BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175  Miércoles 24 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 43928
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
6622 Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en 
caso de emergencia nuclear o radiológica.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1999, relativo a la información 
del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a 
seguir en caso de emergencia radiológica, fue transpuesta al derecho español la Directiva 
89/618/ EURATOM, del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, relativa a la información de 
la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento 
a seguir en caso de emergencia radiológica. Con este Acuerdo se establecieron unos 
principios comunes y disposiciones específicas sobre las citadas materias, teniendo como 
objetivo todos aquellos grupos de población para los que se hubiera adoptado un plan de 
actuación en previsión de casos de emergencia nuclear o radiológica.
Con posterioridad, el Gobierno aprobó un conjunto de planes y directrices de actuación 
relativos al riesgo nuclear y radiológico: el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), 
por el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio; la Directriz básica de planificación de 
protección civil ante el riesgo radiológico, por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de 
noviembre; los Planes Directores de emergencia nuclear exteriores a las centrales 
nucleares de José Cabrera y Trillo (PENGUA), Almaraz (PENCA), Ascó y Vandellós 
(PENTA), Santa María de Garoña (PENBU) y Cofrentes (PENVA), aprobados por acuerdos 
de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009; y el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico, por el Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre. A su vez, 
por parte de las comunidades autónomas se han aprobado los correspondientes Planes 
especiales de protección civil ante el riesgo radiológico.
El PLABEN establece que los planes de emergencia nuclear exteriores a las centrales 
nucleares elaborados siguiendo sus directrices deberán garantizar, además de la información 
preventiva a la población mediante programas de información previa a la población 
potencialmente afectada, la cobertura informativa de la población efectivamente afectada en 
situación de emergencia, de forma rápida y eficaz, atribuyendo estas responsabilidades a los 
directores de los Planes de emergencia nuclear exteriores a las centrales nucleares (PEN). 
Asimismo, establece la obligación de los titulares de las instalaciones de colaborar en 
actividades de implantación y mantenimiento de la eficacia de los PEN, como programas de 
información preventiva a la población. En lo que concierne específicamente a la información 
a la población de los entornos de las centrales nucleares, por Resolución de la Subsecretaría 
del Interior, del 7 de junio de 2005, se aprobó la Directriz de información previa a la población 
en los Planes de emergencia nuclear, en la que se establecen las líneas de actuación a 
seguir en materia de información previa a la población de las zonas I y II de planificación 
definidas en los planes de emergencia nuclear, incluidas las poblaciones de derecho, de 
hecho, estacionales y transeúntes, así como a una serie de colectivos específicos, tales 
como: la población escolar; el profesorado y el personal no docente de los centros escolares; 
los profesionales de los medios de comunicación social con implantación local y, de modo 
muy especial, aquellos con los que exista un acuerdo; agentes de desarrollo local y 
trabajadores sociales; responsables de seguridad y empleados de instituciones, 
instalaciones, industrias, sector turístico y locales de pública concurrencia, etc.
La Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico igualmente 
establece que, con el objetivo de que la población potencialmente afectada conozca el plan 
de emergencia y las medidas de protección a adoptar y de fomentar su adecuada reacción en 
caso de emergencia, los Planes especiales ante el riesgo radiológico, desarrollados conforme 
a los criterios en ella establecidos, deberán poner en práctica programas de información 
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previa a la población, al mismo tiempo que deberán garantizar la información, en situaciones 
de emergencia, no solo de la población efectivamente afectada y del público en general, sino 
igualmente del personal de intervención que en el transcurso de la emergencia deberá ser 
informado sobre los riesgos para su salud que entraña su intervención y sobre las medidas 
de protección que deban adoptar. En aplicación de la Directriz básica se aprobó el Plan 
Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, el cual atribuye al órgano de dirección, 
entre otras funciones, proponer políticas informativas destinadas a la población afectada por 
la emergencia, a los medios de comunicación social y al personal interviniente.
Por otra parte, la anteriormente mencionada Directiva 89/618/ EURATOM, del Consejo, 
de 27 de noviembre de 1989, fue derogada con la aprobación de la Directiva 2013/59/
EURATOM, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes. Entre las disposiciones de esta última directiva se establecen 
requisitos para que los Estados miembros informen a la población sobre las medidas de 
protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia 
radiológica, y para que la población que pueda verse afectada por tal emergencia sea 
informada de forma periódica y con antelación. Asimismo, establece requisitos para la 
coordinación de la información a la población y de las medidas de protección con otros 
Estados miembros y terceros países que puedan verse afectados por una emergencia 
acaecida en su territorio, con potenciales consecuencias transfronterizas.
A su vez, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
establece, en su artículo 6, el derecho a la información de todos los ciudadanos acerca de 
los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para 
hacerles frente y las conductas a seguir para prevenirlos. Y que dicha información habrá 
de proporcionarse tanto en caso de emergencia, como, preventivamente, antes de que las 
situaciones de peligro lleguen a estar presentes. Ese derecho a la información es 
correlativo en la ley con la obligación de los poderes públicos a proporcionarla, establecida 
en el mismo artículo 6, así como de los titulares de centros, establecimientos y 
dependencias, en los que se realicen actividades susceptibles de generar emergencias, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.bis.7.
De otra parte la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establecen los derechos de los ciudadanos a 
recibir información relativa a los condicionantes de salud como factores que influyen en el 
nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, 
medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y 
sobre su impacto, información que será proporcionada con carácter de urgencia en caso de 
que el riesgo sea inmediato y la obligación de las administraciones sanitarias de informar 
sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población, que deberá incluir 
una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las administraciones 
sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la población.
Teniendo en cuenta todo ello, resulta necesario transponer al derecho español lo que 
la Directiva 2013/59/EURATOM, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, dispone. 
Mediante el presente real decreto se transponen, en particular e íntegramente, los artículos 
70 y 71, así como el anexo XII, y de manera parcial los artículos 17 y 99, en los aspectos 
referidos a la información a suministrar. Recoge, además del contenido de la información 
previa que deberá proporcionase a la población que pueda verse afectada en caso 
emergencia nuclear o radiológica, el contenido de aquella que deberá suministrarse a la 
población realmente afectada por la emergencia, a la población en general, al personal de 
intervención adscrito a los planes de emergencia nuclear de nivel de respuesta exterior y 
a los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, a la Unión Europea, 
a otros organismos internacionales y a Estados miembros y terceros países que pudieran 
estar afectados por una emergencia nuclear o radiológica ocurrida en territorio español.
En cuanto a su contenido y tramitación, el real decreto se adecua a los principios de 
buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, la regulación de estos 
requisitos en materia de información obedece al interés general, redundando positivamente 
en la protección de la población y del personal de intervención contra los posibles riesgos 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, como consecuencia de emergencias 
nucleares y radiológicas.
En cuanto a los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, la disposición 
contiene la regulación imprescindible para los fines expuestos. Resulta coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco 
estable y claro que facilita su conocimiento. Y, finalmente, es conforme con las exigencias 
de los principios de transparencia y de eficiencia, ya que en su elaboración han participado 
activamente los colectivos afectados y no se producirá incremento del gasto presupuestario.
En la elaboración del real decreto se ha dado audiencia a los ciudadanos y sectores 
afectados, ha sido consultado el Consejo Nacional de Discapacidad e informado 
favorablemente por el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, y por el Pleno del 
Consejo de Seguridad Nuclear.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Sanidad, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 
de junio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 
de información sobre medidas de prevención y protección aplicables, junto con otro tipo de 
información relevante, a la población que pueda resultar afectada y a aquella que resulte 
efectivamente afectada en caso de una emergencia nuclear o radiológica, al personal de 
intervención de los planes de emergencia nuclear de nivel de respuesta exterior y de los 
planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, así como a la Unión 
Europea, sus Estados miembros, terceros países, y a otras organizaciones internacionales.
2. La información a que se refiere el apartado anterior se comunicará sin necesidad 
de que sea solicitada.
3. La información se facilitará en formatos, soportes y medios adecuados, de modo que 
sea plenamente accesible y comprensible a personas con discapacidad de cualquier tipo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entiende por:
a) Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo definida en el artículo 2.5 
de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
b) Emergencia nuclear: situación o suceso no habitual que implica una fuente de 
radiación y exige una intervención inmediata para mitigar las consecuencias adversas 
graves para la salud y seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes o el medio 
ambiente, o un peligro que pudiera dar lugar a esas consecuencias adversas, que tiene 
lugar en una central nuclear ubicada en el territorio nacional.
c) Emergencia radiológica: situación o suceso no habitual que implica una fuente de 
radiación y exige una intervención inmediata para mitigar las consecuencias adversas 
graves para la salud y seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes o el medio 
ambiente, o un peligro que pudiera dar lugar a esas consecuencias adversas, que ocurre 
en otra actividad o instalación regulada, distinta de las centrales nucleares, ubicada en 
territorio español; en instalaciones o actividades nucleares o radiactivas situadas en otros 
países, en las que un accidente implica consecuencias radiológicas en alguna parte del 
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territorio nacional que requieran tomar alguna medida de protección para la población o el 
medio ambiente; o en otras instalaciones o actividades no reguladas en las que pudiera 
existir excepcionalmente riesgo radiológico.
d) Exposición: acción y efecto de someter a las personas a las radiaciones ionizantes.
e) Exposición médica: exposición a la que se someten pacientes o personas 
asintomáticas en el marco de su propio diagnóstico o tratamiento médico o dental, 
destinada a beneficiar su salud o bienestar, así como la exposición a la que se someten 
los cuidadores y voluntarios en la investigación médica o biomédica.
f) Exposición ocupacional: exposición de los trabajadores, personas en formación y 
estudiantes durante el desempeño de su trabajo.
g) Instalaciones o actividades reguladas: aquellas que habitualmente utilizan 
sustancias nucleares o radiactivas, incluidas en el ámbito de aplicación en el Reglamento 
sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 
de diciembre.
h) Instalaciones o actividades no reguladas: aquellas en las que pudiera existir 
excepcionalmente riesgo radiológico, distintas a las definidas en el punto anterior.
i) Intervención: actividad humana que evita o reduce la exposición de las personas a 
la radiación procedente de fuentes que no son parte de una práctica o que están fuera de 
control, actuando sobre la fuente, las vías de transferencia y las propias personas.
j) Plan de nivel de respuesta exterior: medidas para planificar, a efectos de protección 
civil, una respuesta adecuada en el exterior de las instalaciones nucleares o radiactivas, o 
en otras instalaciones o actividades no reguladas en las que pudiera existir 
excepcionalmente riesgo radiológico, en caso de producirse una exposición de emergencia 
a partir de sucesos hipotéticos y las circunstancias correspondientes.
Incluye:
i. Los planes de emergencia nuclear del nivel de respuesta exterior, o planes de 
emergencia nuclear.
ii. Los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico.
k) Práctica: actividad humana que puede aumentar la exposición de las personas a 
las radiaciones procedentes de una fuente de radiación y que se gestiona como situación 
de exposición planificada.
l) Población: personas que pueden estar sometidas a exposición que no sea 
ocupacional o médica.
m) Personal de intervención en emergencias: cualquier persona con un cometido 
definido en una emergencia nuclear o radiológica y que puede resultar expuesto a las 
radiaciones ionizantes mientras actúa en respuesta a la emergencia nuclear o radiológica. 
En el marco de este real decreto se refiere exclusivamente al personal de intervención 
adscrito a los planes de nivel de respuesta exterior.
n) Autoridad sanitaria competente: en el caso de las emergencias derivadas de las 
centrales nucleares, corresponderá a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad. En los demás casos, a las autoridades sanitarias de 
las comunidades autónomas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Este real decreto es de aplicación en todo el territorio nacional tanto en fase preventiva 
como ante una eventualidad de emergencia nuclear o radiológica que pueda dar lugar a 
una exposición de la población.
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CAPÍTULO II
Información previa para la población que pueda resultar afectada 
por una emergencia nuclear o radiológica
Artículo 4.  El deber de información previa.
1. Están obligados a facilitar la información previa a la población que pueda verse afectada, 
los directores de los planes de nivel de respuesta exterior que corresponda, de acuerdo con los 
criterios establecidos en este real decreto y las previsiones de los propios planes.
2. Asimismo estarán obligados los titulares de las centrales nucleares y los de aquellos 
centros que pueden dar lugar a riesgos radiológicos significativos en el exterior del 
emplazamiento, esto es, los titulares de los establecimientos e instalaciones susceptibles 
de encuadrarse en los grupos de emergencia radiológica I y II, del anexo I «Grupos de 
emergencias radiológicas» de la Directriz básica de planificación de protección civil ante el 
riesgo radiológico, aprobada por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre. Dichos 
titulares deberán comunicar al director del plan de emergencia nuclear o al director del plan 
especial de protección civil ante el riesgo radiológico de comunidad autónoma que en cada 
caso corresponda, los programas de información puestos en práctica y la información 
facilitada, los cuales deberán reunir las especificaciones del anexo I y las que se establezcan 
en los correspondiente planes de nivel de respuesta exterior.
3. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Consejo de Seguridad 
Nuclear, a solicitud de los órganos competentes en materia de protección civil de las 
comunidades autónomas y, en su caso, de las autoridades sanitarias competentes 
formulada a través de estos, podrán prestar apoyo técnico en la elaboración y aplicación 
de programas de información previa de la competencia de aquellos.
4. En el caso de los planes de emergencia nuclear, los objetivos y procedimientos de 
los programas preventivos de información previa a desarrollar con la periodicidad necesaria 
se establecerán de acuerdo con las correspondientes directrices que serán aprobadas por la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, previo informe favorable del Consejo 
de Seguridad Nuclear y de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Artículo 5. Contenido de la información previa.
1. El contenido de la información previa incluirá, como mínimo, los elementos que 
figuran en el anexo I.
2. Esta información será accesible a la población de manera permanente. Para ello 
podrán utilizarse las páginas web correspondientes a los distintos órganos o entidades 
obligados a facilitarla, de acuerdo con el artículo 4.
Artículo 6. Actualización del contenido de la información previa.
1. Los resultados de la aplicación de los programas preventivos de información previa se 
valorarán periódicamente para establecer las posibles modificaciones en contenidos y 
procedimientos de comunicación, que permitan mejorar la eficacia de los programas sucesivos.
2. En el caso de los planes de emergencia nuclear, la frecuencia de esas valoraciones 
será como mínimo de una vez cada cuatro años y sus resultados se incorporarán a las 
directrices aprobadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
3. En el caso de los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, 
la frecuencia de las valoraciones será la que en ellos se establezca.
CAPÍTULO III
Información para la población efectivamente afectada en caso de emergencia 
nuclear o radiológica
Artículo 7. El deber de información en emergencia nuclear o radiológica.
1. En caso de emergencia nuclear o radiológica los directores de los planes de nivel 
de respuesta exterior estarán obligados, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
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en dichos planes, a alertar e informar sin dilación a la población efectivamente afectada, 
sobre los datos de la situación de emergencia, sobre el comportamiento que deba adoptarse 
y, dado el caso, sobre las medidas de protección sanitaria que les sean aplicables.
2. Los directores de los planes de nivel de respuesta exterior actuarán en esa tarea 
de información con la necesaria cooperación y asesoramiento del Consejo de Seguridad 
Nuclear y de la autoridad sanitaria competente, del titular de la instalación nuclear o 
radiactiva que está sufriendo el accidente, y de cualquier otra organización cuyo concurso 
sea relevante en la información que se suministra.
3. Los directores de los planes de repuesta exterior velarán para que las actuaciones 
previstas de coordinación de la información a la población efectivamente afectada en caso 
de emergencia nuclear o radiológica, sean ejercitadas y evaluadas.
4. En aquellos casos de emergencias nucleares o radiológicas que no tengan 
consecuencias en el exterior y para las que no sea necesaria la activación de los 
correspondientes planes de nivel de respuesta exterior, será el Consejo de Seguridad 
Nuclear el organismo encargado de informar a la población sobre la situación, los aspectos 
técnicos involucrados en la misma y las medidas adoptadas, a través de los medios de 
comunicación social y de cualquier otro sistema que considere adecuado, observando en 
todo caso las medidas de accesibilidad necesarias para el acceso a la información de las 
personas con discapacidad.
Artículo 8. Contenido de la información en emergencia nuclear o radiológica.
1. El contenido de la información suministrada se referirá a aquellos puntos que 
figuran en el anexo II que sean pertinentes según la emergencia.
2. Esta información podrá proporcionarse a través de las páginas web 
correspondientes a los distintos órganos obligados a facilitarla, de acuerdo con el artículo 7.
3. En especial, deberá garantizarse su correcta recepción y comprensión por las 
personas con discapacidad.
Artículo 9. Actualización del contenido de la información en emergencia nuclear o 
radiológica.
1. La información que haya de facilitarse a la población efectivamente afectada se 
actualizará con la periodicidad que resulte necesaria para mantenerla perfectamente 
informada y, en particular, siempre que se produzca un suceso relevante para el devenir 
de la emergencia, o cambien las condiciones, o se requiera la aplicación de otras medidas 
de protección o la modificación de las medidas ya implantadas.
En ese proceso los directores de los planes contarán con la colaboración y el 
asesoramiento técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y de la autoridad sanitaria 
competente.
2. En tanto no se dé por finalizada la emergencia nuclear o radiológica, deberá haber, 
al menos, una actualización diaria del contenido de la información en emergencia.
CAPÍTULO IV
Información al personal de intervención en emergencias nucleares o radiológicas
Artículo 10. El deber de información previa.
1. Corresponde a los directores de los planes de nivel de respuesta exterior velar 
para que el personal de intervención reciba la información previa, suficiente y adecuada, 
según lo establecido en el artículo 11.
2. En el proceso de información previa al personal de intervención colaborarán y 
prestarán asesoramiento técnico el Consejo de Seguridad Nuclear y la autoridad sanitaria 
competente.
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Artículo 11. Contenido de la información previa.
La información será detallada en lo que se refiere a los riesgos para la salud que 
puedan conllevar sus intervenciones, y sobre las medidas de autoprotección y de 
protección radiológica que deban tomarse en cuenta en tales casos. Dicha información 
tendrá en cuenta los diferentes tipos de emergencia que puedan producirse y el tipo de 
intervención.
Artículo 12. Actualización de la información previa.
1. La información será actualizada de forma regular, en coordinación con los 
programas de formación previstos para el personal de intervención en emergencias 
nucleares o radiológicas.
2. En el caso de los planes de emergencia nuclear la frecuencia de esas revisiones 
y actualizaciones será como mínimo de una vez cada cuatro años.
3. En el caso de los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, 
la frecuencia de esas revisiones y actualizaciones será la que en ellos se establezca.
Artículo 13. Información en caso de emergencia nuclear o radiológica.
Tan pronto como se produzca una emergencia nuclear o radiológica, los directores de 
los planes de nivel de respuesta exterior, con carácter previo a la intervención, deberán 
complementar la información indicada en el artículo 11, teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas.
CAPÍTULO V
Información a la Unión Europea y a sus Estados miembros, a terceros países 
y a otras organizaciones internacionales
Artículo 14. Información a la Unión Europea, y a sus Estados miembros, a terceros 
países potencialmente afectados y a otras organizaciones internacionales.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Consejo de Seguridad 
Nuclear cumplirán con los compromisos adquiridos en materia de información, 
comunicación, pronta notificación y asistencia con la Unión Europea, sus Estados 
miembros, terceros países y otras organizaciones internacionales tan pronto como se den 
las condiciones para ello y, en todo caso, siempre que se produzca una emergencia 
nuclear o radiológica en territorio nacional que pueda tener consecuencias en otros 
Estados miembros o terceros países.
Disposición adicional primera. Programas de información preventiva.
1. Los planes de nivel de respuesta exterior a emergencias nucleares y radiológicas, 
de conformidad con el artículo 10.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, deberán contener 
programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a los 
ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes, 
facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención, y 
restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia nuclear o 
radiológica. La difusión de estos programas deberá garantizar su recepción por parte de 
los colectivos más vulnerables.
2. En su contenido se incorporarán las medidas adecuadas de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, en especial, las encaminadas a asegurar que reciben esta 
información y comprenden el contenido de estos planes.
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Disposición adicional segunda. Colaboración de los medios de comunicación.
Según lo previsto el artículo 7 bis.8 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, los medios de 
comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la 
difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en 
la forma que aquellas les indiquen, garantizando que toda la información facilitada sea 
accesible y comprensible utilizando medios y canales adecuados para las personas con 
discapacidad, y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de 
emergencia nuclear del nivel de respuesta exterior, y en los planes especiales de 
protección civil ante el riesgo radiológico.
Disposición adicional tercera. Instrumentos de colaboración.
El Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 
17/2015, de 9 de julio, podrá suscribir instrumentos de colaboración con otros 
departamentos ministeriales, con otras administraciones públicas, con entidades públicas 
o privadas y asociaciones representativas de las personas con discapacidad para la 
realización de las actividades de información previa a la población que probablemente 
pueda resultar afectada por una emergencia nuclear o radiológica, que podrán ser 
financiadas total o parcialmente con cargo al Fondo de Prevención de Emergencias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda sin efecto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de octubre de 1999, 
relativo a la información del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y 
sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica, así como cualquier 
norma de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª y 16.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de seguridad 
pública, y en materia de bases y coordinación general de la sanidad, respectivamente.
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español el contenido de los 
artículos 70 y 71, así como el anexo XII, y de manera parcial los artículos 17 y 99 de la 
Directiva 2013/59/EURATOM, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a las radiaciones ionizantes y se derogan otras directivas.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de junio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
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ANEXO I
Información previa para la población que pueda resultar afectada 
por una emergencia nuclear o radiológica
1. Nociones básicas sobre la radiactividad y sus efectos en el ser humano y el medio 
ambiente.
2. Las distintas clases o categorías de emergencia postulados y sus consecuencias 
para la población y para el medio ambiente.
3. Medidas de emergencia previstas para alertar, proteger y socorrer a la población 
en caso de emergencia nuclear o radiológica.
4. Información adecuada sobre el comportamiento que deberá observar la población 
en caso de emergencia nuclear o radiológica.
ANEXO II
Información que debe suministrarse a la población afectada si se produce 
una emergencia nuclear o radiológica
1. En función del plan de nivel de respuesta exterior ante emergencias establecido 
previamente, la población efectivamente afectada en caso de emergencia nuclear o 
radiológica recibirá de forma rápida y reiterada:
a) Información sobre la situación de emergencia ocurrida y, en la medida de lo 
posible, sobre sus características (tales como su origen, su magnitud, su previsible 
evolución).
b) Instrucciones de protección que, según el caso del que se trate, podrán:
i. Referirse, entre otros, a los elementos mencionados a continuación:
– Restricción del consumo de ciertos alimentos y agua que puedan estar 
contaminados.
– Normas fundamentales de higiene y descontaminación.
– Recomendación de permanencia en el domicilio.
– Distribución y uso de sustancias protectoras.
– Disposiciones que deban adoptarse en caso de evacuación.
ii. Ir acompañadas, si fuese necesario, de advertencias especiales para determinados 
grupos de población.
c) Consejos de cooperación, en el marco de las instituciones y requerimientos 
formulados por las autoridades competentes.
2. Si a la situación de emergencia precediese una fase de prealerta, la población que 
pudiera verse afectada recibirá ya durante esta fase información y consignas tales como:
a) Instrucciones a la población afectada para que permanezca atenta a los canales 
de comunicación pertinentes, como la radio, la televisión, páginas web oficiales, las redes 
sociales de cuentas institucionales u otros de similar impacto.
b) Instrucciones preparatorias destinadas a las organizaciones que tengan 
responsabilidades colectivas específicas.
c) Recomendaciones a los grupos ocupacionales especialmente afectados.
3. Esta información y estas instrucciones se completarán en función del tiempo 
disponible, con un recordatorio de las nociones básicas sobre la radiactividad y sus efectos 
en el ser humano y el medio ambiente.
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https://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X