I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
15818 Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La creación de empresas y su crecimiento tienen un papel fundamental en el proceso 
de crecimiento económico y en el aumento de la productividad, aportando valor añadido 
a todos los sectores de la economía. El aumento del tamaño empresarial y el impulso al 
emprendimiento vienen siendo señalados por los diferentes estudios como uno de los 
factores claves para aumentar el crecimiento potencial de España y reducir la intensidad 
de las fluctuaciones cíclicas, reforzando el tejido económico y social y la resiliencia a 
largo plazo del país. En este contexto, el presente Proyecto tiene por objeto mejorar el 
clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño 
empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción.
La investigación económica y la experiencia comparada destacan que la dinámica 
empresarial es un factor determinante para un buen desempeño económico en términos 
de eficiencia, de productividad y de internacionalización. Dentro de este proceso 
evolutivo, las dos fases más críticas son el nacimiento y el crecimiento de las empresas. 
Una de las debilidades estructurales de la economía española está relacionada con los 
costes aparejados a la creación de nuevas empresas y con los obstáculos y 
desincentivos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas para crecer. 
Entre estos obstáculos para crecer se encuentran barreras regulatorias y administrativas, 
fallos en el mercado único o la existencia de malas prácticas en el pago a proveedores. 
Estas últimas resultan particularmente onerosas para las pequeñas y medianas 
empresas (pyme), que sufren la presión sobre su liquidez y sobre su capacidad para 
hacer crecer su negocio.
Los estudios académicos alertan del riesgo que supone la falta de liquidez para las 
pequeñas empresas: Cuanto más pequeña es su estructura, más sensibles se muestran 
a los problemas económicos y financieros, lo que las condena, en muchos casos, a su 
desaparición. Un menor tamaño se traduce en menor capacidad para financiarse y para 
resistir tensiones de tesorería; por tanto, los efectos de la morosidad se hacen más 
evidentes para las pequeñas empresas que para las empresas más grandes. La 
incertidumbre que genera esta situación también condiciona su capacidad de crecimiento 
y de generar empleo estable y de calidad.
El objetivo de esta ley no es el aumento del tamaño empresarial per se , ya que este 
depende de la interacción entre el empresario y la respuesta del mercado sino, por un 
lado, facilitar la creación de nuevas empresas y, por otro, reducir las trabas a las que se 
enfrentan en su crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero para lograr con 
ello un incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, de la 
productividad de nuestro tejido productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la 
capacidad para crear empleos de calidad.
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En España las pyme y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del 
tejido productivo en términos de número, representan algo más del 61 % del Valor 
Añadido Bruto (VAB) y el 64 % del empleo. Su relevancia implica que cualquier política 
orientada a la mejora del posicionamiento económico, social o medioambiental de 
nuestro país tome en consideración de forma prioritaria a las pyme. La evidencia 
empírica apunta a que las empresas españolas grandes tienen un nivel de 
competitividad similar al de otras economías avanzadas, de manera que el problema es 
que la estructura empresarial está demasiado sesgada a empresas de pequeño tamaño. 
De hecho, las microempresas, entendidas como empresas de menos de diez 
trabajadores, representan en torno al 94 % del total de empresas y, del total de 
microempresas, el 59 % son autónomos sin asalariados.
Un objetivo crucial de la política económica es el de eliminar las barreras a la entrada 
y salida de empresas que obstaculizan la eficiente asignación de los recursos y, con ello, 
el crecimiento de la productividad, que es, a largo plazo, el principal factor determinante 
del crecimiento potencial de la economía. Diversos trabajos de investigación corroboran 
que las mejoras regulatorias del entorno empresarial, entre las que se incluyen las que 
facilitan el inicio de un negocio, tienen un impacto muy significativo en la creación de 
empresas. Estos trabajos también concluyen que cuando las mejoras regulatorias del 
entorno empresarial son muy sustanciales, también están asociadas a incrementos 
significativos en el crecimiento de la renta per capita .
Las pyme además adolecen de una mayor debilidad estructural respecto a las 
empresas de mayor tamaño (como la menor productividad, menor capacidad 
exportadora, baja inversión en innovación, baja digitalización, reducida capacidad para 
generar empleo estable, entre otras), por lo que adaptar la regulación para facilitar su 
crecimiento es algo esencial para mejorar su competitividad general. Esta necesidad se 
hace más acuciante por el impacto que ha tenido sobre el tejido empresarial la pandemia 
de COVID-19. Una vez que las medidas de respuesta de política económica han 
conseguido amortiguar el golpe sobre la viabilidad de muchas empresas, ahora es 
urgente ampliar las posibilidades para que todas puedan incorporarse de manera plena a 
la recuperación.
La Unión Europea, para hacer frente a la ingente tarea de la recuperación de las 
economías europeas, en una iniciativa novedosa y de gran trascendencia, estableció los 
Planes NextGenerationEU, que dotarán a los Estados miembros en los próximos siete 
años de fondos de la Unión para apoyar la recuperación.
En este contexto España ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, a través del que se pretende, no solo recuperar la economía española de los 
efectos de la pandemia, sino relanzarla con ambiciosos objetivos de modernización, para 
ponerla en óptima situación de cara a afrontar los desafíos del futuro. El Plan prevé un 
ambicioso programa de inversiones y reformas estructurales, entre las que destacan las 
destinadas precisamente a mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios.
En particular, uno de los objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia es precisamente el establecimiento de un marco jurídico 
adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la 
mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la 
reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.
Esta ley se enmarca en el Componente 13 de este Plan, que tiene por título «Impulso 
a las pyme». Responde además a las recomendaciones específicas realizadas por los 
diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de 
negocios y aumentar el tamaño y la productividad de las empresas en España.
Mejorar el dinamismo empresarial es fundamental para aprovechar las oportunidades 
que ofrecen las reformas e inversiones que se derivan del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Las medidas puestas en marcha para apoyar a las 
empresas durante la pandemia (créditos avalados por el Estado, moratorias y 
aplazamientos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo con apoyo público, etcétera) han resultado eficaces 
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para sostener el tejido productivo y el empleo del país, pero para que las pyme sean 
realmente motor de la transformación de nuestra economía es necesario apostar por 
medidas que permitan una mayor agilidad y flexibilidad en todas las fases del ciclo vital 
de una empresa.
Las medidas contenidas en esta ley dirigidas a agilizar la creación de empresas, 
mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad 
comercial y facilitar el acceso a financiación, contribuirán asimismo, junto a otras leyes 
como las de fomento de las empresas emergentes o la reforma concursal, a la mejora 
del clima de negocios en nuestro país, con los previsibles efectos indirectos positivos 
asociados en términos de inversión extranjera y creación de empleo.
II
La ley consta de diecisiete artículos, agrupados en seis capítulos, trece disposiciones 
adicionales, seis transitorias, una derogatoria y ocho finales.
La ley modifica la regulación existente para poder crear una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro e introduce reformas para 
facilitar e impulsar la constitución de las mismas de forma rápida, ágil y telemática, a 
través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.
La promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y 
profesionales es una medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes 
de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Se trata además de una 
medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones 
comerciales. La primera condición para lograrlo es contar con información fiable sobre 
los plazos de pago efectivos. Junto a esta medida se incorporan incentivos para el 
cumplimiento de los plazos de pago, incluyéndose como requisito de acceso a 
subvenciones o a través del establecimiento de una condición penalizable en el ámbito 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Como mejora de la regulación, la modificación de la Ley de Garantía de Unidad de 
Mercado profundiza en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes 
Administraciones públicas y refuerza las ventanillas en las que las empresas pueden 
reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de 
buena regulación económica, y para la eliminación de obstáculos a las empresas, se 
amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al 
listado estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por al menos una 
Comunidad Autónoma.
Por último, se incluyen medidas para potenciar los instrumentos de financiación del 
crecimiento empresarial, flexibilizando los mecanismos de financiación alternativa como 
el crowdfunding , la inversión colectiva y el capital riesgo.
El capítulo I recoge el objeto de la ley que es el impulso de la creación de empresas 
y el fomento de su crecimiento, tanto a través de la mejora regulatoria y eliminación de 
obstáculos a las actividades económicas como mediante el apoyo financiero al 
crecimiento empresarial.
El capítulo II, «Medidas para agilizar la creación de empresas», recoge, en primer 
lugar, la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para fijar el capital mínimo para la 
constitución de sociedades de responsabilidad limitada en un euro.
La eliminación de la exigencia de 3.000 euros de capital social mínimo vigente hasta 
la fecha tiene por objeto promover la creación de empresas mediante el abaratamiento 
de sus costes de constitución y pretende, asimismo, ampliar las opciones de los socios 
fundadores respecto al capital social que desean suscribir en función de sus 
necesidades y preferencias.
Estos planteamientos son consistentes con el hecho de que en la mayoría de los 
países no se requiera un importe mínimo de capital para crear una sociedad de 
responsabilidad limitada, entre ellos Estados Unidos, Japón, China, Canadá, India, 
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Méjico, Rusia, Sudáfrica o Reino Unido. Tampoco en diez de los veintisiete Estados 
miembros de la UE, entre ellos, Irlanda y Holanda, y otros países con una tradición latina 
más similar a la española como Francia, Portugal e Italia.
Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que 
promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en 
usos alternativos y reducirá los eventuales incentivos a crear empresas en otros países 
con menores costes de constitución. Permitirá, asimismo, una ampliación de las 
posibilidades teóricas de elección del nivel de capital social por parte de los socios 
fundadores, que podrán optar por el importe que consideren óptimo –desde el punto de 
vista de las funciones de garantía y financiación que cumple el capital social– de acuerdo 
con las restricciones y posibilidades de financiación del mercado. Se limitarán, asimismo, 
las distorsiones organizativas ligadas a la elección de socios que puede imponer la 
exigencia de un capital social mínimo y se fomentará una mejora del clima de negocios, 
con los consiguientes efectos indirectos positivos asociados.
Cabe señalar que la opción de fijar el importe mínimo legal en una cuantía simbólica 
de un euro, frente a la opción de eliminar sin más el requerimiento de un mínimo legal, 
tiene por objeto garantizar la consistencia de la normativa sobre sociedades de capital, 
que se sustenta en la lógica de que estas sociedades se constituyen con un capital 
social de importe estrictamente superior a cero.
La modificación lleva aparejada la eliminación de la posibilidad de que una sociedad 
opte por constituirse en régimen de formación sucesiva, puesto que éste es un régimen 
concebido para posibilitar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada 
con un capital social inferior al mínimo legal de 3.000 euros, que se elimina. La utilización 
de esta figura ha venido siendo escasa, posiblemente como consecuencia de las 
restricciones y obligaciones exigidas en dicho régimen. Su supresión se acompaña de 
una disposición que precisa la forma en que las sociedades sujetas al mismo que lo 
deseen pueden dejar de estarlo sin menoscabo de terceros.
Adicionalmente, para las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social 
sea inferior a 3.000 euros se introducen dos reglas específicas cuyo propósito es el de 
salvaguardar el interés de los acreedores: la primera, que deberá destinarse a reserva 
legal al menos el 20 % del beneficio hasta que la suma de la reserva legal y el capital 
social alcance el importe de 3.000 euros y, la segunda, que en caso de liquidación, si el 
patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones 
sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe 
de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.
En los últimos años se está produciendo una digitalización acelerada de la economía 
española, más acusada si cabe tras la pandemia del COVID-19. Esta transformación 
digital constituye una prioridad, en línea con las directrices de la Unión Europea y los 
objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, el cual 
dedica casi un 30 % del total de inversiones del Plan a la digitalización. Este Plan 
impulsa un paquete ambicioso de inversiones y reformas para promover la 
transformación digital de la economía española, incluyendo al sector privado, al sector 
público y a la ciudadanía en su conjunto.
En este contexto de transformación digital, esta ley persigue impulsar la creación de 
empresas de forma rápida, ágil y al menor coste posible. Para ello, en segundo lugar, se 
impulsa de forma decidida la utilización del sistema de tramitación telemática Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y el Documento Único Electrónico 
(DUE), como ventanilla única que viene gestionando y desarrollando, desde el año 2003, 
la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
Por lo anterior, se establece la obligación, para los notarios y los intermediarios que 
asesoren y participen en la creación de las sociedades de responsabilidad limitada, de 
informar a los fundadores de las ventajas de emplear los Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE) y el Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE), para su constitución y la realización de otros trámites ligados al inicio de su 
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actividad. Los términos en que habrá de ejercerse esta obligación se determinarán 
reglamentariamente, si bien se establecen unas obligaciones informativas mínimas 
desde la entrada en vigor de la ley.
Con el objeto de mejorar el funcionamiento de CIRCE, se refuerza la obligación, para 
todos los notarios, de estar disponibles en la Agencia Electrónica Notarial regulada en el 
artículo 8 del Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos 
de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de 
responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda 
Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.
Esta obligación parece desprenderse del artículo 8 del citado Real Decreto, pero se 
opta por hacerla explícita en la presente ley.
También se recoge en la ley la obligación, actualmente contenida en el referido 
artículo 8, de que la cita reservada sea vinculante para el notario, así como la obligación 
de que si por causa debidamente justificada el notario no estuviera en disposición de 
cumplir con la cita ponga esta circunstancia en conocimiento del Consejo General del 
Notariado y de CIRCE.
La negativa injustificada a la prestación de funciones requeridas a través de la 
Agenda Electrónica Notarial ya constituye una infracción grave, de acuerdo con lo 
dispuesto en la letra j) del artículo 349 del Reglamento de la organización y régimen del 
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en la redacción dada por la 
disposición final primera del Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se 
regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las 
sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula 
la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.
También con el objeto de mejorar el funcionamiento de CIRCE se opta por realizar un 
ejercicio de transparencia, poniéndose a disposición exclusiva de los notarios y del 
propio Consejo General del Notariado, a efectos puramente informativos, un listado que 
recoja las actuaciones de los notarios, cuya participación en CIRCE es clave para el 
buen funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos.
Asimismo, se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para dotarlos de mayor 
precisión en los trámites que se llevan a cabo y mejorar así la utilización del sistema 
CIRCE. Entre otras modificaciones, en relación con la constitución de sociedades de 
responsabilidad limitada sin estatutos tipo, se precisa que habrá de emplearse la 
escritura pública con formato estandarizado para agilizar así la tramitación, se reduce el 
plazo en que el registrador deberá inscribir de forma definitiva la escritura de constitución 
en el Registro Mercantil y se precisa que la publicación de la inscripción de la sociedad 
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil estará exenta del pago de tasas.
Por otro lado, con el fin de facilitar y agilizar el procedimiento para la adquisición de 
la condición de PAE, hasta ahora establecido mediante convenio entre la persona física o 
jurídica interesada y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se prevé la 
sustitución de dicho procedimiento por un procedimiento administrativo que será objeto 
de regulación mediante orden.
Por último, se deroga el título XII de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la 
sociedad limitada nueva empresa. Esta supuso, en el momento de su puesta en marcha 
en 2003, un avance significativo en el proceso de constitución de sociedades al estar 
asociada al entonces nuevo sistema CIRCE y el DUE. No obstante, con el transcurso de 
los años, sus ventajas en cuanto a rapidez de constitución y la existencia de ciertos 
requisitos normativos se han visto superados por la aplicación del DUE a la constitución 
de la sociedad limitada ordinaria. Por ello se propone la eliminación de esta especialidad 
de sociedad limitada.
La reforma de CIRCE se completará con la próxima transposición de la Directiva 
(UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de 
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herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Esta 
Directiva exige, entre otros aspectos, que una sociedad de responsabilidad limitada 
pueda registrarse íntegramente en línea en unos plazos determinados.
En la actualidad CIRCE ya permite la constitución telemática de una sociedad de 
responsabilidad limitada, a excepción del trámite notarial. Con la transposición de la 
citada Directiva será posible la constitución íntegramente telemática a través de CIRCE. 
Ello es especialmente relevante teniendo en cuenta que CIRCE proporciona el único 
procedimiento que permite llevar a cabo de forma telemática a través de una ventanilla 
virtual única los actos de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y los 
trámites asociados al inicio de su actividad, tales como el alta en los censos tributarios, el 
alta de socios, administradores y trabajadores en los regímenes de la Seguridad Social, 
o la presentación de declaraciones y solicitudes ante otras administraciones públicas, 
autonómicas y locales. Además, la constitución a través de CIRCE se ajusta a unos 
plazos específicos, pudiendo constituirse una sociedad de responsabilidad limitada en un 
plazo de 24 horas si para ello se emplean instrumentos estandarizados, y está sujeta a 
unos aranceles notariales y registrales tasados. Estas características de CIRCE se 
ajustan especialmente a las necesidades de las pyme y dan perfecta respuesta a la letra 
y al espíritu de la Directiva que, en su considerando 1, señala que su propósito no es 
otro que «el uso de herramientas y procesos digitales para iniciar de manera más 
sencilla, rápida y eficaz en términos de coste y de tiempo una actividad económica 
mediante el establecimiento de una sociedad».
El capítulo III persigue la eliminación de obstáculos a las actividades económicas 
dentro de los parámetros de la mejora de la regulación. La mayor parte de las barreras y 
obstáculos a la unidad de mercado se eliminan adoptando estos criterios de buena 
regulación económica. Es importante mantener la regulación bajo un proceso de revisión 
constante basado en los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se modifica la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
introduciendo aclaraciones en su redacción, derivadas de la experiencia acumulada en 
los años de aplicación, y reforzando los mecanismos de protección de operadores, 
ampliando la capacidad de legitimación y mejorando la transparencia, así como los 
mecanismos de cooperación interadministrativa.
Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 
en 2017 varios de los artículos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, en especial 
aquellos relativos al denominado «principio de eficacia nacional», que daba validez en 
todo el territorio nacional a las actuaciones de las diferentes administraciones, por lo que 
se ha optado por seguridad jurídica por eliminar las referencias del texto a este principio 
y otros artículos asociados. Asimismo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, en su 
redacción actual contiene ciertas ambigüedades que complican su aplicación y pueden 
llevar a confusión sobre su ámbito de aplicación y alcance. Por último, a lo largo de estos 
años de aplicación varias sentencias han delimitado más claramente el significado de 
ciertos preceptos, por lo que se incorporan diversas mejoras, en particular excluyendo 
del ámbito de aplicación de la ley las materias tributarias.
En cuanto a la instrumentación de los principios de mejora de la regulación en el 
ámbito económico se recogen aspectos que derivan de la experiencia en la 
implementación de la ley o que han sido señalados específicamente en la jurisprudencia. 
En particular, se modifican y detallan los artículos 5 y 17 de la norma relativos al principio 
de necesidad y proporcionalidad, el artículo 18 relativo a las actuaciones que limitan la 
libertad de establecimiento y la libertad de circulación y se aclaran las redacciones de 
determinados preceptos y definiciones como, por ejemplo, actividad económica o 
autorizaciones.
Además, se mejoran los mecanismos de protección de operadores a través del 
refuerzo de las ventanillas que los operadores pueden usar para reclamar, introduciendo 
aclaraciones, y modificando algunos plazos. De igual forma se amplía la capacidad de 
legitimación de forma que cualquier ciudadano, y en particular las organizaciones de 
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consumidores y usuarios puedan interponer reclamaciones sin necesidad de ser 
interesados. Este refuerzo se extiende al mecanismo informal de eliminación de 
obstáculos o barreras, permitiendo a la Secretaría para la Unidad de Mercado iniciarlo de 
oficio o a solicitud de otros puntos de contacto de unidad de mercado, y extendiéndolo a 
posibles barreras detectadas también en proyectos normativos.
Asimismo, se especifica para mayor coherencia del marco normativo que la 
necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso y el 
ejercicio de las profesiones reguladas se ponderará de conformidad con el Real 
Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28 de junio 
de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones.
Se refuerzan también los mecanismos de cooperación entre Administraciones, en 
particular en la elaboración de proyectos normativos estableciendo un sistema a través 
del cual se refuerza el análisis de dichos proyectos en Conferencia Sectorial.
En cuanto a aspectos organizativos, la ley crea un Observatorio de Buenas Prácticas 
Regulatorias que será gestionado por la Secretaría para la Unidad de Mercado y la 
nueva Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios asume 
las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado. Asimismo, la Secretaría para la 
Unidad de Mercado ve reforzadas sus competencias incluyendo funciones de formación 
y elaboración de guías.
En relación con el principio de cooperación y confianza mutua, el Tribunal 
Constitucional avaló la constitucionalidad de los efectos extraterritoriales de las 
decisiones autonómicas cuando existen estándares equivalentes. Por ello se añade la 
redacción de este principio, de forma que los operadores podrán recurrir ante los 
tribunales, o instar los procedimientos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, cuando 
consideren que dicho principio no se cumple. Especialmente se recoge que el 
mecanismo informal de protección de operadores podrá ser usado en este supuesto, al 
tiempo que se establece como función de las Conferencias Sectoriales adoptar Acuerdos 
en este sentido.
Se acompaña esta reforma de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de la modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en lo relativo al recurso contencioso-administrativo que puede interponer 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia frente a cualquier disposición de 
carácter general o actuación de cualquier autoridad competente que se considere 
contraria a la libertad de establecimiento o de circulación. Por coherencia legislativa y 
mayor seguridad jurídica se realizan determinados ajustes al procedimiento para la 
garantía de la unidad de mercado regulado en dicha ley de conformidad con el criterio 
jurisprudencial establecido hasta el momento y diversas modificaciones normativas 
adoptadas desde su aprobación.
Otra medida dirigida a la eliminación de obstáculos para los operadores económicos 
es la modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliando el catálogo de 
actividades exentas de licencia e instando a la nueva Conferencia Sectorial para la 
Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios para elaborar una nueva ordenanza tipo para 
el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de servicios, así como 
impulsando a la adopción, en coordinación con otras Conferencias Sectoriales, de 
ordenanzas tipo en otras actividades económicas.
El Capítulo IV recoge medidas para la lucha contra la morosidad comercial, la cual 
supone un lastre importante para la economía española, muy especialmente para las 
pyme. A pesar de los años transcurridos desde la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, las prácticas de pago con demoras excesivas siguen estando extendidas en 
nuestro país. Son las empresas más pequeñas las que sufren en mayor medida el 
incumplimiento de los plazos de pago. Las grandes empresas cuentan con una posición 
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de fortaleza frente al proveedor especialmente si se trata de pequeñas empresas y son 
estas las que presentan índices de morosidad y plazos de pago más elevados.
Así, las empresas de menor tamaño tienen que compensar el coste financiero y la 
incertidumbre generada por estas malas prácticas sacrificando sus proyectos y 
capacidades de inversión o recurriendo a la contratación temporal.
Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad 
comercial se incorporan las siguientes medidas:
En primer lugar, se busca impulsar la transparencia con respecto a los periodos de 
pago de las operaciones comerciales. Para ello, el Gobierno creará y regulará el 
funcionamiento de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, encargado del 
seguimiento de la evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en 
este ámbito.
Por otro lado, la factura electrónica es un instrumento útil para reducir los costes de 
transacción del tráfico mercantil y puede servir, además, para facilitar el acceso a la 
información sobre los plazos de pago entre empresas. Por ello esta ley impulsa la 
adopción generalizada de la factura electrónica mediante la modificación de la 
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los 
empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales. Y remite a desarrollar 
reglamentariamente los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de 
soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, los requisitos técnicos y de información 
que deberá incluir la factura electrónica y los sistemas que la procesan para poder 
controlar la fecha de pago y determinar los periodos medios de pago de las empresas.
Asimismo, para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de 
subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de 
digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones 
de euros en subvenciones. A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez 
digital, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas la 
de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para emplear en la 
contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y 
asegurar su implantación efectiva.
Dado que son las empresas pequeñas las que sufren en mayor medida las malas 
prácticas en relación con los plazos de pago, urge que la implementación de las 
iniciativas que incentivan los pagos sin demora se introduzcan en primer lugar en el 
plano de las grandes empresas, con el fin de reducir sus comportamientos en lo que 
respecta a la gestión de pago a proveedores. Al mismo tiempo, es razonable conceder a 
las empresas de menor tamaño un mayor periodo de tiempo para adaptarse a esta 
obligación. El despliegue del mencionado Digital Toolkit permitirá a las empresas de 
menor tamaño tener un periodo de transición para adaptarse y contar con el apoyo 
necesario habida cuenta de que el proceso de digitalización de la factura puede conllevar 
un mayor esfuerzo para las empresas de menor tamaño. Por tanto, resulta lógico que las 
empresas de menor tamaño cuenten con un periodo transitorio de dos años desde la 
aprobación de su desarrollo reglamentario para la implementación de la factura 
electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, con mayor músculo 
financiero, encaren la transición en una primera etapa conforme a lo indicado en la 
disposición final octava.
En segundo lugar, a través de la incorporación de incentivos para el cumplimiento de 
los plazos de pago tanto a través de su configuración como criterio de acceso a las 
subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación 
pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con 
los subcontratistas.
El último grupo de medidas incluidas en los dos siguientes capítulos tratan de 
mejorar algunas de las vías de financiación para promover el crecimiento empresarial.
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El Capítulo V introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de 
financiación participativa. Estas plataformas (también conocidas como «plataformas de 
crowdfunding ») son empresas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera 
profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de 
personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación con otras personas físicas o 
jurídicas que la solicitan en nombre propio para destinarlo a un proyecto concreto.
Las plataformas de financiación participativa estaban reguladas en España 
desde 2015 en el título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación 
empresarial. El 7 de octubre de 2020, la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los proveedores europeos 
de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el 
Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937.
Este Reglamento de la Unión Europea establece un régimen jurídico completo y 
exhaustivo de las plataformas de financiación participativa. La aprobación de esta norma 
europea responde a que la financiación participativa representa un tipo cada vez más 
importante de intermediación en la Unión Europea y a que varios Estados miembros de 
la Unión Europea han adoptado diferentes regímenes jurídicos domésticos en los últimos 
años (entre ellos España). Se busca unificar la regulación a nivel europeo, de manera 
que las plataformas de financiación participativa autorizadas y supervisadas conforme al 
Reglamento de la Unión Europea pueden prestar sus servicios libremente en todo el 
territorio de la Unión Europea, sin necesidad de obtener una autorización distinta en 
cada Estado miembro en el que quieran prestar sus servicios.
Esta ley adapta la legislación española al régimen jurídico establecido a nivel 
europeo, con el fin de que las plataformas autorizadas en España puedan prestar sus 
servicios libremente en todo el territorio de la Unión Europea, conforme a dicho 
Reglamento europeo.
Entre las principales novedades de la regulación europea frente a la regulación 
nacional preexistente cabe destacar, en primer lugar, la inclusión de una nueva categoría 
«gestión de carteras» para permitir que el proveedor de servicios de financiación 
participativa invierta fondos en nombre del inversor.
En segundo lugar, establece un límite único de inversión individual por proyecto para 
inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000 euros o 
el 5 % de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los 
inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero de querer 
hacerlo, recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento 
expreso al proveedor de servicios de financiación participativa.
Además, destaca la fijación de un límite de inversión por proyecto de 5 millones de 
euros, superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a 
partir del cual se exige la emisión de un folleto (pero en este caso sin poder contar con 
pasaporte europeo sino solo dentro de ese Estado miembro).
El Reglamento de la Unión Europea que regula las plataformas de financiación 
participativa será de aplicación directa en España a partir del 10 de noviembre del 2021. 
Para permitir que las plataformas de financiación participativa sujetas hasta ahora a su 
régimen jurídico nacional se adapten a este Reglamento de la Unión Europea en 
aquellos supuestos en que les sea aplicable, el propio Reglamento prevé un periodo 
transitorio de veinticuatro meses para que dichas plataformas dispongan de tiempo 
suficiente para adaptar su actividad empresarial a lo dispuesto en el Reglamento 
europeo. Durante ese período transitorio, los Estados miembros pueden establecer 
procedimientos simplificados que permitan que las personas jurídicas que han sido 
autorizadas con arreglo a la legislación nacional presten servicios de financiación 
participativa incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, a condición de que los 
proveedores de servicios de financiación participativa cumplan los requisitos que se 
establecen en el propio Reglamento. Este procedimiento especial se recoge en la 
disposición transitoria cuarta.
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El Reglamento de la Unión Europea no se aplica a determinadas plataformas, como 
las que solo intermedian ofertas de financiación participativa cuyo importe sea superior 
a 5.000.000 euros, a pesar de que este tipo de plataformas sí estaban incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Es por este motivo que el 
artículo 14 regula la figura de las «plataformas no armonizadas», con el fin de que estas 
plataformas no se enfrenten a una situación de falta de seguridad jurídica y claridad.
Por último, cabe destacar la precisión que se realiza para considerar las 
participaciones en sociedades de responsabilidad limitada como valores aptos para el 
desarrollo de las actividades de las plataformas de financiación participativa y de las 
empresas de servicios de inversión previstas en el Reglamento de la Unión Europea.
Hay que señalar que nada impide que dentro de un grupo empresarial puedan 
coexistir sociedades con autorización para operar como plataformas de financiación 
participativa y sociedades con autorización para operar como empresas de capital 
riesgo, actuando siempre con autorizaciones separadas y contando siempre con las 
salvaguardias necesarias para la eliminación de cualquier conflicto de interés.
Fuera de la adaptación a la regulación europea, cabe destacar la modificación que 
permite que las plataformas de financiación participativa puedan crear y agrupar a los 
inversores en una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto social y única 
actividad consista en ser tenedora de las participaciones de la empresa en que se 
invierte, en una entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, o en otras figuras que se utilicen habitualmente para estos fines en otros 
Estados miembros de la Unión Europea. Aunque la normativa vigente hasta este 
momento en España no prohibía esta posibilidad, no se ha dado en la práctica, por lo 
que se considera conveniente incluirla expresamente en la legislación, asimilando el 
ordenamiento jurídico español al de otros países de nuestro entorno, e impulsando una 
medida que puede tener efectos positivos sobre el crecimiento y el funcionamiento de las 
plataformas de financiación participativa.
El Capítulo VI introduce un conjunto de reformas que buscan impulsar y mejorar la 
inversión colectiva y el capital riesgo en España, un sector que en los últimos dos años 
ha vivido una notable aceleración y dinamización, y cuyo correcto funcionamiento 
beneficia al conjunto de la actividad económica y que tiene que ir necesariamente unido 
a la protección del inversor, en concreto del inversor particular.
Así, la Sección 1.ª modifica el artículo 40 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, añadiendo las referencias necesarias en la 
legislación española a la figura regulada en el Reglamento (UE) 2015/760 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión 
a largo plazo europeos. Este tipo de vehículo se creó para dar acceso a los inversores 
minoristas a la inversión en pequeñas y medianas empresas no cotizadas, 
permitiéndoles invertir en un tipo de activo (préstamos sindicados, deuda privada, 
participaciones y acciones y otros) solo disponible, hasta entonces, para inversores 
institucionales. Dado que otros vehículos de inversión relacionados con el capital riesgo 
como los Fondos de Capital Riesgo Europeo o los Fondos de Emprendimiento Europeos 
sí tenían reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico, resulta conveniente 
para garantizar la seguridad jurídica y su correcto desarrollo que se reconozcan también 
los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos. Asimismo, en esta Sección se 
introducen otras medidas que contribuirán a mejorar la competitividad del sector, como la 
eliminación de la obligatoriedad del informe trimestral o el establecimiento de los medios 
telemáticos como forma de comunicación por defecto con partícipes y accionistas.
La sección 2.ª introduce un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria 
española de capital riesgo en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan 
las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y 
las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que 
se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Se introduce un nuevo artículo 4 bis para reconocer la figura de los llamados fondos 
de deuda. En el contexto de recuperación económica tras la crisis derivada de la 
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pandemia del COVID-19, el desarrollo de este tipo de vehículos puede contribuir a aliviar 
la situación de endeudamiento de algunas empresas, y con ello, facilitar de nuevo su 
crecimiento. Se establecen obligaciones y requisitos adicionales para que las sociedades 
gestoras puedan constituir fondos de deuda, orientadas a garantizar la adecuada gestión 
del riesgo de crédito. También se introduce en el artículo 18 la posibilidad de que las 
entidades de capital riesgo puedan invertir en instrumentos de deuda y que forme parte 
de su coeficiente obligatorio de inversión.
Con la modificación de los artículos 5, 42, 43 y 85 y la adición de dos nuevos 
artículos 40 bis y 74 bis, se añaden a la legislación española de capital riesgo las 
referencias necesarias relativas a la figura de los Fondos de Inversión a Largo Plazo 
Europeos regulados por el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a 
largo plazo europeos.
Por otra parte, se modifica el artículo 9 para incluir expresamente, como objeto 
principal del capital riesgo, la inversión en entidades financieras cuya actividad se 
encuentre sustentada principalmente en la aplicación de tecnología a nuevos modelos de 
negocio, aplicaciones, procesos o productos.
También se incluyen modificaciones en los artículos 14, 16, 17, 18 y 23 para 
flexibilizar el régimen de diversificación de las inversiones de las Entidades de Capital 
Riesgo con el fin de adaptarlos a los estándares y prácticas internacionales del sector.
Se introduce también una modificación en el artículo 21.3 homogeneizando las 
Entidades de Capital Riesgo-Pyme con la figura de los Fondos de Capital Riesgo 
Europeos, de manera que se flexibiliza el requisito que exige que las empresas objeto de 
actividad tengan como máximo 250 empleados para elevar ese máximo a 499.
La modificación introducida en el apartado 3 del artículo 26 reduce el desembolso 
inicial de las sociedades de capital riesgo del 50 por ciento al 25 por ciento del capital 
comprometido. Esta medida está en línea con lo previsto para los Fondos de Capital 
Riesgo, pero se adapta a la mayor estructura de gobernanza que requiere una sociedad.
La modificación en el apartado primero del artículo 41 permite la posibilidad de 
constituir Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado bajo 
la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como ya ocurre con todos los tipos 
de Empresas de Servicios de Inversión. Con ello en última instancia se reducen las 
limitaciones a la constitución de sociedades gestoras, ya que la constitución bajo la 
forma de SRL tiene unos requisitos para su constitución y funcionamiento menores a los 
de las sociedades anónimas. Esta modificación también se introduce en los artículos 40 
y 43 de la Ley 35/2003, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva con el 
mismo propósito.
Por último, se modifica el artículo 75.2 flexibilizando el régimen para inversores no 
profesionales en entidades de capital riesgo. Como alternativa a la exigencia de 100.000 
euros de inversión inicial, se permitirá la comercialización a minoristas siempre que 
accedan a la inversión a través de la recomendación de una entidad autorizada para la 
prestación del servicio de asesoramiento, con una inversión mínima inicial de 10.000 
euros y, además, que no suponga más del patrimonio financiero del cliente si este no 
supera los 500.000 euros.
Estas medidas de mejora del marco normativo aplicables a la inversión colectiva y al 
capital riesgo, servirán también para potenciar y reforzar instrumentos de financiación 
pública como los desplegados por el Instituto de Crédito Oficial: Fond-ICO Pyme, Fond-
ICO Next Tech, Fond-ICO Global y Fond-ICO Infraestucturas ESG.
III
Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la 
regulación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
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económica, recogida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución con las siguientes 
excepciones:
Los artículos 3 y 4 y la disposición adicional tercera de la ley se dictan en virtud de la 
competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución confiere al Estado en materia de 
ordenación de los registros públicos. El artículo 7 se incardina en el artículo 149.1.6.ª de 
la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación 
procesal. A los artículos de la ley que contienen normas modificativas de disposiciones 
vigentes se les aplicará el fundamento competencial expresado en la norma objeto de 
modificación.
No tienen carácter básico y se aplican exclusivamente a la Administración General 
del Estado y al sector público estatal las modificaciones efectuadas en el apartado 4 del 
artículo 14, en el artículo 15 y en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la Ley.
Esta ley tiene por objeto la mejora del clima de negocios impulsando la creación y el 
crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas para agilizar la creación de 
empresas; la mejora de la regulación y la eliminación de obstáculos al desarrollo de 
actividades económicas; la reducción de la morosidad comercial y la mejora del acceso a 
financiación.
CAPÍTULO II
Medidas para agilizar la creación de empresas
Artículo 2.  Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.  Capital social mínimo.
1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a 
un euro y se expresará precisamente en esa moneda.
Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la 
cifra de tres mil euros, se aplicarán las siguientes reglas:
Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento 
del beneficio hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance el importe 
de tres mil euros.
En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad 
fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios 
responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de tres mil euros y la 
cifra del capital suscrito.
2. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil 
euros y se expresará precisamente en esa moneda.»
Dos. Se suprime el artículo 4 bis.
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Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Prohibición de capital inferior al mínimo legal.
No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan 
una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de 
modificación del capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, 
salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley.»
Cuatro. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23.  Estatutos sociales.
En los Estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital se hará constar:
a) La denominación de la sociedad.
b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
c) El domicilio social.
d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su 
valor nominal y su numeración correlativa.
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de 
participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, 
su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una 
atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos.
Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en 
caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así 
como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están 
representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En 
caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las 
acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
e) El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número 
de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo 
de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.
En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además, la 
identidad de los socios colectivos.
f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la 
sociedad.»
Cinco.  Se modifica la disposición adicional octava, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional octava.  Cálculo del periodo medio de pago a proveedores.
Para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores a que se refiere el 
artículo 262.1, serán aplicables los criterios pertinentes que hayan sido aprobados 
por el ministerio competente por razón de la materia, de conformidad con lo 
establecido en el apartado tercero de la disposición final segunda de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. La fecha de recepción de la factura no podrá entenderse como fecha 
de inicio del plazo de pago salvo para los supuestos que señala expresamente la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales.»
Seis.  Se deroga el título XII y las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta, 
relativos a la sociedad nueva empresa.
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Artículo 3.  Obligaciones de información por parte de quienes intervengan en la 
constitución de sociedades de responsabilidad limitada.
1. Los notarios y los intermediarios que participen en la creación de las sociedades 
de responsabilidad limitada deberán informar a los fundadores de las ventajas de 
emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el Centro de Información y Red 
de Creación de Empresas (CIRCE), para su constitución y la realización de otros trámites 
ligados al inicio de su actividad.
En particular, deberán informar como mínimo de las siguientes ventajas:
a) Coste y plazos de constitución.
b) Prestación de servicios de información y asesoramiento (incluidas las medidas 
de apoyo financiero estatales, autonómicas y locales).
c) Cumplimentación automática de las obligaciones en materia tributaria y de 
Seguridad Social asociadas al inicio de la actividad.
d) Posibilidad de realizar trámites asociados al inicio de la actividad ante 
autoridades estatales, autonómicas y locales asociadas, mediante la presentación de 
comunicaciones y declaraciones responsables.
e) Seguimiento del estado de la tramitación ante los organismos competentes.
2. Estas obligaciones de información se completarán mediante desarrollo 
reglamentario.
Artículo 4.  Agenda Electrónica Notarial.
1. Todos los notarios deben estar disponibles en la Agenda Electrónica Notarial y 
en disposición de llevar a cabo la constitución de sociedades a través de CIRCE.
2. El notario no podrá rechazar ningún trámite de constitución iniciado a través del 
sistema CIRCE y el Documento Único Electrónico. En el caso de que hubiese una causa 
justificada para el rechazo deberá comunicárselo a CIRCE y al Consejo General del 
Notariado a través del propio sistema CIRCE, de forma que resulte probada la 
notificación.
3. Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de 
constituir sociedades mediante documento público extranjero extrajudicial, de 
conformidad con la legislación de cooperación jurídica internacional. Tales documentos 
podrán ser inscritos en los registros públicos españoles si cumplen los requisitos 
establecidos en la legislación hipotecaria y en la legislación de cooperación jurídica 
internacional.
Artículo 5.  Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8.  Eficacia de la limitación de responsabilidad.
1. Por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el 
artículo 6 del Código de Comercio, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada 
podrá obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen 
en las deudas empresariales o profesionales, no alcance a los bienes no sujetos 
con arreglo al apartado 2 de este artículo y siempre que dicha no vinculación se 
publique en la forma establecida en esta ley.
2. Podrán beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual 
del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme 
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a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en 
el Registro Mercantil, así como los bienes de equipo productivo afectos a la 
explotación y los que los reemplacen debidamente identificados en el Registro de 
Bienes Muebles y con el límite del volumen de facturación agregado de los dos 
últimos ejercicios.
En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de 
habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior.
3. En la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil 
correspondiente a su domicilio se indicará el bien inmueble, propio o común, y los 
bienes de equipo productivo, que se pretende no hayan de quedar obligados por 
las resultas del giro empresarial o profesional por cumplir con el apartado 2 de 
este artículo.
4. No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que 
hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus 
obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia 
firme o en concurso declarado culpable.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
«1.  La condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada se adquirirá 
mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil 
correspondiente a su domicilio. Además de las circunstancias ordinarias, la 
inscripción contendrá una indicación de los activos no afectos conforme a los 
apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta ley y se practicará en la forma y con los 
requisitos previstos para la inscripción del empresario individual. Será título para 
inmatricular al Emprendedor de Responsabilidad Limitada el acta notarial que se 
presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en el mismo día o 
siguiente hábil al de su autorización en el Registro Mercantil o la instancia suscrita 
con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente a 
dicho Registro.»
Tres. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.  Publicidad de la limitación de responsabilidad en el Registro de la 
Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles.
1. Para su oponibilidad a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual o los 
bienes de equipo a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles, en 
la hoja abierta al bien.
2. Inmatriculado el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, el Registrador 
Mercantil expedirá certificación y la remitirá telemáticamente al Registrador de la 
Propiedad y al Registrador de Bienes Muebles de forma inmediata, siempre dentro 
del mismo día hábil, para su constancia en el asiento de inscripción de la vivienda 
habitual o del bien de equipo de aquel emprendedor.
3. Practicada la inscripción a que se refiere el primer apartado de este 
artículo, el Registrador denegará la anotación preventiva del embargo trabado 
sobre bien no sujeto a menos que del mandamiento resultare que se aseguran 
deudas no empresariales o profesionales o se tratare de deudas empresariales o 
profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de 
responsabilidad, o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
4. En el caso de enajenación a un tercero de los bienes no sujetos se 
extinguirá respecto de ellos la no vinculación a las resultas del tráfico pudiéndose 
trasladar la no afección a los bienes subrogados por nueva declaración de alta del 
interesado.»
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Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Puntos de Atención al Emprendedor.
1. Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) serán oficinas 
pertenecientes a organismos públicos y privados, incluidas las notarías y los 
registros mercantiles, así como puntos virtuales de información y tramitación 
telemática de solicitudes.
2. Los Puntos de Atención al Emprendedor se encargarán de facilitar la 
creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a 
través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, 
asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
3. Los Puntos de Atención al Emprendedor utilizarán el sistema de 
tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE), cuya sede electrónica se ubicará en el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo.
En ellos se deberá iniciar la tramitación del Documento Único Electrónico 
(DUE) regulado en la disposición adicional tercera el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio.
4. Todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades, el inicio 
efectivo de una actividad económica y su ejercicio por emprendedores, podrán 
realizarse a través del Punto de Atención al Emprendedor electrónico del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
5. El Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo será accesible por ordenador, teléfono móvil y 
tableta e incluirá, en todo caso:
a) Toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad 
y su ejercicio.
b) La posibilidad de presentar toda la documentación y solicitudes 
necesarias.
c) La posibilidad de conocer el estado de tramitación de los procedimientos 
en que tengan la condición de interesado y, en su caso, recibir la correspondiente 
notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el 
órgano administrativo competente.
d) Toda la información sobre las ayudas, subvenciones y otros tipos de apoyo 
financiero disponibles para la actividad económica de que se trate en el Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
e) El resto de funcionalidades que se le atribuya por esta ley y por el resto 
del ordenamiento jurídico.
6. Los Puntos de Atención al Emprendedor, presenciales o electrónicos, 
podrán prestar todos o alguno de los servicios mencionados en el apartado 
anterior, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital.
7. La persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo regulará 
mediante orden el procedimiento administrativo por el cual se podrá adquirir la 
condición de PAE. Este procedimiento se iniciará a instancias de la persona física 
o jurídica interesada, que declarará el cumplimiento de los requisitos materiales, 
técnicos y humanos necesarios y su compromiso de respetar las instrucciones del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con la utilización del 
CIRCE y la tramitación del DUE, así como de mantener un nivel mínimo de 
tramitación del DUE.
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8. La persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo regulará 
mediante orden el procedimiento administrativo mediante el cual se perderá la 
condición de PAE. Este procedimiento se iniciará a instancias de la persona física 
o jurídica interesada. También podrá iniciarse de oficio por parte del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo cuando el PAE hubiera incumplido los requisitos o 
compromisos declarados.»
Cinco. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15.  Constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante 
escritura pública con formato estandarizado y estatutos tipo.
1. Los fundadores de una sociedad de responsabilidad limitada podrán optar 
por la constitución de la sociedad mediante escritura pública con formato 
estandarizado y estatutos tipo, cuyo contenido se desarrollará 
reglamentariamente.
2. Se utilizará en este caso:
a) El Documento Único Electrónico (DUE) regulado en la disposición 
adicional tercera del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
b) El sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE).
c) Los modelos simplificados de los estatutos-tipo en el formato 
estandarizado, cuyo contenido, que deberá estar disponible en todas las lenguas 
oficiales en todas las Comunidades Autónomas, se desarrollará 
reglamentariamente.
d) Asimismo, se podrán utilizar modelos simplificados de apoderamientos en 
el formato estandarizado, cuyo contenido con facultades estandarizadas y 
codificadas se desarrollará reglamentariamente también en todas las lenguas 
oficiales de todas las Comunidades Autónomas.
3. En los Puntos de Atención al Emprendedor y de manera simultánea:
a) Se cumplimentará el Documento Único Electrónico y se iniciará la 
tramitación telemática, enviándose a cada organismo interviniente por vía 
electrónica, la parte del DUE que le corresponda para realizar el trámite de su 
competencia.
Los documentos redactados en lengua extranjera se acompañarán de una 
traducción al castellano o a otra lengua oficial en la provincia del domicilio social 
por traductor jurado. Esta disposición se entiende sin perjuicio del régimen 
lingüístico aplicable en las Comunidades Autónomas en las que otras lenguas 
españolas distintas del castellano son también oficiales. Los documentos públicos 
extranjeros deberán ir provistos de la correspondiente apostilla o legalización 
diplomática, salvo en los casos exceptuados por disposición de la ley o de los 
convenios internacionales vigentes en España. En todo caso, la intervención de 
Cónsul que otorgue dichos documentos, en funciones notariales, así como la 
legalización por autoridades españolas de documentos notariales otorgados en el 
extranjero, quedarán sujetas a las obligaciones tributarias establecidas en el 
ordenamiento tributario español.
b) Se solicitará la reserva de la denominación al Registro Mercantil Central, 
incluyendo hasta cinco denominaciones sociales alternativas, de entre las cuales 
el Registro Mercantil Central emitirá el correspondiente certificado negativo de 
denominación siguiendo el orden propuesto por el solicitante, dentro de las 6 
horas hábiles siguientes a la solicitud.
La denominación podrá ser de la bolsa de denominaciones con reserva 
prevista en la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
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de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital.
c) Se concertará inmediatamente la fecha de otorgamiento de la escritura de 
constitución mediante una comunicación en tiempo real con la agenda electrónica 
notarial obteniéndose los datos de la notaría y la fecha y hora del otorgamiento. La 
fecha y hora del otorgamiento en ningún caso será superior a doce horas hábiles 
desde que se inicia la tramitación telemática conforme a la letra a).
4. El notario:
a) En la fecha determinada en la letra c) del apartado 3, autorizará la 
escritura de constitución en formato electrónico aportándosele el documento 
justificativo de desembolso del capital social.
No obstante, lo anterior, no será necesario acreditar la realidad de las 
aportaciones dinerarias si los fundadores manifiestan en la escritura que 
responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales 
de la realidad de las mismas.
Se utilizará la escritura de constitución con un formato estandarizado y con 
campos codificados.
b) Enviará de forma inmediata, a través del sistema de tramitación telemática 
del CIRCE, copia de la escritura a la Administración Tributaria solicitando la 
asignación provisional de un Número de Identificación Fiscal.
c) Remitirá copia autorizada de la escritura de constitución al Registro 
Mercantil del domicilio social a través del sistema de tramitación telemática del 
CIRCE.
d) Entregará a los otorgantes, si lo solicitan, una copia simple electrónica de 
la escritura, sin coste adicional. Esta copia estará disponible en la sede electrónica 
del Punto de Atención al Emprendedor del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
5. El registrador mercantil, una vez recibida del CIRCE copia electrónica de 
la escritura de constitución junto con el NIF provisional asignado y la acreditación 
de la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en su modalidad de Operaciones Societarias, realizado:
a) Procederá a la calificación e inscripción dentro del plazo de las 6 horas 
hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por 
horas hábiles a estos efectos las que queden comprendidas dentro del horario de 
apertura fijado para los registros.
b) Remitirá al Centro de Información y Red de Creación de Empresas, el 
mismo día de la inscripción, certificación de la inscripción practicada.
c) Solicitará el número de identificación fiscal definitivo a la Administración 
Tributaria a través del CIRCE.
El sistema de tramitación telemática del CIRCE dará traslado inmediato a los 
fundadores que así lo soliciten y al notario autorizante de la escritura de 
constitución y de la certificación electrónica a que se refiere el apartado anterior, 
sin coste adicional.
Dicha certificación será necesaria para acreditar la correcta inscripción en el 
Registro de las sociedades, así como la inscripción del nombramiento de los 
administradores designados en la escritura.
Asimismo, el interesado podrá solicitar en cualquier momento, una vez inscrita 
la sociedad, certificación actualizada del contenido de la hoja registral de aquella 
que será expedida por el Registrador bajo su firma electrónica y provista de un 
código de validación de conformidad con lo previsto para las certificaciones con 
información continuada.
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6. La autoridad tributaria competente notificará telemáticamente al sistema 
de tramitación telemática del CIRCE el carácter definitivo del Número de 
Identificación Fiscal. Este último lo trasladará de inmediato a los fundadores.
7. Cuando el registrador apreciare defectos u obstáculos que impidieren la 
inscripción, extenderá nota de calificación negativa y la notificará al CIRCE, que la 
trasladará de inmediato a los fundadores y al notario.
Los fundadores podrán atribuir al notario autorizante la facultad de subsanar 
electrónicamente los defectos advertidos por el registrador en su calificación, 
siempre que aquel se ajuste a la calificación y a la voluntad manifestada por las 
partes.
8. Desde el Punto de Atención al Emprendedor se procederá a realizar los 
trámites relativos al inicio de actividad mediante el envío de la información 
contenida en el DUE a la autoridad tributaria, a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, y en su caso, a las administraciones locales y autonómicas para 
llevar a cabo las comunicaciones, registros y solicitudes de autorizaciones y 
licencias necesarias para la puesta en marcha de la empresa.
9. La publicación de la inscripción de la sociedad en el “Boletín Oficial del 
Registro Mercantil” estará exenta del pago de tasas.»
Seis. Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante 
escritura pública con formato estandarizado sin estatutos tipo.
Cuando los fundadores opten por la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada sin estatutos tipo, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 15, con las siguientes particularidades:
1. Los fundadores podrán optar por solicitar, a través de los Puntos de 
Atención al Emprendedor, la reserva de denominación y concertar la fecha de 
otorgamiento de la escritura de constitución.
2. El notario, una vez disponga de los antecedentes necesarios para la 
elaboración de la escritura, procederá conforme a lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 15.
3. El registrador mercantil, una vez recibida copia electrónica de la escritura 
de constitución, inscribirá la sociedad inicialmente en el Registro Mercantil en el 
plazo de 6 horas hábiles, indicando exclusivamente los datos relativos a 
denominación, domicilio y objeto social, además del capital social y el órgano de 
administración seleccionado.
Desde esta inmatriculación, la sociedad se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital.
4. La escritura de constitución se inscribirá de forma definitiva en los términos 
de su otorgamiento dentro del plazo de 5 días contados desde el siguiente al de la 
fecha del asiento de presentación o, en su caso, al de la fecha de devolución del 
documento retirado, entendiendo que esta segunda inscripción vale como 
modificación de estatutos. A estos efectos deberá habilitarse en cada Registro 
Mercantil un servicio remoto de atención al público en horas de oficina para que, a 
solicitud de los interesados o sus representantes, previa su identificación, puedan 
evacuarse consultas incluso mediante videoconferencia, sobre la inscribibilidad de 
cláusulas o pactos estatutarios lícitos.
Si la inscripción definitiva se practica vigente el asiento de presentación, los 
efectos se retrotraerán a esta fecha. Cuando no sea posible completar el 
procedimiento dentro de los plazos señalados, el registrador mercantil notificará al 
solicitante los motivos del retraso.
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5. Practicada la inscripción definitiva, el registrador mercantil notificará 
telemáticamente a la autoridad tributaria competente la inscripción de la sociedad, 
solicitando Número de Identificación Fiscal definitivo.
6. Para acreditar la correcta inscripción en el registro de las sociedades, así 
como la inscripción del nombramiento de los administradores designados en la 
escritura, bastará la certificación electrónica que, a solicitud del interesado, expida 
sin coste adicional el registrador mercantil el mismo día de la inscripción. Ese 
mismo día se remitirá al notario autorizante de la escritura de constitución, de la 
notificación de que se ha procedido a la inscripción con los correspondientes datos 
registrales, que se unirán al protocolo notarial.
Los fundadores podrán atribuir al notario autorizante la facultad de subsanar 
electrónicamente los defectos advertidos por el registrador en su calificación, 
siempre que aquel se ajuste a la calificación y a la voluntad manifestada por las 
partes.
7. Cualquier incidencia entre administraciones públicas que se pudiera 
producir durante la tramitación no atribuible al emprendedor, no le ocasionará 
obligaciones o gastos adicionales, siendo responsabilidad de las administraciones 
públicas correspondientes dar solución a la misma.»
Siete.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 22, que queda 
redactado como sigue:
«1.  Las personas físicas y jurídicas podrán realizar a través de los Puntos de 
Atención al Emprendedor todos los trámites administrativos necesarios para el 
cese de la actividad de empresarios individuales y para la extinción y cese de la 
actividad de sociedades mercantiles.»
CAPÍTULO III
Mejora de la regulación y eliminación de obstáculos a las actividades económicas
Artículo 6.  Modificación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación al acceso a actividades económicas que se 
prestan en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las materias del 
ámbito tributario.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.  Principio de cooperación y confianza mutua.
Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en 
este capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las 
autoridades competentes cooperarán en el marco de los instrumentos 
establecidos en el capítulo III.
Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el 
principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades 
de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio 
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de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto 
a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre 
circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.
Cuando, en relación con una actividad económica concreta, existan normas 
que, no obstante sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un 
estándar de protección equivalente en diferentes lugares del territorio español, las 
autoridades competentes velarán por que un operador económico legalmente 
establecido en cualquier parte del territorio español pueda ejercer su actividad 
económica en todo el territorio nacional.»
Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes.
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, 
deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada, y 
habrá de ser proporcionado de modo tal que no exista otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad económica.
3. La necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados 
con el acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas se evaluará de 
conformidad con el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad 
antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
«1.  Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones 
administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito 
de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, 
simplificación de cargas y transparencia.»
Cinco. Se modifica el artículo 10, que quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 10.  Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios.
1. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios es el órgano de cooperación administrativa encargado del seguimiento 
de la aplicación del contenido de esta ley.
2. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios estará presidida por la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y contará con la presencia de las personas 
titulares de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la 
Secretaría de Estado de Política Territorial, los Consejeros de las Comunidades 
Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla competentes en materia de 
economía y un representante de la Administración local.
3. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios contará con una Secretaría, que será designada por la presidencia de la 
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Conferencia, y que asumirá, además, las funciones de la Secretaría para la 
Unidad de Mercado de conformidad con esta ley.
4. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios tiene las siguientes funciones:
a) Análisis y evaluación de la situación de la unidad de mercado en el 
territorio nacional.
b) Seguimiento de la adaptación de la normativa del conjunto de las 
autoridades competentes a los principios de esta ley.
c) Impulso de los cambios normativos necesarios para la eliminación de 
obstáculos a la unidad de mercado en los marcos jurídicos correspondientes.
d) Seguimiento de los mecanismos de cooperación establecidos en esta ley. 
En particular seguimiento del cumplimiento del principio de cooperación y 
confianza mutua del artículo 4 en relación con las posibles barreras a la libre 
circulación de bienes y la libre prestación de servicios.
e) Coordinación de la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales 
en materia de unidad de mercado.
f) Seguimiento de los mecanismos de protección de los operadores 
económicos previstos en el capítulo VII así como de sus resultados.
g) Aprobación del informe a que se refiere la letra g) del artículo 11.
h) Impulso de las tareas de cooperación en la elaboración de proyectos 
normativos establecidas en el artículo 14.
i) Impulso y revisión de los resultados de la evaluación periódica de la 
normativa a que se refiere el artículo 15.»
Seis. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11.  Funciones de la Secretaría para la Unidad de Mercado.
La Secretaría para la Unidad de Mercado es el órgano técnico de coordinación 
y cooperación continua con las autoridades competentes para la aplicación de 
esta ley y tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisión continua de la aplicación de esta ley y de la adaptación de la 
normativa del conjunto de las autoridades competentes.
b) Gestión del Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias.
c) Difusión de la doctrina y jurisprudencia en aplicación de esta ley a través 
de una página web creada al efecto.
d) Gestión de los mecanismos de protección de los operadores económicos 
en el ámbito de la unidad de mercado en el marco de lo previsto en el capítulo VII.
e) Realización de actuaciones de carácter formativo sobre la aplicación de 
esta ley.
f) Articulación de acciones de cooperación y actividades conjuntas entre 
autoridades competentes.
g) Elaboración de un informe sobre las letras anteriores con conclusiones y, 
en su caso, recomendaciones para la revisión o reforma de marcos jurídicos. En 
particular, elaboración de una memoria a incluir en dicho informe sobre la unidad 
de mercado con base en los resultados de los mecanismos de protección de los 
operadores económicos. Este informe deberá ser aprobado por la Conferencia 
Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
h) Elaboración, en colaboración con los puntos de contacto de unidad de 
mercado, de directrices o guías en relación con la aplicación de esta ley y, 
especialmente respecto a la evaluación del impacto sobre la unidad de mercado 
de las medidas incluidas en los proyectos normativos.
i) Elaboración de una memoria anual sobre la unidad de mercado de España 
en el período correspondiente.»
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Siete. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12.  Cooperación en el marco de las conferencias sectoriales.
1. A través de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades 
competentes analizarán y propondrán las modificaciones normativas necesarias 
para cumplir con los principios recogidos en esta ley y establecer marcos 
regulatorios adaptados a sus principios y disposiciones. El trabajo de estas 
conferencias sectoriales podrá contar con la contribución de los operadores 
económicos que, a través de una consulta a sus entidades representativas, 
participarán, en su caso, en la detección de las distorsiones que se producen en la 
unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de la normativa 
vigente, en línea con lo establecido en esta ley.
2. En particular, las conferencias sectoriales analizarán las condiciones y 
requisitos requeridos para el acceso y ejercicio de la actividad económica, así 
como los relativos a la distribución y comercialización de productos, e impulsarán 
los cambios normativos y reformas que podrán consistir, entre otros, en:
a) Propuestas de modificación, derogación o refundición de la normativa 
existente, con el fin de eliminar los obstáculos identificados o hacer compatibles 
con esta ley aquellas normas que incidan en la libertad de establecimiento y de 
libre circulación de bienes y servicios.
b) Adopción de acuerdos que establezcan estándares de regulación 
sectorial, en materias que son competencia autonómica y local de acuerdo con los 
principios contenidos en esta ley. En particular, adopción de estándares 
consolidados equivalentes a los efectos de que los operadores económicos 
legalmente establecidos en cualquier parte del territorio español puedan ejercer su 
actividad económica en todo el territorio nacional.
c) Adopción de otras medidas, tales como planes de actuación que versen 
sobre las materias analizadas con el fin de eliminar los obstáculos identificados de 
acuerdo con los principios de esta ley.
3. Sin perjuicio del resto de funciones que tiene establecidas en esta ley, la 
Secretaría para la Unidad de Mercado colaborará con las secretarías de las 
conferencias sectoriales en aplicación de lo establecido en este artículo. En 
particular colaborará para la difusión de los obstáculos identificados en el marco 
de los mecanismos previstos en los artículos 26 y 28.
4. La cooperación en el marco de las conferencias sectoriales se llevará a 
cabo de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y según lo dispuesto en el reglamento 
interno de cada conferencia sectorial.»
Ocho. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Información a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.
Los Ministerios de Política Territorial y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital informarán a la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos sobre el desarrollo y aplicación de esta ley y acerca de los 
trabajos realizados en el seno de la Conferencia Sectorial para la Mejora 
Regulatoria y el Clima de Negocios y de las conferencias sectoriales.»
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Nueve. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14.  Cooperación en la elaboración de proyectos normativos.
1. La red de puntos de contacto para la unidad de mercado establecida en el 
artículo 26.4 podrá intercambiar información relativa a los proyectos normativos 
que puedan tener incidencia en la unidad de mercado.
2. De acuerdo con el artículo 148.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las conferencias sectoriales serán 
informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del 
Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando 
afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones 
Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a 
través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo que 
corresponda. En especial, serán informadas cuando dichos anteproyectos de 
leyes o proyectos de reglamentos puedan afectar a la unidad de mercado de 
conformidad con lo establecido en esta ley.
3. La publicación de los proyectos normativos por las diferentes 
Administraciones públicas se hará de conformidad con el artículo 7 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.
4. Las memorias de análisis de impacto de los proyectos normativos de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, recogerán una valoración del impacto de unidad de mercado conforme 
al cumplimiento de los principios recogidos en esta ley, en particular al principio de 
necesidad y proporcionalidad del artículo 5. Esta valoración deberá realizarse 
sobre las diferentes previsiones regulatorias incluidas en los proyectos normativos 
que contengan requisitos o limitaciones al acceso o ejercicio de una actividad 
económica.
5. En los procedimientos de consulta pública y de audiencia e información 
pública de las leyes y disposiciones normativas de carácter general, los 
operadores económicos o sus asociaciones representativas y los colegios 
profesionales y sus respectivos Consejos Generales podrán pronunciarse sobre el 
impacto de la normativa en la unidad de mercado.»
Diez. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15.  Evaluación periódica de la normativa.
1. De acuerdo con el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que 
las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
2. En el marco de dichas evaluaciones las autoridades competentes 
analizarán su normativa al objeto de valorar el impacto de la misma en la unidad 
de mercado de conformidad con lo establecido en esta ley.
3. Sin perjuicio de la evaluación establecida en el apartado anterior, las 
conferencias sectoriales impulsarán la evaluación periódica en las materias de su 
competencia, así como los cambios normativos que puedan proceder, en el marco 
de lo establecido en el artículo 12.
4. Asimismo, la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima 
de Negocios podrá impulsar la evaluación del marco jurídico vigente en un sector 
económico determinado, cuando se hayan detectado obstáculos a la unidad de 
mercado, conforme a lo establecido en el artículo 10.»
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Once. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad.
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que 
concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. Asimismo, los requisitos 
para la obtención de dicha autorización deberán ser coherentes con las razones 
que justifican su exigencia. Cuando el régimen de autorización se exija por norma 
comunitaria o tratado internacional, las autorizaciones podrán estar previstas en 
una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios 
de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se 
realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
b) Respecto a las instalaciones, bienes o infraestructuras físicas necesarias 
para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud 
pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 
una comunicación.
c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio 
público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la 
existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de 
operadores económicos del mercado sea limitado.
d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y 
convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de 
precaución.
Las inscripciones en registros con carácter habilitante que no sean realizadas 
de oficio por las autoridades competentes tendrán a todos los efectos el carácter 
de autorización.
2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y 
proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración responsable para 
el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o 
infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas, cuando en la 
normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razón 
imperiosa de interés general y sean proporcionados.
3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una 
comunicación cuando, por alguna razón imperiosa de interés general tales 
autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las 
instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado.
4. Las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas 
administrativas soportadas por los operadores económicos, de manera que, una 
vez aplicado el principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los 
apartados anteriores, elegirán un único medio de intervención, bien sea la 
presentación de una comunicación, de una declaración responsable o la solicitud 
de una autorización.»
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Doce. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación.
1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite 
o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el 
mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado.
2. Las autoridades competentes no podrán realizar actuaciones que limiten el 
libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en 
el Capítulo II. No cumplen los principios recogidos en el capítulo II los actos, 
disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que 
contengan o apliquen:
a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o 
indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre 
estos requisitos se incluyen, en particular:
1.º  Que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de 
la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio.
2.º  Que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo 
de tiempo en dicho territorio.
3.º  Que el operador haya tenido que estar inscrito en un registro de dicho 
territorio durante un determinado periodo de tiempo.
4.º  Que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 
órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan 
condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes 
de otros lugares del territorio.
5.º  Que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio 
de la autoridad competente.
b) Requisitos para la obtención de ventajas económicas que sean 
discriminatorios excepto que exista una razón imperiosa de interés general que lo 
justifique y sea proporcionado. La obligación de operar en el territorio de la 
autoridad competente o de generar actividad económica en el mismo para la 
obtención de ventajas económicas vinculadas a las políticas de fomento 
desarrolladas por dicha autoridad no se considerará un requisito discriminatorio, 
sin perjuicio del cumplimiento del principio de no discriminación e igualdad de trato 
establecido en el derecho de la Unión Europea.
c) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o 
comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca 
en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía, 
adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la 
obligación de que la constitución o el depósito de garantías financieras o la 
suscripción de un seguro deban realizarse con un prestador u organismo del 
territorio de la autoridad competente.
d) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de 
competidores en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en 
las letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
e) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en 
el territorio de la autoridad competente.»
Trece. Se suprimen los artículos 22, 23, 24 y 25.
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Catorce. Se modifica el artículo 26, que queda redactado como sigue:
«Artículo 26.  Procedimiento en defensa de la libertad de establecimiento y de 
circulación por las autoridades competentes.
1. Cuando exista alguna disposición de carácter general, acto, actuación, 
inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de 
establecimiento o de circulación, en los términos previstos en esta ley, cualquier 
persona física o jurídica podrá dirigir reclamación a la Secretaría para la Unidad de 
Mercado en el plazo de un mes, a través de la ventanilla que al efecto se 
establezca. En el caso de actuaciones constitutivas de vía de hecho, el plazo será 
de veinte días contados desde aquel en que se iniciaron.
En concreto, podrá dirigirse la reclamación regulada por este artículo frente a 
toda actuación que, agotando o no la vía administrativa, sea susceptible de 
recurso administrativo ordinario. También podrá dirigirse frente a las disposiciones 
de carácter general y demás actuaciones que, de conformidad con lo dispuesto 
por el capítulo I del título III de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, puede ser objeto de recurso contencioso-
administrativo.
No podrá interponerse esta reclamación contra actuaciones que sean 
susceptibles de recurso administrativo especial en materia de contratación o en el 
caso de que los interesados hayan manifestado su conformidad con una 
resolución sancionadora.
2. Las organizaciones representativas de los operadores económicos y de 
los consumidores y usuarios, incluidas las Cámaras Oficiales de Comercio y las 
asociaciones profesionales y empresariales, podrán acudir al procedimiento 
previsto en el apartado anterior en defensa de los intereses colectivos que 
representan.
3. El procedimiento previsto en este artículo tiene carácter alternativo de 
manera que no se podrá hacer uso de este procedimiento cuando se hayan 
interpuesto los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan contra la 
disposición, acto o actuación de que se trate.
4. Para la resolución de esta reclamación, las autoridades competentes 
actuarán y cooperarán a través de la red de puntos de contacto para la unidad de 
mercado. Serán puntos de contacto:
a) La Secretaría para la Unidad de Mercado.
b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
c) Cada departamento ministerial.
d) La autoridad que designe cada Comunidad Autónoma o Ciudad con 
Estatuto de Autonomía.
5. La Secretaría revisará la reclamación para comprobar que se trata de una 
actuación que pueda ser analizada en aplicación de lo establecido en esta ley, 
pudiendo inadmitirla cuando no concurriesen tales requisitos. En cualquier caso, el 
inicio del procedimiento por parte de la Secretaría no supondrá una 
predeterminación en relación con el fondo de la cuestión, ni será interpretado 
como un indicio de afectación a la libertad de establecimiento o circulación. Una 
vez iniciado el procedimiento, la remitirá al punto de contacto correspondiente a la 
autoridad competente afectada. A estos efectos se considerará autoridad 
competente:
a) Cuando se trate de disposiciones de carácter general y actuaciones que 
pongan fin a la vía administrativa, la autoridad que la haya adoptado.
b) Cuando se trate de actuaciones que no pongan fin a la vía administrativa, 
aquella que, de no aplicarse el procedimiento previsto en este artículo, hubiera 
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conocido del recurso contra la actuación objeto de reclamación. En estos casos, 
dicha autoridad solicitará del órgano administrativo autor del acto la remisión del 
expediente administrativo, así como de un informe sobre la reclamación en un 
plazo de cinco días.
Asimismo, la reclamación será distribuida entre todos los puntos de contacto, 
que podrán remitir al punto de contacto de la autoridad competente afectada, 
informando a la Secretaría para la Unidad de Mercado, las aportaciones que 
consideren oportunas en el plazo de cinco días. La Secretaría deberá elaborar un 
informe de valoración sobre la reclamación recibida en un plazo de diez días. Este 
informe no vinculante deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente a 
la hora de decidir. Los informes emitidos y remitidos al punto de contacto de la 
autoridad competente afectada se incorporarán al expediente administrativo.
6. Los informes elaborados en el marco de este procedimiento podrán 
hacerse públicos. Ello sin perjuicio de lo establecido en las normas de protección 
de datos de carácter personal.
7. Transcurridos quince días desde la presentación de la reclamación, el 
punto de contacto correspondiente a la autoridad competente afectada informará 
de la resolución adoptada por esta a la Secretaría para la Unidad de Mercado y a 
la red de puntos de contacto, indicando las medidas que se hayan adoptado para 
dar solución a la reclamación.
De no adoptarse resolución en el citado plazo, se entenderá desestimada por 
silencio administrativo negativo y que, por tanto, la autoridad competente mantiene 
su criterio respecto a la actuación objeto de la reclamación.
8. La Secretaría notificará al interesado la resolución adoptada, así como los 
demás informes emitidos, dentro del día hábil siguiente a la recepción de la 
resolución. La autoridad competente afectada podrá igualmente comunicar la 
resolución adoptada al interesado. No obstante, el inicio del cómputo de los plazos 
a los que se refieren los apartados 9, 10 y 11 se producirá desde la notificación 
efectuada por la Secretaría para la Unidad de Mercado.
9. Si a la vista de la decisión de la autoridad competente, el interesado no 
considerase satisfechos sus derechos o intereses legítimos, podrá dirigir su 
solicitud a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a lo 
establecido en el artículo siguiente en un plazo de cinco días.
10.  Cuando existiesen motivos de impugnación distintos de la vulneración de 
la libertad de establecimiento o de circulación, los interesados que hayan 
presentado la reclamación regulada en este artículo podrán hacerlos valer, de 
forma separada, a través de los recursos administrativos o jurisdiccionales que 
procedan frente a la disposición o actuación de que se trate. No obstante, el plazo 
para su interposición se iniciará cuando se produzca la inadmisión por parte de la 
Secretaría para la Unidad de Mercado o la notificación por parte de dicha 
Secretaría de la eventual desestimación de la reclamación por la autoridad 
competente.
11.  Cuando se trate de actuaciones administrativas que no agoten la vía 
administrativa, la conclusión de este procedimiento pondrá fin a dicha vía. El plazo 
para la interposición de los recursos jurisdiccionales que procedan se iniciará 
cuando se produzca la inadmisión por parte de la Secretaría para la Unidad de 
Mercado o la notificación por parte de dicha Secretaría de la eventual 
desestimación de la reclamación por la autoridad competente.»
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Quince. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27.  Legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada 
para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier 
disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se 
considere contraria, en los términos previstos en esta ley, a la libertad de 
establecimiento o de circulación procedente de cualquier autoridad competente, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo IV del título V de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá actuar de 
oficio o a petición de los interesados, que podrán dirigirse a la misma antes de 
iniciar un procedimiento contencioso-administrativo.
3. Presentada una petición, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, teniendo en cuenta el informe que haya emitido la Secretaría para la 
Unidad de Mercado sobre la reclamación, la viabilidad de la acción y su especial 
trascendencia, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación 
de esta ley, para su aplicación o para su general eficacia, valorará en el plazo de 
veinte días si procede la interposición de recurso contencioso-administrativo, 
informando al operador de su decisión.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Secretaría para 
la Unidad de Mercado de los recursos interpuestos y de las peticiones y denuncias 
recibidas. A su vez, la Secretaría para la Unidad de Mercado informará de los 
recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
al punto de contacto de unidad de mercado competente desde un punto de vista 
territorial y por razón de la materia.
5. En el caso de la acción popular y el derecho de petición previstos en la 
disposición adicional quinta de esta ley, la legitimación para la interposición del 
recurso contencioso-administrativo corresponderá en exclusiva a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia sin perjuicio del derecho de 
personación regulado en el artículo 127 ter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28.  Mecanismos adicionales de eliminación de obstáculos o barreras 
detectados por los operadores económicos, los consumidores y los usuarios.
1. Fuera de los supuestos previstos en el artículo 26 de esta ley, los 
operadores económicos, los consumidores y usuarios, así como las 
organizaciones que los representan u otros interesados, podrán informar a la 
Secretaría para la Unidad de Mercado, en cualquier momento y a través de la 
ventanilla a la que se refiere el artículo 26, sobre cualesquiera obstáculos o 
barreras relacionadas con la aplicación de esta ley. En particular, podrá informarse 
a través de este procedimiento de posibles incumplimientos del principio de 
cooperación y confianza mutua establecido en el artículo 4.
Cuando los operadores económicos, los consumidores y usuarios, así como 
las organizaciones que los representan u otros interesados informen de obstáculos 
o barreras relacionadas con la aplicación de esta ley que hayan recurrido en vía 
administrativa, no se iniciará este mecanismo hasta que se resuelva el recurso en 
cuestión y el interesado manifieste su interés en ello.
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2. Se podrá solicitar informe de valoración a la Secretaría para la Unidad de 
Mercado por obstáculos o barreras previstos en proyectos normativos que se 
encuentren en fase de tramitación administrativa. Este informe podrá solicitarse 
respecto de proyectos normativos que hayan sido o estén siendo sometidos al 
trámite de audiencia e información pública y será enviado al punto de contacto 
competente para su remisión al órgano proponente del proyecto en cuestión para 
su consideración.
3. Cuando la Secretaría para la Unidad de Mercado tenga constancia de la 
posible existencia de obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de esta 
ley podrá iniciar de oficio el mecanismo previsto en este artículo. El resto de los 
puntos de contacto para la unidad de mercado podrán solicitar a la Secretaría para 
la Unidad de Mercado el inicio de este mecanismo. La Secretaría para la Unidad 
de Mercado tendrá en consideración variables como la viabilidad de la actuación y 
la especial transcendencia del caso en cuestión para la valoración del inicio del 
procedimiento conforme a este apartado.
4. La Secretaría para la Unidad de Mercado procederá a recabar informes de 
los puntos de contacto de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 26, en los que se podrán incluir propuestas de actuación. Asimismo, 
elaborará el correspondiente informe de valoración.
5. Los informes emitidos y remitidos al punto de contacto de la autoridad 
competente afectada se incorporarán al expediente administrativo. Asimismo, la 
Secretaría para la Unidad de Mercado remitirá dichos informes al operador 
económico, al consumidor o usuario o a la organización que los representan 
incluyendo, en su caso, la posible solución alcanzada.
6. La Secretaría para la Unidad de Mercado informará puntualmente a las 
conferencias sectoriales y a la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y 
el Clima de Negocios sobre los obstáculos y barreras detectadas por los 
operadores, consumidores o usuarios u organizaciones que los representan, así 
como sobre las soluciones alcanzadas y resultados obtenidos, a efectos de 
impulsar los sistemas de cooperación previstos en el artículo 12.2. Asimismo, la 
Secretaría para la Unidad de Mercado realizará un seguimiento periódico de los 
compromisos alcanzados o soluciones propuestas en el marco de este 
mecanismo.
7. Los informes elaborados en el marco de este mecanismo podrán hacerse 
públicos. Ello sin perjuicio de lo establecido en las normas de protección de datos 
de carácter personal.
8. Cuando los operadores económicos, los consumidores y usuarios, así 
como las organizaciones que los representan u otros interesados hayan recurrido 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin haber hecho uso de este 
mecanismo o del procedimiento previsto por el artículo 26, podrán solicitar, en el 
curso del procedimiento contencioso-administrativo, informe a la Secretaría para la 
Unidad de Mercado.
9. La Secretaría para la Unidad de Mercado podrá dar por no iniciadas 
aquellas solicitudes de inicio de este procedimiento que sean presentadas por un 
mismo interesado, ante una misma autoridad competente y que versen sobre un 
mismo supuesto de hecho en el que la Secretaría ya se ha pronunciado con 
anterioridad. Asimismo, se podrán dar por no iniciados aquellos procedimientos en 
los que no exista una posible afectación clara a los principios establecidos en esta 
ley, en los que no se haya proporcionado información suficiente y fehaciente para 
su valoración o en los que haya previstos otros procedimientos o mecanismos 
especiales o extraordinarios de resolución. Las consultas en relación con la 
aplicación de normativa no serán consideradas solicitudes de inicio de este 
procedimiento.»
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Diecisiete.  Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional primera.  Actuaciones estatales.
Cuando por razones de orden público, incluidas la lucha contra el fraude, la 
contratación pública y la garantía de la estabilidad financiera, el medio de 
intervención, incluidas la regulación, supervisión y control para el acceso o 
ejercicio de una actividad económica corresponda al Estado, la eficacia en el 
territorio nacional quedará garantizada por la intervención estatal.»
Dieciocho.  Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Productos regulados.
La puesta en el mercado de los productos estancos, explosivos, gasóleo 
profesional y mercancías peligrosas deberá respetar las condiciones de venta 
establecidas en la normativa estatal aplicable.»
Diecinueve.  Se modifica la disposición adicional quinta, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional quinta.  Acción popular y derecho de petición.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y, a través 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ante los Tribunales, el 
cumplimiento de lo establecido en esta ley y en las disposiciones que se dicten 
para su desarrollo y ejecución, para la defensa de la unidad de mercado.
En particular, se reconoce la acción popular para el inicio de los 
procedimientos establecidos en los artículos 26 y 28 y la legitimación de las 
corporaciones de derecho público, asociaciones y grupos de afectados para 
ejercer el derecho de petición a que se refiere el artículo 27 y para personarse en 
el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado regulado en el capítulo 
IV del título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.»
Veinte.  Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional sexta.  Evaluación normativa de unidad de mercado.
Aquellos proyectos normativos elaborados de conformidad con el artículo 26 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que tengan efectos 
significativos sobre la unidad de mercado deberán someterse a un análisis sobre 
los resultados de su aplicación. Dicho análisis se realizará de conformidad con el 
artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el 
Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la 
Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación 
Normativa.»
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Veintiuno.  Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional novena.  Creación del Observatorio de Buenas Prácticas 
Regulatorias.
Se crea el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en el marco de la 
Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
Este órgano estará gestionado por la Secretaría para la Unidad de Mercado y 
será el encargado de desempeñar las siguientes funciones:
a) Identificación y seguimiento de las buenas prácticas regulatorias de las 
diferentes Administraciones.
b) Elaboración y actualización continua de un Catálogo de buenas prácticas 
regulatorias que deberá ser aprobado por la Conferencia Sectorial para la Mejora 
Regulatoria y el Clima de Negocios. En particular, este Catálogo contendrá buenas 
prácticas en relación con la aplicación del principio de cooperación y confianza 
mutua del artículo 4.
c) Impulso de actuaciones de formación, comunicación, difusión e 
información de las buenas prácticas identificadas.
d) Seguimiento y difusión de las directrices de la Unión Europea en esta 
materia.»
Veintidós.  Se añade una disposición adicional decimoprimera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimoprimera.  Plazo para formular requerimientos 
previos a la interposición de recurso contencioso-administrativo.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uso de la 
legitimación prevista en el artículo 27 de esta ley y en el artículo 5.4 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, interponga recurso contencioso-administrativo contra cualquier 
Administración, podrá requerirla previamente, en el plazo de dos meses previsto 
en el artículo 44.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.»
Veintitrés. Se modifica la disposición final cuarta, que queda redactada como sigue:
«Disposición final cuarta.  Título competencial.
1. Esta ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado 
para la regulación de la condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, legislación procesal, en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, así como sobre las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la legislación básica sobre 
contratos administrativos, recogidas respectivamente en las materias del 
artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución.
2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración 
General del Estado y al sector público estatal lo previsto en:
a) El apartado 4 del artículo 14 y el artículo 15 del capítulo III relativos a la 
valoración del impacto de unidad de mercado en las memorias de análisis de 
impacto normativo y a la evaluación periódica de la normativa respectivamente.
b) La disposición adicional sexta relativa a la evaluación normativa de unidad 
de mercado.»
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Veinticuatro.  Se modifican las letras b), c) y f) del anexo, que quedan redactadas 
como sigue:
«b)  Actividad económica: Cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. No se incluyen 
dentro de este concepto las actividades relativas a la reserva o al ejercicio de 
potestades públicas, jurisdiccionales o administrativas ni la regulación de las 
relaciones laborales por cuenta ajena o asalariadas.
c) Autoridad competente: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la 
regulación, ordenación o control de las actividades económicas o que adjudique 
contratos de conformidad con la normativa de contratación pública, o cuya 
actuación afecte al acceso a una actividad económica o a su ejercicio y, en 
particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los 
colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos de 
colegios profesionales.
(…)
f) Autorización o licencia: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad 
competente que se exija a un operador económico con carácter previo para el 
acceso a una actividad económica o su ejercicio.»
Artículo 7.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 6 del artículo 127 ter, que queda redactado como 
sigue:
«6.  Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en 
el plazo de cinco días. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la 
actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
que afecte a la libertad de establecimiento o de circulación, incluida la desviación 
de poder.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 71, la sentencia que estime el recurso 
implicará la corrección de la conducta infractora, así como el resarcimiento de los 
daños y perjuicios, incluido el lucro cesante, que dicha conducta haya causado.
El órgano jurisdiccional podrá convocar a las partes a una comparecencia con 
la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los 
razonamientos en que sustente su decisión, resolviendo sobre los motivos que 
fundamenten el recurso y la oposición y pronunciando su fallo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 68 a 71.
La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedirá el dictado 
de la sentencia de viva voz.
En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su 
documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.
Caso de haberse dictado la Sentencia de forma oral, el Secretario judicial 
expedirá certificación que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa 
indicación de su firmeza y de la actuación administrativa a que se refiera. Dicha 
certificación será expedida en el plazo máximo de cinco días, notificándose a las 
partes.
La anterior certificación se registrará e incorporará al Libro de Sentencias del 
órgano judicial. El soporte videográfico de la comparecencia quedará unido al 
procedimiento.»
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Dos.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 127 quater, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar 
en su escrito de interposición la suspensión de la disposición, acto o resolución 
impugnados, así como cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad 
de la sentencia. La solicitud de esta suspensión tendrá carácter excepcional y solo 
será solicitada en caso de entender que es imprescindible por la especial 
relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y circulación.
2. Solicitada la suspensión de la disposición, acto o resolución impugnados, 
la misma se tramitará en la forma prevista en el capítulo II del título VI, una vez 
admitido el recurso y sin exigencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de 
cualquiera naturaleza que pudieran derivarse. La Administración cuya actuación 
se haya recurrido podrá solicitar el levantamiento de la suspensión durante el 
plazo de tres meses desde su adopción, siempre que acredite que de su 
mantenimiento pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales 
o de tercero que el tribunal ponderará en forma circunstanciada.»
Artículo 8.  Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios.
La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, queda modificada en los siguientes términos:
Se añaden las siguientes actividades al anexo de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, identificadas con las claves y en los términos establecidos por el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida.
Grupo 922. Servicios de limpieza.
Epígrafe 843.3 Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.
Epígrafe 843.4 Servicios técnicos de topografía.
Grupo 846. Empresas de estudios de mercado.
Grupo 847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones.
Epígrafe 849.4 Servicios de custodia, seguridad y protección.
Epígrafe 849.5  Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de 
correspondencia.
Epígrafe 849.6 Servicios de colocación y suministro de personal.
Epígrafe 849.8 Multiservicios intensivos en personal.
Epígrafe 849.9 Otros servicios independientes, NCOP.
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CAPÍTULO IV
Medidas para la lucha contra la morosidad comercial
Artículo 9.  Modificación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo segundo, que queda redactado como sigue:
«Artículo segundo.  Seguimiento de la evolución de la morosidad y resultados 
de la eficacia de la Ley.
En el marco de los instrumentos técnicos, consultivos y de participación 
sectorial de que dispone el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 
efectuar el análisis y la evolución de la actividad de los diferentes sectores 
económicos, se realizará un seguimiento específico de la evolución de los plazos 
de pago y de la morosidad en las transacciones comerciales así como de los 
resultados de la práctica y eficacia de la presente ley, con la participación de las 
asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico así como la 
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Con periodicidad anual el 
Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, elaborará un informe sobre la 
situación de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones 
comerciales, que permita analizar los resultados y la eficacia de la presente ley. 
Dicho informe será presentado y analizado en el Consejo Estatal de la PYME. 
Posteriormente, el Gobierno lo remitirá a las Cortes Generales y será publicado en 
la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El informe incluirá 
información relativa a la situación de los plazos de pago y morosidad de las 
administraciones públicas que será aportada por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.»
Dos. Se modifica la disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera.  Deber de información.
1. Todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la 
memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores.
2. Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su página web su 
periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas 
pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de 
morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre 
el total monetario de los pagos a sus proveedores. Esta información se incluirá en 
la memoria de sus cuentas anuales.
3. Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas 
anuales abreviadas publicarán su periodo medio de pago a proveedores, el 
volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al 
máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen 
sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus 
proveedores en su página web, si la tienen. Esta información se incluirá en la 
memoria de sus cuentas anuales.
4. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante resolución, 
indicará las adaptaciones que resulten necesarias, de acuerdo con lo previsto en 
esta ley, para que las sociedades mercantiles no encuadradas en el artículo 2.1 de 
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la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, apliquen adecuadamente la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores determinada por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Dicha resolución requerirá informe previo a su aprobación por 
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.»
Artículo 10.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, queda modificada en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 216, que queda redactado como sigue:
«4.  El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el 
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales.
Asimismo, en los contratos sujetos a regulación armonizada y, además, en 
aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, cuando 
el subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede 
judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el 
plazo fijado según lo previsto en el apartado 2, el órgano de contratación, sin 
perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procederá a la retención 
provisional de la garantía definitiva la cual no podrá ser devuelta hasta el momento 
en que el contratista acredite la íntegra satisfacción de los derechos declarados en 
la resolución judicial o arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 111 de la presente ley.»
Dos. Se modifica el artículo 217, con la siguiente redacción:
«Artículo 217.  Comprobación de los pagos a los subcontratistas o 
suministradores.
1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes 
podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, 
han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de 
los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los 
correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran 
condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
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consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la 
garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 
incumplimiento previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las 
Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos 
de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones 
de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 
por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que 
hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de 
realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales efectos, en estos 
contratos el contratista deberá aportar en cada certificación de obra, certificado de 
los pagos a los subcontratistas del contrato.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá 
ampliarse el ámbito de los contratos en los que estas actuaciones de 
comprobación e imposición de penalidades previstas en el apartado 1 sean 
obligatorias.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, procederá en todo 
caso la imposición de penalidades al contratista cuando, mediante resolución 
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al 
órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un 
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no 
viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales 
asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la 
prestación. La penalidad podrá alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del 
contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar 
el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantía definitiva 
responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.»
Artículo 11.  Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, queda modificada 
en los siguientes términos:
Uno.  Se introduce un nuevo apartado 3 bis al artículo 13, con la siguiente 
redacción:
«3 bis.  Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los 
solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de 
pago previstos en la citada ley.
Esta circunstancia se acreditará por parte de las sociedades que, de acuerdo 
con la normativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta 
ley. Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan 
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de 
acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, 
emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que 
atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia 
de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.»
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Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 13, con la siguiente redacción:
«4.  Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del 
apartado 2 y en los apartados 3 y 3 bis de este artículo se apreciarán de forma 
automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, 
las determinen.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 31, con la siguiente redacción:
«2.  Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las 
subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado 
por la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos 
subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales 
deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa 
sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales.»
Artículo 12.  Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información.
Se modifica el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2 bis.  Factura electrónica en el sector privado.
A efectos de lo dispuesto en esta ley:
1. Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir 
facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y 
profesionales. El destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán 
proporcionar información sobre los estados de la factura.
2. Las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas 
proveedoras de servicios de facturación electrónica a los empresarios y 
profesionales deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. De 
la misma forma, las soluciones y plataformas de facturación electrónica propias de 
las empresas emisoras y receptoras deberán cumplir los mismos criterios de 
interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturación 
electrónica.
3. Durante un plazo de cuatro años desde la emisión de las facturas 
electrónicas, los destinatarios podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en 
costes adicionales.
3 bis.  El receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de 
una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica 
predeterminado.
4. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, 
deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con particulares 
que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es 
independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones.
No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades 
de comercio al por menor solo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los 
términos previstos en el párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a 
cabo por medios electrónicos.
5. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 4 a empresas o entidades que no presten al público en general servicios 
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de especial trascendencia económica en los casos en que se considere que deban 
tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de 
los servicios que prestan, y emitan un número elevado de facturas.
6. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la 
normativa específica sobre facturación.
Así mismo, los sistemas y programas informáticos o electrónicos que 
gestionen los procesos de facturación y conserven las facturas electrónicas 
deberán respetar los requisitos a los que se refiere el artículo 29.2.j) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su desarrollo 
reglamentario.
7. Las empresas prestadoras de servicios a que alude el apartado 4 deberán 
facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, 
copiar, descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que 
acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios 
puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en 
cualquier momento.
8. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por 
medios electrónicos establecido en el artículo 2.1.b) no se altera porque aquel 
haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para 
recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a 
acceder a las facturas emitidas con anterioridad.
9. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la 
posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas 
que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con 
apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y 
graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo 19.2 de la Ley 6/2020, 
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que 
presten servicios al público en general de especial trascendencia económica que 
no cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Es competente 
para imponer esta sanción la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.
10.  El procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad 
de las plataformas se determinará reglamentariamente.»
Artículo 13.  Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Se añade un apartado 4 al artículo 15, con la siguiente redacción:
«4.  Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera 
desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.»
CAPÍTULO V
Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa
Artículo 14.  Derogación del título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial.
El título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, 
queda derogado con efectos desde el 10 de noviembre de 2022.
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Artículo 15.  Nuevo título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial.
Se introduce un nuevo título V en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial, con el siguiente tenor literal:
«TÍTULO V
Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa
Sección 1.ª Relativa a las plataformas de financiación participativa armonizadas 
por el derecho de la Unión Europea
Artículo 46.  Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa 
armonizadas por el Derecho de la Unión Europea.
Las entidades que presten servicios de financiación participativa en España 
regulados por el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de 
servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el 
Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937, quedarán sujetas a 
este Reglamento y a la presente ley.
Sin perjuicio de su no consideración como valores negociables, a los efectos 
de la aplicación del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020, las participaciones en sociedades de 
responsabilidad limitada se considerarán valores aptos para el desarrollo de las 
actividades de las plataformas de financiación participativa y de las empresas de 
servicios de inversión previstos en dicho Reglamento.
Artículo 47.  Autorización de las plataformas de financiación participativa por la 
CNMV.
Toda entidad que tenga intención de prestar servicios de financiación 
participativa en España regulados por el Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, y que no haya sido 
previamente autorizada para prestar servicios de financiación participativa en otro 
Estado miembro de la Unión Europea solicitará a la CNMV autorización para 
operar como proveedor de servicios de financiación participativa.
Artículo 48.  Registro.
Las plataformas de financiación participativa serán inscritas en el registro 
correspondiente de la CNMV. Este registro será público y deberá contener los 
datos actualizados de la denominación social, dirección de dominio de Internet y 
domicilio social de la plataforma de financiación participativa, así como la identidad 
de los administradores y una relación de los socios con participación significativa. 
La inscripción se practicará una vez otorgada la preceptiva autorización y tras su 
constitución e inscripción en el registro público que corresponda según su 
naturaleza.
Artículo 49.  Autoridad nacional competente.
1. La CNMV será la autoridad nacional competente responsable de 
desempeñar las funciones y obligaciones previstas en el Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
2. Para el ejercicio de las funciones previstas en el Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, la 
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CNMV gozará de las facultades previstas en el Texto Refundido de la Ley del 
Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y en el resto del ordenamiento jurídico.
3. Además de las funciones previstas en el apartado segundo de este 
artículo, para el ejercicio de las funciones previstas en el Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, en 
materia de investigación, la CNMV gozará de las siguientes facultades:
a) Exigir información y documentos a los proveedores de servicios de 
financiación participativa y a terceros designados para desempeñar funciones en 
relación con la prestación de servicios de financiación participativa, y a las 
personas físicas o jurídicas que los controlan o que son controladas por ellos.
b) Exigir información a los auditores y a los directivos de los proveedores de 
servicios de financiación participativa, y de los terceros designados para 
desempeñar funciones en relación con la prestación de servicios de financiación 
participativa.
c) Llevar a cabo inspecciones o investigaciones in situ  en locales que no 
sean el domicilio particular de personas físicas, y acceder a los locales para 
acceder a documentos o datos de cualquier tipo, cuando existan sospechas 
razonables de que se guardan en ellos documentos u otras informaciones 
relacionadas con el objeto de una inspección o investigación que pudieran ser 
relevantes para demostrar una infracción del Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
4. Además de las facultades previstas en el apartado segundo de este 
artículo, para el ejercicio de las funciones previstas en el Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, en 
materia de supervisión, la CNMV gozará de las siguientes facultades:
a) Suspender una oferta de financiación participativa por un período máximo 
de diez días hábiles consecutivos, cada vez que existan sospechas fundadas de 
que se ha infringido el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020.
b) Prohibir o suspender las comunicaciones publicitarias, o exigir al 
proveedor de servicios de financiación participativa o al tercero designado para 
desempeñar funciones en relación con la prestación de servicios de financiación 
participativa que cesen o suspendan las comunicaciones publicitarias, por un 
período máximo de diez días hábiles consecutivos, cada vez que existan 
sospechas fundadas de que se ha infringido el Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
c) Prohibir una oferta de financiación participativa si se descubre una 
infracción del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de octubre de 2020, o si se tienen sospechas fundadas de que se va a 
infringir.
d) Suspender la prestación de servicios de financiación participativa por un 
período máximo de diez días hábiles consecutivos, o exigir que lo haga el 
proveedor de servicios de financiación participativa, cada vez que existan 
sospechas fundadas de que se ha infringido el Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
e) prohibir la prestación de servicios de financiación participativa si se 
descubre una infracción del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
f) Hacer público el hecho de que un proveedor de servicios de financiación 
participativa o un tercero designado para desempeñar funciones en relación con la 
prestación de servicios de financiación participativa no cumple sus obligaciones.
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g) Revelar toda la información importante que pueda afectar a la prestación 
de servicios de financiación participativa, o exigírselo al proveedor de servicios de 
financiación participativa o al tercero designado para desempeñar funciones en 
relación con la prestación de servicios de financiación participativa, con el fin de 
garantizar la protección del inversor o el buen funcionamiento del mercado.
h) Suspender la prestación de servicios de financiación participativa o 
exigírselo al proveedor de servicios de financiación participativa o al tercero 
designado para desempeñar funciones en relación con la prestación de servicios 
de financiación participativa, cuando la CNMV considere que la situación del 
proveedor de servicios de financiación participativa es tal que la prestación de 
servicios de financiación participativa sería perjudicial para los intereses de los 
inversores.
i) Transferir los contratos vigentes a otro proveedor de servicios de 
financiación participativa en el caso de que se revoque la autorización del 
proveedor de servicios de financiación participativa de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, párrafo primero, letra c) del Reglamento (UE) 2020/1503 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, previo acuerdo 
de los clientes y del proveedor de servicios de financiación participativa receptor. A 
tal fin la CNMV publicará en un plazo de nueve meses desde la publicación de 
esta ley una guía en la que se detallará el proceso de cesión de los contratos, 
detallando el criterio para elegir la plataforma de financiación participativa 
cesionaria de dichos contratos.
Artículo 50.  Colaboración con otras autoridades competentes.
1. De acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, el Banco de 
España deberá, respecto de plataformas que publiquen proyectos consistentes en 
la solicitud de préstamos, incluidos los préstamos participativos, facilitar a la 
CNMV la información que precise y prestar, en el ámbito propio, la cooperación y 
asistencia activas que esta pudiera recabar para el eficaz ejercicio de las 
competencias que le atribuye este capítulo.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la CNMV podrá solicitar 
cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del 
Banco de España, y requerir su asistencia para el mejor ejercicio de las funciones 
de supervisión, inspección y sanción previstas en este capítulo.
3. La CNMV comunicará al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y al Banco de España en el caso de plataformas que 
publiquen proyectos consistentes en la solicitud de préstamos, incluidos los 
préstamos participativos, las revocaciones, suspensiones y renuncias de las 
autorizaciones de plataformas de financiación participativa que tengan lugar.
4. El contenido del deber de colaboración entre la CNMV y el Banco de 
España previsto en este artículo se podrá especificar a través de los instrumentos 
y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan dichos 
organismos.
Artículo 51.  Ficha de datos fundamentales de la inversión.
1. Los proveedores de servicios de financiación participativa facilitarán a los 
inversores potenciales toda la información prevista en el artículo 23 del 
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre de 2020, a través de la elaboración de una ficha de datos fundamentales 
de la inversión.
2. La responsabilidad por la información que figura en la ficha de datos 
fundamentales de la inversión recaerá en el promotor del proyecto o en sus 
órganos de administración, dirección o supervisión. Las personas responsables de 
la ficha de datos fundamentales de la inversión se identificarán claramente en la 
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ficha de datos fundamentales de la inversión por su nombre y cargo, si se trata de 
personas físicas, o por su denominación y domicilio social, si se trata de personas 
jurídicas, y se adjuntarán sus declaraciones en las que confirmen que, hasta 
donde alcanza su conocimiento, la información contenida en la ficha de datos 
fundamentales de la inversión responde a la realidad y no contiene omisiones que 
puedan afectar a su contenido.
3. Las personas físicas y jurídicas responsables de la información 
proporcionada en la ficha de datos fundamentales de la inversión, incluida su 
posible traducción, responderán civilmente en las siguientes situaciones:
a) Cuando la información sea engañosa o inexacta.
b) Cuando la ficha de datos fundamentales de la inversión omita datos 
fundamentales necesarios para ayudar a los inversores a la hora de considerar la 
financiación del proyecto de financiación participativa.
Artículo 52.  Ficha de datos fundamentales de la plataforma.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 20, los proveedores de servicios de 
financiación participativa que presten una gestión individualizada de carteras de 
préstamos elaborarán, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, y 
pondrán a disposición de los inversores potenciales, una ficha de datos 
fundamentales de la inversión de la plataforma que contenga toda la información 
prevista en el artículo 24.1 del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
2. La responsabilidad por la información que figura en la ficha de datos 
fundamentales de la inversión a nivel de plataforma recaerá en el proveedor de 
servicios de financiación participativa. Las personas responsables de la ficha de 
datos fundamentales de la inversión se identificarán claramente en la ficha de 
datos fundamentales de la inversión a nivel de plataforma por su nombre y cargo, 
si se trata de personas físicas, o por su denominación y domicilio social, si se trata 
de personas jurídicas, y se adjuntarán sus declaraciones en las que confirmen 
que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información contenida en la ficha de 
datos fundamentales de la inversión responde a la realidad y no contiene 
omisiones que puedan afectar a su contenido.
3. Las personas físicas y jurídicas responsables de la información 
proporcionada en la ficha de datos fundamentales de la inversión a nivel de 
plataforma, incluida su posible traducción, responderán civilmente en las 
siguientes situaciones:
a) Cuando la información sea engañosa o inexacta.
b) Cuando la ficha de datos fundamentales de la inversión omita datos 
fundamentales necesarios para ayudar a los inversores a la hora de considerar la 
financiación del proyecto de financiación participativa.
Artículo 53.  Infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre de 2020.
1. Se considerarán infracciones los incumplimientos de las obligaciones 
recogidas en los siguientes artículos del Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020:
a) Artículo 3, sobre la prestación de servicios de financiación participativa.
b) Artículo 4, sobre la gestión eficaz y prudente.
c) Artículo 5, sobre los requisitos de diligencia debida.
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d) Artículo 6, apartado 1 a apartado 6, sobre la gestión individualizada de 
carteras de préstamos.
e) Artículo 7, apartado 1 a apartado 4, sobre la tramitación de reclamaciones.
f) Artículo 8, apartado 1 a apartado 6, sobre el conflicto de interés.
g) Artículo 9, apartados 1, 2 y 3 sobre la externalización.
h) Artículo 10, sobre la prestación de servicios de custodia de activos de 
clientes y de servicios de pago.
i) Artículo 11, sobre los requisitos prudenciales.
j) Artículo 12, apartado 1, sobre la autorización para operar como proveedor 
de servicios de financiación participativa.
k) Artículo 13, apartado 2, sobre las actividades incluidas en la autorización.
l) Artículo 15, apartados 2 y 3, sobre la supervisión.
m)  Artículo 16, apartado 1, sobre la comunicación de información por los 
proveedores de servicios de financiación participativa.
n) Artículo 18, apartados 1 y 4, sobre la prestación transfronteriza de 
servicios de financiación participativa.
ñ) Artículo 19, apartados 1 a 6, sobre la información a los clientes.
o) Artículo 20, apartados 1 y 2, sobre la publicación de la tasa de impago.
p) Artículo 21, apartados 1 a 7, sobre la prueba inicial de conocimientos y 
simulación de la capacidad de soportar pérdidas.
q) Artículo 22, sobre el período de reflexión precontractual.
r) Artículo 23, apartados 2 a 13, sobre la ficha de datos fundamentales de la 
inversión.
s) Artículo 24, sobre la ficha de datos fundamentales de la inversión a nivel 
de plataforma.
t) Artículo 25, sobre el tablón de anuncios.
u) Artículo 26, sobre el acceso a los registros.
v) Artículo 27, apartados 1 a 3, sobre los requisitos relativos a las 
comunicaciones publicitarias.
w) La falta de cooperación o el desacato en relación con una investigación o 
una inspección o una solicitud con arreglo al artículo 30, apartado 1.
2. Las  infracciones  tipificadas  en este artículo  se considerarán  muy graves  cuando 
concurra  un alto grado  de responsabilidad  de la persona  responsable,  la infracción  se 
haya extendido  en el tiempo,  se haya puesto  en grave  riesgo  el funcionamiento  del 
mercado  o se haya producido  graves  consecuencias  para los intereses  de los pequeños 
inversores, y graves cuando no concurran estas circunstancias.
3. Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de este 
título de obligada observancia que no constituyan infracción grave o muy grave 
conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
Artículo 54.  Régimen sancionador.
1. En el caso de incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones 
previstas en el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020, que constituyan infracción muy grave, se 
impondrá al infractor una o varias de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cantidades:
1.º  El triple de los beneficios derivados de la infracción en caso de que 
puedan determinarse.
2.º  En el caso de una persona jurídica, 700.000 euros, o el 7 por ciento de su 
volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles aprobados por el órgano de dirección.
3.º En el caso de una persona física, 700.000 euros.
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b) Revocación de la autorización.
c) Prohibición de solicitar la autorización para operar como plataforma de 
financiación participativa por un plazo no inferior a un año ni superior a cinco.
d) Prohibición que impida a cualquier miembro del órgano de dirección de la 
persona jurídica responsable de la infracción o a cualquier otra persona física 
considerada responsable de la infracción ejercer funciones directivas en 
proveedores de servicios de financiación participativa por plazo no superior a diez 
años.
e) Junto con las sanciones previstas en las letras a), b), c) y d), se podrán 
adoptar las siguientes sanciones y medidas administrativas:
1.º  Declaración pública en la que consten la persona física o jurídica 
responsable y la naturaleza de la infracción.
2.º  Requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a 
su conducta infractora y se abstenga de repetirla.
2. En el caso de incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones 
previstas en el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020, que constituyan infracción grave, se impondrá 
al infractor una o varias de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cantidades:
1.º  El doble de los beneficios derivados de la infracción en caso de que 
puedan determinarse.
2.º  En el caso de una persona jurídica, 500.000 euros, o el 5 por ciento de su 
volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles aprobados por el órgano de dirección.
3.º En el caso de una persona física, 500.000 euros.
b) Suspensión de la autorización para operar como plataforma de 
financiación participativa por un plazo no superior a un año.
c) Prohibición de solicitar la autorización para operar como plataforma de 
financiación participativa por un plazo no superior a un año.
d) Prohibición que impida a cualquier miembro del órgano de dirección de la 
persona jurídica responsable de la infracción o a cualquier otra persona física 
considerada responsable de la infracción ejercer funciones directivas en 
proveedores de servicios de financiación participativa por plazo no superior a un 
año.
e) Junto con las sanciones previstas en las letras a), b), c) y d), se podrán 
adoptar las siguientes sanciones y medidas administrativas:
1.º  Declaración pública en la que consten la persona física o jurídica 
responsable y la naturaleza de la infracción.
2.º  Requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a 
su conducta infractora y se abstenga de repetirla.
3. Cuando  la persona  jurídica  sea una empresa  matriz  o una filial de una 
empresa  matriz  que deba  elaborar  cuentas  consolidadas  de conformidad  con 
la Directiva  2013/34/UE  del Parlamento  Europeo  y del Consejo,  de 26 de junio 
de 2013,  sobre  los estados  financieros  anuales,  los estados  financieros 
consolidados  y otros  informes  afines  de ciertos  tipos  de empresas,  por la que 
se modifica  la Directiva  2006/43/CE  del Parlamento  Europeo  y del Consejo,  y 
se derogan  las Directivas  78/660/CEE  y 83/349/CEE  del Consejo,  el volumen 
de negocios  total anual  pertinente  será el volumen  de negocios  total anual,  o 
el tipo de ingresos correspondientes, conforme a la legislación pertinente de la 
Unión  Europea  en materia  de contabilidad,  de acuerdo  con las cuentas 
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consolidadas  disponibles  más recientes  aprobadas  por el órgano  de dirección 
de la empresa matriz última.
Sección 2.ª Plataformas de financiación participativa no armonizadas por el 
derecho de la Unión Europea
Artículo 55.  Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa no 
armonizadas.
1. Las entidades que presten servicios de financiación participativa en 
España regulados por el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de octubre de 2020, pero que no estén sujetas a dicho 
Reglamento por incurrir en las excepciones previstas en su artículo 1.2.a) o c), se 
someterán al siguiente régimen jurídico:
a) Estas entidades prestarán exclusivamente los servicios recogidos en el 
artículo 1.2.a) o intermediarán exclusivamente ofertas de financiación participativa 
previstas en el artículo 1.2.c) del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
b) se someterán íntegramente al régimen jurídico establecido en el 
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre de 2020 y en esta ley.
c) En su solicitud de autorización deberán manifestar expresamente su 
intención de someterse al régimen jurídico previsto en este artículo.
d) La CNMV será la autoridad competente para desempeñar las funciones y 
obligaciones previstas en el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, respecto de estas entidades.
e) No podrán prestar servicios de financiación participativa de forma 
transfronteriza conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020.
f) En su comunicación de información anual a la CNMV conforme al 
artículo 16 del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020, deberán especificar para cada proyecto:
1.º  que su promotor es un consumidor según la definición del artículo 2.1 de 
la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo; o
2.º  que todas las ofertas de financiación participativa intermediadas fueron 
por un importe superior a 5 millones de euros.
g) Informarán a sus clientes de que no están autorizadas a prestar sus 
servicios de financiación participativa de forma transfronteriza. Esta información se 
incluirá y someterá a los mismos requisitos que la información regulada en el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de octubre de 2020.
2. Las entidades a que hace referencia el apartado anterior serán inscritas 
por la CNMV en un registro específico denominado «Plataformas de Financiación 
Participativa no armonizadas por la Unión Europea».
3. A las entidades a las que se refiere este artículo les resultará de aplicación 
el régimen sancionador previsto en los artículos 53 y 54.
Sección 3.ª Agrupación de inversores
Artículo 56.  Agrupación de inversores.
Las plataformas de financiación participativa autorizadas conforme a la 
presente ley podrán utilizar mecanismos, gestionados por la propia plataforma de 
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financiación participativa, para agrupar a los inversores tales como una sociedad 
de responsabilidad limitada, cuyo objeto social y única actividad consista en ser 
tenedora de las participaciones de la empresa en que se invierte o en la concesión 
de préstamos a dicha empresa, una entidad sujeta a la supervisión de la CNMV, 
del Banco de España o de la DGSFP, así como otras figuras que se utilicen 
habitualmente para estos fines en otros países de la Unión Europea. La 
participación de los inversores en estos mecanismos se podrá realizar por 
cualquier medio permitido por el mecanismo utilizado y por la legislación aplicable 
a dicho mecanismo. La agrupación de los inversores a través de estos 
mecanismos podrá tener lugar una vez finalizada la financiación, siempre que la 
posibilidad de agrupación se hubiera previsto en los contratos de la PFP con los 
inversores.»
CAPÍTULO VI
Impulso y mejora de la inversión colectiva y el capital riesgo
Sección 1.ª Instituciones de Inversión Colectiva
Artículo 16.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Documentos informativos.
1. La sociedad gestora, para cada uno de los fondos de inversión que 
administre, y las sociedades de inversión deberán publicar para su difusión entre 
los accionistas, partícipes y público en general un folleto, un documento con los 
datos fundamentales para el inversor, un informe anual y un informe semestral, 
con el fin de que, de forma actualizada, sean públicamente conocidas todas las 
circunstancias que puedan influir en la apreciación del valor del patrimonio y 
perspectivas de la institución, en particular los riesgos inherentes que comporta, 
así como el cumplimiento de la normativa aplicable.
2. El folleto contendrá los estatutos o el reglamento de las IIC, según 
proceda, y se ajustará a lo previsto en el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y en la 
normativa de desarrollo, siendo registrado por la CNMV con el alcance previsto en 
el artículo 238 del mencionado texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 
El folleto se deberá actualizar en los términos que se determinen 
reglamentariamente.
3. El documento con los datos fundamentales para el inversor proporcionará 
la siguiente información:
a) Identificación de la IIC y de la autoridad competente para su autorización y 
supervisión;
b) una descripción sucinta de sus objetivos de inversión y su política de 
inversión;
c) una presentación de los rendimientos históricos o, si procede, escenarios 
de rentabilidad;
d) los costes y gastos asociados, y
e) el perfil riesgo/remuneración de la inversión, con orientaciones y 
advertencias apropiadas en relación con los riesgos asociados a las inversiones 
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en la IIC considerada. Adicionalmente, entre los datos fundamentales para el 
inversor, figurará una declaración que indique la página web en la que se pueden 
consultar los detalles de la política remunerativa actualizada, y en la que se pueda 
obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición. 
Los detalles de la política remunerativa antes mencionados incluirán, como 
mínimo, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los 
beneficios, la identidad de las personas responsables de hacerlo y, en su caso, la 
composición del comité de remuneraciones.
El documento deberá contener una declaración del lugar donde puede 
obtenerse información adicional sobre la inversión prevista, y en particular el 
folleto y los informes anual y semestral, y la lengua en la que esta información esté 
a disposición de los inversores.
Dicho documento se redactará de forma concisa, en lenguaje no técnico y se 
presentará en un formato común, que permita efectuar comparaciones, y de forma 
fácilmente analizable y comprensible por el inversor medio a fin de que esté en 
condiciones razonables de comprender las características esenciales, la 
naturaleza y los riesgos del producto de inversión que se le ofrece y de adoptar 
decisiones de inversión fundadas sin necesidad de recurrir a otros documentos.
Los datos fundamentales para el inversor se considerarán información 
precontractual. Serán imparciales, claros y no engañosos. Deberán guardar 
coherencia con las correspondientes partes del folleto.
No se incurrirá en responsabilidad civil como consecuencia solo de los datos 
fundamentales para el inversor, o de su posible traducción, a menos que sean 
engañosos, inexactos o incoherentes en relación con las correspondientes partes 
del folleto. En el documento con los datos fundamentales para el inversor se 
incluirá una advertencia clara al respecto.
El documento deberá estar permanentemente actualizado, debiendo remitirse 
a la CNMV toda modificación del mismo.
4. El informe anual deberá contener las cuentas anuales, el informe de 
gestión, el informe de auditoría de cuentas correspondiente, la información sobre 
remuneraciones a la que se refiere el artículo 46 bis y las demás informaciones 
que se determinen reglamentariamente, al objeto de incluir la información 
significativa que permita al inversor formular, con conocimiento de causa, un juicio 
sobre la evolución de la actividad y los resultados de la institución.
5. El informe semestral contendrá información sobre el estado del patrimonio, 
número de participaciones y acciones en circulación, valor liquidativo por 
participación o acción, cartera de títulos, movimientos habidos en los activos de la 
institución, cuadro comparativo relativo a los tres últimos ejercicios y cualquiera 
otra que se establezca reglamentariamente.
6. La sociedad gestora, para cada uno de los fondos de inversión que 
administre, y las sociedades de inversión deberán indicar en cada folleto si van a 
proporcionar información trimestral de forma voluntaria. En caso de que decidan 
proporcionarla, esta deberá cumplir los mismos requisitos indicados para la 
información semestral salvo en lo que respecta al detalle de la composición de la 
cartera que, respecto de un máximo del 30 por cien de los activos, podrá facilitarse 
de modo agregado o por categorías.
7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores establecerá los modelos 
normalizados de toda la documentación a la que se refiere el presente artículo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá un registro de 
folletos, documentos con los datos fundamentales para el inversor, informes 
anuales, semestrales y trimestrales de las IIC, al que el público tendrá libre 
acceso.
Todos los documentos citados en los apartados anteriores, simultáneamente a 
su difusión entre el público, serán remitidos a la Comisión Nacional del Mercado 
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de Valores con el objetivo de mantener actualizados los registros a los que hace 
referencia el párrafo anterior. En el caso del folleto y del documento con los datos 
fundamentales para el inversor su difusión requerirá el previo registro por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.6. En el caso de los fondos, el registro del documento con los datos 
fundamentales para el inversor y del folleto requerirá su previa verificación por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las obligaciones que se derivan del segundo y tercer párrafo de este apartado 
se aplicarán también respecto de las sociedades gestoras autorizadas en otro 
Estado miembro de la Unión Europea al amparo de la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, y de la 
Directiva 2011/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, que lleven a cabo la actividad de gestión de una IIC autorizada en 
España.»
Dos. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Información a partícipes y accionistas, al público en general y 
publicidad.
1. Con antelación suficiente a la suscripción de las participaciones o acciones 
deberá entregarse gratuitamente el último informe semestral, exceptuando el caso 
de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento 
garantizado o no, y el documento con los datos fundamentales para el inversor a 
los suscriptores y, previa solicitud, el folleto y los últimos informes anual y 
trimestral publicados.
El folleto y el documento con los datos fundamentales para el inversor podrán 
facilitarse en un soporte duradero a través de la página web de la sociedad de 
inversión o de la sociedad de gestión. Previa solicitud, se entregará gratuitamente 
a los inversores un ejemplar en papel de dichos documentos.
A efectos de lo señalado en el anterior párrafo se considera soporte duradero 
a todo instrumento que permita al inversor almacenar la información dirigida a él 
personalmente, de modo que dicho inversor pueda acceder a ella posteriormente 
para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la 
información esté destinada y que permita la reproducción sin cambios.
En la página web de la sociedad de inversión o de la sociedad de gestión se 
publicará una versión actualizada de los documentos previstos en este apartado.
1 bis. Las IIC proporcionarán el documento con los datos fundamentales para 
el inversor a los intermediarios que vendan o asesoren a los inversores sobre 
posibles inversiones en esas IIC o en productos que conlleven riesgo frente a esas 
IIC, cuando aquellos lo soliciten. En todo caso, los intermediarios cumplirán con la 
obligación señalada en el primer párrafo del apartado 1 anterior.
2. Los informes anual y semestral se pondrán a disposición del público en los 
lugares que se indiquen en el folleto y el documento con los datos fundamentales 
para el inversor, que incluirán en todo caso la dirección de la página web. 
Asimismo, salvo renuncia expresa del partícipe o accionista, los informes anual y 
semestral deberán serle remitidos por medios telemáticos, salvo que no facilite los 
datos necesarios para ello o manifieste por escrito su preferencia para recibirlos 
físicamente, en cuyo caso se le remitirán versiones en papel, siempre de modo 
gratuito. El informe trimestral, en aquellos casos en que voluntariamente se haya 
decidido elaborarlo, deberá ser remitido también a los partícipes o accionistas, de 
acuerdo con las mismas reglas, en el caso de que lo soliciten.
3. Cualquier comunicación a partícipes o accionistas deberá ser remitida por 
medios telemáticos, salvo que no hayan sido facilitados los datos necesarios para 
ello o se haya manifestado por escrito la preferencia para recibirla físicamente, en 
cuyo caso se le remitirá en papel, siempre de modo gratuito.»
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Tres. Se suprime el artículo 22 bis.
Cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados 
del siguiente modo:
«1.  Las SGIIC son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo 
objeto social consistirá en la gestión de las inversiones, el control y la gestión de 
riesgos, la administración, representación y gestión de las suscripciones y 
reembolsos de los fondos y las sociedades de inversión.
Además, las sociedades gestoras podrán ser autorizadas para realizar las 
siguientes actividades:
a) Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas 
las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado por 
los inversores o persona legalmente autorizada, siempre que tales carteras 
incluyan uno o varios de los instrumentos previstos en el artículo 2 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores.
b) Administración, representación, gestión y comercialización de entidades 
de capital riesgo, de Entidades de Inversión Colectiva Cerradas, de fondos de 
capital riesgo europeos (FCRE), fondos de emprendimiento social europeos 
(FESE) y fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), y otros vehículos de 
inversión colectiva regulados por la normativa de la Unión Europea en los términos 
establecidos por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las sociedades 
gestoras podrán ser autorizadas, además, para realizar las siguientes actividades 
complementarias:
a) Asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos 
previstos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
b) Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión 
y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión de los FCRE, FESE 
y FILPE y otros vehículos de inversión colectiva regulados por la normativa de la 
Unión Europea.
c) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o 
varios instrumentos financieros.
En todo caso, la autorización para realizar las actividades del presente 
apartado estará condicionada a que la sociedad gestora cuente con la autorización 
preceptiva para prestar los servicios mencionados en la letra a) del apartado 1 
anterior.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 43, que queda redactado como sigue:
«1.  Las sociedades gestoras deberán reunir los siguientes requisitos para 
obtener y conservar la autorización:
a) Revestir la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad 
limitada, constituida por tiempo indefinido, y que las acciones integrantes del 
capital social tengan carácter nominativo.
b) Tener por objeto social exclusivo el previsto en el artículo 40 de esta ley. 
Con carácter principal, deberán realizar las actividades contempladas en el primer 
párrafo del artículo 40.1, sin perjuicio de que puedan ser autorizadas para realizar 
el resto de las actividades previstas en dicho artículo.
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c) Que su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, 
esté situado en territorio español.
d) Que, cuando se trate de una entidad de nueva creación, se constituya por 
el procedimiento de fundación simultánea y que sus fundadores no se reserven 
ventajas o remuneraciones especiales de clase alguna.
e) Disponer del capital social mínimo que se establezca reglamentariamente, 
totalmente desembolsado en efectivo y posteriormente con los niveles de recursos 
propios que se exijan, proporcionados al valor real de los patrimonios que 
administren.
f) Que cuente con un consejo de administración formado por no menos de 
tres miembros.
g) Que se comunique la identidad de todos los accionistas, directos o 
indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación significativa 
en la sociedad, y el importe de dicha participación.
h) Que quienes ostenten cargos de administración o dirección en la 
sociedad, cuenten con los requisitos de honorabilidad establecidos en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 11 de esta ley y que la mayoría de los miembros de su 
consejo de administración, o de sus comisiones ejecutivas, así como todos los 
consejeros delegados y directores generales y asimilados, cuenten con los 
requisitos de conocimiento y experiencia establecidos en la letra d) del apartado 2 
del artículo 11 de esta ley, atendiendo al carácter de la IIC y tipos de carteras que 
la sociedad de gestión pretenda gestionar.
i) Que cuente con una buena organización administrativa y contable, así 
como con medios humanos y técnicos adecuados, en relación con su objeto.
j) Que cuente con procedimientos y mecanismos de control interno 
adecuados que garanticen la gestión correcta y prudente de la sociedad, 
incluyendo procedimientos de gestión de riesgos, así como mecanismos de control 
y de seguridad en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un 
régimen de operaciones vinculadas y un reglamento interno de conducta. La 
sociedad gestora deberá estar estructurada y organizada de modo que se reduzca 
al mínimo el riesgo de que los intereses de las IIC o de los clientes se vean 
perjudicados por conflictos de intereses entre la sociedad y sus clientes, entre 
clientes, entre uno de sus clientes y una IIC o entre dos IIC.
k) Que haya presentado documentación adecuada sobre las condiciones y 
los servicios, funciones o actividades que vayan a ser subcontratadas o 
externalizadas, de forma que pueda verificarse que este hecho no desnaturaliza o 
deja sin contenido la autorización solicitada.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 58, que queda redactado como sigue:
«1.  Podrán ser depositarios los bancos, las cajas de ahorros, las 
cooperativas de crédito, las sociedades y las agencias de valores. Todos ellos 
deberán ostentar la condición de entidad participante en los sistemas de 
compensación, liquidación y registro en los mercados en los que vayan a operar, 
sea como tal o a través de otra entidad participante. En este último caso, la 
entidad participante deberá tener desglosada la cuenta de terceros.
El depositario deberá tener su domicilio social o, en su caso, una sucursal en 
España.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones que deben cumplir los 
depositarios de IIC radicadas en terceros países.
Cuando el depositario cuente con calificación crediticia concedida por una 
agencia de calificación se hará constar en el informe semestral, indicando si dicha 
agencia está establecida en la Unión Europea y registrada de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia, o, 
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si estuviese establecida en un Estado no miembro de la Unión Europea, que haya 
obtenido una certificación basada en la equivalencia según el Reglamento 
señalado.»
Sección 2.ª Capital riesgo
Artículo 17.  Modificación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan 
las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por 
la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital 
riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras 
de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, queda 
modificada de la siguiente manera:
Uno. Se introduce un nuevo artículo 4 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 4 bis.  Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado de préstamos.
Tendrán la consideración de EICCP aquellas EICC cuyo objeto principal 
consista en la inversión en facturas, préstamos, crédito y efectos comerciales de 
uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil.
Las sociedades gestoras que gestionen EICCP deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:
a) Dotarse de un procedimiento de gestión del riesgo de crédito, así como de 
un sistema de valoración y clasificación de los préstamos, que deberá prever un 
seguimiento reforzado de créditos que presenten riesgos superiores. 
Adicionalmente, deberán disponer de un procedimiento de análisis y evaluación de 
la solvencia de los prestatarios, tanto con carácter previo como de manera 
periódica. Dicho procedimiento incorporará los criterios con base en los cuales se 
podrán conceder préstamos o invertir en ellos.
b) En el folleto se deberán incluir advertencias sobre los riesgos específicos 
de este tipo de inversiones y detalles sobre los criterios empleados para la 
valoración del crédito y el proceso de análisis, evaluación y concesión de los 
préstamos. En la información pública periódica se informará de los préstamos y, en 
particular, se identificarán los préstamos calificados como dudosos, que presenten 
impagos, que se encuentren en proceso de ejecución y cuya situación de 
solvencia haya cambiado respecto del periodo precedente. Reglamentariamente 
podrá desarrollarse el contenido y nivel de desagregación de la información a 
suministrar.
c) La cartera de facturas, préstamos y otros efectos comerciales deberá estar 
suficientemente diversificada a nivel de prestatarios o deudores y en el folleto se 
deberá prever el plazo necesario para lograr dicha diversificación. Si a la EICCP le 
resultara imposible alcanzarla, la gestora deberá revisar la estrategia de inversión 
e informar a los inversores de la nueva estrategia de inversión, o, en su caso, de la 
disolución de la EICCP.
d) Las EICCP no concederán préstamos ni invertirán en préstamos 
concedidos a personas físicas, a los accionistas o partícipes de las EICCP, a otras 
IIC o EICC, a las personas o entidades vinculadas de conformidad con el 
artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, ni a las entidades reguladas en 
la Ley 22/2014, de 12 de noviembre.
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e) Las EICCP podrán invertir solamente en préstamos previamente 
concedidos con una antelación de al menos tres años.»
Dos. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a las siguientes entidades de inversión 
colectiva:
a) A las ECR y a las EICC que tengan su domicilio social en España, en el 
caso de sociedades, o que se hayan constituido en España, en el caso de fondos.
b) A las ECR y a las EICC constituidas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en un Estado 
miembro, al amparo de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión 
alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010, cuando se 
comercialicen en España a inversores profesionales. En este caso, solo les serán 
aplicables en su actuación en España las normas a las que se refiere el 
artículo 76.
c) A las ECR y a las EICC constituidas en terceros estados gestionadas por 
sociedades gestoras autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea al 
amparo de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, cuando se comercialicen en España a inversores profesionales. En 
este caso, solo les serán aplicables en su actuación en España las normas a las 
que se refiere el artículo 77.
d) A las ECR y a las EICC gestionadas por sociedades gestoras no 
domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, cuando se comercialicen 
en España a inversores profesionales. En este caso, solo les serán aplicables en 
su actuación en España las normas a las que se refiere el artículo 78.
e) A las ECR señaladas en las letras b), c) y d) anteriores cuando se 
comercialicen en España a inversores no profesionales tal y como están definidos 
en los artículos 205 y 206 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y 
su normativa de desarrollo. En este caso, les serán aplicables en su actuación en 
España las normas a las que se refiere el artículo 79 y lo previsto en los 
apartados 2 y 4 del artículo 75 respecto de la comercialización de ECR a 
inversores que no sean profesionales.
f) A los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) regulados por el 
Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, que tengan su domicilio 
social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en España 
en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de dicho 
Reglamento europeo.
g) A los Fondos de Emprendimiento Social Europeo (FESE) regulados por el 
Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos, que tengan su 
domicilio social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en 
España en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de 
dicho Reglamento europeo.
h) A los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPE) regulados por 
el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos, que tengan su 
domicilio social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en 
España en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de 
dicho Reglamento europeo.
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2. Asimismo, esta ley será de aplicación a las sociedades gestoras de 
entidades de tipo cerrado (SGEIC) constituidas de acuerdo con lo previsto en el 
título II, a las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) 
que gestionen ECR, EICC, FCRE, FESE o FILPE, a los depositarios de esas 
entidades, así como a otras entidades que presten servicios a las ECR o a las 
EICC, en los términos establecidos en esta ley.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
«2. No obstante lo anterior, también podrán extender su objeto principal a:
a) La inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido 
en más de un 50 por ciento por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles 
que representen el 85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la 
entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de 
tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica en los términos 
previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no 
financieras que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier 
otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los 
doce meses siguientes a la toma de la participación.
c) La inversión en otras ECR conforme a lo previsto en esta ley.
Las ECR-Pyme se considerarán a todos los efectos un tipo especial de ECR 
cuando cumplan con lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título I en 
materia del régimen de inversiones.
d) La inversión en entidades financieras cuya actividad se encuentre 
sustentada principalmente en la aplicación de tecnología a nuevos modelos de 
negocio, aplicaciones, procesos o productos.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Coeficiente obligatorio de inversión de las ECR.
3. Las ECR deberán mantener, como mínimo, el 60 por ciento de su activo 
computable, definido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 en los 
siguientes activos:
a) Acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar 
derecho a la suscripción o adquisición de aquellas y participaciones en el capital 
de empresas que se encuentren dentro de su ámbito de actividad principal de 
conformidad con el artículo 9.
b) Préstamos participativos a empresas que se encuentren dentro de su 
ámbito de actividad principal, cuya rentabilidad esté completamente ligada a los 
beneficios o pérdidas de la empresa de modo que sea nula si la empresa no 
obtiene beneficios.
c) Otros préstamos participativos a empresas que se encuentren dentro de 
su ámbito de actividad principal, hasta el 30 por ciento del total del activo 
computable.
d) Facturas, préstamos, crédito y efectos comerciales de uso habitual en el 
ámbito del tráfico mercantil de empresas en las que la ECR ya tenga una 
participación a través de alguno de los instrumentos de las letras anteriores, hasta 
el 20 por ciento del total del activo computable. Las sociedades gestoras que 
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gestionen ECR que inviertan en este tipo de activos deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las letras a y b del artículo 4 bis.
La inversión en los activos de las letras c) y d) no podrán superar 
conjuntamente el 30 por ciento del total del activo computable.
e) Acciones o participaciones de ECR, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 14.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14.  Inversión en ECR.
2. Para que la inversión en las entidades extranjeras a que se refiere el 
apartado anterior se compute dentro del coeficiente obligatorio establecido en el 
artículo 13.3, será preciso que las propias entidades, sus sociedades gestoras o la 
entidad que desarrolle funciones similares a las de la sociedad gestora y con 
análogas exigencias de responsabilidad estén establecidas en Estados miembros 
de la Unión Europea o en terceros países, siempre que dicho tercer país no figure 
en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado 
con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de 
intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria; y que, cualquiera que sea su denominación o estatuto, ejerzan, de 
acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, las actividades similares a las 
realizadas por las ECR reguladas en esta ley, sin necesidad de que cumplan los 
coeficientes de diversificación de la inversión del artículo 16 de la presente ley. Se 
computará en cualquier caso dentro del coeficiente obligatorio la inversión en 
Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) regulados por el Reglamento (UE) n.° 
345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los 
fondos de capital riesgo europeos.»
Seis. Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Limitaciones de grupo y diversificación de las inversiones.
1. Las ECR no podrán invertir más del 25 por ciento de su activo invertible en 
el momento de la inversión en una misma empresa, ni más del 35 por ciento en 
empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, entendiéndose por tal el 
definido en el artículo 42 del Código de Comercio. A los efectos previstos en este 
artículo y en el artículo 23, se entenderá como activo invertible el patrimonio 
comprometido más el endeudamiento recibido y menos las comisiones, cargas y 
gastos máximos indicados en el folleto. El patrimonio comprometido será el 
correspondiente a la fecha de la inversión.
2. Las ECR podrán invertir hasta el 25 por ciento de su activo invertible en 
empresas pertenecientes a su grupo o al de su sociedad gestora, tal y como este 
se define en el artículo 42 del Código de Comercio, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:
a) Que los estatutos o reglamentos contemplen estas inversiones.
b) Que la entidad o, en su caso, su sociedad gestora disponga de un 
procedimiento formal, recogido en su reglamento interno de conducta, que permita 
evitar conflictos de interés y cerciorarse de que la operación se realiza en interés 
exclusivo de la entidad. La verificación del cumplimiento de estos requisitos 
corresponderá a una comisión independiente creada en el seno de su consejo o a 
un órgano independiente al que la sociedad gestora encomiende esta función.
c) Que en los folletos y en la información pública periódica de la entidad se 
informe con detalle de las inversiones realizadas en entidades del grupo.
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Tan solo a los efectos previstos en este artículo se considerará que las 
empresas en las que participen directamente las ECR que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 9, no son empresas pertenecientes al grupo de la ECR 
de que se trate.»
Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 17, que queda redactado como sigue:
«3. Incumplimiento temporal del coeficiente de diversificación:
a) El porcentaje previsto en el artículo 16 podrá ser incumplido por las ECR 
durante los primeros tres años, a partir de la fecha de inicio de operaciones que 
figura en el Reglamento de la ECR. De no constar, el plazo se computará a partir 
de su inscripción en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.
b) En el supuesto de devolución de aportaciones a partícipes o socios, estos 
porcentajes se computarán teniendo en cuenta el patrimonio neto existente antes 
de realizarse dicha devolución.»
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Activo computable y otros límites a las inversiones.
1. A los efectos de los artículos 13, 14 y 21 de esta ley se entenderá por 
activo computable de las sociedades y fondos de capital riesgo el resultado de 
sumar el importe del patrimonio neto, los préstamos participativos recibidos y las 
plusvalías latentes netas de efecto impositivo, con los ajustes que se prevean de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2.»
Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 21, que queda redactado como sigue:
«3.  Las empresas objeto de la actividad de las ECR-Pyme deberán cumplir 
los siguientes requisitos:
a) Que, en el momento de la inversión, no estén admitidas a cotización en un 
mercado secundario regulado o sistema multilateral de negociación.
b) Que, en el momento de la inversión, tengan menos de 499 empleados.
c) Que, en el momento de la inversión, o bien su activo anual no supere 
los 43 millones de euros, o bien, su volumen de negocios anual no supere los 50 
millones de euros.
d) Que no se trate de una institución de inversión colectiva.
e) Que no se trate de empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria.
f) Que estén establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en 
terceros países, siempre que dicho tercer país no figure en la lista de países y 
territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un 
convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de 
información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.»
Diez. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23.  Limitaciones de grupo y diversificación de las inversiones de las 
ECR-Pyme.
Las ECR-Pyme no podrán invertir más del 40 por ciento de su activo invertible 
en el momento de la inversión en una misma empresa, ni más del 40 por ciento en 
empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, entendiéndose por tal el 
definido en el artículo 42 del Código de Comercio.»
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Once. Se modifica el apartado 3 del artículo 26, que queda redactado como sigue:
«3.  El capital social suscrito mínimo será de 1.200.000 euros (900.000 euros 
en el caso de las ECR-Pyme), con un capital desembolsado en el momento de su 
constitución mínimo equivalente al 25 por ciento del capital social suscrito, 
debiéndose desembolsar íntegramente el resto del capital social suscrito en el 
momento de la constitución en un periodo de 12 meses desde su registro en la 
CNMV. Los desembolsos del capital social mínimo deberán realizarse en efectivo, 
en activos aptos para la inversión de las ECR, conforme a los artículos 13 y 14 o 
en bienes que integren su inmovilizado.
Los desembolsos adicionales al capital social mínimo o sus posteriores 
ampliaciones podrán realizarse además de en efectivo, en inmovilizado o activos 
aptos para la inversión de las ECR, conforme a los artículos 13 y 14.»
Doce. Se incorpora un nuevo artículo 40 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 40 bis.  Régimen jurídico de los fondos de inversión a largo plazo 
europeos (FILPE).
1. A las entidades que deseen utilizar la designación "FILPE" en relación con 
su comercialización en la Unión Europea se les aplicarán las normas contenidas 
en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos.
2. La denominación "Fondos de inversión a largo plazo europeos" o su 
abreviatura "FILPE", quedará reservada a las instituciones constituidas al amparo 
del Reglamento citado en el apartado anterior, e inscritas en el registro 
administrativo que al efecto existe en la CNMV. A estos efectos les será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 11.»
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 41, que queda redactado como sigue:
«1.  Las SGEIC son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo 
objeto social es la gestión de las inversiones de una o varias ECR y EICC, así 
como el control y gestión de sus riesgos.»
Catorce.  Se modifica el apartado 3 del artículo 42, que queda redactado como 
sigue:
«3.  Las SGEIC deberán estar autorizadas para, al menos, realizar las 
funciones de gestión de carteras de inversión y control y gestión de riesgos con 
respecto a los ECR, EICC, FCRE, FESE y FILPE que gestionen, sin perjuicio de la 
posibilidad de delegación prevista en el artículo 65.»
Quince.  Se modifica el apartado 1 del artículo 43, que queda redactado como 
sigue:
«1. Como servicios accesorios, las SGEIC podrán realizar los siguientes:
a) Gestión discrecional de carteras de inversión, incluidas las que son 
propiedad de fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, así como las que son propiedad de los 
fondos de pensiones de empleo regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, en virtud de lo 
establecido en su artículo 32 y de conformidad con los mandatos otorgados de 
manera discrecional e individualizada por los inversores. En este caso la gestora 
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no podrá invertir ni la totalidad, ni parte de la cartera del cliente en las entidades 
que gestione, salvo consentimiento general previo del cliente.
b) Custodia y administración de participaciones y acciones de ECR o EICC y, 
en su caso, de FCRE, FESE y FILPE.
c) Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o 
varios instrumentos financieros.»
Dieciséis. Se incorpora un nuevo artículo 74 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 74 bis.  Condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad de las 
SGEIC que gestionen fondos de inversión a largo plazo europeos.
Las SGEIC que deseen utilizar la denominación FILPE en relación con la 
comercialización que realicen en la Unión Europea de fondos de inversión a largo 
plazo europeos deberán cumplir con lo previsto en el Reglamento (UE) 2015/760 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos 
de inversión a largo plazo europeos.»
Diecisiete.  Se modifica el apartado 2 del artículo 75, que queda redactado como 
sigue:
«2.  Asimismo, las acciones o participaciones de las ECR españolas se 
podrán comercializar entre otros inversores cuando reúnan alguna de las 
condiciones siguientes:
a) Que tales inversores se comprometan a invertir como mínimo 100.000 
euros, y declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al 
compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al 
compromiso previsto.
b) Que tales inversores realicen su inversión atendiendo una recomendación 
personalizada de un intermediario que les preste el servicio de asesoramiento, 
siempre que, en el caso de que su patrimonio financiero no supere los 500.000 
euros, la inversión sea como mínimo de 10.000 euros, y se mantenga, y no 
represente a su vez más del 10 % de dicho patrimonio.
Cuando se produzca la comercialización a inversores no profesionales 
previstos en este apartado y en el apartado 4 se deberá entregar con carácter 
previo a la suscripción o adquisición el folleto informativo, que contendrá el 
reglamento de gestión o los estatutos sociales, el informe anual y, en el caso de 
sociedades, el acuerdo de delegación de la gestión a los que hacen referencia los 
artículos 67 y 68. Posteriormente, el informe anual deberá remitirse a los 
partícipes en los seis primeros meses de cada ejercicio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 69.»
Dieciocho.  Se modifica el apartado 4 del artículo 75, que queda redactado como 
sigue:
«4.  Las acciones o participaciones de las ECR españolas podrán 
comercializarse también, sin necesidad de que concurran los requisitos previstos 
en las letras a) y b) del apartado 2 de este artículo:
a) Entre los administradores, directivos o empleados de la sociedad gestora 
o de entidades autogestionadas, con respecto a la propia entidad o a las 
gestionadas o asesoradas por la sociedad gestora,
b) cuando los inversores inviertan en ECR cotizadas en bolsas de valores, y
c) entre aquellos inversores que justifiquen disponer de experiencia en la 
gestión o asesoramiento en ECR similares a aquella en la que pretenda invertir.»
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Diecinueve. Se modifica el artículo 85, que queda redactado como sigue:
«Artículo 85.  Ámbito.
Quedan sujetos al régimen de supervisión, inspección y sanción de esta ley, a 
cargo de la CNMV, en lo que se refiere al cumplimiento de esta ley y su normativa 
de desarrollo, así como de las normas de Derecho de la Unión Europea que 
contengan preceptos específicamente referidos a las mismas:
a) Las SGEIC autorizadas en España y las ECR que aquellas gestionen en lo 
que respecta al cumplimiento del capítulo II del título I.
b) Las SCR y SICC autogestionadas autorizadas en España.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, las SGIIC autorizadas conforme al capítulo I 
del título II y las ECR que aquellas gestionen en lo que respecta al cumplimiento 
del capítulo II del título I.
d) Cualquier entidad, a los efectos de comprobar la infracción de la reserva 
de denominación establecida en el artículo 11.
e) Los depositarios de ECR y EICC registrados o autorizados en España.
f) Los FCRE y FESE conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 
345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los 
fondos de capital riesgo europeos y en el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de 
emprendimiento social europeos respectivamente.
g) Los FILPE conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2015/760 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de 
inversión a largo plazo europeos.
h) Las sucursales de gestoras de ECR o EICC autorizadas en otro Estado 
miembro en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 59 y 61 y por infracción de las normas de conducta aplicables por quien 
comercialice ECR o EICC en España.»
Disposición adicional primera.  Impulso de una ordenanza tipo para el ejercicio de 
actividades comerciales minoristas y prestación de servicios.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, en el marco de la 
Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios en colaboración 
con la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, se impulsará la adaptación de la 
ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de 
servicios acorde con lo dispuesto en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Asimismo, la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios en colaboración con las Conferencias Sectoriales competentes por razón de la 
materia impulsará como buena práctica regulatoria la adopción de ordenanzas tipo de 
actos de control e intervención municipal en otras actividades económicas.
Disposición adicional segunda.  Convenio de colaboración con la CNMC.
La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa impulsará la firma de un 
Convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
para la adecuada implementación de los mecanismos previstos en los artículos 26, 27 
y 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Este 
Convenio podrá prever igualmente actividades conjuntas de formación y difusión para la 
promoción de la mejora de la regulación en el ámbito económico.
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Disposición adicional tercera.  Agenda electrónica notarial.
1. Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo elaborará con periodicidad trimestral un listado en el que 
se precisará, para cada notario, el número de citas recibidas a través de la Agenda 
Electrónica Notarial, el número de citas rechazadas y el número de copias autorizadas 
de la escritura de constitución remitidas al Registro Mercantil o al Registro de 
Cooperativas a través de CIRCE.
2. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pondrá dicho listado a disposición 
de los notarios a través de CIRCE y se lo remitirá también al Consejo General del 
Notariado.
3. Para posibilitar la confección de este listado, en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de esta ley, el Consejo General del Notariado remitirá al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo una lista de los notarios en activo por cada localidad, que 
actualizará y remitirá a dicho Ministerio cada vez que se produzcan variaciones.
Disposición adicional cuarta.  Estadística sobre CIRCE.
1. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborará con periodicidad 
trimestral una estadística sobre la utilización de CIRCE y los tiempos de constitución de 
una sociedad a través de CIRCE, desglosada por procedimientos.
2. Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo elaborará un informe que evalúe el uso y el 
funcionamiento de CIRCE, incluyendo los tiempos de constitución de sociedades, y 
contenga las propuestas de mejora que considere oportunas.
Disposición adicional quinta.  Formato estandarizado para las escrituras de constitución.
El Ministerio de Justicia regulará mediante orden ministerial la escritura de 
constitución de las sociedades de responsabilidad limitada con un formato estandarizado 
y con campos codificados para las sociedades de responsabilidad limitada que se 
constituyan mediante el Documento Único Electrónico (DUE) y que adopten la fórmula 
de consejo de administración como sistema de administración.
Disposición adicional sexta.  Constitución de sociedades de responsabilidad limitada de 
forma íntegra por medios telemáticos a través de CIRCE.
1. A partir de la entrada en vigor de la norma de transposición de la Directiva (UE) 
2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y 
procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, el procedimiento notarial 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de forma íntegra por 
medios telemáticos quedará incorporado al procedimiento de constitución a través del 
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), y sujeto a los plazos, 
aranceles y demás requisitos previstos en la regulación de CIRCE.
2. Los desarrollos reglamentarios pertinentes para la incorporación de dicho 
procedimiento a CIRCE relativos al Documento Único Electrónico, los estatutos tipo y la 
escritura pública estandarizada se realizarán por Real Decreto.
Disposición adicional séptima.  Referencias al Consejo para la Unidad de Mercado y a 
la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.
Las referencias al Consejo para la Unidad de Mercado y a la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado que se encuentren en otras normas se entenderán hechas a 
la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios y a la 
Secretaría para la Unidad de Mercado respectivamente.
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Disposición adicional octava.  Sociedades civiles.
1. Las sociedades civiles por su objeto que no tengan forma mercantil constituidas 
conforme al derecho común, foral o especial que les sea aplicable podrán inscribirse en 
el Registro Mercantil con arreglo a las normas generales de su Reglamento en cuanto le 
sean aplicables.
En la inscripción primera de las sociedades civiles se hará constar las siguientes 
circunstancias:
1.ª La identidad de los socios.
2.ª  La denominación de la sociedad en la que deberá constar la expresión 
«Sociedad Civil».
3.ª El objeto de la sociedad.
4.ª El régimen de administración.
5.ª El plazo de duración si se hubiera pactado.
6.ª Los demás pactos lícitos que se hubieren estipulado.
En la hoja abierta a la sociedad serán inscribibles el nombramiento, cese y renuncia 
de los administradores, los poderes generales, su modificación, extinción o revocación, 
la admisión de nuevos socios, así como la separación o exclusión de los existentes, la 
transmisión de participaciones entre los socios, y las resoluciones judiciales o 
administrativas que afecten al régimen de administración de la sociedad.
2. Las sociedades civiles constituidas con arreglo a los derechos civiles, forales o 
especiales se regirán en todo lo relativo a las mismas por las normas de dichos derechos 
que les resulten aplicables, y su inscripción en el Registro Mercantil solo será posible 
cumplidos los requisitos legales establecidos por dichos derechos civiles, forales o 
especiales que serán de aplicación prevalente a la regulación del Registro Mercantil.
Disposición adicional novena.  Trabajos para impulsar la creación de entidades de la 
economía social a través de CIRCE.
1. En el marco del Consejo de Fomento de la Economía Social se impulsarán los 
trabajos para llevar a cabo los desarrollos tecnológicos que posibiliten la constitución de 
cooperativas y de sociedades limitadas laborales, de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y 
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en 
marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, 
sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el 
sistema de tramitación telemática.
2. Una vez completados los trabajos, se añadirá al reglamento sobre obligaciones 
de información por parte de quienes intervienen en la constitución de sociedades las 
ventajas de emplear CIRCE en la constitución de las entidades mencionadas en el 
apartado anterior.
Disposición adicional décima.  Reconocimiento de las Sociedades de Beneficio e 
Interés Común.
Se reconoce la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común, como 
aquellas sociedades de capital que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos:
– Su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y 
medioambiental a través de su actividad.
– Su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en el 
desempeño de los mencionados objetivos sociales y medioambientales, y la toma en 
consideración de los grupos de interés relevantes en sus decisiones.
– Mediante desarrollo reglamentario se contemplarán los criterios y la metodología 
de validación de esta nueva figura empresarial, que incluirá una verificación del 
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desempeño de la sociedad, quedando sujetos tanto los criterios como la metodología a 
estándares de máxima exigencia.
Disposición adicional undécima.  Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, 
aprobará una modificación del Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa, para que el 
Consejo Estatal de la PYME incluya a representantes de asociaciones especializadas en 
el ámbito de la morosidad.
Disposición adicional duodécima.  Información del Registro Mercantil.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, se 
constituirá un grupo de trabajo interministerial cuyo cometido será analizar las medidas 
necesarias para posibilitar que la información del Registro Mercantil se proporcione en 
un formato abierto que permita su descarga y facilite su tratamiento.
2. El Registro Mercantil proporcionará anualmente a los Ministerios de Justicia y de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital información desglosada y suficiente del 
volumen y tipología de demandas de información atendidas desde su plataforma, así 
como del coste de funcionamiento de dicha plataforma, incluyendo coste de 
mantenimiento y de mejoras introducidas debidamente justificadas.
Disposición adicional decimotercera.  Sistema de precios de referencia.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
promoverá las medidas legales oportunas que permitan modificar el sistema de precios 
de referencia introduciendo elementos que incrementen la competencia y valoren las 
aportaciones que suponen un beneficio incremental en la utilización de medicamentos.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos iniciados en materia de unidad de 
mercado.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los apartados catorce, 
quince y dieciséis del artículo 6 y del artículo 7 continuarán rigiéndose por la normativa 
anterior.
Disposición transitoria segunda.  Sociedades en régimen de formación sucesiva.
1. Las sociedades de responsabilidad limitada que con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley hubieran estado sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 bis 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, podrán optar por modificar sus estatutos para dejar de 
estar sometidas al régimen de formación sucesiva y regirse, mientras su capital social no 
alcance la cifra de tres mil euros, por las reglas establecidas en el apartado 3 del 
artículo 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Mientras no modifiquen sus estatutos y no alcancen la cifra de capital social de 
tres mil euros, las sociedades seguirán sujetas a las siguientes reglas:
a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del 
beneficio del ejercicio sin límite de cuantía.
b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, solo podrán repartirse 
dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del 
reparto, no resultare inferior a mil ochocientos euros.
c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores 
por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por 
ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que 
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les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la 
prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios 
y administradores.
d) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera 
insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de 
la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital más la 
diferencia entre esta y la cifra de tres mil euros.
Disposición transitoria tercera.  Sociedades nueva empresa existentes.
Las sociedades nueva empresa existentes a la entrada en vigor de esta ley se 
regirán por las disposiciones reguladoras de las sociedades de responsabilidad limitada 
y utilizarán la denominación SRL.
Disposición transitoria cuarta.  Periodo transitorio respecto a los servicios de 
financiación participativa prestados de conformidad con la Ley 5/2015, de 27 de abril, 
de fomento de la financiación empresarial.
Los proveedores de servicios de financiación participativa autorizados de 
conformidad con la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, 
deberán presentar ante la CNMV la documentación que justifique que cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, para poder continuar prestando los 
servicios de financiación participativa incluidos en el ámbito de aplicación de dicho 
Reglamento a partir del 10 de noviembre de 2022. Si transcurridos dos meses desde el 
acuse de recibo de la documentación por la CNMV esta no comunica objeción alguna a 
la entidad, se entenderá concedida la autorización por el procedimiento simplificado al 
que se refiere el artículo 12.11 del Reglamento (UE) 2020/1503. En caso de que se 
comunique una objeción por la CNMV, el plazo de dos meses anteriormente referido 
volverá a contar desde que se presentó la documentación necesaria para solventar la 
objeción.
Disposición transitoria quinta.  Pervivencia de convenios de establecimiento de Puntos 
de Atención al Emprendedor (PAE).
1. Los PAE ya establecidos antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por 
sus respectivos convenios.
2. Mientras no se regulen los procedimientos administrativos de adquisición y 
pérdida de la condición de PAE a los que se refiere el apartado Seis del artículo 5 de 
esta ley, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá prorrogar los convenios de 
establecimiento de PAE a los que se refiere el segundo apartado de la Disposición 
adicional segunda de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.
Disposición transitoria sexta.  Funciones del Consejo para la Unidad de Mercado.
La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios asume 
las funciones que hasta la entrada en vigor de esta ley ejercía el Consejo para la Unidad 
de Mercado, que se suprime.
La Secretaría para la Unidad de Mercado asume las funciones que hasta la entrada 
en vigor de esta ley ejercía la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, que se 
suprime.
Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de esta ley quedarán derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la misma, con excepción del 
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título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que 
quedará derogado con efectos desde el 10 de noviembre de 2022.
Disposición final primera.  Se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 3.d), que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Banco de España, Banco Central Europeo u otro Banco Central de un Estado 
miembro de la Unión Europea cuyo sistema esté conectado al del Banco de 
España en el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
No obstante, cuando se trate de un Depositario Central de Valores y no sea 
posible o no estén disponibles los recursos para efectuar la liquidación por medio 
de cuentas en un banco central de los señalados en este apartado, aquel podrá 
ofrecer liquidar los pagos de efectivo, para todos o parte de sus sistemas de 
liquidación de valores, a través de cuentas abiertas en una entidad de crédito o a 
través de sus propias cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 
del Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea 
y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.° 236/2012.»
Dos. Se suprime el apartado 3 del artículo 11.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado con el siguiente 
tenor literal:
«3.  Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen 
actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando 
exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. 
Asimismo, podrán excluirse, total o parcialmente, aquellos juegos de azar y los 
sujetos obligados de la letra h) del apartado 1 de este artículo, que presenten un 
bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.»
Dos.  Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 12, que queda redactado con 
el siguiente tenor literal:
«La identidad del cliente quede acreditada mediante la firma electrónica 
cualificada regulada en el Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y 
por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. En este caso no será necesaria la 
obtención de la copia del documento, si bien será preceptiva la conservación de 
los datos de identificación que justifiquen la validez del procedimiento. En el resto 
de casos, cuando la firma electrónica utilizada no reuniese los requisitos de la 
firma electrónica cualificada seguirá siendo preceptiva la obtención en un mes de 
una copia del documento de identificación.»
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Tres. Se modifica el artículo 32, que queda redactado con el siguiente tenor literal:
«Artículo 32.  Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el capítulo III de esta ley se encuentra amparado por 
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el 
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, no precisando del consentimiento del interesado.
Tampoco será necesario el consentimiento para las comunicaciones de datos 
previstas en el citado capítulo y, en particular, para las previstas en el artículo 24.2, 
quedando igualmente amparadas por el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1, y de conformidad con el 
artículo 14.5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, no será de aplicación al tratamiento de datos la 
obligación de información prevista en el artículo 14 del mencionado Reglamento 
en relación con los tratamientos a los que se refiere el apartado anterior.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no procederá la 
atención de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento en 
relación con los citados tratamientos. En caso de ejercicio de los citados derechos 
por el interesado, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo 
dispuesto en este artículo.
Lo dispuesto en el presente apartado será igualmente aplicable a los 
tratamientos llevados a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para el 
cumplimiento de las funciones que le otorga esta ley.
3. Los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 27 
tendrán la condición de encargados del tratamiento a los efectos previstos en la 
normativa de protección de datos personales.
Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior los tratamientos que 
llevasen a cabo los órganos centralizados de prevención de incorporación 
obligatoria en el ámbito de las funciones que se les atribuyan reglamentariamente. 
La norma reglamentaria especificará los supuestos en que estos órganos tengan 
la condición de responsables del tratamiento.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la 
protección de datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de 
adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán 
en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los 
datos.
En todo caso, el tratamiento deberá llevarse únicamente a cabo por los 
órganos a los que se refiere el artículo 26 ter de esta ley.
5. Serán de aplicación a los ficheros creados en aplicación de lo dispuesto en 
el capítulo III las medidas de seguridad y control reforzadas.»
Cuatro. Se incluye un artículo 32 ter con el siguiente tenor literal:
«1.  Los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría de las 
establecidas en el artículo 2 de esta ley podrán crear sistemas comunes de 
información, almacenamiento y, en su caso, acceso a la información y 
documentación recopilada para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia 
debida establecidas en el capítulo II, con excepción de la relacionada con el 
seguimiento continuo de la relación de negocios, regulada en el artículo 6.
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Los sujetos adheridos al sistema tendrán la condición de corresponsables del 
tratamiento a los efectos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en el artículo 29 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El mantenimiento de estos sistemas podrá encomendarse a un tercero, aun 
cuando no tenga la condición de sujeto obligado.
Los sujetos obligados corresponsables deberán comunicar a la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la intención de 
constituir estos sistemas al menos sesenta días antes de su puesta en 
funcionamiento. Esta comunicación no exime a las entidades financieras del 
cumplimiento de las obligaciones de notificación a que estén sujetas.
2. La comunicación de datos a los sistemas, así como el acceso a los datos 
incorporados a los mismos se encuentran amparados en lo dispuesto en el 
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en el 
artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Los sujetos obligados solo podrán acceder a la información facilitada por otro 
sujeto obligado en los supuestos en que la persona a la que se refieran los datos 
sea su cliente o el acceso a la información sea necesario para el cumplimiento de 
las obligaciones de identificación previas al establecimiento de la relación de 
negocios previstas en el artículo 3. En este supuesto, solo se accederá a los datos 
necesarios a tal efecto.
3. Los datos serán facilitados al sistema por los órganos de control interno 
previstos en el artículo 26 ter. Estos órganos canalizarán asimismo las solicitudes 
de acceso a los datos contenidos en el sistema.
En todo caso, los interesados deberán ser informados acerca de la 
comunicación de los datos al sistema, así como del acceso que pretendiese 
llevarse a cabo con carácter previo a que el mismo se produzca.
4. Los datos obtenidos como consecuencia del acceso al sistema 
únicamente podrán ser empleados para el cumplimiento por los sujetos obligados 
de lo dispuesto en el capítulo II de esta ley.
5. Corresponderá al sujeto obligado que hubiera proporcionado los datos al 
sistema responder de su exactitud y actualización, debiendo cumplir en su caso lo 
establecido en los artículos 17.2 y 19 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016. Conforme al artículo 26.3 del Reglamento (UE) 2016/679, los 
interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el citado Reglamento 
frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.
Cuando el sujeto obligado compruebe, a la vista de la información que él 
mismo hubiese recabado en cumplimiento de sus deberes de diligencia debida, 
que los datos a los que hubiese accedido son incorrectos o no están actualizados, 
lo comunicará al sistema a fin de que los datos sean objeto de actualización o 
rectificación en su caso.
Del mismo modo deberá proceder cuando aprecie que un documento 
incorporado al sistema deba ser sustituido por otro más reciente.
6. Sin perjuicio de las restantes medidas que deban adoptarse en 
cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, y el título VI de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
el sistema de información incorporará medidas que garanticen la trazabilidad de 
los accesos al mismo.
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias podrá autorizar el establecimiento de sistemas comunes en que 
participen varias categorías de sujetos obligados, delimitando dichas categorías y 
la información que podrá ser compartida.»
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Cinco. Se modifica el artículo 33 con el siguiente tenor literal:
«Artículo 33.  Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros 
centralizados de prevención del fraude.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2, cuando concurran 
riesgos extraordinarios identificados mediante los análisis de riesgos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo llevados a cabo por los sujetos 
obligados, o a través de la actividad de análisis e inteligencia financieros del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión, o del análisis de riesgo nacional en materia de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previo dictamen 
conforme de la Agencia Española de Protección de Datos, podrá acordar el 
intercambio de información referida a determinado tipo de operaciones distintas de 
las previstas en los artículos 18 y 19 o a clientes sujetos a determinadas 
circunstancias siempre que el mismo se produzca entre sujetos obligados que se 
encuentren en una o varias de las categorías previstas en el artículo 2.
El Acuerdo determinará en todo caso el tipo de operación o la categoría de 
cliente respecto de la que se autoriza el intercambio de información, así como las 
categorías de sujetos obligados que podrán intercambiar la información.
2. Asimismo, los sujetos obligados podrán intercambiar información relativa a 
las operaciones a las que se refiere el artículo 18 con la única finalidad de prevenir 
o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo cuando de las características u operativa del supuesto concreto se 
desprenda la posibilidad de que, una vez rechazada, pueda intentarse ante otros 
sujetos obligados el desarrollo de una operativa total o parcialmente similar a 
aquélla.
Quedarán excluidas aquellas operaciones que hayan sido objeto de devolución 
por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, conforme al artículo 18.2.
3. El tratamiento de los datos personales al que se refieren los dos apartados 
anteriores, cuando proceda, se encontrará amparado en lo dispuesto en el 
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 6.1 e) 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, no siendo preciso contar con el consentimiento del interesado.
4. De acuerdo con el artículo 24.1, y de conformidad con el artículo 14.5 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, no será de aplicación al tratamiento de datos la obligación de información 
prevista en el artículo 14 del Reglamento en relación con los tratamientos a los 
que se refieren los apartados 1 y 2.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679, 
no procederá la atención de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento en relación con los citados tratamientos. En caso de ejercicio de los 
citados derechos por el interesado, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de 
manifiesto lo dispuesto en este artículo.
5. Los sujetos obligados o quienes desarrollen los sistemas que sirvan de 
soporte al intercambio de información al que se refieren los apartados 1 y 2 
deberán realizar una evaluación de impacto en la protección de datos de los 
citados tratamientos a fin de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas 
para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos 
personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los 
accesos y comunicaciones de los datos.
El acceso a los datos quedará limitado a los órganos de control interno 
previstos en el artículo 26 ter, con inclusión de las unidades técnicas que 
constituyan los sujetos obligados.
6. Los sujetos obligados y las autoridades judiciales, policiales y 
administrativas competentes en materia de prevención o represión del blanqueo 
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de capitales o de la financiación del terrorismo podrán consultar la información 
contenida en los sistemas que fueren creados, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales, siempre que el 
acceso a dicha información fuere necesario para las finalidades descritas en los 
apartados anteriores.»
Seis.  Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 44 con el siguiente tenor 
literal:
«d)  Nombrar y cesar al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión. El 
nombramiento y cese se realizarán a propuesta de la persona titular de la 
Presidencia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias, previa consulta con el Banco de España.»
Siete. Se modifica el apartado 5 en el artículo 45 con el siguiente tenor literal:
«5.  El Banco de España, por los gastos que realice al amparo del 
presupuesto aprobado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias, formará una cuenta que, debidamente justificada, remitirá 
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La citada Dirección la 
abonará al Banco de España con cargo al concepto no presupuestario creado a tal 
efecto por la Intervención General de la Administración del Estado.
El saldo que presente el citado concepto será regularizado con cargo a los 
beneficios que el Banco de España ingresa anualmente en el Tesoro Público.»
Ocho. Se modifica el apartado 7 del artículo 61 con el siguiente tenor literal:
«La Secretaría de la Comisión informará a la Autoridad Bancaria Europea de 
todas las sanciones impuestas a las entidades de crédito y financieras, incluido 
cualquier recurso que se haya podido interponer contra las mismas y su 
resultado.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 5 quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.  Protección del cliente de entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito actuarán de manera honesta, imparcial, 
transparente y profesional, con respeto a los derechos y los intereses de la 
clientela.
Toda información dirigida a su clientela, incluida la de carácter publicitario, 
deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Además, las entidades de 
crédito deberán en todo momento mantener adecuadamente informados a sus 
clientes, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes, las disposiciones de 
desarrollo y el resto de la normativa aplicable.
2. Sin perjuicio de la reglas de cálculo de la TAE establecidas en el anexo II y 
la Ficha Europea de Información Normalizada recogida en el Anexo I de la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, la 
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 
el fin de proteger los legítimos intereses de los clientes de servicios a productos 
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bancarios, distintos de los de inversión, prestados por las entidades de crédito, y 
de los de préstamo objeto de dicha Ley, podrá dictar disposiciones relativas a:
a) La información precontractual que debe facilitarse a los clientes, la 
información y contenido de los contratos y las comunicaciones posteriores que 
permitan el seguimiento de los mismos, de modo que reflejen de forma explícita y 
con la máxima claridad los derechos y obligaciones de las partes, los riesgos 
derivados del servicio o producto para el cliente y las demás circunstancias 
necesarias para garantizar la transparencia de las condiciones más relevantes de 
los servicios o productos y permitir al cliente evaluar si estos se ajustan a sus 
necesidades y a su situación financiera. A tal efecto, los contratos de estos 
servicios o productos siempre se formalizarán por escrito o en formato electrónico 
o en otro soporte duradero y la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital podrá, en particular, fijar las cláusulas que 
los contratos referentes a servicios o productos bancarios típicos habrán de tratar 
o prever de forma expresa.
b) La transparencia de las condiciones básicas de comercialización o 
contratación de los servicios o productos bancarios que ofrecen las entidades de 
crédito y, en su caso, el deber y la forma en que deben comunicar tales 
condiciones a su clientela o al Banco de España. Se podrán establecer, asimismo, 
condiciones básicas de los servicios o productos bancarios de debido 
cumplimiento para las entidades de crédito. En particular, solo podrán percibirse 
comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados 
expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente 
prestados o gastos habidos que puedan acreditarse.
c) Los principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria 
de los servicios o productos bancarios, y las modalidades de control administrativo 
sobre la misma, con la finalidad de que esta resulte clara, suficiente, objetiva y no 
engañosa.
d) Las especialidades de la contratación de servicios o productos bancarios 
de forma electrónica o por otras vías de comunicación a distancia y la información 
que, al objeto de lo previsto en este artículo, debe figurar en las páginas 
electrónicas de las entidades de crédito.
e) El ámbito de aplicación de las normas dictadas al amparo de este artículo 
a cualesquiera contratos u operaciones de la naturaleza prevista en dichas 
normas, aun cuando la entidad que intervenga no tenga la condición de entidad de 
crédito.
f) La definición, el alcance y la aplicación de políticas, procedimientos y 
controles internos adecuados exigibles a las entidades de crédito para garantizar 
el debido cumplimiento de las obligaciones que la normativa de conducta y 
transparencia bancaria les impone, en particular, el desarrollo de lo establecido en 
el artículo 29.8.
3. En particular, en la comercialización de préstamos o créditos, la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá dictar 
normas que favorezcan:
a) La adecuada atención a los ingresos de los clientes en relación con los 
compromisos que adquieran al recibir un préstamo.
b) La adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias que 
aseguren los préstamos de forma que se contemplen mecanismos que eviten las 
influencias indebidas de la propia entidad o de sus filiales en la valoración.
c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de los tipos en los 
préstamos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales 
variaciones y todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales 
de referencia.
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d) La obtención y documentación apropiada de datos relevantes del 
solicitante.
e) La información precontractual y asistencia apropiadas para el cliente.
f) El respeto de las normas de protección de datos.
4. Sin perjuicio de la libertad contractual, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital podrá efectuar, por sí o a través del Banco 
de España, la publicación regular, con carácter oficial, de determinados índices o 
tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados por las entidades de 
crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso de créditos o 
préstamos hipotecarios. Los citados índices o tipos de referencia deberán ser 
claros, accesibles, objetivos y verificables.
Los proveedores de estos índices para el cálculo de los tipos deudores y los 
prestamistas deberán conservar registros históricos de dichos índices.
5. Las disposiciones que en el ejercicio de sus competencias puedan dictar 
las Comunidades Autónomas sobre las materias contempladas en este artículo no 
podrán establecer un nivel de protección inferior al dispensado en las normas que 
apruebe la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Asimismo, podrán establecerse con carácter básico modelos normalizados 
de información que no podrán ser modificados por la normativa autonómica, en 
aras de la adecuada transparencia y homogeneidad de la información 
suministrada a los clientes de servicios o productos bancarios.
6. Las normas dictadas al amparo de lo previsto en este artículo serán 
consideradas normativa de ordenación y disciplina y su supervisión corresponderá 
al Banco de España.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 13 con el siguiente tenor literal:
«4.  La prestación de servicios sin sucursal abierta en España por entidades 
de crédito con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea quedará sujeta 
a autorización previa del Banco de España en la forma que reglamentariamente se 
determine.
Las entidades de crédito autorizadas de conformidad con lo previsto en este 
apartado tendrán prohibido captar depósitos u otros fondos reembolsables del 
público.»
Tres. Se añade un apartado 8 al artículo 29 con la siguiente redacción:
«8.  Como parte de los sistemas, procedimientos y mecanismos de gobierno 
corporativo, las entidades de crédito deberán definir y establecer aquellas otras 
políticas y procedimientos de organización que les resulten exigibles para la 
efectiva aplicación y el mejor cumplimiento de la normativa de ordenación y 
disciplina reguladora de la conducta de las entidades y la protección de la clientela 
bancaria.
En particular, las entidades de crédito se dotarán de políticas y procedimientos, 
incluidos mecanismos adecuados de control interno, en materia de:
a) Gobernanza y vigilancia de productos, a fin de garantizar que los 
productos y servicios bancarios se diseñan teniendo en cuenta las necesidades, 
características y objetivos del mercado objetivo al que van destinados, y se 
comercializan a través de canales adecuados.
b) Remuneraciones de las personas involucradas en la comercialización de 
productos y servicios bancarios. En todo caso, las políticas de remuneraciones de 
la entidad estarán orientadas a incentivar una conducta responsable y un trato 
justo de los clientes, y a evitar los conflictos de intereses.
c) Prácticas de ventas vinculadas y combinadas de productos a clientes 
minoristas.»
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Cuatro. La letra x) del artículo 92 queda redactada del siguiente modo:
«x)  Incumplir el artículo 29.8 o el artículo 5 o las normas que los desarrollen, 
siempre que, por el número de afectados, la reiteración de la conducta o los 
efectos sobre la confianza o intereses de la clientela y la estabilidad del sistema 
financiero, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente 
relevantes.»
Disposición final cuarta.  Título competencial.
Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la 
regulación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, recogida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución con las siguientes 
excepciones:
a) Los artículos 3 y 4 y la disposición adicional tercera de la ley se dictan en virtud 
de la competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución confiere al Estado en 
materia de ordenación de los registros públicos.
b) El artículo 7 se incardina en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.
c) A los artículos de la ley que contienen normas modificativas de disposiciones 
vigentes se les aplicará el fundamento competencial expresado en la norma objeto de 
modificación.
Disposición final quinta.  Carácter básico.
No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del 
Estado y al sector público estatal las modificaciones efectuadas por el artículo 6 de esta 
ley en:
a) El apartado 4 del artículo 14 del capítulo III de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
relativo a la valoración del impacto de unidad de mercado en las memorias de análisis de 
impacto normativo.
b) El artículo 15 del capítulo III de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, sobre la 
evaluación periódica de la normativa.
c) La disposición adicional sexta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, relativa a la 
evaluación normativa de unidad de mercado.
Disposición final sexta.  Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
El Gobierno,  en el plazo  de seis meses  desde  la entrada  en vigor  de esta ley, 
creará  y regulará  el Observatorio  Estatal  de la Morosidad  Privada  mediante  real 
decreto,  en el marco  del Consejo  Estatal  de la PYME.  El Observatorio  integrará 
asociaciones  de ámbito  nacional,  autonómico  o local;  interlocutores  sociales  e 
instituciones  relacionadas  con la morosidad  y realizará  el seguimiento  de la 
evolución  de la morosidad  en las operaciones  comerciales  y, en particular,  será el 
encargado de desempeñar las siguientes funciones:
a) Seguimiento de la evolución de los periodos medios de pago y la morosidad en 
las operaciones comerciales, en aplicación de la regulación europea y nacional.
b) Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas comerciales, campañas 
de concienciación, formación e información, con el fin de contribuir a generar una cultura 
de pagos responsable.
c) Seguimiento y aplicación de las directrices de la Unión Europea en esta materia 
y, en su caso, de las del Observatorio Europeo de la Morosidad.
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d) Publicación  anual  de un listado  de empresas  que hayan  incumplido  los 
plazos  de pago  conforme  a la Ley 3/2004,  de 29 de diciembre,  por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales u 
otra normativa  sectorial  de aplicación,  y en las que, como  mínimo,  concurran  las 
siguientes circunstancias:
– Que a 31 de diciembre del año anterior el importe total de facturas impagadas 
dentro del plazo establecido por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o la normativa sectorial que 
sea de aplicación supere el importe de 600.000 euros;
– Que el porcentaje de facturas pagadas por la empresa durante el ejercicio anterior 
en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad sobre el total 
de pagos a proveedores sea inferior al noventa por ciento; y
– Que se trate de sociedades con personalidad jurídica que, de acuerdo con la 
normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
El listado incluirá la denominación social de la empresa, su número de identificación 
fiscal y las cantidades impagadas dentro de los plazos establecidos por la normativa de 
morosidad. Reglamentariamente se determinará la información adicional a incluir en su 
caso, el procedimiento de información y alegaciones para los afectados así como el 
medio y permanencia de la publicación del listado.
Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en esta ley, 
en el ámbito de sus competencias.
En particular, en relación con lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los Ministerios 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública, en el 
ámbito de sus competencias, determinarán los requisitos técnicos y de información a 
incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los 
periodos medios de pago, los requisitos de interoperabilidad mínima entre los 
prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, y los requisitos de 
seguridad, control y estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que 
generen los documentos.
Estos requisitos técnicos deberán tener en cuenta la realidad actual del uso de 
facturas electrónicas estructuradas basadas en estándares globales de forma que se 
minimice, en lo posible, el esfuerzo de cumplimiento y adaptación de las empresas que 
ya usan facturas electrónicas estructuradas basadas en dichos estándares.
El plazo para aprobar estos desarrollos reglamentarios será de seis meses a contar 
desde la publicación en el BOE de la presente ley.
Este desarrollo se realizará admitiendo como válidas, al menos, la lista de sintaxis 
contenida en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1870 de la Comisión, de 16 de octubre 
de 2017, sobre la publicación de la referencia de la norma europea sobre facturación 
electrónica y la lista de sus sintaxis de conformidad con la Directiva 2014/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
Previo a la aprobación del desarrollo reglamentario, el Gobierno abrirá un período de 
exposición pública del reglamento regulador de la factura electrónica, a efecto de 
presentación de alegaciones por parte de los interesados.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente  ley entrará  en vigor  a los veinte  días de su publicación  en el 
«Boletín Oficial del Estado», a excepción del capítulo V que entrará en vigor a partir 
del 10 de noviembre  de 2022  y del artículo  12, relativo  a la facturación  electrónica 
entre  empresarios  y profesionales,  que producirá  efectos,  para  los empresarios  y 
profesionales  cuya  facturación  anual  sea superior  a ocho  millones  de euros,  al año 
de aprobarse  el desarrollo  reglamentario.  Para  el resto  de los empresarios  y 
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profesionales,  este artículo  producirá  efectos  a los dos años  de aprobarse  el 
desarrollo  reglamentario.  La entrada  en vigor  del artículo  12 está supeditada  a la 
obtención  de la excepción  comunitaria  a los artículos  218 y 232 de la 
Directiva  2006/112/CE  del Consejo,  de 28 de noviembre  de 2006,  relativa  al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 28 de septiembre de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X