BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43229
I.    Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
 18475 LEY 26/2007 , de 23 de octubre, de Responsabi-
lidad Medioambiental.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho 
de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente ade-cuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los 
recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán 
obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.
Este mandato ha sido objeto de desarrollo a través de 
diferentes normas jurídicas que, pese a su extensión y actualización, no han sido capaces de prevenir la produc-ción reiterada de accidentes de diversa naturaleza que han tenido gravísimas consecuencias para el entorno natural. Ello pone de manifiesto la necesidad de contar 
con una legislación ambiental que instrumente nuevos 
sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente los daños medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen a producirse, aseguren una rápida y ade-cuada reparación.
A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, que esta ley traspone, incorporando a nuestro ordena-miento jurídico un régimen administrativo de responsabi-lidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que «quien contamina paga». Se trata, efectivamente, de un régimen administra-tivo en la medida en la que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Adminis-tración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación del régimen de responsabilidad que incor-pora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.La responsabilidad medioambiental es, además, una 
responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obliga-
ción de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufra-gando el total de los costes a los que asciendan las corres-pondientes acciones preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en la restauración total de los recursos natura-les y de los servicios que prestan, se prima el valor medio-ambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera 
indemnización dineraria.
La responsabilidad medioambiental es, por último, 
una responsabilidad de carácter objetivo en la que las 
obligaciones de actuación se imponen al operador al mar-gen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Se completa de esta manera el marco legal de protección de los recursos naturales, pues los daños medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoria-les, las cuales venían estipulando de ordinario la obliga-ción de restitución de los perjuicios derivados de tales actuaciones infractoras. Además, de esta manera se hace efectivo el principio de que «quien contamina paga» al trasladar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales desde la sociedad hasta los operadores económicos beneficiarios de la explotación de los recursos naturales.
La dimensión reparadora del nuevo régimen de res-
ponsabilidad medioambiental no debe, en ningún caso, minusvalorar su dimensión preventiva. Antes al contra-rio, debe ser objeto de especial atención, tanto en su regulación como en su aplicación administrativa, pues no hay mejor política conservacionista que la política de pre-vención frente a los daños medioambientales. Esta visión justifica la universalización que de las obligaciones en materia de prevención y evitación de daños medioam-bientales realiza la ley, haciendo extensiva su adopción 
para todo tipo de actividades y frente a todo tipo de com-
portamientos, tanto dolosos o negligentes, como mera-mente accidentales o imprevisibles.
II
La ley de responsabilidad medioambiental consta de 49 
artículos, agrupados en seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una tran-sitoria y seis finales, así como de seis anexos. El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales regulando, en pri-mer lugar, el objeto de la ley y las definiciones. Como ya es común a otras normas comunitarias, las definiciones desempeñan un papel clave a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de la norma. Ello es especialmente relevante en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y, por extensión, en la ley. No todos los recursos naturales están protegidos por esta ley. Tan solo lo están aquellos que 
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tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, a 
saber: los daños a las aguas; los daños al suelo; los daños a la ribera del mar y de las rías; y los daños a las especies de la flora y de la fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así como a los hábitat de todas las especies silvestres autóctonas. Quedan exclui-dos los daños al aire y los denominados daños tradiciona-
les, es decir los daños a las personas y a sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso natural). Igual-
mente, no todos los daños que sufran estos recursos 
naturales generarán responsabilidad medioambiental. 
Para que la ley pueda ser aplicada, se deberá estar en pre-
sencia de amenazas de daños o de daños propiamente dichos que produzcan efectos adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos el concepto de daño incluye, además, los riesgos significati-
vos de que se produzcan efectos adversos sobre la salud humana.
La delimitación del ámbito de aplicación de la ley se 
completa con las previsiones del artículo 3, el cual com-bina tres elementos para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de actividad económica o profesional de que se trate; la clase de medida que deba adoptar el operador y la 
naturaleza de la responsabilidad en la que éste pueda 
haber incurrido. Resultan así tres ámbitos distintos que se 
pueden describir en los términos siguientes:
a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un régimen 
de responsabilidad objetiva en virtud del cual el operador 
que desarrolle una actividad económica o profesional de 
las enumeradas en el anexo IIl y ocasione daños medio-ambientales o amenazas de que dichos daños se produz-
can deberá adoptar las medidas de prevención, de evita-
ción o de reparación reguladas en la ley.
b) En segundo lugar, se regula un régimen de res-
ponsabilidad también objetivo pero de alcance sectorial más amplio, el cual afecta a las amenazas de daños medioambientales ocasionados por cualquier tipo de actividad económica o profesional, esté incluida o no en el anexo III de la ley. Este régimen, que posee menor con-tenido obligacional pues sólo requiere la adopción de medidas de prevención de daños medioambientales o de evitación de nuevos daños medioambientales, constituye una novedad respecto de lo previsto en la directiva.
c) En tercer lugar, se regula un régimen de responsa-
bilidad subjetiva que incluye los daños y las amenazas de daños medioambientales ocasionados por cualquier tipo 
de actividad económica o profesional, esté incluida o no 
en el anexo III de la ley, y que obliga a adoptar las medi-das de prevención, de evitación y de reparación reguladas 
por la ley. La novedad de este régimen respecto de la 
regulación que de él lleva a cabo la directiva consiste en la ampliación de los recursos naturales que son objeto de 
su protección. La directiva comunitaria sólo prevé la 
inclusión en el mismo de los hábitat y de las especies pro-
tegidos, mientras que la ley lo hace extensivo también a 
los daños al suelo y al agua, así como a la ribera del mar y a las rías, aumentando así el nivel de protección de la norma, en sintonía con lo ya exigido por la legislación española en la materia.
El carácter objetivo del régimen de responsabilidad 
medioambiental se refuerza con una presunción por vir-tud de la cual se considera que las actividades económi-
cas o profesionales del anexo III han causado el daño o la 
amenaza de que el daño se produzca cuando atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en la que han sido 
desarrolladas sean apropiadas para causarlo.
Por último, el propio artículo 3 delimita determinadas 
actividades y determinados daños que quedan excluidos en todo caso de la ley e identifica en qué supuestos los daños ocasionados por contaminación difusa harán entrar en juego los mecanismos de responsabilidad medioambiental. Por su parte, el artículo 4 define la apli-cación temporal de la responsabilidad, estableciendo que 
la ley no se aplicará a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que lo causó.
Cuestión especialmente relevante dentro del capítulo I 
es la relativa a la regulación de la concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la plura-lidad de regímenes actualmente existentes –de distinta naturaleza– a través de los cuales se puede exigir la repa-ración de los daños ocasionados al medio ambiente. A este respecto, el artículo 5 declara la no aplicación de la ley para reparar los daños que sufran los particulares en sus personas, bienes y derechos (daños no medioam-bientales), pero dispone, con el fin de evitar la doble recu-peración de costes, que tales perjudicados no podrán 
exigir reparación por los daños que se les haya irrogado 
en la medida en la que los mismos queden reparados por 
la aplicación de esta ley. Y es que ocurre que, en ocasio-
nes, tales daños tienen la naturaleza propia de los daños 
medioambientales, en cuyo caso, su reparación sí puede llevarse a cabo conforme a esta ley. Por esta razón, los daños no medioambientales son regulados en un artículo independiente, en el que se explicita que estos daños 
están excluidos del ámbito de protección de la ley salvo 
en los supuestos en los que tengan la condición simultá-
nea de bien medioambiental y bien de propiedad o titula-
ridad privada, en cuyo caso su reparación se puede reali-
zar al amparo de lo previsto en esta ley.
Por su parte, el artículo 6 se ocupa de los supuestos de 
concurrencia de responsabilidad medioambiental con la responsabilidad que pueda derivarse de la comisión de 
infracciones o delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan 
imponerse y define las reglas que se deberán observar en los supuestos en que concurra la tramitación de un proce-dimiento de los regulados en esta ley con otros que ten-
gan por objeto la imposición de sanciones administrati-vas o penales. La ley garantiza en todo momento una intervención eficaz en materia de prevención con el fin de que la misma no se vea obstaculizada por condicionantes 
competenciales o jurisdiccionales. Además, asegura que 
se evite en todo caso la doble recuperación de costes y respeta en todo momento el ámbito de actuación de la potestad sancionadora de la Administración y el del poder 
punitivo de los tribunales.
El artículo 7 se ocupa de las competencias administra-
tivas, estableciendo con carácter general la competencia autonómica para ejecutar la ley, aunque salvaguardando 
las competencias que la legislación de aguas y la de cos-tas atribuyen a la Administración General del Estado para proteger los bienes de dominio público de titularidad 
estatal. Además, y en atención al carácter suprautonómico 
que pueden tener los daños medioambientales, la ley 
refuerza la obligación de colaboración entre Administra-
ciones públicas para conseguir la mejor y más eficaz apli-cación de la ley e impone la obligación de solicitar informe 
a aquellas administraciones cuyas competencias o intere-
ses puedan verse afectados por la intervención de otras 
administraciones en la aplicación de la ley. Por último, y 
como previsión ante grandes catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la Administración General del Estado para, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, 
promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para evitar daños medioambientales irrepara-bles o para proteger la salud humana, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus 
respectivas competencias.
La ley preserva en todo caso la facultad autonómica 
para desarrollar las bases estatales y para, además, adop-tar normas adicionales de protección. En concreto, la dis-posición adicional segunda reconoce expresamente la 
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posibilidad de que las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus competencias, adopten decisiones más exigentes en materia de prevención, evitación o repara-ción de daños medioambientales, incluida la potestad de tipificar nuevas infracciones y sanciones, así como la de que sometan otras actividades u otros sujetos al régimen de responsabilidad establecido en esta ley, sin perjuicio de las exclusiones adoptadas por el legislador básico, como las recogidas en la disposición adicional segunda o en la disposición adicional décima.
III
El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de 
responsabilidades, consagrando en el artículo 9 la obliga-ción de los operadores que desarrollen actividades profe-sionales o económicas de adoptar las medidas de preven-ción, de evitación y de reparación y la de sufragar su coste, cualquiera que sea su cuantía, cuando así resulte como consecuencia de la aplicación de la ley. Adicional-mente, se impone al operador un deber genérico de cola-boración con la Administración y la obligación concreta de comunicar aquellas amenazas de daño medioambien-tal o aquellos daños medioambientales de los que tenga conocimiento. El carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental del operador es nuevamente reforzado en este artículo a través de una segunda presunción de acuerdo con la cual el cumplimiento de las condiciones impuestas en cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea necesaria para el desarrollo de las activida-des del anexo III no exonera al operador de la responsabi-lidad medioambiental en la que pueda incurrir. Presunción que quiebra en los supuestos regulados en el artículo 14, donde es la propia Administración pública la que autoriza un daño ambiental cuya causación resulta tolerable. El capítulo II incorpora adicionalmente reglas particulares para los supuestos en los que la responsabilidad recaiga sobre un grupo de sociedades, en cuyo caso será de apli-cación lo previsto en el artículo 42.1 del Código de Comer-cio y para los casos en los que existe una pluralidad de responsables, en cuyo caso entrarán en juego las reglas de la responsabilidad mancomunada siempre que se pruebe la participación del operador en la causación del daño. También se incorporan normas para la identifica-ción de los sujetos obligados a satisfacer las deudas dine-rarias en los casos de muerte o extinción del operador responsable, así como en los supuestos de responsables solidarios y subsidiarios.
Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los 
supuestos en los que el operador no está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y repara-doras. Tales preceptos también identifican los medios a través de los cuales podrá recuperar los costes en los que hubiese incurrido por aplicación de la ley, tal y como 
exige la directiva. El artículo 14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está obligado en todo momento a adoptar las medidas de pre-
vención, de evitación o de reparación de los daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 14, el operador puede recuperar el coste en el que 
hubiera incurrido al adoptar tales medidas. Las circuns-tancias previstas en el apartado 1 son la actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento de una orden o una instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública. Las dos circunstancias del apartado 2 sólo liberan del coste en el que hubiera incurrido el opera-dor al adoptar medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha existido dolo, culpa o negligencia por su 
parte. La primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se puede alegar cuando la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituyan el 
objeto expreso y específico de una autorización adminis-trativa otorgada de conformidad con la normativa aplica-ble a las actividades enumeradas en el anexo III. Se requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las deter-minaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño medioambiental. En cuanto a la segunda cir-cunstancia del artículo 14.2, se puede alegar cuando el operador pruebe que el daño medioambiental fue cau-sado por una actividad, una emisión o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los cono-cimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento. En cuanto a las vías para la recuperación de los costes, en los supuestos del apartado 1 del artículo 14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la Administración que ha dictado la orden la correspondiente indemnización, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil o administrativa aplica-ble en cada caso. En los supuestos del apartado 2 del artículo 14, los costes se restituirán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales regu-lado en el artículo 34, bien a través de los instrumentos que prevean las normas que se dicten en desarrollo de la ley.
IV
El capítulo III desarrolla las obligaciones de los opera-
dores en materia de prevención, de evitación y de repara-ción, así como las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas y las potestades que les reco-noce la ley para llevar a cabo su cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 18, ante una amenaza de producción de un daño medioambiental deri-vado de cualquier actividad económica o profesional el operador tiene la obligación de adoptar las medidas de prevención y de evitación y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podrá requerir al operador para que le suministre información adicional o para que adopte tales medidas. Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deberá ejecutar dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias previstas en la ley.
Según lo establecido en el artículo 19, ante un 
supuesto de daño medioambiental derivado de una acti-vidad profesional de las enumeradas en el anexo III de la ley, el operador tiene la obligación de adoptar las medi-das de reparación correspondientes y la de comunicar el suceso a la autoridad competente. Si el daño deriva de actividades distintas de las enumeradas en el anexo III el operador sólo debe cumplir las obligaciones menciona-das cuando medie culpa o negligencia. El artículo 20 impone sobre el operador la obligación de elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a los crite-rios del anexo II y de someterla a la autoridad compe-tente, a la cual corresponderá aprobarlas formalmente y, en su caso, priorizar el orden en que tales medidas serán ejecutadas. Por lo demás, y al igual que en los supuestos de amenaza de daño, la Administración se reserva la facultad para requerir información adicional al operador, para exigirle que adopte medidas de carácter urgente o para adoptarlas ella misma, para requerirle la adopción de las medidas reparadoras, para darle instrucciones sobre la forma en la que debe adoptarlas o, finalmente, para ejecutar subsidiariamente tales medidas a costa del operador cuando concurran las circunstancias previstas en la ley.
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El capítulo III se cierra con dos previsiones normativas. 
Por un lado, el artículo 22 recoge las potestades que la ley 
reconoce a la Administración para que ésta vele porque el operador cumpla las obligaciones que le impone la ley de responsabilidad medioambiental, identificando las actua-ciones administrativas que habrán de ponerse en práctica en los casos en los que el operador incumpla sus obligacio-nes. En segundo lugar, el artículo 23 habilita la actuación directa de la Administración para ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, cuando así lo requiera la más eficaz protección de los recursos naturales y concu-rran circunstancias que lo justifiquen.
V
El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras cuya 
constitución es requisito imprescindible para el ejercicio de 
las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III de la ley. Por medio de ellas se pretende asegurar que el opera-
dor dispondrá de recursos económicos suficientes para 
hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales. El artículo 24 atribuye a la autori-dad competente la responsabilidad de establecer la cuantía de la garantía financiera para cada tipo de actividad, en fun-ción de la intensidad y extensión del daño que se pueda 
ocasionar, de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamen-
tariamente. La determinación de esta cuantía deberá ser realizada conforme a la metodología para la evaluación eco-nómica de la reparación de los daños medioambientales, 
cuya elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya 
aprobación compete al Gobierno de la Nación, con el fin de 
dotarle de un carácter básico que asegure su aplicación uni-
forme en el conjunto del Estado.
El artículo 24 establece hasta tres modalidades de 
garantías financieras, las cuales podrán constituirse alter-nativa o complementariamente entre sí. Tales modalida-
des son las siguientes:
a) La suscripción de una póliza de seguro con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en España. En 
este caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por alguna 
entidad financiera autorizada a operar en España.
c) La constitución de una reserva técnica mediante la 
dotación de un fondo «ad hoc» para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad con 
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
Los restantes artículos fijan las reglas que deberán regir 
la constitución y el funcionamiento de tales garantías; esta-blecen los riesgos y los costes que quedarán cubiertos por 
ellas; determinan las reglas sobre su vigencia y los límites 
cuantitativos de las garantías; y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garantías y los opera-dores que quedan exentos de tal obligación. Tal exención beneficia a aquellos operadores que realicen actividades 
susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se eva-
lué por una cantidad inferior a 300.000 euros y a aquellos 
otros en los que la reparación de los daños esté compren-dida entre 300.000 y 2.000.000 euros y acrediten estar adhe-ridos con carácter permanente a un sistema de gestión y 
auditoría medioambientales. Tal exención también alcanza 
la utilización con fines agropecuarios y forestales de los pro-ductos fitosanitarios y biocidas a los que se refieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo III. Por último, se prevé la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros para la gestión del Fondo de compensación de daños 
medioambientales, el cual se constituirá con las aportacio-
nes de los operadores que contraten un seguro. Dicho Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en la póliza original 
y para aquellos daños que, habiendo sido causados por las 
actividades autorizadas durante el periodo de autorización, 
se manifiesten o reclamen después del transcurso de los periodos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza de seguro y dentro de un número de años, tras finali-
zar la vigencia de la póliza, igual a aquel en que dicha póliza haya estado en vigor, la citada póliza, con el límite máximo 
de 30 años a que se refiere el artículo 4. Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las obligaciones que correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una póliza de seguro y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta a un procedi-miento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asu-mida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.
Como complemento al sistema de garantías financieras, 
el artículo 34 crea un Fondo estatal de reparación de daños 
medioambientales que será gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y que se dotará con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Este Fondo sufra-gará los costes derivados de las medidas reparadoras de los bienes de dominio público de titularidad estatal en aquellos 
supuestos en los que sean de aplicación las causas de inexi-gibilidad de la obligación de sufragar los costes regulados en los artículos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo demás, de un 
Fondo que queda abierto a la participación de las comunida-
des autónomas a través de los instrumentos de colabora-ción previstos en la legislación vigente.
VI
El capítulo V de la ley se ocupa del régimen de infrac-
ciones y sanciones. A diferencia de lo que ocurre en el régimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de operador engloba tanto a personas privadas como a públicas, el régimen sancionador de la ley única-mente prevé la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 definen aquellos comportamientos que constituyen incum-plimientos de las obligaciones que la ley impone a los opera-dores, agrupándolas en dos categorías, muy graves y graves, atendiendo a los perjuicios, mayores o menores, que para los recursos naturales puedan derivarse de tales conductas. Las 
sanciones, por su parte, prevén multas que oscilan entre 
los 50.001 y los 2.000.000 de euros, en el caso de infracción muy grave, y entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el caso de las infracciones graves. Además, se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al opera-dor por un periodo máximo de dos años en las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves.
El capítulo VI se ocupa de las disposiciones de natura-
leza procedimental. La obligación de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales emana directamente de la aplicación de la ley. No obstante, cuando la administración inter-venga en la exigencia de la responsabilidad medioam-biental determinando el sujeto responsable o las medidas que deben ser adoptadas, habrá de hacerlo siguiendo el correspondiente cauce procedimental. La ley no regula dicho procedimiento, cuestión que corresponde a las comunidades autónomas, limitándose a establecer deter-
minadas garantías procedimentales que tienen su origen, 
en la mayoría de casos, en la propia directiva. En con-creto, el artículo 41 regula las formas de iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medio-ambiental, distinguiendo dos posibilidades:
a) Iniciación a instancia de parte, ya sea mediante soli-
citud del propio operador, ya sea a través de solicitud forma-lizada por cualquier interesado distinto del operador.
b) De oficio, bien por iniciativa de la propia autori-
dad competente, bien por petición de otra Administración pública o bien por denuncia.
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La peculiaridad más sobresaliente proviene de los 
supuestos en los que la solicitud de intervención pública 
proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos interesados son aquellos titulares de bienes, dere-chos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por el daño medioambiental o por la amenaza de que éste se produzca, así como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio ambiente. En otras palabras, los interesados del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan entre los fines acreditados en sus 
estatutos la protección del medio ambiente en general o 
la de alguno de sus elementos en particular.
b) Que se hubieran constituido legalmente al menos 
dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad 
en un ámbito territorial que resulte afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.
Las solicitudes que formulen estos interesados debe-
rán adecuarse a lo dispuesto en esta ley y darán lugar a la 
apertura del procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habrá de ser debidamente regulado por cada Administra-ción pública y deberá respetar en todo caso las garantías fijadas por la directiva comunitaria, a saber: derecho del interesado a formular observaciones y aportar datos; eva-cuación del trámite de audiencia al operador y a los demás interesados; y obligación de resolver de manera motivada y con notificación expresa al solicitante y a los demás interesados en el plazo máximo de tres meses. Como contrapeso al valor jurídico que se otorga a las soli-citudes de exigencia de responsabilidad formuladas por los interesados y para evitar un uso espurio o abusivo de esta figura legal, la ley reconoce la potestad de la Adminis-tración pública competente para denegar aquellas solicitu-des que sean manifiestamente infundadas o abusivas.
También dentro del capítulo VI se establece la posibili-
dad de adoptar medidas provisionales durante la tramita-ción del procedimiento, se regula el contenido básico de la resolución del procedimiento de exigencia de respon-sabilidad medioambiental, incluida la posibilidad de la terminación convencional, se aborda la regulación de los medios de ejecución forzosa y se fija el plazo para el ejer-
cicio de acciones de repetición por parte de la Administra-
ción destinadas a recuperar los costes en los que hubiera 
podido incurrir como consecuencia de la adopción de las 
medidas de prevención, de evitación y de reparación. Este 
plazo queda fijado en cinco años.
VII
En cuanto a la parte final de la ley, la disposición adicional 
primera declara la aplicabilidad preferente de la legislación reguladora de las situaciones de emergencia, tanto civiles como sanitarias, frente al régimen de responsabilidad regu-lado en esta ley; la segunda sanciona la aplicación preferente de cualquier otra norma que contenga obligaciones en mate-ria de responsabilidad medioambiental más exigentes que 
las establecidas en esta ley; la tercera reconoce el derecho del 
operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con lo dis-puesto en la legislación internacional sobre reclamaciones de derecho marítimo; la cuarta se ocupa de los daños no medio-ambientales ocasionados por organismos modificados gené-ticamente; la quinta establece la obligación de las Administra-
ciones públicas de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente 
los datos e informaciones recogidos en el anexo VI de la ley para el adecuado cumplimiento de las obligaciones estableci-das en la normativa comunitaria aplicable; la sexta declara de 
interés social la ocupación de determinados bienes y dere-chos de titularidad privada; la séptima prevé la inexigibilidad 
de la garantías financieras obligatorias para las personas jurí-
dicas públicas; la octava reconoce la legitimación del Ministe-
rio Fiscal para intervenir en los procesos contencioso-admi-
nistrativos en los que se ventilen causas que tengan su origen en la aplicación de esta ley; la novena hace extensiva la apli-
cación de las reglas sobre reparación de daños medioam-
bientales contenidas en el anexo II a cualquier obligación de reparación de este tipo de daños con independencia de cual sea el origen legal de dicha obligación; la décima concreta el 
régimen de responsabilidad medioambiental de las obras públicas; la undécima establece un procedimiento para la 
evaluación de la aplicación de la ley; la duodécima regula la revisión de los umbrales establecidos para la exención de la 
obligación de constituir garantías financieras; la decimoter-
cera introduce la obligación de reparar los daños medioam-
bientales causados en el exterior de la Unión Europea; y la 
decimocuarta regula la compensación de los afectados por la 
rotura de la presa de Tous.
La disposición transitoria única declara la no aplica-
ción de la ley a los daños causados por una emisión, un 
suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a los causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido después de la entrada en vigor de esta ley, cuando éstos se deriven de una activi-dad específica realizada y concluida antes de dicha fecha.
Las disposiciones finales, por último, se ocupan de la 
definición de los títulos de competencias; hacen explícita la 
labor de transposición de Derecho Comunitario que realiza la ley; autorizan al Gobierno a realizar el desarrollo regla-mentario de la ley; establecen las normas que habrán de observarse para fijar el calendario temporal de aplicación de las obligaciones sobre garantías financieras; regulan la 
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la ejecución de la ley, y fijan como entrada en vigor de la ley, el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», retrotrayendo sus efectos al 30 de abril de 2007 , salvo lo dispuesto en sus capítulos IV y V.
En cuanto a los anexos, el I establece los criterios con-
forme a los cuales se deberá determinar si un daño a una 
especie silvestre o a un hábitat es o no es significativo. El 
anexo II se ocupa de la reparación del daño medioam-
biental. El III enumera las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley. Los anexos IV y V enumeran los convenios internacionales a los que hacen referencia los artículos 3.5.a) y 3.5.b), respectivamente. Finalmente el anexo VI describe la información y los datos a los que se refiere la disposición adicional quinta.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de 
prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de 
conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los 
principios de prevención y de que «quien contamina paga».
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entenderá por:
1. «Daño medioambiental»:a) Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, 
es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos 
significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener 
el estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. El carácter significativo de esos efectos se eva-
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luará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta 
los criterios expuestos en el anexo I.
Los daños a las especies y a los hábitat no incluirán 
los efectos adversos previamente identificados, deriva-dos de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo establecido en las siguientes normas:
1.º El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del Real 
Decreto 1 997/1995, de 7 de diciembre, por el que se esta-
blecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversi-dad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.
2.º La normativa, estatal o autonómica, en materia 
de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier 
daño que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas.
A tales efectos se estará a las definiciones que esta-
blece la legislación de aguas.
No tendrán la consideración de daños a las aguas los 
efectos adversos a los que le sea de aplicación el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, enten-
didos como cualquier daño que produzca efectos adver-sos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquéllos otros que impli-quen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla.
d) Los daños al suelo, es decir, cualquier contamina-
ción del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, prepara-dos, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.
2. «Daños»: El cambio adverso y mensurable de un 
recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente.
Quedan incluidos en el concepto de daño aquellos 
daños medioambientales que hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.
3. «Riesgo»: Función de la probabilidad de ocurrencia 
de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar.
4. «Especies silvestres»: Las especies de la flora y de 
la fauna que estén mencionadas en el artículo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Con-sejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medio-ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales o que estén protegidas por la legislación comunitaria, estatal o autonómica, así como por los Tratados Internacionales en que España sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio español, tanto con carácter permanente como estacional. En parti-cular, las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en los catálogos de especies amenazadas establecidos por las comunidades autóno-mas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Quedan excluidas de la definición anterior las espe-
cies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquéllas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitat o las especies silvestres autóctonas.5. «Hábitat»: Las zonas terrestres o acuáticas dife-
renciadas por sus características geográficas, abióticas y 
bióticas, y que estén mencionadas en el artículo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y repara-ción de daños medioambientales, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la legislación estatal o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte.
6. «Estado de conservación»:
a) Con respecto a un hábitat, la suma de influencias 
que actúan sobre él y sobre sus especies típicas que pue-
dan afectar a largo plazo a su distribución natural, a su estructura y a sus funciones, así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas en el área de distribu-ción natural de ese hábitat en el territorio español.
El estado de conservación de un hábitat se considerará 
«favorable» cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1.ª Que su área de distribución natural y las zonas que 
abarque esa extensión sean estables o estén en crecimiento.
2.ª Que concurran la estructura específica y las fun-
ciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible.
3.ª Que el estado de conservación de sus especies 
típicas sea favorable, tal como se define en la letra b).
b) Con respecto a una especie, la suma de influen-
cias que actúan sobre ella que puedan afectar a su distri-bución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el área de distribución natural de esa especie en el 
territorio español.
El estado de conservación de una especie se conside-
rará «favorable» cuando se cumplan todas las condicio-
nes siguientes:
1.ª Que los datos de dinámica de población para la 
especie de que se trate indiquen que se está manteniendo 
a largo plazo como componente viable de sus hábitat.
2.ª Que el área de distribución natural de esa especie 
no se esté reduciendo ni sea probable que vaya a redu-cirse en un futuro previsible.
3.ª Que exista un hábitat suficientemente amplio 
como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y 
sea probable que vaya a seguir existiendo.
7 . «Aguas»: Todas las aguas continentales, tanto 
superficiales como subterráneas, costeras y de transición definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, apro-bado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como los restantes elementos que forman parte del dominio público hidráulico.
8. «Ribera del mar y de las rías»: Los bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre regulados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
9. «Suelo»: La capa superior de la corteza terrestre, 
situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto 
por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 
organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, 
el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempe-ñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal 
consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.
10. «Operador»: Cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titula-
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res de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o 
comunicaciones a la Administración.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b), no 
quedan incluidos en este concepto los órganos de contra-tación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la legislación sobre contratación pública en relación con los contratos admi-nistrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos de lo establecido en esta ley.
11. «Actividad económica o profesional»: Toda aqué-
lla realizada con ocasión de una actividad de índole eco-nómica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos.
12. «Emisión»: La liberación en el medio ambiente, 
derivada de actividades humanas, de sustancias, de pre-
parados, de organismos o de microorganismos.
13. «Amenaza inminente de daños»: Una probabili-
dad suficiente de que se produzcan daños medioambientales 
en un futuro próximo.
14. «Medida preventiva» o «medida de prevención»: 
Aquélla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inmi-
nente de daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.
15. «Medida de evitación de nuevos daños»: aquélla 
que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambien-tales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera.
16. «Medida reparadora» o «medida de reparación»: 
Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, restau-rar o reemplazar los recursos naturales y servicios de 
recursos naturales dañados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos según lo previsto en el anexo II.
17 . «Recurso natural»: Las especies silvestres y los 
hábitat, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo.
18. «Servicios de recursos naturales»: Las funciones 
que desempeña un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público.
19. «Estado básico»: Aquél en que, de no haberse 
producido el daño medioambiental, se habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos natura-les en el momento en que sufrieron el daño, considerado 
a partir de la mejor información disponible.
20. «Recuperación», incluida la «recuperación natu-
ral»: Tratándose de las aguas y de las especies silvestres y 
los hábitat, el retorno de los recursos naturales y los ser-vicios de recursos naturales dañados a su estado básico; 
tratándose de los daños al suelo, además, la eliminación 
de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana.
21. «Costes»: Todo gasto justificado por la necesidad 
de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía. En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas preventi-vas, las de evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños medioambientales y de la 
amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigi-
dos a establecer las opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para obtener todos los 
datos pertinentes y los encaminados a garantizar el segui-
miento y supervisión. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jurídicos, y de 
actividades materiales y técnicas necesarias para el ejer-
cicio de las acciones citadas.22. «Autoridad competente»: Aquella encargada de 
desempeñar los cometidos previstos en la presente Ley, 
que designen en su ámbito respectivo de competencias la 
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecu-ción de esta Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 .
23. «Público»: Cualquier persona física o jurídica, así 
como sus asociaciones, organizaciones y grupos constitui-dos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplicará a los daños medioambientales 
y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, 
cuando hayan sido causados por las actividades econó-micas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una acti-
vidad económica o profesional de las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha desarro-llado, sea apropiada para causarlo.
2. Esta ley también se aplicará a los daños medioam-
bientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes términos:
a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán 
exigibles las medidas de prevención, de evitación y de reparación.
b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán 
exigibles las medidas de prevención y de evitación.
3. Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioam-
bientales, o a la amenaza inminente de tales daños, cau-
sados por una contaminación de carácter difuso, cuando 
sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.
4. Esta ley no se aplicará a los daños medioambien-
tales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de 
las siguientes causas:
a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hos-
tilidades, de guerra civil o de una insurrección.
b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, 
inevitable e irresistible.
c) Las actividades cuyo principal propósito sea servir 
a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las 
actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.
5. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:
a) A los daños medioambientales ni a las amenazas 
inminentes de que tales daños se produzcan cuando ten-
gan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnización estén esta-blecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España.
b) A los riesgos nucleares, a los daños medioam-
bientales o a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-pea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las acti-
vidades cuyo régimen de responsabilidad esté estable-cido por alguno de los convenios internacionales 
enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España.
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Artículo 4. Ámbito temporal de la responsabilidad 
medioambiental.
Esta ley no será de aplicación a los daños medioam-
bientales si han transcurrido más de treinta años desde 
que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
El plazo se computará desde el día en el que haya ter-
minado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.
Artículo 5. Daños a particulares.
1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por 
lesiones causadas a las personas, a los daños causados a 
la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean con-secuencia de los mismos hechos que dan origen a res-ponsabilidad medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
2. Los particulares perjudicados a que se refiere el 
apartado anterior no podrán exigir reparación ni indemniza-ción por los daños medioambientales que se les hayan irro-
gado, en la medida en la que tales daños queden reparados 
por la aplicación de esta ley. El responsable que hubiera hecho frente a esa doble reparación podrá reclamar del per-judicado la devolución o la compensación que proceda.
3. En ningún caso las reclamaciones de los particula-
res perjudicados en cualesquiera procesos o procedi-mientos exonerarán al operador responsable de la adop-ción plena y efectiva de las medidas de prevención, de 
evitación o de reparación que resulten de la aplicación de 
esta ley ni impedirán las actuaciones administrativas encaminadas a ello.
Artículo 6. Concurrencia entre la responsabilidad medio-
ambiental y las sanciones penales y administrativas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, 
la responsabilidad establecida en esta ley será compatible 
con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquélla.
2. En los supuestos de concurrencia de responsabili-
dad medioambiental con procedimientos penales o san-
cionadores se aplicarán las siguientes reglas:
a) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la reparación 
de los daños medioambientales causados por los opera-dores de actividades económicas o profesionales enume-
radas en el anexo III, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.
b) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la adopción de 
medidas de prevención y de evitación de nuevos daños, por parte de todos los operadores de actividades econó-micas o profesionales, con independencia de la tramita-ción de los restantes procedimientos.
c) La adopción de las medidas de reparación de 
daños medioambientales causados por actividades eco-nómicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III será exigible únicamente cuando en el proce-dimiento administrativo o penal correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia.
Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensato-
rias que fueran necesarias para evitar la doble recupera-ción de costes.
3. Si por aplicación de otras leyes se hubiera conse-
guido la prevención, la evitación y la reparación de daños medioambientales a costa del responsable, no será nece-sario tramitar las actuaciones previstas en esta ley.Artículo 7 . Competencias administrativas.
1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley 
corresponden a las comunidades autónomas en cuyo 
territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan.
En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades 
de Ceuta y de Melilla la ejecución de esta ley.
2. Si el daño o la amenaza de que el daño se pro-
duzca afecta a cuencas hidrográficas de gestión estatal o a bienes de dominio público de titularidad estatal, será preceptivo el informe del órgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevención, de evitación o de reparación que se deban adoptar respecto de dichos bienes.
3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación 
de aguas y en la de costas, corresponda a la Administra-ción General del Estado velar por la protección de los bienes de dominio público de titularidad estatal y deter-minar las medidas preventivas, de evitación y de repara-ción de daños, aquella aplicará esta ley en su ámbito de competencias.
4. Cuando estén afectados los territorios de varias 
comunidades autónomas o cuando deban actuar aquéllas y la Administración General del Estado conforme al apar-tado anterior, las administraciones afectadas establece-rán aquellos mecanismos de colaboración que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competen-cias establecidas en esta ley, los cuales podrán prever la designación de un único órgano para la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, de cooperación y de colaboración.
5. En cualesquiera supuestos en los que las decisio-
nes o las actuaciones de la Administración actuante pue-dan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deberá aquella recabar informe de éstas antes de resolver.
6. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran 
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Adminis-tración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboración de las comunidades autóno-mas y de acuerdo con sus respectivas competencias.
Artículo 8.  Daños transfronterizos.
1. Cuando un daño medioambiental o una amenaza 
inminente de que se produzca un daño medioambiental 
afecte o pueda afectar a otro Estado miembro de la Unión Europea, la autoridad competente que tenga conoci-miento de ello lo comunicará de forma inmediata al Ministerio de Medio Ambiente.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración 
con la autoridad competente afectada y a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, adop-tará las siguientes medidas:
a) Facilitará a las autoridades competentes de los 
Estados miembros afectados cuanta información resulte 
relevante para que éstos puedan adoptar las medidas que estimen oportunas en relación con el evento causante del daño o de la amenaza de que el daño se produzca.
b) Establecerá los mecanismos de colaboración con 
las autoridades competentes de otros Estados miembros para facilitar la adopción de todas las medidas encamina-das a la prevención, a la evitación y a la reparación de daños medioambientales.
c) Tomará en consideración las recomendaciones 
que le formulen las autoridades competentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicará a la autori-dad competente afectada.
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d) Tomará las medidas necesarias para que los ope-
radores responsables del daño medioambiental o ame-
naza inminente de daño asuman los costes que hayan ocasionado a las autoridades competentes de los estados miembros afectados con sujeción a los criterios de reci-
procidad que se establezcan en tratados internacionales o 
en la normativa de dichos estados.
3. Cuando una autoridad española competente por 
razón de la materia identifique un daño o una amenaza inminente de daño para su territorio, ocasionado por una actividad económica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, informará a la Comisión Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo podrá, además, adoptar las siguientes medidas:
a) Formular recomendaciones para la adopción de 
medidas preventivas o reparadoras, las cuales serán 
transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasio-nado el daño a través del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación.
b) Iniciar los trámites para la recuperación de los 
costes ocasionados por la adopción de medidas preventi-vas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las restantes disposiciones aplicables.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda 
la información procedente de otros Estados miembros 
sobre daños medioambientales transfronterizos.
CAPÍTULO II
Atribución de responsabilidades
Artículo 9. Responsabilidad de los operadores.
1. Los operadores de las actividades económicas o 
profesionales incluidas en esta ley están obligados a 
adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evita-ción y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.
El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones 
y de las condiciones establecidos por las normas legales 
y reglamentarias o de los fijados en cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea necesaria para el ejer-cicio de una actividad económica o profesional, en parti-cular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerará a los operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo dis-puesto en el artículo 14.
2. Los operadores de cualesquiera actividades eco-
nómicas o profesionales incluidas en esta ley están obli-
gados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la 
amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasio-nado o que puedan ocasionar.
3. Los operadores de actividades económicas o pro-
fesionales incluidas en esta ley están obligados a colabo-
rar en la definición de las medidas reparadoras y en la 
ejecución de las adoptadas por la autoridad competente.
4. La Administración pública que hubiera adjudicado 
un contrato o autorizado una actividad cuyo desarrollo 
diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los mismos, colaborará con la autoridad competente, sin 
que se derive responsabilidad medioambiental de la Administración pública por las actuaciones del operador, salvo en el supuesto previsto en el artículo 14.1.b).Artículo 10. Responsabilidad de los grupos de sociedades.
En el supuesto de que el operador sea una sociedad 
mercantil que forme parte de un grupo de sociedades, 
según lo previsto en el artículo 42.1 del Código de Comer-cio, la responsabilidad medioambiental regulada en esta ley podrá extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie utilización abu-
siva de la persona jurídica o fraude de ley.
Artículo 11. Pluralidad de responsables de un mismo daño.
En los supuestos en los que exista una pluralidad de 
operadores y se pruebe su participación en la causación 
del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la res-ponsabilidad será mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra cosa.
Artículo 12. Muerte o extinción de las personas respon-
sables.
En los casos de muerte o extinción de las personas respon-
sables según esta ley, sus deberes y, en particular, sus obliga-
ciones pecuniarias subsiguientes, se transmitirán y se exigirán conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.
Artículo 13. Responsables solidarios y subsidiarios.
1. Serán responsables solidarios del pago de las 
obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley los suje-
tos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de los deberes 
impuestos en esta ley y, en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos:
a) Los gestores y administradores de hecho y de 
derecho de las personas jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.
b) Los gestores o administradores de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.
c) Los que sucedan por cualquier concepto al res-
ponsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excepciones pre-vistos en el artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
d) Los integrantes de administraciones concursales 
y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los debe-
res y las obligaciones devengados con anterioridad a 
tales situaciones.
3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán 
y exigirán en los procedimientos de ejecución, en los tér-minos establecidos en la legislación tributaria y de recau-dación de ingresos de Derecho público.
Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar 
los costes.
1. El operador no estará obligado a sufragar los cos-
tes imputables a las medidas de prevención, de evitación 
y de reparación de daños cuando demuestre que los daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la 
organización de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
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b) El cumplimiento de una orden o instrucción obli-
gatoria dictada por una autoridad pública competente, 
incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato 
a que se refiere la legislación de contratos de las Adminis-traciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la 
instrucción se hayan dictado para hacer frente a una emi-
sión o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador.
La aprobación de proyectos por las Administraciones 
públicas, cuando así lo exija la normativa aplicable, no ten-
drá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de este apartado respecto de daños medioambien-tales no previstos expresamente en la declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.
Cuando los daños medioambientales sean conse-
cuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Admi-nistración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.
2. El operador no estará obligado a sufragar el coste 
imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre 
que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que 
concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa 
del daño medioambiental constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.
Adicionalmente, será necesario que el operador se 
haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la activi-dad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa que le 
sea aplicable en el momento de producirse la emisión o el 
hecho causante del daño medioambiental.
b) Que el operador pruebe que el daño medioam-
biental fue causado por una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de reali-zarse o utilizarse, no eran considerados como potencial-mente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos exis-tentes en aquel momento.
3. Cuando concurran las circunstancias previstas en 
los apartados 1 y 2, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15.
Artículo 15. Recuperación de costes.
1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14.1, el operador no esté obligado a sufragar los 
costes imputables a las medidas de prevención, de evita-ción o de reparación de daños medioambientales, podrá 
recuperarlos ejerciendo las acciones de repetición frente 
a terceros a que se refiere el artículo 16 o reclamando la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad pública 
que impartió la orden o la instrucción.
Igualmente, la autoridad competente podrá exigir al 
tercero que sufrague los costes de las medidas que se 
hayan adoptado.
2. En los supuestos previstos en el artículo 14.2, el 
operador tendrá derecho a recuperar los costes imputa-bles a las medidas de reparación de daños medioambien-tales en los términos establecidos en la normativa auto-nómica, salvo lo dispuesto en el artículo 34.Artículo 16. Acciones frente a terceros.
1. El operador que hubiera adoptado medidas de pre-
vención, de evitación de nuevos daños o de reparación podrá 
ejercer acciones de repetición contra cualesquiera otras per-sonas que, al amparo de ésta o de cualquier otra norma, sean 
causantes o responsables, con o sin culpa, del daño medio-
ambiental o de la amenaza de daño medioambiental que haya motivado la adopción de aquellas medidas.
2. Cuando el daño o la amenaza de daño sean causados 
por el uso de un producto, el operador podrá reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los costes en que haya incurrido, siempre y cuando el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de su activi-dad a las condiciones establecidas para el uso del producto y a la normativa vigente en el momento de producirse la emi-sión o el hecho causante del daño medioambiental.
CAPÍTULO III
Prevención, evitación y reparación de daños 
medioambientales
S
ECCIÓN  1.ª P REVENCIÓN  Y EVITACIÓN  DE DAÑOS  MEDIOAMBIENTALES
Artículo 17 . Obligaciones del operador en materia de 
prevención y de evitación de nuevos daños.
1. Ante una amenaza inminente de daños medioam-
bientales originada por cualquier actividad económica o 
profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medi-das preventivas apropiadas.
2. Asimismo, cuando se hayan producido daños 
medioambientales causados por cualquier actividad eco-nómica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar en los mismos términos las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, con indepen-dencia de que esté o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de reparación por aplicación de lo dispuesto en esta ley.
3. Para la determinación de las medidas de preven-
ción y de evitación de nuevos daños se atenderá, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II, sin perjuicio de los criterios adicio-nales que con el mismo objetivo establezcan las comuni-dades autónomas.
4. Los operadores pondrán en conocimiento inme-
diato de la autoridad competente todos los aspectos rela-tivos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños, según lo dispuesto en el artículo 9.2, así como las medidas de prevención y evitación adoptadas.
De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de 
haberse adoptado las medidas de prevención o de evita-ción de nuevos daños, el operador lo pondrá en conoci-miento inmediato de la autoridad competente.
Artículo 18. Potestades administrativas en materia de 
prevención o de evitación de nuevos daños.
La autoridad competente, cuando considere que existe 
amenaza de daños o de producción de nuevos daños, podrá 
adoptar en cualquier momento y mediante resolución moti-vada dictada de conformidad con lo establecido en el capí-tulo VI, cualquiera de las siguientes decisiones:
a) Exigir al operador que facilite información sobre 
toda amenaza inminente de producción de daño medioam-biental cuando existan indicios de que va a producirse.
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43239
b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las 
medidas encaminadas a prevenir y a evitar tales daños y 
requerir su cumplimiento.
c) Dar al operador instrucciones de obligado cumpli-
miento sobre las medidas de prevención o de evitación de 
nuevos daños que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medi-
das de prevención o de evitación cuando concurran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 47 .
S
ECCIÓN  2.ª R EPARACIÓN  DE DAÑOS  MEDIOAMBIENTALES
Artículo 19. Obligaciones del operador en materia de 
reparación.
1. El operador de cualquiera de las actividades eco-
nómicas o profesionales enumeradas en el anexo III que 
cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tales actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de con-formidad con lo dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.
2. El operador de una actividad económica o profe-
sional no enumerada en el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las 
medidas de evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o 
negligencia, a adoptar las medidas reparadoras.
En todo caso, quedan obligados a la adopción de 
medidas de reparación los operadores que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de preven-ción y de evitación de daños.
Artículo 20. Medidas de reparación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 
cuando se hayan producido daños medioambientales, el 
operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo:
a) Adoptará todas aquellas medidas provisionales 
necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar o 
reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autó-nomas. Asimismo, informará a la autoridad competente de las medidas adoptadas.
b) Someterá a la aprobación de la autoridad compe-
tente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioam-
bientales causados elaborada conforme a lo previsto en el 
anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el 
mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas.
2. Cuando ello fuera posible, la autoridad compe-
tente habilitará al operador para que éste pueda optar 
entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución.
3. Cuando se hayan producido varios daños medio-
ambientales, de manera tal que resulte imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al 
mismo tiempo, la resolución fijará el orden de prioridades 
que habrá de ser observado.
A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y la grave-
dad de cada daño medioambiental, así como las posibili-dades de recuperación natural.En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a 
su aplicación las medidas destinadas a la eliminación de 
riesgos para la salud humana.
Artículo 21. Potestades administrativas en materia de 
reparación de daños.
La autoridad competente, ante un supuesto de daño 
medioambiental, podrá adoptar en cualquier momento y 
mediante resolución motivada dictada de conformidad con lo establecido en el capítulo VI cualquiera de las deci-siones que se indican a continuación:
a) Exigir al operador que facilite información adicio-
nal relativa a los daños producidos.
b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar ins-
trucciones al operador respecto de todas las medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, con-trolar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores 
daños medioambientales y efectos adversos para la salud 
humana o mayores daños en los servicios.
c) Exigir al operador que adopte las medidas repara-
doras necesarias de acuerdo con lo previsto en el anexo II.
d) Dar al operador instrucciones de obligado cumpli-
miento sobre las medidas reparadoras que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medi-
das reparadoras cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 47 .
S
ECCIÓN  3.ª D ISPOSICIONES  COMUNES
Artículo 22. Incumplimiento de las obligaciones de pre-
vención, de evitación o de reparación del daño medio-ambiental.
1. La autoridad competente velará para que el opera-
dor adopte las medidas de prevención, de evitación o de 
reparación de los daños medioambientales, así como para que observe las demás obligaciones establecidas en esta ley, en los términos en ella previstos.
Para ello ejercerá las potestades que le atribuyen ésta 
y cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.
2. En caso de incumplimiento total o parcial de los 
deberes de los operadores de llevar a cabo las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los daños medioambientales, la autoridad competente dictará reso-lución motivada, de conformidad con lo establecido en el 
capítulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que 
corresponda como consecuencia del referido incumplimiento.
Artículo 23. Actuación directa de la Administración.
1. Por requerirlo la más eficaz protección de los 
recursos naturales, y de los servicios que éstos prestan, la 
autoridad competente podrá acordar y ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nue-vos daños o de reparación previstas en esta ley, aten-
diendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya podido identificar al operador res-
ponsable y no quepa esperar a ello sin peligro de que se 
produzcan daños medioambientales.
b) Que haya diversos operadores responsables y no 
sea posible una distribución eficaz en el tiempo y en el espa-cio que garantice la correcta ejecución de las medidas.
c) Que se requieran estudios, conocimientos o 
medios técnicos que así lo aconsejen.
43240 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las 
Administraciones públicas o en los de propiedad privada 
de terceros que hagan difícil o inconveniente su realiza-
ción por el operador responsable.
e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo 
exijan.
2. En casos de emergencia, la autoridad competente 
podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento 
previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitación o de prevención de los daños medioambienta-les o para exigir su adopción.
Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autori-
dad competente, previa la instrucción del correspondiente procedimiento, dictará resolución fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas en aplicación de este 
artículo y el obligado u obligados a satisfacerlos, la cual será susceptible de ejecución forzosa.
3. La autoridad competente recuperará del operador 
o, cuando proceda, del tercero que haya causado el daño o la amenaza inminente de daño, los costes en que haya incurrido por la adopción de tales medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación.
No obstante, la autoridad competente podrá acordar 
no recuperar los costes íntegros cuando los gastos nece-sarios para hacerlo sean superiores al importe recupera-ble. Para tomar este acuerdo será necesaria la elaboración de una memoria económica que así lo justifique.
CAPÍTULO IV
Garantías financieras
S
ECCIÓN  1.ª G ARANTÍA  FINANCIERA  OBLIGATORIA
Artículo 24. Constitución de una garantía financiera obli-
gatoria.
1. Los operadores de las actividades incluidas en el 
anexo III deberán disponer de una garantía financiera que 
les permita hacer frente a la responsabilidad medioam-biental inherente a la actividad o actividades que preten-dan desarrollar.
2. La cantidad que como mínimo deberá quedar 
garantizada y que no limitará en sentido alguno las res-ponsabilidades establecidas en la Ley, será determinada por la autoridad competente según la intensidad y exten-sión del daño que la actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan regla-mentariamente.
3. La Autoridad competente deberá justificar la fija-
ción de la cuantía que determine, utilizando para ello el método que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas. El referido método se basará en criterios técnicos que garanticen una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos y asegure una delimitación uniforme de la definición de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o para cada instalación.
Artículo 25. Responsabilidad cubierta por la garantía.
1. La cuantía garantizada estará destinada específica 
y exclusivamente a cubrir las responsabilidades medio-
ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o profesional.
2. La garantía regulada en esta sección será ajena e 
independiente de la cobertura de cualquier otra responsabi-
lidad, ya sea penal, civil, administrativa o de otros hechos cualesquiera y, en consecuencia, no quedará reducida o agotada por gastos, reclamaciones o exigencias no relacio-nadas con dichas responsabilidades medioambientales, ni 
podrá aplicarse a ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. Asimismo, la cuantía garantizada será inde-pendiente de la que pueda respaldar actividades que sean objeto de autorizaciones diferentes, otorgadas tanto por la autoridad medioambiental como por otras. Tampoco podrán ser objeto de pignoración o hipoteca, total o parcial.
Artículo 26. Modalidades.
La garantía financiera podrá constituirse a través de 
cualquiera de las siguientes modalidades, que podrán ser 
alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuan-tía, como en los hechos garantizados:
a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. En este caso, corresponderán al Consorcio de Compensa-ción de Seguros las funciones a que se refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por alguna 
entidad financiera autorizada a operar en España.
c) La constitución de una reserva técnica mediante la 
dotación de un fondo «ad hoc» con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
La garantía financiera que se suscriba podrá contem-
plar las condiciones limitativas o delimitativas del daño 
previstas en este capítulo u otras que reglamentariamente 
se determinen.
Artículo 27 . Sujetos garantizados.
Tendrá la consideración de sujeto garantizado el opera-
dor de la actividad económica o profesional, pudiendo asi-
mismo figurar como sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y los profesionales que colaboren con dicho operador en la realización de la actividad autorizada.
Artículo 28. Exenciones a la obligación de constitución 
de garantía financiera obligatoria.
Quedan exentos de la obligación de constituir garan-
tía financiera obligatoria:
a) Los operadores de aquellas actividades suscepti-
bles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por 
una cantidad inferior a 300.000 euros.
b) Los operadores de actividades susceptibles de 
ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una canti-dad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante la presentación de certificados expe-didos por organismos independientes, que están adheri-
dos con carácter permanente y continuado, bien al sis-tema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996.
c) La utilización de los productos fitosanitarios y bio-
cidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales.
Artículo 29. Costes cubiertos.
El contenido de la garantía que se preste a través de 
las modalidades contempladas en el artículo 26 deberá 
contemplar la cobertura de los siguientes costes:
a) Los derivados de las obligaciones del operador regu-
ladas en el artículo 17 , siempre que el daño que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminación.
b) Los derivados de las obligaciones del operador 
reguladas en los artículos 19 y 20, siempre que el daño 
que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminación. En la medida que dichos daños afecten a 
las aguas, a las especies silvestres y a sus hábitat o a las 
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43241
riberas del mar y de las rías, las gastos garantizados se 
limitan a los encuadrados dentro del concepto de «repa-
ración primaria» definido en el apartado 1.a) del anexo II.
Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.
1. La cobertura de la garantía financiera obligatoria 
nunca será superior a 20.000.000 de euros.
2. La cuantía que se determine se aplicará como 
límite por evento y anualidad, y se podrá admitir que 
quede a cargo del operador, en concepto de franquicia, una cantidad que no supere el 0,5 por ciento de la cuantía a garantizar que en cada caso se fije. A los anteriores efec-tos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de reclamaciones de daños medioam-bientales que se deriven de una misma emisión, suceso o incidente, aún cuando aquéllas se produzcan en momen-tos distintos, cualquiera que sea el número de afectados, siendo aplicable a dicha unidad de evento o evento en serie, como límite, la cuantía por evento y anualidad del seguro establecida en la garantía.
3. Asimismo, podrá admitirse que los costes relacio-
nados con las obligaciones de prevención y evitación de 
nuevos daños previstas en el artículo 17 queden sublimi-tados específicamente. En todo caso, dicho sublímite habrá de ser, al menos, del diez por ciento de la cuantía que en cada caso se fije.
Artículo 31. Vigencia de la garantía.
1. La garantía deberá quedar constituida desde la 
fecha en que surta efectos la autorización necesaria para 
el ejercicio de la actividad. El operador deberá mantener la garantía en vigor durante todo el periodo de actividad. La autoridad competente establecerá los correspondien-tes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garantías, a cuyo efecto las entidades asegurado-ras, las entidades financieras y los propios operadores 
deberán proporcionar a la autoridad competente la infor-
mación necesaria.
2. El agotamiento de las garantías o su reducción en 
más de un 50 por ciento determinará la obligación del opera-dor de reponerlas en un plazo de seis meses desde la fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado de certidum-bre razonable el importe de la obligación garantizada.
Artículo 32. Limitaciones del ámbito temporal de la 
garantía.
1. Podrá limitarse el ámbito temporal de la garantía, de 
forma que queden incluidas aquellas responsabilidades en 
las que se den conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que el comienzo de la emisión causante de la con-
taminación o bien el comienzo de la situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado y se demues-tre que ha ocurrido dentro del periodo de la garantía.
b) Que la primera manifestación constatable de la 
contaminación se haya producido dentro del periodo de la garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la terminación de la misma. Se entiende por primera mani-festación el momento en que se descubra por primera vez la existencia de una contaminación, tanto si entonces se considera peligrosa o dañina como si no es así.
c) Que la reclamación al operador por la contamina-
ción haya tenido lugar dentro del periodo de garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la termina-ción de la misma.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se considerará hecho generador la contaminación 
que se produzca de forma accidental y aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se haya generado por 
ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada.
b) Como consecuencia normal y prevista de la pose-
sión de edificios, instalaciones o equipos al servicio de la actividad autorizada.
c) Como consecuencia de un hecho previsto y con-
sentido por el operador, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el ámbito geográ-fico para el que la actividad ha sido autorizada.
d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o 
que no podía ser ignorado por el mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia medioambiental, como en cualquier otra materia.
e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de 
mantenimiento, reparación o reposición de las instalacio-nes o mecanismos y sus componentes.
f) Por abandono o falta prolongada de uso de insta-
laciones, sin tomar las medidas adecuadas para evitar el 
deterioro de sus condiciones de protección o seguridad.
g) Como consecuencia de alborotos populares, 
motines, huelgas, disturbios internos, sabotaje y actos de terrorismo o de bandas armadas.
Artículo 33. Fondo de compensación de daños medio-
ambientales del Consorcio de Compensación de 
Seguros.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros admi-
nistrará y gestionará, de forma independiente financiera y 
contablemente respecto del resto de las actividades que realiza, un Fondo de compensación de daños medioam-bientales que se constituirá con las aportaciones de los 
operadores que contraten un seguro para garantizar su 
responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.
El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del 
mismo para las responsabilidades aseguradas en la póliza original, y en sus mismos términos, por aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades autoriza-das durante el periodo de vigencia del seguro, se mani-
fiesten o reclamen después del transcurso de los plazos 
de manifestación o reclamación admitidos en la póliza, y 
se reclamen en el transcurso, como máximo, de un 
número de años igual a aquel durante el cual estuvo vigente la póliza de seguro, contados desde que ésta ter-minó y con el límite de 30 años.
2. Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio 
atenderá las obligaciones que, en los términos y con los límites de esta sección, correspondan a aquellos operado-
res que hayan suscrito una póliza de seguro, y cuya enti-dad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontrándose en situación de 
insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liqui-
dación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el 
propio Consorcio de Compensación de Seguros.
3. Las responsabilidades del Fondo se corresponde-
rán en cada caso con los importes que, según cada tipo de 
actividad, hayan sido determinadas de conformidad con 
lo previsto en el artículo 24 y, en el caso de las menciona-das en el primer apartado de este artículo, quedarán limi-tadas, además, al importe total constituido en el mismo.
S
ECCIÓN  2.ª F ONDO  ESTATAL  DE REPARACIÓN  DE DAÑOS  
MEDIOAMBIENTALES
Artículo 34. Fondo estatal de reparación de daños 
medioambientales.
1. Se crea un Fondo estatal de reparación de daños 
medioambientales destinado a sufragar los costes deriva-
dos de medidas de prevención, de evitación o de repara-
43242 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
ción de los bienes de dominio público de titularidad esta-
tal cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 .3, en conexión con los artículos 14.2 y 15.2.
Dicho Fondo será gestionado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y se dotará con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Las comunidades autónomas podrán participar en 
la financiación y gestión del Fondo estatal de reparación 
de daños medioambientales, a través de cualquiera de los 
instrumentos de colaboración previstos en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Común.
En tales supuestos, el ámbito de cobertura de dicho 
Fondo podrá ampliarse a otros daños medioambientales, en los términos que prevean los referidos instrumentos de colaboración.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 35. Sujetos responsables de las infracciones.
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos 
de las infracciones administrativas reguladas en este 
capítulo las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores de actividades económicas o profesionales y que resulten responsables de los mismos.
Artículo 36. Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones y las 
omisiones que se tipifican en los artículos siguientes, así 
como las que, en su caso, establezca la legislación auto-nómica de desarrollo de esta ley.
2. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo 
de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.
3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido 
sancionados penal o administrativamente, en los casos en 
los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente 
pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se 
abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mien-tras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
De no haberse estimado la existencia de delito o de 
falta, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente, que podrá continuar el expediente sancionador teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
4. La tramitación de un procedimiento sanciona-
dor por las infracciones reguladas en este capítulo no 
postergará la exigencia de las obligaciones de adop-ción de medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, que serán independientes de la sanción que, en su caso, se 
imponga.
Artículo 37 . Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifi-
can en muy graves y en graves.
2. Son muy graves las siguientes infracciones:
a) No adoptar las medidas preventivas o de evita-
ción exigidas por la autoridad competente al operador en 
aplicación del artículo 17 , cuando ello tenga como resul-tado el daño que se pretendía evitar.
b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la 
autoridad competente en aplicación del artículo 18 a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de 
evitación a que esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al 
operador en aplicación de los artículos 19 y 20, cuando 
ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la 
autoridad competente en aplicación del artículo 21 al poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
e) No informar a la autoridad competente de la exis-
tencia de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como conse-cuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a produ-cirse efectivamente.
f) El incumplimiento de la obligación de concertar en 
los términos previstos en esta ley las garantías financie-ras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligación.
3. Son graves las siguientes infracciones:
a) No adoptar las medidas preventivas o de evita-
ción exigidas por la autoridad competente al operador en 
aplicación del artículo 17 , cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la 
autoridad competente en aplicación del artículo 18 al poner en práctica las medidas preventivas o las de evita-ción a que esté obligado el operador, cuando no sea cons-titutiva de infracción muy grave.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al 
operador por la autoridad competente en aplicación del artículo 19, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la 
autoridad competente en aplicación del artículo 21 a la hora de poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
e) No informar a la autoridad competente de la exis-
tencia de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
f) No facilitar la información requerida por la autori-
dad competente al operador, o hacerlo con retraso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 21.
g) No prestar el operador afectado la asistencia que 
le fuera requerida por la autoridad competente para la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.
h) La omisión, la resistencia o la obstrucción de aque-
llas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Artículo 38. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 darán 
lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes 
sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.
2.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta 
por un período mínimo de un año y máximo de dos años.
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43243
b) En el caso de las infracciones graves:
1.º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un periodo 
máximo de un año.
2. Si se ocasionaran daños medioambientales o se 
agravaran los ya producidos como consecuencia de la 
omisión, retraso, resistencia u obstrucción por parte del operador en el cumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracción, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación reguladas en esta ley, con independencia de la 
sanción que corresponda.
3. Anualmente las autoridades competentes darán a 
conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad de los opera-
dores responsables.
Artículo 39. Graduación de sanciones.
En la imposición de sanciones las Administraciones 
públicas deberán guardar la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la san-ción aplicada, considerando a tal efecto los criterios esta-blecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 40. Prescripción de infracciones y de sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres 
años y las graves a los dos años.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde 
el día en el que la infracción se hubiese cometido o, 
cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalización.
2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescri-
birán a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
CAPÍTULO VI
Normas aplicables a los procedimientos de exigencia 
de responsabilidad medioambiental
Artículo 41. Iniciación del procedimiento.
1. Los procedimientos de exigencia de la responsabi-
lidad medioambiental regulados en esta ley se iniciarán bien de oficio, bien a solicitud del operador o de cualquier otro interesado.
2. Cuando la iniciación de los procedimientos de exi-
gencia de responsabilidad medioambiental sea instada 
por un interesado distinto del operador, la solicitud se formalizará por escrito y especificará en todo caso el daño 
o la amenaza de daño a los recursos naturales protegidos 
por esta ley. La solicitud especificará, asimismo y cuando ello fuera posible, los siguientes aspectos:
a) La acción u omisión del presunto responsable.b) La identificación del presunto responsable.c) La fecha en la que se produjo la acción u omi-
sión.
d) El lugar donde se ha producido el daño o la ame-
naza de daño a los recursos naturales.
e) La relación de causalidad entre la acción o la omisión 
del presunto responsable y el daño o la amenaza de daño.Artículo 42. Interesados.
1. Tendrán la condición de interesados a los efectos 
de lo previsto en esta ley:
a) Toda persona física o jurídica en la que concurra 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Que tengan entre los fines acreditados en sus 
estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
2.º Que se hubieran constituido legalmente al menos 
dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
3.º Que según sus estatutos desarrollen su actividad 
en un ámbito territorial que resulte afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.
c) Los titulares de los terrenos en los que deban rea-
lizarse medidas de prevención, de evitación o de repara-
ción de daños medioambientales.
d) Aquellos otros que establezca la legislación de las 
comunidades autónomas.
2. Los interesados podrán formular las alegaciones 
que estimen oportunas y aportar la información que con-sideren relevante, debiendo ser consideradas por la auto-
ridad competente a la que se dirijan.
3. La autoridad competente dará audiencia a los titu-
lares de los terrenos a que se refiere el apartado 1 c), al operador y a los demás interesados para que éstos ale-guen lo que estimen conveniente o aporten la documen-tación adicional que consideren oportuna.
Artículo 43. Acceso a la información.
El público podrá solicitar a la Administración pública 
la información de la que disponga sobre los daños medio-
ambientales y sobre las medidas de prevención, de evita-
ción o de reparación de tales daños.
Artículo 44. Medidas provisionales.
1. Durante la tramitación de los procedimientos se 
podrán adoptar con carácter provisional todas aquellas 
medidas preventivas y de evitación de nuevos daños que sean necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana.
2. Con la misma finalidad, se podrán adoptar las 
medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condicio-nes establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Las medidas provisionales podrán consistir en 
imponer al operador la realización de las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, serán susceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aun a costa del responsable.
Artículo 45. Resolución.
1. La autoridad competente resolverá motivada-
mente y de forma expresa los procedimientos de exigen-
cia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al 
operador la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha responsabilidad.
43244 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
En todo caso podrán ser denegadas, de forma moti-
vada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o 
abusivas.
2. En la resolución se determinarán, al menos, los 
siguientes extremos:
a) Descripción de la amenaza o del daño medioam-
biental que se ha de eliminar.
b) Evaluación de la amenaza o del daño medioam-
biental.
c) Cuando corresponda, definición de las medidas 
de prevención o de evitación de nuevos daños que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instruc-ciones oportunas sobre su correcta ejecución.
d) Cuando corresponda, definición de las medidas 
de reparación que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta 
ejecución. Dicha definición se realizará con arreglo a lo 
previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autó-nomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por 
el operador.
e) Identificación del sujeto que debe aplicar las 
medidas.
f) Plazo conferido para su ejecución.g) Cuantía y obligación de pago de las medidas que, 
en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad 
competente.
h) Identificación de las actuaciones que, en su caso, 
deba realizar la Administración pública.
3. La autoridad competente deberá resolver y notifi-
car en el plazo máximo de 3 meses. En casos científica y técnicamente complejos, la autoridad podrá prorrogar este plazo hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha prorroga. A efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela admi-nistrativa y judicial, transcurrido el plazo mencionado, se entenderá desestimada la solicitud o caducará el procedi-miento cuando éste se haya iniciado de oficio, sin perjui-cio de la obligación inexcusable de la autoridad compe-tente de resolver.
Dicho plazo podrá suspenderse por el tiempo que 
medie entre el requerimiento al operador para que pre-sente la propuesta de medidas reparadoras a que se refiere el artículo 20.1 b) o, en su caso, para que la sub-sane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario.
4. Las resoluciones de la autoridad competente 
serán recurribles con arreglo a lo previsto en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás norma-tiva aplicable.
Artículo 46. Terminación convencional.
1. En cualquier momento del procedimiento podrán 
suscribirse acuerdos entre la autoridad competente para 
resolver y el operador o los operadores responsables con el fin de establecer el contenido de la resolución final en cuanto se refiere a los siguientes extremos:
a) El contenido y alcance de las medidas que se 
deban adoptar por el responsable o responsables.
b) La forma de su ejecución.c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y 
totales de ejecución.
d) Los medios de dirección o control administrativo.
e) Las garantías de cumplimiento y cuantas contri-
buyan a asegurar la efectividad y la viabilidad de las 
medidas.
f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad com-
petente, a costa de los responsables.
2.  Los acuerdos deberán garantizar en todo caso los 
objetivos de esta Ley.3. Podrán proponer el acuerdo la autoridad compe-
tente y los operadores responsables.
El inicio de las negociaciones suspenderá el plazo 
para resolver por un periodo máximo de dos meses, 
transcurrido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo la autoridad competente deberá continuar la tramitación del 
procedimiento hasta su terminación.
4. Si estuvieran personados otros interesados, se les 
notificará el inicio de las negociaciones y se les dará 
audiencia por un plazo de quince días hábiles. Igualmente se les notificará el acuerdo.
5. Si se alcanzara un acuerdo, éste se incorporará a 
la resolución salvo que, atendiendo en particular a las alegaciones de otros interesados, el órgano competente para resolver entienda necesario su rechazo o modifica-ción por razones de legalidad, en cuyo caso dictará la resolución que proceda manteniendo en lo posible los términos del acuerdo.
También podrán iniciarse nuevas negociaciones para 
modificar el acuerdo en lo que resulte necesario.
6. Los acuerdos serán vinculantes para los firmantes. 
La autoridad competente velará por su cumplimiento.
Artículo 47 . Ejecución forzosa.
1. En caso de incumplimiento, las resoluciones 
administrativas que impongan el deber de realizar las 
medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales serán objeto de ejecución for-zosa, previo apercibimiento. Dicha ejecución podrá ser instada por los interesados.
2. La autoridad competente procederá a la ejecución 
subsidiaria, especialmente cuando el daño medioambien-
tal sea grave o la amenaza de daño sea inminente.
3. Cuando se estimara conveniente por no compor-
tar retrasos que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados, la autoridad competente podrá 
imponer sucesivamente hasta un máximo de cinco mul-tas coercitivas, cada una de ellas por un importe máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las 
medidas en ejecución.
Artículo 48. Recuperación de costes por parte de la 
Administración pública.
1. Cuando la autoridad competente haya adoptado 
por sí misma las medidas de prevención, de evitación de 
nuevos daños o de reparación de acuerdo con lo estable-cido en los artículos 23 y 47 exigirá al operador responsa-
ble la obligación de satisfacer los costes generados.
2. La autoridad competente dispondrá de un plazo 
de cinco años para exigir al operador responsable la obli-
gación de satisfacer los gastos a los que se refiere el apar-tado anterior. Dicho plazo se empezará a contar a partir de la más tardía de las siguientes fechas:
a) Aquélla en que haya terminado la ejecución de las 
medidas.
b) Aquélla en que haya identificado al responsable.
3. El cómputo del plazo se interrumpirá por las 
siguientes causas:
a) Por cualquier acción de la autoridad competente 
realizada con conocimiento formal del responsable, con-
ducente a exigirle por los mismos hechos cualquier 
género de responsabilidad conforme a ésta o a cualquier 
otra ley.
b) Por instrucción de proceso penal por los mismos 
hechos generadores de la responsabilidad regulada en esta ley.
c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento 
formal del responsable, conforme al artículo 44.
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43245
d) Por cualquier actuación de reconocimiento de res-
ponsabilidad por parte del obligado.
4. La resolución que imponga la obligación de pagar 
los costes y cualquier otro acto, incluso acordado como 
medida provisional, que imponga el pago de cantidad líquida, se ejecutará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 49. Normativa aplicable.
En lo no previsto en esta ley, los procedimientos que 
se instruyan en su aplicación se regirán por la Ley 30/1 992, 
de 26 de noviembre, y por la legislación aplicable a cada 
Administración pública competente.
Disposición adicional primera. Situaciones de emer-
gencia.
Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de la 
legislación de protección civil para situaciones de emer-
gencia; de la regulación contenida en los artículos 24, 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 
de las previsiones sobre emergencias sanitarias conteni-
das en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
especiales en materia de salud pública; y de la legislación 
autonómica aplicable en materia de protección civil y de emergencias sanitarias.
Disposición adicional segunda. Aplicación de normativa 
medioambiental más exigente.
1. Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas 
comunitarias sobre responsabilidad medioambiental 
más exigentes.
2. El Estado o las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán mante-
ner o adoptar disposiciones más exigentes sobre la pre-vención, la evitación y la reparación de determinados daños medioambientales o en relación con determinadas actividades.
3. Esta ley no impedirá la atribución de responsabili-
dades a sujetos distintos de los operadores, por aplica-ción de otras normas medioambientales.
4. Las comunidades autónomas podrán someter 
otras actividades u otros sujetos al régimen de responsa-bilidad establecido en esta ley.
5. Los daños medioambientales producidos por las 
actividades cuyo principal propósito sea servir a la 
defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los desarrollos legislativos posteriores a que hacen referencia los apartados anteriores.
Disposición adicional tercera. Limitación de la responsa-
bilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo 
y de navegación interior.
Esta ley se entenderá sin perjuicio del derecho del 
operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con el 
Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976 sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo o con el Convenio de Estrasburgo sobre limitación de responsabi-lidad en la navegación interior de 1988, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España, 
así como con la legislación nacional de desarrollo de 
ambos instrumentos internacionales.
Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social y en su normativa de desarrollo, en relación con el sistema de seguimiento y de información 
sobre tráfico marítimo de mercancías peligrosas.
Disposición adicional cuarta. Daños no ambientales que 
se produzcan en cultivos por la liberación de organis-
mos modificados genéticamente.
Los daños no ambientales que se produzcan en culti-
vos por la liberación de organismos modificados genéti-
camente se repararán mediante la indemnización por daños y perjuicios que, en su caso, corresponda con arre-glo a la legislación civil.
Disposición adicional quinta. Remisión de información 
al Ministerio de Medio Ambiente.
1. Las Administraciones públicas facilitarán al Minis-
terio de Medio Ambiente los datos e información recogi-
dos en el anexo VI para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa comunitaria 
aplicable.
2. El Ministerio de Medio Ambiente hará pública la 
información enviada a la Comisión.
Disposición adicional sexta. Declaración de interés 
social de la ocupación temporal de determinados bie-
nes y derechos de titularidad privada.
1. Se declara de interés social la ocupación temporal 
de los bienes y derechos de titularidad privada, cuando 
sea necesaria para proceder a la reparación de los daños medioambientales o para prevenir o evitar su producción. Las Administraciones públicas podrán declarar la urgen-
cia de dicha ocupación cuando las circunstancias concu-
rrentes lo justifiquen.
2. Para la ejecución de la ocupación temporal prevista 
en esta disposición y para la indemnización de los daños y 
perjuicios que con ella se produzcan, se estará a lo estable-
cido en la legislación sobre expropiación forzosa en mate-
ria de indemnización por ocupación temporal.
Disposición adicional séptima. Inexigibilidad de la 
garantía financiera obligatoria a las personas jurídicas 
públicas.
1. El artículo 24 no es de aplicación a la Administra-
ción General del Estado, ni a los organismos públicos 
vinculados o dependientes de aquélla. Tampoco será de 
aplicación a las entidades locales, ni a los organismos 
autónomos ni a las entidades de derecho público depen-
dientes de las mismas.
2. Las comunidades autónomas determinarán la 
aplicabilidad del artículo 24 a su administración y a sus 
organismos públicos dependientes.
Disposición adicional octava. Legitimación del Ministerio 
Fiscal.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal estará legitimado en cualesquiera procesos conten-
cioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación 
de esta ley.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
autoridad competente pondrá en conocimiento del Minis-terio Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambiental derivados de esta ley.
2. Las Administraciones públicas adoptarán las medi-
das oportunas para que sus autoridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fiscal el auxilio técnico, mate-
43246 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
rial o de cualquier otra naturaleza que éste pueda requerir 
para el ejercicio de sus funciones en los procesos conten-
cioso-administrativos a los que se refiere el apartado ante-rior, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Disposición adicional novena. Aplicación del anexo II en 
los procedimientos judiciales y administrativos.
Las normas del anexo II o las dispuestas con carácter 
complementario por la normativa autonómica con el 
mismo objetivo se aplicarán en la determinación de la obligación de reparación de daños medioambientales, con independencia de que tal obligación se exija en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento administrativo.
Disposición adicional décima. Responsabilidad medio-
ambiental de las obras públicas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de 
esta ley y en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evalua-ción de Impacto Ambiental, en las obras públicas de inte-rés general la autoridad competente no podrá exigir la adopción de las medidas previstas en esta ley, ni ejecutar-las subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedi-miento establecido para la evaluación de su impacto de acuerdo con la información existente, y se haya cumplido con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
La normativa autonómica aplicable en la materia 
determinará la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior a la declaración de impacto ambiental o figura equivalente de las obras públicas cuya titularidad corres-ponda a las comunidades autónomas.
Disposición adicional undécima. Evaluación de la apli-
cación de la Ley.
El Ministerio de Medio Ambiente elevará al Consejo 
Asesor de Medio Ambiente con una periodicidad bienal, 
un informe en el que se evalúe la ejecución de la presente ley y, la necesidad, en su caso, de poner en marcha las medidas legislativas o administrativas que fueran necesa-rias para mejorar la eficacia del régimen de responsabili-dad medioambiental; en particular se revisará la eficacia de la excepción establecida en el apartado b) del artículo 28.
Para la elaboración del referido informe, el Ministerio 
consultará preceptivamente a las comunidades autóno-
mas y recabará de éstas la información que precise.
Disposición adicional duodécima. Revisión de los um-
brales regulados en el artículo 28 de la ley.
Los umbrales establecidos en el artículo 28 de esta ley 
para determinar los operadores que quedan exentos de la 
obligación de constituir garantías financieras serán estu-diados y revisados por el Gobierno a la luz de la experien-cia derivada de la aplicación del método al que se refiere el artículo 24 para la fijación de la cobertura de las referi-
das garantías. Antes de 31 de diciembre de 2015 el 
Gobierno presentará un informe proponiendo el manteni-miento o, en su caso, la modificación, al alza o a la baja, de los citados umbrales.
Disposición adicional decimotercera. Responsabilidad 
medioambiental en el exterior.
1. Los operadores que realicen actividades económi-
cas o profesionales reguladas en esta Ley en Estados que no formen parte de la Unión Europea estarán obligados a 
prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales en aplicación de lo establecido en los acuerdos, principios, 
objetivos y normas internacionales que, en esta materia, España suscriba, pudiendo resultar de aplicación, en vir-
tud de los mismos, cuantas medidas de prevención, evita-ción y reparación de daños que se regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en ella prevista.
2. Los operadores que incumplan las obligaciones 
previstas en el apartado anterior y que sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo a la inversión espa-
ñola en el exterior estarán obligados a la devolución de todas las ayudas públicas de apoyo a la inversión en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad origen 
del daño medioambiental y no podrán recibir ayudas similares durante un período de dos años, además de la 
sanción de que puedan ser objeto en virtud de la aplica-
ción de los acuerdos suscritos por España a los que se hace referencia en el apartado anterior.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no exi-
mirá del cumplimiento de cualquier otra obligación legal 
existente en el Estado en el que se realice la actividad 
causa del daño medioambiental.
Disposición adicional decimocuarta. Compensación de 
daños por la rotura de la presa de Tous.
1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous a 
que se refiere la moción aprobada por el Pleno del Senado 
de 8 de mayo de 2007 tendrán derecho a percibir, de acuerdo con los criterios y en las condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997 , las compensa-ciones a que hubieran tenido derecho si hubieran figurado en las listas de afectados incorporadas al proceso. En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados hubieran fallecido, el derecho a la compensación se trans-mitirá a sus sucesores testamentarios o legítimos.
2. Los beneficiarios de esta compensación deberán 
renunciar, con carácter previo a su percepción, expresa-
mente y por escrito, a todas las acciones legales que hayan 
entablado o pudieran tener derecho a iniciar en cualesquiera vías administrativas o jurisdiccionales, tanto nacionales 
como internacionales, dirigidas a obtener una indemniza-
ción por los daños a que se refiere esta disposición.
3. El Ministerio de Medio Ambiente dictará las dispo-
siciones e instrucciones oportunas para asegurar el cum-
plimiento efectivo de este precepto.
Disposición transitoria única. Daños anteriores a la 
entrada en vigor de la ley.
1. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:
a) Los causados por una emisión, un suceso o un 
incidente producido antes del 30 de abril de 2007 .
b) Los causados por una emisión, un suceso o un 
incidente que se haya producido después del 30 de abril 
de 2007 , cuando éstos se deriven de una actividad especí-fica realizada y concluida antes de dicha fecha.
2. La irretroactividad de esta ley en los términos des-
critos en el apartado anterior no impedirá que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:
a) Que se exija responsabilidad conforme a otras 
normas que resulten de aplicación.
b) Que se impongan medidas de prevención o de 
evitación de nuevos daños conforme a lo dispuesto en la 
misma.
c) Que se obligue a la reparación respecto a la parte 
de los daños no excluidos en el apartado 1.
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43247
Disposición final primera. Títulos competenciales.
1. Esta ley tiene el carácter de legislación básica de 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facul-
tades de las comunidades autónomas de establecer nor-mas adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, salvo las siguientes disposiciones:
La disposición adicional octava, que constituye legis-
lación procesal dictada al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
La sección 1.ª del capítulo IV, que constituye legislación 
básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª 
La sección 2.ª del capítulo IV, dictada al amparo del 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.
2. No son básicos: El plazo fijado en el artículo 45.3; 
los plazos fijados en el artículo 46.3 y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional séptima, que serán sólo de aplicación a la Administración General del Estado, a sus organismos públicos y a las agencias estatales.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho 
comunitario.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medio-ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
Disposición final tercera. Autorización de desarrollo.
1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las 
comunidades autónomas, dictar en su ámbito de compe-
tencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución del capítulo IV y de los anexos de la presente ley.
En particular, el Gobierno aprobará mediante real 
decreto, antes del 31 de diciembre de 2008 y previa consulta de las comunidades autónomas, el desarrollo de las previ-siones del capítulo IV y la definición del método de evalua-ción del daño a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.
2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las 
comunidades autónomas, modificar los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Aplicación de la garantía finan-
ciera obligatoria.
1. La fecha a partir de la cual será exigible la constitu-
ción de la garantía financiera obligatoria para cada una de 
las actividades del anexo III se determinará por orden del Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comi-sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y previa consulta a las comunidades autónomas y a los sec-tores afectados.
La orden establecerá un calendario específico para las 
actividades que hubieran sido autorizadas con anteriori-dad a su publicación.
2. Las órdenes ministeriales a las que se refiere el apar-
tado anterior se aprobarán a partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboración se tomará en consideración el informe de la Comisión Europea al que se refiere el artículo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, así como la capacidad de los merca-
dos financieros para disponer de una oferta de garantías 
completa y generalizada a precios razonables.Disposición final quinta. Colaboración entre Administra-
ciones públicas.
La Administración General del Estado promoverá la 
suscripción de instrumentos de colaboración y coopera-
ción con las comunidades autónomas con el fin de elabo-rar protocolos de actuación que garanticen una actuación coordinada y eficaz de las Administraciones públicas competentes para ejecutar la presente ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obs-
tante, sus efectos se retrotraen al 30 de abril de 2007 , salvo lo dispuesto en sus capítulos IV y V.
Por tanto,Mando a todos los españoles, particulares y autorida-
des, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 23 de octubre de 2007 .
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANEXO I
Criterios a los que se refiere el artículo 2.1.a)
1. El carácter significativo del daño que produzca 
efectos desfavorables en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de las especies o los hábitat se evaluará en relación con el estado de conservación que tuvieran al producirse el daño, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con su capacidad de regenera-ción natural. Los cambios adversos significativos en el estado básico deberán determinarse mediante datos mensurables como:
a) El número de individuos, su densidad o la exten-
sión de su zona de presencia.
b) La rareza de la especie o del hábitat dañado (eva-
luada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
c) El papel de los individuos concretos o de la zona 
dañada en relación con la especie o la conservación de su hábitat.
d) La capacidad de propagación y la viabilidad de la 
especie (según la dinámica específica de la especie o población de que se trate) o la capacidad de regeneración natural del hábitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus poblaciones) dañados.
e) La capacidad de la especie o del hábitat, después 
de haber sufrido los daños, de recuperar en breve plazo, sin más intervención que el incremento de las medidas de protección, un estado que, tan sólo en virtud de la diná-mica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
Los daños con efectos demostrados en la salud 
humana deberán clasificarse como daños significativos.
2. No tendrán el carácter de daños significativos los 
siguientes:
a) Las variaciones negativas inferiores a las fluctua-
ciones naturales consideradas normales para la especie o el hábitat de que se trate.
b) Las variaciones negativas que obedecen a causas 
naturales o se derivan de intervenciones relacionadas con la gestión corriente de los espacios naturales protegidos 
43248 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
o los lugares de la Red Natura 2000, según se definan en 
sus respectivos planes de gestión o instrumentos técni-cos equivalentes.
c) Los daños a especies o hábitat con demostrada 
capacidad de recuperar, en breve plazo y sin intervención, 
el estado básico o bien un estado que, tan sólo en virtud 
de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
ANEXO II
Reparación del daño medioambiental
Este anexo establece un marco común que habrá de 
seguirse a fin de elegir las medidas más adecuadas para 
garantizar la reparación del daño medioambiental.
1. Reparación de daños a las aguas, a las especies 
silvestres y los hábitat y la ribera del mar y de las rías:
Por lo que atañe a las aguas, a las especies silvestres 
y los hábitat y la ribera del mar y de las rías, la reparación 
del daño medioambiental se consigue restituyendo el medio ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y compensato-rias, entendiéndose por:
a) «Reparación primaria»: Toda medida correctora 
que restituya o aproxime al máximo los recursos natura-les o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico.
b) «Reparación complementaria»: Toda medida 
correctora adoptada en relación con los recursos natura-
les o los servicios de recursos naturales para compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales o servicios 
de recursos naturales dañados.
c) «Reparación compensatoria»: Toda acción adop-
tada para compensar las pérdidas provisionales de recur-sos naturales o servicios de recursos naturales que ten-gan lugar desde la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya surtido todo su efecto. No consiste en una compensación finan-ciera al público.
d) «Pérdidas provisionales»: Las pérdidas derivadas 
del hecho de que los recursos naturales o los servicios de 
recursos naturales dañados no puedan desempeñar sus 
funciones ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan surtido efecto las medidas primarias o complementarias.
Si la reparación primaria no da lugar a la restitución 
del medio ambiente a su estado básico, se efectuará una 
reparación complementaria. Además, se efectuará una 
reparación compensatoria para compensar las pérdidas provisionales.
La reparación de daños medioambientales consisten-
tes en daños a las aguas o a las especies silvestres y los hábitat supone asimismo eliminar toda amenaza signifi-cativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana.
1.1 Objetivos de la reparación.
Finalidad de la reparación primaria.
1.1.1 La finalidad de la reparación primaria es resti-
tuir o aproximar los recursos naturales o los servicios de 
recursos naturales dañados a su estado básico.
Finalidad de la reparación complementaria.
1.1.2 Si los recursos naturales o los servicios de 
recursos naturales dañados no se restituyen a su estado 
básico, se efectuarán reparaciones complementarias. La finalidad de la reparación complementaria es proporcio-nar un nivel de recursos naturales o servicios de recursos naturales –inclusive, si procede, en un lugar alternativo– 
similar al que se habría proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico. En la medida en que sea posible y adecuado, el lugar alternativo deberá estar vinculado geográficamente al lugar dañado, teniendo en cuenta los intereses de la población afec-tada.
Finalidad de la reparación compensatoria.
1.1.3 La reparación compensatoria se efectuará con 
el fin de compensar la pérdida provisional de recursos 
naturales y servicios de recursos naturales durante la recuperación. Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres y los hábitat o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, y no en compensar económicamente al público.
1.2 Identificación de medidas reparadoras.
Identificación de medidas reparadoras primarias.
1.2.1 Se estudiarán opciones de acciones encamina-
das a restituir directamente los recursos naturales y los 
servicios de recursos naturales a su estado básico de forma acelerada, o bien mediante la recuperación natural.
Identificación de medidas reparadoras complementa-
rias y compensatorias.
1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas repa-
radoras complementarias o compensatorias se conside-rará en primer lugar la utilización de criterios de equiva-lencia recurso-recurso o servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerarán en primer lugar acciones que proporcionen recursos naturales o servicios de recur-sos naturales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. De no ser esto posible, se proporcionarán recur-sos naturales o servicios de recursos naturales alternati-vos. Por ejemplo, una disminución de la calidad podría compensarse con un aumento del número de medidas reparadoras.
1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes de 
equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio, se apli-carán técnicas de valoración alternativas. La autoridad competente podrá prescribir el método para determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementa-rias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos naturales o servicios de recursos naturales per-didos pero no es posible valorar los recursos o servicios de reposición en un plazo o con unos costes razonables, la autoridad competente podrá optar por medidas repara-doras cuyo coste sea equivalente al valor monetario aproximado de los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos.
Las medidas reparadoras complementarias y com-
pensatorias habrán de concebirse de tal modo que pre-vean que los recursos naturales y servicios de recursos naturales adicionales obedezcan a las preferencias en el tiempo y a la cronología de las medidas reparadoras. Por ejemplo, cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el estado básico, mayores serán las medidas de reparación compensatoria que se lleven a cabo (en igualdad de otras condiciones).
1.3 Elección de las medidas reparadoras.
1.3.1 Las medidas reparadoras razonables deberían 
valorarse utilizando las mejores tecnologías disponibles, 
atendiendo a todos los criterios siguientes:
El efecto de cada medida en la salud y la seguridad 
públicas.
La probabilidad de éxito de cada medida.El grado en que cada medida servirá para prevenir 
futuros daños y evitar daños colaterales como conse-cuencia de su aplicación.
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El grado en que cada medida beneficiará a cada 
componente del recurso natural o servicio medioam-
biental.
El grado en que cada medida tendrá en cuenta los 
correspondientes intereses sociales, económicos y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad.
El periodo de tiempo necesario para que sea efec-
tiva la reparación del daño medioambiental.
El grado en que cada una de las medidas logra 
reparar el lugar que ha sufrido el daño medioambiental.
La vinculación geográfica con el lugar dañado.El coste que supone aplicar la medida.
1.3.2 Al evaluar las distintas medidas reparadoras 
identificadas, podrán elegirse medidas reparadoras 
primarias que no restituyan por completo a su estado básico las aguas o las especies silvestres y los hábitat que hayan sufrido el daño, o que lo hagan más lenta-mente. Se podrá adoptar esta decisión únicamente si los recursos naturales o los servicios medioambienta-les dañados se compensan mediante un incremento de las acciones complementarias o compensatorias que proporcione un nivel similar de recursos o servi-cios. Esas medidas reparadoras adicionales se deter-minarán de conformidad con las normas establecidas en el punto 1.2.2.
1.3.3 No obstante, las normas establecidas en el 
punto 1.3.2, y de conformidad con el artículo 21, la auto-ridad competente podrá decidir que no han de adoptarse más medidas reparadoras si:
1.º Las medidas reparadoras ya adoptadas garan-
tizan que ya ha dejado de existir un amenaza significa-tiva de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana, el agua o las especies silvestres y los hábitat; y
2.º El coste de las medidas reparadoras que debe-
rían adoptarse para alcanzar el estado básico o un nivel similar es desproporcionado en comparación con los beneficios medioambientales que se vayan a obtener, en cuyo caso será necesario ampararse en una memoria económica justificativa que tendrá el carácter público.
2. Reparación de daños al suelo.
En el marco de lo establecido en los artículos 27 y 
28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, así como en la normativa sobre protección de la calidad del suelo aprobada por las Comunidades Autónomas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate de modo que el suelo contaminado deje de suponer un ame-naza significativa de que se produzcan efectos adver-sos para la salud humana o para el medio ambiente. Se tendrá en cuenta el uso actual o el futuro uso plani-ficado del suelo en el momento del daño.
Este uso del suelo se determinará en función de la 
normativa de ordenación del territorio o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de producirse el daño. Si ésta no exis-tiese, será la naturaleza de la zona correspondiente en que se haya producido el daño la que determine su uso, teniendo en cuenta sus expectativas de desa-rrollo.Se estudiará la posibilidad de optar por una recupe-
ración natural, es decir, sin ninguna intervención directa 
del ser humano en el proceso de recuperación.
ANEXO III
Actividades a que hace referencia el artículo 3.1
1. La explotación de instalaciones sujetas a una 
autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Con-taminación. Esto incluye todas las actividades enume-radas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigación, elabora-ción y prueba de nuevos productos y procesos.
Igualmente incluye cualesquiera otras actividades 
y establecimientos sujetos al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inheren-tes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2. Las actividades de gestión de residuos, como la 
recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la super-visión de tales actividades, que estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la 
explotación de vertederos y la gestión posterior a su cie-rre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-duos mediante depósito en vertedero y la explotación de instalaciones de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
3. Todos los vertidos en aguas interiores superficia-
les sujetas a autorización previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la legislación autonómica aplicable.
4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas 
sujetas a autorización previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legislación autonó-mica aplicable.
5. Todos los vertidos en aguas interiores y mar terri-
torial sujetos a autorización previa de conformidad con 
lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la legislación autonómica aplicable.
6. El vertido o la inyección de contaminantes en 
aguas superficiales o subterráneas sujetas a permiso, 
autorización o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
7 . La captación y el represamiento de aguas sujetos 
a autorización previa de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
8. La fabricación, utilización, almacenamiento, 
transformación, embotellado, liberación en el medio ambiente y transporte in situ de:
a) Las sustancias peligrosas definidas en el artícu-
lo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sus-tancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
b) Los preparados peligrosos definidos en el artícu-
lo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, enva-sado y etiquetado de preparados peligrosos.
c) Los productos fitosanitarios definidos en el 
artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviem-
bre, por el que se implanta el sistema armonizado comu-
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nitario de autorización para comercializar y utilizar pro-
ductos fitosanitarios.
d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a) del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por 
vías fluviales, marítimo o aéreo de mercancías peli-grosas o contaminantes de acuerdo con la definición que figura en el artículo 2.b) del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territo-rio español, o en el artículo 2.b) del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, que regula diversos aspectos relaciona-dos con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o en el artículo 3.h) del Real Decreto 210/20 04, 
de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marí-timo.
10. La explotación de instalaciones que, estando 
sujetas a autorización de conformidad con la directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1 994, 
relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica 
procedente de las instalaciones industriales en rela-
ción con la liberación a la atmósfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva mencionada, requieren una autorización de conformi-dad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
11. Toda utilización confinada, incluido el trans-
porte, de microorganismos modificados genética-mente, de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurí-dico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéti-camente.
12. Toda liberación intencional en el medio 
ambiente, transporte y comercialización de organis-mos modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
13. El traslado transfronterizo de residuos dentro, 
hacia o desde la Unión Europea sujeto a autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Con-sejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.
14. La gestión de los residuos de las industrias 
extractivas, según lo dispuesto en la Directiva 2006/21 /CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35 /CE.
ANEXO IV
Convenios internacionales a que hace referencia 
el artículo 3.5.a)
1. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, 
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a la con-taminación por hidrocarburos.
2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 19 92, 
de constitución de un Fondo internacional de indemni-zación de daños debidos a la contaminación por hidro-carburos.
3. Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, 
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques.
4. Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, 
sobre responsabilidad e indemnización de daños en rela-ción con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.5. Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre respon-
sabilidad civil por daños causados durante el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y por vías navegables.
ANEXO V
Convenios internacionales a que hace referencia
 el artículo 3.5.b)
1. Convenio de París, de 29 de julio de 1960, acerca de 
la responsabilidad civil en materia de energía nuclear y Con-venio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963.
2. Convención de Viena, de 21 de mayo de 1963, 
sobre responsabilidad civil por daños nucleares.
3. Convención, de 12 de septiembre de 1997 , sobre 
indemnización suplementaria por daños nucleares.
4. Protocolo común, de 21 de septiembre de 1988, 
relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París.
5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, 
relativo a la responsabilidad civil en la esfera del trans-porte marítimo de sustancias nucleares.
ANEXO VI
Información y datos a que se refiere la disposición 
adicional quinta
1. Los informes a que se refiere la disposición adicio-
nal quinta incluirán una lista de casos de daño medioam-biental y de casos de responsabilidad en virtud de esta ley, cada uno de ellos con los siguientes datos e información:
a) Tipo de daño medioambiental, fecha en que se 
produjo y/o descubrió el daño y fecha en que se empren-dieron acciones en virtud de esta ley.
b) Código de clasificación de las actividades de la 
persona o personas jurídicas responsables.
c) Interposición, en su caso, de un recurso en vía 
judicial, ya sea por partes con responsabilidad o por enti-dades legitimadas (deberá especificarse el tipo de deman-dantes y el resultado del procedimiento).
d) Resultado del proceso de reparación.e) Fecha de conclusión del procedimiento.
2. Las Administraciones públicas podrán incluir en 
sus informes cualesquiera otros datos e información que 
consideren útiles para la correcta valoración del funciona-miento de esta ley, por ejemplo:
a) Costes ocasionados por las medidas de prevención 
y reparación, de acuerdo con la definición de esta ley:
1.º Sufragados directamente por los responsables, 
cuando se disponga de esta información;
2.º Restituidos por los responsables a posteriori;3.º Sin restituir por los responsables (deberá especi-
ficarse el motivo de la falta de restitución).
b) Resultados de las acciones de fomento y de la 
aplicación de los instrumentos de garantía financiera uti-lizados de conformidad con esta ley.
c) Una evaluación de los costes administrativos 
adicionales ocasionados anualmente a la Administra-ción pública por la creación y funcionamiento de las estructuras administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.