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Núm. 121  Viernes 21 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 62009
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8447 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
Naciones Unidas ha subrayado que existe una diferencia creciente entre la senda real 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas 
por los Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, adoptado en 
la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático («Acuerdo de París»).
El Secretario General de Naciones Unidas recuerda de manera periódica la necesidad 
de responder urgentemente a la amenaza del cambio climático y rectificar la situación 
actual para poder cumplir de manera eficaz con las obligaciones en materia de clima y 
desarrollo sostenible e inclusivo. Su petición coincide con las advertencias realizadas por 
los principales organismos financieros internacionales y la Comisión Europea en su 
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo y en la Estrategia Europea de 
descarbonización a 2050.
Las conclusiones actualizadas y sistematizadas de la comunidad científica se recogen 
en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) publicado el 8 de octubre de 2018, relativo a los 
impactos de un calentamiento global de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales y las 
sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar dicho 
calentamiento. El informe es una nueva referencia para toda la sociedad y su mensaje es 
claro en cuanto al origen del calentamiento global. Las actividades humanas son ya las 
responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 ºC 
sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se 
alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es 
superior a la media en casi 0,5 ºC.
El informe mencionado también señala que cumplir el objetivo global del Acuerdo de 
París es posible, pero requiere que se adopten políticas públicas precisas y que se realicen 
inversiones bien orientadas. Los próximos diez años van a ser determinantes para poder 
tener éxito en preservar nuestra seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5 ºC dependerá de 
las acciones de lucha contra el cambio climático que lleven a cabo todos los actores, no 
solamente los Gobiernos, sino también el sector privado y el resto de la sociedad.
En el actual contexto, España debe ofrecer respuestas solidarias e inclusivas a los 
colectivos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía, así 
como facilitar las señales adecuadas para atraer la confianza de los inversores y minorar 
los riesgos financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de 
efecto invernadero o a la mayor vulnerabilidad frente a los impactos físicos del cambio 
climático. Para ello, es imprescindible asegurar las condiciones de contorno que permitan 
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orientar las sendas de cumplimiento, facilitar la estabilidad y predictibilidad necesarias 
para evitar sobrecostes o la generación de activos cautivos, susceptibles de lastrar el 
progreso de nuestra economía durante décadas, minimizar los impactos sociales negativos 
y facilitar el aprovechamiento de oportunidades económicas, al tiempo que se ofrecen 
medidas de acompañamiento en la transición a los colectivos más vulnerables.
La lucha contra el cambio climático y la transición energética conllevan transformaciones 
tecnológicas y cambios en la industria. Por ello, es necesario ligar la transición energética 
a la política industrial y a la I+D, estableciendo mecanismos de apoyo a la industria para 
que la transición tecnológica genere mayor competitividad y un mejor posicionamiento de 
la misma, y resulte en generación de riqueza y empleo de calidad.
Por otro lado, alcanzar la neutralidad climática requiere de una política firme y 
coordinada, así como de las inversiones necesarias, para la conservación y mejora de la 
biodiversidad, y de los stocks de carbono en nuestros montes y masas forestales, 
humedales y en las superficies de usos agropecuarios.
Retrasar decisiones supondría asumir más riesgos, más costes y más injustamente 
distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de 
nuestra sociedad, poniendo en riesgo objetivos fundamentales para la seguridad 
nacional.
II
El marco internacional está definido. El Acuerdo de París de 2015, el desarrollo de sus 
reglas en Katowice y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcan el inicio de una 
agenda global hacia el desarrollo sostenible, que conlleva la transformación del modelo 
económico y de un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del 
planeta. Ambos acuerdos ponen de manifiesto que el profundo cambio necesario en los 
patrones de crecimiento y desarrollo solo puede realizarse de manera global, concertada 
y en un marco multilateral que siente las bases de un camino compartido a la 
descarbonización, una agenda que exige una nueva gobernanza para su éxito, en la que 
han de involucrarse Administraciones Públicas y sociedad civil.
El Acuerdo de París establece una arquitectura sólida y universal que tiene como 
objetivos globales: mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 
los 2 ºC respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5 ºC; 
asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo; y 
aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover 
la resiliencia. El IPCC define resiliencia como la capacidad de los sistemas económicos, 
sociales y ambientales para afrontar una perturbación o impacto respondiendo o 
reorganizándose de forma que conservan su función esencial, identidad y estructura, al 
tiempo que mantienen su capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Para 
alcanzar estos objetivos todos los países se comprometieron a presentar sus contribuciones 
nacionales determinadas (NDCs, en sus siglas en inglés), que deben recoger sus objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Tres años después, en la 24.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en diciembre de 2018 en 
Katowice, se acordaron las reglas que permiten hacer operativo el Acuerdo de París. 
Las 191 Partes de este Tratado Internacional tienen la responsabilidad de transformar sus 
economías y su sociedad para cumplir con los objetivos que han ratificado.
En este nuevo contexto, Madrid acogió en diciembre de 2019 la 25.ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una 
cumbre organizada ante una situación extraordinaria que sin embargo cumplió su principal 
misión: reafirmar el compromiso de la comunidad internacional con el multilateralismo y 
asegurar que el proceso de lucha contra el cambio climático cumplía con el calendario 
previsto. Su principal acuerdo, conocido como «Chile-Madrid Tiempo de Actuar», sienta las 
bases para que en 2020 los países presentasen planes de lucha contra el cambio climático 
más ambiciosos que los presentados en 2015 para responder a la emergencia climática en 
línea con las demandas de sociedad y las recomendaciones de la ciencia.
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La mencionada cumbre, además, marcó el principio de un cambio de ciclo en la 
agenda multilateral de clima. Tal como se acordó en París, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adquiere una nueva dimensión, donde la 
gobernanza se centra en recoger los esfuerzos de todos y hacer seguimiento y evaluación 
de los objetivos. Los esfuerzos, de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto, deben 
centrarse en la acción y en la implementación de los compromisos en materia de clima ya 
adoptados y en la transversalidad de la agenda climática, que necesita incluir a más 
sectores y a más actores.
El año 2020 fue un año clave en la implementación del Acuerdo de París, ya que en el 
mismo los países se obligaron a presentar nuevos compromisos de reducción de 
emisiones, que deberán ser más ambiciosos para responder a la emergencia climática y 
cerrar la brecha que existe entre los compromisos del 2015 y el objetivo del 1,5 ºC.
En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional 
frente a la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le 
permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, un 55 % de reducción de 
gases de efecto invernadero respecto al año 1990.
La Comunicación de la Unión Europea relativa al Pacto Verde Europeo («The European 
Green Deal»), de diciembre de 2019, establece una nueva estrategia de crecimiento que 
persigue transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una 
economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y con la finalidad de 
hacer de la Unión Europea el primer continente neutro climáticamente en el año 2050. 
Para convertir este compromiso político en una obligación jurídica que dé certidumbre a 
los sectores empresarial, laboral, inversor y consumidor, la Comisión ha propuesto una 
«Ley del Clima» europea. Esta propuesta establece el marco institucional para lograr la 
neutralidad climática de la UE, recoge el objetivo de neutralidad climática para 2050 en la 
legislación, refuerza el marco de adaptación y establece un proceso de transparencia y 
rendición de cuentas en línea con los ciclos de revisión del Acuerdo de París.
Para cumplir con los objetivos en el año 2030, la Unión Europea estimaba inicialmente 
que debía movilizar unas inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de 
euros. La escala del desafío va más allá de la capacidad de la inversión pública. Por ello, 
y como condición necesaria, se precisa adecuar el sistema financiero europeo, su cultura 
y sus incentivos, a los nuevos criterios de sostenibilidad financiera. En este sentido, en 
marzo de 2018, la Comisión Europea publicó un Plan de Acción sobre finanzas 
sostenibles. En línea con este plan, se han dictado medidas regulatorias, como el 
Reglamento sobre índices de referencia, el Reglamento sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y el 
Reglamento sobre taxonomía, que tienen como objetivo hacer de la sostenibilidad un pilar 
del sistema financiero europeo.
Por otro lado, es necesario que las medidas desarrolladas al amparo de esta ley 
resulten plenamente coherentes con las políticas sectoriales impulsadas por la Unión 
Europea en próximo periodo de programación financiera 2021-2027.
III
Esta ley responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y 
europeo y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización 
de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando la distribución 
equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. De esta manera, la ley pone 
en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición 
energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y 
generar nuevas oportunidades socioeconómicas. Es el marco institucional para facilitar de 
manera predecible la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que 
regulan la acción climática y garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, 
asegurando coherencia entre ellas y sinergias para alcanzar el objetivo de la neutralidad 
climática.
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La obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica 
cambios en los patrones de consumo. Pero esta transformación conlleva ventajas 
relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético, y ofrece 
oportunidades de empleo, de negocio y de crecimiento siempre que se incorpore una 
perspectiva de medio y largo plazo que facilite la descarbonización ordenada de la 
economía.
Así, entre las importantes transformaciones que se van a producir en el sistema 
energético, y por ende en la economía en su conjunto, como consecuencia de la transición 
energética impulsada por esta ley, está la mejora sistemática de la eficiencia energética de 
la economía. Concretamente, la previsión es que la intensidad energética primaria de la 
economía española mejore anualmente en un 3,5 % anual hasta 2030; asimismo, la 
dependencia energética del país, del 74 % en 2017, se estima que descienda al 61 % en el 
año 2030 como consecuencia de la caída de las importaciones de carbón y de petróleo. 
Estas caídas estarán provocadas por la transición hacia una economía más eficiente y 
basada en tecnologías renovables en todos los sectores de la economía. Este cambio 
estructural no solo beneficiará a la balanza comercial de forma notable, sino que fortalecerá 
la seguridad energética nacional.
La transición energética promovida por esta ley permite movilizar más de 200.000 
millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. Como consecuencia de 
esa importante movilización inversora y como resultado de las mejoras de eficiencia 
energética del conjunto de la economía, el Producto Interior Bruto de España se 
incrementará anualmente (respecto a un escenario tendencial sin las medidas promovidas 
por esta ley y por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) entre 16.500 y 25.700 
millones de euros al año. Asimismo, el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 
personas al final del periodo.
Para canalizar todas las oportunidades, la ley debe asegurar la consecución de la 
neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España antes del 
año 2050 y un sistema energético eficiente y renovable, facilitar una transición justa, y 
garantizar la coherencia con los objetivos en los ámbitos de actuación pública y privada. 
Garantizar la transversalidad de las políticas de cambio climático y de transición energética 
y la coordinación de las mismas será fundamental para potenciar las sinergias encaminadas 
a la mitigación y adaptación al cambio climático y permitirá afrontar con mayores garantías 
el desafío que dicho cambio climático supone para la seguridad nacional.
La dimensión multilateral también se refuerza para asegurar que la acción desarrollada 
por la Cooperación Española es coherente con los objetivos de lucha contra el cambio 
climático e integra la agenda del clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incorporando estos principios en su marco normativo y de planificación.
Es necesario fijar, en el marco de la ley, objetivos de reducción de emisiones para el 
año 2030 y 2050 ofreciendo previsibilidad para orientar las decisiones de inversión y de 
regulación en la materia. Los objetivos cuantificados buscan favorecer la predictibilidad y 
las señales económicas adecuadas, recogiendo el principio de no regresión en los 
objetivos marcados. Desde el punto de vista medioambiental, este principio de no regresión 
se define como aquel en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones 
Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso 
cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en 
cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés 
público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos 
que pudieran entrar en contradicción con el ambiental. En el caso de los Estados 
descentralizados como España, este principio ordena también la interconexión 
interordinamental: ya no solo como proyección temporal entre normas anteriores y 
posteriores, sino en el juego de las bases de las normas ambientales, es decir, que las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia puedan establecer niveles de 
protección más altos que la legislación básica estatal.
Se crean dos nuevas figuras fundamentales para determinar el marco de actuación 
en materia de acción contra el cambio climático. Se trata de las dos grandes herramientas 
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de gobernanza de clima y energía establecidas en el Reglamento 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de 
la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima: los Planes Nacionales Integrados de 
Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. Ambas herramientas 
han de ser coherentes entre sí, ya que no hay otra forma de asegurar, de manera fiable, 
inclusiva, transparente y predecible, el logro de los objetivos y metas para el año 2030 y 
para el largo plazo.
Dicho reglamento de la UE establece en su artículo 1 que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2019 y, posteriormente, a más tardar el 1 de enero de 2029 y a partir de dicha 
fecha cada diez años, cada Estado miembro debe comunicar a la Comisión un plan 
nacional integrado de energía y clima. El primer plan abarcará el período de 2021 a 2030, 
teniendo en cuenta la perspectiva a más largo plazo y los planes siguientes abarcarán el 
período decenal inmediatamente siguiente al final del período abarcado por el plan anterior.
Esta ley contiene los elementos reguladores del primer PNIEC, así como de los 
sucesivos que vayan a presentarse a la Comisión Europea.
Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, en tanto que herramientas de 
planificación de los Estados miembros, están llamados a orientar las grandes decisiones 
en materia de política energética y climática y las inversiones públicas y privadas asociadas 
a esta. Los PNIECs de los Estados miembros están dirigidos a asegurar el logro del 
avance colectivo en los objetivos generales y específicos de la Unión de la Energía 
para 2030 y a largo plazo, en consonancia con el Acuerdo de París de 2015. Por su parte, 
la Estrategia de Descarbonización a 2050 debe proyectar una senda coherente con los 
objetivos de descarbonización de la economía para el año 2050 y con las actuaciones 
previstas a 2030, que exigirá la movilización de distintas administraciones y actores 
privados.
Avanzar en una economía descarbonizada y segura implica aceptar un uso 
responsable de los recursos por lo que la ley, con carácter general, limita los nuevos 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón 
en territorio español.
Numerosos estudios, incluidos los propios del IPCC, coinciden en señalar a la región 
mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio 
climático. España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se 
enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o 
indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los 
sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para 
nuestro bienestar como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad 
de vida y la salud de las personas. Por ello, gestionar de manera responsable nuestro 
patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad, todos ellos recursos escasos y 
frágiles, es ineludible. Las políticas de adaptación para lograr la anticipación a los impactos 
y favorecer la recuperación tras los daños son necesarias en todos los sectores de nuestra 
economía, así como la introducción de la variable climática en las políticas sectoriales, 
incluida la de salud pública.
En el sentido indicado, la presente ley da un paso más y recoge en su objeto, por 
primera vez, las políticas de adaptación y la necesidad de definir un sistema de indicadores 
de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos.
El Consejo de Ministros del 29 de junio de 2018 aprobó el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 donde se definen las políticas palanca que servirán 
para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre las áreas 
prioritarias de actuación se incluyen nueve políticas palanca, siendo una de ellas la 
presente ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La transición a una economía descarbonizada requiere también de medidas que 
faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. La 
transición hacia un modelo productivo más ecológico que sea socialmente beneficioso, en 
un país con altas tasas de desempleo como España, se logrará promoviendo la transición 
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ecológica de las empresas, las metodologías de trabajo y del mercado laboral en general. 
Estos esfuerzos crearán oportunidades de empleo decente, incrementando la eficiencia de 
los recursos y construyendo sociedades sostenibles con bajas emisiones de carbono.
Resulta por todo ello necesario mejorar la capacidad del Estado para hacer frente a las 
oportunidades y a los desafíos de la transición ecológica y de la descarbonización 
mediante una Estrategia de Transición Justa, que sirva como guía de acción para optimizar 
los beneficios y minimizar los riesgos sobre el empleo.
La ley establece un marco para facilitar la equidad en la transición a una economía 
descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que 
ayuden a detectar y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión. 
Así, entre otras cuestiones, se precisa el contenido de las obligaciones de reporte no 
financiero de las empresas cotizadas con el fin de incorporar la información relativa al nivel de 
exposición a riesgos climáticos y de carbono y las estrategias y objetivos para su mitigación.
IV
Esta ley consta de cuarenta artículos distribuidos en nueve títulos, nueve disposiciones 
adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, y quince 
disposiciones finales.
El título preliminar contiene las disposiciones generales de la ley, relativas al objeto y 
a sus principios rectores.
El título I recoge los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía 
española para los años 2030 y 2050: las emisiones del conjunto de la economía española 
en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23 % respecto al año 1990 y se deberá 
alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050. Además, en el año 2030 
deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de 
energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de 
generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética 
disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 % con respecto a la 
línea de base conforme a normativa comunitaria. Dichos objetivos, además, serán 
revisables, sin que puedan suponer una disminución del nivel de ambición medioambiental 
y deberán reflejar la mayor ambición posible. El objetivo de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a 2030 que se plantea para el conjunto de la economía 
española es coherente con el aumento de ambición que ha fijado el Consejo Europeo 
de 10 y 11 de diciembre de 2020, que acordó un objetivo a 2030 de reducción de emisiones 
de la Unión Europea de, al menos, un 55  % respecto a los niveles de 1990, como senda de 
reducción de emisiones para alcanzar la neutralidad climática en la Unión en 2050, en 
línea con los objetivos de París. En este contexto, España, consciente de la necesidad de 
un aumento de la ambición europea, reforzó con anterioridad a este acuerdo sus 
compromisos en emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y 
eficiencia energética en el PNIEC 2021-2030 con el que se materializa la consecución de 
los objetivos de esta ley. El PNIEC responde a la senda que asegurará el mejor modo 
desde el punto de vista ambiental y socioeconómico para lograr la plena descarbonización 
de España en 2050. El objetivo establecido a 2030 implica una disminución de un 39 % de 
las emisiones difusas respecto a 1990, según la evaluación de la Comisión Europea sobre 
el PNIEC de España, sobrepasando en 13 puntos la meta fijada para estos mismos 
sectores en el Reglamento europeo sobre el reparto de esfuerzos vigente en ese momento.
El compromiso de avanzar y adelantar la ambición climática se recoge en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sitúa a la transición ecológica como uno 
de sus ejes centrales. En este contexto el Gobierno de España trabaja para acelerar los 
objetivos del PNIEC adelantando su implementación de manera que la agenda climática 
se convierta en motor de una recuperación económica verde e inclusiva.
No obstante, siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6 % cada año como recomienda el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Por otro lado, la ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la 
transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia 
de Descarbonización a 2050 de la Economía Española. La ley establece la obligación de 
que todos los sectores contribuyan con sus esfuerzos a la descarbonización de la 
economía. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima deben recoger los 
objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los siguientes sectores: 
los sectores que participan en régimen de comercio de derechos de emisión, las grandes 
industrias y el sector eléctrico y los sectores difusos (agrario, forestal, transporte, 
residencial, institucional, comercial y de gases fluorados).
El título II recoge las disposiciones relativas a la generación de electricidad con 
energías procedentes de fuentes renovables y a la eficiencia energética.
En primer lugar, los ambiciosos objetivos de integración de renovables deben 
necesariamente venir acompañados por medidas encaminadas a cubrir la intermitencia y 
no gestionabilidad intrínsecas a las fuentes de energía primaria no almacenable. En 
concreto, la tecnología hidráulica no fluyente está llamada a desempeñar un papel 
fundamental en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, debido a que 
su rápida respuesta y gestionabilidad permiten maximizar la penetración de las tecnologías, 
garantizando el suministro en todo momento. Además, en el caso de las centrales 
reversibles, el beneficio es doble, pues los excedentes que se pueden producir en la 
generación renovable no gestionable pueden ser absorbidos por estas centrales, 
minimizando el riesgo de vertido y optimizando el uso de la capacidad de generación 
disponible.
Es por ello que la ley establece que el aprovechamiento del dominio público hidráulico 
no fluyente para la generación de energía eléctrica en las nuevas concesiones que se 
otorguen tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no 
gestionables en el sistema eléctrico, promoviendo, en particular, las centrales 
hidroeléctricas reversibles. Por otro lado, para que dicha integración sea compatible con 
una operación segura del sistema y el cumplimiento de los objetivos ambientales, se 
establecerán los mecanismos que permitan aplicar una estrategia de bombeo y turbinado 
para maximizar la integración de energías renovables. Estos mecanismos serán en todo 
caso compatibles con una gestión eficiente del recurso hidráulico en el mercado de 
electricidad y su protección ambiental. El aprovechamiento para la generación eléctrica de 
los fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos para usos propios 
del ciclo urbano del agua también se recoge en la ley.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto de 
manifiesto la preocupación por el elevado endeudamiento de actividades reguladas como 
el transporte, la distribución de gas natural y electricidad. En este contexto se hace 
necesario que la retribución de dichas actividades considere el cumplimiento de 
determinados umbrales de endeudamiento que garanticen la estabilidad de las actividades 
reguladas que resultan esenciales para el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
esta ley. Resulta necesario, por tanto, introducir este principio de prudencia financiera en 
las metodologías de retribución de las citadas actividades reguladas que el organismo 
competente para su aprobación desarrollará mediante el establecimiento de los incentivos 
que corresponda para garantizar el nivel de endeudamiento adecuado que permita 
disponer de una estructura de deuda sostenible.
Se modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética, para establecer que en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos 
en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe 
equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos 
incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Por su posible impacto en la seguridad de suministro de los sistemas gasista y eléctrico, 
a efectos de reforzar la obligación de informar al órgano competente, sobre la toma de 
participaciones en negocios no regulados, de empresas reguladas en negocios no regulados, 
y en particular de empresas que pertenecen a grupos empresariales encargados de la gestión 
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de la red de transporte de electricidad y gas natural, se modifica la disposición adicional 
novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia relativa a la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de 
sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural.
Para promover los cambios sustantivos que se requieren en materia de energía para 
cumplir con los objetivos de la ley, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia impulsarán una reforma del marco normativo para incluir aspectos como 
la participación de las personas consumidoras en los mercados energéticos, el acceso de 
las personas consumidoras de energía a sus datos, las inversiones en generación 
distribuida, el almacenamiento o los mercados locales de energía.
En relación a las medidas de eficiencia energética y la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación de edificios se recoge que deberán ser coherentes con los objetivos de 
eficiencia, de gestión de la demanda y de renovables establecidos en los sucesivos Planes 
Integrados de Energía y Clima. Con la finalidad de conseguir edificios más eficientes se 
fomenta el uso de materiales con la menor huella de carbono posible, mejoras en la 
accesibilidad de los edificios, incentivos para el introducción de energías renovables en la 
rehabilitación de viviendas, facilitando instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las 
comunidades de propiedad horizontal y sistemas de calefacción y refrigeración de cero 
emisiones.
El título III aborda las medidas relacionadas con la transición energética y los 
combustibles.
En primer lugar, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de 
investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, 
incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. De 
esta medida quedan excluidas las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un 
permiso de investigación vigente que se encuentren en tramitación antes de la entrada en 
vigor de esta ley, que se regirán por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el 
citado permiso de investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga, que se excluye 
expresamente.
Por sus características específicas, los proyectos relacionados con la minería del 
uranio dan lugar a unos materiales residuales que tienen la consideración de residuos 
radiactivos. Dada la larga vida de estos residuos radiactivos, que trasciende a 
generaciones, tras su gestión definitiva, y con objeto de dar cumplimiento a la normativa 
española en materia de protección radiológica, es necesario el establecimiento de las 
medidas necesarias para evitar su posible dispersión, que podría suponer un riesgo para 
la población o para el medio ambiente. De esta manera, debido a sus prejuicios y a su 
coste tampoco se otorgarán nuevos permisos de exploración, de investigación o 
concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de 
autorización de instalaciones radiactivas.
En segundo lugar, es necesario iniciar un proceso que de manera paulatina garantice 
la coherencia entre las ayudas o incentivos públicos y los objetivos de mitigación de 
cambio climático. Como regla general en la ley se establece que la aplicación de nuevos 
beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente 
justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de 
alternativas tecnológicas.
Finalmente, se introducen disposiciones que fomentan los gases renovables, incluyendo 
el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos. Así, se introduce en 
la ley, por un lado, que el Gobierno promoverá, mediante la aprobación de planes 
específicos, la penetración de estos combustibles y por otro lado, una disposición para 
reducir las emisiones específicas en el sector del transporte aéreo, marítimo y transporte 
pesado por carretera a través de la integración de energías renovables y del establecimiento 
de objetivos de suministro de biocarburantes y otros combustibles renovables de origen no 
biológico. A efectos de evitar el uso de biocombustibles que tengan impacto negativo sobre 
el medio ambiente, se exige el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de protección 
de la calidad del aire recogidos en la normativa comunitaria.
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El título IV aborda las cuestiones relativas a la movilidad sin emisiones y transporte. El 
sector del transporte tiene que ser parte de la respuesta al cambio climático y posicionarse 
en el nuevo modelo de desarrollo para aprovechar las oportunidades que abre la nueva 
realidad económica y social. En materia de movilidad sin emisiones, se establece que se 
adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales 
ligeros sin emisiones directas de CO2. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los 
territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible coherentes con los 
planes de calidad del aire que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las 
emisiones derivadas de la movilidad. Asimismo, se ofrece la posibilidad a las Comunidades 
Autónomas insulares, por su vulnerabilidad frente al cambio climático, a instar al Estado a 
establecer medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones de la 
circulación de turismos y furgonetas en su ámbito territorial.
El sector del transporte por carretera supone el 25 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de nuestro país siendo una de las principales barreras para su 
descarbonización el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de recarga eléctrica. Por 
otro lado, España cuenta con una amplia red de 11.400 estaciones de servicio distribuidas 
capilarmente por todo el territorio.
Con objeto de garantizar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, 
la ley introduce obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en las 
estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones 
de litros, alcanzado el 10 % de la red. Esta infraestructura de recarga deberá tener una 
potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del volumen de ventas. La 
obligación se impone a las personas titulares de las estaciones de servicio que 
presumiblemente disponen de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente 
a la inversión requerida. En el caso de concesiones en redes estatales de carreteras, las 
obligaciones señaladas serán satisfechas por los concesionarios de las mismas. El 
régimen de obligaciones será el mismo que el establecido para las personas titulares de 
instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos. La ley recoge un 
mandato al Gobierno para desarrollar y poner a disposición del público una plataforma de 
información sobre puntos de recarga y de señalética.
Por otra parte, se introduce la previsión de que el Código Técnico de la Edificación 
establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes, con 
el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades. En línea con lo establecido 
en el PNIEC, estas medidas regulatorias se acompañarán con ayudas públicas que 
faciliten el despliegue de la infraestructura de recarga, en línea con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, al constituir una 
oportunidad para aprovechar la financiación europea y acelerar la consecución de los 
objetivos de electrificación y movilidad sostenible con recursos suficientes.
Asimismo, la ley recoge la necesidad de adoptar medidas para la reducción de las 
emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles en el transporte marítimo y 
en puertos, de forma que los puertos de competencia del Estado en el año 2050 sean de 
cero emisiones directas.
El título V recoge las medidas de adaptación frente a los impactos del cambio climático. 
El cambio climático ya es una realidad y sus impactos se muestran con una amplitud y 
profundidad crecientes en nuestro país. Sectores clave de nuestra economía dependen 
estrechamente del clima. Pero también otros muchos campos esenciales para nuestro 
bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda. Las acciones de 
adaptación efectivas reducen la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales frente al cambio del clima y también pueden mejorar su 
capacidad para recuperarse y reestablecerse tras una perturbación asociada al clima. De 
manera complementaria la adaptación aporta beneficios económicos y sociales que 
la justifican.
La ley establece que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es 
el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente 
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frente a los efectos del cambio climático. El PNACC define los objetivos, criterios, ámbitos 
de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación. Incluirá la adaptación 
frente a impactos en España derivados del cambio climático que tiene lugar más allá de 
las fronteras nacionales y priorizará la adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas.
Por primera vez se establecerán en el marco del PNACC objetivos estratégicos y la 
definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, así 
como la elaboración de informes de riesgo. El PNACC se desarrollará a través de 
programas de trabajo y de planes sectoriales.
Asimismo la ley contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático 
en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la 
territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del 
transporte, la de seguridad y dieta alimentarias, así como la de salud pública.
Por otro lado, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats 
frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las 
directrices básicas para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y 
de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y 
conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o 
dependientes del agua y de alta montaña. La Red Natura 2000 también tendrá que 
evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.
La política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal son clave para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática, por lo que la ley en su artículo 25 establece que el 
Gobierno incorpore medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático 
de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales para facilitar la 
preservación de los mismos, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad. En 
el mismo artículo se incorpora la necesidad de hacer compatible la conservación del 
patrimonio natural con el despliegue de las energías renovables.
En la misma línea, se recoge la necesidad de incentivar la participación de los 
propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de 
CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente los del sector 
agrario y forestal. Para ello, junto con su identificación, evaluación y seguimiento se 
fomentarán sus cobeneficios como motor de desarrollo de las zonas rurales.
El título VI aborda medidas en el ámbito de la transición justa. La transición a una 
economía descarbonizada requiere también de medidas que faciliten una transición justa 
para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales. Así, 
pues, para que la transición hacia un modelo productivo más ecológico sea socialmente 
beneficiosa, en un país con altas tasas de desempleo como España, la misma debe ser 
motor de nuevos empleos y generar oportunidades de empleo de calidad.
Resulta necesario mejorar la capacidad del Estado de hacer frente a las oportunidades 
y desafíos de la transición ecológica y la descarbonización mediante una Estrategia de 
Transición Justa que sirva como guía de acción para optimizar los beneficios y minimizar 
los riesgos sobre el empleo. La ley crea la Estrategia de Transición Justa, como instrumento 
de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo 
de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y 
regula la figura de los Convenios de Transición Justa como instrumentos clave para 
materializar las actuaciones. En la regulación de los convenios de transición justa se 
posibilita la participación en los mismos de las Comunidades Autónomas en función de las 
competencias que tienen atribuidas.
Por último, como señal clara de coherencia con la senda de descarbonización de 
nuestro país, se regula el cese de la producción de carbón nacional.
El título VII contempla aspectos concretos en la movilización de recursos en la lucha 
contra el cambio climático y la transición energética. En primer lugar, la ley dispone, con 
las excepciones establecidas en la misma, que al menos un porcentaje de los Presupuestos 
Generales del Estado, equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la 
Unión Europea, deberá tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, 
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estableciendo, en segundo lugar, que el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Hacienda, revisará al 
alza, antes del año 2025, este porcentaje. En tercer lugar, se define el uso de los ingresos 
procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por 
otro lado, la ley contempla una serie de medidas relacionadas con la contratación pública, 
destacando entre las mismas la inclusión en los pliegos de contratación de criterios de 
adjudicación vinculados con la lucha contra el cambio climático y de prescripciones 
técnicas particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de la huella 
de carbono.
En España es necesario llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a 
identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española 
y sus empresas y favorecer de esta forma la aplicación progresiva y cada vez más 
compleja de criterios de responsabilidad en materia de clima por parte de todos los actores. 
Por ello, es necesario fomentar el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, en línea con lo adoptado por la Unión Europea, que permita reorientar los 
flujos de capital con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. Se recogen las 
obligaciones de información que debe emprender el sector financiero y las empresas. Se 
introduce la obligación de presentar, en materia de obligaciones de información no 
financiera, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto 
financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su 
actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las 
medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos financieros. Como sector que 
también debe contribuir a reducir las emisiones, a partir del año 2023, junto con las 
obligaciones de información las entidades de crédito deben publicar objetivos específicos 
de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de 
París. En el articulado de la ley se detalla el contenido de este informe, que está en línea 
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del G20 sobre Divulgación de información 
financiera relacionada con el cambio climático, incluyendo su planificación financiera.
Asimismo, se prevé que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaboren un informe 
sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio 
climático.
Se incluye, por otro lado, la obligación de que el operador del sistema eléctrico, el 
Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 
remitan un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades 
asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su 
estrategia y su planificación financiera. Obligaciones de información similares a las que se 
introducen en esta ley ya forman parte de la realidad económica y financiera de países 
como Reino Unido, Noruega, Francia y Alemania.
Las instituciones financieras internacionales están apoyando y demandando nuevos 
requerimientos de divulgación y evaluación de riesgos y oportunidades asociadas al 
cambio climático, donde las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de 
información financiera relacionada con el cambio climático (Taskforce on Climate Related 
Financial Disclosures), promovido en 2015 por el Financial Stability Board (FSB), para 
responder a los riesgos que el cambio climático crea en la estabilidad financiera en el 
contexto de la economía global, están sentando las bases de muchas de las iniciativas que 
se están poniendo en marcha. Estas iniciativas se basan en la existencia de un creciente 
reconocimiento de la correlación positiva entre la gestión de los riesgos climáticos, la 
creación de valor a largo plazo y el poder de los mercados. La ley da respuesta al interés 
creciente del sector financiero por las finanzas verdes y constata la reorientación de las 
estrategias de la banca y del mundo financiero del siglo XXI.
El título VIII aborda dos cuestiones de esencial importancia para la implicación de la 
sociedad española en las respuestas frente al cambio climático y la promoción de la transición 
energética, como son, por una parte, la educación y la capacitación para el desarrollo 
sostenible y el cuidado del clima, y, de otra, la investigación, desarrollo e innovación.
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El título IX regula de forma novedosa la gobernanza de cambio climático y transición 
energética en España. En primer lugar, se crea el Comité de Personas Expertas de Cambio 
Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer 
recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas 
las normativas. A tal fin, elaborará anualmente un informe que será remitido y sometido a 
debate en el Congreso de los Diputados, con la participación del Gobierno. Las 
Comunidades Autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas 
de Cambio Climático de los planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021. 
Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que 
se adopten en la lucha contra al cambio climático y la transición energética hacia una 
economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la 
participación de los agentes sociales y económicos interesados y del público. Por último, 
la ley contempla un artículo relativo a las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de 
gases de efecto invernadero, de forma que se refuerce la coordinación a la hora de 
responder a las obligaciones de información asumidas en el marco de la normativa 
nacional, comunitaria e internacional.
Esta ley se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, 
esta norma se justifica en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París, facilitar la plena descarbonización de la economía española, de modo 
que se garantice el uso racional y solidario de nuestros recursos, y la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente. Se cumple el principio de 
proporcionalidad ya que la regulación se limita al mínimo imprescindible para llevar a 
cabo la transformación de la economía española, dando las señales necesarias para que 
esta tenga lugar. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa 
normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 
y de la Unión Europea, así como internacional, en particular respecto de la Agenda 2030 
y el Acuerdo de París, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, 
claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento, comprensión y aplicación y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En 
aplicación del principio de eficiencia, se limitan las cargas administrativas a las 
imprescindibles para la consecución de los fines descritos, siempre dentro del marco del 
ordenamiento jurídico nacional, de la Unión Europea e internacional. En aplicación del 
principio de transparencia, la ley se ha tramitado con arreglo a las previsiones de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y de conformidad con la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente, por ser una 
norma con incidencia ambiental, en aras de obtener la mayor participación posible de la 
sociedad, a través de los trámites de consulta previa y audiencia e información públicas. 
Asimismo, la ley se ha sometido al Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde están 
representados los principales sectores de la sociedad civil en materia medioambiental. 
Por último, la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que 
ha acompañado a toda la tramitación normativa en sus distintos trámites participativos, se 
ha visto reforzada con la consulta a los órganos colegiados de coordinación que aúnan a 
las distintas administraciones, como son el Consejo Nacional del Clima y la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático, así como a la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente.
En la redacción del anteproyecto de ley se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en relación con las competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en materia de cambio climático, como son, por ejemplo, la Sentencia 15/2018, 
de 22 de febrero de 2018, la Sentencia 62/2018, de 7 de junio de 2018, la Sentencia 64/2018, 
de 7 de junio de 2018, y Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. En esta última 
Sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido que la determinación de los objetivos 
de clima es competencia del Estado.
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El proyecto transpone la Directiva 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Esta 
transposición se realiza a través del artículo 15 de la ley, que dispone que antes del 1 de enero 
de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de 
uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior 
adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.
Por último, esta ley se dicta de acuerdo con el Consejo de Estado. Asimismo, se dicta 
conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica; en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, además de 
la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias; y en el 
artículo 149.1.25.ª de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.
Asimismo, esta ley se dicta también al amparo de las competencias exclusivas del 
Estado previstas en los artículos 149.1.15.ª en relación con el fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica; 149.1.18.ª en relación con la legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas; 149.1.20.ª en relación con la marina 
mercante, puertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo; 149.1.21.ª en relación con los transportes terrestres, tráfico y circulación de 
vehículos a motor; 149.1.22.ª en relación con los recursos y aprovechamientos hidráulicos, 
y autorización de las instalaciones eléctricas; 149.1.24.ª en relación con las obras públicas 
de interés general; y 149.1.30.ª en relación con las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y profesionales.
Se exceptúa de lo anterior por carecer de carácter básico y ser de aplicación exclusiva 
de la Administración General del Estado algunas materias que se regulan en esta ley, 
como son los puertos de competencia del Estado, la contratación pública, y la desinversión 
en productos energéticos de origen fósil.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Esta ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos 
del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de 
abril de 2016 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 de febrero de 2017; facilitar 
la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo 
que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los 
impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que 
genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, darán cumplimiento al objeto de 
esta ley, y cooperarán y colaborarán para su consecución.
Artículo 2. Principios rectores.
Las actuaciones derivadas de esta ley y de su desarrollo se regirán por los principios 
reconocidos en el derecho nacional, en el marco de las competencias que tienen atribuidas 
el Estado y las Comunidades Autónomas, en el derecho de la Unión Europea e 
internacional de aplicación en materia de energía y clima y, en especial, en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992, el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por 
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España el 22 de abril de 2016 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de febrero 
de 2017, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y la normativa de 
la Unión Europea, así como en los principios siguientes:
a) Desarrollo sostenible.
b) Descarbonización de la economía española, entendiendo por tal la consecución 
de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero.
c) Protección del medio ambiente, preservación de la biodiversidad, y aplicación del 
principio «quien contamina, paga».
d) Cohesión social y territorial, garantizándose, en especial, la armonización y el 
desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables 
respetando los valores ambientales.
e) Resiliencia.
f) Protección y promoción de la salud pública.
g) Accesibilidad universal.
h) Protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia.
i) Igualdad entre mujeres y hombres.
j) Mejora de la competitividad de los sectores productivos y certidumbre para las 
inversiones.
k) Precaución.
l) No regresión.
m) La mejor y más reciente evidencia científica disponible, incluyendo los últimos 
informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de 
las Naciones Unidas.
n) Calidad y seguridad de suministro de energía.
ñ) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
TÍTULO I
Objetivos y planificación de la transición energética
Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías 
renovables y eficiencia energética.
1. Se establecen los siguientes objetivos mínimos nacionales para el año 2030 al 
objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio 
de las competencias autonómicas:
a) Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto 
de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.
b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 
consumo de energía final de, al menos, un 42 %.
c) Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación 
a partir de energías de origen renovables.
d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, 
al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
2. Antes de 2050 y en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar 
la neutralidad climática, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos 
internacionalmente asumidos, y sin perjuicio de las competencias autonómicas, y el sistema 
eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
3. Se autoriza al Consejo de Ministros a revisar al alza los objetivos establecidos en 
los apartados 1 y 2 de este artículo con los siguientes fines:
a) Para cumplir con el Acuerdo de París, de acuerdo con las decisiones que tome la 
Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París.
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b) Para cumplir con la normativa de la Unión Europea.
c) Para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento 
científico.
d) Cuando concurran elementos objetivos cuantificables que, motivadamente, lo 
aconseje por motivos medioambientales, sociales o económicos.
4. La revisión de los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 solo podrá 
contemplar una actualización al alza de las sendas vigentes de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero e incremento de las absorciones por los sumideros.
5. En cualquier caso, se iniciará en el año 2023 la primera revisión de los objetivos 
establecidos en este artículo.
Artículo 4. Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima.
1. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es la herramienta de 
planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la 
contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la 
Unión Europea en materia de energía y clima, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de la Unión Europea. Será aprobado por real decreto del Consejo de Ministros, 
a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. Los informes de progreso sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 
elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se 
someterán periódicamente al Consejo de Ministros para su toma en consideración, 
debiendo ser objeto de la correspondiente publicidad.
3. El primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima abarcará el periodo 2021-2030.
4. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima incluirán, al menos, el 
siguiente contenido:
a) Los objetivos y contribuciones cuantitativas ajustados a la ley, a nivel nacional y 
sectorial, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y absorciones por los 
sumideros, de energías renovables y de eficiencia energética, garantizando la contribución 
de todos los sectores de la economía a la consecución de tales objetivos.
b) Las políticas y medidas correspondientes para alcanzar dichos objetivos.
c) Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa de la Unión 
Europea sobre la estructura y contenido de los Planes.
Artículo 5. Estrategia de Descarbonización a 2050.
1. El Gobierno aprobará una Estrategia de Descarbonización a 2050 que establezca 
una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de 
las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050, 
necesaria para cumplir con los objetivos señalados en el artículo 3 y de conformidad con 
lo exigido por la normativa de la Unión Europea. La Estrategia de Descarbonización a 2050 
será revisable cada cinco años e incluirá, al menos, un objetivo intermedio de mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero indicativo en 2040.
2. La Estrategia de Descarbonización a 2050 será aprobada mediante real decreto 
del Consejo de Ministros, a iniciativa de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Una vez aprobada, se dará cuenta de la misma al Congreso de los Diputados 
y al Senado.
Artículo 6. Digitalización para la Descarbonización de la Economía.
El Gobierno adoptará acciones de impulso a la digitalización de la economía que 
contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización, en el marco de la estrategia 
España Digital 2025. Entre las referidas acciones se incluirán:
a) Abordar estratégicamente los retos y oportunidades que genera la incorporación 
de la tecnología digital al sector energético, al sector de la movilidad sostenible, a la 
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economía circular, a la gestión del capital natural, a las redes y ciudades inteligentes y, en 
general, a las actividades de lucha contra el cambio climático.
b) Informar y difundir las nuevas propuestas para la reducción de emisiones de efecto 
invernadero de la economía digital y los nuevos modelos de negocio.
c) Emplear el potencial de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para 
transitar hacia una economía verde, incluyéndose, entre otros aspectos, el diseño de 
algoritmos energéticamente eficientes por diseño.
d) Impulsar las competencias digitales de la fuerza laboral, entre otros para las 
personas trabajadoras de los sectores necesitados de medidas de acompañamiento de 
Transición Justa, cuyos puestos pueden ser reemplazados por tecnologías emergentes, de 
modo que se maximice el aprovechamiento de las oportunidades y se minimicen los 
efectos negativos.
e) Promover que las compañías tengan en cuenta el impacto de sus servicios y de su 
proceso de digitalización y adopten un enfoque responsable de la innovación de los 
servicios digitales existentes para lograr una digitalización sostenible en el ámbito de 
aplicación de esta ley.
TÍTULO II
Energías renovables y eficiencia energética
Artículo 7. Generación eléctrica en dominio público hidráulico.
1. Al objeto de cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos 
en esta ley, las nuevas concesiones que se otorguen, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación de aguas sobre el dominio público hidráulico para la generación de energía 
eléctrica, tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables 
en el sistema eléctrico. A tal fin, se promoverán, en particular, las centrales hidroeléctricas 
reversibles, siempre que cumplan con los objetivos ambientales de las masas de agua y 
los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de cuenca y sean 
compatibles con los derechos otorgados a terceros, con la gestión eficiente del recurso y 
su protección ambiental.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones técnicas para llevar a cabo 
el bombeo, almacenamiento y turbinado para maximizar la integración de energías 
renovables. Dichas condiciones tendrán en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Al objeto de avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos en materia de energías 
renovables y contribuir al logro de los objetivos previstos en la ley se promoverá, para usos 
propios del ciclo urbano del agua, el aprovechamiento para la generación eléctrica de los 
fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos, siempre condicionado 
al cumplimiento de los objetivos de dichos sistemas cuando sea técnica y económicamente 
viable.
Artículo 8. Eficiencia energética y rehabilitación de edificios.
1. El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía, la gestión de la 
demanda y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el ámbito de la 
edificación, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades 
Autónomas, con especial referencia a los edificios habitados por personas en situaciones 
de vulnerabilidad.
2. Los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la 
rehabilitación de edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin de 
disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio.
3. Las directrices y criterios de rehabilitación energética garantizarán en todo caso el 
mantenimiento y, cuando proceda, la mejora de las condiciones de accesibilidad y 
usabilidad de los edificios e instalaciones, fomentándose la posibilidad de aunar ambos 
tipos de actuaciones rehabilitadoras en programas únicos o, al menos, alineados.
cve: BOE-A-2021-8447
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4. El Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, 
tanto públicos como privados, para alcanzar los efectos señalados en este artículo y, en 
especial, la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, en un plazo inferior a seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de 
Viviendas y Renovación urbana con el objetivo de mejorar el parque edificado, 
independientemente de su titularidad, a efectos de cumplimentar los indicadores de 
eficiencia energética establecidos en el PNIEC y garantizar la integración de dichas 
actuaciones con el resto de los objetivos de mejora establecidos en la Agenda Urbana 
Española. Este Plan deberá seguir los criterios y objetivos recogidos en la estrategia a largo 
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).
5. Las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que favorezcan la 
consecución de los objetivos previstos en este artículo, con especial atención a la introducción 
de las energías renovables en la rehabilitación de viviendas fomentando el autoconsumo, las 
instalaciones de pequeña potencia, la calefacción y la refrigeración cero emisiones.
6. Las medidas referidas en los apartados anteriores, la reglamentación técnica sobre 
energía y la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación de edificios serán coherentes con 
los objetivos establecidos en los sucesivos Planes Integrados de Energía y Clima.
TÍTULO III
Transición energética y combustibles
Artículo 9. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
1. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, 
incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas 
autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones 
de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el 
que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de 
hidrocarburos en el medio marino.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para 
realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que 
esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen.
2. Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación, y sin 
perjuicio de los requisitos establecidos en el real decreto de otorgamiento, la persona o 
entidad titular de la concesión presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico un informe que refleje el potencial de reconversión de sus 
instalaciones o de su ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía 
geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular, el establecimiento de 
energías renovables, y que deberá contemplar los niveles de mantenimiento del empleo.
Artículo 10. Investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos.
1. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para 
el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones 
directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de 
julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 
de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades 
radiactivas, fisionables o fértiles.
2. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de 
autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el 
procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las 
así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
cve: BOE-A-2021-8447
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Artículo 11. Ayudas a productos energéticos de origen fósil.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a 
productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de 
interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. 
Durante el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda realizará un 
informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, 
identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. El Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará una propuesta de calendario para la 
revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de 
origen fósil, compatible con los objetivos previstos en la ley, teniendo en cuenta los 
informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y previa consulta a los ministerios 
sectoriales afectados. El calendario de revisión será aprobado mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros.
Artículo 12. Fomento y objetivos de los gases renovables.
1. El Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la 
penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y 
otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y 
energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o 
subproductos de origen animal o vegetal.
2. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Planes Nacionales 
Integrados de Energía y Clima, los planes de fomento referidos en el apartado anterior 
podrán prever, entre otras, las siguientes medidas:
a) Objetivos anuales de penetración de los gases renovables en la venta o consumo 
de gas natural, con indicación de los tipos de producto con los que se deberá cumplir la 
obligación, así como de los sujetos obligados.
b) Un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones 
así como mecanismos de flexibilidad que favorezcan la máxima eficiencia en el logro de 
los objetivos.
c) Regulaciones que favorezcan el uso industrial directo de los gases o su empleo 
para soluciones de movilidad, así como la inyección de dichos gases renovables en la red 
de gas natural.
Artículo 13.  Objetivos de energías renovables y combustibles alternativos sostenibles en 
el transporte.
1. El Gobierno establecerá objetivos anuales de integración de energías renovables y 
de suministro de combustibles alternativos en el transporte con especial énfasis los 
biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. En el caso 
del transporte aéreo, los objetivos se establecerán a propuesta conjunta de los Ministerios de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
debiendo tener en cuenta la lejanía y realidad propias de los territorios insulares.
2. Reglamentariamente el Gobierno adoptará las medidas necesarias para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de integración de energías renovables y suministro de 
combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis los biocarburantes 
avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico en el transporte aéreo, 
incluidos los combustibles sintéticos en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente 
materias primas y energía de origen renovable. En particular, estas medidas podrán incluir:
a) Los tipos de producto con que se deberán cumplir los objetivos y los sujetos 
obligados.
b) Un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones, 
así como mecanismos de flexibilidad que favorezcan la máxima eficiencia en el logro de 
los objetivos.
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3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, los biocarburantes y otros 
combustibles renovables de origen no biológico que se incorporen en el transporte aéreo 
deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa de la Unión 
Europea y nacional sobre biocombustibles y otros combustibles renovables de origen no 
biológico, en particular, los previstos en la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, con el fin de evitar el empleo de materias primas con efectos 
negativos indirectos sobre el medio ambiente y la calidad del aire.
TÍTULO IV
Movilidad sin emisiones y transporte
Artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones.
1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para 
alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones directas de CO2, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. 
A estos efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijará para el año 2030 
objetivos de penetración de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas 
de CO2, según sus diferentes categorías.
2. En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 se adoptarán las 
medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los 
turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como 
vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus 
emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g 
CO2/km de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal efecto, 
previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración 
de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.
3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán 
antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación 
que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:
a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.
b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de 
transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes 
intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.
c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas 
de integración multimodal.
d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles 
sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.
e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, 
incluyendo puntos de recarga.
f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.
g) Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo 
sostenibles.
h) El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire 
alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea 
necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire.
i) Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de 
bajas emisiones municipales.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los municipios de más de 20.000 
habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
cve: BOE-A-2021-8447
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Los planes de movilidad urbana sostenible habrán de ser coherentes con los planes de 
calidad del aire con los que, en su caso, cuente el municipio con arreglo a lo previsto en el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración 
pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y 
en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos 
para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.
Cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya 
existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en 
materia de protección del medio ambiente.
4. De acuerdo con la normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea 
y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden, las Comunidades Autónomas 
insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al 
Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en 
restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas.
Artículo 15. Instalación de puntos de recarga eléctrica.
1. El Gobierno pondrá a disposición del público la información de los puntos de 
recarga eléctrica para vehículos de acceso  público, dentro del año posterior a la entrada en 
vigor de esta ley, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo 
real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Para ello, con 
carácter previo, los prestadores del servicio de recarga eléctrica deberán remitir por medios 
electrónicos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información 
actualizada de la localización, características, y disponibilidad de dichas instalaciones, así 
como del precio de venta al público de la electricidad o del servicio de recarga.
El Gobierno velará especialmente por el cumplimiento de lo establecido en el Real 
Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para 
la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, de acuerdo con 
los informes que se prevén por la Directiva 2014/94/UE, de 22 de octubre de 2014, relativa 
a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, en lo relativo a 
garantizar la interoperabilidad de los puntos de recarga accesibles al público.
2. Quienes ostenten la titularidad de las instalaciones de suministro de combustibles 
y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A 
en 2019 sea superior o igual a 10 millones de litros instalarán, por cada una de estas 
instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior 
a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de veintiún meses 
a partir de la entrada en vigor de esta ley.
3. Quienes ostenten la titularidad de las instalaciones de suministro de combustibles 
y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo 
A en 2019 sea superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, 
instalarán, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga 
eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar 
servicio en un plazo de veintisiete meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.
4. En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna 
instalación de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual 
agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual a 5 millones de 
litros, quienes ostenten la titularidad de las instalaciones que, ordenadas de mayor a 
menor volumen de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo, conjunta o 
individualmente alcancen al menos el 10 % de las ventas anuales totales en las citadas 
áreas geográficas en el año 2019 instalarán, por cada una de estas instalaciones, al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en 
corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de 27 meses a partir de la 
entrada en vigor de esta ley.
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5. A partir de 2021, quienes ostenten la titularidad de las instalaciones nuevas de 
suministro de combustible y carburantes a vehículos o que acometan una reforma en su 
instalación que requiera una revisión del título administrativo, independientemente del 
volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo de la instalación, instalarán al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en 
corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la 
instalación o finalización de la reforma de la misma que requiera una revisión del título 
administrativo.
6. Mediante Orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, con la participación de las Comunidades Autónomas, se establecerá 
el listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas por los 
apartados segundo, tercero, cuarto y quinto de este artículo, así como las excepciones e 
imposibilidades técnicas para su cumplimiento.
7. En el año 2023, y a partir de entonces bianualmente, mediante Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía se establecerá el listado de nuevas instalaciones de 
suministro de combustibles y carburantes obligadas por el apartado octavo de este artículo, 
así como de las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento.
8. Las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes que dos años antes 
de la publicación de las resoluciones a la que hace referencia el apartado séptimo de este 
artículo superen el umbral de ventas anuales de gasolina y gasóleo A que se establece en 
los apartados segundo y tercero de este artículo estarán obligadas a la instalación de al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica en los mismos términos y plazos que los 
indicados en dichos apartados. Los plazos de puesta en servicio de las infraestructuras de 
recarga se entenderán iniciados desde la publicación de las resoluciones a las que hace 
referencia el apartado séptimo de este artículo.
9. Mediante Orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico se establecerá la regulación del contenido y forma de remisión de la 
información de los puntos de recarga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico por parte de los prestadores del servicio de recarga.
10. El Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a la 
instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción 
y en intervenciones en edificios existentes. Sin perjuicio de lo anterior, antes del 1 de enero 
de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una 
zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio 
exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que establezca el Código Técnico de la 
Edificación. Reglamentariamente se regularán las obligaciones relativas a la instalación de 
puntos de recarga de vehículo eléctrico en aparcamientos no integrados en edificaciones.
11. En el caso de concesiones en redes estatales de carreteras, las obligaciones a 
que se refieren los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo corresponderán a las personas 
concesionarias de las mismas. El régimen de obligaciones será el mismo que el establecido 
para quienes ostenten la titularidad de instalaciones de suministro de combustibles y 
carburantes a vehículos, conforme a lo indicado en los citados apartados de este artículo.
12. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio del Interior 
incorporarán en el Catálogo oficial de señales de circulación las señales necesarias para 
que las personas usuarias puedan identificar la ubicación y principales características de 
los puntos de recarga en las vías. Ambos departamentos y el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico acordarán el contenido e imagen de dichas señales.
Para el diseño y la ubicación de los puntos de recarga se tendrán en cuenta criterios 
de accesibilidad universal.
Artículo 16. Transporte marítimo y puertos.
1. En los puertos de competencia del Estado el Gobierno adoptará medidas para la 
reducción paulatina de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles 
de los buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas físicas cuando estén 
cve: BOE-A-2021-8447
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amarrados o fondeados en los puertos, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones 
directas de estos antes de 2050.
2. A través de las Administraciones Públicas competentes, el Gobierno promoverá la 
articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en 
puertos mediante iniciativas estratégicas dirigidas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en puertos, así como en las cadenas de transporte marítimas o 
terrestres con origen o destino en puertos.
3. Las iniciativas señaladas en los apartados anteriores de este artículo tendrán por 
objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética y de la calidad del aire de las 
instalaciones portuarias, la generación o contratación de energía de origen renovable en 
puertos, el impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el impulso al 
desarrollo de Autopistas del Mar, la mejora de accesos viarios, y el estímulo al uso de 
energías alternativas en el transporte marítimo, con especial atención al uso de este tipo 
de energías en barcos atracados, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión 
Europea en materia de ayudas estatales.
4. Con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en este artículo, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas en sus ámbitos 
de competencias:
a) Aplicará medidas de incentivo económico dirigidas a estimular el suministro 
eléctrico o el uso de combustibles alternativos en buques atracados, el transporte ferroviario 
con origen o destino en puertos y medidas de eficiencia energética en concesiones.
b) Promoverá y ejecutará proyectos de mejora de accesos viarios y ferroviarios, y 
actuaciones de mejora de la red ferroviaria que incrementen la competitividad del 
transporte ferroviario con origen o destino en puertos y plataformas logísticas, fomentando, 
en la medida de lo posible, su ubicación en las provincias de interior. Asimismo, fomentará 
la mejora de las redes eléctricas de los puertos.
c) Establecerá objetivos de reducción de consumo energético en los puertos relativos 
al nivel de actividad de los mismos.
5. Asimismo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 
coordinación con sus homólogos de otros países, promoverá el desarrollo de Autopistas 
del Mar y líneas regulares de transporte Roll On-Roll Off, todo ello dentro del marco 
reglamentario que regula el apoyo oficial en forma de ayudas y previa solicitud a la 
Comisión Europea de la correspondiente autorización.
TÍTULO V
Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático
Artículo 17. Adaptación al Cambio Climático.
1. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) constituye el 
instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente 
a los efectos del cambio climático en España. Sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otras Administraciones Públicas, el PNACC define los objetivos, criterios, 
ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al 
cambio climático e incluirá la adaptación frente a impactos en España derivados del 
cambio climático que tiene lugar más allá de las fronteras nacionales.
2. Los objetivos específicos del PNACC incluirán:
a) La elaboración de escenarios climáticos regionalizados para la geografía española.
b) La recopilación, análisis y difusión de información acerca de la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos, sistemas 
ecológicos y territorios.
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c) La promoción y coordinación de la participación de todos los agentes implicados 
en las políticas de adaptación, incluyendo los distintos niveles de las administraciones 
públicas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto.
d) La definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio 
climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas al respecto.
e) La elaboración de informes periódicos de seguimiento y evaluación del PNACC y 
sus programas de trabajo.
3. El contenido básico del PNACC debe incluir:
a) La identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos derivados del 
cambio climático para varios escenarios posibles.
b) La evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de 
las poblaciones y de los sectores socioeconómicos.
c) Un conjunto de objetivos estratégicos concretos, con indicadores asociados.
d) Un conjunto de medidas de adaptación orientadas a reducir las vulnerabilidades 
detectadas.
4. El PNACC será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y previa 
puesta en común con las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
5. El PNACC se desarrollará mediante Programas de Trabajo, a aplicar en periodos 
de cinco años. Cada Programa definirá los ejes y líneas prioritarias para el desarrollo de 
los objetivos establecidos en el Plan. Los programas de trabajo serán adoptados mediante 
Orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
6. Los resultados de cada Programa de Trabajo se revisarán periódicamente, al 
menos al final del periodo de desarrollo de cada uno de ellos, para llevar a cabo las 
acciones complementarias necesarias y tomarlos como referencia para preparar las 
propuestas a incluir en el siguiente Programa.
7. El PNACC también se desarrollará mediante planes sectoriales de adaptación que 
serán impulsados y elaborados por los Departamentos ministeriales competentes y que 
identificarán los principales riesgos derivados del cambio climático sobre el sector, recurso 
o ámbito correspondiente y definirán medidas de respuesta oportunas para evitarlos o 
limitarlos.
8. El PNACC promoverá y priorizará la adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas, el desarrollo de las infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la 
naturaleza.
Artículo 18. Informes sobre riesgos climáticos y adaptación.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de información asumidos en el Acuerdo de 
París y en la normativa internacional y comunitaria, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con otros departamentos ministeriales 
y con las Comunidades Autónomas, elaborará y publicará informes, con una periodicidad 
al menos quinquenal, sobre la evolución de los impactos y riesgos derivados del cambio 
climático y sobre las políticas y medidas destinadas a aumentar la resiliencia y disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático en España.
Artículo 19. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua.
1. La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio 
climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para 
la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con 
la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e 
incrementando la resiliencia.
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2. La planificación y la gestión hidrológica deberán adecuarse a las directrices y 
medidas que se desarrollen en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas. Dicha 
Estrategia es el instrumento programático de planificación de las Administraciones Públicas 
que será aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta ley.
3. La planificación y la gestión, en coherencia con las demás políticas, deberán incluir 
los riesgos derivados del cambio climático a partir de la información disponible, considerando:
a) Los riesgos derivados de los impactos previsibles sobre los regímenes de caudales 
hidrológicos, los recursos disponibles de los acuíferos, relacionados a su vez con cambios 
en factores como las temperaturas, las precipitaciones, la acumulación de la nieve o 
riesgos derivados de los previsibles cambios de vegetación de la cuenca.
b) Los riesgos derivados de los cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos 
extremos asociados al cambio climático en relación con la ocurrencia de episodios de 
avenidas y sequías.
c) Los riesgos asociados al incremento de la temperatura del agua y a sus impactos 
sobre el régimen hidrológico y los requerimientos de agua por parte de las actividades 
económicas.
d) Los riesgos derivados de los impactos posibles del ascenso del nivel del mar 
sobre las masas de agua subterránea, las zonas húmedas y los sistemas costeros.
4. Con objeto de abordar los riesgos señalados en el apartado anterior, la planificación 
y la gestión hidrológicas deberán:
a) Anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y 
analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas 
y los ecosistemas, y desarrollando medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. 
El análisis previsto en este apartado tomará en especial consideración los fenómenos 
climáticos extremos, desde la probabilidad de que se produzcan, su intensidad e impacto.
b) Identificar y gestionar los riesgos derivados del cambio climático en relación con 
su impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas de agua del regadío, las 
necesidades de agua para refrigeración de centrales térmicas y nucleares y demás usos 
del agua.
c) Considerar e incluir en la planificación los impactos derivados del cambio climático 
sobre las tipologías de las masas de agua superficial y subterránea y sus condiciones de 
referencia.
d) Determinar la adaptación necesaria de los usos del agua compatibles con los 
recursos disponibles, una vez considerados los impactos del cambio climático, y con el 
mantenimiento de las condiciones de buen estado de las masas de agua.
e) Considerar los principios de la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica 
para la adaptación y mejora de la resiliencia del recurso y de los usos frente al cambio 
climático en la identificación, evaluación y selección de actuaciones en los planes 
hidrológicos y en la gestión del agua.
f) Incluir aquellas actuaciones cuya finalidad expresa consista en mejorar la seguridad 
hídrica mediante la reducción de la exposición y la vulnerabilidad y la mejora de la 
resiliencia de las masas de agua, dentro de las que se incluyen las medidas basadas en la 
naturaleza.
g) Incluir en la planificación los impactos derivados de la retención de sedimentos en 
los embalses y las soluciones para su movilización, con el doble objetivo de mantener la 
capacidad de regulación de los propios embalses y de restaurar el transporte de sedimentos 
a los sistemas costeros para frenar la regresión de las playas y la subsidencia de los deltas.
h) Elaborar el plan de financiación de las actuaciones asegurando la financiación 
para abordar los riesgos del apartado primero.
i) Realizar el seguimiento de los impactos asociados al cambio del clima para ajustar 
las actuaciones en función del avance de dichos impactos y las mejoras en el conocimiento.
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5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión.
Artículo 20. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio 
público marítimo-terrestre.
1. La planificación y gestión del medio marino se orientarán al incremento de su 
resiliencia a los efectos del cambio climático.
2. La planificación y gestión de la costa deberán adecuarse a las directrices y 
medidas contempladas en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del 
Cambio Climático, elaborada en cumplimiento de la disposición adicional octava de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y perseguirá los siguientes objetivos:
a) Incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la 
variabilidad climática.
b) Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa 
española.
3. Con el fin de garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del 
cambio climático, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-
terrestre y sus prórrogas se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el título III de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 
ter de dicha ley.
A estos efectos, también se estará a lo previsto en otra normativa aplicable, así como 
en convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar y a la 
conservación y uso sostenible del dominio público marítimo-terrestre, teniéndose en 
cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones 
hidromorfológicas, climáticas y de dinámica costera; así como la presión acumulada de los 
diferentes usos que soporta cada tramo de costa.
4. Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-
terrestre se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser 
estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que 
se dicten tras la entrada en vigor de esta ley en incumplimiento de lo previsto en este 
artículo.
Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y 
urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en 
las infraestructuras del transporte.
1. La planificación y gestión territorial y urbanística, así como las intervenciones en el 
medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte, a efectos de su adaptación 
a las repercusiones del cambio climático, perseguirán principalmente los siguientes 
objetivos:
a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, 
en coherencia con las demás políticas relacionadas.
b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas 
necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático.
c) La adecuación de las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la edificación y 
las infraestructuras de transporte a los efectos derivados del cambio climático, así como la 
adaptación progresiva de las ya aprobadas, todo ello con el objetivo de disminuir las 
emisiones.
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d) La consideración, en el diseño, remodelación y gestión de la mitigación del 
denominado efecto «isla de calor», evitando la dispersión a la atmósfera de las energías 
residuales generadas en las infraestructuras urbanas y su aprovechamiento en las mismas 
y en edificaciones en superficie como fuentes de energía renovable.
2. Para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de 
las fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y 
otros valores naturales, se establecerá una zonificación que identifique zonas de 
sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión 
de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales. A tal fin el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y actualizará periódicamente 
una herramienta cartográfica que refleje esa zonificación, y velará, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables 
se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto.
Artículo 22. Consideración del cambio climático en la seguridad y dieta alimentarias.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los 
efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentarias, así como el diseño de 
las acciones encaminadas a mitigar y adaptarse a los mismos.
2. Se diseñarán e incluirán dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, los objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de 
adaptación, encaminados a mitigar los riesgos en la seguridad alimentaria asociados al 
cambio climático, incluidos la aparición de riesgos emergentes alimentarios.
3. Con el objeto de incrementar la resiliencia, al tiempo que se reduce la huella de 
carbono y de fomentar una alimentación de calidad, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes a contratos públicos que tengan por objeto 
prestaciones que exijan la adquisición de alimentos, cuando estos contratos deban ser 
celebrados por la Administración General del Estado, y por los organismos y entidades 
dependientes o vinculados a la misma, se podrán establecer condiciones especiales de 
ejecución que primen los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de 
distribución, siempre que ello resulte acorde con lo dispuesto en el artículo 202 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y con el Derecho 
Comunitario.
Artículo 23. Consideración del cambio climático en la salud pública.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los 
efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su 
prevención.
2. De otra parte, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 
se diseñarán e incluirán los objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y 
medidas de adaptación, encaminados a reducir o evitar los riesgos en la salud pública 
asociados al cambio climático, incluidos los riesgos emergentes.
Artículo 24. Protección de la biodiversidad frente al cambio climático.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre la 
vulnerabilidad y resiliencia de las especies silvestres y los hábitats frente al cambio 
climático, así como la capacidad de los ecosistemas para absorber emisiones. Este 
conocimiento, que se integrará en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la 
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración ecológicas, 
se aplicará en la mejora de las políticas de conservación, gestión y uso sostenible del 
patrimonio natural y de la biodiversidad.
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2. Con la finalidad señalada en el apartado anterior, y con la necesaria participación 
de las Comunidades Autónomas, en el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, 
se presentará a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una estrategia específica de 
conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los 
efectos del cambio climático, entre los que figurarán los ecosistemas naturales y las 
especies de alta montaña, los humedales terrestres españoles, las praderas de posidonia 
y las zonas de ribera de los ríos, así como aquellos que destaquen por su papel en la 
adaptación al cambio climático. Para ello, se preverán las líneas de financiación adecuada 
a través del Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esa estrategia tendrá la 
consideración de instrumento programático de planificación de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que incluirá las directrices 
básicas para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales terrestres, de 
los ecosistemas marinos y de las especies silvestres españolas, así como las líneas 
básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los 
ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña.
3. En el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, se presentará a la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una evaluación de la representatividad a medio 
y largo plazo de las redes de espacios naturales protegidos y espacios de la Red 
Natura 2000, en los diferentes escenarios climáticos posibles, con el fin de que, por parte 
de las administraciones competentes, se dispongan las medidas oportunas para que 
dichas redes sigan cumpliendo en los plazos mencionados los objetivos de conservación 
de hábitats y especies para las que fueron diseñadas.
4. La Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en la actualización y revisión de los 
planes o instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos y espacios de la 
red Natura 2000 un apartado sobre adaptación de los mismos al cambio climático con, al 
menos, un diagnóstico que incluya un listado de especies y hábitats especialmente 
vulnerables, objetivos, acciones e indicadores de progreso y cumplimiento, así como un 
plan de conectividad con otros espacios protegidos.
5. En un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley se 
actualizarán todos los atlas nacionales a los que hace referencia el Real Decreto 556/2011, 
de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, en los que incluirá un análisis específico sobre el impacto que tendrá el 
cambio climático sobre las especies considerando los principales escenarios climáticos 
contemplados en ese momento.
Artículo 25. Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables.
El Gobierno incorporará en la aplicación de la Política Agraria Común, así como en otras 
estrategias, planes y programas en materia de política agraria y de desarrollo rural, y en el 
Plan Forestal Español, medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático 
de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales y para facilitar la preservación 
de los mismos, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, así como la 
evaluación y promoción de sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sostenibles para 
aumentar su resiliencia frente al cambio climático, que fomentarán en todo caso las sinergias 
con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas.
El despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible 
con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, 
perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el 
referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico.
Artículo 26. Fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.
1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la identificación, 
clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono, incluidos los 
sumideros de carbono azul definidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
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el Cambio Climático, así como su evaluación y contabilización a partir de las fuentes de 
información existentes.
2. Las Administraciones Públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima y la 
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, adoptarán las acciones 
oportunas para incentivar la participación de personas y entidades propietarias y gestoras 
públicas y privadas, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de la 
capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono.
3. A los fines señalados en los apartados anteriores, se fomentarán las acciones que 
resalten las externalidades positivas que proporcionan los sumideros de carbono terrestres 
y marinos, especialmente aquellas que proporciona el sector agrario y forestal, así como 
el uso de la biomasa de origen primario como fuente de materiales, los productos forestales 
de los montes como materias primas con ciclo de vida óptimo, servicios ecosistémicos y 
energía de origen renovable y sostenible. A tal efecto, la acción de fomento señalada se 
llevará a cabo en el marco del necesario apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo 
de las zonas rurales, y adaptada a las obligaciones ligadas a la calidad del aire.
TÍTULO VI
Medidas de transición justa
Artículo 27. Estrategia de Transición Justa.
1. La Estrategia de Transición Justa constituye el instrumento de ámbito estatal 
dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición 
hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y a la identificación 
y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas 
trabajadoras y territorios en dicha transición. El Gobierno aprobará, cada cinco años, 
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, Estrategias de Transición Justa, a propuesta 
conjunta de los Ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Trabajo y 
Economía Social; de Industria, Comercio y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y de Ciencia e Innovación, con la participación 
de las Comunidades Autónomas y a los agentes sociales.
2. La Estrategia de Transición Justa incluirá los siguientes contenidos:
a) Identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente 
vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono.
b) Análisis de las oportunidades de creación de actividad económica y empleo 
vinculadas a la transición energética.
c) Políticas industriales, agrarias y forestales, de investigación y desarrollo, de 
innovación, de promoción de actividad económica y de empleo y formación ocupacional 
para la transición justa.
d) Instrumentos para el seguimiento del mercado de trabajo en el marco de la 
transición energética mediante la participación de los agentes sociales, así como en las 
mesas de dialogo social.
e) El marco de elaboración de los convenios de Transición Justa.
3. La Estrategia de Transición Justa, así como los instrumentos de aplicación y 
desarrollo de esta, se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género y velarán 
por los principios de inclusión social y accesibilidad universal.
Artículo 28. Convenios de transición justa.
1. En el marco de la Estrategia de Transición Justa se suscribirán convenios de 
transición justa con el objeto de fomentar la actividad económica y su modernización, así 
como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en 
la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, en particular, en casos de 
cierre o reconversión de instalaciones.
cve: BOE-A-2021-8447
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2. Los convenios de transición justa, en los que las Comunidades Autónomas 
participarán de acuerdo con el ámbito de sus competencias, se suscribirán entre el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y otras Administraciones Públicas, en 
particular, Entidades Locales de áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una 
economía baja en carbono. Asimismo, en estos convenios podrán participar empresas, 
organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, 
centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales y 
demás entidades interesadas o afectadas.
3. Los convenios de transición justa incluirán:
a) Una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica o colectivo 
afectado.
b) Compromisos de las partes participantes en el convenio, incluidas las empresas 
beneficiarias de medidas de apoyo para la transición.
c) Medidas fiscales, de financiación, de apoyo a la I+D+i, de digitalización, de 
emprendimiento, de empleo, de protección social y actividades formativas para incentivar 
la adaptación de los trabajadores, supeditadas al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el convenio.
d) Un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y 
mecanismos de seguimiento.
e) Cuando se considere procedente, el acceso prioritario a una parte o a la totalidad 
de la capacidad de evacuación eléctrica, así como el derecho prioritario al uso y volumen 
de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de 
generación de energía eléctrica con arreglo a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2019, 
de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación 
de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al 
proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
4. A los efectos de lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, la vigencia de los convenios de transición justa 
vendrá determinada en las cláusulas del propio convenio, no pudiendo superar en ningún 
caso los siete años de duración inicial. Los firmantes podrán acordar su prórroga, antes de 
la finalización del plazo de vigencia previsto, por un período de hasta siete años 
adicionales.
Artículo 29. Cese de la producción de carbón nacional.
1. El otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, 
prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en 
el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el 
marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas 
concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria, y correspondientes a todo el 
período cubierto por el plan de cierre. Deberán reintegrarse la cuantía exigible y los 
intereses devengados con carácter previo a cualquier posible autorización por parte de la 
autoridad competente.
2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a todas las solicitudes de 
autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, 
así como a prórrogas o cesiones que se encuentren en tramitación en el momento de 
entrada en vigor de la presente ley.
3. El Instituto para la Transición Justa, velará por el cumplimiento de lo previsto en 
este artículo, en cooperación con las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial 
se ubiquen las explotaciones mineras cerradas.
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TÍTULO VII
Recursos en el ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático 
y la transición energética
Artículo 30. Recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático.
1. Al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual 
de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los 
objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética, de 
acuerdo con la metodología y los plazos que se establezcan reglamentariamente. De esta 
obligación se exceptuarán los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así 
como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio 
climático, como los gastos de personal, los de finalidad social, como las pensiones o las 
prestaciones por desempleo, los de finalidad estrictamente financiera de la Administración 
General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal, 
como el servicio de la Deuda Pública o cualquier otro que se determinare. Las dotaciones 
que se destinarán al cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley se fijarán 
anualmente en el marco de elaboración de los correspondientes Presupuestos Generales 
del Estado, de conformidad con la normativa de aplicación y la política del Gobierno.
2. El Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y del Ministerio de Hacienda, revisará al alza, antes del año 2025, el 
porcentaje fijado en el primer apartado de este artículo, a la luz de los resultados de la 
planificación asociados al mismo.
3. En las propuestas que presente el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera se considerará, cuando proceda, la inclusión de criterios que 
contribuyan a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y transición 
energética.
4. Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de 
cambio climático y transición energética. Las leyes de Presupuestos Generales del Estado 
de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al 
menos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la 
Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, y pudiendo 
destinarse hasta el 30 % de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar 
situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o 
relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
Cada año, previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, conforme a la normativa comunitaria en vigor se podrá destinar hasta 
un 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por las 
emisiones de CO2, ligadas al consumo de electricidad, para las instalaciones en riesgo de 
fuga de carbono.
Artículo 31. Contratación pública.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 
preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden 
relación con el objeto del contrato, que deberán ser objetivos, respetuosos con los 
principios informadores de la contratación pública y figurar, junto con la ponderación que 
se les atribuya, en el pliego correspondiente. Para ello, la contratación de la Administración 
General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal 
cve: BOE-A-2021-8447
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incorporará, de conformidad con el artículo 126.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, como prescripciones técnicas particulares en los pliegos de 
contratación, criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos 
específicamente a la lucha contra el cambio climático. A tal efecto, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el Ministerio de Hacienda elaborarán un catálogo de prestaciones en cuya 
contratación se tendrán en cuenta los criterios de lucha contra el cambio climático 
mencionados en este apartado y en el que se identificarán tales criterios de reducción de 
emisiones y de huella de carbono, incluidos los relacionados con una alimentación 
sostenible y saludable. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de 
contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los 
contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental.
2. La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del 
sector público estatal, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de redacción de 
proyectos, de contratos de obra o concesión de obra incluirán, entre los criterios de 
adjudicación, algunos de los siguientes:
a) Requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten.
b) Ahorro y eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico en 
las construcciones, energías renovables y bajas emisiones de las instalaciones.
c) Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil.
d) Medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción de obras 
públicas.
e) Medidas de adaptación al cambio climático.
f) Minimización de generación de residuos.
3. Asimismo, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de redacción de 
proyectos, de contratos de obra o concesión de obra se podrán incluir, como prescripciones 
técnicas, alguna de los siguientes:
a) Que la madera que se utilice en las construcciones proceda de bosques 
gestionados de forma sostenible y atendiendo a su huella ecológica.
b) Actuaciones de repoblación forestal con especies autóctonas, como medida 
compensatoria para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución de la obra o 
servicio objeto de licitación.
4. Los contratos de arrendamiento en vigor de inmuebles, en los que la Administración 
General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal sean 
la parte arrendataria, que no tengan la consideración de edificación con consumo de 
energía casi nulo conforme a la versión vigente a 31 de diciembre de 2020 del Código 
Técnico de Edificación, no podrán prorrogarse más allá de 2030. Se exceptúan de esta 
previsión los contratos de arrendamientos sobre inmuebles radicados en el extranjero, que 
estarán regulados por la normativa de edificación y medioambiental vigente en el país en 
que se hallen situados.
Artículo 32. Integración del riesgo del cambio climático por entidades cuyos valores estén 
admitidos a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño.
1. Las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
regulados que formulen cuentas consolidadas, así como las que no estén integradas en un 
grupo consolidable, que estén obligadas a incluir en el informe de gestión consolidado o en 
el informe de gestión individual, el estado de información no financiera de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 49.5 del Código de Comercio y en el artículo 262.5 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro de 
su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del 
impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados 
por la exposición a este de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una 
economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos.
2. Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no 
integradas en uno de estos grupos consolidables sometidos al régimen de supervisión del 
Banco de España y del Banco Central Europeo, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al 
Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la 
supervisión prudencial de las entidades de crédito, incluirán entre la información con 
relevancia prudencial a la que se refiere el artículo 85 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el artículo 93 del Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, un informe de carácter anual en 
el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos 
asociados al cambio climático generados por la exposición a este de su actividad, incluyendo 
los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para 
hacer frente a dichos riesgos. Asimismo publicarán objetivos específicos de descarbonización 
de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
3. Los grupos consolidables de entidades aseguradoras y reaseguradoras y las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras no integradas en uno de estos grupos sometidos 
al régimen de supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, divulgarán y remitirán a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los plazos señalados en el 
artículo 93 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras para el informe de situación 
financiera y de solvencia, un informe de carácter anual, en el que se haga una evaluación del 
impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados 
por la exposición a este de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una 
economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos.
4. Las sociedades que formulen cuentas consolidadas y las sociedades que no formen 
parte de un grupo consolidable, distintas de las previstas en los apartados anteriores y que 
estén obligadas a incluir en el informe de gestión consolidado o en el informe de gestión 
individual, el estado de información no financiera de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.5 
del Código de Comercio y en el artículo 262.5 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, publicarán 
dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que se haga una 
evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio 
climático generados por la exposición a este de su actividad, incluyendo los riesgos de la 
transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a 
dichos riesgos. El informe se publicará en la página web corporativa de las sociedades.
5. El contenido de los informes mencionados en los apartados anteriores sobre la 
estimación del impacto financiero de los riesgos para la sociedad asociados al cambio climático 
será determinado por real decreto, en el plazo de dos años desde la aprobación de esta ley, e 
incluirá los siguientes aspectos en las obligaciones de información que se establezcan:
a) La estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus 
distintos órganos desempeñan, en relación con la identificación, evaluación y gestión de 
los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático.
b) El enfoque estratégico, tanto en términos de adaptación como de mitigación, de 
las entidades para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio climático, 
teniendo en cuenta los riesgos ya existentes en el momento de la redacción del informe, y 
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los que puedan surgir en el futuro, identificando las acciones necesarias en dicho momento 
para la mitigación de tales riesgos.
c) Los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados al 
cambio climático en las actividades de la organización y su estrategia, así como en su 
planificación financiera.
d) Los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos 
relacionados con el clima y cómo estos se integran en su análisis de riesgo de negocio 
global y su integración en la gestión global del riesgo por parte de la organización.
e) Las métricas, escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos 
y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y, en caso de que se haya 
calculado, el alcance 1, 2 y 3 de su huella de carbono y cómo se afronta su reducción.
Artículo 33. Integración del riesgo del cambio climático en el sistema financiero y 
energético.
1. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre el grado de alineamiento con 
las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la Unión Europea basado 
en escenarios futuros y sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español 
derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, que se coordinará en el 
ámbito de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI). El 
informe recogerá las propuestas que, en su caso, considere necesarias para mitigar el 
riesgo y será publicado y remitido al Congreso de los Diputados y al Senado.
2. El Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la 
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) remitirán al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, cada dos años y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades 
asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su 
estrategia y su planificación financiera. Asimismo, el Operador del sistema eléctrico, el 
Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 
deberán informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el 
grado de alineación de sus actividades con el Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Artículo 34. Estrategia de descarbonización del sector eléctrico.
De acuerdo con el desarrollo de la Estrategia de Descarbonización a 2050 establecida 
en el artículo 5, se habilita al Gobierno a requerir al operador del mercado, al operador del 
sistema, al transportista y a los distribuidores, definidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para que elaboren y presenten una estrategia de 
descarbonización en lo referente a su ámbito de actuación. Reglamentariamente se 
establecerán las condiciones y criterios mínimos que deberán incluir dichas estrategias.
TÍTULO VIII
Educación, Investigación e Innovación en la lucha contra el cambio climático 
y la transición energética
Artículo 35. Educación y capacitación frente al cambio climático.
1. El sistema educativo español promoverá la implicación de la sociedad española en 
las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento sobre el cambio 
climático y sus implicaciones, la capacitación para una actividad técnica y profesional baja 
en carbono y resiliente frente al cambio del clima y la adquisición de la necesaria 
responsabilidad personal y social.
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2. El Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el 
currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera 
transversal, incluyendo los elementos necesarios para hacer realidad una educación para 
el desarrollo sostenible. Asimismo el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, impulsará 
las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia.
El Gobierno promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del 
cambio climático en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales en los que resulte coherente conforme a las competencias inherentes 
a los mismos, así como la formación del profesorado universitario en este ámbito.
3. El Gobierno revisará y mantendrá actualizado el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de 
la Formación Profesional que capaciten en perfiles profesionales propios de la 
sostenibilidad medioambiental y del cambio climático y la transición energética.
4. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, incentivará el proceso de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y por 
vías no formales de formación, fomentando la educación y capacitación para avanzar en 
la lucha contra el cambio climático y la transición energética.
5. El Gobierno tendrá en cuenta la influencia que tiene la educación informal junto a 
la educación formal y la educación no formal, y hará uso de ella para realizar campañas de 
sensibilización y concienciación hacia la ciudadanía sobre los efectos del cambio climático 
y sobre el impacto que tiene la actividad humana en él. Además, el Gobierno y las distintas 
Administraciones Públicas reconocerán y pondrán los medios y recursos necesarios para 
que las entidades puedan realizar actividades de educación no formal, entendiendo que es 
una vía más para promover la implicación en la lucha contra el cambio climático de 
colectivos especialmente vulnerables como son la infancia y la juventud.
Artículo 36. Investigación, desarrollo e innovación sobre cambio climático y transición 
energética.
1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará la inclusión del cambio 
climático y la transición energética, y promoverá su financiación adecuada, entre las 
prioridades de las Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación y en los 
Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
2. Los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
impulsarán que en la evaluación relacionada con el cambio climático y la transición 
energética participen paneles de evaluación científico-técnica multidisciplinares, formados 
por personas expertas independientes cualificadas para valorar las líneas de investigación, 
desarrollo e innovación relacionadas con los aspectos mencionados.
TÍTULO IX
Gobernanza y participación pública
Artículo 37. Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética.
1. Se crea el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición 
Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las 
políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. A tal fin, 
elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y 
sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.
2. El Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética 
desarrollará su actividad con plena autonomía respecto de la Administración General del 
Estado y su composición será paritaria en mujeres y hombres. Reglamentariamente se 
determinará su composición, organización y funcionamiento.
3. El Gobierno publicará su posición respecto a cada informe del Comité de Personas 
Expertas, de forma motivada, al menos 15 días naturales previos al debate posterior en el 
Congreso de los Diputados.
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Artículo 38. Cooperación interadministrativa en materia de cambio climático y energía.
A partir del 31 de diciembre de 2021 las Comunidades Autónomas deberán informar en 
la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de 
energía y clima en vigor. Dichos planes podrán consistir en un documento específico que 
recoja tanto las medidas adoptadas, como las medidas que prevean adoptar, en materia 
de cambio climático y transición energética, coherentes con los objetivos de esta ley.
Artículo 39. Participación pública.
1. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter 
general que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la transición energética 
hacia una economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas y canales 
accesibles que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos 
interesados y del público, en general, mediante los canales de comunicación, información 
y difusión, en los términos previstos por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. Para la elaboración de los mismos, y sin perjuicio 
de otras fórmulas de participación y deliberación, el Gobierno reforzará los mecanismos de 
participación ya existentes y garantizará de forma estructurada la participación ciudadana 
en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del 
establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional y se 
recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su 
composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y 
hombres e incluirá la participación de jóvenes. La composición, organización y 
funcionamiento de la misma se desarrollará mediante Orden Ministerial.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración 
con los demás departamentos ministeriales, desarrollará y mantendrá actualizada una 
página web específica que facilite el acceso de la ciudadanía a la información relacionada 
con el cambio climático y la transición energética.
Artículo 40. Políticas, Medidas, Inventarios y Proyecciones de Gases de Efecto 
Invernadero.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se establecerán 
reglamentariamente las medidas que garanticen la coordinación, seguimiento, evaluación, 
publicidad, informe y notificación a la Comisión Europea, a la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a cualquier otro órgano que así lo requiera, 
de los datos de emisiones del inventario nacional de gases de efecto invernadero, las 
proyecciones de emisiones y las políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas 
para cumplir con los objetivos derivados de esta ley, de los Planes Nacionales Integrados 
de Energía y Clima, de su Evaluación Ambiental Estratégica, de la Estrategia de 
Descarbonización a 2050, así como de cualquier otro objetivo internacional o nacional en 
materia de reducción de gases de efecto invernadero.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y 
actualizará periódicamente los informes que el Estado deba cumplimentar con objeto de 
cumplir las obligaciones de información asumidas por este en el marco de la normativa 
nacional, comunitaria e internacional, así como para disponer de una fuente esencial de 
información para el conocimiento del estado del cumplimiento de las políticas y medidas 
en materia de cambio climático, su contribución a los objetivos climáticos y ambientales así 
como la evaluación de su efectividad. Estos informes serán elevados para su aprobación 
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con la frecuencia que se 
establezca reglamentariamente.
3. De acuerdo con la normativa comunitaria e internacional, el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico regulará la estructura institucional y los 
procedimientos para asegurar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, 
cve: BOE-A-2021-8447
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comparabilidad y exhaustividad de la información sobre las políticas y medidas y sobre las 
emisiones y proyecciones de emisiones antropogénicas por las fuentes y de absorción por 
los sumideros de gases de efecto invernadero, lo que incluirá la utilización y aplicación de 
datos, métodos y modelos, así como la realización de actividades de aseguramiento y 
control de la calidad y de análisis de sensibilidad.
Dicha estructura y procedimientos asegurarán también la total coherencia de políticas, 
con los Inventarios nacionales de contaminantes atmosféricos y demás informes que el 
Estado deba cumplimentar con objeto de cumplir con las obligaciones de información 
asumidas en el marco de la normativa internacional y europea de emisiones a la atmósfera.
4. Para el cumplimiento de sus cometidos, el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico podrá solicitar a cualquier unidad del resto de los Ministerios, así 
como de sus organismos dependientes, la información necesaria para la estimación de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y el cálculo de sus proyecciones, 
así como para la evaluación de los impactos económicos y ambientales. Los Ministerios y 
organismos tendrán la obligación de suministrar los datos solicitados con el formato y 
estructura requeridos.
5. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores del presente artículo, el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecerá los mecanismos 
de colaboración con otros organismos públicos o Administraciones Públicas distintas de la 
Administración General del Estado con competencias en el ámbito de diseño y ejecución 
de políticas y medidas con impacto en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Disposición adicional primera.  Exclusión del ámbito de la ley de los equipos, sistemas de 
armas, instalaciones y actividades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los equipos, sistemas de armas, 
instalaciones y actividades cuyo propósito sea la protección de los intereses esenciales de 
la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública. No obstante, los Ministerios de Defensa y 
del Interior se esforzarán por garantizar que la actuación de las Fuerzas Armadas y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se lleve a cabo, en la medida de lo posible, 
de forma compatible con los objetivos de la ley.
Disposición adicional segunda. Desinversión en productos energéticos de origen fósil.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
elaborarán un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la 
Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector 
público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas 
o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de 
productos energéticos de origen fósil.
Disposición adicional tercera. Estrategia de financiación climática internacional.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptará una Estrategia de financiación 
climática internacional, como instrumento de planificación con los siguientes objetivos:
a) Dar cumplimiento a los compromisos de financiación climática internacional del 
Reino de España.
b) Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española sea coherente 
con los objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando estos principios en su marco normativo 
y de planificación.
c) Aprovechar las oportunidades de cooperación e inversión en países en desarrollo 
orientadas a hacer frente al cambio climático y de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
cve: BOE-A-2021-8447
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Sostenible contribuyendo a la creación de valor y de empleo en España y en los países 
objeto de cooperación.
d) Introducir la consideración del cambio climático y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de manera coordinada en los distintos instrumentos de financiación 
internacional y apoyo a la internacionalización de la empresa, mejorando los convenios 
comerciales con inclusión de cláusulas de reciprocidad en exigencias medioambientales.
e) Orientar los instrumentos de financiación internacional, cooperación e inversión en 
países en desarrollo a favorecer preferentemente la transición ecológica.
Disposición adicional cuarta. Medidas adicionales en la aviación civil.
Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previo informe del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se establecerán los 
requisitos de las auditorías energéticas operacionales y de los Planes estratégicos de 
sostenibilidad ambiental que las compañías aéreas, los entes gestores de los aeropuertos 
de interés general y las empresas proveedoras de servicios de tránsito aéreo, sujetos a la 
supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, deberán llevar a cabo como medida 
para identificar oportunidades de mejora orientadas a la reducción de emisiones e 
implementar su contribución a los objetivos en materia de energía y clima.
Disposición adicional quinta. Impulso de la Economía Circular.
El Gobierno remitirá a las Cortes, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de esta ley, un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá como 
uno de sus principales ejes el impulso a la economía circular, en la línea de lo establecido 
en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, con el objetivo de 
contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular, desarrollará 
Planes de Acción trienales que incluirán medidas y planes de acción sectorial alineados 
con los objetivos climáticos acordados por el Acuerdo de París, las líneas de actuación del 
Green New Deal, los objetivos de la estrategia de la Comisión Europea sobre economía 
circular y los objetivos de la propia Estrategia Española.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Federación Española 
de Municipios y Provincias y las Comunidades Autónomas, a través de los organismos de 
cooperación interadministrativa existentes, coordinarán las actuaciones que se lleven a cabo 
en materia de Economía Circular que contribuyan a la descarbonización de la economía.
Disposición adicional sexta. Transporte Ferroviario.
1. El Gobierno promoverá el uso del ferrocarril de viajeros en el ámbito de la futura 
Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, estableciendo las 
medidas necesarias para su fomento frente a medios de transporte más contaminantes.
2. En el ámbito del transporte de mercancías, y con el fin de mejorar la eficiencia 
energética y la competitividad del mismo, el Gobierno establecerá, de acuerdo con lo que 
prevea la citada Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, objetivos 
de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a 
los 300 kilómetros.
El Gobierno elaborará una Estrategia de impulso del transporte de mercancías por 
ferrocarril, en el marco de su planificación estratégica, en la que tendrán cabida medidas 
que afecten a todos los ámbitos que puedan incidir en el incremento de la competitividad 
de este transporte.
Disposición adicional séptima. Fiscalidad verde.
En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, el Gobierno constituirá un 
grupo de personas expertas para evaluar una reforma fiscal que valorará la fiscalidad 
cve: BOE-A-2021-8447
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verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán 
acompasadas con la situación económica.
Disposición adicional octava. Investigación, desarrollo e innovación en energías 
renovables.
1. Con el fin de fomentar la investigación e innovación en el ámbito de las energías 
renovables se impulsará la utilización de las distintas instalaciones de ensayos disponibles 
a nivel nacional que permitan llevar a la práctica proyectos tecnológicos de investigación e 
innovación que contribuyan al desarrollo de las energías renovables terrestres y marinas, 
así como al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley.
2. A tal efecto, y sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 
de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para 
la reactivación económica, el Gobierno regulará, en el ámbito de sus competencias, un 
marco específico para estas instalaciones de ensayos, que incluirá el procedimiento para 
su categorización como tales, los principios y requisitos que deben cumplir las normas que 
regulen dichas instalaciones, así como los procedimientos de autorización simplificados, 
las exenciones que, en su caso, serán de aplicación a los proyectos piloto que se 
desarrollen en las mismas y las fuentes de financiación que en ningún caso afectarán a los 
recursos regulados de los sistemas eléctrico y gasista.
3. El acceso a las instalaciones de ensayos como espacio controlado de pruebas, o 
la realización de pruebas o proyectos piloto en el mismo, se realizará con fines 
exclusivamente de investigación o innovación, por el tiempo necesario para su ejecución 
en los términos programados y no supondrá, en ningún caso, el otorgamiento de 
autorización para el ejercicio de actividades comerciales o industriales ajenas a los fines 
propios de la investigación e innovación.
4. Los proyectos piloto y las pruebas propuestas dentro de estos no estarán sujetos 
a la normativa específica aplicable a las actividades comerciales o industriales relacionadas 
con la generación, almacenamiento y distribución de energías renovables, debiendo 
cumplir, en todo caso, con lo dispuesto en la presente ley, en la normativa que se dicte en 
desarrollo del mismo y en el resto de normativa que le sea de aplicación, sin perjuicio del 
respeto a las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas.
5. El acceso al entorno controlado de pruebas será acordado en el seno de una 
Comisión de Coordinación de las instalaciones de ensayos en la que se dará participación 
a representantes de las distintas autoridades públicas con competencias relacionadas con 
el desarrollo de actividades vinculadas a las energías renovables.
6. Las autoridades públicas con competencias en la materia cooperarán entre sí 
para garantizar que el entorno controlado de pruebas sirva a los objetivos y principios 
rectores previstos en la presente ley. A tal efecto, las autoridades públicas colaborarán a 
fin de lograr un adecuado funcionamiento del espacio controlado de pruebas previsto y 
facilitarán, dentro de su ámbito competencial y con las garantías adecuadas, la realización 
de pruebas.
7. El Gobierno procederá a la adopción de las disposiciones reglamentarias y 
actuaciones administrativas que resulten precisas para el desarrollo de la presente ley.
Disposición adicional novena. Plan de reducción de consumo energético en la 
Administración General del Estado.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presentará un plan con el objetivo de que 
centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, 
reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a 
largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» y el 
«Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de 
medidas de ahorro y eficiencia energética.
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Disposición transitoria primera. Planes y programas vigentes.
Los planes y programas que haya aprobado el Gobierno antes de la entrada en vigor 
de esta ley, y cuyo objeto y contenido sea el previsto en los artículos 4 o 5 de la misma, 
seguirán siendo de aplicación, sin perjuicio de que sus modificaciones o revisiones se 
tramiten y aprueben conforme a lo establecido en los citados artículos.
Disposición transitoria segunda. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
1. Lo previsto en el artículo 9 de esta ley será de aplicación a todas las solicitudes de 
autorizaciones de exploración y de permisos de investigación de hidrocarburos que se 
encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley.
2. Las solicitudes de concesiones de explotación asociadas a un permiso de 
investigación vigente, que se encuentren en tramitación antes de la entrada en vigor de 
esta ley, se regirán por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el citado permiso de 
investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga, que se excluye expresamente.
3. En cualquier caso, no procederá la admisión a trámite de la solicitud de concesión 
de autorización de explotación de hidrocarburos que no hubiere sido iniciada con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
4. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún caso, 
más allá del 31 de diciembre de 2042.
Disposición transitoria tercera. Consideración del cambio climático en el desarrollo de la 
planificación y gestión del desarrollo urbano, de la edificación y de las infraestructuras 
del transporte.
En relación con las previsiones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 21 de esta ley relativos a la consideración del cambio climático en la planificación 
y gestión del desarrollo urbano, de la edificación y de las infraestructuras del transporte, 
estas disposiciones no serán de aplicación a los planes, programas y estudios cuya 
tramitación ya se hubiese completado en el momento de entrada en vigor de esta ley. En 
las modificaciones posteriores de dichos documentos se deberán integrar los criterios no 
incluidos en la fase estudio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, en relación con el nivel de endeudamiento y retribución 
de las actividades reguladas en los sectores eléctrico y de gas natural.
1. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 62 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, del siguiente tenor literal:
«6. Las sociedades que realizan actividades reguladas no podrán otorgar 
préstamos, prestar garantías ni avalar préstamos de otras sociedades del grupo o 
partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas 
al sector de gas natural español. Se excluyen los préstamos a sociedades del 
mismo grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que 
se dediquen a actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector de gas 
natural español.»
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Núm. 121  Viernes 21 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 62048
2. Se añade un nuevo apartado 8.bis en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico redactado en los siguientes términos:
«8.bis. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y de 
distribución deberán contemplar incentivos económicos, que podrán tener signo 
positivo o negativo, para la mejora de la disponibilidad de las instalaciones, para 
garantizar el nivel de endeudamiento adecuado a fin de disponer de una estructura 
de deuda sostenible y otros objetivos.»
3. Se modifica el artículo 20.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, quedando redactado en los siguientes términos:
«9. Las sociedades que realizan actividades reguladas no podrán otorgar 
préstamos, prestar garantías ni avalar préstamos de otras sociedades del grupo o 
partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas 
al sector eléctrico español. Se excluyen los préstamos a sociedades del mismo 
grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que se 
dediquen a actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector eléctrico 
español.»
4. El apartado 1 del artículo 60 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, queda redactado 
en los siguientes términos:
«1. En la metodología retributiva de las actividades reguladas en el sector del 
gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una 
empresa eficiente y bien gestionada de acuerdo al principio de realización de la 
actividad al menor coste para el sistema gasista con criterios homogéneos en todo 
el territorio español, sin perjuicio de las especificidades previstas para los territorios 
insulares. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución 
adecuada a la de una actividad de bajo riesgo.
La metodología de retribución de las actividades de transporte, regasificación, 
almacenamiento y distribución de gas natural deberá incluir los incentivos que 
correspondan, que podrán tener signo positivo o negativo, para garantizar el nivel 
de endeudamiento adecuado que permita disponer de una estructura de deuda 
sostenible y otros objetivos.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética, queda redactada como sigue:
«1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se 
destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector 
Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la 
suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en 
la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
2. Las aportaciones señaladas en el apartado anterior se realizarán mediante 
libramientos mensuales por un importe máximo de la cifra de recaudación efectiva 
por dichos tributos y cánones, en el mes inmediato anterior, según certificación de 
los órganos competentes del Ministerio de Hacienda.
La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de 
diciembre se efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.»
cve: BOE-A-2021-8447
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación con la comunicación 
sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gestor de la 
red de transporte de electricidad y gas natural.
El apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, queda redactado en 
los siguientes términos:
«2. Las sociedades que realicen actividades incluidas en las letras a) y b) del 
apartado 1 anterior, deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las adquisiciones 
realizadas directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, de participaciones 
en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que atendiendo 
a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia 
significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad que comunica la 
operación.
En las mismas circunstancias señaladas en el párrafo anterior, se deberán 
comunicar igualmente las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los 
grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de 
electricidad y gas natural, así como cualesquiera otras sociedades que formen parte 
de dichos grupos.»
Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Se modifica la letra c) del artículo 20.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«c) Atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de 
los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de 
eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos 
naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación 
y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
En la consideración del principio de prevención de riesgos naturales y accidentes 
graves en la ordenación de los usos del suelo, se incluirán los riesgos derivados del 
cambio climático, entre ellos:
a) Riesgos derivados de los embates marinos, inundaciones costeras y 
ascenso del nivel del mar.
b) Riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos sobre las 
infraestructuras y los servicios públicos esenciales, como el abastecimiento de agua 
y electricidad o los servicios de emergencias.
c) Riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, 
en particular, aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. Estos datos se 
ofrecerán desagregados por sexo.
d) Riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en 
particular, de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos 
esenciales.
e) Riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz 
urbano-forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.»
cve: BOE-A-2021-8447
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Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Se introduce una nueva letra h) en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, con la siguiente redacción:
«h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en 
términos de mitigación y adaptación al mismo.»
Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para que en el ámbito de sus competencias apruebe cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido 
en esta ley.
Disposición final séptima. Desarrollo normativo de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes.
El Gobierno aprobará, en el plazo máximo de un año, las normas necesarias para el 
desarrollo de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, entre ellas, el mandato de 
su artículo 65 «Incentivos por las externalidades ambientales» de regular los mecanismos 
y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.
Disposición final octava. Proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.
Con objeto de reforzar y complementar el cumplimiento de las medidas de promoción 
de la movilidad sin emisiones establecidas en esta ley, el Gobierno presentará a las Cortes 
Generales un proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.
Disposición final novena. Modificación del artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de 
abril, sobre Energía Nuclear.
Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 
de abril, sobre Energía Nuclear, con la siguiente redacción:
«Las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, 
desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos 
Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, la 
Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., S M. E. (Enresa), por sí misma o a 
través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial 
que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general.»
Disposición final décima. Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en comunidades 
de propiedad horizontal.
El Gobierno propondrá la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y 
flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propiedad 
horizontal en un plazo máximo de un año a contar desde la aprobación de la presente ley.
Disposición final undécima. Reforma del sector eléctrico.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno y la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en ejercicio de sus respectivas 
competencias, presentarán una propuesta de reforma del marco normativo en materia de 
energía que impulse:
a) La participación de las personas consumidoras en los mercados energéticos, 
incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente.
b) Las inversiones en la generación de energía renovable variable y flexible, así 
como la generación distribuida.
cve: BOE-A-2021-8447
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c) El almacenamiento de energía.
d) El aprovechamiento de las redes eléctricas, el uso de la flexibilidad para su gestión 
y los mercados locales de energía.
e) El acceso de las personas consumidoras de energía a sus datos.
f) La innovación en el ámbito energético.
Disposición final duodécima. Huella de carbono y planes de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero de las empresas.
1. El Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente 
ley, la tipología de empresas con actividad en el territorio nacional que deberán calcular y 
publicar su huella de carbono, así como los términos iniciales a partir de los cuales dicha 
obligación será exigible, su periodicidad y cualesquiera otros elementos necesarios para 
la configuración de la obligación.
2. Asimismo, las empresas que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 
resulten obligados al cálculo de su huella de carbono, deberá elaborar y publicar un plan 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
3. El plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deberá 
contemplar un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, 
junto con las medidas para su consecución. Las empresas podrán compensar de manera 
voluntaria su huella de carbono.
4. Las obligaciones derivadas de los apartados anteriores se especificarán 
reglamentariamente a través de la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono.
Disposición final decimotercera. Títulos competenciales.
Esta ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas del Estado 
previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica, en el artículo 149.1.23.ª de la 
Constitución, de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, 
y en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.
Asimismo, esta ley se dicta también al amparo de las competencias exclusivas del Estado 
previstas en los artículos 149.1.15.ª en relación con el fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica, en relación con el artículo 36; 149.1.18.ª en relación con la 
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, en relación con el 
artículo 31; 149.1.20.ª en relación con la marina mercante, puertos de interés general, control 
del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, en relación con los artículos 13 y 16 y 
disposición adicional cuarta; 149.1.21.ª en relación con los transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, tráfico y circulación de 
vehículos a motor, en relación con el artículo 14; 149.1.22.ª en relación con la legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas 
discurran por más de una comunidad autónoma, en relación con los artículos 7 y 19; 149.1.23.ª 
en relación con la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias, en relación con el artículo 25; 149.1.24.ª en relación con las obras públicas de 
interés general; y 149.1.30.ª en relación con las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales, en relación con el artículo 35.
Se exceptúan de lo anterior, por carecer de carácter básico y ser de aplicación 
exclusiva de la Administración General del Estado, algunas materias que se regulan en 
esta ley, como son los puertos de competencia del Estado, la contratación pública, y la 
desinversión en productos energéticos de origen fósil.
Por su parte, las normas modificadas por las disposiciones finales primera a quinta y 
novena se dictan en virtud de los títulos competenciales que amparan dichas normas.
cve: BOE-A-2021-8447
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Núm. 121  Viernes 21 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 62052
Disposición final decimocuarta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Esta ley incorpora parcialmente, en lo relativo a la instalación de puntos de recarga 
eléctrica, la Directiva 844/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética 
de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
No obstante, para los contratos de concesión en ejecución a la entrada en vigor de 
esta ley, el apartado 11 del artículo 15 no entrará en vigor hasta el momento en que lo 
haga la disposición reglamentaria que determine las obligaciones en materia de instalación 
de puntos de recarga eléctrica a efectos de garantizar unas condiciones suficientes de 
suministro al tráfico de vehículos eléctricos que circulen por las citadas vías.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 20 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
cve: BOE-A-2021-8447
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