido o servicio digital hubiera tenido en el momento de la 
entrega o suministro de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien o 
el contenido o servicio digital efectivamente entregado o suministrado tenga en el 
momento de dicha entrega o suministro.
2. Cuando el contrato estipule que los contenidos o servicios digitales se 
suministren durante un período de tiempo a cambio del pago de un precio, la 
reducción en precio se aplicará al período de tiempo durante el cual los contenidos 
o servicios digitales no hubiesen sido conformes.
Artículo 119 ter. La resolución del contrato.
1. El consumidor o usuario ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante 
una declaración expresa al empresario indicando su voluntad de resolver el contrato.
2. La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa 
importancia, salvo en los supuestos en que el consumidor o usuario haya facilitado 
datos personales como contraprestación, correspondiendo la carga de la prueba al 
empresario.
3. Cuando la falta de conformidad se refiera sólo a algunos de los bienes 
entregados en virtud del mismo contrato y haya motivos para su resolución, el 
consumidor o usuario podrá resolver el contrato sólo respecto de dichos bienes y, 
en relación con cualesquiera de los otros bienes, podrá resolverlo también si no se 
puede razonablemente esperar que el consumidor o usuario acepte conservar 
únicamente los bienes conformes.
4. Las obligaciones de las partes en caso de resolución del contrato de 
compraventa de bienes serán las siguientes:
a) El empresario reembolsará al consumidor o usuario el precio pagado por los 
bienes tras la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el 
consumidor o usuario de que los ha devuelto.
b) El consumidor o usuario restituirá al empresario, a expensas de este último, 
los bienes.
5. Las obligaciones y derechos del empresario en caso de resolución del 
contrato de suministro de contenidos o servicios digitales serán los siguientes:
a) El empresario reembolsará al consumidor o usuario todos los importes 
pagados con arreglo al contrato.
No obstante, en los casos en los que el contrato establezca el suministro de los 
contenidos o servicios digitales a cambio del pago de un precio y durante un período 
de tiempo determinado, y los contenidos o servicios digitales hayan sido conformes 
durante un período anterior a la resolución del contrato, el empresario reembolsará 
al consumidor o usuario únicamente la parte proporcional del precio pagado 
correspondiente al período de tiempo durante el cual los contenidos o servicios 
digitales no fuesen conformes, así como toda parte del precio pagado por el 
consumidor o usuario como pago a cuenta de cualquier período restante del contrato 
en caso de que este no hubiese sido resuelto.
b) En lo que respecta a los datos personales del consumidor o usuario, el 
empresario cumplirá las obligaciones aplicables con arreglo al Reglamento (UE) 
2016/679 general de protección de datos, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
c) El empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido, distinto de los 
datos personales, proporcionado o creado por el consumidor o usuario al utilizar los 
contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario, excepto cuando 
dicho contenido cumpla alguna de las condiciones recogidas en el artículo 107.5.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49901
d) Salvo en las situaciones a que se refiere el artículo 107.5, letras a), b) o c), 
el empresario pondrá a disposición del consumidor o usuario, a petición de este, 
cualquier contenido distinto de los datos personales que el consumidor o usuario 
haya proporcionado o creado al utilizar los contenidos o servicios digitales 
suministrados por el empresario.
e) El consumidor o usuario tendrá derecho a recuperar los contenidos digitales 
que haya creado al utilizar los contenidos o servicios digitales sin cargo alguno, sin 
impedimentos por parte del empresario, en un plazo razonable y en un formato 
utilizado habitualmente y legible electrónicamente.
f) El empresario podrá impedir al consumidor o usuario cualquier uso posterior 
de los contenidos o servicios digitales, en particular, haciendo que estos no sean 
accesibles para el consumidor o usuario o inhabilitándole la cuenta de usuario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la letra d).
6. Las obligaciones del consumidor o usuario en caso de resolución del 
contrato de suministro de contenidos o servicios digitales serán las siguientes:
a) Tras la resolución del contrato, el consumidor o usuario se abstendrá de 
utilizar los contenidos o servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros.
b) Cuando los contenidos digitales se hayan suministrado en un soporte 
material, el consumidor o usuario, a solicitud y a expensas del empresario, devolverá 
el soporte material a este último sin demora indebida. Si el empresario decide 
solicitar la devolución del soporte material, dicha solicitud se realizará en el plazo de 
catorce días a partir de la fecha en que se hubiese informado al empresario de la 
decisión del consumidor o usuario de resolver el contrato.
c) Al consumidor o usuario no se le podrá reclamar ningún pago por cualquier 
uso realizado de los contenidos o servicios digitales durante el período previo a la 
resolución del contrato durante el cual los contenidos o servicios digitales no hayan 
sido conformes.
7. El ejercicio por el consumidor o usuario de su derecho a retirar su 
consentimiento u oponerse al tratamiento de datos personales permitirá que el 
empresario resuelva el contrato siempre y cuando el suministro de los contenidos o 
servicios digitales sea continuo o consista en una serie de actos individuales y se 
encuentre pendiente de ejecutar en todo o en parte. En ningún caso el ejercicio de 
estos derechos por el consumidor supondrá el pago de penalización alguna a su 
cargo.
Artículo 119 quater. Plazos y modalidades de reembolso por parte del empresario 
en caso de reducción del precio o resolución del contrato.
1. Todo reembolso que el empresario deba realizar al consumidor o usuario 
debido a la reducción del precio o a la resolución del contrato se ejecutará sin 
demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo de catorce días a partir de la 
fecha en la que el empresario haya sido informado de la decisión del consumidor o 
usuario de reclamar su correspondiente derecho.
No obstante lo anterior, en el caso de que se trate de la resolución de un contrato 
de compraventa de bienes, el plazo para el reembolso en el párrafo anterior 
empezará a contar a partir de que se haya dado cumplimiento a lo previsto en el 119 
ter 4.a).
2. El empresario efectuará el reembolso indicado en el apartado anterior 
utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor o usuario para la 
adquisición del bien o de los contenidos o servicios digitales, salvo que se hubiese 
acordado expresamente entre las partes de otro modo, y siempre que no suponga 
un coste adicional para el consumidor o usuario.
3. El empresario no podrá imponer al consumidor o usuario ningún cargo por 
el reembolso.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49902
CAPÍTULO III
Ejercicio de derechos por el consumidor y usuario
Artículo 120. Plazo para la manifestación de la falta de conformidad.
1. En el caso de contrato de compraventa de bienes o de suministro de 
contenidos o servicios digitales suministrados en un acto único o en una serie de 
actos individuales, el empresario será responsable de las faltas de conformidad que 
existan en el momento de la entrega o del suministro y se manifiesten en un plazo 
de tres años desde la entrega en el caso de bienes o de dos años en el caso de 
contenidos o servicios digitales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115 ter, 
apartado 2, letras a) y b).
En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor o usuario podrán 
pactar un plazo menor al indicado en el párrafo anterior, que no podrá ser inferior a 
un año desde la entrega.
2. En el caso de contenidos o servicios digitales o de bienes con elementos 
digitales, cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios 
digitales durante un período de tiempo determinado, el empresario será responsable 
de cualquier falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales que se 
produzca o se manifieste dentro del plazo durante el cual deben suministrarse los 
contenidos o servicios digitales de acuerdo con el contrato. No obstante, si el 
contrato de compraventa de bienes con elementos digitales establece el suministro 
continuo de los contenidos o servicios digitales durante un período inferior a tres 
años, el plazo de responsabilidad será de tres años a partir del momento de la 
entrega.
Artículo 121. Carga de la prueba.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que 
se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien o en el año siguiente 
al suministro del contenido o servicio digital suministrado en un acto único o en una 
serie de actos individuales, ya existían cuando el bien se entregó o el contenido o 
servicio digital se suministró, excepto cuando para los bienes esta presunción sea 
incompatible con su naturaleza o la índole de la falta de conformidad.
En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor y usuario podrán 
pactar un plazo de presunción menor al indicado en el párrafo anterior, que no podrá 
ser inferior al período de responsabilidad pactado por la falta de conformidad, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 120.1.
2. En el caso de los contenidos o servicios digitales o de bienes con elementos 
digitales, cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios 
digitales durante un período de tiempo determinado, la carga de la prueba respecto 
de si los contenidos o servicios digitales eran conformes durante el período indicado 
en el apartado 2 del artículo 120 recaerá sobre el empresario cuando la falta de 
conformidad se manifieste en dicho período de tiempo.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el empresario demuestre que el 
entorno digital del consumidor o usuario no es compatible con los requisitos técnicos 
de los contenidos o servicios digitales objeto del contrato, y cuando el empresario 
haya informado al consumidor o usuario sobre dichos requisitos técnicos de forma 
clara y comprensible con anterioridad a la celebración del contrato.
4. El consumidor o usuario cooperará con el empresario en la medida de lo 
razonablemente posible y necesario para establecer si la causa de la falta de 
conformidad de los contenidos o servicios digitales en el momento indicado en el 
artículo 120, apartados 1 o 2, según sea de aplicación, radica en el entorno digital 
del consumidor o usuario. La obligación de cooperación se limitará a los medios 
técnicos disponibles que sean menos intrusivos para el consumidor o usuario. 
Cuando el consumidor o usuario se niegue a cooperar, y siempre que el empresario 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49903
haya informado al consumidor o usuario de dicho requisito de forma clara y 
comprensible con anterioridad a la celebración del contrato, la carga de la prueba 
sobre si la falta de conformidad existía o no en el momento indicado en el artículo 
120, apartados 1 o 2, según sea de aplicación, recaerá sobre el consumidor o 
usuario.
5. Los apartados 3 y 4 del presente artículo no serán de aplicación a los bienes 
con elementos digitales.
Artículo 122. Suspensión del cómputo de plazos.
1. Las medidas correctoras para poner el bien o el contenido o servicio digital 
en conformidad suspenden el cómputo de los plazos a que se refieren los artículos 
120 y 121.
2. El período de suspensión comenzará en el momento en que el consumidor 
o usuario ponga el bien o el contenido o servicio digital a disposición del empresario 
y concluirá en el momento en que se produzca la entrega del bien o el suministro del 
contenido o servicio digital, ya conforme, al consumidor o usuario.
3. Durante el año posterior a la entrega del bien o el suministro del contenido 
o servicio digital ya conforme, el empresario responderá de las faltas de conformidad 
que motivaron la puesta en conformidad, presumiéndose que se trata de la misma 
falta de conformidad cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los 
inicialmente manifestados.
Artículo 123. Documentación justificativa.
1. Salvo prueba en contrario, la entrega o el suministro se entienden hechos 
en el día que figure en la factura o tique de compra, o en el albarán de entrega 
correspondiente si este fuera posterior.
2. El empresario deberá entregar al consumidor o usuario que ejercite su 
derecho a poner el bien o el contenido o servicio digital en conformidad justificación 
documental sobre la puesta a disposición del bien o del contenido o servicio digital 
por parte del consumidor y usuario en la que conste la fecha de entrega y la falta de 
conformidad que origina el ejercicio del derecho, así como justificación documental 
de la entrega al consumidor o usuario del bien o del suministro del contenido o 
servicio digital ya conforme, en la que conste la fecha de esta entrega y la 
descripción de la medida correctora efectuada.
Artículo 124. Prescripción de la acción.
La acción para reclamar el cumplimiento de lo previsto en el capítulo II de este 
título prescribirá a los cinco años desde la manifestación de la falta de conformidad.
Artículo 125. Acción contra el productor y de repetición.
1. Cuando al consumidor o usuario le resulte imposible o le suponga una carga 
excesiva dirigirse al empresario por la falta de conformidad, podrá reclamar 
directamente al productor con el fin de conseguir que el bien o el contenido o 
servicio digital sea puesto en conformidad.
Con carácter general, y sin perjuicio de que cese la responsabilidad del 
productor, a los efectos de este título, en los mismos plazos y condiciones que los 
establecidos para el empresario, el productor responderá por la falta de conformidad 
cuando esta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los bienes o de los 
contenidos o servicios digitales, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las 
normas que los regulan.
2. Quien haya respondido frente al consumidor o usuario dispondrá del plazo 
de un año para repetir frente al responsable de la falta de conformidad. Dicho plazo 
se computará a partir del momento en que se ejecutó la medida correctora.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49904
CAPÍTULO IV
Modificación de los contenidos o servicios digitales
Artículo 126. Modificación de los contenidos o servicios digitales.
Cuando el contrato establezca que el suministro de los contenidos o servicios 
digitales, o el acceso a estos por parte del consumidor o usuario, se haya de 
garantizar durante un período de tiempo, el empresario podrá modificar los 
contenidos o servicios digitales más allá de lo necesario para mantener la 
conformidad de los contenidos o servicios digitales con arreglo a los artículos 115 
bis y 115 ter, si se cumplen, de forma cumulativa, los siguientes requisitos:
a) El contrato permite tal modificación y proporciona una razón válida para 
realizarla.
b) La modificación se realiza sin costes adicionales para el consumidor o 
usuario.
c) El consumidor o usuario es informado de forma clara y comprensible acerca 
de la modificación.
d) En caso de que el consumidor o usuario tenga derecho a resolver el contrato 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 bis, se informe al consumidor o 
usuario, con una antelación razonable y en un soporte duradero, de las 
características y el momento de la modificación y de su derecho a resolver el 
contrato, o sobre la posibilidad de mantener los contenidos o servicios digitales sin 
tal modificación con arreglo al apartado 4 de dicho artículo.
Artículo 126 bis. Resolución del contrato por modificación de los contenidos o 
servicios digitales.
1. El consumidor o usuario tendrá derecho a resolver el contrato si la 
modificación afecta negativamente a su acceso a los contenidos o servicios digitales 
o a su uso, salvo si dicho efecto negativo es de menor importancia.
2. En el supuesto recogido en el apartado anterior, el consumidor o usuario 
tendrá derecho a resolver el contrato sin cargo alguno en un plazo de treinta días 
naturales a partir de la recepción de la información o a partir del momento en que el 
empresario modifique los contenidos o servicios digitales, si esto ocurriera de forma 
posterior.
3. En el caso de que el consumidor o usuario resuelva el contrato de 
conformidad con los apartados anteriores, se aplicarán los artículos 119 ter y 119 
quáter.
4. Este artículo no será de aplicación si el empresario ha dado al consumidor 
y usuario la posibilidad de mantener, sin costes adicionales, los contenidos o 
servicios digitales sin la modificación y estos siguen siendo conformes.
CAPÍTULO V
Garantías comerciales y servicios posventa
Artículo 127. Garantías comerciales.
1. Toda garantía comercial será vinculante para el garante en las condiciones 
establecidas en la declaración de garantía comercial y en la publicidad asociada 
disponible en el momento de la celebración del contrato o antes de dicha celebración. 
El productor que ofrezca al consumidor o usuario una garantía comercial de 
durabilidad con respecto a determinados bienes por un período de tiempo 
determinado será responsable directamente frente al consumidor o usuario, durante 
todo el período de la garantía comercial de durabilidad, de la reparación o 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49905
sustitución. El productor podrá ofrecer al consumidor o usuario condiciones más 
favorables en la declaración de garantía comercial de durabilidad.
Si las condiciones establecidas en el documento de garantía comercial son 
menos favorables para el consumidor o usuario que las enunciadas en la publicidad 
asociada, la garantía comercial será vinculante según las condiciones enunciadas 
en la publicidad relativa a la garantía comercial, a menos que antes de la celebración 
del contrato la publicidad asociada se haya corregido del mismo modo o de modo 
comparable a aquella.
2. La declaración de garantía comercial se entregará al consumidor o usuario 
en un soporte duradero a más tardar en el momento de entrega de los bienes y 
estará redactada, al menos, en castellano, de manera clara y comprensible.
3. La declaración de garantía comercial incluirá, al menos, lo siguiente:
a) Una declaración precisa de que el consumidor o usuario tiene derecho a 
medidas correctoras por parte del empresario, de forma gratuita, en caso de falta de 
conformidad de los bienes y de que la garantía comercial no afectará a dichas 
medidas. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios en que se incurre 
para que los bienes o los contenidos o servicios digitales sean puestos en 
conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o 
materiales.
b) El nombre y la dirección del garante.
c) El procedimiento que debe seguir el consumidor o usuario para conseguir la 
aplicación de la garantía comercial.
d) La designación de los bienes o de los contenidos o servicios digitales a los 
que se aplica la garantía comercial.
e) Las condiciones de la garantía comercial, entre otras, su plazo de duración 
y alcance territorial.
El incumplimiento de este apartado no afectará al carácter vinculante de la 
garantía comercial para el garante.
Artículo 127 bis. Reparación y servicios posventa.
1. El productor garantizará, en todo caso, la existencia de un adecuado 
servicio técnico, así como de repuestos durante el plazo mínimo de diez años a 
partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse.
2. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en 
las reparaciones. La lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del 
público así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la 
factura los diferentes conceptos.
3. La acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el 
consumidor o usuario al empresario para su reparación prescribirá un año después 
del momento de la entrega. Reglamentariamente, se establecerán los datos que 
deberá hacer constar el empresario en el momento en que se le entrega un bien 
para su reparación y las formas en que podrá acreditarse la mencionada entrega.»
Ocho. El artículo 153.1.a).8.º queda redactado de la siguiente manera:
«8.º Si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con 
movilidad reducida y, a petición del viajero, información precisa sobre la idoneidad 
del viaje o vacación en función de sus necesidades.»
Disposición adicional primera.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
Con efectos desde 1 de mayo de 2021 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, se 
aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49906
bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo 
de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o 
centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se refiere el apartado 
tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
Disposición adicional segunda.  No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 
presupuestarias actualmente existentes y no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos iniciados formalmente en materia de 
defensa de la competencia.
1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de los artículos 
primero, segundo, y disposiciones finales primera y segunda de este real decreto-ley no 
les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
2. Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de este 
Real Decreto ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones del 
mismo.
3. Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de los 
artículos primero, segundo, y disposiciones finales primera y segunda de este real 
decreto-ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.
Disposición transitoria segunda.  Plazo para inscribirse en el registro de proveedores 
de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de 
monederos electrónicos.
El Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda 
fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos previsto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, estará en funcionamiento en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Las personas físicas o jurídicas que estuvieran prestando a residentes en España 
alguno de los servicios descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 1 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, deberán inscribirse en el registro del Banco de España en el plazo máximo 
de nueve meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.  Aprobación de sociedades financieras de cartera y 
sociedades financieras mixtas de cartera.
1. Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de 
cartera que existieran con carácter previo a la entrada en vigor de este real decreto-ley 
deberán solicitar la aprobación del Banco de España, de conformidad con el artículo 15 bis 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
Si a esta fecha no se hubiera solicitado la aprobación, el Banco de España podrá 
tomar las medidas de supervisión que considere oportunas de conformidad con el 
artículo 15 sexies de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
2. Durante el periodo transitorio a que se refiere el apartado 1, el Banco de España 
dispondrá de todas las facultades de supervisión necesarias que se le atribuye en virtud 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio y su normativa de desarrollo con respecto a las 
sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixtas de cartera sometidas 
a aprobación de conformidad con el artículo 15 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, a 
efectos de supervisión consolidada.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49907
Disposición transitoria cuarta.  Empresa matriz intermedia de la UE.
No obstante lo dispuesto en el artículo 15 septies de la Ley 10/2014, de 26 de junio, los 
grupos de un tercer país que operen en la Unión Europea a través de dos o más entidades 
de crédito o al menos una entidad de crédito y una empresa de servicios de inversión y 
que el 27 de junio de 2019 tengan un valor total de activos en la Unión Europea, calculado 
conforme al artículo 15 septies.4 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, igual o superior a 40 
000 millones de euros, deberán cumplir con la obligación de contar con una empresa 
matriz intermedia de la UE a que se refiere el artículo 15 septies.1 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, o, en su caso, con la obligación de contar con dos empresas matrices 
intermedias de la UE prevista en el apartado 3 del mismo artículo, a más tardar el 30 de 
diciembre de 2023.
Disposición transitoria quinta.  Normas transitorias sobre el límite temporal del 
desplazamiento.
Las normas sobre el límite temporal de los desplazamientos que se establecen en el 
artículo 3.8 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, en la redacción dada por el artículo 
duodécimo. Tres de la presente norma, serán aplicables a las personas trabajadoras que 
sean desplazadas a España después de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Para las personas trabajadoras que ya se encontraran desplazadas en España en el 
momento de su entrada en vigor, este plazo máximo será de aplicación una vez 
transcurridos seis meses desde la misma, comenzando el cómputo del plazo máximo del 
desplazamiento desde la fecha en que el mismo tuvo lugar.
Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio aplicable al sector del transporte por 
carretera, en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional.
Las modificaciones de textos legales en materia laboral, contenidas en los artículos 
undécimo a decimocuarto de este real decreto-ley, no se aplicarán al sector del transporte 
por carretera entendido según la definición prevista en el artículo 4.a) del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los 
transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y 
(CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, 
hasta la entrada en vigor y en los términos previstos en la normativa española de 
transposición de la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE 
y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que 
respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.
Hasta la entrada en vigor de la normativa española a la que se refiere el párrafo 
anterior, el sector del transporte por carretera seguirá rigiéndose por la normativa en 
materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional, en la redacción vigente a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en este real decreto-ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 24, 25 y 27 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49908
b) El apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.
El Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, 
de 22 de febrero, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue:
«Artículo 13. Facultades de inspección.
1. A los efectos del artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el personal de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ir acompañado de 
expertos o peritos en las materias sobre las que verse la inspección, así como de 
expertos en tecnologías de la información y otros acompañantes, incluidos los 
designados en virtud del artículo 18.1 letra c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, para 
prestar apoyo y asistencia para la práctica de la actuación inspectora, todos ellos 
debidamente autorizados por el Director de Competencia.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
el personal autorizado por la persona titular de la Dirección de Competencia podrá 
realizar inspecciones en los domicilios particulares de los empresarios, 
administradores y otros miembros del personal de las empresas, cuando puedan 
estar en posesión de información que sea relevante para la aplicación de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio.
El ejercicio de las facultades señaladas en los epígrafes a) y b) del artículo 40.6 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando el mismo implique restricción del derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio o el acceso a dependencias, terrenos o 
medios de transporte distintos de los propios de las empresas o asociaciones de 
empresas investigadas, requerirá de autorización judicial. En este caso la Dirección 
de Competencia podrá, con carácter previo a la práctica de la inspección, solicitar la 
citada autorización al órgano judicial competente que resolverá en el plazo máximo 
de 48 horas. Asimismo, podrán ejercerse dichas facultades previo consentimiento 
expreso de las entidades o sujetos inspeccionados, una vez informados sobre el 
objeto de la inspección recogido en la orden de inspección, las facultades de 
inspección previstas en la presente ley, el derecho a oponerse a la práctica de la 
inspección y las consecuencias de dicha oposición.
3. El personal autorizado para proceder a realizar una inspección ejercerá sus 
poderes previa presentación de una autorización escrita de la persona titular de la 
Dirección de Competencia que indique el objeto y la finalidad de la inspección, los 
sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros 
elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección 
vaya a practicarse y el alcance de la misma. La autorización escrita incluirá, 
asimismo, las sanciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, para el caso de 
que las empresas no se sometan a las inspecciones u obstruyan por cualquier 
medio la labor de inspección de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, así como el derecho a recurrir contra la misma.
El ejercicio de las facultades señaladas en los epígrafes a) y b) del artículo 40.6 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando el mismo implique restricción del derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio o el acceso a dependencias, terrenos o 
medios de transporte distintos de los propios de las empresas o asociaciones de 
empresas investigadas, requerirá de autorización judicial. En este caso la Dirección 
de Competencia podrá, con carácter previo a la práctica de la inspección, solicitar la 
citada autorización al órgano judicial competente que resolverá en el plazo máximo 
de 48 horas. Asimismo, podrán ejercerse dichas facultades previo consentimiento 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49909
expreso de las entidades o sujetos inspeccionados, una vez informados sobre el 
objeto de la inspección recogido en la orden de inspección, las facultades de 
inspección previstas en la presente ley, el derecho a oponerse a la práctica de la 
inspección y las consecuencias de dicha oposición.
4. De todas las entradas e inspecciones realizadas en locales, terrenos, 
instalaciones, medios de transporte y domicilios se levantará un acta firmada por el 
funcionario autorizado y por la persona ante la cual se haya realizado la inspección 
o, en caso de que esta no se encontrara presente en el momento de la firma, por la 
persona a quien autorice para ello. La negativa de estas personas a firmar el acta 
no impedirá que esta, una vez firmada por dos funcionarios autorizados, tenga valor 
probatorio. Al acta se adjuntará la relación de los documentos de los que se haya 
obtenido copia, así como un ejemplar de la misma, y, en su caso, la relación de 
aquellos documentos que hayan sido retenidos y trasladados temporalmente a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el personal inspector, 
cualquiera que sea su soporte material.
5. El personal inspector expedirá una copia del acta y de los demás 
documentos anexos a la misma a los afectados.»
Dos. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Colaboración con la Comisión Europea y con otras Autoridades 
Nacionales de Competencia en materia de poderes de investigación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la autoridad 
competente para colaborar en las inspecciones y en otros poderes de investigación 
con la Comisión Europea y con otras Autoridades Nacionales de Competencia en 
los términos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado, en el Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo, de 20 
de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, y en la 
de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los 
Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre 
competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.»
Tres. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue:
«Artículo 21. Imposición de multas coercitivas.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
son competentes para imponer multas coercitivas:
a) La Dirección de Competencia, respecto de las obligaciones establecidas en 
sus acuerdos y actos, en el supuesto de incumplimiento de los deberes establecidos 
en los artículos 39 y 39 bis de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
b) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 
oficio o a propuesta de la Dirección de Competencia, respecto de las obligaciones 
establecidas en sus resoluciones, requerimientos y acuerdos y, en su caso, respecto 
de las establecidas en los acuerdos de Consejo de Ministros.
2. El acuerdo o resolución que declare el incumplimiento de una obligación 
impondrá, en su caso, la multa coercitiva correspondiente, fijando su cuantía total en 
función del volumen de negocios total mundial medio diario y del número de días de 
retraso en el cumplimiento, y concediendo un nuevo plazo para el cumplimiento de 
la obligación.
3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la obligación 
se haya cumplido, los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrán imponer una nueva multa coercitiva por el tiempo transcurrido, 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49910
y reiterar su imposición tantas veces como sea necesario hasta el cumplimiento de 
la obligación.
4. La imposición de multas coercitivas se entenderá sin perjuicio de la apertura, 
en los casos en los que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, del correspondiente procedimiento sancionador, que 
se tramitará según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en sus normas de 
desarrollo.»
Cuatro. Se modifica el artículo 25, que queda redactado como sigue:
«Artículo 25. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por la Dirección de 
Competencia:
a) Por propia iniciativa, tras haber tenido conocimiento directo o indirecto de 
las conductas susceptibles de constituir infracción.
b) A iniciativa del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
c) Por denuncia, con el contenido indicado en el apartado siguiente.
2. La denuncia dirigida a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información pudiendo el denunciante aportar los datos e información adicionales 
recogidos en el anexo I del presente Reglamento:
a) Nombre o razón social, domicilio, teléfono y número de fax del/de los 
denunciantes y, en el caso de que estos actúen por medio de representante, 
acreditación de la representación y domicilio a efectos de notificaciones.
b) Nombre o razón social, domicilio y, en su caso, número de teléfono y de fax 
o cualquier otro medio electrónico pertinente de los denunciados.
c) Hechos de los que se deriva la existencia de una infracción y pruebas, en su 
caso, de los mismos, así como definición y estructura del mercado relevante.
d) En su caso, justificación de los intereses legítimos de acuerdo con el artículo 4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para ser considerado interesado en el eventual 
expediente sancionador.
3. Si la denuncia no reuniera los requisitos establecidos en el apartado 2 se 
requerirá al denunciante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
aporte la documentación requerida, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de la denuncia.
4. El desistimiento del denunciante no impediría a la Dirección de Competencia 
realizar de oficio todas aquellas actuaciones que considerase necesarias.
5. La formulación en forma de una denuncia no vincula a la Dirección de 
Competencia para iniciar el procedimiento sancionador. La Dirección de 
Competencia comunicará al denunciante la no iniciación del procedimiento cuando 
se trate de una denuncia que no constituya una prioridad de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. En el resto de los 
casos, el acuerdo de no iniciación del procedimiento del Consejo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, a propuesta de la Dirección de 
Competencia, deberá comunicarse al denunciante, indicando los motivos por los 
que no procede la iniciación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49911
Cinco. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Acuerdo de no incoación y archivo de la denuncia.
1. Con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las actuaciones en 
los términos establecidos en los artículos 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
la Dirección de Competencia le dará traslado de la denuncia recibida, de las 
actuaciones previas practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo.
2. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, a la vista de la propuesta de archivo, estime que pudiera haber 
indicios de infracción de la normativa de defensa de la competencia, instará de la 
Dirección de Competencia la incoación del correspondiente expediente.
3. El acuerdo de desestimación de la denuncia deberá comunicarse al 
denunciante, indicando los motivos por los que no procede la iniciación del 
procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio.»
Seis. Se modifica el artículo 39, que queda redactado como sigue:
«Artículo 39. Terminación convencional de los procedimientos sancionadores.
1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en 
cualquier momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta 
previsto en el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de 
Competencia podrá acordar, a propuesta de los presuntos autores de las conductas 
prohibidas, el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional de 
un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas. Este 
acuerdo de inicio de la terminación convencional será notificado a los interesados, 
indicándose si queda suspendido el cómputo del plazo máximo del procedimiento 
hasta la conclusión de la terminación convencional.
2. Los presuntos infractores presentarán su propuesta de compromisos ante la 
Dirección de Competencia en el plazo que esta fije en el acuerdo de iniciación de la 
terminación convencional, que no podrá ser superior a tres meses. Dicha propuesta 
será trasladada al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia para su conocimiento.
3. Si los presuntos infractores no presentaran los compromisos en el plazo 
señalado por la Dirección de Competencia se les tendrá por desistidos de su petición 
de terminación convencional, continuándose la tramitación del procedimiento 
sancionador. Asimismo, se entenderá que los presuntos infractores desisten de su 
petición si, una vez presentados los compromisos ante la Dirección de Competencia 
y habiendo considerado esta que los mismos no resuelven adecuadamente los 
efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente o no 
garantizan suficientemente el interés público, los presuntos infractores no 
presentaran, en el plazo establecido a tal efecto por la Dirección de Competencia, 
nuevos compromisos que, a juicio de ésta, resuelvan los problemas detectados.
4. La propuesta de compromisos será remitida por la Dirección de Competencia 
a los demás interesados con el fin de que puedan aducir, en el plazo que se señale, 
cuantas alegaciones crean convenientes.
5. La Dirección de Competencia elevará al Consejo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia la propuesta de terminación convencional para 
su adopción e incorporación a la resolución que ponga fin al procedimiento. 
Recibida la propuesta de terminación convencional y, en su caso, informada la 
Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49912
(CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, el Consejo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia podrá:
a) Resolver el expediente sancionador por terminación convencional, 
estimando adecuados los compromisos presentados.
b) Resolver que los compromisos presentados no resuelven adecuadamente 
los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente 
o no garantizan suficientemente el interés público, en cuyo caso, podrá conceder un 
plazo para que los presuntos infractores presenten ante el Consejo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia nuevos compromisos que resuelvan los 
problemas detectados. Si, transcurrido este plazo, los presuntos infractores no 
hubieran presentado nuevos compromisos, se les tendrá por desistidos de su 
petición y el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
instará a la Dirección de Competencia la continuación del procedimiento 
sancionador.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento mediante la terminación 
convencional establecerá como contenido mínimo:
a) La identificación de las partes que resulten obligadas por los compromisos.
b) El ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos.
c) El objeto de los compromisos y su alcance.
d) El régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos.
7. Se podrá abrir un nuevo procedimiento sancionador por infracción de los 
artículos 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o por infracción de los artículos 
101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando se hayan 
producido cambios sustanciales en cualquiera de los hechos en los que se hubiera 
basado la resolución de terminación convencional, cuando las partes obligadas 
actúen de forma contraria a los compromisos asumidos o cuando la resolución se 
hubiera basado en información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa facilitada 
por las partes.
La apertura del nuevo procedimiento sancionador será compatible con la 
incoación de otros procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en 
los artículos 62.4.c) o 62.3.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, así como con la 
imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de 
la misma ley».
Siete. Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:
«Artículo 46. Presentación de las solicitudes de exención del pago de la multa.
1. El procedimiento de exención del pago de la multa se iniciará a instancia de 
la empresa o persona física solicitante que haya participado en el cártel. El 
solicitante deberá presentar ante la Dirección de Competencia una solicitud formal 
de exención acompañada de toda la información y elementos de prueba de que 
disponga teniendo en cuenta, según proceda, lo establecido en las letras a) o b) del 
artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en el apartado tercero de este 
artículo.
La solicitud se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado miembro de la 
Unión Europea siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante y la 
Dirección de Competencia.
2. A petición del solicitante, la Dirección de Competencia podrá aceptar que la 
solicitud se presente verbalmente. Esta declaración, que irá acompañada de la 
información y de los elementos de prueba a los que se hace referencia en el 
apartado siguiente, será grabada en las dependencias de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, registrándose su trascripción.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49913
3. El solicitante de la exención del pago de la multa al amparo de lo establecido 
en el artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deberá facilitar a la Dirección de 
Competencia, la siguiente información y elementos de prueba:
a) El nombre o razón social y la dirección del solicitante.
b) El nombre o razón social, la dirección de las empresas y los datos 
profesionales de todas las personas físicas que participen o hayan participado en el 
cártel.
c) Una descripción detallada del cártel que incluya:
Sus objetivos, actividades y funcionamiento.
Los productos, servicios y el territorio afectados.
La duración estimada y la naturaleza del cártel.
d) Pruebas del cártel que estén en posesión del solicitante o de las que este 
pueda disponer en el momento de presentar su solicitud, en particular, pruebas 
contemporáneas del mismo, que permitan verificar su existencia.
e) Relación de las solicitudes de exención o de reducción del importe de la 
multa que el solicitante, en su caso, haya presentado o vaya a presentar ante otras 
autoridades de competencia en relación con el mismo cártel.
4. El orden de recepción de las solicitudes de exención se fijará atendiendo a 
su fecha y hora de entrada en el registro del órgano de competencia al que se dirijan 
para su tramitación, con independencia del registro en el que hayan sido 
presentadas. El solicitante podrá requerir al órgano de competencia la expedición de 
un recibo de la presentación de esta solicitud, en la que deberá constar la fecha y 
hora de entrada en el registro de dicho órgano.
5. La Dirección de Competencia podrá conceder, previa petición motivada del 
solicitante, un indicador del puesto que ocupa este en una solicitud de exención del 
pago de la multa mientras presenta la información y las pruebas necesarias para 
cumplir con los requisitos del artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. El 
solicitante deberá presentar ante la Dirección de Competencia la información 
señalada en las letras a), b), c) y e) del apartado 3 de este artículo en la medida en 
que esté disponible. El indicador del puesto que ocupa el solicitante será válido 
durante el plazo que la Dirección de Competencia determine. La Dirección de 
Competencia tendrá la facultad de valorar si la información y pruebas aportadas son 
suficientes para otorgar el indicador del puesto regulado en este apartado. Una vez 
completada la solicitud de clemencia se entenderá que la fecha de presentación de 
la solicitud de exención es la fecha de la solicitud del indicador del puesto. La 
solicitud de un indicador para la reserva de puesto se podrá presentar en la lengua 
oficial de otro Estado miembro de la Unión Europea siempre que exista un acuerdo 
al respecto entre el solicitante y la Dirección de Competencia.»
Ocho. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:
«Artículo 48. Solicitudes abreviadas de exención.
1. En los casos en los que la empresa haya presentado o vaya a presentar una 
solicitud de exención del pago de la multa ante la Comisión Europea por ser esta la 
autoridad de competencia particularmente bien situada para conocer del cártel, se 
podrá presentar ante la Dirección de Competencia una solicitud abreviada de 
exención.
2. La solicitud abreviada se presentará por escrito ante la Dirección de 
Competencia, pudiendo también aceptar la Dirección de Competencia que la 
solicitud se presente verbalmente previa petición del solicitante.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49914
3. Se entenderá que la Comisión Europea es la autoridad de competencia 
particularmente bien situada para conocer del cártel cuando este tenga efectos 
sobre la competencia en más de tres Estados miembros.
4. Las solicitudes abreviadas deberán contener, al menos, la siguiente 
información:
a) Nombre o razón social y dirección de la empresa solicitante.
b) Nombre o razón social de las empresas participantes en el cártel.
c) Productos y territorios afectados por el cártel.
d) Duración estimada y naturaleza del cártel.
e) Estados miembros en cuyo territorio puedan encontrarse elementos 
probatorios del cártel.
f) Información sobre las solicitudes de exención o de reducción del pago de la 
multa que el solicitante haya presentado o tenga intención de presentar ante otras 
autoridades de competencia en relación con el mismo cártel.
La Dirección de Competencia solo podrá requerir al solicitante la presentación 
de aclaraciones en relación con la información enumerada en este apartado, 
estableciendo un plazo para ello.
La solicitud se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado miembro de la 
Unión Europea siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante y la 
Dirección de Competencia.
5. El orden de recepción de las solicitudes abreviadas se fijará atendiendo a su 
fecha y hora de entrada en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, con independencia del registro en el que hayan sido presentadas. El 
solicitante podrá requerir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
la expedición de un recibo de la presentación de esta solicitud, en la que deberá 
constar la fecha y hora de entrada en el registro de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.
6. La Dirección de Competencia examinará la solicitud abreviada e informará 
al solicitante si se ha recibido previamente alguna solicitud abreviada o completa en 
relación con el mismo cartel y sobre si la solicitud abreviada contiene todos los 
elementos establecidos en el apartado 4.
7. Con carácter excepcional, la Dirección de Competencia podrá requerir al 
solicitante que complete la solicitud abreviada con la información y elementos de 
prueba pertinentes si resulta necesario para decidir a qué autoridad de competencia 
se le asignará el caso.
8. En el supuesto de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
sea finalmente la autoridad de competencia que conozca total o parcialmente del 
cartel, la empresa deberá completar la solicitud abreviada con la información y 
elementos de prueba pertinentes, disponiendo para ello de un plazo de diez días a 
contar desde la fecha en que la Comisión Europea notifique la asignación del caso a 
favor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este supuesto, 
se entenderá que la fecha y hora de recepción de la solicitud es la de la presentación 
de la solicitud abreviada si la duración, productos y territorios afectados por el cartel 
coinciden con la solicitud presentada ante la Comisión Europea.»
Nueve. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:
«Artículo 50.  Presentación y tramitación de las solicitudes de reducción del importe 
de la multa y solicitudes abreviadas de reducción del importe de la multa.
1. El procedimiento de reducción del importe de la multa se iniciará a instancia 
de la empresa o persona física que haya participado en el cártel, debiendo esta 
presentar a tal efecto, ante la Dirección de Competencia, una solicitud formal junto 
con los correspondientes elementos de prueba, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46.3 de este reglamento. La solicitud se podrá presentar en la lengua oficial 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49915
de otro Estado miembro de la Unión Europea siempre que exista un acuerdo al 
respecto entre el solicitante y la Dirección de Competencia. A petición del solicitante, 
la Dirección de Competencia podrá aceptar que la solicitud se presente verbalmente, 
acompañada de la correspondiente información y elementos de prueba, siendo 
grabada en las dependencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y registrándose su trascripción.
2. El orden de recepción de las solicitudes de reducción del importe de la multa 
se fijará atendiendo a su fecha y hora de entrada en el registro del órgano de 
competencia al que se dirijan para su tramitación, con independencia del registro en 
el que hayan sido presentadas. El solicitante podrá requerir al órgano de 
competencia la expedición de un recibo de la presentación de esta solicitud, en la 
que deberá constar la fecha y hora de entrada en el registro de dicho órgano.
3. La Dirección de Competencia podrá aceptar solicitudes de reducción del 
importe de la multa presentadas con posterioridad a la notificación del pliego de 
concreción de hechos cuando, teniendo en cuenta la información obrante en el 
expediente, la naturaleza o el contenido de los elementos de prueba aportados por 
el solicitante así lo justifiquen.
4. La Dirección de Competencia no examinará los elementos de prueba 
presentados por una empresa o persona física que solicite la reducción del importe 
de la multa sin antes haberse pronunciado sobre la exención condicional relativa a 
solicitudes previas de exención relacionadas con el mismo cártel.
5. La Dirección de Competencia, a más tardar en el momento de notificar el 
pliego de concreción de hechos previsto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, comunicará a la empresa o persona física solicitante su propuesta al 
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 
reducción del importe de la multa por reunirse los requisitos establecidos en el 
artículo 66.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o bien le informará de que no procede 
dicha propuesta por no cumplirse los requisitos para obtener la reducción.
Si la solicitud de reducción del importe de la multa fue presentada con 
posterioridad a la notificación del pliego de concreción de hechos, la Dirección de 
Competencia comunicará al solicitante su propuesta sobre la reducción del importe 
de la multa en la propuesta de resolución prevista en el artículo 50.4 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio.
6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de este reglamento, la 
Dirección de Competencia incluirá en la propuesta de resolución su propuesta de 
reducción del importe de la multa. La propuesta de reducción se hará dentro de los 
intervalos que corresponda según lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio.
7. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fijará 
el porcentaje de reducción aplicable a cada empresa o persona física en la 
resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.
8. En los casos en los que la empresa haya presentado o vaya a presentar una 
solicitud de reducción del importe de la multa ante la Comisión Europea por ser esta 
la autoridad de competencia particularmente bien situada para conocer del cártel, se 
podrá presentar ante la Dirección de Competencia una solicitud abreviada de 
reducción del importe de la multa, siendo de aplicación las mismas reglas que las 
previstas en los apartados 2 a 8 del artículo 48 de este reglamento.»
Diez. Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:
«Artículo 52.  Deber de cooperación de los solicitantes de exención o de reducción 
del importe de la multa.
A efectos de lo establecido en los artículos 65.2.a) y 66.1.b) de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, se entenderá que el solicitante de la exención o de la reducción del 
importe de la multa coopera plena, continua y diligentemente con la Comisión 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49916
Nacional de los Mercados y la Competencia cuando, a lo largo de todo el 
procedimiento, cumpla los siguientes requisitos:
a) Facilite sin dilación a la Dirección de Competencia toda la información y los 
elementos de prueba relevantes relacionados con el presunto cártel que estén en su 
poder o a su disposición.
b) Quede a disposición de la Dirección de Competencia para responder sin 
demora a todo requerimiento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
c) Facilite a la Dirección de Competencia entrevistas con los empleados y 
directivos actuales de la empresa y, en su caso, con los directivos anteriores.
d) Se abstenga de destruir, falsificar u ocultar información o elementos de 
prueba relevantes relativos al presunto cártel desde el mismo momento en que 
contempla solicitar la exención o reducción del importe de la multa.
e) Se abstenga de divulgar la presentación de la solicitud de exención o de 
reducción del importe de la multa, así como el contenido de la misma, desde el 
mismo momento en que contempla su presentación.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, 
relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia.
El Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de 
las normas comunitarias de competencia, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 bis. Procedimiento para la asistencia mutua en notificaciones y cobro 
de multas o multas coercitivas.
1. De conformidad con el artículo 27 de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las 
autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más 
eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento 
del mercado interior, y en las letras d), e) y g) del artículo 18.1 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, las solicitudes realizadas por las Autoridades Nacionales de Competencia 
de otros Estados miembros para la notificación de actos o documentos y para instar 
al cobro de multas o multas coercitivas, se ajustarán al procedimiento regulado en 
este artículo.
2. Las solicitudes de asistencia mutua realizadas por las Autoridades 
Nacionales de Competencia de los Estados miembros relativas a la notificación de 
actos o documentos se efectuarán en un instrumento uniforme que contendrá la 
siguiente información:
a) Nombre o razón social, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax 
y cualquier otro medio electrónico pertinente del destinatario de la notificación.
b) Hechos y circunstancias relevantes que justifican la notificación.
c) Copia del documento objeto de notificación y resumen del mismo.
d) Nombre, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y cualquier 
otro medio electrónico pertinente de la Autoridad de Competencia que solicita la 
notificación.
e) Plazo en el que debe efectuarse la notificación.
3. Las solicitudes de asistencia mutua realizadas por las Autoridades 
Nacionales de Competencia de los Estados miembros relativas al requerimiento al 
pago de multas o multas coercitivas se efectuarán en un instrumento uniforme que 
contendrá la siguiente información:
a) Nombre o razón social, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax 
y cualquier otro medio electrónico pertinente del requerido al pago de la multa o 
multa coercitiva.
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49917
b) Hechos y circunstancias relevantes que justifican el requerimiento de pago 
de la multa o multa coercitiva.
c) Copia del documento que justifica el requerimiento al pago de la multa o 
multa coercitiva, así como un resumen del mismo.
d) Información sobre la resolución, decisión o acto que permite la ejecución de 
la multa o multa coercitiva por parte de la Autoridad de Nacional de Competencia.
e) Información que pruebe los esfuerzos razonables realizados por la Autoridad 
de Nacional de Competencia para ejecutar la multa o multa coercitiva en su 
jurisdicción.
f) Fecha en que la resolución, decisión o acto que permite la ejecución de la 
multa o multa coercitiva ha pasado a ser firme.
g) Importe de la multa o multa coercitiva.
h) Nombre, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y cualquier 
otro medio electrónico pertinente de la Autoridad Nacional de Competencia que 
solicita el requerimiento al pago de la multa o multa coercitiva.
i) Plazo en el que debe procederse al cobro de la multa o multa coercitiva.
4. Las solicitudes de asistencia mutua ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y Competencia reguladas en este artículo se presentarán en castellano, 
sin perjuicio de la posibilidad de que la Dirección de Competencia y la Autoridad de 
Competencia solicitante acuerden la posibilidad de presentar las solicitudes en la 
lengua oficial de otro Estado miembro de la Unión Europea.
5. Las solicitudes de asistencia mutua reguladas en este artículo solo podrán 
ser rechazadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando 
no satisfagan los requisitos establecidos en los apartados anteriores o cuando la 
ejecución de la solicitud en territorio español pueda resultar contraria al orden 
público. La Dirección de Competencia informará a la Autoridad de Nacional 
Competencia solicitante en el momento en que identifique una posible causa para el 
rechazo de la solicitud de asistencia mutua.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 6 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 ter. Costes vinculados a la colaboración y asistencia mutua a 
Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros de la 
Unión Europea.
1. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Competencia correspondiente 
la compensación de los costes razonables de traducción, laborales y administrativos 
en relación con el ejercicio, a requerimiento de la Autoridad Nacional de Competencia 
que corresponda, de las actividades reguladas en las letras b), c), d) y e) del artículo 
18.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá compensar los costes razonables de traducción, laborales y 
administrativos en relación con el ejercicio, a requerimiento de la Autoridad Nacional 
de Competencia que corresponda, de las actividades reguladas en las letras f) y g) 
del artículo 18.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. La compensación se podrá 
producir, en el caso de solicitud de asistencia para el cobro de multas o multas 
coercitivas, mediante la retención de los costes correspondientes de las multas o 
multas coercitivas cobradas. En caso de que el cobro de las multas o multas 
coercitivas no haya sido posible, se solicitará a la Autoridad de Nacional de 
Competencia correspondiente la compensación de los costes en los que se haya 
incurrido.»
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49918
Tres. Se añade un nuevo artículo 6 quater, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 quater. Procedimiento para recaudación de multas y multas coercitivas 
en procedimientos de asistencia mutua.
1. En los casos en los que la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia sea requerida por una Autoridad 
Nacional de Competencia de otro Estado miembro para recuperar multas o multas 
coercitivas en nombre de esta última, procederá a recaudar dichas multas mediante 
el procedimiento de recaudación a través de entidades colaboradoras, regulado en 
la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni 
aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de 
entidades colaboradoras.
La recaudación de estas sanciones en periodo ejecutivo corresponderá a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, conforme al procedimiento dispuesto 
en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera transferirá periódicamente 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el importe total recaudado 
a través de entidades colaboradoras para que esta última proceda a efectuar los 
pagos que correspondan a las Autoridades Nacionales de Competencia, previo 
descuento, en su caso, de los costes en que haya podido incurrir. Dichos costes se 
aplicarán al presupuesto de ingresos de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
2. En los casos en los que la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia requiera a una Autoridad Nacional de 
Competencia de otro Estado miembro para recuperar multas o multas coercitivas en 
su nombre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recaudará 
estas sanciones en una cuenta de su titularidad.
Periódicamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
transferirá a la cuenta operativa del Tesoro Público el saldo de los importes recibidos, 
que se imputarán al presupuesto de ingresos del Estado.
3. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención 
General de la Administración del Estado podrán desarrollar, conjuntamente, las 
disposiciones para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este artículo.»
Disposición final tercera.  Modificación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, 
aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación de terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 
de mayo, queda modificado en los siguientes términos:
Se añaden dos párrafos al final del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
de terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, con la siguiente 
redacción:
«En las relaciones de negocios o transacciones que impliquen a terceros países 
de alto riesgo identificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, los 
sujetos obligados deberán obtener información adicional del cliente, el titular real y 
el propósito é índole de la relación de negocios, así como información sobre la 
procedencia de los fondos, la fuente de ingresos del cliente y titular real y sobre los 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49919
motivos de las transacciones. Estas relaciones de negocios requerirán la aprobación 
de los órganos de dirección y una vigilancia reforzada en cuanto al número y 
frecuencia de los controles aplicados y la selección de patrones transaccionales.
Además, en aquellos casos de terceros países de alto riesgo que expresamente 
se determinen por la normativa de la Unión Europea, los sujetos obligados deberán 
aplicar, cuando proceda, una o varias de las medidas previstas en las letras e), f) e 
i) del artículo 42.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera, queda modificado en los siguientes términos:
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 
de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, queda 
redactado del siguiente modo:
«Las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas serán 
tratadas como entidades de pago, si bien no les será de aplicación lo previsto en los 
artículos 10.1, 11, 12, 14, 16.1, 17, 18, 19, 20 y 21 y los títulos II y III, salvo lo 
establecido en los artículos 29, 39, 41 y 66 a 68 en la forma que reglamentariamente 
se determine.»
Disposición final quinta.  Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley en las disposiciones finales primera a tercera podrán 
ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que 
figuran.
Disposición final sexta.  Títulos competenciales.
El artículo noveno se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de hacienda 
general.
Los artículos undécimo y duodécimo se dictan al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 
las Comunidades Autónomas.
Disposición final séptima.  Incorporación y ejecución del derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorpora al derecho español:
Parcialmente, la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencias de los 
Estados miembros de medio para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia 
y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
La Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
Se adapta la normativa española al Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o 
salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005.
Parcialmente, la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los 
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49920
entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de 
conservación del capital.
Parcialmente, la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de mayo de 2019 por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la 
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE.
Los artículos 49.2 y 50 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas.
La Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se 
modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a 
determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, con excepción de su artículo 1 
que fue objeto de transposición por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018.
La Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las 
ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.
La Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio 
de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios.
La Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales (en adelante, la Directiva (UE) 2019/770 o Directiva de servicios 
digitales).
La Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por 
la que se modifican el Reglamento (CE) número 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se 
deroga la Directiva 1999/44/CE (en adelante, la Directiva (UE) 2019/771 o Directiva sobre 
compraventa de bienes).
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto en las regulaciones que a continuación se especifican:
a) El apartado treinta y seis del artículo sexto, que entrará en vigor el 28 de junio 
de 2021.
b) Los apartados veinticuatro, veinticinco y veintiséis del artículo sexto, que entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2022.
c) El artículo décimo, que entrará en vigor el día 1 de julio de 2021.
d) El artículo decimosexto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, salvo los 
artículos 126 y 126 bis que se aplicarán solo a los contratos celebrados a partir de esa 
fecha.
e) Los apartados veintiocho y veintinueve del artículo tercero, que entrarán en vigor 
cuando se apruebe su desarrollo reglamentario.
Dado en Madrid, el 27 de abril de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49921
ANEXO
Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional primera
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
1Productos sanitarios.Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos. ex 9019 20 00
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial)
Divisores de flujo.ex 9019 20 00
ex 9019 20
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de oxígeno. ex 9019 20 00
Oxigenación por membrana extracorpórea. ex 9019 20 00
2Monitores. Monitores multiparámetro, incluyendo versiones portátiles.ex 8528 52 91
ex 8528 52 99
ex 8528 59 00
ex 8528 52 10
3Bombas.– Bombas peristálticas para nutrición externa
– Bombas infusión medicamentos
– Bombas de succión.ex 9018 90 50
ex 9018 90 84
ex 8413 81 00
Sondas de aspiración. ex 9018 90 50
4Tubos.Tubos endotraqueales;.ex 9018 90 60
ex 9019 20 00
Tubos estériles.ex 3917 21 10
a ex 3917 39
00
5Cascos. Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV;. ex 9019 20 00
6Mascarillas para ventilación no 
invasiva (NIV).Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación no invasiva. ex 9019 20 00
7Sistemas/máquinas de succión.Sistemas de succión. ex 9019 20 00
Máquinas de succión eléctrica.ex 9019 20 00
ex 8543 70 90
8Humidificadores. Humidificadores.ex 8415
ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9Laringoscopios. Laringoscopios. ex 9018 90 20
10Suministros médicos fungibles.– Kits de intubación
– Tijeras laparoscópicas.ex 9018 90
Jeringas, con o sin aguja. ex 9018 31
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas. ex 9018 32
Agujas, catéteres, cánulas. ex 9018 39
Kits de acceso vascular. ex 9018 90 84
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49922
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
11Estaciones de monitorización 
Aparatos de monitorización de 
pacientes-Aparatos de 
electrodiagnóstico.Estaciones centrales de monitorización para cuidados intensivos
Oxímetros de pulso.ex 9018 90
ex 9018 19
– Dispositivos de monitorización de pacientes
– Aparatos de electrodiagnóstico.ex 9018 19 10
ex 9018 19 90
12Escáner de ultrasonido portátil. Escáner de ultrasonido portátil. ex 9018 12 00
13Electrocardiógrafos. Electrocardiógrafos. ex 9018 11 00
14Sistemas de tomografía 
computerizada/escáneres.Sistemas de tomografía computerizada.ex 9022 12,
ex 9022 14 00
15Mascarillas. ex 6307 90 98»– Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas mecánicas, incluidas 
las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas faciales desechables fabricadas con 
material textil no tejido.
– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.ex 6307 90 10
ex 6307 90 93
ex 6307
90 95
Mascarillas quirúrgicas de papel.ex 4818 90 10
ex 4818 90 90
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables para la protección 
contra agentes biológicos. También incluye máscaras que incorporen protección 
ocular o escudos faciales.ex 9020 00 00
16Guantes.Guantes de plástico. ex 3926 20 00
Guantes de goma quirúrgicos. 4015 11 00
Otros guantes de goma. ex 4015 19 00
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o goma. ex 6116 10
Guantes textiles distintos a los de calcetería. ex 6216 00
17Protecciones faciales.– Protectores faciales desechables y reutilizables
– Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie mayor que la ocular).ex 3926 20 00
ex 3926 90 97
18Gafas. Gagas de protección grandes y pequeñas (googles).ex 9004 90 10
ex 9004 90 90
19Monos
Batas impermeables –diversos 
tipos– diferentes tamaños
Prendas de protección para uso 
quirúrgico/médico de fieltro o tela sin 
tejer, incluso impregnadas, 
recubiertas, revestidas o laminadas 
(tejidos de las partidas 56.02 o 56.03).Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de goma vulcanizada. ex 4015 90 00
Prendas de vestir. ex 3926 20 00
Ropa y accesorios. ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907.ex 6113 00 10
ex 6113 00 90
Otras prendas con tejido de calcetería. 6114
Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/médico hechas con fieltro o tela 
sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 
56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos («spun-bonded»).ex 6210 10
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos cauchutados o 
impregnados, recubiertos, revestidos o laminados (tejidos de las partidas 59.03, 59.06 
o 59.07)-.ex 6210 20
ex 6210 30
ex 6210 40
ex 6210 50
20Cobertores de calzado/calzas. Cobertores de calzado/calzas.ex 3926 90 97
ex 4818 90
ex 6307 90 98
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49923
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
21Gorros.Gorras de picos. ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de cualquier material. ex 6505 00 90
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/ajustados o no. ex 6506
22Termómetros.Termómetros de líquido para lectura directa. ex 9025 11 20
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición sobre la frente. ex 9025 19 00
23Jabón para el lavado de manos.Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el lavado de manos 
(jabón de tocador).ex 3401 11 00
ex 3401 19 00
Jabón y productos orgánicos tensioactivos
Jabón en otras formas.ex 3401 20 10
ex 3401 20 90
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón)-Catiónicos. ex 3402 12
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos para el lavado de la piel, en forma 
de líquido o crema y preparados para la venta al por menor, que contengan jabón o no.ex 3401 30 00
24Dispensadores de desinfectante para 
manos instalables en pared.Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared. ex 8479 89 97
25Solución hidroalcohólica en litros.2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 80% o más. ex 2207 10 00
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración. ex 2207 20 00
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol etílico.ex 2208 90 91
ex 2208 90 99
26Peróxido de hidrógeno al 3% en litros.
Peróxido de hidrógeno incorporado a 
preparados desinfectantes para la 
limpieza de superficies.Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea.
ex 2847 00 00
Peróxido de hidrógeno a granel.
Desinfectante para manos.
ex 3808 94
Otros preparados desinfectantes.
27Transportines de emergencia.Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas). ex 8713
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los hospitales o clínicas. ex 9402 90 00
28Extractores ARN. Extractores ARN. 9027 80
29Kits de pruebas para el COVID-19 / 
Instrumental y aparatos utilizados en 
las pruebas diagnósticas.– Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus
– Reactivos de diagnóstico basados en reacciones inmunológicas
– Equipo de hisopos y medio de transporte viral.ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 3002 90 90
ex 3821 00
Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
prueba del ácido nucleico.ex 3822 00 00
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para el diagnóstico in vitro. ex 9027 80 80
Kits para muestras.ex 9018 90
ex 9027 80
30Hisopos. Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos similares.ex 3005 90 10
ex 3005 90 99
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101  Miércoles 28 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 49924
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
31Material para la instalación de 
hospitales de campaña.Camas hospitalarias. ex 9402 90 00
Carpas/tiendas de campaña.ex 6306 22 00,
ex 6306 29 00
Carpas/tiendas de campaña de plástico. ex 3926 90 97
32Medicinas.– Remdesivir
– Dexametasona.ex 2934 99 90
ex 2937 22 00
ex 3003 39 00
ex 3003 90 00
ex 3004 32 00
ex 3004 90 00
33Esterilizadores médicos, quirúrgicos o 
de laboratorio.Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio.ex 8419 20 00
ex 8419 90 15
341- propanol (alcohol propílico) y 2 – 
propanol (alcohol isopropílico).1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol isopropílico). ex 2905 12 00
35Éteres, éteres-alcoholes, éteres 
fenoles, éteres-alcohol-fenoles, 
peróxidos de alcohol, otros peróxidos, 
peróxidos de cetona.Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, 
otros peróxidos, peróxidos de cetona.ex 2909
36Ácido fórmico. Ácido fórmico (y sales derivadas).ex 2915 11 00
ex 2915 12 00
37Ácido salicílico. Ácido salicílico y sales derivadas. ex 2918 21 00
38Paños de un solo uso hechos de tejidos 
de la partida 5603, del tipo utilizado 
durante los procedimientos quirúrgicos.Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante 
los procedimientos quirúrgicos.6307 90 92
39Telas no tejidas, estén o no 
impregnadas, recubiertas, revestidas 
o laminadas.Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas.ex 5603 11 10
a
ex 5603 94 90
40Artículos de uso quirúrgico, médico o 
higiénico, no destinados a la venta al 
por menor.Cobertores de cama de papel. ex 4818 90
41Cristalería de laboratorio, higiénica o 
farmacéutica.Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están calibrados o 
graduados o no.ex 7017 10 00
ex 7017 20 00
ex 7017 90 00
42Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe 
para suministrar oxígeno 0-15 L/min.El flujómetro de tubo Thorpe está compuesto de puertos de entrada y salida, un 
regulador, una válvula y un tubo de medición cónico transparente. Sirve para 
conectarlo con varias fuentes de gases médicos, como un sistema centralizado, 
cilindros (bombonas), concentradores o compresores. Versiones de fluxímetro 
(flujómetro) ordinario (absoluto, no compensado) y de presión compensada, 
adecuadas para rangos de flujo específicos.ex 9026 80 20
ex 9026 80 80
ex 9026 10 21
ex 9026 10 81
43Detector de CO2 colorimétrico de 
espiración.Tamaño compatible con el tubo endotraqueal de niños y adulto. De un solo uso. ex 9027 80
44Película o placas de rayos X.Plana sensibilizada y sin impresionar. ex 3701 10 00
En rollos
Sensibilizada y sin impresionar.ex 3702 10 00
cve: BOE-A-2021-6872
Verificable en https://www.boe.es
https://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X