I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17276 Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 
los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de fecha 8 de septiembre 
de 2020, se aprobó el Plan Anual Normativo 2020, entre cuyas previsiones se incluye la 
Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de la 
abogacía y la procura, por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de 
carácter temporal.
La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la 
Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente en el procedimiento de 
infracción 2015/4062 que se refieren a aspectos intensamente relacionados entre sí, aun 
materializados en normas distintas, que atañen al acceso y a las condiciones del 
ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procura y señaladamente a la interacción 
entre una y otra.
En lo sustancial, se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del 
Derecho europeo y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los artículos 49 y 56 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se concreta en esta Ley que incide 
sobre tres ámbitos concretos de actuación. En primer lugar, el relativo a la existencia de 
una reserva de actividad para el ejercicio de la procura. En segundo lugar, el de la 
prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura 
y la abogacía, y, finalmente, la modificación del sistema de aranceles.
II
En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, 
permitiendo que también las personas profesionales de la abogacía puedan ejercer 
como procuradores, asumiendo la representación técnica de las partes y desarrollando el 
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resto de las funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de los 
Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de la abogacía.
Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
estableciendo, en síntesis, el acceso único a las profesiones de la abogacía y la procura: 
se exige un mismo título académico (licenciatura o grado en Derecho) y una misma 
capacitación (el mismo máster) para ambas profesiones, en modo tal que, quienes 
superen la evaluación, podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura sin más 
requisitos que la colegiación en el colegio profesional. De esta manera, se establece un 
mismo título habilitante para el ejercicio de dos profesiones diferenciadas en el bien 
entendido sentido de que las funciones de la procura han de estar separadas de la 
función propia de la abogacía porque eso redunda en beneficio de la Administración de 
Justicia.
En este sentido, la reforma es coherente con el apartado 3 del artículo 23 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y con los artículos 542 y 543 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de los que resulta que continúa 
siendo incompatible el ejercicio simultáneo, por una misma persona física, de las 
profesiones de la abogacía y la procura.
III
Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española 
a las exigencias del Derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales 
multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura para poder ofertar y 
prestar un servicio integral de defensa y representación. Esto es, se autoriza que 
profesionales de la abogacía y la procura se integren en una misma entidad profesional 
como excepción a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, que sólo permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias 
actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado incompatible por 
norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del 
ejercicio de la respectiva actividad profesional, además de la incompatibilidad del 
ejercicio simultáneo de las profesiones de la abogacía y la procura, de acuerdo con la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, se establece que los estatutos de las sociedades profesionales cuyo 
objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa y 
representación contendrán, de conformidad con lo que prescriban las normas 
deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias para 
garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier 
asunto cuando pueda verse comprometida su imparcialidad.
Con esta reforma, las sociedades de profesionales de la abogacía podrán incorporar 
profesionales de la procura como socios y socias profesionales, al igual que las 
sociedades de profesionales de la procura podrán incorporar profesionales de la 
abogacía, preservando cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones 
propias. Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mercado saturado, 
permitiendo ahorrar costes a los profesionales de la abogacía y de la procura, ofreciendo 
en cambio una mayor flexibilidad en la organización de ambos colectivos, al tiempo que 
preserva la función de cada uno de los profesionales de forma claramente diferenciada. 
En definitiva, será posible demandar y ofrecer, mediante una única sociedad profesional, 
los dos servicios que requiere la defensa en juicio de los derechos recibiendo una 
atención integral sin merma alguna de la independencia de cada uno de los 
profesionales que la componen.
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IV
El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el 
que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y 
específicamente busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los 
derechos devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto, 
estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite 
mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión 
Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, 
que pivota sobre la existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de 
aranceles máximos cuyo desarrollo y concreción formará parte del real decreto que, en 
su momento, habrá de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de 
noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los 
tribunales.
V
De este modo, la presente Ley establece las reformas señaladas mediante tres 
artículos en virtud de los cuales se modifican, respectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas 
de carácter temporal.
El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. La primera de ellas 
prevé la aplicación de esta Ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la 
misma estuvieran ya colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de 
Abogados o de Procuradores, en este último caso cumpliendo los requisitos que se fijan 
en esta misma disposición. La segunda de ellas regula la situación de quienes se 
encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la Ley el curso de 
capacitación o pendiente de evaluación. La tercera y última regula los derechos 
arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la 
entrada en vigor de la Ley.
La Ley responde  a las exigencias  del artículo  129 de la Ley 39/2015,  de 1 de 
octubre,  de Procedimiento  Administrativo  Común  de las Administraciones  Públicas, 
puesto  que se trata  de la adecuación  de la normativa  nacional  al Derecho  de la 
Unión  Europea,  tratándose  en suma  de una reforma  necesaria,  eficaz  en tanto 
cumplimenta los objetivos previstos en la norma a la que se adapta, y proporcionada 
por cuanto se limita estrictamente a llevarlos a efecto, sin que se advierta por contra 
otra alternativa posible.
Artículo primero.  Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, se modifica como sigue:
Uno. Se modifica el Título, que queda redactado como sigue:
«Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la 
Abogacía y la Procura.»
Dos. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:
«Artículo 1.   Objeto y finalidad de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título 
profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogacía y de la procura, 
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básicas para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con 
el fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a un asesoramiento, defensa 
jurídica y representación técnica de calidad.
2. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta Ley y 
la colegiación como ejerciente en el Colegio de Abogados es necesaria para el 
desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y 
extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de 
profesionales de la abogacía y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 
asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado o abogada; 
todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos 
por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.
3. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta Ley y 
la colegiación como ejerciente en el Colegio de Procuradores es necesaria para 
desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en 
calidad de procurador o procuradora, realizando los actos de comunicación a las 
partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que 
la Ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador o 
procuradora de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros 
requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.
4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación en el 
Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se 
decida ejercer, no siendo posible simultanear ni la colegiación como ejerciente en 
un Colegio de Abogados y en un Colegio de Procuradores ni el ejercicio de ambas 
profesiones.»
Tres. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2.   Acreditación de capacitación profesional.
1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las 
profesiones de la abogacía y la procura las personas que se encuentren en 
posesión del título universitario de la Licenciatura en Derecho o del Grado en 
Derecho y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la 
correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.
2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las 
evaluaciones conducentes a la obtención de este título profesional, es una 
formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización 
de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y 
el Ministerio de Universidades, tras ser oídas las comunidades autónomas y en la 
forma que reglamentariamente se determine.
3. El título profesional regulado en esta Ley será expedido por el Ministerio 
de Justicia o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas 
que hayan asumido la competencia ejecutiva en materia de expedición de títulos 
profesionales.»
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Cuatro. Se modifica la rúbrica del Capítulo II, que pasa a titularse de la siguiente 
forma:
«CAPÍTULO II
Formación especializada»
Cinco. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.   Formación.
1. Los cursos de formación para la obtención del título profesional regulado 
en esta Ley podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o 
privadas, y por escuelas de práctica jurídica.
2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que 
se hace referencia en el presente capítulo.»
Seis. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.   Formación universitaria.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere el artículo anterior 
podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en el 
marco de las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster 
universitario, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las 
enseñanzas universitarias oficiales de Máster así como en la presente Ley y su 
reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y 
deberán ser acreditados, a propuesta de aquéllas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.
2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y 
aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y 
titulación académica de los referidos cursos.
3. Para la acreditación de los referidos cursos, será requisito indispensable 
que incorporen materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la 
procura y la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que 
deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su 
contenido y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de 
modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales 
colegiados ejercientes. El Reglamento posibilitará la impartición de estos estudios 
en cualquiera de las lenguas oficiales y, además, incluirán formación sobre el 
Derecho propio autonómico. La duración de los cursos será de 60 créditos, más 
los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el 
artículo 6.»
Siete. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.   Escuelas de práctica jurídica.
1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados 
que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a 
su normativa reguladora podrán organizar e impartir cursos que permitan acceder 
a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre que los citados cursos sean 
acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Universidades, tras 
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ser oídas las comunidades autónomas y en la forma que reglamentariamente se 
determine.
2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus 
cursos a los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y 
demás circunstancias, las escuelas de práctica jurídica deberán haber celebrado 
un convenio con una universidad, pública o privada, por el que se garantice el 
cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para los cursos 
de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas 
externas en los términos del artículo siguiente.»
Ocho. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.   Prácticas externas.
1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con 
los requisitos que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad 
del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artículos precedentes, 
quedando como parte integrante de los mismos. En ningún caso implicarán 
relación laboral o de servicios.
2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de una persona profesional de la 
abogacía y, siempre que sea solicitado por el alumno, una persona profesional de 
la procura, ambas con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto 
General de la Abogacía española y el Estatuto General de los Procuradores 
regularán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, que incluirán las 
medidas necesarias para fomentar que la formación sea impartida en todas las 
lenguas oficiales, así como los derechos y obligaciones de la persona profesional 
de la abogacía y, cuando corresponda, de la procura, que la ejerza, cuya infracción 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria.
3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2 de esta Ley, deberá 
haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio 
profesional de abogados y un colegio de procuradores, que establezca la fijación 
del programa de prácticas y la designación de las correspondientes tutorías, el 
número máximo de alumnado que podrá asignarse a cada tutoría, los lugares o 
instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de 
control del ejercicio de estas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.
4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una 
escuela de práctica jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.3 en 
relación con los artículos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma reúna los 
requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios responsables de la 
acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el 
artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma 
arbitraria y deberá dictar resolución motivada en relación con la misma.»
Nueve. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7.   Evaluación.
1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de 
capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación 
práctica suficiente para el acceso al ejercicio profesional, así como el conocimiento 
de las normas deontológicas y profesionales.
2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán 
convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de 
Universidades, oídas las comunidades autónomas, el Consejo de Universidades, 
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el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Colegios de 
Procuradores.
3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión 
evaluadora para el acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos 
realizados en el territorio de una misma comunidad autónoma, asegurando la 
participación en ella de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de 
Universidades, y de miembros designados a propuesta de la respectiva 
comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y un 
miembro designado a propuesta del Consejo General de Procuradores. El número 
de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad 
autónoma, y del Consejo General de la Abogacía Española será el mismo.
4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única 
comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias 
comunidades autónomas, señalándolo así en la convocatoria.
5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido 
único para todo el territorio español en cada convocatoria, sin perjuicio de las 
previsiones anexas que deberán incluirse en las convocatorias realizadas en 
territorios con lenguas cooficiales y Derecho propio. Reglamentariamente se 
determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido 
concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras 
de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General 
de los Procuradores de los Tribunales y de los respectivos Consejos de análoga 
naturaleza que pudieran existir en el ámbito autonómico.
6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán 
establecer un número limitado de plazas.
7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, 
lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de 
los resultados y demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se 
regularán el programa, que contemplará también materias relativas al Derecho 
propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación.»
Diez. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional tercera.  Ejercicio profesional de los funcionarios públicos.
1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los órganos 
constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante 
juzgados y tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea 
exigible la obtención del título regulado en esta ley.
2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del 
grupo A en su condición de licenciados en Derecho y desempeñen funciones de 
asistencia letrada o asesoramiento jurídico estarán exceptuados de obtener el 
título profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogacía y de la procura 
a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley. También estarán exceptuados 
quienes hayan ingresado en el cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en 
alguno de los cuerpos de Letrados de las Asambleas legislativas autonómicas, en 
la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el cuerpo de Letrados de la 
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Administración de Justicia, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas en su condición de licenciados en Derecho.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales.
Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Régimen especial de la prestación de servicios 
jurídicos integrales de defensa y representación.
1. Como excepción a lo previsto en el artículo 3 de esta Ley, las sociedades 
profesionales podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la 
abogacía y de la procura de los tribunales.
2. Los profesionales de la abogacía y la procura podrán ser socios y socias 
profesionales de una sociedad profesional, debidamente inscrita en los Registros 
de Sociedades Profesionales de las respectivas organizaciones colegiales, cuyo 
objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa 
y representación.
3. En el caso previsto en el apartado anterior no serán de aplicación las 
prohibiciones por razón de incompatibilidad y su extensión a la sociedad y socios, 
previstas respectivamente en el artículo 3, en el artículo 4.4 inciso primero y en el 
artículo 9.1 párrafo segundo de esta Ley.
4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista 
en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa y representación 
contendrán, de conformidad con lo que prescriban las normas deontológicas de 
las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias para garantizar que los 
profesionales que asuman la defensa o la representación de sus patrocinados 
puedan:
a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma 
totalmente autónoma e independiente de la otra.
b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que 
cada profesión imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y 
confidencialidad.
c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean 
comprometida su imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad 
los mecanismos de detección y solución de cualquier conflicto de intereses, todo 
ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que 
se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-
ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 
económicas de carácter temporal, que queda redactado como sigue:
«1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los 
Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 
euros.
El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar 
límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas 
actuaciones profesionales realizadas.
Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá 
superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente 
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los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera 
extraordinaria.»
Disposición transitoria primera.  Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la 
exigencia del nuevo título profesional.
1. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación a quienes 
en el momento de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de 
abogados o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias 
para ello, pudiendo ejercer como procuradores en los términos establecidos en el 
artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
2. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán también de aplicación a 
quienes en el momento de su entrada en vigor hubiesen obtenido el título de procurador 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estén en posesión de una 
licenciatura o grado en Derecho y estuvieran incorporados a un colegio de procuradores 
o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, 
pudiendo ejercer la abogacía en los términos establecidos en el artículo 1 de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Se encuentren en posesión del título oficial de la licenciatura en Derecho o del 
grado en Derecho que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento 
de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de 
junio.
b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de 
evaluación en los términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba 
de evaluación deberán superarse dentro de los dos años académicos siguientes a la 
fecha de aprobación del real decreto que lo regule.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los cursos de formación y de 
la evaluación.
1. Los cursos de formación de abogacía y procura que estuvieran iniciados a la 
fecha de la entrada en vigor de la presente Ley y los correspondientes al curso 
académico 2021-2022, se desarrollarán con arreglo al régimen anterior al establecido por 
esta Ley hasta su finalización.
También se desarrollarán de la misma manera las pruebas de evaluación de la 
aptitud profesional que estuvieran convocadas y correspondientes a dichos cursos 
académicos.
2. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluación y obtengan el 
título profesional para el ejercicio de la abogacía podrán ejercer la procura en los 
términos previstos en el apartado 1 de la disposición transitoria primera. Los aspirantes 
que superen las respectivas pruebas de evaluación y obtengan el título profesional 
habilitante para el ejercicio de la procura podrán ejercer la abogacía siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de la disposición transitoria primera.
Disposición transitoria tercera.  Modificación del régimen arancelario de los derechos 
de la procura.
1. La modificación del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional 
única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 
determinadas medidas económicas de carácter temporal, dispuesta por el artículo 
tercero de esta Ley, será de aplicación a todos los procedimientos que se inicien a partir 
de su entrada en vigor.
2. La prohibición de aranceles mínimos establecida en el párrafo segundo del 
apartado 1 de dicha disposición adicional regirá, por su parte, para los procedimientos 
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que se inicien a partir de la entrada en vigor de la norma por la que se modifique el Real 
Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de 
los procuradores de los tribunales.
Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
1. El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Universidades, 
aprobará un real decreto por el que se adapte el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, a las previsiones de la 
presente Ley, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la misma, 
para garantizar el cumplimiento de los trámites preceptivos dentro del plazo y habida 
cuenta de que si bien los trabajos ya se encuentran avanzados, como resulta preceptivo 
informe del Consejo de Estado entre otros organismos, así como informe del Consejo 
General de Procuradores que tiene carácter facultativo, resulta conveniente ampliar el 
plazo.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la presente Ley, un real decreto por el que se modifique 
el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de 
derechos de los procuradores de los tribunales.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones.
Se modifica el apartado 1 del artículo 49 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, que pasará a tener la siguiente redacción:
«1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los 
servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de 
información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia.
A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados 
habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de 
información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre 
números de abonados y guías accesibles al público, en un formato aprobado y en 
unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no 
discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada información a su 
posterior utilización en la normativa en materia de protección de datos vigente en 
cada momento.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar 
gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de 
abonados, a las que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de 
abonado, a las que presten los servicios de llamadas de emergencia y a los 
servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de 
las competencias estadísticas que la Ley les confiere, los datos que le faciliten los 
operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real 
decreto.
La cesión de estos datos en favor de los servicios estadísticos oficiales deberá 
basarse en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, 
especialmente, en los de minimización y limitación de la finalidad.»
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 23 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X