BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77  Martes 31 de marzo de 2015  Sec. I.   Pág. 27177
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3440 Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de 
terrorismo.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica.
PREÁMBULO
La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 
de septiembre de 2014, recoge la honda preocupación de la comunidad internacional por 
el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a 
cometer atentados en todas las regiones del mundo. En el catálogo de medidas que 
constituyen la parte dispositiva de esta Resolución, aparece en el punto sexto un 
recordatorio de la Resolución 1373 (2001), en virtud de la cual todos los Estados 
miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la 
financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo 
a esos actos. Tras este recordatorio, la Resolución 2178 pide a los Estados que se 
cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos 
graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas 
terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad 
del delito.
Las acciones terroristas a las que alude detalladamente la Resolución 2178 
constituyen el máximo exponente de las nuevas amenazas que el terrorismo internacional 
plantea a las sociedades abiertas y que pretenden poner en riesgo los pilares en los que 
se sustenta el Estado de Derecho y el marco de convivencia de las democracias del 
mundo entero.
El terrorismo internacional de corte yihadista se caracteriza, precisamente, por haber 
incorporado esas nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de 
captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel 
contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como 
enemigos. Estas nuevas amenazas deben, por tanto, ser combatidas con la herramienta 
más eficaz que los demócratas pueden emplear frente al fanatismo totalitario de los 
terroristas: la ley.
Este terrorismo se caracteriza por su vocación de expansión internacional, a través de 
líderes carismáticos que difunden sus mensajes y consignas por medio de internet y, 
especialmente, mediante el uso de redes sociales, haciendo público un mensaje de 
extrema crueldad que pretende provocar terror en la población o en parte de ella y 
realizando un llamamiento a sus adeptos de todo el mundo para que cometan atentados.
Los destinatarios de estos mensajes pueden ser individuos que, tras su radicalización 
y adoctrinamiento, intenten perpetrar ataques contra los objetivos señalados, incluyendo 
atentados suicidas.
No menos importante es el fenómeno de los combatientes terroristas desplazados 
que deciden unirse a las filas de las organizaciones terroristas internacionales o de sus 
filiales en alguno de los escenarios de conflicto bélico en que los yihadistas están 
participando, singularmente, Siria e Irak. Este fenómeno de los combatientes terroristas 
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desplazados es, en este momento, una de las mayores amenazas a la seguridad de toda 
la comunidad internacional y de la Unión Europea en particular, toda vez que éstos se 
desplazan para adiestrarse en el manejo de armas y explosivos, adquirir la capacitación 
necesaria y ponerse a las órdenes de los grupos terroristas.
La experiencia de la lucha contra el terrorismo en España nos ha permitido contar con 
una legislación penal eficaz en la respuesta al terrorismo protagonizado por bandas 
armadas como ETA o el GRAPO, esto es, grupos terroristas cohesionados alrededor de 
uno o varios líderes, con estructura orgánica clara, reparto de roles dentro de la 
organización y relaciones de jerarquía definidas y asumidas por los integrantes del grupo 
terrorista. La respuesta penal al terrorismo se articulaba, por tanto, en la sanción de 
quienes pertenecían, actuaban al servicio o colaboraban con organizaciones o grupos 
terroristas. El eje del tratamiento penal del terrorismo era, por tanto, la definición de la 
organización o grupo terrorista y la tipificación de aquellas conductas que cometían 
quienes se integraban en ellas o, de alguna forma, prestaban su colaboración.
El Código Penal no debe, en ningún caso, perder esa perspectiva de tipificación de 
las conductas articuladas en torno a organizaciones o grupos terroristas, pero es evidente 
que las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al 
fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que constituyen la principal 
preocupación de la comunidad internacional, en línea con la Resolución 2178 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas anteriormente citada.
Esta Ley Orgánica modifica el Capítulo VII del título XXII del libro II de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de tal forma que el rigor de la 
respuesta penal frente a crímenes tan graves contemple, además de las modalidades de 
terrorismo ya conocidas, las que proceden de las nuevas amenazas.
El Capítulo VII del título XXII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, se divide en dos secciones y comprende los artículos 571 a 580.
La sección 1.ª lleva por rúbrica «De las organizaciones y grupos terroristas» y mantiene 
la misma lógica punitiva que la regulación hasta ahora vigente, estableciendo la definición 
de organización o grupo terrorista y la pena que corresponde a quienes promueven, 
constituyen, organizan o dirigen estos grupos o a quienes se integran en ellos.
La sección 2.a lleva por rúbrica «De los delitos de terrorismo» y comienza con una 
nueva definición de delito de terrorismo en el artículo 573 que se inspira en la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de 
noviembre de 2008. La definición establece que la comisión de cualquier delito grave 
contra los bienes jurídicos que se enumeran en el apartado 1 constituye delito de 
terrorismo cuando se lleve a cabo con alguna de las finalidades que se especifican en el 
mismo artículo: l.ª)  Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar 
gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras 
económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a 
abstenerse de hacerlo; 2.ª) Alterar gravemente la paz pública; 3.a) Desestabilizar 
gravemente el funcionamiento de una organización internacional; 4.ª)  Provocar un 
estado de terror en la población o en una parte de ella.
El artículo 573 bis establece la pena que corresponde a cada delito de terrorismo, 
partiendo de que si se causa la muerte de una persona se aplicará la pena de prisión por 
el tiempo máximo previsto en el Código Penal.
El artículo 574 establece la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas con 
el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación 
o empleo de los mismos, cuando se persigan las finalidades enumeradas en el apartado 1 
del artículo 573. Se recoge de manera particular la agravación de la pena cuando se trate 
de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o 
cualesquiera otros de similar potencia destructiva.
El artículo 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en 
el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el 
adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención al que se realiza a través 
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de internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige, para ser 
considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro que 
estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir 
sus fines. También se tipifica en este precepto el fenómeno de los combatientes terroristas 
extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una organización terrorista o 
para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero.
El artículo 576 establece la pena para las conductas relacionadas con la financiación 
del terrorismo incluyendo a quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, 
adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes 
o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que 
serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos 
en este Capítulo. La tipificación incluye las formas imprudentes de comisión del delito, 
como la negligente omisión de los deberes emanados de la normativa sobre blanqueo de 
capitales y prevención de la financiación del terrorismo.
El artículo 577 recoge la tipificación y sanción de las formas de colaboración con 
organizaciones, grupos o elementos terroristas, o que estén dirigidas a cometer un delito 
de terrorismo. Se contemplan específicamente las acciones de captación y reclutamiento 
al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando la pena cuando se dirigen a 
menores, a personas necesitadas de especial protección o a mujeres víctima de trata.
En los artículos 578 y 579 se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del 
terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como 
la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de 
terrorismo. En la tipificación de estas conductas se tiene en especial consideración el 
supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al 
público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de 
comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información, 
articulando, además, la posibilidad de que los jueces puedan acordar como medida 
cautelar la retirada de estos contenidos.
El artículo 579 bis incorpora, siempre que se den las circunstancias enumeradas en 
dicho precepto, las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación 
especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo 
libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. Además, se prevé la posibilidad 
de atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades 
delictivas y colaboren con las autoridades, y también en el caso de que el hecho sea 
objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
Finalmente, el artículo 580 contempla que, en todos los delitos de terrorismo, la 
condena de un juez o tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o 
tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.
Artículo único.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.
Se modifica el Capítulo VII del título XXII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, que queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO VII
De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo
Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas
Artículo 571.
A los efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos terroristas 
aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente 
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establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la 
comisión de alguno de los delitos tipificados en la sección siguiente.
Artículo 572.
1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización 
o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.
2. Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran 
parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años.
Sección 2.ª De los delitos de terrorismo
Artículo 573.
1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave 
contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e 
indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la 
salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y 
tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el 
presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de 
transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de 
las siguientes finalidades:
1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 
sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a 
abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 
internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 
tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos 
se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.
3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los 
delitos tipificados en este Capítulo.
Artículo 573 bis.
1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo 
anterior serán castigados con las siguientes penas:
1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se 
causara la muerte de una persona.
2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de 
secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona.
3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del 
artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 
o 158, el secuestro de una persona, o estragos o incendio de los previstos 
respectivamente en los artículos 346 y 351.
4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, 
o se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona.
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5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, 
pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro de los 
delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
2. Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran 
contra las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o 
contra empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias.
3. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior se castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista 
en los correspondientes artículos.
4. El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como 
los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo 
terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena 
superior en grado a las previstas para tales delitos.
Artículo 574.
1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o 
aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, 
así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la 
mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios 
adecuados, serán castigados con la pena de prisión de ocho a quince años cuando 
los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 
del artículo 573.
2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de 
armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o 
cualesquiera otros de similar potencia destructiva.
3. Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión 
quienes, con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas 
químicas o biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o 
manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos 
productores de radiaciones ionizantes.
Artículo 575.
1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la 
finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en 
este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en 
técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación 
de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o 
específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.
2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de 
capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a 
cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.
Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 
habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o 
contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones 
electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la 
incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera 
de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se 
acceda a los contenidos desde el territorio español.
Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, 
adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, 
resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista 
o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.
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3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar 
con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero 
controlado por un grupo u organización terrorista.
Artículo 576.
1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del 
triple al quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, 
recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra 
actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, 
o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera 
de los delitos comprendidos en este Capítulo.
2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del 
responsable del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. 
Si llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el 
hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos.
3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera 
llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad 
documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán 
con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer 
además la que proceda conforme a los apartados anteriores.
4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la 
autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé 
lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no 
sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1 
será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él.
5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona 
jurídica sea responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán 
las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista 
una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.
Artículo 577.
1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de 
dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de 
colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o 
elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este 
Capítulo.
En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, 
bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de 
alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la 
organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de 
servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda 
a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a 
que se refiere el párrafo anterior.
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Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo 
anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de 
las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si 
se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho 
como coautoría o complicidad, según los casos.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven 
a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que 
esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a 
una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo.
Asimismo se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o 
instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas 
o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente 
adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573, con la 
intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello.
Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior 
en grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a 
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o 
esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de imponer las que 
además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.
3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización 
o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en 
este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena de 
prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses.
Artículo 578.
1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en 
los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la 
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 
víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de 
prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también 
podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, 
alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de 
servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, 
internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el 
uso de tecnologías de la información.
3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 
alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o 
temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que 
podrá elevarse hasta la superior en grado.
4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 
archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera 
cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la 
información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.
Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos 
accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. 
Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que 
retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces 
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que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que 
concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la 
relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.
b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los 
que se refieren los apartados anteriores.
5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas 
por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.
Artículo 579.
1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para 
el delito de que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes 
o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para 
incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo.
2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia 
de personas, incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo, 
así como a quien solicite a otra persona que los cometa.
3. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer 
alguno de los delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la pena 
inferior en uno o dos grados a la que corresponda respectivamente a los hechos 
previstos en este Capítulo.
4. En los casos previstos en este precepto, los jueces o tribunales podrán 
adoptar las medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.
Artículo 579 bis.
1. El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las 
penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también 
castigado, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los 
cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente, con las penas de 
inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en 
los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y 
veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su 
caso en la sentencia.
2. Al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos 
comprendidos en este Capítulo se le impondrá además la medida de libertad 
vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de libertad 
fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que 
no sea grave, y su autor hubiere delinquido por primera vez, el tribunal podrá 
imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a su menor peligrosidad.
3. En los delitos previstos en este Capítulo, los jueces y tribunales, 
razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a 
la señalada para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado 
voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades 
confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con éstas 
para impedir la producción del delito, o coadyuve eficazmente a la obtención de 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para 
impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, grupos u otros elementos 
terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.
4. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias 
concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada 
en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de 
menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
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Artículo 580.
En todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero 
será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos 
de aplicación de la agravante de reincidencia.»
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.
Se modifica el apartado 4 e) 2.º del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:
«2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o 
se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o 
con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un 
delito de terrorismo;»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de legislación 
penal que atribuye al Estado el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día 1 de julio de 2015.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.
Sevilla, 30 de marzo de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
cve: BOE-A-2015-3440
http://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL  DEL  ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X