Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 
2003/35/CE).
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 171, de 19 de julio de 2006
Referencia: BOE-A-2006-13010
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 26 de enero de 2008
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de 
cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que 
comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a 
exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la 
adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio 
ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y respetar ese 
mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan 
participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de 
los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significación la participación en 
el proceso de toma de decisiones públicas. Pues la participación, que con carácter general 
consagra el artículo 9.2 de la Constitución, y para el ámbito administrativo el artículo 105, 
garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia 
en la gestión de los asuntos públicos.
La definición jurídica de esta participación y su instrumentación a través de herramientas 
legales que la hagan realmente efectiva constituyen en la actualidad uno de los terrenos en 
los que con mayor intensidad ha progresado el Derecho medioambiental internacional y, por 
extensión, el Derecho Comunitario y el de los Estados que integran la Unión Europea. En 
esta línea, debe destacarse el Convenio de la Comisión Económica para Europa de 
Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de 
junio de 1998. Conocido como Convenio de Aarhus, parte del siguiente postulado: para que 
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los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el 
deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental 
relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de 
carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean 
negados. Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio 
de Aarhus:
- El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la 
concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento 
indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. Se 
divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las 
autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte 
de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que 
medie una petición previa.
- El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones, que se 
extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la 
aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter general de 
rango legal o reglamentario.
- El tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho de 
acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales 
para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en 
materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. Se pretende así asegurar 
y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela judicial, la efectividad de los 
derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos y, por ende, la propia ejecución del 
Convenio. Finalmente, se introduce una previsión que habilitaría al público a entablar 
procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión 
imputable, bien a otro particular, bien a una autoridad pública, que constituya una 
vulneración de la legislación ambiental nacional.
España ratificó el Convenio de Aarhus en diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de 
marzo de 2005. La propia Unión Europea, al igual que todos los Estados miembros, también 
firmó este Convenio, si bien condicionó su ratificación a la adecuación previa del derecho 
comunitario a las estipulaciones contenidas en aquél, lo que efectivamente ya se ha 
producido: en efecto, la tarea legislativa emprendida por la Unión Europea ha dado como 
resultado un proyecto de Reglamento comunitario por el que se regula la aplicación del 
Convenio al funcionamiento de las Instituciones comunitarias, y dos Directivas a través de 
las cuales se incorporan de manera armonizada para el conjunto de la Unión las 
obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a la información y de participación en 
los asuntos ambientales. Se trata de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y 
por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y de la Directiva 2003/35/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación 
pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. En consecuencia, el 
objeto de esta Ley es definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos 
asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de dichas Directivas 
al ordenamiento interno.
La Ley se estructura en cuatro Títulos. El primero se ocupa de las disposiciones 
generales, identificando como objeto de la norma el reconocimiento de los derechos de 
acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia, derechos que, a fin de 
facilitar su ejercicio, aparecen catalogados de forma sistemática con independencia de que 
su regulación concreta se recoja en esta Ley o en la normativa sectorial. En este primer 
Título se recogen igualmente aquellas definiciones necesarias para la mejor comprensión y 
aplicación de la Ley. Destaca la distinción legal entre los conceptos de «público» en general, 
referido al conjunto de los ciudadanos y de sus asociaciones y agrupaciones, y el de 
«persona interesada», que refuerza el mismo concepto ya recogido en la legislación 
administrativa con la atribución de esta condición, en todo caso, a aquellas personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que se dedican a la protección y defensa del medio ambiente y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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que acrediten el cumplimiento de unos requisitos mínimos, dirigidos a perfilar una actuación 
rigurosa en este ámbito.
El Título II contiene la regulación específica del derecho de acceso a la información 
ambiental, en su doble faceta de suministro activo y pasivo de información. En la primera 
vertiente, se obliga a las Administraciones Públicas a informar a los ciudadanos sobre los 
derechos que les reconoce la Ley y a ayudarles en la búsqueda de la información, al tiempo 
que se impone la obligación de elaborar listas de las autoridades públicas que poseen 
información ambiental, que deberán ser públicamente accesibles con el fin de que los 
ciudadanos puedan localizar la información que precisan con la mayor facilidad. Se amplía 
considerablemente el tipo de información objeto de difusión, identificando unos mínimos de 
obligado cumplimiento en función de su importancia y de su urgencia. Además, para evitar y 
prevenir daños en caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente, 
deberá difundirse la información que permita adoptar las medidas necesarias para paliar o 
prevenir el daño. En cuanto a la segunda vertiente, la Ley pretende superar algunas de las 
dificultades detectadas en la práctica anterior, de forma que la obligación de suministrar la 
información no deriva del ejercicio de una competencia sustantiva sino del hecho de que la 
información solicitada obre en poder de la autoridad a la que se ha dirigido la solicitud, o del 
de otro sujeto en su nombre. Se reduce el plazo de contestación a un mes y sólo podrá 
ampliarse cuando el volumen y la complejidad de la información lo justifiquen. También la 
regulación de las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental supone un 
avance notable, puesto que la denegación no opera automáticamente, sino que la autoridad 
pública deberá ponderar en cada caso los intereses públicos en presencia, y justificar la 
negativa a suministrar la información solicitada. Y, en todo caso, los motivos de excepción 
deberán interpretarse de manera restrictiva.
El Título III de la Ley se ocupa del derecho de participación pública en los asuntos de 
carácter ambiental en relación con la elaboración, revisión o modificación de determinados 
planes, programas y disposiciones de carácter general. La regulación de las demás 
modalidades de participación previstas en el Convenio y en la legislación comunitaria 
(procedimientos administrativos que deben tramitarse para la concesión de autorizaciones 
ambientales integradas, para evaluar el impacto ambiental de ciertos proyectos, para llevar a 
cabo la evaluación ambiental estratégica de determinados planes y programas o para 
elaborar y aprobar los planes y programas previstos en la legislación de aguas) se difiere a 
la legislación sectorial correspondiente. Este Título se cierra con un artículo a través del cual 
se regulan las funciones y la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Al ser un ámbito de competencia compartida con las Comunidades Autónomas, la Ley no 
regula procedimiento alguno, sino que se limita a establecer el deber general de promover la 
participación real y efectiva del público; serán las Administraciones públicas las que, al 
establecer y tramitar los correspondientes procedimientos, habrán de velar por el 
cumplimiento de una serie de garantías reconocidas tanto por la legislación comunitaria 
como por el Convenio de Aarhus, que la Ley enuncia como principios informadores de la 
actuación pública en esta materia: hacer públicamente accesible la información relevante 
sobre el plan, programa o disposición normativa; informar del derecho a participar y de la 
forma en la que lo pueden hacer; reconocer el derecho a formular observaciones y 
comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aún abiertas 
todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse; justificar la decisión finalmente 
adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trámite de participación. En ambos 
casos, corresponderá a cada Administración determinar qué miembros del público tienen la 
condición de persona interesada y pueden, por consiguiente, participar en tales 
procedimientos. La Ley establece que se entenderá que tienen en todo caso tal condición las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a la protección del medio ambiente y 
cumplan los demás requisitos previstos por la Ley en su artículo 23. Estas garantías en 
materia de participación serán de aplicación, según dispone el artículo 17, en relación con 
aquellos planes y programas previstos en la Directiva 2003/35/CE. En cuanto a los 
procedimientos de elaboración de disposiciones reglamentarias, el artículo 18 incorpora una 
lista abierta en la que se enumeran las materias en cuya regulación deberán observarse los 
principios y garantías que en materia de participación establece la Ley. Se excluyen, no 
obstante, las normas que tengan como único objetivo la defensa nacional o la protección BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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civil, las que persiguen exclusivamente la aprobación de planes y programas y las que 
supongan modificaciones no sustanciales de normas ya existentes.
El Título IV y último de la Ley se ocupa del acceso a la justicia y a la tutela administrativa 
y tiene por objeto asegurar y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela judicial 
y administrativa, la efectividad de los derechos de información y participación. Así, el artículo 
20 reconoce el derecho a recurrir en vía administrativa o contencioso-administrativa 
cualquier acto u omisión imputable a una autoridad pública que suponga una vulneración de 
estos derechos. Estos recursos se rigen por el régimen general; no obstante, el artículo 21 
regula un tipo de reclamación específica para las vulneraciones cometidas por sujetos 
privados sometidos por la Ley a los deberes de suministrar información medioambiental. 
Asimismo, la Ley incorpora la previsión del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus e introduce 
una especie de acción popular cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente, que se hubieran constituido 
legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y desarrollen su actividad en 
el ámbito territorial afectado por el acto u omisión impugnados. Se consagra definitivamente, 
de esta manera, una legitimación legal para tutelar un interés difuso como es la protección 
del medio ambiente a favor de aquellas organizaciones cuyo objeto social es, precisamente, 
la tutela de los recursos naturales.
Dentro de la parte final, destacan las modificaciones operadas, respectivamente, en el 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y 
en la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
Ambas traen causa de la Directiva 2003/35, cuya transposición es abordada por las 
disposiciones finales primera y segunda de la Ley con el objeto de adecuar ambas normas a 
las reglas sobre participación previstas en el Convenio de Aarhus y asumidas por el 
legislador comunitario a través de la mencionada Directiva.
Por último, los títulos competenciales se recogen en la disposición final tercera. Así, esta 
Ley se dicta, en su mayor parte, al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, si bien 
es preciso invocar el artículo 149.1.14.ª de la Constitución en relación con las tasas y precios 
que corresponda satisfacer a los solicitantes de información ambiental en el ámbito de la 
Administración General del Estado, el artículo 149.1.18.ª, en lo relativo a recursos en vía 
administrativa que puedan presentarse por vulneración de los derechos de información y 
participación reconocidos en la Ley, y el artículo 149.1.6.ª, por lo que respecta a la acción 
popular en materia de medio ambiente.
Atendiendo a la distribución de competencias en materia de medio ambiente, y al 
amparo de la competencia que el artículo 149.1.23.ª de la Constitución atribuye al Estado, la 
Ley se limita a establecer aquellas garantías y principios que deben ser observados por 
todas las autoridades públicas ante las que pretendan ejercerse los derechos de acceso a la 
información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sin entrar a 
regular el procedimiento para su ejercicio. Pues en la medida en que se reconocen derechos 
que contribuyen a hacer efectivos los derechos, pero también los deberes, proclamados en 
el artículo 45 de la Constitución, constituyen una herramienta decisiva para reforzar la 
participación de la sociedad civil en el proceso político de toma de decisiones, ya que la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible depende, en buena medida, de la 
efectiva participación de la sociedad civil en el proceso político decisorio, de manera que 
durante el debate se hayan tenido en cuenta las informaciones y aportaciones que haya 
podido realizar cualquier persona interesada y en el resultado final sean palpables y 
tangibles las preocupaciones y consideraciones de carácter medioambiental.
Esta idea, expresamente recogida en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, cuyo principio número 10 establece que la mejor manera de 
gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos, 
encuentra su razón de ser última en la necesidad de avanzar hacia la transformación del 
modelo de desarrollo, basada en planteamientos democráticos que postulan la participación 
activa, real y efectiva de la sociedad civil como única vía para, en primer lugar, legitimar las 
decisiones que se hayan de adoptar y, en segundo lugar, garantizar su acierto y eficacia en 
el terreno práctico.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes derechos:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o 
en el de otros sujetos que la posean en su nombre.
b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que 
incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación 
corresponda a las Administraciones Públicas.
c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a 
cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa 
medioambiental
2. Esta ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de la 
información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de 
tecnología lo más amplia posible.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
1. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones 
y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
2. Personas interesadas:
a) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 23 de esta Ley.
3. Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o 
en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:
a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, 
el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas 
marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos 
modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.
b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos 
los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que 
afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).
c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, 
programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan 
afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las 
medidas destinadas a proteger estos elementos.
d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter 
económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas 
en la letra c), y
f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la 
contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio 
histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por 
el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos 
elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).
4. Autoridades públicas:
1. Tendrán la condición de autoridad pública a los efectos de esta Ley:
a) El Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho 
Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las Comunidades 
Autónomas o a las Entidades locales.
c) Los órganos públicos consultivos.
d) Las Corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando 
ejerzan, con arreglo a la legislación vigente, funciones públicas, incluidos Notarios y 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
2. Tendrán la condición de autoridad pública, a los solos efectos de lo previsto en los 
Títulos I y II de esta Ley, las personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades 
públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos relacionados con el medio 
ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, órganos o instituciones previstos 
en el apartado anterior.
3. Quedan excluidos del concepto de autoridad pública las entidades, órganos o 
instituciones cuando actúen en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales. En todo 
caso, cuando actúen en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales, quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de esta Ley las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional, los juzgados y tribunales que integran 
el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las 
Comunidades Autónomas.
5. Información que obra en poder de las autoridades públicas: información ambiental que 
dichas autoridades posean y haya sido recibida o elaborada por ellas.
6. Información poseída en nombre de las autoridades públicas: información ambiental 
que obra físicamente en poder de una persona jurídica o física en nombre de una autoridad 
pública.
7. Solicitante: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones y grupos, que solicite información ambiental, requisito suficiente para 
adquirir, a efectos de lo establecido en el Título II, la condición de interesado.
Artículo 3.  Derechos en materia de medio ambiente.
Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus 
relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo 
establecido en el artículo 7 del Código Civil:
1) En relación con el acceso a la información:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o 
en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés 
determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.
b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorados 
para su correcto ejercicio.
c) A ser asistidos en su búsqueda de información.
d) A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el artículo 
10.
e) A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los 
términos previstos en el artículo 11.
f) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o 
parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la 
forma o formato solicitados.
g) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la 
recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede 
exigir o dispensar el pago.
2) En relación con la participación pública:
a) A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de 
aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio 
ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos 
planes, programas y disposiciones de carácter general.
c) A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones 
y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o 
disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la 
Administración Pública correspondiente.
d) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha 
participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión 
adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
e) A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las 
autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la 
contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en 
materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones 
de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así 
como en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación 
sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.
3) En relación con el acceso a la justicia y a la tutela administrativa:
a) A recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que 
contravengan los derechos que esta Ley reconoce en materia de información y de 
participación pública.
b) A ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las 
autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los 
términos previstos en esta Ley.
4) Cualquier otro que reconozca la Constitución o las leyes.
Artículo 4.  Colaboración interadministrativa.
Las Administraciones Públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un 
efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley. A tal efecto, ajustarán sus 
actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración.
TÍTULO II
Derecho de acceso a la información ambiental
CAPÍTULO I
Obligaciones de las autoridades públicas en materia de información ambiental
Artículo 5.  Obligaciones generales en materia de información ambiental.
1. Las Administraciones públicas deberán realizar las siguientes actuaciones:
a) Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la 
presente Ley, así como de las vías para ejercitar tales derechos.
b) Facilitar información para su correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en 
la medida en que resulte posible.
c) Elaborar listas de autoridades públicas en atención a la información ambiental que 
obre en su poder, las cuales se harán públicamente accesibles. A tal efecto, existirá al 
menos una lista unificada de autoridades públicas por cada Comunidad Autónoma.
d) Garantizar que su personal asista al público cuando trate de acceder a la información 
ambiental.
e) Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para 
facilitar el acceso a la información.
f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de 
información ambiental.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Las autoridades públicas velarán porque, en la medida de sus posibilidades, la 
información recogida por ellas o la recogida en su nombre esté actualizada y sea precisa y 
susceptible de comparación.
3. Las autoridades públicas adoptarán cuantas medidas sean necesarias para hacer 
efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y, entre ellas, al menos 
alguna de las que se señala a continuación:
a) Designación de unidades responsables de información ambiental.
b) Creación y mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada.
c) Creación de registros o listas de la información ambiental que obre en poder de las 
autoridades públicas o puntos de información, con indicaciones claras sobre dónde puede 
encontrarse dicha información.
CAPÍTULO II
Difusión por las autoridades públicas de la información ambiental
Artículo 6.  Obligaciones específicas en materia de difusión de información ambiental.
1. Las autoridades públicas adoptarán las medidas oportunas para asegurar la paulatina 
difusión de la información ambiental y su puesta a disposición del público de la manera más 
amplia y sistemática posible.
2. Las autoridades públicas organizarán y actualizarán la información ambiental 
relevante para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre con 
vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones siempre que pueda disponerse de las 
mismas.
3. Las autoridades públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la 
información ambiental se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de 
fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones.
4. Las obligaciones relativas a la difusión de la información ambiental por medio de las 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones se entenderán cumplidas creando 
enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a dicha 
información.
5. La Administración General del Estado deberá mantener actualizado un catálogo de 
normas y de resoluciones judiciales sobre aspectos claves de la Ley y lo hará públicamente 
accesible de la manera más amplia y sistemática posible.
Artículo 7.  Contenido mínimo de la información objeto de difusión.
La información que se difunda será actualizada, si procede, e incluirá, como mínimo, los 
siguientes extremos:
1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos 
comunitarios, estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados con 
la materia.
2. Las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus 
evaluaciones ambientales cuando proceda.
3. Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos 
enumerados en los apartados 1 y 2 de este artículo cuando éstos hayan sido elaborados en 
formato electrónico o mantenidos en dicho formato por las autoridades públicas.
4. Los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artículo 8.
5. Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que 
afecten o puedan afectar al medio ambiente.
6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos 
en materia de medio ambiente. En su defecto, la referencia al lugar donde se puede solicitar 
o encontrar la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los 
elementos del medio ambiente mencionados en el artículo 2.3.a). En su defecto, una BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.
Artículo 8.  Informes sobre el estado del medio ambiente.
Las Administraciones públicas elaborarán y publicarán, como mínimo, cada año un 
informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro años un informe 
completo. Estos informes serán de ámbito nacional y autonómico y, en su caso, local e 
incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra, así como 
un sumario no técnico que sea comprensible para el público.
Artículo 9.  Amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente.
1. En caso de amenaza inminente para la salud humana o para el medio ambiente 
ocasionada por actividades humanas o por causas naturales, las Administraciones públicas 
difundirán inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las 
autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, de forma que permita al público 
que pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para prevenir o limitar los daños 
que pudieran derivarse de dicha amenaza.
La información se diferenciará por razón de sexo cuando éste sea un factor significativo 
para la salud humana.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquier obligación específica de informar 
derivada de la legislación vigente.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 13, lo dispuesto en este artículo no será 
de aplicación cuando concurran causas de defensa nacional o seguridad pública.
CAPÍTULO III
Acceso a la información ambiental previa solicitud
Artículo 10.  Solicitudes de información ambiental.
1. Las solicitudes de información ambiental deberán dirigirse a la autoridad pública 
competente para resolverlas y se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan al efecto.
Se entenderá por autoridad pública competente para resolver una solicitud de 
información ambiental, aquella en cuyo poder obra la información solicitada, directamente o 
a través de otros sujetos que la posean en su nombre.
2. Tales procedimientos deberán respetar, al menos, las garantías que se indican a 
continuación:
a) Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, 
la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su 
petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo 
establecido en el apartado 2.c).1.º
b) Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud a la 
que la posea y dará cuenta de ello al solicitante.
Cuando ello no sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la 
autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha 
información.
c) La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental 
solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en 
cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los 
plazos que se indican a continuación:
1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la 
autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.
2.º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la 
autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la 
información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación 
de aquél, así como de las razones que lo justifican.
En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por 
escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. 
La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad 
con el artículo 20.
Artículo 11.  Forma o formato de la información.
1. Cuando se solicite que la información ambiental sea suministrada en una forma o 
formato determinados, la autoridad pública competente para resolver deberá satisfacer la 
solicitud a menos que concurra cualquiera de las circunstancias que se indican a 
continuación:
a) Que la información ya haya sido difundida, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo I de este Título, en otra forma o formato al que el solicitante pueda acceder 
fácilmente. En este caso, la autoridad pública competente informará al solicitante de dónde 
puede acceder a dicha información o se le remitirá en el formato disponible.
b) Que la autoridad pública considere razonable poner a disposición del solicitante la 
información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.
2. A estos efectos, las autoridades públicas procurarán conservar la información 
ambiental que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o 
formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por 
otros medios electrónicos.
3. Cuando la autoridad pública resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, 
en la forma o formato solicitados, deberá comunicar al solicitante los motivos de dicha 
negativa en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la 
autoridad pública competente para resolver, haciéndole saber la forma o formatos en que, en 
su caso, se podría facilitar la información solicitada e indicando los recursos que procedan 
contra dicha negativa en los términos previstos en el artículo 20.
Artículo 12.  Método utilizado en la obtención de la información.
En la contestación a las solicitudes sobre la información ambiental relativa a las 
cuestiones a las que se refiere el artículo 2.3.b), las autoridades públicas deberán informar, 
si así se solicita y siempre que esté disponible, del lugar donde se puede encontrar 
información sobre los siguientes extremos:
a) El método de medición, incluido el método de análisis, de muestreo y de tratamiento 
previo de las muestras, utilizado para obtención de dicha información, o
b) La referencia al procedimiento normalizado empleado.
CAPÍTULO IV
Excepciones
Artículo 13.  Excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental.
1. Las autoridades públicas podrán denegar las solicitudes de información ambiental 
cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se indican a continuación:
a) Que la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de ésta o en el 
de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2.b).
b) Que la solicitud sea manifiestamente irrazonable.
c) Que la solicitud esté formulada de manera excesivamente general, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 10.2.a).
d) Que la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos o datos 
inconclusos. Por estos últimos se entenderán aquellos sobre los que la autoridad pública 
esté trabajando activamente. Si la denegación se basa en este motivo, la autoridad pública BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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competente deberá mencionar en la denegación la autoridad que está preparando el material 
e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.
e) Que la solicitud se refiera a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés 
público atendido por la revelación.
2. Las solicitudes de información ambiental podrán denegarse si la revelación de la 
información solicitada puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se 
enumeran a continuación:
a) A la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal 
confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley.
b) A las relaciones internacionales, a la defensa nacional o a la seguridad pública.
c) A causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, al 
derecho de tutela judicial efectiva o a la capacidad para realizar una investigación de índole 
penal o disciplinaria. Cuando la causa o asunto estén sujetos a procedimiento judicial o en 
trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que 
se tramita.
d) A la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha 
confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria, 
a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la 
confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
e) A los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en 
los que el titular haya consentido en su divulgación.
f) Al carácter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
siempre y cuando la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su 
tratamiento o revelación.
g) A los intereses o a la protección de un tercero que haya facilitado voluntariamente la 
información solicitada sin estar obligado a ello por la legislación vigente. Se exceptúan los 
supuestos en los que la persona hubiese consentido su divulgación.
h) A la protección del medio ambiente al que se refiere la información solicitada. En 
particular, la que se refiera a la localización de las especies amenazadas o a la de sus 
lugares de reproducción.
3. Las excepciones previstas en los apartados anteriores se podrán aplicar en relación 
con las obligaciones de difusión contempladas en el capítulo II de este Título.
4. Los motivos de denegación mencionados en este artículo deberán interpretarse de 
manera restrictiva. Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido 
con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación.
5. Las autoridades públicas no podrán en ningún caso ampararse en los motivos 
previstos en el apartado 2, letras a), d), f), g) y h) de este artículo, para denegar una solicitud 
de información relativa a emisiones en el medio ambiente.
6. La negativa a facilitar la totalidad o parte de la información solicitada se notificará al 
solicitante indicando los motivos de la denegación en los plazos contemplados en el artículo 
10.2.c).
Artículo 14.  Suministro parcial de la información.
La información ambiental solicitada que obre en poder de las autoridades públicas o en 
el de otro sujeto en su nombre se pondrá parcialmente a disposición del solicitante cuando 
sea posible separar del texto de la información solicitada la información a que se refiere el 
artículo 13, apartados 1.d), 1.e) y 2.
CAPÍTULO V
Ingresos de derecho público y privado
Artículo 15.  Ingresos de derecho público y privado.
1. Las autoridades públicas elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de los 
solicitantes de información ambiental el listado de las tasas y precios públicos y privados que BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda pago 
alguno.
2. El acceso a cualesquiera listas o registros públicos creados y mantenidos tal como se 
indica en el artículo 5 apartado 1.c) y apartado 3.c) serán gratuitos, así como el examen in 
situ de la información solicitada.
TÍTULO III
Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental
Artículo 16.  Participación del público en la elaboración de determinados planes, programas 
y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente.
1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, 
modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general 
relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, 
las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de 
aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo:
a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, 
programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su 
revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se 
ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los 
procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden presentar 
comentarios o formular alegaciones.
b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas 
todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o 
disposición de carácter general.
c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la 
participación pública.
d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se 
informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los 
que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de 
participación pública.
2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente 
para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del público 
tienen la condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se 
refiere el apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las 
personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
3. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso cualquier otra disposición que 
amplíe los derechos reconocidos en esta Ley.
Artículo 17.  Planes y programas relacionados con el medio ambiente.
1. Las Administraciones públicas asegurarán que se observan las garantías en materia 
de participación establecidas en el artículo 16 de esta Ley en relación con la elaboración, 
modificación y revisión de los planes y programas que versen sobre las materias siguientes:
a) Residuos.
b) Pilas y acumuladores.
c) Nitratos.
d) Envases y residuos de envases.
e) Calidad del aire.
f) Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica.
2. La participación del público en planes y programas en materia de aguas, así como en 
aquellos otros afectados por la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y 
programas en el medio ambiente, se ajustará a lo dispuesto en su legislación específica.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. Quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de esta Ley los planes y 
programas que tengan como único objetivo la defensa nacional o la protección civil en casos 
de emergencia.
Artículo 18.  Normas relacionadas con el medio ambiente.
1. Las Administraciones públicas asegurarán que se observen las garantías en materia 
de participación establecidas en el artículo 16 de esta Ley en relación con la elaboración, 
modificación y revisión de las disposiciones de carácter general que versen sobre las 
materias siguientes:
a) Protección de las aguas.
b) Protección contra el ruido.
c) Protección de los suelos.
d) Contaminación atmosférica.
e) Ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los suelos.
f) Conservación de la naturaleza, diversidad biológica.
g) Montes y aprovechamientos forestales.
h) Gestión de los residuos.
i) Productos químicos, incluidos los biocidas y los plaguicidas.
j) Biotecnología.
k) Otras emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio ambiente.
l) Evaluación de impacto medioambiental.
m) Acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente.
n) Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica.
2. La participación en la elaboración, modificación y revisión de las normas cuyo objeto 
exclusivo sea la prevención de riesgos laborales se ajustará a lo dispuesto en su normativa 
específica.
3. Lo dispuesto en este Título no será de aplicación a:
a) Los procedimientos administrativos de elaboración de disposiciones de carácter 
general que tengan por objeto la regulación de materias relacionadas exclusivamente con la 
defensa nacional, con la seguridad pública, con la protección civil en casos de emergencia o 
con el salvamento de la vida humana en el mar.
b) Las modificaciones de las disposiciones de carácter general que no resulten 
sustanciales por su carácter organizativo, procedimental o análogo, siempre que no 
impliquen una reducción de las medidas de protección del medio ambiente.
c) Los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan 
por único objeto la aprobación de planes o programas, que se ajustarán a lo establecido en 
su normativa específica.
Artículo 19.  Consejo Asesor de Medio Ambiente.
1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito a efectos administrativos al Ministerio 
de Medio Ambiente, es un órgano colegiado que tiene por objeto la participación y el 
seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible.
2. Corresponden al Consejo Asesor las siguientes funciones:
a) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento con 
incidencia ambiental y, en especial, sobre las cuestiones que han de ostentar la condición de 
normativa básica.
b) Asesorar sobre los planes y programas de ámbito estatal que la presidencia del 
Consejo le proponga en razón a la importancia de su incidencia sobre el medio ambiente.
c) Emitir informes y efectuar propuestas en materia medioambiental, a iniciativa propia o 
a petición de los departamentos ministeriales que así lo soliciten a la presidencia del 
Consejo.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la 
Administración local podrán, igualmente, solicitar a la presidencia del Consejo que éste emita 
informes sobre materias de su competencia relativas al medio ambiente.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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d) Proponer medidas que incentiven la creación de empleo ligado a actividades 
relacionadas con la protección del medio ambiente, así como la participación ciudadana en 
la solución de los problemas ambientales.
e) Proponer medidas de educación ambiental que tengan como objetivo informar, 
orientar y sensibilizar a la sociedad de los valores ecológicos y medioambientales.
f) Proponer las medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento de los 
acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, valorando la 
efectividad de las normas y programas en vigor y proponiendo, en su caso, las oportunas 
modificaciones.
g) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio 
ambiente.
h) Fomentar la colaboración con órganos similares creados por las Comunidades 
Autónomas.
3. El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará presidido por el Ministro de Medio 
Ambiente y lo integrarán los siguientes miembros:
a) Una persona en representación de cada una de las organizaciones no 
gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
que se enumeran en el anexo.
b) Una persona en representación de cada una de las organizaciones sindicales más 
representativas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
c) Dos personas en representación de las organizaciones empresariales más 
representativas, designados por ellas en proporción a su representatividad, de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional sexta del texto refundido de Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
d) Dos personas en representación de las organizaciones de consumidores y usuarios, 
designados a iniciativa del Consejo de Consumidores y Usuarios.
e) Tres personas en representación de las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas en el ámbito estatal.
f) Una persona en representación de la Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores.
Para cada uno de los miembros del Consejo Asesor se designará un suplente. Actuará 
como suplente del Presidente el Subsecretario de Medio Ambiente. Actuará como 
Secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.
4. Los miembros del Consejo Asesor y sus suplentes serán nombrados por el Ministro de 
Medio Ambiente, a propuesta, en su caso, de las entidades y organizaciones referidas en el 
apartado 3. El nombramiento de los miembros electivos del Consejo y de los suplentes será 
por un período de dos años, que podrá ser renovado por períodos iguales.
Los miembros del Consejo Asesor cesarán a propuesta de las organizaciones o 
entidades que propusieron su nombramiento.
5. El Gobierno desarrollará mediante Real Decreto la estructura y funciones del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente.
TÍTULO IV
Acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales
Artículo 20.  Recursos.
El público que considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a una 
autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de 
información y participación pública podrá interponer los recursos administrativos regulados 
en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Artículo 21.  Reclamaciones y ejecución forzosa.
1. El público que considere que un acto u omisión imputable a cualquiera de las 
personas a las que se refiere el artículo 2.4.2 ha vulnerado los derechos que le reconoce 
esta Ley podrá interponer directamente una reclamación ante la Administración Pública bajo 
cuya autoridad ejerce su actividad. La Administración competente deberá dictar y notificar la 
resolución correspondiente, la cual agotará la vía administrativa y será directamente 
ejecutiva, en el plazo que determine la normativa autonómica, o la disposición adicional 
décima, según proceda.
2. En caso de incumplimiento de la resolución, la Administración Pública requerirá a la 
persona objeto de la reclamación, de oficio o a instancia del solicitante, para que la cumpla 
en sus propios términos. Si el requerimiento fuera desatendido, la Administración Pública 
podrá acordar la imposición de multas coercitivas por el importe que determine la normativa 
autonómica, o la disposición adicional décima, según proceda.
3. La cuantía de las multas coercitivas a que hace referencia el apartado anterior se 
calculará atendiendo al interés público de la pretensión ejercitada.
Artículo 22.  Acción popular en asuntos medioambientales.
Los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que 
vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1 
podrán ser recurridas por cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 23 a través de los procedimientos de recurso regulados 
en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a través del 
recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se exceptúan los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas enumeradas 
en el artículo 2.4.2.
Artículo 23.  Legitimación.
1. Están legitimadas para ejercer la acción popular regulada en el artículo 22 
cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la 
acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los 
fines previstos en sus estatutos.
c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 
afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las que se refiere el apartado anterior 
tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Disposición adicional primera.  Tasa por suministro de información ambiental para la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
1. Se crea la tasa por el suministro de información ambiental que se regirá por la 
presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el 
artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la reproducción y envío de documentos por la 
Administración General del Estado o por sus Organismos Públicos, en cualquier soporte 
material, con información ambiental disponible en fondos documentales de la Administración 
General del Estado, cuando la solicitud de dicha actividad no sea voluntaria o no se preste o 
realice por el sector privado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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No estarán sujetos a la tasa el examen in situ de la información solicitada y el acceso a 
cualquier lista o registro creado y mantenido en los términos previstos en el artículo 5.3.c) de 
esta Ley.
3. La tasa se devengará en el momento de la solicitud del suministro de la información 
ambiental, la cual no se tramitará hasta tanto no se haya acreditado el abono que resultare 
exigible.
Cuando en el momento de la solicitud la cuantía exigible no pueda determinarse, se 
exigirá un depósito previo que tendrá carácter estimativo a reserva de la liquidación que se 
practique, sin perjuicio de la devolución del depósito constituido en los supuestos previstos 
en el apartado siguiente.
4. Procederá la devolución del importe de la tasa o del depósito previo constituido, 
cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
5. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas así como las entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten el suministro de la información ambiental que constituye el hecho imponible.
6. Exenciones.
a) Exenciones subjetivas.
Estarán exentos del pago de la tasa los suministros de información ambiental realizados 
entre entidades y órganos pertenecientes a la Administración General del Estado, así como 
los efectuados a entidades y órganos de otras Administraciones Públicas, excepción hecha 
de las entidades que integran la Administración corporativa.
b) Exenciones objetivas.
Estarán exentos del pago de la tasa:
1.º Las entregas de copias de menos de 20 páginas de formato DIN A4.
2.º El envío de información por vía telemática.
7. Cuantías.
a) Se consideran elementos de cuantificación del importe de la tasa los siguientes:
1.º El coste de los materiales utilizados como soporte de la información a suministrar.
2.º El coste del envío de la información solicitada.
b) El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de los 
elementos de cuantificación anteriores podrá efectuarse mediante Orden Ministerial que 
deberá ir acompañada de una Memoria económico-financiera en los términos previstos en el 
artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
8. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito 
autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, siéndole aplicable lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
La gestión de la tasa en período voluntario se llevará a cabo por los órganos que 
determine la normativa reglamentaria que se dicte en desarrollo de la presente Ley.
Disposición adicional segunda.  Tasa por suministro de información ambiental para la 
Administración Local.
Las Entidades Locales podrán establecer tasas por el suministro de información 
ambiental, que se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y, en lo que se refiere a su hecho imponible y supuestos de no sujeción y exención, 
por lo previsto en la disposición adicional primera de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de las 
de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.
Disposición adicional tercera.  Precios privados.
1. Cuando las autoridades públicas divulguen información ambiental a título comercial se 
podrá percibir un precio conforme a valores de mercado, siempre que ello sea necesario 
para asegurar la continuidad de los trabajos de recopilación y publicación de dicha 
información.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. Tales precios podrán ser igualmente percibidos por Entidades u Organismos públicos 
que actúen según normas de derecho privado al amparo de lo previsto en el artículo 2.c) de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Disposición adicional cuarta.  Procedimiento aplicable a la Administración General del 
Estado.
La Administración General del Estado podrá reservarse la facultad de resolver las 
solicitudes de información ambiental que reciban las autoridades públicas a las que se 
refiere el artículo 2.4.2 cuando tales personas asuman responsabilidades públicas, ejerzan 
funciones públicas o presten servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo su 
autoridad.
Disposición adicional quinta.  Planes y programas relacionados con el medio ambiente de 
competencia de la Administración General del Estado.
La elaboración, modificación y revisión de los planes y programas previstos en el artículo 
17 de la presente Ley que sean competencia de la Administración General del Estado o de 
sus organismos públicos se someterán en su tramitación al procedimiento regulado por la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.
Disposición adicional sexta.  Colaboración interadministrativa.
El Gobierno, en el marco de los programas del Ministerio de Administraciones Públicas 
para el fomento de las tecnologías de información y comunicación, propondrá en el plazo de 
seis meses fórmulas de colaboración entre administraciones que faciliten la aplicación de la 
Ley.
Disposición adicional séptima.  Convenio de colaboración para la constitución de puntos 
de información digitalizada.
A fin de cumplir con las obligaciones en materia de información ambiental establecidas 
en esta Ley, la Administración General del Estado podrá promover la celebración de 
convenios de colaboración con el sector empresarial y con otras organizaciones para 
establecer puntos de información digitalizada.
Disposición adicional octava.  Información sobre la aplicación de la Ley en materia de 
acceso a la información ambiental.
Las Administraciones Públicas elaborarán y publicarán información periódica de carácter 
estadístico sobre las solicitudes de información ambiental recibidas, así como información 
sobre la experiencia adquirida en la aplicación de esta Ley, garantizando en todo caso la 
confidencialidad de los solicitantes.
Para este cometido, así como para el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado, las diferentes Administraciones Públicas colaborarán e 
intercambiarán la información que resulte necesaria.
Disposición adicional novena.  Registros telemáticos.
Los registros telemáticos de la Administración General del Estado deberán incluir entre 
sus procedimientos telemáticos los relativos a la resolución de solicitudes de información 
ambiental.
Disposición adicional décima.  Reclamaciones administrativas planteadas ante la 
Administración General del Estado al amparo del artículo 21.
1. La Administración General del Estado deberá dictar y notificar la resolución 
correspondiente a la reclamación a la que se refiere el artículo 21 en el plazo máximo de tres 
meses.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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2. En el ámbito de la Administración General del Estado, el importe de las multas 
coercitivas a las que se refiere el artículo 21 no excederá de 6.000 euros por cada día que 
transcurra sin cumplir.
Disposición adicional undécima.  Plan de formación en el marco de la Administración 
General del Estado.
La Administración General del Estado pondrá en marcha, en un plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley, un Plan de Formación específico tendente a 
sensibilizar al personal a su servicio respecto de los derechos y las obligaciones previstos en 
esta Ley.
Disposición adicional duodécima.  Difusión de información ambiental por operadores 
económicos.
Las Administraciones Públicas promoverán que los operadores económicos, cuando no 
estén legalmente obligados a ello, informen periódicamente al público sobre aquellas de sus 
actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.
Disposición transitoria única.  Difusión de la información ambiental disponible en soporte 
electrónico, en fecha previa a la entrada en vigor de la presente Ley.
La información a la que se refiere el artículo 7 deberá incluir los datos recogidos desde el 
14 de febrero de 2003. Los datos anteriores a dicha fecha sólo se incluirán cuando ya 
existieran en forma electrónica.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la 
información en materia de medio ambiente, así como cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
(Derogada)
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación.
La Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se añaden las siguientes definiciones al artículo 3:
«o) Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de 
aplicación.
p) Personas interesadas:
a) Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes 
requisitos:
1.º Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por la toma de una decisión sobre la concesión o 
actualización de la Autorización Ambiental Integrada o de sus condiciones.
2.º Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo 
las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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3.º Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por la instalación para la que se solicita la autorización ambiental 
integrada.»
Dos. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 14.  Tramitación.
En todos aquellos aspectos no regulados en esta Ley, el procedimiento para 
otorgar la autorización ambiental integrada se ajustará a lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Administraciones Públicas promoverán la participación real y efectiva de las 
personas interesadas en los procedimientos para la concesión de la Autorización 
Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o aquellas que realicen cualquier 
cambio sustancial en la instalación y en los procedimientos para la renovación o 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada de una instalación con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 25 y 26.
Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que se 
refiere el apartado anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los respectivos 
procedimientos. A tal efecto, serán aplicables a tales procedimientos las previsiones 
en materia de participación establecidas en el Anejo 5.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 23:
«4. Las Comunidades Autónomas harán públicas las resoluciones administrativas 
mediante las que se hubieran otorgado o modificado las autorizaciones ambientales 
integradas y pondrán a disposición del público la siguiente información:
a) El contenido de la decisión, incluidas una copia de la Autorización Ambiental 
Integrada y de cualesquiera condiciones y actualizaciones posteriores.
b) Una memoria en la que se recojan los principales motivos y consideraciones 
en los que se basa la resolución administrativa, con indicación de los motivos y 
consideraciones en los que se basa tal decisión, incluyendo la información relativa al 
proceso de participación pública.»
Cuatro. El artículo 27 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 27.  Actividades con efectos transfronterizos.
1. Cuando se estime que el funcionamiento de la instalación para la que se 
solicita la autorización ambiental integrada pudiera tener efectos negativos 
significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, 
o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, comunicará a dicho Estado la posibilidad de abrir un 
periodo de consultas bilaterales para estudiar tales efectos, así como las medidas 
que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad y 
con anterioridad a la resolución de la solicitud, se facilitará al Estado miembro en 
cuestión una copia de la solicitud y cuanta información resulte relevante con arreglo a 
lo establecido en el anejo 5.
2. Si el Estado miembro manifestara su voluntad de abrir dicho periodo de 
consultas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previa consulta al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, negociará con las autoridades 
competentes de dicho Estado el calendario razonable de reuniones y trámites a que 
deberán ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para 
garantizar que las autoridades ambientales y las personas interesadas de dicho 
Estado, en la medida en la que pueda resultar significativamente afectado, tengan 
ocasión de manifestar su opinión sobre la instalación para la que se solicita la 
autorización ambiental integrada.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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3. La delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
responsable de la negociación incluirá, al menos, un representante de la Comunidad 
Autónoma competente para resolver la solicitud de autorización.
4. El procedimiento de consulta transfronteriza se iniciará mediante comunicación 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma dirigida al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, acompañada de la documentación a la que se refiere el 
apartado 1. Igualmente se acompañará una memoria sucinta en la que se expondrá 
de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la 
necesidad de poner en conocimiento de otro Estado miembro la solicitud de 
autorización ambiental de que se trate y en la que se identifiquen los representantes 
de la Comunidad Autónoma competente que, en su caso, hayan de integrarse en la 
delegación del citado ministerio.
5. Si la apertura del periodo de consultas transfronterizas hubiera sido promovida 
por la autoridad del Estado miembro susceptible de ser afectado por el 
funcionamiento de la instalación para la que se solicita la autorización ambiental 
integrada, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lo pondrá en 
conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma y le solicitará la 
remisión de la documentación a que se refiere el apartado anterior, a fin de iniciar el 
procedimiento de consulta transfronteriza.
6. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de 
concesión de la autorización ambiental integrada quedarán suspendidos hasta que 
concluya el procedimiento de consultas transfronterizas. Los resultados de las 
consultas deberán ser tenidos debidamente en cuenta por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma a la hora de resolver la solicitud de autorización ambiental 
integrada, la cual será formalmente comunicada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación a las autoridades del Estado Miembro que hubieran 
participado en las consultas transfronterizas.
7. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea comunique que en su 
territorio se ha solicitado una autorización ambiental integrada para una instalación 
cuyo funcionamiento puede tener efectos negativos significativos sobre el medio 
ambiente en el Estado español, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, con la 
participación de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
afectadas, actuará como órgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan 
para estudiar tales efectos, así como las medidas que, en su caso, puedan acordarse 
para suprimirlos o reducirlos.
El Ministerio de Medio Ambiente garantizará que las Administraciones públicas 
afectadas y las personas interesadas son consultados de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14 y en el Anejo V. A estos efectos, definirá los términos en los que se 
evacuará el trámite de consultas en colaboración con los órganos competentes de 
las comunidades autónomas afectadas por la instalación para la que se solicita la 
autorización ambiental integrada en otro Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco. La disposición transitoria segunda queda redactada del siguiente modo:
«Disposición Transitoria segunda. 
A los procedimientos de autorización ya iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la legislación aplicable, 
en los términos establecidos en el artículo 3.d).
En estos casos, y sin perjuicio del régimen previsto en esta Ley para las 
modificaciones sustanciales, una vez otorgada las autorizaciones serán renovadas 
en los plazos previstos en la legislación sectorial aplicable y en todo caso, al cabo de 
cinco años, cumpliendo con lo establecido en esta Ley para las instalaciones 
existentes.»
Seis. Las categorías 4.1 y 9.3 del anejo 1 quedan redactadas del siguiente modo:
«Categoría 4.1:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de 
base, en particular:
b) hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epóxi;
Categoría 9.3:
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan de más de:
a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para 
otras orientaciones productivas de aves.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
c) 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.
750 plazas para cerdas reproductoras.
530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.
d) En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los 
apartados b) y c) de esta Categoría 9.3, el número de animales para determinar la 
inclusión de la instalación en este Anejo se determinará de acuerdo con las 
equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de los distintos tipos de ganado 
porcino, recogidas en el Anexo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.»
Siete. Se añade un nuevo anejo 5:
«Anejo 5: Participación del público en la toma de decisiones.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma informará al público en 
aquellas fases iniciales del procedimiento, siempre previas a la toma de una decisión 
o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información 
sobre los siguientes extremos:
a) La solicitud de la Autorización Ambiental Integrada o, en su caso, de la 
renovación o modificación del contenido de aquella, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 4 del artículo 16.
b) En su caso, el hecho de que la resolución de la solicitud está sujeta a una 
evaluación de impacto ambiental, nacional o transfronteriza, o a consultas entre los 
Estados miembros de conformidad con lo previsto en el artículo 27.
c) La identificación de los órganos competentes para resolver, de aquellos de los 
que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan remitirse 
observaciones o formularse preguntas, con expresa indicación del plazo del que se 
dispone para ello.
d) La naturaleza jurídica de la resolución de la solicitud o, en su caso, de la 
propuesta de resolución.
e) En su caso, los detalles relativos a la renovación o modificación de la 
Autorización Ambiental Integrada.
f) Las fechas y el lugar o lugares en los que se facilitará la información pertinente, 
así como los medios empleados para ello.
g) Las modalidades de participación del público y de consulta al público definidas 
con arreglo al apartado 5.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas asegurarán que, 
dentro de unos plazos adecuados, se pongan a disposición de las personas 
interesadas los siguientes datos:
a) De conformidad con la legislación nacional, los principales informes y 
dictámenes remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento en 
que deba informarse a las personas interesadas conforme a lo previsto en el 
apartado 1.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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b) De conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora de los derechos 
de acceso a la información y de participación pública en materia de medio ambiente, 
toda información distinta a la referida en el punto 1 que resulte pertinente para la 
resolver la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, y que sólo pueda 
obtenerse una vez expirado el período de información a las personas interesadas 
regulado en el apartado 1.
3. Las personas interesadas tendrán derecho a poner de manifiesto al órgano 
competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas antes de que se 
resuelva la solicitud.
4. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente anexo 
deberán ser tenidos en cuenta debidamente por el órgano competente a la hora de 
resolver la solicitud.
5. El órgano competente de la Comunidad Autónoma para otorgar la autorización 
ambiental integrada determinará las modalidades de información al público y de 
consulta a las personas interesadas. En todo caso, se establecerán plazos 
razonables para las distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al 
público y para que las personas interesadas se preparen y participen efectivamente 
en el proceso de toma de decisiones sobre medio ambiente con arreglo a lo 
dispuesto en el presente anexo.»
Disposición final tercera.  Título Competencial.
Esta Ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.23.ª de la Constitución. Se exceptúan de lo anterior los siguientes artículos:
1. El artículo 19 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, séptima y octava, 
que serán únicamente de aplicación a la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.
2. El artículo 15 y las disposiciones adicionales primera y segunda, que se dictan al 
amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
3. Las disposiciones de los artículos 20 a 23, que en lo relativo a recursos en vía 
administrativa se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y en lo relativo a 
recursos en vía contencioso-administrativa al amparo del artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución.
Disposición final cuarta.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Por medio de la presente Ley se desarrollan determinados derechos y obligaciones 
reconocidos en el Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus, 
Dinamarca, el 25 de junio de 1998; y se adapta el ordenamiento jurídico vigente a las 
disposiciones contenidas en la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información ambiental y en la 
Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la 
que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
Disposición final quinta.  Texto refundido de evaluación de impacto ambiental.
El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley un texto refundido en el que se regularice, aclare y armonice las disposiciones 
legales vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental.
Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario del artículo 16 en el ámbito de la 
Administración General del Estado.
El Gobierno, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, 
aprobará un reglamento que desarrolle los contenidos regulados en los artículos 16, relativos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a la participación del público en los procedimientos de elaboración de normas que versen 
sobre las materias a las que se refiere el artículo 18 y que sean competencia de la 
Administración General del Estado.
Disposición final séptima.  Autorización de desarrollo.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», salvo el título IV y la disposición adicional primera que entrarán en vigor 
tres meses después de dicha publicación.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta Ley.
Madrid, 18 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANEXO
Organizaciones no gubernamentales que integran el consejo asesor de medio 
ambiente
Amigos de la Tierra.
Ecologistas en Acción.
Greenpeace España.
Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife.
WWF/Asociación de Defensa de la Naturaleza (ADENA).
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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