BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227  Martes 22 de septiembre de 2015  Sec. I.   Pág. 83588
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10142 Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley.
PREÁMBULO
I
La Ley  42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber 
de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio 
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Esta ley recogió las normas y 
recomendaciones internacionales que se fueron sucediendo en las últimas décadas, como 
las derivadas del Consejo de Europa o el Convenio sobre la diversidad biológica, así como 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de Hábitats).
La experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos de su 
aplicación, por lo que se modifica con este fin, especialmente en lo que se refiere a la 
gestión de los espacios protegidos.
II
Por otro lado, la presente ley tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del 
derecho internacional y la incorporación de la normativa de la Unión Europea en nuestro 
ordenamiento jurídico. En este sentido, las modificaciones que introduce la ley van en la 
línea de adecuarse, por un lado, a lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas 
sobre el derecho del mar, de Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982 que fue ratificada 
por España el 20 de diciembre de 1996, y en el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
utilización, ratificado por España el 3 de junio de 2014 y en el Reglamento (UE) 
n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las 
medidas de cumplimiento de los usuarios de dicho Protocolo en la Unión, por ser la Unión 
Europea también Parte Contratante de dicho Protocolo, así como perfeccionar la 
incorporación de la Directiva de Hábitats y de la Directiva  2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de  30 de noviembre de  2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres (Directiva de Aves) en nuestro ordenamiento jurídico. A este fin, responden 
las modificaciones introducidas en el artículo 3, en el que se incorporan nuevas definiciones 
a las ya existentes en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
También se persigue incorporar en nuestro ordenamiento jurídico los principales 
objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Con este 
fin, se modifica el artículo 2, relativo a los principios de la ley, para incluir por primera vez 
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los de evitar la pérdida neta de biodiversidad, así como la prevención de los problemas 
consecuencia del cambio climático, que se incluye igualmente como uno de los deberes 
de las Administraciones públicas en el artículo 5.
III
Por otro lado, a lo largo de toda la ley, se incluyen las disposiciones necesarias para 
precisar las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en lo 
relativo a la gestión del medio marino. En este sentido, como regla general, las funciones 
configuradas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, derivadas del artículo 149.1 23. ª de 
la Constitución Española, han de ser ejercidas por las comunidades autónomas en el 
ámbito terrestre y por la Administración General del Estado, en el ámbito marino. Esta 
regla general, derivada del concepto de territorialidad de las competencias autonómicas, 
que ha sentado la doctrina del Tribunal Constitucional, tiene una excepción en materia de 
espacios ambientalmente protegidos. Según la reciente Sentencia del Tribunal 
Constitucional 87/2013, de 11 de abril, « el ejercicio de la competencia autonómica sobre 
espacios naturales protegidos en el mar territorial es excepcional y solo se justifica cuando 
las propias características y circunstancias del espacio natural a proteger demanden una 
gestión unitaria » (FJ 6). Con base en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, como la Sentencia 8/2013, de 17 de enero, la competencia de 
una u otra Administración va a venir determinada por las características y circunstancias 
objetivas del lugar a proteger, basadas en la mejor evidencia científica. Con el fin de 
precisar, en la ley, las competencias de la Administración General del Estado en lo relativo 
a la gestión del medio marino, se modifican diversos preceptos de la ley, como el artículo 6, 
relativo a las competencias de la Administración General del Estado sobre biodiversidad 
marina, así como los artículos 25 a 29, 33, 42, 43, 44 y 46 sobre catalogación de hábitats 
y protección de espacios naturales y se añade una disposición adicional octava, sobre el 
ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado sobre los espacios, 
hábitats y especies marinos.
IV
Otro de los objetivos que persigue la presente ley es la simplificación y agilización de 
los instrumentos para el conocimiento y planificación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, regulados en el título I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En relación con el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se 
modifica el artículo 10 para especificar que los indicadores para la elaboración de dicho 
Inventario se aprobarán mediante orden ministerial, previo informe del Consejo Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente. Y también se modifica el artículo 11, con el fin de simplificar el contenido de los 
Informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad, para que 
sean más sintéticos y que cada seis años se lleve a cabo una evaluación en profundidad. 
De esta forma, se hace coincidir la periodicidad de dichos informes, con el informe que, 
sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad, es preceptivo elevar a la 
Comisión Europea cada seis años.
En relación con el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
se modifica el artículo 13, con el fin de especificar que sea el propio real decreto por el que 
se aprueba el Plan, el que determine su período de vigencia. De esta manera, en caso de 
estimarse oportuno, podrá adecuarse su duración a los planes estratégicos que aprueban 
el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Unión Europea.
V
Por otro lado, se introduce un nuevo capítulo III, en el título I, relativo a la Estrategia 
estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Con este 
nuevo capítulo se pretende dar cumplimiento a la Comunicación de la Comisión Europea 
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al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de 
las Regiones «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa » de 6 de mayo 
de 2013, COM(2013) 249 final e incorporar algunos de los objetivos de la Estrategia de la 
Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Se prevé la aprobación de una 
«Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas », 
que será elaborada de forma conjunta por la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas, y que tendrá por objetivo marcar las directrices para la 
identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura 
verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y 
sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad 
ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la 
restauración de ecosistemas degradados.
VI
Por otro lado, la presente ley tiene como objeto fundamental mejorar la gestión de los 
espacios protegidos y, en particular, de los incluidos en la Red Natura 2000, para garantizar 
su mejor protección y adecuación a los fines para los que han sido declarados.
Con este fin y para garantizar la función social y pública del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, se prevé expresamente, en el artículo 4, que las obras necesarias para la 
conservación y restauración de los espacios protegidos, para la conservación de especies 
amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición, puedan ser 
declaradas de interés general del Estado. Así, se equipara el tratamiento de las obras de 
conservación y restauración de los espacios de la Red Natura 2000 y de las especies 
consideradas en situación crítica, a las obras que ejecuta la Administración General del 
Estado en otros ámbitos como el dominio público marítimo-terrestre o la ingeniería hidráulica.
Por otra parte, se incluyen una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las 
Administraciones públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación 
de los espacios naturales protegidos que contribuyan al bienestar de las poblaciones 
locales y a la creación de empleo. Así, en relación con los monumentos naturales, se 
modifica el artículo 33, que pasa a ser el artículo 34, para permitir la explotación de los 
recursos cuando sean plenamente coherentes con los valores que justificaron la 
declaración de los espacios como Monumento Natural.
Por lo que se refiere específicamente a las medidas de conservación de los espacios 
incluidos dentro de la Red Natura 2000, se añade un nuevo apartado en el nuevo 
artículo 42, para incidir en el apoyo por parte de las Administraciones públicas a las 
actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios de la Red 
Natura 2000, con especial prioridad para las actividades económicas coherentes con los 
valores que justifican la declaración del espacio como Red Natura 2000.
Asimismo, se modifica el antiguo artículo 45, relativo a las medidas de conservación 
de la Red Natura 2000, con el fin de precisar el ámbito geográfico y las especies afectadas 
por dichas medidas, así como ciertos aspectos relativos a la realización de planes, 
programas o proyectos que pudieran afectar negativamente a dichos espacios o a las 
especies en peligro de extinción.
Por otra parte, también se modifica el nuevo artículo 47, relativo a la vigilancia y 
seguimiento de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, con el fin de prever la 
aprobación de unas directrices comunes en cuanto a la metodología a aplicar en todo el 
territorio nacional para la vigilancia y seguimiento de los hábitats y especies de interés 
comunitario.
VII
Una de las novedades más importantes que introduce la ley es el nuevo capítulo VI del 
título II, relativo a la incorporación de la información ambiental en el Registro de la 
Propiedad. Con esta medida, se persigue dotar de mayor seguridad jurídica los aspectos 
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relacionados con el régimen de propiedad de los espacios protegidos, por lo que la 
información perimetral referida a dichos espacios deberá tener su reflejo en dicho Registro. 
De la misma forma, también se prevé que el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a dicha 
información ambiental de conformidad con su normativa reguladora.
De esta forma, se prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente mantendrá actualizado un servicio de mapas en línea, que permita identificar y 
delimitar los ámbitos espaciales protegidos, así como la importación de sus datos para ser 
contrastados con las fincas registrales en la aplicación gráfica del Sistema informático 
registral único.
Se persigue, por tanto, instrumentar un mecanismo de publicidad que aumente la 
eficacia y aplicación de las normas reforzando la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. 
Se trata de una información territorial asociada y que como tal tiene un valor meramente 
informativo.
VIII
Esta ley prevé una serie de medidas destinadas a reforzar la responsabilidad de las 
Administraciones públicas en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, 
regulada en el título III. En este sentido, se modifica el artículo 52, que pasa a ser el nuevo 
artículo 54, para garantizar que la importación de una especie alóctona, se realice con las 
garantías suficientes y previa autorización de la Administración ambiental competente, tras 
el oportuno análisis de riesgos. Por otra parte, se señala de forma expresa que las 
Administraciones públicas no serán responsables de los daños ocasionados por las 
especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa 
sectorial específica.
Además, se introduce un nuevo artículo 55 referente a la reintroducción de especies 
silvestres extinguidas, con el fin de prever que dichas reintroducciones se realicen con 
todas las garantías.
Se modifica el artículo 56, que pasa a ser el 59, para prever que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elabore y apruebe los planes de recuperación 
y conservación de las especies amenazadas marinas, excepto para las especies 
amenazadas no altamente migratorias, cuyos hábitats se sitúen exclusivamente en 
espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio natural 
terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.
También se modifica el artículo 57, que pasa a ser el artículo 60, relativo a las 
estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra amenazas para la 
biodiversidad. Para las especies en situación crítica, se prevé que las obras y proyectos 
encaminados a la recuperación de estas especies sean declaradas de interés general y su 
tramitación tenga carácter de urgencia. Por otro lado, también se prevé en este artículo, 
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias 
de conservación de especies amenazadas marinas y las de lucha contra las amenazas 
para la biodiversidad marina.
En cuanto al artículo 58, que pasa a ser el 61, se añade una nueva excepción a las 
prohibiciones establecidas en el capítulo I del título II, referida a las razones imperiosas de 
interés público de primer orden, con el fin de aplicar correctamente lo dispuesto en el 
artículo correspondiente de la Directiva Hábitats, y se matizan ciertos aspectos de la 
redacción de las excepciones para mejorar la incorporación de dicha Directiva y de la 
Directiva Aves en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, se añaden dos nuevos 
apartados, que tienen por objeto garantizar las mejores técnicas disponibles en cuanto a 
métodos de captura o marcaje de especies y, en especial, en lo que se refiere al 
anillamiento científico.
Finalmente, también se reformula el artículo 60, que pasa a ser el 63, en función del 
objetivo que se pretende conseguir, relativo a la conservación de material biológico y 
genético de especies silvestres, en bancos de germoplasma animal o vegetal, y se 
especifican las prioridades de intervención que serán las especies en régimen de 
protección especial, con especial atención a las especies endémicas o catalogadas. En 
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dicho artículo, se prevé que las comunidades autónomas mantendrán un registro de los 
bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con 
información actualizada sobre las colecciones conservadas. No obstante, es preciso 
aclarar que dicho registro no es el registro de colecciones al que se refiere el 
Reglamento (UE) n. º 511/2014 relativo al Protocolo de Nagoya, en su artículo 5.
IX
En lo que se refiere a la prevención y control de las especies exóticas invasoras, se 
modifica el artículo 61, que pasa a ser el 64, con el fin de precisar las circunstancias en las 
que podrán quedar sin efecto las prohibiciones derivadas de la inclusión de una especie 
en el Catálogo de especies exóticas invasoras, y asimismo se prevé que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias para las especies 
exóticas invasoras marinas.  Sobre esta materia, es preciso tener en cuenta que el 1 de 
enero de 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) n. º 1143/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción 
y propagación de especies exóticas invasoras. A lo largo del articulado de la ley, y en 
particular en los artículos 33,  43 y  54, se incluyen una serie de prohibiciones que dan 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.1 del citado Reglamento (UE) n. º 1143/2014.
Por lo que se refiere a la Red española de reservas de la biosfera, se realizan las 
modificaciones necesarias en los artículos 66 y 67, que pasan a ser los 69 y 70 
respectivamente, para adecuarlos a la normativa más reciente que regula las funciones 
del programa «Persona y Biosfera » (programa MaB) de la UNESCO, dando además con 
ello cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2013, 
de 6 de junio.
Por otra parte, se incluyen una serie de modificaciones encaminadas a la adaptación 
de la normativa nacional al Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos 
y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, que 
entró en vigor el 12 de octubre de 2014 y del que España es Parte Contratante desde su 
ratificación el 3 de junio de 2014, y al Reglamento (UE) n. º 511/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de 
los usuarios de dicho Protocolo en la Unión, que también lo ha ratificado mediante la 
Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2014. Para ello, se modifican los artículos 68, que 
pasa a ser el 71, que regula el acceso y uso de los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres, y 70, que pasa a ser el 74, relativo a la promoción de los conocimientos 
tradicionales para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Asimismo, se 
añade un nuevo artículo 72, relativo al control de la utilización de los recursos genéticos.
Hay que tener en cuenta que las autorizaciones contempladas en los nuevos 
artículos 55, 56, 60 y 72 están fundamentadas en los propios objetivos que persigue la ley, 
entre los que destaca la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, por lo 
que no se conculcan ni el principio de unidad de mercado ni los de necesidad y 
proporcionalidad, tal y como contempla el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado, ya que se salvaguarda el principio de protección del 
medio ambiente. Es más, dichas autorizaciones van precisamente encaminadas al 
cumplimiento de unos criterios y directrices comunes en todo el territorio nacional, para 
que la garantía de la unidad de mercado quede plenamente garantizada y asimismo 
benefician la competencia ya que se unifican criterios en todo el territorio estatal para una 
mejor protección del medio ambiente. En este sentido, las homologaciones de los métodos 
de captura de predadores serán únicas a nivel estatal.
En cuanto al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se modifica el 
artículo 74, que pasa a ser el 78, para prever que la Administración General del Estado 
pueda ejecutar las acciones que se financien con cargo al Fondo, y se suprime el 
apartado 5, por coherencia con la nueva estructura orgánica de la Administración General 
del Estado en la que las competencias en materia de agricultura y medio ambiente 
descansan en un mismo departamento.
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Por otra parte, también se realizan las adaptaciones necesarias en las disposiciones 
del título VI que regulan el régimen sancionador, para incluir las infracciones asociadas a 
la utilización de los recursos genéticos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 
n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.
Finalmente, también se modifican la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera, con el fin de precisar determinados aspectos concretos de ambas leyes. 
En el caso de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se modifica el artículo 2.1.b) de la ley, con 
el fin de substituir la denominación de «estado ecológico de las aguas marinas », por 
«estado medioambiental de las aguas marinas », en coherencia con la regulación del 
artículo 7.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
También se modifica el artículo 45.3 de dicha ley para precisar que se aplicará el silencio 
negativo una vez transcurrido el plazo máximo previsto en dicho precepto para la 
resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, tanto en los 
casos en que el procedimiento se inicie de oficio como a instancia de parte. Con respecto 
a la modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, se modifica su artículo 13.2 con 
el fin de seguir el modelo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, donde los plazos son legislación básica de conformidad 
con el artículo 149.1.23. ª de la Constitución y se aplica el silencio negativo una vez 
transcurrido el plazo máximo para resolver previsto en la ley.
Artículo único.  Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 2.  Principios.
Son principios que inspiran esta ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas 
vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar 
humano.
b) La conservación y la restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural, en particular, de las especies y de los ecosistemas, 
su conservación, restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
e) La integración de los requisitos de la conservación, uso sostenible, mejora 
y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales y, 
en particular, en la toma de decisiones en el ámbito político, económico y social, así 
como la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos.
f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y 
urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios 
naturales o especies silvestres.
h) La garantía de la información a la ciudadanía y concienciación sobre la 
importancia de la biodiversidad, así como su participación en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter 
general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta ley.
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i) La prevención de los problemas emergentes consecuencia del cambio 
climático, la mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos 
adversos.
j) La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 
asociados a espacios naturales o seminaturales.
k) La participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios 
incluidos en espacios protegidos en las actividades coherentes con la conservación 
del patrimonio natural y de la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y 
en los beneficios que se deriven de ellas.»
Dos. El artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de esta ley se entenderá por:
1. Áreas de montaña: territorios continuos y extensos, con altimetría elevada y 
sostenida respecto a los territorios circundantes, cuyas características físicas 
causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de los 
ecosistemas y afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se 
desarrollan.
2. Área crítica para una especie: aquellos sectores incluidos en el área de 
distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la 
especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado 
mantenimiento.
3. Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad de los organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.
4. Conocimiento tradicional: el conocimiento, las innovaciones y prácticas de 
las poblaciones locales ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas 
desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local.
5. Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del 
patrimonio natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y 
seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así 
como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo.
6. Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y seminaturales el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables 
de especies silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 
propiedades específicas.
7. Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de sus hábitats naturales.
8. Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que, 
debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente 
espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, 
separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio 
genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de 
esas especies.
9. Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través 
de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación 
y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
10. Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
11. Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución natural.
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12. Especie autóctona extinguida: especie autóctona desaparecida en el 
pasado de su área de distribución natural.
13. Especie exótica invasora: la que se introduce o establece en un ecosistema 
o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la 
diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética.
14. Estado de conservación de un hábitat: situación derivada del conjunto de 
las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y 
sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo 
plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia 
de sus especies típicas en el territorio.
15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de 
distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas 
necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo 
en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.
16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica 
poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento 
vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está 
reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y 
probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus 
poblaciones a largo plazo.
17. Externalidad: todo efecto producido por una acción, que no era buscado en 
los objetivos de la misma.
18. Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos, 
incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y 
unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la 
Tierra.
19. Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan 
formas geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza 
y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y 
procesos que las han formado. También lugares que destacan por sus valores 
arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con la gea.
20. Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 
como seminaturales.
21. Hábitat de una especie: medio definido por factores abióticos y bióticos 
específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.
22. Instrumentos de gestión: bajo esta denominación se incluye cualquier 
técnica de gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a 
un proceso de información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y 
haya sido publicado.
23. Material genético: todo material de origen vegetal, fúngico, animal, 
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
24. Medidas compensatorias: son medidas específicas incluidas en un plan o 
proyecto, que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto 
negativo sobre la especie o el hábitat afectado.
25. Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las 
diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un 
espacio para alcanzar un estado de conservación favorable.
26. Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la 
población.
27. Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente 
de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, 
paisajístico, científico o cultural.
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28. Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de 
ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los 
ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
29. Recursos genéticos: material genético de valor real o potencial.
30. Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga 
un valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y 
subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: 
agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad; la 
geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; 
los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y 
similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros 
recursos geológicos renovables y no renovables.
31. Reservas de Biosfera: territorios declarados como tales en el seno del 
Programa MaB, de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de gestión 
integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales.
32. Restauración de ecosistemas: conjunto de actividades orientadas a 
reestablecer la funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un 
estado maduro.
33. Taxón: grupo de organismos con características comunes.
34. Taxón extinguido: taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área 
de distribución natural.
35. Taxones autóctonos: taxones existentes de forma natural en un lugar 
determinado, incluidos los extinguidos, en su caso.
36. Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de 
un modo y a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se 
mantienen las posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones actuales y futuras.
37. Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo 
de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de 
custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
38. Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor 
científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, 
formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras 
manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen 
y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y 
paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.
39. Medio marino: aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción 
española, y su lecho, subsuelo y recursos naturales.
40. Situación crítica de una especie: situación en que una especie, de acuerdo 
con un análisis de viabilidad demográfico o de hábitat, o un diagnóstico realizado 
con base en la mejor información científica disponible, se encuentra en riesgo 
inminente de extinción en estado silvestre.
41. Jardín botánico: institución (pública, privada o mixta) o instalación de 
conservación ex situ, que exhibe colecciones científicas de plantas vivas, 
mantenidas, cultivadas y propagadas para el logro simultáneo de objetivos de 
estudio, divulgación, enseñanza y conservación de la diversidad vegetal.
42. Suelta: liberación de ejemplares de especies objeto de aprovechamiento 
piscícola o cinegético que, en el caso de las especies alóctonas no catalogadas 
como invasoras, solo se podrán realizar en aquellos tramos de río, laguna o pantano, 
o terrenos cinegéticos en los que se haya autorizado este tipo de liberaciones antes 
de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad y siempre con la finalidad de capturar a los ejemplares del 
medio en el plazo de tiempo más breve posible y en cualquier caso antes de que 
puedan naturalizarse.
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43. Utilización de recursos genéticos: la realización de actividades de 
investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o bioquímica de recursos 
genéticos, incluso mediante la aplicación de biotecnología, conforme a la definición 
que se estipula en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. » 
Tres. El artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 4.  Función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad.
1. El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social 
relevante por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las 
personas y por su aportación al desarrollo social y económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley 
podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en 
particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que pudieran 
resultar afectados.
3. Las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios 
protegidos, para la conservación de especies amenazadas, o para la conservación 
de hábitats en peligro de desaparición, especialmente las que tengan por objeto 
hacer frente a fenómenos catastróficos o excepcionales, podrán ser declaradas por 
parte del Estado como de interés general, en el ámbito de sus competencias, previo 
informe de las comunidades autónomas afectadas. Dicha declaración se realizará 
mediante ley estatal.
4. En la planificación y gestión de los espacios protegidos y la conservación de 
los hábitats y las especies, se fomentarán los acuerdos voluntarios con propietarios 
y usuarios de los recursos naturales, así como la participación de la sociedad civil 
en la conservación de la biodiversidad. »
Cuatro. El artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5.  Deberes de los poderes públicos.
1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, 
velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el 
territorio nacional, que incluye su medio marino así como en la zona económica 
exclusiva y en la plataforma continental, con independencia de su titularidad o 
régimen jurídico, teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales y 
las especies silvestres en régimen de protección especial.
2. Las Administraciones públicas en su respectivo ámbito competencial:
a) Promoverán la participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los 
objetivos de la presente ley.
b) Desarrollarán y aplicarán incentivos positivos para la conservación y uso 
sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad e identificarán y, en la medida de 
lo posible, eliminarán los incentivos contrarios a su conservación.
c) Promoverán la utilización de medidas fiscales y otros incentivos económicos 
para la realización de iniciativas privadas de conservación de la naturaleza, y para 
la desincentivación de aquéllas con incidencia negativa sobre la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural.
d) Fomentarán, a través de programas de formación, la educación e 
información general, con especial atención a los usuarios del territorio nacional y del 
medio marino, sobre la necesidad de proteger el patrimonio natural y la biodiversidad.
e) Se dotarán de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las causas que determinan sus cambios, para 
diseñar las medidas que proceda adoptar, incluyendo las de adaptación y mitigación para 
minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y para 
asegurar la persistencia de las especies en un contexto de cambio climático.
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f) Integrarán en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones 
necesarios para la conservación y valoración del Patrimonio Natural, la protección 
de la Biodiversidad y la Geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales, la prevención de la fragmentación de los hábitats y el 
mantenimiento y, en su caso, la restauración de la integridad de los ecosistemas.
g) Fomentarán el aumento de los conocimientos, la base científica y las 
tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su 
estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida. »
Cinco. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 6.  Competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad 
marina.
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las funciones a las 
que se refiere esta ley, con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas 
críticas situados en el medio marino, sin perjuicio de las competencias de las 
comunidades autónomas del litoral.
Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de 
estas funciones en la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios 
situados en los estrechos sometidos al Derecho internacional o en alta mar.
2. Corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de 
cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades 
conexas, así como la prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas 
marinas objeto de esta disposición.
3. Así mismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio 
de las funciones objeto de los puntos anteriores de este artículo en los espacios 
marinos situados en los estrechos sometidos al Derecho Internacional o en alta mar.
4. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de las funciones a 
las que se refiere esta ley con respecto a especies (excepto las altamente 
migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, 
cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural 
terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.
5. El ejercicio de las funciones mencionadas en el presente artículo se ejercerá 
por la Administración competente de acuerdo con los principios de cooperación y 
colaboración interadministrativa. »
Seis. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 quedan redactados de la siguiente manera:
«1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 
colaboración de las comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones 
de carácter científico, económico y social, elaborará y mantendrá actualizado un 
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que recogerá la 
distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización, así como cualquier 
otra información que se considere necesaria, de todos los elementos terrestres y 
marinos integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen 
medidas específicas de conservación o hayan sido declarados de interés 
comunitario.
2. El contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las 
comunidades autónomas, debiendo formar parte del mismo, al menos, la información 
relativa a:
1.º El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
2.º El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas.
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3.º El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
4.º El Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 
y Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
5.º El Inventario de la Estadística Forestal Española.
6.º El Inventario Español de Bancos de Material Genético referido a especies 
silvestres.
7.º El Inventario Español de Caza y Pesca.
8.º El Inventario Español de Parques Zoológicos.
9.º El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al 
patrimonio natural y la biodiversidad.
10.º Un Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al 
menos, las unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII.
11.º Un Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos.
12.º Un Inventario Español de Especies Terrestres. »
Siete. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 10.  Sistema de Indicadores.
En el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se 
establecerá un Sistema de Indicadores para expresar de forma sintética sus 
resultados, de forma que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, 
incorporados a los procesos de toma de decisiones e integrados a escala 
supranacional. Los indicadores se elaborarán con la participación de las 
comunidades autónomas y se aprobarán, previo informe del Consejo Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, mediante orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
Los Indicadores más significativos se incorporarán al Inventario de Operaciones 
Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Plan 
Estadístico Nacional. »
Ocho. El artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 11.  Informes sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Partiendo de los datos del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 
colaboración de las comunidades autónomas, y, en su caso, de otros órganos de la 
Administración General del Estado, elaborará y publicará anualmente un informe 
con los valores, análisis e interpretación de los resultados del Sistema de 
Indicadores. Este informe será presentado a la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad y al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, antes de hacerse público.
Del mismo modo, se realizará un informe cada seis años sobre el estado y 
evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que contendrá también una 
evaluación de los resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas en 
esta materia. Este informe será presentado ante el Consejo Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y ante la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente antes de hacerse público. »
Nueve. El artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 13. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración 
con el resto de los Ministerios y, en especial, con el Ministerio de Fomento en lo que 
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respecta a la marina mercante y al tránsito y transporte aéreo, y con dicho 
departamento y el Ministerio de Defensa en relación con la gestión del espacio aéreo, 
elaborará el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la elaboración de dicho Plan participarán asimismo las comunidades 
autónomas a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, que lo elevará para su aprobación a la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente.
2. El procedimiento de elaboración del Plan incluirá necesariamente trámites 
de información pública y consulta de la comunidad científica, de los agentes 
económicos y sociales, de las Administraciones públicas afectadas y de las 
organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta ley.
3. En todo caso, el Plan será objeto de la evaluación ambiental prevista en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
4. El Plan será aprobado mediante real decreto, en un plazo máximo de dos 
años, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. El real decreto deberá especificar el período de vigencia del Plan 
que, en todo caso, no podrá ser superior a diez años. »
Diez. Se añade un nuevo capítulo III, con un nuevo artículo 15, con la siguiente 
redacción:
«CAPÍTULO III
Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad 
y restauración ecológicas
Artículo 15.  Del Marco estratégico de la Infraestructura Verde y de la conectividad 
y restauración ecológicas.
1. Para garantizar la conectividad ecológica y la restauración del territorio 
español, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 
colaboración de las comunidades autónomas a través de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de otros ministerios implicados, 
elaborará, en un plazo máximo de tres años a contar desde la entrada en vigor de 
la presente ley, una Estrategia estatal de infraestructura verde, y de la conectividad 
y restauración ecológicas, que incorporará una cartografía adecuada que permita 
visualizar gráficamente la misma. Esta estrategia, previo informe del Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente, será aprobada mediante orden conjunta, a propuesta de los 
ministerios que hubieran participado en su elaboración y publicada en el “Boletín 
Oficial del Estado”.
2. La Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y 
restauración ecológicas tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación 
y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde 
del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y 
sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad 
ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la 
conectividad y la restauración de ecosistemas degradados.
3. La Estrategia estatal de infraestructura verde tendrá en especial 
consideración, entre otros, los espacios protegidos, hábitats en peligro de 
desaparición y de especies en peligro de extinción, áreas de montaña, cursos 
fluviales, humedales,  vías pecuarias, corrientes oceánicas, cañones submarinos, 
las rutas migratorias que faciliten la conectividad, y los sistemas de alto valor 
natural originados como consecuencia de las buenas prácticas aplicadas por los 
diferentes sectores económicos, así como los hábitats prioritarios a restaurar, los 
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terrenos afectados por los bancos de conservación de la naturaleza y los 
instrumentos utilizados por las administraciones competentes en la aplicación 
del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del 
año 2000.
4. Basándose en las directrices de la Estrategia estatal, las comunidades 
autónomas desarrollarán, en un plazo máximo de tres años a contar desde la 
aprobación de dicha Estrategia estatal, sus propias estrategias, que incluirán, al 
menos, los objetivos contenidos en la estrategia estatal. »
Once. El capítulo III pasa a denominarse capítulo IV.
Doce. Se reenumeran los artículos 15 al 23, que pasan a ser los artículos 16 al 24, 
respectivamente.
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 17 y se incluye un nuevo apartado 4, 
con la siguiente redacción:
«1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento 
específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su 
relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran patrimonio y los 
recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de otros 
instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica. Su vigencia y plazos 
de revisión serán definidos por la normativa de las comunidades autónomas o, en el 
ámbito de sus competencias, por la Administración General del Estado. »
«4. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales incluirán una 
memoria económica de las medidas propuestas.»
Catorce. Se modifica el artículo 19.4, que queda redactado de la siguiente manera:
«4. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus correspondientes competencias, 
podrán proponer excepciones para garantizar la prestación de los servicios 
mínimos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. Estas excepciones deberán estar suficientemente 
motivadas y someterse a la aprobación del órgano competente de la comunidad 
autónoma.»
Quince. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo  24. De los espacios naturales sometidos a régimen de protección 
preventiva.
1. Cuando de las informaciones obtenidas por la comunidad autónoma se 
dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada de forma 
significativa por un factor de perturbación que alterará tal estado, las administraciones 
públicas competentes tomarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el 
factor de perturbación.
2. En caso de que la eliminación o reducción del factor de perturbación no 
fuera posible, se establecerá un régimen de protección preventiva consistente en:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso 
a los agentes de la autoridad y a los representantes de las comunidades autónomas.
b) Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la zona, de no estar ya iniciado.
c) Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior 
de esta Ley, se aplicará, en su caso, algún régimen de protección, previo 
cumplimiento del trámite de audiencia a los interesados, información pública y 
consulta de las Administraciones afectadas. »
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Dieciséis. El artículo 24 pasa a ser artículo 25 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 25.  El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
1. Bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal, se crea el Catálogo Español 
de Hábitats en Peligro de Desaparición, que se instrumentará reglamentariamente, 
y en el que se incluirán los hábitats en peligro de desaparición, cuya conservación 
o, en su caso, restauración exija medidas específicas de protección y conservación, 
por hallarse, al menos, en alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Tener su área de distribución muy reducida y en disminución.
2.ª Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural.
3.ª Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura 
y funciones ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
4.ª Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio 
plazo en una parte significativa de su área de distribución, incluyendo el riesgo de 
transformación debido a los efectos del cambio climático.
2. La inclusión de hábitats en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 
Desaparición se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, bien a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas, bien a propuesta del 
propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje.
3. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del 
procedimiento de inclusión acompañando a la correspondiente solicitud una 
argumentación científica de la medida propuesta. »
Diecisiete. El artículo 25 pasa a ser artículo 26 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 26.  Efectos.
La inclusión de un hábitat en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 
Desaparición, surtirá los siguientes efectos: 
a) Una superficie adecuada será incluida en algún instrumento de gestión o 
figura de protección de espacios naturales, nueva o ya existente. 
b) La administración competente definirá y tomará las medidas necesarias 
para frenar la recesión y eliminar el riesgo de desaparición de estos hábitats en los 
instrumentos de planificación y de otro tipo adecuados a estos fines. »
Dieciocho. El artículo 26 pasa a ser artículo 27 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 27.  Estrategias y planes de conservación y restauración.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y con informe previo del 
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará Estrategias 
de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición.
2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las 
Estrategias de conservación y restauración de los hábitats en peligro de 
desaparición marinos, excepto para los hábitats que se sitúen exclusivamente en 
espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio 
natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica 
existente. 
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3. Estas estrategias, que constituirán el marco orientativo de los planes o 
instrumentos de gestión adoptados para la conservación y restauración, incluirán al 
menos un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas, incluyendo los 
impactos previstos del cambio climático y las acciones a emprender. Estas 
estrategias o, al menos una reseña de que han sido aprobadas, se publicarán en el 
“Boletín Oficial del Estado”, con remisión a la sede electrónica en la que se halle 
publicado su contenido completo. »
Diecinueve. El artículo 27 pasa a ser artículo 28 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 28.  Definición de espacios naturales protegidos.
1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del 
territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto con la 
zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno 
de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: 
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 
geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales 
asociados. 
2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos 
terrestres exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente 
marinos. » 
Veinte. El artículo 28 pasa a ser artículo 29 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 29.  Contenido de las normas reguladoras de los espacios protegidos.
1. Las normas reguladoras de los espacios protegidos, así como sus 
mecanismos de planificación de la gestión, determinarán los instrumentos jurídicos, 
financieros y materiales que se consideren precisos para cumplir eficazmente los 
fines perseguidos con su declaración.
2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, 
las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación 
deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto 
de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen 
un todo coherente. Constituyen una excepción a lo anterior los supuestos en que las 
distintas figuras de espacios protegidos correspondan a diferentes Administraciones 
públicas, sin perjuicio de la colaboración interadministrativa pertinente. » 
Veintiuno. Los artículos 29, 30 y 31 pasan a ser 30, 31 y 32, respectivamente. 
Veintidós. Se modifica el artículo 31.4, que queda redactado de la siguiente manera :
«4. En los Parques podrá facilitarse la entrada de visitantes con las limitaciones 
precisas para garantizar la protección de aquéllos y los derechos de los titulares de 
los terrenos en ellos ubicados.»
Veintitrés.  El artículo 32 pasa a ser artículo 33 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 33. Áreas Marinas Protegidas. 
1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios naturales designados para la 
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del 
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medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su 
rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. 
Estos espacios podrán ser objeto de incorporación a la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España regulada en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección 
del medio marino.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas y de sus valores 
naturales, se aprobarán planes o instrumentos de gestión que establezcan, al 
menos, las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de explotación de 
los recursos naturales que procedan para cada caso y para el conjunto de las áreas 
incorporables a la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. 
3. El Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, regulado 
en el artículo 29 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, establecerá los criterios 
mínimos comunes de gestión aplicables a las áreas marinas protegidas incluidas en 
dicha Red. » 
Veinticuatro.  El artículo 33 pasa a ser el artículo 34 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 34.  Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza 
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 
que merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y 
monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 
mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 
especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos.
3. En los Monumentos Naturales estará limitada la explotación de recursos, 
salvo cuando esta explotación sea plenamente coherente con la conservación de 
los valores que se pretenden proteger, conforme a lo establecido en sus normas de 
declaración o gestión, o en aquellos casos en que, por razones de investigación o 
conservación o por tratarse de actividades económicas compatibles con mínimo 
impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se permita 
dicha explotación, previa la pertinente autorización administrativa.» 
Veinticinco. Los artículos 34 y 35 pasan a ser 35 y 36, respectivamente. 
Veintiséis. El artículo 36 pasa a ser artículo 37 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 37. Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
1. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración y la 
determinación de la fórmula de gestión de los Espacios Naturales Protegidos en su 
ámbito territorial.
2. Corresponde a la Administración General del Estado la declaración y la 
gestión de los Espacios Naturales Protegidos en el medio marino, excepto en los 
casos en que exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio 
natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica 
existente, en cuyo caso esas funciones corresponderán a las comunidades 
autónomas.
3. Independientemente de la categoría o figura que se utilice para su 
protección, las limitaciones en la explotación de los recursos pesqueros en aguas 
exteriores se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
4. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el territorio 
de dos o más comunidades autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las 
fórmulas de colaboración necesarias.»
cve: BOE-A-2015-10142
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Veintisiete. Los artículos 37 al 40 pasan a ser los artículos 38 al 41, respectivamente.
Veintiocho. El artículo 41 pasa a ser artículo 42 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 42. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente 
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC), hasta su 
transformación en Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), dichas 
ZEC y las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA), cuya 
gestión tendrá en cuenta las exigencias ecológicas, económicas, sociales y 
culturales, así como las particularidades regionales y locales.
2. Los LIC, las ZEC y las ZEPA tendrán la consideración de espacios 
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el 
alcance y las limitaciones que la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes 
instrumentos de planificación, siempre en sus respectivos ámbitos competenciales.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 
participación de las comunidades autónomas, elaborará y mantendrá actualizadas, 
en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
unas directrices de conservación de la Red Natura 2000. Estas directrices 
constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y 
serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
4. Con el fin de promocionar la realización de actividades, coherentes con los 
valores que justifican la declaración de los espacios Red Natura 2000, que 
contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo, se 
dará prioridad a estas actividades, en especial a aquéllas dirigidas a la conservación 
o restauración de los valores naturales del lugar, en el acceso a subvenciones, 
cuando así lo prevean las correspondientes bases reguladoras. De igual manera, se 
analizará, en el marco de las competencias de la Administración General del Estado 
y de las comunidades autónomas, la posible implantación de bonificaciones en 
tasas, gastos de inscripción registral, o cuotas patronales de la Seguridad Social 
agraria, en las actividades que sean en general tanto coherentes como compatibles 
con los valores que justifican la declaración como espacios Red Natura 2000 y 
contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.»
Veintinueve. El artículo 42 pasa a ser artículo 43, y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 43.  Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de 
Conservación.
1. Los LIC son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o del 
medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, 
aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en 
su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de 
hábitats naturales y los hábitats de las especies de interés comunitario, que figuran 
respectivamente en los anexos I y II de esta ley, en su área de distribución natural.
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y con base en los criterios establecidos en el 
anexo III y en la información científica pertinente, elaborarán una lista de lugares 
situados en sus respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas 
especiales de conservación. La propuesta, que indicará los tipos de hábitats naturales 
y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos lugares, se 
someterá al trámite de información pública. Si, como resultado del trámite de 
información pública anterior, se llevara a cabo una ampliación de los límites de la 
propuesta inicial, ésta será sometida a un nuevo trámite de información pública.
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá la lista a 
la Comisión Europea para su aprobación como LIC.
Desde el momento que se envíe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente la lista de los espacios propuestos como LIC, para su traslado a la 
Comisión Europea, éstos pasarán a tener un régimen de protección preventiva que 
garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y 
especies hasta el momento de su declaración formal. El envío de la propuesta de un 
espacio como LIC conllevará, en el plazo máximo de seis meses, hacer público en 
el boletín oficial de la Administración competente sus límites geográficos, los hábitats 
y especies por los que se declararon cada uno, los hábitats y especies prioritarios 
presentes y el régimen preventivo que se les aplicará.
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, 
éstos serán declarados por las Administraciones competentes, como ZEC lo antes 
posible y como máximo en un plazo de seis años, junto con la aprobación del 
correspondiente plan o instrumento de gestión. Para fijar la prioridad en la 
declaración de estas Zonas, se atenderá a la importancia de los lugares, al 
mantenimiento en un estado de conservación favorable o al restablecimiento de un 
tipo de hábitat natural de interés comunitario o de una especie de interés comunitario, 
así como a las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellas, todo ello 
con el fin de mantener la coherencia de la Red Natura 2000.» 
Treinta. El artículo 43 pasa a ser el artículo 44, y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 44. Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en 
superficie para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de 
esta ley y para las aves migratorias de presencia regular en España, serán 
declaradas como ZEPA, y se establecerán en ellas medidas para evitar las 
perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar 
su supervivencia y reproducción. Para el caso de las especies de carácter migratorio 
que lleguen regularmente al territorio español y a las aguas marinas sometidas a 
soberanía o jurisdicción española, se tendrán en cuenta las necesidades de 
protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de 
descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy 
especialmente a las de importancia internacional.»
Treinta y uno.  El artículo 44 pasa a ser el artículo 45 y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 45. Declaración de las Zonas Especiales de Conservación y de las Zonas 
de Especial protección para las Aves.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, previo 
procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las ZEPA, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Si, como resultado del trámite de información 
pública anterior, se llevara a cabo una ampliación de los límites de la propuesta 
inicial, ésta será sometida a un nuevo trámite de información pública.
Dichas declaraciones se publicarán en los respectivos Diarios Oficiales 
incluyendo información sobre sus límites geográficos y los hábitats y especies por 
los que se declararon cada uno. De dichas declaraciones, se dará cuenta al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a efectos de su 
comunicación a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
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Treinta y dos. El artículo 45 pasa a ser artículo 46, y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las 
medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de 
los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que 
implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos de los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de 
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un 
estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en especial 
consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en 
un gran porcentaje de su territorio en estos lugares, o con limitaciones singulares 
específicas ligadas a la gestión del lugar.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas 
apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en 
los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los 
hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies 
que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de 
la presente ley.
3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en 
la legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias 
para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las 
perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la 
medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de 
conservación de dichos hábitats y especies.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 
apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente 
o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de 
acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por 
las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones 
en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes 
para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar 
su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio 
a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio 
a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las 
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse 
un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones públicas 
competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo 
podrá declararse para cada supuesto concreto:
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a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, 
programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración 
General del Estado, o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho 
acuerdo deberá ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, 
durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y 
ejecución que determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o 
una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se 
podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta 
a la Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que 
pueda afectar de forma apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que 
hayan sido catalogadas, en el ámbito estatal o autonómico, como en peligro de 
extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras 
alternativas, concurran causas relacionadas con la salud humana y la seguridad 
pública, las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente u otras razones imperiosas de interés público de primer orden. La 
justificación del plan, programa o proyecto y la adopción de las correspondientes 
medidas compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5, 
salvo por lo que se refiere a la remisión de las medidas compensatorias a la 
Comisión Europea.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de LIC aprobada por la 
Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 
de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida 
a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo.»
Treinta y tres. El artículo 46 pasa a ser artículo 47 y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 47. Coherencia y conectividad de la Red.
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red 
Natura 2000, las Administraciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15, 
fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos 
elementos del paisaje y áreas terrestres y marinas que resultan esenciales o 
revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, 
teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio climático.»
Treinta y cuatro.  El artículo 47 pasa a ser artículo 48, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 48. Vigilancia y seguimiento.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias,  vigilarán el estado de conservación de los 
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tipos de hábitats y las especies de interés comunitario, teniendo especialmente en 
cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias, así 
como de conservación de las especies de aves que se enumeran en el anexo IV. La 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, oído el Consejo Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, aprobará unas directrices para establecer la metodología 
común y las características de este seguimiento.
2. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente información sobre los cambios en el estado de 
conservación y las medidas de conservación a las que se refiere el artículo 46.1, la 
evaluación de sus resultados y las propuestas de nuevas medidas a aplicar, a 
efectos de su reflejo en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y para que dicho Ministerio pueda remitir a la Comisión Europea los 
informes nacionales exigidos por las Directivas europeas.»
Treinta y cinco. El artículo 48 pasa a ser artículo 49.
Treinta y seis. Los artículos 49 a 51 pasan a ser 50 a 52.
Treinta y siete. Se añade un capítulo VI con la siguiente redacción: 
«CAPÍTULO VI
Información ambiental en el Registro de la Propiedad
Artículo 53. Incorporación de la información geográfica al Registro de la Propiedad.
1. La información perimetral referida a espacios naturales protegidos, Red 
Natura 2000, los montes de utilidad pública y los dominios públicos de las vías 
pecuarias y zonas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas, integradas 
en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará 
siempre incorporada al sistema de información geográfica de la finca registral, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
2. A tales efectos y con independencia de otros instrumentos o sitios 
electrónicos de información medioambiental que puedan establecer las 
comunidades autónomas en el marco de sus competencias, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá actualizado un servicio de 
mapas en línea con la representación gráfica georreferenciada y metadatada, que 
permita identificar y delimitar los ámbitos espaciales protegidos a que se refiere el 
apartado anterior, así como la importación de sus datos para que puedan ser 
contrastados con las fincas registrales en la aplicación del sistema informático 
registral único. El procedimiento de comunicación entre los respectivos sistemas 
de información geográfica se determinará mediante orden ministerial conjunta del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de 
Justicia.
3. En toda información registral, así como en las notas de calificación o 
despacho referidas a fincas, que según los sistemas de georreferenciación de 
fincas registrales, intersecten o colinden con ámbitos espaciales sujetos a algún 
tipo de determinación medioambiental, conforme a la documentación recogida en 
el apartado anterior, se pondrá de manifiesto tal circunstancia como información 
territorial asociada y con efectos meramente informativos, recomendando en 
cualquier caso, además, la consulta con las autoridades ambientales 
competentes.
4. Igualmente, el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a la información a que se 
refiere el apartado segundo, en los términos previstos en esta ley, de conformidad 
con lo dispuesto en su normativa reguladora.»
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Treinta y ocho. El artículo 52 pasa a ser artículo 54, y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 54. Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, 
atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo 
regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya 
situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en 
los artículos 56 y 58 de esta ley.
Igualmente, deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la 
recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres 
de interés comunitario, que se enumeran en el anexo VI, así como la gestión de su 
explotación, sea compatible con el mantenimiento de las mismas en un estado de 
conservación favorable.
2. La Administración General del Estado prohibirá la importación o introducción 
de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir 
con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios 
ecológicos.
3. La importación o introducción en el territorio nacional de una especie 
alóctona que podría concurrir potencialmente en las circunstancias descritas en el 
apartado anterior estará supeditada a la obtención de una autorización administrativa 
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin perjuicio 
de los demás requisitos contemplados en la normativa sectorial correspondiente.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará, en el 
plazo máximo de un año, un listado en el que, con base en la información técnica y 
científica existente, se incluirán los taxones alóctonos susceptibles de competir con 
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios 
ecológicos.
Este listado será publicado y actualizado en la sede electrónica del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. Tras la publicación del listado previsto en el apartado anterior, el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sólo autorizará la importación en el 
territorio nacional de una especie incluida en dicho listado cuando, en la primera 
importación solicitada, compruebe mediante la evaluación de un análisis de riesgo 
presentado por el operador, que la especie no es susceptible de incurrir en las 
circunstancias descritas en el apartado 2. Cuando el análisis de riesgo de esa 
primera solicitud sea favorable a la importación, no será necesario solicitar 
autorizaciones de esta índole para importaciones posteriores, salvo que nuevas 
razones de índole científica debidamente fundadas aconsejen someterlo de nuevo 
a un análisis de riesgo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá 
actualizado en su sede electrónica un registro de las especies que hayan sido objeto 
de estos análisis de riesgos y del resultado de los mismos.
5. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente 
a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo 
biológico.
Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, 
recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos 
aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.
Para las especies de animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 y 58, estas prohibiciones no se aplicarán en los 
supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, 
cve: BOE-A-2015-10142
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agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca marítima, o en los 
supuestos regulados por la Administración General del Estado o las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies.
6. Sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudieren 
establecerse por razones de conservación, con carácter general, las 
Administraciones públicas no son responsables de los daños ocasionados por las 
especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa 
sectorial específica.»
Treinta y nueve. Se añade un artículo 55 con la siguiente redacción:
«Artículo 55. Reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas.
1. Las Administraciones públicas promoverán la reintroducción de las especies 
de la fauna y flora silvestres autóctonas extinguidas, incluyendo aquéllas 
desaparecidas de todo el medio natural español en tiempos históricos, sobre las que 
existan referencias escritas fidedignas, y de las que aún existan poblaciones en 
otros lugares o en cautividad, especialmente cuando estas reintroducciones 
contribuyan al restablecimiento del estado de conservación favorable de especies o 
hábitats de interés comunitario.
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad elevará, antes 
del 31 de diciembre de 2017, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previa 
consulta al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, en su 
caso, al comité científico del Listado y Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
un Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español. Dicho Listado 
será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”. No podrán autorizarse proyectos de 
reintroducción de especies no presentes en estado silvestre en el territorio español, 
que no estén incluidas en el citado listado. 
2. Cualquier Administración pública, o cualquier persona física o jurídica de 
derecho privado podrá solicitar a la Dirección General competente en medio natural 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la iniciación del 
procedimiento de inclusión de una especie en este Listado, acompañando a la 
correspondiente solicitud, una argumentación científica justificativa de su carácter 
autóctono y de su presencia estable en estado silvestre en el territorio español de 
forma previa a su extinción.
3. Los proyectos de reintroducción de especies silvestres autóctonas 
extinguidas podrán ser ejecutados por las Administraciones públicas, o por cualquier 
persona física o jurídica de derecho privado, previo informe favorable al proyecto 
emitido por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la 
autorización preceptiva de la Administración General del Estado o de la comunidad 
autónoma, en sus respectivos ámbitos competenciales, teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas establecidas en las directrices técnicas sobre la materia 
aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y tras contar con una 
adecuada participación y audiencia públicas en los términos de la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
4. En el caso de la reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas 
del medio natural español, incluidas en el Listado previsto en el apartado 1, o aún 
presentes en España en estado silvestre pero extinguidas en un determinado ámbito 
territorial y que sean susceptibles de extenderse por otra u otras comunidades 
autónomas en las que la especie objetivo no está presente en la actualidad, deberá 
elaborarse un proyecto de reintroducción, que deberá recibir el informe favorable de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y en todo caso, 
autorización preceptiva de la Administración General del Estado o de la comunidad 
autónoma, en sus respectivos ámbitos competenciales.
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En el caso de proyectos de reintroducción de especies silvestres autóctonas 
extinguidas aún presentes en España en estado silvestre pero extinguidas en un 
determinado ámbito territorial y que no sean susceptibles de extenderse por otra u 
otras comunidades autónomas en las que la especie objetivo no está presente en la 
actualidad, los proyectos únicamente deberán comunicarse, para conocimiento, a la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debiendo contar en 
todo caso con autorización preceptiva de la Administración General del Estado o de 
la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos competenciales.
5. Se podrá contemplar la realización de reintroducciones experimentales de 
especies silvestres autóctonas extinguidas que no sean esenciales para la 
conservación de tal especie, para comprobar que dicha especie reintroducida se 
integra en el ecosistema y queda demostrada su compatibilidad con las especies 
silvestres presentes y las actividades humanas existentes en la zona. Si no se 
produjera dicha integración, y previa justificación suficientemente documentada y 
comunicación a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
las poblaciones experimentales no esenciales podrán ser parciales o totalmente 
retiradas o eliminadas del medio natural.
6. En el supuesto de reintroducciones ilegales, la Administración General del 
Estado y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, impulsarán 
las acciones necesarias para revertir la situación a la existente con anterioridad a la 
de la reintroducción ilegal, con la erradicación de los ejemplares liberados y sus 
descendientes.»
Cuarenta. El artículo 53 pasa a ser 56 y queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 56. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
1. Se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, que se instrumentará reglamentariamente, previa consulta a las 
comunidades autónomas y que incluirá especies, subespecies y poblaciones que 
sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así 
como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los 
convenios internacionales ratificados por España.
El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará a cabo 
la inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población en este 
Listado cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje:
a) A propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas o
b) de oficio.
Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las 
normas o decisiones de la Unión Europea, como los que se enumeran en el anexo V, 
o en los instrumentos internacionales ratificados por España, la inclusión en el 
Listado se producirá de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, notificando previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento 
de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente 
solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.
3. La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de 
conservación.
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4. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, 
determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren 
necesarias para su preservación o con el fin de establecer un mayor grado de 
protección.»
Cuarenta y uno. El artículo 54 pasa a ser artículo 57, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 57. Prohibiciones y garantía de conservación para las especies incluidas 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes 
prohibiciones genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, 
mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de 
cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, 
perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares 
y lugares de reproducción, invernada o reposo.
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o 
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares 
vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos en los que 
estas actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar 
claramente beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente 
se determinen.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas 
especies, subespecies o poblaciones.
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán un sistema de control de 
capturas o muertes accidentales y, a partir de la información recogida en el mismo, 
adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones 
negativas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial, y se minimicen en el futuro.»
Cuarenta y dos. El artículo 55 pasa a ser el artículo 58.
Cuarenta y tres. El artículo 56 pasa a ser el artículo 59, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 59. Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.
1. En lo que se refiere al Catálogo Español de Especies Amenazadas:
a) La inclusión de un taxón o población en la categoría de “en peligro de 
extinción” conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de 
recuperación, que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos buscados, y, en su caso, la designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de 
estos taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se 
fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión, específicos para estas 
áreas o integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las 
especies que hayan motivado la designación de esas áreas.
b) La inclusión de un taxón o población en la categoría de “vulnerable” conllevará 
la adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un plan de conservación que 
incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados.
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c) Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas 
de conservación o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes que 
abarquen varios taxones o poblaciones simultáneamente.
d) Para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta 
proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, los planes se podrán integrar en las 
correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios.
2. Las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán los planes de 
conservación y de recuperación para las especies amenazadas terrestres.
3. En el caso de las especies marinas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente elaborará y aprobará los planes de recuperación y conservación, 
mediante orden ministerial, que serán coherentes con los instrumentos de protección 
previstos en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, 
excepto para las especies amenazadas no altamente migratorias cuyos hábitats se 
sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino 
respecto del espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor 
evidencia científica existente. 
4. Sin perjuicio de la normativa sanitaria vigente, el traslado o movimiento 
internacional de ejemplares vivos de especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas deberá contar con una autorización previa de la comunidad 
autónoma, previo informe de la Dirección General competente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el caso de las especies marinas de 
competencia estatal, dicha autorización será emitida por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.»
Cuarenta y cuatro.  El artículo 57 pasa a ser artículo 60, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 60. Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha 
contra amenazas para la biodiversidad. Situación crítica de una especie.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias de 
conservación de especies amenazadas presentes en más de una comunidad 
autónoma, o aquéllas otras que resultan clave para el funcionamiento de los 
ecosistemas presentes en más de una comunidad autónoma, y las estrategias de 
lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, dando prioridad a las 
que afecten a mayor número de especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, como el uso ilegal de sustancias tóxicas, la electrocución y 
la colisión con tendidos eléctricos o parques eólicos, o el plumbismo. Estas 
estrategias o, al menos una reseña de que han sido aprobadas, se publicarán en el 
“Boletín Oficial del Estado”, con remisión a la sede electrónica en la que se halle 
publicado su contenido completo.
Estas Estrategias, que constituirán el marco orientativo de los Planes de 
Recuperación y Conservación, incluirán, al menos, un diagnóstico de la situación y 
de las principales amenazas para las especies, y las acciones a emprender para su 
recuperación.
2. Cuando del seguimiento o evaluación del estado de conservación de una 
especie en peligro de extinción se dedujera que existe un riesgo inminente de 
extinción, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podrá declarar la situación crítica de 
esa especie. Esta declaración tendrá como consecuencia que las obras y proyectos 
encaminados a la recuperación de estas especies tendrán la consideración de 
interés general y su tramitación tendrá carácter de urgencia.
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En estos casos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
coordinará, en el seno de un grupo de trabajo constituido por al menos un 
representante de dicho Ministerio y de cada una de las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía del área de distribución de la especie, las 
actuaciones a realizar por cada Administración, en el ámbito de sus competencias.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las 
estrategias de conservación de especies amenazadas marinas y las de lucha contra 
las amenazas para la biodiversidad marina, dando prioridad a las que afecten a 
mayor número de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, como la captura accidental por artes de pesca, la colisión con 
embarcaciones o el ruido submarino.»
Cuarenta y cinco.  El artículo 58 pasa a ser el artículo 61, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 61. Excepciones.
1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, 
previa autorización administrativa de la comunidad autónoma o de la Administración 
General del Estado, en el ámbito de sus competencias, si no hubiere otra solución 
satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de 
conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución 
natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y 
seguridad de las personas.
b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, 
la pesca y la calidad de las aguas. Salvo en el caso de las aves, también se podrá 
aplicar esta excepción en caso de perjuicio importante a otras formas de propiedad.
c) Por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de 
carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial 
para el medio ambiente. Esta excepción no será de aplicación en el caso de las aves.
d) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o 
reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos 
fines.
e) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la 
seguridad aérea.
f) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos 
selectivos, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de 
determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones 
precisas para garantizar su conservación.
g) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.
2. En los supuestos de aplicación del último inciso del apartado 1 letra b) y del 
apartado 1 letra c), las Administraciones competentes especificarán las medidas 
mediante las cuales quedará garantizado el principio de no pérdida neta de 
biodiversidad, previsto en el artículo 2.c), ya sea mediante la figura de los bancos de 
conservación, ya sea mediante la adopción de otros instrumentos.
3. En los supuestos previstos en el apartado 1 letra d), se estará a lo dispuesto 
en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas 
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos.
4. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las 
circunstancias contempladas en el apartado 1, letra f), la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios para 
garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que no existen otras alternativas 
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viables y que el nivel máximo nacional de capturas se ajusta al concepto de 
“pequeñas cantidades”. Igualmente, se establecerán los cupos máximos de captura 
que podrán concederse, así como los sistemas de control del cumplimiento de dichas 
medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el período autorizado para 
efectuar la captura, retención o explotación prudente, sin perjuicio de los controles 
adicionales que deben también establecerse una vez transcurrido dicho período.
5. La autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores 
deberá ser pública, motivada y especificar:
a) El objetivo y la justificación de la acción.
b) Las especies a que se refiera.
c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o métodos a emplear y sus 
límites, así como las razones y el personal cualificado para su empleo.
d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y lugar 
y si procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos científicos 
utilizados.
e) Las medidas de control que se aplicarán.
6. Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo previsto en 
este artículo, a efectos de su posterior notificación a la Comisión Europea y a los 
Organismos internacionales pertinentes, señalando, en cada caso, los controles 
ejercidos y los resultados obtenidos de los mismos.
7. En el caso de captura en vivo de ejemplares, los métodos de captura o 
marcaje deben adoptar la alternativa con menor probabilidad de producir lesiones o 
provocar mortalidad de los ejemplares capturados.
8. La concesión por parte de las Administraciones competentes de 
autorizaciones para la práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en 
especial a través del anillamiento científico, quedará supeditada a que el 
solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo de la actividad, sobre una base 
mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades científicas 
relacionadas con el marcaje.»
Cuarenta y seis. El artículo 59 pasa a ser artículo 62.
Cuarenta y siete. El artículo 60 pasa a ser artículo 63, con la siguiente redacción:
«Artículo 63. Conservación ex situ de material biológico y genético de especies 
silvestres.
1. Con objeto de preservar la diversidad genética de las especies silvestres y 
de complementar las actuaciones de conservación in situ, las Administraciones 
públicas promoverán la existencia de bancos de material genético y biológico de 
especies silvestres.
2. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad elaborará 
unas directrices para impulsar el trabajo coordinado entre los bancos de material 
genético y biológico y las Administraciones públicas. Estas directrices incluirán, 
entre otras cuestiones, los mecanismos para el impulso del trabajo en red de los 
bancos, los procedimientos de intercambio de información sobre las colecciones, los 
taxones prioritarios para ser conservados ex situ y los mecanismos de coordinación 
entre todos los implicados. Las directrices serán aprobadas, previo informe del 
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han 
sido aprobadas, se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, con remisión a la 
sede electrónica en la que se halle publicado su contenido completo.
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3. Se dará prioridad, entre otros, a la conservación de material biológico y 
genético de taxones del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, con especial atención a las especies endémicas o catalogadas. 
4. Las comunidades autónomas mantendrán un registro de los bancos de 
material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con 
información actualizada sobre las colecciones conservadas. A tal efecto, los bancos 
deberán proporcionar, al menos anualmente, dicha información a la Administración 
competente de su comunidad autónoma. 
5. Se crea el Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético 
de especies silvestres, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos 
que vuelquen las comunidades autónomas.»
Cuarenta y ocho. El artículo 61 pasa a ser el artículo 64, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 64. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya 
estructura y funcionamiento se regulará reglamentariamente y en el que se incluirán, 
cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas 
especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave 
para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para 
los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
Dicho catálogo dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal.
2. La inclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas o del propio 
Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento 
de inclusión o exclusión de una especie o subespecie, acompañando a la 
correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.
3. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva 
la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares 
vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo 
el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización 
administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de 
investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, 
en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben.
4. Por parte de las Administraciones competentes, se llevará a cabo un 
seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquéllas 
que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, 
llegado el caso, su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las 
comunidades autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, elaborarán Estrategias que contengan las directrices de 
gestión, control y posible erradicación de las especies del Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan 
un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos 
amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. La Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, aprobará estas estrategias, que tendrán carácter 
orientativo. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han sido aprobadas, 
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se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, con remisión a la sede electrónica 
en la que se halle publicado su contenido completo.
6. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
podrán establecer Catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las 
prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su 
erradicación.
7. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las 
estrategias para las especies exóticas invasoras marinas.» 
Cuarenta y nueve. Se añade un artículo 64 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 64 bis. Especies exóticas invasoras de preocupación para la Unión.
1. La gestión de las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión 
se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención 
y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el citado reglamento 
conllevará la imposición de las respectivas sanciones previstas en el título VI de 
esta ley.»
Cincuenta. Los artículos 62 a 65 pasan a ser los artículos 65 a 68 respectivamente.
Cincuenta y uno. El artículo 66 pasa a ser artículo 69, con la siguiente redacción:
«Artículo 69. Objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera. 
1. Los objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera son: 
a) Mantener un conjunto definido e interconectado de “laboratorios naturales”; 
estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades 
humanas y los territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los 
procesos de mutua adaptación y a los cambios generados.
b) Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la 
información así generada a los escenarios en que resulte de aplicación.
c) Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible 
del territorio.
2. El Comité MaB Español es el órgano colegiado de carácter asesor y científico, 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya composición, 
contenidos y funciones se definirán reglamentariamente. El Comité ejercerá la facultad 
de coordinación que corresponde al Estado poniendo a disposición de los órganos 
competentes en las Reservas de la Biosfera la estructura organizativa y los medios 
necesarios para que la evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, 
objetividad y comparabilidad que faciliten el cumplimiento de los estándares del 
programa definidos por la UNESCO, asegurando un adecuado equilibrio entre el 
respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que éstas conduzcan 
a compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del sistema, siempre sin 
perjuicio de las funciones que corresponden al propio órgano de gestión de cada 
reserva de la biosfera en los términos previstos en el artículo 70 c).
El Comité MaB realizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la 
Biosfera, valorando su adecuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en su 
caso, proponiendo la corrección de los aspectos contradictorios.»
Cincuenta y dos. El artículo 67 pasa a ser artículo 70, con la siguiente redacción:
«Artículo 70. Características de las Reservas de la Biosfera.
Las Reservas de la Biosfera, para su integración y mantenimiento como tales, 
deberán respetar las directrices y normas aplicables de la UNESCO y contar, como 
mínimo, con:
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a) Una ordenación espacial integrada por: 
1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean espacios naturales 
protegidos, o LIC, o ZEC, o ZEPA, de la Red Natura 2000, con los objetivos básicos 
de preservar la diversidad biológica y los ecosistemas, que cuenten con el adecuado 
planeamiento de ordenación, uso y gestión que potencie básicamente dichos 
objetivos.
2.º Una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la 
integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo 
ambientalmente sostenible en la zona de protección a través del correspondiente 
planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o integrado en el 
planeamiento de las respectivas zonas núcleo.
3.º Una o varias zonas de transición entre la Reserva y el resto del espacio, 
que permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar 
de la población, aprovechando los potenciales recursos específicos de la Reserva 
de forma sostenible, respetando los objetivos de la misma y del Programa Persona 
y Biosfera.
b) Unas estrategias específicas de evolución hacia los objetivos señalados, 
con su correspondiente programa de actuación y un sistema de indicadores 
adaptado al establecido por el Comité MaB Español, que permita valorar el grado de 
cumplimiento de los objetivos del Programa MaB. 
c) Un órgano de gestión responsable del desarrollo de las estrategias, líneas 
de acción y programas y otro de participación pública, en el que estén representados 
todos los actores sociales de la reserva.»
Cincuenta y tres. El artículo 68 pasa a ser artículo 71, con la siguiente redacción: 
«Artículo 71. Acceso y utilización de los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y distribución de beneficios.
1. El acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el 
reparto de beneficios derivados de su utilización se regirá por lo dispuesto en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización y sus instrumentos de desarrollo, y, en su caso, en el 
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
2. Haciendo uso de las potestades que a los Estados miembros atribuye el 
artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el artículo 6 del Protocolo 
de Nagoya, el acceso a estos recursos genéticos españoles se someterá por real 
decreto a los requisitos de consentimiento previo informado y condiciones 
mutuamente acordadas. Como prueba de haber prestado el consentimiento previo 
informado y de haber establecido las condiciones mutuamente acordadas, se emitirá 
una autorización de acceso a estos recursos. El real decreto preverá un trámite de 
autorización simplificado para el acceso a estos recursos genéticos, cuando su 
utilización sea con fines de investigación no comercial.
3. La competencia para prestar el consentimiento previo informado, establecer 
las condiciones mutuamente acordadas y consiguientemente emitir la autorización 
de acceso para los recursos genéticos españoles corresponderá a las comunidades 
autónomas de cuyo territorio procedan los recursos genéticos o en cuyo territorio 
estén localizadas las instituciones de conservación ex situ, siempre que su origen 
sea español, salvo en el supuesto de la letra c) siguiente.
La Administración General del Estado será la competente en el supuesto de los 
siguientes recursos:
a) Recursos genéticos marinos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 y 
apartados d) y e) de la disposición adicional primera de esta ley.
cve: BOE-A-2015-10142
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b) Recursos genéticos que se encuentren en bienes de dominio público de 
titularidad estatal.
c) Recursos genéticos que se encuentren en instituciones de conservación ex 
situ de carácter o titularidad estatal.
El suministro de los recursos genéticos de origen no español que se encuentren 
en instituciones de conservación ex situ españolas o estén situados en territorio 
español, se regirá por lo dispuesto en el artículo 72.
d) Recursos genéticos procedentes de taxones silvestres terrestres cuya área 
de distribución abarque más de una comunidad autónoma.
4. Queda excluido de la regulación de acceso prevista en este artículo el 
acceso con fines exclusivamente taxonómicos, quedando prohibida en estos casos 
su transmisión a terceros, salvo cuando sea para idénticos fines.
Igualmente quedan excluidos:
a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se 
regulan por la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de 
recursos fitogenéticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se 
regirán por su normativa específica.
5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente actuará, 
conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Nagoya, como punto focal nacional 
sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de su utilización. La Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas, en el ejercicio de las competencias previstas en este 
artículo, designarán sus autoridades competentes de acceso a los recursos 
genéticos, que deberán ser notificadas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente como punto focal nacional en la materia. El punto focal nacional 
será el encargado de proveer información a los interesados en acceder a los 
recursos genéticos en España sobre las condiciones y sobre las autoridades 
competentes de acceso a los recursos genéticos con las que éstos deben contactar.
6. Las autoridades competentes de acceso a los recursos genéticos notificarán 
las autorizaciones, cuyos contenidos se ajustarán a lo establecido en el Protocolo 
de Nagoya y sus mecanismos de desarrollo, al punto focal nacional. El punto focal 
nacional las trasladará al Centro de Intercambio de Información previsto en el 
Protocolo de Nagoya, momento en el que se convertirán en los certificados de 
cumplimiento internacionalmente reconocidos.
El real decreto establecerá también los modelos que serán los mismos en todo 
el territorio nacional. 
Si se pretendiera obtener patentes a partir de los recursos genéticos, la solicitud 
de patente se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
patentes. En el desarrollo reglamentario de dicha legislación participará el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Cuando en el transcurso de una investigación con recursos genéticos obtenidos 
con fines no comerciales devenga una posible utilización comercial, el interesado 
deberá solicitar una nueva autorización a la autoridad competente.
7. Los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos serán 
destinados principalmente a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible 
de sus componentes. En el caso de los recursos genéticos cuyo acceso haya sido 
concedido por la Administración General del Estado, los beneficios que se deriven 
de su utilización se canalizarán a través del Fondo para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.
8. Las distintas autoridades competentes de acceso a los recursos genéticos 
serán las encargadas de velar por la correcta utilización de los recursos genéticos a 
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los cuales han otorgado el acceso. En los supuestos en los que las autoridades 
competentes de acceso a los recursos genéticos detecten infracciones en el acceso 
o en la utilización de los recursos genéticos bajo su competencia, por parte de 
usuarios que se encuentran fuera del territorio español, éstos notificarán dicha 
información al punto focal nacional para que se establezcan las oportunas consultas 
con el país en el que se haya producido esa posible utilización irregular de recursos 
genéticos españoles.
9. El real decreto preverá la creación de un comité especializado dentro de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el que estarán 
representadas las comunidades autónomas, así como los departamentos 
ministeriales que se vean afectados por el seguimiento de las cuestiones referidas 
en este artículo y en el artículo  72 y apartados segundo, tercero y cuarto del 
artículo 74.
10. Con independencia de lo establecido en este artículo, las comunidades 
autónomas, en su ámbito territorial, podrán establecer condiciones al acceso de 
recursos genéticos in situ cuando su recolección requiera de especial protección 
para preservar su conservación y utilización sostenible, notificándolo al órgano 
designado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como 
punto focal nacional en la materia, a efectos de que éste informe a los órganos de 
cooperación de la Unión Europea competentes en la materia y a los órganos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.»
Cincuenta y cuatro. Se añade el artículo 72, con la siguiente redacción: 
«Artículo 72. Control de la utilización de los recursos genéticos.
1. El seguimiento y las medidas de cumplimiento de la utilización de los 
recursos genéticos en España se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya 
sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización en la Unión. El real decreto de desarrollo 
de los artículos 71 y 72 incluirá la designación de las autoridades responsables de 
la aplicación del citado Reglamento 511/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el citado reglamento 
conllevará la imposición de las respectivas infracciones y sanciones previstas en el 
título VI de esta ley.»
Cincuenta y cinco. El artículo 69 pasa a ser artículo 73.
Cincuenta y seis. El artículo 70 pasa a ser artículo 74, con la siguiente redacción:
«Artículo 74. Promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las 
Administraciones públicas:
a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de 
utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso 
sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos 
conocimientos y prácticas se compartan equitativamente.
c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 
relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y 
geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en el 
Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.
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2. La utilización en España de conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos provenientes de un tercer país se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa nacional de acceso a los conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos de dicho país, todo ello conforme al Protocolo de Nagoya.
3. El seguimiento y las medidas de cumplimiento de la utilización de 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos provenientes de un tercer 
país Parte del Protocolo de Nagoya se llevará a cabo conforme al 
Reglamento 511/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el mencionado 
reglamento conllevará la imposición de las respectivas infracciones y sanciones 
previstas en el título VI de esta ley.
5. En cuanto a la protección de los conocimientos tradicionales del Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad y su relación 
con los derechos de propiedad intelectual e industrial, se estará a lo que se 
establezca en la legislación internacional y, en su caso, en la legislación vigente en 
materia de patentes.»
Cincuenta y siete. Los artículos 71 a 73 pasan a ser 75 a 77, respectivamente 
Cincuenta y ocho. El artículo 74 pasa a ser artículo 78 y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 78. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con objeto 
de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los 
objetivos de esta ley, así como la gestión forestal sostenible, la prevención 
estratégica de incendios forestales y la protección de espacios forestales y naturales 
en cuya financiación participe la Administración General del Estado.
Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza plurianual y actuará como 
instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial. El fondo 
se dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, 
incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos 
financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras fuentes de 
financiación que puedan establecerse en el futuro.
2. Serán objetivos del Fondo:
a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y 
ordenación del patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad, en particular, 
la elaboración de planes, instrumentos y proyectos de gestión de espacios naturales 
protegidos, de la Red Natura 2000 y de las Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, y de ordenación de los recursos naturales, así como de la 
conservación in situ y ex situ de especies del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.
b) Desarrollar otras acciones y crear otros instrumentos adicionales que 
contribuyan a la defensa y sostenibilidad de los espacios naturales protegidos, de la 
Red Natura 2000 y de las Áreas protegidas por instrumentos internacionales, y de 
ordenación de los recursos naturales, así como de la conservación de especies del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
c) Hacer viables los modelos sostenibles de conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad, en especial, en espacios naturales protegidos, en la Red 
Natura 2000, y en las Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
d) Contribuir a la ejecución de las medidas incluidas en las Estrategias y 
Planes de conservación de hábitats en peligro de desaparición y especies 
catalogadas.
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e) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y 
ordenación forestal, en particular, la elaboración de proyectos de ordenación de 
montes o de planes dasocráticos.
f) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos 
de gestión sostenible en materia de silvicultura, actividades cinegéticas y 
piscícolas.
g) Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los 
espacios forestales y las llevadas a cabo por los agentes sociales y económicos 
ligados a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura 2000, así como apoyar 
los servicios ambientales y de conservación de recursos naturales.
h) Apoyar las acciones de prevención de incendios forestales.
i) Apoyar las acciones de eliminación de otros impactos graves para el 
patrimonio natural y la biodiversidad, en especial el control y erradicación de 
especies exóticas invasoras y la fragmentación de los hábitats.
j) Incentivar la agrupación de la propiedad forestal para el desarrollo de 
explotaciones forestales conjuntas, que favorezcan la gestión forestal sostenible.
k) Promocionar la obtención de la certificación forestal.
l) Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y 
experimentación relacionadas con la conservación del patrimonio natural, la 
biodiversidad y la geodiversidad.
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.
n) Promover el uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos 
procedentes de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y bosques 
certificados.
o) Promover la preservación, mantenimiento y fomento de los conocimientos y 
las prácticas de utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación 
y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad mediante, entre otros 
procedimientos, la incentivación de los agentes que los aplican.
p) Desarrollar otras acciones y objetivos complementarios que contribuyan a 
la defensa y sostenibilidad del patrimonio natural y la biodiversidad.
q) Promover la producción ecológica en las zonas incluidas en espacios 
naturales protegidos, en la Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera.
r) Financiar acciones específicas de prevención de la erosión y desertificación, 
preferentemente en los espacios naturales protegidos, en la Red Natura 2000 y 
Reservas de la Biosfera.
s) Incentivar los estudios y prospecciones que persigan el desarrollo y 
actualización del inventario español del patrimonio natural y la biodiversidad.
t) Impulsar iniciativas de divulgación que favorezcan el conocimiento y la 
sensibilización social por la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural 
español.
3. La ejecución de las acciones que se financien con cargo al Fondo 
corresponderá, en sus respectivos ámbitos de competencia, a la Administración 
General del Estado y a las comunidades autónomas, con las que previamente se 
habrán establecido mediante convenio las medidas a cofinanciar.
4. Por Real Decreto, previa consulta con las comunidades autónomas, se 
regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural, que garantizará la 
participación de las mismas, singularmente en todos aquellos objetivos del Fondo 
que incidan sobre sus competencias.
5. Las Administraciones trabajarán desde el principio de subsidiariedad dando 
participación, en las acciones y beneficios de las medidas propuestas, a los 
habitantes y a los propietarios de los territorios beneficiados por las medidas 
promovidas por el Fondo.»
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Cincuenta y nueve. El artículo 75 pasa a ser artículo 79.
Sesenta. El artículo 76 pasa a ser el artículo 80, y queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la 
legislación autonómica, se considerarán infracciones administrativas:
a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la 
realización de vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así 
como el depósito de elementos sólidos para rellenos, que alteren las condiciones de 
los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos. Del propio modo, 
tendrán la consideración de infracción la comisión de los hechos anteriormente 
mencionados aun cuando no se hubieran producido daños, siempre que hubiera 
existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los ecosistemas.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, 
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de 
especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus 
propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de “en 
peligro de desaparición” del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 
Desaparición.
d) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular 
del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
e) La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats 
incluidos en la categoría de “en peligro de desaparición” del Catálogo Español de 
Hábitats en Peligro de Desaparición.
f) En ausencia de la correspondiente autorización administrativa la posesión, 
transporte, tráfico o comercio de especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, la importación o introducción por primera vez en el 
territorio nacional, o la primera liberación al medio, de una especie susceptible de 
competir con las especies autóctonas.
g) La introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, 
utilización, intercambio, reproducción, cultivo o liberación en el medio natural de 
especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión sin permiso o autorización 
administrativa.
h) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los 
productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras 
acciones.
i) La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos 
paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos.
j) El de terioro o alteración significativa de los componentes de hábitats 
prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro 
significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario.
k) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o 
intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no 
autorizada de especies de flora y fauna catalogadas como vulnerables, así como la 
de propágulos o restos.
l) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de 
reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial 
protección para la flora y fauna silvestres.
m) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el 
arranque y corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria 
autorización administrativa, de acuerdo con la regulación específica de la 
legislación de montes, caza y pesca continental, cuando no se haya obtenido dicha 
autorización.
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n) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o 
intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no 
autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, que no estén catalogadas, así como 
la de propágulos o restos.
o) La destrucción del hábitat de especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial que no estén catalogadas, en 
particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
p) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de 
aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de 
regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.
q) La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario.
r) La tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de 
la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas 
incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, 
en zonas húmedas incluidas en la Red Natura 2000 y en las zonas húmedas 
incluidas en espacios naturales protegidos.
s) El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las 
normas reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los 
espacios naturales protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000.
t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo 
permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios 
naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de 
dicho combustible así como el abastecimiento de combustible a los referidos 
buques-tanque.
Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos 
de ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma 
compañía, armador o grupo, siempre que la finalidad del fondeo sea el 
almacenamiento para el suministro de combustible.
u) El acceso a los recursos genéticos de origen español sin haber respetado 
los procedimientos señalados en el artículo 71.
v) La utilización de recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados 
a recursos genéticos sin haber respetado las obligaciones previstas en el 
Reglamento (UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de 
Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, mencionadas en los 
artículos 72 y 74 de la presente ley.
w) La reintroducción de especies de fauna y flora autóctonas que no haya 
seguido lo dispuesto en el artículo 55.
x) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones 
establecidos en e sta ley.
2. Las infracciones recogidas en el apartado anterior se calificarán del 
siguiente modo:
a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g) y t) 
si la valoración de los daños supera los 100.000 euros; y las recogidas en los 
apartados b), k), n), t), u) y v), cuando los beneficios obtenidos superen los 100.000 
euros; así como las recogidas en cualquiera de los demás apartados, si la valoración 
de los daños supera los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una 
infracción grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior, en el plazo 
de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución 
sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g),  h), i), j), 
k), l), m), n), o), t), u), v) y w) cuando no tengan la consideración de muy graves; las 
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recogidas en los apartados p), q), r), s) y x), si la valoración de los daños supera 
los 100.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo 
tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a 
la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido 
firmeza en vía administrativa.
c) Como leves, las recogidas en los apartados p), q), r), s) y x), si no se 
hubieran producido daños o su valoración no supera los 100.000 euros.»
Sesenta y uno. El artículo 77 pasa a ser el artículo 81, y queda redactado de la 
siguiente manera:
«Artículo 81. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las 
siguientes multas:
a) Infracciones leves, con multas de 100 a 3.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 3.001 a 200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin 
perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.
2. En la imposición de las sanciones, se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la 
conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños 
ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas 
o bienes protegidos por esta ley; las circunstancias del responsable; el grado de 
intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio 
ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la 
irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
3. En el caso del incumplimiento de la obligación de diligencia debida prevista 
en el Reglamento (UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo 
de Nagoya sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, se podrá igualmente 
proceder a la inmediata suspensión de las actividades específicas de utilización del 
recurso genético en cuestión, como la comercialización de productos basados en 
los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados o a la confiscación 
de los recursos genéticos obtenidos ilegalmente.
4. La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a los 
órganos competentes de la Administración del Estado o de las comunidades 
autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencias.
Compete a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la imposición de sanciones en aquellos 
supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.
5. La Administración instructora podrá acordar la imposición de multas 
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo 
ordenado, si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 79. La imposición de dichas multas 
coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone para 
el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En 
todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de 
que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha 
motivado, podrá reiterase las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de la 
obligación, sin que, en ningún caso el plazo fijado en los nuevos requerimientos 
pueda ser inferior al fijado en el primero. Las multas coercitivas son independientes 
y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.
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6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada 
una de dichas multas coercitivas no excederá de 3.000 euros.
7. El Gobierno podrá, mediante real decreto, proceder a la actualización de las 
sanciones previstas en el apartado 1.»
Sesenta y dos. Los artículos 78 y 79 pasan a ser los artículos 82 y 83, respectivamente.
Sesenta y tres. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada de 
la siguiente manera: 
«Disposición adicional primera. Ejercicio de las competencias de la Administración 
General del Estado sobre los espacios, hábitats y especies marinos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 41/2010, de  29 de diciembre, y de las 
competencias que les corresponden a las comunidades autónomas en esta materia, 
el ejercicio de las competencias estatales sobre los espacios, hábitats y especies 
marinos se ajustará a lo establecido en los párrafos siguientes:
a) La protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros en 
las aguas exteriores se regulará por lo dispuesto en el título I, capítulos II y III de la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo.
b) Las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera en las aguas 
exteriores de los Espacios Naturales Protegidos y espacios protegidos Red 
Natura 2000, se fijarán por el Gobierno, de conformidad con los criterios establecidos 
en la normativa ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo.
c) Las limitaciones o prohibiciones establecidas en materia de marina 
mercante, de puertos de interés general y de señalización marítima en Espacios 
Naturales Protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000, situados en el medio 
marino serán adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
d) Las funciones de la Administración General del Estado en el medio marino, 
zona económica exclusiva y plataforma continental en materia de defensa, pesca y 
cultivos marinos, marina mercante, puertos de interés general y señalización 
marítima, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español, 
investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en esta ley, se 
ejercerán en la forma y por los departamentos u organismos que las tengan 
encomendadas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica o en los 
convenios internacionales que en su caso sean de aplicación.
e) Fomento de la coordinación entre las políticas de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y el paisaje y los programas nacionales de 
investigación.»
Sesenta y cuatro. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada 
de la siguiente manera:
«Disposición adicional tercera. Recursos pesqueros y recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos para la agricultura y la alimentación.
Salvo para lo previsto en el artículo 71, quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de esta Ley:
a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se 
regulan por la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de 
recursos fitogenéticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se 
regirán por su normativa específica.»
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Sesenta y cinco. Se suprimen los apartados segundo y tercero de la disposición 
adicional cuarta.
Sesenta y seis.  Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava. Condicionalidad de las ayudas.
Las ayudas públicas financiadas exclusivamente con fondos nacionales y las 
transferencias de fondos nacionales a las comunidades autónomas para cualesquiera 
fines previstos en esta norma quedarán vinculadas al efectivo cumplimiento de las 
obligaciones de suministro de información previstas en esta ley.»
Sesenta y siete. Se añade una disposición adicional novena con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional novena. Exención de tasas urbanísticas para obras de 
interés general.
La Administración General del Estado quedará exenta del abono de tasas por la 
expedición de las licencias que sean exigibles con arreglo a la legislación 
urbanística, por las obras que se declaren de interés general conforme a lo previsto 
en el artículo 4.3.»
Sesenta y ocho.  Se añade una disposición adicional décima con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional décima. Evaluación ambiental de los planes de gestión de 
espacios naturales protegidos o de los lugares de la Red Natura 2000. 
Solo los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los lugares de 
la Red Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos 
previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica.» 
Sesenta y nueve. Se añade una disposición adicional undécima con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional undécima. Uso del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo.
1. Las limitaciones o prohibiciones de vuelo a las aeronaves en los espacios 
naturales protegidos y en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 se 
establecerán por el Gobierno de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
2. En la tramitación de las limitaciones o prohibiciones a que se refiere el 
apartado anterior se recabará con carácter preceptivo el informe de la Comisión 
Interministerial de Defensa y Fomento.»
Setenta. Se añade una disposición adicional duodécima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional duodécima. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al 
Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas.
En los procedimientos de elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales y en los de declaración y determinación de la fórmula de gestión que la 
Administración competente determine en cada caso para los Espacios Naturales 
Protegidos y Espacios protegidos Red Natura 2000, en los que resulten afectados 
terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a 
la Defensa Nacional, se recabará informe del Ministerio de Defensa, que  tendrá 
carácter vinculante en lo que afecta a la Defensa Nacional y el cual deberá ser 
evacuado en el plazo de dos meses.»
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Setenta y uno. Se modifica la disposición derogatoria, que queda redactada de la 
siguiente manera:
«Disposición derogatoria. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de carácter general que se opongan a 
lo establecido en esta Ley y, en particular, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la 
Disposición adicional primera de la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y los anexos I, II, III, IV, V 
y VI del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
2. Asimismo, se derogan, en lo referente a la caza con reclamo, los siguientes 
artículos: los artículos 23.5.a), b), y c); 31.15; y 34.2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, 
de Caza, y los artículos 25.13.a), b) y c); 33.15, 33.18, 33.19; 37; 48.1.15; 48.2.17; 
48.2.31 y 48.3.46 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
3. El artículo 10 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas queda derogado por el artículo 60.2 de esta ley.
4. La disposición adicional primera de la Ley 41/2010, de Protección del Medio 
Marino, queda derogada por el artículo 71 de esta ley.»
Setenta y dos. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada de la 
siguiente manera:
«Disposición final segunda. Títulos competenciales.
1. Esta ley tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la 
Constitución Española, salvo las siguientes disposiciones en las que, además de 
dictarse al amparo de dicho artículo, se dictan al amparo de los siguientes títulos 
competenciales: el artículo 53, que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ordenación de los 
registros, el artículo 4.3 y el segundo inciso del artículo 60.2, que se dictan al 
amparo del artículo  149.1.24.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre obras públicas de interés general, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 54 y el 
artículo 71, que constituyen legislación sobre comercio exterior dictada al amparo 
del artículo 149.1.10.ª; y la disposición adicional sexta, que constituye competencia 
exclusiva en materia de relaciones internacionales dictada al amparo del 
artículo 149.1.3.ª de la Constitución.
2. No son básicos el artículo 76.2 y la Disposición adicional primera, que serán 
sólo de aplicación a la Administración General del Estado, a sus Organismos 
Públicos y a las Agencias Estatales.»
Setenta y tres.  Se modifica el anexo VIII de la ley, que quedará redactado de la 
siguiente manera:
«ANEXO VIII
Geodiversidad del territorio español
I. Unidades geológicas más representativas
1. Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el 
Macizo ibérico.
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades 
alóctonas y cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
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3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 
continentales y marinas.
4. Sistemas volcánicos.
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos 
de la acción del clima actual y del pasado.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y 
eólico.
7. Depósitos y formas de modelado costeros y litorales.
8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial
1. Red fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico.
2. Costas de la Península Ibérica.
3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y 
Baleares.
4. Sucesiones estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Macizo 
Ibérico.
5. El Carbonífero de la Zona Cantábrica.
6. El «rifting» de Pangea y las sucesiones mesozoicas de las cordilleras Bética 
e Ibérica.
7. Fósiles e icnofósiles del Mesozoico continental de la Península Ibérica.
8. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Paleógeno.
9. Cuencas sinorogénicas surpirenaicas.
10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados 
del Levante español.
11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético.
12. Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea).
13. Yacimientos de vertebrados del Plioceno y Pleistoceno españoles.
14. Vulcanismo neógeno y cuaternario de la Península Ibérica.
15. Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias.
16. El orógeno varisco ibérico.
17. Extensión miocena en el Dominio de Alborán.
18. Mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén.
19. La Faja Pirítica Ibérica.
20. Las mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano de la cuenca Vasco-
Cantábrica.
21. Complejos ofiolíticos de la Península Ibérica.»
Disposición adicional única.  Gasto público.
Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer ningún incremento de dotaciones, 
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental.
1. El párrafo b) del artículo 2.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, queda redactado de la siguiente manera:
«b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca 
efectos adversos significativos:
1.º Tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas 
superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua 
artificiales y muy modificadas. A tales efectos, se estará a las definiciones que 
establece la legislación de aguas.
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No tendrán la consideración de daños a las aguas los efectos adversos a los 
que les sea de aplicación el artículo 39 del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.
2.º En el estado medioambiental de las aguas marinas, tal y como se define en 
la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección de Medio Marino, en la medida 
en que diversos aspectos del estado medioambiental del medio marino no estén ya 
cubiertos por el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.»
2. El artículo 45.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, queda redactado de la siguiente manera:
«3. La autoridad competente deberá resolver y notificar en el plazo máximo de 
seis meses. En casos científica y técnicamente complejos, la autoridad podrá 
ampliar este plazo hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha 
ampliación. A los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de los 
recursos administrativos o contencioso administrativos que fueran procedentes, 
transcurrido el plazo mencionado se entenderá desestimada la solicitud o se 
producirá la caducidad del procedimiento iniciado de oficio en los términos previstos 
en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la 
obligación inexcusable de la autoridad competente de resolver.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Se añade un tercer párrafo al apartado 2 del artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, de forma que el apartado 2 
del artículo 13 quedará redactado de la siguiente manera:
«2. Sin perjuicio de los demás medios de intervención administrativa en la 
actividad de los ciudadanos exigibles por otras disposiciones, quedan sometidas a 
procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en 
los términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna 
de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV de esta ley y que 
figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. Las actividades 
incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos requisitos de control de emisiones 
más exigentes que aquéllas incluidas en el grupo B.
Estas autorizaciones, se concederán por un tiempo determinado que en ningún 
caso será superior a ocho años, pasado el cual podrán ser renovadas por periodos 
sucesivos.
El órgano competente para otorgar la autorización dictará la resolución que 
ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de nueve meses. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la 
solicitud presentada.»
Disposición final tercera.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y el Reglamento 511/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de 
cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
utilización en la Unión.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 21 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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